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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 16, de 21/01/2020
cve: BOCG-14-D-16
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de enero de 2020
Núm. 16
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor ... (Página5)
162/000003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la bonificación del IBI en Lorca y reparación de la infraestructuras como consecuencia de los movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011
... (Página7)
162/000004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, para que se contemple un complemento de destino por circunstancias especiales para los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) destinados en Cataluña ... (Página8)
162/000005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al Trasvase Tajo-Segura ... (Página9)
162/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las subvenciones nominativas para la financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de Ceuta y Melilla, así como de los
servicios públicos, y actuaciones en relación con la presión migratoria soportada por ambas Ciudades Autónomas ... (Página10)
162/000007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación e impulso de un sistema de formación MIR para el profesorado ... (Página11)
162/000008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto
... (Página13)
162/000009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear.... (Página14)
162/000010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo
ante la Corte Penal Internacional ... (Página16)
162/000011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de los permisos por cuidado de menores ingresados por cáncer u otra enfermedad grave ... (Página17)
162/000013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la protección de los cooperantes en el exterior ... (Página19)
162/000014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España ... (Página21)
162/000015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una ambiciosa Agenda Digital para España ... (Página23)
162/000016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las infraestructuras de transporte asturianas ... (Página26)
162/000017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía ... (Página27)
162/000018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la redenominación del aeropuerto de Valladolid a 'aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes' ... (Página29)
162/000019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España ... (Página31)
162/000020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en materia de lucha contra la discriminación
racial y étnica ... (Página33)
162/000021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte ... (Página34)
162/000022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente ...
162/000023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un portal web de empleo público universitario ... (Página37)
162/000024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España ... (Página37)
162/000025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio ...
162/000026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en la elaboración de los informes psicosociales ...
162/000027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes ... (Página41)
162/000028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el control de la incidencia de la aplicación de la subvención del 75 % de las tarifas aéreas en territorios no peninsulares ...
162/000029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social ... (Página43)
162/000030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas en apoyo del sector cinegético en España ... (Página44)
162/000031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y así reducir el coste de la factura de la luz y poner fin a la doble imposición que supone
aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre el IEE. ... (Página47)
162/000033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la habilitación de una base permanente o semi-permanente de hidroaviones contra incendios en las Islas Canarias ... (Página48)
162/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas a adoptar en relación con las enfermedades raras o poco frecuentes ... (Página49)
162/000036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la adopción en España de una normativa homogénea para las diecisiete autonomías en los sistemas de clasificación y ordenación hotelera ...
162/000037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas en el sector turístico ... (Página52)
162/000038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a rectificar el acuerdo suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE ... (Página53)
162/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la identidad de Navarra ... (Página54)
162/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página55)
162/000041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de Venezuela, donde el pasado 5 de enero el régimen de Nicolás Maduro intentó hacerse con el control de la Asamblea Nacional
venezolana impidiendo por la fuerza la presencia de los diputados opositores ... (Página56)
162/000042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores ... (Página57)
162/000043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el cumplimiento de la normativa publicitaria sobre medicamentos en los contenidos de redes sociales y plataformas digitales....
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000002 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 878/2019, promovido por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra la Ley 10/2018, de 9 de
noviembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la generación de empleo estable de calidad ... (Página60)
232/000003 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4956/2019, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1 (apartados 1.c y 2.g), 11.7, 23.3, 24 y 27.1 de la Ley Foral
23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra ... (Página61)
232/000004 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5212/2018, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular, contra la Ley 8/2018, de 28 de junio, de
actualización de los derechos históricos de Aragón, en su totalidad y, en particular, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, disposición adicional segunda, disposición adicional tercera en relación con el
artículo 3.4, disposición adicional sexta, disposición final primera y disposición final cuarta ... (Página62)
233/000002 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5927/2018, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
relación con el apartado 4 del artículo 39 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), por posible vulneración del artículo 25.1 de la Constitución española ...
233/000003 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 1882/2019, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la disposición adicional
13.ª de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña, por posible vulneración del artículo 149.1, apartados 7 y 18 de la Constitución española.... (Página65)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Abascal Conde, don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Luis Gestoso de Miguel y don Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, para su
discusión en Pleno.
Exposición de motivos
El Mar Menor es un ecosistema único en Europa, de enorme riqueza ambiental y socioeconómica, generadas tanto por la biodiversidad presente en el área como por las diferentes actividades económicas desarrolladas alrededor de este fenómeno
natural, en el que convergen múltiples usos y explotaciones, principalmente turísticos, recreativos, salineros y pesqueros, con un importante aprovechamiento agrícola de su entorno.
Sin embargo, un gran número de actuaciones equivocadas adoptadas a lo largo de las últimas décadas ha generado un deterioro de la situación en la zona que es necesario afrontar de inmediato. El propio Ministerio para la Transición Ecológica
ha señalado que 'es urgente invertir la tendencia del proceso de degradación del Mar Menor, actuando en las causas que lo originan. [...] El actual y principal problema en el Mar Menor es el grave estado de eutrofización en el que se encuentra,
alcanzando un estado de crisis ecológica grave, con elevados niveles de nitratos y alteración drástica de las comunidades biológicas asociadas, como consecuencia de las actividades a las que sirve de soporte y de las actividades económicas
desarrolladas en su entorno, el Campo de Cartagena, que han afectado también a la masa de agua subterránea. [...] El estado ambiental del Mar Menor se ha considerado como relativamente bueno durante el periodo que va de 1970 a la primera mitad de
2015, en el que existía una relativa oligotrofia de sus aguas. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2015, se ha experimentado un cambio drástico en los niveles de eutrofia y actualmente se considera que se encuentra en un estado que se puede
denominar de 'crisis eutrófica grave', que ha supuesto el 'colapso ambiental''.
Por todo lo expuesto, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas urgentes que faciliten la mejora, con carácter inmediato, de la situación en que se encuentra el Mar Menor. En ese sentido, nos enfrentamos a dos dificultades
principales. Una de ellas es provocada por la propia naturaleza, que cierra las golas o canales que facilitan el intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor. La primera actuación, por tanto, sería abrir dichas golas a su dimensión
de 1950, y mantenerlas en ese estado, con lo que se obtendría la alimentación del agua procedente del Mediterráneo, evitando que se produjera en el futuro la desaparición del Mar Menor por cegamiento. Dentro de las causas naturales, se encuentra el
aterramiento causado por el arrastre de las aguas pluviales que discurren por las ramblas de El Albujón, Miranda, Maraña, Beal, etc., que deberán conducirse al Mediterráneo en una segunda fase.
La segunda de las dificultades mencionadas tiene que ver con la actuación del hombre, que ha de conllevar otras acciones paliativas. Así, solo existen cuatro ayuntamientos sobre el Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares y Cartagena. Todas las poblaciones costeras de estos cuatro municipios están dotadas de saneamiento, con sus correspondientes depuradoras, cuyo agua, una vez tratada, es empleada para riego. Al ser un saneamiento unitario y no separativo
(es decir, tener dos tuberías en las calles, una para recogida de aguas negras y otra para recogida de aguas fluviales), durante los días de lluvia en el Mar Menor, se produce una limpieza del saneamiento que conduce a unos caudales superiores a la
capacidad de depuración de las instalaciones y, por tanto, son vertidos por el aliviadero de dichas depuradoras a las ramblas cercanas a las mismas, que terminan vertiendo a su vez nitritos y fosfatos en el Mar Menor. En consecuencia, sería
imprescindible construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales limpias al Mar Menor.
Asimismo, existe una necesidad urgente de evitar que las consecuencias de las actividades agrícolas realizadas en el Campo del Mar Menor sigan perjudicando a este. Con ese fin, se debe acometer, por un lado, una actuación dirigida a
duplicar la acción desalobradora, es decir, procediendo a desalar las salmueras producidas por las desalobradoras privadas, aprobadas en su día y hoy clausuradas, de forma que se obtenga de los pozos autorizados únicamente agua apta para riego y
'salmuera de salmuera' que se evaporaría a modo de salinas particulares que supondría el 1,5 % de los predios a los que sirvieran, produciendo la figura de 'salmuera cero' y permitiendo el desarrollo agrícola otro, habría de ejecutarse la
construcción de un drenaje constituido por una zanja de 6 metros de profundidad y 2 metros de anchura, construida a 2 kilómetros de la línea de costa, que drenaría con la correspondiente pendiente a pozos de recogida de agua, que serían impulsados a
la desalobradora de El Mojón, interceptando la entrada de aguas de percolación, incluidas en el acuífero del Mediterráneo, en el Mar Menor, con lo que quedaría totalmente anulado el efecto agrícola sobre el mismo, pudiendo continuar a pleno
rendimiento la actividad motor de la economía murciana.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, consideramos imprescindible adoptar las medidas señaladas en la presente proposición con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
Por todo ello, los Diputados suscribientes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias, tanto en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero al Mar Menor como fuera de ella, para que se ejecuten, entre
otras, las siguientes medidas:
1. Abrir las golas o canales que facilitan el intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor a su dimensión de 1950, y mantenerlas en ese estado, con lo que se obtendría la alimentación del agua procedente del Mediterráneo,
evitando que se produjera en el futuro la desaparición del Mar Menor por cegamiento.
2. Construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales limpias al Mar Menor en los cuatro ayuntamientos existentes sobre el Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena.
3. Ejecutar y desarrollar un sistema de doble desalobrización con eliminación de salmuera de las aguas extraídas de los acuíferos existentes en el Campo del Mar Menor, al desalobrar la salmuera de las desalobradoras existentes, produciendo
la figura de 'salmuera cero' y sal.
4. Ejecutar la construcción de un drenaje conformado por una zanja de 6 metros de profundidad y 2 metros de anchura, construida a 2 kilómetros de la línea de costa, que drenaría totalmente la entrada de las aguas del acuífero del
Cuaternario en el Mar Menor. Dicha Zanja contaría con la correspondiente pendiente a pozos de recogida de agua, que serían impulsados a la desalobradora de El Mojón, interceptando la entrada de aguas de percolación en el Mar Menor, con lo que
quedaría totalmente anulado el efecto agrícola sobre el mismo, pudiendo continuar a pleno rendimiento la actividad motor de la economía murciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2019.-Santiago Abascal Conde, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Lourdes Méndez Monasterio, Luis Gestoso de Miguel y Joaquín Robles López, Diputados.
162/000003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la bonificación del IBI en Lorca
y reparación de las infraestructuras como consecuencia de los movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El terremoto de magnitud 5,1 grados según la escala de Richter que sufrió Lorca en 2011 ha sido el de mayor gravedad de nuestro país en su historia reciente. La situación por la que pasaron miles de familias ha sido dramática y ni siquiera
hoy, ocho años después, han conseguido recuperarse del fuerte impacto sufrido por el mencionado seísmo.
En 2011 se aprobó el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, que recogía una amplia batería de
medidas para paliar y reparar el daño causado en este municipio murciano.
Además de ayudas excepcionales por daños tanto personales como materiales, el citado Real Decreto-ley recogía una serie de beneficios fiscales, incluyendo 'la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al
ejercicio 2011 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares, de naturaleza urbana, situados en el municipio de Lorca (Murcia), dañados como consecuencia de los movimientos sísmicos a que se
refiere el artículo 1 de este Real Decreto-ley, cuando se acredite que, tanto las personas como los bienes ubicados en aquellos, hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación
de los daños sufridos'.
La gravedad del terremoto de Lorca, y sus dramáticas secuelas económicas y sociales, exigieron mantener las bonificaciones del IBI en los años siguientes, lo que siempre se hacía añadiendo una disposición adicional en los Presupuestos
Generales del Estado. En 2018, los últimos presupuestos del Partido Popular, se establecían en la disposición adicional centésima décima quinta.
La Ley de Presupuestos Generales para 2017 preveía una subvención nominativa de 3.000.000 de euros para financiar obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad del Ayuntamiento de Lorca como
consecuencia de los daños causados por los movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011, dedicándose dicha cantidad a diversos proyectos en las pedanías del municipio y con el compromiso, conforme al Real Decreto 6/2011 de 12 de mayo de seguir
invirtiendo en las pedanías en los próximos ejercicios presupuestarios.
Para el año 2019, el Gobierno socialista presentó unos presupuestos que suponían más impuestos, menos crecimiento y menos empleo, más déficit y más deuda, que subían el gasto intentando recabar apoyos -quebrando los principios de equidad y
solidaridad- y que no tenían ninguna credibilidad ni para Banco de España, ni para Airef, ni para Bruselas.
Unos presupuestos que, al ser rechazados por una amplia mayoría del Congreso, decaen y mantienen la prórroga de los presupuestos de 2018 como los vigentes para 2019. Adicionalmente, la convocatoria de elecciones y la disolución de las
Cámaras hace inviable recuperar estas bonificaciones fiscales para los damnificados de Lorca y la concesión de subvención para la reparación de infraestructuras en las pedanías, salvo que se hagan de forma urgente por parte del ejecutivo socialista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera urgente, cuantas medidas sean necesarias para:
- Bonificar el 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2019, con los mismos requisitos establecidos para la exención regulada en este Impuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley
6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca,
Murcia y compensar al Ayuntamiento de Lorca por la disminución de ingresos que esta medida pueda producir.
- Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Lorca por importe de 3.000.000 de euros para la reparación de las infraestructuras, dañadas por los movimientos sísmicos que tuvieron lugar el 11 de mayo de 2011 en Lorca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2019.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.
162/000004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley pidiendo al Gobierno modificar el Real
Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios judiciales, para que se contemple un complemento de destino por circunstancias especiales para los Letrados de la Administración de Justicia
(antes Secretarios Judiciales) destinados en Cataluña, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Grupo Popular registró el pasado mes de junio una Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en circunstancias
especiales.
Dicha modificación tiene por objetivo la creación de un complemento de destino en circunstancias especiales para los jueces y fiscales destinados en Cataluña, asimilándolos al tratamiento que ya se diera a los destinados al País Vasco y
Navarra.
No hay que extenderse mucho en justificar la grave situación en la que vienen desarrollando su trabajo en Cataluña Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de justicia. Un rápido repaso a la hemeroteca y a los comunicados de las
asociaciones profesionales es suficiente para constatarla.
Desde el Grupo Popular hemos reclamado una y otra vez al Ministerio de Justicia que adopte todas las medidas que sean necesarias para atender su seguridad e incentivar el acceso de los mejores, su permanencia y estabilidad en los juzgados de
Cataluña, lo que garantiza sin duda las mejores cotas de independencia.
Ante la pasividad del Ministerio de Justicia del Gobierno socialista, el Grupo popular, ya en las pasadas legislaturas, dio curso a una serie de iniciativas que ahora reitera y completa al persistir el inmovilismo gubernamental.
En el caso de los Letrados de la Administración de justicia, la regulación de su régimen retributivo se sustancia, no por Ley, sino por el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre. Es, pues, el Gobierno la instancia competente para su
modificación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, equiparando en el Anexo II.3 a los Letrados de la
administración de Justicia destinados en Cataluña con los destinados en País Vasco y Navarra, para que pasen a percibir el complemento de destino por circunstancias especiales previsto para estos últimos con una cuantía mensual de 397,99 euros, con
el régimen y actualización que corresponda a los supuestos contemplados en dicho anexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2019.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos y María Jesús Moro Almaraz, Diputadas.
162/000005
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez, don Eduardo Luis Ruiz Navarro y don Ricardo Chamorro Delmo, en su calidad de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al Trasvase Tajo-Segura, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Por segunda vez consecutiva, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no trasvasar agua para los agricultores del Levante español, violando los acuerdos de la comisión técnica de explotación del trasvase Tajo-Segura, que afirma que sí
existen recursos disponibles.
Además, en esta ocasión, el pretexto del gobierno socialista ha sido la contaminación del Mar Menor. No hay trasvase en este momento para reprimir las supuestas malas prácticas agrarias del campo de Cartagena que ahora se quieren señalar
como causantes únicas de un desastre ecológico.
El resultado de acordar un trasvase cero en este momento y con ese argumento es un desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores de Murcia, Almería y Alicante, que se han visto privados de un derecho de forma arbitraria. Hasta
ahora, el funcionamiento del Memorándum había automatizado las decisiones sobre el trasvase. Sin embargo, con este tipo de actuaciones, y esta es la segunda vez, la Ministra ha secuestrado esta norma de entendimiento y la ha sometido al capricho de
su voluntad, sin atender a criterios técnicos.
Sin duda, la vulneración del Memorándum es por sí sola una grave amenaza para la continuidad del Trasvase. Pero a esta estrategia de demolición lenta, se une también la reciente amenaza del socialista García-Page consistente en la idea de
imponer nuevos caudales ecológicos en el Tajo con el pretexto de la Red Natura 2000.
Según el criterio del Presidente de Castilla-La Mancha, los socialistas de esa Comunidad Autónoma han decidido por su cuenta acabar con el trasvase, ya que ellos controlan la Red Natura 2000, que demanda caudales ecológicos que supuestamente
son más exigentes que los establecidos en la Ley de Aguas. Esta trampa entre familias socialistas arrastra al Gobierno de España al dilema de permitir que un sistema de protección ambiental diseñado para otros fines, pueda ser usado en fraude de
ley para cerrar la infraestructura hidráulica más eficiente y productiva de España, y arrojar a Europa a un problema de inseguridad alimentaria.
Esta sucesión de amenazas y atentados contra el Levante español, perpetrados de forma coordinada desde el gobierno central y las comunidades autónomas de su órbita, ponen en evidencia un plan oculto del gobierno socialista y sus aliados para
cerrar el trasvase Tajo-Segura antes de que termine esta legislatura.
Asimismo, este plan parece que está en armonía con otras estrategias de estrangulamiento de la economía en Andalucía y Murcia, con la intervención de sus recursos financieros. Estas actuaciones regresivas contra las regiones leales a España
contrastan con los privilegios otorgados al separatismo en Cataluña y los demás separatismos suaves que brotan cada día por toda la geografía nacional.
Las tendencias expuestas para provocar el empobrecimiento en ciertas regiones y los hechos que las ponen en evidencia, reafirman nuestra convicción de que no solo la agricultura y la economía del Levante están en peligro, sino que también la
propia unidad de España es moneda de cambio en estos momentos de dificultad para nuestra Patria. VOX se solidariza con la lucha justa de los agricultores españoles y estamos convencidos de su apuesta por hacer las mejores prácticas agrícolas para
no dañar el medio ambiente. En estos momentos, también animamos a los agricultores del Campo de Cartagena a que sigan comprometidos con la defensa del Mar Menor, ya que la salvación de la agricultura en la zona y frenar el deterioro del entorno
ambiental del Mar Menor son dos ejes básicos de un mismo proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A cumplir las normas de explotación del Trasvase establecidas en el Memorándum de Entendimiento Tajo-Segura, absteniéndose de sustituirlas por el criterio arbitrario del Ministerio para la Transición Ecológica.
2. A llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el establecimiento de caudales más exigentes que los señalados por la Ley de Aguas, con los consiguientes perjuicios que ello conlleva.
3. A cesar en su campaña de desprestigio contra el sector de la agricultura en el Campo de Cartagena, con decisiones como la de no trasvasar agua por el estado del Mar Menor, ya que esta actitud puede tener consecuencias muy graves, tales
como una agitación de la conciencia de los consumidores europeos, para que falsamente identifiquen la agricultura con la destrucción del ecosistema del Mar Menor, y ello conduzca al boicot de los productos agrícolas del Campo de Cartagena y, por
extensión, al veto de todo el Levante español en los mercados de la UE.
4. A colaborar lealmente con el Gobierno de la Región de Murcia y los Municipios afectados para poner en marcha las actuaciones que sean más necesarias y urgentes, a fin de conseguir la regeneración integral del Mar Menor y la cuenca
vertiente, de manera que sean compatibles y equilibradas las actuaciones para mantener la agricultura, la pesca, el turismo y la actividad residencial en el entorno natural y marino más singular de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.- Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Rocío de Meer Méndez, Lourdes Méndez Monasterio, Eduardo Luis Ruiz Navarro y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
162/000006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón y doña María Teresa López Álvarez, en su calidad de Portavoz y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las subvenciones nominativas para la financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de Ceuta y Melilla, así como de los
servicios públicos y actuaciones en relación con la presión migratoria soportada por ambas Ciudades Autónomas, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Con fecha 26 de noviembre de 2019, el Gobierno en funciones del PSOE comunicó a los Ejecutivos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que no se llevaría a cabo la suscripción de los Convenios por medio de los cuales había de
articularse la concesión de varias subvenciones nominativas otorgadas en su día a ambas Ciudades Autónomas. Se trata de subvenciones nominativas que suman 7,2 millones de euros para cada entidad, y que son de tal importancia que dejan a las dos
urbes en una situación de bloqueo, por cuanto se destinan a la financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable a ceutíes y melillenses, y a la cofinanciación de los servicios públicos y
actuaciones en relación con la presión migratoria soportada por ambas capitales.
Así, con base en que las Ciudades de Ceuta y Melilla, por su especial situación geográfica, carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales y tienen que recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como el transporte en
barco desde la península y la desalinización del agua de mar, lo que ocasiona que el coste de estos recursos sea considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, la Administración General del Estado venía contribuyendo anualmente
a su financiación con 3.968.890,00 euros para Ceuta y 4.031.110,00 euros para Melilla, con el objeto de poder afrontar los costes de funcionamiento de las correspondientes plantas desalinizadoras.
Además, también por la especial situación geográfica de Ceuta y Melilla, ambas están obligadas a asumir unos costes de funcionamiento asociados a la gestión de las zonas fronterizas, derivados de actuaciones para regular el tráfico de
personas y vehículos, apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, la seguridad privada o la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías. Por ese motivo, también se cofinanciaban anualmente a través del Ministerio de Hacienda los
costes de funcionamiento asociados a la gestión de las zonas fronterizas por medio de subvenciones nominativas por importe de 3.250.000,00 euros.
Para denegar la concesión de las subvenciones, el Gobierno se ha basado en un Informe de la Intervención General del Estado de 27 de marzo de 2019, que señala que, 'En consecuencia, cabe concluir que todos aquellos créditos que figuren en
los estados de gastos del presupuesto prorrogado relativos a subvenciones con asignación nominativa, que habilitaron la concesión directa de las citadas subvenciones en el ejercicio anterior, pierden los beneficios de la nominatividad en el
presupuesto prorrogado, de forma que ya no concurre el supuesto de exención de fiscalización previa, y en el caso de estar ante subvenciones a las que resulte de aplicación la Ley General de Subvenciones, su concesión directa tendría que ampararse
en otro de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 22 de la citada Ley, distinto del epígrafe a)'.
Por ese motivo, el Grupo Parlamentario VOX solicita, precisamente, la aplicación del artículo 22.2.c) del texto normativo de referencia, que señala que 'podrán concederse de manera directa las siguientes subvenciones: con carácter
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública'.
Con la situación generada por la decisión adoptada por el Gobierno, los ceutíes y melillenses no pueden cubrir sus necesidades más básicas, perdiendo además el refuerzo de la seguridad en frontera, con el evidente perjuicio al interés
público. Si el Gobierno dedica para la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla 8,3 millones de euros, y prorroga la subvención nominativa en ayudas a mantenimiento de los MENA por importe de 3,2 millones de euros, se hace
imprescindible que llegue a Ceuta y Melilla la cantidad necesaria para financiar el funcionamiento de las destiladoras, y las actuaciones y servicios derivados de la presión migratoria que sufren las dos Ciudades Autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, dadas las notables razones de interés público, social y económico existentes en el presente caso, y en tanto en cuanto se procede a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, insta al
Gobierno a lo siguiente:
1. Aprobar la concesión directa de una subvención para la financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de Ceuta y Melilla, aplicando el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones.
2. Aprobar la concesión directa de una subvención para cofinanciar los servicios públicos y actuaciones en relación con la presión migratoria soportada por ambas Ciudades Autónomas, en aplicación del mismo artículo 22.2.c) de la Ley General
de Subvenciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2019.-María Teresa López Álvarez e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Diputados.
162/000007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación e impulso de un sistema de formación MIR para
el profesorado, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Todo sistema educativo es útil, reconocido y efectivo en la medida en que es capaz de transmitir formación y conocimientos al alumnado. El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por LOMCE, establece que los poderes
públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en especial, la cualificación y formación del profesorado. Existen otros elementos que también poseen importantes efectos sobre los
resultados del sistema educativo, como así se señala en el citado texto: la dotación de recursos educativos suficientes, la
investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura, el uso de las bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección
educativa y la evaluación.
El Sistema Educativo Español posee claros síntomas que avisan de su disfuncionalidad: España es líder en fracaso escolar en la Unión Europea, encabezando el abandono escolar prematuro en todo el continente con una media del 20 % de los
estudiantes según datos publicados por EUROSTAT.
El último estudio elaborado por el Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, titulado 'La voz del profesorado', y que tiene como objetivo estudiar las exigencias en
materia de selección y formación del profesorado incluso pudiendo incorporar el sistema MIR para estos profesionales, tiene unos resultados claros:
- Cerca del 70 % de los docentes encuestados señalan que es necesaria una reforma del sistema actual de selección para acceder a la profesión docente.
- Casi el 80 % de los docentes encuestados coincide en que el sistema de selección para acceder a la profesión docente debiera tener los mismos criterios para centros públicos que concertados.
- Una amplia mayoría de profesores abogan por aumentar la autonomía de los centros públicos para contratar profesorado.
- Asimismo, los docentes reclaman una reforma urgente del período de inducción profesional que preste atención especial a la adquisición de las competencias didáctico-pedagógicas.
- El modelo de inducción profesional docente que más popularidad alcanza entre .los encuestados es el que se refiere al estilo del MIR que se realiza para los médicos.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos comparte el sentir de buena parte de estas propuestas docentes: y considera que es preciso una reflexión sobre el modelo. El nuevo sistema de acceso a la profesión docente debe asegurarnos que la
formación, selección y promoción del profesorado se basen en la excelencia académica contrastada y en la capacidad pedagógica para transmitir conocimientos, competencias y valores mediante un aumento de las exigencias en los estudios y sistemas de
acceso a la profesión docente.
El Sistema Educativo Español tiene pendiente mejorar la selección y formación del profesorado desde hace años. Ninguna de las reformas educativas aprobadas en los últimos años ha sido eficaz ni lo suficientemente participativa, en parte,
por obviar esta necesidad. La formación de maestros y profesores en nuestro país mediante escuelas de magisterio o cursos de teoría pedagógica (como el antiguo CAP) han demostrado ser insuficientes a la hora de conseguir fa excelencia del
profesorado. Es preciso que se evalúe un nuevo sistema que seleccione a los mejores titulados en las diversas materias curriculares de ciencias y humanidades, y los forme como maestros y profesores mediante una auténtica formación práctica
dotándole de las herramientas pedagógicas necesarias para afrontar los numerosos retos a los que se enfrentan día a día los docentes.
Con la creación e implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hace casi diez años, el curso de capacitación para los docentes, el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), sería reemplazado por el Master Universitario en
Formación de Profesorado de un año de duración e imprescindible para impartir clases en cursos de educación obligatoria y bachillerato. Sin embargo, su sustitución no ha supuesto un cambio sustancial en la selección y promoción del profesorado, más
bien, se produjo una continuidad de criterios unidos al establecimiento de un coste económico mayor al CAP y desigual según el territorio en el que se desempeñe.
En lugar del master habilitarte actual, el Grupo Parlamentario Ciudadanos proponemos implantar un modelo de formación docente similar al sistema MIR de los facultativos. El sistema consistirá en la realización de una prueba de acceso
nacional, posterior al grado, tras la que, en función de los resultados académicos, a los que se ofrecerá el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de varios cursos académicos, en centros de enseñanza y bajo la dirección y
supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas. Estas prácticas serán complementadas con la formación pedagógica y teórica adecuada para que se puedan afrontar las diversas problemáticas que pueden surgir en las aulas.
Otros elementos que afectan a la calidad del ejercicio de la profesión docente y que sin duda deberán contemplarse en el marco de la regulación de una futura carrera docente son la formación permanente, reconocimiento de la docencia y la
evaluación de la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Insta al Gobierno a impulsar y apoyar la creación de una Comisión de estudio integrada por expertos docentes y otros representantes de la sociedad civil que puedan hacer un diagnóstico sobre las carencias y necesidades del docente en
relación a la formación inicial (MIR) y el diseño de una carrera docente.
2. En consecuencia con lo anterior, a partir de las conclusiones alcanzadas, insta al Gobierno llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para implementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar del
Estado, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación un sistema de formación y promoción del profesorado similar al sistema MIR de los facultativos, que se base al menos en el desempeño profesional de la enseñanza, de forma remunerada,
durante el periodo de un tiempo determinado en centros de enseñanza y bajo la supervisión de un equipo de docentes en activo con competencias acreditadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno, Diputados.
162/000008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de las Alta Inspección educativa y la creación
e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 5 de septiembre, el diario El Mundo publicaba la información con el siguiente titular, los editores: 'Cataluña presiona para que no hablemos de los Reyes Católicos en los libros de texto'. La noticia daba cuenta de que los
editores de libros de textos de primaria y secundaria denunciaban que varias CC.AA. les presionan para incluir y destacar las peculiaridades territoriales y omitir hechos históricos, en particular, lo comunes, los que nos une como Nación, por
motivos ideológicos.
Los profesionales que trabajan en el ámbito de las editoriales de libros de texto afirman que los Consejeros de educación de algunas CC.AA., entre las que mencionan específicamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias,
'presionan' para modificar los contenidos de los materiales educativos. En los últimos tres años las Comunidades han aprobado 450 normativas diferentes entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones en relación con los libros de texto: 1820 normas
en los últimos ocho años. Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto de España (Anele) la imposición ha llegado hasta tal punto que una Comunidad Autónoma como Cataluña ha
apremiado que se debe suprimir la referencia y el estudio de hechos históricos como el reinado de los Reyes Católicos. Es manifiesto el empeño con fines ideológicos y de adoctrinamiento en nuestras escuelas públicas a través del material educativo.
Además, este proceder supone un incremento de gastos en la elaboración e impresión, y una dispersión educativa que genera desigualdades entre los alumnos de distintas comunidades autónomas.
El informe 'El libro Educativo en España 2019-2020' de la asociación Anele afirma que 'nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí'. Se pone de relieve además las grandes diferencias
económicas entre las distintas CC.AA. en políticas de dotación de recursos, ayudas para adquisición de libros y material escolar o en las ayudas a alumnos y familias al estudio dependiendo de la C.A.
La intromisión política y la manipulación ideológica a través de los libros de texto no es alguno nuevo. De hecho, fue a raíz de las manifestaciones de los representantes de Anele en una comparecencia en sede parlamentaria, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, cuando este grupo parlamentario
formuló pregunta al antiguo Secretario de Estado de Educación sobre los hechos denunciados. Este se comprometió a encargar un informe a la Alta Inspección sobre la manipulación de los libros de texto.
Tras las constantes solicitudes de este grupo al antiguo ministro de Educación, el Sr. Méndez de Vigo, finalmente lo solicitó y el borrador estuvo en poder del Gobierno del PP durante meses sin que realizase ninguna actuación. La falta de
refuerzo de la Alta Inspección y la inacción por parte del gobierno del Partido Popular hizo imposible la elaboración y presentación de una versión definitiva. Correspondía a la Sra. Celaá decidir qué hacer con los resultados del informe.
A pesar de que el informe, según informaciones publicadas por los diarios, concluía, de manera rotunda, que había claras omisiones en el contenido de los libros de texto catalanes en relación al bloque obligatorio del currículo; que se
habían encontrado errores históricos; que se podían apreciar una constante contraposición sesgada entre Cataluña y España y demás evidencias de un adoctrinamiento sistemático, la Sra. Celaá decidió no formular un requerimiento al Departamento de
Educación de la Generalitat de Cataluña ni a la inspección de esta Comunidad Autónoma para corregir tal flagrante ilegalidad.
Los sesgos, las intromisiones y las incorrecciones se han encontrado en otros estudios de los libros de texto realizados por sindicatos, asociaciones y partidos en otras comunidades autónomas en las que también los editores denuncian estar
siendo presionados. Ante todos los hechos expuestos y teniendo en cuenta que la calidad editorial es un elemento esencial para la buena educación de los niños.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a::
1. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que puedan realizar, de manera eficaz y eficiente, sus funciones de garantía del cumplimiento de la legislación educativa del Estado.
2. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección educativa para que pueda verificar que los libros de texto se adecuan a las enseñanzas comunes conforme a la legislación del Estado.
3. Impulsar sistemas de autorregulación para que las editoriales puedan establecer mecanismos de acreditación de la -calidad y la legalidad de los contenidos editoriales, así como garantía de independencia política e ideológica, en el marco
de libertades de la Constitución.
4. Llevar a cabo las modificaciones legislativas que permitan que los informes de autorregulación puedan ser, en su caso, indicios que sirvan de base para desencadenar el ejercicio por el Estado de sus funciones de Alta Inspección
Educativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno, Diputados.
162/000009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear,
para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
De acuerdo con su propia ley de creación, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Es un ente de Derecho Público, independiente de la
Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por su Estatuto y rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado.
Su misión es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y
estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.
Es evidente que el papel de este organismo es de vital importancia para el correcto funcionamiento y seguridad de las instalaciones nucleares, así como una institución clave para la sostenibilidad energética y medioambiental.
Este papel se torna aún más decisivo en el contexto de una transición energética que debe clarificar el papel de la energía nuclear en nuestro país; tanto si se opta por una ampliación de las autorizaciones de explotación de las
instalaciones nucleares como si se decide su desmantelamiento. Así como también a todas aquellas decisiones que afecten a la gestión de residuos radiactivos.
En todo caso, el papel del regulador nuclear es esencial para dotar de seguridad, credibilidad y confianza al proceso que se decida desde las instancias políticas. Un Consejo de Seguridad Nuclear creíble y transparente contribuye a
desterrar los temores que se puedan suscitar en la población en relación a este sector y fomenta la confianza en las instituciones públicas.
Sin embargo y a pesar de la expresión de independencia que se le concede tanto en su ley de creación como en el estatuto que lo regula, los mecanismos de transparencia del organismo han quedado obsoletos con el devenir de los años; tanto es
así que a pesar de ser un organismo que presume de su transparencia en los distintos documentos legales, no contempla la publicación de diarios de sesiones de las reuniones del Pleno del Consejo que lo dirige (como sí sucede en otros organismos de
referencia como la NRC estadounidense).
Asimismo, tampoco se recogen mecanismos de autoevaluación como la existencia de buzones de quejas y sugerencias o la obligatoriedad de publicar un informe de actividad al término del mandato de la Presidencia.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la elección de los miembros del Pleno del Consejo debe garantizar la calidad e independencia de los candidatos, una circunstancia que a día de hoy queda en entredicho como se ha advertido
reiteradamente desde varias instancias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el artículo 35 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear para que se incluya la publicación de los diarios de sesiones de las reuniones del Pleno del
Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Realizar los cambios legales oportunos tanto en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear como sobre la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear para establecer la obligatoriedad de que la Presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato.
3. Realizar los cambios legales oportunos en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear para incluir mecanismos de autoevaluación en la institución como buzones de
incidencias, sugerencias o quejas.
4. Realizar los cambios legales oportunos tanto en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear como sobre la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear para establecer un nuevo modelo de elección de los miembros del Pleno del Consejo.
Este modelo se basará en la propuesta de candidatos por parte del Gobierno que, posteriormente, serán examinados en base a su capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad por una Comisión Técnica que emitirá un informe.
A continuación, los candidatos propuestos comparecerán ante la Comisión de Transición Ecológica cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros.
En caso de que el informe previo de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple, en caso opuesto; se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.
Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de
la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos somos plenamente conscientes de que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la
existencia de miles personas que, todavía hoy, continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual e identidad de género en terceros
países.
Recordando el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia (International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT), que desde fechas recientes se viene celebrando cada 17 de mayo, coincidiendo con
la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990.
Teniendo también en cuenta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Constitución Española proclama los derechos fundamentales de toda persona, entre
ellos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y su dignidad inherente, así como los Principios de Yogyakarta ratificados por la Comisión Internacional de Juristas para la aplicación de los instrumentos internacionales en
relación a la orientación sexual y la identidad de género.
Recordando que conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 'se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil [...] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte' y que conforme al artículo 7.2.g) del mismo texto 'por
'persecución' se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad', siendo la persecución penal de un colectivo la persecución
'generalizada o sistemática' por excelencia.
Recordando, del mismo modo, que conforme al artículo 7.2.a) de tal Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 'por 'ataque contra una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política', y que el artículo 7.1.a) penaliza los asesinatos y ejecuciones de miembros
del grupo perseguido, y el artículo 7.1.e) la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos decididos a no guardar silencio ante nada estas situaciones, así como a contribuir desde el Congreso a la defensa de los Derechos Humanos de todas esas personas, cruelmente perseguidas,
encarceladas, sometidas a trabajos forzados y castigos físicos, e incluso condenadas a muerte de forma por su orientación sexual o identidad de género, y por ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los
casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en
razón de su mera orientación sexual o identidad de género, y reconoce tales conductas como formas de crímenes contra la humanidad.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, urgentemente:
a) Promueva, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, haciendo uso efectivo de las facultades que le confiere el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una investigación oficial e independiente de la
persecución que vienen sufriendo miles de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo, en tanto que crimen de lesa humanidad del artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma en relación a sus artículos 7.1.a) y e) y 7.2.g).
b) Inste, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, una resolución que promueva el cese de la inhumana persecución penal de todas estas personas en razón de su mera orientación sexual o
identidad de género, así como para promover su completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de actores no estatales.
3. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno compromiso de seguir trabajando en la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación que, todavía hoy, siguen afectando a homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales
en el día a día, así como a seguir trabajando en la construcción de una sociedad más comprometida y respetuosa con los Derechos Humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez, Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de mejora de los permisos por cuidado de menores ingresados por cáncer u
otra enfermedad grave, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Estado del Bienestar, a través de la Seguridad Social, debe proteger y protege a aquellos padres que tengan que cuidar de un hijo menor de edad afectado por cáncer u otra enfermedad grave cuando estos trabajen.
Así, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, contempla en el artículo 37, apartado 6, párrafo tercero, lo siguiente:
'El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los
dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.'
En este sentido, para el caso de que los trabajadores que se acojan a esta reducción, tendrán derecho a una prestación de la Seguridad Social (Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave), que compense la pérdida de salario motivada por la reducción de jornada dada la necesidad de cuidar de manera directa, continua y
permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
En cambio, cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores tuvieran derecho a dicha prestación, solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos, con independencia de poder alternarse entre ellos. En el caso de separación, nulidad o
divorcio, y ante una falta de acuerdo, el derecho a la prestación se concede a quien tenga otorgada la custodia del menor y, si esta fuese compartida, al que lo solicite en primer lugar.
La cuantía de la prestación será del 100 % sobre la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Cuando
el trabajador no tenga cubierta la contingencia de incapacidad temporal en el régimen que deba reconocer la prestación, la base reguladora estará constituida por la base de cotización de contingencias comunes.
La finalidad de la norma y de la prestación es doble: por una parte, defender la indemnidad del menor, su integridad física, y, por otra parte, hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral de los
progenitores.
Desde Ciudadanos creemos que todos los padres deben disponer de los medios necesarios para garantizar una atención y cuidado adecuados a sus hijos, especialmente cuando estos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como
sucede en el supuesto causante del permiso antes mencionado, así como estos cuidados puedan prestarse de forma corresponsable y compatible con el desarrollo de una actividad laboral.
A estos efectos, creemos necesario ampliar los permisos para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave actualmente reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, así como las prestaciones económicas reconocidas al
efecto en la Ley General de la Seguridad Social y, con tal motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la protección social de los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, mediante el acuerdo de las modificaciones legislativas que resulten precisas para:
1. Establecer que la reducción de la jornada de trabajo para cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el artículo 37.6 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como el derecho a la
prestación regulado a tal efecto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
a) Se pueda ejercer no solo cuando exista un ingreso hospitalario de larga duración, sino también cuando esta hospitalización no tenga margen temporal y su objeto sea el diagnóstico de la enfermedad, así como para la situación que requiera
el cuidado del menor o la continuación del tratamiento médico en el domicilio.
b) Se pueda ejercer aunque el menor afectado supere la edad de dieciocho años, siempre que se viniera ejerciendo de forma ininterrumpida de manera inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha edad por mantenerse las circunstancias que
motivaron su reconocimiento original.
c) Se pueda ejercer por ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores, de forma sucesiva o simultánea, cuando el menor afectado tenga menos de doce años, permitiendo que la reducción de la jornada sea
inferior al 50 % de su duración original, así como que ambos tengan derecho a la prestación correspondiente, inclusive en los casos de separación, nulidad o divorcio.
2. Regular un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo en los artículos 45 y 48 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el
cuidado de menores de seis años afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en los mismos términos que la reducción de jornada anterior, que podrán ejercer ambos, de forma alterna o simultánea, así como el derecho a una prestación que compense la
pérdida de retribución que se produzca en este supuesto.
3. Habilitar todas las modificaciones legales necesarias para permitir que los trabajadores por cuenta propia o autónomos puedan acceder a la prestación de la Seguridad Social para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad
grave, en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, quedando, además, exentos del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la
percepción de la mencionada prestación económica, siempre y cuando durante dicha situación contraten a una persona desempleada que los sustituya en su actividad.
4. Disponer el acceso al convenio especial de la Seguridad Social a los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave que se encuentren en
situación de excedencia o de desempleo sin derecho a la prestación, en términos análogos a los cuidadores no profesionales o del entorno familiar de personas que tengan reconocida situación de dependencia, incluida la bonificación del importe de las
cuotas sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Protección de los Cooperantes en el
Exterior para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 se aprobó con la oposición de los profesionales del sector y con las críticas de la mayoría de Grupos Parlamentarios en las Cortes Generales. Pese a ello, una vez que está en vigor es
necesario cumplirlo, puesto que es el principal instrumento para regir nuestra cooperación al desarrollo. En este Plan Director se detallan los principales retos a tratar por la cooperación española y los objetivos que esta debe tener, así como los
instrumentos de los que se hará uso para llevar a cabo este cometido.
Así pues, el Plan Director recoge como reto para la cooperación española, que 'ha de trabajarse en justicia, paz y seguridad, prevenir la violencia, combatir la delincuencia y el terrorismo, conseguir un acceso universal a la Justicia y una
institucionalidad democrática sólida. A la promoción del Estado de Derecho debe incorporarse en particular la prevención de la radicalización dando especial énfasis a la agenda de [mujer, paz y seguridad] MPS, con la nueva arquitectura de paz y
seguridad impulsada por [Naciones Unidas] NNUU como marco de referencia'. Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 16 'PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS' establece metas concretas para todos los países, como la reducción
significativa de todas las formas de violencia.
En definitiva, la protección de la paz y la garantía de seguridad son tanto un reto para la cooperación española como uno de los objetivos de la misma, en tanto que forma parte de la Agenda 2030. Según la Organización Mundial de la Salud,
cada año mueren 1.6 millones de personas en todo el mundo debido a la violencia, siendo esta una de las principales causas de muerte para las personas entre de entre 15 y 44 años y suponiendo el 14 % de las muertes masculinas y el 7 % de las muertes
femeninas. Además, según el Banco Mundial, los conflictos provocan el 80 % de todas las necesidades humanitarias, mientras que además reducen el crecimiento del PIB en torno a un 2 % de media. Según también el Banco Mundial, hasta 2.000 millones
de personas viven en países en los que el desarrollo se ve afectado por la fragilidad, el conflicto y la violencia.
Además, esto no solo afecta a la población civil en los países destino de la cooperación para el desarrollo, sino que también se cierne como una amenaza sobre los profesionales de la cooperación. Según datos de Naciones Unidas, desde agosto
de 2003 más de 4.500 cooperantes han sido asesinados, heridos, detenidos, atacados o secuestrados mientras ejercían labores humanitarias. Según los datos proporcionados por 'Humanitarian Outcomes' en su informe de 2019, el año pasado hubo 226
ataques contra 405 profesionales de la cooperación al desarrollo, haciendo de este el segundo peor año desde que se tienen cifras, solo por detrás de 2013.
Como consecuencia, 131 profesionales fueron asesinados, 144 resultaron heridos y 130 de ellos fueron secuestrados. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos ataques afectan principalmente a la población más pobre y más necesitada
de ayuda internacional. Un informe de 'Aid Worker Security ' demostró que los grupos armados principalmente atacan a profesionales de la cooperación porque consideran que
son espías o porque tratan de imponer valores culturales sobre la población local. Sin embargo, también se obtuvo una razón más escalofriante: algunos grupos sugerían que asesinar profesionales de la cooperación era un divertimento para
los luchadores jóvenes que apenas reciben compensación económica por su reclutamiento.
En torno a 2.621 personas llevan a cabo las labores de cooperación internacional para el desarrollo y de ayuda humanitaria para la cooperación española. Estos profesionales se encargan de tareas tan diversas que abarcan desde el desarrollo
económico inclusivo y la gobernabilidad democrática hasta los servicios básicos como la salud, educación y acceso al agua y el saneamiento, o la labor en sectores como el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático o el apoyo al sector cultural desde un enfoque de desarrollo.
Según un estudio elaborado con la colaboración de las Embajadas de España y las Unidades de la Cooperación Española en el exterior, el 56 % de los cooperantes españoles son mujeres, que también se enfrentan a determinados riesgos específicos
por este hecho. Es más, según los datos de 'Aid Worker Security', las mujeres cooperantes son el objetivo principal de abusos y violencia sexual, así como de otros tipos de asaltos a su integridad física.
En cuanto a regiones geográficas, la mayoría de las personas que trabajan como cooperantes españoles, un 43 %, se encuentra en el África Subsahariana y un 15 % en América Central, dos de las regiones más inseguras y peligrosas del mundo.
Según 'Humanitarian Outcomes', en 2018 Sudán del Sur fue el país con mayor riesgo, con 55 y 111 víctimas, mientras que la República Democrática del Congo experimentó el mayor incremento en la violencia, incluso haciendo objetivo a trabajadores que
ayudan a combatir la epidemia de ébola.
Por tanto, la gran mayoría de los cooperantes españoles se encuentran en una situación de significativa inseguridad y se enfrentan a numerosos riesgos no solo para su labor profesional, sino también para su propia integridad física. Además,
un 41 % de los profesionales que se dedican a la cooperación española son personal religioso, lo que también les expone a unos riesgos específicos por parte de grupos extremistas.
En definitiva, la seguridad debe formar parte fundamental de la cooperación española, tanto en su vertiente de protección a la población civil que recibe la ayuda internacional, como en la de protección a los profesionales que la llevan a
cabo. Con motivo del Día del Cooperante, que se celebra cada 8 de septiembre desde el año 2000, es necesario dar un paso adelante en el refuerzo de la protección y la seguridad de nuestros profesionales de la cooperación española.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo insta al Gobierno a:
1. Reforzar el componente de seguridad en la cooperación española, en línea con el V Plan Director de la Cooperación Española y el Consenso Europeo de Desarrollo, mediante una colaboración más estrecha entre el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y los ministerios de Defensa e Interior.
2. Fomentar la cooperación entre los cooperantes españoles y el personal civil y militar en el exterior, fortaleciendo así el componente de paz y seguridad en las labores de ayuda humanitaria, especialmente en lo que respecta a la
consecución de la agenda global y europea de mujeres, paz y seguridad.
3. Favorecer la presencia de personal civil y militar femenino en las operaciones de construcción y mantenimiento de paz, especialmente en áreas y situaciones en las que la presencia y el diálogo con mujeres sea más favorable para entablar
relaciones amistosas con la población local y para proteger la integridad de las mujeres y niñas en los países de destino.
4. Estrechar la cooperación en materia de seguridad, tanto de forma bilateral como en el seno de la Unión Europea, con los países prioritarios para la cooperación española y con aquellos en los que haya más presencia de cooperantes
españoles con el fin de reforzar su protección a la hora de llevar a cabo labores humanitarias y de cooperación.
5. Poner a disposición de los profesionales de la cooperación los medios que fueran necesarios para garantizar su protección y seguridad a la hora de realizar su trabajo como cooperantes por todo el mundo.
6. Proporcionar asistencia a las organizaciones encargadas de llevar a cabo labores de cooperación a la hora de integrar consideraciones de protección de sus empleados entre sus departamentos de
recursos humanos y de seguridad, así como a la hora de establecer mecanismos rápidos de denuncia de posibles riesgos y amenazas.
7. Establecer un punto de contacto específico en Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) y Centros de Formación (CF) de la AECID para coordinar la protección de los cooperantes y dar respuesta a posibles necesidades en materia de seguridad
de los mismos, así como para llevar a cabo actividades de formación continua para hacer frente a posibles riesgos a su integridad.
8. Integrar de forma más efectiva la cultura de defensa y seguridad en los cooperantes, en línea con el V Plan Director de la Cooperación Española y el Consenso Europeo de Desarrollo, para garantizar una colaboración más estrecha entre los
profesionales de la cooperación española y el personal civil y militar a cargo de la seguridad de la población local y de los propios cooperantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la integración de la Agenda 2030 en los
programas de reformas del Gobierno de España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan de acción plantea 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Los ODS son, así, más ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ejemplo, el objetivo último de aquellos es la erradicación de la pobreza, mientras que la de estos era la mitigación de la misma. También los ODS gozan
de mayor legitimidad, pues son el resultado de un proceso participativo que las Naciones Unidas pusieron en marcha para que los ciudadanos expresaran sus prioridades a través de la encuesta global Mi Mundo. Finalmente, los ODS tienen un carácter
más universal, buscando un cambio de paradigma sobre el crecimiento que afecta a todos los Estados. En palabras del Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, David Nabarro, de cara a la Agencia 2030 'todos los países son países en
desarrollo'.
La nueva estrategia, por tanto, debe regir los diferentes programas nacionales de crecimiento sostenible para los próximos quince años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación.
Además, la Agenda 2030 obliga a repensar la manera tradicional de hacer política de manera sectorial y a organizarse de forma transversal, garantizando la coherencia entre diferentes políticas y la Maximización de los escasos recursos públicos. Así
pues, es necesario encontrar un equilibrio entre intereses contradictorios y consensuar una visión a largo plazo del modelo de desarrollo que se quiere alcanzar, con unos objetivos a corto y medio plazo que cimienten el camino hacia ese objetivo
último. Ésta debe ser una labor en la que todos los Ministerios, Consejerías autonómicas y Concejalías locales se impliquen por igual y que debe impregnar todas las iniciativas legislativas puestas en marcha por los diferentes niveles de la
Administración.
Cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad con el objetivo es coordinar las políticas
económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto. En estos Programas también se detalla cómo las reformas a implementar en el año en cuestión contribuirán a la consecución de los objetivos de la agenda
Europa 2020. Sin embargo, y pese a que la Agenda 2030 ha sido adoptada tanto por los Estados miembros como por la Comisión Europea, estos Programas no hacen mención a cómo las reformas a implementar ayudarán a la consecución de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS).
Por otro lado, se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' de 14 de noviembre el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El objeto de esta norma, que deroga al Real
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo y la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto normativo, es regular las previsiones contenidas en la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a ese documento que debe acompañar a los Anteproyectos de Ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias.
El texto nace de la necesidad de adaptar la materia regulada a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Mediante el mismo se regula la estructura y contenido de la Memoria, los supuestos en que procede una Memoria Abreviada (cuando se estime que de la propuesta normativa de que se trate no se derivan impactos apreciables en ninguno de los
ámbitos señalados en el reglamento o estos no son significativos, siendo también preceptiva en los supuestos de la tramitación de proyectos de reales decretos leyes), la previsión de una adaptación de la Guía Metodológica para la elaboración de la
memoria del análisis de impacto normativo (a realizar en 6 meses), y la indicación de que las previsiones del Real decreto relativas al informe sobre el impacto por razón de género serán también aplicables a los proyectos de planes de especial
relevancia económica, social, cultural y artística sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.
Sin embargo, este Real Decreto 931/2017 tampoco incluye en su articulado ningún tipo de requisito respecto a la adecuación de los Anteproyectos de Ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias
a los compromisos adquiridos por nuestro país en la Agenda 2030. Dado que esta Agenda está dirigida a todos Los países, España también tiene responsabilidad a la hora de cumplir con ella. Para impulsar esto, Naciones Unidas definió un sistema de
informes voluntarios de los países, a ser presentados en el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Algunos países han presentado ya más de un informe de seguimiento. De acuerdo con lo aprobado por el
Gobierno anterior, España presentará su informe, junto con otros 46 países, en este año de 2018, en la reunión prevista para el Foro Político de Alto Nivel de julio. Sin embargo, parece que España se presentará a ese examen sin haber hecho todo lo
posible por aprobarlo.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aunar, en el marco de la redacción de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, las iniciativas a llevar a cabo durante el período al que hacen referencia y la consecución
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de entrelazar las reformas estructurales a realizar por España y el desarrollo sostenible.
2. Encomendar al Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 el seguimiento y evaluación de cómo las reformas que se llevan a cabo dentro de los futuros Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad contribuyen a la implementación
de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
3. Impulsar, en el marco del Real Decreto 931/2017 por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la realización de un control 'ex ante' de las medidas aprobadas por el Gobierno para asegurar que se tiene en cuenta el
impacto sobre la Agenda 2030 de las iniciativas a poner en marcha, maximizando así la eficiencia de las políticas públicas y evitando tomar medidas que entren en conflicto o directamente perjudiquen la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
4. Respetar, a la hora de planificar y redactar los Programas Nacionales de Reformas y Programas de Estabilidad que realice el Gobierno de España, el compromiso adquirido por la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los
Diputados de dedicar al menos un 0.4 % del PIB a cooperación para el desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta fa siguiente Proposición no de Ley por una ambiciosa Agenda Digital para España,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La actual agenda digital está en vigor desde el 15 de febrero de 2013 y se planteó a partir de un informe de expertos y un análisis de la situación realizado en 2012 con unos objetivos marcados hasta 2015. El seguimiento de la agenda se
hizo de manera exhaustiva por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital hasta el año 2015 inclusive, contando con el último informe completo relativo a 2015 publicado en julio de 2016. Desde 2015 España, el
décimo país por producto interior bruto total de la OCDE, carece de un rumbo claro para su digitalización y modernización tecnológica.
En 2017 la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital inició los procedimientos para redactar una nueva agenda digital, con el ánimo de alinearnos con las exigencias de la Unión Europea y acercarnos a la
postura de otras potencias europeas que ya cuentan con una agenda de transformación digital con objetivos estratégicos hasta más allá de 2020. Teniendo en cuenta los plazos ejecutados en anteriores procedimientos de redacción, y solo si se
aceleraran los plazos, para junio de 2018 se podría contar con un nuevo plan de digitalización para España, lo que nos dejaría 'solo' dos años y medio sin unos objetivos concretos y un rumbo marcado para las políticas sectoriales tan importantes
como las marcadas por la agenda digital. Sin un rumbo claro no se puede transformar un país.
En paralelo, la Unión Europea aprobó en mayo de 2015 su programa de agenda digital, conocido como 'Digital Single Market Strategy' (DSMS), realizando una revisión del mismo en mayo de 2017.
Conviene recordar que hay 360 millones de europeos, de los cuales 23 millones son españoles, que se conectan a Internet cada día para estudiar, trabajar, comprar o vender. Entre los países de nuestro entorno, Francia actualizó su agenda
digital en junio de 2015, en paralelo con la comisión; Alemania la actualizó en abril de 2016, mientras que el Reino Unido lo hizo en marzo de 2017 con su ambiciosa agenda hasta 2020, que incluye las mayores inversiones conocidas hasta la fecha por
un Estado miembro para abordar la revolución que supone la transición hacia la 5G.
España, lejos de aprovechar el impulso que pudiera darnos la DSMS, se ha quedado rezagada en sus políticas, no ha dado un impulso a su estrategia digital y parece reticente a aprobar una nueva agenda digital en 2018.
El documento de trabajo preparado por la Secretaría de Estado del anterior Gobierno para su consulta pública distaba mucho de contar con el rigor que se le exige a un asunto de tal importancia estratégica para el sector. El análisis de la
situación actual que se planteaba es ingenuo, poco detallado e ignora aspectos muy importantes que nos permitan saber con más exactitud el punto de partida.
Además, la propuesta realizada es una mera traslación de los pilares y objetivos fijados por el DSMS, sin hacer el esfuerzo necesario para atender a las necesidades específicas y capacidades potenciales de nuestro país, ni abordar hechos
diferenciales respecto a Europa que permitan posicionarnos en una situación de mejora competitiva respecto a la Europa de los 27 en 2020.
Pero, sin duda, lo más preocupante no es lo que dice la propuesta del Gobierno, que dice más bien poco o nada, con palabras huecas, faltas de significado y concreción, el problema es lo que no se dice o aborda con suficiente profundidad. No
se habla de Industria, no se habla de contenidos digitales, no se habla de ciencia y no se habla de igualdad en oportunidades y acceso a la tecnología.
La situación con el anterior Gobierno no dista mucho de la situación actual. Si bien es cierto que España ha publicado y está implementando la Estrategia Nacional de Banda Ancha, convirtiendo a España en una de los países de la Unión
Europea con una red más extensa de fibra óptica con más de 33 millones de puntos de acceso y con cobertura para un 75 % de la población, otros puntos crucial de la transformación digital se han quedado aparcados. De este modo, el Gobierno está
desaprovechando las sinergias de la agenda digital para construir una economía productiva y, por ejemplo, alcanzar el objetivo de que la industria represente al menos el 20 % del PIB en el año 2020, desde el 16 % actual, y revertir la destrucción de
nuestro tejido industrial.
Respecto a los contenidos digitales, sabiendo que España tiene vínculos tan importantes con América, con quien conforma una de las comunidades lingüísticas más importantes del mundo, la Estrategia digital no puede pasar por alto la industria
de creación de contenidos, apoyándose y brindando nuevas oportunidades a nuestra industria cinematográfica y a los creadores de extraordinaria creatividad para producir contenidos de nueva generación.
Adicionalmente a la producción de contenido, debemos adaptar los medios audiovisuales para mejorar el acceso a la cultura online y asegurar remuneración a autores cuando se accede a contenido, música o libros online, es importante establecer
nuevos modelos para acceder a la información y nuevas vías online para acercar la cultura al ciudadano.
La convergencia entre los medios tradicionales e Internet, así como el cambio de hábitos de consumo y dispositivo de acceso al contenido, ha traído tanto grandes transformaciones como oportunidades interesantes.
Las grandes tendencias en los medios y sector audiovisual son: una mayor interacción, experiencia omnicanal, televisión a la carta, contenidos móviles o producciones audiovisuales en tiempo real (streaming).
Hay sectores en los que España tiene grandes profesionales en sus diferentes áreas de tecnología de reconocimiento mundial cuyo talento se debería retener como creación de contenidos, animación, videojuegos, desarrollo de sistemas IT o
programación, entre otros.
Los cambios en los hábitos de consumo marcarán los modelos de negocio y hacen que sea necesaria que los profesionales de este sector se adapten a las nuevas necesidades y demandas de acceso al contenido audiovisual. Se necesitará un
reciclaje continuo que permita adaptarse a este entorno dinámico y de cambio continuo. Este nuevo cambio de paradigma va a abrir una oportunidad para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad, incluida la deslocalización del
trabajo.
Respecto a la ciencia, el estado de la inversión en I+D+i está muy por debajo de los valores medios de la Unión Europea, y casi a la cola de nuestros países vecinos. Se debería de invertir en tecnología, investigación y creación de nuevas
tecnologías, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo (Robótica-País Vasco, Automoción (2,5 % del mercado mundial), 'eHealth' (España líder en calidad de los Servicios médicos), 'Big Data'
(Cataluña a la cabeza de Europa en empresas del sector), 5G (varios proyectos H2020 liderados por organismos españoles), 'Snnart cities' (España a la cabeza con algunas ciudades pioneras, como Santander o Málaga).
Por último, Ciudadanos cree en la necesidad de que el Gobierno actúe proactivamente para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos españoles, independientemente de su ubicación geográfica, el tamaño de su municipio y
sus capacidades económicas. Según varios estudios, entre un 20 y un 25 % de los de los ciudadanos españoles no puede acceder a Internet. Esta llamada 'brecha digital' se concentra en municipios de pocos habitantes y resulta especialmente grave
entre el colectivo de mujeres. Así, nos encontramos con una presencia principalmente masculina entre los tecnólogos de nuestro país.
En resumen, España se merece un plan ambicioso, con las ideas claras y mayor seguridad en nuestras capacidades y cualidades. No podemos resignarnos en ser un país en el pelotón de cola, debemos ser líderes y para ello hay que primero
aspirar a serio. El conformismo nos está dejando atrás y no nos conformamos con la mediocridad de la propuesta presentada, sino que animamos al Gobierno, y trabajaremos con él, para hacer una propuesta para España que realmente genere riqueza,
bienestar y prosperidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados presenta lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a darle la máxima prioridad a la aprobación de una nueva estrategia digital para España, que permita a nuestro país:
1. Desarrollar dentro de la agenda digital un objetivo concreto de Industria 4.0 y que se dote a su desarrollo de medios económicos para garantizar la modernización de nuestro tejido industrial. Esto requerirá:
a) La introducción en áreas estratégicas de nuestro sector industrial de nuevas tecnologías como: el internet de las cosas (loT), la computación en la nube, el tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial. Para lo cual es
necesario que la administración se centre en tener un diagnóstico claro de las barreras (fragmentación de plataformas, datos y sensores, privacidad y seguridad, interoperabilidad, etc.).
b) El desarrollo de las redes móviles de baja potencia, que ya son una realidad en España sobre espectro no licenciado (e.g. Sigfox), pero es igual de importante apoyar a los proveedores de Telecomunicaciones también para que encuentren los
casos de uso que les permitan invertir en nuevas redes de Internet de las Cosas Móvil (M-loT) sobre espectro licenciado.
c) Tecnologías como LTE-M (4G para Máquinas) o Narrow BancHOT (NB-10T) que permitirán superar la cifra de diez millones a corto plazo y alcanzar cientos de millones de potenciales nuevas conexiones entre máquinas que se esperan en los
próximos diez años. Estas tecnologías permitirán la masificación de sensores en movimiento (LIME) o estáticos (NB-10T) que costarán menos de un euro y su batería durará diez años.
2. Establecer incentivos para recompensar el proceso de transferencia de tecnología entre organismos académicos e industria nacional, así como la atracción de financiación internacional y procedente de la colaboración con el ámbito privado,
mediante:
a) La creación de un fondo de prueba de concepto a nivel nacional para probar la viabilidad de mercado de tecnologías disruptivas, que incluirían muchas de las tecnologías TICS. De manera similar al programa Collider, pero a nivel nacional,
abierto a empresas, centros de investigación y universidades que cuenten con resultados de investigación que quieran trasladar al mercado.
b) Reforma del sexenio tecnológico: Hay que reconocer en el CV investigador la movilidad de los investigadores entre el sector público y privado y premiaremos sus actividades de transferencia.
c) Reformas legislativas que eliminen la burocracia y faciliten la permeabilidad de los investigadores entre el sector público y el privado.
d) Favorecer el emprendimiento en tecnologías digitales, poniendo en marcha el fondo de capital riesgo, como el fondo EmprendEspaña, incluido en el preacuerdo de presupuestos generales en 2018 y dotado con 480 M .
3. Incrementar los recursos no financieros destinados a l+D+i en los PGE a una tasa anual acumulativa media por encima del incremento del PIB, hasta recuperar niveles de inversión previos a la crisis para alcanzar el objetivo del 2 % del
PIB. En este sentido, se considera urgente la puesta en marcha de la Red Cervera de transferencia de tecnología, entendida como un mecanismo de cooperación en investigación aplicada entre Centros Tecnológicos, Universidades y otros agentes del
sistema de I+D con empresas. Esta iniciativa cuenta con presupuesto no ejecutado en 2017 (20 millones de euros en subvenciones y 480 millones en préstamos) y podría ser decisiva para la adopción de algunas de las tecnologías facilitadoras claves
para el desarrollo de una Agenda Digital verdaderamente transformadora.
4. Avanzar en la ciencia digital, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo, como, por ejemplo, la robótica, 'eHealth', 'Big Data', 'Smart cities' o 5G mediante:
a) El desarrollo, la atracción y consolidación de 'Digital Hubs', en coordinación con la iniciativa de la comisión europea y con la participación de todos los agentes del sistema.
b) La dotación de doctorados industriales a dichos 'clústeres' que permitan la colaboración industria-centros de investigación sería una excelente manera de dar impulso real a dichos polos tecnológicos.
5. Desarrollar medidas para la atracción y retención de talento tecnológico en nuestro país, con especial énfasis en la incorporación de la mujer a dicho colectivo. En esta dirección, se debería fortalecer e impulsar los estudios relativos
a las TICs y aumentar las campañas orientadas a su mejor aceptación social. De manera más concreta, se propone desarrollar medidas para la difusión temprana de los estudios TICs entre los estudiantes de Educación Secundaria, así como aumentar la
dotación asignada a programas como el Ramón y Cajal o Juan de la Cierva en las áreas relativas a las TICs.
6. Impulsar el trabajo conjunto de los diferentes sectores y todas las administraciones (e incluso otros países) en un entorno de economía colaborativa para convertir nuestro país en un referente europeo (incluido en 5G o ciberseguridad),
mediante:
a) Promover la inversión y la construcción de redes de alta velocidad de tal manera que en 2025 haya 5G en cualquier rincón de Europa.
b) Priorizar la ciberseguridad.
c) Plan para el desarrollo de redes 5G en España que incluya una mesa Sectorial donde no solo estén las administraciones regionales y locales que ya están trabajando en Tecnología, sino también representantes de Centros de Investigación que
trabajen en cooperación.
d) Uso y desarrollo de avances tecnológicos de código abierto (Open source).
e) La compartición, si no se limita a nuestro territorio, permitiría un avance exponencial en los desarrollos permitiendo el intercambio de conocimiento no solo entre comunidades, sino con otros países europeos, enriqueciendo el resultado
final y garantizando la interoperabilidad con otras soluciones de otros países.
7. Eliminar definitivamente la brecha digital en España. Para ello se propone:
a) La creación de un plan nacional de cobertura wifi a dos años y una mayor coordinación de la administración central con los Ayuntamientos para acceder a los fondos europeos que se liberaron a finales del 2017 para el fomento de la
Digitalización. En el plan de la Comisión Europea wifi4EU se incluye una partida de 120 millones de euros a desembolsar hasta 2019 para ayudar a las administraciones locales a ofrecer wifi gratis.
b) Medidas para la universalización del acceso a internet como: una estrategia de acceso wifi público, más la extensión del abono social a desempleados de larga duración y parados de más de 45 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y Marcos de Quinto Romero, Diputados.
162/000016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Edmundo Bal Francés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a las infraestructuras de transporte asturianas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El programa Mecanismo Conectar Europa 2012-2027 financiará proyectos por un total de 42.300 millones de euros a lo largo de los próximos años. Es necesario explotar las posibilidades que se abren en torno a la apertura del corredor
atlántico que permita conectar los puertos de la fachada atlántica y los tráficos de mercancías por ferrocarril al mismo tiempo que se mejora la interconectividad de las rutas marítimas con las ferroviarias.
Respecto de la Variante de Pajares, las obras, que se decidieron en 1998 y comenzaron efectivamente en febrero de 2004, poseen una importancia estratégica para el Estado y, particularmente, para las Comunidades Autónomas de Castilla y León y
el Principado de Asturias. En diciembre de 2017, el en su momento el Ministro de Fomento anunció que la Variante de Pajares no entraría en funcionamiento hasta finales de 2020.
A día de hoy, el actual Gobierno, tras más de 3.600 millones de euros invertidos para una obra inicialmente presupuestada en 1.858 millones y que acortará el viaje con la meseta en 45 minutos. En las últimas declaraciones de la presidenta
de Adif, se asegura que la variante de Pajares abrirá al tráfico mixto con los dos tubos del túnel en 2020. Sin embargo, los trabajos técnicos continúan y de momento no se ha puesto una fecha concreta a la inauguración ya que, según explican desde
Adif, los diseños datan de finales de los años 90 cuando regían otras normativas y se requiere un cotejo con la normativa actual.
El Plan de Cercanías ferroviarias para Asturias, recogido en el documento 'Planes Ferroviarios actuación Asturias' que se presentó en diciembre de 2017, fue elaborado por el Ministerio de Fomento y preveía acometer importantes inversiones
por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025.
Respecto de la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón, el pasado mayo de 2018 los tres socios de la sociedad Gijón al Norte -Ministerio de Fomento, Principado de Asturias y Ayuntamiento de Gijón- anunciaron la firma del nuevo
convenio que da soporte al remodelado diseño del plan de integración del ferrocarril en la ciudad. En el mismo se fijaba un calendario de obras hasta 2024 y el compromiso económico de todas las partes implicadas.
El compromiso anunciado del plan de vías suponía comprometer para los próximos siete años un total de 500,36 millones: Adif asumiría los 140,16 millones de la estación de cercanías y a eso suma los 180 millones que le corresponden como
propietario del 50 % de Gijón al Norte. Principado y Ayuntamiento tenían que hacerse cargo, respectivamente, de 90 millones al tener cada uno un 25 % del capital.
Sin embargo, el ejecutivo del PSOE en marzo de 2019 se disponía a firmar un nuevo convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional para que el convenio de por los tres socios de Gijón al Norte pase todos los filtros. Este
convenio incluiría inversiones por más de 800 millones y prevé que se finalicen las obras en 2025. Sin embargo, en septiembre de este año, el acuerdo todavía no se encontraba firmado y las últimas palabras del secretario general de
infraestructuras, Javier Izquierdo, ha fomentado las dudas sobre la misma.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer que la conexión del noroeste español es prioritaria dentro de la red básica de corredores transeuropeos, comprometiéndose con las infraestructuras esenciales que pueden hacer realidad la extensión del eje atlántico de
transporte a la fachada Cantábrica, con el fin de que las regiones del noroeste sean capaces de articular proyectos de entidad para la Unión Europea.
2. Asumir como un mínimo imprescindible los compromisos, inversiones y calendarios presentados por parte del Ministerio de Fomento en el año 2017 respecto de las infraestructuras esenciales asturianas (Variante de Pajares, Plan de Cercanías
e Integración Ferrocarril Gijón-Plan de Vías).
3. Publicar en los próximos tres meses un calendario en el que se fijen de manera transparente las fechas previstas para la finalización de las obras, pruebas de funcionamiento, apertura al tráfico de las infraestructuras esenciales
asturianas (Variante de Pajares, Plan de Cercanías e Integración Ferrocarril Gijón-Plan de Vías).
4. Que en dicho calendario se comprometan a que la conexión a Asturias por la Variante de Pajares estará lista en verano de 2020.
5. Que los cambios en la planificación de los proyectos no retrasen en ningún caso los plazos anunciados en 2017.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y María Muñoz Vidal, Diputados.
162/000017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Edmundo Bal Francés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En 1855, el Gobierno de España, apoyado en un informe técnico del ingeniero Juan Subercase, decidió que todos los ferrocarriles interurbanos tendrían un ancho de vía de 1.668 mm, frente al estándar
europeo o internacional de 1.435 mm que ya empezaba a imponerse en aquel momento. Fue una decisión controvertida, que con el tiempo ha contribuido a mantener muy aislado al ferrocarril ibérico (ya de por sí perjudicado por su propia
situación geográfica periférica) respecto del resto de Europa, condenándolo a transbordar tráficos completos (no solo locomotoras o personal) en las fronteras del norte, lo que supone un importante contratiempo, así como a desarrollar internamente y
fabricar trenes específicos para este ancho, en un mercado pequeño.
La decisión en 1988 de construir la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en ancho internacional y la decisión posterior de construir los principales ejes de la red de alta velocidad en este mismo ancho han agravado el problema: se
han generado fronteras ferroviarias interiores entre las redes de ambos anchos. Además, se ha creado la falsa sensación en los ciudadanos españoles de que el ancho es un parámetro crítico para el desarrollo de la Alta Velocidad. Sin embargo, la
realidad es que, aunque la red de Alta Velocidad en España se haya construido casi en su totalidad en ancho europeo, el ancho de vía no influye significativamente en el comportamiento dinámico de los trenes, y no es necesario el ancho estándar
europeo para circular a Alta Velocidad. Entre Ourense y Santiago circulan trenes de Alta Velocidad en ancho ibérico a 250 km/h y la infraestructura permite que lo puedan hacer a 300 km/h.
En la actualidad, por tanto, tenemos dos redes prácticamente separadas: una de 2.800 km en ancho estándar y otra de 11.250 km en ancho ibérico. La diferencia de ancho se da, además de en la frontera con Francia, en muchos otros puntos.
Las tecnologías de cambio de ancho y de ancho mixto permiten resolver determinadas problemáticas, pero están lejos de salvar los enormes condicionantes de explotación que impone la diferencia de anchos. Además, estas tecnologías son costosas,
cautivas de unos pocos proveedores y tienen ciertos inconvenientes.
La lógica dice que realizar una estandarización del ancho de vía, cambiando toda la red a 1.435 mm, puede generar ventajas para el transporte por ferrocarril en España, suficientes al menos para que se considere su planificación. Sin
embargo, además del coste, un cambio de ancho generalizado presentaría importantes inconvenientes que es necesario tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión. De hecho, en los foros de discusión de expertos en el transporte ferroviario se
generan fuertes discusiones técnicas sobre la conveniencia o no de realizar esta operación o sobre la forma de abordarla para afectar lo mínimo posible a la explotación ferroviaria: tanto partidarios como detractores lamentan que no existan
estudios que permitan evaluar en términos de coste y beneficio socioeconómico las ventajas e inconvenientes del cambio de ancho.
En este sentido, las obras de cambio de ancho de vía obligan a establecer restricciones de tráfico, e incluso a cerrar corredores completos desde el inicio hasta la finalización completa de los trabajos, puesto que no es posible
compatibilizar los dos anchos en la misma línea. Además, debe acometerse al mismo tiempo el cambio de ancho de la infraestructura y el material móvil. En núcleos de cercanías, las afectaciones a los viajeros pueden ser muy importantes, y en otros
tramos de la red no existe una ruta alternativa para los tráficos de mercancías durante las obras, por lo que estos pueden llegar a perderse y no recuperarse después.
Las ventajas del cambio de ancho, o más bien los costes de no realizarlo, residen sobre todo en las dificultades de mantener y operar dos redes casi totalmente separadas. La diferencia de anchos obliga a construir accesos separados en las
grandes ciudades, incrementa los costes e impide aprovechar al máximo la capacidad de algunos tramos de la red de Alta Velocidad. Las vías en ancho estándar europeo que se utilizan para la Alta Velocidad no pueden ser utilizadas por los trenes de
Cercanías ni viceversa, por lo que no se pueden compatibilizar servicios como se hace en otros países de Europa. También se dificulta la segregación de tráficos rápidos regionales y los de mercancías, además del ya citado problema del transbordo
del tráfico de mercancías en la frontera francesa: los operadores españoles no pueden utilizar material rodante de otros países europeos en la red convencional, lo que limita su competitividad.
El cambio de ancho tiene un importante coste, porque exige renovar muchos activos en infraestructura y material móvil al mismo tiempo. Aun así, en la evaluación del coste hay que tener en cuenta que una parte importante de la
infraestructura está ya amortizada, por lo que la necesidad de renovación puede ser una oportunidad de mejora. Por otro lado, el cambio de ancho no solucionaría por sí mismo muchos de los problemas del ferrocarril español, como la falta de
capacidad y fiabilidad en los núcleos de cercanías, las carencias en terminales de mercancías, los problemas de mantenimiento, la falta de vías de apartado de 750 metros o incluso 1.500 metros, las fuertes pendientes[...], aunque puede ser un
aliciente para modernizar la red convencional si se toman las decisiones adecuadas.
En cualquier caso, se trata de un asunto complejo que no debe ser objeto de frivolidades ni de opiniones meramente políticas: el cambio de ancho debe ser estudiado convenientemente, huyendo de apriorismos y urgencias, e incluso de la
necesidad de su generalización a absolutamente toda la red. Por tanto, se debe abordar este proceso con racionalidad técnica y transparencia, realizando una planificación concienzuda que no solo aborde este problema, sino todos los que lastran el
transporte ferroviario.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio exhaustivo, dentro de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, de las ventajas e inconvenientes,
tanto sociales como económicos, que conllevaría el cambio de ancho antes de tomar cualquier decisión a este respecto en cualquier tramo. Dicho estudio deberá ser realizado preferentemente por la Oficina Nacional de Evaluación y ser
multidisciplinar, contando con la participación de Adif y Rente y con la colaboración de los operadores ferroviarios y las principales empresas del sector.
2. Realizar un estudio de los problemas de capacidad y fiabilidad que también lastran al transporte ferroviario en España, con objeto de dar una solución global a este modo de transporte.
3. Si finalmente se tomase la decisión de cambiar el ancho de vía, este debe planificarse de manera integral (considerando la infraestructura, el material rodante, las instalaciones logísticas, etcétera), de tal modo que se minimicen las
afecciones a los servicios. Por tanto, deberá introducirse en la planificación estratégica ferroviaria general de la que deba formar parte, detallándose todas las actuaciones:
a) Valoración de las ventajas para la explotación que generaría el cambio de ancho en cada tramo (posibles nuevas conexiones entre la red de ancho ibérico y la red de ancho normal, optimización de estaciones, continuidad de tráfico en ancho
normal hasta la frontera, etcétera).
b) Costes que supondría tanto para la infraestructura como para el material móvil, incluyendo los costes de explotación durante el proceso de todos los operadores ferroviarios.
c) Plazo y planificación de las obras, incluyendo el plan de contingencia durante el periodo en que se compatibilizaran los dos anchos, con especial atención a las afecciones al tráfico de cercanías en los grandes núcleos.
d) Un estudio detallado sobre la potencial pérdida de tráfico de mercancías durante el proceso, períodos de afección y consecuencias, y una estimación de si se podría recuperar este tráfico y en qué grado, cuando se concluya.
e) Un estudio comparado de los beneficios (o del coste de no realizar el cambio) a obtener en los próximos treinta años respecto a la opción de no acometer el cambio.
4. En cualquier caso, en tanto en cuanto no se estudie y se decida qué hacer con el cambio de ancho, no realizar actuaciones locales que puedan perjudicar al ferrocarril en el futuro, como, por ejemplo, instalar un ancho que impida el uso
por parte de los trenes de distinto ancho o realizar renovaciones de vía con soluciones que no permitan el cambio de ancho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y María Muñoz Vidal, Diputados.
162/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Edmundo Bal Francés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la redenominación del Aeropuerto de Valladolid a 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes', para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 17 de octubre de 2020 se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Delibes, uno de los escritores más importantes en lengua castellana de todos los tiempos, con una amplia influencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Su obra
literaria se centra en la narrativa, pero también cuenta con obras teatrales, y llevada al cine en una docena de películas, además de una extensa carrera periodística e incluso, como ilustrador y caricaturista en sus inicios. Valladolid tiene el
honor de haber sido el lugar en que nació Delibes, en el año 1920.
Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, a cuyo diccionario incorporó múltiples términos relacionados con el mundo rural. Se hizo acreedor de numerosos galardones entre ellos, por citar solo algunos de los más importantes, el
Cervantes en 1993, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1981, el Nadal, en 1947, el nacional de las Letras españolas en 1991 y el Nacional de Narrativa en dos ocasiones (1955 y 1999).
Así mismo, recibió el reconocimiento del mundo académico con Doctorados Honoris Causa en múltiples universidades, tales como la Universidad de Valladolid, Complutense, la Universidad de Salamanca o la Universidad del Sarre, en Alemania. Y
no solamente eso, sino que en el año 2000 se creó la Cátedra Miguel Delibes, con sede en las universidades de Nueva York y Valladolid, con el objetivo de abrir un foro de debate sobre la literatura española contemporánea y facilitar su difusión en
Estados Unidos, así como promover proyectos de divulgación de la literatura de nuestro país.
Miguel Delibes fue autor de más de cincuenta obras, habiendo alcanzado muchas de ellas fama inmortal, tales como El Hereje, El Camino, El disputado voto del señor Cayo o Los Santos Inocentes. También, como se ha dicho antes, se prodigó en
otras artes, tales como el periodismo, alcanzando la dirección de El Norte de Castilla durante cinco años, o la caricatura. Cronista imprescindible de la segunda mitad del Siglo XX para una España devastada por la guerra, su obra se convirtió
rápidamente en un clásico.
Porque Delibes dio voz a las zonas rurales de España, a su Castilla querida y al abandono de las mismas. Defensor de las tradiciones, y firmemente comprometido con la justicia, la paz y la naturaleza, se opuso a la censura de un régimen
franquista que quiso silenciarlo en numerosas ocasiones y dio la palabra a aquellos que no podían tenerla en un país arrasado por la guerra. Cuando falleció, el presidente por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, lo llamó 'la voz austera
de un país sumido en el silencio, la más alta cima de la literatura española', y Mariano Rajoy lo definió como 'el gran escritor de la lengua castellana, el campo y la gente'. No hubo nadie que no reconociera la trascendencia del momento. La
pérdida de una de las grandes voces, de uno de los grandes clásicos, de la literatura castellana.
Y, ahora, cuando confrontamos la 'árida y desarreglada' España de provincias que Delibes veía en su tiempo, despoblándose y con cada vez menos oportunidades ante la pasividad del gobierno, ha de reivindicarse como nunca su figura. La
reivindicación de la naturaleza y de considerar la tradición no como adoración de cenizas, sino como transmisión del fuego, que hubiera dicho Gustav Mahler. La lucha por un humanismo militante, basado en la tolerancia a las ideas del otro. Y la
idea de evitar que España volviera a partirse en dos mitades irreconciliables. Unas enseñanzas atemporales que debemos mantener vivas hoy.
Es por ello que consideramos que es deber de Valladolid rendir homenaje a uno de sus hijos ilustres. Esta tierra, de reyes, reinas, artistas y tantos personajes relevantes para la historia de este país, se siente especialmente orgullosa del
hombre que siempre quiso ser libre, que luchó desde sus obras por mejorar las condiciones de aquellos que más sufrían durante los años de guerra y represión, y el que renovó la literatura y vocabulario castellano tras el dolor del conflicto. Miguel
Delibes es una figura capital de la Historia de España, uno de los grandes orgullos de Valladolid, y es de justicia que su nombre presida nuestro aeropuerto, como homenaje a todo aquello que nos ha dado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que considere cambiar la denominación del aeropuerto de Valladolid y pase a llamarse 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés, Diputado.
162/000019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Edmundo Bal Francés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
el impulso de los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El transporte juega un papel crucial para la consecución de las libertades y derechos que la Unión Europea garantiza a sus ciudadanos en todo el territorio de la Unión, y especialmente en aquellas regiones periféricas que cuentan con una
desventaja competitiva, por cuestiones geográficas, respecto a otras regiones europeas.
En esta línea, en 1996, el Parlamento Europeo, junto con el Consejo, adoptó la decisión de desarrollar una red transeuropea de transporte común, una de las principales políticas de la Unión en materia de transporte, con el objetivo de hacer
efectivos los principios fundacionales de la UE. Recientemente, la Unión Europea ha adoptado la planificación, el desarrollo y la explotación de las red transeuropea de transporte, definidas en los Reglamentos UE 1315/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo 'Conectar
Europa', de acuerdo con los objetivos, en particular, de la Estrategia Europa 2020 y del Libro Blanco de la Comisión 'Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible. La normativa
europea obliga al Gobierno en el marco de las Directivas Europeas contempladas en el Tercer y Cuarto Paquete Ferroviario y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1. de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la elaboración de una
Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria. Esta estrategia acumula un retraso de más de dos años sobre el plazo fijado en la normativa y puede resultar en sanciones a España por parte de la
Comisión Europea.
La política de la Unión Europea respecto a la red de transeuropea de transporte comprende nueve corredores. El objetivo es coordinar y combinar financiación de los instrumentos internos y externos pertinentes, tales como los Fondos
Estructurales y de Cohesión, el Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad (NIF) y el Instrumento de Ayuda 'Preadhesión' (IPA), financiación del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros.
No obstante, los Estados Miembros son el actor principal responsable para el desarrollo de la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte. En este sentido, tres de los nueve corredores de la red TEN-T pasan por España y
son responsabilidad del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento. Se trata del Corredor Atlántico y del Corredor Mediterráneo y que transcurren, respectivamente, por un gran número de Comunidades Autónomas: Andalucía, Murcia,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña.
Muchas son las razones para apostar por la red transeuropea de transportes en España:
a) Favorece el comercio, las exportaciones y la competitividad, enlazando puertos, aeropuertos, personas y empresas, es especialmente necesario en la era de la globalización para facilitar el libre comercio interior y las exportaciones a
Europa y al mundo, de nuestros productos a precios más competitivos. La finalización de la red transeuropea de transportes convertirá a España en una plataforma continental de conexión con Europa, y vía de entrada para los productos procedentes y
con destino a América del Sur, Estados Unidos y Canadá. Se reforzarán nuestras relaciones económicas con la UE, y diversas organizaciones de mercados comunes como MERCOSUR en América Latina, o el APTA (Acuerdo Comercial Asia-Pacífico), actuando
como gran puerto intercontinental competitivo.
b) Vertebra los territorios. Se trata de una infraestructura que contribuye a unir y conectar mejor España, las personas y sus territorios, que huye de un modelo excesivamente radial de infraestructuras.
c) incentivar el turismo nacional. Las comunidades autónomas por donde transcurrirá esta infraestructura reciben gran parte del turismo de España. Solo para la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresarios estima que el
aumento del número de visitantes nacionales se
situaría en el 16,3 % y el 10,6 % para los turistas internacionales gracias a la disponibilidad de la nueva red ferroviaria.
d) Apuesta de país por el medio ambiente y la lucha contra la contaminación proporcionando una alternativa más sostenible al transporte de mercancías y pasajeros por carretera. También se podría reducir la siniestralidad del tránsito de
estas rutas. En total, los efectos positivos para la economía en estos aspectos de bajada de la siniestralidad y emisiones podrían superar a unos 15.000 millones de euros en los próximos cuarenta años.
e) Cuenta con un amplio consenso social y económico. Existe una clara y mayoritaria demanda social y empresarial que piden una infraestructura para vender sus productos de forma más competitiva e incrementar la eficiencia en los
desplazamientos entre las ciudades del arco mediterráneo y atlántico.
Sin embargo, hoy siguen sin acabarse y sin desarrollarse de forma completa varios de los trayectos y servicios que comprenden dichos Corredores. El retraso y demora en su construcción es consecuencia de la falta de voluntad política para
establecer un modelo real de movilidad territorial en toda España basado en criterios de eficiencia económica y retorno económico y social de las mismas. Este y los gobiernos previos han considerado la política de infraestructuras como moneda de
cambio para conseguir apoyos electorales. Después de tantos años de promesas incumplidas, es hora de impulsar y acelerar la construcción de la red transeuropea de transporte en España en el marco de una España productiva y garantizando la conexión
de todas las regiones españolas con Europa.
Desde Ciudadanos defendemos el impulso de las infraestructuras de los Corredores a través de actuaciones a lo largo de todos los recorridos y tramos y con un calendario anual de ejecuciones, al mismo tiempo que una dotación presupuestaria de
inversiones realista y sostenible.
Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee la red transeuropea de transporte para la definición del modelo territorial y de movilidad y para la dinamización de la economía de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la eliminación de las barreras en los enlaces transfronterizos, cuellos de botella y nodos intermodales en territorio español.
2. Adoptar con los Grupos Parlamentarios y el conjunto del sector, un Pacto Nacional sobre Infraestructuras y Transporte que impulse los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España.
3. Presentar al Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de un año y en línea con el cumplimiento de las Directivas Europeas contempladas en el Tercer y Cuarto Paquete Ferroviario y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1.
de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, una Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria.
4. Fortalecer la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) con el objetivo de crear un modelo de inversión en infraestructura basado en criterios de rentabilidad socioeconómica y no electoralista, así como promover la transparencia,
imparcialidad, eficiencia y racionalizad de la política de infraestructuras.
5. Dotar de fondos las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución y finalización del Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico en su totalidad.
6. Elevar en el seno de las instituciones europeas la necesidad de cumplir con los compromisos de financiación de las infraestructuras de la red transeuropea de transporte, especialmente a aquellas que se refiere al Corredor Atlántico y al
Corredor Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en materia de lucha contra la discriminación racial y étnica, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por
cualquier otra circunstancia personal o social. Además, el apartado segundo del artículo 9 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en
los que se integra, sea real y efectiva. Así, la no discriminación se constituye como un complemento del derecho a la igualdad y como garantía del disfrute de todos los derechos fundamentales y libertades públicas. Su vinculación inmediata con la
dignidad de la persona, uno de los fundamentos, según el artículo 10 de la Constitución, del orden político y de la paz social, expresa además el carácter necesario de la igualdad como elemento esencial para la construcción de una sociedad cada día
más justa.
El último Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre España publicado el 27 de febrero de 2018, entre otras medidas, establece en la Recomendación núm. 22 que las autoridades españolas adopten a la mayor
brevedad una legislación general contra la discriminación que esté en consonancia con las normas establecidas en los párrafos 4 a 17 de su Recomendación núm. 7 de política general.
Igualmente, en la Recomendación núm. 27 la ECRI recomienda, una vez más, que las autoridades adopten medidas con carácter urgente para crear un organismo de tutela y promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica sea totalmente independiente y tenga las competencias y facultades indicadas en sus Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas para España por el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en su último informe, en particular, las siguientes:
a) La aprobación de un Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que establezca lascondiciones para la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, que esté en consonancia con las normas establecidas en los
párrafos 4 a 17 de su Recomendación núm. 7 de política general.
b) El establecimiento de un organismo independiente para la tutela del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y de promoción de la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, que tenga las competencias y facultades
indicadas en sus Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer
en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Allá por julio de 2018, el por entonces Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, señaló en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo una revisión y actualización de la Ley del
Deporte. Esta norma, que data de 1990, necesita importantes actualizaciones y mejoras que adapten el deporte a sus retos y necesidades actuales, entre ellas, medidas que fomenten la igualdad en uno de los ámbitos donde las mujeres sufren mayor
discriminación con respecto a los hombres.
El deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también
transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes
movimientos sociales. En numerosos casos de actualidad, también para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.
En este sentido, el Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte, tanto es así, que ha redactado el Manifiesto por la igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que
reconoce que 'el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres'.
Además, ha suscrito la Declaración de 'Brighton', la hoja de ruta referente a nivel internacional en materia de mujer y deporte redactada por la 'International Working Group and Women and Sport', cuyos principales objetivos son:
a) Asegurar a todas las mujeres la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.
b) Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.
c) Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.
d) Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.
e) Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida sana.
Pese a ello, a día de hoy, existen numerosos indicadores y controversias que indican que la igualdad en este ámbito está, claramente, lejos de conseguirse: cláusulas antiembarazo en contratos de deportistas profesionales, diferencias en las
cuantías de las becas y premios para las mismas categorías en función del sexo de los competidores, diferencia abismal en el número de licencias deportivas según sexos por falta de fomento del deporte femenino, escasa visibilización y creación de
referentes, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aprobar un Proyecto de Ley que actualice la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, incluyendo en esta actualización toda una serie de medidas encaminadas a promover la igualdad
de la mujer en el ámbito deportivo, incluyendo, al menos, las siguientes:
a) Un apartado específico sobre la existencia de planes de igualdad en todas las federaciones deportivas, con mecanismos de registro y evaluación efectivos que permitan conocer la implementación y desarrollo de los mismos.
b) La obligatoriedad para todas las federaciones y clubes deportivos de la existencia de protocolos contra el acoso y el abuso sexual, solicitando antecedentes penales de personas que vayan a trabajar en ámbitos deportivos en el que exista
una relación con menores de edad y mujeres.
c) La eliminación de toda cláusula contractual discriminatoria para las mujeres deportistas, incluidas expresamente las 'cláusulas antiembarazo' que prevén la penalización o rescisión del contrato de las deportistas embarazadas.
d) La inclusión de mecanismos para que los periodos sin actividad por causa de embarazos y maternidad no penalicen a las mujeres deportistas a la hora de mantener su consideración de deportistas profesionales, participar en competiciones
deportivas u optar a la concesión de becas o ayudas deportivas.
e) El fomento de la incorporación de deportistas en puestos de trabajo técnicos de las federaciones en casos en los que la maternidad o lesiones impidan que puedan seguir compitiendo, contando para ello con una protección social adecuada.
f) La obligatoriedad de qué los premios de campeonatos y competiciones que se financien total o parcialmente con cargo a fondos públicos establezcan las mismas cuantías tanto para la categoría femenina como para la masculina.
g) La obligatoriedad de que las primas que las federaciones otorgan a sus equipos por victorias y campeonatos sean iguales para deportistas hombres y mujeres, en proporción a sus respectivas retribuciones.
h) La promoción de la igualdad en el deporte mediante campañas informativas en diferentes medios de comunicación, así como la cobertura informativa adecuada de las categorías femeninas eventos y competiciones deportivas, especialmente en
aquellos medios de comunicación de titularidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez, Guillermo Díaz Gómez y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las
personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en el año 2006, ratificada posteriormente por España, entrando en vigor en el año 2008.
En su articulado, la Convención recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación a la formación de una familia, un hogar, ser padres y madres y las relaciones personales de los mismos.
En concreto, su artículo 23 recoge lo siguiente:
'Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia.
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar uncí familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos.
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.'
Sin embargo, lo recogido en este artículo no tiene total vigencia en nuestro país. En España, todavía, a día de hoy, se sigue practicando la denominada 'esterilización forzosa o no consentida' a personas con discapacidad o incapacitadas
judicialmente. Así lo permite nuestro Código Penal en su artículo 156.
'Artículo 156.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley,
esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo
caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales.
No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos
excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.'
La permanencia en nuestro Derecho nacional de esta posibilidad legal, más de una década después de la entrada en vigor del Tratado internacional de las personas con discapacidad, constituye una grave anomalía en términos de estrictos
derechos humanos. Que nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por mitos tales como 'el bien de la familia', 'la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres' o 'por su bien',
atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención.
Cabe decir que la esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de
esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Solo en el año 2016 el CERMI, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005-2013.
También Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya recomendó oficialmente al Reino de España, en el año 2011, acomodación de su ordenamiento interno (Código Penal) en este punto, para que no se
vulnerara esta garantía. Igualmente, en su Informe de observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España, concretamente en su recomendación 34, este Comité reitera 'la recomendación que formuló en sus
observaciones finales anteriores (CRPD/C/ESP/CO/1, párr. 38) e insta [a España] a que derogue el artículo 156 de la Ley Orgánica núm. 10/1995 a fin de acabar por completo con la práctica de la esterilización forzada de personas con discapacidad,
así como con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado'.
Asimismo, cabe subrayar el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), en vigor en España en 2014, que prohíbe expresamente
las esterilizaciones forzadas o no consentidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a modificar el artículo 156 del Código Penal a fin de prohibir la práctica de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y
penarla en concordancia con los derechos recogidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un portal web de empleo público universitario, para
su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La oferta de empleo público universitario en España se encuentra atomizada y adolece de una grave falta de transparencia. Cada universidad suele publicar en sus portales de empleo las correspondientes convocatorias, al tiempo que las plazas
correspondientes a personal docente e investigador laborales se recogen en los boletines oficiales de la correspondiente Comunidad Autónoma (salvo las universidades de ámbito estatal), mientras que las de profesores funcionarios sí que son
publicadas en el 'Boletín Oficial del Estado'. Más complejo aún es el conocimiento de las distintas bolsas de empleo o los puestos como profesores sustitutos interinos u otros contratos especiales para investigadores o docentes en cada una de las
universidades públicas españolas.
En un contexto en el que se acusa severamente la endogamia de nuestras universidades, esta situación dificulta notablemente la movilidad interuniversitaria. No cabe duda de que son muchas y más graves las causas generadoras de esta
realidad, desde la falta de un mercado de trabajo auténticamente competitivo y de un modelo de contratación que no promueve la movilidad del profesorado y la formación de excelencia, hasta corruptelas locales que premian fidelidades personales.
Pero a ellas también cabe sumar, como se ha señalado, el difícil acceso a la información sobre posibles convocatorias con ofertas de empleo público universitario.
Así las cosas, y sin perjuicio de que se reconozca la necesidad de acometer una profunda reforma de nuestro sistema universitario, puede compartirse la utilidad de que se reúna en un portal web toda la información referida a ofertas de
empleo público universitario para personal docente e investigador, en cualquiera de sus categorías profesionales o contractuales. De esta manera, cualquier universitario en busca de nuevas posibilidades de empleo tendría una herramienta eficaz y
sencilla, que además prevendría de abusos proteccionistas en los que en ocasiones caen las universidades al publicar de forma oscura y urgente ciertas plazas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que desarrolle un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal docente e investigador (PDI) que se
convoquen en las universidades públicas españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico
y tecnológico en las embajadas de España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El interés estratégico de las relaciones científicas y tecnológicas con ciertos países es hoy, más que nunca, fundamental. Los asuntos científicos y tecnológicos están en la frontera de los nuevos escenarios
asociados a la innovación y a las inversiones en general (económicas, comerciales, empresariales, etcétera).
El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la
internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada 'diplomacia científica' es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la
participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología..
Sin embargo, en la mayoría de embajadas de nuestro país no se atienden los temas científicos ni tecnológicos de un modo integral. Si bien es cierto que algunas embajadas disponen de oficinas que se ocupan de temas científicos, como sucede
por ejemplo con la 'Office for Cultural and Scientific Affairs' de la embajada española en Reino Unido, no se trata de una práctica extendida y mucho menos mayoritaria.
Para solventar esta situación, se propone la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, tal y como existe en países de nuestro entorno como Italia o Francia. La labor del agregado
científico y tecnológico abarcaría, aunque no exclusivamente, la organización de actividades y eventos que refuercen la excelencia científica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos desarrollados por universidades y empresas, participando
activamente en colaboración con el Instituto Cervantes o las oficinas comerciales españolas. También incluiría el apoyo y el desarrollo de la cooperación bilateral, la negociación y la aplicación de acuerdos específicos, la promoción de la ciencia
y la tecnología españolas, la provisión de información acerca del sistema y las políticas científicas aplicadas por los distintos países y la promoción y la gestión de contactos entre investigadores españoles residentes en el extranjero e
investigadores extranjeros.
Por otra parte, esta figura se encargaría de realizar las tareas de asesoramiento al embajador sobre cuestiones científicas y técnicas, informando sobre desarrollos científicos en el exterior, a la vez que actuaría como un portavoz en
asuntos científicos en el extranjero, asistiendo con este a eventos relacionados con la ciencia y la tecnología en colaboración con las academias de ciencia y tecnología, la industria y las autoridades gubernamentales de su país de residencia.
Además, el apoyo decidido de las embajadas a la ciencia y la tecnología abriría las puertas a poder participar en proyectos de dimensión internacional, proyectos que suponen una fuente potencial de ingresos, prestigio y capacidad de
influencia en los mercados internacionales.
Con el fin de poner en valor y capitalizar los sectores de excelencia en la investigación científica y tecnológica y apoyar el avance de las empresas españolas que operan en sectores de tecnología avanzada, se hace necesario contar con una
figura como la del agregado científico y tecnológico. La administración cuenta con un amplio sector del personal ya formado en este contexto que procede de los distintos centros y organismos de investigación y las universidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología
españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y las participación de estos en proyectos de dimensión
internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Canarias lleva años pidiendo un mayor control y registro del volumen y tipo de envases que se introducen en Canarias, para poder gestionar mejor los residuos de envases y embalajes que entran en el sistema integrado de gestión de residuos
establecido en las islas, como por ejemplo Ecoembes o Ecovidrio.
Hay que tener en cuenta la cantidad de productos envasados que introducen en Canarias, no solo van a satisfacer la demanda local, sino que atienden a la demanda de los dieciséis millones de turistas que recibe esta Comunidad Autónoma.
A la hora de analizar los resultados de la recogida selectiva es imprescindible tener el dato correcto de lo puesto en el mercado, por lo que debemos tener en cuenta no solo los envases puestos en el mercado por los envasadores canarios,
sino también el volumen de envases que son importados e introducidos en Canarias. Pero también es clave asegurar que todos los envases que entran en el mercado han contribuido adecuadamente a sufragar los gastos de gestión que supone la recogida
selectiva.
Para conocer el volumen y tipo de envases que entran en el mercado canario se dispone de una vía que garantiza que todos los operadores que importan o introducen productos en Canarias tengan que aportar dicha información, y es el DUA. En el
DUA los operadores económicos deben aportar diversa información relativa al importador y a la mercancía importada e introducida en el mercado canario, por lo que es viable la modificación del DUA para añadir información respecto a los envases y
tipología de las mercancías importadas. El objetivo sería que la información que hoy se aporta en el DUA se ampliara para asegurarnos de que todos los envases puestos en el mercado nacional han contribuido financieramente al sostenimiento del
sistema abonando el pago correspondiente del punto verde.
Una modificación del Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación), permitiría controlar el fraude de todo aquel que está importando productos de consumo y que no están declarando el llamado 'punto
verde', así como evitar la competencia desleal que se produce al ahorrarse un coste y al mismo tiempo, aportaría una información muy valiosa para que, en Canarias, se disponga del dato sobre el flujo de envases que se importan y que entran en el
sistema, por tipo de material, para poder plantear un incremento de las inversiones en las infraestructuras de los complejos ambientales, en el despliegue y mejoras de contenedores y, para que los posibles inversores puedan tener información para
analizar la viabilidad de crear nuevas industrias de reciclaje.
España necesita impulsar decididamente una transición hacia una economía circular. Esto es especialmente acuciante en una economía insular como la de Canarias que, además recibe ocho veces su población en turismo.
La situación actual dista mucho de lo deseable. El gobierno autonómico lleva casi veinte años sin aprobar un Plan de Gestión y del Programa de Prevención de Residuos de Canarias (PIRCAN), desde 2001. En el municipio de Arico se entierra el
80 % de la basura que genera la Isla de Tenerife, según su propio consistorio y la Comisión Europea ha amenazado con multar a España al incumplir la obligación de tener planes de gestión de residuos en todo su territorio y revisarlos cada seis años.
En la actualidad, Aragón, Madrid, Baleares y Canarias carecen de estos planes:
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir en el Documento de Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA de Importación), al igual que se declaran productos, valor, IGIC, AIEM entre otros, información sobre el SIG al que está adherido el producto importado.
En las casillas a incorporar se tendrá que indicar:
- SIG en el que se ha declarado la mercancía importada/introducida (Ecoembes, Ecovidrio o el que proceda).
- Número de identificación del contrato suscrito con el SIG (para poder confirmar si contribuye al punto verde).
- Tipo de producto que importa/introduce (el que se indica en la declaración de envases).
- Tipo de envase (papel, cartón, brick, lata, pet, etc.).
- Material.
- Peso envases gr.
- Número de unidades de envases.
2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración de planes de gestión de residuos y el tratamiento del 100 % de los residuos generados y la reducción al mínimo de los residuos llevados a vertederos.
3. Garantizar la suficiencia económica de Canarias para su transición a una economía circular. 77.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2019.-María Muñoz Vidal y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso
en la elaboración de los informes psicosociales, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los informes psicosociales sobre menores inmersos en procedimientos judiciales, tales como de separación o divorcio, agresiones, o relativos a la custodia de los mismos, son una pieza clave para salvaguardar su interés superior, así como la
tutela judicial efectiva.
Sin embargo, en numerosas ocasiones se producen retrasos -a veces, de hasta dos años- en la elaboración de los mismos, suponiendo un menoscabo evidente en la protección de los menores y desvirtuando el fin mismo de los informes
psicosociales, como es la ajustada toma de decisiones por parte de los órganos judiciales, salvaguardando en todo caso los derechos de los menores.
Algunas de las medidas tomadas, como la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, no ha solucionado esta problemática, optando además con ello a externalizar un servicio que debería
ofrecer la propia Administración de Justicia a través de empleados públicos independientes y con la exigible y controlable especialización y profesionalización.
Los Equipos Psicosociales siguen saturados en cuanto a la carga de trabajo, y la esperada agilización en la ejecución de pericias sigue sin producirse. Asimismo, y a mayor abundamiento, se ha producido en los últimos años un aumento
progresivo de las demandas judiciales para la elaboración de informes periciales en un elevado y heterogéneo número de asuntos, tanto civiles como penales, que no ha sido solventado con el incremento de los Equipos Técnicos, generando desigualdad e
injusticia. Hay que señalar que se han originado una serie de cambios a nivel social y legislativo que confluyen precisamente en ese incremento del número de demandas periciales: cambios legislativos regulando la custodia compartida, una cada vez
mayor intolerancia social hacia la violencia de género y doméstica o un incremento de solicitudes periciales relacionadas con abusos sexuales a menores. Todos ellos son asuntos presentes, como decimos, en la vida social y en los medios de
comunicación, y que afectan profundamente a las familias y a la sociedad en que vivimos.
Entendemos que es manifiesta la necesidad de contar con estos profesionales, reflejada en diversas medidas legislativas, entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Estatuto de la Víctima, donde se hace referencia explícita a la labor
de los especialistas y al 'Equipo Técnico Judicial' en las exploraciones de menores en los procedimientos civiles y penales.
Desde Ciudadanos consideramos que esta situación es inaceptable, primero, porque atenta contra los derechos e intereses de los menores de edad y de las personas más vulnerables, abriendo la puerta a que sigan produciéndose agresiones y
abusos al dilatarse las decisiones judiciales por falta de personal y,
segundo, porque la lentitud que esta falta de personal ocasiona en la resolución de los procedimientos no garantiza su tutela judicial efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Implementar medidas concretas que garanticen los medios necesarios a los equipos psicosociales para el correcto desempeño de su labor. Concretamente, esta puesta a disposición de medios suficientes es fundamental para la agilización en
la ejecución de las pericias en los procedimientos judiciales que afecten a menores y población vulnerable, previa evaluación de las necesidades existentes y con la colaboración, en todo caso, del Consejo General del Poder Judicial.
2. Reconocer el desempeño profesional de los Equipos Psicosociales y crear un Cuerpo Nacional de Psicólogos Forenses y de Trabajadores Sociales Forenses, funcionarizado, con una normativa propia y que facilite la necesaria colaboración de
estos profesionales con el conjunto de Operados Jurídicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2019.-Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar
emocional de los jóvenes, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El documento 'Aceleración mundial de las medidas para promover la salud de los adolescentes (Guía AA-HA!)', publicado en 2017 por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud en 2018, establece que durante años, los problemas de
salud que conciernen especialmente a la adolescencia se han comprendido mal y, en algunos casos, se han pasado por alto, aunque subraya que la situación ha cambiado. En concreto, dicho documento enfatiza que invertir en la salud de los adolescentes
promueve un triple dividendo de beneficios: para los adolescentes ahora, para su vida adulta en el futuro y para la generación venidera. De acuerdo con la OMS, cada adolescente tiene derecho a crecer en las mejores condiciones posibles para llegar
a ser un adulto sano y responsable, contribuir a la sociedad y llevar una vida feliz y plena.
La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable para desarrollar problemas de salud mental ya que el 50 % de los problemas mentales aparecen antes de los catorce años, tal y como recoge la OMS.
Un reciente meta-análisis sugiere una tasa de prevalencia del 9.1 % de jóvenes con problemas emocionales: 6,5 % para trastornos de ansiedad y un 2,6 % para trastornos del estado del ánimo. Estos datos epidemiológicos apuntan a que 110
millones de jóvenes sufren problemas emocionales (ansiedad y depresión) en todo el mundo. Solo en España se estima que casi medio millón de adolescentes sufren problemas emocionales, lo que representa casi el 50 % de todos los trastornos mentales.
En consecuencia, los problemas emocionales, tales como la depresión y la ansiedad, constituyen los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes (WHO, 2016) y suponen una preocupación y un reto para familias, educadores y
profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Actualmente la depresión es una de las enfermedades mentales que más preocupa a las autoridades sanitarias. La depresión
tiene consecuencias muy negativas en todas las áreas de vida de las personas (familia, amigos, trabajo...), y es un importante problema de salud pública, que además implica un alto gasto sanitario. Además, la depresión es el mayor contribuidor al
suicidio (APA, 2014), un problema que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes (informe Juventud en España, 2016). En nuestro país, diez personas mueren al día como consecuencia del suicidio.
En términos de costes, como la Guía AA-HA! recoge, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos aparecen dentro de las cinco primeras causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en los adolescentes.
Los trastornos emocionales en la infancia pueden influir de forma importante en el desarrollo integral de los niños, ya que estos trastornos afectan a todas las áreas del funcionamiento humano (cognitivo, emocional, somático y comportamental).
Además, cuando ocurren en la infancia/adolescencia suelen ir asociados a consecuencias negativas (bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares y sociales, problemas de salud, tentativas de suicidio, suicidio consumado...).
Pese a todo ello, los problemas emocionales son los más infradetectados e infratratados. En concreto, datos de 'University of Rochester Medical Center' (2018) revelan que los trastornos del estado del ánimo son los problemas de salud mental menos
identificados en jóvenes. Sin detección no hay posibilidad de que los adolescentes puedan acceder a intervenciones basadas en la evidencia. Ello sitúa a los jóvenes en una situación de riesgo para el inicio de otros problemas.
Como se señala en el documento elaborado por la Red para la Promoción de la Salud y Bienestar Emocional en los Jóvenes (Red PROEM), 'no hay futuro sin adolescentes emocionalmente sanos'.
Por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes como una línea estratégica dentro del Plan Estatal de Investigación (reto de Salud, cambio Demográfico y Bienestar) y a
desarrollar y potenciar la atención a menores de edad en la nueva Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2019.-Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
162/000028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de la incidencia de
la aplicación de la subvención del 75 % de las tarifas aéreas en territorios no peninsulares, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los territorios extrapeninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla- disfrutan de una bonificación del 75 % del coste de las tarifas aéreas y marítimas del 75 % desde su inclusión en la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado de 2018. El objeto de esta subvención es garantizar que las ciudades extrapeninsulares y ultraperiféricas tengan la misma capacidad de desplazamiento y los mismos derechos que cualquier ciudadano de la Unión Europea, favoreciendo la
cohesión territorial y la unidad del territorio español.
El resultado de la subida de la bonificación al 75 % ha sido un aumento de la demanda, desde julio de 2018, de más de un 5011/0 en los trayectos interinsulares y de un 25 % de los trayectos con la península, según datos del Ministerio de
Fomento. El aumento del tráfico entre islas ha sido muy positivo para el crecimiento económico, especialmente de las islas no capitalinas. En cambio, el aumento de la demanda de los vuelos entre las islas y la península ha provocado una fuerte
subida de precios que es totalmente incoherente con el motivo principal de la subvención, ya que no solo no se han abaratado los billetes, sino que incluso se han encarecido, llegándose a pagar hasta 200 euros por un billete aéreo con la subvención
del 75 %.
El encarecimiento de los billetes perjudica a todos:
- Los precios que paga un residente canario -incluso aplicando el descuento del 75 %- dejan de ser asequibles, especialmente si están forzados a sacar un billete con cierta antelación.
- Aumenta el 'desarraigo' forzado de aquellos ciudadanos canarios que, por motivos laborales, se han tenido que desplazar a la península y han perdido su condición de residentes. No solo pierden la bonificación, sino que además deben pagar
precios muy elevados.
- Dificulta el desplazamiento Península-Canarias de aquellos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como menores hijos de padres separados cuando uno de ellos reside en la península y el otro progenitor reside en las
islas.
El diseño de este tipo de bonificaciones debe vincularse a una vigilancia constante por parte del Ministerio de Fomento, como se hizo con el Gobierno del Partido Popular a través del 'Observatorio de la Conectividad y Precios', dependiente
de la Dirección General de Aviación Civil, encargado de realizar un seguimiento pormenorizado y periódico de la evolución de los mercados aéreos, especialmente de los enlaces domésticos en las regiones no peninsulares. Esta herramienta permitía
analizar la evolución de las condiciones de los servicios aéreos, identificar de forma temprana los problemas y reaccionar ante ellos para implementar soluciones adecuadas que garantizasen en todo momento la conectividad a los ciudadanos.
El aumento de la bonificación, que fue aprobado por el Gobierno del Partido Popular pero fue aplicada por el Gobierno socialista, debió ir acompañada de la implantación de un sistema de análisis de evolución de los precios de los billetes
ante la 'sospecha' de su incremento derivado del incremento de la demanda en coordinación con la CNMC, cosa que el Ministro de Fomento no hizo.
En estos meses se han puesto sobre la mesa varias alternativas para dar solución a los problemas colaterales de la implantación de la bonificación, pero el primer paso debe ser el control y seguimiento de tarifas y servicios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer las modificaciones legales y reglamentarias pertinentes, en coordinación con la CNMC y las principales aerolíneas que operan entre Canarias y Península, para que la subvención no derive en precios abusivos de los billetes aéreos.
2. Estudiar la inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Fomento la no discriminación por precio de los canarios desplazados que han perdido la condición de residentes a fin de garantizarles su derecho a la
movilidad en condiciones geográficas especiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el mantenimiento de la
caja única de la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Seguridad Social es el gran proyecto común de todos los españoles, el principal sistema de protección social del Estado que tiene su origen en la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 con el fin de mejorar el bienestar de los
trabajadores.
Este fue el embrión del Sistema de Seguridad Social que se definió en la reforma institucional de 1978 y se recogió en el artículo 41 de la Constitución: 'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres'.
Así, cumpliendo lo acordado en los Pactos de la Moncloa, se crearon una serie de Organismos que, evolucionados y con nuevas competencias, siguen vigentes hoy en día: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (INGESA), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que se define como 'un servicio común, con personalidad propia,
en el que por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos económicos y la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social'.
La red territorial de la Seguridad Social cuenta hoy con más de 1.000 centros de trabajo en las 52 provincias españolas, que permiten que la solidaridad del modelo de protección social llegue a todos los rincones de nuestro país,
garantizando unas prestaciones sociales concretas e individualizadas para hacer frente a determinadas contingencias que puedan situar a una persona, y a quienes dependan de ella, en situación de necesidad y especial vulnerabilidad.
Esta garantía se sustenta principalmente a través de los ingresos que, por cotizaciones sociales, abonan los trabajadores y empresarios. La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del Sistema, es la encargada de recaudar
mes a mes las cotizaciones sociales de los sujetos obligados a cotizar, independientemente de que el régimen de cotización sea el de un asalariado, un autónomo o un agricultor, y al margen de en qué provincia o comunidad autónoma estén domiciliados
tanto los trabajadores como las empresas.
De esa caja única sale el dinero que se utiliza para pagar tanto las prestaciones por desempleo como fas pensiones, en virtud de un criterio de reparto que es común a todos los territorios y a todos los trabajadores. Este sistema de caja
única es una garantía para la igualdad entre todos los españoles y para la viabilidad de un sistema de bienestar que lleva implícita la solidaridad interterritorial e intergeneracional. Es el verdadero corazón del Sistema que garantiza -por
ejemplo- que todos los pensionistas, vivan donde vivan, cobren su pensión, incluso en territorios donde haya déficit.
El debate sobre la ruptura de la caja única de la Seguridad Social es recurrente, si bien debemos recordar que el Tribunal Constitucional se ha manifestado en numerosas sentencias (124/1989, 195/1996, 16/2013, entre otras) ratificando que el
sistema español de Seguridad Social es de caja única: el Estado es el único titular de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social, garantizando con ello la solidaridad e igualdad de trato entre los españoles, con
independencia de su lugar de residencia.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos fundamental y prioritario mantener estos principios básicos de igualdad y solidaridad entre españoles. La caja de la Seguridad Social es única e intransferible y así deber seguir siendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social y, por tanto, a no realizar ninguna acción o negociación que implique su ruptura o transferencia, para así salvaguardar la
solidaridad e igualdad entre todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.-Carolina España Reina y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don Javier Ortega Smith-Molina, don Ricardo Chamorro Delmo y don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, en calidad de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas en apoyo del sector cinegético en España, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
La actividad cinegética en España es una herramienta imprescindible para la correcta gestión de los ecosistemas, de conservación del medio natural y de mejora de la biodiversidad. Es un instrumento fundamental de gestión del territorio y
uno de los motores económicos del mundo rural, actuando como actividad generadora de empleo que permite la fijación de la población.
Según el primer informe 'Impacto Económico y Social de la Caza en España', elaborado por Deloitte para Fundación Artemisan, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros anuales. El gasto fraccionado (efecto
económico directo, indirecto e inducido) asciende a más de 6.475 millones de euros y crea 187.000 puestos de trabajo.
La actividad cinegética representa el 0,3 % del PIB, que equivale al 13 % del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4 % del sector de la construcción o al 9 % del sector financiero.
Defender la actividad cinegética supone:
1. Contribuir a la generación de riqueza, empleo y aportación a las arcas públicas Con respecto al empleo, la caza mantuvo casi 187.000 puestos de trabajo anuales (el 1 % de la población activa en España), de los cuales cerca de 45.500
empleos fueron empleos directos generados por titulares de cotos y organizaciones profesionales de caza.
Según el informe de Fundación Artemisan, por cada euro gastado en la actividad se generan 1,18 M de PIB. Además, la actividad cinegética contribuye a la recaudación de las haciendas públicas españolas de más de 614 M , de los que el 33 %
son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos por cazadores, rehaleros y gestores de terrenos cinegéticos.
La caza forma parte del acervo cultural de la sociedad española y es practicada por cerca de 800.000 personas, de las que 334.000 cuentan con licencia federativa, consolidándose en el tercer deporte más practicado en España, tras el fútbol y
el baloncesto. España es, además, uno de los países con mayor número de licencias, por detrás de Francia.
España es uno de los principales destinos para cazadores de todo el mundo, especialmente europeos, tanto por su diversidad como por las distintas modalidades de caza. El 87 % del territorio español está declarado como de aprovechamiento
cinegético, lo que suponen 43,8 millones de hectáreas, distribuidas en 32.817 cotos. El 19 % del terreno cinegético nacional se concentra en Castilla y León, que es la comunidad autónoma con mayor extensión, seguida por Castilla-La Mancha y
Andalucía, con un 16 % cada una.
2. Promover la contribución social: educación, seguridad vial, reducción de siniestros agrícolas y arraigo social.
La contribución social de la actividad cinegética se materializa en varios ámbitos, entre los que destacan las actividades de educación y sensibilización, que desarrollan los cotos y sociedades de caza; el impacto positivo en seguridad
vial, sanidad animal y reducción de siniestros agrícolas y el arraigo social que crea la propia actividad junto con el valor cultural de algunas modalidades de caza, como la cetrería.
Respecto a la seguridad vial, la caza evita la sobrepoblación de especies como los jabalíes y los corzos, que son los responsables del 54 % de los accidentes en carreteras ocasionados por fauna silvestre. En cuanto a siniestros agrícolas,
según datos de 2016 que recoge el informe, el 12 % de los 147.432 siniestros agrícolas fueron causados por fauna silvestre, en su mayoría por especies cinegéticas.
La caza es también clave para el control poblacional de especies abundantes, como el jabalí y los cérvidos, contribuyendo a minimizar la expansión de enfermedades, con un coste económico elevado para las explotaciones ganaderas.
3. Colaborar en la contribución medioambiental: inversiones en la conservación de hábitats naturales y el control de sobrepoblaciones.
Según el informe de Fundación Artemisan, la actividad cinegética contribuye directamente al mantenimiento y cuidado del medio ambiente gracias a que es una actividad clave para el control de sobrepoblaciones, así como de enfermedades
animales, y la conservación de hábitats naturales. De hecho, la caza es reconocida por múltiples organismos internacionales (incluida la Comisión Europea)
como un instrumento de gestión de la fauna silvestre y de los ecosistemas, por el impacto positivo que tiene tanto en las especies cinegéticas como en las que no lo son.
En la actualidad, se destinan conjuntamente 233 M en repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental y 54 M al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejora del monte, cortafuegos y cortaderos, entre otros. Estos
casi 300 M que los diferentes sectores invierten en la Conservación del Medio Natural tienen una influencia muy positiva en la conservación de los hábitats.
El ejemplo más relevante de la labor ejercida por los actores cinegéticos en la preservación de la fauna silvestre es la recuperación del lince ibérico, gracias al mantenimiento en los cotos privados de las poblaciones de conejo de monte y
perdiz que le sirven de alimento. De hecho, todos los planes de recuperación del lince ibérico destacan la necesidad de implicar a las sociedades de cazadores, que participan activamente en la elaboración y seguimiento de dichos planes.
Desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos que es necesario adoptar medidas de apoyo al sector cinegético tanto por motivos medioambientales y económicos como por motivos sociales y de fijación de población en el mundo rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer institucionalmente el impacto positivo de la actividad cinegética como aprovechamiento natural sostenible y herramienta imprescindible de gestión de los ecosistemas españoles, de conservación del medio natural y de mejora de la
biodiversidad.
2. Defender el valor estratégico de la actividad cinegética sostenible como instrumento fundamental de gestión del territorio español y, especialmente, como sector dinamizador multisectorial para el desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales, como actividad generadora de empleo que fija la población.
3. Contribuir a la mejora de la imagen de la caza y a la promoción de sus beneficios socioeconómicos y medioambientales como actividad deportiva saludable. Actividad deportiva socializadora con beneficios para la salud a nivel físico y
psíquico que se práctica de manera colectiva por personas de muy diferentes edades y nivel económico y social. Practicada al aire libre y en contacto con la naturaleza. Promover el consumo de los productos de la caza como fuente de alimentación
segura, sostenible y saludable.
4. Exigir respeto a la actividad cinegética y, por ende a los cazadores, que tienen derecho a ser tratados con dignidad, decoro y honorabilidad, no a ser perseguidos ni a ser tratados como infractores potenciales de la Ley. Es importante
adoptar medidas para que erradicar los insultos y las amenazas contra el sector cinegético en medios de comunicación y redes sociales.
5. Tomar medidas contra quienes, sin desempeñar actividad legítima, por cualquier causa, impidieran, limitaran o perjudicaran en cualquier forma el desarrollo de una actividad cinegética autorizada en cualquiera de sus modalidades.
6. Promover una licencia única de caza de carácter nacional, así como unas órdenes de veda coherentes a nivel nacional que sean supra autonómicas, de forma que el control por áreas del territorio no se vea afectado por las líneas que
dividen las Comunidades Autónomas, líneas que las especies no entienden.
7. Asegurar la participación de representantes cualificados del sector cinegético en aquellos órganos de gobierno y gestión relacionados con el medio ambiente, las especies cinegéticas y silvestres, y en todos aquellos referentes a la
conservación o recuperación de los hábitats. Proponemos la incorporación de representantes cualificados del sector cinegético en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
8. Fomentar la economía y el empleo en zonas rurales desfavorecidas, dado la importancia de la caza en estas regiones impulsando la formación para mejorar la competitividad del sector, otorgando mayor estabilidad y fomentando la creación de
nuevos empleos en el entorno rural.
9. Destinar recursos económicos y humanos para promover proyectos de actividad cinegética sostenible en sus diversos aspectos, en especial, la mejora del hábitat y especies.
10. Fomentar el conocimiento de la realidad de la actividad cinegética como modelo de gestión de los ecosistemas mediante la inclusión de esta actividad en los planes educativo/formativos de los centros escolares. Es importante crear
escuelas de caza que ayuden en la mejora de la gestión cinegética.
11. Asegurar la participación del sector cinegético en las conversaciones para el diseño y/o modificación de directivas comunitarias entre la que destaca la Política Agrícola Común (PAC), dirigida a
la creación de medidas agroambientales específicas para la conservación y recuperación de los hábitats. Defender una política compatible con agricultores y cazadores, donde pueda coexistir una agricultura sostenible con la gestión de los
hábitats de las diferentes especies de fauna silvestre. El sector cinegético debe estar presente en la elaboración del Plan Estratégico Nacional.
12. Apoyar la actividad cinegética como el método más eficaz en la lucha contra las enfermedades de la fauna salvaje y doméstica, como es el caso de la peste porcina africana, la tuberculosis, la glosopeda, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2019.- Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
162/000031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don José María Figaredo Álvarez-Sala y don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, en sus respectivas condiciones de Diputados y Portavoz del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley con objeto de suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y así reducir el coste de la factura de la luz y
poner fin a la doble imposición que supone aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre el IEE, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) fue incorporado a los impuestos especiales de fabricación por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que introdujo en el texto de la Ley
38/1992, de Impuestos Especiales, un nuevo Capítulo IX, en su Título I, dedicado a este impuesto. A su vez, el Real Decreto 112/1998, de 30 de enero, al modificar el Reglamento de los Impuestos Especiales, introdujo un nuevo Capítulo IX destinado a
incorporar las normas reglamentarias necesarias en relación con este impuesto.
De acuerdo con lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 66/1997, la creación del Impuesto sobre la Electricidad tenía como objetivo básico la obtención de los ingresos necesarios para compensar la supresión del recargo sobre la
facturación de energía eléctrica, en concepto de ayudas a la minería del carbón, que hasta el 31 de diciembre de 1997 había estado en vigor y que representaba el 4,864 por 100 de la misma. Se trataba, por tanto, de un impuesto que, sin ser un
tributo afectado, nacía vinculado a la asunción por el Estado de un nuevo gasto en relación con el apoyo a dicho sector y a la subsiguiente necesidad de modificar el sistema de financiación de la minería del carbón que, por imperativo Comunitario,
pasa a realizarse a través de los recursos presupuestarios.
En 1998, en España había una veintena de centrales térmicas de carbón, con 11.500 MW de potencia instalada: 1.900 MW de carbón importado; el resto, de carbón nacional (3.300 MW de lignito, 6.000 MW de hulla-antracita y los 300 MW de
Elcogás). En 1998, en España se producía más electricidad quemando carbón que fisionando átomos de uranio.
Las centrales de carbón nacional funcionaban 6.500 horas (el año tiene 8.760); de lunes a viernes sin parar. Uno de cada tres kWh eléctricos consumidos en España se generaba con carbón nacional (50.000 GWh). Se le pagaba a las eléctricas
una peseta por cada kWh producido con carbón nacional.
Desde el 1 de enero de 2015, ya no se incentiva el consumo de carbón nacional. El Real Decreto de 2010 que regulaba dicho incentivo (134/2010), quedó sin efecto el 31 de diciembre de 2014.
El IEE se configuró inicialmente como un Impuesto Especial de Fabricación y fue a partir de 2015 cuando el Impuesto sobre la Electricidad deja de configurarse como un impuesto sobre la fabricación (Ley 28/2014, de 27 de noviembre, BOE del
28), para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica. Este impuesto, para los grandes consumidores industriales, se encuentra exento en un 85 % lo que supone un agravio comparativo para los pequeños consumidores.
En España se produce la paradoja que, aunque cada vez usamos menos carbón nacional y menos minas quedan abiertas, los españoles seguimos pagando el IEE que se mantiene en unas cifras de recaudación de cerca de 1.300 millones de euros a los
que hay que sumar otros 273 millones por el 21 % de IVA sobre la cifra anterior.
Resumamos a continuación una serie de características de este impuesto:
- ¿Qué es el IEE Es uno de los impuestos especiales marcados por el Ministerio de Industria que aparece en todos los recibos de la luz, independientemente de la tarifa eléctrica o compañía y corresponde a un 5.113 % del término de potencia y
de consumo,
- ¿Quiénes son los sujetos pasivos El IEE deben pagarlo todas aquellas personas que tengan contratado un suministro de luz, independientemente de si realizan o no consumo de electricidad dentro de la vivienda.
- ¿Cuáles son las características principales de este impuesto?
Aunque es un impuesto de fabricación, también graba el término de consumo.
Es recaudado por cada comercializadora en nombre del Gobierno.
Corresponde al 5,11269632 % del importe del término de consumo y potencia.
Forma parte de la base del IVA (que se aplica sobre el total de la factura), por lo que supone una doble imposición.
Desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos que este impuesto actualmente no responde a los criterios y fines por los que fue creado, supone un incremento del coste de la factura de la luz a los consumidores e implica una doble
tributación, por lo que proponemos la supresión del mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2019.- Iván Espinosa de los Monteros de Simón, José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.
162/000033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la habilitación de una base permanente o semipermanente de hidroaviones contra incendios en las Islas Canarias, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
La isla de Gran Canaria ha sufrido durante el verano de 2019 incendios de enorme magnitud, en los que se han calcinado miles de hectáreas. El último y más importante ha puesto en grave riesgo el Parque Natural de Tamadaba, considerado como
el pulmón verde de Gran Canaria, quemando más de 10.000 hectáreas y obligando a evacuar de sus hogares a más de 9.000 personas.
Para hacer frente a estos terribles siniestros, las islas Canarias disponen, solamente durante los meses de verano, de un avión de carga en tierra modelo Air Tractor 802F, con una carga útil de 3.100 litros y base en La Gomera; dos
helicópteros de transporte de brigadas de refuerzo modelo Bell 412 y PZL W3A Sokol, con capacidad para 12 pasajeros y carga de entre 1.200 y los 1.500 litros, sitos en la Palma; y un helicóptero bombardero con capacidad para cargar hasta 4.500
litros, con base en Tenerife.
Sin embargo, estos recursos son claramente insuficientes para extinguir los grandes incendios que, como el mencionado anteriormente, han arrasado Gran Canaria. Al no disponer de hidroaviones, mucho más efectivos en la extinción de incendios
por su capacidad para transportar más volumen de agua, y
porque pueden trabajar de forma ininterrumpida durante más tiempo (hasta cuatro horas frente a las dos de los helicópteros), los Canarios se ven obligados a esperar durante horas a que lleguen desde la península.
Tal y como viene denunciando la opinión pública canaria, cargada de razón, esas horas que tardan los hidroaviones en llegar desde la península, una vez que se activan los protocolos anti incendios, son cruciales para poder extinguirlos antes
de que acaben descontrolándose y arrasándolo todo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que dentro de su dispositivo de prevención y extinción de incendios de carácter nacional, en coordinación con la Administración autonómica, habilite una base permanente para hidroaviones contra incendios en alguna de las islas del
archipiélago canario.
2. Que durante todo el año permanezca en dicha base, al menos, un hidroavión que garantice la extinción rápida y efectiva de los grandes incendios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.-María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputada.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón y don Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas a adoptar en relación con las enfermedades raras o poco frecuentes, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Existen tres millones de personas afectadas por enfermedades raras en España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las enfermedades raras (ER) o enfermedades poco frecuentes (EPF) como aquellas en las que se dan las siguientes
circunstancias:
1. Hay peligro de muerte o de invalidez crónica.
2. Baja incidencia (menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes en la Unión Europea). La mayoría (80 %) son de origen genético y únicamente el 34 % dispone de algún tipo de tratamiento efectivo. Son enfermedades que, en su mayoría,
producen gran morbilidad y mortalidad.
Los principales problemas que aquejan a la atención de estos pacientes en general son los que se exponen a continuación:
a) Son enfermedades de difícil diagnóstico, debido al escaso conocimiento que se tiene de ellas, por dos razones:
a. Por su rareza, que impide acumular experiencia.
b. Por la complejidad que tiene el diagnóstico de certeza, ya que son (i) muy variadas y (ii) muy variables en su expresión, incluso con el mismo genotipo (es decir, con la misma información genética, la expresión puede ser distinta).
b) La demora en el diagnóstico puede ser de años, en los que los pacientes recorren varios especialistas sin obtener diagnóstico.
c) El tratamiento es muy complejo y demanda una atención personalizada.
Por otro lado, los problemas que padecen, específicamente, los pacientes en España serían los expuestos a continuación:
1. En España la Estrategia Nacional de enfermedades raras fue publicada por primera vez en 2009, y no está actualizada desde 2014.
2. En España hay 22 Centros, Servicios o Unidades de Referencia (CSUR) especializados en enfermedades raras, la inmensa mayoría concentrados en Barcelona y Madrid y, en menor medida, en Valencia y Sevilla.
3. Estos centros no están financiados o lo están de forma deficiente.
4. La demora en el diagnóstico puede ser de años, y los pacientes normalmente visitan varios especialistas sin obtener diagnóstico.
5. Por otra parte, las barreras autonómicas dificultan el acceso de los pacientes al tratamiento individualizado.
6. Asimismo, hay desigualdades muy llamativas entre regiones en las ayudas que estos pacientes reciben desde el punto de vista asistencial y social.
7. Como consecuencia de ello, resulta comprensible que la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), en palabras de su presidente don Juan Carrión, manifieste que el 40 % de las personas que padecen una enfermedad rara no se
encuentra satisfecha con la atención sanitaria recibida.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, consideramos que es necesario tomar las medidas oportunas que hagan frente a las necesidades sanitarias y sociales de este inmenso grupo de pacientes, y que por su heterogeneidad precisa de una aproximación
distinta a la de aquellos con enfermedades más frecuentes.
Por todo ello, los Diputados suscribientes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro de sus competencias, lleve a cabo e impulse todas las actuaciones necesarias para que se ejecuten las siguientes medidas:
1. Articular los recursos económicos precisos para el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional de enfermedades raras o poco frecuentes.
2. Crear Registros Nacionales a los que se puedan aplicar herramientas de inteligencia artificial para estudiar todos los aspectos epidemiológicos, de diagnóstico y de tratamiento.
3. Crear nuevos centros expertos en diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades y potenciar los existentes, dotándoles de presupuesto adecuado, tanto para pruebas diagnósticas, como para el gasto que conlleva el tratamiento de estas
enfermedades.
4. Crear y potenciar Grupos multidisciplinares que estén alineados con la estrategia de la UE (ORPHANET Rare 2030) y que, además, lleven a cabo las siguientes actuaciones:
a) Incluir en su personal biólogos, genetistas y clínicos, que estén implicados tanto en asistencia básica como en ensayos clínicos.
b) Concentrar la investigación y las terapias de vanguardia, incluyendo las terapias génicas.
c) Estudiar la calidad de vida de estos pacientes.
d) Identificar las tecnologías emergentes y las prácticas sociales con herramientas y procedimientos innovadores.
e) Establecer prioridades para las inversiones a fin de anticipar/adaptar las infraestructuras y servicios regulatorios a necesidades futuras.
5. Implementar y mantener una plataforma digital de consulta a nivel nacional.
6. Diseñar y coordinar la ejecución de procedimientos de derivación de los pacientes a los centros de carácter nacional habilitados a tales efectos.
7. Coordinar la creación de un Comité centralizado, constituido por expertos, para evitar las desigualdades de criterio, impedir presiones comerciales y considerar la prevalencia en las diferentes áreas geográficas.
8. Realizar campañas de concienciación ciudadana, aprovechando el Día Internacional de las Enfermedades Raras (29 de febrero).
9. Diseñar y coordinar la ejecución de un plan de cribado de las enfermedades raras en recién nacidos, al menos de las más dañinas y con respecto de las cuales se disponga de tratamientos eficaces.
10. Implementar un programa de Identificación de portadores.
11. Crear plataformas mixtas entre el Gobierno y las asociaciones de pacientes.
12. Instaurar un programa nacional de ayudas sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción en España de una
normativa homogénea para las diecisiete autonomías en los sistemas de clasificación y ordenación hotelera, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 2 de la Constitución proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles como uno de los valores esenciales que sostienen nuestra identidad. Con este precepto, los
constituyentes han querido subrayar que la soberanía de nuestro país descansa en el pueblo español en su conjunto y no de forma individual en cada una de las 17 autonomías, ni siquiera en cada uno de los pueblos de España.
En España no existe un sistema nacional de clasificación para los hoteles. Cada Gobierno Autonómico tiene su propia legislación aplicándose una serie de requisitos técnicos generales.
Debido a ello podemos pensar que España no es un destino turístico. Son 17 destinos turísticos compitiendo entre ellos mismos porque la normativa es distinta en cada una de las 17 Comunidades Autónomas.
España carece de una normativa, única y homogénea, de clasificación hotelera nacional siendo necesaria una categorización unificadora en base al nivel de calidad de los equipamientos y oferta hotelera y frente a aspectos relacionadas con los
servicios de valor añadido que en la actualidad demandan los usuarios.
El sector hotelero, no solo en Andalucía, arrastra un problema que no facilita su correcta adaptación a lo requerido por la demanda y que no favorece ni a la propia competitividad del sector ni a las expectativas de los usuarios ante la
calidad de los hoteles. Y es que los sistemas de clasificación y ordenación hotelera, los cuales se encargan de otorgar una categoría (generalmente, el número de estrellas) a un establecimiento en nuestro país no están homogeneizados.
Según informe publicado por la Confederación de Empresarios de Andalucía cada país tiene su propio sistema, y en algunos casos como en España o Italia son las regiones las que tienen el suyo propio. Esto provoca, entre otras cuestiones, que
los requisitos de calidad, por ejemplo, para un hotel de cuatro estrellas de la Comunidad Autónoma de Galicia sean diferentes a los de Andalucía, con la consecuente incertidumbre carente de una categorización unificadora en base al nivel de calidad
de los equipamientos y servicios de oferta hotelera.
En Andalucía su sistema de clasificación, vigente desde el año 2004 según el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, además de no estar alineado a los sistemas de su entorno, prima los parámetros más vinculados con
las dimensiones y capacidades de sus infraestructuras y equipamientos, frente a aspectos relacionadas con los servicios de valor añadido que en la actualidad demandan los usuarios.
En la mayoría de los casos, la clasificación hotelera viene diseñada e implantada por los órganos gubernamentales competentes, que supone la garantía de cumplir los estándares de calidad y seguridad de cara al cliente, aunque en ocasiones
adherirse a ellas es de carácter voluntario. En otros casos, las
clasificaciones hoteleras vienen por parte de asociaciones sin ánimo de lucro y otras agencias privadas que, aunque suelen mostrar requisitos similares a las clasificaciones hoteleras oficiales, se adaptan a sus propios intereses.
Asimismo, además de la clasificación general, existen denominaciones que otorgan las Comunidades autónomas, 'Lujo' y 'Gran Lujo', que añaden más confusión.
En conclusión, en España, el modelo actual es calificado por los profesionales del turismo como obsoleto debido a que la clasificación hotelera se encuentra supeditada esencialmente a los elementos estructurales de los establecimientos,
dejando de lado otros aspectos, quizás más importantes, como son, sin ninguna duda el servicio.
La clasificación hotelera española es la tercera de Europa en antigüedad, tras Francia (1942) y Portugal (1954). En nuestro país la primera clasificación hotelera surge en 1968, con la Orden del 19 de junio que dicta un sistema de
clasificación hotelera basada en criterios puramente arquitectónicos donde se establece el rango de una a cinco estrellas.
En 1986, las CCAA empezaron a asumir sus competencias en materia de promoción y ordenación del turismo y, en este mismo año se aprobaron las nuevas normativas hoteleras de Canarias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía, aunque la Comunidad
de Madrid ya había aprobado su normativa propia en 1985. En 1987, hicieron lo propio Asturias, Cataluña y Murcia; conjuntamente con La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En los noventa se aprobaron las nuevas
normativas hoteleras de Aragón (1990), Navarra (1994) y Galicia (1999), mientras tanto, el País Vasco no elaboró su propia normativa hasta el año 2001. En los casos de Baleares, Ceuta y Melilla se sigue aplicando la vieja normativa estatal de 1983.
En definitiva, este necesario proceso de armonización de normativas hoteleras sigue siendo una de las asignaturas pendientes que tiene planteado el turismo español y europeo. Desde hace décadas, profesionales del sector, se quejan de la
inexistencia de un criterio único en la clasificación hotelera lo que provoca desconcierto, competencia desleal y desigualdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
Para que, en coordinación con las Comunidades Autónomas, se adopten las medidas necesarias para impulsar una revisión y actualización de la normativa de los establecimientos hoteleros. Y además:
- Desarrolle una propuesta de convergencia normativa de un único sistema de clasificación hotelera española de acuerdo con las nuevas tendencias del mercado, que favorezca y refuerce nuestra calidad y singularidad.
- Aplique una homogeneización, a través de leyes estatales de armonización del sector turístico, de la legislación turística de las Comunidades Autónomas en materia de apartamentos turísticos, agencias de viajes y en general en aquellos que
contribuyen a la real existencia de un mercado turístico único nacional destinada a la protección del consumidor y del sector turístico.
- Instituya políticas con la intención de establecer unas bases comunes apostando por un mercado de mayor calidad con un criterio único.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2019.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Silvano Manso Olivar e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Diputados.
162/000037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta el Gobierno a
la adopción de medidas en el sector turístico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según nota de prensa publicada el 12 de septiembre por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el plan de ferias 2020 de Turespaña contempla la participación en cuarenta y cuatro ferias internacionales en 26 mercados de Europa, Asia
y América.
La nota de prensa recoge que: 'este plan se enmarca en la estrategia de Turespaña orientada a la mejora de la rentabilidad del turismo internacional, por lo que incide especialmente en la captación de dos segmentos específicos de
consumidores de alta rentabilidad: viajeros de mayor poder adquisitivo de los mercados europeos y turistas de mercados lejanos'.
El Gobierno, en los Presupuestos Generales del Estado, tiene asignada una importante partida presupuestaria para asistir a estas Ferias. Pretende atraer a un viajero de mayor poder adquisitivo, y por ello un turista más exigente.
Paradójicamente apuesta por captar un turista de mayor poder adquisitivo y sin embargo en España muchos establecimientos llevan años y décadas sin renovarse por falta de ayuda al sector.
El sector tiene la necesidad de actualizarse, renovarse y adaptarse a los nuevos turistas sin olvidar la importancia de ofrecer el mejor servicio a nuestros turistas. Nos enfrentamos al reto de renovar nuestro liderazgo como potencia
turística y para ello es indispensable la adaptación y la renovación de establecimientos, servicios y destinos turísticos.
El turismo en España supone cerca del 12% del PIB. Genera puestos de empleos directos e indirectos y ayuda a la marca España como destino.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Tomar medidas que impulsen la renovación de establecimientos, servicios y destinos turísticos.
- Apostar por la adaptación tecnológica del sector a través del desarrollo de las TIC, digitalización, en las instalaciones turísticas.
- Crear líneas de financiación con un interés cero para la renovación de establecimientos, servicios y destinos turísticos.
- Desarrollar planes de formación para estimular la excelencia en la prestación del servicio.
- Apoyar a los autónomos y PYMES en su proceso de digitalización e internacionalización en el sector turístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2019.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Silvano Manso Olivar e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Diputados.
162/000038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para rectificar el acuerdo suscrito
entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 30 de diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el Presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, por el cual los nacionalistas vascos se
comprometían a votar favorablemente la investidura del señor Sánchez.
En ese acuerdo el entonces candidato a Presidente del Gobierno se comprometió, entre otras cosas, 'a proceder en seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que
las realizadas en su día a la Comunidad Autónoma Vasca'. Asimismo, acuerdan que 'el proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la CAV y a la Comunidad Foral de Navarra, así como el de los criterios de reinversión del
superávit de las
Entidades Locales, diputaciones forales y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio'.
Ambos acuerdos no son cuestiones menores para Navarra, pero aunque lo fueran, resulta sorprendente, por no decir indignante, que un Presidente del Gobierno de España en funciones y un presidente de un partido político que dirige otra
Comunidad autónoma española distinta a la navarra, actúen con absoluto desprecio hacia la Comunidad Foral, acordando asuntos que corresponden en exclusiva a las instituciones de Navarra. Esa intolerable injerencia debe ser rechazada en todos sus
términos, no solo por el contenido de la misma, sino también por la forma ofensiva, invasiva y de total intromisión en los asuntos de la Comunidad Foral de Navarra, al margen de los navarros y de las instituciones que les representan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no tomar en consideración los acuerdos suscritos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español en todo lo que se refiera a la Comunidad Foral de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de la identidad de
Navarra, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
No son nuevas las agresiones de distinta naturaleza que la Comunidad Foral de Navarra viene sufriendo por parte del nacionalismo vasco. La pretensión de integrar Navarra en el País Vasco, así como la autodeterminación o ruptura con España,
es su objetivo principal. Para ello, existe una estrategia que pasa, entre otras acciones, por imponer una lengua común, símbolos y cultura también comunes.
Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos, como reza en artículo 1 del Amejoramiento del Fuero. Asimismo, la
Constitución Española, en la Disposición adicional primera, ampara y respeta el régimen Foral.
El Tribunal Constitucional ya sentenció que la Comunidad Autónoma Vasca no podrá incluir en su escudo oficial el emblema de Navarra, obligándole a quitarlo definitivamente tras haberlo incluido como si Navarra formara parte de Euskadi. La
sentencia tardó en cumplirse muchos años, y ahora quieren regular que las cadenas de Navarra formen parte de su escudo y que la Ikurriña, bandera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esté presente en las instituciones de Navarra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar cualquier injerencia en el estatus jurídico y político de la Comunidad Foral de Navarra, definido y amparado en el Amejoramiento del Fuero y en la Constitución Española.
2. Rechazar igualmente los reiterados ataques a la identidad de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la Guardia Civil en
la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 30 de diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el Presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, por el cual los nacionalistas vascos se
comprometían a votar favorablemente la investidura del señor Sánchez.
En ese acuerdo, el candidato a Presidente y el Gobierno que se forme se compromete, entre otras cosas, 'a proceder en seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión
que las realizadas en su día a la Comunidad Autónoma Vasca'.
Guardia Civil y Policía Foral llevan muchos años colaborando y trabajando conjuntamente, y son decenas los agentes de la Guardia Civil de Tráfico afincados en Navarra durante toda una vida profesional y personal. En Navarra no se olvida la
gran labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan en todos los ámbitos, pero especialmente durante los conocidos como 'años de plomo', poniendo su vida y seguridad al servicio del bienestar, libertad y seguridad de los ciudadanos navarros.
Ahora, y como consecuencia del acuerdo suscrito, sin respetar a los navarros y a sus instituciones, la Guardia Civil que ejerce las labores de tráfico en las carreteras navarras, deberá cesar su actividad en el plazo de seis meses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar el acuerdo suscrito el día 30 de diciembre de 2019 entre Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar relativo a ceder la transferencia en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra en el plazo de seis meses.
2. Solicitar que la Guardia Civil de Tráfico y el resto de unidades, se quede en Navarra, porque son parte importante de la Comunidad Foral.
3. Manifestar el reconocimiento y afecto a la Guardia Civil por el trabajo que desarrollan en Navarra y en el conjunto de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de Venezuela, donde
el pasado 5 de enero el régimen de Nicolás Maduro intentó hacerse con el control de la Asamblea Nacional venezolana impidiendo por la fuerza la presencia de los Diputados opositores, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 5 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela debía elegir a una nueva Junta Directiva. Las fuerzas militares y policiales del régimen de Nicolás Maduro bloquearon el acceso a la sede del Parlamento venezolano, violando así el
Reglamento de la Asamblea que garantiza su autonomía para custodiar sus instalaciones, e impidieron a diversos Diputados, incluyendo al propio presidente Guaidó, la entrada al Palacio Federal. Bloquearon, además, la entrada de la prensa, la señal
telefónica y de internet, impidiendo informar libremente a los medios de comunicación de lo que ocurría en el interior.
El resultado del violento trato al que fueron sometidas las fuerzas democráticas venezolanas es que solo pudieron acceder a la Asamblea veinte Diputados, quedándose fuera un 80% de ellos mientras eran registrados por una comisión de 10
personas del Gobierno de Maduro, que revisaban credencial por credencial.
Mientras tanto, un grupo minoritario de diputados del PSUV intentó instalar una Junta Directiva alternativa, que fracasó al no tener el quorum necesario para la votación. Se violó también el artículo 191 de la Constitución Nacional de
Venezuela, al votar personas que había perdido su condición de Diputados por haber aceptado ocupar cargos públicos.
El presidente Guaidó y las fuerzas democráticas habían previsto un lugar alternativo para celebrar la sesión parlamentaria en caso de que esta no pudiera tener lugar con normalidad, tal como la Constitución y el Reglamento permiten. Así, la
Asamblea Nacional se reunió en otro lugar y, con el quorum reglamentario y cien votos a favor, fue nombrada la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ratificando a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, y eligiendo a los
Diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como Primer y Segundo Vicepresidente, respectivamente.
La elección se realizó con el voto nominal y verificable de cada Diputado, en un proceso público en el que se contó con la presencia del cuerpo diplomático y medios de comunicación, nacionales e internacionales. A pesar de la persecución e
inmunidades violadas de los Diputados de las fuerzas democráticas, el régimen de Maduro no logró su propósito de terminar con la única Institución que representa la voluntad del pueblo venezolano.
El rechazo al intento de golpe por parte del régimen de Maduro fue unánime, y la comunidad internacional ha ratificado su respaldo y reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
La condena al asalto a la Asamblea Nacional así como las muestras de apoyo y solidaridad han sido casi generalizados: tanto la OEA como el Grupo de Lima, la Unión Europea, y los gobiernos de Brasil, Ecuador, Paraguay, Colombia, Costa Rica,
Bolivia, Uruguay, Chile, Guatemala, Canadá, Portugal, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos mediante el Secretario de Estado Mike Pompeo y la Embajadora de EE.UU. ante la ONU, entre otros e, incluso, los Gobiernos de Alberto Fernández en Argentina,
Manuel López Obrador en México, Tabaré Vázquez en Uruguay y Cortizo en Panamá.
En España, el Partido Popular ha exigido al Gobierno que respalde al Presidente Guaidó y condene el golpe ilegal contra los demócratas venezolanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Reconozca cuanto antes la legitimidad de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela liderada por Juan Guaidó.
- Condene, tal y como ha hecho la comunidad internacional, el golpe ilegal del gobierno de Maduro y las graves violaciones de los derechos civiles y políticos de los Diputados de las fuerzas democráticas venezolanas al impedirles por la
fuerza entrar en la Asamblea Nacional.
- Condene también la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, adoptada el pasado 16 de diciembre, de revocar la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados opositores, junto a otras maniobras inconstitucionales, con el único
pretexto de impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
- Condene el trato y la violación a la libertad de expresión e información a los medios de comunicación, a los que el régimen de Nicolás Maduro impidió entrar y agredió cuando intentaban hacer su trabajo de informar libremente.
- Lidere en las instituciones de la Unión Europa la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales a los altos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias con el bloqueo de sus cuentas.
- Lidere en la Unión Europea la defensa de la celebración de elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Venezuela.
- Exija a la comunidad internacional que acompañe los procesos de reinstitucionalización y redemocratización en Venezuela, ocupando España un lugar preponderante en esta exigencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-María Valentina Martínez Ferro y Belén Hoyo Juliá, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus
productos reciben los consumidores para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Según los datos publicados en mayo de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el documento 'El sector apícola en cifras', España es actualmente uno de los principales productores de miel de la Unión Europea,
concretamente el Estado miembro con mayor número de colmenas, que suponen aproximadamente el 16% de las colmenas que se hallan en suelo comunitario. El nivel de profesionalización de los apicultores españoles es igualmente el más alto, con mucha
diferencia, sobre el resto de países de la UE, alcanzando el 80%, frente a la media europea de solo el 40,47%. Ello da idea de fa enorme importancia que en el sector apícola español tiene el cumplimiento cabal y estricto de unas reglas de mercado
justas, así como sobre la información al consumidor, que ha de ser exacta y clara, permitiendo así una correcta competencia.
La actual norma europea que regula el etiquetado y la información que el mismo debe contener en envases a través de los cuales se comercialice la miel es la Directiva 2001/110/CE relativa a la miel, modificada por la Directiva 2014/63/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que tienen su reflejo en sendos Reales Decretos 1049/2003 y 473/2015. Con esta legislación europea y española, actualmente se da la circunstancia de que la miel producida en España, como en
cualquier otro Estado miembro, puede ser mezclada con otras mieles de menor coste de producción, tanto procedente de países de la Unión Europea como terceros, con el evidente riesgo de una reducción de la calidad misma de la miel de origen español,
considerada de excelente calidad y con una gran diversidad de variedades.
Las zonas tradicionales de producción de miel en España se centran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León, zonas en las que se ha reducido dicha producción desde 2016, fundamentalmente por motivos meteorológicos.
Por ello, la importación de mieles de otros países de fa UE y de terceros, principalmente China, que en 2018 llegó a ser del 18% del total de miel importada extracomunitaria, se ha convertido en un recurso para mantener niveles de producción aun a
riesgo de reducir significativamente la calidad del producto, dado que la mezcla final de mieles
comercializadas ven minorar su calidad cuando la de producción en España se mezcla en gran medida con otras de otro origen, principalmente extracomunitario, donde los controles previos de calidad en origen son menores o, incluso,
inexistentes. En 2017 incluso se restringió la entrada de miel china en territorio de la Unión Europea por falta de calidad, aunque parece evidente que siguió llegando al mercado europeo disimulada como procedente de países comunitarios con
sistemas de control excesivamente laxos.
La norma europea en vigor, sin embargo, solo obliga a señalar en el etiquetado de los envases en tres categorías: 'mezcla de mieles originarias de la UE', 'mezcla de mieles no originarias de la UE' y 'mezcla de mieles originarias y no
originarias de la UE'. El problema con esta tercera categoría es que no se obliga a determinar en el etiquetado los países de origen de las mieles mezcladas, ni tampoco su porcentaje en la mezcla. Por ello, y como viene denunciando el sector en
España principalmente, es posible etiquetar con esa tercera categoría una miel procedente de la mezcla de un 1% de miel española (o de un Estado UE) y un 99% de miel china, por ejemplo. Si la miel española es una miel distinguida precisamente por
su calidad, no parece oportuno que el consumidor no pueda tener conocimiento y estar perfectamente informado de la procedencia de la miel que consume cuando la misma es producto de mezcla de mieles de diversos orígenes, más allá de que sea de un
país comunitario o no, pero sin identificar ni señalar porcentajes de mezcla, máxime cuando ya se han dado episodios de prohibición de la miel china por la mala calidad en la misma en 2003 y 2004, por presencia de residuos de antibióticos prohibidos
en la UE. En este aspecto, una correcta y adecuada información al consumidor es fundamental ante los riesgos que para la salud puede tener una miel adulterada o que no respete los estándares europeos, aun pese a los controles fitosanitarios UE,
cuando el consumidor no puede llegar a saber el origen real y en porcentaje cierto de la miel que compra para su consumo.
A finales de 2018, el Gobierno de España inició la modificación de su norma interna para recoger las peticiones del sector y obligar así a que el etiquetado de la miel declarase el origen de la misma y su porcentaje de mezcla en todos los
casos. Sin embargo, en el trámite de información previo a la Comisión Europea, esta ha dictaminado negativamente el proyecto del Gobierno español precisamente en su intento de acreditar en el etiquetado de la miel el origen y porcentaje de mezcla,
en su caso, cuando ese aspecto era precisamente esencial en el proyecto presentado.
Es evidente que el sector apícola español y europeo en su conjunto deben avanzar en una mayor calidad de los productos de consumo directo por los ciudadanos, a lo que ayuda, precisamente, el correcto y concreto etiquetado del mismo, máxime
en un producto como la miel en el que ya se han detectado anteriormente situaciones de fraude o mezclas sospechosas que reducen la calidad del propio producto. La situación medioambiental en muchos países terceros, fuera del control fitosanitario
con estándares UE igualmente suponen una implicación de riesgo para la calidad sanitaria misma del producto. Todo ello hace que no ya en España, sino en el seno de la UE se modifique la legislación y criterios aplicables para garantizar la
idoneidad y calidad de la miel, así como la seguridad e integridad en la información al consumidor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a liderar ante las instituciones de la Unión Europea una postura firme en defensa del sector apícola español en concreto y europeo en general, así como a defender el derecho a la
información de los consumidores en materia de etiquetado de la miel, con el objetivo de que se promuevan las modificaciones legales oportunas en referencia a la exigencia de hacer constar en dicho etiquetado el país o los países de origen de la
miel, así como el porcentaje de mezcla que compongan el producto envasado y etiquetado, fundamentalmente y en todo caso cuando se trate de terceros países ajenos a la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento de la normativa publicitaria sobre
medicamentos en los contenidos de redes sociales y plataformas digitales, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos tiempos, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCF) ha constatado incrementados en la demanda de determinados medicamentos que tendrían su origen en recomendaciones concretas realizadas por personas creadoras de
contenidos en redes sociales y plataformas digitales, popularmente conocidas como 'influencers'. Estas personas, la mayoría de las cuales realiza vídeos cuyos contenidos versan sobre moda, estética o nutrición, al recomendar productos de marcas
concretas, estarían llevando a cabo emplazamientos publicitarios encubiertos o incluso completamente involuntarios, como prueba el efecto que sus recomendaciones tienen sobre la demanda de tales productos.
El problema radica en que muchos de estos productos que recomiendan estas 'influencers' son medicamentos que requieren prescripción médica, cuya publicidad en cualquier medio está expresamente prohibida por el Real Decreto 1416/1994, de 25
de junio, por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso humano. Estas restricciones obedecen a razones objetivas de salud pública, siendo el facultativo que prescribe la receta el único responsable de la selección del medicamento más
adecuado para cada paciente en particular.
Dado el crecimiento exponencial durante los últimos años del volumen de contenidos que se visualizan y se comparten en redes sociales y plataformas digitales -solo Youtube tiene hoy 1.900 millones de usuarios-, los eventuales riesgos para la
salud que entraña este tipo de publicidad se multiplican, especialmente cuando se trata medicamentos con prescripción.
Teniendo esto presente, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario reforzar los controles por parte de las autoridades sanitarias, así como la coordinación en materia de vigilancia con los responsables de estas redes
sociales y plataformas digitales con la finalidad de potenciar los mecanismos de autocontrol y, en su caso, de detección y retirada de contenidos que pudieran ser contrarios a la normativa vigente en materia de salud pública, y por todo ello,
presentarnos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a trabajar con los responsables de redes sociales y plataformas digitales que operan en nuestro país con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de publicidad sanitaria, reforzando a tales efectos las labores de vigilancia, detección y, en su caso, retirada de contenidos que vulneren dicha normativa, en particular aquellos que realicen publicidad de cualquier índole sobre medicamentos con
prescripción médica, con la finalidad de proteger adecuadamente la salud pública de toda la población, en especial la de los menores de edad, que acceden o están expuestos a estos contenidos digitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 878/2019, promovido por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la generación de empleo estable de calidad.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan
Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 878-2019 interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, contra la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de la
Región de Murcia, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad. Ha comparecido y formulado alegaciones la representación procesal del gobierno de la Región de Murcia. Ha sido
ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, contra la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de la Región de Murcia, de aceleración de la transformación del
modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad, y, en consecuencia:
1. Declarar inconstitucionales y nulos el inciso 'sin afectar a la equidistribución y cesión' del apartado 9 de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia, introducida por el
art. 7.4 de la Ley 10/2018, así como los incisos 'ni ambientales', 'y, de acuerdo con la normativa ambiental básica, no establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental' y 'sin
producirse una transformación que suponga efectos significativos para el medio ambiente', del art. 145.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, en la redacción dada a ese precepto por el
art. 22.9 de la Ley 10/2018.
2. Declarar que el apartado 6 de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia, introducida por el art. 7.4 de la Ley 10/2018; el art. 22 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de
protección ambiental integrada de la Región de Murcia, en la redacción dada por el art. 23.4 de la Ley 10/2018 y la disposición adicional primera de la Ley 10/2018 no son inconstitucionales si se interpretan en los términos de los fundamentos
jurídicos 5.b), 7 y 8, respectivamente.
3. Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 12 de diciembre de 2019.
232/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4956/2019, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1 (apartados 1.c y 2.g), 11.7, 23.3, 24 y 27.1 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de
noviembre, de las Policías de Navarra.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4956-2019 interpuesto por el presidente del Gobierno contra los arts. 1 [apartados 1.c) y 2.g)]; 11.7; 23.3; 24 y 27.1 de la Ley foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.
Han comparecido y formulado alegaciones el gobierno de la comunidad foral de Navarra y el Parlamento de Navarra. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del
Gobierno contra los arts. 1 [apartados 1.c) y 2.g)]; 11.7; 23.3; 24 y 27.1 de la Ley foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, y, en consecuencia:
1. Declarar que el art. 11.7; el inciso 'sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 párrafo 7 de esta ley foral' del art. 23.3; el inciso 'teniendo a los efectos anteriores la consideración de Agentes de la autoridad' del art.
24.2 y el inciso 'El órgano competente de cada Entidad Local determinará motivadamente, en aquellos casos en que el servicio lo requiera, qué unidades o integrantes de la Policía Local podrán ejercer sus funciones sin vestir el uniforme' del art.
27.1 de la Ley foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, son inconstitucionales y nulos.
2. Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de diciembre de 2019.
232/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5212/2018, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular, contra la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos
históricos de Aragón, en su totalidad y, en particular, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, disposición adicional segunda, disposición adicional tercera en relación con el artículo 3.4, disposición
adicional sexta, disposición final primera y disposición final cuarta.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5212-2018, interpuesto por doña Dolors Montserrat Montserrat, don Rafael Hernando Fraile y don Arturo García-Tizón López, comisionados por 117 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, contra la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón en su totalidad, y, en particular, contra los arts. 1 a 10, 14 a 22, 25 a 27, 29 y 31 a 33; la
disposición adicional segunda; la disposición adicional tercera en relación con el art. 3.4; la disposición adicional sexta; y las disposiciones forales primera y cuarta. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado y las
representaciones legales del Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 5212-2018 y, en consecuencia:
1.º Declarar que son inconstitucionales y nulos los siguientes artículos, apartados o incisos de artículos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón:
- art. 1, apartados 1, 2 y 3.
- arts. 2 a 5.
- art. 6, apartado 1, inciso 'Como sucesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón, y apartado 3, inciso 'al asilo'.
- art. 7, apartado 1 c).
- art. 8, apartado b).
- art. 9.
- art. 10, apartados 1 y 2.
- art. 11, apartado 1.
- art. 14, apartados 1, 2 y 3.
- art. 15.
- art. 16, apartado 3.
- art. 18, apartado 1, inciso 'tiene su origen histórico en la Diputación del Reino'.
- art. 20.
- art. 21.
- art. 22.
- art. 25.
- art. 26, apartados 1, 2 y 3.
- art. 31.
- art. 32 a).
- art. 33, apartados 3 y 5.
- disposición adicional segunda, apartado 1, párrafo primero, inciso 'y sus derechos históricos', y párrafo segundo.
- disposición adicional tercera.
- disposición final tercera.
2.º Declarar que, salvedad hecha del inciso 'y sus derechos históricos', el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional segunda no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento
jurídico 8 j).
3.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 12 de diciembre de 2019.
233/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5927/2018, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con el
apartado 4 del artículo 39 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), por posible vulneración del artículo 25.1 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, Presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5927-2018, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el apartado 4 del artículo 39 de la Ley 17/1997,
de 4 de julio, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, en la redacción dada por el art. 13.3 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Han comparecido y formulado
alegaciones el Gobierno de la Comunidad de Madrid, representado por el letrado de la Comunidad autónoma; la Asamblea de la Comunidad de Madrid, representada por las letradas de la Asamblea de Madrid; el Gobierno de la Nación, representado por el
abogado del Estado; y la entidad Vessel Track, S.L., representada por la procuradora de los Tribunales doña María Pilar Fernández Guerra, bajo la asistencia del letrado don Juan Antonio Lozano Barriga. Ha intervenido la fiscal general del Estado.
Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada y, en su virtud, declarar la
inconstitucionalidad del inciso 'y demás normativa de la Comunidad de Madrid' del apartado 4 del artículo 39 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR), en la redacción dada
por el art. 13.3 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 12 de diciembre de 2019.
233/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1882/2019, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la disposición adicional 13.ª de la Ley
5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña, por posible vulneración del artículo 149.1, apartados 7 y 18 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1882-2019, promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposición adicional 17 de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña,
de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, por presunta vulneración del art. 149,1.7.ª y 18.ª CE. Han comparecido y presentado alegaciones la abogacía del Estado,
la fiscalía general del Estado, el Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Cataluña. Ha sido ponente el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, declarar que el apartado uno de la disposición adicional 13.ª de la Ley 5/2012, de 20 de marzo,
del Parlamento de Cataluña, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, es inconstitucional y nulo, en el inciso 'y del personal laboral del Instituto Catalán de la
Salud al que son aplicables las mismas condiciones que al personal estatutario'.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de diciembre de 2019.