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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 323, de 13/09/2021
cve: BOCG-14-D-323
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de septiembre de 2021
Núm. 323
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000013 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas... (Página2)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a liderar el no reconocimiento internacional del régimen talibán de Afganistán... (Página9)
162/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación de la ministra de Igualdad por su inaceptable comparación entre la situación de las mujeres y niñas afganas y las españolas...
162/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a paralizar la tramitación del proyecto Sputnik de instalación privada de nuevas líneas eléctricas de Muy Alta Tensión (MAT) que
atraviesen media Cataluña a través de centenas de kilómetros de red... (Página11)
162/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática... (Página12)
162/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a adoptar todas aquellas medidas necesarias conducentes a garantizar la seguridad de los españoles en el análisis de la idoneidad de la concesión de la
condición de refugiado a los civiles afganos que hayan solicitado asilo, al objeto de denegar aquellas solicitudes que supongan una grave amenaza para la Seguridad Nacional... (Página18)
162/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre salvamento marítimo en la isla de Tenerife... (Página24)
162/000808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000013
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Junta de Portavoces.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Socialista
(031/000001)
Portavoz:
Baja:
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana 08-09-2021
Alta:
GÓMEZ HERNÁNDEZ, Héctor 08-09-2021
Portavoces adjuntos:
Baja:
SIMANCAS SIMANCAS, Rafael 08-09-2021
Alta:
CRESPÍN RUBIO, Rafaela 08-09-2021
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
ECHENIQUE ROBBA, Pablo (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000012/0001) 1... (Página4)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para liderar el no reconocimiento internacional del régimen
talibán de Afganistán, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La situación vivida en Afganistán durante el verano de 2021 ha hecho temer lo peor a los analistas, expertos y organismos internacionales. La reinstauración del régimen talibán en el país hace temer lo peor, más si cabe teniendo en cuenta
la situación que provocó la tiranía de estos extremistas hasta hace 20 años. Ya entre 1996 y 2001, los talibanes aplicaron la Sharía de la forma más estricta y radical posible, y poco hace creer que la situación será diferente tras el
establecimiento de un nuevo Emirato fundamentalista en Afganistán. Bajo la aplicación de la Sharía, las mujeres y niñas se enfrentan por tanto a una situación de represión y falta de libertad absoluta, siendo amenazadas con azotes y lapidaciones si
no cumplen con las disposiciones de esta ley islámica.
Pese a que, en su momento, los talibán afirmaron que no llevarían a cabo esa represión en esta nueva etapa de gobierno, lo cierto es que sus actuaciones han dejado ya en evidencia sus promesas de marketing. En primer lugar, a medida que
avanzaban por el país llevaban a cabo su represión contra quienes habían colaborado con la presencia occidental en Afganistán, pero también contra minorías o personas que se habían significado en su rechazo al pasado período talibán de hace 20 años.
Además, al llegar a las puertas de Kabul y tomar finalmente la ciudad, amenazaron con un ultimátum a las naciones participantes de la misión internacional de la OTAN en el país que evitaba que pudieran organizar esfuerzos de evacuación más tarde del
pasado 31 de agosto. En los últimos días, cuando se acercaba esa fecha, la agresividad de los talibán se redoblaba, con asesinatos a jefes policiales que habían sido entrenados por las naciones occidentales presentes hasta ahora en Afganistán y con
una clara estrategia de hostigamiento y acoso a periodistas para que reproduzcan sus consignas fundamentalistas en lugar de continuar con su trabajo de información.
En este contexto, algunas voces a nivel internacional han reconocido que quizás sea necesario reconocer al régimen talibán, asumiendo que la rapidez con la que los extremistas han retomado el control del país hace imposible idear un régimen
democrático en Afganistán. Sin embargo, otros líderes globales, como el presidente francés Emmanuel Macron o el primer ministro canadiense Justin Trudeau, han rechazado frontalmente normalizar el régimen talibán. De hecho, la resistencia que se
está organizando en torno a la región de Panjshir, en el norte del país, demuestra que aún hay un número considerable de afganos que están dispuestos a luchar de nuevo contra los talibán para evitar volver 20 años atrás. Esta
resistencia está liderada, además, por Ahmad Massoud, el hijo del histórico líder de la lucha contra los talibán y la presencia soviética en Afganistán en las décadas de 1980 y 1990, el llamado 'León de Panjshir'.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos defendemos el respeto por el Estado de Derecho, los derechos y libertades fundamentales como un pilar fundamental no ya solo de nuestra acción política a nivel interno, sino también de nuestra acción
exterior. España es una de las pocas democracias plenas del mundo, y como tal tiene también la responsabilidad de promover, proteger y cuidar los avances democráticos en todo el mundo, puesto que esto significa mejores perspectivas de desarrollo
personal para más individuos. Como liberales, por tanto, no podemos compartir la opinión de que se debe reconocer al régimen talibán como legítimo al frente de Afganistán. Siendo conscientes de que será necesario trabajar con los talibán para
asegurar la evacuación de quienes se han visto forzados a quedarse en el país, también es cierto que hay alternativas para redoblar la presión sobre los nuevos gobernantes que han tomado el poder en Afganistán y para dar apoyo a quienes siguen
dispuestos a establecer un régimen más respetuoso con los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Liderar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el no reconocimiento del régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán y de limitar sus relaciones con el mismo a las estrictamente necesarias para asegurar la salida
ordenada de los afganos que se hayan visto obligados a permanecer en el país ante el fin de la primera etapa del operativo de evacuación desplegado por las naciones con presencia en el país.
2. Elevar, en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la necesidad de implementar sanciones específicas contra los principales líderes del régimen talibán para ejercer presión sobre los mismos con el objetivo de
dificultar lo máximo posible su toma del poder efectivo en Afganistán.
3. Paralizar, como ya ha solicitado la Comisión Europea, toda transferencia de fondos de cooperación internacional para el desarrollo que tuviera como destino Afganistán hasta poder asegurar que estos fondos no acaban en manos de los
talibán y, por tanto, financiando sus actividades, y estudiar redirigir este apoyo a las fuerzas que se oponen al régimen talibán en la provincia afgana de Panjshir.
4. Redoblar, en el seno de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de las instituciones de la Unión Europea, la lucha internacional contra el cultivo de opiodes, su tratamiento y su comercio, siendo esta una de las
principales actividades que proporcionan recursos económicos al régimen talibán en Afganistán.
5. Mantener los flujos de ayuda humanitaria, que gestionan directamente las instituciones donantes, para evitar el agravamiento de la situación humanitaria en el país y prevenir así posibles flujos masivos de personas que puedan poner en
riesgo su vida por llegar a la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación de la ministra de Igualdad por su inaceptable
comparación entre la situación de las mujeres y niñas afganas y las españolas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En las últimas semanas, la comunidad internacional se ha estremecido con el avance de los acontecimientos en Afganistán, donde los talibán han avanzado sin apenas resistencia en su aspiración de controlar el país tras la decisión de Estados
Unidos y del resto de naciones participantes de la misión 'Resolute Support' de la OTAN de retirar sus efectivos de allí. En particular, uno de los aspectos más preocupantes es la situación de las mujeres y niñas afganas, que se enfrentan a un
régimen que no tiene respeto alguno por sus derechos y libertades más fundamentales.
Como liberales, no podemos sino rechazar frontalmente un fundamentalismo tal que niega la propia autonomía de la mujer como individuo sujeto a derechos fundamentales. Recordemos el caso de Malala Yousafzai, que en 2012 sufrió un atentado
perpetrado por los talibán, en este caso en Pakistán, por el mero hecho de acudir a sus 15 años a la escuela. Malala sobrevivió a esta agresión y su caso despertó al mundo sobre el terror que los talibán seguían suponiendo para las mujeres y niñas
allá donde tuvieran su centro de poder. Además, dedicó su vida a defender el derecho de las niñas a la educación incluso en los contextos más complicados, como fue el suyo. Ahora, cientos de miles de mujeres y niñas se enfrentan a un riesgo
similar, que va desde el veto a su escolarización, a la imposibilidad de ocupar un empleo o un cargo público, a la obligación de vestir de una determinada forma, a la prohibición de hacer deporte o incluso la de reír. En ocasiones, por desgracia,
las mujeres y niñas afganas también se enfrentarán a la muerte simplemente por defender sus derechos y libertades, con impunidad además para sus asesinos.
Por ello, es inconcebible que la ministra de Igualdad comparara en una entrevista la situación crítica a la que se enfrentan las mujeres y niñas afganas con la situación en España, uno de los mejores países del mundo para nacer mujer,
afirmando que 'en todos los países hay formas de oprimir a las mujeres', añadiendo que 'eso paso en Afganistán, pero también en España con unas tasas intolerables de asesinatos machistas'. Querer comparar dos realidades tan opuestas no solo es un
insulto a la inteligencia, sino también una banalización del horror que están viviendo actualmente las mujeres y niñas que, desgraciadamente, no hayan podido salir de Afganistán en los esfuerzos de evacuación organizados por las naciones
participantes de la misión de la OTAN en el país. Estas afirmaciones por parte de la máxima responsable en materia de igualdad de género del Gobierno no solo demuestran un profundo desconocimiento por su parte sobre la realidad de Afganistán, sino
que suponen, a nuestro juicio, una frivolidad teniendo en cuenta el drama humanitario al que se enfrenta de manera inexorable la población en este país en materia de derechos durante los próximos años.
De igual modo, esta aseveración supone un desprecio a los grandes avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres alcanzados en nuestro país desde la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978. Siendo conscientes de que aún
hay mucho camino por para garantizar la igualdad efectiva, nuestro sistema político garantiza en todo caso el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres en España y no es en ningún aspecto comparable a la terrible
situación en Afganistán.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación de la Ministra de Igualdad por sus inaceptables comparaciones entre la situación que viven las mujeres y niñas en Afganistán y en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado del PDeCAT Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de
los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al
Gobierno a paralizar la tramitación del Proyecto Sputnik de instalación privada de nuevas líneas eléctricas de muy alta tensión (MAT) que atraviesen media Catalunya a través de centenas de kilómetros de red.
Exposición de motivos
Una empresa aragonesa impulsa tres corredores de líneas de muy alta tensión (MAT) que atravesarían media Catalunya a través de centenas de kilómetros de red, cruzando centenares de municipios catalanes mediante estos tres nuevos corredores;
la llamada línea de Isona, que conectaría los centros de producción de Zaragoza y Huesca con las comarcas leridanas del Pirineo, el tendido central por Pierola-Rubí y Can Jardí, que daría suministro desde Zaragoza y Teruel a la región de Barcelona,
y un tercer corredor, a través del itinerario Begues-Garraf-Castellet y Penedès, que enlazaría desde Zaragoza y Teruel también con la zona central de Catalunya.
El pasado 28 de julio se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) el proceso de información pública del estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa de este macroproyecto para la línea de
Begues-Garraf-Castellet y Penedès. Resulta cuanto menos asombroso que el proceso de información pública de un proyecto de este calado se haga en pleno verano, máxime cuando afecta a centenares de municipios y propietarios, a quienes deja en una
situación de absoluta indefensión al haberles mantenido al margen de todo el proceso, sin siquiera consultarles sobre las necesidades y situación del territorio, habida cuenta de que la construcción de líneas de muy alta tensión generará una
devaluación de las fincas por donde pasa; negocios, casas rurales, granjas, especialmente en el Camp de Tarragona, Les Terres de l'Ebre i El Penedès. Sorprende que no se haya consensuado y sometido a información pública en otro momento en el que
tanto propietarios como ayuntamientos dispusieran de todos los recursos, y especialmente de tiempo suficiente para estudiar bien el proyecto.
Asimismo, resulta sorprendente que dicha conexión se realice de forma ajena a la ya existente infraestructura de Red Eléctrica de España (REE), llevándose a cabo mediante la construcción de líneas privadas de transporte de energía levantadas
por el mismo grupo promotor, convirtiéndose, en caso de recibir el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, quien debe elaborar el informe de impacto ambiental como requisito previo a la aprobación del proyecto, en la primera línea de uso
privado que se levanta en Catalunya.
Por todo lo expuesto anteriormente, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender la tramitación de la instalación privada del proyecto Sputnik de tres nuevos corredores de líneas eléctricas de muy alta tensión (MAT) que está previsto que atraviesen media Catalunya a través de centenas de kilómetros de red,
a efectos de estudiar alternativas.
2. Estudiar la posibilidad de utilizar la ya existente infraestructura de Red Eléctrica de España (REE) para transportar energía, y en caso de precisar nuevas infraestructuras eléctricas, priorizar la construcción de estas por parte de REE.
3. Escuchar y consultar a los ayuntamientos afectados por la construcción de nuevas MAT antes de proceder a la construcción de nuevas líneas eléctricas, habida cuenta de que estas instalaciones generan un gran impacto ambiental y económico,
así como una devaluación de las fincas por donde pasan, actividades privadas, casas rurales, granjas etcétera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. Francisco José Contreras Peláez, D. José María Sánchez García, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Carlos José
Zambrano García-Ráez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª María de la
Cabeza Ruiz Solás y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación y destitución del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La independencia del Poder Judicial.
La Constitución española ('CE') de 1978 establece en el artículo 117.1 que 'la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley'.
La independencia del Poder Judicial en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de injerencia de cualquier otra rama de poder (el poder legislativo y ejecutivo) constituye una de las piezas
elementales de un Estado de derecho. Es indudable, por tanto, que el Poder Judicial debe gozar de los principios de independencia e imparcialidad.
El principio de independencia judicial, consagrado en la Constitución, se ve reflejado, igualmente, en el artículo 104.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ('LOPJ') que dispone que 'el Poder Judicial se organiza y
ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia'.
Segundo. Ataques del Gobierno a la independencia judicial.
En los últimos años el Gobierno de la nación no solo ha incumplido las exigencias del GRECO 1 para preservar la independencia del órgano de gobierno de los jueces 2, sino que además han sido constantes los intentos de deslegitimar al Poder
Judicial. El objetivo, en definitiva, no es otro que acabar con la independencia de este poder del Estado, pilar básico en que se asienta y fundamenta nuestro Estado democrático y de derecho.
i. Nombramiento de la Sra. Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado.
El primer ataque a la independencia de la Justicia fue el nombramiento de la Sra. Dolores Delgado García, ministra de Justicia en la legislatura XII y XIII, como Fiscal General del Estado, lo que supuso la pérdida de objetividad e
imparcialidad 3 de la Fiscalía. Con este nombramiento se puso fin a la tradición no escrita que había evitado que, desde el nombramiento del Ministro de Presidencia socialista, don Javier Moscoso del Prado Muñoz, como FGE en 1986, ningún Diputado o
Ministro en ejercicio hubiese ocupado el cargo. Dejando a un lado la idoneidad de la Sra. Delgado García, claramente cuestionable 4, su nombramiento en 2019 ha supuesto un ataque flagrante a unos de los principios fundamentales de todo Estado de
Derecho, la construcción y mantenimiento de una Fiscalía General del Estado neutral e independiente, así como un claro incumplimiento a las recomendaciones del GRECO. Cabe recordar que,
1 El GRECO fue establecido en 1999 por el Consejo de Europa para monitorear el cumplimiento de los Estados con los estándares anticorrupción de la organización. El objetivo de GRECO es mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra
la corrupción mediante el control de su cumplimiento de las normas anticorrupción del Consejo de Europa a través de un proceso dinámico de evaluación mutua y presión de grupo. Ayuda a identificar las deficiencias en las políticas nacionales
anticorrupción, impulsando las reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. España se adhirió en el año 1999. (https://www.coe.int/en/web/ereco/about-greco/what-is-grecoj.
2 Cuarta ronda de evaluación. Prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales. GRECO.
3 Artículo 124.2 de la CE señala expresamente que 'El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad'. No olvidemos, en este punto, las palabras del presidente del Gobierno, Sr. Sánchez Pérez-Castejón, el 6 de noviembre de 2019 en Radio Nacional de España (RNE). En relación con su promesa electoral de retornar a España
al expresidente de la Generalidad de Cataluña y prófugo de la Justicia, don Carlos Puigdemont Casamajó, el presidente del Gobierno afirmó '¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? [El periodista contestó: ''Pues no sé ... Del
Gobierno''] Pues ya está'.
4 Son de conocimiento público algunas conversaciones comprometidas de la SR. Delgado García con personas investigadas por la Justicia, en las que se acusaba, impunemente, a compañeros de la carrera judicial y fiscal de tratar con menores en
Colombia. Es igualmente conocido las vejaciones vertidas a compañeros de partido, integrantes del Consejo de Ministros al que pertenecía por su orientación sexual.
desde el año 2001, este órgano del Consejo de Europa ha manifestado reiteradamente su preocupación con respecto al nombramiento e independencia del Fiscal General del Estado ('FGE').
A pesar de ese descrédito a la institución, el entonces ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno, apoyó el nombramiento de la nueva FGE, haciendo caso omiso a las continuas denuncias de la mayoría de las asociaciones de jueces y
fiscales, que ponían de manifiesto una clara lesión al principio de separación de poderes y a la imparcialidad de la Fiscalía.
ii. Ataques del exvicepresidente segundo a la Justicia.
Es conocido públicamente la animadversión del exvicepresidente segundo y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Pablo Iglesias Turrión, hacia la Justicia y el Poder Judicial. En varias ocasiones, el exvicepresidente segundo
ha criticado públicamente a la Justicia y al ejercicio de sus funciones:
- En enero de 2020, Pablo Iglesias Turrión afirmó, en una entrevista a Antena 3, que 'la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos en referencia a la actuación a lo largo del procés' (nombre coloquial del juicio a
los líderes del proceso independentista catalán). El CGPJ, ante este ataque del exvicepresidente, apeló, a través de una declaración oficial, 'a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización
política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial'. El entonces Ministro de Justicia, sin embargo, no defendió a los jueces y evitó
pronunciarse individualmente. Por el contrario, el Gobierno, en un comunicado público, amparó al exvicepresidente segundo y defendió su libertad de expresión, exigiendo, además, una renovación del Poder Judicial 5.
- Posteriormente, en abril de 2020, el exvicepresidente segundo volvió a criticar la función de los jueces. Concretamente, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se condenaba Isabel Serra Sánchez, dirigente de
Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, a 19 meses de prisión e inhabilitación del derecho al sufragio pasivo por un delito de atentado contra la autoridad. Pablo Iglesias Turrión publicó, en su perfil oficial de la red social twitter,
y en relación con la condena de su compañera de partido, lo siguiente: 'Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan
impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso'. Ante esta acusación de parcialidad del Poder Judicial, vertida por el exvicepresidente segundo, el CGPJ volvió a emitir un comunicado
expresando su profundo malestar ante un nuevo ataque a la independencia judicial: 'La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial'. En este
caso, sin embargo, el exministro de Justicia sí defendió las declaraciones de Pablo Iglesias. Durante una sesión de control al Gobierno, don Juan Carlos Campo Moreno afirmó que las declaraciones del exvicepresidente segundo se enmarcan 'en el
derecho fundamental de la libertad de expresión que tenemos todos, también el vicepresidente segundo' 6. Se consumó, por tanto, un nuevo descrédito a la Justicia, dando más argumentos a la ciudadanía para su desconfianza.
iii. Interferencias del Gobierno en la labor del CGPJ.
El Pleno del CGPJ nombró, el 30 de septiembre de 2020 7, a 3 nuevos magistrados de la Sala Penal del Supremo y a los presidentes de la Sala Tercera, Cuarta y Quinta 8. Este nombramiento se produjo a pesar de las presiones recibidas por el
Gobierno de la Nación para que se paralizaran hasta que no se produjera la renovación del propio el CGPJ. Fue el entonces ministro de Justicia el que abogó, ante el posible nombramiento de los nuevos magistrados, por paralizar los mismos,
justificando esta decisión en
5 https://elpais.com/política/2020/01/15/actualidad/1579102943_695772.html
6 https: //www.abc.es/espana/abci-campo-ampara-ataques-iglesias-jueces-libertad-expresion-202004291217_video.html.
7 https://www.elperiodico.com/es/política/20200928/gobierno-nuevo-frente-nombramientos-cgpj-8131323.
8 Estos nombramientos se produjeron en un clima de tensión entre el CGPJ y el Gobierno, debido a la polémica suscitada por la ausencia de S.M. el Rey en la entrega de despachos de la nueva promoción de la carrera judicial. El ministro de
Justicia, refiriéndose al veto del Rey en una entrevista en RNE, explicó que la ausencia del Rey Felipe IV se decidió 'para velar por la convivencia y no añadir tensión ante la inminencia de la sentencia -sentencia de inhabilitación de Quim Torra,
ex presidente del gobierno de Cataluña-, y la cercanía del l-O'. (https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/rey-acto-jueces- barcelona-justicia-campo/5672017/)
que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace dos años, aún a pesar de que el CGPJ está obligado a llevarlos a cabo 9. Incluso llegó a afirmar que 'el CGPJ está en descomposición 10'. Estas declaraciones públicas del
exministro de Justicia supusieron una interferencia más en las funciones del Poder Judicial y otro ataque a su independencia.
iv. Primer intento de politizar el CGPJ.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común registró en el Congreso de los Diputados, en octubre del pasado año, una Proposición de Ley Orgánica para llevar adelante
su propósito de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de eludir lo que han denominado, injustamente, el bloqueo de la oposición. El objeto de la proposición era rebajar la mayoría de tres quintos
necesarios para renovar a los 12 vocales del CGPJ -en funciones desde el año 2018-, evitando el necesario acuerdo con la oposición para tal nombramiento. La reforma situaría en la mayoría absoluta los votos necesarios para llevar a cabo la deseada
renovación. Para tal fin, el Gobierno decidió registrar dicha iniciativa a través de una proposición de ley orgánica, gracias a los grupos parlamentarios de los partidos políticos que sustentan el Gobierno de coalición, en lugar de un proyecto de
Ley. El objetivo era eludir los informes del Consejo de Estado y del propio órgano de gobierno del Poder Judicial 11, de manera que se diera celeridad a su tramitación en las Cortes Generales y evitar, así, el posible posicionamiento contrario a su
tramitación por parte de estos órganos, a pesar del carácter no vinculante de su Informe.
Por tanto, tras la calificación de la Mesa del Congreso, la proposición de ley orgánica solo necesitaría la conformidad del Gobierno para su toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados. En consecuencia, aprobada la
reforma, supondría, tal y como está redactada, otorgar plenos poderes discrecionales a los partidos que conforman el Gobierno para decidir quiénes estarían a cargo del órgano de gobierno de la justicia. Estamos, en definitiva, ante un claro fraude
de ley, que supone un nuevo ataque a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial, así como un intento manifiesto de politizar dicha Institución.
Este claro ataque al Poder Judicial provocó que el Consejo de Europa, a través del GRECO, interviniera, llamando la atención, una vez más, al Gobierno de España. En una comunicación oficial dirigida directamente al Ministerio de Justicia
12, dicho organismo europeo advirtió de que la propuesta de reducir la mayoría cualificada de 3/5 necesarios del Congreso de los Diputados a una mayoría absoluta -el GRECO hace referencia a la misma como mayoría simple- para renovar el CGPJ y elegir
los nuevos vocales de este órgano de gobierno 'se desvía de los estándares del Consejo de Europa relativos a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de los estándares anticorrupción del
Consejo de Europa'.
Asimismo, señaló el GRECO en la carta que 'los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existen, deben ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales lo
que, a su vez, es una condición 'sine qua non' para una lucha eficaz contra la corrupción. Nuestros estándares disponen que al menos la mitad de los miembros del consejo sean jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial.
GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial'.
Por último, recuerda el órgano del Consejo de Europa que nuestro país 'aún no ha implementado una recomendación emitida por GRECO para España, hace casi siete años, en su Cuarta Ronda de Evaluación. La recomendación pedía una evaluación del
marco legislativo que rige el Consejo General del
9 Artículo 122.2 de la CE: 'El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario'. Artículo 560.1.2.a de la LOPJ: '1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: 2.a Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del
Tribunal Supremo'. El artículo 599.1.4.a: '1. El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias: 4.a Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de
méritos'.
10 https://www.elindependiente.com/espana/2020/09/30/el-ministro-de-justicia-trata-de-paralizar-los-nombramientos-en-el-cgpj-hasta-el-ultimo-momento/
11 Artículo 561.1.a de la LOPJ: 'Se someterán a informe del Consejo General del Poder judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: 1.a Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial'.
12 La carta se dirige a Ana Andrés Ballesteros como jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia.
Poder Judicial y de su efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas'.
No solo el GRECO se ha pronunciado en contra de la reforma planteada, sino que prácticamente toda la carrera judicial se ha mostrado en desacuerdo. Esta reforma no solo supondría 'una lesión a la separación de poderes e impediría la
independencia judicial de salir adelante', sino que además es claramente 'contraria a la Constitución'. En un comunicado oficial diferentes asociaciones judiciales han pedido al gobierno 'que acometan, de una vez, con la serenidad y el debate que
aquella requiera, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecúen el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares anticorrupción exigidos por Europa'.
A pesar de lo expuesto, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, justificaba públicamente la propuesta de reforma de la LOPJ presentada por los dos partidos que sustentan al Gobierno y, por tanto, el incumplimiento de las
recomendaciones del Consejo de Europa. En un acto público en Valencia, el pasado mes de octubre, señaló expresamente que 'La situación de rehén en la que está ahora mismo el CGPJ con un mandato prorrogado durante dos años se hace insostenible en
democracia y por tanto hay que buscar válvulas. ¿Qué significa esto? Poner una espoleta'.
No obstante, la tramitación de la reforma fue frenada por el Presidente de Gobierno, y así lo anunció en el debate de la moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
v. Segundo intento de reforma de la LOPJ.
A pesar de las advertencias del Consejo de Europa sobre la reforma del Poder Judicial y la violación de los estándares de corrupción, el Gobierno está dispuesto a llegar hasta el final en sus pretensiones. Así de claro lo dejó el exministro
de Justicia en una entrevista en canal sur al ser preguntado por la posible renovación del CGPJ y la supuesta negativa del Partido Popular. El Sr. Campo Moreno advirtió que si el Partido Popular mantenía su veto a la renovación de los vocales del
órgano de gobierno de los jueces, el Gobierno levantaría la suspensión de la tramitación de la reforma del CGPJ, impulsada por los Grupos parlamentarios de los partidos políticos que forman la coalición. Después de afirmar que era necesario 3/5
para la renovación de los vocales del Consejo, señaló, ante la posibilidad de que no se avenga el Partido popular a la renovación, lo siguiente: 'no contemplo esa posibilidad, pero ya que insiste, hay aparcada, de momento, tal como expresó el
Presidente del Gobierno, una proposición de dos grupos parlamentarios para poner el reloj en marcha de la democracia, la democracia no puede pararse [...] y lo hace a través de sus instituciones' 13. Semejante afirmación pone de manifiesto que es,
en realidad, el Gobierno quien controla estas iniciativas parlamentarias.
Por último, y con el fin de presionar al Partido Popular para llevar a cabo la renovación del CGPJ, el Gobierno presentó, una vez más a través de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, una nueva proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ 14, que fue aprobada el 20 de abril de 2021. El objeto de la propuesta es implantar un régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, cercando aún más la independencia del
órgano de gobierno del Poder Judicial. Destacan como puntos más relevantes la suspensión de la función de nombramientos por parte del CGPJ en funciones y la limitación de su potestad reglamentaria.
Esta nueva proposición es claramente inconstitucional, pues trata de limitar e impedir al CGPJ el ejercicio de funciones previstas en la Constitución, como es el nombramiento de las más altas funciones del Poder Judicial (artículo 122.2 de
la CE). Por tal motivo, el Grupo Parlamentario VOX interpuso, en fecha 22 de abril de 2021, un recurso de inconstitucionalidad -admitido a trámite- cuyo suplico solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la norma 'supra' y su nulidad.
No es sino un ejemplo más de la deriva del actual Gobierno intentando por todos los medios influir en la composición de la cúspide judicial, politizando, en definitiva, el gobierno de los jueces, y acabando, en última instancia, con la
independencia Judicial.
13 https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1651966&jwsource=cl
14 https://elpais.com/espana/2020-12-02/psoe-y-podemos-aceleran-una-propuesta-para-limitar-al-poder-judicial-en-funciones.html
Tercero. Las alarmantes e irresponsables declaraciones del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Este 2 de septiembre de 2021, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaños García, ha sido entrevistado en la Cadena Ser, donde ha realizado unas declaraciones que, nuevamente, ponen de
relieve la intención del Gobierno de politizar al Poder Judicial.
Las declaraciones del ministro surgían tras la pregunta relacionada con la condición planteada por el Partido Popular para renovar al CGPJ, consistente en la exigencia de que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los
propios jueces.
No hemos de olvidar que tanto el Partido Popular como el PSOE siempre han llegado a acuerdos para el nombramiento de los cargos del CGPJ, el uno con la connivencia del otro y, el otro, con la del uno.
No ha sido hasta la llegada del Grupo Parlamentario VOX, que viene proclamando públicamente tal exigencia y que quedó plasmada en forma de iniciativa parlamentaria en octubre de 2020 ('BOCG. Congreso de los Diputados' núm. B-121-1 de
23/10/2020 pág.: 1), que el Partido Popular ha impuesto al PSOE el requisito del nombramiento de entre jueces y por jueces.
No obstante lo anterior y en relación con lo que aquí nos ocupa, deben reproducirse las palabras del Sr. Bolaños García, según el cual 'esta propuesta (la exigencia de la elección de entre jueces y por jueces) no tiene cabida porque, en un
Estado de derecho y una ''democracia plena'' como la española, ''ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos'''. A lo que añadía: 'A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos
derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos', justificando que '''no hay otra vía'' para renovar el CGPJ mediante un acuerdo entre el PSOE y el principal partido de la oposición.' 15
Las declaraciones, como no podía ser de otra manera por su gravedad injuriosa, han suscitado numerosas críticas por asociaciones del Poder Judicial. Así, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ('AJFV') -la segunda más representativa
entre los jueces españoles- ha calificado de 'alarmantes e irresponsables' las declaraciones del ministro. Igualmente han hecho hincapié en que la elección por jueces de entre jueces es 'una de las principales reivindicaciones no solo de las
asociaciones judiciales de nuestro país y de la propia Unión Europea de la que España forma parte, sino incluso del partido del propio Bolaños (PSOE) y hasta del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaban en la oposición'. 16
En el mismo sentido, el portavoz nacional de AJFV, don Jorge Fernández Vaquero, ha recordado los episodios controvertidos del actual Ejecutivo respecto del Poder Judicial a que hacíamos alusión en los expositivos precedentes, remarcando que
'[E]es sorprendente y lamentable que el ministro de un Estado miembro de la UE diga públicamente que las propias instituciones europeas llevan 8 años pidiendo a ese mismo país que haga algo que no es plenamente democrático, lo cual es de una
gravedad alarmante'.
E, igualmente, se ha referido a los anteriores Gobiernos de la nación, tanto del Partido Popular como del PSOE, que 'han provocado que España tenga el CGPJ más partidista y politizado de toda la UE junto a Polonia, que de hecho se inspiró en
nuestro modelo porque es el que más y mejor permite a los políticos controlar este órgano clave de la Justicia en cualquier país'. 17
Cuarto. Reprobación y destitución del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En todo caso, estamos ante unas declaraciones manifiestamente contrarias a los principios vertebradores del Poder Judicial, consagrados en la Constitución española y en la LOPJ, y que garantizan la separación de poderes y el Estado de
derecho.
Los motivos expuestos son merecedores, sin duda alguna, de una reprobación pública por parte del Congreso de los Diputados, así como de la destitución inmediata del Sr. Bolaños García como ministro de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática.
15 https://www.elmundo.es/espana/2021/09/02/6130836dfc6c83a4178b45bf.html
16 https://www.larazon.es/espana/20210902/v2pmoccgerehlilutvzi33j76u.html
17 https://www.larazon.es/esparta/20210902/v2pmoccggrehlilutvzi33i76u.html
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación del Sr. ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por socavar la independencia e imparcialidad del órgano de gobierno del Poder Judicial.
2. Instar al Sr. presidente del Gobierno a que destituya al Sr. ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, D. Félix Bolaños García.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Contreras Peláez, María Teresa López Álvarez, José María Sánchez García, María de la Cabeza Ruiz Solás, Ignacio Gil Lázaro,
Carlos José Zambrano García-Ráez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, Dña. Macarena Olona Choclán, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Julio Utrilla Cano, Dña. Rocío de Meer Méndez, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Víctor
Manuel Sánchez del Real, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. Agustín Rosety Fernández de Castro en sus condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del grupo parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a adoptar todas aquellas medidas necesarias conducentes a garantizar la seguridad de los españoles en el análisis
de idoneidad de la concesión de la condición de refugiado a los civiles afganos que hayan solicitado asilo, al objeto de denegar aquellas solicitudes que supongan una grave amenaza para la Seguridad Nacional, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El pasado 19 de agosto España puso en marcha un 'Hub' europeo en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, espacio de recepción y atención de los refugiados afganos, ante la crisis de inmigración que ha provocado la llegada al poder de
los talibán en Afganistán. Provisionalmente, las instalaciones de tránsito tendrían una capacidad para 800 personas, no obstante, la cifra ha aumentado considerablemente.
Mediante este mecanismo irán llegando a España los ciudadanos de Afganistán que hayan colaborado con la Unión Europea y otro personal que haya estado al servicio de las instituciones europeas. Los afganos, en principio, permanecerán en el
'Hub' un máximo de 72 horas antes de entrar en el sistema de acogida español o de la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión Europea reconoce que no tiene un plan para reubicar a los colaboradores afganos de las instituciones europeas evacuados por
España. Esto podría aumentar el tiempo máximo de estancia de los afganos en el espacio de recepción y atención de los refugiados afganos.
Asimismo, el pasado 22 de agosto, el presidente Sánchez acordó telefónicamente con Joe Biden el uso de las bases militares de Rota y Morón para acoger temporalmente a afganos colaboradores de Estados Unidos en tránsito hacia otros países.
Hasta 4.000 refugiados podrían acoger estas dos instalaciones militares en el marco de la operación 'Operation Allies Refuge' del Pentágono y se les estima un 'periodo de tránsito' de hasta 14 días.
Resulta paradójico que Europa, y en concreto España, haya movilizado urgentemente medios logísticos y humanos para acoger a los ciudadanos afganos y los países limítrofes de Afganistán -Turkmenistán, Uzbekistán, Pakistán, Tayikistán e Irán-,
no hayan anunciado medidas similares. Cabe destacar que estos países son musulmanes y los ciudadanos afganos tendrían capacidad de integración.
Tampoco se entiende el papel que juega China en todo esto, a pesa país limítrofe con Afganistán, al noroeste, y potencia tanto regional como mundial, no ha anunciado ninguna medida relacionada con el acogimiento de refugiados afganos.
Segundo. Según informaciones publicadas, los servicios secretos franceses detuvieron el lunes 23 de agosto 'a uno de los cinco afganos evacuados de Kabul que eran vigilados desde su llegada a París por las sospechas de que uno estuvo
vinclado con los tablibanes' 18. Esta información fue facilitada por el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin. Y es que la amenaza terrorista yihadista en suelo europeo es una realidad.
Por ello, conviene recordar que, desgraciadamente, Europa ha sido objeto de una oleada de atentados de carácter yihadista.
En particular, el 16 de octubre de 2020 se producía en Francia el enésimo atentado terrorista de motivación yihadista. La víctima, un profesor de Geografía e Historia. El móvil del asesinato, la exhibición de varias imágenes de Mahoma en
el marco de una clase de educación moral y cívica sobre libertad de expresión.
Así mismo, el 2 de noviembre de 2020 se producía en Viena una serie de atentados yihadistas en el que fallecieron cuatro personas y 22 heridos resultaron graves. Esta serie de atentados -seis en total- es el peor ataque terrorista que ha
sufrido la capital austriaca en los últimos 40 años.
Por su parte, el 29 de octubre de 2020, tres personas fueron asesinadas en la Catedral de Niza por un hombre tunecino de 21 años, Brahim Aouissaoui, que habría obtenido un documento de la Cruz Roja italiana después haber llegado por mar
desde Túnez a la isla italiana de Lampedusa. Pese a que la propia Fiscalía francesa abrió una investigación para intentar averiguar cómo el terrorista consiguió llegar a Francia, la respuesta es evidente: mediante las mafias de tráfico de
personas.
Otro ejemplo de cómo los terroristas utilizan las redes de inmigración ilegal fueron los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, que provocaron 130 muertos. Al menos dos de los terroristas que perpetraron dicho acto barbárico habían
llegado a Europa como inmigrantes o refugiados 19.
Estos terribles actos ponen de manifiesto la necesidad de que las autoridades europeas tomen medidas más contundentes a los efectos de evitar que los terroristas se camuflen como inmigrantes o refugiados, previniendo de esta forma que
ocurran acciones como las descritas anteriormente.
Tercero. A nivel nacional, según informaciones publicadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles advierten de la posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que
transportan a los inmigrantes ilegales 20.
Un caso paradigmático que demuestra lo real de dicha posibilidad es la detención en el mes de abril en Almería del yihadista británico Abdel Bari. Calificado como 'extremadamente peligroso' por la Policía Nacional, Bari llegó a España
procedente de Argelia a bordo de una patera 21. Cabe apuntar que a este individuo se lo arrestó cuando ya se encontraba alojado en una vivienda en Almería. Según fuentes policiales, Bari tenía intención de perpetrar atentados terroristas en
España.
Adicionalmente, cabe destacar que el 16 de octubre de 2020 la Policía Nacional desarticulaba una célula terrorista en Mogán, Gran Canaria. 22
Los execrables atentados que acaecieron en 2017 en Cataluña y que acabaron con la vida de 16 personas, volvieron a situar a España en el epicentro de la amenaza terrorista. Pese a estar activada la alerta antiterrorista en un nivel alto -4,
sobre una escala de 1 a 5- desde junio de 2015 y ser consciente la sociedad española de la amenaza 23, las medidas adoptadas no fueron suficientes.
18 Disponible en línea: https://www.informacion.es/internacional/2021/08/24/francia-vigila-cincoafganos-repatriados-56485796.html Última visita realizada el martes 31 de agosto a las 11:00 horas.
19 HERNANDEZ, Irene: 'Dos de los terroristas de París entraron en Europa a través de Grecia', El Mundo, 20/11/2015. Disponible [en línea]: https: // www .elmundo.es/internacional/2015/11 /20 / 564f6f10ca4741c56c8b458d.html
20 ZULOAGA, J.M: 'Yihadistas infiltrados como inmigrantes', La Razón, 13/10/2018. Disponible [en linea]: https:// www.Jarazon.es/espana/yihadistas-infiltrados-como-inmigrante-BG20151022/
21 FIGUEREDO, Enrique: 'El yihadista rapero detenido en Almería llegó a España a bordo de una patera', La Vanguardia, 22/04/2020. Disponible [en línea]:
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200422/48678085670/rapero-terrorista-detenido-almeria.html
22 https://www.canarias7.es/canarias/desmantelan-celula-yihadista-20201016150943-nt.html
23 El Eurobarómetro especial del Parlamento Europeo 'Europeans in 2016: Perceptions and expectations, fight against terrorism and radicalisation', mostraba cómo el riesgo de que algo así ocurriese en España era elevado para el 39% de los
ciudadanos entrevistados en el conjunto de nuestro país. Otro 49% opinaba que existía algún riesgo. Sólo un 8% percibía que el riesgo era bajo. Citado en: REINARES, Femando y GARCÍA-CALVO, Carola: 'Barcelona y Cambrils, un año después: ¿cuál
era el riesgo de atentados? ¿qué lecciones están pendientes?, Real Instituto Elcano, Comentario Elcano 43/1.018 3/8/1.018. Disponible [en línea]: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano es/contenido?WCM GLOBAL CONTEXT=
/elcano/elcano_es/zonas es/terrorismo+internacional/comentario-reinaresgarciacalvo-barcelona-cambrils-ano-despues-riesgo-atentados-lecciones-pendientes
En un estudio realizado por los investigadores Fernando Reinares y Carola García-Calvo, se destaca que 'los yihadistas activos en Europa Occidental mantienen su voluntad de llevar a cabo, en pequeños grupos bien inspirados o bien dirigidos
por sus organizaciones de referencia basadas en el exterior, atentados con explosivos, incluyendo el uso de TATP, pero disponen de procedimientos menos sofisticados, igualmente efectivos, para provocar atrocidades, como vehículos sin bomba y
cuchillos. En cualquier caso, es relevante la habilidad de los terroristas para improvisar su 'modus operandi', en el caso de verse obligados a ello, de acuerdo con los medios a que hayan tenido acceso' 24.
Esta adaptabilidad de los terroristas a las medidas estatales hace que sean poco eficaces. No obstante, el éxito macabro de los terroristas radica, en parte, en la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales, las comunidades
autónomas, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen competencias en antiterrorismo.
Así pues, los atentados de Atocha en 2004 pusieron de relieve la necesidad de crear el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). En el año 2014, dicho centro fue refundido en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado (CITCO). No obstante, una vez resuelta la coordinación entre las agencias de la Administración General del Estado, los atentados de Cambrils y Barcelona mostraron la ineficiencia y descoordinación existente entre dichas agencias y
las comunidades autónomas.
En particular, los autores del informe citado 'ut supra' señalan que los autores de los atentados, en especial el imán Es Satty 'debieron haber recibido una especial atención por parte de las agencias de seguridad que en Cataluña cuentan con
mandato antiterrorista, es decir, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil'.
En el mismo sentido, el documento revela lo siguiente:
'Una efectiva actuación policial de esa índole implica coordinación entre agencias, deficitaria cuando se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils. Una adecuada cooperación policial es posible a través del Centro de Inteligencia
sobre Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) y, en otro ámbito, mediante la Unidad Nacional de Europol.'
El mayor ejemplo de esta falta de coordinación fue las reticencias que tuvo la Generalidad de Cataluña frente a la integración de los Mossos d'Esquadra en el CITCO. Así, la incorporación de este cuerpo policial en el CITCO se produjo a
finales del 2018, más de un año después de los atentados de Cambrils y Barcelona.
Cuarto. La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (en adelante, Ley de Seguridad Nacional), en su artículo tercero define el concepto de Seguridad Nacional como 'la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los
derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos
asumidos.'
Definido este concepto central, la ley pasa a describir los principios básicos que deben orientar la política de Seguridad Nacional (art. 4.2): 'la unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los
recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración'. Resulta evidente, por tanto, que el enfoque que tiene que regir la política de Seguridad Nacional debe ser proactivo.
Una vez definido el objeto central, y mencionados los principios rectores, la ley estipula los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. Concretamente en su artículo 10 señala lo siguiente:
'Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el
suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad
energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medioambiente.'
24 Ibídem. P. 3.
En el siguiente plano normativo, se encuentra la Estrategia de Seguridad Nacional, que es según el artículo 4.3 de la Ley de Seguridad Nacional, 'el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional. Contiene el
análisis del entorno estratégico, concreta los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, define las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos existentes.'
La Estrategia de Seguridad Nacional actual (2017), contempla la inmigración irregular como una amenaza para la seguridad nacional de España -págs. 46 y 68-. Tal y como señala el mismo documento, 'Europa y el mundo en su conjunto viven una
de las mayores crisis migratorias registradas desde la Segunda Guerra Mundial... España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta a este desafío'.
En consonancia con ello, la ordenación de flujos migratorios es uno de los objetivos generales de la Seguridad Nacional.
Fuente: Estrategia de Seguridad Nacional, p. 89
Por tanto, es en esta normativa -Ley de Seguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional- en la que se puede y debe amparar la intervención de las Fuerzas Armadas.
Sin lugar a dudas, la inmigración ilegal y la circunstancia de otorgar la condición de refugiados a terroristas yihadistas infiltrados son un peligro para la Seguridad Nacional. En las mismas líneas, los fallos que adolecen tanto España
como la Unión Europea en materia migratoria, fueron expuestos por el ex presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión del 13 de septiembre de 2017:
'Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben ser retonadas a sus países de origen. Cuando solo se retorna al 36% de los inmigrantes irregulares, es evidente que debemos intensificar considerablemente nuestra labor. Para
Europa, es la única manera de mostrar su solidaridad con los refugiados verdaderamente necesitados de protección.'
Quinto. El acceso a la condición de refugiado viene regulado por la normativa básica:
- Instrumento de 22 de julio de 1978, de Adhesión de España a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero
de 1967 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978. Corrección de errores en BOE núm. 272, de 14 de noviembre).
- Instrumento de ratificación de 2 de junio de 1982, del Acuerdo Europeo sobre exención de visados para los refugiados, hecho en Estrasburgo el de 20 de abril de 1959 (BOE núm. 174, de 22 de julio de 1982).
- Instrumento de ratificación del Acuerdo de adhesión del Reino de España al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990 -artículos 28 a 38- (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994. Corrección de erratas en BOE núm.
85, de 9 de abril).
- Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990 (BOE
núm. 183, de 1 de agosto de 1997. Corrección de errores en BOE núm. 235 de 1 de octubre).
- Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263, de 31 de octubre).
- Reglamento (UE) N.º 604/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido).
- Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado, en su redacción dada por la Ley 9/1994, de 19 de
mayo (BOE núm. 52, de 2 de marzo), modificada, a su vez, por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio (BOE núm. 174, de 21 de julio), por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio (BOE núm. 174, de 21 de julio), por el Real Decreto 1325/2003, de
24 de octubre (BOE núm. 256, de 25 de octubre) y por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2005).
- Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas (BOE núm. 256, de 25 de octubre).
Como recoge el portal web de la Policía Nacional 25 la Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, configura el asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, como la protección dispensada por España
a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con esta Ley, con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.
Por una parte, la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u
orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.
De otra, el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a losapátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den
motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos, y
que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate.
El amparo concedido con la protección internacional (término que englobla tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria) consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la
adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España mientras subsistan las circunstancias en virtud de las cuales se les concede el derecho de asilo o de
protección subsidiaria.
25 Disponible en línea: https://www.policia.es/es/extranjeria asilo y refugio.php# Última visita realizada el 31 de agosto a las 14:00 horas
No obstante, para adquirir la condición de refugiado quedarán excluidas las personas que se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.D o en algunos de los supuestos previstos en los artículos 1.F y 33.2 de la
referida Convención de Ginebra:
- Que haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos.
- Que haya cometido un grave delito común, fuera del país del refugio, antes de ser admitida en él como refugiada.
- Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de la Naciones Unidas.
- Estos motivos también se aplicarán a las personas que participen o inciten a la comisión de estos delitos.
- Por su parte, el artículo 33.2 establece que no podrá invocar los beneficios de la presente disposición (prohibición de expulsión y de devolución) el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad
del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.
Además de lo expuesto, también quedarán excluidas de la condición de beneficiarias de la protección subsidiaria aquellas personas que constituyan un peligro para la seguridad interior o exterior de España o para el orden público.
Así viene recogido en el apartado g) del artículo 4 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. Del tenor del mismo se deduce lo siguiente:
'No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido.'
Sexto. Según informaciones publicadas 26, los servicios de inteligencia españoles han trabajado a marchas forzadas para realizar el cribado de los refugiados que han embarcado en los aviones españoles en busca de infiltrados de los
talibanes. Estas fuentes apuntan que 'en los primeros días se procedió sobre todo al revisado de la documentación de las personas que figuraban en las listas del Gobierno español'. En los últimos días se realizó cribado prácticamente sobre el
terreno, con un contacto persona a persona en el mismo aeropuerto de Kabul. Asimismo, indican que 'la preocupación es máxima no sólo entre la inteligencia española, sino en toda Europa, donde todos los Gobiernos se miran de reojo ante la
posibilidad de que algún posible terrorista se cuele entre los miles de refugiados que están aterrizando en sus aeropuertos. Unas miradas que se centran especialmente en España al convertirse, en palabras del ministro de Exteriores, José Manuel
Albares, en el 'hub' europeo de los refugiados afganos'.
De hecho, Francia y Reino Unido 'ya han detectado al menos una docena de fundamentalistas infiltrados entre los afganos que han acogido. París reveló la detención de cinco de ellos que se escaparon del centro donde están acogidos y Londres
ha detectado a un grupo que figura en las listas de los sospechosos de terrorismo que manejan las aerolíneas comerciales'.
Austria ha manifestado que 'no aceptará más tras recibir en estos años a 40.000 personas, algunas de las cuales han protagonizado sucesos violentos en sus calles que han conmocionado a la opinión pública'. El ministro austriaco del
Interior, Karl Nehammer, ha advertido que deportará a todos a los que se deniegue la petición de asilo y que su obligación es mantener 'la paz social'. Y es que es obligación del Gobierno garantizar la seguridad de los españoles evitando la entrada
de terroristas yihadistas, por lo tanto deberá de realizar controles 'exhaustivos' a aquellos civiles afganos que pidan asilo en España e incumplan lo dispuesto en el apartado (g del artículo 4 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como el artículo 33.2 de la Convención de Ginebra.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentarios VOX presenta la siguiente
26 Disponible en línea: https://okdiario.com/espana/cni-busca-terroristas-infiltrados-refugiadosafganistan-7705876 Última visita realizada el 31 de agosto a las 14:00 horas
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
l. Adoptar todas aquellas medidas necesarias conducentes a garantizar la seguridad de los españoles en el análisis de la idoneidad de la concesión individualizada de la condición de refugiado a los civiles afganos que hayan solicitado asilo,
al objeto de denegar aquellas solicitudes que supongan una grave amenaza para la Seguridad Nacional. Estos análisis de idoneidad se realizarán de manera individualizada.
II. A tenor de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que define el concepto de Seguridad Nacional como 'la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y
bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos' deberá
incluir el despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes en aras de prevenir la infiltración de terroristas yihadistas entre los afganos que adquieran la condición de refugiados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Julio Utrilla Cano, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Rocío de Meer Méndez y Emilio
Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre salvamento marítimo en la Isla de Tenerife.
Exposición de motivos
Tenerife tiene 342 kilómetros de costa que, en el norte de la Isla, es más accidentada y abrupta debido a que, normalmente allí, el mar bate con mucha más fuerza y la corriente puede resultar bastante peligrosa. A pesar de esta
circunstancia, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tenerife no dispone, actualmente en esta zona, de embarcaciones de salvamento (Salvamar) ni de un puesto fijo, con lo que, cuando se produce algún accidente y recibe aviso, los
recursos se tienen que trasladar desde alguno de los puestos base ubicados en otros tres puntos de la Isla que se encuentran a una distancia bastante alejada del norte. Las tres Salvamares con las que, a fecha de hoy, cuenta Salvamento Marítimo
para proteger toda la costa de Tenerife están: En Santa Cruz de Tenerife (este); en Playa San Juan, municipio de Guía de Isora (oeste) y en Los Cristianos, municipio de Arona (sur). Obviamente, la distancia y el carácter del propio mar juegan en
contra cuando se trata de llegar a tiempo para salvar vidas.
El 5 de octubre de 2019, Alejandro Torres González, un joven tinerfeño de 23 años de edad, sufrió una caída en Los Riscos de Martiánez, en el Puerto de la Cruz. Había ido a disfrutar de la costa en compañía de su novia que hizo todo lo
posible por ayudar a Ale pero, en ese momento, el mar estaba bravo y, a pesar de su lucha por alcanzar la costa, el joven iba perdiendo cada vez más fuerza en esa pelea con la furia del mar.
Tras dar aviso, se activó el dispositivo de búsqueda en el que participó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. Ningún medio más se desplazó hasta la zona. Un rescatador se descolgó desde el
helicóptero para rescatar de las rocas a la novia de Ale pero, a pesar de la insistencia de la chica que señalaba la zona donde se encontraba su novio, no se acudió, según consta en los testimonios posteriores de la propia afectada.
Ale era un joven que en aquel momento hacía carrera militar en artillería ligera en La Isleta, en Gran Canaria, para convertirse en Guardia Civil. Era su sueño. Después de tres días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado cerca del Puerto de
la Cruz.
Desde aquel fatídico día, su madre Natalia González inició una lucha incansable para pedir respuestas y, sobre todo, soluciones oficiales con el único objetivo de que la muerte de su hijo no haya sido en vano. Asimismo, denunció ante la
Policía Nacional y, posteriormente, ante la Fiscalía que el operativo de rescate en el momento del accidente había sido deficiente. Ante la falta de respuestas, un año y medio después, en mayo de 2021, Natalia puso en marcha una campaña de recogida
de firmas en la plataforma Change.org y, en apenas tres meses, son ya 30.000 las firmas registradas. Esta petición cuenta además con un amplio respaldo y apoyo popular, no solo en las diferentes redes sociales sino a través de numerosos mensajes
personales que Natalia y sus otras dos hijas adolescentes reciben cada día.
Con esta petición, esta madre luchadora quiere llevar al Parlamento de Canarias la proposición de ley de iniciativa popular de un puesto de salvamento marítimo de protección en el norte de la isla de Tenerife por su peligrosidad y porque
actualmente esta zona no cuenta con medios ni recursos marítimos de rescate.
Natalia sabe que ninguna acción le devolverá a su hijo pero insiste en que su mayor deseo es que con el apoyo de todos se evite que otra persona, otra madre, otro padre pase por el dolor y el sufrimiento de perder a un hijo porque no había
medios disponibles para salvar su vida.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España a la creación de un puesto base permanente en la zona norte de Tenerife que cuente con una embarcación de salvamento (Salvamar)
que garantice, como ya se hace en otras zonas de la Isla, una intervención rápida y eficaz que minimice el tiempo de respuesta y que evite la pérdida de vidas humanas en esta costa que actualmente se encuentra desprotegida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar para su debate en la
Comisión de Educación y Formación Profesional la siguiente Proposición no de Ley sobre la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El descenso del número de alumnos por aula/grupo en muchos centros y territorios ha sido una medida generalizada de prevención sanitaria y epidemiológica para contrarrestar la pandemia por covid19. Como pone de manifiesto una de las
primeras investigaciones sobre la respuesta de la escuela española ante la pandemia (Trujillo, F. y otros, 2021 ), el descenso del número de alumnos por aula, con objeto de respetar la distancia interpersonal establecida, ha favorecido la mejora de
la convivencia escolar y una mayor personalización del aprendizaje, aunque no sea el único factor explicativo y haya siempre que tener en cuenta el contexto pandémico inusual y sin precedentes.
Dicho informe señala que gran parte de los docentes han reajustado el programa de sus asignaturas o han trabajado por ámbitos interdisciplinares, reduciendo el temario y priorizando lo fundamental para lograr un aprendizaje más profundo y
sustantivo. Todos estos factores, junto a las inversiones extraordinarias realizadas y los programas de refuerzo como PROA+, así como el esfuerzo llevado a cabo por alumnos, familias y docentes, han contribuido a la mejora de los resultados y de
los índices de
graduación en ESO y Bachillerato durante el pasado curso 2020-21. Sin embargo, hay que tener cautela y no resulta sostenible defender que dicho descenso del número de alumnos sea el único o el gran factor determinante en la mejora de
resultados en un contexto tan atípico y de emergencia como el que ha vivido la educación española.
La OCDE, en su informe del año 2016 titulado 'What influences spending on education' sobre los datos de PISA, afirma que el éxito en los resultados no está tan relacionado con el tamaño de la clase, como con la inversión en la calidad
docente y cómo se organice la carga docente en el centro y la carga lectiva en el aula 27. Los sistemas educativos que mejor puntúan en PISA han priorizado la inversión en sus docentes antes que una bajada de ratio uniforme que no tiene en cuenta
criterios de proporcionalidad y equidad. Son países como Corea y Japón, con mayores ratios/aula pero donde al profesorado 'se le paga relativamente bien y se le exige menos carga lectiva, de modo que tienen más tiempo para actividades tales como
preparar clases, reunirse con otros profesores y tutorizar alumnos rezagados', quienes obtienen mejores resultados, afirma el informe de la OCDE.
El coste de la enseñanza requiere un delicado equilibrio entre el coste salarial docente, el tamaño de las clases/grupos, la carga docente en el centro y la carga lectiva en el aula. Ciertos países, como Finlandia, Grecia y Hungría, tienen
clases/grupos más pequeños que la media de la OCDE, pero se contrarresta con salarios docentes más bajos y cargas lectivas inferiores a la media.
En España el salario docente está ligeramente por encima de la media de la OCDE, así como el tamaño de la clase, pero con una elevada carga lectiva del alumnado (la mayor de todos junto con México) y, en cambio, con una menor carga docente
para otras actividades (que son las que redundan más en la mejora de la calidad educativa y de los resultados).
Reclamar una bajada uniforme de ratios máximas como una solución 'mágica' y urgente exige llevar antes a cabo una evaluación seria y rigurosa, tanto del impacto presupuestario como del impacto a efectos de equidad. Es necesario hacer
sostenible dicha medida, junto a otros costes e inversiones que históricamente necesita nuestro sistema educativo. En última instancia, se trata de establecer prioridades entre las necesidades que plantea nuestro sistema educativo (extensión de la
educación infantil, educación inclusiva, digitalización, nuevos centros y plazas públicas, impulso de la FP, inversión en profesorado y en personal de apoyo al profesorado, reducción de interinos, etc.). Asimismo, dicha evaluación ha de tener en
cuenta factores de organización y asignación de grupos y profesorado, valorando temas como la organización de la jornada escolar, las metodologías de aula y la división por asignaturas que inciden en la carga lectiva de los docentes, siendo ésta el
verdadero malestar que se manifiesta tras la reclamación de la bajada de ratios.
La oportunidad abierta por la LOMLOE de fusionar asignaturas en ámbitos interdisciplinares, de promover la ce-docencia y de reconocer mayor autonomía organizativa y curricular a los centros, son opciones todavía por implementar (con el
debido aporte de recursos) y que permitirán a la comunidad educativa redefinir y superar el debate encorsetado de las ratios, muy asociado a un modelo instructivo tradicional y muy parcelado que impide y frena la necesaria innovación y
transformación educativa que merece nuestro país.
Por otro lado, no hay evidencia internacional que respalde los beneficios de la bajada de ratios. La red internacional de expertos, voluntaria y sin ánimo de lucro, Campbell Collaboration realizó en 2018 un meta-análisis de 148 estudios
realizados en 41 países y concluye que reducir el tamaño de las clases/grupos tiene un efecto nulo o muy leve tanto en la competencia lectora como en la matemática.
Además, se da una enorme disparidad entre CC.AA. por la desigual importancia, prioridad e inversión concedida a la escuela pública (y, a la escuela rural en especial). Mientras las ratios de la red pública de Aragón son 15,3 (Primaria) y
15,6 (ESO) en la red privada de la Región de Murcia son de 24,2 y 25,9, respectivamente. Las comunidades con gobiernos socialistas no pueden compararse con las comunidades gobernadas largos años por el PP.
La evidencia internacional pone de manifiesto que la reducción de ratios tiene efectos positivos directos si se aplican en escuelas de alta complejidad y vulnerabilidad social, junto a cambios metodológicos y didácticos que posibilitan la
atención a la diversidad, el trabajo en equipo y un aprendizaje más profundo y menos encorsetado. Con esta combinación enriquecedora, se reducen los problemas disciplinarios y se mejora la convivencia, el alumnado se compromete más con el
aprendizaje y logra mejores resultados, multiplica sus oportunidades de graduarse en la educación postobligatoria y el
27 El Ministerio de Educación publicó la versión en castellano: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7d2bf0d8-2ea0-4e6c-9c8e-0ed795bdb65d/edif-46-es-def.pdf
profesorado mejora sus condiciones de trabajo, su motivación y su compromiso con el proyecto de centro. Como medida de acción positiva, el pasado mes de abril de este año, la ciudad de Nueva York aprobó un plan de 250 millones de dólares
para reducir las ratios en sus escuelas con mayor índice de necesidad educativa y vulnerabilidad.
El Gobierno socialista está comprometido con la calidad educativa que va de la mano de la equidad y de la inversión, focalizando la prioridad en el alumnado y los centros sostenidos con fondos públicos que acumulan una mayor complejidad y
vulnerabilidad social. En España, pertenecer a un hogar situado en el cuartil inferior de nivel de renta multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo. De hecho, el diferencial de competencias PISA a los 15 años entre
niños ricos y pobres es el equivalente a una brecha de 3 cursos de distancia, en buena parte por la excesiva concentración de la pobreza en determinadas escuelas.
Por tanto, la reducción de ratios debe priorizarse en las escuelas con mayor complejidad, vulnerabilidad y estado de necesidad, velando desde el Gobierno de España para garantizar unos criterios de justicia y equidad que sean comunes en
todas las CC.AA. para reforzar la cohesión social y educativa y amplíe las oportunidades de nuestra infancia más vulnerable.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación un grupo de trabajo que analice la viabilidad, coste y beneficio de la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad
educativa como una medida a universalizar en el sistema educativo español tras el impacto de la pandemia.
2. Acordar desde el Ministerio de Educación y FP y la Conferencia Sectorial de Educación los criterios e indicadores metodológicos armonizados para identificar la alta complejidad y vulnerabilidad social de los centros públicos y
concertados en función de su entorno y de su composición social, donde se aplicaría tal medida de reducción de ratios. Evitando, en todo momento, dar publicidad a dichos centros a fin de impedir su estigmatización.
3. Acordar desde el Ministerio de Educación y FP y la Conferencia Sectorial de Educación un Plan de Acompañamiento a los centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad y vulnerabilidad social, en cumplimiento de los siguientes
artículos de la LOMLOE:
- Artículo 122.2 que dispone: 'Las administraciones educativas dotarán con mayores recursos y dotaciones a los centros públicos y concertados que atiendan alumnado con mayores necesidades'.
- Artículo 80, artículo 81.1 y artículo 81.2 que disponen que las administraciones desarrollen acciones y programas de compensación y potenciación en entornos vulnerables (art. 80), actuando de forma preventiva para favorecer su éxito
escolar (art. 81.1) y que facilita que los municipios y las entidades sociales colaboren con las administraciones educativas desde un enfoque más comunitario y coordinado, tanto en el ámbito escolar como extraescolar (art. 81.2).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Ana Belén Fernández Casero, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.