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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 318, de 06/09/2021
cve: BOCG-14-D-318
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de septiembre de 2021
Núm. 318
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTADOS
Declaración de intereses económicos ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a un Plan Integral para la mejora de las condiciones laborales de las empleadas del hogar y las camareras de piso. Retirada ...
162/000774 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a fomentar la donación de médula ósea ... (Página11)
162/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los ataques violentos y los actos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI ... (Página12)
162/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a combatir el fenómeno de la ocupación ... (Página13)
162/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de las interconexiones eléctricas ... (Página18)
162/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a desbloquear los 7.000 millones de euros de ayudas directas para salvar nuestro tejido productivo ...
162/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a desbloquear el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ... (Página21)
162/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a aumentar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda realizar
eficazmente sus funciones como órgano democrático de control ... (Página23)
162/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la desestigmatización de los problemas de salud mental ... (Página24)
162/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inversión en profesionales sanitarios especializados en salud mental ... (Página26)
162/000784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la efectividad de las actuaciones ante los efectos del cambio climático ... (Página27)
162/000785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a que los jóvenes puedan tener una vivienda digna ... (Página29)
162/000786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una remuneración digna y adecuada de las prácticas laborales en el Sector Público Estatal ... (Página30)
162/000788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la actualización del Bono Social de electricidad para hacer frente al impacto del incremento del precio de la factura de la luz entre las personas
más vulnerables ... (Página31)
162/000789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el Mar Menor ... (Página33)
162/000790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la protección del Mar Menor y su biodiversidad ... (Página35)
162/000791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán ... (Página37)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000016 Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2054/2020, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo; por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto
487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo ... (Página38)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000015 Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el fomento de las competencias digitales de la sociedad ... (Página40)
Otros textos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000004 Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página49)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Diputación Permanente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Ciudadanos
(061/000004)
Titulares:
Baja:
MUÑOZ VIDAL, María 26-08-2021
Alta:
ARRIMADAS GARCÍA, Inés 26-08-2021
Suplentes:
Baja:
MARTÍNEZ GRANADOS, María Carmen 26-08-2021
Alta:
ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, José María 26-08-2021
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
BALDOVÍ RODA, Joan (GPlu) (núm. expte. 007/000350/0001) 2 ... (Página5)
ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, José María (GCs) (núm. expte. 007/000049/0001) 2 ... (Página7)
NAVARRO LACOBA, Carmen (GP) (núm. expte. 007/000335/0001) 2 ... (Página9)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000614
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a un Plan Integral para la mejora de las condiciones laborales de las empleadas del hogar y las camareras de piso.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 254, de 9 de abril de 2021.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicha acuerda se ordena su publicación de conformidad con el artículo, 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar la donación de médula
ósea, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La donación de médula ósea es una donación voluntaria y altruista que se rige por el principio de solidaridad internacional. Eso significa que, una vez una persona está inscrita como donante, está a disposición para hacerlo a cualquier
persona del mundo que lo necesite.
En España, cada año 6.400 personas son diagnosticadas con leucemia. Muchas de ellas van a necesitar de un trasplante de médula ósea como parte del tratamiento para superar la enfermedad. De estos pacientes, 3 de cada 4 no tendrán un
familiar compatible y por lo tanto, deberán recurrir a un donante externo. Además, algunos pacientes llegan a la necesidad de un trasplante de médula ósea después de otros tratamientos y recaídas.
El trasplante de médula ósea es actualmente la única esperanza para muchas personas con leucemia u otras enfermedades relacionadas con la sangre. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas del donante. Es un
proceso relativamente sencillo, que salva muchas vidas, pero que requiere de un compromiso y solidaridad.
Alrededor de la donación de médula ósea aún hoy hay muchas creencias erróneas y un alto grado de desinformación y desconocimiento que provoca que muchas personas no se planteen la donación. No guarda relación con la médula espinal, no
implica la pérdida de su propia médula ósea, no es peligroso para el o la donante y es plenamente compatible la donación a una persona desconocida con una hipotética necesidad posterior relacionada con la donación a un familiar.
La donación de médula ósea es una ayuda anónima y altruista, la única esperanza para miles de personas, y una donación que se puede hacer en vida y de la cual las células se regeneran al 100 %.
Por eso es necesario que desde los poderes públicos se promuevan campañas de visibilidad y concienciación que ayuden a mejorar la desinformación acerca del proceso y lo que supone la donación de médula ósea. España es un país muy
concienciado con la donación de órganos y es importante que la donación de médula ósea sea también conocida y valorada. Cuántos más donantes haya, más fácil será que todas las personas que lo necesitan encuentren un donante compatible que les salve
la vida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los mecanismos necesarios para combatir la desinformación y el desconocimiento sobre la donación de médula ósea con el objetivo de fomentarla.
2. Promover campañas de concienciación sobre la importancia de donar médula ósea y de información sobre el proceso y compromiso que representa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2021.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre los ataques violentos y los actos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 3 de julio conocíamos la noticia del brutal asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña, al grito de 'maricón'. Un terrible crimen que conmocionó a gran parte de la ciudadanía española y que despertó una ola de rabia e indignación
que llenó de concentraciones multitudinarias las principales ciudades de nuestro país.
Las agresiones LGTBIfóbicas no dejan de aumentar en nuestro país. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en 2019 y, concretamente, los que
atañen a la orientación sexual han aumentado un 8'6 %. En este mismo sentido, según el Observatorio Contra la Homofobia de Madrid, y a pesar del confinamiento y el cierre del ocio nocturno, en dicha Comunidad Autónoma, se han registrado 259
incidentes LGTBIfóbicos. En Catalunya, el L'Observatori contra l'Homofóbia ha registrado 113 incidentes desde el 1 de enero de 2021.
Especialmente en las últimas semanas en las que se ha reivindicado y celebrado el Día Internacional del Orgullo LGTBI, los casos de agresiones y la agresividad de las mismas han ido en aumento, así como la violencia verbal contra este
colectivo en las redes sociales. Una semana antes del asesinato homófobo de Samuel Luiz en A Coruña, agredían con una porra extensible a un matrimonio de homosexuales en esa la misma ciudad. En Barcelona, el 24 de junio en el paseo de Grácia, una
pareja fue agredida y, el 26 de junio, un hombre de 52 años fue atacado por diez jóvenes en el Parc Güell.
En definitiva, los casos de ataques, insultos o vejaciones a personas del colectivo LGTBI siguen creciendo en un país como el nuestro, pionero en el reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo
en cuanto a la defensa de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Estas actitudes violentas e intolerantes, probablemente reprimidas durante mucho tiempo, proceden de personas que han asumido los discursos de odio y han normalizado
los mismos como una vía de escape para decir y hacer todo aquello a lo que antes no se atrevían.
Ante esta situación, es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones se visibilicen y se denuncien estas agresiones, y también que pongamos en marcha todas las herramientas legislativas necesarias para
combatirlas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados rechaza y condena todos los ataques LGTBIfóbicos que hayan tenido, o que tengan lugar, en cualquier población de nuestro país, e insta al Gobierno a:
- Agilizar, en la medida de lo posible, el proceso de tramitación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
- Coordinar, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización, información y formación, sobre la realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2021.-Arnau Ramírez Carner y Laura Berja Vega, Diputados.-Susana Ros Martínez y Ana Belén Fernández Casero, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida
a combatir el fenómeno de la ocupación, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Ocupación ilegal en España.
1. El artículo 18.2 de la Constitución Española ('CE') establece que 'el domicilio es inviolable' y, por otro lado, el artículo 33 CE 'reconoce el derecho a la propiedad privada'. No obstante, ambos derechos constitucionales se han visto
constantemente vulnerados tanto por aquellas personas que han
atentado directamente contra la propiedad vía ocupación de inmuebles como por el Gobierno de España que, ya sea por acción, con su actividad legislativa, o por omisión, se ha convertido en cómplice de esta conducta delictiva.
2. El aumento progresivo de los casos de ocupación ilegal en España es evidente. Según los datos del Ministerio de Interior, se habrían producido aproximadamente una media de 40 casos por día en España durante el primer semestre de 2020 1:
3. El crecimiento del número de estos delitos también se evidencia si atendemos a las denuncias realizadas. Así, en el año 2019, se produjeron 14.621 denuncias, casi un 30 % más respecto al año 2015 2:
Fuente: Ministerio de Interior
1 https://www.abc.es/economia/abci-lacra-ocupacion-ilegal-espana-supera-40-casos-202008102303_noticia.html [fecha de consulta: 18 de enero de 2021].
2 https://www.epdata.es/datos/denuncias-okupacion-graficos/560 [fecha de consulta: 23 de febrero de 2021].
4. Asimismo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística ('INE'), también para el año 2019, se produjeron 4.687 condenas por usurpación, lo que supone un incremento del 65 % respecto al año 2013, en el que se condenaron 1.669
casos.
5. Esta senda alcista es la misma que se ha seguido en el año 2020, año en el que además, debido a la situación sanitaria actual y las restricciones de movilidad, ha crecido la actividad de los grupos criminales organizados que se dedican a
la ocupación de propiedades ajenas como forma de vida.
6. Pese a lo expuesto, en la última década, en materia de ocupación ilegal en España solo se han adoptado dos medidas legislativas casi insustanciales y con pocos resultados en la práctica: (i) modificación del artículo 245.1 del Código
Penal en el año 2010, por la que se establecieron penas de prisión en los casos de ocupación con violencia o intimidación, cuando hasta ese momento tenían solo pena de multa 3 y (ii) modificación del artículo 250.1.4.ª de la LEC, en el 2018, por la
que se pretende agilizar la recuperación de la posesión de la vivienda vía civil 4.
7. Además, lejos de procurar políticas que impidan la proliferación masiva de casos, como está ocurriendo, en España se está fomentando este tipo de conductas delictivas.
8. Así, con carácter previo a la situación de pandemia por la COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre 5, y su posterior sustituto, el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo 6 (en lo sucesivo, el 'RD 7/2019'),
entre las medidas introducidas con estas normas, y en lo que a esta Proposición no de Ley interesa, se encuentra la ralentización de los procedimientos judiciales y de los lanzamientos por finalización del término o impago en cuyo proceso
intervengan los Servicios Sociales a petición del ejecutado en situación de vulnerabilidad 7.
9. Y, posteriormente, a través de las 'medidas excepcionales' adoptadas durante la situación de pandemia, no solo se delega completamente la responsabilidad de proporcionar una vivienda a los propietarios privados, sino que también se
ampara abiertamente la ocupación ilegal.
10. En primer lugar, se aprueba el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ('RDL 11/2020') con el que se incluyen, entre
otras, las siguientes medidas:
- Suspensión de los desahucios durante seis meses.
- Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual por un período máximo de seis meses que deberá ser aceptada por el arrendador, salvo acuerdo entre las partes.
- Moratoria de la deuda arrendaticia, mientras dure el estado de alarma, o continúe la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses, para aquellos arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad por la
COVID-19 que será de aplicación automática para grandes tenedores (poseedores de más de diez viviendas) y empresas o entidades públicas de vivienda.
- En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor de vivienda, el arrendatario en situación de vulnerabilidad podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. Ante la falta de acuerdo, el arrendatario podrá acceder a un
programa de ayudas de financiación a coste cero con aval del Estado. El arrendatario podrá solicitar un crédito sin interés a través del Instituto de Crédito Oficial, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, con un período
de devolución máximo de diez años.
- Se establece un programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual de hasta 900 euros al mes.
- Asimismo, se regula un nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
11. Más tarde, se publica el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ('RDL 37/2020'),
por el que se prorroga la suspensión de desahucios y lanzamientos del RDL 11/2020 hasta la finalización del estado de alarma actual (9 de mayo de 2021). Ahora bien, extiende la protección frente a los desahucios a cualesquiera personas
arrendatarias que
3 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
4 Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
5 Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
6 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
7 Ídem.
acrediten una situación de vulnerabilidad, en los términos del Real Decreto-ley 11/2020, aun cuando esta situación no traiga causa en la crisis generada por la COVID-19.
12. Asimismo, se establece un incidente de suspensión, por igual plazo y cumpliendo determinadas circunstancias, a otro tipo de procedimientos como son los de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del art. 250.1 Ley de Enjuiciamiento Civil ('LEC'),
es decir, a los juicios de precario; los de tutela sumaria de la posesión, incluyendo en este caso la especialidad introducida para los ocupas por la Ley 5/2018 8 y para los que tienen por objeto la protección de los derechos reales inscritos.
13. Esta norma fue valorada por los expertos como una medida que causaría un 'efecto llamada' que, además, se vería acrecentada por la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 37/2020 que garantiza los suministros de agua y energía
a estos ocupas 9.
14. Como última medida en materia de vivienda, se aprueba el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica ('RDL 1/2021'). La disposición
final primera de este Real Decreto-ley está dirigida a ampliar los casos de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.°,
4.° y 7.° del artículo 250.1 de la LEC. Por tanto, la ampliación realizada por esta disposición va dirigida a un colectivo concreto: personas que se hallen inmersas en un procedimiento penal y/o que habiten una vivienda como consecuencia de
delito.
15. De hecho, en alguna ocasión se ha apuntado a que la nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda prohíba con carácter permanente los desahucios cuando se carezca de alternativa habitacional, garantizándose incluso el suministro de
servicios básicos. Estas pretensiones, tal y como se apunta desde el sector, no solo lleva a sectores enteros a soportar impagos de forma indefinida, sino que ya está ahuyentando a los inversores del sector inmobiliario 10.
16. Como indica a este respecto el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid esto no es más que la búsqueda de un enfrentamiento constante entre los
artículos 33.1 y 47 de la CE, cuando se trata precisamente de no enfrentarlos y de reconocer su necesaria convivencia, partiendo de la premisa básica de que la función social debe corresponder 'prima facie' al Estado y no a los particulares. Así,
afirma que el Estado tiene instrumentos para garantizar el derecho de los españoles a una vivienda digna, sin necesidad de cargar sobre aquellos, dicha misión, como son las Viviendas de Protección Oficial o de Promoción Pública, ya sean en propiedad
o en arrendamiento, que tienen precisamente por objeto cumplir con el citado mandato constitucional 11.
17. Por ello, a fin de cumplir con el mandato constitucional del artículo 47 de la CE, debe ampliarse el exiguo parque de vivienda de protección oficial en nuestro país. En España hay un claro déficit de políticas públicas que fomenten la
construcción de vivienda pública en régimen de alquiler y así lo ponen de manifiesto los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del MITMA, en el 'Boletín Especial de Vivienda Social 2020', tomando como referencia datos de Eurostat y del
Observatorio 'Housing Europe', que indican que el parque de vivienda social en España se encuentra a más de 6 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, en los cuáles, en términos medios, su parque de vivienda
social se sitúa en el entorno del 9 % con respecto a las viviendas principales, frente al 2,5 % de España 12.
Segundo. Medidas para la lucha contra la ocupación.
18. Pues bien, son numerosas las medidas que deben adoptarse en materia de ocupación ilegal con el objetivo de erradicar esta conducta delictiva en aumento en España desde hace ya muchos años. Como se indicaba en el expositivo anterior
solo se han promovido dos medidas legislativas que no han tenido el efecto práctico deseado, ni en el ámbito penal ni en el civil.
8 Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
9 TORRES LÓPEZ, A.: RDL 37/2020, de 22 de diciembre: Bastante más que una simple prórroga en la suspensión de los juicios de desahucio. Editorial jurídica Sepín, 12 de enero de 2021.
10 https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11001138/01/21/Dano-irreparable-para-el-sector-inmobiliario.html [fecha de consulta: 17 de febrero de 2021].
11 TORRES LÓPEZ, A. Op. Cit.
12 https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW072, pág. 31.
19. En el ámbito penal conviene (i) agilizar los trámites frente a los ocupas ilegales mediante la correspondiente modificación del artículo 795 la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (ii) dotar de mejores medios legales a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para su lucha contra esta conducta antijurídica, (iii) endurecer las penas establecidas para el delito de usurpación, (iv) crear un tipo específico para las bandas organizadas que llevan a cabo estos delitos, y (v) acelerar
el procedimiento de desalojo de ocupas.
20. Respecto a este último punto, se podría establecer un procedimiento de desalojo similar al establecido en Francia. En nuestro vecino europeo el desalojo de unos ocupas lo pueden solicitar los propietarios, los inquilinos, pero también
cualquier persona que actúe por su cuenta. Asimismo, se establece un procedimiento muy estricto en cuanto a plazos de desalojo. La constatación de una ocupación ilícita la hará un policía judicial en un plazo de 48 horas desde que se presente una
solicitud de desalojo. Y una vez notificada la decisión de la policía judicial, el desalojo tendrá que hacerse como muy tarde 24 horas después de que se les haya comunicado a los ocupas que deben abandonar la vivienda.
21. Siguiendo el ejemplo francés, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona presentó una propuesta de modificación de los artículos 13 y 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se establece que el juez pueda adoptar el
desalojo en el plazo de 48 horas desde la solicitud de la medida cautelar de desahucio.
22. En el ámbito civil y administrativo se pueden adoptar numerosas modificaciones legislativas en la lucha contra la ocupación. Por ejemplo, se hace imprescindible la modificación del artículo 250.1.4.º de la LEC al objeto de que se
amplíen (i) los sujetos legitimados para solicitar la inmediata recuperación de la plena posesión de su inmueble y (ii) el inmueble cuya posesión se puede reclamar, de forma que no quede limitado a la vivienda.
23. Otra medida contra la lucha frente a conducta delictiva es la supresión de la posibilidad de que un ocupa se pueda empadronar en la vivienda poseída ilegítimamente. Aunque esto existe desde el año 1997 13, actualmente la Resolución de
29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal establece que el padrón 'debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente
independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas,
caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón'. Por tanto, con esta regulación se admite la presentación de cualquier título, incluso una factura que el ocupante ilegal haya
decidido domiciliar en la vivienda poseída ilegítimamente, para poder empadronarse en una vivienda.
24. La ocupación en España es un problema que desde hace años padecen aquellos titulares de una vivienda en este país y que, lamentablemente, se encuentra actualmente en auge. Este fenómeno, que ataca derechos constitucionales, se ha
permitido olvidando el esfuerzo que supone para muchos propietarios tanto la adquisición como el mantenimiento de estos inmuebles, y faltando a la consideración que para muchos españoles tiene la vivienda como forma de ahorro.
25. En consecuencia, son numerosas las actuaciones que se pueden y deben tomar en España para la lucha contra la ocupación ilegal.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas, para la mejora de la situación del mercado inmobiliario en España:
1. Promover la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal con la finalidad de endurecer las penas establecidas para el delito de usurpación establecido en el artículo 245 y se tipifique la comisión de este
delito por bandas organizadas.
13 Resolución de 21 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.
2. Impulsar la modificación del artículo 553 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal al objeto de dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
desalojar inmuebles ilegalmente ocupados.
3. Promover la modificación de los artículos 13 y 544 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal en orden a permitir que vía cautelar el inmueble ocupado ilegítimamente pueda ser
desalojado en 48 horas.
4. Impulsar la modificación del artículo 795.1.2.º del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que los delitos regulados en el artículo 245 del Código Penal sean tramitados
vía procedimiento de enjuiciamiento rápido.
5. Promover la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la elaboración de una nueva resolución por la que se dicten las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón
municipal al objeto de impedir que un ocupa ilegal pueda empadronarse en la vivienda ilegítimamente poseída.
6. Impulsar la modificación del artículo 250.1.4.º 2 prr. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil al fin de ampliar tanto los sujetos legitimados para reclamar la tenencia de un inmueble como el objeto cuya posesión se
pretende recuperar.
7. Promover la creación de un registro de datos históricos de zonas afectas por la ocupación, así como la realización de un seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan.
8. Fomentar la colaboración entre la administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de las interconexiones eléctricas, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sábado 24 de julio más de 1,2 millones de abonados a la red sufrieron un apagón eléctrico producido tras un incidente con un hidroavión que había acudido a sofocar un incendio debajo de las líneas de interconexión eléctrica de Francia con
España. Esto produjo la pérdida de un doble circuito de 400 kV, lo que provocó a su vez la repentina sobrecarga de otras tres líneas de interconexión que nos conectan con el país galo y su desconexión. Aunque la causa primera se debiera a un
infortunio, las repercusiones han vuelto a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del sistema eléctrico español por su escaso nivel de integración con el resto de la red europea, lo que hace de la Península Ibérica prácticamente una isla en
términos eléctricos.
El problema que ya presenta de por sí para la seguridad y calidad del suministro una capacidad tan baja de las interconexiones internacionales se ve exacerbado por los objetivos cada vez más ambiciosos de instalación de generación eléctrica
renovable solar y fotovoltaica. El inevitable aumento de la volatilidad que un mayor peso de las energías renovables supondrá en el sistema eléctrico corre el riesgo de exponerlo a incidentes similares. En este contexto, un aumento de las
interconexiones permitirá que, en tiempos de necesidad energética por falta de viento o sol, España tenga el respaldo de otras fuentes europeas o, al contrario, que el sistema eléctrico español sirva de respaldo del de otros europeos. En
definitiva, diversificar el riesgo de que el estrés puntual en una parte del sistema no afecte a la generalidad del mismo.
El propio incidente causado por el hidroavión vuelve a servir de ejemplo ilustrativo pues, tal y como explicó la propia Red Eléctrica de España (REE) 'el aislamiento del sistema peninsular del sistema
europeo central dio lugar a la caída de la frecuencia en el sistema peninsular por la pérdida de la energía que en ese momento se estaba importando (2.500 MW)', mientras que 'el sistema francés solamente pierde por la perturbación del orden
de 100 MW al mantenerse acoplado al sistema síncrono europeo y no sufrir problemas de subfrecuencia'. Dicho en otras palabras, la mayor integración del sistema francés le permitió absorber con relativa facilidad unas perturbaciones ante las que
España, por su aislamiento, es más vulnerable.
Desde la Unión Europea se lleva tiempo insistiendo en la necesidad de aumentar las interconexiones eléctricas de España con el resto del continente. Así, en 2002, la Comisión Europea recomendó que todos los Estados Miembros alcanzaran en
2020 un mínimo de un 10 % de ratio de interconexión, que posteriormente sería elevado a un objetivo del 15 % en 2030. La razón fundamental de esta meta es facilitar el desarrollo del mercado eléctrico europeo y la integración de renovables en el
marco de la descarbonización y la transición energética. La situación hoy, no obstante, dista de ser buena y la capacidad de las interconexiones internacionales no alcanza el 5 % de potencia instalada de generación eléctrica. Esto nos convierte,
según datos de ENTSO-E, en el Estado miembro de la Unión Europea con menor ratio de interconexión.
Finalmente, el reto al que se enfrenta la Península Ibérica al ser funcionalmente casi una isla eléctrica lo tienen, en aún mayor medida, los territorios que son literalmente islas. Aunque se ha progresado notablemente en las
interconexiones insulares en las últimas décadas, los objetivos de transición energética y descabonización exigen redoblar esfuerzos en esta materia tanto en el archipiélago balear como el canario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para aumentar la ratio de interconexiones eléctricas internacionales hasta un mínimo del 15 % respecto a la potencia instalada de generación eléctrica.
2. Impulsar las interconexiones eléctricas de los archipiélagos canario y balear, así como las de este último con la Península, incluyendo, en particular:
a) Impulsar la interconexión eléctrica entre las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.
b) Estudiar la viabilidad técnica y, en su caso, impulsar la interconexión eléctrica entre Gran Canaria y Tenerife, de manera que el sistema eléctrico de la mayoría de las islas se encuentre integrado.
c) Estudiar la viabilidad técnica y, en su caso, impulsar, la interconexión eléctrica entre Canarias y Marruecos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desbloquear los 7.000 millones de
euros de ayudas directas para salvar nuestro tejido productivo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
España es el país que sufrió la mayor caída económica y la mayor destrucción de empleo de toda Europa en 2020. El PIB se contrajo un -10.8 %, -123.000 millones de euros de riqueza perdida; más que en todos los años juntos de la anterior
crisis financiera, en los que el PIB cayó -89.000 M en total.
Se cerraron 107.312 empresas y 724.532 españoles se fueron al paro, además de que 755.613 trabajadores seguían en ERTE a final de año. Acabamos con la mayor tasa de paro juvenil de Europa
(38 % vs 17,1 % de media europea) y con la segunda mayor tasa de paro femenino (19,7 %) solo superados por Grecia.
Ante esta situación, el Gobierno centró todos los esfuerzos en las líneas de liquidez avaladas por el ICO (que tienen la ventaja de que, si no se activan, no tienen coste para el Estado en términos de déficit y deuda) y en los ERTE (que se
financiaban directamente con cargo al fondo SURE) pero se negó a conceder ayudas directas a pesar de las reclamaciones de los sectores afectados. De hecho, en el informe de valoración de la lucha contra el COVID en 2020 realizado por el Banco
Central Europeo se recoge que España fue el país que menos recursos destinó a ayudar directamente a familias y a empresas (1,3 % del PIB frente al 4,1 % de media europea).
El riesgo de no conceder ayudas directas a las empresas viables es que pasáramos de una crisis de liquidez a una crisis de solvencia que pueda tener un efecto dominó y derivar en una crisis financiera y de deuda que nuestra economía no se
puede permitir en la situación fiscal actual (con una deuda récord de 1.402 MM de euros, el 125,2 % del PIB).
La respuesta del Gobierno en este sentido no llegó hasta marzo de 2021, cuando aprobó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. En
este Real Decreto-ley (RD) se recogen 4 pilares de ayudas a las empresas:
- Una línea de ayudas directas a autónomos y empresas, de carácter finalista y para pagar deudas a proveedores o cubrir gastos fijos de 7.000 M: 2.000 M para Baleares y Canarias, y 5.000 M para el resto de CCAA.
- Una línea de 3.000 M para la refinanciación y reestructuración de deudas de empresas que tienen un crédito covid avalado por el ICO.
- Una línea de 1.000 M para un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID gestionado por COFIDES, para aquellas empresas que por tamaño no puedan acceder al fondo gestionado por SEPI.
- La extensión de las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre de 2021, así como algunas facilidades para el aplazamiento de impuestos.
Tal y como dijimos en el debate para la convalidación de este RD, las ayudas llegaban tarde -ya habíamos perdido más de 100.000 empresas-, eran insuficientes -sólo en 2020 se habían perdido 72.000 M de ingresos por la caída del turismo
extranjero-, dejaban fuera a muchos sectores que también habían sido perjudicados -hecho que tuvo que corregir el propio Gobierno- y, finalmente, sería muy complejo que llegase con la celeridad necesaria a nuestro tejido productivo y empresarial ya
que, aunque se dejaba en manos de las Comunidades Autónomas la distribución y el control de las ayudas directas, se establecía un procedimiento y se exigían unas condiciones que hacían muy compleja la llegada de esas ayudas a nuestras pymes y
autónomos.
Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y, cuatro meses después, se confirma que los autónomos y pymes sólo han recibido un porcentaje mínimo de esas ayudas directas, a pesar de que la supervivencia del 25 % de nuestras pymes
depende de esas ayudas, según estima el presidente del Colegio de Gestores Administrativos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los cambios normativos y dar todos los pasos necesarios para desbloquear, de forma inmediata, los 7.000 millones de euros de ayudas directas imprescindibles para la supervivencia de
nuestras pymes y autónomos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-Mario Garcés Sanagustín y María Elvira Rodríguez Herrer, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000779
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a desbloquear el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 2 y 3 se harían, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desbloquear el Fondo de apoyo a
la solvencia de empresas estratégicas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La medida estrella del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (en adelante, RDL), fue la creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas,
gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de carácter temporal y con una dotación inicial de 10.000 millones de euros para la toma de instrumentos financieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o
participaciones en el capital social de 'empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico'.
En la propia exposición de motivos del RDL se señalaba que 'El proceso debe garantizar que los recursos públicos de apoyo a la solvencia se destinan a actividades viables y estratégicas para el país y que se optimiza el retorno para el
contribuyente y para el conjunto de la sociedad de las inversiones realizadas en este ámbito'.
El artículo 2 de la Orden Ministerial PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas
estratégicas, detalla las características que deben cumplir las empresas para poder ser beneficiarias de estas ayudas. Son 13 puntos, del a) al m), para garantizar la solvencia previa de la compañía, un elevado impacto en la economía y en el
empleo, su viabilidad a medio y largo plazo, el cumplimiento previo de todas sus obligaciones con la agencia tributaria y la seguridad social, y su carácter sistémico o estratégico, entre otros. Y concluye señalando que 'SEPI verificará la
concurrencia de los requisitos previstos en este apartado y valorará, con ayuda de expertos independientes en su caso, la validez y suficiencia de la información aportadas'.
Desde la puesta en marcha de este mecanismo, SEPI sólo aprobó en principio 4 operaciones, por un importe acumulado de 968 millones, el 9.68 % del total del fondo:
- 475 M a la compañía Air Europa Holding (03/11/2020).
- 120 M a la compañía Duro Felguera (09/03/2021).
- 53 M a la compañía Plus Ultra Línea Aérea S.A (09/03/2021).
- 320 M a la compañía Avoris Corporación Empresarial, una empresa que integra los negocios mayoristas de tour-operador y minorista de agencia de viajes de los grupos Barceló y Globalia (16/03/2021).
Tal y como denunció el Grupo Parlamentario Popular, que registró una comisión de investigación rechazada por el gobierno y sus socios, el rescate de Plus Ultra es un caso escandaloso, porque ni la empresa era solvente (no ha tenido
beneficios ningún año desde su creación en 2011 y, en 2019 se salvó de la quiebra por unos fondos opacos del paraíso fiscal de Panamá) ni era estratégica (con sólo un avión, 255 empleados y una cuota de mercado del 0.03 % era totalmente
irrelevante). En la investigación judicial que sigue abierta, lo último ha sido la paralización del desembolso de los 34 millones de euros que debía haberse realizado el 28 de julio, hay implicados varios altos cargos del Gobierno socialista y del
propio consejo de SEPI.
Probablemente esa sea la razón por la que SEPI ha estado más de 4 meses sin autorizar ayudas a ninguna otra compañía, a pesar de que -según se ha filtrado a la prensa, ya que el Gobierno no ha dado respuesta a la pregunta escrita 184/052240
que solicitaba esa información- SEPI habría recibido más de 500 solicitudes de ayuda por un importe de 4.200 millones de euros (el 42 %).
Tras este largo parón, se ha aprobado una nueva ayuda de 112.8 M a Tubos Reunidos, tras la cual aún queda el 89.2 % del Fondo de apoyo a la solvencia pendiente de concesión. Casi 9.000 M que son críticos para la supervivencia de muchas
empresas españolas afectadas por la crisis económica derivada de la COVID-19, que realmente son viables y estratégicas, y que no pueden poner en riesgo su continuidad por la incompetencia de un Gobierno atenazado y atemorizado por las consecuencias
de una decisión errónea previa -el rescate a Plus Ultra- investigada judicialmente por presunta prevaricación y malversación de recursos públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desbloquear el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, comprometiéndose a dar respuesta a las solicitudes recibidas en el plazo máximo de 6 meses desde la petición de rescate por parte de las compañías solicitantes.
- Suministrar al Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de 2 meses, toda la información relevante de cada una de las operaciones realizadas, incluyendo la relativa a los beneficiarios de las ayudas, la estructura de capital de los
beneficiarios, el importe total de la operación, el tipo de instrumento empleado por el Fondo en apoyo a la solvencia del beneficiario (capital, deuda, instrumentos híbridos convertibles), el plazo previsto de vinculación del Estado en la operación,
el coste desglosado empleado en asesores para el desarrollo de la operación, la totalidad de la documentación remitida a la Comisión europea en materia de ayudas de estado en relación con la actuación del Fondo y cualquier otra información sensible
que tenga conexión con las operaciones descritas o modifique los datos anteriormente remitidos al Congreso de los Diputados.
- Solicitar la comparecencia, con periodicidad al menos trimestral, de la Ministra de Hacienda o la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la finalidad de que expongan las líneas generales de las operaciones realizadas
y la evolución en la gestión del Fondo; sometiéndose al control parlamentario a través de la comisión competente por razón de la materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2021.-Mario Garcés Sanagustín y María Elvira Rodríguez Herrer, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno a
aumentar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda realizar eficazmente sus funciones como órgano democrático de control, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2020 se presentaron casi tres reclamaciones al día contra el Gobierno por parte de ciudadanos que intentaron sin éxito que distintos ministerios y empresas públicas les aportarán la información requerida la palma se la llevó el
Ministerio del Interior en donde la opacidad constituye ya 'marca de la casa', seguidos de Política Territorial y Función Pública, de Sanidad y de Presidencia.
Más de un tercio de las reclamaciones contra el Gobierno se recibieron entre junio y agosto de 2020, justo después de que se levantara la suspensión de los plazos administrativos que el Gobierno acordó en el decreto del estado de alarma.
Suspensión de plazos que no afectó a los procedimientos de recaudación de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, el Gobierno suspendió la obligación de dar información a los ciudadanos, pero no el exigirles el
pago de los impuestos y de las cotizaciones sociales en pleno confinamiento, con la actividad económica prácticamente paralizada.
Este apagón informativo del Portal de la Transparencia durante la pandemia ha hecho que España haya retrocedido dos puestos en el ranking mundial contra la corrupción por la oscura gestión llevada a cabo por el Gobierno, al que el Consejo de
Europa en su informe anual del 2020 ha criticado también duramente. La opacidad ha sido alarmante por la nula transparencia habida respecto al uso de los recursos económicos y al despilfarro en la contratación de material sanitario a empresas
dudosas que, en algunas ocasiones, no entregaban los productos o carecían de los estándares de calidad exigibles. Si los ciudadanos se han dado cuenta de la importancia que tiene la transparencia como derecho esencial para la calidad democrática ha
sido precisamente durante la pandemia.
La Asociación de Profesionales de la Transparencia 'Acreditra' ha censurado al Gobierno declarando 'que el estado de alarma puede limitar derechos que estén en relación con la salud pública, pero no puede limitar la transparencia en unos
momentos en los que es un elemento fundamental del contrapeso democrático al poder gubernamental', frase a la que añadiríamos, 'al abuso' del poder gubernamental.
Abuso que se ha evidenciado en la suspensión de los plazos administrativos, en la negativa de Sanidad a facilitar los nombres de los expertos que les asesoraban sobre la desescalada, en la negativa a facilitar la información sobre la agenda
de Sánchez en el viaje a Nueva York, así como del coste del innumerable séquito que lo acompañaba, en la negativa a dar información sobre el gasto de la reunión del Gobierno en la finca de Quintos de Mora, o sobre lo que ha costado llevarse a una
docena de amigos al Palacio de Doñana, o cuánto nos cuestan a los españoles sus constantes viajes en Falcon o en helicóptero para ir a festivales o para hacer trayectos cortos, en los que luego tiene la desfachatez de recomendarnos que utilicemos el
tren.
En muchas de esas cuestiones Transparencia ha estimado las reclamaciones de información solicitada, información que en la mayoría de los casos el Ejecutivo sigue sin facilitar pese al pronunciamiento del citado Consejo.
Hemos de señalar que este Gobierno PSOE-Podemos es el que más resoluciones tiene del Consejo en contra y el que menos las cumple, apenas llega al 6 % (el Gobierno del PP cumplía con el 85 %). El Consejo de Transparencia dio amparo a más de
la mitad de las reclamaciones que resolvió en 2020 contra el Gobierno.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha manifestado en esta Cámara, en comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática (12 de mayo de 2021) y ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública (10 de
junio), con motivo de la presentación de las Memorias del Consejo de 2019 y 2020 que 'la precariedad de recursos impide cumplir eficazmente con las funciones que tiene encomendadas.' Recursos económicos que él estima por una cantidad del doble del
importe que actualmente tiene asignado.
Falta de recursos que choca con los medios dispensados a otros organismos, por citar ejemplos, el Gobierno ha reforzado con 4 funcionarios el CIS de Tezanos, o por mencionar otro, no existe límite ni de asesores ni de presupuesto para el
macro gabinete del recientemente cesado Iván Redondo.
Evidencias de que este Gobierno gasta sin límites nuestro dinero para manipular a la opinión pública, pero que no lo tiene para que los órganos democráticos de control puedan hacer su trabajo.
También es importante contar con mayor presupuesto para contratar unos Servicios Jurídicos externos. Ocurre con frecuencia que la Abogacía del Estado no los puede representar ya que, al dirigirse las reclamaciones del Consejo contra la
Administración, existe conflicto de intereses.
El tener poco presupuesto y muchos temas, además de gran complejidad, conduce a que no se pueda disponer de gabinetes altamente especializados en asuntos contencioso-administrativos con lo que las posibilidades de éxito del control en la vía
judicial son también escasas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cesar en el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que pretenden acabar con la opacidad ejercida desde las estructuras gubernamentales.
2. Aumentar el presupuesto y los recursos humanos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda desarrollar eficazmente sus necesarias y esenciales funciones de control democrático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la desestigmatización de los problemas de salud mental para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La salud mental ha tendido a ser ignorada en el discurso público durante las últimas décadas. Enfermedades como las depresiones han sido habitualmente estigmatizadas como 'no-enfermedades', o una mera situación de desánimo pasajera,
incomparable a cualquier aspecto de la salud física. Y, sin embargo, ya en 2017 un 4,3 % de los hombres y un 9,1 % de las mujeres declaraban tener ansiedad crónica, y un 4 % y 9,2 % afirmaban lo mismo en lo referente a depresiones. Más
recientemente, en la Encuesta de Salud Mental del CIS en este mismo año, un 39 % de españoles declararon haber acudido a tratamiento por trastorno depresivo antes de la pandemia, y un 33 % por trastorno ansioso. Esos porcentajes eran del 35 % y del
43,7 % respectivamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad.
Existen brechas importantes también en materia de salud mental. Los jóvenes y las mujeres son más propensos a reconocer este tipo de problemas de salud, así como admitir estados depresivos o ansiosos. La menor prevalencia en hombres
adultos puede deberse a la estigmatización de los problemas de salud mental, derivando en falta de voluntad de admitir el problema. Desgraciadamente, los datos también dicen que son los hombres adultos los que más tienden a quitarse su propia vida.
La tasa de suicidio de hombres frente a mujeres era del 10,9 por cada 100.000 habitantes en el caso de los primeros, contra 3,5 por cada 100,000 para las segundas en 2015. Y, por grupo de edad, aquellos situados entre los 41 y 65 años eran los que
más riesgo tenían. De la misma manera, la tasa de suicidio está correlacionada también con el nivel educativo de la persona.
Hemos de situar estos datos en el contexto de dos crisis prácticamente consecutivas, así como la falta de apoyo por parte de las instituciones españolas en muy diversos aspectos que afectan a la salud mental de las personas. Aunque es
primordial trabajar por un futuro con un mercado laboral funcional, reducción
de desigualdades, mejora de la igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional, no debe desatenderse el cuidado de la salud mental, subordinándola a la consecución de esos objetivos.
Aunque debido a recientes ejemplos, como, por ejemplo, los de las deportistas de élite Naomi Osaka o Simone Biles, hemos sido testigos de una progresiva desestigmatización de los problemas de salud mental en la esfera pública, esto no podrá
realizarse por completo sin una vigorosa acción por parte de nuestras instituciones. Debemos reconocer las brechas existentes entre géneros y edades, para diseñar mejores políticas que puedan contribuir a reducirlas. También debemos ser
conscientes de que esto es un reto de país, un desafío para todos los actores políticos, que debemos estar a la altura para garantizar a los españoles un futuro mejor y un reconocimiento de la importancia de una salud mental adecuada.
En el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo tenemos claro desde hace tiempo, y por ello venimos trabajando en dar visibilidad a estas cuestiones. Tal es el caso que hace un año ya pusimos sobre la mesa la necesidad de abordar el impacto que la
pandemia de COVID-19 había tenido sobre la salud mental, y logramos la inclusión en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica la elaboración de una nueva Estrategia de Salud Mental que permita asegurar una adecuada
atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la población y que, entre otros, aborde la elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros
de salud.
La estrategia debe reforzar la detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista (TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), la dislexia o los trastornos de tipo alimentario, entre otros. De igual modo, se han de proporcionar medios para la asistencia social integral de las personas con problemas mentales y de sus familias, incluidos todos aquellos
dirigidos a promover su participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.
No hay proyecto de vida autónomo y verdadera libertad de elección sin un marco de igualdad de oportunidades y de libertad real. Ello también pasa por asegurar una salud mental adecuada, con tratamientos apropiados, personal especializado y
sin estigmatizaciones en la esfera pública. La concienciación y el trabajo sobre enfermedades mentales es vital para la prevención de sus peores derivadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento a lo acordado en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y aprobar una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental en los términos que se establecieron por el Pleno del Congreso de los Diputados.
2. Asegurar que la nueva Estrategia de Salud Mental viene acompañada de compromisos presupuestarios y de recursos humanos suficientes para garantizar su puesta en marcha, con medidas específicas dirigidas a la desestigmatización de los
problemas de salud mental.
3. Incluir en la nueva Estrategia de Salud Mental un Plan de Prevención del Suicidio, con medidas concretas e implicando a todos los sectores de la sociedad en la correcta detección de las conductas suicidas y su prevención, especialmente
en jóvenes y personas en situación de soledad no deseada.
4. Buscar un acuerdo parlamentario y social amplio para abordar los problemas relacionados con la salud mental, su tratamiento en la esfera pública y en la educación, de tal manera que permita concienciar a las generaciones presentes y
venideras sobre su importancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inversión en profesionales sanitarios especializados en
salud mental, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante la última década, España se ha visto sacudida por dos crisis muy cercanas en el tiempo: la Gran Recesión y la derivada de la pandemia de COVID-19. Más allá de sus efectos económicos y de la demostración de muchos problemas
estructurales del mercado laboral español y sus partidos tradicionales, ambas han causado auténticos estragos en términos de salud mental.
La reciente encuesta sobre salud mental del Centro de Investigaciones Sociológicas revelaba que un 42 % de los españoles confesaba tener problemas de sueño después de la pandemia, mientras que un 52 % se declaraban como 'cansados o con pocas
energías'. Una investigación de 'Epidemiology and Psychiatric Sciences' demostraba que las personas que se sentían solas, así como los jóvenes, fueron las que más vieron incrementadas sus posibilidades de desarrollar depresión durante el
confinamiento. Metroscopia, por su parte, publicó una encuesta en la cual un 40 % de las personas entre 18 y 34 años decían que su estado de ánimo había empeorado durante la pandemia, y un 62 % admitían haber acudido a algún profesional por motivos
relacionados con su estado de ánimo.
Estos datos han derivado en terribles consecuencias, como los publicados por la Fundación Española para la prevención del Suicidio, que demostraba que, incluso antes de la pandemia (2019), 307 personas de entre 15 y 29 años se habían quitado
la vida, convirtiéndose en la primera causa de muerte de jóvenes, incluso por delante de los accidentes de tráfico. Incluso con la reducción de la siniestralidad en carretera, ha de reseñarse que los suicidios habían crecido un 30 % en el período
2010-2019, y es una situación sin visos de mejorar, ante el prospecto de la crisis pandémica y la falta de asistencia por parte de las instituciones estatales.
Y no solo eso, sino que además España se enfrenta a un grave problema en materia de recursos para hacer frente a esta situación. Sin ir más lejos, en materia de psicólogos, España solo cuenta con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000
habitantes, frente a los 18 que son la media en la Unión Europea. De manera similar, solo tenemos 9,69 especialistas en psiquiatría por cada 100.000, lo que nos sitúa solo por delante de Grecia, Italia y Rumanía en la Unión Europea, y a mucha
distancia de países como Francia (20,91), Bélgica (20,06) o Suecia (19,12). La inversión actual en formación de personal especializado es irrisoria si se compara a la de países de nuestro entorno, resultando en capacidades infradotadas y un
abandono incompatible con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es necesario tomar medidas inmediatamente para revertir esta situación de precariedad en la acción para el tratamiento de los problemas de salud mental.
No es posible desarrollar un proyecto vital autónomo y libre en estas circunstancias, ni se puede mirar hacia otro lado mientras se añade una carga más a la espalda de los ciudadanos españoles, y muy especialmente de los jóvenes, para el
pleno disfrute de una vida libre. La salud mental, ignorada durante demasiado tiempo, es fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y libertades, así como la elección de opciones de vida. Es fundamental que cualquier proyecto de país
defienda a sus ciudadanos frente a esta lacra y que proporcione los medios para poder hacerle frente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para aumentar el número de psicólogos y de psiquiatras clínicos en España, estableciendo una ratio de población por cada profesional que no podrá superar los 5.000 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad
en función de la tasa e indicadores de complejidad a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2. Incrementar los recursos dedicados a la salud mental, especialmente a la formación de personal especializado y a incentivar la contratación de profesionales en centros educativos, centros de protección
de menores, servicios de asistencia y protección frente a la violencia de género, centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros, de tal manera que se mejoren las capacidades del sistema para afrontar con garantías los
retos derivados del incremento de problemas de salud mental.
3. Mejorar la accesibilidad de la población a la atención psicológica profesional mediante su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el establecimiento de mecanismos para reducir el coste de la atención
psicológica privada a aquellos individuos que así lo necesiten en base a sus condiciones socioeconómicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la efectividad de las actuaciones ante los efectos del
cambio climático, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
El cambio climático es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, y posiblemente el desafío de mayor magnitud al que tenemos que enfrentarnos en este siglo. El Acuerdo de París alcanzado en 2015 establece como objetivo limitar ese aumento
medio de la temperatura global a 1,5 ºC en 2100. Este año, Canadá y Estados Unidos han experimentado temperaturas récord de calor extremo, llegando incluso a marcar 121 ºF, lo que se traduce a casi 49,5 ºC. Esto provocó un importante número de
incendios, especialmente en la provincia canadiense de la Columbia Británica, donde los servicios de protección forestal han identificado hasta 16 focos, y sólo a inicios de la temporada de verano.
Actualmente, incendios similares están devastando amplias zonas de Grecia e Italia, donde cientos de personas han tenido que ser evacuadas por la incapacidad de controlar los focos de estos fuegos de forma humana. Hace una semana, Grecia
registró un nuevo récord de temperaturas en Europa este año, con 46,3°C registrados el pasado 2 de agosto en la localidad de Makrakomi. Precisamente, el récord histórico fue registrado en 1977 en Atenas, con 48°C, aunque varios expertos apuntan que
la ola de calor que está afectando al sur de Europa este año puede hacer que se superen esas marcas a lo largo de esta semana. En Rusia, los incendios forestales han devastado ya más de cuatro millones de hectáreas en el país, haciendo temer a los
expertos que esto pueda aumentar los niveles de dióxido de carbono (CO2) emitidos a la atmósfera hasta batir los récords del año pasado. En una situación similar se encuentran Turquía, donde los fuegos han provocado el caos en zonas turísticas del
país, obligando a evacuar a vecinos y visitantes por cientos, o Estados Unidos, donde los incendios forestales han devastado en torno a 16.000 hectáreas, principalmente entre California y Hawaii.
En España, esta temporada de incendios está siendo también particularmente preocupante, aunque de forma menos acusada que en nuestros países vecinos del sur de Europa y que los registros de otros años. El Centro de Coordinación de la
Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifró en 5.497 incidentes los registrados hasta el 1 de agosto, de los cuales 3.477 han sido conatos (63,25 %) y
2.020 incendios (36,75 %). Esta cifra de siniestros supone una reducción del 20 % y es ligeramente inferior respecto a la media del último decenio, que se sitúa en 6.880 siniestros. Es decir, pese a que este año España está sufriendo menos en
términos relativos los impactos del fuego respecto a lo que ocurre en otros países, lo cierto es que los niveles registrados en España son similares a la media de la última década.
A principios de julio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró una pregunta al Gobierno para su contestación por escrito sobre los preparativos para esta campaña de incendios. España es un país extremadamente vulnerable a los efectos del
cambio climático dada nuestras condiciones climáticas y, también, a la acción humana. Esto no sólo afecta a los incendios, como han demostrado otras consecuencias de las olas de calor -en términos, por ejemplo, de pérdidas de productividad laboral
o de fallecimientos- o las riadas e inundaciones vividas también en algunas zonas de nuestro país. El
pasado 15 de junio, España entró oficialmente en temporada de riesgo máximo por incendios, que se extiende hasta el próximo 15 de octubre. De acuerdo a los registros, el número de incendios está disminuyendo, pero la capacidad destructiva
de los mismos está aumentando. Los grandes fuegos -que no llegan al 1 % del total- tienen un potencial devastador equivalente a todos los demás combinados.
Pese a ello, España se enfrenta a este reto con poca preparación, mala gestión y fragmentación autonómica. De acuerdo a un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2017, España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que peor
uso hacen de los fondos destinados a gestión forestal, es decir, a preservar, cuidar y recuperar las masas forestales de nuestro país, que no son sólo un patrimonio natural a proteger, sino que también son una herramienta de absorción de emisiones
de CO2 gracias a su acción como sumideros de carbono. Además, los cuerpos de agentes forestales de nuestro país siguen pidiendo la coordinación y homogeneización de las directrices a las que están sometidos en todo el territorio nacional. De este
modo, exigen regular y unificar los criterios de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos y Bomberos Aeroportuarios, para definir unos estándares de calidad mínimos exigibles a las administraciones públicas que prestan este
servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, hemos asistido a episodios en los que los intereses partidistas y nacionalistas han puesto en peligro la coordinación de estos servicios y las condiciones en las que los agentes realizan su labor. El pasado
agosto, el Congreso de los Diputados votó a favor de la toma en consideración de una propuesta de legislación en este sentido, en la que el GP Ciudadanos votó a favor. Desde entonces, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y los
nacionalistas han decidido paralizar la tramitación de esa ley.
Hoy mismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha hecho público su nuevo informe sobre los escenarios a los que nos dirigimos con las políticas públicas de cambio climático
actuales y las consecuencias que esos escenarios tendrán para nuestra sociedad y nuestra economía. El IPCC ha alertado de que es necesario actuar en dos aspectos fundamentales si queremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París y evitar las
consecuencias más devastadoras del cambio climático: por un lado, reducir nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero; por otro lado, invertir en prevenir, preparar y adaptar nuestras sociedades y economías para esos impactos que,
aun cumpliendo con los objetivos del tratado, podremos sentir en nuestro día a día. Los efectos que estamos comprobando hoy son el resultado de un aumento de la temperatura media global de en torno al 1 ºC, mientras que las proyecciones apuntan a
que, a finales de siglo y de seguir con las medidas actuales, ese aumento puede llegar a los 3,5 ºC, con las consecuencias que eso tendrá para nuestra forma de vida en términos de fenómenos extremos relacionados con el cambio climático y su impacto
en vidas humanas y pérdidas económicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar una Ley Nacional de Bomberos para mejorar la coordinación de los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamentos y Bomberos Aeroportuarios, que contemple unos estándares de calidad mínimos exigibles, protocolos de
coordinación de las actuaciones de prevención, control y extinción de incendios, condiciones mínimas y equipamiento para desarrollar su labor y la atención a las víctimas y sus familias, siempre respetando el marco competencial vigente.
2. Encomendar a la AIReF una evaluación de las inversiones realizadas en materia de gestión forestal, prevención de desastres relacionados con el cambio climático y adaptación a los efectos del mismo, para detectar posibles ineficiencias y
recomendar nuevas medidas a tomar para proteger a nuestro país de los efectos del cambio climático.
3. Elaborar una Estrategia de Diplomacia Climática para que España, junto al resto de Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, juegue un papel más activo a la hora de asegurar que nuestros socios
internacionales adoptan medidas efectivas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
4. Aprobar el documento definitivo de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, incluyendo en ella medidas para evitar la despoblación irreversible de entornos forestales, de manera que se asegure
un adecuado mantenimiento de la masa forestal en todo el territorio nacional y se reduzca el riesgo de incendios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que los jóvenes puedan tener una vivienda digna, para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Una precondición necesaria para el desarrollo de un plan de vida autónomo es el disponer de una vivienda digna. Tener un hogar en condiciones es básico para el ejercicio de múltiples derechos, como el de la intimidad, el desarrollo de un
proyecto vital y una zona de protección de la esfera privada de los ciudadanos. Desafortunadamente, muchas personas carecen de la posibilidad de disponer de una vivienda digna, algo especialmente agravado en el caso de los jóvenes.
Los datos dicen que solo un 7 % de los nacidos en 1988 poseían una vivienda a los 29, frente a un 26 % de los nacidos en 1976. En la misma línea, el Observatorio Social de la Caixa señalaba que el porcentaje de personas menores de 29 años
que tenían un piso en propiedad en 2008 era del 54 %, con el consiguiente descenso a partir de la crisis económica. Un 55 % de los jóvenes entre 25 y 29 años seguían viviendo con sus padres en el año 2020, y con tendencia ascendente, mientras que,
entre aquellos situados entre los 30 y 34 años, un 25,6 % también seguían viviendo con sus progenitores.
Con un desempleo juvenil de casi un 40 % y el elevado precio del alquiler en algunas de las principales ciudades del país, conseguir desarrollar planes de vida tan básicos como independizarse, encontrar un trabajo estable o formar una
familia se han convertido en actos tremendamente difíciles para nuestros jóvenes. No podemos permanecer ajenos a esta situación.
El objetivo de esta proposición es doble: por una parte, conseguir que más jóvenes puedan acceder a vivienda en propiedad, rompiendo la tendencia de trasvase de propiedad a alquiler, con un 12 % más de personas optando por el segundo en los
últimos tres años. Por la otra, que aquellos que opten por alquiler puedan hacerlo en condiciones más asequibles, algo especialmente importante para las generaciones que más han sufrido los efectos de las dos crisis que han sacudido al país en la
última década, y que tienen mayores dificultades para entrar en el mercado laboral y acceder a un empleo estable.
Para lograr estos dos objetivos debe atenderse a la mejor evidencia disponible, evaluando políticas realizadas en otros lugares para entender cuáles son las mejores propuestas posibles. Hay un consenso amplio respecto a la ineficacia de los
controles o regulaciones de precios, que no consiguen atajar ninguno de los problemas. Por el contrario, una mayor oferta de vivienda hace que más gente tenga acceso a la misma. A su vez, políticas de fomento de alquiler asequible, y no una
regulación de precios de todos los alquileres, se han probado más eficaces a nivel comparado.
Por ello, y siguiendo modelos que ya hemos presentado en Comunidades como Aragón, nosotros proponemos un Plan de Alquiler Asequible, que amplíe el número de viviendas en este régimen del 3 %, aproximadamente, en el que ahora se encuentra
hasta números más cercanos a la media europea (15 %), para aliviar la presión económica sobre familias vulnerables y jóvenes, especialmente, que quieran acceder a una vivienda en alquiler.
De la misma manera queremos que el Estado pueda otorgar préstamos sin interés a jóvenes para que puedan cubrir el 20 % del coste de su vivienda en propiedad, fomentando la adquisición de vivienda y ayudando a que pueda realizarse, dadas las
condiciones de dificultad o imposibilidad de ahorro para muchos jóvenes en nuestro país.
Sin embargo, ha de recordarse que, desgraciadamente, estas medidas, por sí solas, no paliarán la situación de los jóvenes en España. Seguimos siendo un país que pone muchas dificultades a las nuevas generaciones, así como a las futuras, a
todos los niveles. Es necesario que todos los actores políticos
trabajemos unidos para construir un presente y un futuro mejor, en el cual encontrar trabajo, adquirir una vivienda y formar una familia no sea una quimera para demasiadas personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Plan para el Alquiler Asequible, con el fin de multiplicar por 5 el número de viviendas en este régimen, pasando del 3 % actual a aproximadamente el 15 %, en línea con los países de nuestro entorno.
2. Crear, en colaboración con las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda, un mapa interactivo de Viviendas de Protección Oficial destinadas a venta o alquiler social en España.
3. Introducir un sistema público de préstamos con interés 0 % para la compra de vivienda por jóvenes menores de 35 años que cubra hasta un 20 % del valor del inmueble.
4. Acordar con todos los actores políticos una acción coordinada para lidiar con los problemas de la juventud española, impulsando un Pacto por el Futuro.
5. Tomar medidas para aumentar la oferta de vivienda en las zonas con mayor demanda, evitando medidas basadas en el control y regulación de precios por su falta de seguridad jurídica y los efectos contraproducentes en la facilidad de acceso
a la vivienda.
6. Instar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a evaluar el impacto de los gastos deducibles y reducciones previstos en el artículo 23 de la Ley 3512006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una remuneración digna y adecuada de las prácticas laborales
en el Sector Público Estatal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado mes de octubre el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que los programas de prácticas laborales en el marco de la Garantía Juvenil contaran todos con una remuneración digna. Esta resolución es una muestra adicional de
la creciente preocupación en la sociedad de que las prácticas laborales, en demasiadas ocasiones, sean empleadas como mano de obra barata en lugar de servir de genuina herramienta de formación. En España esta inquietud se ve acrecentada por las
enormes tasas de desempleo y temporalidad entre la juventud, mucho más elevadas que en el resto de los países de nuestro entorno.
Por desgracia, la Administración General del Estado, lejos de servir de ejemplo para el resto de los empleadores de España, es la primera en ofrecer prácticas sin remuneración de ningún tipo. Además de perpetuar la precarización del mercado
laboral juvenil, supone una política profundamente regresiva que acrecienta las desigualdades entre aquellos jóvenes de una posición socioeconómica más ventajosa, que se pueden permitir formarse en la Administración Pública, y aquellos que no tienen
los medios para sustentarse económicamente durante la realización de estas prácticas.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya propusimos la creación de un Programa 'Margarita Salaverría' de prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que quieran desempeñar funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Si bien es cierto que la situación de desigualdad
que crean las prácticas no remuneradas resulta más grave en el caso de aquellas realizadas en las misiones de España en el extranjero, lo que justificaría que se comience a revertir la situación por aquellas, no es menos cierto que
situaciones similares se dan en toda la Administración General del Estado y, en general, en el Sector Público Estatal.
Más en general, desde Ciudadanos también hemos expuesto la necesidad de elaborar un nuevo 'Estatuto del estudiante en prácticas' que aporte más claridad sobre los tipos de prácticas laborales que existen y que nos permita alcanzar una
definición sustantiva de práctica no laboral que nos permita distinguirla del servicio laboral.
En definitiva, el sector público debe liderar el cambio en el modelo de prácticas laborales imperante en España, no liderar el trato precario a la juventud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar que todos los programas de prácticas profesionales en órganos y organismos dependientes de la Administración General del Estado contemplan la remuneración de quienes desempeñan las funciones contempladas en los mismos.
2. Tomar las medidas necesarias para que las prácticas realizadas en entidades que forman parte del Sector Público Estatal estén adecuadamente retribuidas.
3. Presentar ante las Cortes Generales las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que todas las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, sean adecuadamente retribuidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización del Bono Social de electricidad para hacer
frente al impacto del incremento del precio de la factura de la luz entre las personas más vulnerables, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El aumento de los precios de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 es una constante en España desde hace ya varios meses. El día 15 de marzo de este año, el
precio del MWh en el mercado mayorista en España se situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente el 20 de abril, el precio del MWh había aumentado más de 30 euros, hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios,
que se inició durante el primer trimestre del año, amenaza con mantenerse hasta los primeros meses de 2022, momento en el que algunos expertos apuntan que los precios podrían establizarse.
No en vano, el viernes 13 de agosto se registró un precio medio de 117,29 euros/MWh en el mercado mayorista, superando todos los niveles de julio e incluso los picos de este arranque de agosto, mes que ha marcado ya siete máximos históricos.
El aumento generalizado de la factura de la luz en España está afectando a las personas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son más de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en
el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio plazo en un incremento de sus facturas por consumo de electricidad.
La ciudadanía española enfrenta esta situación cuando aún se está recuperando del impacto económico y social provocado por la COVID-19. En estos momentos, la tasa de desempleo sigue estando casi 2 puntos por encima del porcentaje de
personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número de personas en España con carencia material severa y
que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha aumentado casi un 50 % y el 13,5 % de la población afirma que tiene que aplazar los pagos relacionados con la vivienda principal.
Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año 2021 tiene previsto atender a más de 17.000 personas por motivos de pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15 % en relación al año anterior. Además, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos propusimos la reducción temporal del IVA aplicado a la
factura de la luz y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, algo que tras oponerse inicialmente finalmente aprobó el Gobierno el pasado mes de junio. Sin embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han
absorbido el efecto de esas medidas. El 50 % de los días del mes de agosto el precio de la electricidad ha superado los 100 /MWh de media al día, algo que antes de este año solo había ocurrido una vez, en 2002.
Esta situación obliga a los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, a adoptar nuevas medidas compensatorias, mientras los precios de la luz sigan al alza, con la finalidad de que los ciudadanos con menos recursos económicos
puedan tener acceso a un recurso básico como es la electricidad.
En el año 2017, gracias al impulso del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprobó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. A pesar de que esta medida ha dado cobertura a miles de ciudadanos desde entonces, el paso del tiempo ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar determinados requisitos de acceso a la ayuda por tal
de que no queden excluidos del sistema ciudadanos que necesitan de estos descuentos en la luz debido a su situación económica.
Asimismo, los descuentos fijados actualmente en la norma así como los umbrales de renta se previstos para tener derecho a acceder al Bono Social de electricidad se presentan como insuficientes si tenemos en cuenta que el precio del MWh es en
estos momentos más del doble que el coste medio del MWh en el año 2017, cuando se aprobó el Bono Social de electricidad.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Incrementar hasta el 30 % el descuento en la factura de la luz previstos para consumidores vulnerables y hasta el 50 % en el caso de consumidores vulnerables severos.
2. Elevar los límites de renta previstos para acceder al Bono Social de electricidad con la finalidad de facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz a personas que se encuentran en dificultades para costear los precios de
la electricidad en un contexto de escalada de precios.
3. Revisar los requisitos establecidos para el acceso al Bono Social de electricidad por tal de garantizar que ningún consumidor vulnerable queda excluido del sistema de descuentos de la factura de la luz.
4. Aumentar hasta el 50 % el límite a la cantidad de ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que pueden destinarse a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la
transición hacia una economía descarbonizada.
5. Extender la reducción del IVA sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica aprobados por el Real Decreto-ley 12/2021 hasta que se recuperen completamente los niveles de
actividad y empleo previos a la pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados y Sara Giménez Giménez, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, sobre el Mar Menor.
Exposición de motivos
La laguna costera del Mar Menor, con unos 135 km2 de superficie, es la mayor laguna litoral del Mediterráneo Occidental caracterizada, hasta hace pocos años, por sus aguas transparentes gracias a su carácter oligotrófico (escasez de
nutrientes en la columna de agua). Este inigualable ecosistema contiene una biodiversidad de enorme valor gracias a la existencia de numerosas especies de aves acuáticas, peces y moluscos, así como hábitats prioritarios. El Mar Menor y sus
humedales asociados conforman un complejo lagunar que cuenta con múltiples figuras de protección a todos los niveles de gobernanza: Parque Regional de San Pedro del Pinatar, Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves), LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), área Ramsar (Humedal de Importancia Internacional del Convenio Ramsar) y ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo).
Sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo a finales del siglo pasado como el ensanchamiento del canal del Estacio para permitir el paso de embarcaciones, apertura de nuevas golas (Marchamalo), o los dragados que se han venido llevando a
cabo desde entonces, han modificado los volúmenes de entrada y salida de agua. Esto ha provocado diferentes alteraciones, entre las que destaca la disminución de la concentración salina en la laguna (de 51 ppm a 37-38 ppm), -provocando un proceso
denominado mediterraneización-, así como multitud de cambios en las comunidades biológicas, como por ejemplo la sustitución del alga 'Cymodocea spp'., -antaño extendida por toda la superficie de la laguna-, por la especie 'Caulerpa prolifera'.
Asimismo, el abandono de la actividad minera a mediados del siglo pasado sin realizar ninguna acción de restauración ha generado un enorme impacto sobre el Mar Menor. Así, las sierras orientales de Cartagena y el Mar Menor están conectadas
a través de una red de ramblas, entre otras Miedo, Las Matildes, El Beal, Ponce y Carrasquilla. A través de los cauces de estas ramblas, los residuos mineros contaminados con elevadas concentraciones de metales llegan hasta el Mar Menor, siendo
otro factor en su degradación.
A todos estos acontecimientos hay que sumar la transformación a cultivo intensivo de regadío de la práctica totalidad de la cuenca vertiente de la laguna llevada a cabo desde los años ochenta del siglo XX. Esta transformación tan drástica
del paisaje, y de la actividad agrícola tradicional, se ha realizado a expensas de un uso y 'abuso' de agua procedente del trasvase o mediante la extracción de agua de pozo y la necesidad de desalobrar esta agua para su uso en la agricultura.
Fruto de décadas de desgobierno y de la acumulación de los impactos ambientales descritos, en 2016 saltaron todas las alarmas cuando toda la masa de agua de la laguna costera se convirtió en una 'sopa verde' debido a la proliferación de
algas, diatomeas y otros microorganismos, acentuada por la entrada masiva de nitratos y fosfatos a través de los acuíferos y ramblas vertientes. El nivel freático más elevado, la rambla del Albujón, convertida en río, o episodios anóxicos de
mortandad de peces y crustáceos son indicadores manifiestos de la insostenibilidad del sistema actual 14.
En septiembre de 2019, la DANA y las lluvias torrenciales asociadas que afectaron al Sureste, ocasionaron la entrada en la laguna de un importante volumen de aguas de avenida, arrastrando cantidades masivas de nutrientes, estimadas entre 500
y 1.000 toneladas de nitratos, 35 toneladas de amonio y más de 100 toneladas de fosfatos. Con el fitoplancton en pleno crecimiento, estas entradas aceleraron el proceso eutrófico en superficie. Unas 9.000 hectáreas del fondo lagunar quedaron
arrasadas 15.
14 Para más información consultar: Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. 2017. Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor. Disponible en: www.canalmarmenor.es
15 Martínez J., Esteve M.A. 2020. El colapso ecológico de la laguna del Mar Menor. Informe OPPA 2019. Retos de la planificación y gestión del agua en España. pp. 61-74.
La eutrofización del Mar Menor no ha ocurrido de forma imprevista o repentina. Durante las últimas tres décadas, la administración regional, competente en las políticas agrarias y ambientales, ha consentido la creación de nuevos perímetros
de regadío con miles de hectáreas ilegales y se ha mostrado incapaz de reducir la aportación de fertilizantes y la exportación de nutrientes, pese a que, desde 2001, el Campo de Cartagena está declarado como Zona Vulnerable a la Contaminación por
Nitratos. Y el proceso de eutrofización por el vertido de más de 3000 kilos diarios de nitratos y nutrientes continúa avanzando impidiendo cualquier posible recuperación de la laguna y provocando recurrentes procesos de anoxia y la muerte de
decenas de peces y especies marinas. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura tampoco ha sido capaz de controlar los usos del agua, con pozos ilegales que duplican o triplican los legales.
El colapso ecológico del Mar Menor ha causado según diferentes fuentes la desaparición del 85 % de su vegetación marina, constituye un daño ambiental de enorme relevancia que está asimismo provocando innumerables daños económicos en sectores
productivos como el pesquero o el turístico, esquilmando el potencial económico local, resintiéndose enormemente las actividades comerciales y hosteleras, así como el valor patrimonial de las viviendas del entorno del Mar Menor.
Ante esta situación, se han abierto diversos procesos administrativos y judiciales, incluida la apertura de un expediente sancionador contra el Reino de España por la UE por incumplimiento directiva de nitratos, o una investigación judicial
por delito ambiental por parte de la fiscalía general de medio ambiente, que investiga entre otras cuestiones: la proliferación de desalobradoras ilegales, ampliación irregular de superficie de regadío, o roturaciones no autorizadas de tierras.
En definitiva, desde las distintas administraciones se ha venido consintiendo desde las últimas décadas múltiples problemas ambientales que implican tanto al Campo de Cartagena, 'sensu lato,' como al Mar Menor. Si bien la actividad agrícola
en la zona aporta riqueza a la Región, no es menos cierto que se han externalizado todos los costes ambientales y sociales que esta actividad genera ante la falta de aplicación del principio de 'quien contamina paga' y el principio de prevención.
Lejos de buscar soluciones basadas en el mejor conocimiento científico, las medidas propuestas por el gobierno regional hasta la fecha se reducen a trasladar el problema al Mar Mediterráneo, ya sea 'pinchando' el acuífero, o bombeando el
agua superficial cargada de nitratos. Sin embargo, no se han adoptado, y, sobre todo, ejecutado, actuaciones en el origen del problema, medidas de prevención o reducción de la superficie de regadío, cambio a cultivos extensivos de secano o
ecológicos, delimitación de zonas de regadío etc.
Ante esta crisis, que es a la vez ecológica, social, económica y política, desde Más País el Grupo Parlamentario Plural, consideramos imprescindible adoptar las medidas señaladas en la presente proposición con el fin de garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
Por todo ello, Más País Verdes Equo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias, tanto en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero al Mar Menor como fuera de ella, para que se ejecuten, entre
otras, las siguientes medidas:
1. Aplicación urgente de las inversiones previstas por el Gobierno de España para la recuperación del Mar Menor, mediante un procedimiento transparente y abierto a la participación de la sociedad civil y la comunidad científica de la Región
de Murcia.
2. Condicionar la adquisición de las ayudas previstas en la nueva PAC, aplicable a partir del 2022, a la mejora de la calidad de las aguas de la cuenca vertiente al Mar Menor y aplicación de políticas de incentivación de buenas prácticas
agrícolas instrumentadas a través de las medias de apoyo recogidas en el Primer y en el Segundo Pilar de la Política Agraria Común (PAC).
3. Poner en marcha, en el marco de un sistema de cogobernanza entre el Gobierno de España, el Gobierno regional y los municipios afectados, basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del interés general para la
implementación de medidas encaminadas a la reducción en origen de la contaminación agraria (banda perimetral de protección de dos kilómetros capaz de retener nutrientes e implementar soluciones basadas en la naturaleza, implantada de modo
mancomunado por los propietarios agrícolas), previa auditoría detallada de los perímetros reales de regadío con objeto de identificar y eliminar los ilegales.
4. Evitar la 'dulcificación' del Mar Menor, estudiando la viabilidad de cerrar golas creadas artificialmente, y evitando dragados, y otras agresiones a la dinámica hidrológica propia de la laguna.
5. Cumplimiento estricto de la normativa sobre Zonas Vulnerables, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, y de los programas de actuación adaptados a la situación
actual, así como del Código de Buenas Prácticas Agrarias.
6. Prohibición expresa en el entorno del Mar Menor de localización de infraestructuras como depuradoras desaladoras, estaciones de bombeo o puertos deportivos en espacios naturales protegidos.
7. Moratoria de nuevas urbanizaciones y mantenimiento de 'ventanas' en la cuenca visual del mar Menor.
8. Deslinde de las vías pecuarias, DPH, y DPMT. Desmantelamiento de los cultivos existentes en el cauce de ramblas y proceder a su recuperación ambiental, especialmente de la rambla de la Carrasquilla y del entorno de su desembocadura
(Punta de Lengua de Vacas).
9. Regeneración forestal conforme a modelos ensayados en proyectos europeos, en la zona de las ramblas vertientes de residuos mineros.
10. Adquisición de fincas en los Espacios Naturales Protegidos del entorno del Mar Menor.
11. Prohibición expresa del uso de arenas en zonas diferentes del ámbito de las 'playas' colindantes con zonas urbanas. En el caso de las zonas urbanas, solo se permitirá un aporte anual en verano, y no se podrá regenerar en caso de
episodios de lluvia.
12. Difundir e impulsar la marca 'Mar Menor' una vez que se hayan realizado todas y cada una de estas actuaciones, tanto para los productos agrícolas como para los pesqueros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2021.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección del Mar Menor y su
biodiversidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Recientemente, España amaneció con la noticia de cientos de peces muertos en las orillas del Mar Menor. Una estampa triste y desoladora con unos 250 kg de peces muertos recogidos en Los Nietos e Islas Menores hasta la fecha, pero que
recuerda a lo ocurrido después de la DANA de 2019, cuando se encontraron más de 3 toneladas de peces muertos en Lo Pagán, San Pedro del Pinatar, La Mota y La Puntica. El cruce de acusaciones entre Ejecutivo regional y central ha derivado en
discusiones sobre la carencia de oxígeno o las altas temperaturas como justificación de lo ocurrido, pero sin entrar a tratar el auténtico problema de fondo que enfrenta el Mar Menor. Mientras tanto, esta situación crítica ya ha provocado la
apertura de una investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (SEPRONA).
Los expertos han avisado durante mucho tiempo del proceso de eutrofización del Mar Menor, producido por la entrada de un excesivo número de nutrientes en el mismo, redundando en el crecimiento de fitoplancton y en una menor penetración de la
luz solar, rompiendo el equilibrio natural y devastando los ecosistemas. Desafortunadamente, dada la longitud del período en el que se ha desarrollado este proceso, toda actuación para revertirlo habrá de ser enfocada en el largo plazo. Aunque
puedan tomarse medidas que contribuyan a prevenir los peores efectos de nuevos vertidos a corto plazo, la recuperación del Mar Menor debe entenderse como una actuación coordinada y sostenida en el tiempo, que involucre a todos los actores políticos
posibles y que se mantenga a lo largo de varias legislaturas.
El Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar Menor (2017) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalaba a las transformaciones urbanizadoras-turísticas de los años 60 como primeras causantes de los
vertidos de nutrientes en el agua, al ampliar la zona ocupada en torno al mar y reducir la capacidad de retención natural de aguas y sedimentos. Aunque los vertidos procedentes
de zonas urbanas se hayan ido reduciendo, no cabe duda de que la acción humana ha tenido un impacto importante en el proceso de eutrofización del Mar Menor.
Más relevante que las aguas residuales urbanas, según el Informe de Asesoramiento Técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha sido la presencia de flujos contaminantes procedentes de la actividad agraria y agropecuaria del Campo
de Cartagena, que redunda en el vertido de grandes cantidades de materia orgánica y nutrientes. Este informe señalaba que para el año 2016 ya se había producido un colapso del ecosistema, y que solo podía optarse por una combinación de medidas a
corto, medio y largo plazo que contribuyan a ir reduciendo significativamente los aportes externos de sedimentos y nutrientes que se vierten en el Mar Menor.
Por tanto, es necesario actuar en diversas dimensiones. La primera es temporal, adoptando soluciones a corto plazo que permitan reducir la presión en origen pero que también contribuyan a la restauración activa, para reducir los tiempos de
recuperación del ecosistema, sin olvidar los acuerdos y medidas a largo plazo que contribuyan a una recuperación definitiva. La segunda es la dimensión política, dado que se requiere la actuación de las diversas administraciones, en sus respectivas
áreas competenciales, en colaboración para contribuir a la recuperación del Mar Menor, la defensa de la legalidad, las soluciones basadas en la naturaleza y el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos. Sin esta colaboración, y con medidas
unilaterales, no habrá ninguna política sostenida en el tiempo que pueda afrontar los problemas en el origen (Tales como los regadíos ilegales o los regadíos intensivos), sino que se limitará a poner parches que se desmoronarán ante cualquier shock
externo.
Una tercera dimensión es la social y científica. A pesar de que la recuperación del Mar Menor requiere de soluciones como las mencionadas anteriormente, ha de reseñarse que es necesario también un proceso de concienciación social acerca de
la relevancia de los ecosistemas para nuestra vida, y cómo han de respetarse, incluso desde una perspectiva egoísta, dado su impacto en nuestras condiciones materiales. En el mismo sentido, es necesario que se apoye decisivamente la investigación y
la producción de conocimiento. El anteriormente mencionado Informe del IEO se refería al desconocimiento, en el momento actual, que se tiene acerca de los nutrientes que aportan la agricultura o ganadería por unidad de territorio, o a la necesidad
de aplicar soluciones multidisciplinares, que no tengan en cuenta exclusivamente una sola parte del análisis. Consideraciones acerca de la vida, y sus condiciones, de las personas deben estar sobre la mesa a la hora de tomar cualquier decisión
política, y es por ello que se necesita más y mejor información sobre las mejores actuaciones posibles para preservar nuestro patrimonio y las posibilidades de los ciudadanos.
Desde Ciudadanos hemos apoyado, entre otras iniciativas, la iniciativa legislativa popular (ILP) para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, para su adecuada defensa y protección, frente a los
errores o negligencias de administraciones regionales y nacionales. Sin embargo, tal y como hemos defendido, es necesario tener una mirada amplia y a largo plazo, que proponga soluciones para el ahora y el futuro, y que pasen por el acuerdo del
mayor número de fuerzas políticas posible. Sin acuerdos de este tipo, ni perspectivas que combinen la investigación científica, la concienciación social, la defensa del medio ambiente y la preocupación por los ciudadanos desde un enfoque
multidisciplinar, el Mar Menor estará condenado a seguir sufriendo el mismo proceso que lo ha venido dañando desde los años 60. Es necesario actuar ya con medidas en el corto, medio y lago plazo que aseguren que podemos proteger uno de los grandes
ejemplos del patrimonio natural de nuestro país.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar actuaciones multinivel, incluyendo a todas las administraciones competentes, para procurar soluciones contra la eutrofización del Mar Menor, con especial atención a los problemas en origen, derivados de regadíos ilegales y del
uso intensivo de la agricultura.
2. Cooperar con agricultores y cooperativas agrícolas de la región para incentivar y facilitar la adopción soluciones asequibles que supongan una reducción de vertidos de nutrientes al Mar Menor sin que ello conlleve un menoscabo para las
condiciones materiales de las familias.
3. Apoyar proyectos de investigación y de concienciación social relativos a los ecosistemas del Mar Menor, de tal manera que dispongamos de mejor evidencia para informar políticas y mayor información acerca de su importancia a todos los
niveles.
4. Comprometerse a adoptar las medidas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, una vez que se complete su eventual tramitación parlamentaria.
5. Ampliar el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor del Ministerio de Transición Ecológica para que incluya no sólo el litoral de la laguna sino también el dominio público hidráulico de toda su superficie y su cuenca,
estableciendo su recuperación como uno de los objetivos prioritarios para la presentación de proyectos a financiar con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6. Acelerar la aprobación y puesta en marcha de los actuales instrumentos estatales específicamente diseñados para la protección del Mar Menor, como el 'Programa Verde Integrado de Recuperación del Mar Menor' y el 'Plan de Adaptación al
Cambio Climático en la cuenca vertiente del Mar Menor.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
La llegada al poder de los talibanes en Afganistán ha provocado una inmensa preocupación en las instituciones europeas y la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en ese país, especialmente por las mujeres y las
niñas.
Sabemos que con el anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, las mujeres carecían de todos los derechos, no podían salir de casa solas, ni siquiera para acudir al médico, como tampoco podían estudiar, trabajar, o participar en la vida
social o política. Las mujeres afganas tampoco tenían instrumentos para protegerse de la violencia de género, a la que estaban expuestas de manera permanente y cotidiana, ni decidir sobre su matrimonio o su maternidad. Las estrictas reglas de los
talibanes convirtieron a las mujeres en esclavas ocultas bajo el burka.
Durante los últimos 20 años, aunque con muchas deficiencias, los derechos de las mujeres y las niñas afganas progresaron de manera importante. Según la OMS durante estos años alrededor del 87 % de la población, incluidas las mujeres, pudo
acudir a centros médicos. Actualmente hay 3,3 millones de niñas que reciben educación, y las mujeres han empezado a participar en el trabajo y en la vida económica, política, social y cultural.
Afganistán necesita seguir avanzando en igualdad y en derechos. El objetivo de las actuaciones públicas debe ser conseguir que todas las niñas puedan ir a la escuela, aumentar la participación de las mujeres en el empleo, la política o la
vida social, al igual que erradicar la violencia de género, incluida la violencia sexual, los matrimonios forzados y el matrimonio infantil. Sin embargo, la llegada de los talibanes al poder puede suponer no solo parar este proceso de avance, sino
además retroceder respecto a lo conquistado por las mujeres en los últimos 20 años.
La vida de las mujeres afganas nos importa, por lo que creemos urgente que la comunidad internacional, incluida la ONU, la UE y todos los países que forman parte de ella, emprendan las acciones necesarias para evitar la tragedia, apoyando la
vida, la seguridad y los derechos de las mujeres afganas.
De esta forma estaremos cumpliendo con los compromisos adquiridos, en concreto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo 5 entiende la igualdad de género como uno de los fundamentos para construir un mundo pacífico, próspero
y sostenible, y se compromete con la ciudadanía plena de las mujeres, para lo que es imprescindible la eliminación de todas las formas de discriminación y la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones.
El Gobierno de España ha planteado ante las instituciones europeas su disposición a apoyar a las mujeres afganas y acoger a quienes corren mayor riesgo, también han mostrado su apoyo y solidaridad diversas Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar nuestra preocupación por la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y comprometernos a trabajar para evitar que se vulneren sus derechos fundamentales, incluido su derecho a decidir sobre su propia vida, a la
educación, el trabajo, la participación política, económica, social o cultural, así como el derecho a vivir libres de violencia de género, incluida la violencia sexual, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil.
2. Hacer un llamamiento a la comunidad internacional, tanto a Naciones Unidas como a la UE, para que inicie actuaciones dirigidas preservar la vida de las mujeres y niñas afganas, de forma que todos los procesos de diálogo y de cooperación
actual y futura incluyan la condicionalidad de la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, así como su reconocimiento como ciudadanas en igualdad.
3. Apoyar al Gobierno de España en su propuesta de recepción de las personas que han trabajado para las instituciones europeas durante estos años, e instarle a que trabaje, junto a estas mismas instituciones, a adoptar las medidas de
protección dirigidas a aquellas mujeres que se encuentren en situación de riesgo por motivos vinculados a su género, así como a aquellas otras que han luchado y luchan a favor de los derechos de las mujeres y las niñas, a las defensoras de los
derechos humanos, y a aquellas profesionales que durante estos años han trabajado por la construcción de la libertad y la democracia en Afganistán.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2021.-Héctor Gómez Hernández y Laura Berja Vega, Diputados.-Susana Ros Martínez y Ana Belén Fernández Casero, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2054/2020, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo; por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10
de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan
Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enriquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2054-2020, interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (arts. 7, 9, 10 y 11), por el que se
declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y
492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020; y Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias
fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Ha comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Inadmitir la pretensión de inconstitucionalidad dirigida contra la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19.
2.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19; y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos, con el alcance indicado en el fundamento jurídico 2, letra d); y con los efectos señalados en los apartados a), b) y c) del fundamento jurídico 11:
a) Los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7.
b) Los términos 'modificar, ampliar o' del apartado 6 del artículo 10, en la redacción resultante del artículo único, 2, del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
3.º Desestimar, en todo lo demás, el recurso de inconstitucionalidad.
Dada en Madrid, a 14 de julio de dos mil veintiuno.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Comunitat Valenciana-Les Corts.
Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el fomento de las competencias digitales de la sociedad.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunitat Valenciana y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DE LA
GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA EL FOMENTO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LA SOCIEDAD
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en nombre y representación de la misma y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo
26.1.l de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del gobierno y de la administración de la comunidad de Castilla y León, y, en virtud de su nombramiento por el Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León (Boletín Oficial de
Castilla y León número 136, de 17 de julio de 2019).
De otra parte, el Excmo. Sr. Elías Bendodo Benasayag, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, designado para dicho cargo por el Decreto del presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se
designan los consejeros y las consejeras de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las competencias que le atribuyen tanto el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, como el artículo 26.2.i
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la Junta de Andalucía.
Y, de otra parte, el Hble. Sr. Vicent Soler i Marco, conseller de Hacienda y Modelo Económico, actuando en nombre y representación de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, en virtud de las facultades que le confiere la Ley 5/1983, de
30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 6/2019, de 17 de junio, del presidente de la Generalitat, por el que nombra a las personas titulares de las vicepresidencias y de las consellerias, y facultado para la firma del presente convenio por
acuerdo del Consell.
Intervienen en nombre y representación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, y de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, respectivamente, en uso de las facultades que les confiere la legislación vigente, y se reconocen mutua y recíprocamente capacidad para convenir, y, al efecto
MANIFIESTAN
1. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actúa en virtud de las competencias que le atribuyen los artículos 9.d y 9.e del Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, donde se recoge que entre sus funciones estará el fomento, coordinación y dirección de las actuaciones orientadas al impulso de la sociedad de la información en la comunidad de Castilla y León, así como la planificación, ejecución y
gestión de programas y ayudas que contribuyan a la implantación de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a servicios de la sociedad de la información en todos los ámbitos de la sociedad castellana y leonesa.
2. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de acuerdo con el artículo 1.e del Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula su estructura orgánica, le corresponden aquellas competencias en materia
de 'tecnologías de la información, telecomunicaciones y ciberseguridad en el ámbito de la Junta de Andalucía, otras administraciones y ciudadanía, y el impulso del uso de la inteligencia artificial de una forma segura y fiable'.
3. La Generalitat de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en su artículo 15
señala que la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), bajo la dirección y coordinación de la persona titular de la Secretaría Autonómica de Hacienda, es el centro directivo que asume las competencias para la
administración de la Generalitat y sus organismos autónomos en materia de seguridad de la información, planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y
la teleadministración de la Generalitat. En materia de administración electrónica, la DGTIC asume las competencias definidas en el artículo 93 de competencias horizontales en tecnologías de la información y las comunicaciones de la Generalitat del
Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana.
Así mismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, se indica que la Generalitat tiene la competencia exclusiva, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado, sobre el régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento.
4. Con el objetivo de impulsar esta línea de actuación en el ámbito urbano, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una Red de Espacios CYL Digital, puntos de encuentro TIC que cuentan
con personal especializado en internet y nuevas tecnologías, donde pueden acudir todos los ciudadanos, autónomos y pymes para recibir información, formación y asesoramiento personalizado con el objetivo de fomentar su inclusión en la sociedad
digital del conocimiento.
Asimismo, el programa CYL Digital (www.cyldigital.es) cuenta con una plataforma tecnológica que ofrece formación en línea en nuevas tecnologías a través de diferentes modalidades de teleformación (Moodle, MOOC, seminarios web, etc.) y
abierta a todos (ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas).
Además de la formación y sensibilización, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, está implantando la certificación de competencias digitales para la
ciudadanía promovida por la Junta de Castilla y León. Esta certificación está basada en el modelo europeo de competencias digitales publicado por la Unión Europea, conocido como modelo Digcomp.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es propietaria de la plataforma software de certificación de competencias digitales de Castilla y León y de la base de datos de preguntas generadas para los exámenes de certificación de competencias
digitales para la ciudadanía de nivel básico y medio, y titular
de todos los derechos asociados, la cual ha sido cofinanciada en un 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
5. La administración de la Junta de Andalucía aboga por fomentar la adquisición y el desarrollo de las competencias digitales por parte de la ciudadanía como herramienta básica para su realización personal, así como para lograr una
ciudadanía activa e inclusiva, prestando especial atención a la mejora de la empleabilidad y a la formación de los nuevos profesionales que demanda la economía digital. Además, entiende la capacitación digital de la ciudadanía actualmente como algo
prioritario para adaptar la sociedad andaluza a la economía digital en la que estamos inmersos.
De manera alineada con el marco europeo de competencias digitales Digcomp, la Junta de Andalucía lleva desde 2015 ofreciendo servicios de formación tanto presencial como en línea cuyos contenidos están alineados con lo definido en el marco.
Igualmente, se ha desarrollado una plataforma en la nube,
Por otro lado, para que el ciudadano pueda acreditar ese nivel de competencia, se hace necesario un mecanismo de reconocimiento de las habilidades conseguidas que permita posicionar a la persona que lo adquiere en igualdad de oportunidades
con el resto de la sociedad. Por ello, está en proceso la disponibilidad de un certificado para la ciudadanía que acredite el nivel de competencias alcanzado.
Por medio de la certificación de competencias digitales se establece un mecanismo de reconocimiento de las habilidades adquiridas y posiciona a la persona que lo adquiere en igualdad de oportunidades para la búsqueda de empleo.
6. La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) constituye el marco estratégico regional para avanzar en el desarrollo de la sociedad digital y expresa el firme propósito de la Generalitat de establecer un plan para impulsar el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como motor del crecimiento económico sostenible y del empleo de calidad. Uno de los pilares básicos para la consecución de los objetivos anteriores consiste en incrementar las
competencias digitales de los ciudadanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana y las de los empleados públicos de la propia organización de la Generalitat. Para ello, la Generalitat ha venido desarrollando una serie de actuaciones entre las que
destacan: el Proyecto Internauta, entre 2005 y 2014, que tuvo como objetivo la incorporación de la ciudadanía a la sociedad de la información y promover la universalización del uso de internet y la elaboración del Marco valenciano de competencias
digitales (Digcomp-CV), derivado del marco europeo Digcomp, durante los años 2017 y 2020; la creación de un Centro de Entrenamiento Digital, dirigido a su personal empleado público y contribuir a la transformación digital de la Generalitat. En
2020 se crea, dependiente de la Dirección General para la Lucha contra la Brecha Digital de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, un campus virtual para incrementar las competencias digitales de los ciudadanos.
Para dar soporte tecnológico a las actuaciones que surgen dentro de la estrategia de fomento de las competencias digitales, la Generalitat ha creado una oficina técnica especializada dentro de la plataforma e-Formación de la Dirección General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
7. Anteriormente a este convenio, ya se ha establecido una colaboración en el mismo ámbito entre la Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía, habiéndose suscrito en fecha 2 de octubre de 2018 el Convenio entre la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el fomento de la certificación en competencias digitales de la ciudadanía.
El presente convenio que se inicia ahora viene a sustituir al anterior, ampliando el alcance y permitiendo incorporar a la Generalitat Valenciana y terceras partes que se adhieran a este nuevo marco de colaboración.
8. Con este convenio, las partes pretenden coordinarse en el fomento de las competencias digitales de la sociedad, mediante la compartición de conocimientos, recursos formativos y tecnológicos para su implantación en otras comunidades,
tanto actuales como futuros, estableciendo los protocolos de coordinación necesarios que permitan que los avances realizados desde una comunidad puedan revertir con facilidad en el resto.
La instrumentación de esta cesión a través de un convenio tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Con esta medida se pretende reutilizar los
recursos, sistemas y aplicaciones informáticas favoreciendo así el acceso de
todas las administraciones y por ende de todos los ciudadanos a los mayores avances tecnológicos alcanzados.
El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece como uno de los principios generales de actuación de las administraciones públicas el principio de cooperación, colaboración y coordinación y la propia ley regula en su capítulo VI
del título preliminar el convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos entre administraciones para un fin común, que sería compartir conocimientos técnicos y experiencias para posibilitar la interacción entre
administraciones y ciudadanos a través de canales electrónicos de comunicación de dispositivos electrónicos.
9. Las instituciones aquí representadas tienen objetivos que comparten y coinciden con los que persigue el convenio contando todas ellas con los medios y experiencia necesarios para llevarlos a cabo, manifestando su voluntad expresa de
colaborar en el marco del presente convenio.
En virtud de lo mencionado, acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
Es objeto del presente convenio articular la colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, y la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, así como aquellas comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que se adhieran al presente convenio, para el fomento de las competencias
digitales de la sociedad. Esta colaboración se establecerá en los siguientes ámbitos o espacios de compartición:
1. Espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales.
Coordinación y compartición de conocimientos y recursos relacionados con la identificación de las competencias digitales asociadas a un individuo o colectivo y/o su percepción de las mismas.
2. Espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
Coordinación y compartición de recursos formativos de diversa índole y tipología dentro del ámbito de las competencias digitales.
3. Espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales.
Coordinación y compartición de recursos que tienen como finalidad la certificación de las competencias digitales de cualquier sector de la sociedad.
4. Espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas y/o tecnológicas.
Acciones enfocadas a la difusión, sensibilización y adquisición y/o mejora de las competencias digitales en la sociedad que no se encuentren referenciadas en los apartados anteriores.
Segunda. Adhesión de nuevas partes al convenio.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, indicado en la cláusula primera, cabe la posibilidad de que se adhieran al mismo nuevas partes con posterioridad a su firma, para lo cual, aquellas comunidades autónomas y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla (en adelante, partes adheridas) que manifiesten su interés, podrán adherirse al presente convenio mediante la solicitud de adhesión que figura como anexo al convenio.
La solicitud de adhesión será comunicada por el interesado a la Comisión de Seguimiento del Convenio.
En ningún momento la suscripción de dicho acto de adhesión supondrá modificación alguna del contenido del presente convenio.
La fórmula de adhesión al convenio podrá ser total o parcial, de tal forma que en la firma de adhesión se especifique el espacio de compartición, distinguiéndose los siguientes que se encuentran detallados en la cláusula anterior:
1. Espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales.
2. Espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
3. Espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales.
4. Espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas y/o tecnológicas.
Tercera. Compromisos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
1. Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
Ceder los derechos de uso no exclusivo, durante la vigencia del convenio, de cursos de formación en línea en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales para el uso gratuito y libre de los mismos por las demás partes. La
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León no se hace responsable de cualquier falta de actualización de la información o daños a las otras partes firmantes que puedan derivarse de los contenidos cedidos. Las demás partes
respetarán el licenciamiento al que esté sujeto cada uno de los cursos en cuestión.
2. Compromisos en el espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales.
Ceder a las otras partes los derechos de uso del código fuente de la plataforma de certificación de competencias digitales y la base de datos de preguntas generadas para los exámenes de certificación de competencias digitales para la
ciudadanía de nivel básico y medio desarrollados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, de las cuales es propietaria. La cesión se realizará de forma no
exclusiva y gratuita con el objeto de impulsar la certificación de competencias digitales para la ciudadanía en la comunidad autónoma o ciudad autónoma, con la posibilidad de desarrollar versionados o derivados de los objetos de la cesión, siempre
que su uso se produzca con arreglo a la finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de las partes a las que se cede y con la garantía de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda a terceros.
La plataforma de certificación de competencias digitales desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente requiere para su operación de otros productos de software de base como sistemas operativos, servidor de aplicaciones, bases
de datos, servidor web o certificados digitales, desarrollados o suministrados por terceros. Este software no está incluido en la cesión.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se hace responsable de los problemas ocasionados debidos a un mal uso de los objetos de la cesión.
Cuarta. Compromisos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
1. Compromisos en el espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales.
Ceder a las otras partes los derechos de uso del código fuente de la plataforma de autodiagnóstico de competencias digitales y la base de datos de preguntas generadas para las pruebas de nivel de competencias digitales desarrollados por la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de las cuales es propietaria. La cesión se realizará de forma no exclusiva y gratuita con el objeto de impulsar la competencia digital en la comunidad autónoma o ciudad autónoma, con
la posibilidad de desarrollar versionados o derivados de los objetos de la cesión, siempre que su uso se produzca con arreglo a la finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de las partes a las que se cede y con la garantía de
confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda a terceros.
La plataforma de autodiagnóstico de competencias digitales desarrollada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior requiere para su operación de otros productos de software de base como sistemas operativos,
servidor de aplicaciones, bases de datos, servidor web, o certificados digitales, desarrollados o suministrados por terceros. Este software no está incluido en la cesión.
2. Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
Ceder los derechos de uso no exclusivo, durante la vigencia del convenio, de cursos de formación presencial y en línea en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales para el uso gratuito y libre de los mismos por las demás partes.
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía no se hace responsable de cualquier falta de actualización de la información o daños a las otras partes firmantes que puedan derivarse de los contenidos
cedidos. Las demás partes respetarán el licenciamiento al que esté sujeto cada uno de los cursos en cuestión.
Quinta. Compromisos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
1. Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
a) Ceder los derechos de uso no exclusivo durante la vigencia del convenio de cursos de formación, tanto presencial como en línea, en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales de su propiedad, para el uso gratuito y libre de los
mismos por las demás partes, sin hacerse responsable de falta de actualización de la información o daños a las otras partes firmantes que puedan derivarse de los contenidos cedidos. Las demás partes respetarán el licenciamiento al que esté sujeto
cada uno de los cursos en cuestión.
b) Crear y mantener una plataforma o repositorio para guardar, clasificar y compartir con las partes conveniadas los cursos de formación destinados a incrementar las competencias digitales.
Sexta. Compromisos comunes.
1. Compromisos generales:
a) Coordinarse para compartir y acceder a los recursos cedidos por cada una de las partes conveniadas.
b) Cumplir con los requisitos establecidos para el acceso a los recursos compartidos por cada una de las distintas partes conveniadas.
c) Facilitar la colaboración de los técnicos de las entidades.
d) Realizar una evaluación anual de los recursos aportados a las demás partes durante ese periodo, emitiendo un informe que será presentado en la comisión de seguimiento correspondiente.
e) Seguir una metodología que garantice la extensión de buenas prácticas, así como su coordinación y armonización con otros programas que desarrollen las partes, y con otras entidades, si así se acordara en la comisión de seguimiento.
f) Atribuir la titularidad de los resultados obtenidos a la parte que realice el desarrollo de cada plataforma y la elaboración de preguntas.
2. Compromisos en el espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales:
a) Coordinarse y compartir futuros desarrollos de la plataforma de autodiagnóstico y la elaboración de nuevas preguntas de autodiagnóstico de competencias digitales que se carguen en dicha plataforma con el objetivo de evitar duplicidades y
garantizar una mayor diversidad y aleatoriedad de preguntas. La propiedad de los nuevos desarrollos y preguntas será de la entidad que los haya realizado.
b) Cumplir con las condiciones establecidas para la cesión de los contenidos de la Plataforma de autodiagnóstico de competencias digitales desarrollada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de
Andalucía en lo que se refiere a que su uso se produzca con arreglo a la finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de las otras partes y con la garantía de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda a terceros.
3. Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales:
Coordinarse y compartir contenidos de formación presencial y en línea en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar una mayor oferta formativa. La propiedad de los nuevos
contenidos será de la entidad que los haya realizado.
4. Compromisos en el espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales:
a) Coordinarse y compartir futuros desarrollos de la plataforma de certificación y la elaboración de nuevas preguntas de evaluación de competencias digitales que se carguen en dicha plataforma con el objetivo de evitar duplicidades y
garantizar una mayor diversidad y aleatoriedad de los exámenes. La propiedad de los nuevos desarrollos y preguntas será de la entidad que los haya realizado.
b) Desarrollar el protocolo de revisión de preguntas de manera conjunta entre las partes.
c) Cumplir con las condiciones establecidas para la cesión de los contenidos de examen de la Plataforma de certificación de competencias digitales desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en
lo que se refiere a que su uso se produzca con arreglo a la finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de las otras partes y con la garantía de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda a terceros.
d) Indicar, en las referencias que se hagan a la cesión de la Plataforma de certificación de competencias digitales por parte de la Junta de Castilla y León, que la misma ha sido cofinanciada con fondos FEDER.
5. Compromisos en el espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas y tecnológicas:
Colaborar activamente en la promoción y difusión de las competencias digitales, participando en grupos de trabajo para el intercambio de buenas prácticas, presentaciones y otros eventos o acciones publicitarias que se desarrollen.
Séptima. Régimen económico.
La financiación del presente convenio se llevará a cabo por cada parte con sus propios presupuestos ordinarios de funcionamiento, no implicando incremento del gasto público, ni disminución de los ingresos de igual naturaleza, ni conllevando
ningún tipo de compromiso presupuestario adicional para las partes.
No existe compromiso económico o de gasto de ninguna de las partes firmantes ni de las partes adheridas para la ejecución del convenio, en tanto que las acciones a realizar se encuentran dentro de la actividad habitual de las entidades.
Octava. Comisión de Seguimiento.
1. Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto y contenido del presente convenio, se establece una comisión de seguimiento cuyas funciones serán:
a) Aprobar las acciones y operativas concretas a desarrollar para dar cumplimiento al objeto de este convenio.
b) Supervisar la evolución de la ejecución de las actuaciones incluidas en el marco del presente convenio, especialmente la supervisión de los informes anuales presentados por las partes.
c) Interpretar el contenido del presente convenio y su aplicación.
d) Analizar las propuestas técnicas y de gestión sobre las actuaciones en el marco del presente convenio y adoptar las decisiones que procedan.
e) Autorizar cualquier cesión que cualquiera de las partes quiera hacer de la documentación, contenidos y productos generados a través del presente convenio.
f) Proponer posibles modificaciones del convenio.
g) Proponer las condiciones de finalización de las actividades que estuvieran en marcha, así como las planificadas en el supuesto de extinción del convenio por causa diferente a la expiración del plazo de vigencia.
h) Conocer las solicitudes de adhesión posteriores a la firma del convenio realizadas por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas interesadas.
i) Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento de este convenio o a su desarrollo, conforme a los intereses de las partes.
2. La composición de dicha comisión será la siguiente:
a) Presidencia: Con carácter rotatorio le corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, a la persona titular de la Dirección General de Estrategia
Digital de la Junta de Andalucía y a la persona titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y a la persona titular de cada parte adherida con posterioridad, por
orden de adhesión.
La presidencia tendrá carácter semestral y la persona que la ostente contará con voto de calidad en caso de empate.
El primer turno de presidencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.
La persona a la que no le corresponda asumir la presidencia en el semestre correspondiente ostentará el cargo de vocal.
b) Vocales: Además de los titulares de las direcciones generales que no ostenten con carácter rotatorio la presidencia, serán vocales una persona funcionaria designada por cada centro directivo con competencias en las materias objeto del
presente convenio por cada una de las partes.
c) Secretaría: Con carácter rotatorio y semestral, le corresponderá a una persona funcionaria que será designada por cada centro directivo de la comunidad autónoma o ciudad autónoma que suscriba o se adhiera al presente convenio.
La persona que ostente la secretaría contará con voz, pero sin voto.
El primer turno de la secretaría lo ostentará la Junta de Andalucía, el segundo el representante de la Junta de Castilla y León y el tercero el representante de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, posteriormente corresponderá a cada
persona funcionaria designada por cada parte adherida, por orden de adhesión.
Los miembros de la comisión podrán delegar su representación y voto en otra persona de su misma organización.
Podrán asistir a la comisión como invitados con voz, pero sin voto, aquellas personas que en cada momento se considere necesario, a propuesta de las partes.
La comisión se reunirá cuando lo determinen las partes, al menos dos veces al año, constituyéndose en su primera sesión durante el primer año de vigencia del convenio.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena. Vigencia del convenio.
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de dos años. En cualquier momento, antes de la finalización del citado plazo, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales.
Décima. Causas y efectos de la resolución.
El presente convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:
a) Por acuerdo unánime de las partes firmantes del mismo y de las partes adheridas y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, previa
denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de un mes.
b) Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado
además a la comisión de seguimiento y a las demás partes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
c) Por el transcurso del plazo de vigencia del presente convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa prevista en otras leyes.
En el supuesto de resolución del convenio por causa diferente a la expiración del plazo de vigencia, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, acordarán las condiciones de finalización de las actividades que estuvieran en
marcha, así como de las que estén previamente planificadas.
Undécima. Régimen de modificación del convenio.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, así como de las partes que se adhieran, previa propuesta de la comisión de seguimiento.
Duodécima. Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio es de carácter interadministrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo en el artículo 47.2.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la citada ley.
Las cuestiones que pudieran suscitarse con ocasión de la interpretación, resolución y efectos del mismo, que no hayan sido resueltas en el seno de la comisión de seguimiento, se someterán al orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, los comparecientes firman el presente convenio en la fecha de la última firma digital.
El Conseller D'hisenda I Model Econòmic.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente.
El Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
ANEXO
Solicitud de adhesión al convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, y la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el fomento de las competencias digitales de la sociedad
En ___________, a __ de __ de ____
D/D.ª (nombre y cargo) ...., en representación de (comunidad autónoma)......
MANIFIESTA
Primero.
Que la comunidad autónoma (denominación) ha acordado solicitar la adhesión al convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía, y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el fomento de las competencias digitales de la ciudadanía, de __ de __ de 20__.
Segundo.
La voluntad de la comunidad autónoma (denominación), cuya representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las estipulaciones del convenio mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a sus
estipulaciones.
La adhesión se realiza en los siguientes espacios de compartición (elegir los que procedan):
Espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales.
Espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
Espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales.
Espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas y tecnológicas.
En prueba de la conformidad de la presente solicitud de adhesión al convenio, se suscribe el mismo.
Por la comunidad autónoma o ciudad autónoma.
(Cargo)
(Nombre)
OTROS TEXTOS
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
Autor: Gobierno.
Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2022
La excepcionalidad de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 conllevó a un cambio en la economía mundial que se enfrentó a una crisis de magnitudes desconocidas, y que obligó a los Gobiernos de todos los países a adoptar medidas
de limitación de actividad y de distanciamiento social, así como medidas de protección a los colectivos y sectores más vulnerables. Todas estas medidas, que se han ido sucediendo según la evolución de la pandemia lo requería, han conseguido salvar
muchas vidas y proteger a los colectivos más vulnerables, pero también han tenido un indudable impacto en la actividad económica. En este contexto, el Gobierno se apresuró a poner en marcha una batería de medidas sin precedentes para sostener las
rentas de familias, trabajadores y empresas y evitar un daño permanente
en el tejido productivo. El efecto conjunto de dichas medidas y de la caída de la actividad económica explican el notable deterioro que han sufrido las finanzas públicas desde marzo de 2020.
Para evitar que el automatismo de las reglas fiscales europeas empeorase aún más la grave situación económica vigente, el 20 de marzo de 2020 la Comisión adoptó una Comunicación para activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El 23 de marzo de 2020 los ministros de Finanzas de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguarda ha concedido a los Estados miembros flexibilidad
presupuestaria para afrontar la crisis y ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en estos momentos de grave recesión económica, demostrando su efectividad ante la situación existente. Su activación permite una desviación
temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria.
El 17 de septiembre de 2020, en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible y en coherencia con todo lo anterior, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguarda seguiría en vigor en 2021.
Poco después, España haría lo propio en el ámbito nacional, y el 20 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados apreció la circunstancia de emergencia extraordinaria que suponía la pandemia, dando así cumplimiento al artículo 135.4 de la
Constitución Española y al artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2021, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De esta manera, las reglas fiscales nacionales también quedaban en suspenso. Este acuerdo del Congreso de los Diputados
sigue hoy en día en vigor.
Más recientemente, en su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión se volvió a pronunciar sobre la cláusula de salvaguarda, esta vez de cara a 2022. Si en anteriores ocasiones la Comisión se había basado en la situación fáctica de una
pandemia sobrevenida, esta vez basó su decisión sobre la desactivación o el mantenimiento de la cláusula de salvaguarda en un criterio cuantitativo: la cláusula debería mantenerse activa hasta que los Estados miembros recuperasen su nivel de PIB
real pre-pandemia. Así se confirmó en otra Comunicación posterior, del 2 de junio del presente año, donde la Comisión defendió lo siguiente:
'Como se anunció en la Comunicación de 3 de marzo de 2021, la decisión de desactivar la cláusula general de salvaguarda debe tomarse como una evaluación global del estado de la economía basada en criterios cuantitativos, con el nivel de
actividad económica en la UE en comparación con los niveles anteriores a la crisis como criterio cuantitativo clave.'
Las Previsiones de Primavera de la Comisión estiman que no será hasta 2022 cuando todos los Estados miembros recuperen su nivel de PIB pre-pandemia. Sobre esta base, en la Comunicación del 2 de junio la Comisión consideró que se cumplían
las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguarda en 2022 y desactivarla en 2023. El grado de incertidumbre es tan elevado que incluso para 2023, con las reglas fiscales ya en vigor, la Comisión apuesta por tener en cuenta
las situaciones específicas de cada país en la formulación de futuras orientaciones.
En efecto, la Comisión sigue reconociendo el elevado nivel de incertidumbre existente, y por ello reitera en la mencionada Comunicación del 2 de junio la conveniencia de no marcar ningún objetivo cuantitativo antes de 2023:
'En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión deben seguir siendo de naturaleza predominantemente cualitativa, incluyendo, no obstante, algunos
elementos cuantificados diferenciados en el marco de sus orientaciones a medio plazo. Se proporcionarán orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, siempre que haya disminuido suficientemente el grado de
incertidumbre.'
Por otro lado, en dicha Comunicación la Comisión mantiene su apuesta por una política fiscal expansiva también para el año que viene, y, una vez más, advierte del riesgo de retirar los estímulos demasiado pronto. El objetivo es evitar un
ajuste fiscal prematuro en un momento en que las economías son aún frágiles y la recuperación económica es aún incipiente.
El ámbito fiscal europeo constituye el marco de referencia para la normativa nacional de estabilidad presupuestaria. El artículo 135.2 de la Constitución Española señala que 'El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un
déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros'. Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativo al 'Principio
de estabilidad presupuestaria'
establece en su apartado primero que 'la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.' Por lo tanto, la normativa y directrices europeas son, por remisión expresa del marco jurídico nacional, la piedra angular sobre la que España debe diseñar su
planificación presupuestaria tanto a medio como a largo plazo.
De esta manera, con las reglas fiscales europeas temporalmente suspendidas para 2022, y con la Unión Europea negándose a establecer objetivos cuantitativos a los Estados miembros mientras perdure la incertidumbre y los países no hayan
recuperado su nivel de actividad económica, el ciclo de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se inicia con la necesidad de garantizar la debida flexibilidad a las Administraciones Públicas a la hora de diseñar una política fiscal centrada
en consolidar la recuperación económica en ciernes.
Así, continuando la línea que mantiene la Unión Europea, España debe activar nuevamente en 2022 la cláusula prevista en nuestro ordenamiento jurídico que permite una suspensión temporal de las reglas fiscales, tal y como se hizo en 2021. El
artículo 135.4 de la Constitución establece que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública 'sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados'. En el mismo sentido el artículo 11.3 de
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que 'Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo'.
Teniendo en cuenta que la Unión Europea ya ha apreciado para 2022 en su Comunicación del 2 de junio la existencia de las circunstancias que permiten mantener vigente la cláusula de salvaguarda, España debe seguir esta senda y activar los
mecanismos previstos para esta situación excepcional.
Por ello, el Consejo de Ministros procede a solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación prevista en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En todo caso, el Gobierno mantiene su firme compromiso con la estabilidad presupuestaria, por lo que considera conveniente marcar, motu proprio, unas tasas de referencia, como ya hizo para los años 2020 y 2021. De esta manera, el Gobierno
incluyó en la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 unas tasas de referencia orientativas, que han sido diseñadas con un doble objetivo: por un lado, seguir apoyando a trabajadores, familias y empresas mientras la recuperación
económica se asienta; y, por otro, iniciar un proceso de reequilibrio a medio plazo que permita alcanzar posiciones fiscales prudentes y reafirmar la sostenibilidad de las cuentas públicas (de hecho, para 2024 se prevé una tasa de referencia del
3,2 % para el conjunto de las Administraciones Públicas, muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento).
Para 2022 se prevé una tasa de referencia del 5,0 % en términos de contabilidad nacional para el conjunto de las Administraciones Públicas, siendo la tasa actualizada de referencia de la Administración Central del 3,9 %. Esto incluye
transferencias equilibradoras a la Seguridad Social y a las Administraciones Territoriales, aliviando con ello su situación financiera. De esta manera, el Estado continúa ejerciendo un fuerte papel de financiador de los servicios esenciales,
asumiendo, con ello, una parte del déficit de dichos subsectores, lo que ya inició en 2020 y 2021, asegurando así el mantenimiento de los servicios públicos básicos (sanidad, educación) y la garantía de las prestaciones sociales (pensiones,
desempleo, etc.).
El presente Acuerdo pretende instrumentalizar para el Estado dicha tasa de referencia, trasladándola a una cifra de límite de gasto no financiero que oriente y discipline la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con
el fin de garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
La importancia de los Presupuestos Generales del Estado es ahora mayor que nunca, pues sirven, además, como vehículo de canalización y planificación de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. De
esta manera, a través de la ambiciosa agenda de reformas e inversiones del Plan, los Presupuestos Generales contribuirán tanto a la recuperación económica y
social, como a la transformación medioambiental y digital del sistema productivo, así como al desarrollo sostenible, aumentando el crecimiento potencial de la economía española y asegurando así la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Esta circunstancia obliga a distinguir para 2022, al igual que se hiciera para el límite de gasto no financiero de 2021, dos techos de gasto diferenciados: uno propiamente 'nacional' y otro que incluya los fondos europeos por el importe de
26.355 millones de gasto previstos para 2022 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así, el límite de gasto no financiero 'nacional' para 2022 asciende a 169.787 millones de euros, mientras que el límite de gasto no financiero sumando el gasto del Plan de Recuperación será de 196.142 millones de euros.
En este contexto, con el presente Acuerdo del Consejo de Ministros se mantiene en suspenso la senda de consolidación fiscal fijada con anterioridad a la crisis mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, por el que
se fijan los objetivos de estabilidad y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el periodo 2021-2023, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021, a fin de
seguir combatiendo eficazmente la propagación de la pandemia, aumentar y mantener la resiliencia del sistema sanitario nacional y paliar las consecuencias económicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, a medida que se
va avanzando en la recuperación.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de julio de 2021,
ACUERDA
1. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2022 se fija en 196.142 millones de euros.
2. Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución
española y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3. Se mantiene la suspensión del Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda y Función Pública informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas sobre el límite máximo de gasto no financiero del Estado de 2022.