CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 492

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 39

celebrada el jueves,

19 de abril de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 121/000020):


- De la señora secretaria de Estado de Justicia (Sánchez-Cortés Martín). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/001581); Socialista (número de expediente 212/001210); Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001420); Ciudadanos (número de expediente 212/001503); Mixto (números de expediente 212/001463 y 212/001450) ... (Página2)


- De la señora subsecretaria de Justicia (Roldán Martín). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/001582); Socialista (número de expediente 212/001211); Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea (números de expediente 212/001418 y 212/001421) y Ciudadanos (número de expediente 212/001520) ... (Página24)


- Del señor secretario general de la Administración de Justicia (Dorado Picón). A petición de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001419) y Mixto (número de expediente
212/001464) ... (Página29)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 121/000020):


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (SÁNCHEZ-CORTÉS MARTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001581); SOCIALISTA (número de expediente 212/001210); CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001420); CIUDADANOS (número de expediente 212/001503); MIXTO (números de expediente 212/001463 y 212/001450).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Buenos días, señorías.


Damos comienzo a una nueva sesión de la Comisión de Justicia. En esta ocasión, como saben todos ustedes y consta en el orden del día, se trata de las comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración General del Estado,
al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Empezamos dando la bienvenida a la secretaria de Estado de Justicia, doña Carmen Sánchez-Cortés, que es la primera de los
comparecientes en el día de hoy, cuando, como saben, tenemos otros tres. Por eso, como ya les he comunicado a los portavoces, y siguiendo la dinámica que marca la Comisión de Presupuestos, va a haber una primera intervención del compareciente. A
continuación, intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor por un tiempo de diez minutos. Les adelanto que voy a poner el cronómetro a los ocho minutos para que sepan ustedes que tienen que ir terminando. En esa
intervención plantearán preguntas a la compareciente y después ella procederá a responder las observaciones o preguntas que se le hagan.


Reiterándole la bienvenida, damos comienzo la sesión. Tiene usted la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez-Cortés Martín): Muy buenos días a todos, señor presidente, señorías.


Comparezco ante esta Comisión con la finalidad de informarles sobre las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Hablar de presupuestos es,
indudablemente, hablar de cifras, para eso venimos, de las cifras contenidas en cada uno de los capítulos presupuestarios, para lo que voy a procurar acompañar las necesarias referencias de aquella información pertinente sobre las medidas más
relevantes que quiere impulsar el Ministerio de Justicia con este presupuesto. Pero, evidentemente, también reflejan un compromiso y un proyecto, en el sentido de que quiero transmitirles cómo se traducen estas cifras en términos concretos en
materia de políticas y de medidas a favor de una justicia más ágil, más eficaz, una justicia de mayor calidad al servicio de los ciudadanos. Todo eso a lo que continuamente nos referimos pero que ahora hay que concretar y bajarlo al terreno. Para
ello me voy a referir a los datos generales de la sección 13, la correspondiente al Ministerio de Justicia, y me voy a centrar fundamentalmente en el programa 112.A, que es el referente al funcionamiento de los órganos judiciales del ministerio
fiscal, la formación y el mutualismo del personal de la Administración de Justicia. La subsecretaria de Justicia se centrará más específicamente en la dirección de servicios generales del ministerio, registros vinculados a la fe pública, la
Abogacía General del Estado y la Agencia de Protección de Datos. Por su parte, el Secretario General de la Administración de Justicia, que también nos acompaña, abordará ya de una manera más detallada todo lo referente a las previsiones
presupuestarias relacionadas con la transformación digital de la Administración de Justicia.


Permítanme que antes de entrar a detallar el contenido del presupuesto del Ministerio de Justicia contextualice este proyecto. Lo tenemos que contextualizar en el marco de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que se
presentan en un contexto y un entorno económico muy favorable, marcado por un ritmo de crecimiento sostenido y superior al de nuestros principales socios comunitarios: Francia, Alemania o Italia. Hemos crecido en términos interanuales en 2017 en
un 3,1 %, y eso es un buen dato que permite compaginar el objetivo de seguir avanzando en la senda de consolidación fiscal y la reducción del déficit con unas cuentas públicas en las que se apuesta por tres objetivos fundamentales: el crecimiento
económico, el crecimiento del empleo, el apoyo a las personas más vulnerables de nuestra

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sociedad -es decir, que ese crecimiento tiene carácter de crecimiento inclusivo- y también el reconocimiento a los empleados públicos de los esfuerzos realizados en la época de crisis, y todo ello hacerlo sin disminuir los niveles de
inversión, que son tan importantes para el desarrollo económico. Pues bien, el gasto social de los Presupuestos Generales del Estado asciende a un 56 % de los presupuestos con una partida total de 196 782 millones de euros. Creo que es una
previsión extraordinaria y la principal partida dedicada a pensiones. En este contexto, me gustaría destacar que los presupuestos del Ministerio de Justicia participan de este marco de objetivos primordiales, en primer lugar, porque permiten
avanzar en la seguridad jurídica y en el fortalecimiento del Estado de derecho, que son tan importantes para el crecimiento y el desarrollo económico. En segundo lugar, porque refuerzan las medidas de apoyo de las víctimas y de los colectivos más
vulnerables y también tienen una porción importantísima de gasto social, y en tercer lugar, porque apuestan de manera decidida por los profesionales de la Administración de Justicia que, con su dedicación y profesionalidad, contribuyen de una manera
decisiva al funcionamiento diario de la Administración de Justicia.


Vamos a hablar de los presupuestos de Justicia para 2018; vamos a hablar de cifras, en primer lugar, y hablaremos de orientaciones y objetivos en segundo lugar. En términos muy globales, el gasto total en Justicia en un sentido general
para 2018 está proyectado en 1926,6 millones de euros, lo que significa un 3,1 % de crecimiento con respecto a los presupuestos del año anterior. Los gastos del ministerio dentro de esta cuantía total implican un 91 %, el resto, un 9 %, se reparte
entre el Consejo General del Poder Judicial -que está dentro de la política de Justicia entendida en términos presupuestarios-, así como los organismos escritos al ministerio. Pues bien, el presupuesto de la sección 13, el relativo al Ministerio de
Justicia, asciende a 1753,9 millones de euros para 2018. Ello supone un incremento de un 3,2 % y confirma la tendencia alcista de la dotación presupuestaria del ministerio. El presupuesto lleva creciendo de manera sostenida desde el año 2014,
cuatro años consecutivos, y ello ha implicado un crecimiento acumulado de un 19 %. Hemos hablado de las cifras generales, hablemos de la orientación.


Se trata de unos presupuestos que evidencian clarísimamente el compromiso del Gobierno con la justicia y la voluntad política de avanzar en la modernización de su funcionamiento y en la gestión de nuestro sistema judicial. ¿Cuales son las
tres grandes orientaciones de este presupuesto? Una justicia con más medios, esto implica dotaciones presupuestarias para un empleo público creciente, en mejores condiciones profesionales y también laborales, en cuanto a prestaciones sanitarias y
sociales del personal; inversiones en instalaciones judiciales; mejora en infraestructura y mejora en equipamiento, es decir, una justicia para las personas. El presupuesto del Ministerio de Justicia en materia de gasto social arroja una cuantía
total, uniendo las distintas partidas, de 108,6 millones de euros, lo que significa un incremento del 31 % del gasto social en justicia respecto del año anterior. La tercera orientación es una justicia de futuro, desde el convencimiento de que la
transformación tecnológica de la justicia es un requisito imprescindible para garantizar su funcionamiento eficaz, pero ello no solo exige previsiones presupuestarias en materia de tecnología -siendo esto importantísimo-, sino también medidas
organizativas y de gestión que trasladen el principio de eficiencia más allá de lo puramente tecnológico.


Pero vamos a los objetivos. Voy a ser muy breve, pero lo señalaré creo que es fundamental para enmarcar las cifras. Tenemos por delante, si tengo que hacer un esfuerzo por resumir toda la programación y todo el trabajo que nos espera desde
el año 2018 en adelante, ocho objetivos fundamentales. En primer lugar, una justicia insertada en la era digital. Queremos seguir trabajando en dinamizar la implantación de nuevas tecnologías en todo el territorio nacional. En segundo lugar,
consolidar todo lo que hemos hecho, mejorar todo lo que hemos hecho pero también evolucionarlo, transformarlo e incluir un elemento fundamental, el elemento de la innovación. En tercer lugar, trabajar en materia de datos y en el fortalecimiento de
la seguridad. En cuarto lugar, ampliar servicios para ciudadanos y profesionales, que sientan que las nuevas tecnologías producen mejoras concretas y tangibles en su vida ordinaria. El segundo objetivo, las profesiones jurídicas y los
colaboradores de la Administración de Justicia están dentro de nuestro objetivo, mejorando su estatuto profesional y sus condiciones profesionales cuando se acercan a la justicia. El tercer objetivo son las profesiones de la justicia, con dos
objetivos fundamentales: en primer lugar, la fiscalía, donde vamos a abordar de manera decidida el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, unido a otro proyecto que es la Lecrim; y en segundo lugar, los perfiles profesionales del personal de la
Administración de Justicia, ya que la justicia ha ido evolucionando en términos organizativos y tecnológicos, y el personal también tiene que evolucionar, en el sentido de que sus perfiles profesionales se tienen que adaptar a ese nuevo entorno. El
cuarto objetivo sería una justicia para los ciudadanos, es decir, fortalecer su derecho a la defensa, el cumplimiento de las medidas del pacto contra la violencia de

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género, menores, discapacidad. El quinto objetivo, una organización judicial acorde a los tiempos. Trabajemos en la colegiación en la primera instancia, en la especialización, en culminar el larguísimo proceso en materia de implantación de
oficinas judiciales fiscales en todo el territorio, en metodologías en materia de carga de trabajo. El sexto objetivo, fortalecer la justicia penal frente a determinadas actuaciones que se producen, en concreto, el proceso penal a través de la
Lecrim, y también mediante el fortalecimiento de medios operativos que ya hemos puesto en funcionamiento en la legislatura pasada. Me refiero a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Séptimo objetivo, trabajar también en el proceso
civil, introduciendo la optimización de las tecnologías dentro del proceso, trabajar en las notificaciones electrónicas en ejecución en algo tan importante como la inembargabilidad de las ayudas sociales. Y el octavo objetivo, seguir trabajando con
decisión en una justicia fuerte en su independencia y firme en su lucha contra la corrupción.


Bien, abordadas orientaciones y objetivos, vamos a entrar en las grandes cifras. En primer lugar, me voy a referir al capítulo 1. La dotación global del capítulo 1, gastos de personal del ministerio, asciende a 1382 millones de euros.
Esto significa un crecimiento del 33,3 millones de euros y un 2,5 % más respecto al ejercicio anterior. En este capítulo se incluyen la cobertura de los gastos retributivos de todo el personal que percibe retribuciones con cargo al ministerio de la
Administración de Justicia, y en el caso del 112.A, las carreras judicial y fiscal y el personal de Administración de Justicia. Siempre que comparezco ante la Comisión de Justicia y la de Presupuestos recuerdo que el presupuesto del capítulo 1 de
Justicia supone el 80 % de todo el presupuesto. Esto significa que justicia, fundamentalmente, son personas, es capital humano. Es lo mejor que tenemos, este es nuestro mejor activo.


El 94 % del incremento de la dotación de este capítulo, 31,1 millones de euros, se imputa al Programa de tribunales de justicia del ministerio fiscal con el fin de que este presupuesto retribuya al personal que trabaja en el ámbito de la
Administración de Justicia. Aquí tengo que destacar algo fundamental, el 9 de marzo el Gobierno y los sindicatos han acordado una medida de carácter plurianual que tiene un impacto fundamental en materia retributiva del sector público en general,
de los empleados públicos y también de todos aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de justicia. Este acuerdo se va a traducir en un incremento retributivo medio para todo el ejercicio de 2018 de 1,63 %. Pero, siendo importantes las
previsiones retributivas lo son también todas las medidas relacionadas con la oferta de empleo público y la estabilización del personal, ello tiene un impacto fundamental en el ámbito de justicia. Como saben sus señorías, el 29 de marzo de 2017 se
adoptó un acuerdo también con las organizaciones sindicales en materia de estabilización del empleo público que tiene un impacto fundamental en el ámbito de justicia porque va a afectar al periodo 2017-2019. En justicia tenemos unas tasas de
interinidad muy elevadas y esta medida contribuye a que esas tasas vayan disminuyendo, avanzando en la profesionalización de los empleados públicos. Esto va a suponer que en la oferta de empleo público para 2018 en el ámbito de justicia se van a
convocar 2672 plazas solo para el ámbito de estabilización de personal y además a estas convocatorias se unirá una estimación que hacemos en este momento de unas 1087 plazas que tienen que ver con la tasa de reposición de efectivos que, como saben,
para justicia el proyecto de ley de presupuestos sitúa en el 100 %. En materia de empleo público va a ocurrir algo adicional, no estamos hablando del ámbito de la Función pública pero sí de los servidores públicos, y es que el proyecto de ley de
presupuestos para 2018 incluye una oferta de empleo público para las carreras judicial y fiscal de 300 plazas adicionales. Es una buena noticia, ha venido siendo reclamado y toma forma en el proyecto de presupuestos de este año.


Vayamos a abordar el capítulo 2, el relativo a gastos corrientes. En el capítulo de gastos corrientes apreciamos un crecimiento de un 15,54 % puesto que se produce un crecimiento de un 17,2 millones de euros, lo cual eleva el capítulo 2 a
128,3 millones de euros. En el capítulo 2 vamos a seguir trabajando en materias de eficiencia y racionalización de los recursos públicos sin disminución del presupuesto. Se va a trabajar en materia de centralización de contratación administrativa
pero también hay otras medidas importantes que quiero señalarles. Se va consignar de partida en el capítulo 2 del presupuesto del Ministerio de Justicia una dotación para salarios de tramitación que asciende a 14,5 millones de euros. Esto supone
un crecimiento de un 15,5 % con respecto al año anterior y una consignación presupuestaria de 20 millones. ¿Qué resultado práctico va a tener esta consignación de crédito? Va a tener el resultado práctico de la agilización de la tramitación de los
salarios, puesto que no va a haber que recurrir a la ampliación de crédito como ha venido ocurriendo en ejercicios anteriores. Se va a producir igualmente el incremento de otras partidas en un total de 3 394 000 euros, de los cuales la gran mayoría
-2,4 millones de euros- van a corresponder a partidas presupuestarias para cubrir gastos ordinarios del funcionamiento

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de órganos judiciales y del ministerio fiscal, mantenimiento de equipos informáticos, productos farmacéuticos, material sanitario.


El capítulo 4 engloba todo lo relacionado con el apoyo a las víctimas, coordinación interadministrativa y compromiso internacional. Nos encontramos con una dotación de 60 millones de euros, lo que representa un incremento respecto al
ejercicio anterior de 6 millones de euros, un 11,1 % de crecimiento. Me refería al inicio de mi intervención que iba a hacer especial referencia a las cifras del presupuesto en conjunción con las políticas y las medidas que explican la importancia
de esas cifras y los estados numéricos. Esto es particularmente relevante en lo que respecta a este capítulo y a las implicaciones del incremento de su dotación. Y ello, porque con los créditos de este capítulo se prevé la financiación de medidas
muy importantes que confirman la vocación social de estos Presupuestos Generales del Estado para el ámbito de justicia.


En materia de asistencia jurídica gratuita en el año 2016 se logró un incremento de las partes presupuestarias destinadas a ella de 1,7 millones -equivalente a un 5 %- y esta cuantía se mantuvo en el presupuesto 2017. Pues bien, en este
contexto tenemos que valorar la gran importancia de un nuevo y aún más significativo incremento, en este caso de un 32,7 % previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Ello, nos sitúa en una dotación presupuestaria en esta materia
tan sensible para el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de casi 49 millones de euros con un aumento de 11,9 millones de euros con respecto al año 2017. No obstante, me gustaría destacar que, si bien desde el Ministerio de Justicia
somos conscientes de la importancia de contar con unas cifras relevantes -como las que se plasman en este presupuesto-, nos preocupa igualmente la manera de tramitar y de gestionar este crédito. El pasado mes de febrero -en este mismo ejercicio- se
ha producido una modificación del procedimiento de tramitación de la asistencia jurídica gratuita de la que se beneficiarán muchos profesionales del ámbito del territorio del Ministerio de Justicia. Les voy a dar un dato muy gráfico, en el año 2017
se atendieron 276 695 asuntos mediante el servicio de asistencia jurídica gratuita en el territorio del ministerio, de los cuales 22 630 fueron asuntos relativos a la violencia de género.


Hablemos de violencia de género porque este capítulo es sumamente importante. Los Presupuestos Generales del Estado recogen de manera específica las necesidades de las víctimas de violencia de género. El pacto de Estado en materia de
violencia de género se ha traducido en un incremento de 80 millones de euros en las partidas de la Administración General del Estado destinado a poner en marcha este pacto; de estas partidas 13,6 millones de euros corresponden al Ministerio de
Justicia para abordar toda una serie de competencias, tareas, funcionalidades ligadas al ámbito de violencia de género. En este sentido, el montante total de las medidas en materia de violencia de género asciende a 58,8 millones de euros y eso
supone un incremento de un 30 % respecto del año anterior. La labor de las oficinas de asistencia a víctimas del delito pasa muchas veces desapercibida, no es muy visible, pero es trascendente en el funcionamiento de la justicia. A través de
ellas, además de la emisión de informes psicológicos periciales de apoyo a los órganos judiciales, se ofrece un sistema de asistencia psicológica especializada a las víctimas del delito. En este ejercicio -ya se produjo un incremento en el año 2016
que se mantuvo en el 2017- se va a incrementar la partida referente al convenio con el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España de 137 000 euros, lo cual sitúa el crédito total en 1 050 000 euros para esta finalidad.


En el capítulo 4 encontramos también algo fundamental, la justicia no vive aislada, no vive dentro de una frontera y se relaciona también con otros países, con otros socios. Así, en el capítulo 4 también está el compromiso para apoyar la
labor y reforzar la cooperación jurídica internacional en materia de justicia. El Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, cuyo presupuesto previsto por la asamblea plenaria ha aprobado una cuota correspondiente a 2018 de 83 000 euros. Consta
igualmente en este capítulo la contribución al Ilanud, al Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente con 20 000 euros y un ligero incremento para la Comjib, la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos, con un crecimiento de 9000 euros, ascendiendo su cuota total a 71 359 euros. La Fundación Pluralismo y Convivencia, que está adscrita al Ministerio de Justicia, recibe este año también en los presupuestos
un incremento de 370 000 euros y es un instrumento que facilita, como saben muy bien, el diálogo entre las confesiones religiosas minoritarias y las administraciones públicas, la gestión de la libertad y del pluralismo religioso e igualmente en el
capítulo 4 se mantienen las aportaciones para los gastos de funcionamiento de juzgados de paz con 1,9 millones de euros.


Vayamos al capítulo 6, el capítulo en el que se apuesta por la modernización tecnológica, las infraestructuras y los equipamientos. La dotación presupuestaria propuesta para 2018 se cifra en 181

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millones de euros, dentro de esta asignación presupuestaria el 74,4 % de la dotación se va a destinar a uno de los proyectos estratégicos más importantes de este ministerio: la transformación digital para la justicia, para la cual la
inversión prevista se cifra en 131,3 millones de euros. Aquí encontramos partidas tan determinantes como justicia digital con 21,3 millones de euros, el Centro de Proceso de Datos con 15 millones o el nuevo Centro de Atención a Usuarios. Para el
ministerio, como saben, la modernización tecnológica de la Administración de Justicia es una pieza clave en su transformación. Hemos estado haciendo un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo que se ha traducido en resultados tangibles. La justicia
digital está implantada en este momento en el 100 % de los órganos unipersonales, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales situadas en el territorio del Ministerio de Justicia, y avanza en un 55 % en los órganos centrales,
la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pero, llegados a estos objetivos, nosotros queremos seguir trabajando para mejorar las funcionalidades y facilitar el trabajo de jueces y letrados utilizando las herramientas informáticas, avanzando en
servicios digitales a disposición de ciudadanos y profesionales y fortaleciendo las infraestructuras tecnológicas para mejorar el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones.


En este capítulo nos encontramos 50,1 millones de euros, que suponen un incremento muy destacado del 50,2 % para todo lo relacionado con infraestructuras y obras -nuevos edificios judiciales, el inicio de nuevos proyectos para edificios
judiciales y la rehabilitación y mejora de un importante número de edificios judiciales- que la subsecretaria del departamento les expondrá en otro momento en esta Comisión con mayor lujo de detalles. También se incluye el plan de inversión del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con un montante total de 6,1 millones de euros. El presupuesto de inversiones del año 2018 tiene un leve decrecimiento debido a que las
grandes inversiones en materia de justicia se han realizado el año pasado en cuanto a la compra de infraestructuras. Este año lo que hacemos es evolucionar, consolidar, mejorar y establecer elementos de innovación, con lo cual hay algún pequeño
trasvase a mantenimiento, ya que siempre que se hace una fuerte inversión los mantenimientos se ven incrementados en los presupuestos siguientes.


En el capítulo 7 nos encontramos con una transferencia de 512 000 euros -simplemente les aclaro que es la transferencia de gastos de capital al Centro de Estudios Jurídicos- y desaparece 1 500 000 euros destinados a financiar los abonos a La
Rioja por el acuerdo de traspaso de competencias. Con la finalización de los abonos y pagos a comunidades autónomas desaparecen ya las previsiones en los presupuestos relativas a transferencias externas al no tener ya el Ministerio de Justicia
ningún compromiso con comunidades autónomas en materia de inversiones, habiéndose culminado ya con esta medida todos los traspasos en materia de Administración de Justicia.


Voy concluyendo, pero no quiero dejar de hacer alguna referencia a los organismos adscritos al Ministerio de Justicia. En primer lugar, el Centro de Estudios Jurídicos tiene un presupuesto de 10 millones de euros que experimenta un
decrecimiento del 10 % -1,1 millones de euros- debido fundamentalmente al ajuste de los funcionarios en prácticas. El CEJ paga las nóminas de los funcionarios en prácticas en función del decalaje de las ofertas de empleo público y, como saben por
otros años, esta cifra puede oscilar a lo largo del ejercicio. El CEJ tiene encomendada la formación del personal de la Administración de Justicia con 7,6 millones de euros y la formación de la carrera fiscal con 2,4 millones de euros. Aquí es
importante destacar, por el contrario, la asignación presupuestaria del capítulo 2, dado que se va a ampliar el espectro de actividades de formación continua que lleva adelante el CEJ. El CEJ forma a más de 7200 profesionales al año y, de ellos,
1800 profesionales son formados también por la modalidad online.


Paso a abordar alguna cuestión relacionada con el presupuesto de la Mutualidad General Judicial, Mugeju. Mugeju experimenta un crecimiento del 2,5 % en el ejercicio 2018; eso supone 2,6 millones de presupuesto adicional con una cuantía
total de 104,5 millones de euros. En Mugeju se gestionan dos partidas muy importantes: las prestaciones económicas del mutualismo administrativo y la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, la primera con 20 millones de euros y la
segunda con 84,3 millones de euros. Como saben, el universo de prestación de Mugeju asciende a más de 96 000 mutualistas y beneficiarios en el ámbito de la justicia. Aquí creo que es importante destacar la mejora de las prestaciones sanitarias con
un incremento de 1,9 millones de euros adicionales, un 3,18 % más que el año anterior, destinados al incremento de la prima por asistencia sanitaria previsto en el concierto para 2018 con un incremento de hasta el 5 %. La segunda cuestión se
refiere a la mejora de las prestaciones sociales con un incremento en 510 000 euros. Esta partida tiene importancia porque supone el mantenimiento y el aseguramiento de las prestaciones de las que viene disfrutando del personal beneficiario en el
ámbito de la justicia.

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En el presupuesto de la Agencia de Protección de Datos no me voy a extender porque le corresponde a la subsecretaria del departamento, pero asciende a un total de 13,9 millones de euros con un crecimiento del 0,92 %. Aquí lo principal es el
fortalecimiento que va a experimentar su relación de puestos de trabajo, que le va a permitir hacer frente con mayor solvencia si cabe al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, cuya entrada en vigor está prevista para el 25 de mayo de
2018.


Concluyo mi exposición, señorías, pero no quiero dejar de manifestarles que yo creo que este presupuesto es un presupuesto social para la justicia, un presupuesto que mantiene la inversión y un presupuesto que evidencia el compromiso del
Gobierno con la modernización y la transformación de la justicia y también con sus profesionales y, por ello, con los ciudadanos. Responde además a las peticiones insistentes que se han venido haciendo en materia de medios para la justicia desde el
espectro político, profesional y social. El Gobierno y el Ministerio de Justicia quieren hacer de la justicia un proyecto compartido. Señorías, aquí están los medios para hacer un proyecto compartido, acordado y viable. Creo que son unos
presupuestos que merecen el apoyo de todos los grupos y es lo que les solicito en esta mañana. Ahora me tienen a su disposición para contestar a aquellas preguntas que tengan a bien formularme.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señora secretaria de Estado.


Pasamos al turno de los grupos parlamentarios que, como les adelanté antes, va a ser de mayor a menor y evidentemente cerrando el grupo mayoritario. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, don
Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente, Gracias, señora secretaria de Estado, por sus explicaciones.


En estos momentos usted, junto con la subsecretaria, el secretario general y su equipo, son las personas que mejor conocen el presupuesto del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, seguro que nos puede responder a las preguntas y
aclaraciones que le vamos a plantear. Usted ha enmarcado su intervención en el contexto económico actual y yo voy a hacerlo en el contexto económico pero también en el contexto político, ya que esta al fin y al cabo es una Cámara política.
Comparece usted hoy unas horas antes de que tuviese que haber una concentración de protesta de jueces y fiscales ante decenas de órganos judiciales. No va a tener lugar porque se preavisó tarde al Ministerio de Trabajo y se ha retrasado esa
protesta una semana. Habrá sucesivas protestas que culminarán con una huelga general. Esto quiere decir que algunas de las reivindicaciones de los jueces, los fiscales e incluso los abogados tienen que ver con la situación de la justicia y también
con los medios humanos y materiales con los que cuenta la justicia. Hay una insatisfacción que creo que está bien reconocer; si no, no se estarían manifestando, no estarían protestando y no estarían amenazando con una huelga general. Por lo
tanto, hay un problema y ustedes tendrán que enfrentarse a este problema.


Contexto político. Comparece y tiene lugar esta sesión de la Comisión en un momento en el que los jueces y los fiscales que están realizando su trabajo en España lo hacen a veces en condiciones y contextos políticos difíciles, bajo presión
en muchas ocasiones y en otras bajo acoso. En este sentido, desde luego mi grupo parlamentario quiere mostrar su apoyo al colectivo de jueces y fiscales y reconocer su trabajo y su dedicación.


Contexto económico. Comparece también en un año en que hay un crecimiento económico que usted ha reconocido y del que todos nosotros nos alegramos, más allá de que veamos que ese crecimiento económico no llega a todos por igual y que se
está produciendo una brecha entre colectivos y entre ciudadanos. Hay un crecimiento, pero ese crecimiento en nuestra humilde opinión no llega con suficiente fortaleza al sector de la justicia. Estos no son unos presupuestos continuistas en el
sentido de que el año pasado los presupuestos del Ministerio de Justicia crecieron un 7,1 % y este año lo hacen en la medida en que lo hace el presupuesto. Los presupuestos siempre se analizan en retrospectiva. Como usted ha dicho, se analizan las
cifras y las cifras son las que son. Entonces estamos hablando de unos presupuestos conformistas, de unos presupuestos quizá sin la suficiente ambición. Estoy convencido de que a usted y al ministro les hubiese gustado tener un presupuesto mucho
más elevado; pero se tienen que conformar con lo que crezca el presupuesto. El año pasado creció mucho más; y lo hizo seguramente porque las necesidades en el fondo son mucho mayores. Estamos hablando de un presupuesto del Ministerio de Justicia
de 1754 millones. Bueno, todavía estamos lejos de los 1819 millones del año 2010. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que, tanto los de 2010 como los de este año, son insuficientes, de dos Gobiernos distintos,

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pero insuficientes. Es mejor reconocerlo y decir que necesitamos más medios para tener una justicia más eficaz, y para que esos profesionales, a los que he empezado reconociendo su trabajo, puedan contar con más medios.


Ha dicho usted que estos son unos presupuestos sociales, enormemente sociales. De los 80 millones del año pasado, que usted nos comentaba en su intervención, hemos pasado a 108 millones. Hombre, unos presupuestos sociales de 1754 millones,
dedicamos 108 a gasto social, según usted misma acaba de reconocer. Yo creo que se puede matizar la expresión de 'presupuestos sociales'. En todo caso lo que sí me gustaría -y aquí le hago la primera pregunta interpelación clara- es que nos
desglose esos 108 millones, porque el año pasado nos dijo que los 80 se dedicaban a justicia gratuita, a violencia de género, a las oficinas de asistencia a las víctimas, a la atención a personas con discapacidad y a la protección de menores. Este
año el compromiso del Gobierno en violencia de género eran 200 millones. Como usted ha reconocido no están esos 200 millones, son 80 millones. La asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género parece que se ha aumentado en 5 millones,
¿dónde está el resto? Y sobre todo esos 108 millones, ¿cómo se desglosan entre todas esas partidas que le he comentado?


Como usted también ha dicho el 80 % del presupuesto está ya gastado. Se gasta en personal y ojalá incluso pudiese ser más, porque tendríamos más personal, tendríamos más medios humanos, que seguramente son necesarios. Por lo tanto la
política hay que hacerla en el resto y las decisiones políticas hay que hacerlas en el resto. En este sentido es en el resto donde vamos a hacer hincapié en este brevísimo análisis. Hay 300 nuevas plazas para jueces y fiscales de la oferta
pública; nos alegramos, pero vayamos a los hechos y a la tabla que ustedes ponen en los propios presupuestos, en la página 118 del proyecto de presupuestos que han mandado aquí al Congreso de los Diputados. Eso significa para el año 2018, 5542
plazas de jueces y magistrados, es decir, 11 plazas menos de las que se realizaron en 2016; y 2479, 6 menos de las que se realizaron en 2016, en fiscales. Se realizaron en 2016, 2485; estoy utilizando las tablas que nos envían ustedes. Esto
quiere decir que hasta dentro de dos o tres años vamos a seguir con carencias. Por lo tanto, conclusión, como usted ha dicho, noticia positiva; sí, de acuerdo. Valoración, insuficiente; necesitamos más medios, tenemos más carencias. Justicia
gratuita, sube 12 millones; 49 millones según usted nos ha dicho. Quiero hacerle una pregunta muy concreta, ¿esto significa una equiparación salarial de los profesionales de la justicia gratuita que prestan sus servicios en las comunidades
autónomas que no la tienen transferida? ¡Porque esa es su reivindicación! Claro, están escuchando el tema de la equiparación salarial y ven que en comunidades autónomas con competencias transferidas han subido un 100 % los módulos y se han
actualizado las prestaciones. Yo le pregunto si esto va a ser así o no va a ser así.


Ahora, al final, nos ha hablado de una serie de transferencias a las comunidades autónomas. En el capítulo 4 el año pasado aparecía -durante tres años consecutivos- una partida de 6 millones de euros para los convenios de financiación con
las comunidades autónomas. No sé si es que ya han terminado, como usted ha dicho el final, han desaparecido, ha desaparecido el de La Rioja y si es así perfecto; pero si están en otro sitio, me gustaría que nos informarse al respecto.


Fundación Pluralismo y Convivencia. Nosotros nos alegramos de que hayan subido 370 000 euros. Creo que esa fundación hace una labor importante, lo que pasa es que estamos muy lejos de los 4,4 millones de euros que llegó a tener esa
fundación; cambiaron de sede; lo pasó muy mal la fundación al principio del año 2011 por el recorte salvaje que tuvo, pero, bueno, ojalá en el futuro sea más.


A la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos le dieron mucha importancia, usted se la ha dado en el preámbulo de su intervención, lo que pasa es que al programa 112.A -quizá esté equivocado, y por lo tanto le pido disculpas
anticipadamente- le dedican 249 000 euros, que es lo mismo que el año pasado; y hablan en el libro amarillo de apoyo y potenciación. No sé si se puede apoyar y potenciar con este, me atrevo a decir modestamente, magro presupuesto.


Capítulo 6, nuevas tecnologías, inmuebles, mobiliario, infraestructuras básicas, lo que llaman en el margen del libro amarillo transformación digital de la justicia. Este es un tema importantísimo; todos coincidimos, pero, señora
secretaria de Estado, tenemos un problema en esa trasformación digital de la justicia y Houston son ustedes, y lo tenemos muy grave. Lo ha puesto de manifiesto la última sanción que han recibido de la Agencia Española de Protección de Datos, en la
que se pone de manifiesto que se expusieron miles de datos durante demasiadas horas a la exposición pública porque falló Lexnet, y seguramente en este capítulo es necesaria una inversión mucho mayor. El año pasado también nos decían en la página 83
del libro amarillo que se iban a dedicar 150 millones; este año son 132 millones, y sin embargo usted nos ha hablado de 180 millones. Me gustaría que nos aclarase esto. Lo que es

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evidente es que tenemos un problema. Como pone en esa resolución de la Agencia Española de Protección de Datos podemos seguir teniendo un problema con la Lexnet; podemos seguir teniéndolo, y esto es lo grave. Que conste que el ministro
dijo aquí que no había habido tal exposición. Me da la impresión de que no tenía la información adecuada o de que no le habían dado toda la información de lo que sí es cierto que parece que pasó. Me gustaría que nos aclarase esto, sobre todo
porque mi grupo cree que es necesaria una mayor inversión en esto, si de verdad queremos creer el objetivo, que creo que todos compartimos, de la trasformación digital, del papel cero, etcétera. Hay algunos sectores, sobre todo los profesionales
que se pasan horas intentando entrar en el sistema por la noche porque a otras horas se colapsa, que piensan que el sistema Lexnet está obsoleto, que no es suficiente ahora mismo, que habría que cambiar de sistema, que quizá eso fuese más caro.
Aclárenos si puede un poco este tema.


Programa 135.M de protección de datos de carácter personal; un incremento de 127 000 euros. El problema es que entra en vigor el reglamento el próximo mes de mayo, y seguramente esto va a suponer un incremento de las necesidades
presupuestarias. Y -termino ya, presidente- este incremento de las necesidades presupuestarias no sé si se va a ver satisfecho con este incremento de 127 000 euros. En todo caso, a final de año, en el último trimestre, entrará en vigor la nueva
ley de protección de datos, que también supondrá otro incremento. Yo creo que no va a ser suficiente con este incremento que ustedes prevén. Y por último, y con esto ya termino, 11 millones al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración, que
como usted misma ha dicho es un decrecimiento. Los programas 111.Q y 111.R suponen ya un descenso por segundo año consecutivo, ya el año pasado nos lo dijeron, y a nosotros nos parece que sería bueno ampliar estas partidas, en lugar de que
decreciesen por segundo año consecutivo, para mejorar y aumentar el número de beneficiarios de formación de la Administración de Justicia.


Nada más. Muchísimas gracias, y gracias anticipadas por las respuestas que me pueda dar. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchísimas gracias, señor Hernando.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra su portavoz, el señor Santos.


El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo para hacer unas breves acotaciones al presupuesto y a la explicación y la lectura que hemos hecho del mismo. Ustedes hablan de un incremento de ese presupuesto, y uno va viendo partida por partida y va examinando el presupuesto y
en realidad ese incremento solo se dedica, en nuestra opinión, a una sola partida, que es el incremento de 149,9 % destinado a la asistencia sanitaria del mutualista. Es una parte de ese tema bastante sustancial, porque como vamos a ir viendo en
realidad lo que se hace es arrastrar un corta y pega de presupuestos anteriores, que en realidad no abordan de una manera definitiva, y yo diría que eficaz, los problemas que viene arrastrando la justicia en el Estado español, que son unos problemas
que están generando de una manera o de otra un descontento sostenido y en incremento constante por parte de todos los operadores jurídicos, que además se ha visto agravado no solo por las circunstancias meteorológicas, sino precisamente por las
actuaciones y las prioridades del ministerio en el que usted presta servicios. Para empezar nos gustaría que aclarara ese incremento de la partida de la mutualidad judicial, porque nosotros tenemos una duda, y es si ese incremento tan sustancial se
va a dedicar a suscribir convenios privados con clínicas o se va a dedicar a suscribir convenios privados con aseguradoras a fin de cubrir las necesidades sanitarias, dado que tampoco tenemos claro, y no está desglosado, si se van a recuperar las
prestaciones sociales de la mutualidad que fueron recortadas de una forma sustancial a partir del año 2012.


Por otra parte, ustedes dicen en ese presupuesto que crearán nuevos órganos judiciales allí donde sea necesario y se acredite la sobrecarga de trabajo. Alguna previsión tendrá y me gustaría que lo aclarase si le es posible, dado que los
módulos que se aplican se aplican provisionalmente, y dicen los operadores jurídicos que ahora mismo son prácticamente inexistentes. Por lo tanto, si no investigamos la carga de trabajo, no sacamos conclusiones; si no sacamos conclusiones, no
sabemos dónde está la sobrecarga de trabajo, y si no lo sabemos, no podemos invertir ahí, y si no invertimos, este presupuesto está vacío porque realmente no está destinando el dinero a un sitio de donde racionalmente podamos inferir que los órganos
judiciales se encuentran sobrecargados. Por lo tanto, ¿hablamos o no hablamos realmente de un incremento de recursos, o más bien de una redistribución hecha con un pensamiento más o menos mágico sobre los problemas de sobrecarga que ahora hay
actualmente en los órganos judiciales? Y no es que nos lo inventemos nosotros y nosotras, sino que es un clamor en la profesión, sobre todo de jueces y fiscales.

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Nos llama la atención asimismo esa disminución del 8,5 % en la formación del personal, y en el caso de la fiscalía del 17 %. Dada la apuesta sugerida por el ministerio de establecer una nueva ley procesal penal para dar la facultad de
investigación a la fiscalía, nos llama poderosamente la atención esta falta de inversión en la formación respecto a años anteriores.


En cuanto a las seis líneas estratégicas que ustedes plantean poco podré añadir, porque realmente están copiadas y pegadas del presupuesto anterior. Por lo tanto siguen siendo las mismas seis líneas estratégicas y la misma falta de medios y
efectividad que se viene arrastrando, como ya le decía en la introducción de este pequeño discurso. Todo esto lleva a que haya una movilización de todas las asociaciones judiciales y fiscales; se han puesto todas de acuerdo. Comentaba el anterior
portavoz que hoy era el día que podía haber habido una movilización, y sin embargo desde el ministerio en el que usted está se les ha dicho que no se ha comunicado formalmente, y la pregunta es si esto es un reconocimiento o no del derecho de huelga
de jueces y fiscales. ¿Me puede acreditar si eso es así?


No le voy a hablar de la modernización organizativa de la Administración de Justicia, porque no se destina absolutamente nada a esto; sí hay un incremento notable para la justicia del ladrillo, para rehabilitar edificios judiciales, porque
usted casi ha doblado el presupuesto y le agradecería que nos dijera si esto es una línea estratégica o una nueva prioridad del ministerio.


En definitiva, creemos que la justicia necesita políticas públicas y una apuesta y transformación estructural que no se está dando; por ejemplo, para esa modernización de la Oficina Judicial, de la que siempre hablamos y que requiere mayor
inversión para su implantación; para esos tribunales de instancia -con partidas dedicadas a la oficina fiscal, a la instrucción del ministerio fiscal-, para la revisión de retribuciones de personal no transferido a comunidades autónomas -recordemos
el caso de Galicia, donde se encuentran de huelga desde hace más de sesenta días-; para las dotaciones en justicia, respecto a las cuales me gustaría saber a qué se van a dedicar esas partidas, porque se pueden dedicar a módulos retributivos o, por
ejemplo, a situaciones en las cuales en este momento no hay abogado -lo que nos preocupa mucho-, sobre todo en los delitos leves, y se trata de una reforma que ustedes acometieron y que está dejando sin defensa a bastante gente en lo que antes era
conocido como juicio de faltas, pero que incrementan notablemente las consecuencias jurídicas de la eventual condena en este caso, y por lo tanto se necesitaría de una defensa efectiva, que es lo que recoge el artículo 24 de la Constitución
española.


Usted habla de la ORGA y yo le pregunto si el único planteamiento que ustedes tienen para hacer frente a la corrupción es sencillamente la potenciación de esta oficina como bandera o si van a hacer otra cosa en este presupuesto, como dotar
de un cuerpo técnico forense de adscripción judicial o Policía judicial -que sería la asistencia que los juzgados y fiscales necesitan para llevar adelante procedimientos complejos, como aquellos de los que estamos hablando-, sin el cual esto está
destinado al fracaso.


Hay una última cuestión que me gustaría plantearle. Tal y como recoge la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, y asimismo la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, ¿tienen planteado
dotarlo, en apoyo de las víctimas, de algún tipo de servicio de justicia restaurativa, de una modernización de los servicios de justicia que se prestan?


Por terminar le diría que ustedes han hecho un esfuerzo inútil, desde su concepción, en lo que ustedes han llamado papel cero, porque todos los operadores jurídicos de lo que se están quejando no es tanto del funcionamiento, que también,
como de la concepción que ustedes han hecho de esta presunta modernización de la justicia, que en realidad lo que ha hecho ha sido empeorar de una forma sustancial y efectiva sus condiciones de trabajo, redundando en definitiva en un perjuicio en el
servicio público de la ciudadanía.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Santos.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz el señor Gómez Balsera.


El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora Sánchez-Cortés, por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha ofrecido. Comenzaría por sus primeras palabras cuando usted ha contextualizado su intervención y estas explicaciones. Efectivamente los operadores
jurídicos deben felicitarse porque por fin estemos debatiendo en esta Cámara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, y creo que es una buena noticia por dos motivos: primero, porque tras un retraso de seis meses supone un paso

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positivo para la normalidad y la estabilidad de nuestro país; en ese sentido tengo que destacar la responsabilidad de mi grupo por sentarse con el Gobierno a trabajar sobre estos presupuestos. Y, segundo, porque son unos presupuestos
expansivos; después de años de recortes conseguimos que se incrementen las partidas de gasto y además que se haga cuadrando las cuentas, como usted ha dicho, para cumplir con ese objetivo de déficit público acordado con Europa, y esto es importante
y hay que reflejarlo así. Yo destacaría ese incremento del 3,1 global del presupuesto en materia de justicia, que pasa de una asignación de 1699 millones del año pasado a 1781, lo que representa ese 3,1 % que usted ha dicho. No obstante, a pesar
de que celebremos este incremento de gasto destinado a justicia, hay que señalar que supone algo menos de la mitad del incremento que hubo en 2017, dado que el mismo se incrementó en un 7,6 %. Así pues la primera pregunta sería por qué ha caído a
la mitad este incremento. Le reconozco que, si lo ponemos en contexto con cifras globales para otros servicios públicos básicos, están en la media. En educación se ha incrementado un 3 %; en sanidad un 3,9; en dependencia un 3,4. Pero
lógicamente aquí estamos en la Comisión de Justicia, que es lo que a nosotros nos duele, y nos gustaría que este incremento fuera mayor.


Tengo que poner en valor que estos presupuestos continúan la senda del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Grupo Parlamentario Ciudadanos en ese acuerdo de investidura. Nosotros en ese acuerdo, cuando pedíamos un
incremento de la financiación para la justicia, teníamos como objetivo alcanzar un servicio público de calidad, más ágil y más eficaz en la atención de las demandas de los ciudadanos, y así lo reflejábamos en el punto 134 de aquel acuerdo de
investidura. Dar cumplimiento a estos fines u objetivos significa afrontar una transformación integral de la justicia, que responda a los nuevos desafíos. Otra cosa es que consigamos acertar con las inversiones, como usted ha dicho; otra cosa es
que consigamos que el gasto sea lo más eficiente posible.


Estos presupuestos dan también cumplimiento al punto 132 de nuestro acuerdo. Nosotros lo llamábamos plan de choque para incrementar las plazas de jueces, fiscales y personal de apoyo; el Gobierno y los presupuestos hablan de creación de
trescientas nuevas plazas de jueces y fiscales. Es importante decir que efectivamente esto se hace a la vez que las dotaciones de recursos humanos se continuarán incrementando para satisfacer las necesidades de la planta judicial. En los
presupuestos se aprecia un incremento del 2,38 % respecto al año pasado en la partida de gastos de personal. El Gobierno mantiene esto, a la par que ha anunciado esas trescientas plazas para ingreso en la carrera judicial y fiscal, pero tengo una
pregunta. En la disposición adicional de la ley de presupuestos se prevé -y cito textualmente- la oferta de empleo público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite máximo de trescientas plazas. No es lo mismo un
límite máximo que trescientas plazas. Nosotros no queremos que sea el límite máximo, queremos que sea el límite mínimo; queremos que sea el único límite y que se convoquen trescientas plazas para jueces y fiscales. Estaremos vigilantes de la
convocatoria, sabiendo que el señor ministro cumplirá con su promesa.


Destacaría también el incremento del 7 % en materia de digitalización de la justicia, una inversión que ha aumentado en 7 millones de euros respecto a los presupuestos anteriores. Quizá sea materia más bien para hacer preguntas al último
compareciente, pero en tanto en cuanto que una de sus competencias o labores es la coordinación en colaboración con la Administración de las comunidades autónomas, a mí me gustaría preguntarle qué parte de este presupuesto irá destinado a ese
intento de unificar los sistemas de gestión procesal, y si usted ve factible a corto y medio plazo alcanzar ese objetivo.


Voy terminando ya. Se ha propuesto usted muchos objetivos loables a lo largo de su intervención; cuenta usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos para alcanzarlo, pero quizá conviene señalar que tal vez los mayores problemas de
la justicia hoy en día no sean los presupuestos. Mis compañeros se han referido a esas movilizaciones previstas por los jueces y fiscales. A mí también me gustaría referirme a la huelga de los funcionarios en Galicia que lleva ya dos meses
enquistada, y quisiera rogarle que en el marco de sus competencias, si está en su mano realizar labores de mediación o intermediación, asuma usted esa labor en un intento de acabar con esa situación, que como digo está bastante enquistada. Respecto
a las movilizaciones de los jueces y fiscales hay que decir que muchas de sus reivindicaciones, o al menos alguna, se encuentran en nuestro acuerdo de investidura. Sé que entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos no
tenemos la mayoría necesaria para alcanzar alguna, y en ese sentido llamaría al resto de los grupos parlamentarios de la Cámara a dar pasos juntos en la mejora de la independencia de la justicia, del ministerio fiscal, y en general de la calidad del
servicio de la justicia española.


Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra don Mikel Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Sí, muchas gracias, presidente.


Alguna de las cuestiones que iba a plantear ya han sido planteadas; las relativas a la justicia mal dotada, a la transformación digital de la justicia o la justicia para las personas en lo relativo a la justicia gratuita y a la integración
en nuestro ordenamiento del reglamento de protección de datos. Ya se nos puso de manifiesto por la agencia el cúmulo de nuevas obligaciones que le iban a suponer y sus necesidades en recursos humanos y materiales.


Me centraré por tanto en una sola cuestión, porque en las otras ya se ha incidido. Exactamente en el programa 112.A, respecto al Cteaje ¿qué quieren ustedes decir con -y le voy a leer literalmente-: En 2018 se continuará con desarrollos
correctivos y evolutivos de la aplicación, además de continuar trabajando en el acercamiento a la normativa técnica del Cteaje en materia de datos maestros y en la adaptación de Minerva para su interoperabilidad con otros sistemas, cumpliendo con el
mismo test de compatibilidad?


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretaria de Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, buenos días.


Respecto a los presupuestos de justicia para este año 2018 nosotros, Compromís, entendemos que representan el continuismo, las inercias respecto a ejercicios anteriores. El Ministerio de Justicia ha anunciado, como ya han dicho otros
intervinientes, un aumento de gasto que, aunque supone un 3,2 % respecto al ejercicio anterior, implica una desaceleración del 4 % respecto a los presupuestos del año 2017. Por tanto creo que esta sería una nota destacable del proyecto de
presupuestos de este año: la desaceleración del gasto en justicia, lo cual lleva a que aún no se llegue a recuperar los niveles de inversión pública que teníamos en 2010. Pero en cualquier caso hay una cuestión política de fondo que a nosotros,
Compromís, nos parece verdaderamente relevante y es que si la función del Ministerio de Justicia es dar cumplimiento a vehiculizar un derecho fundamental como es el consagrado en el artículo 24 de la Constitución, y si además el Poder Judicial tiene
reservado un título, el VI, en nuestra Constitución, no entendemos cómo el ministerio que sirve a estos intereses tiene un presupuesto que es, por ejemplo, la quinta parte del que se destina a defensa. Esto es algo que, como una cuestión nuclear
política, no entendemos; y no entendemos cómo no se hacen esfuerzos para ir limando esta gran disparidad. Digo esto no como una retórica, sino porque realmente vemos que de aquí, de esta concepción de lo que es la justicia en nuestro país, derivan
muchas consecuencias negativas.


Usted ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que en el apartado de personal hay un aumento efectivamente respecto al año pasado; aumentamos 24 millones las dotaciones para personal. Sin embargo, dada la gran cantidad de personas que
dependen del Ministerio de Justicia, este aumento es realmente exiguo y por eso las brechas y agravios salariales continúan intactos, y por eso las reivindicaciones y protestas de las organizaciones profesionales del sector -jueces, fiscales,
también el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia-. La adecuación salarial correspondiente sigue sin ser materializada y ni siquiera tomada en serio por el ministerio, teniendo en cuenta el incremento legal de funciones que van a tener
que asumir.


Por otra parte, creemos que la paralización de la modernización de la organización judicial es algo evidente. Al proyecto estrella del ministerio, Justicia y fiscalidad digital, resulta que se le destinan 131,3 millones de euros para
continuar con el llamado papel cero. Pero nos encontramos con que Lexnet es un sistema de comunicación que es deficiente, que nació obsoleto, y no entendemos por qué el ministerio no empieza ya a plantear abiertamente que hay que sustituir la
política de parches a Lexnet, y en su lugar abrir un diálogo franco con todos los operadores jurídicos para buscar una alternativa; una alternativa que pasaría, por ejemplo, por buscar sistemas de comunicación como tienen algunas comunidades
autónomas que no presentan los déficits de Lexnet, que a fin de cuentas no es más que un sistema de correo electrónico que se bloquea a la mínima.


Falta también una dotación presupuestaria para conseguir la interoperabilidad de los diversos sistemas de gestión procesal de los diferentes territorios y registros públicos. Hay que acabar con las dificultades de comunicación que se
producen entre los diferentes tribunales superiores de justicia, entre estos y el

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Tribunal Supremo e incluso entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los órganos judiciales de Ceuta y Melilla.


Es importante también que reparemos en que, partiendo del mandato constitucional derivado del artículo 119 de la Constitución sobre la necesidad de que la justicia sea universal y gratuita, el incremento de partidas que se ha experimentado
para compensar a los profesionales que sirven al turno de oficio, a la justicia gratuita, nos parece positivo, pero entendemos que debería mover a una reflexión de más calado. Esto es, a la necesidad de superar el concepto de indemnizaciones a los
profesionales por el de auténtica retribución salarial, y pasar a articular un sistema de justicia gratuita que realmente esté profesionalizado, acabando con este sistema actual en el cual hablamos de indemnizaciones -que habitualmente llegan tarde
y mal- y que en definitiva no son lo que deberían ser.


Otra cuestión importante, España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. Debería avanzarse en ello. Ya han anunciado la convocatoria de oposiciones pero nos preocupa que una de las partidas que disminuyen en el
presupuesto sea la de formación del personal de la Administración de Justicia, un 8,5 % respeto al año pasado, y esto es algo sobre lo cual nos gustaría tener una explicación.


También nos gustaría que se nos dijera si está contemplada alguna partida para compensar provisoriamente a las comunidades autónomas por los gastos materiales y de personal a los que deberán empezar a hacer frente ya a consecuencia del nuevo
diseño desjudicializado del Registro Civil, cuyo pago debería ser asumido por el Estado.


Otra cuestión importante de la cual no vemos ningún reflejo en el presupuesto es la relativa a la brecha de género existente en judicatura y fiscalía. Las sucesivas memorias, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del ministerio
fiscal, que se han leído en esta Cámara evidencian una cosa: las juezas y las fiscales son quienes acumulan prácticamente la totalidad de las licencias para el cuidado de hijos pero están muy por debajo de los hombres en cuanto a permisos para
acudir a cursos formativos, tanto en España como en el extranjero; están muy por debajo también en cuanto a comisiones de servicios derivadas del desempeño de puestos de responsabilidad exógenos a sus carreras. Esto demuestra que, más allá del
techo de cristal, realmente hay una situación en la cual la maternidad continúa siendo un estigma en estas carreras. Entendemos que debería, por parte del ministerio, establecerse una dotación presupuestaria, incluso acudiéndose a mecanismos de
discriminación positiva con reflejo salarial, para que esta evidente brecha de género vaya siendo solucionada a la mayor brevedad.


Por último -y con esto concluyo-, tampoco vemos en el proyecto de presupuestos una partida para políticas de reparación a las víctimas de la dictadura franquista. No hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas
comunes y otras medidas de reparación a los represaliados, y nos gustaría saber por qué.


Muchas gracias.


El señor VICERESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Bataller.


Para cerrar el turno de grupos parlamentarios, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora secretaria de Estado, muchas gracias por la explicación que nos ha hecho del presupuesto de justicia para el presente ejercicio 2018. En su exposición no solo ha puesto de manifiesto las cifras sino también los retos y los objetivos
a alcanzar con esta planificación presupuestaria, tal como corresponde a una ley tan importante que va más allá de los números y que representa políticas y prioridades. Es evidente -y cuando hablamos de números hay más interpretaciones, si cabe,
que cuando hablamos de letras, aunque pueda resultar raro lo que digo- que las interpretaciones son variadas pero el Grupo Parlamentario Popular cree que cabe defender objetivamente que este es un buen presupuesto -siempre queremos más, claro, esta
es la vida; querer siempre más es bueno porque es evolución- pero además es muy importante que sigue un camino anunciado, es coherente con lo que hemos dicho. Se está demostrando que cuando dijimos que había menos no era por capricho ni por
voluntad política de recortar sino por necesidad y que cuando se va restaurando esa situación los presupuestos van creciendo de manera constante y lo hacen atendiendo a todos nuestros compromisos como país. Por tanto, el proyecto de 2018 para
justicia, como hemos podido comprobar y tras el detalle de su exposición, es el cuarto presupuesto presentado por este Gobierno con un incremento constante hasta superar -y daré una explicación ahora porque podría parecer una contradicción con lo
que el señor Hernando ha expuesto hace un momento- en esta ocasión -le voy a conceder que diga iguala aunque creo poder demostrar

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que supera de forma clarísima- las mejores cifras del último presupuesto más alto para justicia antes de la crisis y del Gobierno socialista. Fíjense, no me voy a detener mucho en esto pero creo que es bueno ser preciso; yo sé que, en
general, el señor Hernando es muy preciso. Simplemente le voy a remitir a que lea las palabras del hoy portavoz de justicia del Partido Socialista y entonces secretario de Estado de Justicia, el señor Campo. Si usted va a ese Diario de Sesiones
comprobará cómo en el año 2009, en relación al presupuesto de 2010 -el más alto-, la cifra de 1818 millones de euros al menos es la suma de los presupuestos del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y hace otras
explicaciones sobre cifras que existían en función de transferencias a comunidades autónomas. Para no entrar en ello -porque se puede leer y lo explicaba muy bien el señor Campo- allí decía que el presupuesto del Ministerio de Justicia para ese año
era de 1740 millones de euros. En este caso -por comparar cifras que creo que son más o menos homogéneas-, en este presupuesto que ha presentado la señora secretaria de Estado tenemos para el Ministerio de Justicia, sin entrar en el resto de las
partidas, 1753,9 millones de euros. Lo dijo -y yo me lo creo- el señor Campo. La cifra de conjunto, es decir, de todas las demás partidas -Consejo General del Poder Judicial, Mutualidad General Judicial, Centro de Estudios Jurídicos-, suma 1926,6
millones. Por tanto, queremos más, queremos que siempre sea constante, queremos poder ir haciendo realidad la idea de planificación -estoy convencida, lo sé, de que los responsables del Ministerio de Justicia y la secretaria de Estado también- pero
en este momento estamos ante un buen presupuesto. Los objetivos generales nos parece que reflejan esa prioridad política que compartimos. Es más, no es que lo comparta el Grupo Parlamentario Popular, es que creo que lo comparten los profesionales
de la justicia y lo comparten también los grupos políticos de la oposición, aunque se esfuercen en disimular permanentemente. Apostamos por una justicia con más medios personales y más recursos materiales, un fortalecimiento del modelo de justicia
gratuita -de nuestro modelo de justicia gratuita-, la intensificación de los instrumentos de lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas, de los menores y de otras víctimas vulnerables del delito. ¿Hay muchas más cosas por
hacer? Claro que sí. Entre ellas, consolidar ese proceso de transformación y modernización de la justicia y preocuparnos de nuestros profesionales.


No me voy a detener en cuestiones que ya se han dicho aquí pero voy a referirme algunos temas y los voy a vincular con algunas preguntas. Hay temas que ya los ha señalado pero algunos me gustaría que los detallara un poco más en su
exposición posterior. En el presupuesto de justicia se produce un significativo avance de los compromisos que integran el pacto contra la violencia de género. Quienes se empeñan en buscar motivos para la controversia, aunque no existan, se han
lanzado en algún momento a sembrar dudas sobre un tema donde -señorías, creo que todos en esta Comisión estamos de acuerdo- no cabe la más mínima broma y menos por los responsables políticos. Teniendo en cuenta que de las 267 medidas del pacto
contra la violencia de género en torno a 100 son competencia del Ministerio de Justicia, me gustaría que detallara un poco más esa participación en los fondos destinados al pacto, que se refleja en los presupuestos generales, y sobre todo qué
medidas piensan poner en marcha con esas partidas presupuestarias. Su respuesta complementaría algunas de las preguntas que han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra.


En segundo lugar, por su relevancia como instrumento para garantizar el acceso -usted también lo ha dicho- de todos a la justicia y el empeño, que me consta, con el que el ministerio viene trabajando para mejorar la regulación y la gestión
de la justicia gratuita, vemos que varían los créditos correspondientes a la asistencia jurídica en 2018, pero quisiera tener algo más de desarrollo sobre qué significan estos incrementos y, además, dónde se producen, por qué y de qué manera eso
incide también en que sea un presupuesto más social o -a mí me gusta decirlo- un presupuesto más centrado, porque estamos en justicia, en la protección de las víctimas.


Nosotros miramos los temas de frente, lo sabe la señora secretaria de Estado, y no vamos a ignorar la actualidad de la justicia. Los profesionales estos días exteriorizan ante los ciudadanos sus reivindicaciones; lo han hecho en esta
Cámara, lo hacen ante el ministerio y ahora lo hacen ante toda la sociedad de forma abierta. En esta Cámara hemos trabajado durante meses en el diagnóstico de las necesidades y retos de nuestro sistema de justicia, las medidas o estrategias a
adoptar y las prioridades. Lamentablemente, los grupos políticos no han estado a la altura de las circunstancias; no tengo inconveniente en decir que no hemos estado a la altura de las circunstancias, unos más que otros, es verdad. Los
profesionales, fuera y dentro de esta sede, han sentado con claridad sus demandas y así fueron recogidas en propuestas de la subcomisión; en particular, las asociaciones judiciales resumieron en catorce propuestas aquellos aspectos básicos que,
según su criterio, deben considerarse para mejorar

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la justicia y que giran en torno a tres grandes temas. Leo sus catorce medidas, pero en los grandes ejes: Modernización de la Administración de Justicia, calidad y eficacia, reforzamiento de la independencia judicial y condiciones
profesionales. Precisamente, como saben sus señorías, son tres de los cuatro ejes sobre los que trabajó la subcomisión de estudio de la estrategia de justicia. Nuestro grupo recuerda una y otra vez que esa falta de visión constructiva de la
política que han tenido algunos grupos no puede afectar a nuestro sistema de justicia, no nos lo podemos permitir, no podemos estar permanentemente echándole la culpa al otro. Por tanto, tenemos que seguir trabajando por los acuerdos, al igual que
el Gobierno tiene que impulsar todas aquellas acciones que nos permitan avanzar. Por eso, tenemos que decir que aquí algunos grupos de la oposición siguen optando por la técnica de tirar la piedra y esconder la mano, porque sus actuaciones
determinan que haya leyes que no han salido y que por tanto van a retrasar la puesta en marcha de políticas, y que haya leyes que van lentas en su tramitación, y en esto hay que asumir la corresponsabilidad, pero yo convencida de que, como todos
estamos preocupados, vamos a atender esas reivindicaciones de los jueces.


Señora secretaria de Estado, ¿cómo tienen ustedes, el Ministerio de Justicia, previsto atender las reivindicaciones de jueces, fiscales, letrados y personal de la Administración de Justicia? Asimismo, ¿qué medidas están impulsando ya y, en
la medida de lo posible, cómo encuentran reflejo en los Presupuestos Generales del Estado?


En nuestro grupo -y voy concluyendo- estamos convencidos de que, de la misma forma que los grupos políticos tienen que explicar por qué no han aprovechado la oportunidad de apoyar activamente las propuestas que hacen los profesionales de la
justicia y han preferido bloquear a construir y sentirse copartícipes de un proceso transformador que no puede esperar, quienes sigan propugnando el bloqueo presupuestario -y aprovecho aquí para agradecer el apoyo explícito del Grupo Ciudadanos- y
el bloqueo a las reformas normativas tendrán que rendir cuentas porque, aparentando colocarse al lado de las reivindicaciones, se convierten en opositores de los operadores jurídicos y en un lastre para la mejora de la justicia. Por cierto, señor
Hernando, quiero que usted revise el boletín de las Cortes de 7 de octubre de 2009 -qué casualidad-, la comparecencia del entonces secretario de Estado, señor Campo Moreno, donde se decía que al día siguiente estaba convocada una huelga de la
justicia. Era el año de esos presupuestos tan expansivos. Por tanto, esto no es solo una situación de actualidad; es lamentable que tengamos que mantenerla en el tiempo, pero estoy convencido de que encontraremos colaboración para poder arreglar
esto.


Señora secretaria de Estado, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero entiendo que muchas medidas dependen de estos presupuestos y por tanto de esta Cámara, y otras de la capacidad de construir consensos en la producción normativa, por lo
que esta intervención tiene que servir, quiero que sirva, para apelar a la responsabilidad de las fuerzas políticas para apoyar y no bloquear estos presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señora Moro Almaráz.


Para dar respuesta a las preguntas y cuestiones que se han planteado, tiene de nuevo la palabra la secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez-Cortés Martín): Muchas gracias, señor presidente.


Lo primero que quiero hacer es agradecer todas las intervenciones y preguntas que se me han formulado, bien sea desde la crítica -que siempre doy por hecho que es constructiva para la justicia-, bien desde el apoyo, desde el respaldo a las
políticas, proyectos y programas que quiere impulsar el ministerio con este presupuesto. Por eso, permítanme que aborde la contestación a estas preguntas y a todos estos comentarios que me han hecho de una manera común porque creo que así va a ser
más sencillo dar cumplida respuesta, al menos a aquellas preguntas que son básicamente coincidentes. Por otro lado, me van a permitir que les diga que hay una comparecencia específicamente pedida por los grupos del secretario general de la
Administración de Justicia. Esto no quiere decir que yo vaya a obviar todos los temas que me hayan planteado en materia de nuevas tecnologías, pero sí le voy a dar la ocasión -ya que está aquí presente y ha escuchado las preguntas- de darles
cumplida respuesta de algunas de estas cuestiones.


Paso a abordar las distintas cuestiones que se me han planteado. En primer lugar, creo que ha sido un tema recurrente todo lo relativo a las reivindicaciones de los colectivos en materia de justicia. La portavoz del Grupo Popular ha hecho,
digamos, una asociación sobre cómo podrían agruparse este

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conjunto de reivindicaciones y qué respuesta se le está dando por parte del ministerio a cada una de ellas. Son reivindicaciones que además vienen de una manera muy señalada de los ámbitos de la carrera judicial y fiscal, pero también se
plantean por parte del personal de la Administración de Justicia y de sus letrados en distintos formatos. Hay una serie de cuestiones muy relacionadas con las medidas que fortalecen la independencia judicial, medidas que exigen que se avance en
modernización y transformación de la Administración de Justicia y medidas relacionadas con las condiciones laborales, profesionales y retributivas de los profesionales de la justicia. Voy a repasar las catorce peticiones de una manera sintética
pero abordando cada una de ellas para decirles de qué manera estamos reaccionando desde el Gobierno, desde el ministerio a todo esto. En primer lugar, hay una cuestión relacionada con el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder
Judicial. El Ministerio de Justicia y el Gobierno desde el primer momento han estado abiertos a revisar la modalidad de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siempre insistiendo en que esto no es algo que deba contemplarse
como algo que afecte a la independencia de los jueces. La independencia de los jueces es un hecho factible, un hecho real; en España existe separación de poderes, Estado de derecho y pleno respeto de unos poderes hacia otros. Ahora bien, si
existe esa asociación de independencia judicial-sistema de elección de los vocales del Consejo, el ministerio y el Gobierno están abiertos a recibir propuestas para abordar esta reforma. Esto hasta el momento no se ha producido, pero eso no quiere
decir que no estemos a la espera de recibir las citadas propuestas.


La segunda reclamación es el amparo que los propios profesionales de la carrera judicial piden cuando se ven perturbados en el ejercicio de sus funciones. Esta es una medida que corresponde al Consejo General del Poder Judicial y, por
tanto, el ministerio no tiene nada que decir. También se piden una serie de cuestiones relacionadas con la retirada de enmiendas que están ahora mismo en tramitación a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de que estas enmiendas pudieran
ralentizar o perturbar o impedir que avancen a un ritmo adecuado una serie de medidas en materia de recuperación de permisos y de condiciones profesionales que tuvieron lugar en el año 2002 y que el Grupo Popular ha impulsado con una modificación de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero el hecho de que haya enmiendas obedece también a las propias peticiones de los distintos colectivos de la carrera judicial, fiscal, del personal, es decir, a instancias profesionales y en modo alguno van a
hacer que ese proyecto de ley, si existe voluntad política en conjunto para darle impulso, se vea ralentizado. Creo que el número de enmiendas no es excesivo. Proyectos con mayor número de aportaciones se han llevado adelante sin ningún problema.


Se nos reclama impulsar la supresión de los magistrados autonómicos. Creo que es una medida que precisamente sí puede incidir e incide en la independencia judicial y una medida que está formulada como enmienda a la ley orgánica. Sabemos
que ahí el Grupo Socialista tiene una postura muy contraria a la supresión del magistrado autonómico; creo que en algún momento debería explicar por qué, ya que es una medida que reclama la carrera judicial y está en curso.


Dentro de esos catorce puntos se pedía también el incremento de las plantillas en 300 plazas anuales. Pues bien, ese incremento de 300 plazas anuales está en la ley de Presupuestos Generales del Estado, como muy bien ha dicho el portavoz
del Grupo Ciudadanos, en una disposición adicional. Aprovecho para aclararle que eso significa 300 plazas para la carrera judicial y fiscal, con independencia de cómo se produzca posteriormente esa distribución. Se hacía esta petición. Pues ya
está en curso, evidentemente si van adelante los Presupuestos Generales del Estado.


La modernización de los edificios judiciales era otra de las cuestiones planteadas por los profesionales y me acabo de referir con total claridad a que en el proyecto de presupuestos de 2018 se prevé una inversión en infraestructuras de 51
millones de euros, con un incremento de un 50 % respecto del ejercicio anterior. La subsecretaria del departamento les va a detallar cuáles son estas inversiones, inversiones que también se han puesto en conocimiento de las asociaciones de la
carrera judicial y fiscal, con lo cual, hay proyectos, hay infraestructura y hay renovación de equipamiento.


En cuanto al proceso de digitalización con medios suficientes y adecuados, no sé cómo visualizan los 131 millones de euros existentes en los presupuestos para abordar medidas tan importantes como consolidar la justicia digital adaptándonos
precisamente a las necesidades y a las funcionalidades que nos trasladan los propios miembros de la carrera judicial y fiscal. Para fiscalía digital, 3 millones; para justicia digital, 21,3; establecimiento y puesta en marcha de un nuevo sistema
de gestión procesal en el ámbito del Ministerio de Justicia, 3 millones de euros; ofrecimiento de nuevos servicios a los profesionales y a los ciudadanos a través de la sede electrónica, a través del escritorio profesional, 4 millones; incremento
de

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la formación, 5 millones; mejora de la ciberseguridad de las aplicaciones judiciales, 2,1 millones; renovación de salas de vistas, más de 5,4 millones; Registro Civil digital, 2,8 millones; puesta en marcha de un nuevo centro de atención
a usuarios -una mejora cualitativa importantísima para que cuando existan incidencias los usuarios se vean atendidos con mayor prontitud-, 12,7 millones; puesta en marcha de un centro de control tecnológico que pueda tener en un gran cuadro de
mandos las múltiples aplicaciones que existen en la justicia de manera que se pueda prevenir y detectar la existencia de incidencias y reaccionar con prontitud; fortalecimiento de la infraestructura de procesamiento de datos de forma que den un
mayor rendimiento a todas las aplicaciones, esta cuestión relacionada con la seguridad, con la rapidez, que se ha puesto de manifiesto. Es decir, aquí está la prueba fehaciente de que hay voluntad, compromiso y medios.


Sobre los medios y los derechos de reconocimiento a las víctimas, hay preguntas que voy a desglosar a continuación, pero el compromiso con las víctimas del delito, con la lucha contra la violencia de género, con el funcionamiento de las
oficinas de asistencia a víctimas de delitos, con las unidades de valoración forense integral están en esa dotación de 108 millones de gasto social, de gasto en materia de atención a víctimas y de atención a los ciudadanos que está en el presupuesto
para 2018. Los tribunales de instancia es otra reclamación de las carreras judicial y fiscal. Precisamente en la proposición de modificación de la ley orgánica está prevista una medida que entendemos que puede ser muy eficaz en materia de
organización y distribución de las cargas de trabajo en la justicia, una medida que propicia la colegiación en la primera instancia. Es una medida que puede tener un impacto muy considerable, sobre todo en los grandes núcleos de población. En
relación con la creación de órganos, ¿les parece poco la creación de 105 órganos a los que va a dar cobertura precisamente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018? Porque saben que la creación se articuló a finales de 2017, pero la
progresiva entrada en funcionamiento de estos órganos se produce a lo largo del ejercicio 2018; la segunda instancia penal, un total de 93 órganos judiciales, se aborda por primera vez la transformación de órganos judiciales, que creo que es una
medida de eficiencia muy importante. También, evitar la precarización, sustituciones y adscripciones forzosas. En materia de adscripciones forzosas en la carrera judicial el ministerio no tiene competencia. Creo que es una competencia que se ha
ejercitado una vez en materia de juzgados de menores por, según el parecer del Consejo y los datos que acreditan el funcionamiento de la justicia, la baja carga de trabajo, pero la precarización en materia de sustituciones no sé dónde la encuentra.
Se siguen invirtiendo unas cuantías muy importantes del presupuesto en materia de sustituciones externas. Estamos hablando de cifras cercanas a los 30 millones de euros para la carrera judicial, para los letrados de la Administración de Justicia;
y de una cifra cercana a los 17 millones de euros para la carrera fiscal, compaginándolo con una medida muy eficaz y que está dando sus frutos, que es el método de sustitución profesional, los propios profesionales, jueces y fiscales en activo,
medida que también vamos a hacer realidad en el ámbito de los letrados de la Administración de Justicia. Son medidas que están ahí y que están funcionando; es decir, que esa precarización no existe en modo alguno. Estamos hablando de una planta
que tiene una figura que es el juez de adscripción territorial para hacer frente a todas estas necesidades en materia de suplencias y de sustituciones. Sobre la revisión de la Oficina judicial les diré que la Oficina judicial va a tener un impulso
definitivo en esta etapa en el sentido de que en el Boletín Oficial del Estado hay un compromiso -cuando alguien pone algo en el Boletín Oficial del Estado es la mejor manera de decir que eso se va a poner en marcha- para la planificación de cuatro
tipos de oficina para su implantación antes de que acabe la legislatura para dar por fin por terminado un proyecto de optimización de la organización en el ámbito de los tribunales que empezó en el año 2003 y que tuvo un impulso en el año 2009, pero
que luego ha ido ralentizándose. La voluntad del Ministerio de Justicia es finalizarlo antes de que acabe esta legislatura.


Sobre compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal, la intención del ministerio en este sentido es llevar adelante un nuevo sistema de gestión procesal común para el Ministerio de Justicia. Va a invertir 3 millones de euros en
este sistema. ¿Significa eso obviar la compatibilización de sistemas? En modo alguno. Es sabido que el Ministerio de Justicia, en conferencia sectorial, hizo una propuesta a las distintas comunidades autónomas para poder abordar un único sistema
de gestión procesal para todo el territorio nacional. Ese proyecto no tuvo acogida por las comunidades autónomas. Hay veces que sorprende que se pida una cosa insistentemente, porque en este caso no solo no tuvo acogida, sino que no se puso una
propuesta alternativa encima de la mesa. ¿Esto va a llevar como resultado que el ministerio abandone la idea de confluir, de llegar a un esquema de funcionamiento común? En modo alguno. ¿Es la interoperabilidad el sistema? La interoperabilidad
lleva en marcha más de diez años con

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muy pocos resultados prácticos, porque son muchas aplicaciones y muchos sistemas los que tienen que hablarse. ¿Significa que nos vamos a cerrar a seguir trabajando en el marco de la interoperabilidad? En absoluto, el CTAJE va a seguir
trabajando en este marco pero nosotros vamos a proponer dar un salto con el conjunto de comunidades autónomas de manera que podamos compartir estructuras comunes que nos permitan engancharnos a los elementos comunes del sistema, a la cuenta de
consignaciones, a Lexnet y al sistema de comunicación procesal, digamos, al Siraj, el Sistema Integrado de Registros de Administración de Justicia. Es decir, en modo alguno abandonamos confluir, pero no se olvide que el ministerio dio un paso
adelante para poner un proyecto encima de la mesa, pero razones políticas -que no se entienden cuando estamos hablando de un servicio público- y razones de carácter de apego a proyectos técnicos en territorios limitados no hicieron posible abordar
un proyecto que hubiera tenido un gran calado. En cualquier caso, vamos a reconducirlo hacia otros esquemas de colaboración.


En cuanto a los medios contra la corrupción, la ampliación de la Fiscalía Anticorrupción con la dotación de cuantos medios se han solicitado es un hecho en esta legislatura y seguirá siéndolo. En el año 2010 la Fiscalía Anticorrupción tenía
una plantilla de 16 efectivos; en la fecha actual tiene una plantilla de 20 efectivos, más 6 refuerzos. En este momento tenemos planteando un expediente de ampliación de la plantilla del ministerio fiscal de 70 plazas con consolidación de
refuerzos en Fiscalía Anticorrupción y en cuanto el presupuesto pueda ponerse en marcha sabemos que es un expediente que va a tomar forma y a implantarse con carácter inmediato.


Hay otras cuestiones. Convocatoria inmediata y formal de la mesa de retribuciones. Desde finales del año 2017 estamos sentados con las asociaciones de la carrera judicial y las de la carrera fiscal negociando. Fíjense ustedes, la mesa de
retribuciones tiene la virtualidad de ver la adecuación de las retribuciones de la carrera judicial y fiscal a su régimen jurídico, la ley de 2003. Estamos negociando con las asociaciones con avances significativos desde finales de 2017. El lunes
de esta misma semana hemos tenido una reunión y nos hemos hecho eco de muchas propuestas muy importantes en materia retributiva para ambas carreras: llegar al 5 % de la retribución variable, reformar el sistema de guardias que no obedece a
elementos de racionalidad, los grupos de población no han sido modificados en mucho tiempo y están desordenados y no obedecen a un esquema racional. Es decir, hay muchas cuestiones que tenemos encima de la mesa y estamos abordándolas con las
asociaciones de ambas carreras. En materia de ley orgánica, todo lo relacionado con permisos y licencias ya lo he comentado.


También reclaman la implantación urgente de unas cargas de trabajo, creo que el portavoz del Grupo Ciudadanos igualmente lo ha comentado. Es un elemento especialmente muy importante para la distribución de las cargas en el ámbito de
justicia. El Consejo General del Poder Judicial nos ha remitido lo que estima que deberían ser los módulos de entrada en los órganos judiciales, también hay un proyecto de reglamento del Consejo en materia de módulos de salida, y estamos
abordándolo conjuntamente en el Ministerio de Justicia. Tenemos que informarlo y tenemos que analizarlo, pero, desde luego esta es una de las herramientas más eficaces para trabajar en el buen funcionamiento de la justicia. No sé hasta qué punto
comparten ustedes que el hecho de llevar a una creación de órganos que ha venido suponiendo una media de más de cien órganos judiciales en términos anuales, cuando tenemos una planta donde el 50 % está por encima de módulo -tenemos indicadores que
dicen que hay sobrecarga de trabajo- pero el otro 49 % aproximadamente está por debajo de módulo -los módulos en este momento no formalmente vigentes pero si materialmente vigentes-, todo esto nos emplaza a abordar todos estos trabajos y así se lo
hemos hecho llegar a las asociaciones.


¿Qué más solicitan? Piden una adecuada asistencia de la Mugeju. En las reuniones que hemos mantenido con ellos, les hemos hecho una exposición de las prestaciones que hay entre Mugeju, Muface e Isfas y han podido ver lo favorable que es el
régimen de Mugeju en relación con las carreras judicial, fiscal y el personal de Administración de Justicia y con las subidas que incrementan los presupuestos en este año de Mugeju, un 2,6 % -además del capítulo 1- para prestaciones sanitarias o
prestaciones económicas. La derogación del sistema de plazos máximos, señores, irá incluido -en su caso- en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se abordará la regulación de los plazos máximos de la instrucción, que ha ofrecido elementos
muy positivos para la justicia pero posiblemente, pudiera ser necesario algún ajuste adicional. En cuanto a la paralización de fiscalidad digital, no podemos paralizar fiscalidad digital por el motivo de que está dando resultados. ¿Qué está
costando la implantación? Por supuesto, pero en este momento ya tenemos 28 fiscalías digitales en el territorio del ministerio de un total de 39 fiscalías, con cifras en cuanto a notificaciones electrónicas, paso de expedientes, consultas a través
del visor, y todo pensado de acuerdo con lo que nos van reclamando los fiscales.

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Autonomía presupuestaria del ministerio fiscal. Es una autonomía, que llamaría más bien singularización, que ya existe y se ha potenciado. Hay dos servicios presupuestarios, hay un programa presupuestario específico para el ministerio
fiscal pero, desde luego, en el estatuto orgánico del ministerio fiscal no hay ningún tipo de reparo a avanzar en ello. Me llama la atención -creo que lo ha comentado la portavoz del Grupo Popular- que muchas de estas peticiones, puestas encima de
la mesa, impulsadas por el Grupo Popular y por el Gobierno, se piden, pero después los mismos grupos que parecen apoyar a estas profesiones son los que se encargan de ralentizarlas, impedirlas, hacer que no avancen y de que no llegamos a estas
reformas de la justicia que son tan solicitadas. El portavoz socialista ha mostrado su apoyo en estos momentos a las carreras judicial y fiscal en unos momentos en los que están recibiendo el hostigamiento y el acoso desde determinados sectores.
Como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Justicia se suma a este planteamiento de apoyo.


El representante del Grupo Socialista ha comentado que estamos hablando de unos presupuestos conformistas. Ha utilizado la palabra conformista en el sentido de que es un presupuesto en el que los avances que se producen en el capítulo 1
-33,3 millones de euros adicionales- son unos dineros que ya están gastados. Permítame, señoría, que le contabilice de qué estamos hablando. Estamos hablando de un crecimiento retributivo con un compromiso plurianual que va a alcanzar un total de
un 8,79 % de subida retributiva de las profesiones de la justicia. Esto va a suponer, ni más menos, lo siguiente: para las carreras judicial y fiscal un incremento de nóminas en un sentido global entre 40 y 48 millones de euros en un periodo de
tres años; para los letrados de la Administración de Justicia, entre 13 y 16 millones; para el personal, de 15 y 18 millones. Es decir, estamos hablando de un incremento basado en subidas retributivas entre 68 y 82 millones de euros. Si esto a
usted le parece poco, sinceramente, me quedo muy sorprendida. Se ha comentado en algún momento -creo que ha sido tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Popular- que son presupuestos que no alcanzan a los que en un momento tuvo la justicia
en el año 2010 -se ha llegado a decir la cifra y depende de si se unen o no los organismos- de 1810 millones de euros. Vamos a ver, en el año 2010 ocurre una cosa francamente llamativa. En un momento en el que la crisis económica ya se había
manifestado -porque es algo que empieza a constatarse a partir del año 2008 y es evidente en el año 2009-, en el año 2010 los presupuestos de justicia experimentan un planteamiento en su subida de 210 millones de euros con respecto al presupuesto
anterior. ¿Para qué? ¿Para que cinco meses después por un real decreto-ley de 2010 esos presupuestos se desplomen por inviables, por inabordables, por faltos de realismo? Creo que eso no es serio. Sin embargo, los presupuestos del Ministerio de
Justicia que hoy presentamos en esta Comisión sí alcanzan las cifras de inversión y las cifras globales existentes justo antes del presupuesto de 2010, es decir que nos estamos encontrando con una situación de recuperación en términos financieros
con carácter general a la crisis.


El representante socialista me ha pedido que desglose alguna de las partidas. En concreto, cuando me he referido al gasto social en justicia. Esos 108 millones de euros son el montante de sumar 58,8 millones de euros relativos al gasto
total en materia de violencia de género, que le paso a su vez a desglosar, y con esto creo que respondo a varias de las preguntas que me han hecho. El gasto global en materia de violencia de género experimenta un crecimiento de 13,5 millones de
euros y ese gasto se desglosa de la siguiente manera: un incremento de 4,4 millones de euros en materia de juzgados de violencia sobre la mujer; de 96 000 euros para fiscalías especializadas en materia de violencia de género; unidades de
evaluación forense integral, 3,7 millones; asistencia jurídica gratuita especializada, 4,2 millones de euros; asistencia psicológica a las víctimas, 137 000 euros; oficina de asistencia a las víctimas, 809 000 euros; formación del personal de la
Administración de Justicia en materia de violencia de género, 8500 euros; formación del personal de la Administración de Justicia en materia de trata, 67 900 euros.


Este es el desglose en materia de violencia de género, pero le hago el desglose también en materia de asistencia jurídica gratuita, donde el incremento que se produce es de 11,9 millones de euros. La asistencia jurídica gratuita tiene una
plasmación importante y diferente en los Presupuestos Generales del Estado para justicia. Para los abogados está presupuestado un gasto de 45 millones de euros, de los cuales 5,4 millones figuran en el presupuesto como asistencia jurídica gratuita
especializada en materia de violencia de género. En el ámbito de la procura ese gasto es de 3,2 millones de euros con carácter general y 441 000 -todo ello suma 3,6 millones de euros- en el ámbito de la justicia gratuita. Como ve, la diferencia
fundamental radica en el hecho de que estas medidas se especifican en la partida de asistencia jurídica gratuita.

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Ha hablado también con un cierto sentido de crítica de las 300 plazas para la carrera judicial y fiscal. El representante del Grupo Parlamentario Socialista conoce perfectamente que las ofertas de empleo público en carrera judicial y fiscal
tienen un decalaje de uno o dos años en función de la carrera. Es cierto que estas plazas de la carrera judicial y fiscal obedecerán a promociones que tomarán posesión en el plazo de dos años. Entre tanto, lo que estamos recibiendo son las ofertas
de empleo público procedentes de años anteriores. Les tengo que decir lo siguiente. En este momento las plantillas con relación a la planta de la carrera judicial y fiscal están básicamente equilibradas. Hay que tener muy en cuenta cuando se hace
una planificación de recursos humanos que no se produzca un desajuste excesivo entre planta y plantilla. ¿Hay vacantes? Sí, pero también es cierto que es algo con lo que una organización compleja siempre va a contar. Además, en el ámbito de la
carrera judicial y fiscal existen mecanismos para poder hacer frente a las vacantes y de manera mucho más efectiva que en otros ámbitos del sector público, que llegan hasta las figuras de las distintas modalidades de sustituciones y refuerzos, y
todas esas herramientas se están utilizando. Lo que no podemos es generar promociones de ambas carreras absolutamente disparadas en relación con la planta, porque generando promociones excesivas con respecto a la planta -situación con la que nos
encontramos en el año 2012- lo único que se produce es falta de expectativas profesionales y malestar en las carreras. Es algo que hay que abordar con sensatez. Es una buena noticia que haya 300 plazas para la carrera judicial y fiscal.
Bienvenidas sean. Es una medida muy solicitada por su grupo y aquí la tenemos.


Asistencia jurídica gratuita. Se me han formulado distintas preguntas en esta materia. Voy a abordar la crítica y también la ponderación de que es una medida positiva. En materia de asistencia jurídica gratuita los módulos en el ámbito
del territorio del Ministerio de Justicia no se han tocado desde el año 2003. ¿Con eso qué le quiero decir? Que desde el año 2003 han pasado muchas cosas; entre ellas, dos legislaturas socialistas completas en las que no se produjo la
actualización de los módulos de asistencia jurídica gratuita. Comenzó la legislatura del Partido Popular en el año 2012 en una situación de crisis económica que, lamentablemente -¡ya nos hubiera gustado!-, impidió la actualización de esos módulos.
Ahora bien, lo que no hicimos en ningún caso -aunque otras administraciones públicas sí lo hicieron- fue recortar partidas en materia de asistencia jurídica gratuita. Esto hay que puntualizarlo, porque es muy importante. Ahora tenemos una ocasión
extraordinaria. La asistencia jurídica gratuita va tener un incremento de un 32 % y ese incremento hay que utilizarlo bien. ¿Cómo podemos utilizarlo bien? Desde luego, de la mano y escuchando a los profesionales, los abogados y los procuradores.
En previsión de que este presupuesto reciba los apoyos y sea aprobado -fíjense lo importante que es que estos presupuestos salgan adelante para abogados y procuradores, al menos para los del territorio del Ministerio de Justicia-, estamos sentados
con ellos para ver cómo podemos actualizar los módulos. ¿Vamos hacia aquellos expedientes que son más complejos en su tramitación y en su impulso por la abogacía o se prefiere una subida más lineal? Estamos abordando con ellos todas estas medidas
para acercarnos o estar en la media en los pagos en materia de asistencia jurídica gratuita en todo el territorio nacional.


También el representante del Grupo Parlamentario Socialista me ha hecho una pregunta esperada y, por el hecho de que era esperada, no es un dato que haya comentado en mi exposición. Es la relativa a que no aparece consignado en el capítulo
4 de los presupuestos la partida que venía apareciendo de 6 millones de euros para el plan de reforma de la Administración de Justicia, donde había una serie de criterios de reparto para las administraciones autonómicas. Le voy a explicar por qué y
voy a ser muy sincera, quizá demasiado sincera. Era una cantidad que tenía como finalidad avanzar hacia la confluencia de sistemas de gestión procesal común. Respetando los ritmos de cada administración, las inversiones y la amortización de
inversiones, era una partida que pretendía confluir. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? En la práctica lo que estaban haciendo las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias y por una transferencia que se les hacía desde el Estado,
era invertir ese dinero en gasto corriente. El gasto corriente es importante, pero no es un gasto transformador ni de reforma de la justicia. En un momento en que los Presupuestos Generales del Estado van a dotar a las comunidades autónomas con
más de 4000 millones de euros, díganme ustedes si los consejeros y consejeras de Justicia no pueden plantearles a sus consejeros y consejeras de Hacienda que alleguen fondos para la justicia tras este incremento tan importante de financiación para
las comunidades autónomas. Creo que la explicación está de más.


Hay una pregunta que se me ha formulado también en relación con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se la voy a responder, porque tal y como está plasmado en los presupuestos puede llevar a algún equívoco. La Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos tiene rango de dirección general

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del Ministerio de Justicia. En este sentido, la financiación de sus gastos de funcionamiento, personal e infraestructuras es la propia de los presupuestos del Ministerio de Justicia, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, etcétera. ¿Qué
es lo que aparece en el presupuesto del Ministerio de Justicia de 2018 en relación con la ORGA? Lo vemos plasmado en dos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. En el capítulo 2 vemos un subconcepto -que es el que a usted le ha llamado la
atención, señoría- donde se consigna un gasto de 249 000 euros y, por otra parte, otro subconcepto relativo a la puesta en funcionamiento de la Comisión de Adjudicación. Luego, en el capítulo 4 tenemos una cosa muy extraña para quien no está
avezado en la gestión presupuestaria. Se abren cuatro casillas con 1000 euros cada una de transferencias a comunidades autónomas, corporaciones locales, familias y otras entidades con fines de lucro y entidades internacionales. ¿Qué es lo que
permite esto? Lo que permite esto es que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos -que en sus dos años escasos de funcionamiento ha recaudado de todos los procesos de liquidación, localización y gestión de activos una cifra que ya supera los
20 millones de euros- pueda con ese presupuesto, y a partir de los ingresos que le vaya haciendo el Tesoro público, gestionar gastos en los que tenga que incurrir para destruir bienes, para venta de bienes y distintas encomiendas. Es simplemente
una casilla presupuestaria que va a permitir la gestión ordinaria, pero eso no significa que sea el presupuesto de funcionamiento que tiene asignado. En este ejercicio pretendemos que ocurra algo muy importante, que es que lo que ha recaudado la
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos revierta en políticas públicas a favor de las víctimas de la criminalidad organizada. Eso se va a hacer a través de la Comisión de Adjudicación de los fondos provenientes de esta oficina y esto se
refleja en el capítulo 4 con la apertura de una serie de casillas que van a permitir esa transferencia.


Pasemos ahora a un tema que también se ha puesto encima de la mesa y que tiene impacto presupuestario; por supuesto que lo tiene, pero creo que va más allá de ese impacto. No quiero en modo alguno obviar una cuestión que es de una gran
sensibilidad. Además, tengo a mi derecha a una persona que ha trabajado con cargos de responsabilidad en la Agencia de Protección de Datos. Creo que se me ha formulado la pregunta por parte del Grupo Parlamentario Socialista y también por parte de
algún otro grupo y paso a responderla.


Me refiero a la reciente resolución que se ha publicado el 11 de abril, si no recuerdo mal, de la Agencia de Protección de Datos, en relación con el incidente de Lexnet. ¿Qué es lo que hace la Agencia de Protección de Datos? Si han tenido
ocasión de leer la resolución, habrán visto que la palabra sanción no viene en ningún momento; lo que viene es declaración de infracción. La declaración de infracción es algo que tiene que hacer la Agencia de Protección de Datos -si revisan la Ley
Orgánica de protección de datos así constará- de manera automática en el momento en que se produce algo que se ha producido, que es una quiebra de seguridad. ¿En qué ha consistido esa quiebra? Esa quiebra ha consistido en que ha habido una serie
de accesos indebidos a Lexnet, con una serie de consecuencias que también quedan patentes a lo largo de la resolución de la propia Agencia de Protección de Datos.


A lo largo de esa resolución, que si no recuerdo mal tiene 23 páginas y que personalmente he leído, como no puede ser de otra manera, con muchísimo detenimiento, se dice, en primer lugar, que no han quedado afectados expedientes judiciales,
ni expedientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni expedientes de la fiscalía. Creo que esto es fundamental aclararlo por la intranquilidad que se generó, en muchos casos de mala fe, ante el incidente ocurrido con Lexnet el verano
pasado. No han quedado afectados expedientes judiciales, entre otras cosas, porque no están en Lexnet. Así lo ha declarado, además, el propio Consejo General del Poder Judicial en su resolución del 28 de diciembre de 2017. Y el Minetad, que -como
saben- tiene competencia en materia de supervisión de los servicios no cualificados de certificación electrónica, que acredita que no se ha producido ningún elemento que haya supuesto, con carácter general, una difusión de datos y haya situado a los
usuarios en una situación de vulnerabilidad.


¿En qué se ha traducido al final, y lo dice la propia agencia, este incidente? En el acceso a un 0,1 buzones de Lexnet, en el acceso a un 0,02 mensajes de los que se emiten diariamente a través de Lexnet, y un 0,001 % de mensajes de Lexnet
desde que se puso en funcionamiento, a partir de la fecha del 1 de enero de 2016. Con lo cual, lo que les quiero decir es que el impacto ha sido mínimo. Pero se dice también algo muy importante, y es que el Ministerio de Justicia ha puesto en
marcha las medidas adecuadas y pertinentes para asegurar que el funcionamiento y la operatividad de Lexnet se producen con garantías de seguridad, de confidencialidad, que garantice la integridad y la autenticación de lo que ocurre dentro de dicha
aplicación informática. De hecho, el ministerio tiene en marcha 69 medidas, de las cuales 55 ya han sido cumplidas, 10 están en trámite y 4 están en proceso de planificación. Este es el balance de la

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resolución de la Agencia de Protección de Datos. El ministerio ha colaborado con la agencia, como no puede ser de otra manera, facilitando toda la información que ha sido requerida, y vamos a facilitarles, si así se solicita, un seguimiento
de esas 69 medidas. Por cierto, esas medidas también tienen un impacto en el presupuesto, que yo creo que expondrá con mayor detalle el secretario General de la Administración de Justicia, por la inversión en materia de seguridad y de centro de
control de tecnología, que vamos a abordar; en total unos 4,2 millones de euros.


Voy a ir avanzando en aquello donde creo que ha habido alguna pregunta que pueda ser especial. Me han preguntado también sobre el Centro de Estudios Judiciales y sobre la mutualidad del ámbito de justicia, el mutualismo judicial. En el
Centro de Estudios Jurídicos lo que se ha producido ha sido un ajuste del capítulo 1 a la baja, pero no porque se vaya a invertir menos en formación, sino -como creo haber explicado al principio- porque se produce una disminución de los funcionarios
en prácticas, procedentes de los cuerpos de letrados de Administración de Justicia, de fiscalía, y de los cuerpos del ámbito del IML, INT y toxicología, que en el ejercicio 2018 van a realizar su curso selectivo, lo que se denomina formación
inicial, en el ámbito del CEJ. Por el contrario, su capítulo 2, el capítulo que nutre la formación, se ha visto incrementado y esto va a hacer posible ofrecer formación inicial a 239 alumnos, formación continua con 395 cursos y acciones formativas
para la carrera fiscal y para los cuerpos de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, y formación especializada para 1400 alumnos. Además, hacerlo de una manera estratégicamente muy diferente, muy orientada a aquellas necesidades que
ahora mismo tienen mayor incidencia en la Administración de Justicia, que es todo lo relacionado con nuevas tecnologías, idiomas, actividad internacional, nuevas metodologías, aulas de simulación, y todo ello para que se propicie y se facilite el
cambio cultural y organizativo en el ámbito de la Administración de Justicia.


La Mutualidad General Judicial, Mugeju, igualmente, tiene un incremento de 1,9 millones de euros adicionales, un 3,18 % más, que lo que hace posible es algo muy importante, y es que los profesionales del ámbito de la justicia tengan una
mayor capacidad de opción, porque el incremento de las primas ha permitido la inclusión de una nueva compañía en el concierto para 2018. Esto sitúa a los beneficiarios de Mugeju en una situación privilegiada con respecto a la atención que reciben
los mutualistas de Muface y de Isfas. En Mugeju se puede elegir entre siete entidades, y creo que esto es un factor muy positivo para nuestro personal, en tanto que en Muface son cuatro las entidades de elección y dos en el caso de Isfas. Además,
hay una mejora de las prestaciones sociales, con un incremento de 510 000 euros, un 3,76 % más para las prestaciones sociales. ¿Dónde van? 90 000 euros para la prestación por incapacidad permanente; 68 000 euros para la prestación de gran
invalidez; 36 000 euros para la ayuda por hijo a cargo con discapacidad; y 316 000 euros para afrontar los gastos derivados del subsidio de jubilación, que es una medida muy favorable que se tiene en el ámbito de la Administración de Justicia y
con la que no se cuenta en otros ámbitos como Muface y Mugeju.


Han comentado varios de los portavoces todo lo relacionado con las cargas de trabajo, pero creo que ya he hecho referencia con anterioridad y no me voy a detener en ello en este momento. Pero hay una cuestión que no puedo pasar por alto.
En algún momento, yo creo que ha sido el representante de Podemos, ha dicho que las líneas estratégicas son las mismas que ya venimos conociendo. Vamos a ver, ¿Cómo vamos a ser tan volubles y tan frívolos de cambiar nuestros objetivos de principio
de legislatura, cuando han sido expresados los programas de trabajo por el Ministerio de Justicia? En la subcomisión de Justicia ha habido un consenso altísimo en la mayor parte de las medidas, más de 300, con la intervención de unas 40
intervenciones de expertos de distintas profesiones, asociaciones y sindicatos, con un nivel de consenso altísimo. ¿Cómo vamos a decir ahora mismo que eso no vale nada? Que otros expliquen por qué ese consenso, todas esas horas de trabajo, todos
esos debates, no valen nada. Por supuesto que los objetivos que seguimos manteniendo en justicia van en esa línea, porque seguimos creyendo cien por cien en ellos.


Hay una cuestión que usted no ha comentado y no me extraña. Usted no se ha detenido ningún momento en hablar de violencia de género y hace bien en hacerlo. Hace bien en hacerlo porque es inaudito que un grupo político se haya descolgado de
un pacto tan importante y tan crucial para las víctimas de violencia de género, que supone un conjunto de medidas tan potentes, desde el punto de vista normativo, operativo y presupuestario, porque no olvidemos que son 80 millones en el ámbito de la
Administración General del Estado, pero 120 millones en el ámbito de las comunidades autónomas y corporaciones locales. De verdad que yo no encuentro una explicación, y creo que ha hecho muy bien por coherencia, por recato o por defenderse, no
haber mencionado nada relativo a la violencia de género.

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Muchas veces se oye hablar de corrupción, de que en España la corrupción... Bien, pues tenemos una serie de medidas, una serie de actuaciones, donde el Greco está señalando a España que adopte una medida, esta otra o esa otra. Pues bien,
todas esas medidas están en la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esperamos, confiamos y no entenderíamos que todas estas medidas, magistrados autonómicos, puertas giratorias, sistemas de nombramiento
discrecional de determinados puestos de la cúpula judicial, que pasan a ser más objetivos, más transparentes, baremados, más equilibrados en materia de género, cuestión importantísima, no obtengan el apoyo de los grupos parlamentarios. Yo lo
considero inaudito y estoy convencida de que habrá una reflexión importante sobre ello.


En algún momento, con carácter general, y no me puedo resistir a entrar en este tema, se ha hablado de que el papel cero, por definir todas estas medidas, ha sido un esfuerzo inútil. Díganme cómo puede ser un esfuerzo inútil lo que se llama
papel cero -nosotros preferimos llamarlo justicia digital, fiscalía digital, transformación digital de la justicia- cuando estamos hablando de 173 millones de comunicaciones electrónicas; cuando estamos hablando de un sistema Lexnet que mueve 20
000 comunicaciones electrónicas a la hora y 40 000 en hora punta, que en una semana mueve todo lo relativo a la campaña de Renta de toda la Administración del Estado; cuando estamos hablando de 16 millones de resoluciones judiciales firmadas
electrónicamente; de 12 millones de descargas del visor de expedientes. Señorías, los datos contradicen ese supuesto fracaso. ¿La implantación de justicia digital y de fiscalía digital está suponiendo un esfuerzo, un cambio cultural?
Naturalmente. ¿Quién puede desmentir eso? Pero ese esfuerzo, como he dicho anteriormente, va unido a, conseguidos estos objetivos, que son importantísimos, tener justicia digital. Fíjense qué significa esto: la tramitación electrónica de todo el
procedimiento -no se trata de que entre y salga electrónicamente- hasta la firma de la sentencia por el magistrado, con incorporación de la fiscalía y con la entrada del Tribunal Supremo. ¡Cómo no va a ser esto un logro importante! Ese logro está
ahí, vamos a consolidarlo, a mejorarlo de la mano de los profesionales, viendo lo que necesitan, desarrollándolo e incluyendo elementos de innovación. El ministro ha constituido hace unos meses el consejo asesor para la innovación en materia de
justicia, donde tenemos a los primeras espadas para decir cómo se hacen los grandes cambios culturales, qué tecnologías se pueden incorporar para facilitar la vida a los usuarios, y en eso estamos involucrados, señorías.


Voy saltando cosas que creo que ya he ido contestando, como lo que ha comentado el portavoz del Grupo Ciudadanos, a quien le agradezco su ejercicio de responsabilidad, de coherencia, por haber valorado positivamente los presupuestos. Por
tanto, agradezco la línea de su intervención.


Se ha dicho que el año pasado se produjo un crecimiento de un 7,6 % y que este año caemos a un 3,1 %. Creo que es un elemento muy importante y por eso lo he puesto de manifiesto en mi exposición. Si miramos los estados presupuestarios,
vemos que la media de la mayor parte de las políticas públicas se incrementa y estamos en la media de ese incremento. El año pasado tuvimos un incremento en materia de inversiones, que, ojo, este año se ha consolidado en el presupuesto, y eso es
muy importante; además, hay un concepto en el 623 específicamente dedicado a recoger esos 100 millones, más 7 adicionales, para la modernización de la Administración de Justicia. Por supuesto que hubiéramos querido más, pero creemos que es un
presupuesto que una vez más apuesta por la justicia sin ningún género de dudas.


Me he referido a los sistemas de gestión procesal común. El secretario general de Administración de Justicia le va a ofrecer, señor representante del Grupo Vasco, información sobre el Cteaje, en qué está involucrado en materia de
interoperabilidad. Hay una cosa que le avanzo. Minerva es un sistema de gestión procesal que ha dado sus resultados, que sigue dando servicio al sistema, pero también vamos a desarrollarlo. Este año hay una partida presupuestaria para un nuevo
sistema de gestión procesal común dentro del ministerio, que pretende ofrecer servicio a otras comunidades autónomas y que se va a poner a su disposición.


He sido interpelada o preguntada en materia de Registro Civil. Ojalá podamos acabar de definir el modelo. Nos encontramos ante una tesitura delicada. Son muy conocidas las posturas y las propuestas que a los distintos grupos ha trasladado
el ministerio. Confiamos en que podamos dar un impulso definitivo a este proyecto, conservando todos los elementos de potencia que tiene la Ley 20/2011, que tiene muchos y muy importantes en materia de gratuidad, de avance tecnológico, con una
serie de características para ofrecer unas prestaciones mejores y más amplias a los ciudadanos. Nos tendríamos que poner de acuerdo, y así lo trasladamos a los grupos, en ver si podemos aprovechar los perfiles y vocaciones del personal de la
Administración de Justicia, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que respecta a los

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encargados y también por supuesto, señorías, en materia de despliegue territorial. No son elementos menores y ojalá podamos acabar de definir todo esto.


En materia de brecha de género -creo que se ha ido quien me lo ha preguntado-, es una cuestión que hay que pilotar muy de cerca. En la ley orgánica también se establecen una serie de cuestiones, sobre todo para ocupar cargos en la cúpula
judicial. Es muy bueno avanzar en todo lo relacionado con objetivar los méritos y los baremos para poder discriminar qué son méritos gubernativos, qué son méritos de carácter jurisdiccional y todo lo relativo a la transparencia y la publicidad de
los procesos de selección. Esto va a influir de manera muy decisiva en ir acortando esa brecha de género que se produce en la actualidad. También estoy absolutamente convencida de que, dada la configuración de las promociones, en un breve periodo
de tiempo la justicia y también la cúpula judicial serán un ámbito prácticamente femenino.


Espero no haberme dejado ningún tema importante por el camino. Retomo las palabras que ha expresado la portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que estos presupuestos que hoy estamos defendiendo en la Comisión de Justicia son el fruto
de una coherencia de planteamientos, de una apuesta en firme por la justicia, por una reforma que sigue siendo una asignatura pendiente que aún no ha sido culminada. Este compromiso y esta coherencia queremos trasladarlo, volver a reiterarlo a
todos los grupos desde una visión constructiva. Queremos construir la justicia. Es verdad que ha ocurrido un incidente relativamente reciente, que es la frustración de la subcomisión en materia de estrategia nacional de justicia, pero el ministro
de Justicia y el Gobierno van a seguir manteniendo la iniciativa en materia de justicia, van a ofrecer nuevas oportunidades de acuerdo, de consenso y de pacto. La iniciativa se va a mantener. Les animamos a sentarnos todos juntos, a seguir
avanzando en esa línea. Quiero agradecerles a todos ustedes sus intervenciones, tanto a los que han manifestado comentarios de crítica como a los que han manifestado su apoyo expreso -lo digo muy especialmente por el Grupo de Ciudadanos- a los
presupuestos en el ámbito de justicia. Estoy convencida de que es muchísimo más lo que en materia de justicia compartimos que aquello que nos separa.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchísimas gracias, señora secretaria de Estado.


Suspendemos brevemente la sesión. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (ROLDÁN MARTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001582); SOCIALISTA (número de expediente 212/001211); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ
PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/001418 y 212/001421) Y CIUDADANOS (número de expediente 212/001520).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Reanudamos la sesión.


Damos la bienvenida a la subsecretaria de Justicia, doña Áurea Roldán. Tiene la palabra.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Roldán Martín): Muchas gracias, señor presidente.


Señores miembros de la Mesa, señorías, es un honor para mí volver a comparecer ante ustedes para dar cuenta de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado en lo que hace al Ministerio de Justicia, en este caso para 2018, tanto
como titular del órgano encargado de apoyar a los órganos superiores del Ministerio de Justicia en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos del departamento como en cuanto a responsable directa de la ejecución de una serie de
programas dentro del presupuesto de la sección 13, correspondiente al Ministerio de Justicia. Además, es satisfactorio hacerlo con un proyecto de presupuestos que consolida la tendencia creciente de los últimos años en el sector justicia en los
Presupuestos Generales del Estado, como les habrá comentado la secretaria de Estado previamente, con un crecimiento acumulado del 19,02 % en los últimos cuatro años. Entiendo que están familiarizados y ha sido explicada la envolvente asignada, así
como toda la política de gasto de justicia en estos presupuestos, por lo que voy a centrar mi intervención, específicamente, de manera complementaria a la efectuada por la secretaria de Estado en los programas presupuestarios y ámbitos que
gestionamos directamente en la subsecretaria y que son los siguientes: el 111.N, dirección y servicios generales; el 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, en lo que se refiere a infraestructuras y equipamientos; el 113.M, registros
vinculados con la fe pública, Registro Civil y nacionalidad; el 921.S,

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asesoramiento y defensa de los intereses del Estado; y dentro de la sección 13 está el programa 135.M, referido a la Agencia de Protección de Datos.


Permítanme hacer una consideración preliminar y algo asistemática puesto que me voy a referir al capítulo 1 haciendo alusión transversalmente a varios programas en este capítulo, en concreto, a los gastos de personal referidos al personal
AGE, Administración General del Estado, puesto que la secretaria de Estado ha dado cuenta del personal, de las retribuciones y del capítulo 1 en relación con el personal de la Administración de Justicia. Si a jueces, fiscales y personal de la
Administración de Justicia en el presupuesto de la sección 13 les corresponden 1311,5 millones de euros, es decir, el 94,84 %, el resto -71,32 millones de euros- corresponde a gastos del personal de la Administración General del Estado destinado en
el Ministerio de Justicia, a los que se suman 9,83 millones de euros para el personal destinado en el Centro de Estudios Jurídicos y Mugeju. Me gustaría significar que el número de empleados públicos de la Administración del Estado en el ministerio
se eleva a un total de 1966 efectivos, incluyendo en esta cifra al personal de la Abogacía del Estado, de los cuales 1206 están en servicios centrales y 760 en servicios territoriales.


Los gastos de personal en el capítulo 1 se refieren no solamente a las retribuciones, que incluyen, por supuesto, un incremento del 1,75 % para 2018 y al aumento de trienios acumulados, sino también a actividades de formación. En este
sentido, me gustaría poner en valor el plan de formación del Ministerio de Justicia, dotado con 112 010 de euros, además de la subvención anual que se solicita al INAP para la formación y que en el ejercicio pasado fue de 33 510,55 euros. Este plan
de 2018 tiene unos objetivos muy específicos, como son la cualificación del personal para que entienda correctamente la aplicación de las leyes 30 y 40 de 2015; actividades relacionadas con la administración digital, actividades formativas en
relación con la igualdad dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, habilidades personales y gestión del cambio. atención al ciudadano, contratación administrativa para familiarización con la nueva normativa, gobierno abierto y
transparencia. Igualmente, en el capítulo 1 se incluyen otros gastos sociales, tales como acción social o ayudas de comedor o transporte por una cantidad agregada ascendente a 838 790 euros.


Paso ahora a la exposición por programas que anunciaba inicialmente. En primer lugar, en relación con el programa 111.N, dirección y servicios generales, se aprecian escasas variaciones respecto del ejercicio 2017. En el capítulo 1 hay una
minoración de 48 880 euros que se destinan a ahorro energético y a otras cuestiones que implican la gestión del servicio de recogida de residuos. La novedad en el capítulo 2 de este programa son las actuaciones en materia de gestión documental, con
el fin de archivar los expedientes de contratación y gestión económica de los años 2015 y 2018, así como la implantación en el Ministerio de Justicia de un sistema de impresión centralizada que producirá ahorro. En el capítulo 6 querría destacar
que hay una previsión de 740 640 euros para adecuaciones varias que vamos a emplear, fundamentalmente, en la adecuación del edificio de la sede central de San Bernardo 45 para mejorar el ahorro y eficiencia energética en colaboración con el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, que cofinancia el 50 % del coste de esta reparación.


De mayor entidad es la dotación del programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, que se divide entre las inversiones reales en nuevas tecnologías desde la Administración de Justicia, de las que dará cuenta el secretario
general de la Administración de Justicia en el turno posterior, y las inversiones en infraestructuras y equipamiento que gestionamos desde la subsecretaria. Comprenden las obras, arrendamientos, equipamiento de mobiliario en las sedes judiciales y
edificios auxiliares de la Administración de Justicia. Las obras para sedes de la Administración de Justicia se benefician este año de un incremento importante en la asignación presupuestaria con cargo al programa 112.A, capítulo 6, de tal manera
que si en 2017 el presupuesto asignado a las obras era de 26 millones de euros, en 2018 el presupuesto para este mismo concepto se eleva a 42,23 millones de euros. En consecuencia, en términos absolutos, se incrementa en 16,22 millones de euros, es
decir, un aumento porcentual del 62,37 %.


Para tratar sistemáticamente a qué se va a destinar este presupuesto, querría distinguir varias categorías. En primer lugar, obras de nuevos edificios de juzgados, que ya están en ejecución. A ello se van a dedicar 26,12 millones de euros,
en concreto, y por orden decreciente de las anualidades previstas, se emplearán en los nuevos edificios judiciales de Albacete, Badajoz, Guadalajara, Ibiza, Lorca y Segovia. En este apartado quisiera destacar el esfuerzo realizado para mejorar los
plazos de ejecución de las obras en curso que habían sido inicialmente previstas. Gracias al incremento de las partidas destinadas a esta finalidad, en los dos últimos años se está materializando una aceleración de los trabajos, de tal manera que
hemos conseguido adelantar en un año en todos los nuevos edificios judiciales importantes el plazo

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de terminación de dichas obras, en particular en Albacete, Badajoz, Guadalajara e Ibiza. En segundo lugar, está la categoría de obras de rehabilitación de edificios judiciales en ejecución. En ella tenemos Ceuta, Soria, Palencia y
Trujillo, estas dos últimas finalizadas y, como podrán ver en el anexo de inversiones, con una dotación bastante baja porque se trata simplemente de los gastos de mantenimiento que aparecían en los contratos adjudicados. En tercer lugar, estaría la
categoría de obras nuevas que se iniciarán basándose en proyectos ya redactados. En esta categoría tenemos intención de ejecutar una serie de proyectos que se redactaron en algunos casos hace cinco o seis años y que, por las medidas de austeridad o
por falta de crédito, no pudieron ser ejecutados en los años de mayor ajuste. Pues bien, dada la mayor holgura presupuestaria con la que contamos en el presupuesto de 2018, nos proponemos iniciar y hasta en algún caso ejecutar tales proyectos de
obras y a tal fin en todas figura una anualidad de 350 000 euros y su plazo de finalización será en 2019, salvo en el caso de la Audiencia Provincial de Salamanca, que se prevé que finalizará en un plazo de cinco meses. Los proyectos se refieren en
concreto a Salamanca, con un presupuesto total estimado de 440 000 euros, cuyo expediente está en fase de licitación. Su tramitación ya se inició de manera anticipada en 2017 y hago especial referencia a este inmueble. Debido a un tema de memoria
histórica, como saben, es necesario retirar el escudo franquista que está en este palacio y que está incluido en el proyecto que se ha encargado. Este tema se ha judicializado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con posterioridad a que
estuviera previsto en el proyecto que ha sido adjudicado por parte del ministerio. Además, están las obras en Talavera de la Reina, Casas-Ibáñez, Navalmoral de la Mata y Vitigudino. En cuarto lugar, nuevas obras de rehabilitación, todas ellas con
350 000 euros, en Toledo, Audiencia Provincial; Ocaña; Manzanares; Motilla del Palancar; Puertollano y el Burgo de Osma. En quinto lugar, tenemos previsiones de redacción de proyectos para obra nueva en Solares -ya disponibles por el
ministerio-, Toledo, Torrijos, Lerma y Manacor.


Como actuaciones singulares previstas, me gustaría darles cuenta de una para el Tribunal Supremo. Se trata de iniciar la rehabilitación de un inmueble situado en la calle Génova 29, el antiguo Tribunal Económico Administrativo Central, que
recientemente ha sido afectado al Ministerio de Justicia por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para ampliación de las oficinas administrativas al servicio del Tribunal Supremo. Nada más ser afectado al Ministerio de Justicia tuvimos que
acometer unas obras de emergencia y para este ejercicio está prevista una anualidad de 500 000 euros para hacer el proyecto y decidir la financiación. Luego hay actuaciones previstas de adaptación de edificios para la nueva oficina judicial y
oficina fiscal y varios conceptos de carácter general. También me gustaría hacer referencia a una partida que, en principio, puede resultar escasa, de 50 000 euros para las actuaciones para garantizar la accesibilidad. Se trata de actuaciones en
materia de accesibilidad en edificios que ya están en uso y en los que surgen estas necesidades, como instalar plataformas, rampas de acceso o señalización, pero los proyectos de nuevos edificios judiciales ya incorporan el concepto de accesibilidad
y por tanto van dentro de los presupuestos mayores en que se subsumen.


Por último, en el capítulo de obras, me gustaría indicar una nueva línea iniciada en 2018 para mejorar la eficiencia energética de los edificios de la Administración de Justicia. Se han presentado ocho solicitudes de subvención al IDAE, en
las que se procede según un régimen de cofinanciación entre dicho instituto y el ministerio; en particular, se va a proceder en esta línea con actuaciones en Ávila, en el edificio de juzgados e Instituto de Medicina Legal; en Cáceres, Audiencia
Provincial, juzgados e Instituto de Medicina Legal; en Cartagena, Audiencia Provincial, Juzgados e Instituto de Medicina Legal; en Guadalajara, Audiencia Provincial; en Ciudad Real, edificio de juzgados; Burgos, edificio de juzgados; Madrid,
Tribunal Supremo y gerencia de los órganos centrales, así como el que les comenté antes, el edificio de San Bernardo, sede central del Ministerio de Justicia. Creo que, por razones de tiempo, no es necesario que entre en la partida de
arrendamientos, que permanece invariable.


Paso a continuación a las inversiones reales en los programas 113.M y 111.N, en materia de nuevas tecnologías. El proyecto fundamental que estamos desarrollando en este ámbito desde la subsecretaría, como no puede ser de otra manera, es el
del nuevo modelo de Registro Civil y otros proyectos conexos. La dimensión tecnológica del nuevo Registro Civil prevista en la Ley 20/2011 requiere la construcción de un sistema informático para hacer un registro eminentemente electrónico y único
y, a la par, necesitamos también acometer una serie de actuaciones colaterales para preparar dicho sistema y asegurar en el ínterin la pervivencia de Inforeg de manera operativa.


El 4 agosto 2017 se publicó la licitación abierta para la construcción de este nuevo sistema informático y el contrato fue adjudicado con fecha 1 de diciembre de 2017 en dos lotes; uno para la oficina técnica de gestión y control de
proyectos y un segundo lote para las tareas relativas a la construcción y ejecución del

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nuevo sistema informático del Registro Civil digital, cuya implantación se prevé de forma progresiva en los próximos años. Adicionalmente, como decía, a la construcción de este nuevo registro civil electrónico, es necesario actuar en varios
proyectos asociados al mismo; así tenemos previstos los servicios de desarrollo para la comunicación con la nueva aplicación del Registro Civil de nacimientos y defunciones desde centros sanitarios a través del aplicativo Andes; para asegurar la
convivencia transitoria con Inforeg es necesario el mantenimiento del evolutivo y también la conexión con la aplicación Acceda del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y también se está desarrollando un servicio de soporte funcional para
aplicaciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado, de tal manera que se perfeccione el sistema de comunicación telemática de los nacimientos desde hospitales hasta los registros civiles y vamos a ampliar estas comunicaciones
también a defunciones.


Otras actuaciones tecnológicas relevantes hay que encuadrarlas en el Plan de Acción de Transformación Digital del Ministerio de Justicia. En este sentido, estamos trabajando en mejorar la emisión electrónica de certificados por los
distintos registros asociados a la fe pública que se llevan en la Dirección General de los Registros y el Notariado y en los registros de últimas voluntades, de seguros de cobertura por fallecimiento y en los certificados de antecedentes penales y
de naturaleza sexual. Se han superado ya los 1,5 millones de certificados emitidos anualmente a través de la sede electrónica y hay, como verán en el anexo de inversiones, partidas diversas para todos estos conceptos. Lo importante es la
simplificación de algunos trámites y la mejora de algunos de los que ya están, como el pago de tasas en los certificados de antecedentes sexuales, y por otra parte también está la renovación del parque informático. El porcentaje de solicitudes por
sede electrónica de estos certificados ha aumentado, de tal manera que ha subido en el último año del 9,3 % al 20,3 % en los certificados de penales y del 57,9 % al 77,9 % en las certificaciones del registro de delincuentes sexuales.


Otros aspectos en los que se está trabajando es en las inversiones de nuevas tecnologías en la implantación de sistemas de cita previa, que ayudan a atender mejor a los ciudadanos, intentando evitar los problemas de colas que se sufrieron
hace un par de años. Obviamente, estos servicios de cita previa no van a afectar ni a los servicios de registro administrativo en ventanilla ni a la atención telefónica, correo electrónico, chats y mensajería electrónica. Asimismo, estamos
haciendo un esfuerzo para que en estas inversiones tecnológicas se mejore en publicidad y transparencia, por ejemplo, desarrollando el buscador del Ministerio de Justicia, que permite consultar la información pública del registro a través del portal
on line; en el perfeccionamiento del registro de entidades religiosas, de tal manera que se puedan inscribir electrónicamente y haya una comunicación del Consejo del Notariado con dicho registro; en la informatización de la Oficina de Recuperación
y Gestión de Activos, la ORGA, sobre todo para mejorar sus funciones y actividades de localización y gestión de bienes producto del delito. Hay que mejorar en seguridad de la información debido a las crisis existentes y a la elevación del nivel de
alerta y la instrumentación de contramedidas. En el registro de fundaciones, como saben, por una medida CORA se ha establecido un registro único de fundaciones en la Dirección General de Registros y Notariado para toda la Administración General del
Estado. En cuanto a las fundaciones de competencia estatal estamos trabajando, asimismo, para que todo el proceso de inscripción, depósito de cuentas y demás actividades en relación con dicho registro sean realizadas por vía exclusivamente
electrónica. En último lugar, también me gustaría hacer referencia a las inversiones para la mejora del nuevo procedimiento electrónico de adquisición de nacionalidad por residencia que, como saben, ha sufrido cambios importantes en los últimos
tiempos, especialmente desde el 1 de julio del año pasado, y estos expedientes ya ingresan electrónicamente solo por registros administrativos y no a través de los registros civiles.


Por último, y ya muy resumidamente, me referiré al programa 921.S, relativo a la Abogacía del Estado que, aunque está en la sección presupuestaria 13, Ministerio de Justicia, es otra política de gasto distinta a la de Justicia, a la 92,
Servicios de carácter general. El presupuesto para la Abogacía del Estado previsto en 2018 es 34 247 000 euros y su cuantía obviamente se distribuye fundamentalmente al capítulo 1, de retribuciones. Hay prevista una oferta de empleo público de
veinte plazas para el Cuerpo de Abogados del Estado en 2017, cuyo proceso selectivo se está verificando este año. Hay que tener en cuenta la especial dedicación de la Abogacía del Estado a dos temas; uno, que ya les comenté el año pasado,
arbitrajes internacionales en lugar de contratación externa y, otro, también el incremento natural del trabajo originado en la Abogacía del Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.


Finalmente, voy a hacer una referencia al programa 135.M, de la Agencia Española de Protección de Datos, que figura también en la sección presupuestaria 13, Ministerio de Justicia, pero como organismo y dentro de la política de gasto 13,
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. Como es sabido, la

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Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente conforme a la Ley 40/2015 y, de acuerdo con su estatuto, se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Esa es la razón por la que doy
cuenta de ese presupuesto, si bien nosotros no lo gestionamos. Habría que señalar que experimenta una variación leve al alza de un 0,92 % respecto de 2017 y que dispone, como crédito inicial en 2018, de 13,96 millones de euros frente a los 13,83 de
2017, habiéndose reestructurado algunos de sus capítulos de gasto.


Esto es lo que resumidamente les comento para la presentación y quedó su disposición para la formulación de preguntas.


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchísimas gracias, señora subsecretaria.


Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, don Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora Roldán, por su concisión que, unida a la prolijidad de su antecesora, nos va a llevar a ser también muy concretos en lo que le vayamos a decir e intentaremos seguir su ejemplo.


Voy a plantear cuatro temas, concretos también. En relación con sedes judiciales y el incremento del presupuesto, le voy a hacer preguntas muy precisas, pero si en estos momentos no tiene la capacidad de contestar, le pido que mande las
respuestas a través de la Presidencia de la Mesa porque se refieren a las fechas de finalización y entrega de sedes. Estas sedes ya vinieron recogidas en los anteriores presupuestos y en los anteriores también y usted el año pasado también lo
mencionó en su intervención y vienen recogidas tanto en el libro amarillo de este año como en el del año pasado. Concretamente -y además las ha vuelto a mencionar-, Albacete, Badajoz, Segovia, ha dicho Lorca, Guadalajara e Ibiza. Terminación y
entrega, vamos a ver si podemos dar buenas noticias a los ciudadanos y a los operadores jurídicos de esas provincias a partir de esta intervención suya.


Respecto de la rehabilitación de la sede del edificio judicial de Soria, el año pasado dijo en esta misma comparecencia que se entregaría en los primeros meses del año 2018. No sé si se ha entregado estos días o se va a entregar de forma
inmediata, así que, vamos a ver si también les podemos dar noticias a los operadores jurídicos de Soria. El segundo tema es el programa 113 respecto a la fe pública, con un incremento de 4 millones y que se sitúa en la cuantía de los 34 millones.
Tenemos un problema y es que la Ley de Registro Civil entra inmediatamente en vigor y habrá una prórroga pero, en todo caso, si no hay un incremento más importante de este y del que ya ha habido otros años, no llegaremos a tiempo tampoco al momento
en que si hay prórroga, entre en vigor y, en mi humilde opinión, no llegaremos a alcanzar los objetivos que nos establecimos en la Ley 20/2011, en esa ambiciosa ley. Por lo tanto, creemos que es necesario hacer mucho más para llegar a tiempo, en su
momento, si es que hay prórroga, y para invertir mucho más en tecnología respecto a la fe pública.


Se ha empeñado mucho en hablar -y no le corresponde a usted sino a la secretaría de Estado- en hablar de la declaración de infracción de la Agencia Española de Protección de Datos, pero no me ha contestado a una cosa, y es que nosotros
creemos que va a ver un incremento presupuestario, una necesidad de mayor presupuesto de la Agencia Española de Protección de Datos a raíz de la entrada en vigor del reglamento, que se aplica directamente y, sobre todo, de la nueva Ley de Protección
de Datos. Queremos que sea así. Además, cuando los responsables de la Agencia Española de Protección de Datos han comparecido aquí para hablar de la nueva ley, así lo han reconocido. A nosotros nos parece que lo que se dedica a ese incremento es
insuficiente.


Por último, y respecto de los objetivos específicos de la subsecretaría y del programa normativo, el año pasado se hizo una mención respecto de este tema y este año no, pero, bueno, ahí hay un programa normativo, un programa legislativo, hay
una actuación de la Comisión General de Codificación, se han puesto en marcha las cuatro secciones frente a las dos secciones que había antes, la civil y la mercantil, pero, no nos engañemos, hay una escasa actividad legislativa y sobre todo un
escaso impulso por parte del Gobierno. La corresponsabilidad es también de las Cortes Generales, naturalmente que sí, pero en nuestro sistema el impulso del Gobierno es fundamental y estamos hablando en el año 2017 de la aprobación de trece leyes
en el conjunto de treinta y dos iniciativas legislativas, de las que cinco son decretos leyes, pero es que diecinueve son decretos leyes y cinco son adaptaciones de directivas. Por lo tanto, estamos hablando casi de una amputación de una de las
competencias fundantes de los parlamentos, como es la actividad legislativa. En nuestro sistema, la responsabilidad del Gobierno de

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impulso legislativo tiene muchísima importancia y, sin embargo, bueno, aquí hay una estabilidad presupuestaria, demuestra que no vamos a recuperar el tiempo perdido y a nosotros eso nos preocupa.


Muchísimas gracias. Le pido disculpas anticipadamente porque no podré quedarme a escuchar su respuesta, sí lo harán representantes de mi grupo, pero le prestaré una máxima atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchísimas gracias, señor Hernando.


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (DORADO PICÓN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001419) Y MIXTO (número de expediente
212/001464).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Antes de continuar con las intervenciones de los grupos parlamentarios, les comunico que, según me han informado los solicitantes de la comparecencia del Secretario General de la Administración de
Justicia, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, el Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Ciudadanos, han renunciado a la misma y, por lo tanto, no se celebrará. Le damos las gracias, de todas formas al señor secretario general, y le
pedimos disculpas ya que está aquí desde las 10 de la mañana.


Continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos no va a intervenir y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.


El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora Roldán, por su comparecencia. En primer lugar, quiero expresarle a usted el apoyo de mi grupo parlamentario a estos Presupuestos Generales del Estado por las razones que expusimos en la comparecencia anterior y si
bien la secretaria de Estado ha sido muy prolija en sus dos intervenciones, nos ha quedado alguna duda que trasladarle. (El señor vicepresidente, Molinero Hoyos, ocupa la Presidencia).


Le corresponde a usted la coordinación, la elaboración y la tramitación del anteproyecto de presupuestos y de sus organismos autónomos, al igual que el seguimiento presupuestario y el análisis del coste de la gestión del departamento y al
respecto tenemos algunas preguntas que hacerle. La primera de ellas, si no estoy en un error -si lo estuviera, le pido disculpas- es que según el dato que he tomado del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de 2017, a fecha 31 de
diciembre, los 100 millones de euros presupuestados para modernización de la justicia, la partida 1302, 112.A, 623, para el impulso de la modernización del servicio público de Justicia, no se habían ejecutado, y querría preguntarle a qué se debe
esta circunstancia ya que fue algo que nos costó mucho negociar con su Gobierno. Le confieso que fue algo de lo que nos costó mucho convencer previamente a nuestros propios economistas. Así que nos gustaría conocer qué sucedió con esta partida.


Íbamos a preguntarle también por las 300 plazas para jueces y fiscales. La secretaria de Estado ha reiterado el compromiso del Ministerio de convocar 300, ni una menos. Solo nos quedan las dudas acerca de si hacer la convocatoria este año
no implica ningún gasto en este ejercicio presupuestario o implica algo pequeño gasto que esté incurso dentro de esa partida genérica de gastos de personal que sí se ha visto incrementada en un 2,38 %. La secretaria ha explicado muy bien ese
decalaje de dos a tres años, y es la única duda que nos queda al respecto.


También dentro de esta función de seguimiento presupuestario y de análisis de coste, me quería referir al turno de oficio. En los presupuestos de este año aparecen 45 millones de euros destinados a los letrados, 3,6 millones de euros
destinados a los procuradores y 1 millón de euros destinados a los peritos. Quería preguntarle, si estas partidas están consignadas en los presupuestos, por qué se produce ese retraso sistemático en los pagos de las cantidades correspondientes a
los turnos de oficio prestados dentro del territorio del ministerio. Hemos hablado antes largo y tendido de las movilizaciones de los jueces y fiscales, y tengo que decir que los que sí están hoy en la calle, los que sí están la plaza de Castilla
precisamente a esta hora son los abogados y los procuradores, reivindicando un turno de oficio digno.


Finalmente, se ha referido usted a ese nuevo sistema informático del Registro Civil electrónico. Quiero recordar que uno de los motivos por los que este grupo no apoyó la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011 era que el texto que se
nos propuso decía que la aplicaciones informáticas se desarrollarían

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sin plazos ni fechas concretas. Dice usted hoy aquí que se irán implantando a lo largo de los próximos años. Quería pedirle un poquito más de precisión al respecto, que nos concrete algún plazo y qué partidas van a destinarse en lo que
entiendo que es una inversión plurianual.


Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molinero Hoyos): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, pero no haré uso del turno de palabra.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molinero Hoyos): Muchas gracias, señor Legarda.


Seguidamente, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora subsecretaria. Ha puesto usted de manifiesto dentro de lo que ya estamos viendo a lo largo de la mañana sobre el presupuesto de Justicia que es importante la estructura, la organización y algunos de los aspectos que
forman parte de sus competencias y que muchas veces pasan desapercibidos. Eso determina un buen funcionamiento del ministerio, de sus funciones y de algunos aspectos sobre los que me voy a detener muy brevemente y que seguramente en su contestación
también, y al hilo de otras preguntas, puede desarrollar. (El señor vicepresidente, Matos Mascareño, ocupa la Presidencia). Me va a permitir un pequeño inciso por un lapsus que cometí anteriormente. Le decía antes, al terminar la intervención, al
señor Hernando que estoy de acuerdo en lo que señaló el señor Hernando -y es un lapsus imperdonable por mi parte-, que es el reconocimiento, el apoyo a los profesionales de la justicia en momentos que no son sencillos, y además queremos manifestar
-y lo hago en nombre de mi grupo- nuestra máxima repulsa hacia aquellas actuaciones que suponen su desprestigio, el intento de interferir en sus resoluciones y, en todo caso, situaciones de acoso que, lamentablemente, estamos viendo en los últimos
tiempos. Por lo tanto, vaya desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, y la repulsa a todas las actuaciones de acoso que está sufriendo todo el personal de la Administración de Justicia.


Retomando lo que decía, la importancia de algunos de los aspectos que pasan desapercibidos y que usted ha puesto de manifiesto en estas partidas presupuestarias, yo destacaría dos cuestiones inicialmente. Una es ese compromiso continuado y
en incremento de restauración, de rehabilitación y también de accesibilidad en edificios de los juzgados, así como la construcción de nuevos juzgados, en línea con los compromisos, las necesidades y las prioridades que se han ido señalando y también
con la creación de nuevos juzgados en esas sedes. Siempre quedan algunas cosas pendientes, es inevitable, pero creemos que estos presupuestos dan un paso adelante que serán un impulso para sedes judiciales y para el correcto desarrollo de las
funciones que sus profesionales se realizan.


Por otra parte, quería poner de manifiesto cómo el trabajo que se viene haciendo en los registros públicos dentro de la subsecretaría son extraordinariamente importantes. Usted lo ha puesto de manifiesto con los porcentajes que revelan la
credibilidad y la mayor confianza de los ciudadanos en la obtención de certificados y, por tanto, en el acercamiento a la sede digital del Ministerio de Justicia. Muchas veces se hacen afirmaciones sobre que no se ha hecho nada, que no se ha
avanzado nada y que todo funciona mal, pero esto pone de manifiesto que no es así y que, además, hay un trabajo que también la Dirección General de los Registros y del Notariado hace de manera muy relevante en la propia transformación de la fe
pública para las necesidades del siglo XXI, lo que lleva a la transformación también de cómo desarrollan su trabajo los notarios y los registradores, o también algo que hemos mencionado en otras ocasiones y que no se ha dicho aquí pero de lo que
quiero dejar constancia, el gran trabajo que hace la Comisión General de Codificación, que ha sido relanzada en sus funciones. Es uno de esos magníficos instrumentos con los que contamos en España. Nuestro grupo le pide que lo siga apoyando, que
lo siga impulsando porque eso, sin duda, contribuirá a legislar mejor, a legislar con una mayor calidad. Tenemos magníficos juristas y magníficos profesionales que colaboran, además, de una forma extraordinariamente desinteresada. Así que me
parece que es bueno en este momento dejar constancia de esas labores más calladas, pero tan relevantes como las que hace la Abogacía del Estado, etcétera, que usted ha puesto de manifiesto.

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Quisiera plantearle dos cuestiones que me gustaría que desarrollara un poco más, aunque alguna ha quedado apuntada parcialmente. La primera es, dentro de esa labor que se realiza con cargo a las funciones de su subsecretaría, que nos
explicara cuáles están siendo los principales esfuerzos que se están realizando por acercar los servicios que debe ofrecer el ministerio a los ciudadanos para facilitarles sus gestiones y para reducir las cargas burocráticas. La segunda, en el
plano normativo, es que somos conscientes de que tenemos la obligación de desarrollar la actividad normativa, y aunque no vamos al ritmo que nos gustaría, desde el ministerio se siguen impulsando iniciativas. Además, hay que tener en cuenta que
algunas de ellas están vinculadas con la trasposición de directivas o la adaptación de la normativa interna por la entrada en vigor de reglamentos comunitarios. Me gustaría que nos explicara, si es posible, aquellas medidas que usted considere que
pueden contribuir a que sepamos cuáles son las consecuencias de que nuestra tarea no vaya tan rápido como debiera en relación con esa actividad normativa con la que estamos comprometidos por ser miembros de la Unión Europea, y también medidas de
participación ciudadana o de transparencia que estén impulsando en la subsecretaría y, por tanto, en el ámbito de sus competencias.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchísimas gracias, señora Moro Almaraz.


Para dar respuesta a las preguntas que se le han planteado, tiene de nuevo la palabra la señora subsecretaria.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Roldán Martín): Muchas gracias a todos los intervinientes, agradezco el interés por las cuestiones que estamos llevando y además el seguimiento porque se deduce de sus preguntas que son conocedores
profundos y están sensibilizados con los problemas que a todos nos conciernen, fundamentalmente mejorar los servicios públicos, ya sean de la Administración de Justicia o los que directamente el ministerio proporciona a los ciudadanos. El ciudadano
siempre es el foco de todas nuestras actuaciones.


En relación con las primeras preguntas sobre fechas de terminación y entrega de obras judiciales les diré -con todas las cautelas que esto siempre lleva consigo porque las obras pueden sufrir diversas contingencias-, como he comentado antes,
el hecho de que se haya incrementado el capítulo 6 del 112A -el año anterior y este- ha permitido adelantar en general una anualidad de la fecha de finalización de las obras. Sin que sea un compromiso absolutamente rígido las previsiones son las
siguientes. En Albacete tenemos una obra ejecutada ya en 2016-2017 que representa el 36,75 % del coste total del proyecto y la fecha de finalización prevista sería para mediados de 2019. En Badajoz hasta el momento esta ejecutado un 66,12 % del
coste total del proyecto y la previsión es terminar para finales de diciembre de este año. En Guadalajara la anualidad prevista este año permite que también terminemos para finales de noviembre -según nuestra previsión- de 2018 y en este momento la
obra está ejecutada al 51 %. En Ibiza representaría la actuación realizada hasta este momento el 42 % pero igualmente con la anualidad se le va a dedicar gracias al incremento presupuestario se podría terminar para final de este año. En el caso de
Lorca -que también tiene una asignación importante y el coste total del proyecto de obra es de unos 8 millones de euros- se prevé que la obra finalice en no más de dos años. En el caso de Segovia -sin perjuicio de que la contratista adjudicataria
entró en una situación de concurso de acreedores, en virtud de una subcontratación que se había hecho hasta los límites legalmente permitidos por la Ley de Contratos- actualmente prosigue las obras otra empresa y en este caso va algo más baja la
ejecución con un 7 % del coste total del proyecto y la previsión de su terminación en 2021. Creo que me han preguntado también por alguna otra obra concreta. En Soria nos han comunicado que termina en mayo y estamos pendientes estos días de hacer
la recepción. No sé si ha mencionado alguna otra, pero en este caso podremos facilitar la información en un momento posterior.


Tenemos también la cuestión de los recursos dedicados a la construcción del nuevo Registro Civil digital. Se dice que aunque se prorrogue no se llegaría al tiempo de la construcción de esta plataforma. Insisto en que por primera vez se han
dado pasos reales. El año pasado se adjudicó el contrato con fecha 1 de diciembre y está previsto que en dos años y con las dotaciones que tiene se pueda tener operativa esta plataforma. Si bien, va a ser un proceso de implantación gradual porque
ya a partir por ejemplo este mes de julio va a haber una serie de servicios aunque no esté construida la plataforma- que sí estaban previstos ya para el nuevo Registro Civil como las certificaciones deslocalizadas, es decir, la posibilidad de que
cualquier español desde cualquier punto e incluso telemáticamente pueda conseguir una certificación de hechos inscritos en un registro en otro lugar o también una nota informativa simple,

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sin valor de certificación, de toda su hoja personal, que es el principio a la evolución a ese código personal. Todos esos servicios los estamos evolucionando para que se puedan ir haciendo progresivamente y creo, sinceramente, que con las
dotaciones previstas, con los contratos en marcha y con las empresas ya trabajando hay viabilidad para que en el plazo de dos años la plataforma electrónica de nuevo Registro Civil digital electrónico esté en marcha.


En relación con la Agencia Española de Protección de Datos, se ha comentado que experimenta un pequeño incremento, efectivamente, del 0,9 % en su crédito del 135.M y que pudiera ser insuficiente ante los retos que tiene, retos derivados
tanto de la expansión de las nuevas tecnologías en la vida de todos, como también del hecho de que el 25 mayo entra en vigor de manera inmediata el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea -creo que algo más va a tardar la
aprobación de la ley orgánica de protección de datos que complementa, incorpora y adapta al ordenamiento español este reglamento, en todo caso es de aplicación directa-. A este particular, quiero señalar que la economía -como aprendimos todos- es
la ciencia de asignar de manera eficiente unos recursos escasos. Los recursos no pueden expandirse ilimitadamente. La agencia, tomando nota de estas previsiones que había que hacer, ha realizado un plan estratégico en el contexto de austeridad
entre 2015 y 2019 resignando y reorganizando muchos de sus recursos, está utilizando realmente lo que tiene. Por otra parte, hay que decir que también intentamos prestar ayuda en cuanto a la recalificación de puestos. Hay veces que puestos de
escaso nivel no se cubren y disponiendo de su coste se pueden obtener puestos mayores para tramitadores y calificadores que la agencia necesita.


También me gustaría señalar que la agencia no está sola en la Administración General del Estado en la implementación de la nueva regulación del nuevo Reglamento de Protección de Datos. Tengo pendiente de firma inminente una resolución de la
subsecretaría para la designación del delegado de protección de datos en el ministerio, que va a ser el subdirector responsable de la Inspección General de Servicios, y se va a construir además un grupo de trabajo con diez funcionarios de niveles 28
a 30 dedicados precisamente a informar y a llevar la supervisión de protección de datos en los ministerios. Esto va a ocurrir en el Ministerio de Justicia, creo que ya está constituido en el Ministerio de Hacienda y va a ocurrir en todos los
ministerios. Es decir, vamos hacer en toda la Administración General del Estado una labor de apoyo a toda la materia de protección de datos en colaboración, por supuesto, con la agencia.


En cuanto al programa normativo y su impulso, creo que en el ámbito del Ministerio de Justicia en lo que se refiere a cuestión de trasposición de directivas y cumplimiento de la normativa de la Unión Europea -que es lo que más nos preocupa-,
estamos impulsando todo aquello que nos incumbe, en concreto la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Popular para trasposición de la directiva de acciones penales de abuso de mercado o también el proyecto de ley de la
transposición de la directiva de la Orden Europea de Investigación. Son los dos únicos instrumentos en el ámbito del Ministerio de Justicia que tenemos ahora mismo fuera de plazo y se están impulsando otros muchos. Tenemos en fase de tramitación
administrativa el proyecto de ley en materia de secretos comerciales que traspone otra directiva y que presentaremos en breve porque ya solamente está pendiente del dictamen del Consejo de Estado.


Con esto quiero decir que, aunque las circunstancias parlamentarias son las que todos conocemos, se está intentando impulsar todo aquello que son obligaciones de derecho de la Unión Europea, que creo que además deberían ser -y me referiré
también al contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular- una obligación que nos concierne a todos y en la que todos coadyuvemos porque hay una política de multas muy estricta. Además, hay otra serie de iniciativas que responden también a
determinadas demandas, como -por ejemplo- en materia de Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, para temas de mediación y otras en las que estamos trabajando en el ministerio.


En relación con los datos de ejecución de 2017 no conozco bien de dónde puede salir la cifra que ha manejado porque al cierre del ejercicio que no es el 31 diciembre sino que nuestros datos son siempre de un mes posterior al cierre- el dato
de ejecución global que tenemos del presupuesto del crédito inicial de 1 700 000 del presupuesto 2017 es del 98,82 %, en unas circunstancias no fáciles porque fue un presupuesto aprobado y entrado en vigor a mitad de año y ejecutar esto en estas
condiciones y ser capaces de licitar y adjudicar los contratos ha sido una carrera contrarreloj donde la Secretaría General de Administración de Justicia ha hecho un ímprobo esfuerzo por la renovación del parque tecnológico en las sedes judiciales
-este año le corresponde el turno a la programación una vez que se han comprado las infraestructuras-. Por nuestra parte, también en la Dirección General de los Registros y el Notariado y en la División de Nuevas Tecnologías hemos impulsado todas
las actuaciones a las que me he referido

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antes en materia de registros asociados a la fe pública y en materia de certificados y de trámites electrónicos en la sede electrónica del ministerio.


En cuanto a la convocatoria de trescientas plazas, como creo que habrá explicado la secretaria de Estado -porque, además, es ámbito de su competencia-, es oferta de empleo público para 2018, pero evidentemente entre que son convocadas y
luego se llevan a cabo los procesos de selección, no hay una incorporación inmediata al sistema. Ahora creo que se están recibiendo las promociones de hace dos años que, además, tienen que pasar por las escuelas de formación, la Escuela Judicial y
Fiscal. Entiendo que la convocatoria de estos procesos en lo que incumbe al ministerio solamente tiene gastos generales que se imputan obviamente al capítulo de gastos generales.


Respecto al turno de oficio, en cuanto a las competencias de la Secretaría de Estado de Justicia, lo que le puedo decir es que recientemente se ha aprobado un real decreto que mejora la periodicidad en el pago. Si antes era trimestral,
ahora se pasa a un sistema de pago mensual del turno de oficio. Por otra parte, con el incremento importantísimo en asistencia jurídica gratuita este año se va a producir una elevación de los baremos que desde el año 2003 estaban congelados en el
territorio del ministerio. Con ello se van a homologar a otros más altos que hay en distintas comunidades autónomas, aunque en su día en algún caso también bajaron estos baremos en la época de crisis. Así, entiendo que se están tomando medidas.
No se puede producir un pago inmediato porque tienen que venir las certificaciones de los colegios de las asistencias prestadas, por lo que siempre tiene que haber un cierto decalaje entre la certificación de las asistencias y su pago, pero el
compromiso del ministerio, en virtud del real decreto aprobado, es pasar de pagos trimestrales a pagos mensuales.


En cuanto a la implantación del nuevo Registro Civil, ya lo he comentado, aunque no sé si quiere más detalles. Creo que con la adjudicación en firme a finales del año 2017 y el programa de trabajo existente, en dos años estaremos en
condiciones de que la plataforma electrónica pueda estar en funcionamiento. ¿Nuevas funcionalidades? Las notas inmediatas: a corto plazo la nota simple informativa del estado civil sin efectos certificadores y la obtención de certificados
deslocalizados. Asimismo, hay una nueva aplicación para certificados sobre la existencia de seguros de cobertura por fallecimiento. En cuanto a simplificación y mejora, esencialmente había un problema en la pasarela de pago para los certificados
de antecedentes penales y estamos trabajando en ello para fomentar que se pidan por medios electrónicos y no vía presencial. Asimismo, estamos fomentando que los funcionarios del Ministerio de Justicia utilicen la llamada plataforma de
intermediación de datos para evitar que los ciudadanos tengan que aportar datos que ya constan a las administraciones públicas. Como novedad general me gustaría anunciar que estas actuaciones se van a poder realizar no ya solo a través del
ordenador, sino también a través de dispositivos móviles a partir del segundo semestre de este año. Con esto creo que también contesto la pregunta formulada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a las mejoras en los servicios
prestados a través de la sede electrónica del ministerio. No solamente hay que hacer los esfuerzos tecnológicos para implantar las funcionalidades, sino también los esfuerzos de comunicación y concienciación para que esto ocurra. Por ejemplo, el
dato que di antes en cuanto al número de certificados de antecedentes penales y de delitos sexuales ha hecho que se invierta totalmente la situación inicial, en la que la mayoría se pedían por ventanilla presencialmente, mientras que actualmente la
mayoría se piden por vía electrónica, lo cual ha descongestionado notablemente el trabajo. Me gustaría comentarles también que, debido a estas nuevas herramientas y a nuevas medidas organizativas, en la última evaluación de satisfacción de los
usuarios de la Oficina Central de Atención al Ciudadano de la calle Bolsa, en el último informe del año 2017 la valoración de los ciudadanos ha ascendido a 8,49 puntos sobre 10 y en más del 79 % de los casos se ha valorado el servicio como bueno o
muy bueno y se han reducido a la mitad las quejas que hubo en el año 2016 cuando se estableció la obligación de presentar estos certificados.


Por último, en cuanto a la actividad normativa del ministerio, además del impulso que intentamos darle por los proyectos de ley, el grupo parlamentario o los demás grupos parlamentarios a través de las proposiciones de ley que se tramitan en
el Parlamento, me gustaría que sean conscientes de que España está actualmente ante un déficit histórico de trasposición de directivas de más del 3 %. Esto tiene unas consecuencias con un impacto presupuestario potencial grave y evidente, porque la
Comisión Europea desde una comunicación de 19 de enero de 2017 ha cambiado su política de multas, de tal manera que se ha fijado como objetivo que si en el plazo de doce meses desde la finalización del plazo de trasposición no se han aprobado las
iniciativas pertinentes, llevará al Tribunal de Justicia a los Estados sobre la base de dos parámetros. En primer lugar, va a pedir no solamente la multa a tanto alzado, sino también la multa

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coercitiva diaria por días de retraso. Además, se va a aplicar el principio de no desistimiento; esto quiere decir que, aunque el Estado trasponga la directiva antes de que recaiga sentencia, la multa a tanto alzado va a seguir recayendo,
cosa que hasta ahora no era así. De las directivas que nos incumben en el ámbito de justicia, a la Directiva sobre abuso de mercado todavía se le aplica la antigua política de multas de la Comisión, porque venció el plazo de trasposición antes de
enero de 2017 y, por tanto, aquí habría posibilidad de desistimiento si se aprueba esta norma antes de que recaiga sentencia. En cambio, en el caso de la Directiva sobre la orden europea de investigación en materia penal ya se aplica la nueva
política de multas y no habrá desistimiento. Quiero señalar que las multas previstas son importantes, de miles de euros diarios. Ya que estamos en comparecencias presupuestarias, es una cuestión que tenemos que poner de relieve para que todos
hagamos un esfuerzo no solamente en las iniciativas legislativas, sino también en la aprobación de las normas correspondientes. Disculpen este excursus.


Ahora me voy a referir a la pregunta en cuanto a la transparencia y a la participación ciudadana en la elaboración de iniciativas. Como ha dicho, contamos con el invaluable servicio de la Comisión General de Codificación, cuyo presupuesto
ha bajado de manera importante en los últimos tiempos debido a que han renunciado a las dietas. Solamente se pagan las comisiones de servicio por los viajes, pero no se pagan dietas actualmente. Se han relanzado las cinco secciones y ha bajado el
presupuesto asignado a la Comisión General de Codificación, que ha preparado borradores tan importantes como los del texto para el proyecto de ley orgánica de protección de datos y la ley de secretos comerciales, entre otros. Actualmente, tiene
varias encomiendas importantes también de proyectos que se van a traer en cuanto puedan ser tramitados administrativamente. Junto con este asesoramiento experto e independiente al ministerio, también me gustaría destacar que en la acción normativa
la participación ciudadana es muy importante. Obliga a ella el artículo 133 de la Ley 39/2015, a cuyo efecto ya ha sido desarrollado por una orden del Ministerio de la Presidencia y se ha puesto en los portales web de cada uno de los departamentos
ministeriales un apartado en el que se abren consultas públicas previas a la tramitación de las iniciativas legislativas. En concreto, en el caso del Ministerio de Justicia hemos sometido a consulta previa la trasposición de la Directiva por
infracciones del derecho de la competencia de los Estados miembros, la trasposición de la Directiva de la orden europea de investigación en materia penal, la adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos, la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución, agilización de procedimientos e impulso de la mediación, la trasposición de la Directiva de secretos comerciales y el anteproyecto de ley orgánica del derecho de defensa. Actualmente, está abierta en
consulta pública una iniciativa social en la que hay un enorme interés -me consta- por parte de esta Cámara y de los ciudadanos: la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Esta consulta estará abierta hasta el 27 de
abril de 2018 y se están recabando importantes informaciones y modos de sentir a la hora de efectuar esta modificación del Código Civil.


Creo que he contestado a la mayor parte de las preguntas.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Damos de nuevo las gracias a la señora subsecretaría.


Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.