BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


29 de julio de 2022

Núm. 490

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000001 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


Propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios ... (Página2)


Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara ... (Página226)

Página 2

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000001


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios con motivo del
debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general sobre el estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula el siguiente rechazo global del contenido de la comunicación del Gobierno, remitida al Congreso de los
Diputados con fecha 1 de julio de 2022 como expresión de la solicitud de celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 1


Exposición de motivos


A. La comunicación del Gobierno como expresión de la solicitud de celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


El Debate sobre el estado de la Nación es, de acuerdo con la doctrina 1, una costumbre parlamentaria y constitucional, inspirada en el 'State of the Union address' estadounidense, en la que se discute acerca de la orientación política
general del Gobierno y sobre los temas que las distintas fuerzas parlamentarias juzgan como políticamente más relevantes.


Como se trata de una costumbre parlamentaria, no encuentra regulación en el Reglamento del Congreso de los Diputados (el 'Reglamento'). Sin embargo, le resultan aplicables a este Debate los artículos 196 y 197 del Reglamento, relativos a
las 'comunicaciones del Gobierno', que han de completarse con la práctica parlamentaria dictada por los órganos correspondientes de la Cámara Baja (Mesa y Junta de Portavoces).


Pues bien, con fecha 1 de julio fue remitida a la Presidencia del Congreso de los Diputados, al amparo de los preceptos referidos y suscrita por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, la
'Comunicación del Gobierno para la celebración del Debate sobre el estado de la Nación' 2 (la 'Comunicación'). La necesidad de este Debate se justifica por el Ejecutivo por cuanto, 'habiendo trascurrido más de dos años desde el inicio de la
presente Legislatura, y dando cumplimiento al compromiso de este Gobierno con el diálogo y la transparencia, [es necesario] dar cuenta al Parlamento y a la ciudadanía acerca de la acción política desarrollada durante este período por el Gobierno,
así como sobre sus futuras líneas de actuación'.


1 COSCULLUELA MARTÍNEZ, B. (2018). El debate sobre el estado de la nación. Revista De Las Cortes Generales, (104), 345-359. https://doi.org/10.33426/rcg/2018/104/65


2 https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/91490_1656676214068.pdf

Página 3

Tal 'acción política' es, a juicio del Gobierno, espléndida, brillante e intachable. Así, la Comunicación asegura que el Ejecutivo ha logrado subvertir 'una sucesión inédita de situaciones adversas', entre las que cuenta al COVID y a la
guerra en Ucrania (e, incluso, a la erupción volcánica en La Palma). Todo ello lo habría conseguido el Gobierno 'protegiendo tanto a las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como a las empresas,
a la vez que ha avanzado en reformas orientadas a modernizar nuestro país y a ampliar los derechos de sus ciudadanos', con la meta perpetua de 'no dejar a nadie atrás'.


Solo respecto de la invasión rusa de Ucrania admite el Ejecutivo que 'ha supuesto un duro golpe a la senda recuperación de la economía mundial y también de la española'. No obstante, este conflicto ni siquiera ha impedido, en la lógica
gubernamental, que 'se est[é] generando más empleo y de mayor calidad que nunca', batiéndose 'récords de afiliación a la Seguridad Social y de porcentaje de contratos indefinidos'. Y es que, frente a las perniciosas consecuencias de la guerra para
la economía española y para los españoles, el Gobierno ha aprobado 'un completo paquete de medidas que atiende a los sectores más necesitados de ayuda, además de contribuir a paliar los efectos de la guerra y las tensiones inflacionistas que afectan
a los ciudadanos, las ciudadanas y las empresas del país'. En definitiva, el Ejecutivo 'ha aprovechado la crisis para ampliar derechos y reforzar el Estado del Bienestar, a la vez que cumple con sus compromisos en materia de responsabilidad
fiscal'.


Los logros no cesan: el Gobierno ha elaborado unos 'presupuestos [que] han tratado de conseguir una recuperación justa, que llegue a todos y todas por igual, a la vez que se sientan las bases del nuevo modelo productivo', ha mostrado y
muestra una gran 'ambición de modernización y transformación ecológica y digital de nuestro país', sigue 'promoviendo y ampliando derechos para todas y todos' y ha conseguido que España gestione 'la pandemia de una manera eficiente' y haya 'sido uno
de los países más ágiles y exitosos en el proceso de vacunación'. Además, en el ámbito supranacional, 'España ha tenido un papel muy relevante en la Unión Europea' y ha dado 'buena muestra del liderazgo ejercido por nuestro país en el contexto
europeo'.


Por si lo anterior no fuera suficiente, el Gobierno no tiene empacho en atribuirse el mérito de 'que la economía española se mantenga en una senda de crecimiento superior al de las principales economías avanzadas, apoyada en la creación de
empleo de calidad, las inversiones, la recuperación del turismo y el impulso de las reformas del Plan de Recuperación'. Asimismo, termina afirmando que 'acudirá al Debate sobre el estado de la Nación convencido del trabajo realizado en favor del
bienestar de los españoles y españolas, además de comprometido en seguir trabajando en este propósito hasta el final de la legislatura'.


B. Motivos de rechazo global del contenido de la comunicación.


El balance triunfalista que el Gobierno efectúa en la Comunicación avergonzaría a cualquiera con un mínimo sentido de la objetividad y un siquiera ínfimo conocimiento de la realidad nacional. Y es que, en contra de la descripción inmaculada
de la actualidad de España que hace este documento, los españoles se están dando cuenta, en los distintos ámbitos en los que desarrollan su vida, de que la realidad es otra bien diferente.


El Ejecutivo actual, presidido por el Sr. Sánchez Pérez-Castejón y completado por miembros de los restos de Unidas Podemos, solo puede ser calificado como el Gobierno de la mentira, de la ruina y de la miseria. Se trata de un Gobierno que
ha mentido a los españoles, y a sus propios votantes, desde antes de su propia formación, que ha vulnerado y vulnera sistemáticamente la Constitución y el ordenamiento jurídico, que parasita la Administración y coloniza los poderes del Estado y,
singularmente, el judicial, que pacta con terroristas, separatistas y enemigos de España y que hace de las agendas globalistas, de la ideología de género y de la cultura de la muerte su única bandera.


En definitiva, puede afirmarse sin reparos que España se encuentra ante un Gobierno ilegítimo que la conduce al despeñadero, al que debe desalojarse del poder cuanto antes para reducir en lo posible sus efectos destructivos, ya, por
desgracia, muy abundantes.


Los siguientes motivos justificarían, por sí solos, la presentación de este rechazo global a la política general del Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón. Son muchos los perjuicios causados por el Ejecutivo durante la XIV Legislatura,
como a continuación se exponen.

Página 4

1) La ilegitimidad del Gobierno.


La primera razón para formular el presente rechazo global es la ilegitimidad, tanto de origen como de ejercicio, de un Gobierno que ha puesto en mayor peligro que nunca al sistema de libertades que los españoles nos dimos en 1978.


Y es que el Ejecutivo de coalición del Sr. Sánchez Pérez-Castejón y de Unidas Podemos es un Gobierno ilegítimo. No es ilegal, puesto que su investidura cumplió todos los requisitos y trámites formales establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico; pero sí es ilegítimo, por cuanto los votos que obtuvo el PSOE, liderado por el Sr. Sánchez Pérez-Castejón, fueron emitidos bajo engaño a los españoles y, en particular, a sus propios votantes.


En efecto, desde que el actual presidente del Gobierno se aupara a la Secretaría General del PSOE, aseguró reiteradamente que no llegaría a ningún pacto con Unidas Podemos o con partidos separatistas. De hecho, en septiembre de 2014 sostuvo
que 'ni antes, ni después, el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad' 3; poco tiempo
después, en 2015, afirmó que 'con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista: con Bildu no vamos a pactar' 4; y en 2016 5 reiteró que 'con el único partido que no vamos a entablar diálogo es con Bildu. Cuando
digo dialogar no es negociar'.


Sin embargo, las anteriores declaraciones no eran sino la antesala de la impostura y mentira que caracterizaría la figura política del actual presidente del Gobierno y que se referirá en las siguientes páginas.


De este modo, a la Legislatura fallida que resultó de las elecciones de 28 de abril de 2019 siguió la campaña electoral para los comicios de 10 de noviembre del mismo año. En este contexto, ya en septiembre de 2019, sobre un posible
Gobierno de coalición con Unidas Podemos, el Sr. Sánchez Pérez-Castejón dijo que 'el problema de un Gobierno de coalición sería que tenía que haber aceptado que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se
encarga de las pensiones en nuestro país fuera del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Yo sería presidente del Gobierno, y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno
que no dormiría por la noche, junto con el 95 % de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos' 6.


La campaña del PSOE y del actual presidente del Gobierno se mantuvo en este marco, repitiendo una y otra vez que nunca pactaría con la extrema izquierda de Unidas Podemos ni con partidos separatistas, ya herederos de la banda terrorista ETA,
ya que habían intentado un golpe de Estado en fechas recientes. Los electores votaron, así, completamente engañados. Y el fraude a los españoles se desveló apenas un día después de las elecciones, cuando los señores Iglesias y Sánchez anunciaron,
en contra de lo repetido por el presidente en funciones, un acuerdo entre ambos partidos.


Pero, como se anticipó, la ilegitimidad del Gobierno socialcomunista no acabó en su origen. En su toma de posesión, el presidente, el exvicepresidente y todos los ministros prometieron 'cumplir fielmente las obligaciones del cargo con
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado'. Sin embargo, como se expondrá también en numerosas ocasiones a lo largo de este rechazo global, esa promesa ha sido incumplida de forma incansable por los
miembros del Gobierno de España. Los ataques a la Constitución, al ordenamiento jurídico, a las libertades de los españoles y a los derechos de los trabajadores, los desprecios al Rey y a la Corona, los intentos de asalto a la independencia del
Poder Judicial, la falta de respeto a la separación de poderes y a las instituciones del Estado y la connivencia con los enemigos de España en sus propósitos de disolver la Nación son la seña de identidad del Ejecutivo de coalición. Su ilegitimidad
de ejercicio, por tanto, es también flagrante, pues el único objetivo es mantener en el poder al Sr. Sánchez Pérez-Castejón.


Por todo ello, no cabe otra conclusión que la de afirmar que el actual Gobierno de España es ilegítimo y debe ser desalojado del poder a causa del inmenso riesgo que supone para la supervivencia de España y el daño que provoca al futuro y a
los intereses de los españoles y de las familias españolas.


3 https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-avisa-fin-populismo-venezuela-chaves-cree-pp-frota-manos-auge-20140910215917.html


4 https://www.youtube.com/watch?v=HGoEKD4S7JM


5 https://twitter.com/PSOE/status/772762356053082116


6 https://www.youtube.com/watch?v=eyZuhPqYa40

Página 5

2) La desmesurada estructura del Gobierno.


El segundo de los motivos de este rechazo global obedece al desmesurado tamaño del Ejecutivo, que excede cualquier sentido de la medida y que choca con la necesaria 'asignación equitativa de los recursos públicos' y los 'criterios de
eficiencia y economía' en el gasto público que preceptúa la Constitución. Ni equitativo, ni eficaz, ni económico, ni necesario.


Ya se ha mencionado que, en septiembre de 2019, el Sr. Sánchez Pérez-Castejón afirmó en que 'no dormiría por la noche, junto con el 95 % de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos' si Unidas Podemos entraba a formar
parte del Ejecutivo. Menos de tres meses después, el 30 de diciembre de 2019, el PSOE y Unidas Podemos publicaron un 'Acuerdo de coalición progresista' en el que se formalizó la creación de un programa de Gobierno conjunto, cuyo fruto más visible y
destacado fue la composición de un nuevo Ejecutivo: además del presidente y de su enorme gabinete, 4 Vicepresidencias y 22 departamentos ministeriales.


El fin de lo anterior era satisfacer la cuota de poder de Unidas Podemos y aumentar, más si cabe, el estado de bienestar de los políticos de izquierda y extrema izquierda. Para ello, tuvieron que desgajarse Ministerios de por sí vacíos de
competencias, se elevaron a rango ministerial Direcciones Generales como Igualdad o Consumo y se multiplicaron los órganos y organismos, los asesores y, consecuentemente, las duplicidades.


La estructura elefantiásica e innecesaria creada por, entre otros, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, implica que este Gobierno es el que dedica
el mayor importe a gasto político improductivo, consolidando una casta privilegiada que vive del esfuerzo de los trabajadores y de las familias españolas. Este tamaño superfluo y mastodóntico no solamente no se corresponde con necesidades
operativas, sino que es moralmente inaceptable, máxime con la gravísima situación económica por la que aún atraviesa España tras la tragedia producida por la nefasta gestión del Gobierno en la emergencia producida por el COVID-19, que no tiene visos
de amainar.


Al mismo tiempo, el acceso a un órgano tan fundamental como el Gobierno de personas sin trayectoria profesional ni capacidad de gestión perjudica la calidad del sistema político y administrativo de nuestro país en todas las direcciones:
politiza la Administración pública, penaliza la excelencia, anula los mecanismos de control y neutraliza con las herramientas de apoyo a la función ejecutiva del Gobierno.


España no puede permitirse que un Ejecutivo como el actual, poco capacitado en lo técnico pero ávido de colonizar todos los espacios de lo público, suponga su ruina como país, perjudicando, en definitiva, a todos los españoles.


3) La nefasta gestión del impacto de la COVID-19.


El mayor Gobierno de la democracia en tamaño y en despilfarro lo es también en cuanto a inoperancia e incapacidad. Esto se evidenció de manera flagrante en la gestión de la incidencia de la COVID-19 en España, y constituye el tercer
fundamento de este rechazo global.


Es notorio que la irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19 tuvo un fuerte impacto en todos los países, cuyas consecuencias negativas han variado dependiendo del tratamiento que los diferentes gobiernos nacionales han dado a la
situación, y que en muchos casos aún perviven. En España, esta gestión debe calificarse de nefasta.


Así, hoy se conoce que el Gobierno tenía constancia de la existencia del virus SARS-CoV-2 meses antes de la detección del primer caso en España. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo fue la inacción, primero, para posteriormente ocultar
la peligrosidad del virus y negar sus efectos y, por último, encerrar ilegalmente a los españoles en sus casas durante meses, expropiándoles sin compensación su derecho al trabajo.


De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la COVID-19 fue el cese del jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía, D. José Antonio Nieto, quien ya en enero de 2020
diseñó un plan de prevención contra el coronavirus para los policías nacionales y alertó de su virulencia. Recientemente, la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Dña. Yolanda Díaz Pérez, ha revelado
que desde el 15 de febrero de 2020 conocía del peligro que suponía el virus y que en el seno del Gobierno se la acusó de 'alarmista' 7. Incluso, la ministra de Igualdad, Sra. Montero Gil, reconoció off the record que era


7 https://www.elmundo.es/espana/2021/12/02/61a8ab3cfc6c833a578b45a1.html

Página 6

perfectamente consciente del riesgo para los asistentes que supuso la manifestación feminista del 8-M 8, que provocó una explosión de los contagios.


Mientras que el Gobierno tenía pleno conocimiento del desafío que la COVID-19 supondría para España, aunque solo se compartía internamente, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad,
D. Fernando Simón, decía desde enero de 2020 y hasta la declaración del primer estado de alarma que 'España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado', que 'en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad' o que 'no es
necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus'. Posteriormente, el Gobierno le encargó ejercer de portavoz en esta materia, sin que su incompetencia sostenida determinase jamás su destitución del
cargo.


Es, por lo tanto, evidente que se ocultó información a los españoles sobre el virus, pero es más grave aún que las medidas sanitarias, basadas además en un 'comité de expertos' inexistente, se adoptaron tarde y de forma muy ineficaz. En
este contexto, es preciso recordar que el Sr. Simón, en abril de 2020, dijo que 'no es necesario que la población use mascarillas' para, en el mes siguiente, aclarar que 'no pedimos mascarillas porque había escasez'. En los primeros momentos de la
llegada del virus, no se cerraron fronteras terrestres ni aéreas para evitar la propagación, como solicitó VOX; tampoco se proporcionaron medios de defensa y contención a los profesionales que se enfrentaban a los contagios, como los sanitarios
-que se fabricaban EPI con bolsas de basura y máscaras con gafas de buceo, contagiándose en masa- o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La falta de estrategia, la inoperancia y el pánico del Gobierno facilitaron que el virus se propagase
por toda España, causando los estragos que todos conocemos. Finalmente, el Gobierno condenó a los españoles a sufrir un confinamiento ilegal. Ese confinamiento -declarado posteriormente inconstitucional a instancia de VOX- supuso una vulneración
de derechos fundamentales nunca visto: la gravedad de la actuación del Gobierno, que impidió a los españoles ejercer sus libertades y ganarse su sustento, no ha tenido precedentes en nuestra Historia reciente.


El resultado de esta terrible gestión, dominada por la incompetencia y el miedo, es hoy evidente: a pesar de que Italia nos enseñaba el futuro con dos semanas de antelación, España fue de los países que más contagios sufrió, en el que más
muertes se registraron, el que más dañada dejó su economía a causa de las restricciones y en el que la recuperación fue más lenta e incierta. Y todo ello, mientras el Gobierno trataba de eludir su responsabilidad, cediendo la toma de las decisiones
bien a los gobiernos regionales, bien a entidades supranacionales, como la Unión Europea.


La desfachatez del Gobierno, a pesar de la inutilidad e inconstitucionalidad de sus medidas, además del daño causado a la dignidad y a los derechos fundamentales de los españoles, se resume en las palabras pronunciadas por el Sr. Sánchez
Pérez-Castejón: 'volvería a tomar' las mismas medidas, porque eso le permitió 'salvar medio millón de vidas de nuestros compatriotas' 9.


Estas declaraciones muestran la total falta de empatía del Sr. Sánchez Pérez-Castejón con los españoles y, en particular, con los niños, jóvenes y ancianos que se han visto obligados a guardar un confinamiento inconstitucional y que, en
muchos casos, arrastran severas secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de tales medidas.


En definitiva, y a pesar de su tamaño, se trata del peor Gobierno en el peor momento.


4) La maltrecha situación de la economía y sus sombrías perspectivas.


El fruto de la nefasta gestión por el Gobierno del impacto de la pandemia es el pobre desempeño de la economía de la Nación. Esta se ve lastrada por medidas y políticas ineficaces e irresponsables, adoptadas por quienes no conocen el
funcionamiento de los mercados ni las necesidades de las empresas. Los más perjudicados por esta negligente y nefasta gestión han sido, como siempre, las familias españolas, que han visto cómo su economía doméstica ha perdido capacidad de ahorro e
inversión, llegando en multitud de casos a degradarse a niveles paupérrimos.


No debe negarse que, en un mundo global, el grado de interconexión económica es muy elevado. No obstante, la precariedad, la debilidad y la volatilidad de la economía española debe imputarse, de forma casi exclusiva, al Gobierno.


8 https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10577296/06/20/Montero-reconocio-un-dia-despues-del-8M-que-la-bajada-de-asistentes-se-debio-al-coronavirus-Pero-no-lo-voy-a-decir.html


9 https://www.europapress.es/extremadura/noticia-sanchez-asegura-volveria-tomar-decision-confinar-ciudadania-porque-medio-millon-vidas-20211024140656.html

Página 7

Se trata del cuarto de los motivos de este rechazo global, en el que se señalan las veleidades del Ejecutivo en materia presupuestaria ('lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del
presupuesto') para después evidenciar el aciago desempeño de distintas variables económicas.


Habitualmente se afirma que los Presupuestos Generales del Estado son el reflejo económico-financiero del programa político de un Gobierno. Pues bien, con respecto al Ejecutivo de coalición socialcomunista esta aseveración es
particularmente atinada: las de 2022, al igual que sus predecesoras, son unas cuentas falaces, basadas en mentiras, en cálculos ilusorios y en falso optimismo; están hechas a la medida de los compromisos que el Gobierno tiene con terroristas,
separatistas y comunistas; sus números carecen de cualquier credibilidad y certidumbre y su coherencia interna brilla por su ausencia; sus medidas (subida de impuestos o aumento de gasto improductivo, netamente político e ideológico) son
profundamente inadecuadas para la actual situación de las familias españolas y para la economía española en general (lastrada no solo por la invasión rusa de Ucrania, sino, sobre todo por la incompetencia del Ejecutivo); y su aplicación ha
provocado ya un enorme daño para la Nación.


Estos mimbres, junto con los confinamientos ilegales impuestos primero por el Gobierno de la Nación y luego alegremente refrendados y mantenidos por muchos de los ejecutivos regionales, coadyuvaron a que España sufriera una crisis
profundamente perturbadora. La caída del Producto Interior Bruto fue de un 11 % (la mayor reducción en época de paz de la historia), con una duración muy prolongada y una recuperación que no llega. En relación con las economías de nuestro entorno,
la española fue la que más rápidamente se contrajo y la que más lentamente volvió a crecer. Este crecimiento, cuando llegó, fue insuficiente y ni siquiera se acercó a la 'recuperación en V' pronosticada por el Gobierno.


Así, las familias, los trabajadores y, en general, todos los españoles han visto seriamente dañada su calidad de vida, al dificultarse enormemente la adquisición de productos de primera necesidad o el pago de la electricidad y el gas.
Muchos españoles se hallan inmersos en un escenario de miseria.


La perniciosa influencia de las cuentas nacionales sobre las variables macroeconómicas y sobre la economía real es un hecho y la situación hoy dista de ser esperanzadora. Así, los precios de la energía amenazan la supervivencia del modelo
económico; el PIB aún no ha recuperado los niveles previos a los confinamientos; las familias españolas, a ciegas, ahorran lo que pueden por la enorme incertidumbre futura, mientras no dejan de perder poder adquisitivo ante el aumento de los
precios; los trabajadores españoles se ven afectados, pues el empleo solo crece en el sector público, mientras el privado destruye puestos de trabajo y se asfixia por la sobrerregulación, el elevadísimo esfuerzo fiscal y las trabas a la creación de
riqueza; el déficit de las Administraciones Públicas y el endeudamiento de la economía española no dejan de incrementarse, lastrando a los jóvenes; y la inflación crece ya a doble dígito, a la par que se elevan los tipos de interés y de la prima
de riesgo.


Mientras tanto, el Gobierno miente al atribuir a la guerra en Ucrania todos los problemas de España, causados por su mala gestión, y ya reconoce que se acercan trimestres 'complejos'. Paralelamente, y de forma sangrante, el despilfarro en
asuntos que no importan a los trabajadores ni a las familias españolas, como el gasto público en asesores, en estudios de género y en memoria democrática, no cesa, ni se prevé que lo haga.


En definitiva, a pesar de esta situación que padecen las familias, los trabajadores, los jóvenes que no pueden acceder a un empleo y todos los sectores económicos, la Comunicación del Gobierno se muestra triunfalista. Es evidente, una vez
más, que el Ejecutivo está alejado de la realidad que viven los españoles.


5) La política energética contraria al interés nacional.


El desempeño de la economía nacional no podrá mejorar mientras el Gobierno continúe empeñado en que España lidere una descarbonización apresurada cuyos costes nadie se atreve a explicar a los españoles. España necesita una energía
sostenible, limpia y eficiente, sí, pero sobre todo barata, que asegure unos precios asequibles para las familias, para los autónomos y para las empresas y que impulse, y no lastre, la creación de riqueza. La política energética del Gobierno
constituye el quinto motivo de este rechazo global.


En la Comunicación tienen gran protagonismo las afirmaciones referidas al ámbito energético. Hay alusiones a las tensiones inflacionistas y a la subida de los precios de la energía, que como es habitual se atribuyen exclusivamente a la
invasión rusa de Ucrania. Hay asimismo menciones a la supuesta voluntad gubernamental de proteger a las personas más vulnerables, de 'no dejar a nadie atrás', o de 'atender

Página 8

los intereses de las clases medias y trabajadoras'. Finalmente, no podían faltar las referencias a la transformación y transición ecológica y a la llamada 'excepción ibérica'.


Lo cierto es que toda la retórica del Gobierno está repleta de lugares comunes y frases buenistas que pretenden ocultar un hecho cierto: que son sus nefastas políticas las que han provocado las terribles consecuencias que ahora sufre la
población. Cuando se aborda un asunto tan fundamental como el de la energía, es imprescindible tener presente que la posición del Gobierno nunca ha tenido como fin principal, ni de lejos, el bien común ni el interés de España. Antes al contrario,
toda la trayectoria del Ejecutivo actual en la materia está dictada, en primer lugar, por el propósito incondicional de permanecer en el poder; y en segundo lugar por un sometimiento ciego e irracional a los postulados del fanatismo climático.


Este sometimiento a los dogmas climáticos forma parte de una línea general de subordinación del Gobierno y de los partidos que lo respaldan a los objetivos globalistas, como se manifiesta reiteradamente en todas sus declaraciones
programáticas e iniciativas legislativas, repletas de alusiones a la Agenda 2030 y a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y es asimismo consecuencia de los delirios ideológicos de sus dirigentes, cuya obsesión ha sido desarrollar de modo
implacable políticas tendentes a descartar las fuentes de energía fósil en beneficio de las llamadas energías renovables, sin que importase en lo más mínimo su coste económico y social, que por supuesto nadie quiere explicar a los españoles. Lejos
quedan las promesas del actual presidente del Gobierno de que los españoles pagarían la energía a precios de 2018 o que se acabaría con la 'pobreza energética'.


La destructiva labor del Gobierno en este ámbito se resume en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que ha llevado al paroxismo tanto la radicalidad ideológica del Ejecutivo como su incompatibilidad con
el interés de España. La política energética del Gobierno supone un lastre para España y va en contra de los intereses de los españoles. Han prohibido la exploración, la investigación -esto es especialmente sangrante- y la explotación de
hidrocarburos en el territorio nacional. El Gobierno es hostil a la inclusión de la tecnología nuclear y del gas en la taxonomía europea; rechaza construir nuevas centrales nucleares y ampliar la vida útil de las existentes; y aboca a España a la
importación de gas, petróleo o electricidad producidos por métodos prohibidos en España -fractura hidráulica- o por tecnología nuclear, pero en otros países. En definitiva, todas las medidas del Gobierno incrementan la dependencia energética de
España lo que, en definitiva, supone una debilidad estratégica. En esta concreta materia, sus decisiones han contribuido al encarecimiento de la energía y al aumento de la inflación, han perjudicado a nuestra industria y a la calidad del empleo.
Atentan contra el bienestar de las familias y de todos los españoles. Es necesario asegurar la soberanía energética, la reindustrialización, y, en definitiva, un modelo económico más sólido con empleos más estables y mejor remunerados, que aseguren
un futuro a los españoles.


6) La intromisión del Gobierno en la independencia del poder judicial.


Desde su toma de posesión, el eje fundamental de la política del Gobierno en materia institucional ha sido la colonización de todos los resortes del Estado. Órganos consultivos, empresas públicas y semipúblicas, agencias estatales,
institutos nacionales y televisiones han sido puestas al servicio de los partidos de la coalición y, singularmente, de su presidente, Sr. Sánchez Pérez-Castejón. Nuestro sistema democrático ha estado sometido desde su inicio a procesos de invasión
partidista, pero la obscenidad de la actual situación no conoce precedentes.


Ya anteriormente se advirtió de la ilegitimidad del Gobierno por transgredir diariamente el deber de legitimidad que le otorga el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución. Pues bien, el asedio más grave, y que tiene unos efectos más
duraderos y perniciosos para las instituciones de la Nación, es el que el Gobierno sostiene contra el Poder Judicial y la independencia de los jueces y magistrados. Se trata de una acción constante en contra del artículo 117 de la Constitución, a
cuyo tenor 'la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley'.


El actual Gobierno comenzó su andadura nombrando a doña Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado, tras ser ministra de Justicia en las legislaturas XII y XIII y con un turbio historial de connivencia con jueces y policías
investigados por corrupción. También fueron notorios los reiterados ataques al Poder Judicial del exvicepresidente segundo del Gobierno, Sr. Iglesias Turrión, que llegó a afirmar que 'en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan
impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso'. El exministro de Justicia, Sr. Campo Moreno, señaló que 'el Consejo General del Poder Judicial está en

Página 9

descomposición'. Y la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Sra. Belarra Urteaga, ha acusado de prevaricación a los magistrados del Tribunal Supremo. Asimismo, son extremadamente graves las distintas proposiciones de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevadas a cabo por los grupos parlamentarios de la mayoría política con el único fin de socavar al Poder Judicial, alguna de ellas ya aprobada. También resulta sangrante la reforma propuesta relativa a los
magistrados del Tribunal Constitucional que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.


Este Gobierno necesita de un Poder Judicial controlado y sometido, que le facilite el camino para tapar su incompetencia y tejer un Estado a su medida. Sin embargo, nuestros jueces y magistrados son un dique de contención frente a los
propósitos del Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón. Garantizan la pervivencia de la democracia al querer mantener un Poder Judicial independiente y libre de cualquier presión o injerencia, e integrado por profesionales seleccionados por mérito
y capacidad, y nunca por lealtad partidista.


7) Los indultos a los delincuentes separatistas y la alianza de la izquierda para la disolución de España.


Uno de los actos perpetrados por este Gobierno con los que ha alcanzado mayores cotas de degradación y de indignidad, y que constituye el séptimo motivo del presente rechazo global, ha sido el retorcimiento de la Justicia para conceder de
los indultos a los políticos y activistas presos por su participación en el golpe separatista de octubre de 2017.


Los criminales que ejecutaron este golpe lo hicieron como corolario de una política racista y sistemática de exclusión, marginación y ostracismo de los españoles no separatistas que viven en Cataluña. Sin embargo, en pos de una supuesta
convivencia, vieron sus penas de prisión indultadas por decretos de 22 de junio de 2021, dictados por un Gobierno cuyo presidente, en uno de sus engaños característicos, había prometido reiteradamente que serían cumplidas en su totalidad.


La ilegitimidad mencionada en los apartados anteriores tiene en este asunto unos mayores alcance y gravedad, tanto desde un punto de vista jurídico y constitucional como desde una perspectiva más específicamente nacional y política. Así,
los indultos a los delincuentes separatistas han dejado sin efecto unas condenas penales por unos hechos que son, en términos legales, de una gravedad extrema. Y ello, no solamente por el alcance de los bienes jurídicos lesionados, sino también
porque las medidas de gracia fueron otorgadas en contra de las recomendaciones del Tribunal Supremo -autor de la Sentencia condenatoria- y del Ministerio Fiscal -a pesar de que este organismo está controlado en última instancia por el Gobierno-.
También, porque se han concedido a personas que, lejos de expresar arrepentimiento por sus acciones, han manifestado de modo claro y desafiante su propósito de volver a delinquir en el mismo sentido cuando se presente la oportunidad: 'ho tornarem a
fer'.


Pero son las circunstancias políticas de la decisión de los indultos, así como sus consecuencias para la Nación española, las que verdaderamente hacen merecer a esta medida el calificativo de intolerable: los delincuentes beneficiarios de
las medidas de gracia pertenecen a fuerzas políticas que son indispensables para el sostenimiento parlamentario del actual Gobierno. Su indulto no es sino una prestación acordada en un ilícito intercambio de favores. Esto es, no obedecen al
perdón, a la convivencia y al diálogo, sino a la voluntad personal del presidente del Gobierno.


La alianza entre los separatistas y la izquierda, que viene de antiguo, ha alcanzado su apoteosis en esta calamitosa Legislatura. Se ha manifestado en leyes y políticas tan nocivas como las de enseñanza, persecución de la lengua española,
presos etarras, falsa memoria histórica, transferencia de competencias, o inversiones de fondos europeos. En concreto, la normativa de 'memoria democrática', en curso de aprobación, ha sido pactada con todas las fuerzas parlamentarias extremistas
al dictado de las que, como EH Bildu (herederos políticos de la banda terrorista ETA), no condenan el terrorismo y consideran a los asesinos como 'luchadores antifascistas'. Se trata de una auténtica aberración jurídica y social, incompatible con
los más elementales principios constitucionales, y constituye un gravísimo ataque contra la convivencia en la sociedad española.


Esta alianza, en definitiva, es la mayor amenaza para la unidad y la soberanía de España, y está encarnada en el Gobierno de Pedro Sánchez y en sus cómplices parlamentarios. Su propósito no es otro que reescribir la Historia, a su entera
medida, prescindiendo, incluso, de los sentimientos de muchos votantes socialistas que ven con estupor estos pactos con los terroristas y demás enemigos de España.

Página 10

8) La irrelevancia internacional de España: inmigración ilegal, defensa e integridad territorial.


El penúltimo de los motivos de rechazo que se exponen versa sobre la débil posición que actualmente tiene España en la Unión Europea y en el mundo, en contra de lo que afirma el Gobierno en la Comunicación. En particular, nuestro país se ve
amenazado por chantajes de vecinos a los que los socios europeos consideran amigos. España padece enormes debilidades en materia de defensa y es un actor muy poco relevante en la resolución de asuntos con trascendencia internacional.


En cuanto a la primera de las cuestiones, durante la presente Legislatura España se ha enfrentado a una de las mayores crisis migratorias de su historia, originada por el efecto llamada producido por la política de 'puertas abiertas' del
Gobierno de España. Así, bajo el mandato del Sr. Sánchez Pérez-Castejón han entrado ilegalmente en nuestro país, según datos oficiales del Ministerio del Interior, aproximadamente 120.000 inmigrantes 10. En muchos casos, esta inmigración ha
entrado en nuestro país ayudada y auspiciada por Marruecos.


A pesar de la gravedad del problema, el Gobierno no ha hecho movimiento alguno para prevenir ni para contener la avalancha de inmigración ilegal que sufre España, y es usada como chantaje político y económico por parte de los países
ribereños del norte de África. Antes al contrario, el Ejecutivo no puede escapar de sus contradicciones ideológicas y sigue negando y ocultando los datos y la magnitud de esta crisis que no cesa, y solo ahora comienza a alertar del peligro que
suponen las mafias de personas. La inmigración ilegal es una amenaza para la soberanía nacional y para la integridad territorial de España y pone en jaque la preservación de nuestra identidad y la propia pervivencia del Estado social, así como el
bienestar socioeconómico de los españoles.


Toda Nación tiene derecho a regular las condiciones de quienes aspiran a vivir en ella y, por ello, España debe reclamar una inmigración legal, controlada y adaptada a las necesidades nacionales. Al mismo tiempo, ha de garantizarse una
defensa inquebrantable de nuestras fronteras, dotando de mayores recursos materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí destinados y desplegando, cuando fuese necesario, a nuestras Fuerzas Armadas. Debemos evitar la
llegada a nuestras costas de embarcaciones repletas de personas traídas, en ocasiones, por mafias dedicadas a la trata de seres humanos, ayudadas por ONG cómplices.


En materia de defensa, el Gobierno ha abandonado la protección de nuestra soberanía nacional y ha relegado a nuestras Fuerzas Armadas al ostracismo, tanto social como económico: España es el tercer Estado miembro de la OTAN que menos fondos
destina a Defensa en relación con el tamaño de su economía, a pesar del maquillaje que supone el anuncio de un suplemento de crédito de hasta 1.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa. Esta infradotación debe acabar: España debe tener
un gasto razonable para defenderse a si´ misma, no solo porque nuestra pertenencia a la OTAN aconseja alcanzar el 2 % del PIB en esta materia, sino también porque tal gasto debe ser adecuado a las arduas necesidades militares de la Nación y a la
entidad cada vez mayor de las amenazas que esta enfrenta.


Nuestros militares no pueden seguir soportando unas condiciones profesionales deplorables al mismo tiempo que se juegan la vida por España. Los escasos gastos en fomento de cultura militar entre los españoles, en infraestructuras y en
equipamiento militar hacen que nuestras Fuerzas Armadas no puedan competir con los demás ejércitos del entorno en cuanto a medios y armamento. En un contexto como el actual, casi de Guerra Fría, es esencial para la pervivencia de la Nación que se
invierta en aumentar las capacidades militares. Además, este incremento de potencia militar debe considerarse como una inversión: la industria de defensa española es, además, una fuente de tecnología e innovación, y debe ser impulsada. Hay,
finalmente, una cuestión moral que debe ser tenida en cuenta: quienes han dedicado los mejores años de su vida a servir a la Patria en la Fuerzas Armadas han de ser premiados.


De otra parte, la imagen internacional de España se encuentra altamente deteriorada. El cambio de la posición española sobre el futuro del Sahara Occidental, impulsada personalmente por el propio Sr. Sánchez Pérez-Castejón en secreto, con
intereses desconocidos y favoreciendo a Marruecos, ha dañado gravemente la posición estratégica de nuestro país en el Mediterráneo y pone en grave peligro las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Argelia. Este país es uno de los
principales


10 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2022/12_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_30-06-2022.pdf


https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2021/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2021.pdf


https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2020/Informe-Quincenal-sobre-Inmigracion-Irregular-Datos-acumulados-desde-el-1-de-enero-al-31-de-diciembre-de-2020.pdf.

Página 11

proveedores de gas natural de España, y ya ha anunciado que revisará al alza los contratos suscritos con nuestro país. Esta decisión, por lo tanto, ha provocado y provocará el encarecimiento del precio de los combustibles fósiles en España,
perjudicando a las familias y a la industria.


La irrelevancia de España es tal que, en la reciente cumbre de la OTAN en Madrid, que el Sr. Sánchez Pérez-Castejón ha tratado de convertir en un evento de autopromoción, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa la inclusión del
reconocimiento explícito de Ceuta y de Melilla, gravemente amenazadas por Marruecos, como territorios amparados por la protección de la Alianza Atlántica. Así, atendiendo a algunas interpretaciones del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, de
4 de abril de 1949, que consideran que ni Ceuta ni Melilla ni los peñones de soberanía española estarían cubiertos por el mismo: ante un eventual ataque o invasión contra ellos no se activaría automáticamente el mecanismo de alianzas y defensa
común de los países firmantes en dicho Tratado.


Por lo tanto, no se ha subsanado expresamente esta duda interpretativa del texto del Tratado del Atlántico Norte, pudiendo, según algunos autores, quedar las ciudades de Ceuta y Melilla desprotegidas por nuestros aliados. Esto supone que la
integridad territorial de España no esté protegida en su totalidad. Una vez más, el Gobierno de la Nación ha abdicado de sus funciones y no ha defendido la seguridad nacional, la integridad territorial ni la soberanía de España, en un contexto,
además, de enorme presión marroquí sobre nuestra frontera sur, que también lo es de la Unión Europea.


9) La falta de respeto a la dignidad de la persona.


El último de los motivos en los que se funda este rechazo global a la Comunicación se basa en la dignidad ontológica de la persona, cuyo reconocimiento constituye una cuestión nuclear del ordenamiento jurídico, pues 'el Derecho existe, ante
todo, por causa del hombre y para el hombre'.


Este reconocimiento se concreta de manera radical en el derecho a la vida, presupuesto sin el cual los restantes derechos carecerían de toda entidad. La privación de este derecho supone la privación de todo derecho, por cuanto el mismo es
condición de todos los demás. Constituye, en definitiva, la negación práctica de la dignidad del ser personal.


De esta manera, toda acción política debe estar inspirada en el respeto a la dignidad humana y a los derechos que le son inherentes, teniendo como razón última el bien común.


Sin embargo, desde que se inició la XIV Legislatura, la acción del Gobierno de la Nación ha ido en dirección contraria. Desde los poderes públicos se ha implantado la llamada cultura de la muerte. Esta imposición ideológica, que se
potenció durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que consagró el aborto libre y que no fue revertida
durante la posterior mayoría absoluta del Partido Popular, ataca frontalmente la dignidad y la vida de las personas.


El Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón ha consolidado la deriva ideológica que España padece en los últimos años, independientemente del partido que ocupe el Ejecutivo. Esta consolidación se materializó en la aprobación el pasado año
de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que vulnera frontalmente el artículo 15 de la Constitución, en virtud del cual el Estado tiene la obligación de proteger el bien jurídico de la vida.


A este nuevo hito de la cultura de la muerte y del descarte se ha unido la modificación del Código Penal para calificar como delincuentes a quienes acuden a los centros abortistas a rezar e informar sobre las consecuencias de abortar a las
mujeres que se desplazan hasta ellas. De nuevo, estamos ante un atentado contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión, e incluso contra la libertad de aquellas personas que simplemente quieren rezar en un lugar
determinado.


Por si fuera poco, el Ejecutivo de coalición ya ha anunciado una nueva reforma de la Ley del aborto que, de ser aprobada, permitiría a las mujeres embarazadas abortar a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento previo de los
padres. Con esta nueva Ley se pretenderá también blindar el acceso al aborto en los centros públicos, amenazando el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.


En definitiva, el Gobierno socialcomunista indulta a terroristas, pero pretende meter en prisión a quien quiere ayudar e informar a las mujeres embarazadas de los efectos adversos que conlleva el aborto. Asimismo, asumiendo la ideología de
género, permite a los menores cambiar de sexo sin informes médicos ni autorización de sus padres.


En contraste con esta execrable agenda gubernamental, VOX va a trabajar para que esta cultura de la muerte se convierta en una Cultura de la Vida, que comienza por la derogación inmediata de las leyes

Página 12

que atentan contra el derecho a la vida y sigue por un apoyo decidido y sin reservas a las mujeres, a la maternidad y paternidad y a la familia, poniendo a disposición de los españoles todos los medios que les permita tener hijos y
mantenerlos con garantías. El aborto o la eutanasia vulneran principios básicos que deben ser defendidos, y el papel del Estado, como se ha señalado anteriormente, no puede ser otro que el de velar por la protección de toda vida humana y,
especialmente, la de los más vulnerables.


En conclusión, es necesario salvaguardar jurídicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y acabar con la Cultura de la Muerte que, por desgracia, representa este Gobierno.


C. Conclusiones.


Los motivos expuestos, si bien no son los únicos, son algunos de los que se consideran más relevantes y flagrantes, y tienen relación directa con el contenido de la Comunicación. No puede olvidarse que cada una de estas razones, cada
pequeña acción llevada a cabo en su desarrollo, merece por sí sola, además, un rechazo global.


En efecto, como ya se advirtió en octubre de 2020, debe rechazarse en su totalidad el macabro y engañoso proyecto político y social que el Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón ha puesto en marcha y representa. Debe impugnarse desde su
origen su agenda gubernamental que pretende la ruptura de España, que supone una traición a los españoles y que está generando, a su vez, el empobrecimiento de la clase media y de todas las familias españolas. En este sentido, hoy por hoy, cada día
más españoles no llegan a fin de mes, sin poder siquiera pagar los suministros más básicos, como la luz o el gas, o acceder a bienes de primera necesidad. Esta calamitosa situación está afectando también a los empresarios, que ven que no pueden
hacer frente al pago de los salarios y de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. Sin embargo, el Gobierno vive en su propia y opulenta realidad.


No cabe duda de que nuestra Nación trasciende a sus gobernantes, como ya ha demostrado, y de que España es más fuerte que cualquier gobierno que pueda pasar por ella. Se recuperará, y olvidará el daño que le ha infligido una casta
privilegiada que vive de espaldas a las necesidades de los españoles. Volverá a mirar hacia fuera, y desde afuera volverán a mirar a España, una vez desterremos las ideologías dañinas, las absurdas obsesiones y el odio a lo propio que exhala este
Gobierno.


Es necesario proteger a los españoles, en su variedad y pluralidad; atender a sus necesidades, y no a las de aquellos que pretenden liquidar las clases medias y destruir la soberanía de las naciones; preservar nuestra identidad, nuestras
raíces, nuestros valores comunes y nuestras tradiciones, frente a voluntades disolventes y globalistas; defender nuestra integridad, respondiendo a los enemigos de la Patria, internos y externos, sabiendo que España es mayor y mejor que ellos;
cuidar las libertades de todos, en contra de confinamientos inconstitucionales y de recortes de derechos; proteger la vida y la familia, frente a la indigna cultura de la muerte; y conseguir que los españoles vivamos unidos, en paz y en libertad,
orgullosos del proyecto milenario al que nos debemos.


Por todo ello, es imperativo que este Gobierno abandone el objetivo de mantenerse en el poder a toda costa y convoque, por el interés general de España y de los españoles, elecciones anticipadas con carácter urgente.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula el presente rechazo global del contenido de la comunicación del Gobierno, remitida al Congreso de los Diputados con fecha 1 de julio de 2022, como expresión de la solicitud de
celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la organización del Estado al servicio de la igualdad y
la unidad de España y la dotación de la máxima protección jurídica a los símbolos de la Nación, con motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.

Página 13

Propuesta de resolución núm. 2


Exposición de motivos


España es una gran Nación que se enfrenta a importantes retos. Uno de los desafíos que debe afrontar España de forma más urgente es el relativo a la organización territorial del Estado de las autonomías. Históricamente, España se ha
organizado territorialmente de diferentes formas. La forma establecida en el Título VIII de la Constitución es una novedad para España al permitir la posibilidad de que las regiones, islas y provincias se constituyan en comunidades autónomas.
Posteriormente, en los siguientes años se diseñó un sistema autonómico con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas. No se pueden encontrar precedentes en nuestra historia de un modelo semejante, salvo lo acontecido durante la Segunda
República, período en el cual algunas regiones recibieron un estatuto de autonomía al tiempo que actuaban de forma desleal con la Nación.


El actual sistema autonómico ha resultado ser un estrepitoso fracaso causante de un despilfarro económico sin límite y, lo que es peor, un elemento favorecedor de deslealtad institucional y de división entre españoles. Las actuales
comunidades autónomas, por su propia configuración, crean desigualdades entre los españoles, privilegios a favor de unas en detrimento de otras. Además, algunas de ellas utilizan sus elementos particulares, que realmente enriquecen a España, como
causa de división, enfrentamiento y ruptura de la unidad nacional. Otra consecuencia indeseable es el surgimiento de distintos ordenamientos jurídicos dentro del mismo país, generándose de este modo una intolerable desigualdad en función del
territorio en que residan.


Ha de añadirse a lo anterior la pesada carga que para los contribuyentes implican el gasto político y la ineficiencia en la gestión de estos mastodónticos entes autonómicos. Las administraciones regionales se encuentran, en muchos casos,
duplicadas con respecto a la del Estado. Tales duplicidades constituyen uno de los elementos fundamentales que contribuyen al tamaño absolutamente desproporcionado que ha alcanzado el poder público en nuestro país y que está directamente
relacionado con el terrible volumen de deuda pública que padece España. Adicionalmente, la existencia de tales administraciones regionales supone un foco multiplicador de corrupción económica vinculada a los partidos políticos.


Asimismo, otra de las consecuencias más nocivas de este sistema autonómico es la desmesurada preponderancia que ha permitido alcanzar a los partidos separatistas. Estas fuerzas políticas pretenden la destrucción de la unidad y de la
soberanía de España y, sin embargo, gozan de una posición de privilegio en la actual escena política. Además de gobernar varias regiones españolas, circunstancia que aprovechan para minar la unidad nacional a través del uso torticero de las
legítimas singularidades, los partidos separatistas utilizan su representación en el Congreso de los Diputados para condicionar decisivamente la formación de gobiernos, la aprobación de leyes y, en definitiva, toda la vida política.


En la actualidad, con el Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón, esta degradación democrática ha alcanzado cotas nunca vistas concretándose en el acuerdo entre la coalición de Gobierno con los herederos de la banda terrorista ETA y los
autores del golpe de Estado en Cataluña, ahondando más, si cabe, la división y desigualdad entre españoles.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar el debido cumplimiento del artículo 3 de la Constitución y que todos los españoles tengan el efectivo derecho de educarse en español, especialmente en las regiones que tengan reconocida otra lengua española, así como de
relacionarse con todas las Administraciones, incluidas las regionales, en español. En este sentido, suprimir cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua y evitar la división de los españoles entre españoles de
primera y de segunda categoría.


2. Promover la devolución al Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica, como paso previo a la creación de un estado unitario, administrativamente
descentralizado, que promueva la igualdad y la solidaridad entre españoles. Y, en el mismo sentido, promover e incentivar la supresión de las policías autonómicas e incorporación de sus miembros a los cuerpos nacionales. Hasta que se haga
efectiva, se garantizará la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las policías autonómicas.

Página 14

3. Impulsar la supresión de privilegios legales amparados en supuestos 'derechos históricos' que provocan desigualdad entre territorios.


4. Fomentar la recuperación de la vitalidad y autonomía de los municipios, liberándoles de la ineficiente estructura autonómica y del ejercicio de competencias innecesarias para que concentren toda su fuerza en la promoción de lugares
seguros de convivencia entre vecinos, en la creación de empleo y en el impulso de iniciativas vecinales.


5. Promover, dentro del marco constitucional, la suspensión inmediata de la autonomía de aquellas comunidades que utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España.


6. Impulsar la ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía. Como paso previo, se eliminarán las subvenciones públicas y se impedirá su participación
en los diferentes procesos electorales a toda organización que pretenda la destrucción de la soberanía nacional. Asimismo, promover la reforma de la Ley de Indultos con el fin de excluir esta medida de gracia para aquellos que cometan delitos
relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial.


7. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la Nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona. Las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas deben agravarse para que ninguna afrenta a ellos
quede impune.


8. Iniciar inmediatamente los trámites para la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género, que consagra la asimetría penal y la desigualdad entre hombres y mujeres y atenta contra los pilares básicos del Estado de derecho.


9. Coherentemente, promover la eliminación de toda la legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación sexual, tales como cuotas, preferencia en la contratación o
prevalencia en caso de empate en una oposición.


10. Impulsar la derogación de todas las leyes y normas de desarrollo que alienten el enfrentamiento y la división entre españoles, como las llamadas leyes de 'memoria democrática' o de 'memoria histórica''.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a alcanzar la igualdad efectiva entre los españoles, con
motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 3


Exposición de motivos


El artículo 14 de la Constitución Española ('CE'), que enuncia la igualdad de todos los españoles ante la ley, constituye un pilar básico del ordenamiento jurídico español. Esta igualdad, que tiene una naturaleza jurídica de derecho
sustantivo y de valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1 CE), trae a su vez causa de la dignidad intrínseca que toda persona posee por el hecho de serlo. La dignidad de la persona, según el artículo 10 CE, es fundamento del orden
político y de la paz social.


En la Comunicación remitida el pasado 1 de julio por el Gobierno de España al Congreso de los Diputados como expresión de la solicitud de celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación, el Ejecutivo refirió su
interés en seguir 'promoviendo y ampliando derechos para todas y todos'. Al respecto, el Grupo Parlamentario VOX manifiesta que dicho propósito no puede alcanzarse si quienes nos gobiernan perseveran en la vulneración de la igualdad en sus
políticas públicas. De hecho,

Página 15

esta tendencia se ha ido incrementando desde el inicio de la Legislatura en diferentes ámbitos que, a continuación, se enumeran.


El Gobierno de coalición ha impulsado con denuedo el desarrollo legislativo y político de la erradicación de una supuesta violencia a la que denomina 'de género'. Si bien lo hace desde una óptica que presenta tres graves errores de inicio.
En primer lugar, incurre en la generalización injustificada de que la causa por la que se produce la violencia es el sexo de la víctima y de la persona causante del delito (en este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género afirma que 'se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo'). En segundo lugar, promueve un enfoque del Derecho penal en el que se otorga presunción de veracidad
a la mujer que denuncia, mientras que al hombre que es acusado de ese delito se le atribuye presunción de culpabilidad. Esto significa que, por la mera denuncia y sin prueba practicada, se puede conseguir automáticamente la detención del varón que,
privado de su presunción de inocencia, es acusado. En definitiva, al varón se le considera, antes incluso de un proceso público y con todas las garantías, culpable, con todos los efectos mediáticos adversos e irreversibles que tal hecho conlleva.
En tercer lugar, la legislación de 'violencia de género' anuda distintas consecuencias jurídicas a los mismos actos, sobre la única base del sexo de la persona a la que se aplica la norma. Es decir, asumen como científica una supuesta maldad
intrínseca del varón y se recurre a la discriminación positiva para proteger a la mujer del hombre. Así, las normas promulgadas con este sesgo ideológico y las políticas públicas que las desarrollan conducen a una injusticia material y fomentan la
división, ya que provocan que haya españoles de primera categoría (las mujeres) y de segunda (los hombres). Este corpus normativo, a mayor abundamiento, es ineficaz, pues ni siquiera consigue el propósito del cese de la violencia -ni siquiera una
reducción de casos-, razón por la cual VOX ha propuesto reiteradamente su sustitución por una Ley de Violencia Doméstica que atienda a las verdaderas causas de esta violencia y proteja por igual a todas las víctimas, sin diferenciar por sexos.


Por otro lado, hemos de mencionar la desigualdad en la que incurren todas y cada una de las políticas que, paradójicamente, impulsa el Ministerio de Igualdad encargado de 'la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
igualdad'. Este Ministerio se ha creado ex novo sobre las erráticas premisas de la 'violencia de género' y sobre los falsos postulados del feminismo radical y la ideología de género que trufan toda su actividad y la convierten, por ello, en
injusta. Ejemplo de ello es la imposición de planes de igualdad, dentro de los cuales encontramos los 'cupos de género' aplicables a la contratación en las empresas públicas y privadas. El Ministerio de Igualdad dice querer 'hacer real y efectiva
la igualdad entre mujeres y hombres'. Sin embargo, su deseo de igualación solo busca promover a la mujer, en detrimento del hombre, a pesar de su intrínseca igualdad en tanto que españoles. Además, lo hace bajo la pretensión de imponer la igualdad
de roles del hombre a la mujer, sin atender a sus diferencias biológicas. De esta manera, se considera a la mujer tan solo como un elemento más del sistema de producción y se olvida, en cambio, del varón. Por tal razón, no cabe hablar de que este
Ministerio trabaje por la igualdad real de los españoles, todo lo contrario. Ejemplo de ello es la aprobación, el mes pasado, de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que resulta imprescindible para introducir ese cambio
cultural en contra de la realidad y del propio ser del hombre y que recoge sanciones de hasta 500.000 euros al que disienta del pensamiento oficial, llámese ideología de género, Agenda 2030 y sus ODS, cultura de la muerte, fanatismo climático o
memoria histórica.


En otro orden de cosas, la desigualdad generada por este Gobierno también afecta a otro ámbito muy relevante, el del cuidado de nuestros mayores, muchos de ellos en situación de discapacidad y de dependencia. La herramienta vigente en el
ordenamiento para atender a las situaciones de dependencia (el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) manifiesta evidentes problemas, el mayor de los cuales es su falta de armonización estatal. El hecho de que, por un lado, las
administraciones regionales hayan asumido competencias en materia de asistencia social y, por otro lado, desde el Estado no se haya procedido a una unificación en esta materia, ha traído consigo graves desigualdades dotacionales, de funcionamiento y
de gestión entre las distintas regiones. Y, en consecuencia, se producen graves diferencias entre los españoles con dependencia en función de su lugar de residencia. Estas desigualdades en modo alguno han sido paliadas durante la presente
legislatura.


En suma, la presente propuesta de resolución tiene por objeto poner de manifiesto que el Gobierno no está trabajando por la igualdad de los españoles sino todo lo contrario. Resulta indispensable recuperar

Página 16

la igualdad de todos ante la ley como derecho y como valor que inspire las normas y las políticas públicas, en aras del bien común.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover la derogación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (aprobada pero pendiente de
publicación en el BOE), así como de sus disposiciones normativas de desarrollo, con el fin de restablecer la igualdad ante la ley del hombre y la mujer en el ordenamiento jurídico español.


2. En sustitución de las normas anteriores, si se estima que el Código Penal vigente no satisface las exigencias políticas, promover la aprobación de una Ley de Violencia Doméstica que atienda a las verdaderas causas de la violencia en este
ámbito y proteja por igual a todas las víctimas, sin diferenciar por sexos, de conformidad con el artículo 14 de Constitución Española.


3. Retirar, con carácter urgente, el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).


4. Promover la derogación de toda la legislación que establezca tratamientos discriminatorios en el plano laboral entre españoles basados en el sexo, tales como 'cuotas de género', planes de igualdad u obligaciones de contratación e
impulsar políticas de conciliación que permitan la estabilidad familiar.


5. Eliminar el uso del término 'género' y del concepto de la 'autodeterminación del género' de la normativa legal o reglamentaria, de los protocolos, planes, manuales, instrucciones, órdenes de servicio o notas internas de uso de la
Administración Pública en España y de los libros de texto en el ámbito educativo.


6. Suprimir el Ministerio de Igualdad, que es un departamento innecesario en sus funciones, injusto e ideológico en los medios políticos que acomete al servicio de aquellas y oneroso en su estructura, así como dedicar ese gasto a la mejora
de servicios públicos esenciales como la sanidad, la justicia, la seguridad o el sistema educativo.


7. Promover la unificación estatal del vigente Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a las prestaciones de este sistema por parte de todos los beneficiarios, con
independencia de su lugar de residencia en España.


8. Llevar a cabo las actuaciones pertinentes a fin de acabar con el adoctrinamiento en ideología de género en los centros de enseñanza y en los medios de comunicación.


9. Garantizar la imposibilidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de 'cambio de sexo' en los menores de edad.


10. Promover todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar jurídicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y fomentar una cultura del cuidado de los más vulnerables'.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la puesta en marcha de una política fiscal que favorezca
el desarrollo económico y social de España y de los españoles, con motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.

Página 17

Propuesta de resolución núm. 4


Exposición de motivos


Desde enero de 2020, y en particular en los últimos meses, el Gobierno de la Nación ha mantenido una política fiscal errática que está poniendo en peligro la prosperidad de las familias y de las empresas españolas y está sentando las bases
de su ruina futura. En su primer ejercicio con presupuestos propios, y no prorrogados, el Gobierno aumentó las políticas de gasto hasta alcanzar un déficit muy por encima del límite del 3 %, a pesar de que la economía crecía por encima del 2 % y
los recursos no financieros aumentaban un 3,5 %. La vulnerabilidad de la economía española derivada de esta gestión irresponsable dejó a España en una situación enormemente precaria como consecuencia de la crisis de la COVID-19, que se evidenció al
constatarse cómo nuestra economía fue la que más cayó en la Unión Europea, y la que más tiempo tardó en recuperar. En la actualidad, la economía española está a las puertas de una estanflación cuya duración e intensidad serán difícil de prever su
duración e intensidad, si bien las familias y empresas ya lo están pagando.


El crecimiento económico debe estar necesariamente unido a una reducción de la carga fiscal que soportan familias y empresas. Sin embargo, la presión fiscal no ha hecho más que incrementarse en la presente legislatura, sin que tal aumento
parezca tener fin próximo. No en vano, España fue el país de la OCDE donde más aumentó la presión fiscal en el año 2020, hasta alcanzar el 36,6 %. Pero si atendemos al esfuerzo fiscal, indicador mucho más acertado que la presión fiscal para
reflejar lo que cuesta a las familias el pago de impuestos en función de su renta, esta variable es 8,1 puntos superior la media de la Unión Europea, siendo solo superada por Italia entre las grandes economías europeas 11.


Con el fin de reducir el expolio fiscal a que se ven sometidos los españoles, el Gobierno ha de comenzar elaborando una estrategia fiscal a medio y a largo plazo que garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad presente y futura
de las Administraciones Públicas. En este contexto, debe tomar en consideración el riesgo que para la pervivencia de nuestro país suponen el elevadísimo nivel de deuda pública (117,7 % del PIB 12) y los saldos estructurales negativos que arrastra
la economía española.


Del mismo modo, para mantener e incrementar el poder adquisitivo de las familias españolas que están sufriendo el brusco aumento de los precios (IPC del 10,2 % en junio 13), es necesario promover la eliminación de impuestos como el de
Patrimonio (IP), el de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el de Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también llamado plusvalía municipal, así como la reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
que recae sobre productos esenciales y de primera necesidad. En definitiva, el marco legislativo debe favorecer especialmente a las familias españolas, que constituyen el lugar del cuidado por excelencia y forman el núcleo de la sociedad, pero que
sin embargo padecen las consecuencias de unas políticas económicas irresponsables que las están llevando a una situación insostenible.


Por otra parte, la política fiscal debe también velar por nuestro tejido productivo, acompañando su desarrollo y crecimiento. Por ello, es necesario impulsar la reducción del Impuesto sobre Sociedades (un 23,3 % de tipo efectivo 14), para
que las empresas dispongan de mayor capacidad para realizar inversiones, y por lo tanto generar riqueza y empleo. Debe así favorecerse la relocalización de plantas productivas, retornando el capital humano y el conocimiento que nunca debió salir de
nuestro país. Estas medidas fiscales deben tener especial foco en el desarrollo empresarial de la España rural como elemento vertebrador y de cohesión nacional.


Las Administraciones Públicas deben responder a esta disminución de la recaudación de impuestos con un ambicioso plan de reducción del gasto público que se fije en la eliminación de las partidas de carácter improductivo, meramente político y
no multiplicador, que en nada benefician al bienestar socioeconómico de las familias de España y que solo sirven a propósitos ideológicos.


En resumen, se trata de establecer, a diferencia de lo que ha subrayado el presidente del Gobierno en su intervención, un sistema fiscal basado en la reducción y simplificación de la carga impositiva a familias y empresas, que favorezca el
desarrollo económico y social de España, a la


11 Competitividad fiscal 2021'. Instituto de Estudios Económicos. Diciembre de 2021. https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-Col.-INFORMES-Diciembre-2021.-Competitividad-fiscal-2021-3.pdf


12 https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/te_deu.html


13 https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607


14 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT#

Página 18

vez que mantiene y mejora los servicios públicos esenciales. Todo ello, sin caer en el despilfarro ni en hacer de la ineficiencia y la duplicidad las notas características de 'lo público', como hasta ahora.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Diseñar un nuevo sistema de beneficios fiscales para la familia, que amplíe y recoja nuevas medidas de incentivo a la maternidad, a la paternidad y a la conciliación, con reducciones adicionales de impuestos que les afectan y ayudas
directas para mejorar su prosperidad en función del número de hijos, con especial foco en aquellas personas que se dediquen al cuidado de los hijos o de personas dependientes.


2. Promover la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) para todos los españoles.


3. Impulsar una reducción significativa del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los productos de primera necesidad y esenciales.


4. Promover una rebaja del Impuesto sobre Sociedades (IS), así como su simplificación, de cara a atraer los beneficios generados por empresas españolas en el exterior y multiplicar la prosperidad de las que ya poseen su centro principal de
operaciones en España.


5. Fomentar la simplificación de las normativas, trámites y procedimientos para la constitución y puesta en marcha de una empresa.


6. Establecer incentivos fiscales que permitan el impulso y el fortalecimiento del tejido productivo en la España rural.


7. Proteger los datos de los ciudadanos españoles que recopilan y usan las grandes empresas tecnológicas con sede principal en el extranjero, garantizando la soberanía de los datos y cotizando por estos, así como asegurar que tales
corporaciones soportan las mismas obligaciones tributarias que cumplen las empresas españolas.


8. Facilitar el aumento de la renta disponible de los trabajadores sin incremento simultáneo de los costes laborales, mediante la reducción de cotizaciones sociales para la empresa y para el trabajador, así como deflactar los tramos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de cara a contrarrestar el incremento nominal de su salario debido a la inflación.


9. Acometer una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, de la estructura y funciones de los diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, con el objeto de identificar ineficiencias y
sinergias que permitan racionalizar su estructura y reducir el gasto público, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos ineficientes, innecesarios, de carácter meramente ideológico o que no sirvan a fines de interés público en beneficio de
los españoles.


10. Actualizar y publicar periódicamente, desde el Instituto Nacional de Estadística, el indicador de 'esfuerzo fiscal', debido a que se trata del más adecuado para reflejar la cantidad de impuestos pagados por los contribuyentes,
estableciendo un plan de acción que permita reducirlo a los niveles del resto de otros países de la OCDE.


11. Poner fin a los sistemas de vigilancia personal y geolocalización que, aduciendo motivos fiscales, puedan haber sido creados por cualquier administración fiscal en España, aunque sea pretendido por directivas o reglamentos comunitarios.
Exigir, en este caso, en el seno de las instituciones europeas la derogación, inaplicación o reforma de dicha normativa. Los sistemas de seguimiento, detección o vigilancia por geolocalización solo podrán establecerse, con las debidas garantías,
por razones de defensa y seguridad exterior o interior o de lucha contra la inmigración ilegal.


12. Reducir el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, así como facilitar la posibilidad a los ayuntamientos a reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles.'

Página 19

A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política
General en torno al estado de la Nación 2022, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 5


Exposición de motivos


La reciente publicación de los datos de la Intervención General del Estado correspondientes al pasado ejercicio 2021 ha desvelado que de las obras que estaban planificadas en Asturias solo se ejecutó un 41 % de lo presupuestado lo que supone
un importante desperdicio de los recursos consignados. Semejante circunstancia coloca a Asturias en la cola nacional de la ejecución presupuestaria en 2021 e incide en las dificultades históricas para superar el aislamiento de la región y los
grandes obstáculos -no solo geográficos o físicos, también políticos- para avanzar en los proyectos que permitan la modernización de las infraestructuras de transporte y movilidad.


A la falta de ejecución hay que añadir los grandes retrasos en las diferentes obras que están jalonadas sistemáticamente con dilaciones en su tramitación administrativa, errores técnicos en la redacción de los proyectos, modificados que
encarecen muy significativamente el coste final y graves incidencias durante el proceso constructivo.


Todo el periodo que lleva como presidente del Gobierno Pedro Sánchez (algo más de cuatro años) ha supuesto un tiempo perdido para Asturias y un retroceso en su modernización. Al incumplimiento de sus compromisos específicos adquiridos en el
debate de la Moción de Censura de 2018 en los que afirmó que [...] 'lógicamente nosotros vamos a respetar la ejecución de las obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras por parte del actual Gobierno; no queda otra, porque
evidentemente no son nuestros presupuestos, pero desde luego no vamos a incumplir el acuerdo de esta Cámara', cabe añadir y constatar los retrasos y paralizaciones de obras y proyectos imprescindibles para una región que, desde hace años, con
diferencia, tiene los peores datos en la tasa nacional de población activa, es decir, el indicador oficial de los españoles que trabajan o que están buscando trabajo.


Un repaso permite señalar algunos proyectos interminables que Asturias precisa para su inmediato futuro.


- A diferencia de otros territorios y proyectos de infraestructuras ya en servicio o en construcción, en materia de Alta Velocidad ferroviaria se ha relegado el ancho estándar europeo (UIC) y despreciado los requisitos de alta velocidad
entre Madrid y Asturias, dentro del corredor norte-noroeste. La planificación aprobada en el año 2000 (PIT 2000-2010) comprometía tiempos de recorrido de 2 h 30' en el trayecto Madrid-Oviedo, homologable con el resto de las capitales y principales
ciudades de España como Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o Barcelona. Igualmente, el actual Gobierno ha retirado el acuerdo para acometer los Estudios Informativos de los tramos ferroviarios Pola de Lena / Oviedo /
Gijón-Avilés en Asturias, concebidos para mantener la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE y para combinar su uso con la adecuada red de Cercanías.


- Persiste el agravio comparativo ferroviario a la vista del trato inversor que recibirá el desarrollo del Corredor Mediterráneo y el de otro corredor estratégico como es el Atlántico cuya ejecución es nuevamente relegada, singularmente en
el área Noroeste. Este trato desigual del Gobierno con los dos corredores ferroviarios transeuropeos resulta injustificable y una muestra de la falta de equidad en la asignación de las consignaciones presupuestarias anuales consignadas en el
Capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado.


- En relación con la red ferroviaria de Cercanías, el Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana fulminó el Plan de Cercanías consensuado a finales de 2017 por el entonces Ministerio de Fomento (Partido Popular) y el gobierno
del Principado (PSOE), respaldado por ayuntamientos y

Página 20

organizaciones sindicales y empresariales de Asturias. Dicho Plan de Cercanías ferroviarias preveía acometer inversiones por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025, de los que 338,8 se pretendían destinar a la red de ancho
ibérico y los 178,6 restantes a la de ancho métrico (antigua Feve). En la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 están consignadas inversiones para las Rodalies de Cataluña que multiplican por once las de la red de Cercanías que
opera en Asturias y que, año tras año, vienen sufriendo un grave abandono tanto en las infraestructuras como en el material rodante.


- Como ya resulta tradición coincidiendo con la llegada del Partido Socialista al Gobierno, se ha vuelto a frenar el impulso al Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón ignorando el convenio publicado en mayo de 2019 en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) suscrito por las tres administraciones y por los diferentes partidos políticos con representación municipal. El objeto del convenio consensuado era ubicar la futura estación intermodal en las proximidades del Museo del
Ferrocarril, de tal manera que ahora, con los nuevos planes del Gobierno, se pierde la centralidad para la que fue concebido un proyecto que ya tiene construido en el subsuelo -sin uso y abandonado desde hace años- un túnel de 3,5 km con espacio
para varias estaciones subterráneas al objeto de aproximar el tren a los ciudadanos y captar usuarios para el ferrocarril. Lejos de cumplir su palabra y de respetar lo firmado y publicado en el BOE, el Ejecutivo del señor Sánchez Pérez-Castejón ha
paralizado este crucial proyecto al que la vigente Ley de presupuestos Generales del Estado 2022 dedica unos pírricos 39.840 euros.


En relación con las infraestructuras viarias, el Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos ha utilizado como pretexto el argayo sufrido en el mes de abril de 2021 en las obras de la autovía entre Cornellana-Salas-La Espina, infraestructura
trascendental en las comunicaciones y el futuro socioeconómico del suroccidente asturiano, para retrasar la ejecución y posterior puesta en servicio de la A-63 Oviedo-La Espina. Las obras de esta autovía ya habían sido paralizadas en 2010 si bien
su reanudación en 2013 permitió la terminación del tramo Doriga-Cornellana. Ahora ha sufrido nuevos retrasos como consecuencia del desprendimiento de un talud que también afectó a la carretera nacional N-634 y que ha provocado el aislamiento
parcial del suroccidente de Asturias que, por otra parte, sufre históricas dificultades de comunicación que le han impedido su pleno desarrollo económico y social.


- En materia portuaria, continúa sin recuperarse para el tráfico marítimo la Autopista del Mar entre el puerto de El Musel-Gijón y el de Saint Nazaire (Francia), u otro puerto francés alternativo. Asimismo, tras la paralización de las obras
del tramo Lloreda-Veriña, el Gobierno ha hecho trizas el convenio firmado en 2005 con el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel, para dotar de enlaces viarios al puerto gijonés y evitar el paso de tráfico pesado y
peligroso por el casco urbano de la ciudad, zona de La Calzada. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 se consignó una menudencia presupuestaria de 200.000 euros.


Tanto el puerto de Gijón-El Musel como el de Avilés han quedado relegados de la red europea de transportes TEN-T como secuela del mantenimiento del ancho de vía ibérico lo que, en la práctica, es un obstáculo insalvable para la
liberalización del transporte ferroviario de mercancías en favor de Renfe.


En definitiva, resulta imprescindible y urgente acometer en Asturias una política de modernización y mejora de las infraestructuras de transporte que garantice la igualdad entre españoles y territorios, evite agravios comparativos entre
regiones, promueva la equidad y la eficiencia en la distribución del gasto público, ejecute al máximo las inversiones contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en consecuencia, se formula la presente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Homologar la línea de alta velocidad Madrid-Asturias con el resto de las líneas de alta velocidad españolas al objeto de asegurar tiempos de recorrido entre Madrid y Oviedo inferiores a 2 h 30' y completar los Estudios informativos de
los tramos Pola de Lena / Oviedo / Gijón-Avilés manteniendo la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE y combinar su uso con la adecuada Red de Cercanías.


2. Detener el grave retroceso de la red de Cercanías ferroviarias de Asturias y promover un Plan del tenor del consensuado por las Administraciones, ayuntamientos y agentes sociales en 2017 -paralizado posteriormente por el nuevo gobierno-
para acometer inversiones de modernización y mejora de la red de ancho ibérico y de ancho métrico (antigua Feve).


3. Dotar a los grandes puertos de El Musel y Avilés de infraestructuras viarias y ferroviarias con idénticas características a las que ya disponen o se están construyendo para la incorporación de los

Página 21

espacios portuarios de interés general del Estado a los corredores transeuropeos de transporte de mercancías.


4. Desarrollar sin discriminaciones financieras ni desequilibrios inversores los distintos corredores ferroviarios de la red transeuropea de transporte (TEN-T Network) que discurren por el territorio nacional -incluido el Corredor Atlántico
Noroeste- al objeto de garantizar la conectividad y la competitividad del tráfico de viajeros y mercancías.


5. Agilizar la terminación de la Autovía A-63 (Oviedo-La Espina) e impulsar con los respectivos gobiernos autonómicos la planificación, el proyecto y la ejecución de su continuidad al objeto de que Asturias y Castilla y León dispongan
cuanto antes de un corredor que comunique con características de autovía el suroccidente asturiano y las comarcas leonesas limítrofes.


6. Restablecer con urgencia el tráfico marítimo en la Autopista del Mar entre el puerto de El Musel-Gijón y el de Saint Nazaire (Francia), suspendida en 2014, para que Asturias cuente con comunicaciones marítimas al igual que el resto de
las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la necesidad de reducir el gasto político y suprimir
organismos superfluos, con motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 6


Exposición de motivos


La Administración General del Estado y, en particular, el Gobierno de la Nación, tienen un tamaño mastodóntico que no solamente no se corresponde con necesidades operativas, sino que es moralmente inaceptable, vista la gravísima situación
económica que atraviesa España tras la nefasta gestión del Gobierno en la emergencia producida por el COVID-19 y la absoluta incapacidad del Gobierno de la Nación para afrontar los retos y exigencias de la crisis global de las cadenas de suministro,
de la crisis energética provocada por el nivel de fanatismo al que han llegado las políticas 'ecologistas' y de los riesgos de suministro alimentario agravados por la invasión de Ucrania.


Lo anterior lleva a una clara conclusión: debe llevarse a cabo una reducción urgente y drástica del gasto político y una eliminación de organismos superfluos que sea capaz de compensar la bajada masiva de impuestos y la reducción de tipos
de gravamen excesivos que las familias españolas necesitan. Los recursos recaudados deben destinarse a lo verdaderamente importante: el estado de bienestar y la libertad y la seguridad de los españoles.


Las políticas de gasto del Gobierno se han disparado durante esta legislatura: nunca un gobierno de España había gastado tanto, ni tan mal. La recaudación de ingresos tributarios se encuentra en picos históricos, pero el desaforado aumento
del gasto no ha redundado en una mejora proporcional de los servicios prestados por el Estado.


El Gobierno camufla su dispendio en las nefastas medidas adoptadas para paliar el impacto de la COVID-19 o en las promovidas como consecuencia de la guerra en Ucrania. Estos dos eventos -que sí habrían justificado cierto incremento del
gasto público- no pueden por sin embargo disculpar el dispendio llevado a cabo por el Gobierno.


Así, en 2021 -antes por lo tanto de la guerra en Ucrania- el Gobierno incrementó las subvenciones a los sindicatos un 56 %, y un 23 % adicional en 2022. La relación detallada es casi interminable y absolutamente escandalosa: en marzo de
2020 -poco después de reconocer la gravedad de la COVID-19- el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que concedió 15 millones de euros a fondo perdido a los medios de comunicación; el Ejecutivo incrementó

Página 22

también el gasto en publicidad institucional un 5,10 % en 2020, y en 2021 esta misma partida aumentó un 86,77 %, el nivel más alto desde 2010, y la tendencia para este ejercicio sigue al alza, por cuanto la publicidad y la comunicación
institucional de la Administración General del Estado crecerá otro 28,34 %; otra partida de gasto especialmente sangrante es la dedicada al Ministerio de Igualdad.


Pero es que, además, nos encontramos ante el Gobierno con la estructura más desmesurada de la historia constitucional de España. Cuenta con 3 Vicepresidencias (4 al inicio de la Legislatura), 22 Ministerios, 27 Secretarías de Estado y un
total de 52 órganos superiores. El sector público institucional español registra nada menos que 5.128 entes.


La situación es de por sí flagrante por el volumen de gasto, totalmente improductivo, que esta estructura exige. Pero si pensamos que, además, el Gobierno ha colocado en cargos de altísima responsabilidad a personas cuyo único mérito y
capacidad es la lealtad clientelar o el servilismo político e ideológico, la indignidad es todavía mayor.


En definitiva, el sector público de una de las mayores economías del mundo está gestionado por inexpertos e incapaces con el único haber de ser afiliados a los partidos del Gobierno, al tiempo que resulta evidente que, si no se dilapidase
tanto dinero público, no sería necesario mantener el nivel de expolio fiscal que ha llevado la recaudación a cifras históricas.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, así como todo aquel que tampoco responda a una demanda o utilidad social.


2. Auditar y suprimir todo el gasto público destinado a los partidos políticos, sindicatos y patronales y otros entes políticos, de tal forma que se financien con las cuotas de sus afiliados.


3. Acometer, con carácter urgente, una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, de la estructura y funciones de los diferentes organismos y sociedades pertenecientes al sector público español, con el objeto de
identificar ineficiencias y sinergias que permitan racionalizar su estructura y reducir el gasto público, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos que sean ideológicos, así como aquellos organismos públicos ineficientes e innecesarios para
cumplir con el fin de servicio público a los españoles.


4. Adoptar las medidas necesarias y promover la reforma de la legislación vigente relativa a subvenciones y cualesquiera concesiones de ayudas por parte de la Administración General del Estado, de manera que se eliminen todas las
subvenciones ideológicas y se priorice su concesión a todos aquellos sectores pertenecientes a la economía productiva y se dé apoyo y soporte a trabajadores autónomos y a pymes.


5. Reducir drásticamente el número de entidades públicas, departamentos ministeriales y órganos superiores y directivos de estos, con el fin de reducir el gasto político y adaptarlo a las necesidades reales de nuestra sociedad.


6. Elaborar una memoria económica y un listado analítico, por materia, objeto, finalidad pretendida y destinatario, de todas las subvenciones, contratos, ayudas o cualesquiera desembolsos económicos a favor de asociaciones, empresas o
entidades análogas, realizados o concluidos por el Ministerio de Igualdad, ya sea mediante concurso o a través de aportaciones directas, expresando las cantidades concretas y los porcentajes que suponen en el presupuesto del Ministerio de Igualdad.


7. Reducir y limitar las ayudas públicas directas a los medios de información privados.


8. Promover la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como de su normativa concordante, con el fin de fijar un máximo legal al
número de las vicepresidencias del Gobierno y los departamentos ministeriales.


9. Reforzar los mecanismos de transparencia, denuncia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en la Administración Pública y el mal uso que se da al dinero de los españoles


10. Adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que ningún puesto en la Administración pública, territorial o institucional que, por disposición legal o reglamentaria, o por la propia naturaleza de sus funciones y
responsabilidades, deba ser ocupado por funcionarios de carrera, sea proveído por personal eventual o de confianza contratado al efecto'.

Página 23

A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Diputado Tomás Guitarte Gimeno perteneciente al Grupo parlamentario Mixto, al amparo del artículo 197 del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, formula las siguientes
propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.-Ana María Oramas Gonzalez-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 7


Aplicación inmediata de las ayudas al funcionamiento de las empresas para las áreas afectadas por la despoblación, autorizadas por la Comisión Europea y recogidas en los PGE 2022.


La Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado 2022 señala el compromiso del Gobierno con la aplicación de las ayudas estatales de finalidad regional en la modalidad de ayudas al funcionamiento para el ejercicio 2022 en provincias
escasamente pobladas.


Lo hace en la Disposición adicional centésima vigésima tercera, Ayudas a las provincias escasamente pobladas, cuyo texto indica: Dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno
establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado,
así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas.


Este compromiso del Gobierno se asienta en una acción de política económica que cuenta con la autorización de la Comisión Europea y que ha sido demandada por la ciudadanía y por los agentes económicos y sociales de las provincias afectadas
desde hace tiempo y que figura en el acuerdo de investidura suscrito entre Teruel Existe y el PSOE.


La Unión Europea ha diseñado políticas, en cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento, como el Fondo de Cohesión y el FEDER. Los estudios de evaluación de estas políticas públicas han valorado un papel positivo de las
mismas para las regiones con características geográficas específicas. Del mismo modo, la Unión Europea aplica o autoriza medidas específicas en zonas de baja tributación como el Consorcio de la Zona Especial de Canarias y las ayudas estatales de
finalidad regional que incluían, aunque no se han aplicado en las provincias poco pobladas de España, las ayudas al transporte.


La Comisión Europea en su Comunicación 'Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional' (2021/C 153/01), de 29 de abril de 2021 reconoció en su punto 166.2 'zonas con poca población: regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes
por km2 o NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2 (segu´n datos de Eurostat sobre densidad de población para 2018)'. Esta identificación se completaba con el punto 167 al señalar que 'el anexo I establece la asignación especifica de cobertura
'c' predeterminada por Estado miembro. Esta asignación de población solo puede utilizarse para designar zonas 'c' predeterminadas'.


El anexo I de esta comunicación de la Comisión Europea señala que los NUTS 3 de Soria, Teruel, como 'zonas c predeterminadas' cumplen con la condición de 'zonas poco pobladas' al disponer de una densidad inferior a 12,5 habitantes por Km2.
Del mismo modo, se identifica a Cuenca como 'zona poco poblada', considerando que su Comunidad Autónoma se clasifica como zona 'a'.


El punto 169 de la citada comunicación de la Comisión Europea dice que 'no obstante, un Estado miembro podra´ designar partes de regiones NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2 u otras zonas contiguas adyacentes a esas regiones NUTS 3,
siempre y cuando las zonas designadas tengan menos de 12,5 habitantes por km2. Se puede concluir que la Unión Europea considera que estas ayudas son conformes con el mercado interior y las autoriza.

Página 24

El primer punto del Acuerdo de Investidura de Teruel Existe para la presidencia del Gobierno fijaba la prioridad de aplicar las medidas fiscales más adecuadas, como incentivos fiscales a la reactivación económica y creación de empleo en las
zonas despobladas.


Por todo lo expuesto el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


'La aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas instaladas en las provincias poco pobladas, a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo con la comunicación la Comisión Europea: Directrices sobre las ayudas estatales de
finalidad regional (2021/C 153/01), de 29 de abril de 2021 y con la disposición adicional 123 de la ley 22/2021.


1. Las áreas susceptibles de recibir las ayudas quedan determinadas por el mapa de ayudas regionales en España, de acuerdo a los criterios fijados en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, de 29 de abril de 2021,
integrado por:


a) las provincias a las que la Comisión Europea ha reconocido la condición de zonas poco pobladas, por tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado: Soria, Cuenca y Teruel;


b) las zonas limítrofes a estas provincias con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.


2. La ayuda estatal de finalidad regional al funcionamiento para las empresas de las provincias poco pobladas debe consistir en el importe correspondiente al 20 % de los costes laborales que se aplicará mediante una bonificación equivalente
por ese mismo importe en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.


3. Con efectos de 1 de enero de 2022 serán de aplicación las ayudas al funcionamiento de las empresas instaladas en las provincias poco pobladas así como en las áreas limítrofes fijadas en el mapa.


4. Estas ayudas deben contribuir a facilitar la viabilidad de las empresas y a mejorar su rentabilidad, a mejorar los salarios de los trabajadores, a crear empleo y a modernizar el funcionamiento de la economía en los territorios afectados,
para contribuir con ello a luchar contra la despoblación.


5. Del mismo modo se deben poner en marcha las ayudas al transporte de mercancías que están autorizadas por la Comisión Europea en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (2021/C 153/01), de 29 de abril de 2021 en
las provincias poco pobladas: Soria, Teruel y Cuenca.'


Propuesta de resolución núm. 8


Implantar un servicio directo de transporte de viajeros por ferrocarril, que una Madrid y Teruel por Zaragoza aprovechando la infraestructura ya existente.


El análisis del mapa de los ferrocarriles en España de 1897 revela algunas coincidencias con la red ferroviaria de 2022: una disposición radial de la red, con centro en Madrid, similar a la red de Alta Velocidad Española en la actualidad y
el trazado de las líneas rodeando la provincia de Teruel pero sin atravesarla. Es decir, después de ciento treinta años se mantiene el mismo patrón en la disposición de las redes. Los historiadores han señalado las negativas consecuencias de este
aislamiento de la provincia de Teruel respecto de los ejes ferroviarios nacionales, tanto para el desarrollo de las actividades comerciales, agrarias e industriales existentes en el territorio turolense durante el siglo XIX, cuando otras zonas de
España comenzaban a resolver estos problemas, como para su deficiente incorporación a las dinámicas y ejes de desarrollo de los siglos XIX y XX.


Con un importante retraso respecto a las provincias circundantes, el ferrocarril llegó a la ciudad de Teruel en 1901, con la construcción del Ferrocarril Central de Aragón, siendo en ese momento la última capital de provincia española que lo
recibía. Sin embargo el transporte ferroviario no integró bien a Teruel en los ejes nacionales de ferrocarril, al no ejecutarse algunas de las planificaciones del siglo XX. En concreto al construirse sólo de manera parcial y no entrar nunca en
servicio los tramos turolenses del Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción de 1926, conocido como plan Guadalhorce. Una línea ferroviaria estatal que servía de eje para vertebrar el interior de la franja oriental de la península,
que debía haber comunicado Andalucía con la frontera francesa por Saint Girons, a través de un recorrido que

Página 25

unía Baeza, Albacete, Utiel, Teruel y Lérida. De este proyecto en la provincia de Teruel se llegó a construir la obra civil del tramo Teruel-Alcañiz, aunque las vías no llegaron a instalarse y, en consecuencia, los trenes no llegaron a
funcionar. En segundo lugar, al no concluirse el corredor Cantábrico-Mediterráneo mediante la línea Sagunto-Teruel-Calatayud-Soria-Santander, que fue desmantelada de manera parcial.


Del mismo modo, este proceso de no incorporar a Teruel en los ejes nacionales de ferrocarril se ha mantenido en la planificación o ejecución de las líneas durante el siglo XXI. En primer lugar al no aceptar, el Ministerio de Transportes la
propuesta del movimiento ciudadano, de las instituciones turolenses y del Gobierno de Aragón, presentadas entre 2000 y 2002, en relación a la configuración del corredor Madrid-Levante, que proponían el trayecto Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia para la
primera línea de este corredor AVE. En segundo lugar porque el corredor de AVE Madrid-Barcelona se ha cerrado sin ejecutar la antena Zaragoza-Teruel que estaba prevista como una de sus ramificaciones. Es decir, al igual que en los ferrocarriles de
los dos siglos precedentes, el AVE también rodea y excluye Teruel. Finalmente por el retraso sistemático tanto en la modernización de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia como en la planificación y ejecución del corredor Cantábrico-Mediterráneo por
Teruel. Un corredor de altas prestaciones, con doble vía, que debe cumplir funciones de transportes de viajeros y mercancías. Un corredor que además de facilitar el mallado de la red estatal actual, permitiría subsanar y superar algunos de los
errores históricos reiterados en la planificación de la red de ferrocarriles del sector oriental de la península Ibérica. En la línea actual continúan pendientes de ejecución las variantes comprendidas entre Caminreal-Ferreruela y Villarreal de
Huerva-Cariñena.


En la actualidad no existe un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril directo entre Madrid y Teruel. No es que el servicio sea deficiente; simplemente no existe. Un hecho que debería preocupar tanto al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como al Gobierno de Aragón y a RENFE. Una situación que tiene solución porque las líneas de férreas actuales, el material rodante que dispone RENFE, la demanda de viajeros junto con las sinergias que se dan
en las líneas ferroviarias sí que permitirían un servicio rentable.


De manera que esta propuesta de resolución pretende contribuir a dar servicio a Teruel dado que es la única capital de provincia de la España peninsular, que en 2022 no dispone de comunicación ferroviaria directa con Madrid. Para ello se
propone una actuación puntual y concreta, con un coste muy reducido, mediante la reutilización de trenes Talgo 730 híbridos, debidamente acondicionados; material rodante que deja de ser utilizado en el corredor Madrid-Galicia. Desde una
perspectiva general, esta actuación pretende mejorar la planificación de las redes y la gestión del transporte ferroviario de viajeros en España, facilitando la permeabilidad del corredor Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa,
mediante un servicio que integre las líneas convencionales y las líneas AVE. La creación de servicios de transporte de viajeros que circulen por los corredores AVE y por las líneas convencionales contribuirá a mejorar la gestión de las redes
ferroviarias, a incrementar la rentabilidad de las inversiones y a vertebrar el territorio.


Del mismo modo, los servicios de comunicación por tren entre Zaragoza y Teruel son francamente mejorables dadas las múltiples deficiencias en frecuencias, velocidad y horarios actuales que desincentivan la demanda; e incluso todavía son
peores los parámetros en la comunicación de Teruel con Valencia. Este conjunto de deficiencias en infraestructuras y servicios están condicionando un importante eje de comunicación ferroviaria Zaragoza-Valencia hasta Bilbao y Cartagena que debería
articular un corredor norte-sur en este sector de la península.


Por otro lado, las reivindicaciones de la sociedad turolense recuerdan que el 'Plan de Actuación Específico para Teruel', acordado en octubre de 2005 para, entre otras cuestiones, compensar la exclusión de Teruel del AVE Madrid-Levante,
sigue todavía vigente; y denuncian que en la práctica apenas se ha ejecutado nada de lo previsto, señalando que, en el citado plan estaba recogido compromiso del Gobierno de España para poner en funcionamiento la comunicación ferroviaria de Madrid
a Teruel por las vías más rápidas construidas. Sin embargo, diecisiete años después es necesario traerlo al Congreso de los Diputados.


Por estas razones pedimos la puesta en funcionamiento de la antena Zaragoza-Teruel del corredor de AVE Madrid-Barcelona, mediante la utilización de material rodante de unidades Talgo serie 730 que están dejando de prestar servicio en el
corredor Madrid-Galicia. Las condiciones de habitabilidad y conectividad de estas unidades están siendo acondicionadas, y disponen de características técnicas compatibles con la circulación por líneas AVE y por líneas de ferrocarril convencional,
de manera que permiten aprovechar

Página 26

las infraestructuras existentes en el trayecto Madrid-Zaragoza-Teruel y ofrecer un servicio de transporte de calidad.


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Subsanar un déficit histórico en la planificación de infraestructuras en la franja oriental de la península Ibérica para:


a) atender una demanda ciudadana de transporte ferroviario directo Teruel-Madrid que viene de 1901.


b) corregir la ausencia de este servicio en la única capital de provincia que carece del mismo.


c) poner en funcionamiento la antena Teruel-Zaragoza en el corredor de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona mediante la utilización combinada de la red de alta velocidad y de la red ferroviaria convencional.


2. Crear la conexión directa Madrid-Teruel con un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril, con parámetros de calidad, que aproveche la infraestructura de vía de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza y la línea de ferrocarril
convencional Zaragoza-Teruel en proceso de modernización, con los trenes híbridos de la serie Talgo 730 que están dejando de prestar servicio en el corredor Madrid-Galicia, y las siguientes prestaciones:


a) Servicio directo y diario de transporte de viajeros por ferrocarril, entre Madrid-Zaragoza y Teruel. El servicio evitará que los viajeros tengan la necesidad de realizar cambios de tren.


b) El recorrido se realizará por la línea de ferrocarril convencional en el tramo Teruel-Zaragoza y por la vía AVE en el tramo Zaragoza-Madrid, con material rodante que disponga de ejes de ancho variable para adaptarse a las diferentes vías
y evitar la necesidad de cambios de tren.


c) La frecuencia será diaria, con dos servicios en cada sentido y salidas de las dos cabeceras a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.


d) Los equipos de material rodante serán las unidades de Talgo serie 730, necesariamente modernizadas en las condiciones de habitabilidad y conectividad, que han dejado de prestar servicio en el corredor Madrid-Galicia. Estos trenes son los
únicos de altas prestaciones que RENFE tiene operativos en la actualidad para dar este servicio de comunicación directa entre Teruel y Madrid por Zaragoza, ya que permiten circular por anchos de vía variable tanto ibérico ibérico como UIC, y que
además tienen un sistema de tracción mixto: eléctrico bitensión y diesel.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro Asturias, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política
General en torno al estado de la Nación 2022, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 9


Exposición de motivos


Resulta imprescindible y urgente acometer una política energética que atienda a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI y que en el ámbito de la industria permita recolocarla en el epicentro de la cadena productiva para
impulsar la creación de empleo estable y de calidad. La renuncia en 2018 a nuestra soberanía energética prescindiendo del carbón, el único combustible fósil autóctono que tenemos en España, contrasta con las decisiones que han venido adoptando
otros países homólogos de la Unión Europea -caso de Alemania, Austria y Países Bajos- que han incrementado la utilización de sus

Página 27

centrales térmicas de energía eléctrica para tratar de aliviar los altos costes de producción industrial y de las tarifas domésticas.


La continuada política de parcheo para implementar medidas de urgencia a través del Boletín Oficial del Estado con las que tratar de hacer frente a la situación económica derivada del alza histórica de los precios energéticos se ha revelado
muy insuficiente. Las consecuencias atenazan y amenazan el crecimiento económico. El presidente Pedro Sánchez anunció en su investidura, a principios de 2020, la reforma del mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética -no
solo no ha mitigado la asfixia doméstica, comercial y empresarial, sino que sus consecuencias impactan más y más sobre la economía de las familias, los comercios, las PYMES, la industria y, en definitiva, sobre la cesta de la compra, el tejido
productivo y la vida cotidiana de los españoles.


Hoy España necesita recurrir a la compra externa de energía al precio que fijan los proveedores externos y el suministro queda condicionado por sus decisiones o entorpecido por incidencias como las que se han planteado en política exterior y
que han supuesto la suspensión de relaciones comerciales con Argelia, nuestro principal proveedor de gas. De esta circunstancia ya se han aprovechado otros países europeos estableciendo ventajosos acuerdos a largo plazo.


Asimismo, cabe resaltar que las medidas compensatorias de la denominada 'transición justa' en torno a la política energética no han llegado a algunos de los territorios afectados, impidiéndoles reactivar su economía y abocándoles a la
despoblación y a la desertización. En este sentido, es paradigmático el caso de varias centrales térmicas cerradas sin que se hayan ejecutado medidas para compensar la grave pérdida de la actividad económica en sus entornos.


Otra de las grandes claves en la pésima deriva de la industria, pero con huella más negativa sobre la competitividad y el empleo, está en la desatención del Gobierno a la continuada escalada del precio de la energía. Pese a una inexplicable
demora en su tramitación, la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo no ha servido para proporcionar respuestas a las necesidades de nuestra industria. Año y medio después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, persiste
-tal y como se había advertido- la constatación de un gran fiasco que tampoco ha sido corregido con los mecanismos y autorizaciones de ayudas habilitadas por la Comisión Europea para aminorar los elevadísimos precios de la electricidad.


La incertidumbre por la deriva de la industria también quedó reflejada en el manifiesto de la denominada 'Alianza por la Competitividad de la Industria Española', integrada por sectores que aportan el 50 % de la producción fabril y
proporcionan 2,9 millones de empleos. Entre estos sectores están, entre otros, siderurgia, automoción, química, farmacia, alimentaria, cementera y refino. En dicho manifiesto se reclaman al Gobierno diferentes medidas que ya han sido
reiteradamente planteadas en estos últimos años, incluido el ámbito parlamentario, con especial insistencia en el impacto de la política energética y la escalada de precios en los mercados de la electricidad y el gas.


Finalmente, es imprescindible una llamada de atención específica sobre la industria agroalimentaria y el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, etc.) que está sufriendo muy especialmente la subida de carburantes y
grandes dificultades en los suministros. Los impactos se reflejan en un medio rural paulatinamente despoblado que muy a duras penas puede resistir una reforma de la PAC que no va en consonancia con sus principales necesidades.


En definitiva, resulta ineludible acometer una política energética al servicio de los diferentes sectores y subsectores económicos y en favor de las condiciones para crear empleo. En la línea de lo que vienen reclamando, deben adoptarse
medidas que permitan superar las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia, así como la de la escalada histórica de los precios energéticos y la inflación. En consecuencia, se formula la presente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover urgentemente la reducción de los costes energéticos para la industria mediante medidas de largo plazo que amplíen la seguridad de las inversiones empresariales y permitan disponer de recursos a costes estables y predecibles.


2. Favorecer la actividad industrial y la creación de empleo combatiendo el exceso de burocracia que dificulta e impide el aprovechamiento de los fondos nacionales y comunitarios para impulsar el tejido productivo y promover la
competitividad empresarial.


3. Aprobar en la actual XIV Legislatura un Pacto de Estado por la Industria que avance hacia la recuperación de su aportación al PIB nacional (20 %) y que incluya los factores de sostenibilidad,

Página 28

digitalización, innovación, capital humano y formación, financiación, energía, logística e internacionalización en la línea ya avanzada por los agentes económicos y sociales ampliamente representados en el Foro de Alto Nivel de la Industria
Española.


4. Evitar la despoblación e impulsar en los territorios y comarcas afectadas el cumplimiento de los acuerdos socioeconómicos compensatorios del proceso de transición justa, incluidos los derivados de los cierres de la minería del carbón y
de las centrales térmicas de generación eléctrica.


5. Consensuar las medidas en favor de la industria agroalimentaria, del sector primario y del medio rural para evitar los impactos de decisiones perjudiciales para el desarrollo de su actividad tales como la protección normativa del lobo
ibérico o la implantación de parques eólicos en caladeros de pesca.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la consecución de una verdadera separación de poderes y
un auténtico respeto a las instituciones públicas, con motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 10


Exposición de motivos


Desde su toma de posesión, el Gobierno de España ha perpetrado numerosos ataques al principio de separación de poderes y a la dignidad de las instituciones públicas. Todas las agresiones han sido denunciadas políticamente por VOX, y algunas
de ellas también en los órdenes judicial y constitucional, cuando ha existido cauce para impugnarlas. Mas tales arremetidas, todas, son de extrema gravedad.


En primer lugar, el Gobierno de España está llevando a cabo diversas acciones que constituyen verdaderas injerencias en la independencia del Poder Judicial y que han sido también denunciadas por instituciones y organismos internacionales.
Entre otras, destacan los intentos de una mayor politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), el control del Ministerio Fiscal y la declarada voluntad de que este asuma competencias propias de los
jueces, como la instrucción de las causas penales. Todo ello, con el objetivo de crear un Poder Judicial a medida de este Gobierno, acabando con su independencia -pilar básico del Estado democrático y de derecho-.


Recientemente, mediante la presentación de una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), los partidos del Gobierno pretenden garantizarse el nombramiento de dos
magistrados afines del Tribunal Constitucional, norma que, de nuevo, ha valido a la coalición socialista y comunista el reproche del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces.


Tampoco se puede pasar por alto el ataque a la separación de poderes que se produjo con el cierre del Congreso de los Diputados, adoptado mediante Acuerdo de 19 de marzo de 2020 de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se
suspendía el cómputo de los plazos reglamentarios que afectasen a las iniciativas que se encontrasen en tramitación en la Cámara y de los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos del Congreso de los Diputados. El
Tribunal Constitucional estimó el recurso del Grupo Parlamentario VOX declarando que este hecho vulneró el derecho fundamental a la participación política de los diputados impugnantes.


Adicionalmente, el Gobierno de España está llevando a cabo una política de invasión de todos los resortes del Estado que vulnera frontalmente el debido respeto institucional y quebranta los necesarios principios de imparcialidad,
objetividad, transparencia, buena fe y neutralidad. Buenos ejemplos de ello son la designación como Director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de D. José Félix Tezanos Tortajada, que, hasta la fecha de su nombramiento, mantenía el
cargo de secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, o de Dña. Dolores Delgado García como Fiscal

Página 29

General del Estado, tras ser ministra de Justicia en las legislaturas XII y XIII y contar con un turbio historial de connivencia con jueces y policías investigados por corrupción.


Desgraciadamente, tampoco el sector público empresarial estatal se libra de ser la agencia de colocación del Gobierno, donde personas afines al Ejecutivo, profesionalmente inhábiles, acaban desarrollando funciones para las que carecen de
conocimiento y experiencia y por las que perciben una compensación salarial al alcance de muy pocos, ni siquiera en el sector privado. El último ejemplo de este asalto se ha producido en los últimos días con la empresa Indra y es patente en los
nombramientos de sociedades tan relevantes como Correos o Paradores.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX reitera, de nuevo, la necesidad de que se adopten todas y cada una de las siguientes medidas, cuya ejecución ha venido reclamando al Gobierno de España desde el inicio de la Legislatura sin que hasta
la fecha se hayan adoptado. Todas ellas son de vital importancia para la prosperidad del país y para el interés general de los españoles y trascienden a un actual Gobierno de España que, una vez más, ha quedado retratado ante la evidencia: solo
sus miembros son los responsables del deterioro de las instituciones públicas y de la discordia entre españoles.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover reformas legislativas encaminadas a garantizar que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que correspondan al turno judicial sea llevada a cabo por y entre jueces y magistrados y no por las Cortes
Generales, asegurando así su independencia de las ilegítimas intromisiones de los partidos.


2. Asegurar que la instrucción de las causas penales se siga realizando por jueces y no por el Ministerio Fiscal.


3. Promover las reformas legales necesarias para asegurar que el control de la constitucionalidad de las leyes no dependa de un órgano político y politizado y que el Tribunal Constitucional resuelva las sentencias del máximo interés
nacional con celeridad. A tal efecto, impulsar la transformación del Tribunal Constitucional en una nueva sala del Tribunal Supremo, siguiendo el nombramiento de sus miembros el mismo procedimiento que el de los Magistrados del Tribunal Supremo.


4. Promover las reformas necesarias para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado. En este sentido, adoptar medidas para reforzar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e
independencia del Fiscal General del Estado.


5. Promover las reformas necesarias para asegurar el respeto a las decisiones de los jueces españoles, la soberanía judicial española frente a tribunales extranjeros y la mejora de la euroorden para impedir que se beneficien de ella
individuos con causas penales pendientes en España. Impulsar la adopción de todas las medidas necesarias para que las progresiones de grado penitenciario, la concesión de libertad condicional, los traslados y cualquier beneficio penitenciario vayan
realmente ligados a la colaboración activa y efectiva de los condenados con las autoridades judiciales y policiales en el esclarecimiento de los hechos.


6. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el principio de neutralidad política del Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y de todos sus miembros y, especialmente, de los altos cargos que dirigen ambos
cuerpos.


7. Garantizar la independencia política y la neutralidad institucional de la actividad de los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, con el objetivo de evitar su instrumentalización con
fines partidistas o políticos. De igual forma, promover medidas y políticas de profesionalización y de refuerzo de la independencia de los cargos directivos y de máxima responsabilidad de las entidades pertenecientes al sector público empresarial y
de los candidatos propuestos para desempeñar tales cargos, de las empresas en las que ostente una participación no mayoritaria y, en especial, de aquellas pertenecientes al Grupo SEPI y al Grupo Patrimonio.


8. Limitar el empleo del instrumento constitucional del Real Decreto-ley de modo abusivo y más allá del espíritu del precepto constitucional a su verdadero carácter, cual es de una disposición legislativa de carácter provisional a la que se
debe recurrir exclusivamente en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.


9. Garantizar el respeto del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 de la Constitución por parte de las Administraciones Públicas en sus actuaciones, decisiones y

Página 30

políticas, debiendo estas abstenerse de prejuzgar públicamente los resultados de un juicio o investigación o de promover políticas, medidas o actuaciones que tengan como presupuesto la vulneración de este derecho.


10. Respetar la imparcialidad periodística y, a tal fin, evaluar la justificación y la oportunidad de la financiación pública de los medios de comunicación privados, censurando cualquier forma velada de ejercer un control sobre la actuación
y la estrategia informativa de los medios, a fin de garantizar unos medios de comunicación libres, fundamento de la libertad ideológica y de la libertad de expresión, recogidos respectivamente en los artículos 16 y 20 de la Constitución.


11. Recuperar de forma inmediata las competencias de la administración de justicia en Cataluña, País Vasco, Baleares y Valencia a fin de garantizar que no se vulneran las normas que disciplinan la celebración de juicios y uso de lenguas,
los jueces y oficinas judiciales no son sometidas a medidas arbitrarias por motivos ideológicos y se promueve masivamente, dotando de mecanismos adecuados, la movilidad territorial por todo el territorio nacional, sin barreras lingüísticas ni
ideológicas, de jueces, magistrados y demás personal.


12. En tanto no se proceda a la recuperación por el Estado de las competencias en materia de administración de justicia que ejercen ahora algunas comunidades autónomas, diseñar y ejecutar los mecanismos e inversiones que garanticen una
mejor y más justa y ordenada dotación de medios personales y materiales en los juzgados y tribunales que garanticen una mayor celeridad en la resolución de asuntos y recursos.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a alcanzar la soberanía energética, con motivo de la
celebración del debate de política general sobre el estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 11


Exposición de motivos


En su Comunicación remitida el pasado 1 de julio al Congreso de los Diputados como expresión de la solicitud de celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación, el Gobierno de España reconocía que 'La subida del
precio de la energía, los combustibles y las materias primas, está suponiendo una escalada de la inflación que afecta a la economía de familias y empresas'. Este pasaje constituye un contrapunto de efímero realismo en un texto repleto de
referencias laudatorias a la gestión del propio Ejecutivo, referencias que, dada la nefasta situación económica, causada en buena medida por la política energética gubernamental, no resisten el contraste con la realidad.


La energía es un elemento fundamental del presente y el porvenir de España y para la prosperidad, el bienestar de la sociedad y la propia soberanía y continuidad del Estado. Siendo esencial para el funcionamiento económico del país
(industria, empleo, nivel de vida de las personas), lo es asimismo desde el punto de vista estratégico y de seguridad nacional.


El sector de generación de energía (eléctrica y térmica) en España permite distinguir entre aquellas tecnologías que por su robustez sientan la base firme de la generación eléctrica (nuclear e hidráulica fluyente), y de otra parte un
conjunto de tecnologías (cogeneración, solar, eólica, ciclos combinados, hidroeléctrica modulable, biomasa etc.) que en función de su perfil de generación y disponibilidad técnica y económica suministran el resto de la energía necesaria.


De esta estructura de generación nacional, más del 52 % procede de la importación de recursos energéticos o minerales (hidrocarburos, uranio, tierras raras, litio, etc.). A lo anterior se debe sumar la

Página 31

totalidad de los combustibles que también son adquiridos de otros países y son necesarios para los demás sectores productivos, de transporte y de servicios, así como para los hogares 15.


Esta cantidad total de recursos energéticos (combustibles, minerales y electricidad), que es comprada a otros países y es consumida por los sectores económicos y las familias de nuestro país, representa el elevado nivel de dependencia
energética de España, que alcanza un valor superior al 74,1 % (2019) sobre la cantidad total de energía consumida 16.


Esta dependencia energética supone un desembolso de más de 20.000 millones de euros anuales que, en vez de utilizarse para necesidades ineludibles, se destina a la importación de recursos de manera temeraria y constante 17. Esta dependencia
energética genera pobreza, pérdida de industria y trabajos. Lo peor, pese a las repetitivas excusas del presidente del Gobierno, es su innecesariedad intrínseca, dada la capacidad potencial que tiene España de alcanzar un elevado autoabastecimiento
eléctrico y de recursos energéticos (minerales e hidrocarburos). La reducción al mínimo de esta dependencia solamente es posible con políticas firmemente dirigidas a la consecución de la soberanía energética.


Esta soberanía es la capacidad de una nación para asegurar la producción propia y el suministro estratégico de los recursos energéticos necesarios en las circunstancias más favorables. No debe entenderse como un riguroso autoabastecimiento,
sino como la posibilidad estratégica de aprovechar en condiciones óptimas los recursos propios, con el complemento de la adquisición de materias primas y tecnología a través del comercio bilateral en los términos más exigentes para el interés
nacional y de nuestros compatriotas, y compatible todo ello con el cuidado y la conservación del medio natural.


Las medidas efectistas, glosadas nuevamente por el presidente del Gobierno en esta Cámara, son absolutamente estériles para afrontar el problema estructural del precio de la energía. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX reitera que España
necesita una política totalmente distinta que garantice la soberanía energética y el suministro estable, de modo que el alza de precios en el mercado internacional afecte lo menos posible a los españoles.


El desarrollo de las fuentes de generación hidroeléctrica y nuclear, así como de las fuentes de generación inagotables eólica y solar, es fundamental para este objetivo. Asimismo, el fortalecimiento y puesta en uso de la gran
infraestructura gasista de España y el aprovechamiento de los combustibles y minerales propios mediante su exploración, producción y aprovechamiento permitiría fortalecer las garantías de abastecimiento y lograr con ello un modelo energético más
competitivo y soberano.


Un paso positivo en esta dirección ha sido la decisión del Parlamento Europeo de permitir, la semana pasada, la inclusión del gas natural y la tecnología nuclear en la taxonomía. Todo un mentís a la política energética y en general a la
posición del Gobierno, cuya posición fanática, irresponsable y absolutamente ajena al verdadero interés nacional ha quedado en evidencia.


En definitiva, España debe proteger sus intereses nacionales y su soberanía energética. El objetivo es claro: una energía barata, sostenible, limpia y eficiente, que asegure unos precios asequibles para las familias y empresas y garantice
la prosperidad económica y social de la Nación española, dejando atrás las inoportunas y erráticas políticas que arruinan a los españoles que no pueden costear esos precios que son consecuencia de los delirios ideológicos y de la incompetencia del
Gobierno.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Diseñar un Plan Nacional de Soberanía Energética, exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales. Dicho Plan será ejecutado con carácter de urgencia por parte de los poderes públicos competentes.


2. Abandonar todos aquellos acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento de la Nación española, como el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.


3. Impulsar, en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta, por su carácter especulativo y porque lastra la economía y provoca la pérdida de industria
y capacidad productiva esencial de los Estados Miembro.


15 El sistema eléctrico español: Avance 2021 (ree.es). https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2022/03/downloadable/Avance_ISE_2021.pdf


16 Datos INE Energía https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoría.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576715


17 Dato cuantitativo actualizado de Saldo de la balanza comercial energética (elaboración propia). Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La dependencia energética le costó a España 2.100 millones en julio, el peor dato
desde 2018 https://www.elconfidencial.com/economía/2021-09-21/dependencia-energetica-costo-espana-julio_3292864/

Página 32

4. Destinar el importe íntegro recaudado por los derechos de emisiones de CO2 a rebajar directamente la factura eléctrica de los españoles.


5. Promover la derogación de todas las leyes climáticas, que arruinan el campo, la industria y los hogares. En particular, debe impulsarse la derogación inmediata de los artículos 9 y 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático
y transición energética, con el fin de permitir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y el aprovechamiento de yacimientos de minerales, fortaleciendo así la soberanía energética de España y siempre respetando los paisajes y el
entorno.


6. Exigir una modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final.


7. Garantizar la seguridad de las instalaciones y la inversión en infraestructuras energéticas, su mantenimiento y modernización.


8. Fomentar la inversión y posible actualización del parque de generación nuclear bajo las condiciones del marco de financiación de la taxonomía, y si fuere imprescindible fuera de él, y asimismo promover la extensión de la vida útil de las
centrales nucleares existentes y la instalación de nuevas plantas de energía nuclear.


9. Aumentar las reservas estratégicas de gas y el almacenamiento operativo, y desarrollar urgentemente proyectos de conexión gasista de España con el resto de Europa con el objeto de fortalecer la posición nacional como exportador de gas,
reforzando asimismo la seguridad de suministro de España y Europa en el marco de financiación de la taxonomía.


10. Fomentar las energías renovables inagotables, como la fotovoltaica, eólica e hidráulica, para fortalecer la soberanía energética de España, y elaborar un Plan Hidrológico Nacional que permita la interconexión de las cuencas y el
abastecimiento de recursos hídricos a todo el territorio nacional.


11. Promover las reformas legislativas oportunas para reducir la fiscalidad energética, especialmente con relación al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto Especial sobre la Electricidad, debiendo asimismo eliminarse todos los
impuestos abusivos sobre la luz, el gasóleo y el gas, ya que reducen la competitividad económica de los españoles.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la ejecución de una política exterior, de seguridad y
defensa que contemple los intereses de España y los españoles, con motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 12


Exposición de motivos


A pesar de la imagen triunfalista que ofrece el Gobierno en su comunicación por la que solicita un debate de política general sobre el estado de la Nación, el papel que tiene España en el panorama internacional es cada vez más irrelevante y
alejado de los intereses de nuestro país.


La decisión unilateral, prescindiendo de la opinión de los españoles, del Sr. Sánchez Pérez-Castejón de plegarse a las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental ha supuesto un giro radical y sin precedentes en la política exterior de
España y ha tenido graves consecuencias. La sumisión mostrada por el Gobierno de España a los intereses de Marruecos muestra una imagen de debilidad que, sin duda será aprovechada por otros países.


Una de las consecuencias más graves ha sido la reacción de Argelia, antagonista de Marruecos, con intereses en el Sáhara Occidental y principal suministrador de gas a España. Así, Argelia, ha suspendido el tratado de amistad, buena vecindad
y cooperación con nuestro país, ha elegido a Italia como destino de la mayor parte de sus exportaciones de gas y ha incrementado el precio de este combustible a España,

Página 33

poniendo en serio riesgo su suministro. Otra consecuencia es que la inmigración ilegal procedente de Argelia se ha incrementado de forma abrumadora mientras que, de forma paralela, nuestras exportaciones a este país han quedado seriamente
dañadas. Todo ello sin que se aprecie ninguna ventaja para España, salvo algún interés personal del Sr. Sánchez Pérez-Castejón.


Es ciertamente deseable que España tenga una buena relación bilateral con Marruecos, pero para ello es una condición ineludible el reconocimiento, por parte de dicho Estado, de la incuestionable soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las
Islas Canarias.


De otra parte, la sumisión a intereses extranjeros se ha apreciado en la cumbre de la OTAN de Madrid. El Gobierno no solo no ha reclamado incluir a Ceuta, Melilla y los peñones de soberanía española en el mecanismo de defensa establecido en
los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte, de 4 de abril de 1949, sino que se ha conformado con que su defensa por parte de la OTAN sea mediante decisiones políticas de sus miembros.


En la misma línea, la posición española en el seno de la Unión Europea es de total debilidad. España no tiene un papel relevante ni el peso que sería deseable en sus instituciones.


En cuanto a la Iberosfera, España debería tener un papel más relevante por sus intereses económicos y por los lazos históricos y culturales. Nuestra Patria no puede permanecer impasible ante el auge de regímenes totalitarios de corte
comunista que oprimen a sus pueblos y que han perpetrado y perpetran crímenes contra la humanidad. En consecuencia, España no puede seguir financiando de ninguna forma a estos gobiernos dictatoriales, ni que varios miembros del Ejecutivo muestren
connivencia con estos gobiernos totalitarios, liberticidas y comunistas. De igual forma, es necesario que España tenga una política dirigida a la defensa de nuestras empresas en Iberoamérica, así como que proporcione apoyo a los pueblos que padecen
gobiernos totalitarios.


Siendo la política exterior española de completa sumisión a las agendas globalistas, prescindiendo por completo de los intereses de España, se hace preciso reforzar la posición de los Estado-Nación en el seno de las organizaciones
internacionales como forma de garantizar su soberanía y el respeto a sus intereses. Por el contrario, nos encontramos unas políticas de cooperación internacional orientadas, por ejemplo, a los postulados del feminismo más radical, la gobernanza
global, o un nuevo multilateralismo sin que se atisbe ninguna iniciativa encaminada a reforzar la posición española en el mundo, como puede ser la indolencia que se muestra por el Gobierno respecto a Gibraltar.


El mundo se encuentra inmerso en un nuevo proceso de rearme en el que los viejos paradigmas globalistas han quedado obsoletos y en que el orden internacional occidental se encuentra en crisis. Esta situación genera una escalada bélica que
está propiciando un aumento constante en los presupuestos de defensa de todas las potencias.


En este estado de cosas y a pesar de las promesas realizadas por el Sr. Sánchez Pérez-Castejón, nuestro país sigue ocupando los últimos puestos en inversión en defensa de entre todos los países miembros de la OTAN. Así, España destina el
1,01 % del Producto Interior Bruto ('PIB') a defensa, cifra únicamente superada (a la baja) por Luxemburgo, que destina el 0,58 %.


El presupuesto del Ministerio de Defensa se articula en dos grandes partidas de gasto: personal y Programas Especiales de Modernización ('PEMs'). La partida de personal supone cerca del 60 % del presupuesto total del departamento, mientras
que los PEMs -programa 122B- suponen el 29 %. Por lo tanto, el 89 % del presupuesto se encuentra 'paralizado' por gastos fijos ineludibles, no dejando margen alguno para acometer las necesarias nuevas inversiones en sistemas y la imperativa
adecuación salarial de las FFAA con el resto de las FFCCSE. Ambas partidas no cubren siquiera las necesidades primordiales del departamento.


En este contexto, el Ministerio de Defensa no puede hacer siquiera frente a las deudas ya contraídas en materia de PEMs a los que les restan todavía muchos años de amortización. La carencia de fondos hace que los sistemas comprados a plazos
no se puedan sostener correctamente.


Dentro de la partida de gasto destinada a personal, cabe destacar que, con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional, la retribución percibida por nuestra Tropa y Marinería apenas alcanza esta cifra. A ello hay que añadirle la
salida forzosa de la Carrera Militar a los 45 años, que la hace todavía menos atractiva para los militares temporales.


La actual situación financiera del Ministerio de Defensa hace imposible que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su deber de defender España, la soberanía nacional y a los españoles.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:

Página 34

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Realizar cuantas actuaciones sean precisas para la inclusión expresa de Ceuta, Melilla y los peñones de soberanía española en el Tratado del Atlántico Norte, de 4 de abril de 1949; reafirmar la soberanía española de estos territorios;
reforzar el Flanco Sur tanto en el seno de la OTAN como de la Unión Europea, favoreciendo que se destinen más recursos a la zona.


2. Potenciar la Diplomacia de Defensa especialmente con aquellos países con los que España comparte intereses y valores y países vecinos, en particular con los países de la Iberosfera y de la orilla sur del Mediterráneo.


3. Retornar a la situación exterior anterior a la declaración conjunta entre España y Marruecos 'Nueva etapa del partenariado entre España y Marruecos'; normalizar las relaciones diplomáticas con Argelia; y reafirmar el apoyo de España a
la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, por la que se establece la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).


4. Impulsar el papel de España en la Iberosfera, fortaleciendo su posición en la región y reforzando las alianzas para lograr que los gobiernos defiendan el Estado de derecho, el imperio de la ley, la libertad de expresión, la propiedad
privada y la separación de poderes frente a la ofensiva totalitaria del comunismo y el socialismo. Asimismo, acabar con la financiación de deuda externa a países bajo regímenes totalitarios, especialmente en Hispanoamérica y eliminar cualquier
ayuda o subvención que esté relacionada con la implementación de la Agenda 2030, o que financie a organizaciones afines a los movimientos de ideología de género, indigenista, etc. De igual forma, establecer políticas que estrechen lazos con los
pueblos que sufren esos gobiernos totalitarios y prestarles apoyo mediante una cooperación adecuada.


5. Mejorar la capacidad de defensa autónoma para ejercer una disuasión efectiva frente a cualquier amenaza exterior. Fortalecer la primacía de los Estados-Nación sobre las instituciones europeas y supranacionales, derogando las normas
relacionadas con la Agenda 2030; limitar la 'Europa de la Defensa' a los proyectos de cooperación industrial.


6. Impulsar las reclamaciones españolas sobre el territorio ocupado de Gibraltar; la devolución del Peñón de Gibraltar y sus aguas debe ser una cuestión prioritaria por tratarse de la mayor debilidad estratégica de nuestro país.


7. Impulsar una estrategia industrial de Defensa que fomente la autonomía en la adquisición de capacidades estratégicas y favorezca la competitividad de la industria española a nivel internacional.


8. Aumentar el gasto en Defensa lo antes posible como mínimo hasta alcanzar el 2 % del PIB; crear un plan de incentivos para la industria de defensa para aumentar su competitividad, así como potenciar la I+D+i militar.


9. Aumentar la retribución percibida por los miembros de las Fuerzas Armadas, en especial a la escala de Tropa y Marinería; eliminar el abandono forzoso de las Fuerzas Armadas para mayores de 45 años.


10. Asegurar el sostenimiento del 100 % de los sistemas con los que operan nuestras Fuerzas Armadas, evitando el riesgo para las vidas de sus miembros; aumentar los Programas Especiales de Modernización con objeto de minimizar la
obsolescencia de los sistemas antes de su amortización.


11. Declarar la inmigración ilegal y la amenaza terrorista como 'situación de interés para la Seguridad Nacional' en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada y radicalización del terrorismo yihadista en España.


12. Llevar a cabo todas las acciones pertinentes para impedir, al amparo de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, la participación en la red española de 5G a cualquier proveedor tecnológico chino para el que existan
indicios de poder realizar actividades de ciber-espionaje y prevenir, así, el riesgo que este tipo de acciones suponen para los intereses estratégicos y de Seguridad Nacional de España.'

Página 35

A la Mesa del Congreso de los Diputados


EL Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, las siguientes
propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Propuesta de resolución núm. 13


1. Plurinacionalidad del Estado.


La existencia de distintas naciones dentro de un Estado es un hecho comúnmente aceptado en la mayoría de los países de la comunidad mundial. En Europa tenemos algunos ejemplos, como Reino Unido, Bélgica o Finlandia. Es frecuente también el
caso en que una nación esté presente en varios Estados, como el caso de la nación irlandesa, la sueca o la alemana.


El proceso de formación de la monarquía española muestra la estructuración de un Estado sobre el que existían realidades lingüísticas, culturales, institucionales y políticas que tenían su origen en un sentimiento diferenciado de
colectividad en algunos territorios, y más concretamente en Euskadi, Cataluña y Galicia.


El Parlament de Catalunya ha señalado en los últimos años de manera reiterada que considera que el pueblo catalán conforma una nación en sí misma distinta de la española. El Parlamento Vasco, por su parte, ha reafirmado en numerosas
ocasiones la existencia de una nación vasca por encima de las fronteras internacionales.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'Reconocer la existencia de la naciones vasca, catalana y gallega.


Impulsar los cambios constitucionales pertinentes a fin de reconocer la existencia de diferentes naciones dentro del Estado Español declarando la plurinacionalidad del mismo.'


Propuesta de resolución núm. 14


2. Plurilingüismo y nuevas tecnologías del lenguaje.


Los diferentes pueblos, naciones y regiones que hoy en día pertenecen al Estado español, son poseedores de una riqueza cultural y lingüística de un valor irrenunciable. Por mucho que las diferentes legislaciones (Constitución, estatutos de
autonomía) asuman los correspondientes deberes para su protección y salvaguarda, la realidad en muchos casos es bien diferente, ya que la situación de desigualdad entre el castellano y las otras lenguas es evidente.


Las diferentes Comunidades Autónomas con lengua oficial propia llevan a cabo la política lingüística que estiman más beneficiosa para la cohabitación entre el castellano y las diferentes lenguas, con el objetivo de paliar situaciones
diglósicas que siempre perjudican a la lengua minorizada. Por eso se aplican y se deben aplicar políticas de discriminación positiva, con el ánimo de beneficiar al más vulnerable.


Sin embargo, en los diferentes servicios y dependencias que la Administración General del Estado posee en algunas comunidades con lengua propia, como es el caso de Euskadi y Navarra, a menudo no se respeta aquella cooficialidad, vulnerando
así los derechos lingüísticos de los ciudadanos.


¿De qué vale el reconocimiento de una lengua oficial si su desconocimiento por parte de la administración estatal no permite su uso a la ciudadanía que se relaciona con ella?


Además, el compromiso del Gobierno del Estado con todas las lenguas oficiales debe ir más allá del cumplimiento de sus obligaciones legales. Debe apostar por su futuro. Por ejemplo, el PERTE de Nuevas Tecnologías del lenguaje y el ERIC
Clarín.

Página 36

El PERTE de Nuevas Tecnologías del Lenguaje se plantea como una oportunidad para aprovechar el potencial de las lenguas como factor de crecimiento económico y competitividad internacional en áreas como la inteligencia artificial, la
traducción, el aprendizaje, la divulgación cultural, la producción audiovisual, la investigación y la ciencia. El PERTE contempla la posibilidad de generar una red de expertos en las áreas asociadas a este, que incluya investigadores e
investigadoras de referencia para apoyar a su desarrollo, y que debe integrar a las distintas lenguas oficiales de las Comunidades Autonómicas, entre ellas el Euskara.


Por otro lado, el Consorcio de Infraestructura Científica Europea (European Research Infraestructure Consortium) ERIC Clarin es una gran infraestructura que tiene como objeto que todas las herramientas y recursos digitales del lenguaje de
toda Europa y más allá sean accesibles a través de un entorno online, para dar soporte a la comunidad investigadora en las áreas de humanidades y ciencias sociales.


El PERTE se vería enormemente beneficiado tanto por la adhesión del Reino de España al ERIC Clarín como por la creación de una Red de Centros especializado en temas de Tecnologías del Lenguaje para la asesoría científica y técnica, en el que
el conocimiento asociado a todas las lenguas oficiales debe tener representación.


Por todo ello, se insta al Gobierno a:


'- Que promueva y fomente el uso de las lenguas oficiales reconocidas en el Estado en todos los ámbitos institucionales y públicos dependientes de la Administración General del Estado.


- Que no impida ni deniegue el uso de estas lenguas por parte de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración del Estado, en aquellas comunidades en las que estas lenguas son oficiales.


- Dar con urgencia los pasos necesarios para que el Ministerio de Ciencia se adhiera al ERIC Clarín.


- Dar con urgencia los pasos necesarios para la creación de la Red de Centros Especializados en Tecnologías del Lenguaje vinculada a todas las lenguas oficiales de las distintas Comunidades Autónomas.'


Propuesta de resolución núm. 15


3. Treviño y Villaverde.


El denominado Condado de Treviño es un enclave que comprende los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, que está a 12 kilómetros de Vitoria, y a más de 100 kilómetros de Burgos, provincia en la que está englobada. Dos de
cada tres consultas sanitarias se hacen en la Comunidad Autónoma Vasca, más del 60 por ciento de los niños del enclave están escolarizados en Álava y su población está absolutamente integrada socialmente en Araba.


Ambos municipios han solicitado insistentemente su derecho a ser consultados sobre su adscripción a una u otra comunidad autónoma. Así, por ejemplo, en 1991, Treviño convoca un referéndum para preguntar a los vecinos si quieren ser
consultados. En 1996 lo solicita la Puebla de Arganzón. En 2005 Treviño vuelve a solicitar la consulta. En 2013 vuelven a retomar la iniciativa ambos ayuntamientos y su situación se discute de nuevo en el Congreso de los Diputados en 2014.


Por su parte, el Valle de Villaverde (hasta 2005 llamado Villaverde de Trucíos) es un enclave con un único municipio en la Comunidad Autónoma de Cantabria rodeado por municipios de la CAV. El citado municipio solicitó insistentemente en
septiembre de 1986, octubre de 1987 y marzo de 1991 la celebración de un referéndum entre sus vecinos y vecinas para manifestar en su caso la voluntad de que el municipio se integrara en la CAV. El Gobierno del Estado sistemáticamente ha rechazado
esta posibilidad.


La voluntad popular se erige en un valor fundamental de la Constitución Española. Por otra parte, no es admisible que el derecho a solicitar su adscripción a una u otra comunidad autónoma existente en varios Estatutos de autonomía sea
bloqueado por diversas instancias institucionales, impidiendo así conocer la voluntad de los vecinos y vecinas y que esta se haga realidad. El derecho, y menos el bloque de constitucionalidad, no pueden ser meras expresiones huecas de contenido.

Página 37

Por todo lo anterior el Congreso de los Diputados insta a que:


'Conocida la opinión de los vecinos de Treviño y Villaverde, en cuanto a la incorporación de sus municipios a la Comunidad Autónoma Vasca, esta debe ser respetada y facilitada por todas las instancias institucionales.'


Propuesta de resolución núm. 16


4. Gobernanza digital.


El espacio digital, aquel ocupado por las nuevas tecnologías, ha venido a complementar uno de los elementos de los Estados: el territorio físico. Ahora, en el siglo XXI, los poderes territoriales lo son, sobre todo, estados digitales,
mandatarios de unos espacios donde la inteligencia artificial, el big data, la ingeniería lingüística, la transmisión de datos, la interoperabilidad y otros mecanismos involucran y afectan a la ciudadanía a la que los gobiernos sirven, pero en
ocasiones afectando a sus derechos.


Es necesario gobernar este nuevo espacio con nuevos instrumentos que respeten, promuevan y garanticen los derechos de todas las personas y este Gobierno no puede competer únicamente al Gobierno central; no puede, ni debe, atribuirse todas
las facultades a una sola de las instituciones públicas constitucionales. La regulación, el control, los check and balance, como mecanismos en los que se basa la democracia también deben gestionarse sobre el ciberespacio conforme al principio de
competencia y descentralización política.


Por ello, se insta al Gobierno:


'A constituir un esquema de gobernanza del ciberespacio acorde con el que el bloque de constitucionalidad realiza sobre el territorio, reconociendo a las CC.AA. las competencias necesarias para que desplieguen sus capacidades y facultades
en el espacio digital sobre las materias de su competencia sin perjuicio de los instrumentos de colaboración y cooperación oportunos entre las distintas Administraciones Públicas.'


Propuesta de resolución núm. 17


5. Plan de recuperación y resiliencia y adenda, descentralizadas.


Los distintos shocks que venimos sufriendo han cambiado totalmente el panorama económico, aumentando la incertidumbre y empeorando las presiones inflacionistas, lo que ha llevado a los principales organismos a revisar a la baja las
previsiones de crecimiento. En el caso del Estado, parte de esa ralentización del crecimiento previsto está relacionada principalmente con la falta de ejecución del plan de recuperación y resiliencia.


Una reducción del crecimiento, no solo por el retraso en la implantación de los proyectos del Plan de Recuperación y Resiliencia que limita el efecto económico y transformador que puedan desplegar, como así lo han admitido tanto la AIREF
como el Banco de España, sino también porque no ha contado con el resto de administraciones para su diseño e implementación, lo que dificulta más si cabe su ejecución.


Un plan centralizado que no ha contado con la colaboración de las CC.AA. ni con las EE.LL. ni en su diseño ni en su implementación, y que ha convertido al resto de administraciones en meras ejecutoras de lo diseñado por el Gobierno central
cuando estas administraciones, CC.AA. y EE.LL., son las mejores conocedoras de los intereses, prioridades y capacidades de sus territorios. Un plan que en demasiadas ocasiones es imposible de ejecutar porque las actuaciones diseñadas no tienen en
cuenta las particularidades y circunstancias de cada región ni tampoco su tejido productivo y social.


En este contexto, el Gobierno va a solicitar a Europa la parte concerniente a los préstamos, y por lo tanto es necesario elaborar la adenda al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, una línea de crédito crucial en un contexto de
regreso paulatino de las reglas fiscales y que nos llevará a un escenario

Página 38

presupuestario más restrictivo; si el acceso a la parte que corresponda de estos préstamos a las CC.AA. afecta a su capacidad de endeudamiento cuando se restablezcan las reglas fiscales, no debe ser a costa de perder capacidad de decisión
ni merma del autogobierno en un Estado descentralizado ni mucho menos si se trata de inversiones en ámbitos de su competencia.


La adenda debe servir para identificar ámbitos de mejora y para destinar recursos a inversiones con el foco puesto en la transformación económica pero también como una vía para desarrollar los PERTE regionales o proyectos que las CC.AA.
presentaron al Gobierno en ámbitos de su competencia donde las capacidades para llevarlos a cabo están sobradamente acreditadas.


Por otro lado, y a pesar de que Bruselas decidió en el 2020, 2021 y 2022 suspender el pacto de estabilidad de la Unión Europea, para permitir que los países aumentasen su gasto ante la crisis del Covid, y ahora para el 2023 por la guerra de
Ucrania y la subida sin precedentes de los precios de la energía, lo cierto es que ya se prevé volver a reiniciar el proceso de revisión de las reglas fiscales con la vista puesta a reactivarlas en 2024. Así, la vuelta de las reglas fiscales y la
forma en la que se concreten condicionará la política presupuestaria de los próximos años y, por lo tanto, no podemos volver a unas reglas que fueron diseñadas para otro contexto y que, en definitiva, limitaban las posibilidades de construir una
política económica diferente en un Estado descentralizado, máxime cuando se trata de realizar inversiones de su competencia a través de la parte relativa a los préstamos de esa adenda. La estabilidad fiscal debe ser compatible con la fijación de
unos objetivos prudentes y realizables y no debe conllevar una política de austeridad extrema que sería perjudicial por sus efectos negativos tanto para la economía como para la política como ya ocurrió en la crisis anterior.


Por todo ello se insta al Gobierno a:


'1. Involucrar a las CC.AA. en la adenda y en el fondo de inversiones y proyectos estratégicos regionales anunciado por el Gobierno, diseñando las reformas e inversiones más adecuadas y conectadas con su tejido económico y social en el
ámbito de las políticas públicas de su competencia.


2. Garantizar la participación de las CC.AA. en los asuntos relativos a sus competencias tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes, inversiones y medidas paliativas, así como en su ejecución. Cogobernanza real y
efectiva de forma bilateral entre gobiernos.


3. Defender unas reglas fiscales adaptadas a la realidad de los distintos países. Sendas diferenciadas según el punto de partida de cada país; un marco fiscal cualitativo que atienda a las especificidades nacionales y que se traslade
también al Estado de las Autonomías, teniendo en cuenta el punto de partida específico de las CC.AA. y de las Administraciones Locales.'


Propuesta de resolución núm. 18


6. Facilitar la concurrencia y acceso a los fondos a las Pymes y autónomos.


Los fondos europeos son una oportunidad para, en teoría, recuperar y transformar y modernizar la economía tras los estragos provocados por el Covid y ahora tras los distintos shocks que estamos atravesando.


Atendiendo al Plan de Recuperación y Resiliencia, las Pymes y autónomos que representan el 99 % del tejido productivo tienen que jugar un papel fundamental para el cumplimiento de los objetivos de dicho plan y, sin embargo, los Fondos no
están llegando a la economía real dada la baja ejecución de los mismos.


Las Pymes no acceden a estos programas porque no tienen recursos para destinar a explorar la maraña de convocatorias disponibles, porque les es difícil comprender los requisitos de las convocatorias, porque la carga burocrática es excesiva;
en definitiva, porque los trámites siguen siendo complejos.


Los PERTE, a pesar de que incluyen el requisito de que un porcentaje de la participación debe recaer en Pymes, no acaban de despegar, tan solo hay convocatorias en 4 de los 11 anunciados, con lo que su grado de desarrollo es preliminar y
desigual, lo que genera frustración en el tejido productivo.

Página 39

El interés de las empresas por los fondos europeos cae según la última encuesta sobre la actividad corporativa del Banco de España, y por si esto fuera poco se está produciendo otro efecto indeseado, que las empresas no están acudiendo a las
licitaciones en una coyuntura económica de gran incertidumbre (según los datos de la AIRef, en torno al 10 % de las licitaciones se han quedado desiertas).


Además, la pérdida de rentabilidad en las Pymes por la crisis económica, a la que se suma ahora la inflación y el hecho de que los Fondos llegan y cuando lo hacen es de forma muy ralentizada, puede comprometer su viabilidad, transformación y
crecimiento.


Por todo ello se insta al Gobierno a:


'Facilitar al máximo la concurrencia y acceso a los Fondos a las Pymes y autónomos, mejorando el acceso a la información y diseñando convocatorias más globales, con plazos más amplios, con menor burocracia y con mayores porcentajes de
cofinanciación del sector público.'


Propuesta de resolución núm. 19


7. Mercados eléctricos y precios pequeño consumidor (PVPC), electrointensivos, consumos horas valle y tecnologías renovables.


La extraordinaria subida del precio de la energía en general y de la electricidad en particular derivada de la incapacidad de la oferta, tras el incremento de la demanda ocasionada por la recuperación y arranque de la economía tras el Covid,
y ahora recrudecida por el conflicto bélico en Ucrania, está provocando una inflación de dos dígitos, lo que hace que sea más necesario rebajar el precio de la energía y por tanto de la electricidad; es necesario que los consumidores domésticos,
pymes e industria, los consumidores de electricidad consigan precios más competitivos que hoy no tienen porque el precio del mercado mayorista se fija en un mercado marginal donde la tecnología más cara fija el precio de todas. Un sistema que
Europa se ha abierto a modificar ante los altos precios.


Pero además el mayor precio de la electricidad en España con respecto a otros países europeos es consecuencia de la distinta proporción entre el mercado a plazo y el mercado spot en la estructura de formación de los precios finales. En
España, al contrario que en la mayoría de Europa, la mayor parte del suministro está ligado a los precios del mercado spot, mientras que el mercado a plazo es residual, de ahí que los precios mayoristas están, casi en su totalidad, regidos por el
sistema marginalista de formación del precio lo que refleja una alta volatilidad que se se traslada a la electricidad y que en este contexto llevan a unos precios más elevados por el alto precio del gas en los mercados internacionales.


En este contexto, en España se está aplicando la llamada excepción ibérica para atajar la subida de precios, pero no hay que olvidar que es un mecanismo temporal y que dejará de tener efecto en el plazo de un año, por lo que es necesario
ahondar en medidas estructurales para cambiar la estructura de formación de precios y poder reducir esa volatilidad.


Es necesario abordar el problema de competencia porque lo cierto es que las compañías eléctricas dominantes, verticalmente integradas, pueden realizar contratos bilaterales entre sus centrales y sus propias comercializadoras, al margen de
los mercados organizados de futuros, lo que hace irrelevante para ellas la señal de precio del mercado spot. El resto de las comercializadoras en el mercado minorista español no disponen de generación propia que les permita hacer lo mismo y para
cubrir sus posiciones de compraventa, se ven forzadas a acudir a los mercados a plazo. Sin embargo, el mercado a plazo en España tiene baja liquidez, y se negocia poco volumen, por lo que es necesario dotar al mismo de un porcentaje determinado de
energía, de tal manera que se puedan diversificar las fuentes, la competencia sea más cierta y tener precios mucho más equilibrados.


El RDL 17/2021 tenía precisamente como objetivo conseguir que el mercado a plazo tuviera liquidez y disminuir las posiciones de dominio a nivel comercial pero el mecanismo establecido en el mismo no se está aplicando porque las dominantes
alegan que ya tienen toda su energía comprometida y que de llevarse a cabo esta venta al mercado libre tendrían que modificar los contratos con sus clientes.


Por otro lado, la salida de la pandemia para la industria ha estado marcada por los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista, lo que ha supuesto un gran impacto en los costes de producción en

Página 40

algunos casos, costes que suponen hasta el 60 % de la producción, por eso es también crucial definir medidas que proporcionen a la industria la posibilidad de reducir los costes energéticos de forma sustancial y que no necesiten de la
aprobación europea, medidas técnicas e incluso de mejora con respecto a algunas ya adoptadas como el estatuto de los consumidores electrointensivos.


Sin embargo, y a pesar de estar en un contexto de alta incertidumbre, como factor positivo consecuencia de la guerra de ucrania, se ha abierto una ventana de oportunidad para avanzar en el desarrollo de las energías renovables y en la
transición energética para reducir la dependencia energética exterior por lo que si realmente se quiere una mayor velocidad de penetración de las renovables es imprescindible trabajar para facilitar las inversiones de forma ágil, ya que hay apetito
inversor que no se corresponde con las trabas y dificultades a la hora de tener accesos a la red. La regulación actual para el acceso a redes y el grado de saturación de nudos por proyectos irreales hace imposible la implantación de proyectos ni a
corto ni incluso a medio plazo. Deben rechazarse las conexiones concedidas con distancias entre punto de generación y punto de acceso que exigen grandes trazados de alta tensión que nunca obtendrán la viabilidad ni técnica ni ambiental.


Y por último, es necesario democratizar del sistema eléctrico porque la transición energética hacia un sistema en el que la demanda se satisfaga mayoritariamente por energías renovables implica una progresiva electrificación de los consumos
y una generación cada vez más descentralizada, de menor tamaño y más cercana a los puntos de consumo. Este esquema hace necesaria y conveniente la implicación de los ciudadanos y empoderar a la sociedad en este ámbito. Será por tanto prioritario,
impulsar nuevos esquemas regulatorios que fomenten esta participación y la agregación de consumos y ofertas de electricidad, así como su almacenamiento.


Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a:


'1. Revisar la formulación del PVPC para desvincularla del mercado spot y traer una propuesta normativa de consenso con los sectores implicados, en el plazo de 2 meses, que permita establecer de forma rápida una formulación con indexación
también a precios a plazo en base a un mix de productos de futuro.


2. Desarrollar actuaciones y mecanismos eficaces para dotar de energia a los mercados a plazo. Ante una situación prolongada de precios altos del mercado eléctrico diario, es necesario introducir de forma urgente medidas adicionales que
fomenten el desarrollo de productos, conocimiento de las plataformas de información/contratación, y una mayor utilización de los mercados eléctricos a plazo a través de las subastas de energía primaria u otros mecanismos.


3. Seguir defendiendo activamente en Europa, la necesidad de una reforma del mercado marginalista que tenga en cuenta que, en la actualidad, los costes fijos y variables de la generación son muy dispares dependiendo de la tecnología.


4. Reformular y mejorar el Estatuto de los consumidores electrointensivos, adecuándolo a los criterios de la normativa europea y flexibilizando las obligaciones establecidas actualmente. Además, se permitirá las empresas del Estatuto
participar en las subastas anuales de renovables y de tecnologías inframarginales que se puedan desarrollar.


Asimismo, se habilitará al organismo competente para poder establecer mecanismos regulatorios temporales para reducir transitoriamente los peajes de acceso a la red de los consumidores electrointensivos en situaciones de crisis por altos
precios energéticos de la electricidad.


5. Revisar el calendario tarifario eléctrico actual, peajes y cargos, para incentivar la gestión de la demanda y traslación de consumos a horas valle con el objetivo de influir en la forma de consumo de los clientes, con el objeto de
incrementar el grado de utilización de las redes eléctricas del sistema reduciendo las necesidades de inversión en ella, incluyendo un nuevo período tarifario P7 de turno de noche junto con un mecanismo que incentive la gestión de la demanda, y
traslade a ese período demanda de otros períodos.


6. Normalizar los accesos a la red evitando proyectos muy distantes al punto de conexión a la red con el objetivo de aumentar la implantación de las tecnologías renovables para generación eléctrica a medio/largo plazo.


7. Implementar con la máxima prioridad un plan de aceleración de la autorización administrativa de instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable.


8. Impulsar y desarrollar la regulación de la figura del agregador de demanda para fomentar la generación distribuida y contribuir a la flexibilidad del sistema eléctrico y a la integración de las energías renovables.'

Página 41

Propuesta de resolución núm. 20


8. Mercado del gas: mejoras en el abastecimiento e interconexiones.


Si algo ha puesto en evidencia la invasión de Ucrania por Rusia es la alta dependencia energética de Europa y que Rusia es el mayor proveedor energético de la UE.


La Comisión Europea, con la estrategia 'REPowerEU', busca reducir gradualmente las importaciones de gas, petróleo y carbón de Rusia. Una tarea difícil porque más del 90 % del gas y el petróleo de la UE proviene de ese país, y porque la
capacidad que tienen Holanda, Noruega y norte de África de aumentar la producción doméstica de gas es limitada.


Por otro lado, la decisión de Rusia de reducir el flujo de gas del Nord Stream 1 hacia Alemania desde mediados de junio ha disparado no solo los precios sino la alarma de seguridad de suministro en Europa.


En este contexto era necesario asegurar las reservas de gas en Europa para el próximo invierno y por ello acordaron un llenado al 80 %, y en este contexto de necesidad de reservas, el gas ha abierto un nuevo escenario para el Estado,
convirtiéndole en uno de los principales exportadores de gas a Europa por su enorme capacidad para procesar Gas Natural licuado, que viaja en metaneros desde cualquier parte del mundo aunque su capacidad para exportarlo sea limitada por las pocas
interconexiones existentes y por la limitación existente a la hora de autorizar nuevos cargaderos en los puertos para el transporte terrestre de GNL.


El gas ha cobrado un papel protagonista como tecnología de transición, una tecnología de respaldo que algunos ya solicitábamos por la intermitencia de la eólica y la fotovoltaica. Un papel que ha quedado de manifiesto en el debate de la
taxonomía verde en Europa y que coloca al gas como necesario para salir de la dependencia energética de Rusia y posibilita las inversiones en sus infraestructuras para su transporte, siempre que estas sean reversibles o compatibles en un futuro para
el hidrógeno verde.


En este contexto en el que el abastecimiento de este tipo de energía es crucial por la crisis energética a causa de la guerra en Ucrania, se insta al Gobierno a:


'Autorizar un segundo cargadero en el Puerto de Bilbao ante el crecimiento de la demanda de GNL suministrado a través de cisternas, no solo como consecuencia de la guerra de Ucrania, sino también por el incremento de la demanda por su uso
como combustible en vehículos por carretera y buques, incremento de demanda que ya quedó además acreditado por un informe de la CNMC.


Acelerar las interconexiones entre España y Francia para mejorar la interconexión de la Península Ibérica con el resto de la Unión Europea.'


Propuesta de resolución núm. 21


9. Atajar el déficit de profesionales sanitarios.


Uno de los grandes retos a los que se están enfrentando todos los sistemas sanitarios del Estado es la falta de profesionales. Un déficit de especialistas que sufren los servicios de salud autonómicos que ya venía sucediendo con
anterioridad a la pandemia, pero que se ha visto agravado en los últimos años.


El 'Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035', presentado por el ministerio de Sanidad, identifica la especialidad de medicina familiar y comunitaria como la especialidad con peores pronósticos de déficit. Además, este
escenario de déficit de especialistas en medicina de familia se verá agravado como consecuencia del elevado número de jubilaciones previsto para los próximos años y el modo de compensarlo es a través de la incorporación de alrededor de 1.000 plazas
formativas más de esta especialidad en las convocatorias anuales de los próximos años.


Esta situación crítica de acuciante necesidad de profesionales sanitarios, más allá de las necesarias reflexiones a medio y largo plazo, requiere de la adopción de medidas inmediatas para atajar el problema por parte de las distintas
administraciones competentes. En este momento, urge que en el seno del Consejo Interterritorial se acuerden medidas de choque, entre otras, dentro de las competencias en formación de especialistas que dependen de forma exclusiva del Ministerio de

Página 42

Sanidad destinadas a incrementar y facilitar la incorporación de más profesionales de medicina a la atención primaria.


'El Congreso insta al Gobierno a:


Convocar con urgencia al Consejo Interterritorial en sesión monográfica al objeto de tratar y acordar con las Comunidades Autónomas medidas dirigidas a atajar el déficit de profesionales sanitarios, en particular de medicina familiar y
comunitaria, que contemplan la adopción de medidas excepcionales para no dejar plazas MIR desiertas, la creación de nuevas especializades al objeto de evitar el desplazamiento de profesionales de medicina familiar y comunitaria, la ampliación del
número de plazas de formación especializada o la elaboración de un plan extraordinario de formación de profesionales sanitarios.'


Propuesta de resolución núm. 22


10. Sistemas de salud adecuados a riesgos y amenazas del futuro.


Vivimos en un mundo abierto, donde la movilidad y las interacciones cotidianas de personas tienen reflejo en la agenda sanitaria por los riesgos que para la salud pública suponen. Riesgos que se transforman en realidades cuando adoptan la
forma de crisis sanitarias globales como la pandemia del Covid-19, poniendo en peligro el bienestar de la humanidad.


Ante ello, debemos adoptar medidas para, ante un futuro que se dibuja cambiante, dinámico y lleno de incertidumbres, minimizar su impacto, trabajando en alianzas y consolidando sistemas sanitarios sólidos cada vez más globales que requieren
de la cooperación en el ámbito de la Unión Europea e internacional.


Las consecuencias de las zoonosis, los efectos del cambio climático, más las características sociosanitarias inherentes al cambio demográfico del continente europeo con una sociedad envejecida, ocupan los primeros lugares entre nuestras
preocupaciones. Además, los riesgos sobre la salud se mezclarán con la geopolítica, con los procesos industriales, con la innovación sanitaria, con la propiedad intelectual y con las crisis económicas.


Junto a ello, la universalidad, la gratuidad y la calidad de los sistemas sanitarios son bienes a proteger tanto ahora como en el futuro. Constituyen, junto a la educación y un potente sistema de bienestar social, los pilares de una
sociedad equitativa, igualitaria y cohesionada, que se siente protegida desde el ámbito de las políticas públicas.


Por lo anteriormente expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'Adoptar las medidas necesarias al objeto de construir sistemas de salud adecuados para responder a los riesgos y amenazas del futuro, tales como:


- Avanzar hacia la Unión Europea de la Salud, desde la aplicación del principio de subsidiariedad reforzando la capacidad de actuar a escala en la UE para mejorar el abordaje de los riesgos sanitarios y mejorando la eficacia de la gobernanza
multinivel, llegando a incluir la salud y la asistencia sanitaria entre las competencias compartidas con la UE.


- Contribuir a garantizar la autonomía estratégica a escala de la UE para evitar la dependencia de terceros países para vacunas, medicamentos, productos sanitarios y otros productos de primera necesidad.'


Propuesta de resolución núm. 23


11. Movilidad de estudiantes europeos.


Es necesario profundizar en una política europea armonizada de educación superior. En el marco universitario europeo, ha llegado el momento de que los Estados tomen medidas para garantizar que la garantía académica se base en la confianza
mutua. Necesitamos un modelo en el que los sistemas

Página 43

educativos a nivel de bachillerato y las pruebas de acceso a la universidad de cada país puedan considerarse equivalentes. La situación actual dificulta la verdadera movilidad de estudiantes en el espacio europeo; no tiene sentido que los
estudiantes de la Unión Europea tengan que realizar los exámenes de acceso a la universidad en ambos países, en el de origen y en el de destino.


Urge dar pasos para alcanzar en 2025 el objetivo de la plena integración en el sistema educativo europeo, prestando especial atención a la perspectiva eurorregional; así como, en su caso, a la realidad lingüística y cultural de estas
regiones europeas.


Por ello, el Congreso insta al Gobierno a:


'Avanzar con cambios en las regulaciones estatales y de la UE para eliminar las barreras a la movilidad de los estudiantes europeos.'


Propuesta de resolución núm. 24


12. Igualdad.


Alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres es un largo camino, y aunque los logros alcanzados en esta materia son importantes, sigue siendo necesario seguir tenazmente elaborando políticas públicas y promoviendo iniciativas privadas
para conseguir aquella igualdad.


Independientemente de que las leyes tanto estatales como autonómicas hayan marcado los fundamentos básicos en esta materia, en el día a día de nuestra sociedad y en ámbitos tan importantes como el laboral, el social o el económico siguen
perpetuándose desigualdades.


Se hace por ello necesario seguir esforzándose para que esta lacra social desaparezca, adoptándose para ello las medidas procedentes desde los poderes públicos.


Este fenómeno de la desigualdad alcanza su mayor injusticia en la violencia de género; una de las mayores lacras sociales que padecemos. El ejercicio de la violencia contra las mujeres, por el hecho de serlo y con consecuencias letales en
muchos casos, es incompatible con valores democráticos básicos y la lucha contra ello debe ser prioritaria desde todos los frentes.


Asimismo, y desde la defensa de valores de igualdad y libertad, debe erradicarse cualquier política pública que discrimine a las personas en razón a su identidad de género o a su orientación sexual o afectiva, cuestionando su derecho a vivir
y sentir su sexualidad.


Por todo ello presentamos la siguiente propuesta de resolución, instando al Gobierno a:


'- Llevar a cabo todas las acciones oportunas dentro de sus competencias para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito laboral, social, económico y político.


- Adoptar todas las medidas que correspondan y dotar de suficientes recursos a la lucha contra la violencia de género, siguiendo las pautas establecidas en el Pacto de Estado.


- Realizar las reformas oportunas para que todos los derechos de todas las personas LGTBI estén garantizados.'


Propuesta de resolución núm. 25


13. Responsabilidad, principios humanitarios y esfuerzo compartido para abordar los fenómenos migratorios y la atención a menores migrantes no acompañados.


Sin perjuicio de su carácter global, son diferentes y conocidas muchas de las causas locales de los fenómenos migratorios, como las políticas (golpes de Estado, inestabilidad en la alternancia del poder, violencia política, persecuciones a
disidentes políticos...), económicas (pobreza extrema, hiperinflación, escasez de productos básicos, altos niveles de desempleo...), culturales y sociales (inseguridad, desempleo), ecológicas (desastres naturales, efectos del cambio climático:
desertización, temperaturas extremas, desaparición de las fuentes de agua o alimentos...), bélicas (guerras entre países, conflictos entre guerrillas internas, guerras civiles, hostilidad de fuerzas extranjeras...), etc.

Página 44

Así, uno de los previsibles y más perversos efectos de la invasión de Ucrania será, como predicen expertos y agentes sociales, la generalización de una terrible hambruna consecuencia de la menor cosecha de cereales, ya que era dicho país
quien nutría tradicionalmente a la economía global del mayor aporte de provisiones alimentarias de grano que, ahora, disminuirán de forma notable, lo que refuerza la convicción, que confirman ya los datos existentes, de que las principales víctimas
de tal escasez van a ser los países y entornos de mayor vulnerabilidad alimentaria y pobreza social, caso de los países del Sahel y su entorno. Por ello, y al margen de otros debates también necesarios, la principal consecuencia de dicha situación
de agonía alimentaria va a ser que personas sin capacidad para obtener el más mínimo sustento diario y sin expectativas de futuro, no van a contemplar otro escenario de supervivencia que el de una nueva crisis migratoria.


El Pacto Internacional suscrito en Marrakech en diciembre del año 2018 comprometía a sus firmantes con políticas de inmigración regular, ordenada, segura, dirigida por ello a modelos respetuosos con la dignidad de las personas y con los
principios humanitarios, singularmente con las personas más vulnerables. Tal escenario exige contemplar no solo la certeza de la intensificación de tal fenómeno migratorio -que solo formalmente podemos llamar irregular-, sino la necesidad de
adopción de cuantas medidas resulten necesarias para su tratamiento acorde al derecho humanitario, siendo así, además, que resultará prioritaria la atención al cada vez mayor número de menores migrantes no acompañados.


Singular mención ha de realizarse respecto a los menores migrantes no acompañados y la necesidad de incentivar las existentes medidas para garantizar la protección, inclusión y atención adecuada a los menores -como reza el 'Protocolo Marco
de Menores Extranjeros No Acompañados'-; así como abundar en la fijación de criterios para un esfuerzo compartido y reparto razonable entre territorios y administraciones del Estado, al modo y manera de lo aplicado en otros países del entorno
europeo, con la finalidad de una mejor atención de aquellos menores no acompañados.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Adecuar su actuación a los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, procurando a dicho fin conciliar dichas políticas con la sostenibilidad social de las políticas migratorias.


2. Someter dicha actuación a los marcos de la Unión Europea y a los tratados internacionales en materia de refugiados y solicitantes de asilo o refugio, priorizando las reglas de respeto a la dignidad de las personas y los principios
humanitarios, singularmente con las personas más vulnerables.


3. En tal sentido fijar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, criterios claros para la compartición de responsabilidades en el ámbito de la atención a los menores no acompañados, impulsando medidas conducentes a evitar la
estigmatización de este colectivo.'


Propuesta de resolución núm. 26


14. Denominación Rioja Alavesa.


En varias Denominaciones de Origen Protegidas supra autonómicas, un suficiente número de productores ha mostrado su voluntad de requerir un cambio en la regulación de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.
Algunos productores se han asociado promoviendo nuevas DOP o IGPs y para ello han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes. Otros productores han promovido otro tipo de cambio en la regulación estatal, cual es la creación de
estructuras jurídicas para una más adecuada gestión de las zonas geográficas que pudieran crearse dentro de las denominaciones de origen de carácter supra autonómico existentes en España, en particular las de productos vitivinícolas, en el marco del
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.


Ambas iniciativas se desarrollan en el marco que el derecho de la Unión Europea ofrece, tal y como se aprecia en otros países de nuestro entorno de honda raigambre vitivinícola.


En consonancia con esta realidad, el Gobierno central debería conocer y tener en cuenta la opinión mayoritaria de los productores de estos territorios geográficos inferiores a las actuales DOP pero que, con características culturales,
físicas y productivas específicas, y que en ejercicio de los principios de

Página 45

subsidiariedad y eficacia, requieren una entidad de gestión de la denominación de dicha zona; de tal forma que si un número suficiente, mayoritario en todo caso, de los operados inscritos en la zona interesada así lo solicitasen se
permitiera legalmente la creación de un consejo regulador de la concretas zonas que estén reflejadas en sus Reglamentos correspondientes con funciones propias desconcentradas del Consejo Regulador de la DOP actual y en coordinación con el mismo.


Esta modificación legal llevaría aparejada la asunción por las diferentes Comunidades Autónomas de algunas facultades de control, inspección y sanción sobre la citada nueva entidad de gestión y sobre los operados de dicha zona.


Nunca el conocimiento de la voluntad de los operadores del sector vitivinícola debe ser orillado; un Estado puede, y debe, ser permeable a la opinión de cada sector estructurado por áreas económico-geográficas, ya que en el caso que nos
ocupa ésas son las que marcan diferentes contornos que promueven la adopción de una decisión que el legislador ha de saber garantizar.


En consecuencia,


Se insta al Gobierno a:


'Promover un mecanismo que permita conocer la voluntad y decisión de los operadores vitivinícolas inscritos en las zonas reconocidas en los Reglamentos de las Denominaciones de Origen supra autonómicas, en cuanto a la creación de una entidad
de gestión propia de la citada zona y, en su caso, a llevar a cabo la citada decisión a través de las modificaciones legales oportunas.'


Propuesta de resolución núm. 27


15. Defensa.


El franquismo fue un periodo oscuro de la historia del Estado español.


Surgió de un golpe militar que provocó una guerra civil con las consecuencias de ausencia de libertad, imposición, represión y dictadura que todas y todos conocemos.


Uno de los ejes vertebradores de ese régimen militar fue el ejército, que tras el franquismo y la transición fue amoldándose a la nueva situación no sin rémoras y vaivenes.


Hoy en día deberíamos considerar que el Ejército español nada tiene que ver con aquel, pero todavía siguen surgiendo focos que visibilizan una ideología que no tiene cabida en ninguna institución democrática y menos aún en el Ejército.
Constantemente se conocen, cual goteo permanente, actos de homenaje, conmemoraciones, canciones o foros en los que militares profesionales muestran su afección al régimen franquista y a su ideología.


Estos hechos son impensables en cualquier otro ejército europeo democrático, y si se producen son investigados en profundidad, adoptándose las medidas oportunas.


Por todo ello, se insta al Gobierno a:


'Llevar a cabo todas las acciones pertinentes para erradicar del Ejército español cualquier manifestación, acto de propaganda de ideología franquista o de exaltación del régimen u homenaje a cualquier hecho o persona relacionada con ese
periodo oscuro y antidemocrático, actuando con celeridad y determinación tanto para su investigación como para la adopción de las medidas oportunas.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a reforzar las políticas migratorias de nuestra Nación, con
motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.

Página 46

Propuesta de resolución núm. 28


Exposición de motivos


Señala el Gobierno en su comunicación de solicitud de celebración del debate sobre el estado de la Nación que sigue trabajando para impulsar el crecimiento económico, mientras que protege a las personas en todos los ámbitos. Ante tal
afirmación cabe, sin embargo, preguntar al Ejecutivo si cree realmente que los ciudadanos españoles se sienten protegidos y seguros en sus barrios.


Ante la mayor crisis migratoria sufrida por España, el Gobierno no ha aplicado ninguna política eficaz tendente a luchar contra la inmigración ilegal. Tras escuchar la intervención del presidente del Gobierno, no se prevé ninguna respuesta
por parte del Ejecutivo para enmendar esta situación, lo cual ciertamente no constituye una sorpresa. La desastrosa y negligente gestión de la política migratoria por parte del Gobierno, marcada por la sumisión incondicional a la consigna de
'fronteras abiertas', provoca el efecto llamada con el aumento consiguiente, absolutamente fuera de control, del número de inmigrantes que entran ilegalmente en nuestro país.


El Ejecutivo sigue ocultando los datos que revelan la magnitud de la crisis, así como el acoso sostenido que algunos países del norte de África están ejerciendo contra nuestras fronteras, permitiendo que estas sean sistemáticamente agredidas
por las masivas entradas de inmigrantes. Esta transgresión de nuestros límites fronterizos, que muchas veces se realiza en condiciones de violencia extrema, constituyen violaciones inaceptables de nuestra soberanía nacional y de nuestra integridad
territorial. Ante esta situación, la conducta del Gobierno está presidida por una inacción que equivale plenamente a complicidad.


La inmigración ilegal masiva genera problemas de orden público y seguridad ciudadana, pero también implica, en el presente y sobre todo de cara al futuro, gravísimas amenazas para la economía nacional y para la identidad de nuestro país.


Las primeras víctimas de esta ola descontrolada de inmigración ilegal son los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que se encuentran totalmente desprotegidos por el Gobierno, pues se enfrentan a continuos y masivos
asaltos fronterizos sin contar con los medios humanos y materiales suficientes para hacer frente a dichos ataques. En vez de establecer dotaciones permanentes de agentes destinados en las zonas críticas, el Ministerio del Interior envía refuerzos
puntualmente, cada vez que acontece un asalto fronterizo, a la zona atacada. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no disponen de material antidisturbios, y tienen prohibido su uso, lo que les impide hacer frente a estos violentos
asaltos en condiciones de seguridad. Las continuas avalanchas humanas que padece el litoral meridional español, y muy especialmente Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, constituyen una verdadera invasión de nuestro territorio; por tanto, nuestra
fuerza política ha propugnado la intervención, en la medida en que sea necesario, de las Fuerzas Armadas para apoyar la labor del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la salvaguarda de nuestras fronteras y en el aseguramiento de
nuestra soberanía.


La inmigración ilegal es asimismo una amenaza para la libertad y la seguridad de los españoles. La presencia masiva de personas procedentes de entornos culturales incompatibles con la civilización occidental, muchas de ellas sin ocupación,
ha sido indudablemente un factor del aumento de la delincuencia, sobre todo en aquellas zonas de ciudades donde residen las clases medias y trabajadoras. Una vez más son estas las que sufren las consecuencias del fenómeno migratorio ilegal.
Procede una respuesta contundente, tanto en la lucha contra el crimen como en el combate contra la inmigración ilegal.


Finalmente, es preciso hacer referencia a la principal causa de la complicidad del Gobierno y de los partidos que lo apoyan con la inmigración ilegal masiva. El Ejecutivo está declaradamente entregado a la consecución de los objetivos
expuestos en las agendas progresistas y globalistas, cuya meta utópica son las llamadas 'sociedades abiertas', absolutamente líquidas y carentes de identidad. Se pretende la formación de un nuevo tipo de humanidad, totalmente artificial, sin
entraña espiritual, sin vínculos y sin raíces, que sea presa fácil de los dogmas ideológicos a que se sujetan el mismo Gobierno y sus fuerzas afines.


Esto supone que la lucha contra la inmigración ilegal tenga necesariamente que tener dos frentes: el exterior, impidiendo las agresiones contra nuestras fronteras; y el interior, adoptando las medidas necesarias para que nadie que haya
entrado ilegalmente en nuestro país pueda obtener la situación de residencia legal ni menos aún la nacionalidad española.

Página 47

En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Expulsar inmediatamente a todos los inmigrantes que accedan o permanezcan ilegalmente a y en España, así como promover las medidas legislativas pertinentes para contemplar en nuestro ordenamiento jurídico la pérdida de la nacionalidad
del español que la haya obtenido por adquisición derivativa y que haya sido condenado de forma continuada por delitos leves o por delitos graves contra la vida, la libertad, la seguridad de los españoles así como de nuestro orden constitucional,
símbolos de la Nación y otros bienes jurídicos dignos de protección especial. Promover reformas legislativas que preconicen la fijación de requisitos más exigentes para la adquisición de la nacionalidad española, y que aseguren que ninguna persona
que haya entrado ilegalmente en territorio español pueda nunca solicitar el permiso de residencia ni la adquisición de nuestra nacionalidad.


2. Adoptar las medidas necesarias para impedir la entrada de inmigrantes ilegales en España, por vía terrestre, marítima y aérea.


3. Reforzar el papel de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como emplazamientos de custodia de inmigrantes extranjeros, previo paso a su expulsión del territorio nacional.


4. Promover las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los barrios más conflictivos como consecuencia de la delincuencia.


5. Ordenar el inmediato despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla con el fin de mitigar la presión migratoria que están sufriendo por parte de los países del norte del Magreb.


6. Terminar las obras de refuerzo y modernización para que los límites físicos de nuestra frontera (muro, valla o lo que proceda) sean en su totalidad de la altura adecuada y dispongan de los elementos técnicos, cámaras térmicas y sistema
de protección pasiva necesarios para hacer infranqueable la valla fronteriza de Ceuta y Melilla.


7. Adoptar las medidas necesarias para el establecimiento de una oficina permanente de FRONTEX (Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas) en Ceuta y Melilla, bajo el mando, colaboración y supervisión del Ministerio del Interior, con
el objetivo de ayudar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su alta misión de defender la integridad territorial, así como de prevenir delitos transfronterizos y de salvaguardar nuestras fronteras frente a la
inmigración ilegal.


8. Exigir en todo caso una inmigración legal, ordenada, ajustada a las necesidades reales de empleo y con capacidad efectiva y voluntad de integración, atendiendo prioritariamente a los ciudadanos procedentes de naciones que comparten
idioma y lazos con España.


9. Reconocer la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y proveer de los medios suficientes de formación a la plantilla para que esta ejerza sus funciones en igualdad de condiciones.


10. Eliminar las ayudas de cooperación al desarrollo a aquellos países que no se comprometan a controlar la inmigración y que no colaboren efectiva y activamente con el retorno voluntario o forzoso de los inmigrantes ilegales. España no
puede conceder ayudas a aquellos países que fomenten la inmigración ilegal y que no repatríen a los inmigrantes ilegales.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa al fortalecimiento y a la defensa del sector primario, con
motivo de la celebración del debate de política general sobre el estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.

Página 48

Propuesta de resolución núm. 29


Exposición de motivos


En la Comunicación remitida el pasado 1 de julio por el Gobierno de España al Congreso de los Diputados como expresión de la solicitud de celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación se menciona que las medidas
urgentes y excepcionales aprobadas en marzo se dirigen 'a los sectores productivos más afectados'. Hemos vuelto a escuchar consignas de este tipo en las intervenciones del presidente del Gobierno en el referido debate.


VOX afirma que dicho propósito no puede alcanzarse si quienes nos gobiernan no tienen en cuenta la realidad global del sector primario. Este sector tiene un valor estratégico esencial para España, tanto desde un punto de vista económico
como desde una aproximación sociocultural. Ello convierte a nuestro sistema agroganadero y pesquero en un pilar fundamental de la producción nacional.


No obstante, la industria primaria se viene enfrentando desde hace tiempo a varios problemas de gran entidad. Entre estos se encuentran el aumento de los costes de producción (energía, gasóleo, agua, fitosanitarios, piensos y otros
insumos), el elevado número de trabas burocráticas, la falta de relevo generacional o su criminalización por las agendas globalistas. Todo ello se ha agravado, además de por la crisis del coronavirus o por la reciente invasión de Ucrania, por las
irresponsables e ineficientes políticas del Gobierno.


Al mismo tiempo, se constata la creciente dependencia del régimen alimentario español con relación a terceros países que, haciendo un uso fraudulento de los acuerdos de libre comercio y practicando la competencia desleal, se benefician de
los menores requisitos fitosanitarios y sociolaborales que tienen sus sistemas productivos para luego inundar el mercado europeo con sus productos.


Por tanto, es urgente y necesario que se adopte una política distinta, basada en que España recupere su soberanía alimentaria. Esto implica una apuesta firme por nuestro sector primario y por una mayor autosuficiencia de nuestro sistema
alimentario respecto a terceros países. La alimentación de España no puede seguir dependiendo, tan acusadamente como hasta ahora, de países terceros porque, ante determinadas crisis como la actual, esa dependencia provoca desabastecimiento, precios
elevados y pobreza.


En definitiva, la soberanía alimentaria consiste en reforzar los valores propios de nuestros alimentos, en apostar por nuestro sector agropesquero y en fortalecer nuestro sistema de producción frente a eventuales crisis económicas o
catástrofes ambientales.


Para garantizar dicha soberanía es necesario adoptar varias medidas, entre las que pueden señalarse las siguientes:


- Garantizar el abastecimiento de agua a todos los españoles mediante la puesta en marcha de un verdadero Plan Hidrológico Nacional que contemple, entre otras medidas, la interconexión de todas las cuencas y la mejora del regadío.


- Defender al sector primario frente a la imposición de agendas globalistas que lo menosprecian, lo limitan y le imponen cada vez más regulaciones. España debe desligarse de todo acuerdo o legislación internacional que culpabilice a
nuestros productores de los problemas medioambientales mientras deja impunes a los verdaderos culpables.


- Fomentar la viabilidad de todas las explotaciones agropesqueras, evitando su desaparición y garantizando su rentabilidad, luchando contra las plagas autóctonas y foráneas que destruyen las cosechas, defendiendo a los ganaderos frente a los
ataques del lobo, protegiendo los datos digitales relativos al campo español, apoyando las explotaciones de carácter asociativo y familiar, reduciendo la burocracia y fomentando el relevo generacional.


En conclusión, es urgente llevar a cabo una auténtica defensa del sector agroganadero y pesquero español con el objetivo de contribuir al bien común. Es esencial proteger a los españoles, atender a sus necesidades y dotar a las próximas
generaciones de un horizonte de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y respeto por sus valores y tradiciones, nada de lo cual queda garantizado en la exposición del presidente del Gobierno. Para todo ello es fundamental recuperar la soberanía
alimentaria nacional, dejando atrás las nocivas políticas del Gobierno, cuyo frívolo e irresponsable sometimiento a las consignas

Página 49

globalistas han pagado hasta ahora nuestro vulnerable sector primario y el castigado bolsillo de los españoles.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. La Unión Europea debe
aplicar las defensas comerciales apropiadas que protejan su agricultura, de modo que los precios en el campo tengan nivel digno de rentabilidad, imponiendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles
compensatorios lógicos que igualen costes de producción y 'ventanas' que respeten las campañas agrícolas europeas. De la misma manera, establecer una reducción adecuada del precio de los hidrocarburos utilizados en el sector primario.


2. Impulsar en el seno de la Unión Europea un cambio de la normativa europea para prohibir la entrada e importación de productos agroalimentarios que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en territorio de la Unión por ser
considerados cancerígenos o por cualquier otro motivo. Para ello se deberá exigir a la misma la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, y reclamar al
mismo tiempo que se establezca el principio de reciprocidad y no se permitan residuos de principios activos prohibidos en territorio europeo. Igualmente, deberá exigirse la existencia de un control exhaustivo del cumplimiento de la cadena de frío.
De igual forma, la creación de un organismo inspector de lucha contra el fraude en el etiquetado.


3. Denunciar ante los organismos competentes de la Unión Europea aquellos casos en que las importaciones no respeten la normativa española y europea en cuanto a las cantidades acordadas y al cumplimiento de los requisitos fitosanitarios.
Asimismo, deberá promoverse la imposición de sanciones disuasorias para aquellos que, poniendo en riesgo la salud, no se ajusten a la normativa que garantiza la seguridad alimentaria.


4. Terminar con la competencia desleal de terceros países a través de mecanismos de control de las importaciones extracomunitarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de tasas arancelarias, aranceles
compensatorios lógicos que igualen los costes de producción y revisión de los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario, afirmando de esta manera la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria. Garantizar el control y la
inspección de mercancías, y en consecuencia, aumentar la dotación de personal y material de los Puestos de Inspección Fronterizos en los Puertos del Estado, principalmente, en aquellos puntos que habitualmente reciben importaciones agropecuarias de
terceros países.


5. Incrementar los controles sobre las importaciones para evitar que se comercialice como 'origen España' productos que, aunque se envasen en nuestro país, no son de origen español. Además, garantizar el correcto etiquetado del origen y
variedad del producto, mejorando la transparencia entre los componentes de la cadena alimentaria, para asegurar un exhaustivo control de trazabilidad. Se deberán establecer sanciones contundentes para aquellos que re-etiqueten productos que rompan
con la trazabilidad real de los mismos.


6. Garantizar el respeto para las actividades propias del mundo rural, tengan o no trascendencia económica, incluyendo la artesanía y los oficios históricamente arraigados, las tradiciones populares, las festividades religiosas, la caza y
la tauromaquia. Promover las acciones necesarias para hacer posible la obtención de una licencia única de caza válida en todo el territorio nacional.


7. Suspender inmediatamente el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea en todos los sectores en que produce efecto desfavorable a España, debido al enorme perjuicio económico que dicho Acuerdo causa a la producción
agroalimentaria española.


8. Vigilar el volumen de las importaciones agrícolas sujetas a contingentes y precios de entrada, y realizar un seguimiento independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros para la aplicación, en tiempo, de la
salvaguardia prevista en los Tratados, que se deberá solicitar con tiempo suficiente a la producción de daños.


9. Promover la presencia y compra de producto nacional por parte de las Administraciones Públicas para su consumo en establecimientos públicos de restauración colectiva como hospitales, residencias, prisiones, comedores sociales o
cuarteles, entre otros.

Página 50

10. Promover la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de que se aplique un tipo superreducido del 4 % de dicho tributo a los productos pesqueros. Modificar el Real Decreto
2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca, con el fin de que recoja las nuevas líneas de
base recta en las zonas de Ceuta y Melilla.


11. Reducir drásticamente la burocracia y la sobrerregulación en el sector primario para facilitar las actividades propias.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a dar soluciones contra la despoblación y en favor de la
natalidad, con motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 30


Exposición de motivos


España está sufriendo actualmente una crisis demográfica sin precedentes que tiene, como causa principal, la disminución de la natalidad. Adicionalmente, esta crisis se hace más palpable en ciertas regiones de España que han sido objeto del
olvido por parte de los poderes públicos, lo que ha llevado a su vaciamiento.


Las propuestas para superar el problema demográfico de España no pueden centrarse en una redistribución de la población a lo largo del territorio nacional, pues con ello no se estaría abordando la principal de las causas del problema.
Tampoco puede abordarse esta grave cuestión desde la errática óptica del Gobierno, quien ha creado en el seno del Congreso de los Diputados una Comisión de 'reto demográfico' que ni asume el problemático statu quo ni, en consecuencia, es capaz de
ponerle remedio.


Analicemos por separado ambos elementos, falta de natalidad y la España vaciada, pues se trata de dos elementos disjuntos, si bien relacionados entre sí.


En cuanto a la natalidad, las cifras de los nacimientos de España no llegan a la tasa necesaria para la repoblación generacional (de 2,1 hijos por mujer). Actualmente la media española se sitúa en 1,2 hijos por mujer. Esto provoca, como es
lógico, un creciente y cada vez más irreversible envejecimiento de la población, con las consecuencias sociales, económicas, asistenciales o de pensiones, entre otras, que ello comporta.


Con el fin de ilustrar lo expuesto hasta el momento, traemos a colación una serie de datos relativos al aumento de la población envejecida y a la disminución de la tasa de natalidad:


a) En 1976, el porcentaje de población menor de 20 años era el 35,60 %. En 2018, dicho porcentaje se redujo casi a la mitad (19,80 %).


b) Según las proyecciones del INE elaboradas en 2018, si en ese año la población mayor de 80 años era el 6,2 % del total, en 2030 el porcentaje crecerá hasta el 7,2 %.


c) Además, en España contamos con una elevada esperanza de vida que el INE concretaba, en estudios de 2019, en 80,9 años para los hombres y 86,2 para las mujeres.


d) El Índice Sintético de Fecundidad, en el año 2020, se situó en España en 1,19 hijos, muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer (tasa de reemplazo). Esto se traduce en una pirámide poblacional invertida y, por lo tanto, en una pérdida
poblacional.


e) En cuanto a la tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año), en el año 2020, era de 7,190‰.

Página 51

Por otro lado, si nos referimos a la cuestión de la España en riesgo de despoblación, lo cierto es que las políticas de este Gobierno, que vienen de antiguo, han jugado un papel determinante en el agravamiento de este fenómeno, condenando a
la España rural al ostracismo y fomentando el fenómeno de flujos migratorios de las zonas rurales a las grandes urbes. España ha pasado de ser un territorio predominantemente rural a ser un territorio urbano-metropolitano, y de ser 'reserva
demográfica' de Europa hace no tantos años a estar sumida en uno de los más rápidos procesos de envejecimiento de la Unión Europea.


En este sentido, debemos señalar que 5.102 municipios pierden población desde el año 2001, y 6.232 lo hacen desde 2011. Asimismo, en España hay 3.926 municipios con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes/km², umbral que la
Unión Europea considera como de riesgo demográfico y que abarca el 48 % de la superficie española 18. En definitiva, muchas de las comarcas y núcleos de población rurales han sido ya abandonados o están en proceso de serlo.


En cuanto al ámbito de la Unión Europea, la lucha contra la despoblación no ha sido correctamente abordada por tres razones:


- Financiación muy escasa y, a todas luces, poco proporcionada en relación con el reto mayúsculo que supone la conservación y promoción de las zonas rurales.


- Las políticas de desarrollo rural se han centrado casi exclusivamente en el sector agrario.


- Las autoridades europeas se han caracterizado en numerosas ocasiones por su alejamiento de los intereses de España y, en especial, de los del mundo rural español, siendo las políticas del actual Gobierno cómplices de ellas.


Por todo ello, y sobre la base de los datos expuestos hasta el momento, es innegable que España afronta un grave problema demográfico cuya solución estriba -y así se ha visto en otros países similares al nuestro- en el aumento de los índices
de natalidad. Para revertir esta situación, es preciso que los poderes públicos apuesten, a través de la elaboración de políticas públicas, por el fomento y apoyo de la familia y de la natalidad como medio para vencer a la actual 'demografía
insostenible'. Es nuestra viabilidad como sociedad lo que está en juego.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Establecer un Plan Nacional que permita afrontar el grave problema de la despoblación, en el que la lucha contra el desierto demográfico y a favor del reequilibrio territorial, social, económico y demográfico de la España rural se
convierta definitivamente en una cuestión de Estado.


2. Promover un proceso de recuperación de competencias con el fin de desarrollar políticas eficaces contra la despoblación a nivel nacional, que impliquen a todos los departamentos ministeriales y a todas las administraciones.


3. Diseñar, impulsar y coordinar políticas familiares encaminadas a la concienciación acerca de la gravedad de la tendencia descendente de la natalidad y a su reversión.


4. Impulsar la creación de riqueza en las zonas rurales, promoviendo la captación de inversiones, ideando incentivos fiscales que permitan fundar, desarrollar y mantener en el tiempo proyectos empresariales viables y rentables y promoviendo
procesos de simplificación administrativa y burocrática para facilitar el establecimiento de autónomos, empresas y ciudadanos en zonas rurales.


5. Inversión en la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional con partidas presupuestarias cuyo fin sea el mantenimiento del legado histórico y su preservación en el medio rural, puesto que no solo es un elemento
fundamental de nuestra identidad como nación, sino que es para las zonas rurales una importante fuente recursos económicos en el ámbito del turismo.


6. Promover el fortalecimiento del papel que desempeñan los municipios y las provincias como entidades administrativas territoriales más próximas a los intereses y a las necesidades reales de los ciudadanos y habitantes de la España rural.


7. Adoptar las medidas que sean necesarias para que los servicios financieros constituyan un servicio social básico y esencial para las personas mayores y en situación de dependencia, especialmente en las zonas rurales, promoviendo acuerdos
y compromisos con las entidades financieras para garantizar su acceso y presencialidad, así como un servicio adecuado a sus necesidades.


18 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/280220-despoblacion-en-cifras.pdf

Página 52

8. Promover la reforma de la Ley de Seguridad Social con el fin de introducir una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante dos años para las empresas que contraten a personas que han dejado la vida
laboral un tiempo para el cuidado de los hijos, así como elaborar un convenio voluntario al objeto de establecer pensiones contributivas de jubilación para quienes trabajan exclusivamente en el propio hogar.


9. Impulsar, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y dentro de sus competencias, las acciones necesarias para la celebración de un nuevo Convenio de colaboración con las diferentes regiones de España, que recoja unos
requisitos comunes para la obtención de una licencia interterritorial de caza con validez en todos sus territorios, configurándose así una licencia única nacional.


10. Diseñar un sistema de beneficios fiscales para las familias españolas y el fomento de la natalidad, que recojan las siguientes medidas:


a) Desarrollar las actuaciones necesarias para la consecución de la bonificación del 75 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas en las adquisiciones de primera vivienda para los matrimonios jóvenes, así como la bonificación
del 100 % del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la escritura pública de adquisición, en el mismo supuesto.


b) Promover que los Ayuntamientos apliquen al menos una reducción del 25 % en el IBI para familias con hijos y del 50 % para familias numerosas.


c) Promover la reforma del IRPF, sustituyendo el 'mínimo exento' personal y familiar por deducciones de la base imponible equivalentes a 6.000 euros por persona y año (computando como miembros de la unidad familiar a los cónyuges y los hijos
menores de 25 años), introduciendo desgravaciones en el IRPF por la contratación de empleadas domésticas, así como bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social en relación con las mismas.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la mejorar el sistema público de salud español, con
motivo de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 31


Exposición de motivos


La Sanidad pública española es uno de los mayores motivos de orgullo para todos, además de un pilar fundamental de nuestra Nación. Los profesionales sanitarios y la labor que realizan son encomiables, como se ha visto durante la pandemia, y
dignos de la más alta protección. Sin embargo, la desprotección e inacción de este Gobierno, refrendada por el presidente en su intervención, es motivo más que suficiente para presentar esta propuesta de resolución, con el fin de poner en valor
nuestro sistema de salud, lo mejore y proteja a nuestros profesionales sanitarios.


Nuestra Sanidad presenta, con carácter general, unos problemas estructurales y una inequidad en su aplicación que deben ser subsanados mediante una reforma integral del sistema y la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Sanidad, no
condicionando su resolución a la eventual llegada de los fondos europeos.


Este plan debería estar enfocado en garantizar el acceso igualitario, equitativo y adecuado a la atención de los profesionales y a los servicios y prestaciones sanitarias, con independencia del lugar de residencia del paciente, como un
importante eje vertebrador de nuestro estado de bienestar en el ámbito sociosanitario, mediante el restablecimiento de una cartera de servicios común en todas las regiones y a través de la recuperación de las competencias por parte del Ministerio de
Sanidad.

Página 53

Con el fin de optimizar los esfuerzos, y para establecer las debidas garantías en la adopción de decisiones de elección por parte de los españoles, nuestro sistema sanitario debe ser capaz de conocer y de evaluar los datos, cuantificados y
cuantificables, a través de los resultados obtenidos en los distintos niveles de atención sanitaria, tanto de la Sanidad pública como de la privada, mediante el establecimiento de una estrategia de transparencia en resultados clínicos que redunde en
una mejor gestión y economía de la salud.


El paciente debe ser el centro del sistema. Sin embargo, en la actualidad, es el sistema el que está en el centro, y el paciente en la periferia. Para dar poder de elección al ciudadano, es requisito fundamental que este disponga de toda
la información relevante para tomar decisiones apropiadas, y a este le interesa fundamentalmente la información de resultados clínicos, para poder elegir qué proveedor puede satisfacer mejor sus necesidades de salud.


Esto ya es una realidad en algunas regiones, en las que existe libre elección de especialista médico, e incluso libre elección de centro, si bien la existencia de dieciocho sistemas sanitarios genera desprotección y desigualdad en el acceso
a la asistencia y las prestaciones sanitarias.


España soporta actualmente una demora inaceptable e inadmisible respecto a las listas de espera de atención especializada, que pone en peligro, en numerosas ocasiones, la vida del ciudadano. El paciente debe tener el derecho, la opción y la
posibilidad de elegir y solicitar la atención sanitaria en cualquier punto de nuestra geografía, donde radique el centro en que la atención sea más rápida, o donde se encuentre el establecimiento y los profesionales más adecuados para su patología.


Para lograr ese objetivo, se deben conocer los resultados clínicos y, para ello, el Sistema Nacional de Salud debe implementar un procedimiento para que los centros y establecimientos sanitarios se vean compelidos a publicar sus resultados y
que estos sean verificables mediante una Agencia Nacional de Evaluación de Resultados clínicos.


Todo ello conlleva igualmente la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria única y el acceso a un historial clínico verdaderamente unificado y accesible, redactado como mínimo en español, para su efectiva comprensión en cualquier región de
nuestra geografía, de tal manera que dicho sistema resulte verdaderamente interoperable y operativo.


Además, los recursos, tanto de capital como humanos, estarán al servicio del paciente y se promocionarán los centros que obtengan los mejores resultados. Es preciso garantizar la ratio de atención y asistencia comunitaria, presencial y de
calidad, por habitante, incrementando la dotación de personal en los centros y establecimientos de la atención primaria y comunitaria, con especial atención a las zonas urbanas más desfavorecidas y las zonas rurales más despobladas. Asimismo, se
debe reforzar en equipamiento e infraestructuras quirúrgicas, de la hospitalización instalada y de los recursos en consultas y pruebas diagnósticas, logrando un mayor rendimiento de la inversión realizada. De la misma manera, es preciso garantizar
condiciones laborales óptimas para los profesionales sanitarios, acabando con su precariedad laboral y facilitando la retención de talento en la Sanidad pública.


La sanidad española se ha sustentado durante años en el esfuerzo, la calidad técnica y el sacrificio de sus profesionales sanitarios, en muchos casos mal retribuidos y con unas condiciones laborales impropias. Es necesario dotarles de
incentivos económicos y profesionales para que puedan desarrollar su carrera de una manera digna y hacerla compatible con la conciliación familiar.


Debe recordarse a este respecto el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 43 de la Constitución, entendido en sentido amplio, como garantía a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad, ya sea con tratamientos
curativos o paliativos. A tales efectos, surge la necesidad de legislar para asegurar que, durante el proceso final de la vida, la persona tenga el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual, y sea acompañada por los medios y profesionales
que le eviten dicho sufrimiento y la provean de los cuidados necesarios para afrontar este final de la forma más adecuada posible.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Dotar de los medios humanos y materiales necesarios para la puesta en funcionamiento y reapertura, según proceda, de forma inmediata, de los centros de Atención Primaria y ambulatorios en todo el territorio español. En particular, se
debe incidir en la España rural, así como, en su caso, en los barrios más desfavorecidos de las grandes urbes.

Página 54

2. Diseñar y ejecutar una Estrategia Nacional para reducir el volumen y tiempo de las listas de espera, tanto de la atención primaria como de la especializada y listas quirúrgicas, instaurando una gestión sanitaria profesionalizada, con
publicación periódica y actualizada de objetivos e información.


3. Garantizar la aprobación de una ley de cuidados paliativos con el fin de asegurar la mejor asistencia y calidad de vida al paciente durante el proceso final de la vida, y para que la persona perciba el mínimo sufrimiento físico, psíquico
y espiritual y sea acompañada por los medios y profesionales que reduzcan, en la medida de lo posible, dicho sufrimiento, proveyéndola de los cuidados necesarios para afrontar este trance de la forma más adecuada posible. De igual forma, potenciar
la cultura de la vida, promoviendo la derogación de las leyes de eutanasia y del aborto.


4. Elaborar un Plan Nacional de salud mental con el fin de prevenir la aparición de enfermedades mentales y sus efectos, así como proporcionar tratamientos y asistencia adecuada para los españoles que padecen tales enfermedades.


5. Reforzar los planes existentes de detección precoz del cáncer, así como ampliar los mecanismos de control y tratamiento de este para reducir los tiempos de espera entre su detección, diagnóstico y tratamiento. De igual forma, crear
campañas que potencien la detección precoz de aquellos tipos de cáncer más extendidos entre la población.


6. Recuperar las competencias en materia sanitaria que hayan sido cedidas a las regiones con el fin de establecer un sistema único e igual en toda España y para todos los españoles.


7. Hasta que no se recuperen las competencias sanitarias, y con el fin de garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todos los españoles a la Sanidad, elaborar un Plan Nacional de Sanidad, fundamentado en tres pilares: (i) una
cartera de servicios sanitarios común en toda España, acabando con las ineficiencias regionales; (ii) una tarjeta sanitaria única y el acceso al historial clínico digital, al menos en español, por parte de los sanitarios de todo el país; y (iii)
la dotación al Fondo de Cohesión sanitaria del capital necesario para alcanzar dichos propósitos.


8. Crear, dentro del Plan Nacional de Sanidad, una estrategia orientada a garantizar el acceso a la Sanidad Pública en el medio rural, mediante la dotación no solo de centros de atención primaria y ambulatorios, sino de personal sanitario
suficiente.


9. Impulsar cuantas reformas legislativas sean necesarias para garantizar las condiciones laborales óptimas para los profesionales sanitarios, acabar con su precariedad laboral y facilitar la retención de talento en el ámbito de la Sanidad
pública. De igual forma, garantizar el derecho a la objeción de conciencia al personal sanitario.


10. Estudiar de forma pormenorizada la ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública a todas las prestaciones relacionadas con la salud bucodental y oftalmológica para menores de edad y pensionistas, garantizando así un nivel
de calidad de vida óptima.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa al fortalecimiento de las familias de España, con motivo de
la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 32


Exposición de motivos


La familia es una institución originaria, previa y preexistente incluso al Estado, que el Estado ni crea ni ha de destruir, sino que reconoce y promueve por su ineludible contribución al bien común. La familia es un espacio natural de amor,
vida y raíces.

Página 55

Las familias de España están siendo descuidadas por el Gobierno. De nuevo, tras la intervención del presidente en este debate sobre el estado de la Nación, corroboramos que los problemas de las familias españolas no están en el centro de su
acción política. La Constitución Española reconoce como principio rector de la política social y económica 'la protección social, económica y jurídica de la familia' (artículo 49). El Estado, en consecuencia, ha de estar al servicio de esta, con
escrupuloso respeto al principio de subsidiariedad.


Desde el inicio de la Legislatura las familias españolas han sido las más perjudicadas por las actuaciones del Gobierno. La ' escalada de inflación que afecta a la economía de las familias', de la que se hace eco la Comunicación de
solicitud de celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación, está consumiendo los ahorros de estas. Esta circunstancia viene afectando a nuestra economía desde comienzos de 2021, a pesar de que el Gobierno la achaca
exclusivamente a la invasión rusa de Ucrania, de forma falsaria.


En efecto, este Gobierno ha perseverado en políticas que provocan la depauperación de las economías de las familias. Así, ha eludido su responsabilidad ante el déficit y la deuda pública y se empeña en anular la capacidad de ahorro de las
familias, llevando a cabo medidas que causan el empobrecimiento de los españoles, especialmente de los más vulnerables.


España debe ser una tierra favorable para las familias. Las políticas públicas han de asumir una perspectiva de familia, es decir, la consideración de las implicaciones reales de tales políticas en la vida familiar de los españoles,
cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 49 CE. El Gobierno debe emprender una tarea integral de fortalecimiento de las familias mediante el refuerzo de la capacidad de ahorro, de trabajos estables y salarios dignos y del acceso a la
vivienda, así como a través del fomento de una cultura de los vínculos y el arraigo, del cuidado y de la vida. Sin embargo, la presente Legislatura solo ha servido para esquilmar la riqueza de las familias españolas.


De entre las familias merecen una especial atención aquellas en cuyo seno se encuentran personas con discapacidad o en situación de dependencia. En efecto, el papel insustituible de la familia en la vida social adquiere en estos casos un
carácter, si cabe, aún más determinante. Si, como venimos sosteniendo, la familia -y, por ende, la persona- goza de un carácter central en la vida social, las familias que tienen a cargo hijos con discapacidad, bien sea física o intelectual -en su
diversidad de grados- merecen un especial apoyo no solo por parte del Estado sino de toda la comunidad política.


En definitiva, el Gobierno ha decidido someter a las familias españolas a la servidumbre, empobreciéndolas mediante la creación y aumento de figuras tributarias, destinadas en buena medida al pago de un gasto público desmesurado y a sufragar
políticas ideológicas. Frente a esto, VOX insta al Gobierno a renunciar a sus políticas contrarias al bien común y a implementar la perspectiva de familia en todas sus políticas públicas.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Incorporar firmemente la perspectiva de familia a todas las políticas públicas; sustituyendo con carácter general todas las menciones a la injusta 'perspectiva de género' por las exigencias de una imprescindible 'perspectiva de
familia'.


2. Crear una Conferencia Sectorial de la Familia que establezca planes específicos de cooperación entre las diferentes administraciones regionales y la Administración General del Estado, procurando la supresión de duplicidades y la
consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos destinados a esta materia.


3. Incorporar firmemente la perspectiva de familia a todas las políticas públicas; sustituyendo con carácter general todas las menciones a la injusta 'perspectiva de género' por las exigencias de una imprescindible 'perspectiva de
familia'.


4. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.1.c) y 22.2 de la Ley General de Subvenciones, promover la concesión de subvenciones por interés público a organizaciones que tengan por objeto la promoción y salvaguarda de la dignidad
y la vida humana, la maternidad y la familia, como unidad básica de nuestra sociedad y espacio de libertad, a fin de facilitar su labor en pro del bien común y eliminar, a su vez, los ataques que están padeciendo.


5. Promover la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno con el fin de incorporar de forma efectiva la obligación de que en la elaboración de toda norma procedente del ejecutivo

Página 56

se incluya el análisis del impacto sobre la familia en la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo.


6. Promover, de conformidad con los artículos 9.2, 39 y 49 de la Constitución Española, que las diferentes Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias a fin de proteger y ayudar a
las familias con hijos con discapacidad física o física y psíquica a su cargo, especialmente en lo relativo al sostenimiento de los gastos que soportan las mismas, en función de las circunstancias y necesidades del caso concreto, y en condiciones de
igualdad en todo el territorio español.


7. Acometer, con carácter urgente, una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, de la estructura y funciones de los diferentes organismos y sociedades pertenecientes al sector público español, con el objeto de
identificar ineficiencias y sinergias que permitan racionalizar su estructura y reducir el gasto público, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos que sean ideológicos, así como aquellos entidades públicas ineficientes e innecesarios para
cumplir con el fin de servicio público a los españoles.


8. Avanzar hacia un marco jurídico y laboral adaptado a las cada vez más comunes circunstancias de teletrabajo, que puede servir para mejorar la conciliación de la vida familiar y social siempre y cuando se aseguren unas condiciones
laborales adecuadas.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Más País Verdes Equo y Compromís, en el Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación,
formulan las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Inés Sabanés Nadal y Joan Baldoví Roda, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


Propuesta de resolución núm. 33


Para garantizar a todas las familias el comedor universal y gratuito en educación primaria


Exposición de motivos


En lo que va de año, el coste de la vida se ha encarecido por encima del 10 % con el incremento de la inflación. Además, según el informe 'El coste de la crianza en 2022' de Save the Children, en España cuesta unos 672 euros al mes criar a
un hijo o hija. Un 14,5 % más que en 2018. Con estos datos, formar una familia en España es un lujo y un riesgo de caer en la pobreza, especialmente para familias numerosas y monoparentales. Un coste al que casi un millón de familias no pueden
hacer frente. Dicho informe detalla que lo más caro de la crianza en España es la alimentación, que supone un 17,4 % del coste de crianza, seguida de la conciliación con un 17,3 % y la educación 13,1 %. A continuación, se sitúa la vivienda con el
12,5 %. Con estos datos, muchas familias en España tienen que elegir entre poner un plato en la mesa o comprar las gafas de sus hijos y, todas estas niñas y niños quedan fuera del acceso al comedor escolar.


Alimentación, conciliación y educación cuestan más de 300 euros al mes a las familias por cada hijo o hija. Hoy en día las familias con hijos y las clases medias son quienes soportan la carga impositiva más alta en España, por lo que
debemos proponer medidas para ayudar a las familias que están abordando un coste de entre 90 y 130 € por niño de comedor escolar. Un acceso universal y gratuito al comedor es mucho más eficaz que los sistemas de ayudas que nunca acaban de llegar a
quien los necesita y, además, elimina trámites, burocracia e ineficiencia. El coste aproximado de esta medida, como la que ya hace años tiene implantada Finlandia, según la ong Educo es de unos 1600 millones al año (una cifra similar a lo que han
costado los 20 cent de subvención a la gasolina en solo tres meses).


En España 1 de cada 3 niños está en situación de pobreza o exclusión social, son 2,7 millones de niñas y niños, una de las cifras más altas de Europa, pero solo 1 de cada 10 accede a la beca comedor. Algo está fallando en nuestro sistema
porque la ayuda no llega a quienes más lo necesitan. El comedor

Página 57

escolar permite a las niñas y niños acceder a una alimentación equilibrada, pero tiene beneficios mucho más allá de la alimentación.


Como se detalla en el informe de la ong Educo 'Comedor escolar universal y gratuito: un objetivo alcanzable y urgente', las ventajas de poder acceder al comedor escolar pasan por la mejor socialización de los niños y niñas, que hacen amigos
y aprenden a relacionarse y a resolver conflictos en un entorno seguro. El espacio de mediodía en los centros escolares incluye el comedor, el juego y actividades educativas. Los comedores universales garantizan un espacio de protección, ya que
muchos niños que comen en casa lo hacen solos, y mejoran las posibilidades de conciliación de las familias, ya que muchas madres dejan de trabajar para poder llevar a los niños a casa a comer. Además, es una oportunidad educativa que garantiza el
ritmo escolar, ya que muchos de quienes van a comer a casa no vuelven por la tarde a clase. Siendo nuestro país uno de los que tiene la cifra de absentismo escolar más alta. Por eso el acceso gratuito a un comedor universal debería ser un derecho
de niños y niñas para una educación en equidad. Es la mejor manera de garantizar que la educación contribuye a reducir el absentismo, la desigualdad y reforzar el ascensor social.


Integrar el comedor como parte del proyecto educativo, además, mejora el proceso educativo ya que se puede organizar toda la vida escolar en periodos de actividad y descanso, alimentación saludable, recreación y concentración al mismo ritmo
para todo el alumnado, dependiendo de la etapa evolutiva y de forma que nadie quede excluido. Un proyecto educativo que, igual que incluye la educación física, incluye la educación nutricional y la salud. Haciendo un único proyecto para todo el
alumnado. Además, una dieta saludable potencia el desarrollo físico, psíquico y mental de la infancia, favoreciendo todo el proceso educativo, y también ayuda a combatir el sobrepeso, que hoy afecta en España al 23,3 % de los niños y la obesidad
(17,3 %).


Hoy en día casi el 18 % de las escuelas de primaria no tienen comedor escolar y, entre las que lo tienen, solo en 45 % del alumnado accede a ese comedor. Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Siendo el comedor escolar una
herramienta para la equidad educativa, vemos que en la Comunidad Valenciana acceden al comedor escolar el 60 % o en Euskadi el 78 %, mientras que en la Región de Murcia solo accede el 16 % o en Andalucía el 33 %. Si a la disparidad del acceso se
suma la disparidad de renta media, se acentúan las diferencias.


A nivel estatal, España invierte un 4,2 % del PIB en educación, mientras que la media de la Unión Europea está en el 4,7 %. Finlandia invierte un 6,3 % en educación y eso incluye comedor universal, así tienen uno de los mejores sistemas
educativos y lideran los informes PISA, o Francia que incluye un desayuno universal y gratuito alcanzando el 5,4 % de inversión en educación. En contraposición, nuestro país lidera los rankings de abandono escolar con un 16 % frente al 10 % de la
media de la Unión Europea. Un comedor universal y gratuito mejorará el sistema educativo, luchará contra la pobreza infantil y ayudará a todas las familias a poder criar mejor.


Por todos estos motivos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'Garantizar y participar en la financiación del comedor universal y gratuito como parte del derecho a la educación pública para todas las familias en España. El programa de comedor formará parte del proyecto educativo de los centros y
garantizará una oferta alimentaria saludable, de calidad y con productos de cercanía.


Para su implantación se elaborará un estudio, en colaboración con las CCAA, sobre la cobertura de comedor, las plazas de comedor ofrecidas, presupuestos, precios y calidad de los menús y tipo de gestión de los comedores para poder optimizar
la oferta.'


Propuesta de resolución núm. 34


Para el impulso de las políticas ambientales para el acceso a la energía, la protección del territorio y del litoral


Exposición de motivos


Durante los últimos años nuestro país ha sido testigo de los cada vez más evidentes efectos del cambio climático. Temperaturas extremas, olas de frío y calor cada vez más frecuentes, sequías cada día más largas, etc. Es por ello que
resultan fundamentales medidas que avancen en la descarbonización de

Página 58

nuestra economía, en nuestra independencia energética y en la protección de nuestro territorio y especialmente nuestros mares.


Por un lado, una parte crucial de la transición energética pasa por aumentar nuestra capacidad de producir electricidad barata impulsando la implantación de instalaciones renovables de producción eólica o fotovoltaica. Pero la transición
energética no solo debe suponer un mero cambio tecnológico en la manera de producir electricidad, sino más bien, una oportunidad para cambiar el modelo energético actual, que deje de estar en manos de un oligopolio de unos pocos grupos
empresariales, para pasar a un ecosistema energético donde la ciudadanía sea dueña de su propia energía.


Para ello las autoridades y la sociedad española en su conjunto han de impulsar decididamente el autoconsumo y las comunidades energéticas que favorezcan la participación activa de la ciudadanía en la transición energética que los beneficios
económicos y el empleo reviertan al territorio, los municipios y empresas locales en vez de quedar limitadas a unas pocas grandes empresas sin arraigo territorial.


Al mismo tiempo no cabe duda de los graves efectos del cambio climático en nuestro litoral. En un estado con un litoral amplísimo como el nuestro y con un vínculo histórico y actual notable con el Mar Mediterráneo, el Mar Cantábrico y el
Océano Atlántico, luchar contra el cambio climático implica, también, proteger la biodiversidad marina.


Las políticas ambientalmente avanzadas de gobiernos ecologistas como el Govern de les Illes Balears y la Generalitat Valenciana están trabajando en diversos ámbitos que afectan al litoral como la protección del suelo marino, la posidonia, la
limitación de los cruceros o la creación de Zonas de Control de Emisiones -ECA- y Zonas Marinas Especialmente Sensibles -ZMES-. Con todo, la implicación de la administración del estado es clave para lograr las transformaciones necesarias.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Transponer a la mayor brevedad posible las directivas europeas sobre el mercado interior de la electricidad, creando una definición jurídica para las Comunidades Ciudadanas Energéticas y las Comunidades Energéticas Renovables, y
garantizando así que se establezca un marco jurídico favorable para su rápida implantación y desarrollo.


2. Favorecer la creación de las Comunidades Energéticas que sirva para fijar población en el territorio, apostando por la gestión local y ciudadana de la energía. Para ello el marco jurídico deberá considerar como instalaciones de
producción próxima aquellas instalaciones de potencia inferior a 5 MW conectadas, en generación y consumo, en tensión inferior a 36 kV, a aquellas que se encuentren a una distancia inferior de 5.000 metros. Asimismo, estudiar la posibilidad de
ampliar esa distancia hasta los 20.000 metros en los entornos rurales o con menor densidad de población.


3. Crear una partida presupuestaria en los próximos presupuestos del Estado para financiar de forma adecuada la instalación, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, de Comunidades Energéticas Renovables en
edificios de titularidad pública, empresas y edificios privados.


4. Poner en marcha una moratoria de las líneas de muy alta tensión que atraviesan más de una Comunidad Autónoma, para que se elabore una estrategia acorde con el territorio y los agentes afectados, protegiendo las zonas de gran valor
agrícola y forestal, dando voz al territorio.


5. Acelerar el compromiso de la protección, antes del 2030, del 30 % de la superficie marina del litoral del estado (Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico).


6. Controlar el volumen de buques y pasajeros de cruceros en los puertos del litoral del estado, así como la contaminación que se deriva de su presencia mediante la declaración de los puertos de Palma (Mallorca), València y Barcelona como
Zona de Control de Emisiones (Zonas ECA)


7. Limitar la velocidad máxima de las embarcaciones que transitan por el Corredor de Cetáceos del Mediterráneo con el objetivo de reducir la contaminación acústica submarina, el dióxido de carbono y las colisiones mortales con cetáceos
apoyando así la iniciativa impulsada por Ocean care y otras organizaciones ecologistas.


8. Destinar medios efectivos para la protección de las praderas de posidonia en la línea de lo que ya llevan haciendo el Govern de les Illes Balears y la Generalitat Valenciana.


9. Promover a nivel internacional una propuesta para declarar las aguas del litoral mediterráneo como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES).'

Página 59

Propuesta de resolución núm. 35


Para la reforma del sistema de financiación autonómica


Exposición de motivos


El artículo 156 de la Constitución establece que 'las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de
solidaridad entre todos los españoles'. Sin embargo, estos principios se han visto cuestionados en la práctica por un sistema de financiación que no garantiza una adecuada financiación de las Comunidades Autónomas y que, en algunos casos,
compromete el concepto de solidaridad al convertir en contribuyentes netos a Comunidades Autónomas, como la valenciana, que cuentan con una renta per cápita inferior a la media estatal.


El sistema de financiación vigente, establecido mediante la Ley 22/2009, debería haber sido substituido por nuevos parámetros a partir del 1 de enero de 2014. Ocho años después de esa fecha, los diferentes gobiernos centrales no han
acometido esa reforma.


Este hecho perjudica al conjunto de las Comunidades Autónomas ya que uno de los principales problemas del modelo actual es la insuficiencia global de recursos de los que disponen las administraciones autonómicas de régimen común para
desarrollar sus competencias, vinculadas en su gran mayoría al núcleo del Estado del Bienestar (educación, sanidad, servicios sociales, vivienda etc.).


Es fundamental, por tanto, que se acometa la reforma del sistema de financiación con carácter inmediato, asumiendo la necesidad de una mayor aportación de recursos hacia las comunidades autónomas. Mientras no entre en vigor un nuevo modelo
de financiación, el estado debería articular soluciones transitorias especialmente para aquellas comunidades autónomas más perjudicadas por la insuficiencia del modelo actual.


Por otro lado, es evidente que los efectos del actual sistema de financiación han derivado en un mayor endeudamiento de algunas Comunidades Autónomas, por lo que este proceso de reforma del sistema debe conllevar, también, una solución a
esta deuda causada por la acumulación de déficits generados por un sistema de financiación que no cumple con los principios constitucionales.


Finalmente, el respeto a la autonomía tributaria no debe ser excusa para el conocido como dumping fiscal, una práctica que no solo compromete la financiación de los servicios públicos sino también cualquier idea de solidaridad recogida en el
artículo 156 de la Constitución.


'Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Iniciar de forma inmediata el proceso de reforma del sistema de financiación partiendo de la necesidad de una mayor aportación de recursos hacia las comunidades autónomas por parte del Estado.


2. Establecer soluciones transitorias que garanticen la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan, en la prestación de los servicios públicos y que no supongan un mayor endeudamiento de las Comunidades Autónomas.


3. Cuantificar, por parte de la AIREF, los déficits acumulados por las Comunidades Autónomas a causa de la desigualdad que genera el actual sistema de financiación y compensación por parte del Estado de estas cuantías.


4. Crear mecanismos contra el dumping fiscal y la competencia desleal garantizando un suelo mínimo de ingresos y tipos fiscales mínimos para acabar con los regalos a los millonarios.


5. Que la Comisión legislativa Constitucional comience la tramitación normativa oportuna para hacer efectiva la recuperación del Derecho Civil Valenciano.


6. Que, por economía procesal, se proceda a la tramitación conjunta y de forma urgente de la reforma planteada para recuperar el Derecho Civil valenciano de forma efectiva y la proposición de reforma constitucional del artículo 49, justa
reclamación de las personas con discapacidades, y sus familias.'


Nota.-Propuesta interpretada de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de julio de 2022, en virtud del cual aquélla se admite a trámite entendiendo que se formula una mera declaración de voluntad sin perjuicio de que la
tramitación legislativa a la que se refiere ha de realizarse por el procedimiento reglamentario pertinente y en el ejercicio de la autonomía parlamentaria.

Página 60

Propuesta de resolución núm. 36


Para mejorar la salud mental en España


Exposición de motivos


Hace más de un año que el grave problema de la salud mental que atraviesa España saltó a la agenda mediática y política. Para exponerlo de manera breve, la crisis sanitaria y social que provocó la COVID-19 incrementó exponencialmente una
dura realidad que ya atravesaban los españoles y españolas en nuestro país. A este respecto, y por introducir un contexto socio histórico más amplio, la precariedad instaurada tras la crisis de 2008 en ámbitos como el del trabajo, la vivienda o el
derecho al tiempo, así como la falta de expectativas laborales y vitales, se vio fuertemente agravada por la pandemia, con el subsiguiente aumento de la incidencia de los problemas de salud mental. En concreto, las necesarias, pero fuertes
restricciones, sumado a la incertidumbre, precariedad material y falta de certezas y horizontes de futuro dañó enormemente el contrato social y profundizó el problema de la salud mental de los y las españolas. En este sentido, conviene recordar
ante todo que el problema de la salud mental no es un asunto meramente médico, pues los trastornos de salud mental no se pueden desligar de los determinantes sociales que los producen y de las condiciones de vida que proporcionamos como sociedad.


Los datos que comenzaron a circular en 2020 y 2021 a partir de diferentes encuestas realizadas por el CIS y por medios de comunicación resultaron abrumadores. En primer lugar, desde un punto de vista más general, en la 'Encuesta sobre la
salud mental de los españoles durante la pandemia de la COVID-19' elaborada por el CIS y publicada el 3 de marzo de 2020, encontramos que seis de cada diez personas en España remitían síntomas de depresión y ansiedad. La clase trabajadora, los
jóvenes y las mujeres se llevaban la peor parte, pues la pertenencia a un grupo de mayor vulnerabilidad (mujeres, jóvenes o migrantes) o a la relación directa y cotidiana con la lucha contra la COVID-19, como les sucedía a los y las sanitarias y o
de otras profesiones consideradas esenciales, influía en estas realidades. Como terrible ejemplo, siete de cada diez personas encuestadas de entre 18 a 34 años decía sentir desesperanza con respecto al futuro, agravado también por las consecuencias
del cambio climático que ya notamos en nuestro país, la llamada 'ansiedad climática'.


En segundo lugar, durante la pandemia también se vio aumentado el número de suicidios en España. Actualmente, en nuestro país se producen 10 muertes por suicidio cada 24 horas, siendo la primera causa de muerte no natural, triplicándose las
tentativas desde 2020. No en vano, tal y como nos lo recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el suicidio estamos ante el mayor problema de Salud Pública en Europa, con una magnitud habitualmente infravalorada. Todas estas
realidades sobre la salud mental en nuestro país se ven acompañados de un aumento del consumo de psicofármacos: ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos. Como dato, el pasado año 2021, se consumieron casi 50 millones de unidades de
antidepresivos, lo que supone un aumento medio de alrededor del 8 % con respecto a 2020, situándose ya a la cabeza de Europa. La carencia de profesionales para un tratamiento de psicoterapia favorece la 'medicalización' excesiva de los síntomas,
ante la falta de tiempo en las consultas de Atención Primaria y Atención Especializada.


La sociedad en su conjunto ha comenzado un trabajo fundamental de desestigmatización de los trastornos y problemas de salud mental en paralelo a la ruptura del tabú suicidio, apostando por el tratamiento público y social de estas realidades
y la articulación política de demandas y reivindicaciones ligadas a la misma, sobre todo entre las personas más jóvenes. De otro lado, en el Congreso de los Diputados venimos registrando diferentes iniciativas sobre la problemática de la salud
mental en todas sus formas, donde hemos manifestado nuestra preocupación y la necesidad de poner en marcha medidas. La respuesta del gobierno se hizo esperar, pero se vio principalmente cristalizada en el Plan de Acción sobre Salud Mental y
COVID-19 presentado el pasado octubre de 2021. Este plan incorpora una dotación de 100 millones de euros hasta 2024, e incluye medidas como la puesta en marcha como un teléfono de atención ante conductas suicidas, entre otras. Sin embargo, el
presupuesto es bajísimo, equivale a medio euro por persona al año (0,12 % del gasto sanitario público) y no ha ido acompañada con una de las demandas que más consenso aglutina entre la sociedad y los expertos en la materia: la incorporación de más
profesionales de la salud mental a la sanidad pública y otras instituciones fundamentales, como los centros docentes y de servicios sociales. Hay que recordar que, en estos momentos, la ratio estatal de psiquiatras y psicólogos en España no llega a
los 10 por 100.000 habitantes y la europea está en 18, lo que se traduce en listas de espera prolongadas, de hasta seis meses en algunas Comunidades Autónomas

Página 61

segundo datos facilitados por el Consejo General de Psicología, generando un enorme agravio comparativo entre aquellos que tienen el dinero para costearse un tratamiento privado y los que no.


Los cuidados de la salud mental debería ser una prioridad para todas las Administraciones y más en la situación actual, en que la pandemia, aún entre nosotros, los conflictos internacionales como la guerra de Ucrania y la crisis económica y
social nos están pasando factura como sociedad a todos los niveles.


'Por todos estos motivos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aumentar la ratio de cada una de las figuras profesionales de psiquiatría y psicología clínica en los servicios de salud mental comunitarios, hasta un mínimo de 10x100.000 habitantes a lo largo de la legislatura. Bajar, a lo largo de
esta legislatura, los tiempos de espera entre cita y cita de los tres meses actuales a una media aproximada de 10 días.


2. Aumentar el gasto público dentro del presupuesto general de sanidad hasta el 10 % para salud mental.


3. Garantizar la incorporación progresiva del profesional de la psicología a todos los centros de atención primaria.


4. Implementar un enfoque preventivo y extensivo en materia de Salud Mental/ Salud Psicológica, garantizando por ley, en ratios adecuadas, la presencia de profesionales de: a) la Psicología Educativa en todos los centros de educación
obligatoria, bachillerato y formación profesional; b) la psicología de la intervención social en todos los Centros de Servicios Sociales Comunitarios; c) la Psicooncología y Psicología Paliativa y la Neuropsicología en los Servicios Sanitarios
correspondientes, tanto en población adulta como pediátrica.


5. Poner en marcha un Plan Nacional de Prevención del Suicidio con los recursos necesarios.


6. Crear las nuevas especialidades dentro del SNS de: a) Psicología Clínica Infanto-Juvenil; b) Psicooncología y Psicología Paliativa; c) Neuropsicología; tal y como reclaman asociaciones de pacientes y familiares afectados, Sociedades
Científicas y el Consejo General de la Psicología de España.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a lograr la reindustrialización y la mejora de las
infraestructuras, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Propuesta de resolución núm. 37


Exposición de motivos


Según el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), la industria representa el 14,68 % del Producto Interior Bruto ('PIB') español en 2020 19, por lo que representa un desafío urgente que el peso de la industria alcance el 20 % del PIB.
Asimismo, los últimos datos del INE en cuanto al Índice de Precios al Consumo o al Índice de Precios Industriales no augura un futuro halagüeño para la industria española.


Sobre España y la Industria 5.0 se emitió un informe por Price Waterhouse Coopers y patrocinado por Siemens, denominado Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0 (el 'Informe'). En este Informe se evidencia cómo los objetivos
fijados en 2014 aún se mantienen, puesto que no han conseguido ser alcanzados. Asimismo, se fijan como factores que influyen en la competitividad de industria española, entre otros, la concentración sectorial y geográfica, el coste energético y la
competencia internacional 20.


19 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=resultados&idp=1254735576581 [fecha de consulta: 5 de julio de 2022].


20 https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/claves-e-inversiones-estrategicas-espana-50.html [fecha de consulta: 5 de julio de 2022].

Página 62

La fragilidad de la industria española y la dependencia de terceros países, consecuencia de los motivos expuestos, se ha podido comprobar en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando irrumpió el virus de Wuhan, en España se comprobó que no
había mascarillas ni elementos de protección individual para evitar contagios y proteger a nuestros sanitarios, que se vieron abandonados. Esto fue debido a la falta de capacidad de organización y previsión del Gobierno, por lo que el sector se vio
obligado a prepararse para producir en un tiempo récord y sin ayuda 21.


Más recientemente, la falta de suministro de materias primas ha tenido como consecuencia la paralización de algunas fábricas. Esto ha sido especialmente grave en el sector de la automoción, donde la falta de semiconductores ha provocado una
caída de la producción de vehículos que se estima de un 36,1 % en el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo en 2019 22.


Todos los problemas expuestos muestran que la industria española necesita de medidas que ayuden al sector a encontrarse en una posición de igualdad a la hora de competir con el resto de los países. En definitiva, es imperativo recuperar el
peso de la industria española en la economía, garantizando la soberanía energética y adaptando las políticas de descarbonización a las circunstancias de la industria y la economía españolas, primando los intereses de España y de los españoles sobre
las agendas globalistas.


Sobre la inversión en infraestructuras en España se pronunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe Evaluación del Gasto Público 2019. Estudio de Infraestructuras de Transporte 23 (el 'Estudio').
Concretamente, entre otras cuestiones, se destacaba que los planes integrales de los equipamientos de transporte incluyen un listado de obras inverosímil por su dimensión y por los inviables plazos previstos para finalizarlas, que además no incluyen
una priorización de inversiones, ni los criterios para realizarla, uno de los grandes problemas de la gobernanza de las infraestructuras de transporte en España.


Igualmente, el Estudio subrayaba la inexistencia del necesario vínculo de los planes con el proceso presupuestario y la coyuntura económica, afirmando que existe una completa desconexión entre la planificación estratégica, los recursos
disponibles y las previsiones económicas. Y, por último, se criticaba duramente que la gestión de los proyectos de inversión, incluso los más importantes, no son sometidos a una verdadera evaluación ex ante que permita estimar sus efectos
socioeconómicos.


En consecuencia, es evidente que en España queda mucho recorrido por hacer en cuanto al desarrollo y mejora de infraestructuras en general y de las de transporte en particular. Y ello, para garantizar una adecuada conexión entre todos los
territorios españoles.


Asimismo, el Gobierno debe abstenerse de adoptar medidas que impidan y graven el uso de determinadas infraestructuras, como son las carreteras. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española 24 se recogía
la necesidad de establecer un sistema de pago por uso de carreteras de alta capacidad. Y, en esta línea, en la disposición adicional 13.ª del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible se contempla la futura elaboración de un mecanismo de
financiación que 'procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado'.


Debido al significativo esfuerzo fiscal que hacen los españoles, a los impuestos que ya se abonan en nuestro país, a la pésima situación económica que está viviendo el sector del transporte y los particulares como consecuencia de las medidas
restrictivas impuestas frente a la pandemia por la COVID-19, así como a los riesgos que puede suponer esta medida para la seguridad vial, el Gobierno debe retirar la propuesta de implantar un sistema de pago general en todas las carreteras de alta
capacidad españolas.


Constituyéndose el transporte como uno de los servicios fundamentales para la comunicación entre territorios y la movilidad, es imprescindible hacer una adecuada planificación de las comunicaciones. De


21 https://www.publico.es/economia/covid-19-pandemia-desnuda-industria-situa-pais-reto-reconversion.html [fecha de consulta: 5 de julio de 2022].


22 https://anfac.com/actualidad/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-hasta-noviembre-cae-un-6-respecto-de-2020/, https://www.telecinco.es/informativos/economia/semiconductores-paraliza-automovil-perdidas-millones_18_3219571532.html,
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20220615/escasez-costado-millones-fabricantes-semiconductores-clientes-ultimos/680182326_0.html, o
https://www.elconfidencial.com/motor/industria/2022-04-14/fabricas-coches-crisis-chips-semiconductores-retrasos_3408864/ entre otros muchos [fecha de consulta: 5 de julio de 2022].


23 https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/09/INFRAESTRUCTURAS/200730.-INFRAESTRUCTURAS.-ESTUDIO.pdf [fecha de consulta: 5 de julio de 2022].


24 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf [fecha de consulta: 5 de julio de 2022].

Página 63

esta forma se consigue atraer empleo e impulsar la economía de los territorios y, con ello, se lucha contra la despoblación. Por este motivo, se hace necesario reforzar las infraestructuras de transporte en España.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Proteger las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España, apoyando la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas.


2. Promover el refuerzo de los controles fronterizos de los productos que entran en España con el fin de proteger a los consumidores españoles, la industria nacional, empresas y trabajadores, poniendo especial atención al etiquetado de los
productos y al empleo de productos fitosanitarios prohibidos. De esta forma se evitará el fraude, la transmisión de información errónea y la llegada a España de pesticidas o productos fitosanitarios que llevan años prohibidos en Europa.


3. Revisar los acuerdos comerciales que tenga España con terceros países que no cumplan con los derechos de los trabajadores o perjudiquen al interés nacional.


4. Dignificar la Formación Técnica Profesional, íntimamente ligada a las necesidades de reindustrialización y el futuro laboral de los jóvenes. Es necesario desarrollar programas de mejora de la percepción de la formación profesional.


5. Optimizar y reforzar programas de estímulo de productos industriales con mayor efecto multiplicador en la economía. Fomento, a su vez, del consumo de productos industriales fabricados en España (Fabricado en España) y, a tal fin, diseño
de un nuevo sistema de etiquetado de productos españoles y una campaña de publicidad, en coordinación con las empresas interesadas, para informar a los consumidores españoles de los beneficios de consumir productos fabricados en nuestro país y su
contribución a la economía nacional.


6. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Es necesario abordar un proceso urgente de simplificación normativa. La seguridad y la sencillez y homogeneidad del marco regulatorio son necesarios para la
recuperación de la inversión extranjera.


7. Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los desmantelamientos de centrales térmicas y nucleares que existan actualmente en España con base en la seguridad del suministro energético, reconectándose todas
de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la recuperación de la soberanía energética. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los españoles.


8. Reforzar las infraestructuras de transporte en la España abandonada de forma que se impulse su desarrollo económico y social y se garantice la conexión con servicios públicos básicos como centros sanitarios y educativos.


9. Acordar las medidas necesarias al objeto de que cualquier medida que afecte a las carreteras españolas esté siempre acompañada de un plan de mejora y reparación de las carreteras secundarias competencia del Estado que vayan a verse
afectadas por un posible mayor tránsito.


10. Reducir de forma inmediata los peajes en carretera y estudiar su eliminación, especialmente para los profesionales del sector del transporte de nacionalidad española o con residencia legal en España, sin que en ningún caso se impongan
peajes de forma generalizada en todas las carreteras de alta capacidad.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la educación, cultura y patrimonio en España, con motivo
de la celebración del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.

Página 64

Propuesta de resolución núm. 38


Exposición de motivos


La educación es un elemento esencial en la formación de las personas, no solamente como individuos, sino también como miembros de una comunidad. Por ello, bien puede decirse que la educación es un elemento fundamental en el futuro de
España.


Un buen sistema educativo debe proporcionar a los estudiantes la formación humanística y científica y los conocimientos académicos que les permitan un sano desarrollo de su espíritu, un modo digno de ganarse la vida y un firme propósito de
ser algún día miembros ejemplares de la sociedad, contribuyendo con su servicio y esfuerzo al bien común de España. De este modo, la educación siempre incluyó la enseñanza de las virtudes morales, la transmisión exigente del conocimiento y el
énfasis en el sentido de pertenencia común, en el patriotismo. Sin embargo, en los últimos tiempos asistimos a la aprobación de normas que, aparte de ser incompatibles con los preceptos constitucionales más básicos, constituyen un verdadero
mecanismo de deconstrucción social y cultural al servicio de la ideología corrosiva del progresismo mundial.


La familia es la gran ausente de las políticas sociales y educativas del Gobierno actual, a pesar de que este núcleo social sea la base principal para el sano desarrollo personal y académico de los niños y jóvenes.


Asimismo, los nuevos currículos -y los libros de texto editados en este contexto- están impregnados de ideología de género, de 'diversidad afectivo-sexual', de fanatismo climático y de visión tergiversada de la historia de España,
especialmente en aquellas regiones donde se quiere imponer el relato separatista.


Mientras el Gobierno se entretiene con el lenguaje inclusivo dentro y fuera del ámbito escolar, uno de los colectivos más vulnerables, el de los alumnos con necesidades educativas especiales y sus familias, está desamparado por las políticas
de un Gobierno que quiere acabar con los centros de educación especial. Además, se observan, en función de la región que se considere, distintos protocolos educativos, lingüísticos, e incluso de detección de discapacidades, trastornos, dificultades
de aprendizaje y altas capacidades.


Efectivamente, el sistema autonómico profundiza en las desigualdades en función de la región donde resida el menor, generando ciudadanos de primera y segunda categoría. La educación debe ser el ascensor social que permita a los jóvenes
españoles alcanzar sus metas sin que sus condiciones sociales o económicas supongan un impedimento para su progreso. Sin embargo, se percibe una España alarmantemente desigual en múltiples aspectos de la educación. Así ocurre, por ejemplo, en el
momento de elegir un futuro profesional, ya que la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad -EBAU, también conocida como 'Selectividad'-, que está sujeta a competencia regional, genera oportunidades dispares en función del nivel de
dificultad de las pruebas y de las correspondientes calificaciones.


La existencia de diecisiete modelos educativos diferentes ha permitido que las autoridades de algunos territorios hayan diseñado una educación orientada a justificar sus señas de identidad regionales con el propósito de construir una
supuesta nación, y en perjuicio del principio de unidad nacional. Las desigualdades no solo se evidencian en cuanto a la inversión pública, ratios profesor/alumnos o EBAU, como se acaba de mencionar, sino también en el propio planteamiento
curricular o en la preservación del derecho a usar y el deber de conocer el español a que obliga el artículo 3 de la Constitución Española. En este último supuesto, el español es arrinconado en gran parte de los centros escolares de las regiones
cuyas autoridades son más desleales a la Nación, lo cual ocurre además con la deliberada aquiescencia del Gobierno.


Las administraciones regionales separatistas no solamente permiten, sino que son responsables directas, del incumplimiento de fallos judiciales y de la manipulación de la historia de nuestro país en las aulas. La finalidad de este
adoctrinamiento ideológico es fomentar el rechazo a España, a su unidad, a su cultura y su historia, y presentar a su región como un territorio oprimido. Estas autoridades se han instalado en un estado flagrante e intolerable de ilegalidad
permanente que algunos pretenden normalizar. No es nuestro caso. Procede la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución para el pleno restablecimiento del orden constitucional en las regiones cuyas autoridades están vulnerando
sistemáticamente dicho ordenamiento.

Página 65

Directamente conectado con lo anterior se encuentra la invasión del sistema educativo por parte de grupos de interés vinculados a la izquierda y también a los separatistas, que pretenden imponer a los estudiantes un inadmisible
adoctrinamiento que atenta directamente contra el derecho fundamental a que la formación religiosa y moral que reciban los alumnos esté de acuerdo con las convicciones de los padres, reconocido en la Constitución. La obligación incorporada en
diversas leyes de incluir contenidos formativos en materias de género, LGTBI, dogmas climáticos o la llamada memoria democrática, constituye un lavado de cerebro masivo propio de regímenes totalitarios y merece la más enérgica repulsa.


En todo caso, la tergiversación mencionada va más allá del ámbito educativo. Otro escenario de primer nivel es el de la cultura, con la imperiosa necesidad de proteger a nuestras tradiciones e Historia frente a los continuos ataques de que
la izquierda les hace objeto.


España ha sido, desde antes de los Reyes Católicos, foco de la cultura europea. Tras el Descubrimiento de América, los españoles llevaron a cabo su acción civilizadora y evangelizadora en beneficio de los pueblos indígenas. Además de
transmitirles los conocimientos acumulados durante siglos, los españoles permitieron la incorporación de la población nativa a la civilización occidental de fundamento espiritual cristiano y de cultura de base griega y romana.


Gracias a ello, los pueblos que hoy forman la Iberosfera conocen y disfrutan de las ventajas de esta civilización, desde las unidades de medida hasta el propio lenguaje. Sin embargo, la Leyenda Negra, difundida principalmente desde los
países anglosajones, y cuyos burdos tópicos ha asumido con entusiasmo buena parte de la izquierda antiespañola, ha propagado multitud de falacias acerca del descubrimiento y el asentamiento de los españoles en el Nuevo Mundo.


Todos esos tópicos han sido interiorizados acríticamente por parte de la población española, debido en gran medida al desconocimiento de tantos logros y hazañas durante siglos. Pero han de ser desmentidos con datos objetivos y rotundos. La
alianza de los pueblos de Hispanoamérica, que tiene el español como lengua vehicular propia y hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo, podría generar un caldo de cultivo perfecto para el establecimiento de intercambios que
serían semilla de prosperidad y enriquecimiento cultural.


Para todo lo anterior, es imprescindible involucrar a la sociedad española en las actividades de protección y conservación de los elementos del patrimonio histórico, artístico y cultural español, incluidas las costumbres y tradiciones que
han configurado la historia de nuestro pueblo.


En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Llevar a cabo las siguientes actuaciones en defensa de la educación:


a) Devolver de forma inmediata al Estado las competencias en materia de educación para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles y para poner punto final al designio separatista de utilizarla como instrumento para
destruir la unidad de España.


b) Asegurar la enseñanza en español en el sistema educativo de todas las regiones, con el objeto de que pueda cumplirse el deber de todos los españoles de conocerlo, así como de amparar el derecho de todos a usarlo, dando efectiva aplicación
al modelo lingüístico establecido en el artículo 3 y concordantes de la Constitución. Establecer un régimen sancionador para los poderes públicos de todos los ámbitos y para todas las personas o entidades que obstaculicen o impidan el cumplimiento
efectivo del artículo 3 de la Constitución.


c) Proceder, en los términos del artículo 155 de la Carta Magna, a intervenir las Administraciones regionales, restableciendo la normalidad constitucional en beneficio de las familias españolas y del interés general de la Nación y dando fin
definitivo a la persecución del español en las aulas de todo el territorio nacional.


d) Impulsar la derogación de toda norma que vulnere el derecho de los padres a educar a sus hijos y a elegir al centro docente que esté de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, cuando estas sean a su vez conformes con
nuestra ley, tradición jurídica y orden público nacional. Excluir todos los contenidos inspirados en el sectarismo ideológico de la coalición de Gobierno. Acabar con la manipulación del contenido de los libros de texto de que son responsables las
autoridades educativas tanto de las administraciones regionales desleales con la Nación como de las que pretenden imponer en las aulas su ideología sectaria.

Página 66

e) Promover las Humanidades con base en la cultura occidental con todos los recursos de la Administración General del Estado. Impulsar el estudio de las disciplinas humanísticas en todas las etapas del sistema educativo y, en consecuencia,
su inclusión en los currículos de Primaria, Educación Secundaria Obligatorio y Bachillerato. Rescatar a las universidades de todas las imposiciones ideológicas totalitarias y su 'cultura de la cancelación', recuperando su vocación como espacio de
libertad y búsqueda de la verdad y la belleza.


f) Blindar la libre elección de centro educativo en todos los niveles a través del cheque escolar para que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean y esté de acuerdo con nuestra ley, tradición y orden público nacional,
sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello.


g) Recuperar la importancia que en la docencia corresponde al profesor, invistiendo a su figura de la autoridad necesaria para que la exigencia, el esfuerzo y la excelencia sean los principios en que se sustente una educación capaz de dar a
los españoles del mañana la formación y las oportunidades que necesitan y merecen.


2. Llevar a cabo las siguientes actuaciones en el ámbito de la defensa de nuestra cultura:


a) Desarrollar, a través del Ministerio con competencias en materia de Asuntos Exteriores, una campaña informativa sobre la obra de España en América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, ensalzando sus gigantescos logros y proezas, exponiendo
toda la realidad con sus luces y sus sombras en su debido contexto, y desmontando implacablemente los tópicos falaces en la materia. Promocionar, a través de los medios de comunicación públicos, documentales ponderados y mesas de debate acerca de
la labor de España en América.


b) Aumentar la protección de la lengua española en el Plan de Fomento de la Lectura (2021-2024), impulsando a los escritores de nuestro país también en el mercado exterior como medio de difusión de España.


c) Promover el uso del español como lengua de cultura en todo el mundo, tanto mediante instituciones como el Instituto Cervantes como a través del fomento de las industrias culturales españolas en el exterior.


d) Impulsar las reformas normativas pertinentes a fin de garantizar la libre celebración de corridas de toros en todo el territorio nacional.


3. Llevar a cabo las siguientes actuaciones en el ámbito de la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural de España:


a) Establecer protocolos de actuación, en colaboración con las administraciones regionales y las Entidades Locales, para asegurar la más amplia protección del patrimonio histórico-artístico y cultural, que actualmente está bajo su tutela,
protección y conservación.


b) Elaborar y aplicar un Plan Arqueológico Nacional para evitar el expolio de los bienes presentes en este tipo de yacimiento.


c) Adoptar las medidas adecuadas para velar por la seguridad de las estatuas y monumentos de figuras históricas de España, especialmente las asociadas a periodos como la Reconquista o la hispanización de América. Impedir nuevas
destrucciones vandálicas de monumentos y obras de recuerdo de hechos o figuras, que se perpetran con coartadas como la de la memoria histórica.


d) Adoptar medidas necesarias para la intervención, con carácter urgente, en los elementos del patrimonio espiritual español, histórico, artístico y cultural español, protegidos por la Ley 16/1985, de 25 de junio, que se encuentran en riesgo
grave e inmediato de destrucción, desaparición o pérdida irreversible de sus valores patrimoniales.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.

Página 67

Propuesta de resolución núm. 39


Exposición de motivos


En medio de una crisis económica y una situación de desabastecimiento mundial de materias primas, mientras el empobrecimiento generalizado de la ciudadanía se extiende sin freno, estamos asistiendo a una acumulación de beneficios sin
precedentes por parte de grandes corporación y entidades financieras.


Estas, mediante prácticas ilegales de manipulación del mercado y precios, están sorteando las medidas adoptadas para aliviar las cargas económicas de la ciudadanía frente al auge de los precios. Prácticas que ocurren debido a la falta de
control público y cumplimiento de las medidas y decisiones adoptadas sobre estas mismas corporaciones.


Tomar nuevas medidas correctoras que impidan estas prácticas es urgente, ya que, de no hacerlo, todo el esfuerzo e inversión pública dedicadas a paliar las consecuencias de la crisis, seguirán engrosando las cuentas de resultados de las
empresas que utilizan estas prácticas ilegales.


La mejor medida para evitar estas prácticas sería, sin duda, aumentar la participación pública en los sectores estratégicos, asegurando así el correcto funcionamiento de los mismos y la reversión de los beneficios generados por estos
sectores hacia el sistema público.


A su vez, el alza de los tipos de interés que ya se está produciendo, hace necesario también tomar medidas para que estos aumentos no supongan una nueva carga en las hipotecas de las familias, amortiguando las consecuencias que puedan
producir.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elevar la participación pública en sectores y empresas estratégicas de la economía del 1,9 % sobre PIB actual al 12 % sobre PIB en 2027, en sectores como la energía, la industria, el sector financiero o infraestructuras.


2. Acometer las iniciativas legislativas oportunas para aumentar el control público sobre las grandes corporaciones energéticas que permitan poner fin y sancionar las prácticas ilegales de manipulación del mercado que se están produciendo,
prácticas dirigidas incluso a sortear las medidas adoptadas por el poder legislativo repercutiendo las mismas sobre los usuarios, prácticas que además están reportando beneficios récord a estas corporaciones.


3. Modificar el RDL 6/2012, de 9 de mayo, así como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, para actualizar y ampliar las medidas contenidas en los mismos, aprobando un nuevo 'Código de Buenas Prácticas' que sustituya al suscrito en 2012 con las
entidades bancarias y financieras.


Este nuevo código deberá mejorar y ampliar las medidas de protección para las personas vulnerables frente a los casos de impagos y/o conflictos con las entidades y determinar e implementar legalmente nuevos mecanismos de control y
cumplimiento del nuevo Código de Buenas Prácticas que deberán incluir, al menos:


- un régimen sancionador frente al incumplimiento de las medidas contempladas.


- obligatoriedad de cumplimiento para todas las entidades, fondos, o cualquier otra figura financiera vinculada a la entidad bancaria participante.


4. Iniciar una modificación legislativa para endurecer las sanciones aplicadas por la CNMC frente a las malas prácticas y manipulación de los mercados y contratos que diferentes empresas con lógicas monopolistas vienen practicando.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Mireia Vehí i Cantenys y Albert Botran i Pahissa, diputados de CUP-PR, formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de
Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Mireia Vehí Cantenys y Albert Botran Pahissa, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Página 68

Propuesta de resolución núm. 40


Sobre la redistribución de la riqueza y los derechos de la clase trabajadora


Exposición de motivos


En las últimas décadas, la economía financiera ha ido ganando cada vez más espacio y relevancia respecto a la economía productiva. El inicio de este ciclo neoliberal fue en los años 70, caracterizado por la expansión de los flujos
financieros mundiales y del comercio mundial, etapa donde han ganado relevancia las actividades especulativas, dentro de una tendencia general del capital a situarse fuera de la esfera productiva tradicional. En paralelo, los salarios, principal
fuente de renta de la clase trabajadora, se han estancado o reducido, siendo el crédito la única manera de acceder a niveles de vida similares a periodos anteriores.


Es necesario entender la Unión Europea como un proyecto de y para el capital, desde el Tratado de Roma, que establece el principio de la economía de mercado, el Tratado de Maastricht, el establecimiento del mercado único y la divisa común,
hasta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita el déficit presupuestario, el gasto público y la inflación. El conjunto del entramado jurídico-político de la UE establece unas imposiciones que sirven para reproducir el capital a escala
Europa y condenan a la economía de los estados de la periferia sur a la especialización de sectores como el turístico. A modo de ejemplo, las restricciones para incorporarse a los mercados europeos supusieron la destrucción de gran parte de la
agricultura mediterránea, propia de los Països Catalans, y absolutamente necesaria para situar una alternativa en momentos de rotura de las cadenas de producción de valor global, con la imposibilidad de garantizar los suministros Just in Time, y el
desabastecimiento que suponen, cuando precisamente esta agricultura hubiese podido competir a escala europea.


En el Estado español, el desmantelamiento industrial para apostar por una política económica basada en los servicios, con la centralidad que implica para la banca, la construcción y el turismo, tuvo un impacto devastador en la precarización
de la clase trabajadora y en el aumento de la especulación. El gran capital encuentra un mercado donde valorizarse, acompañado de cambios legislativos que propician un mercado especulativo entre instituciones financieras.


En medio de este contexto, en el Estado español, solo 2 de cada 10 jóvenes pueden emanciparse y se calcula que les puede costar hasta más del 60 % del salario. El paro juvenil alcanza casi el 40 % y la mayoría de los contratos que firman
los jóvenes son temporales. El acceso a la universidad por parte de la clase trabajadora se ha reducido, ya que actualmente el número de estudiantes provenientes de núcleos familiares con rentas bajas es del 10 %, mientras que las rentas altas,
mayoritarias, suponen un 58,5 %.


El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los más jóvenes. Los años de crisis y de incertidumbres, previos a la pandemia y a las consecuencias de la guerra, suponen para estas generaciones más jóvenes la cara más dura de la
realidad.


Los últimos datos que conocemos sitúan el IPC al 10,2 %, una inflación muy alta que genera un aumento generalizado de los precios y que no se corresponde con la variación de los salarios. Por otro lado, el conflicto con Ucrania agudiza una
tendencia que ya había empezado hacía tiempo: el encarecimiento de la energía porque no hay suficientes recursos para mantener los ritmos de vida y de producción de Occidente. Hemos pasado del 'Peak Oil', al 'Peak Everything', y esta situación
encarece de manera excesiva los precios de la mayoría de los productos. Además, la crisis también se encuentra presente en la producción y la logística, y muchos de los productos que durante décadas han estado presentes con inmediatez en los
mercados ya empiezan a escasear.


El capitalismo descontrolado, basado en la sobreproducción y en el funcionamiento económico independizado de las necesidades de la mayoría de la población y de las limitaciones del ecosistema, está a punto de colapsar. Y dicha situación
puede tener dos salidas: la autoritaria, aquella basada en la ley del más fuerte y en la competencia por los recursos básicos; o la democrática, con una apuesta firme por repartir la riqueza, asegurando los productos básicos y regulando los
beneficios desorbitados de las grandes corporaciones.


Por ese conjunto de motivos, es más necesario que nunca implementar propuestas de mínimos para la supervivencia colectiva, pero sobre todo son imprescindibles propuestas económicas que promuevan cambios estructurales en el funcionamiento de
la economía y por ello,

Página 69

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Derogar el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.


2. Limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.


3. Controlar los precios de bienes básicos, tales como los suministros energéticos y ciertos alimentos.


4. Impulsar una reforma fiscal progresiva con el objetivo de equilibrar la balanza fiscal a través del aumento de impuestos a las grandes fortunas.


5. Nacionalizar el parque de vivienda de los pisos propiedad de la SAREB.


6. Derogar la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución, realizar una auditoría de la deuda e identificar la de carácter ilegítimo.


7. Reducir el gasto militar.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Mireia Vehí i Cantenys y Albert Botran i Pahissa, diputados de CUP-PR, formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de
Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Mireia Vehí Cantenys y Albert Botran Pahissa, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 41


Sobre derechos y libertades en el Estado español


Exposición de motivos


A las puertas de una nueva crisis sistémica a nivel económico, social y ambiental y teniendo en cuenta que en los últimos años hemos vivido diversos ciclos movilizadores de vocación constituyente, buscando respuestas a las necesidades de la
mayoría de la población, debemos tener muy presente el escrupuloso respeto a los derechos civiles, sociales y políticos de la ciudadanía.


Estas expresiones de movilización que apuntan hacia cambios importantes en el sistema político, económico y social vigente y que son muy significativas por la variedad de temas, ámbitos y sectores sociales que abastan, han sido realizadas en
el ejercicio de derechos civiles y políticos considerados como fundamentales en cualquier sociedad que se reclame democrática, como los derechos de organización, de reunión o de asociación.


En cambio, la incapacidad de las instituciones para dar una respuesta positiva a las reivindicaciones expresadas de forma reiterada por la ciudadanía organizada y movilizada en relación con diferentes causas, como el derecho a la vivienda,
la defensa del entorno natural, la lucha por la sanidad, la educación o la defensa del legítimo ejercicio del derecho a la autodeterminación es uno de los principales fundamentos de la crisis institucional que ha ido cristalizando en forma de
desafección e indignación y que allanan el terreno al autoritarismo.


Sin embargo, en vez de respetar estos derechos, hemos vivido episodios constantes de represión política por parte de los diversos estamentos del estado que no han sido respetuosas con los derechos civiles y políticos mencionados: cantantes
en la cárcel o en el exilio por ejercer su libertad de expresión, más de 3.000 represaliados por acciones en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, el espionaje ilegal a líderes de movimientos democráticos y la represión contra
movimientos disidentes como los antifascistas de Pego y Zaragoza, los científicos que denunciaron la inacción climática delante del Congreso o contra los movimientos feministas del País Valencià y por ello,

Página 70

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.


2. Derogar los apartados e) y f) de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad.


3. Derogar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.


4. Impulsar una investigación transparente sobre la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado en operaciones ilegales para perseguir al independentismo catalán y vasco.


5. Impulsar la creación de comisiones de la verdad para todos los casos de vulneración de derechos y libertades, durante la Dictadura franquista, durante la Transición y con posterioridad hasta la actualidad.


6. Impulsar la abolición de la Monarquía y no oponerse a los procesos constituyentes que se puedan desarrollar desde los municipios y administraciones autonómicas.


7. Reconocer el legítimo ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado español.


8. Salir de la OTAN y promover relaciones internacionales basadas en el fomento y la construcción de la cultura de la paz, la defensa del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.'


Nota.-Propuesta interpretada de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de julio de 2022, en virtud del cual el punto 7 de aquélla se admite a trámite entendiendo, en relación con determinadas medidas cuya adopción se insta
al Gobierno, que se refieren al ejercicio de su iniciativa legislativa, política o de reforma constitucional, según corresponda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Mireia Vehí i Cantenys y Albert Botran i Pahissa, diputados de CUP-PR, formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de
Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Mireia Vehí Cantenys y Albert Botran Pahissa, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 42


Sobre energía y control democrático de la economía


Exposición de motivos


Emergencia climática y descenso energético: el fin de una era.


La declaración de emergencia climática fue una de las primeras medidas del actual Gobierno español, en enero del 2020. Venía precedida de la declaración de emergencia climática que hicieron los Gobiernos de Catalunya, en mayo del 2019; del
País Valencià, en septiembre de aquel año; y de las Islas Baleares, en noviembre.


Se confirma que pese a declaraciones y cimeras, vamos derechos hacia el abismo: ya ha aumentado en 1,2 º la temperatura desde la Revolución Industrial y, con el actual ritmo de emisiones, en 2030 el aumento ya será de 1,5 º Eso nos lleva a
crisis profundas en la agricultura, por las sequías; crisis en la biodiversidad; y crisis humanitarias provocadas por la desertificación, el aumento del nivel del mar y las catástrofes naturales como inundaciones y grandes incendios que ya estamos
sufriendo. Serán inhabitables numerosas regiones del globo, muchas de ellas habitadas por pueblos que prácticamente no han contribuido a generar el choque climático.


Para evitar este aumento del calentamiento global, los países de la Unión Europea y los EEUU deberían reducir un 65 % sus emisiones antes de 2030 (un 59 % es la cifra media global que da el IPCC,

Página 71

en nuestro caso asciende a 65 %). Este 65 % es una cifra muy por debajo de lo que establece la reciente Ley de Cambio Climático, una ley que ya nació desfasada situando el compromiso en un 23 %.


El origen del calentamiento global está en el 'capitalismo fósil'. La explotación de los combustibles fósiles en los últimos 150 años ha sido una de las características más determinantes de nuestra civilización. La industrialización, la
globalización e importantes conflictos bélicos del último siglo tienen, en la base, el acceso al petróleo abundante. Se cumplen ya 50 años desde que el informe Limits to Growth advirtió del pico del petróleo. Ahora estamos de lleno en ello: en
2005 se alcanzó el pico de producción de petróleo convencional y desde entonces no ha hecho otra cosa que disminuir. En 2014, las petroleras empezaron a dejar de invertir en búsqueda de nuevos yacimientos porque son inversiones ruinosas. En 2018
se logró el pico en la producción de petróleo no convencional, es decir, el que incorporaba el petróleo que se extrae, por ejemplo, con la técnica del fracking. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la producción de petróleo disminuirá
drásticamente en la próxima década. Su previsión más crítica señala que caerá a la mitad antes del 2025.


Este escenario nos obliga a planificar una situación completamente nueva, un cambio civilizatorio, como es la entrada en una era de Descenso Energético. Poner toda la confianza en las renovables es un mito creado por lo que podríamos llamar
'capitalismo verde', que ahora está en alza, pero tiene una débil base científica: los elementos para fabricar todos los generadores que se necesitarían son minerales que ya empiezan a escasear. Por otra parte, no todo lo que ahora hacemos con
energías fósiles puede electrificarse. Los combustibles fósiles ofrecen una potencia y una versatilidad que la electricidad nunca puede ofrecer, y por eso hay una serie de actividades que no pueden funcionar con esta, tales como el transporte por
carretera o por mar, la siderurgia, las cementeras o la maquinaria pesada.


Es irresponsable, por parte de cualquier gobierno, seguir manteniendo el horizonte de que se puede aumentar el crecimiento de forma ilimitada, así como el tráfico de mercancías. Sin embargo, en el Estado español seguimos ampliando
infraestructuras para el transporte con combustibles fósiles como si no fuera con nosotros: puertos más grandes, aeropuertos más grandes y más kilómetros de autopistas. Ni por las emisiones que causan el calentamiento global; ni por el propio
límite físico de unos recursos que se agotan: por ambos motivos no podemos seguir pensando que aumentará la producción y el tráfico de mercancías.


La emergencia climática y la crisis energética necesitan de una dirección pública y democrática, puesto que no puede quedar en manos de las mismas élites capitalistas que nos han llevado a esta situación. La nacionalización y el control de
las empresas energéticas por parte de trabajadores y usuarios permitirá controlar los precios y planificar la transición en la presente Era de Descenso Energético. Por ello,


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Nacionalizar la red de producción y distribución de energía para garantizar la soberanía energética, para poder controlar los precios y para poder planificar la transición en la presente Era de Descenso Energético.


2. Promover las actuaciones, incluyendo una nueva Ley de Cambio Climático, que se proponga reducir las emisiones de CO2 un 55 % antes del 2030.


3. Traspasar las infraestructuras de Adif a las administraciones autonómicas para que estas puedan aumentar la red ferroviaria y la frecuencia de trenes.


4. Frenar la construcción de macro infraestructuras como la ampliación del puerto de València y del aeropuerto de Barcelona y de Palma o el alargamiento de la B-40, conocida como 'Quart Cinturó'.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El GP Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución en defensa de Galiza y de las clases populares.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.

Página 72

Propuesta de resolución núm. 43


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incrementar las inversiones en Galiza especialmente para el desarrollo de actuaciones en materia de infraestructuras de comunicaciones viarias y para el favorecimiento del transporte ferroviario:


- Poner fin a la explotación privada de la AP-9, dando por terminando el régimen de concesión de la explotación de esta autopista a la concesionaria AUDASA como paso previo necesario para convertirla en una vía gratuita, libre de peajes.


- Aprobar el traspaso de la titularidad y competencias de la Autoestrada do Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galiza, en base a lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galiza y en base al artículo 148.1.5.ª de
la Constitución que regula la posibilidad de transferencia en materia de carreteras en el 'recorrido comprendido íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma'.


- Poner en funcionamiento una alternativa a la A-6 ágil y eficaz para la comunicación entre Galiza y la Meseta e iniciar, a la mayor brevedad, las obras de reposición del viaducto derrumbado, así como realizar una auditoría o inspección
técnica del resto de tramos de vías estatales en Galiza en el que se ha utilizado la misma técnica constructiva que en el viaducto colapsado en la A-6.


- Renunciar a la implantación de peajes en las autovías de titularidad estatal en Galiza por ser una medida antisocial y antigalega debido a la falta de alternativas de transporte público colectivo y a la situación periférica dentro del
Estado y Europa de su territorio.


- Rectificar y mantener todas las paradas existentes actualmente en Galiza en las líneas de transporte colectivo por carretera dependientes de la Administración General del Estado.


- Mejorar las infraestructuras ferroviarias internas de Galiza, especialmente las líneas A Coruña-Lugo, A Coruña-Ferrol, Ferrol-Ribadeo y Vigo-Tui.


- Dotar de suficientes frecuencias, horarios y plazas a los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico en A Coruña-Santiago-Vigo-Ourense para ofrecer un servicio adecuado y ajustado a las necesidades de los usuarios, además de mejorar de
forma permanente la política tarifaria que incluya la ampliación y flexibilización de los abonos, tanto en lo referente a las modalidades bonificación, como a los plazos de vigencia y la posibilidad de utilizarlos en cualquiera de las frecuencias
existentes


- Aprobar un Plan de mejora de los servicios ferroviarios de media distancia en Galicia con el objetivo de modernizar las líneas convencionales para ofrecer un tren competitivo en tiempos de viaje más cortos, más frecuencias y números de
servicios ferroviarios y que permita la conectividad territorial por tren en Galiza.


- Implantar el servicio de cercanías ferroviarias en Galiza y planificar la transferencia a Galiza de la red ferroviaria convencional interior, acompañada de la correspondiente dotación económica.


- Acelerar la ejecución e inversiones para completar el Corredor atlántico mercancías que favorezca el transporte sostenible.


- Apostar por el impulso y modernización de la conexión ferroviaria Vigo-Porto que permita impulsar las relaciones y potencialidades económicas de Galiza y Portugal.


2. Adoptar medidas de apoyo a los sectores productivos e industriales además de articular propuestas que permitan hacer frente al aumento de los costes del sector primario, entre las que se deben incluir las siguientes:


- Adopción, por el Gobierno del Estado de las medidas necesarias para el cumplimiento del mandato introducido por la Ley de la Cadena Alimentaria en lo que respecta a la prohibición de la venta a pérdidas por parte de las explotaciones
agrarias.


- Impulso de la reducción de los costes de producción de alimentos reduciendo la dependencia de inputs externos: medidas para el incremento de la base territorial de las explotaciones, de cara a reducir el consumo de raciones compradas,
apoyo a las inversiones para reducir el consumo energético, fomento de modelos de producción menos dependientes de insumos externos y fomento de producciones alimentarias en las que somos fuertemente deficitarios, como cereal y producción de huerta.


- Impulso de compensaciones por parte del Gobierno del Estado para mantener un precio eléctrico máximo en las instalaciones del sector primario y aprobación de ayudas temporales.

Página 73

- Mantener las bonificaciones al combustible y fijar un precio máximo para el sector agrario y pesquero.


- Dotar, de forma inmediata, de carga de trabajo a los centros de Navantia en la ría de Ferrol en las diferentes actividades que llevan a cabo, tanto de construcción naval, incluida la civil, como en otras (turbinas, reparaciones, grandes
transformaciones, eólica...).


- Otorgar suficientes cuotas pesqueras a las flotas gallegas de cerco y de bajura de litoral y posicionarse en contra del cierre de los caladeros planeado por la Unión Europea que abocaría al desguace de la flota arrastrera y del palangre.


- Dotar de seguridad jurídica al sector mar-industria y garantizar la permanencia en dominio público marítimo de aquellas actividades sostenibles que necesitan estar en contacto con la lámina de agua.


3. Adoptar medidas urgentes para intervenir el sector eléctrico:


- Apostar por la intervención pública en el mercado eléctrico y en los beneficios 'llovidos del cielo' de las eléctricas para el control de los precios y la garantía de acceso a la energía como un bien básico.


- Desvincular el mecanismo de fijación de precios de la electricidad en el mercado mayorista de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales y cambiar el sistema de pool. Revisar de forma profunda el mecanismo
marginalista para la fijación de precios de la electricidad, y garantizar, de forma urgente, que hidráulicas y nucleares son retribuidas conforme a los costes reconocidos y que las tecnologías que emplean combustibles fósiles sean segregadas del
mercado eléctrico general y actúen en un mercado diferente.


- Rebaja permanente del IVA de la energía eléctrica al 4 % y retirada de la factura de aquellos conceptos e impuestos que no están vinculados a la generación y que la sobrecargan.


- Impulso de medidas urgentes para la contención de la crisis de la industria electrointensiva, a través de una tarifa estable que garantice precios máximos a medio plazo y la revisión del fallido Estatuto de Electrointensivas, que no se
adapta a la realidad y demandas de Galiza.


- Articular las medidas legislativas necesarias para que Galiza cuente con una Tarifa eléctrica Galega, con precios de la electricidad más bajos, dada su condición de territorio productor excedentario de energía eléctrica.


- Crear empresas públicas de energía y, en concreto, apoyar que la Administración Galega cree una empresa pública energética.


- Como medida urgente topar el precio de la electricidad y los combustibles a los consumidores finales a costa de los beneficios de las empresas energéticas.


4. Incrementar las pensiones y los salarios, especialmente los más bajos:


- Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60 % del sueldo medio.


- Revalorizar las pensiones y los salarios atendiendo a la inflación registrada en Galiza en 2021 (6,7 %) para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras así como de las y los pensionistas en este 2022.


- Incrementar la cuantía de las pensiones más bajas hasta situarlas en el 60 % del salario medio lo que serviría para paliar la brecha de género y la brecha geográfica.


5. Avanzar en un sistema fiscal más justo y redistributivo y que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores de población económicamente más vulnerables:


- Crear nuevos impuestos que graven los beneficios de las grandes empresas energéticas y de la banca, así como las grandes fortunas.


- Incrementar la progresividad del IRPF, y mientras dure la actual situación de inflación, deflactación de la tarifa del IRPF autonómica y estatal para evitar la tributación sobre rendimientos nominales y no sobre rendimientos reales.


- Agilizar y simplificar la deducción por doble imposición internacional en el IRPF, atendiendo especialmente al caso de los emigrantes retornados, así como solucionar el tratamiento injusto por tener dos pagadores e introducir el
reconocimiento automático de las declaraciones de invalidez o discapacidad emitidas en el extranjero.


- Convertir el Impuesto de Sociedades en un impuesto progresivo en función de la base imponible calculada.

Página 74

- Revisar el Impuesto de Patrimonio para incrementarlo en un punto en cada tramo a partir de un millón de euros.


- Bajada selectiva del IVA al 4 % a determinados bienes y servicios esenciales o de primera necesidad como son los productos de alimentación básica, los productos del mar, elementos de higiene personal y los productos de higiene femenina, el
transporte público, o los suministros energéticos domésticos como el gas o la electricidad. Bajar al 10 % el IVA aplicable al sector de las peluquerías.


6. Poner freno al boom eólico depredador en Galiza:


- Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo eólico para una
planificación adecuada y coordinada del mismo, asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural respetando el desarrollo y mantenimiento de actividades de aprovechamiento agrícola y
forestal.


- Diseñar un nuevo procedimiento de implantación en el que se prime el sistema de concurso frente al de autorización, concediendo la explotación de los recursos públicos dentro de las áreas previamente designadas a aquellos proyectos que
promuevan un modelo de retorno social, ofertando puestos de trabajo estables o la reinversión en proyectos complementarios que generen riqueza en la zona en que se sitúan, así como orientar la producción a pequeños proyectos y al consumo de
proximidad, con lo que se minimiza el impacto de las líneas de transporte.


- Prohibir la implantación de parques de eólica marina en la costa de Galiza y el Cantábrico Noroeste por la corta distancia de la plataforma continental y la grave afectación a los principales caladeros de pesca y al ecosistema marino.


7. Adoptar las decisiones necesarias para realizar las reformas legislativas comprometidas por el Gobierno todavía pendientes:


- Derogar realmente la Reforma Laboral consolidada ahora con la nueva regulación y que mantiene la reducción de la protección laboral y social de los trabajadores y trabajadoras.


- Derogar la llamada ley Mordaza, por constituir un ataque contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho de manifestación o de reunión, con el único propósito de institucionalizar la represión, recortar las libertades,
atemorizar y amordazar a la sociedad.


- Derogar las reformas del sistema de pensiones que han conducido a la consolidación de los aspectos más lesivos de las mismas, particularmente la ampliación de la edad de jubilación a los sesenta y siete años y el aumento del periodo del
cómputo hasta los veinticinco años, además de mantener la penalización de las jubilaciones anticipadas mientras se fomenta con dinero público la jubilación demorada cuando el paro juvenil se sitúa en torno al 40 % y se abre la puerta a la
privatización del sistema público de pensiones.


8. Garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Galiza utilizar su lengua en todos los ámbitos de su vida diaria, incluyendo el derecho a ser atendidos por la Administración General del Estado en galego.


9. Impulsar las políticas sociales en Galiza especialmente cumpliendo el compromiso de contribuir el 50 % a las actuaciones previstas en la Ley de Dependencia así como el de crear tres nuevos juzgados de violencia de género en Compostela,
Ourense y Lugo.


10. Avanzar en la transferencia de competencias a Galiza, acompañadas de suficiente dotación presupuestaria, hasta asumir todas las previstas en el Estatuto de Autonomía, para poder así iniciar políticas autocentradas y pensadas para el
bienestar de los gallegos y gallegas.


11. Contener y limitar el gasto militar y dedicar esos fondos a políticas sociales, de impulso al desarrollo económico y la creación de empleo y el sostenimiento de servicios públicos de calidad al tiempo que se apuesta por avanzar en
políticas internacionales de solución pacífica de los conflictos en lugar del belicismo promovido abiertamente desde organizaciones como la OTAN.


12. Ratificar el apoyo del Estado español al proceso de descolonización del Sáhara Occidental, siguiendo las resoluciones de la ONU y el trabajo de la MINURSO para que sea posible realizar cuanto antes el referéndum de autodeterminación del
pueblo saharaui, así como retirar el apoyo expresado por el Presidente a la propuesta marroquí de autonomía, volviendo al consenso social y la colaboración con los organismos internacionales para una resolución justa y duradera del conflicto.'

Página 75

A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de D. José María Mazón Ramos, diputado del Partido Regionalista de Cantabria, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputado, con motivo del Debate
de Política General en torno al estado de la Nación, las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-José María Mazón Ramos, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 44


Exposición de motivos


En los acuerdos suscritos por el PSOE y el PRC el 13 de junio de 2019, con objeto de establecer una colaboración entre ambas fuerzas parlamentarias para la formación del Gobierno de Cantabria, se establece que 'los Presupuestos Generales del
Estado contendrán una partida normativa para, en un máximo de 4 años, hacer frente a la deuda adquirida por el Estado con el Gobierno de Cantabria por el coste total de las inversiones realizadas en el Hospital Marqués de Valdecilla como
consecuencia de la catástrofe ocurrida el 2 de noviembre de 1999'.


El Gobierno de España, a día de hoy, ha pagado una cantidad importante de la deuda citada, pero todavía está pendiente el resto, de una cuantía aproximada de 33 millones de euros.


Por lo que se presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a iniciar una negociación con el Gobierno de Cantabria para incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado la cantidad pendiente de pago para saldar la deuda
correspondiente a las inversiones realizadas en el Hospital Marqués de Valdecilla tras la catástrofe ocurrida el 2 de noviembre de 1999.'


Propuesta de resolución núm. 45


Exposición de motivos


La red ferroviaria de cercanías y media distancia de Cantabria se encuentra en una situación insostenible. La apuesta por este tipo de transporte anunciada ayer por el presidente del Gobierno y concretada en la gratuidad total del servicio
para impulsar el transporte público y promover el ahorro de combustible tan necesario en este momento, resulta absolutamente contradictoria con la realidad de esta infraestructura en Cantabria, sometida a un abandono tal por parte de los sucesivos
Gobiernos que hoy se enfrenta a un panorama ciertamente desolador, marcado por una maquinaria obsoleta y deteriorada, una red viaria en estado pésimo, una clara infradotación de personal y un conjunto de estaciones que no responden a las más
elementales necesidades de accesibilidad y oferta de información práctica que requieren los viajeros.


Esta realidad no solo resulta contradictoria con la apuesta del presidente por el transporte ferroviario, sino también con las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía cántabra, que sufre las averías, las continuas supresiones de
servicios sin notificación previa, el incumplimiento de horarios y los accidentes que suceden cada vez con mayor frecuencia, por no mencionar las más de tres horas necesarias para cubrir el trayecto de media distancia Santander-Bilbao.


12 trenes totalmente obsoletos para cubrir más de 200 circulaciones, vías sin el más elemental servicio de mantenimiento, falta de personal e incumplimiento constante de los horarios es lo que encuentran cada día los sufridos usuarios del
transporte ferroviario de corta y media distancia en Cantabria. Y ello a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno para renovar la red de cercanías, que llegaron a concretarse en 2017 en un plan de inversiones plurianual dotado con 500 millones
de euros, que a día de hoy no se ha puesto en marcha.

Página 76

Todas estas circunstancias se han visto agravadas con el incremento de los tiempos de viaje producido por la puesta en marcha de nuevas medidas de seguridad de manera precipitada y sin las modificaciones de infraestructuras necesarias para
una auténtica mejora.


Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acometer con carácter inmediato y urgente un Plan de Mejora de los Servicios Ferroviarios de Cercanías de Cantabria, que contemple todas las inversiones necesarias para mejorar el
servicio y un calendario de ejecución que garantice a los cántabros, a la mayor brevedad, la comunicación ferroviaria con los estándares de calidad, seguridad y puntualidad exigibles para que este medio de comunicación pueda ser de verdad una
alternativa al transporte privado y contribuya al ahorro de combustible, como propugna el presidente del Gobierno.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de María Fernández Pérez y Ana M.ª Oramas González-Moro, diputadas de Coalición Canaria presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las
siguientes propuestas de resolución con motivo del debate sobre el estado de la Nación del año 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-María Fernández Pérez, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 46


Sobre desgravación fiscal a los residentes en la isla de La Palma


Con el objetivo de generar actividad económica en la isla de La Palma, el Gobierno de España promoverá una modificación legal que permita una desgravación fiscal en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a los residentes en la isla
durante los años 2022 a 2032 que se producirá en términos que permita que los contribuyentes que tengan su residencia habitual en la isla de La Palma puedan aplicarse una deducción del 60 % de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y
autonómica o complementaria que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en dicho territorio.


Propuesta de resolución núm. 47


Sobre participación de Canarias en la delimitación de la mediana marítima con Marruecos


El pasado 27 de junio de 2022, el Gobierno de Canarias, asistió como invitado a una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores preparatoria de la Comisión de Delimitación de Espacios Marítimos con Marruecos. De acuerdo a la información
publicada, participaron casi una veintena de altos cargos de diferentes ministerios, así como de la Armada y la Guardia Civil y fue presidida por la directora general de Diplomacia Económica del referido Ministerio.


Días más tarde se produjo un primer encuentro entre representantes españoles y representantes marroquíes, sin que el Gobierno de Canarias fuera invitado a participar en la delegación española, como sí sucedió entre 2003 y 2007, cuando
presidía el Gobierno canario Adán Martín.


La nueva posición del Gobierno de España sobre el Sáhara Occidental, pendiendo la situación de ese territorio en el ámbito de la ONU a una solución justa, duradera y mutuamente aceptable entre las partes, la desatención por el Gobierno de
España a la regulación del Estatuto de Autonomía canario de 2018, así como las decisiones unilaterales mediante leyes adoptadas por Marruecos sobre la extensión de su zona económica exclusiva en la costa atlántica, apuntan en una línea de
desconfianza en Canarias si el

Página 77

Gobierno de la Comunidad Autónoma se mantiene ausente de la delegación española que negocia la cuestión.


Por otro lado, Canarias sigue siendo la Comunidad Autónoma más afectada por los movimientos migratorios en la frontera Sur. Los datos de llegadas de embarcaciones a las islas, hasta el pasado día 30 de junio, son históricos y, pese al leve
descenso que ha habido en el último mes, todo apunta a que seguirá siendo una de las rutas más utilizadas en nuestro país.


El impacto de la inmigración en las islas afecta a todos los servicios púbicos y es, en estos momentos, uno de los asuntos que más preocupan en Canarias. En este sentido, también se ha constituido, a raíz de la declaración firmada el pasado
día 7 de abril de 2022 en Rabat, el Grupo Permanente Hispano-Marroguí sobre Migraciones.


Por todo ello,


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Garantizar la representación del Gobierno de Canarias dentro de la delegación española que negocia con Marruecos la delimitación de la mediana marítima y otros espacios en el océano Atlántico, así como en todas las reuniones preparatorias
del Ministerio de Asuntos Exteriores.


- Garantizar también la representación del Gobierno de Canarias en el marco de la delegación española del Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones.'


Propuesta de resolución núm. 48


Sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias


El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, a iniciativa del Parlamento canario y con un altísimo consenso parlamentario en las Cortes Generales, define a Canarias con identidad diferenciada dentro de
España, como Archipiélago Atlántico, integrado por las ocho islas habitadas, los islotes y el mar que las une en una única identidad canaria.


De acuerdo con el nuevo Estatuto, el Estado:


1. Deberá adaptar sus políticas y su legislación a esa realidad especial: a su lejanía, insularidad y ultraperiferia de Unión Europea, con medidas específicas en muchos ámbitos sectoriales como transportes y telecomunicaciones; mercado
interior; energía; medio ambiente; puertos y aeropuertos; inmigración; fiscalidad; comercio exterior; abastecimiento de materias primas y cooperación al desarrollo de países vecinos.


2. Garantizará que no se realizará modificación alguna en el Régimen Económico y Fiscal (REF) sin 'Informe favorable' del Parlamento canario y respetará la separación de los recursos del REF -que compensan la lejanía e insularidad de
Canarias- de los de la financiación autonómica general para la Educación los Servicios Sociales, la Sanidad y demás servicios públicos.


3. Deberá proceder a traspasar los medios personales y materiales que hagan efectivas las nuevas competencias que se asumen en el Estatuto.


Sin embargo, casi cuatro años después de su entrada en vigor, el nuevo Estatuto canario es desconocido e ignorado por el Gobierno de España, sin que se hayan producido adaptaciones en la legislación a la situación del Archipiélago,
vulnerando el REF en diversas ocasiones, no convocando la Comisión Bilateral Canarias-Estado, promoviendo conflictos de competencias con la Comunidad canaria en los controles aeroportuarios durante la pandemia por Covid-19 y no haciendo efectivo
ningún traspaso ni medida en las nuevas competencias.


Por todo ello,


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Respetar estrictamente el procedimiento de modificación del REF canario en los términos del art. 167 del nuevo Estatuto de Autonomía.

Página 78

2. Proceder, antes del 31 de julio de 2022, al traspaso efectivo de los medios materiales y personales en materia de Costas (gestión de las autorizaciones y concesiones del dominio público) complementándolos con efectivos reales de otros
ámbitos de actividad (art.157 del Estatuto).


3. Presentar durante el año 2022 un proyecto de ley de los aeropuertos canarios, que regule la participación del Gobierno de Canarias en la planificación de las infraestructuras, la programación y la gestión aeroportuaria específica del
subsistema aeroportuario canario dentro de AENA (art. 161.3 y 4 del Estatuto).


4. Instar la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, durante el presente mes de julio, para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos estatales con la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta las
previsiones del texto del Estatuto de 2018 y promover en su seno:


a) Un convenio para la cogestión de los controles zoo-fitosanitarios en puertos y aeropuertos, así como en sanidad vegetal (art 141.5 del Estatuto).


b) Un convenio para la cogestión de la Sanidad Exterior (art. 141.6 del Estatuto).


c) La convocatoria de la Comisión de obligaciones de servicio público en el tráfico aéreo interinsular para hacer efectiva la participación del Gobierno de Canarias en la programación, frecuencias y precios de los vuelos interinsulares (art.
160.3 del Estatuto).


d) El impulso del Plan de Telecomunicaciones para Canarias dentro de la Agenda digital española (Disposición Adicional sexta del Estatuto).


e) La aprobación de un calendario para la materialización efectiva del traspaso o acuerdos de colaboración de otras materias contenidas en el nuevo Estatuto canario.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, diputado del PDeCAT, al amparo de lo previsto en el artículo 197 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación celebrado los días 12,13 y 14 de julio de 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Propuesta de resolución núm. 49


Conflicto territorial Catalunya-Estado: Mesa de diálogo y otras propuestas


Catalunya y el Estado han vivido en la última década el mayor conflicto político de la historia reciente de España. El proceso soberanista no surgió de la noche a la mañana, sino que fue fruto del creciente malestar de una mayoría de la
ciudadanía de Catalunya para con el Estado, debido a su pulsión recentralizadora, un sistema de financiación insuficiente, un déficit estructural de inversiones en infraestructuras por parte del Estado, amenazas constantes al sistema de inmersión
lingüística en las escuelas catalanas y su animadversión hacia mayores cotas de autogobierno de Catalunya, que tuvo su punto de inflexión en la Sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la reforma del Estatut de Autonomia de Catalunya de
2006, aprobado por el Parlament de Catalunya, el Congreso de los Diputados, el Senado y votado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, que declaraba inconstitucional incluso algunos preceptos que figuran en algunos Estatutos de Autonomía
vigentes.


Este conflicto se agrava con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la reacción a ella por parte de diferentes poderes del Estado así como con la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, por el que se destituyó al Govern de la Generalitat y se disolvió el Parlament de Catalunya. La posterior represión judicial de forma absolutamente desmesurada agravó más si cabe el conflicto.


Una década después del inicio del proceso soberanista, el conflicto territorial dista mucho de estar resuelto, con políticos independentistas procesados, condenados (algunos de ellos posteriormente

Página 79

indultados parcialmente), y exiliados políticos. El actual Gobierno estableció con el Govern de la Generalitat una Mesa de Diálogo a los efectos de poder afrontar dicho conflicto político y buscar y acordar soluciones. Sin embargo, dos
años y medio después de la primera reunión, solo se ha realizado otra reunión, sin avances aparentes.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Convocar a la mayor brevedad posible la Mesa de Diálogo, y a abordar en su seno, de forma decidida, sin más dilación ni vacilación, el latente conflicto político entre Catalunya y el Estado, por medio de un proceso de negociación y
diálogo bilateral que derive en una votación por parte de los ciudadanos de Catalunya, como única vía democrática de participación y solución a la crisis institucional, mediante la vehiculación de los conflictos territoriales a través de la política
en vez de la judicatura.


2. Establecer un calendario periódico de reuniones de dicha Mesa con carácter, como mínimo, trimestral.


3. Impulsar la reforma del Código Penal a los efectos de que el delito de sedición en la legislación española sea homologable a la del derecho comparado europeo, presentando a tales efectos un Proyecto de Ley antes de 3 meses.


4. Impulsar, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional expresada en la Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, según la cual 'los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado Autonómico
son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su
iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional', una ley de amnistía para todos los condenados en el marco de la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014, del 'procés independentista' y del
referéndum del 1 de octubre de 2017.


5. De acuerdo con el artículo octavo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, interesar de la Fiscalía General del Estado 'que promueva ante los Tribunales de Justicia las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés
público' y, en consecuencia, a promover el sobreseimiento y archivo de los procedimientos derivados de todas las querellas interpuestas contra cargos del Govern de la Generalitat y de entidades locales, así como demás miembros de la sociedad civil,
encausados en el marco de la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014, del 'procés independentista' y del referéndum del 1 de octubre de 2017.


6. Impulsar una investigación exhaustiva sobre el escándalo del espionaje sufrido por decenas de políticos independentistas catalanes y miembros de la sociedad civil con el programa Pegasus, en aras de dilucidar quienes son los responsables
de tal espionaje y si algún organismo público o funcionario del Estado español ha participado en dicho espionaje.


7. Desistir en los recursos de inconstitucionalidad y las objeciones formuladas contra las normas con rango de ley aprobadas por el Parlament de Catalunya en el ámbito de sus competencias.


8. Impulsar la supresión de la Disposición Adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), al objeto de que la regulación de la
lengua vehicular en la educación siga siendo competencia de las comunidades autónomas, tal y como siempre ha sido, y blindar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas de Catalunya.'


Propuesta de resolución núm. 50


Economía productiva y competitividad


En el contexto económico actual, con una ralentización del crecimiento y un importante incremento de la inflación, especialmente la subyacente, resulta prioritario y fundamental contener dicha inflación para asegurar la viabilidad de miles
de empresas que tienen dificultades para trasladar sus aumentos de costes

Página 80

al precio final de sus bienes y servicios, para preservar los puestos de trabajo que generan y para mantener el poder adquisitivo de las familias y el bienestar de los ciudadanos.


Para alcanzar este objetivo el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Impulsar un pacto de rentas entre el Gobierno y los distintos agentes sociales a los efectos de limitar el crecimiento de los diferentes componentes de renta. El Gobierno también deberá incluir limitaciones respecto a las rentas
derivadas de su acción. Asimismo, deberá estudiar la posibilidad de deflactar parcialmente las tarifas del IRPF, especialmente las correspondientes a las rentas más modestas.


2. Impulsar, en el seno de la Unión Europea, un cambio normativo a los efectos de modificar el mercado eléctrico y lograr un precio de la energía eléctrica más justo. Para ello, es necesario que el nuevo mecanismo de fijación del precio
mayorista de la electricidad incentive la producción de las instalaciones con unos costes más bajos y que se retribuya a cada instalación en función de sus costes de producción, eliminando, así, el sobreprecio que reciben algunas de estas centrales.


Otro elemento importante de la política económica son los Fondos Next Generation, que deben permitir transformar el tejido productivo. Por ello, el Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


3. Otorgar una mayor participación en el uso de los Fondos Next Generation a las Comunidades Autónomas. En el caso concreto de la Generalitat de Catalunya, debe recibir 2.089 millones de euros por los 12 proyectos singulares que ya ha
presentado ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


4. Priorizar los nuevos proyectos financiados con los Fondos Next Generation en la innovación industrial, para que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia logre realmente transformar el tejido productivo hacia nuevos bienes y
servicios de mayor valor añadido que permitan pagar las futuras pensiones.


5. Agilizar la ejecución de los proyectos aprobados con la financiación de los Fondos Next Generation así como a simplificar los trámites administrativos y a establecer unos plazos suficientes para que las empresas tengan tiempo suficiente
para preparar sus ofertas.


6. Destinar, para cada una de las lenguas oficiales del estado, el mismo presupuesto para inteligencia artificial que el actual PERTE Nueva Economía de la Lengua destina a la inteligencia artificial (IA) en castellano, con el fin de
desarrollar herramientas, tecnologías y aplicaciones para el impulso y uso del catalán, del euskera, del gallego y del aranés en IA y, generar así, nuevos mercados y productos en estas lenguas.


En relación con el sector primario, el aumento del precio de sus insumos ha empeorado la situación de muchas explotaciones pequeñas y ha puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de que los agricultores y ganaderos reciban un precio justo
que les permita vivir de su trabajo. Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


7. Impulsar los cambios normativos necesarios para que no haya posición de dominio de mercado en ningún eslabón de la cadena.


8. Hacer cumplir la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en relación con que se sancione a cualquier operador que compre
a un precio inferior al coste de producción del producto.


Por otro lado, una parte muy importante de la economía del Estado se sustenta en sectores que compiten por precio y no por producto; ello implica que los salarios sean bajos y que las rentas generadas por estos sectores no permitan
sustentar el estado del bienestar. Para cambiar el tejido productivo es indispensable apostar por la innovación industrial con lo que las políticas de investigación, desarrollo e innovación deben enfocarse en las necesidades de la industria. Por
ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


9. Priorizar la financiación de las líneas de investigación que contribuyan a la mejora de la competitividad de las empresas industriales, a la generación de trabajo de calidad y a proyectos empresariales que se sostengan en la generación
de nuevas capacidades científicas en entornos industriales.

Página 81

10. Priorizar la inversión en I+D a los efectos de alcanzar a la mayor brevedad posible el objetivo del 2 % del PIB. Para ello, aumentarág las dotaciones presupuestarias para I+D en gasto no financiero y se incrementarán los incentivos
fiscales.


11. Desplegar una política de investigación destinada a construir una nueva industria del conocimiento, basado en el modelo de industria 4.0, con suficientes fondos públicos para subvencionar proyectos de alto riesgo tecnológico empresarial
que arrastren financiación privada a través de matching funds. Esta es la política que siguen todos los países líderes en innovación, donde el Estado asume una parte importante del riesgo tecnológico a cambio de que las pequeñas y medianas empresas
crezcan y generen puestos de trabajo.


12. Poner a disposición de los centros tecnológicos la financiación que les permita disponer de estabilidad financiera, de masa crítica y capacidad investigadora para establecer líneas de investigación consorciada y a largo plazo con las
pymes; y también a disposición de los grupos de investigación universitarios que muestren excelencia en sus procesos de transferencia tecnológica en el entorno socioeconómico.


13. Distribuir, de forma progresiva en el plazo de 10 años, la financiación basal de los centros de investigación y de los grandes equipamientos de investigación de la Administración General del Estado, como el CSIC o el Instituto de Salud
Carlos III, territorialmente en base al porcentaje del PIB industrial de cada comunidad autónoma respecto del PIB industrial del Estado. Para ello el Gobierno y las comunidades autónomas deberán colaborar en la distribución de estos recursos entre
los distintos centros de investigación situados en cada uno de estos territorios.


Por otra parte, el pago fuera del plazo legal establecido por la ley, esto es, la morosidad en los plazos de pago supone un lastre para muchas pymes. La elevada morosidad se ve favorecida por el hecho de no haber una regulación específica
del régimen de infracciones y sanciones contra estos incumplimientos. Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


14. Facilitar que en esta legislatura se apruebe la Proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tomada en
consideración el 22 de septiembre de 2020, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones para que éste sea una realidad que incentive el cumplimiento de los plazos de pago según establece la ley.


15. Que la AGE cumpla estrictamente lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo referente a la obligación de control de pago en plazo a los subcontratistas.


En otro orden de cosas, el mecenazgo es una importante fuente de financiación de numerosas actividades culturales y de I+D, entre otras, sin la cual muchas de estas no se podrían llevar a cabo. Por ello, el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a:


16. Facilitar que en esta legislatura se apruebe la Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tomada en
consideración el 16 de marzo de 2021.'


Propuesta de resolución núm. 51


Estado descentralizado e infraestructuras competitivas


El Estado español fue concebido en el pacto constitucional como un Estado autonómico descentralizado, y para que dicha descentralización sea real y efectiva deben cumplirse una serie de requisitos fundamentales, como que el conjunto de las
administraciones descentralizadas disponga de un sistema de financiación justo, adecuado, suficiente y equitativo, así como que sus competencias sean respetadas por parte de la Administración General del Estado.


En este sentido, el Congreso de los Diputados considera que el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, regido por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, vigente desde 2009 y caducado

Página 82

desde 2014, precisa de una reforma integral que redefina las necesidades de gasto y las capacidades de ingresos.


Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Presentar, en el plazo máximo de 4 meses, un proyecto de ley de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que otorgue a las CCAA los recursos suficientes para financiar las competencias que
tienen atribuidas, básicamente en Sanidad, Educación, Seguridad y Asuntos Sociales. Particularmente, el Congreso de los Diputados reclama una mejora importante de la financiación ordinaria de Catalunya en aras de que el sistema sea suficiente,
justo, equitativo y que respete el principio de ordinalidad; que la solidaridad interterritorial no modifique cómo sucede actualmente el ranking de financiación per cápita. Asimismo, la reforma contemplará la articulación de un sistema singular de
financiación para Catalunya en el que la Agència Tributària de Catalunya se encargará de la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos de naturaleza estatal, por delegación del Estado.


2. Consolidar anualmente en la financiación de las CCAA, a partir del presente ejercicio 2022, los 10.000 millones de euros del Fondo COVID-19 que el Gobierno destinó durante la pandemia al sector sanitario mediante asignación a las CCAA
según su porcentaje de población, con carácter finalista para preservar el acceso al sistema público de salud, al objeto de que las CCAA puedan hacer frente al incremento de gasto sanitario acecido.


3. Presentar, en el plazo máximo de 4 meses, un proyecto de ley de reforma de la financiación de las haciendas locales, actualmente regido por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, capaz de garantizar a las corporaciones locales un sistema de ingresos suficientes y adecuados a las competencias que ostentan, y que sea equilibrado en relación con la presión fiscal a la que se ven
sometidos los contribuyentes.


4. Impulsar la reversión de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), por recortar las competencias municipales y suponer un entorpecimiento a la prestación de los servicios
que prestan las corporaciones locales. Esta ley reduce el poder de acción del ámbito local y supone un flagrante menoscabo de su soberanía. A tal efecto, presentará un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, reguladora de las bases del régimen local, en un plazo máximo de 4 meses.


5. Publicar, con periodicidad anual, las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central, por parte del Instituto de Estudios Fiscales, mediante la metodología establecida en el 'Informe sobre metodología de
cálculo de las Balanzas fiscales' elaborado por una Comisión de 19 expertos en 2006, nombrados por el Instituto de Estudios Fiscales y creada por mandato del Congreso de Diputados. Las balanzas deberán ajustarse a un presupuesto equilibrado y la
publicación deberá realizarse aplicando los dos criterios de imputación propuestos por el grupo de expertos: el criterio 'flujo monetario' y el criterio 'carga beneficio'. Publicar igualmente, con carácter anual, todos los datos de base utilizados
para el cálculo de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central y evitar posiciones demagógicas que pretendan ocultar el elevado déficit fiscal que padecen determinados territorios.


6. Revertir cierta pulsión recentralizadora de competencias autonómicas en diferentes proyectos legislativos que el Gobierno ha presentado en esta Cámara, así como en otras medidas aprobadas o propuestas por el Gobierno.


Por otro lado, Catalunya adolece de una baja inversión crónica por parte del Estado en las infraestructuras de titularidad estatal. En la práctica totalidad del histórico de los Presupuestos Generales del Estado, la inversión presupuestada
en Catalunya ha estado por debajo tanto del peso del PIB catalán respecto del PIB estatal como del peso de la población catalana respecto de la del conjunto del Estado. En contadas excepciones, como en los PGE 2021, se presupuestó una inversión por
encima del peso de la población de Catalunya, aunque la ejecución real fue muy baja. A modo de ejemplo, en 2021 la ejecución territorializada en Catalunya fue del 27,3 %, mientras que el porcentaje de ejecución del conjunto del Estado se situó en
el 48,56 %. Este déficit en la ejecución presupuestaria se hace aún más patente en las inversiones ferroviarias. En este sentido, ADIF ejecutó el 23,9 % de las partidas presupuestadas en Catalunya, mientras que para el conjunto del estado invirtió
el 38,8 %, en el caso de ADIF Alta Velocidad fue del 4,6 % y del 37,1 % respectivamente y en el caso de RENFE, la ejecución fue del 34,6 % y del 75,2 % respectivamente.

Página 83

Con el fin de paliar esta baja inversión, peor ejecución, así como mejorar la gestión de las infraestructuras, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


7. Ejecutar la totalidad de las inversiones presupuestadas en Catalunya en los Presupuestos Generales del Estado 2022.


8. Acelerar la ejecución del ramal ferroviario que pasa por la costa del Corredor Mediterráneo poniendo especial esmero en la nueva conexión del Port de Barcelona, así como la conexión del Port de Tarragona con este ramal en 2023.


9. Cumplir con los plazos de ejecución de cada una de las fases del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030.


10. Traspasar a la Generalitat de Catalunya los 3.047 millones de euros de deuda pendiente del Estado debido a las infraestructuras no ejecutadas entre 2009 y 2013 de acuerdo con la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya.


11. Modificar el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria a los efectos de publicar la información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal con periodicidad mensual y con un plazo máximo
de dos meses desde la finalización del mes en cuestión.


12. Que los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell tengan una gestión individualizada. Para ello, la Generalitat se subrogará en la posición del Estado en la titularidad de los cuatro
aeropuertos y en la posición de los gestores de la explotación, conservación, dirección y gestión de los servicios aeroportuarios y comerciales.


13. Proceder, a la mayor brevedad posible, y de forma consensuada con la Generalitat, a la ampliación del Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.


14. Transferir a la Generalitat de Catalunya la titularidad y las competencias marítimas de las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona, posibilitando su funcionamiento independiente y de regulación de la franja costera (fijación de
tasas, gestión de la marina mercante y actuaciones de protección dentro del dominio público maritimoterrestre).


15. Transferir la titularidad y la administración de la totalidad de la red ferroviaria que transcurre por Catalunya a la Generalitat de Catalunya, juntamente con los fondos suficientes para poder hacer las inversiones necesarias, con
especial atención en la red regional y de Rodalies y en el Corredor Mediterráneo.


16. Transferir la titularidad y la gestión de la red de carreteras del Estado en Catalunya a la Generalitat de Catalunya, así como los recursos suficientes para ejecutar las obras pendientes y realizar el mantenimiento adecuado.


17. Consensuar con todos los municipios afectados, así como las entidades sociales, económicas y ambientales del territorio el plan para la protección del Delta de l'Ebre, así como ejecutar con la máxima urgencia posible las inversiones
previstas en este plan.


18. Modificar al alza de forma significativa, en el futuro Plan Hidrológico del Ebro (2022-2027), el caudal ambiental establecido en el plan hidrológico de la cuenca aprobado en el Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero, para garantizar los
niveles de conservación de los hábitats de interés comunitario, las especies típicas de estos hábitats, las aportaciones de sedimentos para evitar la subsidencia del delta y el avance de la cuña salina, el cumplimiento de las directivas comunitarias
sobre la materia, en concreto los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y la guía para fijar los caudales ecológicos que deben circular por los ríos europeos recientemente aprobada.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo del artículo 196 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes propuestas de resolución a consecuencia de la comunicación del Gobierno en la que solicita la
celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Página 84

Propuesta de resolución núm. 52


Eliminación de distinción entre nacionalidades y regiones


La redacción del artículo segundo de la Constitución fue una solución de compromiso durante un tiempo de la Transición en el cual acechaban fuerzas de la reacción, aquellos que intentaban impedir el progreso democrático y los que esperaban
ver fracasar el proceso constituyente para poder introducir sus reivindicaciones particulares. Entre ellos estaban determinados grupos separatistas, cuyas demandas incluían la de poder fracturar la soberanía nacional en aras de formar sus propios
estados. Afortunadamente no fue el caso, habida cuenta de la solución de compromiso alcanzada, basada en la idea de la autonomía de 'nacionalidades y regiones', finalmente configuradas como Comunidades Autónomas.


Pese a que la redacción del precepto acepta la existencia inequívoca de la nación española, deja la puerta abierta a una torticera interpretación del concepto de nacionalidad, más allá del debido reconocimiento a la diversidad, para
justificar soberanías inexistentes y la ruptura de la unidad de España y el orden constitucional. Una vez constituidas todas las Comunidades Autónomas, no hay necesidad de referirse a ningún supuesto sujeto político que coexista con la nación
española. Por esta razón, todas las Comunidades deberían ser denominadas en la Constitución. Se elimina, de esta forma, un argumento utilizado por los separatistas que, en su locura, han llegado a plantear una suerte de igualación entre
nacionalidad y nación, como si aquella no fuese una creación de esta, que ya, además, no se necesita. Cumplió su función, es hora de que desaparezcan. Debe recordarse que se trata de una redacción dada en un momento de gran incertidumbre donde aún
no se sabía cómo se articularía la organización territorial del Estado.


La Constitución contempla la creación de las Comunidades Autónomas como algo de carácter dispositivo, de manera que por aquel entonces no se podía saber con seguridad que el mapa autonómico se cerraría abarcando la totalidad del territorio
nacional. Es evidente que este modelo, operativo por entonces, se ha visto desbordado por los acontecimientos y la falta de lealtad de los actores nacionalistas. Numerosos han sido los desafíos al Estado y al principio de la indisoluble unidad de
la nación española. Barreras al estudio en castellano, barreras en materia administrativa, discriminaciones políticas o retos al Gobierno central para intentar realizar secesiones ilegales de parte del territorio español. Ante esta situación no
podemos permitir que se siga abusando de un instrumento ideado para alcanzar el consenso. En su lugar, es necesario redefinirlo y adaptarlo a la situación actual, para vindicar el hecho de que los derechos y libertades de los españoles provienen de
la misma idea de unidad de la nación.


España es la garantía de la continuidad de esos derechos, la garantía del mantenimiento de una democracia liberal, frente a los intentos por imponer concepciones populistas o caudillistas, sin los adecuados frenos y contrapesos. En
definitiva, unos términos, inicialmente inocuos, que cumplían una misión en un momento fundacional, pero que ya no se necesitan, e, incluso, como se está comprobando, se están utilizando de forma desleal e ilegítima para justificar una desigualdad
en los derechos de los ciudadanos españoles de los distintos territorios, así como hacer de menos unas Comunidades Autónomas frente a otras. Es por ello por lo que proponemos eliminar las desafortunadas expresiones, que no se corresponden con la
realidad nacional y territorial española, de forma que quede claro, no haya duda alguna, de que el único sujeto político que sirve de soporte a nuestro Estado democrático de Derecho, organizado territorialmente en Comunidades Autónomas, es la nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles.


Las reformas constitucionales no deben ser un elemento extraño en nuestra vida política; el ejemplo está a la vuelta de la esquina: países como Portugal, Alemania o Francia han reformado sus constituciones con el fin de insuflarles aire
fresco, y adaptarla a la realidad de las circunstancias actuales. Es lo que deberíamos hacer con nuestra Carta Magna. Hay reformas pendientes, tal y como Ciudadanos lleva tiempo defendiendo, para adaptarla a los nuevos tiempos y blindar sus
valores y principios fundacionales. Una de esas reformas, que no la única, es esta que hoy registramos. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente un proyecto de reforma de la Constitución, conforme a sus artículos 166 y 87, que atienda, en particular, a los siguientes principios:


1. Eliminación de la distinción entre 'nacionalidades y regiones' del artículo segundo de la Constitución española, que ha dado pie a considerar que hay territorios de primera y de segunda en nuestro país.

Página 85

2. Cambiar su redacción por otra que blinde la igualdad entre españoles, con el siguiente tenor: 'La Constitución garantiza la indisoluble unidad de la Nación española, nación de ciudadanos libres e iguales, patria común e indivisible de
todos los españoles integrada por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, y garantiza, igualmente, la solidaridad entre todas ellas.'


Propuesta de resolución núm. 53


Libertades y Derechos fundamentales


La pandemia de COVID-19 ha sido la mayor emergencia sanitaria vivida en nuestro país en el último siglo. Esa crisis de salud pública ha cambiado por completo las vidas, empleos y oportunidades de millones de españoles, y se ha llevado por
delante más de 108.000 personas en nuestro país, según cifras oficiales. Ante el fracaso de nuestros sistemas de prevención, alerta temprana y respuesta a emergencias de este tipo, las administraciones se apresuraron a establecer una legislación de
excepción con el objetivo de tomar todas las medidas necesarias para poder limitar la expansión de la transmisión del SARS-CoV-2. Medidas que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la falta de otro tipo de alternativas menos lesivas,
eran estrictamente necesarias para poder proteger a la ciudadanía española.


Sin embargo, en muchos casos las administraciones han recurrido a esas medidas excepcionales incluso en situaciones en las que no eran tan necesarias. Por ejemplo, muchas de las restricciones a los derechos y libertades fundamentales, como
la movilidad, se mantuvieron incluso en un contexto en el que la población vulnerable ya estaba avanzada en la campaña de inmunización. El 'pacto' silencioso mediante el cual la ciudadanía asumía determinados sacrificios con el objetivo de proteger
a las personas más vulnerables, cuya vida peligraba en mayor medida si contraían el COVID-19, se comenzaba a resquebrajar cuando muchos ciudadanos no podían recuperar un poco de normalidad en sus vidas ni podían tampoco volver a sus empleos pese a
que los más vulnerables ya estaban protegidos gracias a las vacunas. Todo ello, además, salpicado de informaciones en las que líderes políticos e institucionales no cumplían con las restricciones impuestas al resto de la población, como la
obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores, las restricciones a la movilidad por el territorio nacional o las limitaciones a la hora de reunirse o realizar actividades de ocio.


Este tipo de situaciones han hecho mella en la salud mental de millones de españoles, habiendo provocado incluso cuadros de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, y otro tipo de problemas, incluso en niños y adolescentes. Pese a ello,
las administraciones han recurrido, en algunos casos de forma excesiva, a restricciones a los derechos y libertades fundamentales y a imposiciones de determinados requisitos, como la obligatoriedad en el uso de mascarillas, incluso cuando la
evidencia científica mostraba que ya no era necesario y que se podían relajar medidas para acercarnos a la normalidad. De hecho, España fue uno de los últimos países de la Unión Europea en eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en
exteriores y también en hacerlo para la obligatoriedad de su uso en interiores, incluso teniendo en cuenta que nuestro país es también uno de los que mejores datos de vacunación presenta.


Además, esta pulsión no sólo se ha manifestado a raíz de la pandemia, sino que viene siendo una constante -más o menos acentuada- en la vida política española de los últimos años. Desde el Gobierno de España algunos ministros han llamado
directamente a la moralización de la vida pública mediante el recorte de la libertad y la autonomía del individuo, intentando incluso dictaminar hasta el último detalle de una relación sexual consentida, qué puede o no puede hacer una mujer con su
cuerpo, si un adulto puede o no acceder a contenidos pornográficos o prohibir el ejercicio del trabajo sexual, condenando a profesionales a una situación de precariedad como consecuencia. También se ha intentado cercenar en varias ocasiones la
libertad de información, con conocidas declaraciones acusatorias por parte de miembros del gobierno a medios de comunicación y periodistas, e incluso se ha forzado a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a advertir sobre posibles
represalias a quienes crearan 'un clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno'.


Esta pulsión liberticida no se limita tampoco únicamente al Gobierno de España, sino que también se expresa de forma clara a través de otras formaciones políticas, que insisten en moralizar a los españoles sobre el tipo de vida que deben
llevar, sobre el tipo de familia que tienen que formar o sobre si es más o menos aceptable que la ciudadanía tenga una ideología, un color de piel, una religión, una identidad

Página 86

sexual u otra. Desde hace unos años los ciudadanos vienen siendo testigos de cómo la polarización se alimenta de la libertad de cada uno, y de cómo cada vez más personas se sienten legitimadas para atravesar la fina línea que separa
nuestros derechos de los de los demás para insistir en meterse en nuestras vidas, en nuestras familias e, incluso, en nuestras camas. Esto debe terminar, y es urgente poner punto final a esa pulsión liberticida que se ha acentuado desde 2020, para
dar paso a un nuevo tiempo de resurgir liberal.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados expresa su rechazo a los intentos de algunas instituciones y formaciones políticas de limitar los derechos y libertades de la ciudadanía, e insta al Gobierno a ampliar esos derechos y libertades impulsando:


1. Un pacto nacional entre todas las formaciones políticas con representación parlamentaria que tenga como objetivo acabar con la polarización y con la tentación de dirigentes políticos de moralizar la vida privada de los españoles.


2. Una regulación garantista la gestación por subrogación altruista para mujeres que ya han sido madres previamente, con el objetivo de ampliar la libertad de elección de los españoles a la hora de poder formar una familia.


3. La legalización del consumo de cannabis, tanto con fines terapéuticos como con fines recreativos.


4. La regulación del trabajo sexual, de forma que se otorgue un marco robusto de protección laboral y social para los trabajadores que deciden dedicarse a esta profesión libremente y la persecución de quienes obligan a terceros a ejercerlo.


5. La eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, en línea con la evidencia científica disponible.'


Propuesta de resolución núm. 54


Independencia de Instituciones, Organismos y Agencias


Las democracias liberales se fundamentan sobre una serie de principios básicos, más allá del sufragio universal y la garantía de un amplio catálogo de derechos y libertades para los ciudadanos. La separación de poderes, la división entre la
esfera pública y la privada o una administración y unas instituciones neutrales, independientemente del color del gobierno de cada momento, son garantía de justicia y pilar básico de nuestros sistemas democráticos.


Desgraciadamente, durante toda la experiencia democrática también hemos visto como varios partidos intentaban socavar estos principios. No tiene por qué ser necesariamente producto de una conducta iliberal o antidemocrática, pero sí de una
concepción patrimonialista del Estado. Esto ha conducido, a su vez, a una creciente desafección de los ciudadanos para con la clase política y diversas instituciones que deberían presuponerse neutrales, laminando la confianza en que hagan una labor
imparcial.


Hay muchos motivos, por tanto, para evitar que esto se siga produciendo. El primero es, precisamente, recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones. A pesar de que, afortunadamente, nuestro país cuenta con
unos altos índices de aprobación del sistema democrático, está probado que puede haber regresiones en este sentido si perciben que la democracia no funciona o que no es realmente democrática. El reparto institucional, la violación de los principios
básicos de la democracia liberal y la colocación de leales solo contribuyen a perjudicar esa imagen y la confianza de los ciudadanos.


En segundo lugar, unas instituciones sólidas son la base de un país próspero. Numerosos estudios académicos demuestran que la neutralidad y la meritocracia en las instituciones, resultado de un proceso que tenga el menor componente de
decisionismo político posible, resultan en su mejoría y, consiguientemente, mejor rendimiento del país a todos los niveles. Unas instituciones más neutrales aseguran fiscalización, evaluación y control del poder político, frente al posible
servilismo de unas instituciones controladas por el mismo.


Por último, es nuestro deber el asegurar que existen los necesarios contrapesos a la acción del poder político en todos los ámbitos. Si bien es evidente que es de la soberanía popular, tal y como reconoce la Constitución, de la que emanan
los tres poderes, no lo es menos que el excesivo poder de uno redundaría

Página 87

en una posible deriva iliberal y antidemocrática. Un poder Ejecutivo sin controles, o un Legislativo que ignore al Ejecutivo resultarían en un retroceso democrático indeseable. Por ello, esta propuesta quiere fortalecer esa separación de
poderes, y asegurar la solidez del Estado democrático de Derecho en España.


La democracia no es ganada y luego permanece para siempre. Aunque, a tenor de la evolución de los sistemas políticos mundiales en los últimos años, pareciera que es el único régimen aceptado y legitimado universalmente como el estándar de
las 'sociedades decentes', la experiencia reciente nos indica que esto no es así. No solo fuera, como con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino dentro de la propia Unión Europea se han producido derivas iliberales y antidemocráticas que
amenazan con socavar el Imperio de la Ley, la separación de poderes y los derechos de los ciudadanos.


La democracia, por tanto, se construye día a día. Con rituales como el voto, la pacífica sucesión en el poder de un gobierno a otro y el normal funcionamiento de las instituciones. Pero también en los pesos y contrapesos, la rendición de
cuentas, la transparencia, la obediencia a las leyes y los adecuados procesos legales. Se construye sobre una legitimidad no solo normativa, sino también de resultados, contribuyendo en ambos casos unas instituciones neutrales, fuertes y alejadas
del juego político para enfocarse en sus labores para con la ciudadanía.


No podemos permitirnos ignorar lo ocurrido en otros países, ni creer que la democracia pervive sin defensa. Esta propuesta pretende asegurar la solidez institucional y contribuir a la despolitización de nombramientos, de tal manera que se
genere un clima de confianza entre la ciudadanía y se evite la percepción de la cartelización de los partidos políticos, así como de la parcialidad de las instituciones. Su mayor neutralidad y eficiencia solo puede ser beneficiosa tanto para los
ciudadanos, como para los actores políticos y la salud democrática de nuestro país en general.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie los trámites necesarios para promover una selección en base a criterios objetivos de mérito y capacidad y para proteger su independencia frente a injerencias políticas de:


1. Los magistrados del Tribunal Constitucional.


2. El Defensor del Pueblo.


3. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que deberán ser elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, propiciando a este fin un órgano plural y representativo de la carrera judicial.


4. El Fiscal General del Estado.


5. Los Consejeros del Tribunal de Cuentas.


6. Los miembros del Consejo de Administración de RTVE y su Presidencia.


7. La Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).


8. La Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE).


9. La Dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).


10. La Presidencia del Consejo de Estado.


11. La Presidencia del Consejo Económico y Social.


12. La Presidencia de la Agencia EFE.


13. La Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos.


14. Los máximos responsables de los organismos reguladores o de supervisión, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).'


Propuesta de resolución núm. 55


Auditoría de gasto público para eliminar duplicidades


Uno de los objetivos de cualquier democracia avanzada pasa por acabar con la elevada politización dentro de los cargos de alta dirección en la Administración. Sólo la visión estrecha de una política de corto plazo puede justificar que con
cada cambio de Gobierno o de ministros o consejeros se renueven los equipos directivos que comienzan, así, a aprender sobre una hoja en blanco, todo ello además con costes elevadísimos. En España disponemos de miles de directivos públicos que
prestan sus servicios, siempre

Página 88

temporalmente o dependiendo de los ciclos políticos, en las Administraciones estatal, autonómica y local, así como en sus respectivos sectores públicos. La cadena que une a gobernantes y directivos es la de confianza política o personal de
los primeros en los segundos.


La profesionalización a través del sistema de concurso y no por medio de la libre designación, supone que, por un lado, los funcionarios ven ampliada su carrera, pudiendo alcanzar el desempeño de puestos que antes solo estaban reservados a
políticos. Y, por otro, garantiza la continuidad, sin injerencia política, del ejercicio de la función pública como servicio objetivo al interés general, tal y como proclama la Constitución. El criterio seguido para distinguir los altos cargos
(políticos) de los altos directivos (profesionales) se basa, esencialmente, en considerar que ciertos cargos, por su cualificada relación de confianza con el Gobierno, y la dirección política que le corresponde, deben ser provistos mediante la
designación por el presidente del Gobierno, por el Consejo de Ministros o por sus miembros. En cambio, todos los demás cargos en los que tal relación no se justifica, podrán ser ocupados, preferentemente, por funcionarios en virtud de un
procedimiento en el que se garantice la publicidad y la concurrencia competitiva.


La profesionalización ha de reforzar no solo la eficacia de la gestión pública, sino también, su legitimidad. No es razonable, desde ningún punto de vista, que el cambio del signo político del Gobierno se vea acompañado de la destitución y
posterior nombramiento de una larga lista de cargos, en virtud de criterios no precisamente de buena gobernanza pública. El nombramiento y la destitución en virtud de criterios políticos, prescindiendo del éxito de la gestión desempeñada, suponen
un empobrecimiento institucional y económico. El buen gestor debería continuar en su desempeño, al margen del color político del Gobierno. Esto es exigible en relación con ciertas funciones que no precisan de la cualificada relación de confianza
que justificaría el nombramiento y la destitución.


Crear allí donde no existe un espacio de profesionalización de la función directiva en una organización, comporta de inmediato cambiar los equilibrios de poder. Si tenemos decenas de miles de directivos públicos que se nombran mediante
sistemas de discrecionalidad absoluta o relativa por los gobiernos (que, hoy en día, conciben la alta dirección pública como bolsas de clientelismo político de los partidos) y queremos que tales directivos pasen a ser designados mediante criterios
de profesionalidad, debemos ser conscientes que ese proceso implica una revolución organizativa que solo un liderazgo político de primer nivel, fuerte, valiente y sostenido en el tiempo puede impulsar. Esto lo han hecho innumerables democracias
avanzadas y algunos países en desarrollo, pero no España.


Con esta propuesta se pretende seguir el camino marcado por la directriz constitucional de asegurar, hasta los altos niveles de la dirección de las Administraciones públicas, que la gestión a desempeñar por estos cargos obedece
exclusivamente al servicio objetivo al interés general. La objetividad es la no contaminación política cuando de lo que se trata es de servicio eficaz y eficiente. Se avanza en un proceso histórico inspirado en el objetivo de contar con una
Administración acorde con nuestro nivel de riqueza, comprometida con el servicio al interés general, e integrada por profesionales cuyo desempeño sea esencial para su promoción, sin que ningún cambio de Gobierno amenace los éxitos de su trabajo.


El trabajo bien hecho, sea en el mundo privado o en el público, es una garantía de buen trabajo en la Administración, y debemos evitar poner barreras basadas en criterios políticos para cargos que no pueden ser dependientes de los mismos.
Se puede gestionar sin exigir carnés de ningún tipo. Los ciudadanos solo desean una Administración que preste el servicio de la mejor manera, sin imponerles cargas suplementarias, y, sobre todo, sin soportar el gravemente más odioso: la
ineficiencia. Que 'burócrata' deje de ser un descalificativo y la 'burocracia' el mayor de los insultos. Una nación próspera necesita de una Administración eficaz y eficiente y esto solo se puede conseguir con buenos profesionales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Encomendar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una auditoría del gasto público que permita identificar posibles duplicidades de funciones y organismos en el entramado institucional del Estado, incluyendo las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como la existencia de posibles cargos de libre designación de carácter superfluo y sin funciones asignadas.


2. Impulsar una ley para la profesionalización de la alta dirección de las Administraciones públicas por la que se garantice la competencia profesional adecuada en los perfiles de los altos cargos de la Administración Pública mediante la
inclusión de mecanismos de verificación de la honorabilidad y de la idoneidad tanto del proponente como del elegido, así como la inclusión de un sistema de prevención que evite la aparición de conflicto de intereses en el ejercicio del puesto.'

Página 89

Propuesta de resolución núm. 56


Energía nuclear


Más de seis meses han pasado ya desde que la Comisión Europea enviara a los Estados miembros su propuesta para la taxonomía europea sobre lo que se considera una energía limpia, con las consiguientes facilidades para financiar inversiones en
el sector. Este borrador afecta de lleno a un sector vital para el esquema energético español, que a día de hoy provee más del 22 % de la electricidad producida, sin emitir CO2 y sin verse afectado por la imprevisibilidad del gas ni la
intermitencia de las renovables: la energía nuclear. Tras el visto bueno del Parlamento Europeo la semana pasada, la taxonomía incluirá las inversiones en energía nuclear para generación de electricidad, con la condición de que las emisiones de
CO2 asociadas al ciclo de vida de las instalaciones (materiales, construcción, etc.), no superen el umbral de los 100 g/kWh (además de cumplir los estrictos requisitos de seguridad y gestión de residuos). Esta propuesta viene motivada por la enorme
dependencia europea del gas natural ruso y nuestra urgente necesidad de independizarnos del mismo, y, en menor medida, de otros países como Turquía. Pero, sobre todo, viene motivada por la escalada de los precios de la electricidad, una
preocupación que afecta gravemente a toda la UE, pero que ha sido especialmente expresada por Francia y España.


Sin embargo, mientras que nuestro país vecino, al igual que Alemania, defiende activamente el borrador, España lo ha recibido con fuertes críticas, a pesar de que nuestra compra de energía nuclear a Francia alcanzó su máximo histórico en
2021. El Gobierno se opone a que la energía nuclear se incluya en la taxonomía, en contra del criterio de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y, previsiblemente, también del Consejo. Critica que se incluya esta tecnología entre las que son
bajas en emisiones de carbono y para las que de momento no hay una alternativa disponible, que es precisamente el problema de fondo en la escalada de precios que sufre España (falta de firmeza en el mix energético y de contestabilidad en el
despliegue de renovables). En el caso de la energía nuclear, y en la línea de lo señalado por el comisario de Mercado Interior, una preocupación real por la descarbonización y por la bajada de los precios de la energía, es difícilmente compatible
con la oposición a la energía nuclear. Y es que, para poder afrontar mejor la inestabilidad en los mercados del gas (agravada aún más por la guerra de Ucrania), así como la intermitencia de las energías eólica y solar hasta que no se desarrollen lo
suficiente las tecnologías de almacenamiento (baterías e hidrógeno), la opción que no emite CO2 a la atmósfera es, a día de hoy, la fisión nuclear. En este sentido, en Europa países como Bélgica, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido o la República Checa han anunciado que, para reducir sus emisiones y mejorar su independencia energética, van a continuar operando sus centrales nucleares a largo plazo, o bien, construir nuevas unidades.


Es cierto que, aunque sus costes de funcionamiento sean bajos, los costes de inversión de la energía nuclear son elevados, y la puesta en marcha de nuevos reactores convencionales dura décadas. La propuesta de la Comisión Europea fija el
plazo para que las inversiones en energía nuclear se consideren compatibles con la taxonomía verde comunitaria en 2040 o 2045, según la naturaleza de la inversión. Teniendo esto en cuenta, así como la vida útil de una central nuclear, que puede
superar los sesenta años, la inversión en las centrales existentes es preferible a la construcción de nuevos reactores convencionales en España. Pese a ello, la apuesta por la energía nuclear en algunas jurisdicciones es tal que, por ejemplo,
Francia prepara la construcción de seis reactores más y un plan de inversiones que supera los 46.000 millones de euros en su intento por alcanzar la autonomía energética.


Asimismo, el estado de la ciencia permite ya implantar nuevas soluciones alternativas a la construcción de reactores convencionales, que requiere de grandes inversiones y tiempos de construcción. Así, los reactores modulares pequeños (SMR)
y microrreactores pueden ser una solución intermedia idónea para la transición, especialmente relevante para las áreas rurales, con menores exigencias de inversión e instalación, y vector de innovación y desarrollo en España. Así, estos reactores
se pueden transportar fácilmente, y la simplicidad de su diseño reduce el número de errores y cambios durante la instalación en el emplazamiento. Gracias a ello, su construcción es más asequible que la de los grandes reactores de potencia, que
suelen estar diseñados a medida para un lugar en particular, lo que a veces ocasiona retrasos en la construcción. Además, presentan un alto nivel de seguridad inherente, ya que los diseños de SMR son, en general, más simples, con un concepto de
seguridad más basado en sistemas pasivos y características de seguridad inherente del reactor, como una potencia y una presión de funcionamiento bajas. Tienen menores necesidades de agua de refrigeración, y se pueden enterrar parcial o totalmente

Página 90

para mejorar su seguridad e integración en el entorno. Más de cincuenta diseños de SMRs se encuentran en distintas etapas de desarrollo en Canadá, China, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Reino Unido o Rusia. España debería sumarse a
esta vía de innovación, mientras mantiene la actividad de sus reactores convencionales ya construidos hasta que lo permita su vida útil. En nuestro país, son actualmente siete los reactores activos, en cinco plantas distintas. Según datos del Foro
Nuclear, 'por décimo año consecutivo' la nuclear es la fuente que más electricidad genera en el sistema eléctrico español. Sin embargo, España no ha construido más centrales desde hace tres décadas. Las que hoy está operativas fueron puestas en
marcha en los años 80. Y lo que es más grave, el calendario del Gobierno prevé su cierre mucho antes del límite fijado por la propuesta de la Comisión Europea. De esta manera, nuestro país perdería años de inversión, generación de empleo,
descarbonización y autonomía energética, sustituyéndola por la única alternativa que existe y existirá, en el medio plazo, para esa escala de producción: el gas natural. La factura, como siempre, la pagarán los hogares y negocios españoles, en
forma de más dependencia de terceros países, y más imprevisibilidad de los precios de la electricidad.


El Grupo Parlamentario Ciudadanos ya presentó una enmienda para incluir un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, así como una pregunta
escrita al Gobierno, proposición no de ley, y moción. Ninguna de estas iniciativas ha servido para mover un ápice la obsesión, más ideológica que técnica, que tiene el Gobierno contra la energía nuclear. El propio presidente del Gobierno llegó a
declarar, en sede parlamentaria el pasado 30 de abril, que la energía nuclear no es una fuente de energía segura en una respuesta a la intervención del portavoz del GP Ciudadanos, Edmundo Bal. Posteriormente, el presidente se desdijo afirmando que
no había querido decir que no es segura, sino que no es el camino por el que apuesta el Gobierno de España para el mix energético español del futuro. Pero lo cierto es que nuestro mix energético, eminentemente renovable, requiere de una energía de
respaldo para los momentos de intermitencia del suministro a los que, desafortunadamente, están sujetas a día de hoy las fuentes renovables. En esa tesitura, existían dos opciones: o recurrir al gas como energía de respaldo o recurrir a la energía
nuclear. El Gobierno de España ha decidido apostar por el gas en lugar de por la energía nuclear por un conjunto de decisiones políticas, que no técnicas, llevando a España a más dependencia del exterior, más fluctuaciones de precios, y más
emisiones de CO2.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Encargar un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas, orientado a identificar las inversiones necesarias para prolongar hasta 2045 el máximo número de instalaciones manteniendo sus
condiciones de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad.


2. Poner en marcha un plan de innovación y desarrollo de reactores modulares pequeños y microrreactores en España.'


Propuesta de resolución núm. 57


Salud mental


La situación de agravamiento de los problemas de salud mental ha ganado relevancia pública a raíz de la pandemia de COVID-19 y de los efectos que el confinamiento de marzo de 2020 tuvo sobre las personas.


La Encuesta de Salud Mental del CIS de 2021 arrojaba datos preocupantes, en los que un 39 % de españoles declararon haber acudido a tratamiento por trastorno depresivo antes de la pandemia, y un 33 % por trastorno ansioso. Esos porcentajes
eran del 35 % y del 43,7 % respectivamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Más del 50 % de la mitad de la población ha sentido en algún momento miedo a la muerte o a los contagios durante este tiempo, un 41,9 % ha tenido
problemas de sueño y un 51,9 % ha reconocido sentirse cansado o con pocas energías. Además, un 6,4 % de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, el mayor porcentaje (un 43,7 %) por ansiedad y un 35,5 %
por depresión.

Página 91

Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres. La menor prevalencia en hombres adultos puede deberse a la estigmatización de los problemas de salud mental, derivando en falta de voluntad de
admitir el problema. Desgraciadamente, los datos también dicen que son los hombres adultos los que más tienden a quitarse su propia vida. Cada día hay una media de 10 suicidios en el país. Uno cada dos horas y media. Fueron 3.671 en 2019, según
el Instituto Nacional de Estadística. Es la principal causa de muerte no natural desde que en 2008 superó a los accidentes de tráfico -a los que ahora doblan-.


Para las personas jóvenes, este año de pandemia ha sido especialmente difícil. Las personas de 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han
sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. En el apartado sobre la infancia, la encuesta del CIS sobre los efectos psicológicos de la pandemia muestra que el 52,2 % de los padres que han convivido con sus
hijos menores ha percibido cambios en su forma de ser. El 72,7 % de ellos asegura que estos han mostrado 'cambios de humor' y un 30,4 % 'cambios en el sueño'. El suicidio es ya la principal causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 a 29 años,
algo que no había ocurrido desde que se registran datos y que los especialistas relacionan con el estallido de la pandemia de la COVID-19.


Este impacto se ha cebado también especialmente con la infancia, pese a que los menores representan en torno al 1 % de las infecciones por COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Los profesionales sanitarios ya han advertido de que
las urgencias psiquiátricas infantiles se han duplicado en los últimos 12 meses, principalmente provocadas por trastornos de conducta alimentaria cada vez más severos, casos de ansiedad, depresión, autolesiones y tentativas de suicidio, y también de
trastornos obsesivo-compulsivos, conocidos como TOC. Además, las tentativas de suicidio y autolesión en población infantil y juvenil han aumentado un 250 % a causa de la pandemia, según ha alertado este jueves el Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incorporar a la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) un Plan de Prevención del Suicidio que contenga medidas de asistencia psicológica a personas con conducta suicida, a supervivientes y a familias, con
especial atención a las conductas suicidas en la infancia y la adolescencia.


2. Dotar de recursos presupuestarios y humanos adicionales al teléfono de atención a la conducta suicida, 024, para evitar tiempos de espera excesivamente largos o llamadas desatendidas que puedan tener un efecto contraproducente en dicha
atención.


3. Impulsar campañas de prevención del suicidio, de lucha contra el acoso y el ciberacoso y de concienciación sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) destinadas a la infancia y la adolescencia, en colaboración con sociedades
científicas y con personalidades de referencia para niños y adolescentes del mundo del entretenimiento, el deporte, influencers o youtubers.


4. Avanzar en el objetivo de alcanzar una ratio de un psicólogo y un psiquiatra por cada 5.000 habitantes, de forma que la escasez de profesionales no sea un problema para la atención a la salud mental en nuestro país, mediante la puesta en
marcha de medidas ordinarias y extraordinarias como el aumento de plazas PIR.


5. Aprobar un 'cheque bienestar' para que cualquier familia pueda acceder a la atención psicológica por parte de profesionales de la salud mental sin necesidad de preocuparse por barreras socioeconómicas que dificulten ese acceso.'


Propuesta de resolución núm. 58


Desbloqueo de mejoras para pacientes de enfermedades graves


Una de las principales prioridades de cualquier ciudadano es asegurar su salud y su bienestar y el de sus seres queridos. Lamentablemente, la enfermedad es una protagonista de nuestras vidas, a veces con consecuencias fatales como ha
recordado la pandemia de COVID-19. Algunas de estas enfermedades o

Página 92

patologías se presentan de forma leve y pueden superarse con un tratamiento relativamente suave, pero en otros casos la enfermedad afecta al paciente de forma grave, requiere tratamientos más invasivos, o incluso puede acabar suponiendo que
el paciente requiere de unos cuidados específicos, a veces incluso a lo largo del resto de su vida. Más complicado es, aún, cuando la enfermedad de la que se trata es una de las llamadas 'enfermedades raras', por su escasa incidencia en la
población, que a su vez tienen menos opciones disponibles para su tratamiento, con las consecuencias que esto supone para los pacientes y para sus familias.


El compromiso de cualquier liberal debe ser garantizar lo máximo las mejores condiciones posibles para que la ciudadanía pueda tener salud y bienestar, puesto que estando libre de enfermedad es como mejor se ejerce la autonomía del
individuo. Sin embargo, es igualmente prioritario velar porque existan las condiciones para que, quienes sufren una enfermedad grave, puedan disfrutar al máximo posible de dicha autonomía. De hecho, la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, ratificada por España en el año 2007, compromete a los Estados firmantes a 'asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por este motivo'. A su vez, la Constitución Española, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la obligación de los poderes públicos para garantizar un sistema de atención a personas con discapacidad y
personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Si queremos construir una sociedad digna tenemos que ser capaces de garantizar igualdad de oportunidades no solo en el
plano de la asignación de recursos, sino poniendo medios para corregir las circunstancias moralmente arbitrarias que rigen nuestra vida.


Por ejemplo, según datos de la Fundación Luzón, reportados por las Consejerías de Sanidad de las 17 Comunidades Autónomas y recogido en el Observatorio de 2019, hay 3.717 personas afectadas la ELA en España, aunque la cifra seguramente es
mayor ya que no se cuentan los casos diagnosticados y tratados por la sanidad privada. A su vez, cada año se realizan aproximadamente 900 nuevos diagnósticos. Según datos de la misma fuente, cada día se detectan tres nuevos casos de ELA, siendo la
tercera patología neurodegenerativa más frecuente en España según su incidencia, por detrás del Alzheimer y el Parkinson. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa en la que las motoneuronas que controlan el
movimiento de la musculatura voluntaria gradualmente disminuyen su funcionamiento y mueren.


A su vez, según datos de la Sociedad Española de contra el Cáncer, en España se diagnosticaron en el año 2021 285.530 nuevos casos de esta enfermedad en nuestro país, lo que supuso un aumento del 2,36 por ciento en relación al año anterior.
En la actualidad, gracias a los enormes avances médicos en esta materia, la supervivencia a los cinco años de las personas con cáncer en España aumentó tres puntos porcentuales para el total de cánceres en el período 2008-2013, situándose en el 55,3
por ciento en el caso de los hombres y de 61,7 por ciento en mujeres.


Las personas con esta enfermedad, cuya curación y recuperación se proyecta a medio o largo plazo, afrontan grandes dificultades para mantener su vínculo con el mercado de trabajo. Por ello, en el momento en que agotan la prestación de
incapacidad temporal, sea o no tras las oportunas prórrogas, son calificadas o no como incapacitadas permanentes, y mantienen un vínculo profesional debilitado que en muchas ocasiones finaliza con extinciones derivadas de su enfermedad. A su vez,
en la actualidad no existen mecanismos legales que faciliten a las personas que logran recuperarse de esta enfermedad una transición para su reincorporación a su puesto de trabajo adaptada a sus necesidades físicas y psicológicas.


Por su parte, la atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad de origen genético, degenerativa y, en todas sus manifestaciones, altamente discapacitante. Afecta a 2 de cada 100.000 personas y hasta hace 5 años, cuando no había
tratamientos, era la primera causa de mortalidad infantil en menores de dos años por enfermedad de origen genético. La AME es una enfermedad de origen eminentemente infantil y que afecta a lo largo de toda la vida, ya que no tiene cura. Se
caracteriza por una debilidad muscular grave y progresiva que impacta profundamente en todas las actividades de la vida diaria y, que va paralizando el movimiento de piernas, brazos, cuello y tronco, impidiendo, en la mayoría de los casos, caminar y
afectando en un número muy elevado de casos, la realización de funciones vitales básicas como tragar, sostener la cabeza o respirar.


En los últimos años, las perspectivas de las personas diagnosticadas con AME han cambiado radicalmente. Ya no se trata de una enfermedad mortal sin tratamiento. Existen varios tratamientos que

Página 93

han demostrado su eficacia para cambiar radicalmente el curso de la enfermedad, si bien no son capaces aún de curarla. Los avances científicos han traído, tras décadas de investigación, la posibilidad de mejorar completamente el futuro de
las personas afectadas por AME. Los especialistas se encuentran ahora frente a una primera generación de personas tratadas en diferentes estadios de la enfermedad, y están acompañando a sus pacientes en su evolución, aprendiendo y adaptando sus
conocimientos sobre las nuevas y más benignas evoluciones que se están manifestando gracias a los tratamientos.


En definitiva, estos son tres ejemplos de enfermedades graves que limitan de forma clara la autonomía individual de los ciudadanos, y que suponen un gran reto para los pacientes y para sus familias. Son, además, tres ejemplos para los que
ya hay sobre la mesa iniciativas que tienen como objetivo la mejora de las condiciones de vida de quienes sufren estas patologías, pero que, por ineficiencias en los procedimientos administrativos y por falta de voluntad política por parte de
algunas formaciones, aún no han visto la luz para poder suponer ese cambio tan necesario y tan anhelado por parte los pacientes y de sus familias.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados expresa su voluntad de acabar con las demoras en la tramitación de las proposiciones de ley actualmente en período de enmiendas que tienen como objetivo mejorar la situación de las personas diagnosticadas con
ELA y de las personas que sufren carcinomas u otras enfermedades graves, de forma que puedan aprobarse definitivamente en el próximo período de sesiones, e insta al Gobierno a:


1. Impulsar los cambios normativos pertinentes para garantizar un acceso sin restricciones a medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras como la AME.


2. Agilizar la financiación de fármacos y tratamientos innovadores que ya hayan sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, con el objetivo de acabar con el retraso en el acceso a los mismos por parte de pacientes residentes en
España.


3. Favorecer los procedimientos de detección temprana y diagnóstico precoz de enfermedades graves como la ELA, el carcinoma o la AME, de forma que se pueda abordar dicha enfermedad lo antes posible y poder así fomentar al máximo la
autonomía del paciente.


4. Impulsar la información sobre enfermedades graves entre facultativos, pacientes y sus familias, facilitando así la prescripción y el acceso a cualquier tratamiento respaldado con evidencia científica que pudiera suponer una mejora en la
calidad de vida de los pacientes de estas patologías.'


Propuesta de resolución núm. 59


Pensiones


La invasión rusa de Ucrania, además de ser una de las mayores tragedias humanas vividas en el continente europeo en los últimos tiempos, tiene unas profundas consecuencias económicas que agravan los problemas ya existentes en las cadenas de
producción globales, la escasez de ciertos suministros y evolución del coste de la energía. El resultado está siendo unos incrementos en el Índice de Precios de Consumo (IPC) que España no sufría desde hace tres décadas, alcanzando en junio de 2022
una inflación del 10,2 % interanual.


La inflación es un fenómeno que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo. Así, ante una inflación sostenida no acompañada de
incrementos análogos en sus ingresos, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les permiten vivir solo de manera muy ajustada se ven abocados a situaciones de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se encuentran
en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino agravar.


Para evitar estas pérdidas de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o mediante negociación colectiva, están empezando a negociar la actualización de los salarios para acompasarlos a la evolución de la inflación.
Sin embargo, las voces económicas más autorizadas, entre las que se incluye el Banco de España, insisten en la necesidad de un pacto de rentas. La razón por la que los economistas abogan por un pacto de rentas es que un incremento generalizado de
los salarios

Página 94

nominales puede generar a su vez inflación. En un contexto de alta inflación no amortiguaría su impacto, sino que alimentaría un riesgo de espiral inflacionista. Pero esto no es un problema que generen solo trabajadores por cuenta ajena,
sino un riesgo que existe por la revalorización en términos nominales de los ingresos, sean estos salariales o de cualquier otra naturaleza.


El Gobierno ha dicho de forma reiterada que en el pacto de rentas todos los agentes de la economía deben ceder un poco y repartir el coste de la inflación. Así, de la misma manera que los trabajadores renuncian a revalorizar sus salarios
totalmente con el IPC, perdiendo algo de capacidad adquisitiva, también los empresarios renuncien a parte de sus beneficios. En un escenario tan crítico como el actual, no podemos sino estar de acuerdo con que todos debemos arrimar el hombro. Sin
embargo, trabajadores y empresarios no son los únicos agentes de la Economía.


En este contexto, cobra gran importancia la cuestión de las pensiones, cuyas cuantías han quedado vinculadas ex lege al IPC sin mayor matiz tras la última reforma y que plantean, en estas circunstancias, un reto doble. Por una parte, una
revalorización en línea con el incremento del IPC cuando alcanza las dos cifras puede suponer un quebranto inasumible en las cuentas públicas y la sostenibilidad de la Seguridad Social. Por otra parte, y más importante si cabe, una revalorización
de las pensiones en línea con el IPC, mientras los trabajadores se ven forzados a contener la actualización de sus salarios, sacrificando poder adquisitivo con el fin de proteger al conjunto del resto de la sociedad de problemas mayores, resulta
profundamente desigual y, por ello, injusto.


En España hay aproximadamente un pensionista por cada trabajador. En la medida que los pensionistas evitan la pérdida de su poder adquisitivo con la revalorización automática de sus pensiones de acuerdo con el IPC, el coste de la inflación
importada debe repartirse entre un conjunto más reducido de la población española, básicamente trabajadores y empresas. Dicho de otra forma, la no inclusión de las pensiones en el pacto de rentas implicará que los trabajadores deban perder aún más
poder adquisitivo que si repartiéramos el esfuerzo entre todos. Será necesario evaluar y debatir exactamente en qué términos contribuirán al esfuerzo colectivo del pacto de rentas, así como excluir supuestos como el de las pensiones mínimas, cuya
revalorización es de muy distinta naturaleza y necesaria precisamente por razones de justicia material. Lo que es innegable, en cualquier caso, es que la revalorización de las pensiones, en términos generales, debe formar parte también de cualquier
acuerdo relativo a un pacto de rentas.


Numerosas voces ya alertaron que la reforma de las pensiones, tal y como se aprobó en diciembre, es una enorme irresponsabilidad en términos económicos y una enorme injusticia en términos de equidad intergeneracional. La indexación de las
pensiones al IPC sin ningún mecanismo de ajuste era evidente que iba a generar problemas de sostenibilidad, porque cada punto adicional en el IPC supone aumentar el gasto en pensiones en 1.700 millones de euros. Lo que nunca pudimos imaginar es que
este grave problema lo veríamos ya en toda su crudeza en el primer año en vigor de la nueva ley.


Mantener el poder adquisitivo de las pensiones e indexar al IPC no son, ni deben ser, sinónimos. El sistema público de pensiones debe asegurar que todas las pensiones garantizan una jubilación en unas condiciones materiales dignas, pero no
todas las pensiones ni todos los pensionistas son iguales ni debe tratarse su revalorización de la misma manera.


Según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, de 2008 a 2020 la ganancia media anual de los trabajadores de 30 a 34 años edad subió solo un 3,86 %, la de los jóvenes de 25 a 29 años aumentó un 5,38 %, pero es que la de aquellos
de 20 a 24 años, cayó un 2,77 %. Es decir, la última cifra disponible de ganancia media anual de los más jóvenes hoy es menor que la que tenían los jóvenes 12 años atrás. En exactamente el mismo periodo de tiempo, de 2008 a 2020, y según los datos
del INSS, la pensión media de jubilación se incrementó en un 40,48 %. Una divergencia que ninguna sociedad puede considerar razonable o justa.


La reforma aprobada en diciembre introdujo lo que el Gobierno denominó 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional' (MEI), pero este mecanismo tiene de todo menos equidad intergeneracional y lo único que significa es subir las cotizaciones
sociales, perjudicando la creación de empleo y cargando sobre las espaldas de los jóvenes precarios el sostenimiento de las pensiones. El Gobierno alega que es equitativo porque sustituye al factor de sostenibilidad aprobado por el PP y que ni él
se atrevió a aplicar, pero esta dicotomía no solo es falsa, sino que además es inaceptable. No se puede sustituir una mala propuesta por propuesta también mala o peor. No hay nada equitativo en tener un sistema insostenible.


Lejos de ser un enfrentamiento de unas generaciones contra otras, muchos pensionistas son conscientes de que su situación es relativamente más holgada porque ya tienen la vivienda pagada, han

Página 95

podido acumular algo de ahorro o no tienen ya que afrontar el coste de la formación de sus hijos, etc. Son más responsables que muchos políticos y lo que quieren es, precisamente, medidas que garanticen que sus hijos o sus nietos tengan
buenos salarios, se puedan comprar una vivienda, puedan tener hijos y que, en definitiva, puedan aspirar al nivel de vida que ellos han alcanzado.


Demasiadas veces ya se ha puesto la carga de las sucesivas crisis económicas que lleva arrastrando España íntegramente sobre las espaladas de los trabajadores y, sobre todo, las generaciones más jóvenes. Es imprescindible reequilibrar el
pacto intergeneracional, que exista una verdadera equidad entre los esfuerzos exigidos a todas las generaciones y que se garantice la sostenibilidad, tanto económica como social, del sistema de pensiones. En el caso contrario, España corre el
riesgo de que el actual pacto intergeneracional desequilibrado acabe quebrando del todo.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un pacto de rentas que, junto con beneficios empresariales y salarios de trabajadores y funcionarios, incluya también las pensiones, de manera que todos los españoles contribuyan de forma equitativa a la contención de la
inflación y no se cargue todo el sacrificio sobre las espaldas de jóvenes y trabajadores.


2. Derogar el vigente 'mecanismo de equidad intergeneracional' y sustituirlo por un mecanismo de ajuste de la revalorización de las pensiones que tenga en cuenta la evolución de los salarios y, especialmente, los salarios de los más
jóvenes.


3. Sustituir la indexación actual al IPC general por un índice específico de variación del coste de la vida de los pensionistas.


4. Revalorizar las pensiones de forma progresiva en lugar de homogénea, de manera que el incremento de las de menor cuantía sea mayor que el de las más elevadas.'


Propuesta de resolución núm. 60


Natalidad y conciliación


La tasa de natalidad de nuestro país se sitúa en 1,26 descendientes por mujer, lo que hace que España tenga una de las tasas más bajas de la Unión Europea, donde la media se sitúa en torno al 1,6. Esto supone un gran reto demográfico, al no
garantizar el reemplazo de generaciones más numerosas como la del Baby Boom de los años 60 y que cada vez se acerca más a la edad de jubilación. Nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto, en el cual los cotizantes actuales pagan las
pensiones de los pensionistas actuales. Por tanto, en un escenario con un gran número de pensionistas y un escaso número de trabajadores, bien porque no encuentran un empleo o bien porque, simplemente, no hay suficientes jóvenes, el futuro del
sistema de pensiones está en cuestión.


Los jóvenes de entre 14 y 29 años son en España menos que nunca, poco más de siete millones, cuando eran más de diez millones en 1995. Por el contrario, las personas mayores de 65 años son más de nueve millones. Además, la tasa de
desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea, rozando el 30 %, lo que hace también que alcancen muy tarde su autonomía y no puedan abandonar su hogar familiar hasta que, de media, cumplen los 30 años. Su nivel de desempleo roza el 30 %,
aunque más de la mitad ha ido a la Universidad. Con esta situación, de hecho, no sorprende que en esa franja de edad la principal causa de muerte no natural sea actualmente el suicidio.


Esta situación hace también que los jóvenes, cada vez, tengan menos hijos porque, sencillamente, sus circunstancias personales no lo permiten. A quienes no encuentran un empleo y no pueden independizarse, esa situación de desempleo les
imposibilita plantearse un proyecto familiar. A quienes sí tienen un empleo, la necesidad de progresar profesionalmente de forma tardía o la dificultad de encontrar una pareja con las mismas aspiraciones hacen que, de forma efectiva, también les
sea imposible formar una familia. De hecho, no sólo se ha reducido la tasa de natalidad en nuestro país, sino que cada vez es más común que las mujeres decidan ser madres a una edad más tardía, situándose actualmente pasados los 31 años. La
necesidad de abrirse un camino profesional lo suficientemente robusto y las barreras que

Página 96

aún existen para la conciliación hacen que las mujeres españolas apuesten por consolidar su carrera antes de tener que enfrentarse a las dificultades de ser madre trabajadora.


Además, en este contexto, cada vez más mujeres deciden ser madres en solitario. En torno a un millón de familias españolas son ya monoparentales, más del 10 % del total de las familias de nuestro país, y el 83 % de esas familias están a
cargo de una mujer. Sin embargo, incluso cuando deciden tomar esta valiente decisión, las mujeres españolas se siguen enfrentando a nuevas barreras, como la discriminación en términos de conciliación respecto a otros modelos de familia, la
exigencia económica que supone no compartir gastos de crianza de un hijo con otro progenitor o, en algunos casos, la propia biología. Cuando algunas mujeres pueden tener la libertad de decidir ser madres, es posible que sea demasiado tarde para
tener una gestación segura o para estar en el momento idóneo de su fertilidad.


En definitiva, formar una familia y tener un hijo en nuestro país se siente, más que nunca en los últimos 40 años, una carrera de obstáculos. Incluso cuando una mujer quiere, puede y consigue tener un hijo, los datos apuntan a que sus
ingresos laborales caen en torno a un 11 % el primer año tras el nacimiento, aunque los hombres que son padres no suelen experimentar una reducción similar. Esta brecha, que es salarial, tiene en su origen la maternidad, y se va acentuando a medida
que avanza el tiempo y, a largo plazo, penaliza económicamente a la mujer tanto como para acabar provocando una caída de ingresos del 28 % a los 10 años después del nacimiento.


Asimismo, las instituciones no han puesto en marcha las medidas necesarias para eliminar esos obstáculos del camino, y no han sido lo suficientemente ambiciosos para garantizar la libertad de las mujeres a la hora de poder ser madres. Sin
prejuicios, sin impedimentos externos y sin discriminaciones.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Ampliar la duración de los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente hasta las 24 semanas iguales e intransferibles para cada titular, de manera progresiva desde este año hasta 2024, con el
objetivo de garantizar una atención adecuada de los menores de edad durante el primer año completo de vida.


2. Ampliar la duración de los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente en 24 semanas adicionales para familias monoparentales, eliminando así las diferencias con las familias de dos
progenitores.


3. Impulsar medidas para la concienciación de los empleadores en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, estableciendo incentivos para evitar que la maternidad sea vista como un problema y acabe perjudicando la carrera
profesional de las mujeres.


4. Facilitar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el acceso a técnicas de reproducción asistida mediante la introducción de las mismas en el sistema sanitario público, sin importar si la mujer que decide ser madre tiene pareja o
no, ni si la mujer que decide ser madre tiene una pareja de su mismo sexo.


5. Acabar con la diferenciación entre inseminación y fecundación in vitro en el sistema sanitario público, de forma que el único criterio para optar por una técnica u otra sea la recomendación médica pertinente en base a las características
individuales de la mujer.


6. Fomentar la introducción de coberturas para la congelación de óvulos en los planes de beneficios sociales de las empresas, ofreciendo bonificaciones e incentivos a los empleadores que decidan contemplar este tipo de iniciativas para sus
empleadas.


7. Aumentar la edad límite actual para poder acceder a tratamientos de reproducción asistida, avanzando a un sistema en el que la idoneidad de una mujer para someterse a estos tratamientos venga determinada por un estudio individualizado de
su caso particular bajo supervisión médica y con el acompañamiento profesional adecuado.'


Propuesta de resolución núm. 61


Impuestos y fiscalidad


Las consecuencias de la pandemia del COVID y la invasión de Rusia por parte de Ucrania, han generado en la gran mayoría de los países del mundo una crisis económica sin precedentes. Los efectos

Página 97

de la misma son muy cruentos y España, con un Gobierno incapaz de adoptar soluciones eficaces, los está sufriendo con especial virulencia dado que, al contrario que los países de nuestro entorno, partíamos de una situación de notable
desequilibrio de nuestras cuentas públicas, debido a una gestión económica poco responsable con anterioridad al inicio de la pandemia.


En escenarios como el actual, con una inflación del 10,8 % el pasado mes de junio, los gobiernos tienden a aplicar políticas fiscales restrictivas, de contención del gasto público y aumento de los impuestos que contengan la demanda. El
problema, sin embargo, es que ahora mismo los altos niveles de inflación coexisten en nuestro país con unos elevados niveles de precariedad y empobrecimiento por lo que, si bien es cierto que medidas destinadas a la bajada de impuestos o al aumento
del gasto público tienen, en esta coyuntura, el riesgo de reforzar la tendencia inflacionista en lugar de atajarla, es fundamental encontrar el equilibrio adecuado con soluciones que alivien el bolsillo de unas familias y empresas actualmente
asfixiadas por el alto nivel de precios. Así, la inflación está disparando los índices de pobreza y pobreza extrema de quienes ya vivían al límite con sus recursos o carecían de lo necesario, y está engullendo los mermados ahorros de una clase
media 'superpagadora' cada vez más empobrecida y con crecientes dificultades para llegar a fin de mes.


En España existe la percepción de que pagamos demasiados impuestos y, sobre todo, de que la única herramienta a la que acuden nuestros gobernantes en momentos de desequilibrio presupuestario es la del incremento de la presión fiscal. A ello
se une el agravante de la desafección que conlleva la desconfianza de los contribuyentes con respecto al destino de su dinero, gracias a un bipartidismo que nos ha obligado a convivir con inaguantables niveles de corrupción política y económica.
Por otro lado, el fraude fiscal no solo nos perjudica por la importante pérdida recaudatoria que supone, sino por el daño que ocasiona a las empresas cumplidoras la injusta competencia de las defraudadoras. Nuestras políticas fiscales liberales nos
permiten estar firmemente convencidos de que es posible reducir los tipos impositivos incrementando la recaudación al mismo tiempo. Para ello, entre otras cosas, hay que ensanchar las bases de los principales impuestos evitando que las grandes
fortunas evadan su pago con sofisticadas estructuras de ingeniería fiscal al margen de la legalidad; hay que reformar los regímenes especiales de tributación que se han convertido en nidos de fraude y que ya no están justificados; se debe dotar a
la Inspección fiscal de todos los medios humanos y materiales necesarios para perseguir el fraude a gran escala, y debemos modificar el delito fiscal como instrumento antifraude, entre otras medidas.


La reforma que proponemos debe contar con todos los actores implicados, no solo expertos teóricos, sino también de la Administración tributaria, de la sociedad civil, de la asesoría fiscal, representantes empresariales y del sector privado.
La reforma que planteamos busca asegurar la progresividad del sistema en su conjunto, la neutralidad, la transparencia, la simplicidad, y la generación de la certidumbre y confianza suficientes para no entorpecer la inversión y la creación de
riqueza.


En base a todo ello, proponemos una reforma fiscal que favorezca a hogares y empresas. Nuestra reforma fiscal pasa por escuchar a los organismos independientes, como la AIReF y poner en marcha sus recomendaciones y mejoras para eliminar
barreras y dinamizar la economía. Debemos invertir en reconstruir a la clase media y trabajadora potenciando el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el crecimiento empresarial, alejándonos de un sistema impositivo
mayoritariamente dependiente de un trabajo asalariado enormemente precario y unos autónomos que se sienten abandonados.


Con fundamento en todo ello, proponemos una reforma fiscal que aborde, al menos, los siguientes aspectos:


1. Reducción drástica del gasto público inútil y superfluo, previa auditoría integral del mismo, y previa realización de un análisis riguroso sobre el desorbitado tamaño de nuestra Administración Pública.


2. Incremento y mejora de los medios tanto humanos como materiales al alcance de la Inspección fiscal en orden a perseguir el fraude a gran escala.


3. Revisión de los principales impuestos de la tributación directa de nuestro sistema para chequear la pertinencia de mantener modalidades de tributación y regímenes especiales, así como incentivos y deducciones, que han devenido obsoletos
y, en ocasiones, pozos de fraude que suponen un auténtico agujero de recaudación que lastra nuestra economía, ofreciendo a cambio una rebaja general de los tipos impositivos que favorezca de manera directa a familias y autónomos.


4. Debemos hacer una revisión integral del IVA, ordenando la amalgama de tipos impositivos existentes y productos y servicios habidos en cada uno, muchas veces, de manera injustificada.

Página 98

5. Debe revisarse la fiscalidad medioambiental racionalizando la cantidad de impuestos autonómicos y locales que convierten el sistema en su conjunto en un lastre de burocracia, desigualdad e ineficacia, así como poner en el debate la
tributación de las nuevas formas de economía.


6. Hemos de reducir la carga fiscal de familias y empresas en una economía cada vez más marcada por la digitalización y la sostenibilidad, poniendo más dinero en su bolsillo mientras desplazamos el esfuerzo fiscal hacia actividades que son
perjudiciales para el interés general, nocivas para la salud, para el medio ambiente o para la competitividad de la economía.


7. Debemos analizar las causas de la altísima conflictividad tributaria y buscar soluciones a la congelación de enormes cantidades de dinero que se mantiene improductivo en tribunales administrativos y judiciales a la espera de un
pronunciamiento generalmente tardío.


8. Debemos, desde luego, trabajar más y mejor en definir los derechos que asisten a los contribuyentes en sus relaciones con la Administración tributaria, creando un sistema menos complejo y más transparente, esforzándonos en clarificar la
finalidad y utilidad de los impuestos que pagan los españoles.


En suma, nuestra reforma fiscal de marcado carácter liberal, aboga por una revisión integral del sistema que luche contra la evasión, no desperdicie recursos e impulse su eficacia. Ello nos permitiría rebajar tipos marginales potenciando la
libertad de elección de los ciudadanos en el uso de su dinero e, incluso, pensar en la aprobación de complementos salariales que actúen como auténticos impuestos negativos en favor de los colectivos con menores niveles de renta.


Por otro lado, mientras una reforma fiscal en profundidad no sea posible debido a la actual coyuntura, deben adoptarse medidas que mitiguen los efectos perniciosos de la actual crisis. Así, el nivel de inflación que venimos padeciendo desde
hace meses ha impulsado enormemente la recaudación, situándola en máximos históricos pero en un contexto de crisis y empobrecimiento general de los ciudadanos. La AIREF estima que, aproximadamente, cada punto de inflación adicional supone algo más
de 2.000 millones de recaudación extra por encima de lo previsto.


Esta sobre recaudación 'sobrevenida' debe serle devuelta a los españoles con medidas puntuales, concretas y, algunas, temporales como las que a continuación sugerimos, dirigidas todas ellas principalmente a los que carecen de recursos para
enfrentar su día a día y, también, a esa gran masa de clase media cada vez más asfixiada porque todo lo paga y nada recibe:


- Deflactar el IRPF. En momentos en los que el dinero cada vez vale menos, y con un nivel de inflación situado en el 10,8 %, el Gobierno debe adaptar la normativa tributaria al actual escenario, máxime considerando que los umbrales del IRPF
no se han modificado desde hace más de siete años. La falta de deflación de las tarifas del IRPF va en contra del principio constitucional de capacidad económica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que éste haya aumentado
su poder adquisitivo real.


- Aprobar medidas tributarias en el IRPF y el IVA en favor de los autónomos. El tejido productivo en España está formado fundamentalmente por pymes y trabajadores autónomos a los que debe protegerse como fuente generadora de riqueza,
oportunidades y empleo. Por ello, proponemos un paquete fiscal que mejore la deducibilidad de determinados gastos relacionados con su actividad y facilite la relación entre impuestos y facturas impagadas, con el fin de darles oxígeno financiero en
un momento de enormes dificultades:


• Deducibilidad del 100 % de los gastos de suministros de la vivienda habitual que los autónomos afecten parcialmente al desarrollo de una actividad económica, en proporción a los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad
respecto de la superficie total de la misma, con el límite de 500 euros anuales.


• Deducibilidad de los gastos de estancia del contribuyente fuera de su vivienda habitual que estén ligados a la realización de alguna actividad relacionada con su negocio, con el límite cuantitativo diario establecido para los gastos de
estancia de los trabajadores por cuenta ajena.


• Flexibilización de los requisitos exigidos para la deducibilidad de los gastos de manutención y dietas, cuyo rigor está haciendo inaplicable en la práctica dicho beneficio fiscal, con los límites que operan para los trabajadores por cuenta
ajena.


• Deducibilidad de los gastos de locomoción en medios de transporte públicos o privados que estén ligados a la realización de alguna actividad relacionada con su negocio, con los límites establecidos en este supuesto para los trabajadores
por cuenta ajena.

Página 99

• Incremento del límite de deducibilidad de las aportaciones de los autónomos a planes de pensiones de los que resulten beneficiarios, hasta los 8.500 euros anuales previstos para las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena, con el
fin de eliminar la discriminación injustificada sufrida por aquéllos y siguiendo las recomendaciones al respecto del Pacto de Toledo.


• Establecimiento de una deducción en cuota por las aportaciones que realicen los trabajadores autónomos a los planes de pensiones de empleo en favor de los trabajadores a su cargo, en el mismo sentido que se ha regulado recientemente para
las sociedades.


• Reforma de su régimen de cotización, alejándose de umbrales elevados que ponen trabas al emprendimiento y al crecimiento empresarial.


• Suavizar los requisitos existentes hoy para poder recuperar el IVA anticipado en caso de facturas total o parcialmente incobrables, reduciendo sustancialmente los plazos de consideración de una factura como incobrable; eliminando el
umbral de 300 euros mínimo; y eliminando la obligación de instar reclamación judicial previa contra el deudor, sustituyéndose por el intento fehaciente de cobro de la deuda acreditado por cualquier medio de prueba admitido en derecho.


• Eliminar la previsión contenida en la regulación del criterio de caja en el IVA, de que el impuesto se devengue en todo caso el día 31 de diciembre del año posterior incluso en el caso de que las facturas no hubieran sido cobradas, por ser
contrario a la Directiva europea tal y como ha sentenciado ya el Tribunal Supremo.


- Exceptuar de gravamen en el IRPF la entrega de materiales de trabajo, herramientas y equipos informáticos para la realización del trabajo a distancia. La pandemia del COVID trajo consigo, y ha mantenido en una gran mayoría de los casos,
la implantación casi generalizada del sistema del trabajo a distancia. Los empresarios se han visto en la necesidad de proveer, y sus empleados en la obligación de recibir, equipos y herramientas para que éstos puedan llevar a cabo sus tareas desde
sus domicilios. En este contexto, debe quedar clara en la normativa del IRPF la exención de la entrega de dicho material de trabajo. Lo contrario sería frontalmente incongruente con las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 28/2020, de
trabajo a distancia, que obliga a las empresas a dotar de los medios y equipos que exija el teletrabajo y a que ello no suponga para el empleado la asunción de gasto alguno relacionado con los mismos.


- Recuperar los coeficientes de actualización del valor de adquisición de los inmuebles en el momento de su venta. Hasta el año 2015 existía en nuestra normativa tributaria la posibilidad de actualizar el precio de adquisición de los
inmuebles al momento de la venta, con el fin de evitar que el contribuyente hubiera de tributar por la parte de plusvalía únicamente debida al efecto de la inflación durante los años de posesión del activo. La eliminación de estos coeficientes
correctores supuso, además de su potencial inconstitucionalidad toda vez que se obligaba a tributar por una plusvalía meramente nominal y no real, el castigo al ahorro individual a largo plazo. Recuperar estos coeficientes no solo parece de sentido
común, sino que resulta perentorio en la actual coyuntura, con una inflación situada en el 10,8 % que está llevando a muchos ciudadanos a despatrimonializarse para poder hacer frente a su día a día.


- Eliminar de nuestro sistema tributario el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El ISD es una figura tributaria compleja y de aplicación desigual por parte de las comunidades autónomas. Es, además, un impuesto cuya adecuación con el
artículo 31 de la Constitución está en tela de juicio; genera doble imposición en patrimonios que ya han tributado en vida del causante por diversos conceptos; desincentiva el ahorro familiar; genera un elevado rechazo social; aporta muy pocos
recursos al Estado pero provoca deslocalizaciones ficticias; y es el principal motivo del incremento de la renuncias a herencias.


- Eliminar de nuestro sistema tributario el impuesto conocido como plusvalía municipal. Aparte de los problemas de inconstitucionalidad que siempre han perseguido a este impuesto, resueltos de manera precipitada por el Gobierno mediante
RDL, la mera existencia de este tributo supone un caso de sobretributación en nuestro sistema al coexistir con otros impuestos directos que gravan la enajenación de terrenos. Esta sobretributación ya fue denunciada por el Comité de Expertos para la
Revisión del modelo de Financiación Local elaborado en 2017, quien ya planteó la supresión de este impuesto, con el correlativo aumento de la participación de las entidades locales en la recaudación de los tributos estatales que gravan las
plusvalías de los bienes inmuebles en la imposición directa.


- Introducción de una deducción en la imposición directa por los gastos extraordinarios del gas y de la electricidad durante el ejercicio 2022. Las acciones que el Gobierno ha llevado a cabo al respecto del desorbitado incremento del precio
del gas y la luz han sido insuficientes y difícilmente perceptibles en la

Página 100

factura. Por ello, creemos que es necesario pasar a medidas fiscales en impuestos directos, por lo que se propone analizar la conveniencia de aprobar una deducción para el ejercicio fiscal 2022 por los gastos extraordinarios en concepto de
costes de gas y eléctricos, de la que resulten beneficiaria la clase media y trabajadora que conforma el grueso de la población española.


- Aprobación de una deducción fiscal en el ámbito del IBI para incentivar la instalación de placas fotovoltaicas en los hogares. España puede hacer mucho más por impulsar la penetración de las energías renovables y la descarbonización de
nuestra economía también en hogares y negocios. La tecnología fotovoltaica es la que tiene un mayor potencial en este sentido, dadas las favorables condiciones de insolación en nuestro país. Así, se debe facilitar la instalación de generación
renovable de hogares y pequeños negocios, si bien al tratarse de inversiones con un elevado coste, proponemos reducir la base imponible del IBI con el fin de premiar fiscalmente las inversiones en materia energética en inmuebles.


- Fomentar la financiación de proyectos de I+D+i a través de los impuestos directos de los ciudadanos pero sin incrementar los mismos, para lo que podría impulsarse la creación de una casilla en la declaración del IRPF con tal finalidad, en
los mismos términos que las casillas correspondientes a los fines de interés social o el sostenimiento económico de la Iglesia Católica.


Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una reforma en profundidad de nuestro actual sistema fiscal en el momento en que superemos la actual coyuntura económica de crisis e inflación, que se inicie con la realización
de una exhaustiva auditoría de la eficiencia en el empleo del dinero público, y que continue con una revisión integral del sistema que elimine regímenes especiales ineficaces y deducciones obsoletas, luche contra la evasión, no desperdicie recursos
e impulse su eficacia.


Mientras la realización de una reforma de esas características no sea conveniente ni posible en la actual coyuntura económica, se insta al Gobierno a adoptar medidas tributarias puntuales capaces de ayudar a familias, trabajadores y
autónomos a afrontar la presente crisis tomando, entre otras posibles, las siguientes medidas:


1. Ajustar, con carácter urgente, los tramos de la escala, los mínimos exentos, retenciones y deducciones del IRPF, a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes, con carácter inmediato y retroactivo a
1 de enero de 2022.


2. Aprobar un paquete de medidas tributarias para autónomos en el ámbito del IRPF, que incremente la deducibilidad de determinados gastos relacionados con su actividad, con el fin de darles el oxígeno necesario a sus negocios para continuar
generando empleo, oportunidades y riqueza para nuestro país.


3. Reformar el régimen de cotizaciones de trabajadores autónomos para adecuarlo más a la realidad de su actividad, reducir trabas al emprendimiento y mejorar sus condiciones.


4. Flexibilizar los requisitos existentes para recuperar el IVA anticipado en caso de facturas total o parcialmente incobrables.


5. Eliminar la previsión contenida en la regulación del criterio de caja en el IVA, de que el impuesto se devengue en todo caso el día 31 de diciembre del año posterior.


6. Clarificar en la normativa del IRPF que queda exceptuada de gravamen la entrega de materiales, herramientas y equipos informáticos para la realización del trabajo a distancia por parte de los empleados.


7. Recuperar la aplicación de los coeficientes correctores del efecto de la inflación en la determinación del valor de adquisición de los bienes inmuebles.


8. Eliminar de nuestro sistema fiscal el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.


9. Eliminar de nuestro sistema tributario el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


10. Estudiar la posibilidad de introducir en la imposición directa una deducción por los gastos extraordinarios del gas y de la electricidad ocasionados a la clase media y trabajadora durante el ejercicio 2022.


11. Aprobar una deducción fiscal en el ámbito del IBI para incentivar la instalación de placas fotovoltaicas en los hogares.


12. Impulsar la creación de una casilla en el próximo ejercicio de declaración del IRPF que permita al contribuyente destinar el 0,7 % de su contribución a la financiación de proyectos de I+D en los mismos

Página 101

términos en los que actualmente sucede con los fines de interés social o el sostenimiento económico de la Iglesia Católica, mejorando el control que el ciudadano tiene sobre sus impuestos.'


Propuesta de resolución núm. 62


Administración Pública


En el último Informe sobre Eficiencia del gasto público en España del Instituto de Estudios Económicos (IEE), se afirma que España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE respecto a eficiencia en el gasto
público. Así, España obtiene una puntuación de 74.4/100 y la posición 29, es decir, en la zona media-baja de la tabla, por detrás de casi todos los países de nuestro entorno como Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido o Bélgica. Este informe
mantiene que es posible mejorar la eficiencia del gasto público en nuestro país en hasta 60.000 millones de euros, ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos que hasta ahora. Al decir de estos expertos, con una mejora en la eficiencia del uso
del dinero público de este nivel, podría llegarse a la necesaria consolidación fiscal en nuestro país sin necesidad de recurrir a la subida de impuestos pero, para ello, debe evitarse que los gastos improductivos se vuelvan estructurales.


La reducción drástica del gasto público inútil es, tal vez, el pilar esencial en el que se apoya la idea de una política fiscal liberal. Nuestra Administración pública, de unas dimensiones desproporcionadas, está infestada de duplicidades,
gastos sobrantes y nula exigencia de responsabilidad sobre el gestor del dinero público. La estructura territorial en España ha sido el fundamento de gran parte de nuestros éxitos y nuestro progreso durante la democracia, pero hemos de admitir que,
hoy, tiene una disposición profundamente costosa e ineficiente con hasta cinco niveles de gestión: local, provincial, autonómico, central y supranacional. Estos cinco niveles crean en muchas ocasiones redundancias que lastran el dinamismo de la
sociedad, dificultan la transparencia en el sistema, suponen un descontrolado agujero de dinero público y convierten al sistema en su conjunto en un lastre dependiente de intereses partidistas, poco profesionalizado y poco generador de confianza.
Es necesario abordar el debate de la racionalización de la estructura actual del Estado pues, tal y como está hoy, favorece la aparición de una enorme cantidad de estructuras, instituciones, organismos autónomos, entes públicos empresariales,
fundaciones, agencias, empresas públicas, y otros entes que terminan anquilosando nuestro sector público. Algunas posibilidades de mejora pasarían por racionalizar ostensiblemente el mapa municipal generando economías de escala en la gestión de
servicios públicos de competencia municipal; revisar la necesidad de la existencia de algunas instituciones; llevar a cabo un proceso de desinversión de activos públicos societarios que carezcan de interés; o crear grupos aunando empresas
públicas, entre otras muchas posibles medidas.


Debe hacerse, asimismo, una auditoría integral del gasto público que otorgue un análisis real y pormenorizado de nuestra situación económica y financiera, con datos precisos sobre nuestra liquidez y solvencia, del resultado obtenido de las
diferentes medidas impulsadas, y que ofrezca soluciones, proponga planes de saneamiento de nuestras cuentas y alternativas de financiación. En línea con lo dicho, es fundamental también apostar por la evaluación continua del desempeño de las
políticas públicas estableciendo mecanismos de evaluación ex ante y ex post de todos los nuevos programas de gasto. Las políticas y programas públicos deben perseguir unos objetivos realistas y cuya consecución pueda ser objetivamente medible.
Tras ello, debe determinarse la conveniencia de continuar adelante con dichas políticas, desistir de las mismas, o buscar alternativas que consigan el mismo resultado a un menor coste. Para todo ello, deberá darse un impulso aún más decidido a los
programas de revisión del gasto público que está llevando a cabo la AIReF, dotando a ésta de más medios para llevar a cabo su trabajo, especialmente a la recién creada División de evaluación del gasto público, reforzando su capacidad de evaluación y
otorgándole mayores competencias y peso institucional. En este sentido, la Autoridad independiente ya ha llevado a cabo un proceso de revisión del gasto público en tres fases (spending review) centrado en importantes partidas presupuestarias. Sin
embargo, es fundamental extender este spending review a otros ámbitos de empleo del dinero público y, sobre todo, incorporar las recomendaciones que la Autoridad realice. Nuestro sistema necesita despojarse de todos aquellos gastos que se llevan a
cabo por inercia, sin programa, objetivo, ni justificación.

Página 102

La transparencia y la rendición de cuentas continua deben ser una constante del proceso público. Esto es así no solo en términos políticos o presupuestarios, sino en la medición de resultados, el acceso a la información pública y la
difusión permanente de datos y estadísticas de interés. Deben, además, establecerse incesantes canales de comunicación y colaboración entre el gestor público y los ciudadanos beneficiarios de la gestión. Por otro lado, es fundamental seguir
trabajando en el fortalecimiento e independencia del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que su labor fiscalizadora en materia de contabilidad y transparencia de organismos públicos no sea meramente estética sino
plenamente efectiva, haciendo posible la exigencia de responsabilidades a los gestores públicos correspondientes.


Las recientes crisis económicas y financieras y, por supuesto, la crisis del COVID-19, nos han demostrado, más aún si cabe, la necesidad de contar con un sector público bien dotado como instrumento imprescindible de los países más modernos y
desarrollados. Pero, además, la Administración debe estar actualizada, ser dinámica y tener capacidad de adaptación a los crecientes cambios que está experimentando la sociedad, con la digitalización a la cabeza de un cambio imparable. Por ello,
desde los poderes públicos debe trabajarse por conseguir una Administración más digital, ágil y eficiente, con predominio absoluto de procesos telemáticos simplificados y automatizados, más sencillos y con el objetivo inequívoco de facilitar la vida
a los ciudadanos. Todo ello, mediante la mejora de las infraestructuras tecnológicas, el reciclaje constante y la introducción de las tecnologías más avanzadas en cada momento, sin olvidar la importancia de invertir en ciberseguridad.


En una nota aparte, pero íntimamente relacionada con esta materia, entendemos fundamental poner de manifiesto la necesidad imperiosa que tiene nuestro país de contar con una Estrategia fiscal a medio plazo que otorgue certidumbre en nuestra
economía y planificación de cara a perseguir el equilibrio presupuestario y la disminución de nuestro elevado nivel de deuda pública. Los organismos de evaluación más relevantes dibujan un escenario incierto y poco optimista para nuestro país, que
se acrecienta por la más que previsible reactivación de las reglas fiscales europeas en 2023, con orientaciones que apuntan a sendas de ajuste y paulatinas reducciones de deuda creíbles y graduales.


En este contexto, tanto el Banco de España como la AIReF, entre otros, han demandado la aprobación de una Estrategia Fiscal a medio plazo para nuestro país que recoja la senda prevista para volver a la estabilidad presupuestaria de las
cuentas públicas en un futuro lo más cercano posible. Así, advierten que aunque la deuda y el déficit estén situados ahora mismo en una trayectoria decreciente, no puede dejarse la estabilidad de nuestras cuentas públicas en manos de la suerte del
componente cíclico, requiriéndose la aprobación inmediata de medidas de carácter estructural. Asimismo se insiste en que si bien la inflación a corto plazo mejora la recaudación y disminuye el déficit, a medio plazo deteriora el saldo fiscal, por
lo que 'persisten elementos que aconsejan una estrategia a medio plazo' que fortalezca la posición de las finanzas públicas, sirva de orientación fiscal, garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones
Públicas, reduzca la vulnerabilidad a entornos adversos y fomente la credibilidad y certidumbre en nuestras cuentas públicas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Llevar a cabo un estudio que persiga diagnosticar los principales problemas que enfrenta la actual estructura del Estado y sus diferentes niveles de la Administración, con el objetivo de encontrar soluciones que garanticen una mayor
eficacia en el uso del dinero público.


2. Realizar una auditoría integral del gasto público que aporte un análisis pormenorizado de nuestra situación económica y financiera, con datos precisos sobre nuestra liquidez y solvencia y que ofrezca soluciones, proponga planes de
saneamiento de nuestras cuentas y alternativas de financiación.


3. Apostar por la evaluación continua del desempeño de las políticas públicas estableciendo mecanismos de evaluación ex ante y ex post para todos los nuevos programas de gasto.


4. Asegurar que la división de evaluación del gasto público, creada en el seno de la AIReF, cuenta con todos los medios necesarios para desempeñar su trabajo, así como extender el spending review a otros ámbitos de empleo del dinero público
y ejercicios presupuestarios, comprometiéndose decididamente a incorporar las recomendaciones que la Autoridad realice.


5. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas permanente en la gestión pública.

Página 103

6. Modernizar nuestra Administración mejorando así las relaciones entre ésta y los administrados, con el fin de hacerla más dinámica, digital, ágil y eficiente, donde predominen los procesos telemáticos simplificados y automatizados.


7. Definir con carácter urgente una Estrategia Fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad del sistema, reduzca los riesgos de nuestro elevado nivel de endeudamiento y aporte certidumbre sobre nuestra economía, adoptando para ello
reformas estructurales.'


Propuesta de resolución núm. 63


Políticas de igualdad


El artículo 14 de la Constitución Española establece que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social'. A su vez, el apartado segundo del artículo 9 establece que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas'.


A pesar de los avances alcanzados desde la aprobación de la Constitución Española en 1978 en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la actualidad siguen existiendo multitud de brechas en diferentes ámbitos que limitan el ejercicio
sus derechos y libertades de la mitad de la población.


A pesar del reconocimiento de la igualdad formal en nuestra Constitución Española, siguen existiendo múltiples formas de discriminación que afectan de forma específica a las mujeres. Así, por ejemplo, el último estudio de Eurofund para
todos los países de la UE muestra que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de aproximadamente un 12 % más de salario para los hombres en España. La principal causa de esta brecha es la maternidad, que afecta a la progresión profesional de
las mujeres al no contar con herramientas suficientes y accesibles para la conciliación y la corresponsabilidad. De hecho, la práctica totalidad de las excedencias en el trabajo para el cuidado de hijos son solicitadas por mujeres. Según los
últimos datos que figuran en la web del Instituto de las Mujeres, de las 43.226 solicitudes de excedencia en 2020 para poder conciliar, el 90 % fueron pedidas por mujeres.


Si bien es cierto que este problema no es exclusivo de nuestro país, en tanto en cuanto la media de brecha salarial de género es de un 14 % en toda la Unión, debemos seguir trabajando para ponerle remedio, entendiendo que parte de la misma
se debe a los puestos que ocupan los hombres y los puestos que tienden a ocupar las mujeres en el mercado laboral, abogando por una igualdad material de oportunidades, que redunde en la reducción de esta brecha y en igual acceso a todo tipo de
puestos de trabajo para ambos sexos.


Estas discriminaciones no solo están presentes en la brecha salarial, sino que, por ejemplo, se hacen visibles en el número de mujeres que forman parte de consejos de administración de empresas o que son responsables en instituciones
públicas o compañías privadas. A su vez, también son las mujeres las que ocupan en mayor proporción los puestos de trabajo con condiciones laborales y salariales más precarias.


A estas discriminaciones hay que sumarle la violencia de género, que junto con la trata con fines de explotación sexual, es la forma más brutal en la que se manifiestan la discriminación estructural que sufre la mitad de la población. Desde
el 1 de enero del año 2003, se han contabilizado 1.154 víctimas mortales por Violencia de Género, 24 en lo que va de año. La colaboración de todas las fuerzas políticas hizo posible un gran Pacto contra la Violencia de Género, y debemos profundizar
en las medidas allí acordadas para seguir luchando contra esta lacra desde los poderes públicos.


También es importante hacer referencia a las discriminaciones que sufren las personas que conforman el colectivo LGTBI. Nuestro país ha sido pionero en materia de protección y avance en los derechos de estas personas durante muchos años.
Juntos hemos ido avanzando en la ampliación del esquema de derechos y libertades de los mismos, pero, desgraciadamente, aun hemos sido testigos de casos de agresiones homófobas y discriminaciones en diferentes esferas de la vida. En una línea
similar, existen aún barreras ilógicas en una sociedad avanzada para el desarrollo de planes de vida y la formación de distintos modelos de familia por parte de las personas LGTBI.


Ante las discriminaciones aun existentes, resulta evidente pensar que seguimos teniendo que hacer esta labor de derribo de barreras y para proporcionar las mejores condiciones para el libre desarrollo de

Página 104

todos los ciudadanos, sin que ninguna circunstancia personal limite el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos.


En último lugar, es importante abordar las diferentes formas de discriminación que enfrentan las personas inmigrantes en España que se construyen en torno a su nacionalidad y los estereotipos sobre ellas, vulnerando lo dispuesto en los
apartados primero y segundo del artículo 13 de la Constitución Española. De esta manera, las personas inmigrantes en España no solo se ven comprometidos el ejercicio de sus derechos y libertades, sino que deben superar mayores barreras que la
mayoría de la población para poder desarrollar su vida personal y profesional. Prueba de ello es que la tasa de paro de los extranjeros en la actualidad se encuentra muy por encima de los ciudadanos españoles. A su vez, también es necesario
destacar que estas personas cuentan en la actualidad con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, incluso cuando cuenta con un empleo estable.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Mejorar el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) rediseñando el cuestionario que se realiza a las mujeres víctimas de violencia machista, fomentado la presencia de profesionales de la
psicología especializados en situaciones de violencia y tratamiento de víctimas en todas las etapas del proceso de introducción de datos en el sistema VioGén e implantar un mecanismo de revisión, supervisión y rendición de cuentas humana de los
sistemas de asignación de riesgo a las víctimas para evitar posibles discriminaciones sistémicas contra las mujeres víctimas de violencia machista.


2. Impulsar la presencia de mujeres en los consejos de administración y en los puestos directivos de las empresas, avanzando hacia una presencia más equilibrada entre ambos sexos, en su caso, mediante el establecimiento de medidas de acción
positiva, así como estableciendo la obligación de garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de los altos cargos y en la composición de los órganos colegiados de las administraciones y entidades del sector público.


3. Promover, en colaboración con el resto de las administraciones educativas, la implantación de Planes de igualdad como instrumento para fomentar la educación en igualdad de mujeres y hombres en los centros educativos, utilizando como
documento de referencia la publicación Educación en Igualdad. Propuesta metodológica sobre coeducación (2015) del Instituto de las Mujeres.


4. Garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación de los trabajadores y empleados.


5. Impulsar un Proyecto de Ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito y
ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas.


6. Encomendar al nuevo Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas la elaboración de un análisis de impacto, de carácter cuatrienal, de la normativa y programas dirigidos a luchar contra la violencia que sufren las mujeres y fomentar
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.


7. Abordar de manera integral y coordinada la problemática y los obstáculos legales y administrativos que familias LGTBI adoptantes se encuentran en los procesos de adopción.


8. Impulsar procesos de apertura de nuevas vías de adopción internacional que den respuesta a las personas y familias LGTBI adoptantes en espera en nuestro país, así como a los menores que se encuentran en situación de desprotección.


9. Eliminar las barreras estructurales geográficas existentes en el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) por parte de los individuos pertenecientes a colectivos considerados de riesgo, facilitando el acceso a este tratamiento en
todos los centros hospitalarios del territorio nacional y ampliar los colectivos que pueden acceder a la misma.


10. Promover actuaciones, en colaboración con todos los niveles administrativos y actores implicados, para avanzar en la eliminación de conductas discriminatorias contra individuos por razón de su identidad de género u orientación sexual y
acabar con la violencia ejercida contra las personas con esta motivación.


11. Asegurar el cumplimiento del marco normativo en materia de igualdad de trato y no discriminación para evitar las conductas discriminatorias ejercidas contra personas por razón de sexo, procedencia, raza, etnia, origen social, religión,
opinión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social.

Página 105

12. Elaborar, en colaboración con las empresas del sector, un Código de Buenas Prácticas Inmobiliarias que garantice la ausencia de cualquier tipo de discriminación por parte de los prestadores de servicios de venta, arrendamiento,
intermediación inmobiliaria y portales de anuncios.'


Propuesta de resolución núm. 64


Políticas Sociales


El Estado del Bienestar en España lleva años mostrando su incapacidad a la hora de desarrollar políticas redistributivas y distributivas que promuevan la igualdad de oportunidades en nuestro país. La ineficacia de nuestras Administraciones
públicas a la hora de combatir las desigualdades de base compromete el ejercicio de algunos de los derechos previstos en el Título primero de la Constitución Española y supone un claro incumplimiento de lo previsto en el artículo 9.2 de la
Constitución Española.


Según el informe 'Desigualdad de la Renta y Redistribución en España', elaborado por Clara Martínez-Toledano, la presión fiscal que soportan las rentas más bajas de España es muy similar a la que afecta a los más ricos del país. Según los
resultados de este estudio, 'en proporción a sus patrimonios y sumando las principales figuras del sistema impositivo español, los deciles más bajos de ingresos están sujetos a un tipo medio del 28 %, mientras que el decil más alto de la tabla
soporta uno algo menor, del entorno del 27 %'.


Además, según el VII informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de la Fundación Foessa, nuestro país carecía de políticas públicas efectivas encaminadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los ciudadanos.
España ha estado sistemáticamente a la cola de los países de la OCDE en inversión en familia, con un 1,46 % de PIB en 2013, un punto por debajo de la media de los países de la OCDE, que se sitúa en torno al 2,43 %, y muy lejos de los países que más
invierten en este aspecto, que se acercan a porcentajes del 4 %, como Reino Unido, Dinamarca, Francia o Suecia.


En la actualidad, según los últimos datos de los que disponemos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido un 0,8 % en tasa interanual hasta el 27,8 % en 2021. A su
vez, el riesgo de pobreza y exclusión social infantil se sitúa en el 33,4 %, más de un punto por encima de los niños que se encontraban en esta situación en 2020.


En lo que respecta a los jóvenes, el Banco de España advertía hace un año que este colectivo se enfrentaba en la actualidad a diferentes problemas derivados de la crisis provocada por la COVID-19 en materia educativa, en lo relativo a sus
condiciones laborales y al impacto económico que tendrá la transición medioambiental.


Actualmente, España es líder de la Unión Europea en desempleo juvenil con un 29,6 %. Asimismo, según el estudio Perdidos en la recesión: el empleo y los ingresos de los jóvenes en España, un 'trabajador que entrase en el mercado laboral al
final de la Gran Recesión en 2013 tendría un salario diario un 7,2 % inferior al de uno que realizase un trabajo similar que entrase en 2007'.


La precariedad laboral que sufren los jóvenes en nuestro país tiene consecuencia sobre todas las esferas de tu vida y limita sus expectativas de futuro. Una clara consecuencia de este contexto son las dificultades que afronta este colectivo
a la hora de acceder a una vivienda digna. Según los datos del estudio elaborado por el Banco de España anteriormente mencionado, la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los 30 años ha disminuido para aquellos ciudadanos que
nacieron a partir del año 1980. En concreto, el 7 % de los nacidos en 1988 poseía su vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26 %.


En esta materia también cabe destacar los datos del informe elaborado por EY para ASPRIMA, Políticas de vivienda y su incidencia en el largo plazo, que destaca que 'el porcentaje de los ingresos del hogar necesario para alquilar una vivienda
teniendo en cuenta el salario medioha pasado del 28 % en 1997 al 67 % en 2020, lo que se traduce en un aumento de 39 puntos porcentuales'.


En último lugar, es necesario abordar modificaciones de calado en el sistema educativo, cuyos resultados siguen estando lejos de lo deseado. A pesar de la reducción experimentada de la tasa de abandono escolar temprano, España sigue siendo
uno de los países de la Unión Europea con peores cifras en lo relativo a este indicador. Entre otros factores, la falta de equidad del sistema y la reforma pendiente del proceso de acceso a la profesión docente se encuentran entre las causas que
explican el contexto actual.

Página 106

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Impulsar los cambios legislativos necesarios para hacer extensivos los derechos reconocidos a las familias numerosas a las familias monoparentales, con especial atención a aquellas con dos o más hijos.


2. Reformar el marco normativo existente para que cada familiar a cargo o dependiente cuente como un miembro más de la familia a efectos de beneficiarse de los derechos reconocidos a las familias numerosas.


3. Introducir un sistema público de préstamos con interés 0 % para la compra de vivienda por jóvenes menores de 35 años que cubra hasta un 20 % del valor del inmueble.


4. Fijar que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato sean a cargo del arrendador.


5. Aprobar una deducción en el IRPF del 90 % para arrendadores por viviendas cedidas a la Administración pública o entidad del tercer sector para programas públicos de vivienda que limiten la renta del alquiler.


6. Establecer que el pago de la fianza, las garantías adicionales y las mensualidades por parte de los arrendatarios se realiza a través pagos electrónicos trazables.


7. Crear un Fondo de Garantía para garantizar el derecho a una vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad social que tendrá como finalidad cubrir la renta del alquiler o hipotecaria de aquellas familias que, habiendo formalizado
un contrato de arrendamiento o hipoteca, no pudieran hacer frente a los pagos debido a una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.


8. Incorporar al documento '24 propuestas de reforma para le mejora de la profesión docente' la creación de un complemento salarial específico que incentiven a los mejores profesores a impartir docencia en centros de alta complejidad.


9. Recurrir al Tribunal Constitucional la negativa de la Generalitat de Cataluña de cumplir con las sentencias judiciales que garantizan el derecho de los estudiantes a recibir, al menos, el 25 % de sus horas lectivas en castellano, lengua
materna de la mayoría de los españoles residentes en Cataluña y la mayoritaria también entre el estudiantado.


10. Incluir, con carácter obligatorio y evaluable en la Educación Secundaria en todo el territorio nacional, una asignatura sobre la Constitución Española y los valores constitucionales de libertad, igualdad y convivencia, de forma que
todos los estudiantes de nuestro país conozcan nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho, así como los mecanismos de garantía y protección de derechos y libertades fundamentales.


11. Recuperar la meritocracia y el esfuerzo como valores a reconocer en el sistema de becas, premiando a quienes saquen buenas notas en la Universidad con matrículas más baratas al año siguiente, de forma complementaria al sistema de becas
en base a criterios socioeconómicos para que ningún estudiante deba dejar de estudiar por falta de recursos.


12. Aplicar de forma rápida y eficaz la normativa en materia de fomento de la Formación Profesional, de forma que todo estudiante pueda desarrollar su vocación y su talento, mejorando las previsiones de inserción laboral y fomentando la FP
Dual con empresas, aumentando su empleabilidad.


13. Asegurar un acceso equitativo por parte de las familias que lo necesiten a la educación especial, de forma que ningún estudiante con una situación específica de carácter formativo vea sus perspectivas de futuro perjudicadas por su falta
de acceso a esta educación.


14. Impulsar, en colaboración con las autoridades competentes a nivel autonómico, la gratuidad de los libros de texto mediante la implantación de sistemas de préstamo de libros en todos los centros de educación obligatoria sostenidos con
fondos públicos.


15. Desarrollar un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal docente e investigador (PDI) que se convoquen en las universidades públicas españolas


16. Implantar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la Tarjeta Social para disponer de información sobre los beneficiarios de prestaciones sociales en toda España, de forma que las administraciones puedan conocer en tiempo real
las prestaciones sociales que recibe cada persona para mejorar la complementariedad y atajar posibles fraudes.

Página 107

17. Impulsar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios para facilitar el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del Bono Social de electricidad, el Bono Social Térmico y el abono social para servicios de acceso
a internet a los receptores del Ingreso Mínimo Vital.


18. Aprobar una nueva Estrategia Nacional contra el sinhogarismo, tomando como base las indicaciones recogidas en la estrategia de la UE para las personas sin hogar, los resultados de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar
2015-2020 y la información y experiencia de entidades del tercer sector. A su vez, en paralelo, se dotará de los recursos a la 'Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023' contempla entre sus líneas
de actuación fomentar programas de realojo, erradicación del chabolismo y acompañamiento social.


19. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y las Entidades locales, un procedimiento que fomente la inscripción de las personas sin hogar que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en programas de Atención a Personas
sin Hogar o de alquiler protegido.'


Propuesta de resolución núm. 65


Infraestructuras


La provisión de las infraestructuras básicas para el correcto funcionamiento de la sociedad ha sido una de las funciones básicas de gobiernos y Estados desde su nacimiento. Además, las infraestructuras son un factor determinante del
crecimiento económico, puesto que tienen la capacidad de incrementar la productividad del trabajo, rebajar los costes asociados y aumentar el rendimiento de la inversión privada. Así, gran parte de la competitividad de las empresas y autónomos
españoles depende de la existencia de unas infraestructuras de calidad. Aún más importante, los ciudadanos esperan y dependen de la existencia de unas infraestructuras adecuadas para tener calidad de vida y poder desarrollar en plenitud sus
proyectos de vida.


En nuestro país hemos visto cómo, sin embargo, la inversión en infraestructuras se utiliza más como herramienta política partidista que como política pública para mejorar los servicios públicos y la competitividad de la economía española,
con cambios en la planificación y en las prioridades que no respondían a adaptaciones técnicas para lograr una mejor provisión de infraestructuras, sino que dependían del ciclo electoral. Además, en muchos casos, el ansia de inauguración de obras
nuevas ha primado sobre la gestión eficiente de las infraestructuras existentes y el mantenimiento de las mismas, afectando a su explotación, a la calidad del servicio y en algunos casos incluso a la seguridad, cuando no abocando al cierre a
infraestructuras que habrían sido económica y socialmente viables de haber tenido un mantenimiento adecuado


Por otra parte, la deficiente gestión pasada ha hecho que el déficit de infraestructuras en España sea exorbitado y que la inversión en los últimos años no ha sido siquiera suficiente para cubrir la depreciación y el deterioro de nuestro
capital en infraestructuras se ha visto gravemente dañado. El importante esfuerzo financiero que debería hacer España en materia de carreteras, transporte ferroviario, transporte público, infraestructura portuaria y aeroportuaria difícilmente se
podrá hacer a través de los presupuestos del Estado de forma sostenible y aún menos si la pretensión es cargar sobre la espalda de nuestros hijos esta inversión en forma de una deuda inasumible. Es este contexto, recuperar la colaboración
público-privada para poder ofrecer unas infraestructuras de calidad allá donde las Administraciones no son capaces de llegar por sí solas resulta fundamental.


Es necesario cambiar el paradigma de las infraestructuras en España, dejando de pensar en lo que es más conveniente a los políticos o cómodo para las Administraciones Públicas y poniendo, en su lugar, a los ciudadanos y las empresas en el
centro. Este cambio de paradigma conlleva no solo replantear cómo se gestionan las infraestructuras, sino también cómo se gestionan y ofrecen los servicios. Significa, en definitiva, construir líneas de ferrocarril ahí donde se necesitan y se van
a usar y viviendas ahí donde la gente quiere vivir, en lugar de estaciones para contentar al socio político de turno o macro promociones inmobiliarias a costa del erario público en tierra de nadie.

Página 108

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:


1. Impulsar la colaboración público-privada para acometer determinadas inversiones que, por su cuantía y envergadura no podrían ser financiados en solitario por el sector público.


2. En materia de infraestructura de transporte terrestre:


a) Consensuar un Plan Nacional de Infraestructuras atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia, para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos, para dar
a los ciudadanos los mejores servicios, y no por intereses políticos.


b) Acelerar los trabajos en los Corredores Mediterráneo y Atlántico finalizarlos cuanto antes e integrar plenamente España en la Red Transeuropea de Transportes.


c) Acelerar la elaboración de los proyectos y la ejecución de las obras pendientes de líneas ferroviarias de alta velocidad, y especialmente aquellos tramos entre sí las partes de la red ferroviaria de alta velocidad que no están conectas,
como son los tramos Plasencia-Madrid, Valencia-La Encina, Burgos-Vitoria o Zaragoza-Pamplona-Y Vasca.


d) Aumentar las inversiones en la red ferroviaria convencional destinada a prestar los servicios de cercanías y media distancia, incluyendo, en este último caso, las inversiones necesarias para crear sinergias con la red ferroviaria de alta
velocidad existente.


e) Realizar un estudio exhaustivo de las ventajas e inconvenientes sociales y económicos que conllevaría una migración progresiva de la totalidad de la red ferroviaria de ancho ibérico a ancho internacional.


f) Asegurar un nivel de mantenimiento adecuado de toda la infraestructura de transporte terrestre, tanto carreteras como líneas ferroviarias.


g) Limitar los nombres oficiales de estaciones y aeropuertos estrictamente al nombre de la localidad donde se encuentren o, en su caso, la referencia geográfica que corresponda, de manera que, de añadir el nombre de personalidades,
únicamente se haga a efectos informales de imagen.


3. En materia de prestación de servicios de transporte terrestre:


a) Impulsar la multimodalidad en el transporte con el fin de obtener el mejor rendimiento de la infraestructura existente y la mejor prestación de servicios a los ciudadanos.


b) Creación de un billete integrado de viajes ilimitados en ferrocarril, durante un periodo de tiempo determinado, por todo el territorio nacional destinado a jóvenes de 16 a 27 años, análogo al 'Interrail'.


c) Revertir el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias sobre el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y acabar con la absurda fragmentación del mercado, garantizando la seguridad jurídica y la competencia leal entre
todos los operadores.


d) Revisar el mapa concesional de los servicios del transporte de viajeros regular por autobús, avanzando progresivamente hacia una mayor liberalización del transporte por carretera de larga distancia.


e) Fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, mediante la integración de la red ferroviaria con los puertos de interés general, puertos secos y principales nodos logísticos del país, así como con la ampliación de los apartaderos
para aumentar la capacidad y fiabilidad de la infraestructura.


4. En materia de transporte marítimo y aéreo:


a) Impulsar las conocidas como 'Autovías del Mar' como corredores marítimos que unan de forma óptima las principales plataformas logísticas europeas.


b) Reformar del actual desacuerdo de residente canario y balear para reemplazarlo por un modelo alternativo que evite el artificial encarecimiento de los vuelos que produce el actual y que provoca la imposibilidad de multitud de familias
canarias y baleares no residentes, así como el resto de españoles, puedan permitirse volar a las islas.


c) Generar un entorno competitivo en el que Enaire compita en igualdad de condiciones con el resto de los proveedores de servicios de navegación aérea y licitar el servicio de tránsito aéreo de aeródromo en los aeropuertos donde aún no se ha
hecho para mejorar su eficiencia y reducir los costes.

Página 109

5. En materia de infraestructuras energéticas:


a) Aumentar la ratio de interconexiones eléctricas internacionales hasta un mínimo del 15 % respecto a la potencia instalada de generación eléctrica.


b) Impulsar las interconexiones eléctricas de los archipiélagos canario y balear, así como las de este último con la Península Ibérica.


6. En materia de infraestructuras estratégicas y de defensa, hacer un análisis detallado de la situación de las infraestructuras de movilidad y transporte para su posible uso de desplazamiento de material militar implementando, en su caso,
las medidas necesarias para garantizar la mejora y adecuación de la infraestructura.


7. En materia de vivienda:


a) Tomar medidas para aumentar la oferta de vivienda en las zonas con mayor demanda, evitando medidas basadas en el control y regulación de precios por su falta de seguridad jurídica y los efectos contraproducentes en la facilidad de acceso
a la vivienda.


b) Aumentar el parque público de vivienda a través de la movilización del suelo público disponible para la construcción de viviendas en régimen de alquiler, así como el desbloqueo todos los desarrollos urbanísticos previstos en España y que
se encontraran paralizados para viviendas con algún tipo de protección pública.


c) Extender el derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas en caso de venta de cualquier vivienda de protección oficial, así como eliminar la posibilidad de que las viviendas de protección oficial puedan perder esta
condición.


d) Buscar sinergias público-privadas para aumentar la disponibilidad de vivienda de titularidad privada en programas públicos de vivienda de las administraciones competentes.'


Propuesta de resolución núm. 66


Reformas estructurales


La situación actual de nuestro país es extremadamente delicada. La crisis financiera de 2008 sumió a España en un contexto socioeconómico límite, con miles de familias sufriendo por llegar a fin de mes y con millones de personas viendo cómo
su empleo, y con él sus proyectos personales y profesionales, se esfumaban delante de sus ojos. Entre 2015 y 2020 nuestro país vivió una nueva etapa de recuperación y de pulsión reformista, que propició importantes cambios en la vida política
española y que aumentó el interés por la participación en la esfera pública, por la eficiencia del gasto y por el buen gobierno, como vías para evitar una nueva crisis.


Sin embargo, la pandemia de COVID-19 volvió a sumirnos en un contexto difícil, con destrucción de empleo y un hundimiento de la riqueza nunca visto desde la Guerra Civil. Por suerte, las medidas de apoyo diseñadas a nivel de la Unión
Europea fueron lo suficientemente robustas para evitar un impacto aún más acusado y negativo, y a medida que la situación epidemiológica mejoraba se iban recuperando niveles de crecimiento económico y creación de empleo. Además, el paquete Next
Generation EU de fondos europeos ponía a disposición de España una inversión nunca vista en la historia reciente, dando acceso a liquidez para financiar reformas estructurales que ahondaran en ese esfuerzo por no repetir los errores del pasado.


Pese a ello, la pulsión reformista que nació en 2015 parece haberse apagado, habiendo decidido el Gobierno apostar por una forma de gobernar más centrada en la cosmética y el márquetin que en el cambio profundo que nuestro país necesita para
situarse al frente de una verdadera recuperación económica. Pese a la condicionalidad asociada a los fondos europeos del paquete Next Generation EU, el Gobierno está prefiriendo impulsar, en gran parte, reformas superficiales que no abordan los
problemas raíz de nuestra economía y nuestra sociedad, sino que son únicamente el cambio tímido y estrictamente necesario para poder defender ante Bruselas que se ha acometido una reforma. La excepción la encontramos en la reforma laboral, que sí
acometía cambios más profundos y esenciales en el mercado de trabajo de nuestro país al venir acordada por los agentes sociales.

Página 110

En definitiva, el Gobierno de España está haciendo perder a nuestro país una oportunidad histórica para poder aprovechar esta financiación adicional que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa como combustible para poner en marcha el motor
de las reformas. Reformas que, de otro modo, serían excesivamente costosas de poner en marcha y que, además, son un requisito para poder acceder a la totalidad de esos fondos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender, de forma urgente, las siguientes reformas estructurales;


1. En materia de economía y empleo:


a) Reformar y reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia para detectar y sancionar de forma efectiva prácticas anticompetitivas, dotándola de más medios personales y materiales, así como mejorar su capacidad inspectora y
sancionadora.


b) Reforma de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para reducir las trabas burocráticas al crecimiento empresarial y reforzar los mecanismos de información, cooperación y lealtad institucional.


c) Reforma de la regulación financiera y bancaria para adaptarla a la realidad del siglo XXI, los nuevos medios de pago y los retos de exclusión financiera, impulsando, entre otras medidas, el 'cashback' como herramienta de acceso al
efectivo.


d) Acelerar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el desembolso de los fondos Next Generation EU para que lleguen a la mayor brevedad al tejido productivo español, eliminando innecesarias trabas burocráticas y
poniendo en marcha los mecanismos necesarios para asegurar que los fondos se emplean para una transformación real de la economía española que beneficie a todas las empresas y especialmente las PYMES.


e) Implementar la llamada 'mochila austriaca', es decir, un fondo de capitalización para cada asalariado que financie una parte de la indemnización en caso de despido.


f) Establecer incentivos a la contratación indefinida y a la contratación de jóvenes, incluyendo la creación de un complemento o subvención salarial dirigida específicamente a personas jóvenes con poca experiencia profesional.


g) Reformar las políticas activas de empleo para facilitar la inclusión en el mercado laboral de jóvenes y parados de larga duración.


h) Crear un complemento salarial específico para los jóvenes que decidan retomar los estudios mientras trabajan, de manera que quienes necesitan seguir trabajando dispondrán de un estímulo para retomar los estudios y conseguir al fin el
graduado escolar o sacarse un título de Formación Profesional.


i) Modificar la regulación del trabajo a distancia para aumentar su flexibilidad y darle más opciones a los trabajadores para que puedan elegir el modelo de relación laboral que más les convenga.


2. En materia de energía, cambio climático y medio ambiente:


a) La reforma del cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, conocido como PVPC, con objeto de reducir la exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad y bajar así el precio de la factura de la luz
de los hogares.


b) Un Plan Nacional de Aprovechamiento Hídrico que lleve a cabo un análisis general de las nuevas instalaciones que se podrían construir para combinar el almacenamiento de agua con el almacenamiento de energía (centrales de bombeo) y su
generación (centrales hidroeléctricas), maximizando así el potencial de nuestros recursos hídricos en materia energética.


c) Reforzar el personal dedicado a la tramitación de todos los expedientes administrativos relativos a la instalación de energías renovables para reducir el atasco existente que retrasa las inversiones, mediante la contratación de servicios
para atajar el incremento puntual del número de expedientes y, en su caso, el aumento de la oferta de empleo público para aquellas tareas que se prevean permanentes


d) Una revisión de las sanciones y penas aplicables a quienes, de forma intencionada, provocan incendios forestales y otro tipo de daños contra nuestro patrimonio natural y nuestras especies animales y vegetales únicas.


e) La apuesta por la reforestación inteligente de España, mejorando tanto la capacidad de absorción de CO2 como la de adaptación de nuestros ecosistemas al impacto del cambio climático, con el objetivo de que las superficies arboladas de
nuestro país alcancen el 50 % del territorio nacional en 2040.

Página 111

f) Reformar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 para adaptarlo a la evidencia científica disponible más reciente y para acompañarlo con recursos financieros específicos para facilitar la puesta en marcha de medidas
concretas que permitan que nuestra economía y nuestra sociedad se adapten mejor a los impactos del cambio climático.


3. En materia de salud, ciencia e innovación:


a) Una reforma del Sistema Nacional de Salud para reforzar los sistemas de prevención y alerta temprana ante emergencias sanitarias, dotar de recursos económicos y humanos la Atención Primaria y poner en marcha la Tarjeta Sanitaria Única
para evitar diferencias en el acceso a la sanidad dependiendo del territorio donde se reside.


b) Garantizar la libertad de elección de centro sanitario para todos los ciudadanos, con el objetivo de favorecer que los españoles puedan recibir asistencia sanitaria en el centro de referencia que consideren más adecuado, y no únicamente
el que se les asigne por criterio de residencia.


c) Una revisión del marco fiscal aplicable a las inversiones del sector privado en I+D, ampliando las bonificaciones para las empresas que apuestan por la ciencia y la innovación como vía para su crecimiento e incentivando de manera más
decidida la contratación estable de investigadores y tecnólogos.


d) La eliminación de barreras burocráticas a la I+D del sector privado para poder cumplir el compromiso adquirido en el seno de la Unión Europea y reflejado en el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de destinar, al menos, un
3 % del PIB español a I+D en 2030.


e) El impulso de una Ley Espacial Española que tenga como objetivo fomentar la innovación en el desarrollo de actividades económicas en el espacio exterior, como la minería de asteroides o el turismo espacial, de forma respetuosa con el
derecho internacional y ofreciendo seguridad jurídica a las empresas de este sector.


f) Reformar el Kit Digital para facilitar el acceso de las PYMES a ayudas para formación de personal en competencias y herramientas digitales.


g) Acometer una revisión de las cargas a operadores con el objetivo de bonificar al 100 % el pago de tasas para los despliegues que tengan como fin extender la red de tecnologías de quinta generación (5G).


h) Acelerar la reforma legal aprobada para extender la conectividad de, al menos, 100 Mbps para asegurar la digitalización de todo el territorio nacional.


i) Impulsar una reforma del marco normativo para facilitar a las empresas, especialmente las PYMES involucradas en comercio electrónico, la inversión en materia de ciberseguridad para proteger sus sistemas, datos y modelos de negocio frente
a ataques externos.


j) Reformar el Observatorio de Internet, dotándolo de más recursos económicos y humanos, para que ejerza como ventanilla única de contacto para empresarios y consumidores que realizan transacciones de comercio electrónico, resolviendo dudas,
proporcionando asesoramiento y ayudando a combatir el fraude.


4. En materia de industria y comercio:


a) Avanzar hacia una política industrial orientada al futuro, que fomente la reconversión de empleos hacia sectores punteros y de alto valor añadido para mejorar la competitividad de la industria española en un contexto de digitalización y
sostenibilidad.


b) Redoblar el aprovechamiento de recursos nacionales de materias primas minerales, especialmente aquellas de relevancia para el sector tecnológico, mejorando así nuestra autonomía estratégica en esta materia.


c) Impulsar el sector industrial espacial existente en España, con medidas para el desarrollo y atracción de inversiones de las empresas industriales tecnológicas de este sector y favoreciendo su participación más activa en consorcios
internacionales y europeos.


d) Dar un mejor apoyo a la artesanía y a las PYMES del sector comercial con el objetivo de que las empresas españolas puedan crecer en torno a la creación de valor añadido.


e) Reforzar la lucha contra el comercio ilegal, que supone una competencia desleal con los comerciantes que sí cumplen con la ley y con sus obligaciones tributarias.

Página 112

5. En materia de agricultura y sector primario:


a) Facilitar la adopción de un modelo agrícola inteligente y sostenible, que garantice la viabilidad económica, la sostenibilidad medioambiental, y la fijación y atracción de población al medio rural mediante la penetración de las
tecnologías renovables en el sector primario.


b) Reformar el marco normativo actual para facilitar la absorción más rápida y eficaz de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), de forma que los pequeños y medianos agricultores tengan más sencillo utilizar estos fondos para mejorar
su productividad y su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del sector.


c) Promover los productos agroalimentarios españoles en el exterior, mostrándolos al mundo como ejemplo de cumplimiento estricto de los estándares de calidad, bienestar animal y seguridad.


6. En materia de regeneración institucional:


a) Apoyar cualquier iniciativa que plantee la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados en aras de consolidar reglamentariamente la costumbre constitucional de la celebración de un Debate sobre el Estado de la Nación y hacerlo así
obligatorio con carácter anual.


b) Iniciar los trámites necesarios para promover la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar que los ciudadanos se sientan adecuadamente representados y que los votos de cada uno de
ellos valgan lo mismo, contribuyendo a la creación de un sistema que refleje mejor las preferencias y demandas de todos los españoles de forma más proporcional.


c) Promover la reforma de la Ley de 18 de junio de 1970, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, para introducir en la misma el deber del Gobierno de motivar la concesión de la gracia de indulto en base mediante las
debidas razones de justicia, equidad, y reinserción social del penado, de tal manera que la ciudadanía pueda fiscalizar correctamente la acción gubernamental y conocer los motivos reales detrás de la concesión de cualquier indulto.


d) Impulsar la regulación más clara de la duración de las prórrogas de los estados de alarma, excepción y sitio, así como las obligaciones del Ejecutivo ante las Cortes Generales, de forma que se garantice el correcto funcionamiento de las
instituciones democráticas y la rendición de cuentas del Gobierno en dicha situación de excepcionalidad con el objetivo de mejorar la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.


e) Mejorar la protección de los denunciantes de corrupción, de forma que no haya represalias contra quienes alertan ante casos de conductas corruptas y/o ilícitas en la Administración.


f) Profundizar en la eliminación de los aforamientos políticos, asegurando así que los cargos públicos responden ante la justicia en condiciones de igualdad al resto de ciudadanos.


g) Reformar la Constitución para adaptar la protección de derechos y libertades al S. XXI, incorporando el derecho a la salud, el derecho a la atención a la dependencia, el derecho a la conciliación, el derecho a la transparencia y al acceso
a la información pública, eliminando la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, y blindando el matrimonio entre personas del mismo sexo.


7. En materia de apoyo a las familias y políticas sociales:


a) Elaborar, a la mayor brevedad posible y en colaboración con las autoridades competentes en las Comunidades Autónomas, un plan para garantizar la universalidad y gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) que tengan en
cuenta la oferta existente de plazas privadas que sean susceptibles de ser concertadas por las comunidades autónomas y las Entidades locales, de forma que se facilite el acceso a la conciliación por parte de las familias españolas.


b) Impulsar la modificación del artículo 92 del Código Civil para que recoja y siga la doctrina actual del Tribunal Supremo, determinando la modalidad de la custodia compartida como la más deseable y la que permite, en mayor medida, el
respeto al principio superior del bienestar del menor, siguiendo las directrices marcadas por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y fomentando la corresponsabilidad en el cuidado de los menores entre ambos progenitores.


c) Promover las reformas necesarias para garantizar que existan secciones de Familia dentro de los Tribunales de Instancia, fomentando a su vez la especialización de Derecho de Familia, con el objetivo de acabar con la discriminación actual
que deja a las familias sin justicia especializada y reduciendo así los plazos para la consecución de procedimientos de adopciones, divorcios y otros asuntos relacionados con las relaciones familiares.

Página 113

d) Reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para eliminar trabas burocráticas, agilizar la concesión de las prestaciones y evitar que nadie que tenga derecho a la prestación se quede sin ella, así como ampliar su ámbito de cobertura rebajando
la edad mínima para ser beneficiario a los 18 años.


e) Promover las modificaciones necesarias de la normativa, en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, para asegurar que las mujeres mayores de 45 años pueden acceder de forma fácil y segura a tratamientos
de reproducción asistida con el debido seguimiento y acompañamiento médico.


f) Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una reforma en profundidad del sistema de dependencia con el objetivo de asegurar que toda persona que no pueda disfrutar de su autonomía personal de forma independiente pueda tener
acceso a servicios y recursos para llevar una vida en condiciones lo más normales posible.


8. En materia de igualdad de todos los españoles y política territorial:


a) Iniciar con carácter urgente el proceso de reforma del actual sistema de financiación autonómica, con el fin de elaborar una propuesta para un nuevo sistema más justo que garantice la autonomía y suficiencia de recursos para todas las
Comunidades Autónomas, sin establecer privilegios injustificados entre ellas, y asegurando la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde vivan.


b) Iniciar el necesario proceso de reforma del sistema de financiación local profundizando en el análisis de la ampliación de las competencias locales, la revisión de la aplicación de la regla de gasto y la financiación del transporte
urbano, como algunos de los grandes retos de la administración local en el futuro; todo ello teniendo en cuenta las especificidades de los municipios con mayor densidad de población y las características especiales de los municipios de zonas
rurales y escasamente pobladas, fomentando la gestión conjunta de recursos y servicios y la racionalización del actual mapa municipal.


9. En materia de turismo, cultura y deporte:


a) Impulsar un modelo turístico que siga avanzando hacia el valor añadido y la excelencia, aprovechando la enorme oferta turística española y los beneficios que proporciona nuestro patrimonio natural, cultural, artístico y gastronómico,
favoreciendo la adopción de nuevas herramientas digitales y velando por el uso sostenible de recursos.


b) Mejorar la conectividad de los destinos turísticos con un mayor potencial de crecimiento, así como la promoción de dichos destinos en el exterior.


c) Aprobar un plan general de buenas prácticas para la transparencia y la rendición de cuentas de las federaciones y ligas deportivas profesionales.


d) Establecer un nuevo sistema de transparencia en la gestión del deporte y la celebración de eventos deportivos, con el objetivo de posicionar a España como país anfitrión de competiciones deportivas a nivel europeo e internacional.


e) Reformar el marco normativo actual para asegurar una mejor financiación del deporte de base, posibilitando así el desarrollo del talento deportivo en aquellas disciplinas menos conocidas, especialmente en las que España ha conseguido
medalla olímpica o campeonato del mundo.


f) Impulsar nuevas disciplinas deportivas, incluyendo los eSports, como vía para la creación de empresas, el desarrollo del talento, el impulso a la creatividad y la atracción de inversiones.


g) Reorientación de la política nacional de cultura para reivindicar el legado hispánico y poner en valor el papel histórico que España ha jugado a nivel europeo y global, luchando contra narrativas falsas como la leyenda negra.


h) Eliminar las barreras aún existentes al mecenazgo, de forma que se diversifique la financiación de proyectos culturales, en particular en disciplinas innovadoras, con especial atención al sector audiovisual.


10. En materia de política exterior, Unión Europea y seguridad:


a) Acometer una revisión del sistema de nombramientos de embajadores y altos cargos del Servicio Exterior del Estado para acabar con las designaciones de embajadores por criterios políticos y asegurar el ascenso de los profesionales del
cuerpo diplomático en base a criterios objetivos de mérito, capacidad y rendimiento.

Página 114

b) Impulsar la creación de un Estatuto del Cooperante que proporcione un marco de seguridad y condiciones laborales más adecuadas a los retos del S. XXI para las personas que se dedican profesionalmente a la cooperación para el desarrollo,
incluyendo también las personas que trabajan sobre el terreno para empresas involucradas en proyectos de cooperación.


c) Establecer que el Gobierno comparezca ante el Congreso de los Diputados de forma previa a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Europeo, recabando asimismo la posición de los grupos parlamentarios sobre los asuntos que se
tratarán en la agenda de la cumbre en cuestión, de forma que el parlamento contribuya a la posición de España en estas citas europeas.


d) Aprobar una ley integral que nos permita contar con un sistema migratorio responsable, humano y eficaz, que permita luchar contra el tráfico de personas, refuerce las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, permita
dar una acogida más rápida y eficaz a refugiados y establezca un sistema de visado por puntos para atraer profesionales, estudiantes e investigadores desde el exterior.


e) Reformar el actual sistema de financiación de la Defensa, impulsando la aprobación de una Ley de Financiación Plurianual que nos permita cumplir con el compromiso de destinar al menos un 2 % de nuestro PIB a seguridad y defensa, que dote
a nuestras Fuerzas Armadas de un sistema de planificación y financiación a largo plazo, autónomo e independiente de intereses políticos, y desvinculado de los Presupuestos Generales del Estado.


f) Avanzar, como paso previo a la conformación de un ejército común europeo, hacia un mando único militar para los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea, que permita una mejor coordinación para la respuesta frente a riesgos y
amenazas comunes.


g) Impulsar una reforma de la Ley de la Carrera Militar, con el fin de establecer un régimen profesional único para todo el personal militar de las Fuerzas Armadas.


11. En materia de educación y gestión de talento:


a) Avanzar en una reforma educativa que nazca del consenso y el diálogo, que ponga en el centro el bienestar de los escolares y de sus familias, que garantice la igualdad de oportunidades, la formación en competencias, el desarrollo del
talento, la excelencia y el esfuerzo.


b) Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el establecimiento de programas de excelencia a nivel nacional y de programas de Bachillerato Internacional dentro del sistema educativo público, de forma que cualquier alumno con
un desempeño extraordinario pueda desarrollar su potencial con independencia de los recursos con los que cuente su familia.


c) Asegurar el acceso de los alumnos que lo necesiten a programas de refuerzo educativo y acompañamiento extraescolar como alternativas a la repetición y el abandono temprano, atajando así de raíz los problemas que tienen como consecuencia
las altas tasas de abandono escolar temprano de los estudiantes españoles que perjudican sus perspectivas de futuro.


d) Un marco normativo para asegurar la libertad de elección de centro educativo para las familias de todo el territorio nacional, de forma que puedan decidir libremente en qué centro financiado con fondos públicos escolarizar a sus hijos.


e) Revisar la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan
por llevar a sus hijos a colegios concertados.


f) Establecer un nuevo marco de formación en competencias digitales para los niños y adolescentes, de forma que se les prepare mejor para las demandas del mercado laboral en un contexto de digitalización y alto valor añadido.


g) Desarrollar un sistema de selección, inducción y formación docente similar al MIR existente para los facultativos que permita la selección de los mejores aspirantes a docentes en base a la excelencia académica, actitudinal y motivacional
necesarias para ejercer la labor docente.


h) Una reforma de la Universidad que garantice la convivencia y la libertad en los campus universitarios de todo el territorio nacional, que acabe con la endogamia en el acceso a puestos de docencia, investigación y cátedras, que detecte y
sancione de forma más efectiva el plagio y que permita una colaboración más estrecha entre universidades y empresas para cerrar la brecha de inserción laboral de los egresados.'

Página 115

A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de D. Sergio Sayas López y D. Carlos García Adanero, diputados de Navarra Suma (NA+), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate
de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de resolución relativa a la necesidad de reducir el número de Ministerios y la estructura del Gobierno de España.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Sergio Sayas López y Carlos García Adanero, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 67


Las señales que la economía viene dando en los últimos meses no engañan. Las consecuencias para cada país dependerán de su mayor o menor fortaleza financiera pero hoy ya casi nadie duda de que estamos a las puertas de una grave recesión
motivada, en gran medida, por una inflación en máximos históricos, la amenaza del suministro energético y la previsible aceleración en la subida de los tipos de interés.


Los datos en España no son más más halagüeños. La previsión del Gobierno que situaba el Producto Interior Bruto (PIB) para este año en el 7 % se ha visto reducida al 4,3 %. La inflación ha alcanzado en junio el 10,2 %, la cifra más alta en
37 años. El gasto público se ha instalado por primera vez por encima del 50 % del PIB, habiéndose incrementado en un 24 % sólo en 2020, el déficit estructural supera el 4 % y la Deuda pública alcanza el 117,7 % en el primer trimestre del año.


Son varios los informes y muchas las voces que ponen de manifiesto la necesidad de que España mejore la eficiencia del gasto público y reduzca los gastos superfluos -algún estudio sitúa la cifra que España podría ahorrarse en 60.000 millones
de euros sin afectar a la calidad de los servicios-.


Sin embargo, en este contexto, España tiene actualmente el Gobierno más grande de la Unión Europea. Nunca antes un Ejecutivo tuvo tantas Vicepresidencias, Ministerios y Secretarías de Estado. Tampoco tan alto número de asesores.


Así, en el actual Gobierno encontramos tradicionales Ministerios desdoblados (Trabajo, Universidades, Consumo e Igualdad) y la nueva área de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siendo en total 23 los integrantes del Consejo de
Ministros. También el actual gobierno bate récord en el escalón inmediatamente inferior, esto es, en el número de Secretarías de Estado alcanzando la cifra de 31, superando las 30 del segundo mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Y respecto al
número de asesores, nuevo récord también del Gobierno que lidera el Sr. Sánchez Pérez-Castejón superando los 800, de los cuales 380 están únicamente al servicio del Presidente del Gobierno.


Por todo ello, a la vista de la difícil coyuntura económica que atraviesa nuestro país y de las advertencias de una recesión el próximo otoño, se formula la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reducir el número de Ministerios, Secretarías de Estado y resto de altos cargos así como de asesores, por tratarse del Gobierno más sobredimensionado de la democracia, y a imprimir
un mayor rigor y responsabilidad en el control y el empleo de los fondos públicos, evitando los gastos superfluos y las políticas irresponsables que sólo conducen a elevar el déficit y la deuda pública.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de D. Sergio Sayas López y D. Carlos García Adanero, diputados de Navarra Suma (NA+), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate
de Política General en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de resolución relativa a la dignificación de la memoria democrática frente al terrorismo de ETA.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Sergio Sayas López y Carlos García Adanero, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Página 116

Propuesta de resolución núm. 68


Desde que ETA hiciera el anuncio del 'cese definitivo de su actividad armada', hace poco más de 10 años, parece haberse acordado por parte de algunos sectores en correr un tupido velo sobre su actividad, tratando así de olvidar y ocultar su
legado consistente en 853 asesinados, 2.632 heridos, 86 secuestrados y un número desconocido de amenazados, extorsionados y exiliados.


En los últimos años estamos asistiendo al intento, por parte de distintos actores de nuestra vida política, de blanquear el papel que la banda terrorista ETA y la 'izquierda abertzale' han desempeñado en la historia de España. Estos
intentos de blanqueamiento pasan desde el intento de ostracismo de las víctimas de ETA por parte de algunos representantes políticos e instituciones, el silencio o la mirada hacia otro lado en lugar del pronunciamiento claro y rotundo de respeto a
las víctimas y condena a la banda hasta alcanzar su expresión más vergonzante en los acuerdos de gobierno con los herederos políticos de ETA.


Sin embargo, la verdad siempre prevalece y frente a estos burdos intentos de blanqueamiento, día tras día seguimos viendo como ETA continúa negándose a pedir perdón a sus víctimas y a la sociedad española en su conjunto que la han padecido
así como a colaborar en el esclarecimiento de casi 400 asesinatos. Igualmente, las fuerzas políticas herederas de la banda continúan sin condenar sus crímenes, celebrando ongi etorris a los presos de ETA y su entorno sigue sin abandonar la
violencia y el odio, tal y como acabamos de ver estos días, el pasado jueves 7 de julio en la calle Curia de Pamplona con motivo de la procesión en honor a San Fermín y el domingo 11 de julio contra la hermana de Miguel Ángel Blanco con motivo del
acto de homenaje en el XXV Aniversario de su secuestro y asesinato que tuvo lugar en Ermua.


Por todo ello, porque el sacrificio y el sufrimiento de las víctimas y de la sociedad española tras la lacra del terrorismo de ETA no puede ser en balde ni caer en el olvido y la ausencia de condena y arrepentimiento de la misma y de sus
herederos políticos continúa aún a día de hoy, se formula la siguiente Propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados expresa su compromiso con la memoria democrática en contra del terrorismo de ETA, rechaza los acuerdos políticos e institucionales con quienes sigan sin condenar los execrables atentados de la banda terrorista,
humillando a sus víctimas y negándose a colaborar en el esclarecimiento de los 379 asesinatos que siguen sin resolverse, e insta al Gobierno a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todos los medios necesarios para continuar
investigando los mismos.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de D. Sergio Sayas López y D. Carlos García Adanero, diputados de Navarra Suma (NA+), al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate
de Política General en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de resolución relativa al impulso de la inversión del Gobierno de España en la Comunidad Foral de Navarra.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Sergio Sayas López y Carlos García Adanero, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 69


La situación económica a la que se enfrenta España resulta cada vez más preocupante. Son muchas la advertencias a día de hoy de que estamos a las puertas de una grave recesión motivada, en gran medida, por una inflación en máximos
históricos, la amenaza del suministro energético y la previsible aceleración en la subida de los tipos de interés.


Y la Comunidad Foral de Navarra tampoco escapa a dichas previsiones con unos datos económicos cada vez peores. Así, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha sido en Navarra mayor que en el

Página 117

conjunto de España, situándose 1,06 puntos porcentuales por encima (-5,12 % frente a -4,06 %), el índice de producción industrial fue en mayo de un 3,8 % en Navarra frente al 6,5 % nacional, lo que indica una pérdida de vigor de nuestra
fortaleza industrial. A ello hay añadir que Navarra ha sido la peor comunidad en la creación de empresas durante los dos últimos meses. Y también el índice de confianza del consumidor se ha deteriorado en un 6,7 puntos en el último año.


Además, la Comunidad Foral viene acusando desde 2018 la falta de compromiso del Gobierno de España para con ella. Ningún hito, ninguna inversión relevante ha acaecido desde la llegada a la Presidencia del Gobierno del Señor Sánchez
Pérez-Castejón.


Así, la construcción del Tren de Alta Velocidad y su conexión con la Y vasca acumula importantes retrasos respecto al calendario pactado con el Gobierno del Señor Rajoy Brey, a pesar de las constantes manifestaciones de entidades integrantes
tanto del sector privado como del sector público respecto a su importancia capital para el desarrollo económico de Navarra.


Respecto al Canal de Navarra, infraestructura esencial para la agricultura y la industria agroalimentaria navarras, la situación no es mejor. Son ya 3 los años perdidos por no licitar a tiempo la segunda fase del Canal que es vital para la
Ribera y esta dilación es la causa de que la financiación de la infraestructura vaya a quedar fuera de recibir fondos europeo Next Generation.


Y en la misma línea, asistimos a la ausencia de compromisos materiales y reales por parte del Gobierno de la Nación en el papel que Navarra va a jugar en el reparto de los fondos europeos a través de los Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que está impulsando en el marco del Plan de Recuperación aprobado a raíz de la pandemia de la COVID-19.


Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución, a través de la cual:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a apoyar el desarrollo económico y social de Navarra mediante el impulso de infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad y el Canal de Navarra así como mediante el reparto de los
fondos europeos para sectores estratégicos de la Comunidad Foral como el de automoción, el agroalimentario, el de energías renovables, el de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y el sanitario.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la diputada de Junts, Míriam Nogueras i Camero, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta 7 propuestas de resolución en el debate de política
general celebrado los días 12, 13 y 14 de julio de 2022.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Índice de propuestas de resolución Junts (GP Plural):


N.º 1. Propuesta de resolución para respetar la voluntad de autodeterminación de Catalunya y reparar los déficits democráticos del estado español.


N.º 2. Propuesta de resolución para la ejecución de inversiones y del traspaso de infraestructuras y servicios clave a la Generalitat de Catalunya.


N.º 3. Propuesta de resolución para la actualización y la mejora de las condiciones del trabajo autónomo.


N.º 4. Propuesta de resolución para agilizar el registro en el SNS de los medicamentos ya autorizados por la Unión Europea para el tratamiento del cáncer metastásico.


N.º 5. Propuesta de resolución para el desarrollo de medidas de carácter social.


N.º 6. Propuesta de resolución para adoptar medidas eficaces en el control de precios de la energía.


N.º 7. Propuesta de resolución para el desarrollo de la economía productiva.

Página 118

Propuesta de resolución núm. 70


Propuesta de resolución para respetar la voluntad de autodeterminación de Catalunya y reparar los déficits democráticos del estado español


Catalunya vive una situación de agravio histórico y expolio por parte del Estado español, que durante años ha menospreciado su identidad nacional y ha ignorado su voluntad de autodeterminación. Al mismo tiempo, el estado ha menoscabado el
potencial económico y social de Catalunya con un expolio fiscal permanente y constantes incumplimientos y déficits de inversión y traspasos que no han hecho otra cosa que reafirmar la convicción de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya de que el
único futuro de bienestar y justicia social posible está en una Catalunya estado.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Reconocer y respetar la voluntad de autodeterminación expresada mayoritariamente por el pueblo catalán en el Referèndum del 1 de octubre de 2017 vergonzosamente reprimido por el gobierno de España.


2. Decretar una amnistía total para todos los condenados en las causas contra los políticos, cargos públicos y líderes sociales organizadores del referèndum de autodeterminación, así como para los encausados en los procedimientos todavía
abiertos en relación con el propio referéndum de autodeterminación como en relación con las protestas contra la represión del estado.


3. Constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre el espionaje realizado con el software Pegasus y otros programas utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado contra políticos y personalidades
independentistas.


4. Constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre el atentado terrorista acaecido en Barcelona el 17 de agosto de 2017 que pueda esclarecer las conexiones de los terroristas que lo perpetraron con el CNI.


5. Constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre la denominada 'Operación Catalunya? y sobre el uso de recursos del estado, así como la participación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad en la persecución de la oposición
política independentista.


6. Atender las recomendaciones que los informes de la PACE y los informes GRECO emiten para España así como respetar las resoluciones de las Naciones Unidas en relación a los déficits democráticos del estado español.


7. Reprobar la actuación arbitraria, irregular e injusta del Tribunal de Cuentas español con una finalidad claramente de persecución política contra la acción exterior de la Generalitat que es legal y legítima.


8. Impulsar las reformas necesarias en el seno de las instituciones europeas para promover que el catalán sea idioma oficial de la UE, y condenar el rol obstruccionista que ha tenido el Estado bloqueando hasta en 16 ocasiones la solicitud
de oficialidad de la lengua catalana en Europa.


9. Cumplir de manera inmediata y sin demora las recomendaciones y conclusiones del informe del Consejo de Europa aprobado en junio de 2021 relativas a la reforma de los delitos de sedición y rebelión, la retirada de las euroórdenes contra
los líderes catalanes exiliados, y el abandono de la judicialización de la política y la persecución contra políticos y funcionarios.'


Nota.-Propuesta interpretada de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de julio de 2022, en virtud del cual los puntos 1 y 2 de aquélla se admiten a trámite entendiendo, en relación con determinadas medidas cuya adopción se
insta al Gobierno, que se refieren al ejercicio de su iniciativa legislativa, política o de reforma constitucional, según corresponda; y los puntos 3 a 5 se admiten a trámite entendiendo que la constitución de la Comisión Parlamentaria se
realizaría en su caso por el cauce reglamentario pertinente.

Página 119

Propuesta de resolución núm. 71


Propuesta de resolución para la ejecución de inversiones y del traspaso de infraestructuras y servicios claves a la Generalitat de Catalunya


Catalunya vive una situación de agravio histórico y expolio por parte del Estado español, que durante años ha menoscabado su potencial económico y social a través de incumplimientos presupuestarios y una desinversión generalizada en sus
infraestructuras y servicios.


Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en aquellas infraestructuras, cómo el Aeroport de Barcelona-El Prat, o la red de Rodalies RENFE o ADIF, claves para poder desarrollar una economía catalana próspera y estable, con la que empresas
y trabajadores puedan construir un futuro de progreso y bienestar. En Catalunya, de las inversiones presupuestadas en aeropuertos y puertos se ha ejecutado un 53 %, pero de las realmente pagadas por el Estado se ha ejecutado sólo el 26 % y -dentro
de éstas- las del sector ferroviario no han llegado ni al 20 %; y en Rodalies RENFE el Estado sólo invierte un 35 % de lo presupuestado.


Con todo, hay que sumarle los numerosos incumplimientos con los que el Estado español infrafinancía a Catalunya y a sus servicios públicos, con años de demora en las transferencias y con una baja ejecución presupuestaria recurrente. Pero,
todo ello, aún se vuelve más preocupante cuando los servicios afectados son la educación y la universidad, porque representan el futuro y el conocimiento de nuestro país, Catalunya.


En resumen, dicho agravio histórico debe corregirse por derecho de los ciudadanos y jóvenes de Catalunya a poder construir un futuro de oportunidades, de pleno progreso y bienestar.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Al traspaso definitivo de Cercanías, en el marco de la Comisión bilateral Estado Generalitat, con el fin de asumir la gestión integral del sistema ferroviario catalán, lo que incluye la gestión del servicio de Cercanías y también sus
infraestructuras, estaciones, trenes, las vías, las catenarias y la financiación.


2. Priorizar y agilizar las obras relativas a la Alta velocidad en los tres aeropuertos catalanes (Barcelona, Reus y Girona), así como la mejora de accesibilidad con cercanías a Barcelona.


3. Elaborar una programación real y definitiva de los trabajos en curso del Corredor Mediterráneo, que deberá compartirse con la Mesa Catalana del Corredor Mediterráneo, a fin de que esta infraestructura esté terminada completamente antes
de 2030, fecha límite fijada por la Unión Europea, y no se produzcan más demoras en su ejecución.


4. Acelerar las obras para hacer llegar el Corredor Mediterráneo y el ancho europeo a las grandes empresas catalanas para que puedan mejorar su competitividad e internacionalización reduciendo los costes de transporte.


5. Acelerar la conexión ferroviaria de los puertos de Barcelona y Tarragona con el Corredor Mediterráneo.


6. Traspasar toda la red de carreteras de interés general del estado en Catalunya (carreteras convencionales como las que configuran el eje pirenaico, N-260, la N-II y N-340 y vías de alta capacidad como la AP7 y la AP2, entre otras ) que
constituyen aproximadamente 1800 kilómetros (15 %) de los 12.000 kilómetros de la red de carreteras de Catalunya, con todos los recursos materiales y económicos necesarios para que sean de titularidad de la Generalitat de Catalunya para favorecer
una gestión por parte de la Generalidad de la totalidad de la red vial de Catalunya, desde la proximidad y el conocimiento de las necesidades, y como un único sistema, permitiendo hacer políticas homogéneas de mejora y modernización en todo el
territorio.


7. Cesión a la Generalitat de Catalunya del edificio de la Comisaría de la Policía nacional de Via Laietana para destinarla a la sede del Memorial Democratic.


8. Defender los sistemas universitarios propios de cada territorio de acuerdo con su singularidad e impulsar su potencial.


9. Traspasar de forma efectiva los recursos para becas y ayudas al estudio y su gestión a la Generalitat de Catalunya.


10. Traspasar el Ingreso Mínimo Vital con la dotación presupuestaria correspondiente para poder gestionarlo eficazmente.

Página 120

11. Traspasar la recaudación íntegra de los aproximadamente 40 millones de euros anuales que el Estado recauda en Catalunya en concepto de tasas judiciales para poderlas destinar a asistencia jurídica gratuita. Se formalizará a través de
un Acuerdo de transferencia anual de los importes recaudados en concepto de tasas judiciales, sobre la base de la actividad procesal en Catalunya.'


Propuesta de resolución núm. 72


Propuesta de resolución para la actualización y mejora de las condiciones del trabajo autónomo


De la respuesta emitida por Madrid, respecto a los autónomos, no se percibe que se haya atendido a la propuesta formulada por Bruselas, puesto que las medidas adoptadas por el ejecutivo español no permiten vislumbrar que, desde algún prisma,
se haya pretendido aumentar la competitividad o la protección social de este colectivo con una reformulación del sistema de trabajo autónomo, sino que el proyecto español se ha basado en un mero ajuste de las cotizaciones de este colectivo a la
Seguridad Social.


La respuesta del Gobierno español es una propuesta de cotización por tramos, adaptable en el período 2023-2031, lo que implica que esta sea tan sólo una aproximación, no una propuesta de cotización según el nivel de ganancias reales
obtenidas. A nivel mediático, se confunde a la opinión pública con los conceptos de ingresos y de ganancias reales obtenidas por parte de los trabajadores autónomos. Esta propuesta no plantea una equiparación de derechos y de prestaciones con el
Régimen General ni se dan soluciones para garantizar, fiscalmente, que se permitan deducir los gastos producidos en el desarrollo de todas las actividades y tampoco que no se dé una situación de aumento de las ganancias de los trabajadores autónomos
de manera ficticia.


En el contexto europeo, la figura del trabajador autónomo está bien definida jurídicamente y acostumbra a vincularse al emprendimiento empresarial y a los sectores de mayor dinamismo económico. Podemos observar que esta figura está mejor
regulada en jurisdicciones tales como la neerlandesa o la del Reino Unido y en otras que cotizan de manera proporcional a los ingresos, como pueden ser la italiana, la francesa o la alemana, siempre presentan una cotización inferior a la tributación
española.


La realidad española por lo que acontece a la regulación de autónomos dista mucho respecto de la realidad jurídica y social de sus congéneres europeos. Tanto a nivel de cuotas, como a nivel de configuración jurídica, así como a nivel
tributario, entre otros aspectos, existen profundas diferencias.


La configuración jurídica actual comprende la tributación de la totalidad de trabajadores autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (en adelante 'RETA'), conceptos que no pueden considerarse
equivalentes y que engloban ámbitos eclécticos. Esto convierte a la regulación del RETA en un verdadero cajón de sastre en la legislación de la Seguridad Social española y se aplica esta categoría a un conjunto poco definido de personas y a
situaciones dispares.


La propuesta de reforma gubernamental no ha quedado esclarecida. De esta manera el hecho de dar carta de gracia a un sistema de modificación de la cotización del RETA puede ser contraproducente en un contexto de crisis como el presente,
donde tan solo se pretende equiparar el RETA con el sistema de cotización general a nivel contributivo, pero en cambio no a nivel de derechos y prestaciones, por lo que este colectivo se vería claramente perjudicado.


Este aspecto puede ser ejemplarizado, a simple vista, a través de elementos tan esenciales como pueden ser las cotizaciones de bases mínimas, de manera que se convierten en elementos configuradores del colectivo (en Catalunya el 86,3 % de
las personas físicas optan por esta base de cotización, a cierre del tercer trimestre de 2021), lo que acaba comportando que la mayoría del colectivo, en el momento de jubilación, termine cobrando pensiones mínimas, y en muchos casos, un complemento
de mínimos.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Definir el concepto de 'trabajo autónomo' según la propuesta de la Unión Europea.


2. Dignificar las condiciones del colectivo de autónomos, ajustando el marco de protección social y tributario a las distintas realidades del colectivo, reformulando la propuesta facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, y equiparando derechos y obligaciones con el Régimen General.

Página 121

3. Eximir del pago de la cuota mínima de la Seguridad Social al autónomo que tenga un ingreso neto inferior al Salario Mínimo Interprofesional.


4. Proponer a la Seguridad Social una cotización del trabajador autónomo que sea proporcional a las ganancias reales de cada persona, facilitando la distinción de los conceptos de beneficio operativo y de facturación del autónomo, así como
facilitar la equivalencia del autónomo en la incorporación al Régimen General, en igualdad de prestaciones y de protección social, así como teniendo en cuenta reformulación del concepto de deducciones para que no se produzca una doble tributación.


5. Promover el concepto de 'tarifa plana' para los trabajadores autónomos de nueva creación, a fin de que esta modalidad sea aplicable para este colectivo durante los 5 primeros años de trabajo autónomo.


Durante este período el trabajador autónomo ha de estar protegido. La razón de ampliar la tarifa plana radica en que el período de 5 años es el tiempo de máxima vulnerabilidad de las empresas de nueva creación y, por lo tanto, es necesario
proteger al trabajador autónomo para facilitar su adaptación a la cotización. Después de este período, deberá integrarse en los tramos de cotización de bases del RETA general.


La tarifa plana ha de volver al mínimo establecido el 2019 y a partir de aquí, establecer el siguiente escalado:


Año;Importe / mes


Euros


1.º año inicio.;50


2.º año.;55


3.er año.;60


4.º año.;65


5.º año.;70


No es posible acogerse a este régimen si ya se ha iniciado la actividad de autónomo anteriormente o se hubiese cotizado con el RETA habitual previamente, con la excepción de todos aquellos trabajadores autónomos, que pasen a tener unos
beneficios netos inferiores a 3.000 euros al mes, durante el período de tiempo que dure la contracción económica, podrán cotizar conforme la tarifa plana correspondiente al tercer año del escalado. En el caso de que la recesión dure más de un año,
la cotización subirá anualmente conforme al resto del escalado.'


Propuesta de resolución núm. 73


Propuesta de resolución para agilizar el registro en el sns de los medicamentos ya autorizados por la Unión Europea para el tratamiento del cáncer metastásico


El estado español es extremadamente restrictivo en cuanto al porcentaje de disponibilidad de los nuevos fármacos aprobados por la Unión Europea para su uso por parte de la sanidad pública, con un 59 %, frente al 88 % de Alemania o al 80 % de
Italia y Francia. Actualmente, según los datos publicados por la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries), España está en la posición número 13 en cuanto al acceso a las terapias innovadoras.


La situación es aún peor cuando analizamos el proceso de autorización para incorporar el medicamento al Sistema Nacional de Salud. El tiempo medio ha aumentado en 74 días desde 2018, siendo de 469 días el plazo medio que se tarda desde que
un medicamento es autorizado hasta que se incluye en la financiación pública. En Alemania es de 120 días y en Francia de 257.


Cabe recordar que, según la legislación europea, el plazo de autorización e incorporación de un nuevo medicamento no debe superar los 180 días y que, según el art. 9.4 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, 'La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios procederá de oficio a la incorporación al Registro de Medicamentos de las autorizaciones

Página 122

otorgadas por la Comisión Europea conforme al Reglamento (CE) n.º 726/2004/CE', que en su artículo 13.1 establece que 'toda autorización de comercialización concedida con arreglo al presente Reglamento será válida en toda la Comunidad.
Dicha autorización conferirá en cada Estado miembro los mismos derechos y las mismas obligaciones que una autorización de comercialización expedida por un Estado miembro con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE'.


Estamos, pues, asumiendo esperas de más de 15 meses para terapias innovadoras que salvan vidas, ya que, habitualmente, están destinadas al tratamiento de enfermedades con pronósticos muy graves, como es el caso del cáncer metastásico,
especialmente aquel que tiene su origen en el cáncer de mama. Este tipo de cáncer causa más de 36 mil diagnósticos anuales en el estado español, siendo un 6 % de ellos ya metastásicos en el momento de la detección. Una cifra que, según los
expertos, se va a disparar tras la pandemia, ya que esta produjo una disminución en los servicios de cribado y atención a las personas usuarias de la sanidad en patologías diferentes a la Covid.


En general, un 20 % de los diagnósticos tumorales de mama acaba siendo metastásico, afectando a unas 7.000 personas anualmente, con una supervivencia media de 5 años pero que, con el tratamiento innovador adecuado, podrían ver aumentado,
ostensiblemente, el periodo de supervivencia o, incluso, superar la enfermedad.


Estamos hablando de la metástasis a partir del cáncer de mama, pero si ampliamos a otros tipos de cáncer como origen primario de la metástasis, estaríamos hablando de muchos miles más de personas. Sumada esta circunstancia al hecho de que
la incidencia del cáncer va al alza -se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirá un cáncer antes de 2030- estamos hablando de una enfermedad que puede afectar a todas las familias, tarde o temprano.


Por otro lado, cuando los nuevos medicamentos todavía no están autorizados, o cuando lo están, pero el Ministerio aún no ha finalizado el proceso de decisión de precio y financiación en el SNS, puede darse el caso de que sea 'imperativo'
acceder a estos medicamentos para tratar a un paciente concreto. En estos casos, existe la posibilidad de prescribir y aplicar los medicamentos no autorizados a pacientes no incluidos en un ensayo clínico, con el fin de atender a necesidades
especiales de tratamiento; lo que se conoce como 'uso compasivo'. Sin embargo, la normativa no indica cómo debe procederse en cuanto al pago de estos medicamentos, creando, a menudo, una situación de indeterminación y heterogeneidad entre las
comunidades autónomas en el acceso precoz al medicamento, especialmente cuando tiene un precio elevado. Si bien puede intentarse cierta coordinación en la toma de decisiones a nivel técnico, la normativa actual deja a criterio de la Agencia
Espan~ola de Medicamentos y Productos Sanitarios la interpretación de la conveniencia o no de importar el nuevo medicamento.


La situación que se vive en el estado español está, por todo lo expuesto anteriormente, en clara contradicción con las directrices que llegan desde la Comisión Europea. El pasado mes de febrero, un año después de la puesta en marcha del
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la Comisión anunció una serie de iniciativas para reducir las desigualdades en todas las etapas de la enfermedad y garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos entre los diferentes países de la Unión
Europea. A tal efecto, se creará un Registro de Desigualdades frente al Cáncer para identificar las disparidades entre los Estados miembros y las regiones. Por los datos recabados y analizados por las consultoras del sector farmacéutico, ya está
clara la mala posición que ocuparía España en ese registro. Pero, posiciones al margen, lo importante es dar respuesta urgente a los pacientes que no tienen tiempo ni vida que perder.


Además, hay un problema añadido al de la gestión de las autorizaciones, que es la fijación del precio de un determinado fármaco. Normalmente, la primera compra que se realiza en el estado español, sin importar si ha sido llevada a cabo por
la sanidad pública o la privada, determina el precio de salida de ese fármaco en la subasta de ese medicamento entre las diferentes comunidades autónomas. Por ello, es imperativo que, tal y como se ha venido haciendo en el caso de la compra de las
vacunas para hacer frente a la Covid, se lleve a cabo una compra conjunta por parte de la Unión Europea de los medicamentos innovadores para el tratamiento del cáncer metastásico, que suelen tener precios altísimos.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Agilizar los plazos de autorización y de incorporación al Sistema Nacional de Salud de los medicamentos previamente autorizados por la Unión Europea, destinados a tratar el cáncer metastásico, no superando, en ningún caso, el periodo de
180 días que establece la ley, e incorporando de manera inmediata aquellos fármacos que ya hubieran superado dicho periodo.

Página 123

2. Establecer, con carácter de urgencia, los criterios normativos, claros y transparentes, que aclaren las decisiones de pago en el caso del acceso a los medicamentos de 'uso compasivo' para situaciones me´dicas especiales.


3. Promover la compra conjunta por parte de la Unión Europea de los fármacos innovadores destinados al tratamiento del cáncer metastásico, con el objetivo de conseguir precios más asequibles para los sistemas de salud de los estados
miembros.'


Propuesta de resolución núm. 74


Propuesta de resolución para el desarrollo de medidas de carácter social


El Estado Social debe procurar a la ciudadanía igualdad de oportunidades para desarrollar su proyecto vital de forma libre y autónoma, pero a su vez debe garantizar una red de seguridad para que las personas que se encuentran, por cualquier
motivo o circunstancia personal, en una situación difícil, gocen de un nivel de bienestar suficiente, porque la sociedad será tan fuerte como lo sea su eslabón más débil.


En este sentido, desde el respeto a las competencias autonómicas, el Gobierno español, con la situación privilegiada que le concede el poder recaudatorio, tiene la responsabilidad de tejer el estado del bienestar que facilite el acceso a la
salud y la educación de calidad, a través de la financiación de dichos servicios. Son las Comunidades Autónomas competentes quienes con el conocimiento del territorio y la población pueden diseñar los servicios más adecuados para cada
circunstancia.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Respetar de los Derechos Humanos, junto a todas las demás obligaciones derivadas tanto de los compromisos internacionales adquiridos, como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en las fronteras interiores y exteriores del Reino de España.


2. Respetar las competencias autonómicas del ámbito social.


3. Financiar adecuadamente a las necesidades de los servicios y atendiendo a las particularidades de los diferentes territorios.


4. Distribuir entre las CCAA un porcentaje mayor de la asignación de los fondos europeos next generation para que estas puedan priorizar aquellos proyectos e inversiones que mayor contribuyan a la economía y a la transformación del
territorio.


5. Dotar al sistema sanitario de una financiación suficiente y de carácter estructural para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.


6. Respetar las competencias de las comunidades autónomas en la organización y gestión de los servicios sanitarios de acuerdo con sus modelos de salud que garanticen la universalidad, el servicio público y la equidad.


7. Abordar la problemática de la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios.


8. Condonar la deuda histórica de los centros que continúan en el ámbito del SNS.


9. Abonar la deuda FCS que en el caso de Catalunya (a 31 de diciembre de 2021) asciende a 45M € correspondientes al período 2013-2021 importe reconocido por el Ministerio de Sanidad.


10. Implantar totalmente el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), creado en 2012, que tenía como objetivo cubrir el resto de asistencia sanitaria no cubierta por el FCS, y en la actualidad sólo cubre las visitas de atención primaria y las
recetas médicas. Esto supone que se genere una deuda que se valora en 18.5M € anuales con Catalunya.


11. Revisar la distribución de competencias de la formación sanitaria especializada y el abordaje excepcional de la Medicina Familiar y Comunitaria.


12. Financiar hasta el 50 % del gasto que genera la aplicación de la Ley de la Dependencia, aumentando tanto el nivel mínimo como el nivel acordado


13. Incrementar el importe que se destina a fines sociales en Catalunya procedentes del 0,7 del IRPF ajustándose a lo que se recauda por este concepto de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos de Catalunya.

Página 124

14. Poner en marcha medidas que constituyan una política estructural de apoyo a la emancipación juvenil que tenga carácter estructural, estabilidad en el tiempo y reparto de recursos con criterios objetivos relacionados con las
características específicas de la población juvenil y el mercado de la vivienda de cada comunidad autónoma.


15. Tomar las decisiones oportunas, como máximo accionista de la Sociedad SAREB, para que se proceda a la transferencia a las Comunidades Autónomas que lo soliciten de los activos inmobiliarios de la SAREB que por su ubicación y
características puedan ser destinados a ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social.


16. Planificar un reparto de las viviendas incluidas en el Plan 30.000 viviendas que responda a indicadores objetivos de vulnerabilidad residencial en cada territorio y según la situación de moratorias de desahucios otorgadas en los
partidos judiciales, que en Catalunya superan los 4.500 acumulados en situación de moratoria.


17. Solucionar el agravio contra Catalunya en cuanto el pago de los gastos por gestionar la Pensión No Contributiva (PNC).


18. Dignificar las pensiones, sobre todo las más bajas. Tener en cuenta especialmente la pensión de viudedad que debería establecerse en el 100 % de la pensión por jubilación del supérstite, cuándo esta prestación sea el único ingreso para
la persona viuda.


19. Acumular al progenitor o progenitora monoparental el permiso por nacimiento que correspondería al menor en caso de contar con dos progenitores.


20. Ampliar los permisos de maternidad y paternidad para asegurar un mejor acompañamiento del menor en el inicio de la vida.'


Propuesta de resolución núm. 75


Propuesta de resolución para adoptar medidas eficaces en el control de precios de la energía


Los ciudadanos del estado español pagan una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea. La quinta, si tenemos en cuenta el sueldo medio en los países miembros, ya que, para comparar, ponderadamente, el precio de la energía
debe referenciarse al poder adquisitivo de quien debe pagarla. Además, a diferencia de otros países del entorno, más del 40 % de los clientes del estado contratan la electricidad en el mercado regulado, que es el que ha experimentado una
volatilidad extrema en el último año, frente a tan solo un 15 %, por ejemplo, en el caso de Portugal. Francia, con 32 millones de hogares, es una excepción ya que el 80 % de las familias compra energía a precio fijo a la empresa pública EDF, aun
estando dentro del mercado marginalista.


Tomar como referencia el sueldo medio es, como decimos, imprescindible para establecer una comparativa, ya que no es lo mismo hacer frente a una factura de 200 € mensuales cobrando 39.971 euros anuales (salario medio en Francia) a hacerlo
cobrando 26.832 anuales (salario medio en España). En España el gasto de la luz ha pasado de suponer el 4,1 % del sueldo mensual medio, a más del doble, con el 9 % actual. Justamente, ese mismo porcentaje correspondería a la suma del coste de gas
y el de la electricidad en Francia. En otros países de nuestro entorno, el pago de la luz supone el 6,1 % del salario medio. Dándose la circunstancia de que los hogares de España son de los que menos energía consumen dentro de la Unión Europea y,
a pesar de ello, de los que más cara la pagan.


Mientras tanto, las empresas del oligopolio han multiplicado por 2 sus beneficios extraordinarios, creciendo entre un 3 y un 8 % su beneficio neto. Frente a un oligopolio que bate récords de facturación y sigue obteniendo miles de millones
de euros en beneficios caídos del cielo, el Gobierno español no es capaz de conseguir un recorte significativo de estos. Aun cuando se anuncia un impuesto a las grandes eléctricas, es fácil predecir que, como en otras ocasiones, va a generarse una
resistencia jurídica, en forma de recurso ante la CNMC, que puede hacer fracasar el tributo extraordinario.


Especulaciones al margen, el paulatino empobrecimiento de los ciudadanos por el precio de la energía viene de lejos. En enero de 2021 el precio medio del MWh era de 60 € MWh, un año más tarde, antes de la guerra de Ucrania, de 200 € MWh,
multiplicando casi por 4 la factura. La invasión de Putin no ha hecho más que tensionar los precios, llegando a pagarse, el pasado marzo, un precio medio de 283 € el MWh de electricidad en el mercado mayorista.

Página 125

En el caso del gas las cifras son todavía más explícitas: el precio del MWh se ha multiplicado por 5 en un año. La comparativa de los meses de marzo establece un récord: en marzo del 2021 el precio del MWh era de 17,36 €, en marzo de
2022, de 123,70 €.


El Gobierno español ha tenido que improvisar medidas desde junio de 2021. Llevan ya 5 decretos parche (RD 12/2021, de 24 de junio, RD 17/2021, de 14 de septiembre, RD 6/2022, de 29 de marzo, RD 10/2022, de 13 de mayo, RD 12/ 2022, de 5 de
Julio), sin que se haya podido evitar, eficazmente, la subida de los precios de la energía que este julio ha vuelto a encaramarse a los 300 € MWh.


De nuevo, es importante ver qué han hecho los países del entorno. Desde el 1 de febrero de 2022, Francia ha establecido un escudo fiscal a los precios de la electricidad de forma que limita a un 4 % la subida de las tarifas reguladas de
electricidad. Sin esta medida, los particulares habrían tenido que hacer frente a una subida del 35,4 % con impuestos incluidos a 1 de febrero de 2022. Además de la bajada del impuesto a la electricidad, han aumentado el volumen de electricidad
nuclear vendida a bajo coste por EDF a sus competidores, con un abono para electricidad para los hogares más desfavorecidos.


Parte de las medidas destinadas a intentar detener la subida de la factura eléctrica, se han llevado a cabo otras medidas que se han vendido por parte del Gobierno español como 'de gracia'. Es el caso de la subvención de 20 cc/ litro a la
gasolina o al gasoil del mes de marzo, superada también por la subida del precio del combustible en pocos meses. En junio se rompió la barrera de los 2 €/litro y se prevé que, a finales de verano, se llegará a los 3 €/litro.


El dinero de la subvención sale del impuesto especial a los hidrocarburos con el que el Gobierno español ha llenado las arcas. El impuesto es de 47cc € para la gasolina y de 38cc € para el gasoil. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el
impuesto eléctrico cobrado en nuestra factura eléctrica y el impuesto de hidrocarburos cobrado en nuestra factura del gas han representado importantes ingresos adicionales para el estado.


En el primer trimestre del 2022, el Gobierno español recaudó, por el impuesto especial a hidrocarburos, casi 3 mil millones de euros, más del doble de lo que le ha costado la subvención de 20 cc/litro, habiéndose beneficiado de un incremento
del 19 % en la recaudación del impuesto especial a los hidrocarburos, gracias a los altos precios de los combustibles fósiles. Además, en el caso del IVA, no han querido hacer una rebaja del tipo impositivo, del 21 %, a los combustibles y, por si
eso fuera poco, el descuento de los 20 cc se hace después de impuestos, así que no rebajan la base imponible y por tanto el IVA a pagar.


El Gobierno español no ha aplicado las ayudas sin ánimo de lucro, sino que las ha generado a costa del contribuyente. Los 15.500 millones recaudados tributariamente de enero a mayo, un 19 % más que en 2021, son el equivalente a los 15 mil
millones que va a costar el plan de choque y las ayudas para hacer frente a la crisis en este 2022. Pero el estado va a seguir recaudando impuestos de manera extraordinaria hasta finales de año, como consecuencia de los altos precios generados por
la subida del recurso energético y, también, como consecuencia de la inflación, por encima del 10 %.


Al margen de las medidas que proponemos para frenar el impacto del mercado, deben emprenderse otras acciones para aliviar el sobrecoste de precios al que hacen frente las empresas e industrias de Catalunya.


Frente a un panorama desolador de cara al último trimestre de 2022, en el que pueden verse arruinados miles de hogares y empresas, urge tomar medidas efectivas e inminentes.


Para que los ciudadanos puedan llegar a final de mes y pagar las facturas de los suministros, para que las empresas sigan funcionando y creando, o al menos manteniendo, los puestos de trabajo.


Para que las comercializadoras que no dependen del oligopolio puedan subsistir.


Para evitar la volatilidad de los mercados que introducen incertidumbre y desconfianza en la economía.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Convocar de manera inmediata la subasta recogida en el RD 17/2021 que obliga a que los operadores dominantes aporten a la misma el 25 % de la electricidad generada por tecnologías inframarginales, para reducir el precio de la
electricidad y que las comercializadoras puedan ser más competitivas.


2. Pedir a OMIE que realice un procedimiento mensual para que las comercializadoras actualicen los datos entregados a la misma, con el objetivo de recalcular la energía exenta de cada comercializadora durante los siguientes meses,
excluyendo de la exención en el pago del ajuste del mecanismo de compensación del precio del gas aquella energía que corresponda a nuevos contratos o modificaciones de los contratos antiguos.

Página 126

3. Obligar a las centrales nucleares y a las centrales hidráulicas a vender el 25 % de su producción a un precio fijo competitivo a todas las comercializadoras.


4. Equiparar los peajes de transporte de la red 25kV a los de la red de 36kV para acabar con una situación de tener que soportar sobrecostes injustos por parte de la industria catalana.


5. Impulsar la renovable democratizada y participada auditando las denegaciones de conexión a distribución.


6. Levantar la limitación de distancia de 500 metros al autoconsumo, ampliándola a 2 kms, como han hecho Portugal o Francia, para incentivar las comunidades energéticas y disminuir la gran dependencia existente en la actualidad respecto de
la energía.


7. Regular el mecanismo de comunidad energética como exige Europa, eliminando indefiniciones, dando seguridad jurídica en el desarrollo del nuevo rol del consumidor como cliente activo.


8. Establecer un escalado de precios de la electricidad de forma que los primeros 100kWh tengan un precio bonificado para todos, marcando un mínimo de subsistencia, mientras que los siguientes vayan subiendo en precio y de esta forma se
garantice el equilibrio económico del sistema.


9. Revisar los criterios por los que se concede la ayuda a la rehabilitación energética de los edificios, criterios casi imposibles de cumplir en los edificios ubicados en las costas catalanas.'


Propuesta de resolución núm. 76


Propuesta de resolución para el desarrollo de la economía productiva


Catalunya está recibiendo del estado, una vez más, menos de lo que le corresponde, se mire por PIB, se mire por población, se mire por capacidad de absorción, o se mire como se mire. Además, la Gobernanza de los fondos europeos sigue
considerando a las CCAA como meras gestorías de los ministerios y las condiciones con que se transfieren los recursos no dejan apenas margen a las CCAA para definir o diseñar las políticas y, por tanto, no se ajustan a las necesidades de las
diferentes CCAA.


Por otro lado, se necesitan recursos humanos, tecnológicos, etc, para gestionar los fondos y no hay un criterio general sobre si se pueden destinar recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para asistencia técnica.


El Gobierno español ha mostrado una preocupante disparidad de criterio que obliga a las comunidades autónomas a sufragar el IVA de los fondos europeos y tampoco tiene un criterio homogéneo ni transparente a la hora de configurar los
mecanismos para el reparto de estos fondos y lo que nos preocupa es que estas diferencias de criterio pueden convertirse en un auténtico freno a la inversión.


Por tanto, en la práctica, los fondos europeos nos acaban 'costando' dinero y no van siempre a la finalidad necesaria.


En este momento de reformulación de la globalización, es necesario que los distintos agentes económicos estén bien ensamblados, así como también las administraciones, a fin y efecto de no perder comba en este proceso de cambio económico. Al
mismo tiempo, las turbulencias a nivel macroeconómico siguen acechando: las altas tasas de inflación de dos dígitos vuelven después de decenios olvidadas y con ellas el proceso de aumento de la tasa de interés que, junto a una serie de factores
previos, veremos a dónde nos llevan el próximo otoño e invierno.


Es necesario poner énfasis en el papel de las pymes en Catalunya. En cuanto a la ocupación: más del 70 % está generada por pymes. Por otra parte, la cantidad de pymes existente en Catalunya representa el 98 % del total del tejido
productivo, pymes que cuando contratan con empresas de mayor envergadura sufren problemas de liquidez debido a la morosidad de estas.


De esta manera, existen grandes empresas que acaban traspasando los límites legales, en base a elementos fácticos diversos y terminan prevaleciendo por una cuestión de tamaño y poder sobre las pymes. De esta manera, las grandes empresas
terminan debiendo en la actualidad y gracias a dichas malas praxis unos 80.000 millones de euros a las pymes y a los autónomos.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Ejecutar la totalidad de los PGE de 2022 incluyendo el gasto territorializado y el fondo extraordinario Covid aprobado en la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2022.

Página 127

2. Territorializar los fondos NGUE.


3. Considerar coste elegible en los proyectos a financiar con cargo a los fondos europeos el IVA y los gastos del personal necesario para el desarrollo de los proyectos.


4. Dotar de un fondo extraordinario para las Comunidades Autónomas para atender las necesidades sobrevenidas derivadas del impacto de la guerra de Rusia con Ucrania.


5. La revisión del Fondo de Suficiencia para incluir la compensación de la reducción del tipo en el impuesto especial sobre la electricidad.


6. Incrementar la tasa de referencia del déficit del 0,6 % del PIB, actualmente aprobada al 1 % del PIB y establece de referencia del déficit del próximo ejercicio de un mínimo del 0,6 % del PIB.


7. Liquidar de forma urgente los importes no ejecutados en infraestructuras durante el 2021 en Catalunya.


8. Publicar los datos necesarios para el cálculo de las balanzas fiscales correspondientes a los ejercicios 2017,2018,2019,2020 y 2021.


9. Incrementar el diseño de las subvenciones con destinos a pymes, para los NGUE.


10. No facilitar el reparto de los fondos NGUE a aquellas empresas que tengan pendiente liquidar cuentas con empresas superiores al límite legal.


11. Compensar a Catalunya el importe del IVA de las actuaciones a cargo de los fondos Next Generation.


12. Reclamar y negociar con la Comisión Europea la modificación del calendario actual de ejecución de los fondos, para ampliar los plazos del compromiso de gasto.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 197 y siguientes del Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación,
presenta las siguientes 15 propuestas de resolución.


1. Recuperación del poder adquisitivo.


2. Fiscalidad.


3. Pacto de Estado por los Servicios Públicos.


4. Blindaje del derecho constitucional a la Sanidad, así como a la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales.


5. Mejora de la calidad del empleo y democratización del trabajo.


6. Empresa pública de energía.


7. Educación pública en todas sus etapas y el principio de redistribución en el sistema de becas y ayudas al estudio.


8. Cultura como derecho humano, así como el impulso de la igualdad y la plurinacionalidad en el ámbito cultural.


9. Estado Feminista.


10. Libertad de conciencia y laicidad del Estado.


11. Energías renovables y taxonomía de la UE.


12. Ayuntamientos: más recursos para promover un entorno local justo, sostenible y resiliente.


13. Defensa de las lenguas del Estado.


14. Casas de apuestas y salones de juego en los entornos cercanos de los centros educativos.


15. Hacia un nuevo modelo de política migratoria, en refuerzo del compromiso de España con respecto al derecho internacional, los derechos humanos y la autonomía estratégica de la Unión Europea.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Página 128

Propuesta de resolución núm. 77


Recuperación del poder adquisitivo


La espiral inflacionista que se vive tanto en nuestro país como en el resto de países de nuestro entorno, muy acentuada a partir del inicio de la guerra en Ucrania, está generando una situación socioeconómica muy difícil, en especial para
los sectores más vulnerables de nuestro país.


La situación internacional es sin duda la principal causa de esta crisis inflacionista, pero no la única: también el fuerte aumento de los beneficios empresariales. Según recientes estudios, los beneficios empresariales son casi los únicos
responsables del alza de los precios a finales del año pasado y principios del presente. Los beneficios fueron responsables del 106,3 % del aumento de los precios en el cuarto trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año son
responsables del 83,4 % de la subida de precios. Este es un fenómeno que se está dando en todos los países occidentales por el elevado poder alcanzado por las grandes corporaciones, pero que en España es más intenso que en Europa.


En esta situación, es necesario hacer un llamamiento al Gobierno para que persevere en la senda iniciada ante la crisis de la pandemia de la covid-19, cuando se puso en marcha con un enorme esfuerzo público un escudo social para proteger a
la población más débil, cuando se nacionalizaron durante meses el pago de salarios de las empresas sin actividad para proteger el empleo por medio de los ERTES, se aprobó por primera vez en nuestro país una garantía de renta mínima de ámbito estatal
con la aprobación del IMV, se dio cobertura a los trabajadores autónomos por medio de la prestación del cese de actividad de naturaleza no contributiva, se aprobó también un subsidio de inactividad no contributivo para las empleadas del hogar, se
aprobó una paralización de pago de alquileres para los inquilinos sin recursos a causa de la crisis; se demostró, en definitiva, que sí se podía, que decenas de medidas de protección pública por siempre postergadas eran viables.


No obstante, el Gobierno de coalición no solo ha actuado de forma reactiva ante las coyunturas extraordinarias, sino que también se ha ocupado de llevar a cabo multitud de medidas de carácter permanente para sentar las bases de una sociedad
en la que nadie se quede atrás. En este sentido, el pasado mes de diciembre, el Gobierno revirtió los efectos del recorte de las pensiones llevado a cabo por Partido Popular en 2013 al acometer por fin la reforma de la Ley General de la Seguridad
Social acordada en el Pacto de Toledo, para recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y su actualización con arreglo al incremento del coste de la vida.


Tras la invasión rusa de Ucrania el pasado mes de febrero, la subida de precios se ha disparado y está alcanzando niveles no vistos desde hace casi cuarenta años. En junio de este año, el IPC se ha situado en el 10,2 %, mientras que la tasa
de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) escalaba hasta el 5,5 %. Es cierto que desde el inicio de esta nueva crisis, el Gobierno ha venido aprobando nuevas medidas
para amortiguar el impacto sobre las clases populares, como las ayudas a familias vulnerables, las subvenciones al combustible y al transporte públicos o las protección a los arrendatarios frente a las subidas de precios.


Sin embargo, la escalada inflacionista continúa, al igual que en el resto de países de nuestro entorno. Cabe tener en cuenta particularmente que las subidas de precios se están concentrando en los productos y suministros básicos, alimentos
y bienes de primera necesidad, por lo que la situación afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables de nuestro país, y muy en particular a los pensionistas, que perciben cómo se incrementan las dificultades para llenar la cesta de la
compra.En este contexto tan difícil, es necesario acometer nuevas medidas urgentes de protección para garantizar que toda la ciudadanía pueda capear la situación con dignidad y sin carencias. La subida del salario mínimo interprofesional, de las
pensiones o del IPREM son herramientas que el Gobierno tiene a su disposición para lograr que las coyunturas internacionales no desvíen a nuestro país de la senda de justicia social en la que viene avanzando.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo:


'1. La subida del SMI, asegurando una senda que permita converger en 2023 con el 60 % del salario medio, según las recomendaciones de la Comisión Técnica que ha asesorado al MITES. Debido al incremento de la inflación, el aumento del
salario mínimo no debe esperar al 1 de enero de 2023, sino que debe llevarse a cabo lo antes posible.

Página 129

2. La subida de las retribuciones de los empleados públicos en línea con la inflación prevista más un porcentaje que permita recuperar en dos años la pérdida de la capacidad adquisitiva registrada en 2022.


3. La subida del 15 % del IPREM. Esta subida debe permitir continuar con la senda de actualización del IPREM para recuperar a lo largo de la legislatura la pérdida de poder adquisitivo acumulada tras años de congelación, y para adaptar
este indicador al repunte de la inflación. Además, se debería valorar la posibilidad de acordar una senda de eliminación de este indicador anómalo para volver al salario mínimo interprofesional como indicador de referencia para las prestaciones
sociales. Esta senda podría consistir en la subida del IPREM el doble de lo que suba el salario mínimo en términos porcentuales, cada año, hasta que lo alcance para, entonces, proceder a su eliminación.


4. El aumento del ingreso mínimo vital. Hacer estructural en 2023 la subida del 15 % que se llevó a cabo en el nuevo escudo social.


5. La subida de las pensiones mínimas y no contributivas. Convertir en estructural la subida del 15 % aprobada en el decreto de ampliación del escudo social del pasado 25 de junio y vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Sobre ese
importe, el 1 de enero de 2023 se producirá una nueva revalorización que deberá ser, como mínimo, igual al IPC interanual que se registre ese día.


6. La reiteración del compromiso de revalorizar las pensiones contributivas con el IPC este año, frente a las numerosas voces neoliberales que están diciendo que habría que incumplir la ley en esta materia. Mantener, con ello, la actual
tasa de reposición de las pensiones públicas.'


Propuesta de resolución núm. 78


Fiscalidad


El pasado 9 de junio el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Esta orden es el pistoletazo de salida en la elaboración de los PGE
en el seno del Gobierno para su posterior debate y aprobación en las Cortes Generales.


La elaboración de los PGE 2023 se produce dentro de un contexto socioeconómico adverso. Sin haber dejado atrás las consecuencias de la crisis humanitaria y económica generadas por el COVID-19, nos encontramos inmersos en una nueva coyuntura
extraordinaria derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y del alza de precios de la energía, con un grado de incertidumbre elevado, con unos niveles de deuda superiores al 117 % del PIB y con un endurecimiento de la política monetaria
que generará, cuanto menos, una ralentización del crecimiento económico.


La situación excepcional en la que nos encontramos ha obligado al Gobierno de coalición, una vez más, a desplegar una batería de medidas económicas sin precedentes con el objetivo de mitigar el impacto de la subida de precios en las familias
y en el tejido productivo. Medidas con un alto coste económico que sirven para amortiguar temporalmente los efectos de la inflación y cuya idoneidad es indiscutible, pero que no corrigen las brechas estructurales de nuestra sociedad que corren el
riesgo de cronificarse.


Es por ello que los PGE de 2023 deben servir para mitigar los efectos derivados del alza de precios, continuar impulsando un proceso de transformación estructural de la economía y contribuir a la consecución de un desarrollo más resiliente y
sostenible desde el punto de vista económico y financiero, avanzando hacia un país más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario.


En este sentido, la Orden ministerial aprobada en junio recoge los criterios de asignación de los recursos públicos entre los que destacan: alcanzar la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes, tanto a nivel social como económico;
apoyar, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos; trabajar por la cohesión social y territorial de España, reforzando el Estado del bienestar,
nuestro sistema educativo, universitario y de formación continua, impulsando la vivienda social, la creación de empleo de calidad y el desarrollo de la formación profesional, la reducción de la dualidad y la desigualdad y la mejora de las
condiciones laborales, garantizando la excelencia de la sanidad pública española, potenciando un sistema fiscal justo y equitativo, así como el establecimiento de iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico, mediante la puesta en marcha de
medidas concretas para la España despoblada y el

Página 130

medio rural; continuar impulsando la economía de los cuidados, tanto en lo relativo a la atención de las personas dependientes o vulnerables como en lo relativo al cuidado de nuestros mayores; y modernizar nuestro tejido productivo, para
que pueda actuar como vehículo tractor de los cambios tecnológicos e innovaciones, potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel primordial de las PYMES y autónomos. Se trata, por tanto, de unas pautas que están en sintonía
con la hoja de ruta del Gobierno de coalición, con la Estrategia España 2050 y con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.


Los objetivos antes expuestos serán difícilmente alcanzables si nuestro país mantiene un sistema fiscal con escasa capacidad recaudatoria y redistributiva, una administración tributaria con una plantilla reducida y envejecida y una sociedad
poco sensibilizada con el papel que desempeñan los impuestos. Así pues, urge el diseño y aprobación de una reforma fiscal progresiva para bajar los impuestos a los que menos tienen y aumentarlos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones.
Además, dicha reforma deberá contener medidas que ayuden a financiar, de forma responsable y solidaria, la puesta en marcha de políticas urgentes de protección social necesarias para mitigar los efectos del alza de precios, compensen las ganancias
desorbitadas de algunos sectores a costa de los efectos negativos sobre la inmensa mayoría de la población, garanticen la disposición de un estado del bienestar de calidad y sostenible, consigan eliminar el desequilibrio estructural de ingresos y
gastos públicos, y aleje a nuestro país de las posiciones de fragilidad y vulnerabilidad económica.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Mejorar la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar un tipo de gravamen del 25 % al 23 %.


2. Reducir el IVA no solo de los productos de 'gestión menstrual', sino también de otros productos vinculados a los cuidados, como los pañales.


3. Reducción del tipo de gravamen del IVA de los servicios veterinarios y servicios de peluquería.


4. Ejecución de los fondos públicos asignados a las campañas publicitarias para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los impuestos.


5. Ampliar las ofertas públicas de empleo de la administración para equiparar la plantilla de la Administración Tributaria a la media europea y llevar a cabo un informe sobre la actividad desarrollada por los funcionarios de los Cuerpos
Técnicos de Hacienda, de Auditoría y Contabilidad y de Gestión Catastral en el desarrollo de las funciones encomendadas a los mismos, así como sobre la formación, experiencia y capacidad de dichos funcionarios para asumir mayores responsabilidades
para el más eficaz y eficiente cumplimiento de las referidas funciones y mejora del servicio público.


6. Establecer el tipo efectivo mínimo del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades no sobre la base imponible, como ya se ha hecho, sino sobre beneficios.


7. Considerando que las grandes empresas de la distribución (grandes supermercados) se están beneficiando del aumento de la inflación mientras a las familias les cuesta llegar a fin de mes, se propone establecer un recargo de 10 puntos
porcentuales en el Impuesto de Sociedades. Con los ingresos adicionales obtenidos por este recargo, se financiaría un cheque a las familias para ayudar con la cesta de la compra.


8. Aumentar el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para salarios superiores a 10.000 euros al mes y reducir de la brecha de tributación entre las rentas del capital y las rentas del trabajo: en lo que respecta a la tarifa
general del impuesto, se propone aumentar los tipos impositivos a partir de los 120.000 euros. Los nuevos tramos y sus respectivos tipos serían los siguientes: las rentas entre 120.000 y 150.000 pagarían un 48 % frente al 45 % actual, las rentas
entre 150.000 y 300.000 pagarían el 50 % frente al 45 % actual y, por último, las rentas superiores a los 300.000 euros tendrían un tipo de gravamen del 52 %, volviendo a una tarifa similar previa a la modificación de 2015.


Para abordar el acercamiento de la imposición de las rentas del capital a las rentas del trabajo, se proponen los siguientes cambios. El tipo aplicable a los rendimientos del ahorro se modificará progresivamente, de tal forma que para las
rentas entre 120.000 y 150.000 euros será del 28 % frente al 23 % actual. A partir de los 150.000 euros y hasta los 200.000 se aplicará un tipo impositivo del 30 %. Y, de los 200.000 en adelante, el tipo será del 33 %.


9. Supresión de la exención del IVA para las universidades privadas con ánimo de lucro.

Página 131

10. Creación de un impuesto a las grandes fortunas complementario al Impuesto del Patrimonio, que define a las grandes fortunas como aquellas superiores a los 10 millones de euros y con tipos de gravamen desde un 3,6 % hasta el 5 % para los
patrimonios por encima de los 150 millones de euros.


11. Acelerar los trabajos necesarios para el diseño y puesta en marcha de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica y Local.'


Propuesta de resolución núm. 79


Pacto de Estado por los servicios públicos


Los retos sanitarios y económicos que ha enfrentado la ciudadanía en los últimos años han vuelto a poner en primer plano la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes y estables, con recursos suficientes para no dejar a nadie
atrás.


Existe un claro consenso social en torno a la importancia de destinar más recursos a los servicios públicos. Así, el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre 'Opinión pública y política fiscal', de julio de 2021,
revela que se destinan 'muy pocos recursos' a la enseñanza según un 57,7 % de la población; a la dependencia, para un 68,1 %; y a la sanidad, para un 70 %.


Es responsabilidad de las instituciones democráticas trabajar para asegurar que los servicios públicos mantienen la calidad y la universalidad propias de un verdadero Estado del Bienestar. Pero hacer política a favor de lo público pasa
también por no perder de vista las áreas en las que aún se pueden mejorar las prestaciones; por la ambición de que la ciudadanía tenga garantizadas unas mejores condiciones de vida a través de lo común. No parece viable, de hecho, conformarse con
el statu quo cuando en determinados ámbitos persiste una ofensiva destructiva y privatizadora.


Desde la preocupación por los servicios públicos, escuchando a sus usuarias y a las trabajadoras que los hacen posibles, podemos identificar con claridad la necesidad algunos de los apartados que ameritan una apuesta decidida y ambiciosa:
entre ellos, los cuidados de niños y niñas y de las personas dependientes, o la cobertura sanitaria en áreas como la salud mental y la salud bucodental.


En este sentido, el camino a seguir para quienes creemos en lo público solo puede pasar por el refuerzo y la expansión de las coberturas, por medio de mecanismos legales que amplíen los derechos de la ciudadanía y los blinden en todo el
territorio del Estado, así como de las dotaciones presupuestarias necesarias para hacerlos efectivos.


Este es uno de los principios fundamentales que ha caracterizado al Gobierno de coalición y, en el tiempo que queda de la presente legislatura, tenemos la oportunidad de profundizar en las medidas con las que construimos un país mejor para
toda su gente.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Impulsar desde el gobierno un Pacto de Estado por los Servicios Públicos para establecer una hoja de ruta que culmine en una financiación de la sanidad, la educación, el sistema de cuidados y los servicios sociales, así como la ratio de
profesionales y sus derechos laborales por encima de la media europea en una década. Dicho pacto se trabajará con el conjunto de los agentes implicados: los diferentes niveles de la administración pública (incluyendo CCAA y ayuntamientos), así
como los agentes sociales y los colectivos de personas usuarias y afectadas. En el corto plazo, se llevarán a cabo las siguientes medidas con carácter de urgencia:


2. Ampliación del Plan Corresponsables para aumentar el número de niños y niñas que son cuidados. Proponemos incrementar los fondos actuales del Plan Corresponsables, que son 200 millones de euros, solicitando para el año que viene 200
millones más en transferencias a las CCAA y actuaciones propias, lo que nos permitiría llegar a 1,2 millones de familias en España con menos de 16 años a su cargo, doblando las 600.000 familias a las que se llega en la actualidad.


3. Aprobar con carácter inmediato (vía RDL) una ley de familias que incluya, al menos, las siguientes medidas:


a. Ampliación de los permisos por nacimiento/adopción hasta las 24 semanas para cada progenitor. Ampliar los permisos por nacimiento y adopción, iguales e intransferibles, de las actuales 16 semanas hasta las 24 para cada persona
progenitora. La propuesta es ir incrementando los permisos en dos semanas adicionales cada año. Comenzando en 2023, eso implicaría alcanzar las 24 semanas de permisos en el año 2026.

Página 132

b. Creación de una prestación por crianza en forma de 'deducción fiscal reembolsable', es decir que se podrá cobrar de manera directa cada mes o, en su defecto, deducirse su importe a final de año en la declaración de la renta.


c. Permiso retribuido de 7 días al año para cuidados para cada persona trabajadora. Ampliable a 9 días en el caso en el que sea necesario un traslado. No será necesario que se trate de una enfermedad grave como en la actualidad y se podrá
emplear en el caso de que cualquier conviviente necesite dichos cuidados. Por ejemplo, serviría para acompañar a tu pareja al médico o para quedarte en casa cuando el niño o la niña ha pasado una mala noche.


4. Continuar el aumento de inversión en Dependencia, completando el despliegue del Plan de Choque con otros 600 millones de euros adicionales en 2023. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia aprobó en enero 2021 un Plan de Choque en Dependencia para alcanzar tres objetivos: eliminar las listas de espera, mejorar las condiciones laborales y mejorar las prestaciones actuales, que debe culminarse en 2023.


5. Extender todos los beneficios de los que disfrutan las familias numerosas (deducciones fiscales, excedencias laborales, preferencia en el acceso a becas y ayudas, bonificaciones en precios, exención de tasas, etc) a las familias
monomarentales / monoparentales con 2 hijos/as.


6. Reforzar el sistema público de salud, especialmente la atención primaria y la salud mental. No puede ser que después de la peor pandemia en 100 años no se hayan dado pasos decididos para proteger y reforzar el elemento de nuestro estado
de bienestar que más nos ha protegido en los momentos más difíciles. Por un lado, la atención primaria, la primera ventanilla a la que se dirige la ciudadanía y, por otro lado, el lugar donde se resuelven y anticipan la mayoría de los problemas,
haciendo mucho más eficiente al conjunto del sistema público de salud. Por otro lado, el sistema de salud mental, que en estos momentos cuenta con una infrafinanciación inaceptable y unas ratios de profesionales muy alejadas de la media europea.
Se deben explorar todos los mecanismos legales que respeten las competencias de las comunidades autónomas para fijar niveles mínimos de calidad, de número de profesionales y de ratios por habitante. En este sentido, se deben desbloquear
inmediatamente en el Congreso de los Diputados la ley de salud mental y la ILP de enfermeras.


7. Crear un fondo especial de 10.000 millones de euros anuales para reforzar la sanidad pública y la educación pública. Este mecanismo estatal funcionará de forma que las comunidades autónomas puedan solicitar fondos hasta una cantidad
máxima asignada a cada una de ellas, atendiendo a un reparto territorial que tendrá en cuenta la población pero también otros parámetros como el coste del servicio en las zonas más despobladas, y debiendo comprometerse a aportar un euro de los
presupuestos autonómicos (con la misma finalidad) por cada dos euros que se soliciten al Estado central. Además, la comunidad autónoma que pida financiación estatal por esta vía deberá comprometerse a no reducir las partidas presupuestarias
correspondientes, que deberán aumentar como mínimo en la cantidad co-aportada. Si una comunidad autónoma renunciara a solicitar la totalidad o una parte de los fondos que le corresponderían, éstos se repartirán entre las demás comunidades. El
dinero solicitado por esta vía, así como el aumento complementario de presupuestos autonómicos, en ningún caso podrá utilizarse para financiar servicios parcial o totalmente privatizados en su gestión. Únicamente podrá destinarse esta inversión
pública a la sanidad pública de gestión directa y a la educación pública no concertada. Al menos el 30 % de los fondos para sanidad obtenidos por esta vía deberán destinarse a la atención primaria y al menos el 20 % deberán destinarse al sistema
público de salud mental. Al menos el 30 % de los fondos para educación obtenidos por esta vía deberán destinarse a la creación de nuevas plazas públicas de escuelas infantiles de 0 a 3.


8. Introducir la Atención a la Salud Bucodental en la cartera de servicios del SNS, de manera progresiva. En los PGE de 2022 sólo se incrementó esta partida en 44 millones de euros. Garantizar el acceso gratuito a la atención a la salud
bucodental a la población vulnerable (el 26,6 %) se estima en un coste de 1.150 millones de euros.


9. Culminar la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012. En PGE 2021, se eliminó para el colectivo vulnerable.


10. Proteger las radios y televisiones públicas, tanto de carácter estatal como autonómico, por ser garantes de una información veraz y de un servicio público para emancipar a la ciudadanía. Blindar que puedan realizar su actividad en
condiciones laborales dignas y con deontología profesional, permitiendo el derecho de acceso a la información y a la cultura.'

Página 133

Propuesta de resolución núm. 80


Blindaje del derecho constitucional a la sanidad, así como la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales


Durante un breve periodo de tiempo el brutal sobreesfuerzo de todos y todas las trabajadoras sanitarias durante la pandemia se vio socialmente reconocido. La ciudadanía lo puso en valor en el momento en que los hospitales colapsaban por
aquel entonces por un virus poco conocido y con graves -o fatales- consecuencias, tanto para los y las sanitarias o el personal de limpieza de los hospitales como para la ciudadanía. Estos esfuerzos coparon titulares en todos los medios de
comunicación, miles de balcones aplaudían a las ocho y todos los partidos políticos reconocieron el déficit estructural de la sanidad, el coste de los recortes y la importancia del que es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del
Bienestar. Pero poco a poco, conforme avanzaba la vacunación, las muestras de apoyo y agradecimiento se fueron diluyendo, aunque no así la presión que seguían resistiendo los profesionales de la sanidad que mantenían el ritmo acelerado, agotador
física y sobre todo mentalmente, de marzo del 2020.


Han pasado dos años y los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario siguen clamando por un aumento en la inversión para descongestionar no solo las listas de espera, con una media nacional de 50 a 70 días -y con comunidades autónomas
que llegan a los 160 días-, sino para poder seguir realizando bien su trabajo sin que la falta de personal, de recursos o de equipamientos ponga en riesgo sus vidas o la calidad del servicio.


La falta de inversión en sanidad está comportando un deterioro enorme y a una situación límite para su personal. Cabe recordar que hablamos de uno de los derechos más importantes que conquistó la sociedad española: el derecho a la
protección de la salud. Así lo plasma la Constitución Española en su artículo 43: 'compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios'.


Los datos son demoledores. La media estatal de inversión en la Atención Primaria es de un 14,93 % del total anual que se destina a la sanidad. Un porcentaje muy similar a la inversión en 2019, un año antes de la pandemia. Según un estudio
de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADPS) ninguna comunidad autónoma tiene una sanidad pública aceptable, y se califica como los 'peores servicios' a los de Catalunya, Murcia y Canarias.


Faltan enfermeras, auxiliares de enfermería y médicas, faltan miles de profesionales de la salud porque la precariedad, los bajos salarios y la nula estabilidad que ofrece la sanidad pública las y los obliga a emigrar a otros países. Las
privatizaciones (de lo que es un derecho reconocido en la Carta Magna) están al alza y cada vez es mayor el porcentaje que las comunidades invierten en acuerdos con entidades privadas, con Catalunya y Madrid a la cabeza.


Los principales sindicatos denuncian que el principal problema de nuestra sanidad es la falta de recursos humanos que está hundiendo especialmente la Atención Primaria. Hay quien llega a cifrar este déficit en 60.000 profesionales. La
temporalidad en este sector es alarmante y tiene detrás una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociendo que ha existido un abuso flagrante por parte de la administración española de la temporalidad con la figura de los
interinos, que han encadenado años de contratos temporales cubriendo puestos de trabajo estructurales. Aunque el Gobierno ha emprendido acciones para paliar este hecho, algunas comunidades como la madrileña no solo no disminuyen el porcentaje de
interinos, sino que en 2021 lo ha hecho crecer un 11,4 % en un claro intento de deteriorar la sanidad pública y favorecer las privatizaciones. Otras comunidades han optado directamente por despedir al personal para luego volver a contratarlo cuando
los centros de salud vuelven a colapsarse.


Si el panorama de la sanidad pública ya sufre los estragos de la falta de inversión y de las privatizaciones, lo concerniente a la salud mental todavía se queda más atrás. Mientras la Organización Mundial de la Salud apunta a la urgencia de
transformar la salud mental y los cuidados conexos e incorpora en su informe un plan maestro para los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud y la sociedad civil, en España se cuenta con 6 psicólogos clínicos por cada
100.000 habitantes en la red pública, tres veces menos que la media europea, y solo 11 psiquiatras por cada 100.000 personas.


En España, a mediados de 2020, había 2,1 millones de personas con un cuadro depresivo, el 5,25 % de la población mayor de 15 años de todo el país, según la Encuesta europea de salud. De todas

Página 134

ellas, 230.000 personas sufrían una depresión grave. Los problemas de salud mental son especialmente preocupantes en los y las jóvenes. Más del 85 % de los niños y jóvenes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia,
según un estudio publicado en Frontiers in Psychology. Por ello, el grupo confederal UP-ECP-EM presentó un Proyecto de Ley sobre Salud Mental, que fue apoyada mayoritariamente por el pleno pero que sigue en fase de enmiendas desde hace meses.


Los prejuicios y el desconocimiento son un freno también para el desarrollo de tratamientos fundamentales, como por ejemplo en lo concerniente al proceso de donación de médula ósea. Es fundamental que se promuevan campañas de información a
la población.


Queremos una salud integral, compleja, con recursos y personal suficiente, que amplíe servicios en vez de recortarlos. Servicios como la salud bucodental, que se presupone ya prácticamente dentro del sistema privado de salud cuando debería
ofrecerse desde la pública. Celebramos iniciativas como la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que en 2018 puso en marcha un servicio de dentista gratuito para las personas en situación de vulnerabilidad.


A la falta de inversión y al celo por la privatización se añade la inequidad que provoca la posibilidad que la misma administración ofrece a los funcionarios públicos una asistencia sanitaria privada con financiación pública. Las
mutualidades de funcionarios se caracterizan por la ineficiencia, además de ser discriminatorias.


Todo ello confiere una salud deficiente al Sistema Nacional de Salud, y el Gobierno debe trabajar con las comunidades autónomas para garantizar el derecho a la sanidad, que no es solo un principio indiscutible en toda la legislación
española, sino que se trata, fundamentalmente, de uno de los puntos de La Declaración Universal de Derechos Humanos.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. Incrementar, en el siguiente ejercicio de los Presupuestos Generales del Estado, la partida destinada al gasto sanitario hasta llegar al equivalente del 7,5 % del Producto Interior Bruto, así como destinar un gasto sanitario igual o
superior a los dos mil euros por habitante, de los cuales 500 euros deben destinarse a Atención Primaria.


2. Asegurar que el anteproyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del SNS contemple la derogación real de la Ley 15/97 y se garantice la gestión directa por parte de la administración de la sanidad pública como servicio público
que es.


3. Disminuir, en colaboración con las comunidades autónomas, las cifras de interinos en el sistema público de salud, equiparándolas a la media europea.


4. Blindar la universalidad de la asistencia sanitaria sin excluir a ninguna persona. Volver a incluir en la legislación vigente el servicio de la sanidad pública a las personas migrantes sin recursos.


5. Implementar urgentemente el Marco Estratégico de la Atención Primaria elaborado en 2019.


6. Potenciar, en colaboración con las comunidades autónomas, el sistema público de salud mental, estableciendo objetivos en común con el fin de garantizar a la ciudadanía una atención eficaz en esta materia, especialmente para los
colectivos vulnerables y las personas jóvenes. Es urgente desbloquear la ley de Salud Mental.


7. Incrementar las prestaciones en materia de salud bucodental en la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud para garantizar su carácter público y el acceso.


8. Promover, conjuntamente con las comunidades autónomas, campañas de concienciación, información y solidaridad sobre cuestiones tan importantes como la donación de órganos -en la que ya somos pioneros- o la donación de médula ósea.


9. Promover políticas relativas a la industria farmacéutica que prioricen la eficacia y transparencia en la fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios.


10. Impulsar campañas de sensibilización social y de información sobre enfermedades poco conocidas pero de gran impacto, así como potenciar la investigación. Desarrollar un sistema de Atención Temprana -tal y como está recogido en los
acuerdos de gobierno- que evite sufrimiento innecesario e incluso costes mayores para el sistema.


11. Establecer que el funcionariado de nueva incorporación entre directamente en el sistema público de salud.


12. Garantizar el derecho al aborto en cualquier hospital o centro público del país.


13. Proteger a las mujeres de la violencia obstétrica, ginecológica y de otros ámbitos de la medicina, así como establecer nuevos mecanismos para eliminar estas prácticas.'

Página 135

Propuesta de resolución núm. 81


Medidas para la mejora de la calidad en el empleo y la democratización del trabajo


La crisis económica provocada por la pandemia y, ahora, la derivada de la invasión de Putin en Ucrania han generado una situación socioeconómica compleja que requiere de decisiones firmes y urgentes.


Durante la crisis pandémica el Gobierno puso en marcha el escudo social entre las que destacaron medidas como los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo, prestaciones a trabajadores autónomos o la prohibición de despedir, junto con
una movilización de recursos públicos nunca vistos hasta la fecha. Millones de personas trabajadoras pudieron conservar sus puestos de trabajo, a diferencia de lo ocurrido en crisis anteriores, que siempre pagaron los y las trabajadoras más pobres.
En este caso, el Gobierno de España se puso del lado de los más vulnerables intentando salvaguardar los puestos de trabajo y los ingresos de la clase trabajadora.


Con la invasión rusa de Ucrania los precios de las materias primas se han disparado provocando un alza de los precios de los combustibles que ha afectado al precio de la cesta de la compra, con un precio final de la energía muy alto y una
pérdida del poder adquisitivo muy significativo de la clase trabajadora. Las empresas energéticas han aprovechado de manera indecente la situación para continuar aumentando sus beneficios. El Gobierno, una vez más, ha aprobado un paquete de
medidas en la buena dirección: ayudas a las familias más vulnerables, cheque de 200 euros, subvenciones al carburante, protección a los inquilinos frente a subidas de precios, bajada del transporte público, la prórroga de medidas dirigidas a que
las familias puedan afrontar la crisis de manera más justa, o la excepción ibérica que permite la bajada de la factura de la luz.


Por otra parte, destaca el nuevo marco de legislación laboral impulsado por el actual ejecutivo, que tenía como principal objetivo combatir la temporalidad y la precariedad y que está resultando muy efectivo, tal y como revelan los datos
derivados de la aplicación de esta norma.


En junio hemos llegado a 20.348.330 personas cotizando a la Seguridad Social: es la cifra más alta de la historia de España. El empleo está aumentando a un ritmo sin precedentes: 848.053 personas en los últimos doce meses, nunca se había
creado tanto empleo en un solo año.


Alcanzamos el récord de empleo femenino en toda nuestra historia: hay 9.535.950 mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Son el 47 % del total, el mayor peso del empleo femenino jamás alcanzado.


La calidad del empleo mejora con gran intensidad y rapidez. Más empleo, de mejor calidad, y reduciéndose la abusiva rotación laboral. 1 de cada 2 contratos laborales firmados desde abril es indefinido.


El impacto de la reforma se aprecia en los colectivos que más sufrían la precariedad y la rotación. En junio de 2022, el 41,3 % de los contratos firmados por mujeres ha sido indefinido, mientras que en junio de 2019 representaban el 8,3 %
del total. El 43,0 % de los contratos firmados por jóvenes menores de 30 años ha sido indefinido, cuando en junio de 2019 representaban el 7,4 %.


Esta mejora en la contratación está transformando la estructura del empleo de forma acelerada.


El paro registrado se ha reducido en 1.128.207 personas en los últimos 16 meses, la mayor caída de la serie histórica. El paro se sitúa por debajo de 3 millones de personas por primera vez desde hace 14 años. El paro juvenil se redujo el
32,8 % hasta situarse por cerca de las 200.000 personas: en mayo de 2022 se marcó la cifra más baja de nuestra historia. Y entre las mujeres, se ha reducido en 398.795 y está en su nivel más bajo desde 2008.


Una mejora del empleo que ha sido compatible con un significativo aumento del salario mínimo interprofesional, que creció el 36 % desde 2018 hasta llegar a 1.000 euros mensuales, 14.000 euros al año. Un incremento que benefició directamente
a cerca de 2 millones de personas.


La brecha salarial de género se ha reducido en estos años de forma muy significativa, porque ha bajado 2,7 puntos en 2029 y 2020, hasta situarse en su nivel más bajo desde que existen registros. Aún es insuficiente, porque la diferencia
salarial entre hombres y mujeres es inaceptable, pero nos señala el camino por donde tenemos que seguir avanzando: las políticas de igualdad, los instrumentos y herramientas de la igualdad retributiva y seguir subiendo el SMI.


La nueva reforma laboral es un ejemplo de que la buena política es diálogo y más democracia, y significa también el fin de la cultura de la precariedad en España, un cambio de paradigma.

Página 136

El fenómeno de la Gran Dimisión, con poca repercusión real en España, pone de manifiesto el hartazgo de las y los trabajadores de unas condiciones inasumibles para poder construir una vida autónoma. Un mensaje que la patronal no debería
despreciar.


Se equivocaban quienes presagiaban una intensa destrucción del empleo por la subida del SMI o que los ERTEs se convertirían en EREs. Quienes anunciaban una ola de despidos por la entrada en vigor de la reforma laboral no hacían predicciones
científicas, sino ideología, y se equivocaban. Hoy hay miles de personas que viven mejor y con más protección y los dogmas del neoliberalismo se han demostrado falsos.


Hemos avanzado, pero queda mucho camino para unas relaciones laborales plenamente democráticas en España. Además de pasar página de la cultura de la precariedad, necesitamos un trabajo del siglo XXI: trabajos con sentido para la vida.


Hoy, en el año 2022, toca una actualización a los nuevos tiempos. Toca una actualización a partir del aprendizaje de la pandemia. Toca un Estatuto del Trabajo del siglo XXI que modernice nuestro Derecho laboral.


Hay que profundizar en la democratización de los centros de trabajo, seguir en la senda marcada con la nueva reforma laboral y la calidad del empleo, de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora con el establecimiento de
contratación estable y la recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores que aún están pagando la crisis de 2008 por culpa de las medidas del Gobierno del Partido Popular, que provocaron la pauperización de los salarios.


Además, las trabajadoras autónomas necesitan el apoyo del Gobierno y tener en cuenta un entorno justo y estable para consolidar sus proyectos con los mismos derechos que el resto de las personas trabajadoras. En este sentido, la Estrategia
para el Trabajo Autónomo debe ser una herramienta fundamental de avance, así como la reforma de las cotizaciones del régimen RETA.


Igualmente, las empresas de la Economía Social han acreditado su resiliencia y su papel clave para una recuperación más justa e inclusiva, más sostenible social y medioambientalmente. Por este motivo, es fundamental impulsar su desarrollo y
consolidación como forma de generación y mantenimiento del empleo enraizada en los territorios. El PERTE de Economía Social y de los cuidados constituye un instrumento estratégico vital para lograr este objetivo poniendo en el centro el cuidado y
bienestar de las personas y de su entorno.


Los derechos se ejercen o no en función de las condiciones objetivas y materiales, y la temporalidad ha sido una barrera para miles de personas trabajadoras durante décadas. Por primera vez, dos generaciones de trabajadores van a poder
ejercer sus derechos de participación en la empresa y este es un hecho muy positivo, pero con límites en relación con aspectos tan importantes como los déficits de representación en las empresas más pequeñas de nuestro país. Una laguna legal que
debe ser abordada. Es un reto para la democracia dentro de la empresa.


Y la democratización en la empresa pasa también por los algoritmos y la digitalización. Estos, por la vía de los hechos consumados, vulneran derechos sociales, económicos y de representación. Gobernar la digitalización, para que los
cambios tecnológicos no se hagan en menoscabo de los derechos de las personas trabajadoras, debe ser una prioridad, tal como ya ha comenzado a hacer este Gobierno con la aprobación de la Ley Rider, que ha sido pionera en la materia en el contexto
internacional.


Por todo ello, el Congreso de Diputados insta al Gobierno a:


'1. Aprobar un nuevo Estatuto del Trabajo, con el impulso del diálogo social, que ahonde en el contenido de la nueva reforma laboral, dando respuesta a las nuevas relaciones laborales, a la digitalización -con derechos- y al trabajo
autónomo.


2. Impulsar una ley de usos del tiempo que nos ayude a avanzar en trabajos con sentido para la vida. Debemos hablar de la jornada laboral y del tiempo de descanso, así como de la formación a lo largo de la vida.


3. Trabajar intensamente en la mesa de diálogo social para aprobar un nuevo contrato social en el que las personas trabajadoras no paguen la factura de esta crisis, incrementando la fiscalidad de las grandes empresas que obtienen grandes
beneficios.


4. Garantizar el sistema de pensiones económica y socialmente hablando, como está previsto y se acordó en el nuevo Pacto de Toledo.