El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: ratificación
de la Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas
urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de
género.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado de 30 de
octubre de 2018, procede ratificar la ponencia de esta proposición de
ley, con la siguiente composición: dos ponentes por el Grupo
Parlamentario Popular, dos ponentes por el Grupo Parlamentario
Socialista, y un ponente por cada uno del resto de grupos parlamentarios.
Así, se propuso a don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; doña Laura Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista;
doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan
Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos; don Miquel
Àngel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; doña
Fuensanta Lima Cid, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi
Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; y doña María Teresa
Tortonda Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobado por asentimiento.

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el
dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas
urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de
género.

A esta proposición de ley se presentaron veintiséis enmiendas. En
relación con las enmiendas, debo comunicar a sus señorías que la
Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la
Mesa de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite las enmiendas 12 a 19
y 21, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
y 26, del Grupo Popular, por considerar que dichas enmiendas carecen de
manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto de la proposición
de ley que se tramita.

La ponencia designada en relación con esta proposición de ley ha
emitido un informe en el que se refleja, en el preámbulo, apartado
primero, introducir, después de «septiembre de 2017», el siguiente texto:
«…así como el informe de la Ponencia de estudio para la elaboración
de estrategias contra la violencia de género aprobado por el Pleno del
Senado de 13 de septiembre de 2017 y posteriormente.»

Se aprueban las enmiendas números 6 y 22, de idéntico tenor, con
una modificación consistente en intercalar «y menores víctimas» entre
«todas las mujeres» y «sin excepción».

En el apartado 2 se aprueba la enmienda 23, corrigiendo su
redacción en el sentido sugerido en el informe del letrado.

En consonancia con lo anterior, se aprueba la incorporación de una
disposición adicional nueva por la que se encomienda al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la Comisión de Estadística
Judicial, para que los boletines estadísticos elaborados en relación con
los delitos de violencia sobre la mujer incluyan el indicador de
discapacidad.

En el apartado 3 se incorpora al artículo 87 quater, apartado 2,
la exigencia de que el informe a que se refiere sea también remitido a la
Comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos a que hace
referencia el informe del Senado sobre las estrategias contra la
violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.

En el apartado 5 se modifica la redacción del párrafo segundo,
nuevo, del artículo 310. Se incorpora la mejora de redacción del informe
del letrado, con la precisión de la enmienda número 24, que se
acepta.

Y en el apartado 10 se incorpora la enmienda número 25.

A continuación, se abrirá un turno para la defensa de las
enmiendas, salvo las que hayan quedado incorporadas al informe de la
ponencia. Defendidas todas las enmiendas, cabrá un único turno en contra,
si se solicitara, por tiempo máximo de diez minutos. Si fueran varios los
que solicitaran dicho turno en contra, el tiempo se dividirá entre todos
ellos. Concluido el turno en contra, se abrirá un turno de portavoces
para la fijación de posición para cada grupo parlamentario.

Pasamos, pues, a la defensa de las enmiendas, sabiendo que hay
tres minutos para la defensa de cada enmienda.

Enmiendas 1 a 4, de los señores Mulet García y Navarrete Pla,
ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente —ya en la ponencia hemos debatido
sobre si las enmiendas iban a ser aceptadas o no y las motivaciones para
que no se aceptaran en este caso— para decir que hemos presentado
cuatro enmiendas con el fin de concretar las atribuciones y competencias
de determinados juzgados; para añadir concreciones en los textos de
algunos artículos que nos parecían de poca concreción y claridad; para
especificar claramente, a pesar de que pudiera ser alguna vez
reiterativo, la formación de los jueces y de todo el personal adscrito a
los juzgados sobre violencia machista; y para tener muy claro que todos
los trabajadores de dichos juzgados deben tener un conocimiento
continuado que pueda ser contrastado y fácilmente demostrable.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Como he dicho, según la
opinión de algunos eran demasiado reiterativas o incluso no estaban del
todo bien redactadas. Pero como no van a ser aceptadas, las vamos a
mantener para su debate en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas 5, 7 a 11 y 20, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.

Nuestras enmiendas, además de algunas mejoras en el texto, se
basan básicamente en dos puntos: todas las violencias contra la mujer y
juzgados específicos.

La primera enmienda, la número 5, muy parecida a la enmienda
número 1, de Compromís, propone adicionar al apartado primero del
artículo 87 ter una nueva letra h), añadiendo entre las competencias de
los juzgados de violencia sobre la mujer en el orden penal la instrucción
de las causas relacionadas con las violencias sexuales. Hay que impregnar
nuestro ordenamiento del Convenio de Estambul firmado en el año 2011 y
ratificado por España en 2014. No solamente podemos hablar de violencia
de género en el ámbito de la pareja o la expareja. Hay que recordar que
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de violencia
sobre la mujer. Cualquier tipo de violencia contra la mujer, aun cuando
no se produzca en el marco de relaciones afectivas o sentimentales, ha de
quedar encuadrada en el marco de la instrucción penal de los juzgados de
violencia contra la mujer. En concreto, cualquier tipo de delito con
contenido de violencia sexual, haya tenido o no la víctima vínculos
afectivos o sentimentales con el agresor, o incluso siendo un perfecto
desconocido, ha de ser instruido por los juzgados de violencia contra la
mujer, toda vez que es evidente que la violencia sexual es ejercida
contra la mujer precisamente por el mero hecho de serlo.

En nuestra opinión, excluir este tipo de delitos del marco
instructor de los juzgados de violencia contra la mujer es excluir
precisamente un tipo de agresiones claramente marcadas por el género y
padecidas por las mujeres precisamente por su condición de tal. Si
formamos solamente en violencia en el ámbito de la pareja nos estaremos
dejando muchísimas cuestiones por el camino.

La enmienda número 6, similar a la enmienda 22, del Grupo Popular,
ya ha sido aceptada.

Las enmiendas 7 y 8 proponen mejoras técnicas pues creemos que de
esta forma queda mucho más claro su redactado.

Por su parte, la enmienda número 9 da un nuevo redactado al
apartado 5 del artículo 433 bis, y ello porque se hace necesario
garantizar por ley la periodicidad anual de los cursos de formación
específicos de la Escuela Judicial, así como que la perspectiva de género
sea una formación que atraviese todos y cada uno de los ámbitos
formativos de los operadores jurisdiccionales. Estamos por ser más
contundentes a la hora de dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la
violencia de género y afianzar el compromiso en su cumplimiento.

La enmienda número 10 se refiere a la comisión de selección para
el acceso a la carrera judicial y fiscal. Sin perjuicio de las
competencias de la comisión de selección para proponer el temario de
acceso, creemos que es necesario especificar que obligatoriamente dicha
propuesta debe contener materias concretas que se refieran a la formación
jurídica integral sobre violencia contra la mujer y especialmente sobre
la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de la
legislación y el derecho.

Con la enmienda número 11 se modifica apartado 5 del artículo 307,
a fin de que al menos un mes de las prácticas tuteladas de los jueces en
prácticas deba prestarse en un juzgado especializado en violencia sobre
la mujer. Y ello, porque uno de los principales objetivos del Pacto de
Estado contra la violencia de género es proporcionar a los operadores
jurisdiccionales una formación transversal obligatoria y continua en todo
lo relacionado con la normativa reguladora de la lucha contra la
violencia machista; y es necesario, no solo una formación en el plano
teórico, sino también en la formación práctica.

La enmienda número 20 se presenta a la disposición adicional
relativa a la revisión de la planta judicial para garantizar por ley la
creación de juzgados destinados al enjuiciamiento de delitos de violencia
de género y violencia sexual. Su número hoy es absolutamente
insuficiente, siendo imprescindible que la red judicial de enjuiciamiento
especializado en delitos relacionados con la violencia contra la mujer
abarque todo el territorio del Estado. A día de hoy, de los 345 juzgados
de lo penal existentes solo 26 se encuentra especializados, y no existen
en todas las comunidades autónomas, situación que debe cambiar. De ahí
nuestra enmienda. Es cierto que ello implicaría posiblemente un esfuerzo
económico, pero creemos que es un esfuerzo necesario.

Para acabar, solo me queda añadir que vamos a mantener estas
enmiendas para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

En turno en contra, ¿algún grupo parlamentario solicita
intervenir? Hay un único turno, de diez minutos. (Pausa).

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente. Seré muy breve.

Vamos a votar en contra de algunas de las enmiendas de Podemos y
el Grupo Mixto porque, como ya explicamos en el Congreso, entendemos que
ya están recogidas en el articulado de la ley. Y votaremos en contra de
otras por motivos meramente conceptuales, porque hablan de conceptos que
no están recogidos en el ordenamiento jurídico y que entendemos que
generan mucha confusión.

En el turno de portavoces comentaremos el proceso en el que hemos
participado para transaccionar algunas enmiendas que se han incorporado
al informe de la ponencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Tiene la palabra, senadora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se ha manifestado en
contra de las enmiendas de Podemos y del Grupo Mixto, y vamos a intentar
explicar el porqué. De las ocho enmiendas de Podemos, siete quedan vivas
porque una de ellas ha sido transaccionada junto a la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Y hay cuatro del Grupo Mixto. Las podemos agrupar,
como ha dicho el senador Comorera, en varios apartados.

Hay algunas enmiendas que pretenden cambios terminológicos y/o
conceptuales, como ha dicho la senadora Berja, cambiando la denominación
de violencia sobre la mujer o violencias de género por violencias
machistas, como la enmienda 2, del Grupo Mixto, o la enmienda 9, de
Podemos. Son enmiendas que no vamos a apoyar porque consideramos que este
cambio es absolutamente innecesario. Es verdad que coloquialmente muchos
de nosotros utilizamos los términos: terrorismo machista, violencias
machistas, violencias de género o violencias contra la mujer, pero la
denominación está clara en las leyes que la regulan, especialmente en la
Ley 1/2004, la ley integral que regula toda la violencia sobre la mujer o
la violencia de género, que en su artículo 1 especifica qué es la
violencia de género, que es aquella que se ejerce sobre la mujer por la
pareja o expareja. Creemos que esta es una definición aceptada,
consolidada, interiorizada por la sociedad, que no genera confusión y,
por tanto, la que se tiene que mantener en los textos legales.

En segundo lugar, hay un grupo de enmiendas que, como también se
ha explicado, intentan incorporar la denominación violencia sexual en la
competencia de los juzgados de violencia de la mujer y la instrucción.
Son la enmienda 1, del Grupo Mixto, literal a la 5, de Podemos, o la 4,
del Grupo Mixto, igual a la 20, de Podemos.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, como todos ustedes
saben, fueron creados por la Ley 1/2004. Sus competencias están reguladas
en el artículo 44 de dicha ley, y entienden, como he comentado, respecto
a la denominación de violencia de género aquella descrita en el
artículo 1 de la ley integral: la violencia ejercida por la pareja o
expareja.

Las enmiendas no son inocuas, sino que pretenden ampliar la
instrucción de las causas. No se trata, señor Comorera, de que excluyamos
determinadas violencias, sino de que no incluyamos unas violencias no
reconocidas hasta el momento en la Ley 1/2004 a través de una reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ustedes pretenden añadir una letra h)
en el artículo 87 ter, aunque no se sabe muy bien en qué punto de ese
artículo, porque correspondería al punto 2, que habla del orden civil;
por lo tanto, creo que ni siquiera la enmienda está bien formulada. A
través de una letra pretenden cambiar el punto 1 de dicho artículo, que
define cuáles son las violencias que se ejercen sobre la mujer, es decir,
el artículo 1 de la ley integral. No es un cambio menor, sino un cambio
que intenta modificar el concepto de violencia de género. Además, es un
cambio que reabre un debate que tuvimos largamente en la ponencia que
trabajó para elaborar el informe que aportamos al Pacto de Estado, cambio
y debate que se reprodujeron en el Pleno con los votos particulares que
el Grupo Parlamentario de Podemos llevó y que también tuvo lugar en el
Congreso en el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Esta fue una de las cuestiones más debatidas, y entre todos los
grupos, pensamos que, en aras de ese consenso, de esa unidad que presidió
los trabajos del pacto, la decisión final fuese que el artículo 1 de la
ley integral quedase tal y como estaba, reflejando que las otras
violencias, esas que no estaban reconocidas en ese artículo, las que
aparecen el Convenio de Estambul, que hemos firmado como Estado, esas
otras violencias, que además hemos reconocido en la Estrategia nacional
aprobada en 2014 y en todas las leyes posteriores que se han ido
elaborando, todas esas violencias, insisto, debían tener consideración en
cuanto a la sensibilización y prevención. Así, hay una serie de medidas
establecidas en el propio Pacto de Estado incluso en la formación. Esta
ley, cuando habla de formación, incorpora todas las violencias del
convenio; la propia reforma, en cuanto a formación, ya las incorpora. Lo
que dijimos fue: todo lo que tenga que ver con el resto de los órganos
judiciales o de las competencias de los órganos judiciales quedará para
una futura regulación específica de esas leyes. Hablábamos de una
regulación específica con una ley de trata o de una regulación específica
con una ley de violencia sexual. Por lo tanto, por coherencia y por
lógica, lo normal es que cuando se aprueben esas leyes se incorpore, y se
deje para esa aprobación, la modificación de la competencia de los
juzgados de violencia, que ustedes pretenden hacer en estas enmiendas que
presentan.

Un tercer bloque de enmiendas va destinado a reproducir debates
que ya se han dado en el Congreso. Incluso muchas de las enmiendas que
ustedes presentan se incorporaron como transaccionales en los debates del
Congreso. Hablo, por ejemplo, de la enmienda 3, del Grupo Mixto, que es
igual a la 10, de Podemos, que pretende marcar el contenido del temario
de la Comisión de selección, al que se refiere el artículo 305 al hablar
de sus competencias. Creemos que este no es el sitio, que se produce una
reiteración, y además que se reabre un debate que, como he dicho, ya tuvo
lugar en el Congreso. Usted mismo reconocía, señor Comorera, que podía
ser una reiteración porque ya está recogido en el artículo 310, en el
artículo 307.2, y en los artículos que tienen que ver con el plan de
formación continuada de la carrera judicial.

También la enmienda 7, de Podemos, hace referencia a la naturaleza
de los juzgados de violencia sobre la mujer. Ustedes entienden que es un
orden jurisdiccional, pero pretenden cambiar la propia naturaleza del
juzgado, porque no es un nuevo orden jurisdiccional, sino una
especialización dentro del orden penal. Por lo tanto, hay una confusión,
y no la vamos a apoyar.

La enmienda 9, de Podemos, habla de los cursos de formación de la
Escuela Judicial y de derecho antidiscriminatorio, algo que ya se
trabajó. No existe como disciplina, y en el debate en el Congreso se dijo
que era mejor mantener la redacción actual.

Y en cuanto a la enmienda 11, de Podemos, relativa a establecer
las prácticas de un mes en los juzgados de violencia sobre la mujer,
coincidimos en la importancia de que, además de la teoría, se den
prácticas en juzgados, pero creemos —lo hemos comentado en el
debate de la ponencia— que es especificar demasiado en la ley.
Quizás podríamos dejar estos temas tan concretos al futuro reglamento que
desarrolle esta ley.

Y quiero aprovechar —y termino ya, señor presidente—
para agradecer a todos los grupos el apoyo a las enmiendas que presentó
el Grupo Parlamentario Popular y que han sido incorporadas al dictamen,
porque enriquecen el texto y porque tienen en cuenta las necesidades
específicas de las mujeres con discapacidad que padecen violencia de
género.

Durante el pacto pusimos especial hincapié en que hubiese un
apartado específico para las mujeres con discapacidad, por esa múltiple
discriminación que sufren, y estas enmiendas mejoran el texto que nos
viene del Congreso, al pedir que las dependencias judiciales sean
accesibles, utilizables y practicables para todo tipo de mujer, y con una
transaccional a la enmienda de Podemos y con la transaccional ofrecida
por el Grupo Socialista, hemos incorporado a los menores. También hemos
pedido que en los temarios de ingreso y promoción se tenga en especial
consideración las situaciones de discriminación múltiple o que, en la
línea de los mandatos del pacto de Estado, se facilite una información
estadística desagregada de mujeres y menores víctimas con discapacidad.
Por lo tanto, agradecemos a los grupos parlamentarios el apoyo a estas
enmiendas porque, de verdad, mejoran una situación de discapacidad
múltiple que sufren estas mujeres.

También hemos mejorado el dictamen al incorporar y al reconocer el
trabajo que realizó el Senado en la ponencia de estudio para elaborar el
informe sobre el pacto de Estado. Creíamos que era de justicia que el
trabajo del Senado no se olvidase y quedase reflejado en la enmienda, y
va a aparecer tanto en el preámbulo como en el artículo 87 quater para
que aquel informe que remita la Comisión del Consejo Anual del Poder
Judicial a la Comisión Especial de Seguimiento del Congreso también venga
a esta comisión. Por tanto, el Grupo Popular está agradecido por las
incorporaciones de las enmiendas porque creemos, sinceramente, que han
mejorado el texto que nos ha remitido el Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Camarero.

Pasamos al turno de portavoces, por un tiempo de cinco minutos
cada grupo.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. No utilizaremos
los cinco minutos.

Básicamente, intervengo para agradecer a los servicios de la
Cámara las recomendaciones que nos han hecho en algunos puntos en los que
faltaba concreción. Y, como no podía ser de otra manera, para anunciar
que apoyaremos la modificación de este texto porque, a pesar de no haber
aceptado nuestras enmiendas, creemos que es de juzgado de guardia
—y nunca mejor dicho— no hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demócrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente. Buenos días.

Intervendré muy brevemente para fijar la posición del Partit
Demòcrata y decir que vamos a apoyar esta proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Tratamos hoy esta proposición de Ley Orgánica, de reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas urgentes en la aplicación
del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Habría que poner en valor —lo ha hecho la presidenta de la
Comisión de Igualdad, Susana Camarero— que se trata de unas medidas
del Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado tras
varios meses de trabajo tanto en el Congreso como en el Senado, algo que
con la enmienda incorporada en el dictamen se subsana, porque no se había
tenido en cuenta todo el trabajo que se había hecho en esta cámara.

Me refiero a las medidas que en el texto conjunto serían el eje
cinco: el impulso de la formación que garantice la mejor respuesta
asistencial y, en concreto, la 226 y la 225; medidas para ampliar la
formación especializada que reciben los y las profesionales y, en este
caso, los referidos a la Administración de Justicia en lo relativo a la
prevención de la violencia contra las mujeres, ampliando estos contenidos
también a juezas y jueces de familia y de menores, además de los juzgados
de violencia de género. Esto último, además, resulta especialmente
necesario para la coordinación de los distintos procedimientos que se ven
en los diferentes juzgados, que a veces suelen presentar
incompatibilidades. También se incorpora la necesidad de introducir la
capacitación en derecho antidiscriminatorio, así como incluir la
perspectiva de género y transversalidad en la oposición a esa escuela
judicial y la formación continua; materias que con la incorporación de
esta ley, por fin, pasan a ser obligatorias y evaluables.

Y, finalmente, también se han introducido materias específicas en
las pruebas de selección, formación especializada en la escuela judicial,
en la formación continua de las carreras fiscal y judicial, así como en
el establecimiento de pruebas de especialización para acceder a órganos
judiciales especializados en violencia sobre la mujer, y el impulso de la
especialización de lo penal, ampliándose su número e implantación a todas
las provincias de manera exclusiva o compartida.

La modificación de esta ley ha venido precedida de un gran acuerdo
en la Cámara Baja, donde obtuvo el apoyo mayoritario de todos los grupos
parlamentarios, sin votos en contra. En el trámite en esta Cámara se han
incorporado varias enmiendas. Hemos manifestado en la ponencia que con
alguna teníamos dudas. En cuanto a la transaccional a la 622 a la que han
llegado el Grupo Socialista, Podemos y el Partido Popular, seguimos
pensando que serían competencias de las comunidades autónomas y de las
administraciones de justicia, no del Consejo General del Poder Judicial,
que solo tiene funciones gubernamentales. En cualquier caso, no sería
suficiente para cambiar el sentido de nuestro voto al dictamen. Porque
entendemos que uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos
las democracias en el siglo XXI es el de acabar con la desigualdad entre
mujeres y hombres, cuya manifestación más brutal es la violencia
estructural que se ejerce contra nosotras. En esto creo que estaremos
todas y todos de acuerdo, y así lo hemos acordado en el Pacto de Estado
en materia de violencia de género.

Dejaré para el pleno muchas opiniones más concretas sobre la ley.
Y en cuanto a manifestar la orientación de nuestro voto, diré que
entendemos que se podría haber ido algo más lejos en la aplicación de
otras medidas del Pacto de Estado atinentes a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, pero también consideramos necesario adoptar sin demora
cualquier medida que incida en la mejora de las respuestas en el ámbito
jurisdiccional que reclaman las víctimas de violencia de género, mujeres
y menores.

Por tanto, entendemos que se trata de un avance, aunque no es
suficiente. De lo que se trata es de seguir dando pasos para conseguir el
objetivo principal, que sería el logro de la igualdad real entre mujeres
y hombres y la eliminación de esta violencia estructural contra las
mujeres.

Apoyaremos la iniciativa, mantendremos la coherencia con los
acuerdos alcanzados, con las enmiendas que se mantengan vivas y votaremos
a favor del dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, presidente.

Nosotros también vamos a votar a favor del dictamen, porque
entendemos que la violencia de género, la violencia que se perpetra
continuamente contra las mujeres constituye una auténtica epidemia que
está causando muchas víctimas y un malestar muy profundo.

Tenemos que vencer inercias muy poderosas, inercias sociales,
inercias culturales, inercias económicas, inercias legales y judiciales.
Por lo tanto, el trabajo que se abre y que nos espera es inmenso.

Para combatir esas inercias era necesario el Pacto de Estado
contra la violencia; es necesaria esta reforma —aunque creo que nos
hemos quedado cortos—; es necesario dotar a los Presupuestos del
Estado de mayores partidas para afrontar la erradicación de esta
violencia, y son necesarias políticas públicas mucho más
contundentes.

Pero, bueno, el camino se hace andando. Se han introducido mejoras
importantes que pueden conseguir que toda la Administración de Justicia
esté mucho más preparada, mucho más mentalizada, mucho más formada para
afrontar con toda su complejidad esa epidemia a la que me refería
antes.

Nosotros votamos a favor en el Congreso e introdujimos también
algunas mejoras referentes a la preservación de las competencias de las
comunidades autónomas, que tienen aquí un importante papel a realizar.
Por lo tanto —repito—, aunque creo que nos hemos quedado
cortos, es un buen principio para intentar profundizar en futuras
ocasiones y ser un poco más ambiciosos. Por eso, votaremos a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Con esta
proposición de ley tratamos de asegurar perspectiva de género al mundo
judicial. Debemos ser conscientes de que con ello solo tratamos de
reparar agujeros del sistema, la sistemática revictimización que hoy
existe. Lo que cambiamos hoy ya debería ser así. No solo esto ya debería
ser así, sino que además solo estamos dando cabida a una muy mínima parte
de lo acordado por el pacto de Estado.

Urge también todo lo demás, y no comprendemos por qué no se está
priorizando, por ejemplo, lo educativo, que es el camino para que la
violencia no se produzca; quizá donde más trabajo hay que hacer, y más
teniendo en cuenta los alarmantes datos de violencia contra la mujer
entre los más jóvenes. Para empezar a erradicar la violencia contra la
mujer con garantías de éxito es más necesario que nunca dirigir programas
de prevención hacia los jóvenes. La educación en las escuelas bajo los
valores de igualdad, así como identificar los problemas, inquietudes o
necesidades que afectan a los colectivos más vulnerables son pilares
imprescindibles.

Además, todas las violencias. Para nosotros es fundamental que
toda víctima de violencia machista sea atendida por operadores jurídicos
especializados. Nos da igual si te viola tu novio o un desconocido. Quien
atiende debe comprender qué es el machismo y su violencia, y los derechos
de la víctima deben ser exactamente los mismos. Nunca más un juez
preguntándose si cerraste bien las piernas. Esta proposición de ley sigue
centrada en la pareja o expareja, y nos parece un error y una
desprotección, pues todo es violencia machista; de ahí nuestras enmiendas
en ese sentido.

Por otra parte, queremos más juzgados dedicados a la violencia
machista. Los tiempos cambian, y las necesidades, también. A la justicia
le toca adaptarse, aunque, como casi siempre, sea despacio. Queremos que
el sistema judicial sea un servicio de primer orden, con recursos, con
tiempo para atender y con formación en género. Si la justicia es ciega al
género, es injusticia, y si es precaria, también. Y llevamos demasiado
tiempo con una justicia precaria.

No deja de ser curioso que se exija especialización a quienes
conocen en primera instancia o instruyen las causas, y no a quienes
juzgan o resuelven sus recursos. En definitiva, da la sensación de que la
especialidad, por poca que sea, va cediendo conforme se ascienden
escalones, algo difícilmente explicable y a lo que hay que poner remedio.
Se puede discutir si tocan o no tocan aquí estas enmiendas que nosotros
proponemos, pero nos parece imprescindible una llamada de atención a ese
debate que necesariamente debemos tener.

Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente el dictamen,
aunque no se hayan aceptado la mayoría de las enmiendas que hemos
presentado, porque a nosotros nos van a encontrar en cualquier medida que
signifique mejorar la respuesta de la jurisdicción en materia de
violencias machistas, aunque va a ser un sí crítico, porque el resultado
es algo decepcionante para nuestro grupo, ya que algunas cuestiones van a
volver a quedar fuera. Y añado, como ya he anticipado antes, que vamos a
mantener las enmiendas para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

El Grupo Parlamentario Socialista va a compartir su tiempo entre
las senadoras Lima y Berja.

Tiene la palabra, senadora Lima.

La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestra utilidad en esta Cámara será siempre valorada
cuando los temas a debatir y luego a aprobar signifiquen, como es el caso
de hoy, implementar nuestro sistema judicial para proteger a quienes
sufren la peor de las lacras de nuestra sociedad, la violencia machista;
en definitiva, ser útiles.

Representar a un país donde en el año 2018 han asesinado a 45
mujeres; desde que contamos con datos oficiales, desde el año 2003, 977;
y 33 menores huérfanos y 27 menores asesinados desde 2013 nos hace
responsables de cambiar nuestro sistema, dando pasos certeros para que un
día podamos proclamar que logramos, entre todas y todos,
erradicarla.

Son 214 medidas, fruto del trabajo de la subcomisión del Congreso
y la ponencia del Senado, con las aportaciones de representantes de la
sociedad civil, expertos y expertas y grupos políticos, en definitiva,
todos y todas las comparecientes que ayudaron a marcar las medidas más
importantes, entre ellas, la formación tanto para la judicatura como para
la carrera fiscal, como intervinientes en el devenir de los
procedimientos en materia de violencia de género. Era una de las medidas
que por unanimidad se consideraba más urgente, además de aumentar los
juzgados especializados, ya que en la actualidad contamos con 345, de los
cuales 26 están especializados, y no todas las comunidades autónomas
cuentan con ellos.

El texto que nos remite el Congreso, tras la presentación de
enmiendas, algunas de ellas aceptadas en temas tan esenciales como que
las dependencias judiciales no deben de servir como espacio de
confrontación de víctima y agresor, la revisión de medidas en los
procedimientos de violencia de género, proponiendo que le correspondiese
a la jueza o juez que dictó las iniciales, o mejorar la información
mediante estadísticas que se aporten con respecto a los casos tratados
tanto en los juzgados especializados como en aquellos que no, tienen como
finalidad modificar la Ley del Poder Judicial en aspectos fundamentales
como son la acreditación en materia de formación previa a ejercer como
profesionales, la formación continua posterior y, sobre todo, la
ampliación de los juzgados especializados.

En definitiva, nuestro cometido es legislar para actualizar,
mejorar la vida de las personas y, máxime, cuando de lo que hablamos es
de mujeres que son maltratadas por el hecho de serlo, algo inadmisible en
una sociedad justa e igualitaria.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Tiene la palabra, senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

El texto que el Congreso remitió a esta Cámara llegaba con un
amplio consenso que en el Partido Socialista hemos querido respetar. Aun
así, tras analizar las enmiendas del resto de los grupos, el Grupo
Socialista ha considerado que era interesante incorporar algunas de
ellas. Por eso hemos participado del proceso de acuerdo con las
modificaciones, que han sido, además, altamente consensuadas. Quiero
agradecer al resto de los grupos esta predisposición.

Señorías, el Pacto de Estado contra la violencia de género
consiguió, en esta cámara, el respaldo unánime de todos los grupos
políticos. Con las diferencias ideológicas manifiestas, supimos
entendernos con un lenguaje común, un lenguaje con dos premisas
fundamentales, una era la denuncia de la violencia machista, y otra, la
protección a las víctimas. Hoy apelo también a ese lenguaje común aquí en
esta comisión, en la Comisión de Justicia, porque esa filosofía nos ha
dado un gran acuerdo y una buena dinámica de trabajo.

Frente a propuestas como las que proponen partidos como Vox, de
derogar la Ley de violencia de género, los partidos del pacto de Estado
tenemos que reivindicar más aplicación de la ley, incluso más recursos
para su aplicación. El Partido Socialista en el Gobierno está
cumplimentado el pacto de Estado con las prioridades que nos detallaron
los comparecientes y las comparecientes de la ponencia. Nos dijeron una y
otra vez que el problema fundamental y el más grave del sistema se
encontraba en los juzgados. El sistema judicial en muchas ocasiones
revictimiza a las mujeres, las cuestiona, no las cree y las desprotege.
Todos los comparecientes, absolutamente todos, insistieron en la
necesidad de formar a los operadores jurídicos en violencia de género e
igualdad ?y voy terminando?.

Es imprescindible que la justicia, con una estructura patriarcal,
incorpore la perspectiva de género. Es fundamental que los juzgados sean
una fuente de protección para las mujeres y no, como en ocasiones ocurre,
el infierno donde no se las entiende. El PSOE en el Gobierno ha
priorizado lo que también priorizaron los expertos y expertas y la
sociedad civil, así que sigamos en este camino.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Tortonda.

La señora TORTONDA GORDILLO: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Popular también quiere agradecer a los
servicios de la Cámara todas y cada una de esas recomendaciones;
indudablemente, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor
del dictamen.

Sin embargo, sí que nos gustaría hacer una serie de aclaraciones,
incluso, si se nos permite, de recomendaciones. Fíjense, 268 medidas
fueron aprobadas en esta Cámara, además por unanimidad, y 214 fueron
aprobadas por los grupos, excepto por Podemos, en el Congreso, pero al
Grupo Socialista, que no al Gobierno —y hay una gran diferencia
porque ustedes ya son Gobierno— no le ha interesado someterse a los
diferentes informes del Consejo General del Poder Judicial, como bien
establece el artículo 561 de la Ley Orgánica que queremos reformar, la
Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que todo lo atinente
a este texto tiene que ser sometido a los informes de dicho consejo. Nos
presentan, después de seis meses de gobierno de Sánchez, su primera y
única iniciativa. Nos presentan una Proposición de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas urgentes
—y subrayo lo de medidas urgentes porque después haré alusión a
ello— para la aplicación del Pacto de Estado en materia de
violencia de género, cuyo objetivo no es otro que la formación
especializada y también específica en esta materia en todos los ámbitos
institucionales, quizá con mayor incidencia en el Poder Judicial.

Y hasta ahí, señorías, yo creo que estamos todos totalmente de
acuerdo, porque forma parte de ese informe que presenta el Senado, que
concretamente hace referencia al área séptima de propuestas de reforma
legislativa y mejora de la respuesta judicial. Por lo tanto, ahí no tiene
nada que decir el Grupo Parlamentario Popular. Pero sí tenemos que
empezar a decir algo. Y no lo tomen como una crítica negativa o
destructiva, sino como una llamada de atención a todos los Grupos
Parlamentarios e indudablemente también, como no puede ser de otra
manera, al Partido Socialista.

En lo que ya no podemos estar tan de acuerdo, señoría, es en la
lentitud en la que está instalado el Gobierno feminista de Sánchez. Y
también el silencio más absoluto de los diferentes grupos que sustentan a
dicho Gobierno. Mire, señoría, son ya ustedes el Gobierno, como les
repetí anteriormente; llevan seis meses ocupándolo, llevan seis meses
ocupando dicho Gobierno. Además, hemos visto y comprobado que los temas
que les interesan los tramitan con muchísima urgencia y con muchísima
celeridad, para que entren en vigor anteayer. Sin embargo, en el tema que
nos ocupa esta mañana, que son las diferentes reformas que se tienen que
poner en marcha, por un lado, para cumplir con ese Pacto de Estado de
violencia de género y, por otro, para que las mujeres y sus hijos tengan
una red de servicios y prestaciones lo suficientemente consolidados y
fuertes, en definitiva, seguros, pues aquí ustedes, el Gobierno, se ha
relajado. Ya no hay prisas; ya no hay prisas, señorías.

Yo le pregunto: ¿ya no es urgente esta cuestión? ¿Ya no son
necesarias las medidas? ¿Ya no mueren mujeres víctimas de violencia de
género? ¿Ya ha dejado de ser un tema crucial y de relevancia nacional? El
Grupo Parlamentario Popular, señorías, sigue estando en el mismo sitio,
es decir, en julio del 2017. ¿Se acuerdan? Estábamos todos de acuerdo en
que, más pronto que tarde, había que ejecutar el pacto.

Por lo tanto, señoría, ¿qué es lo que ha cambiado de entonces a
ahora? No queremos pensar que fue todo fruto de la palabrería, del
postureo o de un paripé, y mucho menos aún que todas esas
reivindicaciones y ese interés se debían a que en el Gobierno estaba el
Partido Popular y el presidente Rajoy. Por cierto, es verdad que el pacto
no es de nadie; es de la sociedad española. Pero si somos sinceros y
somos agradecidos, precisamente hoy estamos hablando de los cambios
legislativos que hay que hacer en la Ley Orgánica del Poder Judicial
porque hubo un partido y hubo un presidente que vio la necesidad de
sentar a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, en una misma
mesa para llegar a un acuerdo en este tema. Y no solamente hubo un
presidente que puso en marcha este pacto, sino que fue también el
presidente que puso negro sobre blanco unos presupuestos que, por
injusticias de la vida, los que votaron en contra, que precisamente
fueron ustedes, hoy son los responsables de ponerlos en marcha y de
gestionarlos; unos presupuestos que, además, ustedes calificaron de
antisociales y raquíticos. Sin embargo, el Gobierno del Partido
Socialista ha dispuesto de la mayor cantidad jamás destinada a la lucha
contra la violencia de género. Entenderán, señorías, que en la oposición
en que se encuentra este Grupo, a través de esa comisión de seguimiento,
controlaremos y fiscalizaremos la ejecución de dichas partidas.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, senadora.

La señora TORTONDA GORDILLO: Termino, presidente.

Yo también les pregunto, señorías, ¿ha cambiado algo en este país
desde que Sánchez es presidente? Y me refiero única y exclusivamente,
como comprenderán, a este tema. ¿Se acabó el tiempo de la muerte? ¿Se
acabó el tiempo de los asesinatos? ¿Se ha acabado el miedo que tienen las
mujeres que sufren violencia de género? ¿Se ha acabado con el machismo?
¿Hoy las mujeres son más libres y más alegres que hace seis meses? Estas
no son palabras mías, señorías, son las palabras de la diputada Díaz
Pérez, del Grupo de Podemos, concretamente el 12 de junio.

Por lo tanto, señorías, sí a esta reforma, teniendo en cuenta que
ustedes la presentan al calor que produce la sentencia de La Manada. ¿Por
qué no se han presentado otras reformas? ¿Cuáles han sido esos criterios?
Porque este Grupo todavía no sabe por qué han prevalecido una reformas
frente a otras.

Señorías, tenemos que decirles en el Grupo Popular que el Gobierno
actual adolece de un proyecto de país y, por lo tanto, también de un
proyecto continuo y sensato para conseguir las mayores cotas de igualdad
entre hombres y mujeres, que es lo que verdaderamente se quiere y es el
objetivo. Presentan esta modificación de cambio legislativo a trozos, de
manera parcial, para parar esa sublevación en las calles. Indudablemente,
el Grupo Parlamentario Popular —y ya termino, señor
presidente— siempre estará donde estuvimos desde el principio, que
no es otro sitio que la defensa de las mujeres y de los menores. Es de
justicia social e indudablemente no es un debate ideológico.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Tortonda.

Pasamos a votar el texto propuesto por la ponencia en su informe,
con las enmiendas incorporadas.

Efectuada la votación fue aprobado por 26 votos a favor.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia la Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado
en materia de violencia de género.

Procede designar al miembro de la comisión que llevará cabo la
presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. ¿Alguna propuesta,
señorías?

La señora CAMARERO BENÍTEZ: El presidente de la comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la Proposición de Ley Orgánica de
reforma de Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. En
primer lugar hay que ratificar la ponencia.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado, de 30 de
octubre de 2018, procede ratificar la ponencia de esa proposición de ley
con la siguiente composición: dos ponentes por el Grupo Parlamentario
Popular, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Socialista y un ponente
por cada uno del resto de grupos parlamentarios.

Así pues, fueron doña Cristina Ayala Santamaría, del Grupo
Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; don Joan Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario
Podemos; don Miquel Àngel Estradé Palau, Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario
Vasco; doña María José Fernández Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Antonio Morales Lázaro, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto, y don
Jorge Alberto Rodríguez Pérez, Grupo Parlamentario Popular.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

Se aprueba la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día, dictamen de
la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.

A esta proposición de ley se presentaron ciento catorce enmiendas,
de las cuales la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, fue posteriormente retirada.

Debo comunicar a sus señorías que la Presidencia del Senado, en
ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, ha
acordado no admitir a trámite las enmiendas 58 a 62 y 64 a 66, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por considerar que
dichas enmiendas carecen, de manera evidente y manifiesta, de conexión
con el objeto de la proposición de ley que se tramita.

La ponencia designada en relación con esta proposición de ley ha
emitido informe, en el que se incorporan las modificaciones propuestas
por las enmiendas números 1, 2, 7, 12, 17, 19 —solamente en cuanto
al nuevo texto del párrafo tercero, pero dejando sin modificación el
segundo del texto remitido—, 29, 50, 54, 98, 100 y 101. Igualmente
a las enmiendas 110, 111, 112, 113 y 114.

Se recoge el espíritu de la enmienda 67 con la nueva redacción, en
la que se establece que las modificaciones a que se refieren los
apartados que indica la disposición transitoria tercera no serán de
aplicación al Consejo General del Poder Judicial hasta la constitución
del primero que tenga lugar bajo la vigencia de esta ley.

El espíritu de la enmienda 90 se acepta pero mediante la
incorporación de los textos idénticos a los propuestos en el Congreso de
los Diputados por las enmiendas números 57, 93 y 96. En relación con las
enmiendas al artículo 484, se acoge el espíritu de las mismas mediante un
texto por el que el acceso a los cuerpos generales y especiales del
personal al servicio de la Administración de Justicia se efectuará a
través de los sistemas y en los términos establecidos en el texto
refundido del Estatuto básico del empleado público.

Dada la incorporación de la enmienda 112 y concordantes, se estima
necesario introducir una disposición transitoria nueva por la que se
establece que, a la entrada en vigor de la ley, se entenderá caducado el
proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial y
procedimientos de designación que forman parte del mismo, quedando sin
efecto.

Por último, se introducen en el preámbulo los oportunos párrafos
explicativos del contenido de la ley, tal y como resulta del informe de
la ponencia.

A continuación se abrirá un turno para la defensa de las
enmiendas, salvo las que hayan quedado incorporadas al informe de la
ponencia. Defendidas todas las enmiendas, cabrá un único turno en contra
si se solicitara por varios grupos parlamentarios, y si fueran varios, se
repartirá el tiempo de veinte minutos. Concluido el turno en contra, se
abrirá el turno de portavoces para la fijación de la oposición por cada
grupo parlamentario.

Pasamos pues a la defensa de las enmiendas sabiendo que hay tres
minutos como máximo por enmienda.

Enmiendas 3 a 6, 8 a 11, 13 a 16, 18 a 20 de los señores Mulet
García y Navarrete Pla, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Muy brevemente
porque, como he dicho anteriormente, lo hemos debatido en ponencia y no
hace falta ahondar mucho más.

Quiero agradecer, y me sorprendo, que nos hayan aceptado siete
enmiendas de veinte, para Compromís todo un récord, por lo tanto, estoy
muy contento por ello.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas, porque ya las
debatiremos en el plenario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Enmiendas 21 a 28, 30 y 31 de la señora Julios Reyes y el señor
Rodríguez Cejas, ambos del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendidas las enmiendas que ha
mencionado, correspondientes a los compañeros de Coalición Canaria, y por
mantenidas vivas para el debate en el plenario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Enmiendas 32 a 42 de los señores Bagué Roura y Cleries i Gonzàlez,
ambos de Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Tiene la palabra, senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, gracias, señor presidente.
Telegráficamente.

La enmienda 32 hacía referencia a la administración que es
competente; simplemente dejaba claro que si una comunidad autónoma tiene
competencia en una materia, pues que deba atenderse a esa
responsabilidad.

La número 33 es de supresión, porque entendemos que el partido
judicial como demarcación es más cercano al administrado, al
ciudadano.

La enmienda 34 es de modificación, por cuanto hace referencia al
refuerzo al órgano judicial.

La número enmienda 35 es de adición, porque entendemos que, según
volumen de trabajo, sería interesante que hubiese flexibilidad a la hora
de aplicar mayores recursos.

La número 36 es de modificación. Plantea la opción de que exista
la figura de un segundo secretario coordinador en aquellas demarcaciones
que por volumen de trabajo pues sea necesario. Es evidente que es muy
distinta una demarcación u otra. En ese sentido entendemos que abrir la
opción a que exista un segundo secretario coordinador podría ser
interesante y eficaz.

Las enmiendas números 37 y 38 son también de supresión. Entendemos
que el redactado actual es mejor al que se propone.

La enmienda número 39 es de modificación. Entendemos que limitar
el periodo a seis meses es muy reducido por cuanto la sustitución era de
un año. Entendemos que seis meses, cuando estamos hablando de una
sustitución de un año, es poco efectivo.

La enmienda número 40 es de supresión también, porque entendemos
que el redactado original era mejor que el propuesto.

La enmienda 41 es muy técnica y la enmienda 42 hace referencia a
la movilidad.

En todo caso todas las enmiendas, de la 32 a la 42, ambas
inclusive, pues, las damos por defendidas y las mantenemos vivas para
poder debatirlas en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Para la defensa de las enmiendas 70 a 89, 91 a 97, 99 y 102 a 109,
de la señora Roldán Suárez y de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront
y Marcos Arias, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Sí, señor presidente.

Me han pedido que las dé por definidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Navarrete.

Enmiendas 43 a 45, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.

Tiene la palabra, senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Sí, señor presidente, gracias.

Nosotros en el Congreso mantuvimos vivas una serie de enmiendas,
de la 35 a la 39, relativas a la elección de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial, porque entendemos que esta cuestión necesita
una reforma a fondo, como hemos podido ver estas últimas semanas. No las
hemos mantenido aquí porque entendíamos que no había ninguna posibilidad
de que prosperasen, aunque en nuestra intervención en el Pleno vamos a
hacer referencia a ello. No lo hemos querido votar otra vez, porque
además sabíamos que no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Y lo mismo
nos ha pasado con las enmiendas 47 y 48 del Congreso que hacían
referencia a un consell de justicia de Catalunya, con las que entendemos
que se ha perdido una oportunidad para recuperar algunos de los artículos
del Estatuto de Cataluña que tuvieron un gran apoyo en el Parlamento
catalán. Y tampoco lo hemos mantenido aquí un poco por la misma razón,
aunque en el Pleno haremos referencia a esas enmiendas porque constituyen
uno de los motivos por los cuales no vamos a votar a favor de la reforma
que ahora estamos debatiendo.

En cambio hemos añadido tres enmiendas: la enmienda 43, que hace
referencia a que el Consejo General del Poder Judicial no pueda crear
juzgados sin una vigencia temporal limitada, porque entendemos que esa
competencia no corresponde al consejo, sino al legislador. Entendíamos
que, eliminando que la designación de nuevos juzgados se haga de manera
excepcional y por el tiempo que se determine, se otorgaba unas
competencias al Consejo General del Poder Judicial que podían ser
utilizadas de forma negativa para el funcionamiento de la justicia.

La enmienda 44 va también en la misma línea, en el sentido de que
jamás el Consejo General del Poder Judicial puede modificar la planta ni
la demarcación, pues esta es una competencia reservada al legislador. Por
eso hemos introducido esa enmienda.

Y la última, la enmienda 45 hace referencia a la uniformación. Ya
explicaremos en el Pleno su contenido y por qué la hemos presentado.

Pedimos por tanto que se mantengan vivas para poderlas votar y
debatir en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Estradé.

Y las enmiendas 46 a 49, 51 a 53, 55 a 57, 68 y 69, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Tiene la palabra, señor Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.

Lo primero que quiero es pues agradecer las enmiendas que han sido
aceptadas, algunas de ellas directamente, otras a través de otras
enmiendas similares a las nuestras de otros grupos parlamentarios.

Doy por defendidas nuestras enmiendas, que no han sido aceptadas y
que mantendremos vivas en el Pleno.

Y únicamente me gustaría hacer una reflexión. A nuestro grupo se
nos han inadmitido, tanto en esta proposición de ley como en la anterior,
diversas enmiendas que efectivamente estaban cruzadas por carecer de
manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto de la proposición
de ley que se tramita, y es verdad, pero también me quiero preguntar qué
tienen que ver las enmiendas sobre los centros de destino, sobre la forma
de elección del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, con una
proposición de ley que versa sobre la recuperación de derechos en materia
de permisos y licencias. Y no es la primera vez y lamentablemente creo
que no será la última, pero como legislativo nos tendríamos que preguntar
quizás si esta técnica legislativa es la más idónea. Y ahí lo dejo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Comorera.

¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra?

Grupo Parlamentario Socialista.

¿Alguien más? ¿Sí o no? ¿Lo desea utilizar o no?
(Asentimiento).

Se reparten los diez minutos.

Tiene la palabra, senadora.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Tengo que intervenir para agradecer a
los servicios de la Cámara la forma en la que nos han proporcionado y nos
han facilitado la tarea que hemos tenido que realizar en referencia al
estudio de esta proposición de ley.

En segundo lugar quiero agradecer que se hayan incorporado las dos
únicas enmiendas que ha presentado el Partido Socialista a esta
proposición de ley. Una no menor, importante también, que es de
modificación del artículo 1, apartado 4. Proponemos modificar el
artículo 230 en su apartado 30: «que las actuaciones orales y vistas
grabadas y documentadas en soporte digital no puedan transcribirse salvo
en casos excepcionalmente o expresamente previstos por la ley». Y la que
para nosotros es vital y fundamental, que es una enmienda técnica, al
artículo 1, apartado 37, en la que planteamos modificar el artículo 521
en su apartado 33.

¿Qué pretende esta enmienda que, como digo, para nosotros es
fundamental, y agradecemos enormemente que se haya incorporado en la
ponencia? Significa, yo creo, volver al espíritu que tuvo esta ponencia y
esta proposición de ley cuando en octubre de 2017 se planteó en la
Cámara, que no es otra que los trabajadores de la Administración de
Justicia recuperaran derechos perdidos en la etapa de la crisis,
recuperaran derechos laborales, igual que había sucedido en otras
administraciones del Estado. Por tanto esta enmienda que nosotros
planteamos de modificación del artículo 521 pretende dar respuesta al
compromiso asumido por este grupo con el conjunto de trabajadores de esta
Administración de Justicia, con el conjunto de los 50.000 funcionarios
que prestan cada día su servicio, una prestación básica, a la
Administración de Justicia, en referencia a sus centros de destino, en
referencia a los puestos de trabajo, a la calificación de sus puestos de
trabajo, a la provisión de esos puestos de trabajo y en qué cuerpos se
adscriben los distintos funcionarios.

Damos respuesta a una reivindicación de estos trabajadores,
espíritu de esta proposición, que la hemos olvidado en el camino, creo
que muy alegremente, por el Partido Popular, grupo proponente de la
enmienda que ya en el Congreso le planteó 50 enmiendas y que ahora
introduce enmiendas in voce aquí, sobre la marcha, de aspectos que nada
tienen que ver ni con el título ni con la exposición de motivos de esta
proposición de ley que hoy se plantea.

Creo que es de justicia, con esos derechos que, de manera poco
transparente, se colaron en el trámite del Congreso —razones habría
para atacar esos derechos laborales y constitucionales del conjunto de
los funcionarios de Justicia—, y tenemos una oportunidad, aquí, en
el Senado, retrotraernos a esa decisión y, desde luego, considerar la
petición que unánimemente, como digo, todos los funcionarios nos han
hecho.

Para nosotros esta enmienda es vital y mejorará enormemente el
texto de la proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Muñoz.

Tiene la palabra la senadora Ayala Santamaría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, presidente.

Lo primero es el turno de agradecimientos, y especialmente al
letrado, porque la verdad es que es una ley bastante compleja. Hay que
decir que es cierto que no nos ha dado tiempo, como es lógico, a leer esa
parte que ha preparado en este tiempo. Así que le pido que nos deje ese
margen para poder comprobar que, efectivamente, todo se ha ajustado a lo
que hemos comentado en la ponencia, que con toda seguridad es así, pero
sí que le pido tiempo para esa comprobación posterior.

Queremos comentar, compañeros, en relación con el tema de las
enmiendas, que lo que ha hecho el grupo mayoritario ha sido ser
consciente de que, tras el período de crisis, ha venido una época en la
que las cosas han ido sensiblemente mejor, primero, porque ha habido un
esfuerzo, que se les ha pedido a los funcionarios —y eso, desde
luego, hay que agradecérselo— muy por encima del que se ha exigido
a otros colectivos. Hemos de agradecer, por tanto, al colectivo
funcionarial que haya estado más que a la altura y haya sido muy generoso
a este respecto, pero también —y por qué no decirlo— se debe
a un Gobierno que ha hecho lo que tenía que hacer y que ha puesto en
orden otra vez todas las cuentas del país, ya que eso ha sido lo que ha
permitido volver a todas esas cuestiones que se habían cambiado en el
momento de la crisis.

Es verdad que ahí todos hemos hecho un esfuerzo importante
respecto a parte de las enmiendas que se llevaban. Por ejemplo, cabe
comentar, respecto a lo que decía mi compañera del Partido Socialista,
el 521. Si no recuerdo mal, este tema del centro de destino lo aprobamos
todos en el Congreso. Creo que echar la culpa al Partido Popular, cuando
fue una cuestión que todos aprobamos, dejémoslo en que no lo
compartimos.

Dicho lo cual, vista la enmienda, hemos estado hablando con
distintos colectivos y la verdad es que hemos entendido que, en este
momento, procede dejar el 521 como estaba en un momento anterior, y creo
que han sido todos los grupos políticos los que han estado de acuerdo en
esta cuestión.

Creo que hemos hecho el esfuerzo de devolver a los funcionarios
esos esfuerzos que les pedimos en su momento respecto a temas
relacionados con las bajas de enfermedad, respecto a la carrera
profesional, respecto a la limitación de seis meses de los interinos,
sobre lo cual el compañero Estradé comentaba que no se habrá recogido su
enmienda, pero, como hemos comentado en ponencia, se ha recogido otra con
un sentido similar, y el tema de los tres días de permiso pendiente de
los años 2017 y 2018.

Por tanto, creo que, con el esfuerzo de la ponencia, queda una
propuesta de Ley Orgánica de Poder Judicial mejor que la que entró, que
al final, para eso es para lo que estamos en esta Cámara.

Por tanto, poco más que decir. Agradecemos el trabajo de todos los
que han contribuido a que esto mejore.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Ayala.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para decirles que Compromís tiene una
sensación encontrada cuando debatimos este tema. Es claro y evidente que
esta reforma enriquece la relación de utilización de medios electrónicos,
la transparencia, la provisión de plazas, el recuperar algunos derechos
de los trabajadores de la Administración de la Justicia, igualmente
interesante la equiparación paridad entre los vocales, etcétera, pero nos
produce, como decía, unos sentimientos encontrados. Por eso, quizás
cambiaremos el voto que teníamos en el Congreso, que era a favor, por una
abstención o por un... No lo sé exactamente aún, no lo he acabado de
decidir, por esa cuestión de que, cuando un grupo parlamentario presenta
enmiendas, se le pide una justificación muy densa y contundente para
aceptárselas y a otros se les deja con una mejora técnica o con mejorar
el medio judicial, etcétera. Primero, es sorprendente, y después, aquello
de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, aprovechando
que la ley pasa por el Senado, voy a introducir una modificación de la
ley que, al paréntesis del título, no le parece ir muy adecuada.

Por eso les decía que teníamos un sentimiento encontrado y que
aún, en este minuto, no sé exactamente qué vamos a votar.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra?
(Denegaciones)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Brevemente.

Este es un texto que viene del Congreso, después de haber llegado
a un acuerdo amplio. Nada tiene que ver la ley que entró en el Congreso
con la que salió después de un trabajo de acuerdo y de consenso. No
entendemos ni compartimos estos cambios tan importantes en aspectos tan
relevantes en este trámite ahora del Senado. No entendemos y nos oponemos
a esta manera de elegir el Consejo General del Poder Judicial.

Nuestro grupo continuará en el pacto inicial en el que intervino y
se opondrá al dictamen de la comisión en coherencia con el acuerdo
inicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, presidente.

Nosotros no vamos a dar apoyo tampoco al dictamen, no vamos a
votarlo a favor, porque entendemos que, a pesar de que en el título da la
impresión de que solamente se quería abordar la reforma del régimen de
permisos y licencias, se ha utilizado para muchas otras cosas, según los
grupos mayoritarios lo han considerado conveniente. A los grupos más
pequeños nos han exigido una coherencia con el enunciado de la propuesta
de reforma, con la proposición, que no se han aplicado a ellos
mismos.

Seguimos insistiendo en que el sistema de elección del Consejo
General del Poder Judicial impide que verdaderamente en el Estado español
haya una auténtica división de poderes; impide también que la justicia
sea imparcial; instrumentaliza la cúpula judicial y la deja en manos de
los grandes partidos; intenta blindar el bipartidismo y reduce a las
minorías, del tipo que sean, territoriales o nacionales, a un papel
testimonial, por no decir que las deja totalmente al margen de poder
intervenir en la justicia; y, en definitiva, aunque se introducen mejoras
que son beneficiosas para los funcionarios —y esas las vamos a
votar a favor—, para los trabajadores públicos y sobre todo para
muchos jueces que realmente no participan de todas las maniobras que se
están haciendo en la cúpula judicial y en el Consejo General, en cambio,
la proposición introduce otros aspectos que tienen un marcado carácter
político que no podemos compartir.

Nosotros insistimos en que lo que existe en este momento no es una
división de poderes, sino una trama de poder que comparte un modelo de
Estado con el cual no comulgamos. Insistimos también en que el Consell de
Justicia de Catalunya suscita un amplio apoyo en Cataluña y que no hay
división entre unos catalanes y otros, porque este Consell de Justicia
recibió el apoyo del 90 % del Parlamento catalán, incluido el Partido
Socialista catalán.

Por lo tanto, esas cuestiones las plantearemos en el pleno,
insistiremos en ello, porque no podemos aceptar un modelo de justicia
centralizado al servicio de unos partidos, de unos intereses, de unos
privilegios y totalmente politizado, que, además, no tiene en cuenta las
diferentes realidades políticas que existen en el Estado, no tiene en
cuenta las nacionalidades históricas, no tiene en cuenta, en definitiva,
el pluralismo político real que existe en el Estado y en la
sociedad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.

La idea inicial de esta proposición de ley a revertir los recortes
del Gobierno del Partido Popular de los derechos laborales de
trabajadores y funcionarios a cuenta de la excusa de la crisis económica,
como así consta en la exposición de motivos, esa recuperación de derechos
evidentemente la apoyamos. Es imprescindible también revertir la reforma
del artículo 521, pues posiblemente no se midieron las consecuencias de
la reforma de este artículo, que, además, nada tiene que ver con el
espíritu inicial de la proposición de ley, y no se puede hacer una
reforma así, pasando por encima de la negociación con los representantes
sindicales al ser una sustancial modificación de las condiciones de
trabajo, por lo que nos alegramos de que, de alguna forma, en el dictamen
de la comisión se haya incluido la enmienda correspondiente a este
artículo.

No obstante, aquí también se introdujo, por razones evidentes de
urgencia, al finalizar el mandato del actual Consejo General del Poder
Judicial, el cambio de modelo, un mandato que precisamente expira hoy, y
se llegó a un acuerdo, aunque a nuestro Grupo no le acaba de convencer,
ni otra ley que le hubiera gustado, que al menos suponía el certificado
de defunción de la Ley 4/2013 del ministro Gallardón, que deriva en un
funcionamiento del consejo cuyo presidencialismo y falta de transparencia
nos ha llevado a una situación ciertamente caótica, y que era urgente
reponer de una u otra forma hasta que no hubiera un claro acuerdo entre
las fuerzas políticas sobre cuál es el mejor, o al menos el menos malo,
de los modelos de elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial. Se llegó a un consenso básico, con 20 vocales en exclusiva, que
al menos evitaba el palo y la zanahoria del señor Lesmes, y los
nombramientos a dedo, pasando por encima de los méritos y capacidad.

Esta semana pasada, por ejemplo, aprovechando la coyuntura, se
decidió el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de
Madrid, y ahí, una vez más, se impuso al candidato Lesmes, un juez a
quien se apartó del caso Gürtel por su excesiva cercanía con el Partido
Popular y con la Fundación FAES, por encima de una magistrada con mejor
puntuación en todos los baremos que marcaban para el puesto, con más años
de servicio, incluso en órganos colegiados, y con un puesto muy superior
en el escalafón judicial. No es la primera vez que sucede, otros dos
jueces apartados también de procesos judiciales por sus vínculos con el
Partido Popular también han sido ascendidos por el Poder Judicial.

Es más, la reforma que nos vino del Congreso incorporaba de una
vez por todas la paridad para tratar de que no se reprodujeran esas fotos
de togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de
mujeres, medidas anticorrupción y transparencia. El Partido Popular y el
Partido Socialista llegan a un acuerdo sobre la composición de los
vocales del consejo, e incluso aparece en la prensa quién será el futuro
presidente antes de ser designados los vocales que deberían elegirlo,
todo un desaguisado, fruto de los acuerdos de despacho del bipartidismo,
que es lo que ha desfigurado cualquier forma de elección del consejo, que
sobre el papel podía ser un buen sistema.

Todo más o menos controlado hasta que aparece el famoso wasap de
Cosidó, y el Partido Popular se da cuenta de que lo han pillado con el
carrito de los helados. A partir de ahí, la escenografía: la ruptura del
pacto y el señor Casado defendiendo un cambio en el sistema de renovación
del consejo. Nos hacen un cortaypega a toda prisa de la Ley orgánica
de 1980, con las audiencias territoriales y los juzgados de partido y
distrito incluidos, y nos motivan o justifican todo esto en la
enmienda 112 como una mejora técnica. De verdad, ¡manda narices! Es
preocupante la deriva del Partido Popular, que ha realizado un giro
espectacular, de defender el sistema existente, del que se ha beneficiado
ampliamente, a deslegitimarlo con su actuación en la negociación
partidista de un consejo y de manera unilateral y sorpresiva mediante una
enmienda de última hora en este Senado, donde tiene mayoría
absoluta.

No menos preocupante ha sido también la actuación del Gobierno
socialista, que ha asumido, nada menos que por medio de la ministra de
Justicia, una negociación no pública con resultados desastrosos, en la
que se ha obviado absolutamente el papel constitucional y legal de las
cámaras en la participación para la composición del órgano.

La reforma del sistema de elección del consejo necesita un debate
sosegado y hay un amplio consenso para buscar un sistema que despeje de
una vez la politización de la justicia y que sea respetuoso con lo que
establece el artículo 117 de la Constitución y que algunos parecen
olvidar: la justicia emana del pueblo.

El problema del consejo no es la participación del Parlamento,
sino la partidocracia y la perversión del sistema por el bipartidismo. El
problema es que el sistema de selección del Partido Popular y el Partido
Socialista ha sido pagar favores o hacer favores para que sean
debidos.

Nosotros creemos que el sistema de elección debe tener sobre todo
una base democrática y, por eso, no defendemos un sistema únicamente
basado en la designación corporativa. Hoy el fiscal José María Mena
planteaba esta reflexión: ¿El consejo ha de representar a la pluralidad
de la judicatura o a la pluralidad de la sociedad?

Entendemos que debería ser un proceso abierto y trasparente, en el
que se elija a personas que van a desempeñar su cargo, con independencia
de interferencias partidarias, aunque obviamente el consejo ha de recoger
el pluralismo político social. Por todo ello, no podemos apoyar esa
enmienda 112 del Grupo Popular incluida en el dictamen, y eso nos va a
llevar a abstenernos en la reforma planteada.

Y para acabar, quería expresar nuestra preocupación por el
insólito fenómeno al que asistimos de descrédito general de la justicia.
Nunca como hasta ahora la Administración de Justicia había estado
cotidianamente en boca de toda la ciudadanía, de la ciudadanía de a pie.
Ya no hay conversación que mantengamos en la que no se nos interpele
sobre lo mal que está la justicia. La pérdida de fe en otro de los
poderes del Estado es evidente, y el Poder Judicial se ha sumado a la
lista de cadáveres en el ámbito de confianza de la sociedad. Ya no somos
solo la clase política, el Legislativo, los que generamos ese desapego,
otro de los poderes está cayendo en picado y los dos partidos
mayoritarios han sido los responsables de esta caída. La fortísima
abstención en las elecciones andaluzas y la irrupción de la ultraderecha
nos debería hacer pensar en que no podemos permitir ese divorció cada vez
mayor entre la política y la gente, entre la justicia y la gente, y
deberíamos hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Muñoz.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente.

Pasamos de una reforma que pretendía devolver a jueces,
magistrados, al personal del Ministerio de Justicia, aquellos derechos,
permisos y licencias suprimidos en el año 2012 para, por el camino,
aprovechar para hacer una reforma en nuestro sistema judicial
introduciendo cambios de calado que afectaban a cuestiones de tanta
trascendencia como las facultades judiciales, la organización de la
oficina judicial, el proceso de digitalización de la justicia, la
reorganización y modificación parcial del Consejo General del Poder
Judicial y cuestiones, a mi modo de ver, de un amplísimo calado. Dicha
proposición de ley fue aprobada por el Congreso los Diputados el
pasado 24 de octubre con una amplia mayoría: contó con 262 votos a favor
y ninguno en contra. Por tanto, venía con todo el acuerdo y el consenso
de las distintas fuerzas políticas tras un arduo trabajo. Esta
proposición de ley en su trámite de Congreso fue enmendada por el grupo
proponente, el Grupo Popular, con más de 50 enmiendas, algunas de las
cuales cuentan con la total oposición de los funcionarios, los
trabajadores de la justicia.

Esa quizás precipitación, falta de serenidad en su estudio y un
cambio en lo que ha sido el gobierno de la justicia en plena tramitación,
hizo que no nos percatásemos que estábamos produciendo, provocando
—no culpabilizo a nadie, nosotros sabemos asumir nuestras
responsabilidades— unas modificaciones sustanciales de las
condiciones laborales de derechos constitucionales de más de 50 000
funcionarios públicos adscritos a este servicio esencial en nuestro
Estado de derecho, empleados públicos que, a mi modo de ver, cargados de
razones, nos han manifestado a todos que consideran que aspectos de esta
ley abren la puerta al traslado forzoso de funcionarios, que esta reforma
permite a la Administración determinar, sin haber negociado con los
trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento, sin atender a su
especialización y de forma arbitraria, y nos han hecho un llamamiento
contundente para frenar lo que consideran un ataque frontal a la
especialización, la formación y la carrera profesional. Esa ha sido la
motivación de nuestras enmiendas y agradecemos de nuevo su aceptación y
que vayan incorporadas a esta ponencia.

Lo que sí quisiera decir, señorías del Grupo Popular, es que no es
aceptable que hoy, que tenía que entrar en vigencia el acuerdo para la
renovación del Consejo General del Poder Judicial, por intereses
partidistas, electoralistas, por equilibrios orgánicos que tengáis que
mantener dentro de vuestras filas, hayáis dinamitado ese acuerdo por
vuestra parte y hayáis puesto en jaque una vez más a la justicia, a
nuestro máximo órgano judicial. Habéis roto el consenso, los acuerdos, el
diálogo. Creo que está de más jugar con mensajitos que generan
desconcierto, desconfianza y desprestigio a la independencia de nuestra
justicia, algo que parece que para el PP es demasiado habitual.

No es momento parlamentario, señorías, no es esta la reforma, no
son las formas de afrontar un asunto de tal envergadura como el que
habéis planteado en vuestras enmiendas, el de la renovación del Consejo
General del Poder Judicial, como se ha hecho en alguna enmienda planteada
aquí hace escasos minutos. Por tanto, el Partido Socialista manifiesta
desde ya que está dispuesto a volver al diálogo, a volver al acuerdo, a
volver al consenso que ayude a sacar a la justicia de la confrontación,
que la prestigie, que los ciudadanos crean en ella, que sea la justicia
que todos demandamos, pero consideramos que no es posible esa reforma de
la justicia de manera seria utilizando los atajos a los que nos tenéis
acostumbrados.

Por tanto, el Grupo Socialista se va abstener en el dictamen de
esta ponencia. Reivindicamos la modificación del artículo 521, pero
manifestamos nuestro total rechazo a las enmiendas planteadas por el
Grupo Popular, algunas de ellas, como digo, de forma presencial en esta
misma sesión. Nos parece que estos asuntos requieren de mayor diálogo,
diálogo que, con alevosía y también con nocturnidad, habéis roto hace
escasamente unos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Muñoz.

Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Ayala Santamaría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, presidente.

Voy a acompañar al PSOE: creo que lo que rompió esas negociaciones
fue la cuadrilla, la cuadrilla de la ministra de Justicia, la cuadrilla
que, con nocturnidad y alevosía, efectivamente —y cuadrilla—,
lo que hizo fue filtrar el nombre del presidente del Consejo General del
Poder Judicial porque estaba en contra de la cuadrilla de la señora
ministra de Justicia.

Creo que es una ley —y creo que todos lo hemos destacado en
nuestra intervención— importante, una ley necesaria, y los partidos
políticos estamos aquí para ser el reflejo y la correa de transmisión de
lo que en un momento determinado la sociedad nos pide. Esa es la utilidad
de los partidos políticos según el artículo 6 de la Constitución
Española, y creo que el Partido Popular ha hecho justo lo que tenía que
hacer: había un problema determinado y ha hecho una propuesta determinada
en el lugar donde podía hacerla, es decir, en el Senado, una propuesta de
ámbito parlamentario dentro de una modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Es que no estamos modificando otra ley, estamos
modificando justamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cierto es que esta ley, como todos hemos destacado, empezó de
forma muy diferente, empezó para restituir los permisos y licencias que,
como hemos comentado antes, tras el momento de la crisis se restituían a
los trabajadores de la justicia, los cuales, como sabemos, tienen un
estatus diferenciado del resto de la Administración General; hablamos de
un artículo único que modifica artículos y disposiciones de la LOPJ hasta
en 51 apartados. Cierto es que de ese momento inicial en el que solo iban
a ser permisos y licencias, se fue modificando porque así se consideró
necesario por todos los grupos políticos, insisto, no solo por parte de
este grupo que, modestamente, en este momento solo está en oposición, no
está en Gobierno. Eran temas muy importantes, temas que se han
transaccionado —lo comentaba la portavoz del Grupo Vasco— en
un pacto al que habíamos llegado entre todos los grupos políticos. Y ese
pacto se mantiene, incluso se mejora en ciertas cuestiones, como en el
artículo 521, que una vez propuesto se cae en la cuenta de qué es lo que
conlleva; es decir, una vez que nos damos cuenta lo modificamos y,
efectivamente, lo hemos modificado aquí, en el Senado. Pero cuidado, en
este tema del centro de destino —y esta parte se la dejo Gobierno
que en este momento se ocupa, porque nosotros, insisto, en este momento
somos oposición— hay que dar mayor flexibilidad al tema de los
juzgados, y todos lo sabemos, porque los mecanismos existentes en este
momento no son suficientes. A partir de ahí, efectivamente, insisto,
nosotros solo somos oposición en este momento y es una tarea que
corresponde al Gobierno de la todavía ministra de Justicia.

Además, esta ley incorpora muchas de las demandas de la
organización internacional que nos sugería el informe Greco sobre la
percepción de la independencia judicial en España, estableciendo de forma
objetiva condiciones de mérito y capacidad para acceso a cargos
directivos cuyo nombramiento es discrecional, por ejemplo, poniendo
limitación a mandatos o, por ejemplo, en las condiciones para retomar el
Poder Judicial.

Las enmiendas que nosotros hemos presentado —y esto lo
comento un poco en relación con lo que decía tanto Podemos especialmente
como el Grupo Socialista— lo que pretenden es lo que les decía al
principio: dar respuesta a la situación que se ha generado en este
momento en la sociedad, la situación que se ha generado y los ríos de
tinta que ha habido sobre la independencia del Poder Judicial. Muchos
pensamos que el problema no es tanto de independencia del Poder Judicial
como de percepción de independencia del Poder Judicial. Es verdad que ese
problema existe en España, existe un problema de percepción y con esta
enmienda —que precisamente hemos metido el grueso de la
enmienda 112, que es la que modifica el artículo 566 y siguientes—
lo que pretendemos precisamente es acabar con ese momento, un momento en
el que vemos que hay un problema con el modelo.

Pues bien, si el problema del modelo es que se designa por parte
del Parlamento el grueso, sobre todo los doce jueces —porque, como
saben, los ocho, los cuatro y los cuatro, se siguen manteniendo en la
reforma—, pues si ese es uno de los problemas, que nosotros hemos
percibido que lo es, lo que hacemos es proponer una reforma y que,
efectivamente, sean los jueces —como largamente se venía
proponiendo desde prácticamente todos los ámbitos políticos y todos los
que hoy aquí están representados y en parte muchos se han manifestado en
contra de esta postura—. En definitiva, hacemos nuestra propuesta
política como partido político en el momento procesal oportuno, que es,
en una reforma de la LOPJ, proponer que cada cinco años todas las
categorías judiciales —porque creo que esto también es
importante— elijan a jueces y magistrados en la parte mollar del
Consejo General del Poder Judicial, que es, insisto, la de los doce
jueces que van a configurar la mayoría. Además, Joan Comorera, los
nombramientos posteriores de los presidentes de las audiencias vendrán de
ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, así que a lo que animamos
al Grupo Podemos es a que estén de acuerdo con esta enmienda, porque está
justo ofreciendo lo que usted en este momento pide que se haga a
posteriori: se elegirá por parte del Consejo General del Poder Judicial,
las cúpulas las elegirá el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros
tendremos un control parlamentario sobre cuatro en el Senado y cuatro en
el Congreso y, efectivamente, serán los jueces los que elijan al resto
dentro de la independencia judicial que, insisto, absolutamente —y
si no absolutamente todos, prácticamente todos— los grupos han
venido reclamando durante mucho tiempo, y lo que ha hecho el Partido
Popular es proponer que eso sea así a partir de ahora.

Me gustaría comentar un par de cuestiones más técnicas, señor
letrado, porque...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, senadora.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Sí, concluyo ya.

En el papelito que les he pasado a todos constan las dos
enmiendas, la 484, de los interinos, y esa transitoria nueva, pero en la
nueva transitoria falta añadir un plazo de dos meses —pone un plazo
máximo y falta el plazo de dos meses—.

Tenemos también el texto para la modificación del preámbulo, como
nos ha solicitado con muy buen criterio el letrado, y poco más que decir.
Concluyo diciendo que el Partido Popular ha hecho lo que cree que tenía
que hacer como fuerza política: proponer lo que en este momento rompe con
una cuestión que pide la sociedad. ¿Qué es lo que pide la sociedad? Mayor
independencia judicial. ¿Cómo creemos que logramos la independencia
judicial? Proponiendo que doce de los jueces sean elegidos por el propio
consejo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala
Santamaría.

Pasamos, pues, a la votación del texto propuesto por la ponencia
en su informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 14; en contra, 3; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda dictaminado por la Comisión de Justica
la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.

Procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la
presentación del dictamen ante el Pleno. ¿Alguna propuesta, senadora
Ayala?

La señora AYALA SANTAMARÍA: Nos encantaría que fuese el presidente
de la comisión, si lo tiene a bien.

El señor PRESIDENTE: Así se hará. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y quince minutos.