CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 484

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ

Sesión núm. 15

celebrada el martes,

17 de abril de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 121/000020):


- Del señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF (Escrivá Belmonte). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001433); Ciudadanos (número de expediente 212/001510);
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001330); Socialista (número de expediente 212/001223) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001524) ... (Página2)


- Del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001446); Ciudadanos (número de expediente 212/001493); Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea (número de expediente 212/001350); Socialista (números de expediente 212/001245, 212/001248 y 212/001249) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001549) ... (Página30)


- De la señora secretaria de Estado de Comercio (Poncela García). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001441); Ciudadanos (número de expediente 212/001488); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (número de expediente 212/001334); Socialista (número de expediente 212/001268) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001538) ... (Página51)

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- Del señor subsecretario de Economía, Industria y Competitividad (González-Panizo Tamargo). A petición de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001339); Socialista (número
de expediente 212/001271) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001541) ... (Página67)


- De la señora secretaria de Estado de Función Pública (Collado Martínez). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001436); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente
212/001392); Socialista (número de expediente 212/001220) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001567) ... (Página76)


- Del señor secretario de Estado de Administraciones Territoriales (Bermúdez de Castro Mur). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (números de expediente 212/001437 y 212/001302); Ciudadanos (número de expediente 212/001504);
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/001430 y 212/001429); Socialista (número de expediente 212/001263) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001583) ... (Página93)


- Del señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, ICO (Zalba Bidegain). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001287) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001542) ... href='#(Página110)'>(Página110)


- Del señor secretario general del Tesoro y Política Financiera (Navarrete Rojas). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001267) y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de
expediente 212/001338) ... (Página117)


Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 121/000020).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (ESCRIVÁ BELMONTE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente 212/001433); CIUDADANOS (Número de expediente 212/001510);
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/001330); SOCIALISTA (Número de expediente 212/001223) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001524).


El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Buenos días. Disculpamos al presidente de la Comisión, que estará a punto de llegar.


Comparece ante la Comisión el presidente de la Airef, que tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidente.


Señorías, voy a proceder a transmitirles los análisis y las recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha realizado en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. En mi
presentación me voy a centrar en los siguientes temas. En primer lugar, voy a hablar del escenario macroeconómico. Como conocen, la normativa europea exige que el cuadro macroeconómico que subyace a los Presupuestos Generales del Estado sea
evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y lo avale en el caso de que este presupuesto sea probable o más que prudente que probable. Esos son exactamente los términos de la normativa europea y me explicaré al respecto. En
segundo lugar, la normativa europea y la Ley Orgánica de la Autoridad

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Independiente de Responsabilidad Fiscal también exige que evaluemos los Presupuestos Generales del Estado desde la perspectiva de su adecuación a las reglas fiscales y al marco de disciplina tanto europeo como nacional. A eso también me
referiré en el segundo punto. En tercer lugar, haré una especie de síntesis, evaluando conjuntamente los datos de los presupuestos desde una doble perspectiva que de alguna forma se contrapone; de una parte, la función estabilizadora del ciclo
económico que debe tener la política fiscal, teniendo en cuenta la exigencia de que la deuda sea sostenible; y de otra parte, que las cuentas públicas respeten el principio de estabilidad presupuestaria. Hay otras funciones en la política fiscal
que la Airef no evalúa, aunque también son muy relevantes, porque no tenemos mandato para ello ni tenemos el expertise ni la capacidad, como son la función de distribución de renta que tiene la política fiscal y, en su caso, para las nuevas medidas,
el impacto que puede tener sobre el crecimiento económico a medio plazo. En otros países, los Airef correspondientes sí tienen competencias y por lo tanto instrumentos y capacidad para evaluar esto. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Nosotros nos limitamos en esta evaluación a aquellos aspectos en los cuales estamos habilitados para hacerlo, pero quiero añadir que una evaluación más completa incorporaría algunas dimensiones en las que desgraciadamente no me puedo extender mucho,
aunque pueda hacer alguna reflexión. Finalmente hablaré de mis recomendaciones.


Como decía, el primer punto de mi presentación hace referencia al escenario macroeconómico. Nosotros hemos evaluado este informe y es preceptivo que lo saquemos simultáneamente con la presentación de los presupuestos por el Gobierno. Hemos
evaluado el cuadro macroeconómico y hemos concluido que son unas posiciones macroeconómicas prudentes. Voy a intentar explicar y detenerme en por qué nosotros creemos que es así. (Apoya su intervención con un powerpoint). En primer lugar, hay que
constatar que este año estamos evaluando las proyecciones del año en curso en el mes de abril, cuando normalmente lo hacemos seis o siete meses antes, con lo cual el grado de precisión de la valoración es mucho mayor. No estamos en septiembre o en
octubre del año 2017, estamos en abril de 2018 y ya sabemos bastante lo que está pasando. Y eso que está pasando lo intento reflejar en esta primera transparencia, que es el indicador de termómetro de la economía española que estamos sacando desde
hace unas semanas, que evalúa en tiempo real y con datos diarios muy térmicamente lo que está pasando dentro del trimestre. Lo que vemos es que desde principios del año ha habido una tendencia a una mayor aceleración de la actividad, a un mayor
crecimiento, y esto va a determinar en gran medida el resultado del año. Estamos creciendo en este momento en tasas de en torno al 3 % -si no algo mayores- y si eso va a ser así, como parece altamente plausible, en el primer semestre alcanzar el
2,7 % para el conjunto del año es consistente con una desaceleración significativa en el segundo semestre del año; no hay perfil trimestral pero entendemos que es lo que incorpora la proyección de 2,7 del Gobierno. Por eso pensamos que esta
proyección es prudente dentro de lo que es estrictamente el año 2018.


Voy a hacer algunas reflexiones un poquito más de tendencia. Aquí, permítanme que comparta con ustedes la forma en la que nosotros presentamos la evaluación, que es lo que se conoce como un fan chart, un gráfico de abanico. Esa proyección
central del PIB real del 2,7 es la del Gobierno y, como ven, está claramente dentro del rango de plausibilidad que tenemos nosotros. La evolución del deflactor del PIB, que es muy importante desde el punto de vista fiscal -porque lo que importa es
el crecimiento nominal desde el punto de vista de los ingresos fiscales-, vemos que está incluso por debajo del rango intercuartil central de 40-60, es decir, es una proyección de inflación conservadora. El resultado -lo vemos aquí conjuntamente-
cuando vemos el fan chart de la proyección del crecimiento del PIB nominal -que es el relevante de una forma simplificada para muchos de los ingresos fiscales- es que dentro de nuestro rango de plausibilidad tenemos esa percepción de prudencia.


¿Por qué es esto? Voy a apuntar y a discutir algunas de las reflexiones que se han hecho por parte de los especialistas a la hora de evaluar este año 2018. Tenemos la suerte de que este año, finales de 2018 y principios de 2019, estamos
cerrando el ciclo, estamos llegando a una posición cíclica neutral. Este es el gráfico de la brecha del producto, lo que llamamos los economistas output gap, en la estimación en incertidumbre de la Airef, y observamos que se está completando un
ciclo completo. Ahí tienen ustedes el ciclo completo de casi dos décadas. En el año 1999 estábamos en una situación cíclica parecida a la actual, con lo cual es interesante comparar el año 1999 con el año actual porque nos da dos puntos de
referencia, donde las influencias cíclicas sobre muchas magnitudes, que a veces distorsionan el análisis, básicamente las tenemos fuera y son dos puntos muy comparables. Esto me sirve para decir que pensamos que el recorrido de crecimiento es
sostenible porque se está creciendo de una forma más equilibrada de lo que ocurría en el año 1999 en una posición cíclica similar. Aquí vemos una comparación

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de algunos elementos. Por ejemplo, en el año 1999 había un déficit por cuenta corriente de más de 1,5 puntos del PIB; ahora tenemos un superávit de casi 2. En el año 1999, en un punto cíclico similar, la inflación estaba sensiblemente por
encima de la del Banco Central Europeo; ahora está por debajo la expectativa del año 2018. En el año 1999 teníamos un apalancamiento del sector privado y el crédito ya creciendo al 16 %; ahora, básicamente casi todo se financia con
autofinanciación y se hace prácticamente sin crédito bancario. ¿Esto qué quiere decir? Que es probable que en los próximos años, cuando el ciclo vaya madurando a partir de esta situación neutral que vemos en el gráfico, lo hagamos de forma más
suave, más equilibrada y probablemente tengamos un ciclo alcista más sostenible y que se extienda algo más. Esa es una de las razones por las cuales pensamos que este crecimiento en el que estamos instalados tiene cierto recorrido, por esta
comparación en dos puntos cíclicos. Ahora bien, no todo es de color de rosa y la comparación con el año 1999 también nos lleva a reflexionar sobre algunos retos. Permítanme que distinga tres. El primero es el fiscal. En el año 1999 teníamos una
deuda pública en torno a 60 puntos del PIB -ahora estamos por encima de 95-; en el año 1999 teníamos un superávit primario de 2 puntos del PIB básicamente estructural- porque estábamos en una situación cíclica neutral, ahora estamos en equilibrio
cíclico con un déficit probablemente algo por encima del 2,5 % en el año 2018. Por lo tanto, se ha deteriorado nuestra posición estructural de una forma significativa durante el ciclo completo tan largo y tan amplio que hemos tenido. Es curioso
que la tasa de paro que tendremos a final de este año es prácticamente la misma -en torno al 15 %- que la que teníamos en el año 1999. Seguimos teniendo un problema en el mercado de trabajo después de este ciclo tan largo. La desigualdad ha
crecido; comparando el índice de Gini de 1999 con el actual es más alto. Hay una tendencia a pesar menos las rentas salariales dentro de la distribución de rentas. Es decir, hay elementos que, al mismo tiempo que tenemos una economía que está
creciendo de una forma más equilibrada y con menos sobresaltos, plantean retos estructurales significativos que he querido reflejar aquí. Me parece que esta es una reflexión importante a tener en cuenta.


Entrando en temas más concretos, hay quienes están haciendo previsiones un poquito más conservadoras -el propio Gobierno hace una previsión, donde el consumo en el año 2018 crece a un ritmo inferior al del año 2017- y nosotros no estamos tan
seguros de eso. Les voy a intentar explicar por qué. En este gráfico ven la evolución del consumo privado en volúmenes en términos reales desde el año 1999. Esta línea que pongo encima es el determinante estructural de equilibrio del consumo
basado en sus determinantes de renta, de equilibrio, de riqueza, tipos de interés, etcétera. De tal forma que la brecha entre los dos -que es lo que pinto aquí- es básicamente si el consumo está o no por encima de su nivel de equilibrio, y lo que
vemos es que sí estamos un poquito en una fase expansiva. Pero es que cuando empieza la fase expansiva no se agota inmediatamente -como ven ustedes-, sino que tiende a deslizarse y probablemente estamos entrando en una fase de exceso de consumo
pero que tiene recorrido para unos años. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente objetivo, no pensamos que el consumo se vaya a desacelerar tan pronto como aparece en algunas previsiones.


Otra forma de ver el tema del consumo. Se ha dicho que la tasa de ahorro es muy baja en España ahora. Esta es la tasa de ahorro de las familias españolas en porcentaje de la renta disponible desde el año 1999. Observen ahí esos dos puntos
que señalo, son los dos mínimos. Se suele decir que estamos volviendo a los mínimos del año 2007, una tasa de ahorro en torno al 6 %, pero se nos olvida algo muy importante que viene en este gráfico y es que esa es la parte del ahorro bruto
destinado a la inversión por parte de las familias, básicamente en vivienda. En el año 2007 era 250 puntos del ahorro; es decir, el ahorro se agotaba y además tenías que desahorrar con créditos de 1,5 puntos más de todo el ahorro para poder
absorber la venta de vivienda. Ahora, como vemos, prácticamente todo el ahorro bruto es suficiente para abordar los gastos de inversión en vivienda, principal desamortización de las familias. Además, las familias tienen una situación de riqueza
financiera bastante agregadamente. Cuando uno mira los deciles de renta, la fotografía es muy distinta -aquí estoy hablando en términos muy macro-. En términos muy macro las familias tienen un nivel de renta neta -inmobiliaria financiera menos
crédito- que está en los máximos históricos, en 120 puntos del PIB. Hay que retrotraerse a principios del año 2000 para encontrar algo así. Toda esa tasa de ahorro tan alta que vemos en este gráfico durante la crisis, las familias la han utilizado
sobre todo para acumular activos financieros; estamos en niveles máximos de depósitos en los bancos de las familias y eso les da un colchón para sostener el consumo. Por tanto, creo que todavía -cuando madure el ciclo ya lo veremos- en este punto
cíclico más o menos neutral no es razonable que encontremos una desaceleración del ahorro.

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Otro soporte es la inversión. El comportamiento de la inversión en bienes de equipo -he quitado construcción- está siendo verdaderamente llamativa. El gráfico que ven a mi izquierda es la tasa de crecimiento histórica desde los años
ochenta de la inversión en España, que ha sido alta, un 6,4 %. Desde el año 2013 estamos creciendo a una tasa superior, ahí ven las dos pendientes. Estamos creciendo sistemáticamente en la tasa de la inversión, se está invirtiendo mucho en España,
mucho más que en Europa. El gráfico de la derecha -si lo quieren comparar- representa la misma aproximación para la Unión Europea y fíjense que la tasa de crecimiento en los últimos cuatro años está por debajo de la mitad de la española, un 3,5 %.
Luego estamos teniendo un crecimiento con un sesgo muy significativo hacia la inversión en bienes de equipo, y esto suele suponer una aportación al stock de capital de la economía que tiende a sostener el crecimiento. Además, esta inversión -esto
es una novedad- se está financiando básicamente con capital, con autofinanciación. Esto es lo que refleja este gráfico, donde ven el ahorro acumulado de los sectores no financieros y cómo gran parte de esa inversión -la parte de abajo vendría con
crédito- se ha dado la vuelta completamente. Es decir, el área oscura es lo que se financia con crédito, el área de color es lo que se financia con autofinanciación. Está comprobado empíricamente que cuando las inversiones se realizan con capital,
con autofinanciación y menos con crédito, la asignación de los recursos suele ser mejor. Estamos financiando este gran stock de capital en España, fundamentalmente, con capital y con autofinanciación y prácticamente en términos agregados y netos no
se está utilizando el crédito, lo que quiere decir que todavía hay recorrido para cuando vuelve el crédito.


Estas razones nos llevan a pensar a nosotros que estamos en una situación en la cual crecimientos similares a los del año pasado seguramente serán perfectamente plausibles y a valorar el crecimiento del cuadro macroeconómico como prudente en
este contexto. Además, cuando uno evalúa los riesgos -que siempre los hay- a la baja que puedan producirse, nosotros los vemos -no voy a entrar en detalle porque me llevaría un poco de tiempo- o bien con probabilidad baja o bien con impacto
negativo sobre el crecimiento limitado. Esto tendría ya que materializarse prácticamente para que los impactos en 2018 se vean. Cuando vuelva aquí para hablar del programa de estabilidad que tiene que presentar el Gobierno a final de este mes, que
se extiende durante cuatro años, el diagnóstico puede que difiera, porque una cosa es evaluar a cuatro años vista y otra cosa es evaluar a siete u ocho meses vista, que es lo que estamos haciendo en este momento. Hay que ser conscientes de que lo
que estamos evaluando es a muy corto plazo en este momento, por tanto, cuando hablamos de riesgos, tenemos que valorarlos desde esa perspectiva estrictamente. Estamos viendo el impacto en ingresos en este propio año básicamente dentro de un cuadro
macroeconómico.


Voy a pasar ahora al segundo punto, que es la evaluación de los objetivos fiscales. Aquí tengo que transmitirles el dilema al que se enfrenta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. He intentado reflejarlo en esta
transparencia. Aquí hay un objetivo agregado, que es el 2 %, que se acordó y se fijó con las autoridades europeas en su momento para el conjunto de las administraciones públicas. Voy a explicar durante esta presentación que nosotros consideramos
que alcanzar este objetivo agregado es factible, aunque está muy justo. Nuestra proyección central es un poco por encima del 2,2, con lo cual es factible según nuestros ejercicios probabilísticos, pero muy ajustado. Recuerdo que la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal -esto es lo que piden las autoridades europeas- tiene que hacer recomendaciones a las administraciones públicas cuando perciba en un ejercicio preventivo que su presupuesto o su ejecución le lleva a
desviaciones de sus objetivos fiscales. Desde esta perspectiva, nosotros no vemos la necesidad de hacer ninguna recomendación este año desde el punto de vista de la reconducción hacia el objetivo, tal y como establecen determinados artículos de
nuestra ley orgánica. ¿Pero qué ocurre? Que nuestra ley orgánica nos dice que esto lo tenemos que evaluar mirando a cada una de las administraciones individualmente, y cada una de las administraciones individualmente tiene un objetivo distinto,
objetivo que se fijó aquí en las Cortes. Sería Administración central, comunidades autónomas -en este caso todas son iguales- y corporaciones locales. Nosotros también tenemos que pronunciarnos sobre eso, y cuando vemos los objetivos a nivel
individual, ese diagnóstico agregado no coincide. Esto nos plantea un dilema porque realmente tendríamos que hacer recomendaciones a algunas administraciones -ahora veremos cuáles-, diciéndoles que tendrían que hacer ajustes cuando sabemos que
agregadamente no son necesarios pero sí. El problema está en que se han fijado objetivos inadecuados para cada uno de los sectores; se han fijado, se han propuesto y se han acordado en esta Cámara, y nosotros nos vemos impelidos a evaluar eso de
alguna forma. Lo que estamos aplicando es el sentido común y estamos reconduciendo todo este cálculo para no tener que hacer recomendaciones cuando, agregadamente, las cosas más o menos casan. Pero esto plantea un problema de interpretación

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muy estricto de la legalidad. Aparte de que el marco de esquemas de reglas concretas que se fija para cada Administración pierde virtualidad de esta forma y se vacía un poco de contenido la Ley de estabilidad cuando estos objetivos se fijan
así, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de la Airef se plantea un problema, porque nosotros, si nos atenemos a la letra, tendríamos que estar haciendo recomendaciones que, por otro lado, creemos que no son necesarias. Pero después llega el
Tribunal de Cuentas, que evalúa a la Airef y lo hace con una aproximación realmente muy extensiva, y dice: Oiga, ustedes están favoreciendo al Gobierno porque tendrían que haber hecho recomendaciones, ya que el objetivo es este y resulta que no se
qué... Entonces, tenemos que explicarles: Mire usted, apliquemos el sentido común, porque agregadamente... Esto genera problemas en los marcos cuando, a veces, se hacen interpretaciones muy legalistas de las cosas, que es un juego en el que
nosotros no estamos. Más allá de las interpretaciones legalistas, lo que a mí me preocupa sobre todo es que el marco de reglas para cada Administración que debe guiar y permitir la evaluación de sus objetivos está perdiendo utilidad con esta
técnica de fijación de objetivos.


Voy a entrar a explicarlo, porque es importante, con un poquito de detalle. Esta primera columna son los objetivos que han aprobado ustedes para cada una de las administraciones: cero equilibrio para las corporaciones locales; menos 0,4
para las comunidades autónomas; fondo de la Seguridad Social, menos 1,1; Administración central, menos 2; y el agregado que coincide, que es el que se acuerda por Bruselas. En corporaciones locales el objetivo es muy holgado y no hay ninguna
razón para que las corporaciones locales no tengan un superávit, que es realmente lo que ocurre. La Ley de estabilidad dice que las corporaciones locales tienen que tener o bien equilibrio presupuestario o superávit; lo dice así expresamente, pero
no se fijan los objetivos. Y con las comunidades autónomas son objetivos muy holgados. ¿Qué ocurre? Que es muy improbable o casi imposible cumplir el objetivo que se ha fijado en cada caso de la Seguridad Social una vez más o el de la
Administración central. Pero, agregadamente, cuando se compensan unos con otros, es factible el 2,2. Es decir, la regla europea vale, pero el marco que nos hemos creado nacionalmente podríamos decir que es papel mojado, desde el punto de vista de
las reglas, con esta técnica.


Voy a explicarles cómo hemos intentado salir de este lío e intentar introducir sentido común en nuestra propia evaluación. Primero, supuestos. Vamos a pensar que las corporaciones locales, porque su posición financiera y presupuestaria es
bastante estructural, van a tener un superávit parecido al del año 2017, que es un 0,6 % de superávit; eso es lo que pensamos. Supongamos que las comunidades autónomas cumplían la regla de gasto. Si cumplían la regla de gasto, ese menos 0,4 se
iría a menos 0,2. Supongamos ahora que la Seguridad Social, en la que todo es muy inercial y todo está predeterminado, va a tener un déficit básicamente como el de este año, 1,5 puntos del PIB de déficit, y recordemos cuál es el objetivo agregado
de menos 2,2. ¿Qué nos sale por residuo? El objetivo de la Administración central de menos 1,1. Eso es lo que nos sale. Por cierto, hay una errata en esta transparencia; en Administración central es menos 0,7, no menos 1,2, para que entiendan
un poco el cálculo.


¿Qué pensamos en la Airef? Pensamos que el 0,6 es realmente factible; que algunas comunidades autónomas no van a cumplir la regla de gasto y, por lo tanto, van a estar más bien en el menos 0,3, no en el 0,2; que la Seguridad Social va a
estar en el 1,5, muy parecido a este año, y que el Estado probablemente esté no en el menos 0,7 de objetivo, pero sí puede estar cerca del menos 1,1, aunque si añadimos el gasto incurrido por la responsabilidad patrimonial de la Administración con
las autopistas, probablemente se vaya más al 1,3. ¿Qué ocurre? Que, al final, ese menos 2,2 es factible, pero ajustado. Si suman, nosotros apuntamos más a un 2,5, pero si tenemos en cuenta que el gasto de la RPA es un gasto no recurrente de una
vez de 2 décimas, pues estamos cerca de ahí; es difícil llegar al 2,2. Esto es un poco como nosotros nos hemos aproximado para no tener que hacer recomendaciones específicas a la Administración central de que no va a cumplir su objetivo del menos
0,7, que no lo va cumplir. A partir de ahí, es útil -porque al final la financiación está cruzada de unos y de otros- mirar los distintos subsectores; yo creo que eso ayuda a ver toda la fotografía, porque siempre hablamos del menos 2,2 y para eso
hay que mirar los subsectores. Nosotros, en paralelo a la evaluación del presupuesto del Estado, estamos evaluando -ya lo tenemos muy aproximado- los presupuestos de todas las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, con lo cual, les puedo
traer también la fotografía de lo que está pasando en las otras administraciones.


Es bueno mirar un poco al presupuesto del Estado desde esta perspectiva. Aquí, este quesito que va saliendo en la transparencia es todo el tamaño de los presupuestos del Estado. De estos, 114 000 millones van a las comunidades autónomas;
18 000 millones van a las corporaciones locales; 13 700 millones van

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a la Seguridad Social; 10 000 millones son aportaciones a la Unión Europea; 14 600 son clases pasivas, que están predeterminadas y sobre las que no hay ningún margen de discrecionalidad; y 25 800 millones, con una cierta caída este año,
es lo que va a intereses. Entre paréntesis aparece la tasa de crecimiento que en la Airef esperamos de cada uno de estos componentes. Lo que le queda al Estado para poder jugar es aproximadamente un 25 % de lo que hay, que es este quesito de aquí,
que le vamos a llamar gasto discrecional, aunque hay muchas cosas predeterminadas también, como estructuras salariales, etcétera. De estos 62 000 millones, va a haber 34 000 millones para consumo público; 14 000 millones van a subvenciones y otros
gastos; y finalmente, 14 500 es lo que va a formación bruta de capital, y a nosotros nos gusta añadir aquí también el resto de operaciones de capital que financian de otra forma también. La RPA la hemos sacado fuera, que nosotros sí la hemos
incorporado a nuestro análisis, así como el céntimo sanitario que habrá que pagar -unos 500 millones- y lo ponemos un poco separado. ¿Cuánto crece esto que llamamos gasto discrecional? Aproximadamente, hasta este año, un 5,8 %; lo que más crece
es la formación bruta de capital, un 19 % este año, aunque todavía, para que veamos hasta qué punto la inversión ha ido bajando año tras año, estaremos a los niveles de 2010.


Si les parece, vamos a ir viendo qué pasa con cada uno de estos trocitos del quesito. Empecemos por los ayuntamientos. Perdonen que me detenga un poco aquí, porque este superávit estructural de los ayuntamientos, cuando el conjunto de las
administraciones públicas está en una situación de déficit importante, requiere alguna reflexión. Voy a explicarles por qué nosotros pensamos que este superávit es básicamente estructural, como estamos viendo año tras año. En primer lugar, tiene
que ver con los ingresos. Los ayuntamientos -aquí la comparación con las comunidades autónomas es interesante- tienen una estructura de ingresos mucho más acíclica, con lo cual le da una gran estabilidad de los ingresos en relación, por ejemplo,
con las comunidades autónomas. En segundo lugar, tienen mucha más capacidad de palancas propias. En este gráfico aparece la recaudación en porcentaje del PIB de los ayuntamientos desde el año 2006 por IBI, y la gráfica de arriba es la recaudación
que podrían haber obtenido si hubieran llevado el tipo al máximo. ¿Ven ustedes cómo el colchón se ha ido abriendo entre una y otra? Ninguna otra Administración tiene una situación como esta, en la cual tienen posibilidades de aumentar su
recaudación crecientemente y que realmente no tienen por qué utilizarla. (El señor Bel Accensi hace gestos negativos). Creo que al señor Bel no le está gustando lo que estoy diciendo. (Risas.-El señor Bel Accensi: No). Eso nos va a permitir
tener después un buen debate. Hay que hacer algo con estos 7000 millones (Una señora diputada: Ya, ya). Hay que hacer algo con ellos.


Sigamos con la comparación entre las corporaciones locales y comunidades autónomas. Este es un debate típico entre corporaciones locales y comunidades autónomas. Aquí vemos la evolución de ingresos sensibles o no por el ciclo, pero,
permítanme que me vaya a la parte del gasto. El gasto de los ayuntamientos está muy influido por la evolución de la población en términos generales. Así como las comunidades autónomas están más influidas por el envejecimiento, la estructura tiene
la enorme presión del gasto en sanidad, en educación, etcétera, la provisión general de servicios en los ayuntamientos tiene mucho que ver con la población, y las corporaciones locales se han beneficiado de una caída de la población de un millón de
personas en los últimos años, como se ve en este gráfico de aquí. Veo que al señor Bel sigue sin gustarle esto (Risas), pero es así, en España en los últimos años la población ha caído en un millón de personas. Por tanto aquí vemos cómo va el
gasto financiero de los ayuntamientos a continuación.


La verdad es que las competencias de los ayuntamientos -y todavía más con de la ley de racionalización de las haciendas locales, que está en el limbo y que conoce muy bien el señor Bel- están muy acotadas. Los ayuntamientos ayudan a las
comunidades en temas de dependencia, de asistencia social, mantienen colegios, etcétera, pero las competencias pertenecen fundamentalmente a las comunidades autónomas, no a los ayuntamientos, que tienen límites constantes y restricciones respecto de
hasta dónde pueden llegar en gasto social, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde la asistencia social la realizan fundamentalmente los ayuntamientos. La dependencia suele depender de los ayuntamientos en casi todos los países. No es
sorprendente que después nos encontremos con que en dependencia haya casi 300 000 personas en las comunidades autónomas -esta es la cifra que nosotros hemos estimado- pendientes de acceder a la dependencia. Nosotros estimamos que el coste puede
estar en torno a los 3000 millones, pero hay que tener en cuenta que a los ayuntamientos les sobran 7000. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto.


Por tanto, señor Bel -perdóneme, pero veo que está muy interesado en este tema-, (Risas) mire lo que pasa con la regla de gasto después. Esa línea discontinua que ven ahí es la tasa de referencia de la

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regla de gasto, y lo que tienen ahí es la tasa de crecimiento del gasto computable de los ayuntamientos de acuerdo con la regla de gasto. Además ahí también está Zaragoza y encontramos cosas particulares. Como ven, excepto en el año 2015,
los ayuntamientos globalmente no están restringidos por la regla de gasto. En el año 2017 el gasto agregado de los ayuntamientos creció al 1 %, pero podría haber crecido hasta más del 2 %. Parece que no hay recorrido, que no hay donde gastar.
(Rumores). Y fíjense ustedes en el año 2016. (Risas). Por tanto a algún ayuntamiento le restringe la regla de gasto, y lo podemos comprobar, pero agregadamente no, como pueden ver en el gráfico. El gasto ha crecido un 1 % y podría haber crecido
hasta más del 2 %. Luego sobre esto hay que reflexionar, porque tenemos enormes tensiones de gasto en otras administraciones y enormes desajustes de financiación. Es muy importante que esto se ponga encima de la mesa y esté en el centro del
debate.


Aquí termino con los ayuntamientos, y aquí pueden ver exactamente la estructura de ingresos y gastos. Voy a ir rápido porque aquí se ven los crecimientos. El gasto ha crecido al 3,4 %. Esta es nuestra expectativa para 2018, basada en la
evaluación que hemos hecho de los presupuestos que nos han ido mandando los ayuntamientos y en la interacción que hemos tenido sobre todo con los grandes. En estas cajitas pueden ver la estructura de ingresos y gastos, pueden ver cómo los gastos
crecen de nuevo en 2018 al 3,4 y por ejemplo los ingresos propios a más del 4 %. Con lo cual vamos a tener otros tantos millones de superávit.


Por otra parte, se ha flexibilizado la regla de gasto de los ayuntamientos para el año 2018. Nosotros hemos estimado el impacto que esto pueda tener y pensamos que no va a afectar mucho a esta fotografía en el año 2018, e intento explicarlo
en esta transparencia. Primero, hay unas condiciones bastante exigentes para quien pueda utilizar esa posibilidad de que gastos financieramente sostenibles no computen en la base de la regla de gasto, lo cual nos ha llevado a estimar que
aproximadamente un tercio de los ayuntamientos no se vayan a beneficiar. Se van a beneficiar todos los grandes, pero sobre todo los ayuntamientos de tamaño intermedio en España están en una situación bastante peor que los grandes y que los muy
pequeños. En esa franja va a haber un grado de capacidad para poder acceder a inversiones financieramente sostenibles mucho menor. En cambio las diputaciones en general están muy holgadas y casi todas van a poder tirar de ello.


Como ven aquí la medida ha permitido ampliar aquellos conceptos en los cuales se considera qué es financieramente sostenible. Realmente esto tiene poco de financieramente sostenible; básicamente son capítulos -este es el término que se
utiliza- en que los ayuntamientos pueden invertir, pero a pesar de que lo utilizamos, este es un concepto equívoco.


¿Qué pasa al final en nuestra estimación? Nosotros pensamos que de todo esto salen unos 1000 millones adicionales, viendo los programas nuevos a los que pueden acogerse los ayuntamientos, pero nosotros no pensamos que el impacto en el año
2018 supere en mucho los 200 millones. Es decir, no nos va a cambiar mucho la película, porque se puede ejecutar en dos años. En este sentido, y si observamos el ritmo de ejecución, pensamos que muchos de ellos caerán en los próximos años, sobre
todo en el año 2019. Luego para 2018 contamos con el 0,6 %, que es lo que a mí me preocupa desde el punto de vista de los objetivos fiscales.


¿Qué pasa con esto? Cada ayuntamiento puede ser distinto, pero miren la deuda de los ayuntamientos en este gráfico, que ya está en el 3 % del PIB, que es el límite a largo plazo. Pero como ya hay muchos ayuntamientos que no tienen deuda y
no pueden cancelar ninguna deuda -y a otros no les interesa por la razón que sea-, ¿qué es lo que hacen? Van metiéndolo en depósitos en los bancos. Ese gráfico representa la evolución de los depósitos en los bancos. Es decir, respecto a la
situación fiscal agregada que tenemos en España, los ayuntamientos ya llevan 24 000 millones depositados en los bancos, y este año va a haber otros 7000 más -va a subir una parte importante-, de manera que vamos a acercarnos a los 30 000. Con lo
cual ya ven ustedes dónde estamos respecto a la deuda neta entre los dos, que es lo que sale en este gráfico. Me parece que este es un tema interesante sobre el que habría que reflexionar entre todos.


Vamos a fijarnos ahora en las comunidades autónomas, que no están tan bien como los ayuntamientos. Pensamos que la previsión va a estar en torno al 0,3 %. Lo que les llega del Estado a las comunidades autónomas, o mejor dicho, lo que les
llega del sistema de financiación, no del Estado -las comunidades autónomas también son el Estado; perdón por la imprecisión evidente-, crece al buen ritmo del 3,6 % este año -algo menos que otros años-. Pero según nuestras estimaciones y lo que
hemos ido cotejando con las comunidades autónomas sus ingresos propios están creciendo mucho, porque se está recuperando el mercado inmobiliario, etcétera, y probablemente el resto de ingresos crezcan a más de un 6 %, con lo

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cual tienen una situación no diría que holgada, pero agregadamente -no todas, sino agregadamente- van cumpliendo el objetivo de manera cómoda.


Por tanto el gasto crece a un 3,4 %. Esto no es exactamente la regla de gasto, pero nos sirve de referencia con el 2,4 % para este año, porque esto quiere decir que casi ninguna va a cumplir la regla de gasto. Como saben ustedes en la
disposición 106 del proyecto de presupuestos se ha flexibilizado la regla de gasto. Esto va a afectar a aquellas comunidades autónomas que teniendo superávit cumplen la regla de gasto del año anterior. En consecuencia tenemos que ver quién cumple
la regla de gasto y quién es elegible, cosa que sabremos en los próximos días. Hay ahí algunas cuestiones abiertas que tenemos curiosidad por saber cómo se resuelven. En este sentido conviene aclarar que las comunidades autónomas tienen menos
restricciones que los ayuntamientos para gastar en inversiones financieramente sostenibles, y que tampoco tienen que seguir programas concretos; tienen más libertad.


Este es el mapa de cumplimiento del año 2018 por comunidades autónomas que nosotros planteamos. En el año 2018 el objetivo del 0,4 es muy probable que se cumpla. Solo queda la Comunidad de Murcia, y hay otras dos para las que parece un
objetivo improbable, como son Extremadura y Valencia. Como vemos Murcia es la que se ha quedado ahí, descolocada, pero yo creo que las demás van a estar en el cumplimiento.


No ocurre así en la regla de gasto, que es el gráfico de la derecha, del 2,4 %. Realmente pensamos que Andalucía y Madrid no van a cumplir la regla de gasto. Después hemos puesto unos puntitos muy finitos encima del mapa que casi no se ven
para reflejar el caso de cuatro comunidades autónomas que va a depender de si cumplen con la regla de gasto en el año 2018 -cosa que todavía no sabemos- o no. Veremos qué pasa, pero dependiendo de eso podrán hacer uso o no de la disposición 106
relativa a las inversiones financieramente sostenibles. Como hemos visto sus presupuestos están preparados para gastárselos. Si no en cualquier caso incumplirían la regla de gasto. Esta es la fotografía de las comunidades autónomas.


En cuanto a la Seguridad Social -voy sector por sector-, yo creo que lo más novedoso es que por primera vez tenemos ingresos en nuestra opinión absolutamente realistas en el presupuesto de la Seguridad Social. Quiero destacarlo porque es la
primera vez que ocurre y hemos tenido desviaciones notables. Lo podemos ver en este gráfico de la derecha. Este es el promedio de desviación de la previsión de cotización a la Seguridad Social de 2008 a 2016. La Seguridad Social se ha desviado en
promedio medio punto del PIB en sus presupuestos, lo que es una técnica presupuesta mejorable. En 2017 ya tuvimos una mejora considerable, solo se desviaron dos décimas. Según la estimación de la Airef pensamos que este año están casi como
nosotros, por lo cual el presupuesto es realista y está diseñado para ir en esa dirección de 1,5 puntos del PIB en términos de fondos de contabilidad nacional, de fondos de la Seguridad Social.


Por el lado del gasto en el gráfico de la izquierda tienen la descomposición entre los distintos componentes del gasto. Recuerden que la parte de abajo es la parte que tiene que ver con el aumento del número de pensionistas, y es muy
estable -esta es nuestra estimación para 2018-; la parte intermedia es la que tiene que ver con el efecto sustitución, es decir, las pensiones de los que entran más altas que las de personas que fallecen; la parte del IRP es esta parte pequeña de
aquí y tenemos este nuevo elemento, que son las medidas de este año, que nos permiten llevar al 4 % una tasa de crecimiento de las previsiones que estaba en los últimos años en torno al 3 %. En términos agregados -las medidas las conocen, estaban
en la transparencia anterior- nosotros las hemos evaluado en coste y están en línea con nosotros. Dado que es tan novedoso lo de las previsiones de la Seguridad Social aquilatadas, aquí les traigo un poco de análisis económico. Aquí tienen por
promedios y para 2018 la descomposición de dónde sale este crecimiento de cotizaciones este año, que en nuestro caso es del 5 %. Como vemos en el año 2018 vamos a tener por primera vez, frente a lo que ha sido la tónica de 2017 y 2018, una parte
muy significativa que tiene que ver con la evolución del empleo, pero ya hay una cierta recuperación de salarios que ya hemos ido viendo a lo largo del año 2017 en los datos de cotizaciones, y que hemos visto también en los primeros meses del año
2018. Empieza a haber una cierta recuperación de salarios en línea con un poco de inflación, yo diría, y eso hace que nuestra previsión del crecimiento de las cotizaciones sea del 5 % y la de los Presupuestos Generales del 5,4 %, que básicamente no
es muy distinta, está dentro del rango razonable de plausibilidad. Y aquí vemos la estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Refleja un poco las mismas tasas que contaba yo, lo que viene del préstamo del Estado.

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Por terminar voy a pasar a la Administración central. De nuevo tenemos este año previsiones de ingresos realistas y también de gastos si pensamos no en el objetivo del -0,7 %. Les recuerdo que yo aquí he dado un salto en el vacío y estoy
apuntando a un objetivo más en torno al 1,1 o 1,3 si se produjeran las RPA. Viéndolo desde esa perspectiva, que es el objetivo de la Administración central, coincidente con el 2,2 una vez visto lo que pasa con los otros tres subsectores, visto así,
los ingresos son realistas. También he utilizado un crecimiento nominal algo superior del que aparece en los Presupuestos Generales de Estado, que nos parece más central. Nos encontramos con que en tres de las figuras impositivas nos parecen
factibles los ingresos que aparecen estimados en los Presupuestos Generales del Estado, excepto en los impuestos especiales, que vemos muy optimistas. Pero agregadamente, dado que pesan poco, los ingresos son optimistas.


Este gráfico es otra vez el mismo que presentaba para la Seguridad Social. Ahí tienen el promedio de desviaciones en la estimación presupuestaria de los ingresos desde el año 2008 al año 2016. Los Presupuestos del Estado se han desviado en
más de un 1 % del PIB en promedio de estos ocho años. En 2017 ya observamos una mejora, pero todavía fueron muy optimistas las previsiones de ingresos y fueron 6 décimas superiores a lo que realmente ha ocurrido finalmente. Esto ya es con datos
observados. Por los colores de las barras pueden saber ustedes exactamente a qué impuesto me estoy refiriendo. Este es el año 2018 y ahí ven que prácticamente están como nosotros. Es la previsión de la Airef la que utilizo en el cálculo, y como
verán estamos prácticamente juntos, no hay apenas diferencias, pequeñas diferencias en cada uno de los impuestos. Si quisiéramos ver cada impuesto en las siguientes transparencias tienen de nuevo esa descomposición de efectos, donde vienen los
determinantes macroeconómicos que están detrás de cada figura en las barritas y la comparación entre la previsión de la Airef y la de presupuestos. Por ejemplo, en la renta nosotros prevemos un 6 % y ellos están en el 6,5 %. Esto está dentro del
rango de lo plausible. De ahí vienen los efectos. Esta barrita rayada es el efecto de la reforma fiscal bajando el impuesto sobre la renta en determinados tramos.


En esta transparencia aparece evaluada esta medida. Estos son estrictamente los datos que ha estimado el Gobierno. Nosotros los hemos podido replicar con técnicas de microsimulación y nos parecen plausibles los 2200 millones, 900 en el año
2018 -hay una errata- y 1300 en el año 2019. Finalmente hay un pequeño impacto negativo por el tipo reducido del IVA. Nosotros tenemos una previsión algo por encima del 5 % para el impuesto de sociedades y los Presupuestos Generales del Estado
tienen una previsión, también prudente, del 4,8 %, pero este es un impuesto muy difícil de estimar, y quería llamar la atención sobre este asunto, porque una vez más lo que estamos viendo en este gráfico que yo creo que he enseñado alguna vez más
es, en la línea azul, el impuesto de sociedades devengado; la línea de abajo es la base imponible consolidada y la línea de arriba es el resultado contable positivo que declaran las empresas en el impuesto sobre la renta. Como vemos la brecha no
hace más que abrirse entre uno y otro y estamos a niveles de recaudación en términos reales -ojo, esto en términos reales- del año 1999. Pero la base imponible en ese momento tenía un nivel de 100 y estamos en una base de 200, más del doble de la
que había entonces. Nos parece bien la previsión prudente del impuesto de sociedades. Hemos pedido muchas veces al Ministerio de Hacienda conocer las bases imponibles negativas acumuladas porque pensamos que esto está pesando mucho. No nos las
proporcionan. Yo creo que es una información que debería estar disponible para poder mejorar las previsiones de todos de este ejercicio, cuántas bases imponibles negativas se han acumulado durante la crisis, porque esta es una de las razones por
las cuales el impuesto no termina de despegar.


Esto es el IVA. En el IVA incluso estamos un poco por encima de ellos. Si quieren curiosidades, esas barras rayadas son los efectos específicos de la reforma. Nosotros hemos introducido una técnica de limpieza de las series para poder ver
lo que depende de la macro, por así decirlo, de lo que son cambios normativos para que puedan ustedes analizar con más precisión cómo evolucionan los impuestos y de qué depende cada cosa. El IVA es así.


Finalmente, si nos vamos a los gastos, hay dos conceptos que favorecen la ejecución presupuestaria. En nuestra opinión se va a reducir 2 décimas el gasto en intereses respecto al año 2017 y va a haber otras 2 décimas menos por
transferencias al SEPE y al Fogasa. Lo de los intereses es nuestra estimación. Lo de SEPE y Fogasa son los datos aprobados, que nos parecen razonables. Dicho esto, ya se está agotando, son dos mecanismos para dar holgura a otras partes del
presupuesto que tenemos que ser conscientes de que se van agotando. La bajada de intereses tiene poco recorrido hacia delante, y también en las transferencias del SEPE estamos ya a niveles mínimos de gasto en prestaciones de desempleo tomando una
perspectiva de largo plazo.

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Hemos incluido en nuestras proyecciones el aumento de la remuneración de asalariados del 1,75 para los empleados públicos. También lo que afecta a pensiones de clases pasivas. En la formación bruta de capital nosotros hemos incluido una
estimación de RP, en cuanto a las autopistas, como la que ha estimado el Gobierno de unos 2000 millones, y no hemos supuesto que haya ningún ingreso complementario este año, que lo habrá probablemente en 2019, cuando se reliciten.


No hemos podido incluir información sobre pasivos contingentes porque en esto, que a nosotros nos parece absolutamente central y que está en la línea de las mejores técnicas presupuestarias, es muy escasa la información que proporciona la
IGAE y nula la que hay en presupuestos. Nosotros estamos trabajando seriamente en un estudio sobre pasivos contingentes que yo creo que tendremos a finales del año en curso, donde miraremos los distintos posibles elementos que puedan producir un
aumento de la deuda o déficit inesperado en los próximos años. Yo creo que esta es una línea que hay que seguir. Las autoridades independientes con más tradición como la inglesa, la americana y ahora la de los irlandeses están haciendo informes
que llaman Fiscal risks, que cada vez son más relevantes a la hora de evaluar, desde una perspectiva a medio plazo, las cuentas fiscales. Por eso seguimos insistiendo en que sería bueno que, además de que nosotros hagamos un informe, hubiera más
información sobre pasivos contingentes en los presupuestos.


Voy a terminar con una evaluación de qué nos dicen todos estos números agregados desde el punto de vista del tono de la política fiscal, el Fiscal stands, la orientación de la política fiscal en este año y en los anteriores. Retomo el
gráfico sobre el ciclo. Recuerdo que, en nuestra opinión, a finales de 2018 y 2019 estaremos volviendo a una situación neutral. Cuando se hace una evaluación basada en estimaciones de esfuerzo estructural, con cambios estructurales, y lo miramos
no hay que fijarse en estimaciones puntuales y hay que ver globalmente cómo sale. Si miran los últimos años, incluido el 2018, verán que tenemos una situación que yo llamaría básicamente neutral, quizá un pelín restrictiva si le queremos sacar
punta, porque está por encima de la línea cero, pero con el grado de precisión que los economistas estimamos esto, es una política básicamente neutral desde el punto de vista de su contribución al ciclo económico. Esta es una impresión -y creo que
es bastante correcta- sobre cuál está siendo el tono o la orientación de la política fiscal estos años.


En esta última transparencia voy a intentar dar datos un poco más puntuales. Me da un poco de miedo, porque cuando das datos más precisos la gente piensa que son realmente muy precisos y no lo son, pero ayuda a ilustrar lo que estoy
diciendo. En el año 2017 tuvimos un déficit público del 3,1 %. En el año 2018 pensamos que vamos a terminar en el 2,3, sin incluir autopistas, porque si las ponemos sería un 2,5. Esta es una estimación central nuestra, con su rango de confianza,
con lo cual el 2,2 es factible, está en el límite de la factibilidad. Lo que nos queda es que estamos reduciendo 8 décimas. Veamos de dónde viene la reducción de estas 8 décimas. De esas 8 décimas, 7 son: 2 de ellas vienen de una reducción que
pensamos que se va a producir en los intereses de la deuda y hay otras 5 que serían genuinamente de ganancia todavía cíclica, porque todavía estamos en la parte baja del ciclo, aunque ya estamos llegando a la neutralidad. De esas 5, 4 son ganancia
cíclica en ingresos y una décima la estamos ganando porque baja el gasto del SEPE por prestaciones por desempleo. Por tanto nos queda un esfuerzo estructural de prácticamente cero, una décima, por eso decía que esto es básicamente neutral. No le
saquemos punta a esta décima, pero hay una décima. Si uno tiene curiosidad de cómo se compensa esta décima, ha habido una décima de expansión con la bajada de impuestos, estos 1000 millones; ha habido un cierto esfuerzo inversor que nos da 2
décimas; he quitado la RPA porque la RPA creo que no computa, va directamente a unos fondos y no creo que revierta en el país, sino que sale fuera del circuito económico nacional con toda probabilidad, por lo que no creo que tenga un impacto de
stands en España; pero sí hay un esfuerzo inversor en otros aspectos que nos da 2 décimas de impulso cíclico; y también otra décima en subvenciones. Todo esto se compensa con 4 décimas de esfuerzo, de crecimiento por debajo del gasto en esos dos
componentes que ven ustedes ahí.


Me gustaría hacer una reflexión un poco más agregada. La regla de gasto es muy complicada, porque además la Intervención General del Estado, que es la que se encarga de esto, presenta la información de una forma muy inadecuada y solamente
ex post se comprueba lo que ellos hacen, cambian mucho la metodología, no hay mucha transparencia. Nos lleva mucho esfuerzo hacer esto, debería ser mucho más fácil si todo el mundo ayudara, pero aun así lo hacemos. Nos parece que el gasto
computable, que no es todo el gasto, es el computable para regla del gasto, va a crecer en torno a un 4,2 % en el año 2018, algo por debajo del PIB nominal, pero por encima de la regla de gasto. Si se hubiera aplicado estrictamente la regla de
gasto por todas las administraciones públicas el grado de esfuerzo fiscal sería significativo, que

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es un poco la lógica europea. Esto lo vamos a ver ahora. Si aplicáramos la regla de gasto -estamos hablando de 2018- en lugar de ese 4,2 sería un 2,4 %, por lo que tendríamos 3 décimas menos de déficit público según nuestras estimaciones,
es decir, en lugar del 2,3 sin autopistas, estaríamos en el 2 %, sobrecumpliríamos el objetivo de déficit. Por cierto si estuviéramos fuera del procedimiento de déficit excesivo eso es lo que rige, porque rige la métrica europea que ya no es el
déficit nominal fijado cuando estás bajo procedimiento de déficit excesivo. De hecho la regla de gasto europea es distinta de la española. Por ejemplo, la Seguridad Social está incluida en la regla europea, por lo que esos crecimientos del 4 % que
tenemos con la regla europea tienes que compensarlo con menos en el resto si va a crecer el gasto en Seguridad Social. Ojo con lo que nos viene. La regla europea, según nuestro cálculo, nos hubiera exigido un crecimiento del gasto del 0,8 % este
año. ¿Por qué es así, por qué es distinta del 2,4 % español? Porque en Europa hay dos cosas que se tienen en cuenta en la famosa matriz que te determina la regla de gasto, una es la distancia al 60 %. Cuanto más distante está del 60 % de deuda,
nosotros estamos bastante lejos, más hay que intensificar el ritmo de moderación del gasto. La otra es la distancia al MTO, al objetivo a medio plazo. El MTO es del menos 0,5 % -aunque nuestra Constitución diría que es del cero, pero quedémonos en
el menos 0,5 %- y estamos en el dos y pico en términos estructurales, y además la Comisión piensa que ya estamos en un ciclo alcista, nosotros no, pero ellos sí y utilizan sus métricas. Aquí hay una cierta situación esquizofrénica en el siguiente
sentido, la Airef piensa -y creo que la política del Gobierno ha sido orientada hacia una cierta expansión- que con una tasa de paro del 17 todavía no estamos en un ciclo alcista, estamos en un ciclo bajista, pero la Comisión no piensa eso y la
métrica de la Comisión es la que rige cuando estás fuera de APD, en el procedimiento preventivo. Lo que te dicen es que cuando usted está en fase expansiva, como creo que usted está, tiene que ir al MTO más deprisa. En España, con una lógica
distinta, según vas creciendo más en nominal por inflación de precios, la tasa de crecimiento del gasto está en un 2,4 pero el año que viene estará en un 2,7, es decir, cada vez crecerá más. Por tanto se cruzan los diagnósticos. Aplicando la
métrica europea, según nuestros cálculos, la regla de gasto sería de un 0,8 %, lo que implicaría -para que veamos hasta qué punto esta métrica da resultados sorprendentes- una corrección del déficit adicional a la que ya se ha hecho de 1,2 puntos.
Nos hubiéramos tenido que ir del 3,1 al 1,1 %. Seamos conscientes de esto, porque es importante que exista una interlocución y un diálogo -como han hecho otros países- con las autoridades europeas para que esto se reconsidere, y se tenga en cuenta
que la métrica europea que se va a aplicar a España casa mal con la realidad que conocemos aquí. Por eso es importante tener instituciones fiscales nacionales fuertes que sean un contrapeso y que puedan ser utilizadas frente a lo que nos venga
determinado por métricas como las europeas que a veces no casan bien. Alerto de este tema porque a la hora de evaluar la orientación de la política fiscal para el año 2018 todavía estamos en procedimiento decisivo, pero en 2019 ya no lo vamos a
estar. Hay que ir preparándose para esto.


Además hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de la orientación de la política, como segunda dimensión, la sostenibilidad de la deuda. Este ejercicio que les presento aquí es interesante porque ahora estamos con una deuda en torno
al 96 %. Si nos quedamos en la situación actual, con lo que sabemos de los presupuestos, y estamos en una situación cíclica neutral, tendremos una situación de equilibrio primario, un déficit público del dos y pico, que en términos primarios es un
equilibrio. Si nos quedáramos ahí y proyectáramos en una situación de ciclo normal nos iríamos a una estabilización de la deuda de 85 puntos del PIB, muy lejos del 60 que nos exige la Constitución y la regla europea. Por tanto tenemos que seguir
avanzando. Si aplicamos las reglas fiscales y vamos al MTO, al objetivo a medio plazo, en los próximos años y nos quedamos ahí veremos que la deuda se va al 60 en el año 2033, 2034 o 2035. ¿Por qué es preocupante lo del 85? Porque las cosas
pueden ir mal, pueden subir los tipos de interés más de lo que esperamos o más de lo que en este momento es plausible, podemos tener una evolución económica desfavorable, podemos tener black swans. Por tanto cuando uno hace simulaciones la deuda se
empieza a ir más arriba del 85 %; por eso es tan importante la orientación a medio plazo, porque es lo que te llevaría en un momento determinado a que el mercado te vuelva a penalizar y tener problemas de financiación para la economía.


Termino con las recomendaciones del informe. El informe de la Airef sobre los Presupuestos Generales del Estado se publicará esta tarde después de mi comparecencia y en las próximas semanas, días, tendrán ustedes el informe específico para
cada una de las comunidades autónomas y cada uno de los ayuntamientos. Yo he dado aquí un poco el sentido general.


Este año nosotros ponemos el énfasis en nuestras recomendaciones. No hacemos recomendaciones concretas de gasto o de ingresos porque pensamos que más o menos es razonable visto lo visto, pero nos

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preocupa mucho la técnica de fijación de objetivos. Es muy importante para que realmente el marco de la Ley de estabilidad y las reglas fiscales sirvan para lo que están diseñadas: orientar el proceso presupuesto, que los objetivos de cada
subsector sean realistas. Y para eso también es muy importante atajar el sistema de financiación y que exista un buen encuadre entre las competencias y los ingresos de cada uno. En ese sentido me parece que hay que reflexionar sobre la Ley de
estabilidad y ver qué aspectos son mejorables. Yo no sé si es el momento porque es verdad que Europa está también en proceso de cambiar su marco fiscal, que va a impactar y va a necesitar cambios nuestra ley; la Ley de la Airef sin duda, porque
las competencias de las autoridades fiscales independientes van a ampliarse en la intención, digamos, de las autoridades de Bruselas, de la Comisión en este momento; y sobre todo la Ley de estabilidad, donde a las reglas hay que darles una vuelta.
Pero a mí me parece que hay cosas que igual sí se podrían ir haciendo y hay una que sería muy buena y sobre la que probablemente debería haber consenso. Nuestra Ley de estabilidad tiene una disposición transitoria -que además establece que hay que
modificarla- que fija el ritmo con el que hay que llegar al 60 %; y lo fija en el año 2020 ¿eh? Bueno, esa disposición transitoria se ha quedado completamente desfasada.


Probablemente cada uno tenga en la cabeza trayectorias distintas y desde luego cada grupo político cuando gobierne tendrá una composición de ingresos y gastos distinta acerca de cómo llevar esa senda. Pero la senda y el ritmo razonables sin
que la economía sufra por ello por los que deberíamos llevar la deuda a medio plazo al 60 % podría ser un punto de acuerdo para que sirviera de ancla a las decisiones; es decir para que el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas fuera
no algo controvertido en el entendimiento de cuál es el punto al que hay que llevar la deuda en equis años -esto puede ser todo lo gradual que sea-, pero que sirva realmente de anclaje a las decisiones de unos y otros, que después necesariamente
serán distintas en sus políticas de ingresos y gastos porque las preferencias son distintas y porque las opciones de política tienen que ser lógicamente diferenciadas. Pero en este tema podría haber acuerdo y además podría haber gradualidad
suficiente para que nadie se sienta necesariamente restringido. Esto está pendiente porque tenemos una Ley de estabilidad vigente que dice que es el 2020, y año tras año -ni siquiera lo pongo yo aquí- obviamente se desborda ampliamente. Este es
uno de los temas, junto a la técnica de fijación de objetivos y la jerarquía de las reglas, que amerita sin duda una reflexión y un esfuerzo de consenso.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Escrivá.


A continuación tenemos las intervenciones de los grupos parlamentarios.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.


El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.


Doy la bienvenida al señor presidente de la Airef, es un placer escucharle, da muchísima información y se agradece la transparencia de la autoridad fiscal española. Por desgracia el Gobierno no hace lo mismo y ayer nos dieron un ejercicio
más de opacidad. Es verdad que ha sido una exposición tan extensa y tan estricta que también haría falta un tiempo de reflexión y análisis para poder responder con la capacidad de analítica adecuada, ¿no? Yo voy a intentar mezclar la intervención
que tenía preparada con alguna reflexión sobre lo que nos ha dicho; espero que el presidente sea flexible con los tiempos porque, cuando se improvisa, se amplían.


El Gobierno ha revisado al alza -como ha dicho usted- la previsión de crecimiento económico para el año 2018 situando el avance anual del PIB real en el 2,7 %; hay un PIB nominal del 4,3 % que según la Airef es factible e incluso prevé que
sea superior. El principal reto es que este crecimiento futuro, del cual lógicamente nos alegramos, sirva para crear empleo de calidad y también contribuya a la sostenibilidad y mejora del Estado del Bienestar. Porque entendemos que el Gobierno
sigue apostando por incrementar la competitividad por la vía de una bajada salarial, baja productividad por ocupado, empleo precario o temporal, lo que afecta a la desigualdad con el riesgo de que los costes sociales de la crisis se mantengan en el
medio y largo plazo. Usted ha reconocido que con relación al año 1999 había aumentado la desigualdad en España y ha comentado el índice de Gini, que es un tema preocupante y con el cual también hay que trabajar para que disminuya.


La evolución prevista -en el propio escenario macroeconómico del Gobierno con relación al PIB y el empleo equivalente a tiempo completo- apunta a un crecimiento exiguo de la productividad aparente del trabajo del 0,2 %. El entorno exterior
es sin duda una de las incertidumbres más significativas del escenario macroeconómico sobre el que están basados los presupuestos del año 2018 destacando un incremento

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progresivo de los tipos de interés -que en el caso del BCE se conoce como normalización de la política monetaria-, un mayor proteccionismo comercial por las medidas de Estados Unidos y su Administración y el efecto de la próxima salida de
Reino Unido de la Unión Europea. ¿Tienen ustedes alguna cuantificación de los posibles impactos de esos riesgos en el crecimiento económico?


En la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, a este Gobierno le falta una política de reformas estructurales que ayude a fortalecer el crecimiento estructural y nos haga menos dependientes de los factores transitorios que han estado
detrás del crecimiento de los últimos años. No vemos un esfuerzo del Gobierno ni de sus socios en la nueva derecha por aplicar políticas reformistas; más bien al contrario. Ha hablado usted de retos estructurales, un trato fiscal con la ayuda
pública, del superávit primario. Le pediría un mayor desarrollo de cuál es el deterioro de la posición estructural. El nivel de la tasa de paro, la desigualdad -que ha crecido-, las rentas salariales -que pesan menos en la distribución de rentas-.
¿Ha hecho el Gobierno, en su opinión, alguna reforma estructural en lo que llevamos de legislatura para atacar estos retos estructurales? Persisten desequilibrios estructurales que requieren reformas -en opinión del Grupo Parlamentario Socialista-
para aumentar la productividad y el crecimiento potencial, como la calidad de las instituciones, la innovación, I+D+i y la formación del capital humano. ¿Le parece adecuado actuar sobre estas cuestiones para cambiar el modelo productivo español y
modernizarlo? ¿Cuál es su opinión sobre el modelo de crecimiento español? ¿Qué vulnerabilidades le ve? ¿Qué cambios necesitaría?


Cómo crecemos y cómo se distribuye el crecimiento son cuestiones básicas que definen una política económica y una política social y el proyecto de presupuestos del Gobierno es antisocial y no contribuye a hacer de España un país con una
economía más moderna a juicio del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Le parece que el proyecto de presupuestos ayuda a cambiar y modernizar el modelo productivo español? ¿Le parece que un incremento de la productividad del 0,2 % es suficiente para
que la economía española mejore su capacidad de competir por una vía de generación de productos de alto valor añadido y creación de empleos de calidad?


Ese modelo de crecimiento está, a nuestro entender, castigando a las familias y a los trabajadores. Cabe recordar que en el conjunto del año 2017 la tasa de ahorro de los hogares se cifra en el 5,7 % de su renta disponible: dos puntos
menos que la del año 2016 y la más baja de los últimos veinte años. En su opinión, ¿en 2018 puede volver a crecer la renta disponible de las familias o va a seguir disminuyendo? ¿Tiene la Airef alguna estimación de cuál podría ser el incremento de
la remuneración por asalariado para el conjunto de la economía en los años 2018 y 2019?


Por otra parte, el modelo de Estado del bienestar para España que plantea el Gobierno es el de un Estado de low cost raquítico, pequeño, del 38 % del PIB en gastos y en ingresos, un modelo que nos condena al furgón de cola de la Unión
Europea. ¿No le parece a usted que España debería mirarse en el espejo de los países más avanzados de Europa?


Usted planteaba al final de su intervención lo de utilizar un objetivo de deuda pública a medio plazo como anclaje de objetivo político, buscando esa convergencia hacia un 60 %. Eso requeriría más ingresos fiscales y, en nuestra opinión,
requeriría una visión diferente porque, si no hay superávit o ingresos fiscales, con las actuales necesidades y el actual deterioro de los ingresos que está haciendo el Gobierno, nos parece muy complicado lograr en un plazo razonable ese objetivo de
un 60 % o el que se fije de disminución progresiva de la deuda, que es una vulnerabilidad clarísima para la economía de España e hipoteca el futuro de los españoles.


¿Podría darnos datos de proyecciones de gasto social sobre PIB para los próximos años y su desglose por funciones de gasto en educación, sanidad, dependencia, protección social y pensiones para el conjunto del gasto público en España, según
el actual modelo planteado por el Gobierno y su socio, Ciudadanos? Ha hablado de 300 000 personas en situación de espera por la dependencia; 300 000 personas esperando a que el Gobierno les dé un servicio que ellos tienen como derecho; son 3000
millones de euros, y también hablaba de que les sobraban 7000 a los ayuntamientos. Entiendo que cada uno tiene su responsabilidad y el Gobierno tiene que financiar la dependencia y no lo está haciendo. ¿Qué tensiones de gasto social estima en
España por funciones de gasto? Ha hablado de dependencia y de las pensiones. Incluso le preguntaría cuál entiende usted que debería ser el peso de los ingresos fiscales sobre el PIB para poder atender a esas necesidades de gasto y equipararnos con
los países de la media europea; me dirá que es una decisión del Parlamento, pero me gustaría conocer su opinión.


También entendemos que se pueden hacer mejoras en la Administración desde el punto de vista de la racionalización de gastos y mejora en eficiencia. Ustedes han estado trabajando en la evaluación de

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políticas de la Administración. ¿En qué áreas y de qué forma se podrían introducir mejoras de eficiencia? ¿Tienen alguna cuantificación del impacto económico en términos de recursos ociosos, liberados o que se podrían liberar para mejorar
los resultados?


En relación con los ingresos, en nuestra opinión creemos que pueden estar sobrevalorados un año más. En particular, tenemos algunas dudas sobre la estimación del IRPF. La Airef lo daba como factible y no vamos a cuestionarlo, pero es
verdad que nos parece complicado y tenemos algunas dudas sobre si un impuesto que no se cumplió en el año 2017, que este año incorpora una bajada de estimación de 2 millones de euros, tenga un incremento superior a 17. Es verdad que el Gobierno
confía a la inflación y a la subida de los salarios ese incremento, pero a nosotros nos parece poco creíble. Le pediría una mayor explicación de los impuestos especiales, que según usted es bastante improbable que se cumplan, en qué tipo de
impuestos y por qué razones no se cumplen. También destacamos la disminución del peso relativo de la recaudación del impuesto de sociedades sobre el total de los ingresos tributarios. Usted lo ha mencionado y señalamos que la estimación de
ingresos por sociedades en el 2018 es 20 000 millones inferior al año 2017. Ya nos ha dicho cuál es su opinión sobre la estimación de ingresos. ¿Qué reformas habría que hacer en el impuesto sobre sociedades para que recuperara el nivel de
recaudación y su peso en la estructura tributaria que tenía en el año 2007? Porque usted ha dicho que ha aumentado la brecha entre el resultado contable y luego impuestos; el resultado contable es más del doble que en el año 1999, con lo cual es
un tema sobre el que habría que reflexionar también.


España cerró 2017 con un déficit público del 3,07 % del PIB. Una vez más -sin contar la ayuda financiera- el Estado y la Seguridad Social, que dependen del Gobierno, han incumplido el objetivo de déficit y usted de nuevo lo resalta en su
intervención: cumplen las entidades locales, cumplen las comunidades autónomas, ve bastante factible que lo haga la Seguridad Social, pero no ve factible que lo haga el Estado. Calcula 2000 millones de euros para autopistas...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.


El señor LASARTE IRIBARREN: Un minuto, por favor, presidente. Gracias.


¿Qué pasaría si en vez de 2000 fueran 4000? Porque cada día el Gobierno nos sorprende con más rescates y además no están presupuestados, no aparecen en el presupuesto.


Voy a ir más rápido. Ya ha dicho cuál es su opinión en cuanto a que el Gobierno vaya a cumplir el objetivo de déficit general de 2,2 %. En particular, qué opina sobre que se cumpla el objetivo de déficit, responsabilidad del Estado, que se
ha incumplido sistemáticamente durante los siete años del actual Gobierno. ¿Qué medidas cree la Airef que se podrían implementar por parte del Gobierno para hacer frente al déficit estructural de la Seguridad Social?


Por último, como ha dicho también la Airef, a pesar de haber crecido por encima del 3 % durante el 2017, la ratio de deuda pública apenas se ha corregido. Por tercer año consecutivo no se cumplió en 2017 con la reducción de dos puntos
porcentuales de deuda establecida en la Ley de estabilidad presupuestaria. España tiene un elevado nivel de deuda pública, lo que supone una carga para la economía y una vulnerabilidad ante cambios en las condiciones económicas o financieras ante
posibles incrementos de los costes de financiación, además de suponer una alta hipoteca para las próximas generaciones.


Finalizo. Entendemos que las cuentas públicas siguen arrastrando los siguientes problemas estructurales: una capacidad recaudatoria insuficiente -ingresos públicos-, necesidad de tener una reforma fiscal integral, un esfuerzo desigual
entre los diferentes niveles de la Administración, un déficit estructural de la Seguridad Social y un persistente déficit estructural. ¿Está de acuerdo con la existencia de esos problemas estructurales? ¿Cree que habría que añadir algún otro?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte.


A continuación, en nombre de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señor Escrivá. Es un placer tenerle por aquí ya que la de usted es probablemente la única opinión que se puede considerar independiente del Gobierno a la que se permite participar aquí en las sesiones de comparecencias de los
presupuestos generales y la verdad es que se agradece escucharla. Resumiré muy brevemente el análisis que hacemos desde nuestro grupo parlamentario de esos presupuestos.

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Mientras que la economía crece desde el 2014 entre el 1,4 y el 3,4 % por encima de la media europea, los beneficios de la recuperación no están llegando a los bolsillos de los ciudadanos. Seguimos a la cabeza de Europa en desigualdad y
pobreza, con una productividad bajo mínimos y con un modelo de crecimiento que consideramos que profundiza en las debilidades del pasado. Gran parte de la responsabilidad de que esto sea así la tiene la política económica del Gobierno cuya
principal cristalización son los Presupuestos Generales del Estado. Estos presupuestos, que además de llegar tarde no sirven para distribuir la riqueza que se está generando ni para abordar la transformación productiva que necesita nuestro país,
consolidan los recortes causados durante la crisis en las principales partidas en un momento de crecimiento y promulgan la austeridad fiscal como una forma de gobierno, 'jibarizando' los ingresos y los gastos públicos en un momento de crecimiento y
alejándonos más de la media europea y de los países más avanzados de nuestro entorno.


Pasando ya a la intervención del señor Escrivá, voy a utilizar como referencia el informe sobre el cuadro macroeconómico que publicó durante el mes de marzo e intentaré incluir algunas cuestiones de las que ha expuesto hoy aquí, aunque sin
haber analizado en profundidad el documento que ha publicado hoy es complicado. En primer lugar, quería preguntarle sobre el retraso en la publicación de los presupuestos. Los presupuestos llegan a esta Cámara con siete meses de retraso y querría
preguntarle al señor Escrivá su opinión sobre cómo cree que afectan a la economía los retrasos en los ciclos presupuestarios que se están produciendo en los últimos años. En segundo lugar, sobre la estimación de los ingresos tributarios, nosotros,
como ya hemos comentado, consideramos que los ingresos en España son totalmente insuficientes debido a que no se aborda una necesaria reforma fiscal que modernice nuestro sistema tributario aumentando los recursos destinados a la lucha contra el
fraude -de los países de la Unión Europea somos el país donde menos recursos destinamos- y que se cierren los agujeros que existen en el impuesto de sociedades, que ahondan en la debilidad recaudatoria, como ha expuesto el señor Escrivá y donde
luego también ahondaremos. Además, consideramos que la previsión que se recoge en estos presupuestos al plantear un incremento de la recaudación mientras se producen rebajas fiscales es, cuando menos, dudosa. El señor Escrivá ha manifestado que la
ve adecuada, pero me gustaría que profundizara en este aspecto y en cómo cree que la estimación de la recaudación que plantean los presupuestos es plausible y, en concreto, el aspecto de la recaudación de IRPF.


También querríamos preguntarle en referencia al informe sobre el cuadro macroeconómico. En este informe se indica que no disponía de información sobre el escenario de ingresos asociados al escenario macroeconómico. Nos gustaría conocer
cuáles son los motivos oficiales del Ministerio de Hacienda para no trasladar esta información a la Airef porque nosotros, como sabe, siempre abogamos por la independencia de la Airef, pero también por la colaboración del Gobierno para transferir la
información necesaria a la hora de realizar su trabajo.


Pasando al siguiente punto sobre sociedades, ya trasladó con bastante claridad en su presentación el señor Escrivá cómo una recaudación del impuesto sobre sociedades se ha hundido gracias en gran medida a las reformas del Gobierno del PP,
con una diferencia de 22 000 millones entre 2007 y 2017, y nos gustaría que profundizara un poco más en los motivos por los que cree que se ha hundido la recaudación del impuesto sobre sociedades. Ya ha comentado algunos, pero nos gustaría que
ahondara un poco más porque es un tema que nos interesa bastante.


Respecto al nivel de gasto público, estos presupuestos plantean un nivel de gasto público sobre el PIB que pasa del 41,6 % al 40,5 %, como ya hemos comentado. Esto lleva la brecha con respecto a la media europea a siete puntos. Nos
gustaría conocer la opinión del señor Escrivá en dos aspectos al respecto del gasto público. ¿Cree que la reducción del gasto PIB es la única forma de reducir el déficit o también sería posible abordar esta reducción del déficit por la vía de los
ingresos? Ya ha expresado su opinión sobre esto alguna vez, pero en este sentido queremos preguntarle sobre los efectos que cree que puede tener sobre la economía hacerlo de una forma u otra o, al menos, una estimación de ellos. ¿Considera el
señor Escrivá que una reducción del gasto público de estas características puede tener efectos negativos sobre las previsiones de crecimiento? Nos interesa conocer la opinión de la Airef al respecto y también sobre la composición del gasto público
y los efectos que puede tener.


El informe se refiere al escenario macroeconómico de la Airef, a los efectos favorables sobre la renta de los hogares por la vía de las medidas fiscales expansivas anunciadas con un impacto de hasta 0,2 puntos del PIB. Estas medidas
fiscales expansivas tienen un efecto dentro de las estimaciones del PIB conocido como el efecto multiplicador del gasto público. Según la evidencia empírica, los multiplicadores son mayores cuando se implementan por la vía del gasto que por la vía
de los ingresos. Ahí se fundamenta nuestra

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opinión sobre estos presupuestos en gran medida. Del mismo modo, son mayores cuando se canalizan a través de la inversión que a través del gasto corriente. Por eso, estos presupuestos, que incluyen una inversión pública que está en mínimos
históricos, en 2016 y 2017 estuvo ya por debajo del 2 % del PIB y en estos presupuestos se reducen aún más, llegando a valores mínimos desde 1970. Nos gustaría conocer la opinión de la Airef al respecto de la composición del gasto público y de esta
reducción que se ha producido de la inversión en los últimos años y cómo cree que puede afectar también al crecimiento.


En cuanto a los riesgos que plantean el escenario macroeconómico y cómo pueden afectar a la economía, el señor Escrivá ya lo comentó durante su exposición y tampoco quiero reiterar lo que él ya ha dicho. Ha hablado de los riesgos derivados
del brexit, de los riesgos derivados de los posibles incrementos de precios del petróleo y de fluctuaciones en los tipos de interés y me gustaría que ahondara un poco más sobre cómo cree que puede actuar el Banco Central Europeo sobre la expansión
cuantitativa y los tipos de interés bajo. También nos gustaría conocer cuáles son los riesgos que pueden implicar sobre una deuda pública como la española, que está cercana al 100 % del PIB, y sobre los posibles cambios en la política monetaria por
parte del Banco Central Europeo.


En el informe se marcan recomendaciones en el cuadro macroeconómico del Gobierno y se dice: La necesidad de acompañar el cuadro macroeconómico de un escenario inercial o a políticas constantes y de una cuantificación separada del impacto
económico de las medidas adoptadas o previstas, con el fin de facilitar la comprensión de las previsiones. ¿Esto quiere decir por parte de la Airef que no es posible discernir el resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno y la evolución del
escenario presupuestario en las estimaciones? Porque, de ser así, ¿desde su punto de vista el Gobierno podría estar camuflando el resultado de las medidas implementarias con la propia evolución del escenario macroeconómico? Querríamos que se
posicionara al respecto de esta cuestión que indican en su informe.


En último lugar, y voy terminando por si acaso el presidente me lo advierte, queríamos preguntarle por los sesgos en la previsión del consumo público de los objetivos de déficit que también señala en este informe previo. Según los datos que
se adjuntan en este informe, más de la mitad de los sesgos grandes se concentran en las partidas de consumo privado y público, tasa de paro y la ratio de déficit público sobre el PIB. De hecho, una de las principales recomendaciones que el informe
hace tiene que ver con adoptar y hacer públicas las medidas necesarias para corregir los importantes sesgos observados en las previsiones de otoño del consumo público. Desde su punto de vista, esto tiene que ver con una de las prácticas que hemos
denunciado en esta Cámara por la cual el ministro Montoro ejecuta menos partidas de las presupuestadas, haciendo recortes encubiertos. ¿Puede tener alguna relación con esta práctica presupuestaria que caracteriza al señor Montoro y al Gobierno del
Partido Popular?


Por último, querría hablar sobre el reparto vertical del déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria en los cuales ha ahondado bastante y la verdad es que nos ha gustado que reflexionara tan profundamente sobre estos aspectos en su
presentación. No obstante, hemos de decirle que para nada estamos de acuerdo con su apreciación sobre el no gasto por parte de las corporaciones locales que, desde luego, no es porque no tengan en lo qué gastar sino porque precisamente la injusta
regla de gasto no se lo permite. Estos 24 000 millones de euros en depósitos que van a tener los ayuntamientos próximamente, como usted indicó, desde luego no es por gusto de los propios ayuntamientos sino por unas reglas fiscales por parte del
ministro Montoro que, como usted ha indicado, no tienen parangón en el resto de Europa y tienen un funcionamiento que precisamente sirve para cargar la mayor parte de la carga del ajuste sobre las corporaciones locales, mientras que permite a la
Administración central con este funcionamiento de cálculo residual de los objetivos de déficit siempre ser la que no cumple los objetivos y que hace que los ayuntamientos y corporaciones locales paguen los platos rotos.


Quería preguntarle por las modificaciones, ya que lo que ha comentado, de la Ley de estabilidad presupuestaria que hay en marcha aquí en el Congreso -hay una en concreto para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto- y si usted se
puede posicionar al respecto, ya que ha abundado hoy en relación con esto, nos parecería interesante.


Por último, con respecto a la congelación de las transferencias a comunidades autónomas derivadas de la recaudación 4230 millones de las entregas a cuenta que se produjo en diciembre por parte de ministro Montoro, queríamos que nos diera su
opinión al respecto porque nosotros consideramos que esto es un chantaje más de los que realiza el ministro Montoro para presionar al resto de fuerzas con el fin de aprobar unos presupuestos que, por otro lado, consideramos injustos, como ya hemos
manifestado.


Sin más, termino mi intervención.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Roldán.


El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.


Bienvenido, señor Escrivá. Es un placer tenerle aquí, es un placer escucharle, es un placer que traiga datos, que haga unas presentaciones modernas con proyecciones sensatas, que sea usted una persona independiente y que la Airef exista.
Ojalá hubiera muchas más Airef en nuestro país no sólo para la responsabilidad fiscal, sino para otras muchas políticas públicas que en este país se han hecho sin ningún criterio de evaluación. Se han planteado gastos ingentes en políticas públicas
que después no han tenido ningún seguimiento. Podríamos hablar de las políticas de empleo, de las políticas activas y de las políticas de educación. Ojalá tuviéramos un criterio mucho más científico, mucho más serio y mucho más europeo en la
evaluación de las políticas públicas en otros ámbitos, particularmente en un país, y ahora me refiero al empleo, en el que tenemos un mercado laboral tan absolutamente roto. Ojalá pudiéramos ver qué está pasando con las políticas activas en nuestro
país, por ejemplo, y evaluar en qué se están gastando el dinero y quién se lo está llevando porque a veces resulta enormemente frustrante intentar hacer políticas públicas en este país cuando no hay una claridad tan necesaria como la que aporta la
Airef al gasto público.


Dicho esto, quería hacer un comentario también al respecto de su propuesta de tener o de acordar un anchor, un ancla de objetivos de reducción de la deuda. Me parece una idea buenísima. Pienso que la relación que se ha generado entre el
Partido Socialista y Podemos lleva a un equilibrio perverso que el que el único incentivo permanente es proponer más gasto que el anterior. Honestamente pienso que no hay nada más irresponsable y menos progresista que ser irresponsable fiscalmente
y lo ha demostrado la trayectoria de muchos países. Porque, como decía usted mismo, dentro del marco fiscal establecido, se puede elegir gastar más en unas cosas o gastar menos, tener una composición del gasto distinta, priorizar unos impuestos
sobre otros; ahora bien, cuando no eres responsable fiscalmente, te acabas gastando el dinero que te tendrías que gastar en educación, en hospitales, en pensiones o en dependencia en pagar los intereses de la deuda, que es lo que hemos venido
haciendo estos años. Se ha dicho, se dice y se repite cada día como una matraca que este es un presupuesto austero. Les aseguro que sería infinitamente más austero si no se hubiera sido responsable y no se hubiera seguido la trayectoria de
reducción del déficit a la que Ciudadanos ha contribuido desde que está en esta Cámara, porque entonces tendríamos que gastarnos muchísimo más dinero en intereses de la deuda. Este año suben todas y cada una de las partidas sociales, sube el gasto
social global en un 3,5 %; de hecho, lo único que baja es el pago de intereses de la deuda y el gasto por desempleo. Podemos discutir si se quiere gastar un poco más en educación o un poco menos en otro lado, pero no podemos hacer un órdago al
marco, porque entonces estamos dinamitando el progreso. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo -y me refiero directamente al Partido Socialista- cuando ignoramos absolutamente la restricción presupuestaria y pedimos cosas que todos
sabemos que no se pueden cumplir. Destaco esa reflexión, particularmente teniendo referentes de partidos socialdemócratas perfectamente equiparables en otros tiempos a los que teníamos en España, como ahora en Francia con lo que hace Macron o como
lo que hicieron Clinton y Obama en Estados Unidos, donde la responsabilidad fiscal ha sido un eje prioritario en las políticas públicas. Vaya por delante esa reflexión.


En este presupuesto en Ciudadanos hemos tenido dos objetivos básicos. Uno era empezar a devolver de manera clara a los ciudadanos el esfuerzo realizado en estos años tras muchos años de recortes y de subidas de impuestos. Tenemos una
bajada de impuestos para mileuristas, que era el punto 2 del acuerdo; dentro del espacio fiscal y dentro del objetivo de un ajuste de un 1 % de este año, creemos que era el momento de hacerla. Tenemos unas políticas de conciliación muy ambiciosas.
Tenemos una extensión más de los permisos de paternidad, pasando de cuatro a cinco semanas -ya doblamos de dos a cuatro el año pasado- y, al mismo tiempo, una ayuda muy importante que va contribuir a despenalizar a las mujeres en el mercado laboral,
particularmente a las que tienen menos recursos, porque es una ayuda para escuelas infantiles de 1000 euros al año. Tenemos además un plan muy ambicioso para los jóvenes, un complemento salarial naranja que podría beneficiar hasta a 600 000
jóvenes, que está financiado con la Garantía Juvenil europea que venía tirando a la basura el Gobierno durante años. Tenemos una subida de pensiones centrada en los más vulnerables que es enormemente significativa. A eso le sumamos que tenemos un
aumento en la financiación de las comunidades autónomas de 4000 millones, un aumento de 50 millones en dependencia, un aumento del 2,9 % en fomento del empleo, un aumento en sanidad

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del 3,9 % y un aumento del gasto social -como indicaba al principio- del 3,5 %. Por el debate que parece que se va consolidando en esta Cámara, le pregunto si usted cree realmente que estos son unos presupuestos austeros o si cree usted que
son unos presupuestos socialmente sensibles dentro del marco presupuestario. A mí me parece que son los presupuestos más ambiciosos y más progresistas que se han hecho en una década, por eso me gustaría tener su valoración. ¿Podría usted valorar
también la rebaja impositiva que ha propuesto Ciudadanos y que ha exigido al Gobierno este año para mileuristas? Es una rebaja que aumenta el umbral de los que no pagan impuestos de 12 000 a 14 000 euros y después reduce progresivamente los que
pagan hasta 18 000 euros. Me parece una reforma enormemente progresiva -y no regresiva como intentan argumentar el Grupo Parlamentario Socialista y Podemos-, porque va a beneficiar a los que no llegan a fin de mes y que además en nuestro país
tienen una presión fiscal en términos relativos bastante alta. ¿Podría usted elaborar un poco más su respuesta en ese sentido?


Dicho esto, quería valorar un par de cosas más. En el punto 2 del acuerdo con el Partido Popular les exigíamos hacer una spending review, una revisión del gasto público, y dotamos con más dinero a la Airef porque confiamos en los organismos
independientes y creemos que ustedes están haciendo un muy buen trabajo. Este año volvemos a darles más dotación presupuestaria para que sigan ampliando sus funciones porque nos parece imprescindible hacer una revisión ambiciosa del derroche y el
mal gasto público que se ha hecho en este país durante años. ¿Han empezado ustedes a hacer una revisión del gasto público, empezando por las subvenciones? Me gustaría que ahondara un poco más sobre cómo va eso y si tienen ustedes las capacidades o
necesitan más dinero o más recursos para poder hacer bien su trabajo, que es imprescindible. Más allá de la evaluación que ya están haciendo del gasto público, me gustaría también que valorara la posibilidad de hacer una evaluación de la cantidad
de duplicidades institucionales que tenemos en nuestro país, si creen que es posible, si creen que la Airef podría hacerlo y qué necesitaría, porque ese era el compromiso que adquirió el Gobierno y, entre otras, la razón por la que el señor Rajoy
está hoy gobernando.


Finalmente, hago un comentario muy rápido sobre la cuestión de las reformas estructurales. Como me interesa mucho su opinión, me gustaría que nos dijera qué piensa. Me da la impresión de que el Gobierno desde hace tiempo ha pasado a ser un
elemento más del paisaje, que básicamente gestiona como puede sin liderar absolutamente nada ni fuera, ni en Cataluña, ni en reformas estructurales, ni en nada. En términos de reformas estructurales es evidente el elefante en la habitación en
cualquier informe que se lea. Es evidente que tenemos el mercado laboral más anómalo de Europa. Es evidente que tenemos que hacer reformas profundas en el ámbito del capital humano, en la universidad y en la educación. Es evidente que queda
muchísimo camino por recorrer. Me gustaría que dijera si cree que se está llevando un ritmo de reformas estructurales ambicioso o le gustaría que tuviera un poco más de ambición.


Con esto termino. Le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Capdevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señor Escrivá.


Ya ve que usted -y la institución a la que representa- es de las pocas personas que concitan el aplauso y el agradecimiento de todos los grupos parlamentarios que han intervenido y me atrevo a vaticinar que también de los que intervendrán.
Me sumo a los agradecimientos por su independencia y por su objetividad. Quiero agradecer de paso las rectificaciones rápidas y eficientes sobre las primeras previsiones catastróficas que la Airef hizo el pasado otoño sobre Cataluña. Quiero
agradecer la valentía de quien es capaz de rectificar, ya que no han ocurrido; al contrario. En algunos ambientes lo único que hay respecto a ese espejismo es la voluntad de sostenella y no enmendalla. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera,
ocupa la Presidencia). La economía catalana, como decía el filósofo de mi pueblo Francesc Pujols, rebrota a pesar de sus ilusos enterradores.


Quería preguntarle cómo incorpora a sus previsiones los incumplimientos de la ejecución del presupuesto por parte del Estado; por ejemplo, en I+D o las inversiones ferroviarias en Cataluña. Esta mañana nos desayunábamos con una noticia
acerca de un estudio de Foment del Treball Nacional, Fomento del Trabajo Nacional, patronal nada susceptible de ser particularmente independentista, que dice básicamente que los números de los Presupuestos Generales del Estado no cuadran respecto a
Cataluña. Según el Gobierno español, los presupuestos para 2018 prevén invertir en Cataluña un 13,3 % de lo que la Administración estatal define como inversión regionalizable, pero la patronal Fomento cree que este porcentaje es realmente un 10,6
%, muy lejos de la proporción de riqueza que Cataluña aporta al Estado,

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que se suele considerar un 19 % del PIB. Los presupuestos asignan a Cataluña una inversión de 1113,8 millones de euros, el 13,3 % del total. Pero cuando se analizan los anexos al proyecto de presupuestos, la patronal que preside el señor
Gay de Montellá afirma que se constata que la inversión destinada con la concreción del proyecto de inversión se sitúa para Cataluña en el 10,6 % del total para el ejercicio de 2018. Agradecería, aunque sea a vuelapluma, que hiciese su valoración.


Déficit fiscal. Este año hemos tenido la 'suerte' -entrecomillen, por favor, lo de suerte porque no es más que hacer de la necesidad virtud- de que desde la Generalitat intervenida -quiere decirse, desde el Ministerio de Hacienda- se hayan
publicado las balanzas fiscales de Cataluña respecto al Estado y Hacienda admite que el déficit fiscal catalán ha crecido hasta los 10 000 millones de euros. El dinero que Cataluña aporta al Estado y no vuelve aumenta un 38 %, entre el 13 y el 14.
El departamento de Montoro hizo público lo que denomina sistema de cuentas públicas territorializadas, que es un modelo propio de balanza fiscal que analiza lo que aportan y lo que reciben las comunidades. El análisis se hizo según la metodología
que el ministro encargó en su día a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada -Fedea-, que está basada, como usted conocerá, en el denominado método de carga-beneficio, un método que repercute a todas las comunidades gastos que se considera que
son de todo el Estado, como el ejército o la Casa Real, independientemente de dónde se desarrolle su actividad. También sabe usted que la Generalitat siempre ha defendido que también se debe tener en cuenta el método de flujo de caja, que ofrece un
déficit fiscal más elevado. Aunque el señor Montoro lo obvia cuando, con su método, según Hacienda, Cataluña tuvo un déficit fiscal de 9892 millones, un 5 % del PIB. Estos datos reflejan un empeoramiento de la situación ya que el déficit fiscal
aumentó un 38 % respecto al año anterior, cuando según las cuentas de Hacienda era de 7189 millones. La pregunta sería: ¿Cree usted que se podría variar este déficit fiscal que parece que se mantiene como una constante física? En esa hipótesis y
teóricamente, ¿usted cree que esto mejoraría la situación del conjunto de la economía? En cuanto a deuda, quería hacerle la misma pregunta que he ido haciendo a diferentes comparecientes. En los escenarios que usted contempla, ¿cuáles serían sus
previsiones? ¿Cómo se verían alteradas sus previsiones si los tipos de interés en el ámbito euro creciesen, pongamos, un punto? ¿A qué escenario nos llevaría?


Aunque el señor Bel le contestará mejor que yo en la disputa que han anticipado, solo quiero hacer una aportación. En Cataluña los ayuntamientos han subido de población y, por tanto, los servicios básicos que deben prestar a las personas
-creo que ahí sí estaremos de acuerdo- son clave para el Estado del bienestar. En cambio, el Estado sí ha aumentado cuando su gasto social -aparte de la Seguridad Social- no es el mismo.


Voy a hacerle una pregunta más respecto a un estudio del Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques -que no sé si usted conoce- que calcula que el Gobierno español se adjudicó de forma improcedente 84 500 millones que debieran haber sido
gestionados por las comunidades entre 2009 y 2015. Si lo conoce, ¿qué opinión le merece este estudio?


En cuanto al informe regionalizado que ha anunciado usted, quiero proponerle unos pocos enunciados para que me los corrija ahora o en el informe que nos tiene prometido. La inversión prevista a ejecutar en Cataluña el año 2018 por el
conjunto del sector público estatal es de 1349 millones de euros, lo que supone un incremento de 200 millones de euros, el 17,4 % respecto a los 1149 presupuestados para 2017. La inversión en Cataluña representa el 13,3 % del total regionalizado,
el mismo porcentaje que en el presupuesto 2017. Se mantiene un elevado peso de la inversión no regionalizada, del 31,7 frente al 33 del anterior ejercicio, pero en la media del 16,7 % del periodo 2013-2016. Este fuerte incremento de la inversión
no regionalizada en los ejercicios 2017 y 2018 si se aprueban estos presupuestos, creemos que solo se puede explicar a través del aumento de la inversión en defensa. Esta sería la segunda pregunta.


Cataluña es la segunda comunidad autónoma por importe de la inversión estatal en términos absolutos, solo superada por Andalucía. Sin embargo, en términos per cápita -que es una forma bastante humana de calcular las cosas- Cataluña se
situaría en la posición catorce de diecinueve, con una inversión estatal en Cataluña de 178,62 euros por habitante, lo que representaría solo el 82 % de la inversión per cápita regionalizada en el conjunto del Estado, que -si no hemos echado mal las
cuentas- sería de 217,48 euros por habitante. En términos de peso de la inversión sobre el PIB regional, Cataluña se situaría en la posición dieciséis de diecinueve, con una inversión estatal equivalente al 0,6 del PIB de Cataluña frente a una
media estatal del 0,87 %.


Gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Muchas gracias.


Tiene la palabra la portavoz del Grupo Vasco.


La señora SAGASTIZÁBAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


La verdad es que ha sido una explicación con un detalle de información alto, que quiero agradecerle y, como ha dicho el señor Lasarte, tendremos que analizar. No voy a hacer muchas preguntas porque la mayoría ya las han hecho mis
compañeros, pero sí me gustaría que contestase a la pregunta del señor Lasarte en cuanto a la previsión del IRPF y también respecto al impuesto de sociedades, es decir qué reformas harían falta para que hubiera una mayor regulación en este impuesto.
¿Cree que tendríamos que intentar garantizar más ingresos? En ese caso, ¿qué habría que hacer a nivel presupuestario? Nos ha hablado también del objetivo de déficit y de que hay un riesgo de incumplimiento tanto en la Administración central como
en la Seguridad Social, y me gustaría saber qué recomendaría usted a estas para que lo cumpliesen por sí mismas y no basándose en el cumplimiento de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.


Nos ha hablado también del endeudamiento existente. Es verdad que llevamos tres años consecutivos de crecimiento al 3 %, pero es que la deuda ha bajado mucho poquito. Además, el desempleo sigue siendo elevado y el informe del semestre
europeo nos habla de que sigue habiendo mucha contratación temporal, y nos ha hablado usted de un repunte de salarios. Me gustaría saber de qué estimación de ese repunte de salarios se habla, porque parece que a lo mejor esto no llega a la
población.


Me gustaría saber qué previsión del riesgo han tenido aquí respecto a Cataluña, ya que se ha hablado también en las comparecencias del día pasado. El señor González García ha comentado ya que en el informe sobre las previsiones
macroeconómicas de marzo ustedes habían hecho dos recomendaciones, acompañar el cuadro macroeconómico en un escenario inercial o a políticas constantes. También hicieron esta recomendación con los presupuestos generales de 2017 y me gustaría
conocer la respuesta del Gobierno a la misma, así como respecto a la segunda recomendación de medidas necesarias para corregir los importantes sesgos.


Por otro lado, también me gustaría saber, ya que estamos en la tramitación del proyecto de presupuestos generales, si el proyecto de presupuestos de la Airef que el Gobierno ha enviado a esta Cámara ha sido consensuado con ustedes y si lo ve
adecuado.


Por último, quiero decirle al señor de Ciudadanos que me alegra que haya dicho que debe haber una mayor responsabilidad fiscal porque entonces estará de acuerdo en que nosotros tenemos un sistema muy bueno porque hay una concordancia entre
los titulares de ingreso y de gasto y, por lo tanto, una responsabilidad de los territorios históricos total.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias, señor Escrivá, por su comparecencia y por sus reflexiones, que no siempre compartimos, como le consta, pero que en todo caso agradecemos porque entendemos que las efectúan desde la solvencia intelectual y desde la
independencia, más allá de que en algunos aspectos me gustaría tener una reflexión mucho más profunda que la que podamos tener hoy en esta comparecencia. De todos modos, para no perder la perspectiva, de lo que se trata es de analizar los
presupuestos que nos presenta el Gobierno y sobre los que ayer ya arrancó la competición: si eran naranjas, si eran azules; ahora parece que repunta el naranja, pero vendrá otra intervención y repuntará el azul (risas); en todo caso son tan
azules o tan naranjas como los del año pasado y por tanto habrá que evaluarlos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit, yo creo que usted lo ha marcado de forma acertada e inteligente, una cosa es el análisis global y otra cosa es el análisis sectorial. Como aquí no estamos evaluando los presupuestos de
las corporaciones locales y de las comunidades autónomas, sino que evaluamos el presupuesto de la Administración central y de la Seguridad Social, nos tendríamos que centrar, los naranjas y los azules también, en evaluar los objetivos de déficit de
la Administración central y de la Seguridad Social, y es obvio el resultado. Ustedes conocen que la desviación del objetivo de déficit de la Administración central en 2017 ha sido del 72 % y, por lo que nos plantea el señor Escrivá, entienden que
este año la desviación del objetivo de déficit de la Administración central va a estar entre el 57 % y

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el 85 %. Yo les quiero recordar que cualquier comunidad autónoma o corporación local que tuviera una desviación de este tamaño ya hubiese sido intervenida tres veces por parte del señor Montoro. Pero, claro, la pregunta es: ¿quién
interviene al señor Montoro? No lo van a intervenir desde Europa porque lo están cubriendo o se está haciendo cubrir por las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por tanto, la reflexión, más allá de los ingresos potenciales de los
que después vamos a hablar, es que alguien tendrá que hacer un análisis de quién ha hecho el esfuerzo en cuanto a la consolidación fiscal. Porque aquí viene Ciudadanos y nos dice que son los campeones de la consolidación fiscal, viene el Partido
Popular y dice que son los campeones de la consolidación fiscal y la realidad es que aquí los únicos que han consolidado hasta el momento son las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Más claro el agua, y el agua de Benassal, que si
ustedes no lo conocen es un manantial de la provincia de Castellón precioso y que les recomiendo. (Risas).


En todo caso, entremos ya en algún detalle. Con respecto a las corporaciones locales, señor Escrivá, más allá de lo que pueda decir y que usted sabe que no compartimos, me parece oportuno tener alguna sesión de trabajo, obviamente no en la
Comisión de Presupuestos, pero a lo mejor en la Comisión de Hacienda o en la misma Airef, para que podamos intercambiar posiciones y visiones. Yo entiendo el análisis que puede hacer usted, pero no lo comparto y, por eso, me gustaría tener la
oportunidad de transmitirle cuál es nuestra visión. A las corporaciones locales se las encorseta, se las hace generar un superávit que ya se está calificando como estructural -evidentemente si tú no puedes gastar ese superávit ya lo calificas como
estructural- y el paso siguiente -que yo lo vengo aventurando desde hace unos meses- va a ser, en la próxima reforma de las haciendas locales: Ustedes lo que tienen que ajustar es la capacidad fiscal de las corporaciones locales para que se lo
traspase a las comunidades autónomas o a la Administración central. Desde nuestra óptica, este es un argumento absolutamente perverso. ¿Por qué llegan las corporaciones locales a esta situación? Obviamente, porque no se les permite gastar.
Incluso algunos de sus argumentos son que si hay una reducción de la población eso implica que tiene que producirse un ajuste del gasto. Yo creo que usted puede compartir que en algunos casos puede ser cierto y en otros no ser cierto. Cuando uno
tiene un servicio de seguridad de la Policía local, seguramente, aunque le baje la población de 75 000 a 70 000, no va a cambiar la estructura de su Policía local. Y cuando uno tiene un pabellón de deportes, aunque reduzca en 3000 personas su
población, tendrá que mantener el pabellón deportivo, y así sucesivamente.


Nos ha puesto una gráfica de la diferencia que hay entre la recaudación real y la máxima teórica del IBI. Y dice: el GAP se va extendiendo. Evidentemente que se va extendiendo, porque si las corporaciones locales incrementan el IBI,
recaudan más y pueden gastar más porque no están afectos a la regla de gasto. Pero entonces, ¿usted me puede explicar qué razonamiento van a utilizar el alcalde y el concejal que van a proponer a sus conciudadanos: Oigan, como tenemos que gastar
más, vamos a incrementar el IBI porque me lo va a permitir la regla del gasto? Sus ciudadanos le van a decir: Alcalde, que usted tiene un superávit constante aquí. ¿Cómo con un superávit que no va a gastar me está diciendo que tiene que subir el
IBI para gastar más? Evidentemente, eso no tiene ningún sentido. Lo que se ha hecho con las corporaciones locales es que se ha establecido una regla de gasto perversa en sí misma. Usted también dice que la tasa de referencia y la tasa de
variación del gasto computable han generado también un GAP y en algún ejercicio no se agota. Claro, efectivamente, porque la capacidad de ejecutar el presupuesto no siempre puede ser al 100 %, y eso hace que se produzcan estos pequeños gap.
Además, tenemos que ser conscientes de que eso les penaliza para los próximos presupuestos y para la aplicación de la regla de gasto. En todo caso, hoy no toca analizar las corporaciones locales. Ya han aprobado la mayoría de ellas, a diferencia
de la Administración central, y aprobaron el presupuesto cuando les tocaba, antes de final de año; lo presentaron cuando tenían que presentarlo y donde no había mayoría supieron pactar para aprobarlo. Hoy nos tendríamos que centrar otra vez en la
Administración central y la Seguridad Social. Señores azules y señores naranja, les ha dicho el señor Escrivá que no lo han hecho bien porque no van a cumplir los objetivos de déficit que ustedes aprobaron hace unos meses para la Administración
central y para la Seguridad Social. (Risas).


En cuanto a algunas de las cuestiones que nos ha planteado, son todas ellas interesantes, señor Escrivá. Respecto a las previsiones de ingresos y a diferencia de otros ejercicios -esto en sí mismo ya les avala y, por tanto, obviamente no
solo ustedes tienen el beneficio de la duda, sino también el Gobierno-, ¿ustedes entienden que son razonables o que al menos son más razonables que en años anteriores, y que la desviación estimada es menor que la desviación mínima de los últimos
años? Ha salido aquí algo que me inquieta, y no es porque no sea después asumible la desviación, pero siento

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cierta curiosidad y usted, de hecho, ha intentado hacer un esfuerzo por presentar una transparencia exclusivamente de la evolución de la previsión del IRPF. Yo les quiero recordar que el año pasado por IRPF se recaudaron 1000 millones menos
de los que estaban presupuestados, a pesar de esto y de que hay una serie de modificaciones normativas que el Gobierno cuantifica en 2200 millones de euros; y es verdad que ustedes asignan para 2018 prácticamente 800 o 900 millones de euros, y se
prevé un incremento de la recaudación, una vez descontado este efecto, superior al 7 %. Entendemos que es difícilmente asumible o al menos lo vemos menos asumible que lo que ustedes plantean en cuanto a los impuestos especiales. Si puede ser, nos
gustaría que nos diera alguna información complementaria al respecto.


Ayer yo lo decía también en mi intervención. Nosotros de estos presupuestos lo cuestionamos casi todo, pero si una cosa no cuestionamos es el cuadro macroeconómico. Coincidimos en que es prudente; también en que todos aquellos anuncios
apocalípticos respecto al efecto de la situación política en Cataluña en torno al PIB eran apocalípticos en su momento y, ahora, han desaparecido o no los sabemos ver en este entorno. No quiero decir -espero que no se malinterpreten mis palabras-
que no haya ningún efecto; evidentemente, cierta inestabilidad produce efectos, como va a producir efectos seguramente que no nos van a gustar -voy terminando, señor presidente- el hecho de que estos presupuestos no se aprueben, porque qué más
inestabilidad puede producir que un Estado sin presupuestos. Ahora ustedes van a decir que el Partido Socialista les tiene que votar los presupuestos porque yo creo que vamos a estar toda la semana aquí, pero esta guerra la tenían que haber hecho
en septiembre y no esperar al mes de abril.


Señor Escrivá, le agradezco una vez más su comparecencia y quisiera emplazarle para otra ocasión. Perdone, pero nos gustaría tener esta reflexión, que es común, en relación con la aplicación de los objetivos de déficit a las corporaciones
locales y la regla del gasto, aunque discrepemos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


A continuación, en nombre del Grupo Popular el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.


Bienvenido, señor Escrivá. Como siempre, es un placer escucharle.


A los compañeros portavoces de la izquierda no les he oído decir en su intervención que la Airef avalara las previsiones del Gobierno ni que son factibles ni prudentes ni que el crecimiento es más equilibrado y sostenible, ni, como pone ahí
en la transparencia, que existen soportes para el crecimiento ni que se incrementa el consumo -mejor que otras previsiones- ni que el ahorro está adecuado a la inversión ni que estamos con rentas netas en volúmenes máximos ni nada sobre el dato tan
positivo de la inversión en bienes de equipo. ¿Me ha parecido oírlo? Pues no, claro que no. Prefieren pasar su intervención criticando lo poco que hay que criticar o incluso criticando lo que no se puede criticar, y ni una palabra de
agradecimiento o de valoración de lo que se ha hecho y se está haciendo.


¿Qué consecuencias tiene ese discurso? Ya se lo he dicho algunas veces y veo que no me hacen caso: que no resulta creíble. Incluso el señor Lasarte ha dicho que es un placer escucharle, pero no lo escucha porque, teniendo en cuenta las
opiniones que vierte, está claro que no lo está escuchando. El señor González dice que se agradece escuchar su opinión. Pues haga caso al señor Escrivá. Incluso he oído a un compañero que ha dicho que se agradece su objetividad. Si es objetivo,
si los datos son objetivos, vamos a hacerle caso. Las propuestas que hacen justo van en sentido contrario.


La Airef avala las previsiones y las considera prudentes. Las hipótesis básicas sobre el entorno exterior que sustentan el escenario macroeconómico del proyecto se consideran factibles y reflejan un balance de riesgos equilibrado. Nos ha
dicho que la senda de crecimiento prevista para 2018 se considera prudente y su composición, verosímil, destacando la evolución contenida tanto del consumo público como del privado, y manteniéndose la demanda interna como principal motor de la
economía debido principalmente a la evolución positiva de la inversión.


En el plano doméstico, afirman en su informe que los peores escenarios que podían vislumbrarse en el mes de octubre a raíz de la crisis institucional en Cataluña parecen haberse desvanecido. A estos factores habría que sumar el potencial
impacto expansivo de las medidas de política fiscal, previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que podrían redundar en una mayor renta disponible de los hogares y, por tanto, en su demanda de consumo, algo que además busca este
Gobierno y este presupuesto.

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En cuanto al sector exterior, el informe apunta que consolida su aportación positiva y moderada, confirmando el cambio de patrón de crecimiento de la economía española respecto al ciclo anterior.


Respecto al PIB y la composición de la demanda, las previsiones de formación bruta de capital para 2018 se consideran prudentes tanto en equipo como en construcción, y una posición financiera saneada del sector empresarial, junto con la
existencia de condiciones financieras favorables, soportan una dinámica favorable en inversión. La recuperación del mercado inmobiliario, con crecimientos de dos cifras; las tasas previstas de crecimiento real de las exportaciones y de las
importaciones se consideran probables, y las exportaciones estarán asentadas fundamentalmente en el tono expansivo que se pronostica para los mercados españoles de exportación, aunque se prevea un contexto de ligera apreciación cambiaria. El
comportamiento de las importaciones iría en consonancia con la desaceleración prevista para la demanda interna por el Gobierno.


Usted nos ha dicho en varias ocasiones que la salida de esta crisis se está haciendo con un porcentaje de exportaciones y superávit de la cuenta corriente, que otorga claramente sostenibilidad a este crecimiento frente a otros patrones de
crecimiento en periodos anteriores, y otro soporte que en parte está relacionado con todo lo anterior tiene que ver con que estamos creciendo sin crédito, y nos lo ha explicado hoy de nuevo. Sabemos que cuando se crece a un capital con
autofinanciación la asignación de recursos suele ser más sana, pero también hay una segunda lectura, y es que todavía no ha llegado el crédito y las posiciones de muchos agentes están claramente holgadas para crecer con crédito. Esto lo que nos
hace pensar, igual que a ustedes, que a la Airef, que hay recorrido hacia delante para mantener el crecimiento relativamente alto, como figura en el programa de estabilidad de España. Cuando han avalado el cuadro de estabilidad, han mirado todos
estos elementos para constatar que realmente las posiciones de partida permitirán crecimientos por encima del 2 % en los próximos años y en algunos años cercanos o que superen el 5 %. ¿Hasta dónde cree, señor Escrivá, que puede alargarse este
crecimiento y qué margen tenemos? Lo mismo quiero decirle con el asunto de los nuevos empleos previstos y las subidas salariales que están llegando y llegarán en los próximos años. ¿Esto va a tener una influencia positiva en la demanda interna?
¿Seguirá apoyando este recorrido de crecimiento de la economía española?


Se ha hablado aquí de octubre de 2017, de sus previsiones entre octubre y marzo. Yo creo que quizá este año sea mejor para los presupuestos, para los proyectos y para las inversiones, que salga en este momento el presupuesto y no en octubre
pasado, teniendo en cuenta, por un lado, la diferencia en las previsiones que hay y, por otro, el tema catalán. No creo que en el momento álgido de esta situación se deban presentar unos Presupuestos Generales del Estado. Ahora, según dice el
informe, los peores escenarios que podían vislumbrarse en el mes de octubre a raíz de la crisis institucional de Cataluña parecen haberse desvanecido; por tanto, parece un buen momento para presentar estos Presupuestos Generales del Estado.


En su informe, la Airef nos habla de la existencia de efectos de desbordamiento positivos que proporcionarían una posible justificación de la divergencia entre el comportamiento de Cataluña y el resto de España. Contrariamente a lo esperado
inicialmente, los efectos de desbordamiento negativos procedentes de una menor actividad en Cataluña, principalmente a través del canal de intercambio de bienes y servicios, podrían haber coexistido con cierta sustitución de actividad que haya
ejercido un efecto dinamizador en el resto de regiones. ¿Nos podría aclarar, si tienen los datos, de qué regiones hablan?


Quería preguntarle, además, qué probabilidad daban en 2017 al escenario que realmente se ha alcanzado en términos de crecimiento, empleo y déficit; si era mayor o menor que el que dan para 2018. ¿Cree que las cuentas públicas españolas son
compatibles con una renta mínima para todos los españoles? ¿Ha calculado la Airef cuánto costaría en los próximos cinco años una subida lineal de las pensiones con el IPC? Lo digo porque ustedes habían hecho en un informe una valoración hasta 2022
de que no habría crecimiento superior al 0,25 de las pensiones, y me gustaría saber cuánto costaría en este caso. Le iba a preguntar por la influencia del aumento de las medidas expansivas de esos presupuestos generales en el crecimiento y la
creación de empleo, pero ya nos lo ha contestado.


Estos días ha llegado el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2017, y los datos, realmente, son alentadores. El gasto en el conjunto de las
administraciones públicas ha tenido un comportamiento riguroso; debemos, por tanto, felicitarnos. Nosotros no queremos colgarnos todas las medallas, señor Bel, nos lo ha oído decir muchísimas veces. Nosotros sabemos que todo esto se ha conseguido
con el esfuerzo de todos los españoles y de todas las administraciones públicas. Eso es lo que hacemos. Usted ha

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demostrado también en esta presentación, que la regla de gasto ayuda de forma clara a la estabilidad de España.


En su comparecencia de noviembre nos habló de la revisión de la calidad del gasto público. Nos trasladó que le habían hecho el encargo de iniciar una revisión de la calidad y quería saber cómo estaba este asunto. En cuanto a la deuda, como
usted nos ha explicado muchas veces, el objetivo de deuda es un objetivo fundamentalmente de medio y largo plazo; es, como usted dice, el ancla, al que hay que acudir y, por tanto, hay que evaluarlo en esos términos. Le iba a preguntar qué
soluciones propone, pero ya nos ha hecho una propuesta aquí. ¿Usted cree que las propuestas de incremento de gasto del Partido Socialista y de Unidos Podemos, año tras año, ayudan a este objetivo?


Quería pregúntale si la Airef estudia y revisa los cambios en nuestra deuda pública en estos últimos años: los tipos de interés, el alargamiento del plazo medio de vencimiento, etcétera y qué le parece el trabajo realizado por el Tesoro -si
lo analizan y lo estudian- durante estos años y qué cree que aporta todo este trabajo.


Sobre el asunto de la deuda, quería decirle que la propuesta que nos ha hecho de llegar a un acuerdo para ese horizonte de alcanzar el 60 % la verdad es que es muy generosa, y yo se lo agradezco, pero no creo que podamos llegar a un acuerdo
porque no sé que van a hacer el Partido Socialista y Unidos Podemos con todas esas propuestas que tienen habitualmente; no sé cómo podrían encajar esos incrementos de impuestos, estos incrementos de gasto porque el horizonte y las estimaciones de
crecimiento desaparecerían absolutamente, serían borradas. Estamos muy satisfechos con haber puesto en marcha la Airef en la X Legislatura; hoy se ha vuelto a demostrar y nos los demuestra cada vez que comparece en esta Comisión.


Por último, quería aportar un poco de color a los presupuestos; azules, naranjas, para mí estos presupuestos son unos presupuestos verdes, verde esperanza. Porque consolidan un movimiento de nuestra economía desde el año 2011 que ha sido
muy positivo, que nos ha permitido salir de un agujero y de una crisis absolutamente brutal y que, según las estimaciones y las previsiones que nos presenta aquí la Airef, nos dan una esperanza realmente importante para el futuro y para los próximos
años. Por eso yo apuesto más por unos presupuestos verdes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.


Para contestar, y rogándole en lo posible al señor Escrivá brevedad porque estamos completamente fuera de tiempo, tiene la palabra el presidente de la Airef.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias.


Voy a agrupar las preguntas, porque si voy uno por uno no creo que pueda cumplir con su requerimiento. Ha habido unas cuantas preguntas de distintos grupos que han intentado recabar de nosotros opiniones sobre el impacto de reformas
estructurales y de políticas públicas desde el punto de vista del crecimiento; también ha habido algunas preguntas que incidían sobre la distribución de la renta. Como dije al principio, la Airef no está en condiciones de dar respuesta a esas
preguntas con el mismo nivel de detalle y, además, nuestra ley es muy rigurosa en cuanto a dónde podemos llegar o no. Así mismo, todo lo que es crecimiento requiere un nivel de análisis y de expertise muy grande y, en esta parte, tengo que decir
que es donde el análisis económico de evaluación de políticas y de impacto es, a veces, menos preciso. Yo creo que lo que es impacto, desde el punto de vista de la distribución de la renta, de a quién beneficia una política u otra es más fácil de
hacer -tampoco somos competentes-, pero muchas de esas preguntas no las puedo contestar. Lo que sí creo -e invitaría a ello- es que sería útil que hubiera una instancia independiente; si yo fuera la Airef holandesa, que tiene 300 personas
trabajando con ellos, vendría aquí y les podría contestar a muchas más preguntas porque tienen a mucha más gente analizando estas cosas y porque en Holanda, por ejemplo, hay una evaluación ex ante de políticas públicas por parte de una instancia
independiente. Aquí en España no lo hay. La Airef no puede sustituir ese gap dando opiniones aquí y allá, porque parecería que tendría un nivel de improvisación que no estamos dispuestos a plantear. Ese gap existe, esa brecha existe, ese hueco
existe y yo sí creo que hacen falta evaluaciones independientes no solamente sobre la sostenibilidad -que es a lo que yo me dedico- o al stands de política fiscal, sino también sobre las dimensiones redistributivas y de impacto a medio plazo de las
políticas públicas. Creo que esa es una deficiencia que tenemos en España de siempre y,

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desgraciadamente, yo no puedo cubrir esa brecha y no voy a poder contestar a muchas de las preguntas que ustedes me han planteado en ese terreno.


Sí que es verdad que este año estamos haciendo algo nuevo -me lo han planteado el señor Roldán y el señor Paniagua- que es una evaluación no ex ante sino ex post, que es una cosa distinta, de gasto ya realizado, en el ámbito de las
subvenciones este primer año. Es un programa que el Gobierno ha planteado a tres años. Nosotros hemos pedido que hubiera un acuerdo del Consejo de Ministros muy concreto para que nos mandatara este estudio dentro de una de las posibilidades que
plantea la Ley de la Airef. El trabajo está empezando ahora, estamos empezando ya a trabajar con datos; son siete proyectos de siete líneas de subvenciones distintas. La principal son las políticas activas de empleo, con una cantidad de
subvención elevada, 6000 millones al menos, según como lo midamos. El más importante es la farmacia no hospitalaria que supera los 11 o 12 000 millones de euros. Esos son los programas más importantes, pero estamos también evaluando el gasto en
becas en el Ministerio de Educación y, en la Secretaría de Estado de Ciencia, gastos en becas predoctorales y en proyectos científicos; en la Secretaría General de Industria las subvenciones en capital a empresas emergentes, y estamos haciendo un
análisis horizontal de cómo se están haciendo las subvenciones en general en todas las administraciones públicas más desde el punto de vista procedimental; y, finalmente, estamos haciendo una evaluación concreta, que nos ha pedido el Ministerio de
Fomento, de la subvención asociada al Servicio Público Universal de Correos.


Queremos hacer estos siete proyectos con el máximo rigor y la máxima precisión. Por lo tanto, vamos a ir mucho más allá de lo que es habitual en un estudio; no nos quedaremos, por supuesto, en lo que es habitual, que es la parte más
procedimental, sino que vamos a centrarnos en eficiencia, en el detalle de cómo se gestiona y vamos a seguir el money map en cada uno de estos procesos. Creo que lo que va a ser más novedoso va a ser el análisis de impacto, el análisis de eficacia.
Al final, incluso si se utiliza eficientemente el dinero público, hay que ver si los objetivos de las políticas responden a los objetivos planteados o a los objetivos que deberían haberse planteando. Creo que el análisis de impacto es el gran reto
aquí y en muchos países, porque esto requiere trabajar con microdatos y cruzar muchas bases de información porque estamos en un terreno completamente de eterna incógnita aquí en España y, lo que vamos a hacer a nivel internacional, es relativamente
novedoso. Para hacer esto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha creado una unidad de evaluación y hemos conseguido incorporar a la Airef a algunos de los funcionarios más especializados en evaluación de políticas, que no teníamos
y que están ahora trabajando con nosotros, y hemos contratado a unos asesores científicos para el proyecto tras un concurso, que ha ganado Fedea. Ha sido un concurso abierto, al que se han presentado universidades y en el que va a haber a su vez
científicos del proyecto.


En estos momentos estamos con lo que va a ser el trabajo más rutinario y vamos a utilizar, como se hace en todas las partes, empresas externas consultoras que se van a encargar de hacer las encuestas, el tratamiento de los datos; van a
recabar la información y nosotros vamos a controlar la calidad y a ser responsables de todos los resultados, que vamos a digerir y a ajustar. Es decir, hay un trabajo de base que es muy intenso, y que van a hacer consultoras. Uno de los proyectos,
el proyecto de sanidad, ha decidido financiarlo la Comisión Europea con un fondo de inversiones destinado a políticas estructurales, y lo ha dotado con 1 200 000 euros, en sanidad y farmacia no hospitalaria. Los otros seis proyectos, los hemos
licitado individual y conjuntamente. Se acabó el proceso de licitación ayer, es decir, estaban llegando las peticiones de las distintas empresas consultoras interesadas. En los presupuestos de la Airef hay una dotación de 1 600 000 euros para esos
seis proyectos. Nosotros pensamos que es un presupuesto suficiente junto con la suma del presupuesto de la Comisión Europea. Es importante que esto se haga con mucho cuidado, se haga bien para obtener resultados y que las recomendaciones se sigan.
El reto aquí va a ser la colaboración de las administraciones públicas. En este momento ya estamos empezando a testarlo en los distintos ministerios y en las distintas administraciones; creo que aquí va a haber un proceso de aprendizaje porque
estamos observando que hay administraciones que están respondiendo muy bien y otras administraciones y ministerios que están respondiendo con una cierta resistencia. Creo que no es el momento de, como se dice en ingles, blame and shame, pero si
llega el momento, vendré aquí y haré blame and shame, porque la buena noticia es que se recopila muchísima información, en ocasiones quizá no sea el mejor formato, pero se pueden reformatear las bases de datos. Hay muchísima información en las
administraciones españolas para evaluar políticas. Están ahí, lo que pasa es que esos datos hay que ponerlos en manos del análisis, en este caso, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, algo que tienen que hacer todas las
administraciones para que las evaluemos.

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Hay que desterrar algunas opiniones de que los datos son míos y solo míos; los datos son de todos y tenemos que evaluar lo que hemos hecho. Creo que va a haber una batalla por el acceso a los datos en algunas administraciones y yo, como me
ha ocurrido ya en el pasado, voy a dar esa batalla y a intentar ganarla porque los argumentos que se dan no están en el mundo de la transparencia y en el mundo actual chirrían un poco. Creo que vamos a tener un proceso de aprendizaje en los
próximos meses, que van a ser entretenidos, para conseguir todos y cada uno de los datos que creo que son necesarios para hacer estas siete evaluaciones. Si tuviera algún problema, lo diré públicamente y si ustedes me invitan, se lo diré a ustedes,
porque creo que es muy bueno, muy bueno que entremos en una cultura en la que el dinero público, el gasto público se evalúe con el máximo rigor y se compruebe si se han cumplido los objetivos o no para lo que fueron diseñados.


En este momento no les puedo avanzar resultados porque, también, el primer ejercicio es un ejercicio acotado, estamos en subvenciones; en los próximos años iremos viendo otros bloques de gasto y creo que sería incluso buena una reflexión
general sobre las prioridades de lo que queremos empezar mirando porque, dado que empezamos de cero, el ámbito es muy amplio en este terreno y me parece que es un ejercicio de una enorme importancia evaluar el gasto público. Lo creo así y creo que
lo que vamos a hacer va a ser útil para abrir espacios de reasignación de recursos fundamentalmente. Me parece que ese tiene que ser el objetivo fundamental en un ejercicio de esta naturaleza. ¿Tendremos resultados? Vamos un poquito retrasados
por los procesos administrativos, pero si los datos nos llegan, creo que a final de este año o a principios del año que viene iremos viendo cada uno de estos siete proyectos y podremos discutirlos y, si les parece, podemos verlos en el ámbito
parlamentario.


Esto es como una reflexión de carácter general. Permítanme que comente el tema que se ha suscitado sobre las previsiones macroeconómicas en el caso del efecto Cataluña, por así decirlo. Nosotros tuvimos que evaluar una previsión del
Gobierno en el mes de octubre, que planteaba una caída 4 décimas asociada a la incertidumbre en Cataluña. Los datos de septiembre y octubre apuntaban a eso y a más; son los datos que había en ese momento, que tenían muy mala pinta y reflejaban una
caída de actividad y de demanda en ese mes muy significativas. En ese momento, la situación era muy compleja y, por tanto, creo que es razonable cuando uno evalúa escenarios de riesgo en ese momento, en el mes de octubre, intentar profundizar al
máximo en lo que podía haber detrás y en ese contexto se hizo esa evaluación. Si retrocedemos al mes de octubre y vemos los datos que estaban cayendo en ese momento, podría esperarse que los impactos fueran significativos. Han transcurrido siete
meses y ahora, efectivamente, hemos comprobado que el episodio de octubre fue un episodio transitorio que se fue diluyendo desde el punto de vista del impacto económico, pero no ha desaparecido completamente. Nuestra impresión es -al respecto hay
un recuadro en nuestro informe que lo recoge- que la economía catalana ya estaba creciendo en el año 2017 a un ritmo superior al del resto de España, podemos entrar en las razones, pero era un crecimiento de varias décimas por encima del resto
claramente y eso se ha cruzado. Ahora, en este momento, la economía catalana sigue creciendo a ritmos significativos, pero está creciendo por debajo de la economía española, algo por debajo, luego se ha invertido. No son magnitudes muy grandes,
pero es lo suficientemente significativo, de tal forma que si hiciéramos un análisis contrafactual del crecimiento económico de España en su conjunto para el año 2018, si cada uno hubiera seguido creciendo como crecía y siguiendo el ritmo que
llevaba antes de octubre, el crecimiento agregado de la economía española sería de una décima superior al que sale de los ejercicios. Por ponerle números, una décima. Ese es el efecto que a nosotros nos sale de la situación compleja en la que
estamos, con las técnicas econométricas y con las dificultades que implica hacer estos ejercicios porque esto está sometido a una incertidumbre, pero, evidentemente, estamos en un entorno muy distinto del de octubre.


Me han formulado varias preguntas sobre algunas hipótesis y de algunas recomendaciones que hay en el informe sobre el aval del cuadro macroeconómico. El Ministerio de Economía se comprometió a introducir, si es una buena práctica -es una
recomendación europea- hacer un escenario de lo que llamamos no politics change, de políticas inalteradas. De hecho, en algunos sitios, como en Holanda, ese escenario lo desarrolla incluso una AIReF, es un ejercicio inercial; y, a partir de ahí,
aísla las políticas adicionales respecto a lo inalterado de tal forma que se puede identificar perfectamente el impacto de esas políticas. Nosotros hemos recomendado al Ministerio de Economía ese tipo de aproximación y el Ministerio de Economía se
comprometió a hacerlo, pero no lo ha hecho esta vez. Le hemos recordado que lo prometió y no lo ha hecho. Ellos son conscientes y creo que es que los desarrollos técnicos para hacer esto no han llegado a tiempo. Esa sería mi interpretación más
razonable.

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La segunda recomendación de ese informe a la que han hecho ustedes referencia es la relativa a los sesgos. Esto de los sesgos no es una cosa mía, es que la normativa europea, es decir, el Fiscal Compact exige a la Airef que evalúe los
sesgos hacia atrás; es decir, si hay sesgos sistemáticos en alguno de los componentes del cuadro macroeconómico. Si es así, el Gobierno tiene que comprometerse a corregir el sesgo. Esto es normativa europea. Nosotros tenemos unas técnicas que
están ahí explicadas donde viene claramente especificado qué sesgos son. El sesgo que al final es realmente sistemático y que, por tanto, es un sesgo es el del consumo público. Dentro del cuadro macroeconómico el Gobierno ha tendido siempre -este
año pensamos que menos; ahora daré la cifra- a estimar el consumo público algo por debajo de lo que ha resultado ser la materialización. Ahí está el sesgo. Este año, si no recuerdo mal, el Gobierno está previendo un crecimiento del consumo
público del 1,1 %, y nosotros pensamos que es del 1,3 %. Por tanto, esas 2 décimas no nos parecen suficiente significativas y por eso no pensamos que el sesgo vaya a ir a más.


El Ministerio de Economía ha propuesto como solución de esto algo que a nosotros no nos gusta. La solución era: No se preocupe usted, cojo el promedio del consumo público del panel de analistas, y así ya no hay sesgo. Como nosotros
evaluamos el sesgo frente al consejo de analistas, nos dice esto. Por tanto, hemos dicho que no porque realmente es en el consumo público -y quizá no en el sector exterior, que es un supuesto externo- donde el Gobierno tiene que mojarse -tiene una
información superior porque eso deriva del presupuesto- y poner una previsión propia pero insesgada. Este es un poco un ejemplo del tipo de diálogo. Hay muchísimos diálogos que estamos teniendo, algunos más conocidos y otros menos conocidos, que
son la esencia de la Airef. La Airef da recomendaciones y las administraciones públicas, las comunidades autónomas, nos explican, nos contestan, y nosotros a su vez les contestamos: esto es natural, se plantean soluciones. Esta es la esencia del
diálogo que nosotros desarrollamos, que está detrás de lo que se llama el principio de cumplir o explicar.


Ha habido varias preguntas sobre ingresos. Nosotros hemos utilizado exactamente la misma metodología que los años anteriores y esta vez nos sale bastante plausible. Yo diría que es verdad que en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas aparece un poquito alto, pero muy poco. Y hay que tener en cuenta que los impuestos, como el de la renta, tienen ganancia cíclica, y en situaciones como esta la elasticidad es mayor que 1. No hubiese sido razonable, como hemos visto desde
el año pasado y como está pasando en estos meses, que creciera algo por encima del crecimiento del PIB nominal. No pondría yo el énfasis ahí; sí lo pondría en los impuestos especiales, sobre los que me preguntaban dónde está la gran discrepancia.
En tabaco hay una diferencia pero sobre todo es en hidrocarburos, y no entendemos muy bien por qué. Hemos hecho una pregunta al Gobierno que creo que todavía no han contestado. Igual la debería saber y ya hay una explicación. Perdónenme que no
sepa exactamente esto, pero realmente hay una discrepancia significativa en hidrocarburos. Estamos hablando de alrededor de 500 millones, de una diferencia de ese orden. En general los impuestos especiales tienden a crecer por debajo del PIB, y
eso hay que tenerlo en cuenta y va a ser así. Y eso no es mala noticia porque son impuestos que lo que pretenden es desincentivar el consumo. Es decir, que la base imponible del impuesto sobre el tabaco, el alcohol o las gasolinas baje no nos
debería sorprender; es que si no bajara, no estaría siendo eficaz el impuesto. Por lo tanto, eso es razonable. Lo que ocurre es que si se quiere mantener la recaudación hay que subir los tipos impositivos. En el impuesto sobre sociedades hay
varios factores que están detrás de que la recaudación no suba, aparte del de las bases imponibles, que tiene que ver con los esquemas de amortizaciones que hay. Es decir, podríamos hablar sobre ese tema y veríamos que, efectivamente, no es
razonable pensar que esto esté pasando con la estructura que tiene el impuesto. Esto sobre ingresos.


En cuanto a los gastos, no voy a entrar mucho en el tema de los ayuntamientos, señor Bel -obviamente nos veremos y tendremos una charla lo más extensa posible sobre este punto-, pero le daré dos datos: uno, el gasto de los ayuntamientos en
el año 2017 ha crecido el 1 %, cuando la regla de gasto les permitía crecer al 2,1. Eso solamente es compatible con que la mayoría de los ayuntamientos no se han visto restringidos por la regla de gasto. Igual es parte del debate que tenemos que
tener, pero esto es un hecho objetivo. Hay algunos ayuntamientos que sí se han visto topados por la regla de gasto y algunos que se la han saltado, muy pocos, pero en general no ha sido vinculante -a lo mejor quiero yo aprender de usted sobre cómo
es posible-. Al final, cuando miro la estructura de competencias de los ayuntamientos, y más después de la Ley de racionalización de las haciendas locales, veo que los ayuntamientos tienen cierta tensión para meterse en competencias que no les son
propias, y a veces echan una mano a las comunidades autónomas, como todos sabemos, en gasto social. Y ahí es donde va mi segundo dato, es decir, ¿tenemos un déficit de gasto social? Sí, es evidente y lo vemos en dependencia, lo vemos en pensiones,
vemos que

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hay gran tensión en esos componentes del gasto, y aprovecho para responder a lo que me ha planteado el señor Nasarre. Sí que es evidente que, como resultado del envejecimiento y como resultado de ciertas innovaciones, va a haber presión
sobre el gasto social. En muchos países, ese gasto, sobre todo en lo que es dependencia, en lo que es asistencia social e incluso en esquemas de renta mínima, quienes lo asumen son los ayuntamientos porque es un gasto muy de proximidad. De hecho,
en España, en gran parte los asistentes sociales están en los ayuntamientos y trabajan a costa de las comunidades autónomas. A mí no me gusta un modelo en el cual yo hago el proceso pero no tengo la restricción presupuestaria, la tiene la comunidad
autónoma, que es la que termina gastando. Lo que tengo ahí es un problema de competencia; en este tema estoy entrando en el límite de lo que yo puedo hablar como autoridad fiscal, pero a mí me da la sensación de que si miramos agregadamente dónde
están las grandes presiones de gasto y donde están las mayores holguras, termina uno pensando que a lo mejor hay que hacer una redefinición de competencias o hay que establecer convenios entre unos y otros. Eso es lo que yo creo que hay que ver
ahí.


Me preguntaba el señor Lasarte sobre proyecciones de gasto. Si quiere, cuando hablemos del programa de estabilidad, que son cuatro años al menos, podremos hablar con más perspectiva porque tendremos más años. Cuando nosotros hacemos
proyecciones de gasto, por ejemplo, de sanidad, utilizamos modelos propios para cada una de las comunidades autónomas que lo que nos están dando es una cierta presión de gasto, resultado del envejecimiento y de las innovaciones financieras. A lo
mejor hay una parte también que tiene que ver -y esto sí puede ser parte del análisis que tenemos que hacer nosotros en el área de la farmacia hospitalaria- con las decisiones que se toman individualmente sobre qué fármacos se financian y a qué
coste. Eso también puede tener que ver con parte de lo que estamos hablando. En cualquier caso, nosotros estamos viendo una tendencia al crecimiento del gasto sanitario inercial de niveles en torno al 6% en los próximos años e incluso hasta
niveles en torno al 7% o algo más. No estamos tan seguros de que haya tanta presión en el gasto en educación a políticas constantes, porque la demografía ahí nos va a llevar en la dirección contraria, a no ser que tengamos un boom migratorio fuerte
en los próximos años.


En cuanto las pensiones, según a qué horizonte se plantee el ejercicio. Me preguntaba, creo que el señor Paniagua, por el gasto adicional si se indexaran las pensiones al IPC. Estoy hablando de memoria, pero creo que en el año 2023, de
aquí a cinco o seis años, serían unas 7 décimas adicionales del PIB. De aquí al año 2030 estaríamos hablando casi de 1,2 o 1,3 puntos adicionales de gasto público respecto al escenario contrario, para poner cifras. Con carácter a medio plazo, a mí
en el tema de las pensiones me preocupa mucho, pero mucho, la sensación -y lo hemos visto en las encuestas del CIS del otro día- de que se está trasladando a los pensionistas y a la sociedad que hay un problema muy agudo a medio plazo de las
pensiones, que van a mermar sensiblemente los ingresos de los pensionistas, porque esto no está sustentado por el análisis y la evaluación. Muchos de los análisis que se hacen sobre pensiones, incluidos otros organismos públicos, están basados en
unas proyecciones de población que hace el INE que nosotros no entendemos -y se lo hemos dicho al INE-, que suponen que la población española va a empezar a decrecer enseguida per saecula saeculorum. Esto choca dramáticamente con cómo se ha
comportado este país en otros momentos y con la capacidad que tiene de absorber inmigrantes, como se ha visto en la época del 2000, cuando ha hecho falta. Es decir, las previsiones sobre pensiones que se hacen en España suponen que ante una
propensión a empobrecernos porque no hay activos ya, porque están envejeciendo cada vez más, no vamos a reemplazar el stock, por ejemplo, con mayor participación de la mujer todavía en el mercado de trabajo, qué tasa puede haber de participación más
alta, con políticas sobre natalidad, que en algunos países han tenido éxito, o con flujos migratorios que reflejan eso. Eso es lo que hay detrás, la hipótesis básica de prácticamente la mayoría de estudios sobre pensiones es esa, y es la que
determina los resultados, y cuando haces esa hipótesis lo que te salen son cosas muy dramáticas. Cuando empiezas a relajar ese supuesto te das cuenta de que el gasto en pensiones tiende a subir algo, tiende a tener cierta presión, pero es algo que
yo diría que es absorbible y manejable.


Lo que yo no entiendo, sinceramente no entiendo, es cómo cuando tenemos dificultades para hacer una previsión al año que viene -y tenemos rangos que lo hacen así-, nos encontramos previsiones a cuarenta años en un punto cerrado, y vienen
aquí y lo dicen. ¡Oiga usted!, cuando uno va entrando cuidadosamente en qué hay detrás de cada hipótesis, se da cuenta de que la incertidumbre es considerable. Entonces cuando la incertidumbre es considerable me parece que no hay derecho a
transmitir esta certidumbre, esta soberbia agnóstica con la que decimos: esto va a ser la ruina. ¡Es que no es verdad, no es verdad! Y al final terminamos afectando a una parte de la población que ya por su edad está inquieta y no es razonable,
sinceramente no es razonable, porque no es verdad. No es verdad. Es

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decir, el tema es abierto y va a depender de cosas como los flujos migratorios, que tienen un impacto enorme, de la tasa de natalidad, etcétera. ¿Por qué no vamos a aspirar nosotros a llegar a la tasa de actividad de Alemania de aquí a
veinte años, partiendo de donde estamos? ¿Por qué no? Simplemente llegando a la tasa de actividad que hay hoy en Alemania, si nosotros llegáramos a ella, ya corregimos una parte significativa. Y después, muchos de esos estudios sobre pensiones no
han incorporado suficientemente las reformas paramétricas sobre todo de 2011, que son reformas que van a tener un impacto a medio plazo de mitigación del efecto de sustitución. No están incorporadas en el análisis, lo hemos hecho nosotros
específicamente y hemos visto efectos. Luego ¿que va a haber presión sobre el gasto en pensiones? Sí. ¿Que va a haber presión sobre el gasto en sanidad? Sí. Cuando uno mira las incertidumbres y mira los márgenes, esto es manejable y razonable,
para que no creemos una angustia innecesaria en toda la población.


Creo que lo voy a dejar aquí aunque han quedado muchas preguntas más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escrivá.


Las comparecencias en presupuestos -he intentado dejar el máximo margen posible tanto a los grupos como al compareciente- tienen un objeto determinado, no solamente en la Comisión de Presupuestos sino sobre todo en la presentación del
proyecto de ley de presupuestos, con lo cual, como siempre, en nombre de la Comisión le agradezco que haya venido y le invito a que fuera del periodo presupuestario podamos hablar de estos temas de medio y largo plazo, que me parecen muy
interesantes.


Vamos con mucho retraso, ahora mismo va a pasar el siguiente interviniente y me gustaría que se acercasen un momento los portavoces a la Mesa para hablar del horario que tenemos porque también ha habido una alteración en el Pleno que, como
saben, nos afecta. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BURGOS GALLEGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/001446); CIUDADANOS (número de expediente 212/001493); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ
PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001350); SOCIALISTA (números de expediente 212/001245, 212/001248 y 212/001249) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001549).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social. Para exponer el presupuesto, tiene la palabra don Tomás Burgos.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. La sociedad española viene a disponer anualmente los objetivos y las prioridades de actuación de su Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Esta es la verdadera naturaleza de un presupuesto, el conjunto de
disposiciones ordenadas y estructuradas para asignar los recursos públicos conforme a la elección pública conformada por la democrática voluntad de los ciudadanos. Entre estos objetivos y prioridades, es inequívoco el respaldo a un sistema de
Seguridad Social pública y de reparto, la única capaz de ofrecer una cobertura amplísima, una garantía frente a las muy diversas contingencias y un nivel de retorno y seguridad imposibles de garantizar e igualar por otros procedimientos. En un
momento de sólido y equilibrado crecimiento de la economía española, el gasto social se mantiene como una prioridad esencial. Las pensiones suponen ya el 41 % del presupuesto del Estado. El presupuesto de gasto es financiado en un 90,96 % con
ingresos contributivos y en un 9,04 % con aportaciones del Estado destinadas a financiar la acción protectora no contributiva. Estos presupuestos son una apuesta clara por reforzar el compromiso del gasto social. El proyecto de ley de presupuestos
destina más de 196 000 millones de euros al gasto social, lo que supone casi el 56 %, y en este contexto los recursos dedicados a las pensiones aumentan de nuevo. El mayor porcentaje de gasto social, en concreto el 73,6 %, se destina a las
pensiones, que absorben 144 834 millones de euros. La Seguridad Social es, por supuesto, la gran partida de las cuentas públicas de España. Cuatro de cada diez euros -42,3 de cada 100 para ser exactos- del total de gasto consolidado, sin
transferencia interna en el presupuesto general, se destina al sistema de Seguridad Social. Las pensiones siguen siendo, con gran diferencia, la partida fundamental del presupuesto español. De hecho, si se suman las clases pasivas, el gasto en
pensiones alcanza ya los 144 834 millones de euros, el 12 % del producto interior bruto y casi el 50 % del gasto del presupuesto en 2018.

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El objetivo para 2018 en el presupuesto de Seguridad Social es el objetivo de déficit del 1,5 % del producto interior bruto, bajo el criterio de contabilidad pública. El total del presupuesto consolidado por operaciones financieras y no
financieras asciende a 149 950,72 millones de euros, es decir, un incremento del 5,22 %. Y si atendemos al presupuesto de gasto consolidado por operaciones no financieras, el más adecuado para el seguimiento presupuestario, para su análisis y para
su comparación homogénea, estamos ante un presupuesto total consolidado de 148 365,82 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 4,13 %. Estamos, pues, un año más ante el mayor presupuesto de la historia de la
Seguridad Social española, expresión de una dinámica que nos va a acompañar en el futuro. El gasto crecerá, no se reducirá ni se congelará y lo que cabe hacer es gestionar ese incremento de forma adecuada a las posibilidades económicas de nuestro
país. Este presupuesto se presenta en unas condiciones doblemente favorables. Primero, porque la previsión de crecimiento sigue siendo alta, del 2,7 % para el año 2018, con lo que España será por cuarto año la economía que más crezca entre las
europeas. Y segundo, porque los ingresos por cotizaciones, el verdadero motor del sistema, crecen a un buen ritmo. El año 2017 cerró con récord neto de cotizaciones y 2018 presenta unas expectativas ciertamente también importantes. El proyecto de
presupuestos, atendiendo a esta situación, presenta unos ingresos no financieros por valor de 129 719 millones de euros, un crecimiento del 4,6 %. Las cuotas sociales son el principal origen de los ingresos y ascenderán a 114 915,75 millones de
euros, con una previsión anual de crecimiento del 5,2 % sobre la previsión de liquidación del año 2017. Esta aportación, que es clave para el sistema, es ajustada y realista, como creo que el anterior compareciente ha tenido a bien señalar.


Respecto a las cotizaciones, quiero significar tres hitos. Es la principal fuente de ingresos del sistema. Las cotizaciones sociales representan el 88,6 % del total y aumentan ligeramente respecto al año anterior, en que fue del 88,1 %.
En segundo lugar, su participación en relación con el producto interior bruto mejorará en una décima respecto al año anterior y este año será del 9,5 %. Y en tercer lugar, las cuotas pagadas directamente por ocupados recuperan el nivel del año
2007, es decir, representarán el 8,9 % del PIB, el punto máximo alcanzado desde el año 2000. En 2018 se espera, por tanto, una evolución favorable de variables, como la remuneración media de asalariados y la variación del empleo. Así lo acreditan
además los datos del primer trimestre de este propio año 2018, ya sea en términos de avance de la recaudación líquida del sistema -nueve meses consecutivos creciendo por encima de los 10 000 millones de euros de ingresos por cotizaciones sociales- o
en términos de ejecución presupuestaria. Señorías, más empleo y mayor recaudación fiscal es la vía más segura para pagar mejores pensiones. La clave de bóveda del sistema, no obstante, está en que hoy la relación es de seis afiliados -6,06 para
ser exactos- más por cada pensionista que se incorpora al sistema.


Tras las medidas ya adoptadas en años anteriores en relación con los ingresos, estos presupuestos se hacen eco de importantes iniciativas, como los recargos modulados o los incentivos a los trabajadores autónomos, fruto de las últimas
reformas legales aprobadas por este Parlamento, y añaden nuevas medidas. La base máxima de cotización se eleva en 1,4 puntos para los trabajadores por cuenta ajena en todos los grupos. La base mínima de cotización se eleva de acuerdo al salario
mínimo, como corresponde legalmente, 4 puntos para los trabajadores por cuenta ajena en todos los grupos. Se incrementa la base mínima para los autónomos en 1,4 % también y la base mínima de los autónomos societarios, que sufrió fuertes incrementos
respecto al año 2017 y comienzos del año 2018, se incrementa en un cero por ciento, es decir, permanece estable. En materia de pensiones, este Gobierno ha demostrado que es firme en su compromiso para reforzar la cobertura del sistema y para
mantener e incluso mejorar pensiones y prestaciones. Así lo reflejan las transferencias recibidas de la Administración General del Estado, que este año ascenderán a 13 557,75 millones, aumentando un 4,9 %, fundamentalmente para complementos a
mínimos, con 7145,12 millones de euros, que atienden a la revalorización ampliada que posteriormente comentaremos.


Respecto a la evolución de los gastos, el volumen de gastos en operaciones no financieras previsto en este proyecto asciende a 148 365,82 millones, es decir, crece un 4,33 %. Los gastos de personal lo hacen en casi un 7 %, en un 6,91 %,
incrementándose en el refuerzo de plantillas y en las mejoras retributivas de los funcionarios públicos. Y los gastos corrientes, que suponen 1525,85 millones de euros, siguen hablando de la gestión de un volumen ingente de recursos, con notables
criterios de eficiencia que creo oportuno señalar. Las transferencias corrientes son las partidas más importantes del presupuesto, el 95,62 % del total, y alcanzarán este año 127 109,79 millones. También seguimos incrementando las inversiones en
nuestra red importante de centros, más de mil centros de la Seguridad Social repartidos

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por todo el territorio nacional, y llegamos, con las inversiones contenidas en el anexo, a cincuenta y una provincias de nuestro territorio.


En la ley de presupuestos se incluyen, además, puntos tan importantes como la ampliación de la duración del permiso de paternidad, que supone una dotación presupuestaria de 423,10 millones de euros, ampliándolo a cinco semanas.
Especialmente resaltable es la revalorización de las pensiones mínimas, que en este presupuesto asciende al 3 % de las pensiones hasta 9800 euros al año, que aumentan el 1,5 %, y desde los 9800 hasta los 12 040 euros, el 1 %, aumentando el resto de
las pensiones, incluidas las máximas, el 0,25. La pensión de viudedad ve reforzada su cuantía con el incremento de 2 puntos del porcentaje de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la pensión, aumentando, de forma media, las pensiones
de viudedad en nuestro país en un 3,85 %. Todas estas medidas de mejora alcanzan a más de 5,7 millones de pensionistas directamente; con la rebaja fiscal que también contiene este presupuesto, el colectivo beneficiado asciende a 7 millones de
personas. Este presupuesto establece una previsión de implantación de la protección no contributiva de orfandad en el marco del Pacto contra la violencia de género, con una dotación de casi 5 millones de euros, y refleja también el importante
efecto que tiene el complemento de maternidad implantado hace dos años en nuestro sistema, que beneficia al 60 % de las nuevas pensiones de mujeres. La previsión para 2018 es que esta prestación llegue a 186 000 mujeres más, con lo que desde su
entrada en vigor esta prestación que complementa hasta un 15 % las pensiones de las mujeres habrá superado el medio millón de mujeres que reciben dicho complemento. La aplicación de esta medida, junto al incremento de la viudedad, contribuye a que
la brecha de género en pensiones se haya reducido cada vez más: desde el año 2015, que estaba en el 25,15, se ha pasado hoy, en marzo de 2018, al 20,14, es decir, una reducción desde que se implantó esta última medida en más de 5 puntos
porcentuales. Por áreas de gasto, hay que destacar que las prestaciones económicas del sistema absorben el 95,63 % del gasto total, 143 392,73 millones de euros. Las pensiones totales, contributivas y no contributivas, con una dotación de 129 489
millones de euros, aumentan el 3,51 % y, en concreto, las pensiones contributivas del sistema lo hacen en un 3,59 %, alcanzando la cifra récord de 127 109,7 millones de euros. Por tanto, las pensiones contributivas absorben el 88,6 % del
presupuesto de gasto del sistema de la Seguridad Social.


Tengo que señalar que estos presupuestos también incorporan las previsiones en relación con el desarrollo de la jubilación activa, compatibilidad entre salario y pensión del 50 %, en el cual ya hay 36 931 personas en nuestro sistema, y, a
mayores, en el año 2018 ya está implantada la jubilación activa plena, es decir, la compatibilidad entre salario y pensión al cien por cien, a la que ya han accedido 6355 personas, autónomos con, al menos, un trabajador por cuenta ajena. Las
pensiones contributivas representarán el 10,5 % del producto interior bruto, es decir, se mantiene el mismo porcentaje respecto al producto interior bruto que el año anterior. Estamos, por tanto, ante la consignación de la estabilidad en el
porcentaje del PIB que representan nuestras pensiones, lo cual es, evidentemente, un indicador relevante de sostenibilidad para el futuro. Las pensiones no contributivas experimentan un aumento del 4 % respecto a la previsión de liquidación del año
2017 y alcanzarán en 2018 los 2379,99 millones de euros. Quiero destacar que este es el mayor incremento porcentual en estas prestaciones en la última década. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia).


Estos presupuestos, por tanto, garantizan más protección de Seguridad Social en un nuevo entorno económico y, especialmente, en las mejoras de revalorización de 5,7 millones de pensiones en nuestro país, con un coste adicional de casi 1000
millones de euros -989,33 millones- en nuestro sistema. Quiero decir que la pensión media del sistema seguirá creciendo en el año 2018. En estos momentos está creciendo al 1,85 % y hay que señalar que desde el año 2011 la pensión media del sistema
ha crecido en más de un 15 %, el 15,05 %. Quiero señalar también que se produce un incremento en el gasto en incapacidad temporal, que alcanzará en este presupuesto los 7979,72 millones de euros, creciendo un 5,2 respecto a la previsión de
liquidación. Este Gobierno, que logró en 2013 separar definitivamente las fuentes de financiación, vuelve a reflejar en este presupuesto la aportación a la financiación del cien por cien de los complementos a mínimos, que supondrá 7329,12 millones
de euros, es decir, un incremento del 4,29.


Quiero señalar que cada vez hay menos pensiones nuevas que precisan de un complemento. Representan en estos momentos el 24,9 % del total, un porcentaje que el año pasado era del 25,7 %. En cuanto a las nuevas pensiones, la proporción de
las altas de pensiones que requieren garantía de mínimos está descendiendo y es ahora del 19,09 en las nuevas altas que requieren ese complemento. Por tanto, el aumento de la pensión media en términos reales supone que cada vez, afortunadamente,
hay

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menos pensiones en nuestro país que están por debajo del importe mínimo establecido. Los pensionistas que tienen garantía de mínimos percibieron por este concepto el año anterior una media de 204,3 euros al mes; la cuantía más alta es la
que se abona a las pensiones de viudedad, con más de 243 euros por pensión. El Estado sigue asumiendo la financiación de todo el ámbito no contributivo del sistema, algo que resulta clave para garantizar la solvencia del mismo a medio y largo
plazo, e incrementa también otras prestaciones, como las que afectan a la maternidad, la paternidad, el riesgo durante el embarazo y la lactancia y el cuidado de menores, con un incremento del 4,46 %, uno de los más altos de los últimos años.
También en prestaciones familiares se produce un incremento del 2,82 %. Las transferencias corrientes a las comunidades autónomas afectan a 1650,92 millones de euros, aumentan, por tanto, en un porcentaje muy significativo, el 11,7 %, especialmente
dirigido a la atención a la dependencia, que alcanza en este presupuesto la cifra de 1401 millones, es decir, un 3,4 % más que la previsión de liquidación. Su principal partida es el mínimo garantizado por el Estado, que aumenta en 134 millones de
euros, hasta alcanzar los 1396,87 millones.


Como consideramos adecuado seguir avanzando en otros esquemas de financiación de prestaciones o de grupos de ellas que asignen nuevos recursos al sistema, valoramos como extraordinariamente importante que el Pacto de Toledo llegue al
necesario consenso para abordar los pasos a dar en esta dirección. Mientras eso se produce, el presupuesto de la Seguridad Social vuelve a disponer de un préstamo del Estado por un valor -en este caso máximo- de 15 164 millones de euros. El
incremento de este préstamo respecto al año anterior no significa que sean necesarias nuevas o mayores aportaciones para financiar el sistema sino que se va a disponer en menor medida que en otros años del Fondo de Reserva del sistema. Por tanto,
puede decirse que el Estado aporta vía préstamo el 10 % de los recursos necesarios para atender las obligaciones de gasto del año 2018 y para mantener el sistema de prestaciones. Si esto lo sumamos al aporte vía transferencias corrientes -que
representa el 9,06 %- sería la aportación que el Estado hace a las necesidades económicas del sistema del orden del 19 % del total de las mismas.


¿Cómo pretendemos seguir avanzando? El sistema revaloriza -como viene haciendo estos años- todas las pensiones en un porcentaje protegido o asegurado y el resto de subidas extraordinarias que se produzcan en el ámbito no contributivo, en
las mínimas y en la mejora de viudedad -una parte la paga el sistema y otra el Estado- se abonan con cargo exclusivamente a la imposición general, al presupuesto general del Estado, es decir, a la solidaridad de todos los ciudadanos. Solidaridad
que, a veces, queda desdibujada en un mar de cifras. Quiero señalar que las pensiones de menores recursos -las pensiones mínimas y las no contributivas- representan el 28,3 % del total de las pensiones y son financiadas ya en parte o en todo por la
solidaridad general a través de esas transferencias del Estado.


Por ir finalizando, he de decirles que la Seguridad Social, afortunadamente, protege hoy a más personas y no a menos y lo hace mejor. Dispone de muchos más recursos económicos y no menos y los asegura un país en crecimiento, un país que
crea empleo. Representa hoy un porcentaje de riqueza nacional y de producto interior bruto que está en la cresta de los presupuestos de la Seguridad Social de los últimos años y brinda más protección, más cobertura, con más colectivos integrados,
con más eficacia prestacional. Señorías, 2018 es un año importante, estamos en un punto en el que ya no aumenta el déficit, un momento de inicio claro del saneamiento gradual de las cuentas del sistema y queremos que este presupuesto pueda
contribuir a la consolidación del mismo y a avanzar como creo que todas sus señorías comparten- en su mejora continuada y permanente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, secretario de Estado de Seguridad Social.


A continuación, pasamos al turno de portavoces. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.


Empezaré por referirme a la memoria explicativa de los presupuestos generales de la Seguridad Social, que parte de dos afirmaciones. En primer lugar, que son unos presupuestos formalmente equilibrados; y en segundo lugar, respecto a
garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones, afirma que estas mantienen la evolución necesaria para adecuarse a las demandas de la sociedad española. A juicio del Grupo Socialista, ni una cosa ni la otra. Vayamos por el punto segundo, sin
remitirme a las manifestaciones de los pensionistas, que ya son suficientemente patentes para todos. Señor Burgos, ¿considera que con las medidas adoptadas por estos Presupuestos Generales del Estado se garantiza el poder adquisitivo de las
pensiones públicas? Máxime si tenemos en cuenta que las medidas que se

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adoptan -que son un 3 % para mínimas y pensiones no contributivas y después de forma gradual para el resto de pensiones- discrimina a unas pensiones de otras. Fiscalmente -me ha parecido que usted no se ha referido a ello-, ustedes, señores
de Ciudadanos y del Partido Popular, están vendiendo que van a tener unas reducciones y unas mejoras fiscales los pensionistas cuando resulta que el artículo 20 de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas anticipa que no se van a
poder aplicar para el presupuesto de 2018 porque ya no le afectará más que en la mitad. Los pensionistas no van a notar los efectos hasta el año que viene y solo será la mitad porque la ley se aprobará habiendo entrado ya el ejercicio
presupuestario. Por tanto, consideramos que no van a dar respuesta a esa premisa básica de la que parte su memoria explicativa porque además aumentan a unas sí y a otras no. Le recuerdo que el Partido Socialista durante la época de Zapatero
incrementó las pensiones mínimas un 53,02 y ustedes llevan un incremento -a pesar de la mejora en la situación económica- de solo un 13 %, a efectos solo de ejemplo. Entendemos que no garantizan el poder adquisitivo no solo porque discriminen a
unas y a otras sino porque hoy la pérdida del poder adquisitivo, según informes de organismos diversos, ya es del 1,1 %, más el copago farmacéutico, del que no nos acordamos nunca. El copago farmacéutico ha sido el que le ha resuelto en parte el
déficit al señor Montoro, ese señor que nos anuncia que adopta medidas tan fantásticas que resuelven el déficit, y lo cierto es que ha supuesto un trasvase de rentas de los pensionistas a las arcas públicas de 6000 millones de euros desde el año
2012 en que se aprobó esta medida. Es decir, pensionistas y entidades locales le resuelven el déficit al señor Montoro.


Gracias a estos presupuestos entendemos que tanto Ciudadanos como el Partido Popular legitiman la reforma de 2013. Una reforma que se hizo - lo sabe usted perfectamente- de forma unilateral y que en ningún caso tuvo en cuenta que en veinte
años puede suponer la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de un 30 a un 40 %. Me remitiré a un informe del que en algunas ocasiones le he hablado al portavoz del Grupo Popular del Pacto de Toledo. Es un informe de unos expertos que
afirman que la reducción del consumo privado basado básicamente en los pensionistas en 2035 puede suponer una pérdida del PIB de 3 puntos y que además puede suponer la pérdida de 750 000 puestos de trabajo. Nosotros nos preguntamos, si la reforma
de 2013 no garantiza el poder adquisitivo ni los resultados macroeconómicos ¿para qué queremos esta reforma? El Grupo Socialista lo tiene muy claro; esta reforma está planteada única y exclusivamente para depauperar el sistema público de pensiones
y a corto plazo ponerlo en el mercado privado de pensiones, porque otra cosa no se entiende. Por otra parte, estos presupuestos desnaturalizan lo que había sido hasta ahora el Pacto de Toledo. Ustedes, que tanto se remiten y se esconden en el
Pacto de Toledo tanto ustedes como los señores de Ciudadanos-, resulta que en el mes de marzo asistimos a un mercadeo de abastos en el que parecía que estábamos subastando el pescado cuando el señor Rivera salió un día anunciando una subida del 2,
el señor Montoro le llama la atención al día siguiente y dice que va a subir un 3... Unos cuantos días antes el presidente del Gobierno había dicho que él sabía de números y que no le contasen la subida del IPC; lo dijo respondiendo a preguntas
del portavoz de UPN. (El señor Del Campo Estaún: Eso es negociar). Hoy, además de confirmar una reforma de 2013 que desmonta el sistema público de pensiones, se dedican ustedes a mercadear con el poder adquisitivo de los pensionistas.
Efectivamente, con la reforma de 2013 se produce una distorsión -por no decir un fraude de ley- del que hoy ya somos testigos claros cuando vemos al señor Rivera y al señor Montoro mercadeando con la subida de las pensiones.


Señor Burgos, sabiendo como hoy sabemos que las pensiones -salvo que deroguemos la reforma de 2013- van a reducirse de un 30 a un 40 % en veinte años, ¿me puede decir qué sentido tendrá el sistema público de pensiones? ¿Tendrá la ciudadanía
que suscribir planes privados de pensiones teniendo en cuenta que hoy sabemos que hay una pérdida salarial de un 10 % y que, por tanto, no hay margen de maniobra para los trabajadores? Hoy se ha producido ya un trasvase de las rentas salariales al
excedente bruto de las empresas, hoy sabemos que el peso de la renta salarial es mucho menor de lo que era en 2008. Me gustaría saber qué es lo que tiene que hacer el español medio para poder subsistir de aquí a veinte años si hoy ya sabemos que
las pensiones públicas no van a ser suficientes si mantenemos su reforma de 2013.


Ya les hemos hablado un poco por encima de las medidas que han adoptado, que son discriminatorias porque no suben al menos en proporción todas las pensiones, pero nos preocupan más cosas. Nosotros no estamos en contra de que no mejoren las
pensiones mínimas y el Partido Socialista ya lo demostró mientras gobernó, pero lo cierto es que ustedes adoptan unas medidas -me remito al libro amarillo que presentan- y me preocupa el hecho de si el señor Montoro se ha leído la memoria económica
de la Seguridad Social, porque hoy ya sabemos que el sistema público de pensiones entra en un déficit

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consentido tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. Usted ha afirmado que no aumenta el déficit, pero, según los números que presentan en la memoria económica financiera, se ha incrementado y además se va a incrementar en un 1,5 %.
Igual nosotros no lo entendemos bien.


En julio de 2017 se aprobaron los objetivos de déficit, que tenían que ser del 1,1 para 2018 -así lo ha confirmado hoy la Airef en su informe, no es que me lo invente yo-, pero resulta que usted en la página 41 aporta un cuadro donde hoy ya
se consolida un déficit del 1,5 %, cifrado en 18 645,91 millones. Estos son los datos que ustedes facilitan, y nos parece inasumible que no hayan adoptado una sola medida para sanear el déficit. Señores de Ciudadanos, va por ustedes también. Qué
pena que no esté el señor Roldán aquí, que dice que es el adalid de la eficiencia presupuestaria, porque se daría cuenta de que no han adoptado una sola medida para mejorar ese déficit, sino que sencillamente el déficit les da igual, lo cual nos
preocupa; lo cierran a martillazos con un préstamo. Si usted me dijera que es un préstamo como los utilizados en época socialista -préstamos para la Tesorería-, podríamos entenderlo. Una parte eran préstamos a la Tesorería. Era así, ¿no, señor
Burgos? Usted estaba presente. Eso es una cosa, pero concertar préstamos... Ya es gordo que un Estado se preste a sí mismo dinero -eso no pasa en ningún país del mundo, pero parece que en España somos un poco especiales-, pero más fuerte todavía
es que ustedes, con el gasto corriente, es decir, sabiendo que van a tener ese déficit, concierten de nuevo un préstamo y se escondan en el Pacto de Toledo. Señor Burgos, nos parece poco honesto, y le diré por qué. Ustedes han decidido saltarse el
Pacto de Toledo tantas veces como han querido, y la prueba son estos presupuestos, que de hecho ya se desvinculan de la reforma de 2013, incrementando unas pensiones sí y otras no.


Señor Burgos, ¿qué pueden esperar los pensionistas si la subida de las pensiones se va a hacer en función de lo que diga el Gobierno de turno? ¿Tenemos que dar las gracias al señor Rajoy por haber subido el 3 %? ¿Qué esperan los
pensionistas del sistema público de pensiones si hoy ya les dicen que dependerá del mercadeo que tenga el partido que gobierne y el que le da apoyo, en este caso los señores de Ciudadanos? Por tanto, no son equilibrados ni formalmente, porque ya se
ve dónde está el error, hay un error de presupuestación, y además no garantizan el poder adquisitivo de los pensionistas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Hoy sabemos que se cierra formalmente el ejercicio 2017 con un déficit de 18 800 millones de euros y que hay una desviación sustancial de los ingresos presupuestarios. Les recuerdo que, respecto de lo que se presupuestó y el cierre, los
ingresos se han desviado en 1520 millones. Respecto al Fondo de Reserva, me hace gracia que nos diga que se dispone del mismo en menor medida. Claro, es que queda menos, si no se lo funden, y la ministra no quiere fundirse el fondo, aunque a este
paso no tardarán, señores de Ciudadanos. (El señor Del Campo Estaún: Qué obsesión con Ciudadanos). Y, además, adquieren un nuevo préstamo. ¿Cómo van a equilibrar unas cuentas si están tirando del déficit, si están acomodando dicho déficit y no
están adoptando ninguna medida en relación con el mismo?


Los miembros del Pacto de Toledo nos enteramos de estas cuestiones a través de los medios de comunicación -no quiero matar al mensajero; sencillamente lo pongo encima de la mesa-, pero parece ser que -según fuentes de Empleo, lo cual me
gustaría que aclarara- van a resolver el déficit sacando las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social para que pasen a ser gestionadas fuera del mismo. Esto siempre según fuentes de empleo; si me lo desmiente, casi mejor,
porque eso sería una trampa y supondría desmenuzar el sistema, cuestión en la que evidentemente el Grupo Socialista no estaría de acuerdo.


Señorías, nos alegramos de la revalorización del 3 % de las pensiones mínimas -tendrían que haberlas incrementado más, como mínimo en relación con el IPC-, y en cuanto a las medidas que toman respecto a la viudedad, a mí me parece que hacen
trampas. Ustedes deberían haber incrementado las pensiones de viudedad desde el año 2012, cuestión que han estado parando. Deberían haber incrementado...


El señor PRESIDENTE: Señora Perea, vaya concluyendo, por favor.


La señora PEREA CONESA: Voy acabando, presidente, disculpe.


Las deberían haber incrementado en un 13,47 % y solo lo van a hacer en un 3,85.


El presidente de la Airef lo ha dicho clarísimamente. Han hecho unas proyecciones erróneas y hay muchos condicionantes que hoy el INE no está teniendo en cuenta y que no tuvo en cuenta en 2013. ¿Qué les planteamos desde el Grupo
Socialista? Adopten medidas respecto al déficit, estimen las alegaciones que va a hacer el Grupo Socialista en el sentido de fortalecer el sistema público de pensiones

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y de garantizar, sobre la base del IPC, las pensiones y evidentemente mejoraremos todos y podremos creerles a ustedes, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, un poquito más.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación intervendrá el Grupo Parlamentario Podemos. Señoría, como no es miembro de esta Comisión, le pediría, por favor, que me dijera su nombre para facilitar el trabajo a las taquígrafas.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Alberto Rodríguez.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, y gracias también al señor secretario de Estado.


Sobra decir que nosotros no compartimos el tono triunfalista que ha tenido usted respecto de los presupuestos en todo lo que tiene que ver con Seguridad Social y pensiones, pero no por motivos políticos e ideológicos, que también, sino por
cuestiones prácticas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida de la gente. Dicho en plata, si los pensionistas y las pensionistas de este país van a poder llegar a fin de mes con los presupuestos que el Gobierno y sus aliados están
poniendo encima de la mesa. Nosotros creemos firmemente que no, y ahora pasaré a exponerle nuestras razones y a formularle una serie de preguntas que espero que tenga a bien respondernos.


En lo relativo al poder adquisitivo de las pensiones y la reducción del mismo, como ustedes bien saben, en 2013 aprobaron Ley 23/2013 -ley que por supuesto no contó con el apoyo de nadie más que no fueran ustedes mismos, enfrentados a
sindicatos, sociedad civil y resto de partidos- con desvinculación del importe de las pensiones respecto al coste de la vida, de lo que sube la cesta de la compra, etcétera, estableciendo lo que llamaron el índice de revalorización, un coeficiente
de actualización de las pensiones con un abanico que iba como mínimo del 0,25 % al IPC más el 0,50 como máximo. Año tras año han ido decidiendo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado -que es lo que estamos debatiendo ahora-, dentro
de ese abanico, cuánto suben las pensiones públicas en nuestro país. Para 2014 ustedes decidieron una subida del 0,25; para 2015, un 0,25; para 2016, un 0,25; para 2017, un 0,25, y para 2018 -que es lo que tenemos ahora encima de la mesa-, otro
0,25.


Mientras que el IPC se mantuvo estancado o en valores negativos parece que no había mayor problema, pero desde que se inició esta presunta recuperación económica, allá por 2016, los precios han subido casi un 3 % y el coeficiente de subida
de las pensiones ustedes lo han mantenido en el mínimo. En 2016 subieron los precios -lo que pagaba la gente por la cesta de la compra, por la energía, por el transporte, etcétera- un 1,6 % y en 2017 un 1,2 %, mientras que ustedes subieron las
pensiones un 0,25 %.


Según un informe del Fondo Monetario Internacional del pasado mes de octubre, en 2050 las pensiones se habrán devaluado un 30 %. El Fondo Monetario Internacional no es ninguna organización que podamos acusar de bolchevique y sus
indicaciones ustedes las han seguido en muchos casos, por lo que la pregunta es clara: ¿Comparten ustedes y su Gobierno las conclusiones de este informe? ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno mantener esta subida mínima del 0,25 % para los pensionistas
en nuestro país de manera generalizada? ¿Cómo es posible que, pese a la mejora de la economía experimentada en el PIB de 2016 y 2017, se mantenga la revalorización de pensiones solo en un 0,25 %?


En cuanto al factor de sostenibilidad, como usted bien sabe, el 1 de enero de 2019 entra en vigor esta nueva fórmula de cálculo de las pensiones, que reducirá aún más las prestaciones de los nuevos pensionistas, como dicen múltiples
previsiones que esto ocurrirá. ¿Nos puede usted dar una idea aproximada de en qué medida se va a devaluar la cuantía de la prestación a partir del año que viene para los nuevos pensionistas y las nuevas pensionistas?


Hablando de ingresos, que para nosotros es un tema clave, hay miles de personas en las calles, hay movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país, y frente a esas justas reivindicaciones ustedes responden diciendo básicamente que no hay
recursos. Este año nos traen una estimación de ingresos por cotizaciones al sistema de Seguridad Social que supera en unos 4500 millones de euros la del año anterior -son 114 000 millones frente a los 110 000 de 2017-, incremento que -ya lo hemos
expresado- no es suficiente para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y no lo decimos solo nosotros. Sin

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embargo ustedes no han adoptado desde que gobiernan ni una sola medida encaminada a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, y se les han propuesto muchas, no solo de parte de nuestro grupo parlamentario, también de otros partidos
políticos, de agentes sociales, sindicatos, organizaciones en defensa de los pensionistas y las pensionistas.


Le voy a poner sobre la mesa con datos una serie de medidas a ver si algún día son capaces de asumir para aumentar los ingresos del sistema de Seguridad Social, y no poner la espada de Damocles continuamente sobre el mismo: la elevación o
destope de las bases mínimas de cotización -el cálculo estimado de ingresos sería 7500 millones de euros-; la asunción por parte del Estado de los costes de gestión de la Seguridad Social -el ahorro sería 3200 millones de euros para este año-; la
elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 950 euros mensuales en 2020; la reforma de la negociación colectiva para incentivar la elevación de los salarios. Tengamos en cuenta estas dos últimas cosas que he dicho
porque la recuperación no se puede hacer con empleos precarios, como estamos viendo. El último informe de Eurostat, que tampoco creo que sea ninguna organización de corte bolchevique, sitúa a España como el segundo país de toda la Unión Europea en
el que menos subieron los salarios. La media de subida fue un 2,4 % y en España los salarios subieron un 0,4 %. Otra medida sería la conversión de todas estas tarifas planas y reducciones en las cuotas en bonificaciones financiadas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que supondría un incremento en el sistema de 1800 millones de euros. En definitiva, lo que decía antes, que con respecto al gasto ustedes han hecho muchas cosas, han metido mucha tijera, pero con respecto al
ingreso no han hecho ni una sola. ¿Podría decirnos si tienen previsto adoptar alguna medida para incrementar estos ingresos en el sistema de Seguridad Social en los próximos años? Y sin aumentar significativamente los ingresos de la Seguridad
Social, ¿pueden asegurar que el sistema público de pensiones es sostenible? ¿Existe voluntad política en este sentido o el objetivo es desmantelar el sistema público por descapitalización y caminar hacia un modelo donde la economía privada tenga
cada vez más peso? Nos gustaría especialmente que fuera sincero en este punto.


En cuanto a lo que tiene que ver con las pensiones mínimas presumen ustedes de haber ayudado a los pensionistas que más lo necesitaban, al haber aumentado la pensión mínima contributiva a los 640 euros al mes, 788 en caso de cónyuge a cargo,
y la no contributiva a 369 euros. La contributiva está por debajo del umbral de la pobreza en España. Según Eurostat para 2016 -esto sin computar la inflación de 2016 y 2017- el umbral de la pobreza en España se sitúa en 9100 euros al año, que
dividido en catorce pagas son 650 euros. Repito, el umbral de la pobreza según Eurostat. Y ustedes sitúan con estos presupuestos la pensión mínima contributiva en 639 euros, o sea, por debajo de ese umbral. De la no contributiva ni hablamos, que
como ya dije son 369 euros. A ver quién sobrevive, quién llega a fin de mes en condiciones de dignidad con una pensión de este tipo. ¿Le parece a usted que estas son unas cuantías dignas para una de las quince economías más potentes del mundo? En
2011 la mínima contributiva se situó en 601 euros. Han pasado siete años y el IPC en este tiempo ha subido un 7,5 %. O sea, en la práctica lo único que han hecho ustedes con los presupuestos que ponen sobre la mesa es actualizar las cuantías al
año 2011, lo que deberían haber hecho desde el año 2011. Esto no es ningún tipo de regalo, lo sabemos todos. Estas pequeñas subidas que vienen recogidas en el presupuesto, que ni mucho menos llegan a unas pensiones dignas, son fruto de la presión
de cientos de miles de personas en la calle. Yo creo que esto es innegable.


Con respecto a las pensiones de viudedad presumen ustedes también de haber incrementado su cuantía, y es cierto que en esta ley de Presupuestos Generales del Estado, en la disposición adicional cuarenta y uno, el incremento de este tipo de
cotización para el cálculo de la pensión pasa del 52 % al 54 % de la base causante. Ahora bien, quizá en lugar de presumir ustedes deberían dar explicaciones de por qué no están cumpliendo la ley en este punto, ya que la disposición adicional
treinta de la Ley 27/2011, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, establece que a partir del 1 de enero del próximo año la base de cotización para la pensión de viudedad de viudos y viudas sin otros ingresos
será del 60 % de la base de cotización causante, y esto lo tendrían que haber hecho de forma proporcional a lo largo de todos estos años. ¿Por qué no cumplen la ley a este respecto?


Termino con esto, señor presidente, que para nosotros es importante también. Con respecto al préstamo de la Seguridad Social para el equilibrio financiero en estos Presupuestos Generales del Estado consta un crédito a favor de la Seguridad
Social de 15 000 millones de euros. El año pasado fue de 10 000 millones de euros. Nos preguntamos por qué esta cantidad se consigna en concepto de préstamo. ¿Cree usted sinceramente que la Seguridad Social va a devolver este préstamo a la
Administración General del

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Estado? Se dice en la disposición adicional cuarta de esta ley de presupuestos que a partir del año que viene la Seguridad Social tendrá que comenzar a devolver este préstamo al Estado. ¿Usted cree que esto es posible sinceramente? ¿Cómo
va a devolver ese dinero la Seguridad Social al Estado si no se adoptan medidas que posibiliten el incremento de los ingresos? Con esto termino. Según consta en la disposición adicional séptima de la ley de Presupuestos Generales del Estado -en la
del año pasado también estaba-, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1988 -de 1988, repito- dispuso un préstamo del Estado a favor de la Seguridad Social por importe de 754 millones de euros. La devolución de ese importe se ha venido
prorrogando desde hace veinte años. ¿Por qué lo llaman préstamo si en realidad es una aportación del Estado a un gasto que es de interés público, que es el de la Seguridad Social? ¿Tiene que ver quizá el hecho de que lo llamen préstamo con que si,
en lugar de que figure como deuda a cargo de la Seguridad Social, se calificase como una entrega, como una aportación del Estado a la Seguridad Social...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Termino ya. Muchas gracias, señor presidente.


Si en vez un préstamo figurara como una aportación, ¿esto no afectaría al cálculo y el índice de revalorización de las pensiones y se verían ustedes obligados a tener que subir las pensiones mucho más de lo que las suben? ¿Quizá tiene que
ver con esto?


Muchas gracias por su comparecencia y muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenido de nuevo, señor Burgos, a esta Comisión, y muchísimas gracias por su exposición. Nosotros, al contrario de lo que han dicho los portavoces del PSOE y de Podemos y sus confluencias, sí votaremos a favor de estos Presupuestos
Generales del Estado, como ya lo hicimos el año pasado, y votaremos a favor por varios motivos. El primero de ellos es porque, después de negociar y llegar a acuerdos, estos presupuestos son buenos para los españoles y además dan una vez más
estabilidad en unos tiempos muy complicados, permítame que se lo diga -ya sabe usted que yo vengo de Cataluña-, y en los que entendemos que la responsabilidad debe ser una de las condiciones principales a la hora de tomar cualquier tipo de decisión
política. Y votaremos a favor porque dicha estabilidad y apoyo a los presupuestos por parte de mi partido se van a ver condicionados al cumplimiento del acuerdo de investidura, a la dotación económica para muchas de esas 150 medidas, que se han
convertido para nosotros en una exigencia a la hora de sentarnos a negociar con ustedes en cualquier mesa política. Nuestras exigencias se traducen en estos Presupuestos Generales del Estado en más de 8000 millones de euros en políticas
reformistas, que suponen un giro total al modelo económico al que nos tenían acostumbrados hasta ahora. Por un lado, se acaban los recortes y las subidas de impuestos a los españoles, y por otro, se cumple con los objetivos de déficit, que ya era
hora. Por lo tanto nos encontramos con unos presupuestos expansivos, a favor de las clases medias, y como digo que acaban con muchos años de recortes.


Por ir de lo general a lo particular quiero destacar que el gasto general en estos presupuestos sube un 2,7 % respecto a los presupuestos del año pasado, elevándose la mayoría de las partidas de gasto. Las exigencias de Ciudadanos para
estos presupuestos han hecho que se conviertan en los presupuestos con mayor gasto social de toda la democracia, hasta representar el 56 % del total, con unos incrementos del 2,8 % respecto al año 2017. Por poner unos ejemplos el gasto destinado a
sanidad sube un 3,9 %, 4251 millones de euros de incremento; en educación sube también un 3 %, aproximadamente 2600 millones de euros de incremento o cultura que sube un 4,4 %, destacando también que un año más las comunidades autónomas, a través
de la financiación autonómica, recibirán 4000 millones adicionales para educación, sanidad o servicios sociales, lo que supone un 4 % más que en el presupuesto del año 2017.


Como usted ha dicho en torno al 41 % de este presupuesto se dedica a pensiones. Ciudadanos ha negociado para que este presupuesto de Seguridad Social devolviese el esfuerzo realizado a nuestros pensionistas durante los años de crisis, años
durante los que en muchos casos las pensiones de nuestros padres y abuelos han ayudado a sostener a muchas familias a las que, como he dicho, la crisis dejó en la cuneta. Contamos si no es con el mejor sistema de Seguridad Social -y en eso
coincidimos con

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ustedes-, con uno de los mejores sistemas de Seguridad Social del mundo, y como tal debe ser tratado. Por eso pensamos que las grandes decisiones, las importantes en materia de Seguridad Social deben abordarse de manera consensuada,
meditada y debatida donde toca. De ahí que seamos firmes defensores de adoptar dichas decisiones dentro del marco del Pacto de Toledo, dentro de esas políticas de Estado, entre las que debe ser incluida la Seguridad Social. No obstante es cierto
que dado el grado de pluralidad del arco parlamentario y las dificultades que estamos observando a la hora de buscar esos consensos en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, entendemos que estos Presupuestos Generales del Estado son una buena
herramienta para solucionar ciertos problemas del corto plazo en materia de Seguridad Social con los que nos estamos encontrando, y también decisiones que, sin ser estrictamente decisiones en materia de Seguridad Social, afectan de manera positiva
al sistema como pueden ser decisiones en materia de conciliación o del mercado de trabajo. Repito que sin perjuicio de que las decisiones importantes en materia de Seguridad Social deben ser tomadas en el marco del Pacto de Toledo, es cierto que
este año se debía dar respuesta a un problema que teníamos, el incremento del IPC, y por tanto la pérdida real del poder adquisitivo de los pensionistas, que con el índice de revalorización de las pensiones que ustedes impusieron en el año 2013 de
forma unilateral no había sido un problema hasta ahora, en un escenario deflacionista, pero que ahora sí se estaba convirtiendo en un problema. Nosotros, que siempre hemos defendido que es necesario llevar a cabo reformas que equilibren el sistema
de Seguridad Social entre ingresos y gastos, y entre el número de cotizantes y pensionistas, y que es necesario llevar adelante decisiones para reformar este mercado de trabajo si queremos tener en el futuro unas revalorizaciones suficientes y
sostenidas en el tiempo, también somos defensores de que no podemos permitirnos como sociedad que en unos pocos años nuestros pensionistas actuales -los que ya no tienen margen de maniobra- pierdan entre un 20 y un 30 % de su poder adquisitivo en un
escenario de crecimiento económico como el que tenemos actualmente e inflacionista. Por eso este año hemos conseguido que los Presupuestos Generales del Estado contemplen subidas de las pensionistas por encima del IPC para los que menos tienen y
más lo necesitan. A algunas de ellas ha hecho referencia usted y a otras la portavoz del Partido Socialista. Pensiones mínimas y no contributivas que se incrementan un 3 %, pensiones de viudedad que se incrementan un 2 % pero con un compromiso de
que en el año 2019 se cumpla con lo dispuesto en la disposición adicional treinta, así como incrementos del 1 y del 1,5 % y otros mecanismos. Como usted bien ha dicho lo que interesa es que no se pierda poder adquisitivo, da igual el mecanismo,
como la bajada del IRPF para los pensionistas que estén por debajo de los 18 000 euros. Con todas estas medidas conseguiremos en el corto plazo que no pierdan poder adquisitivo el 80 % de los pensionistas, incrementando la renta disponible de una u
otra forma a casi siete millones de pensionistas.


Como le decía estos presupuestos, por eso también votaremos a favor, también contemplan importantes medidas que, de forma más indirecta y a más largo plazo, afectarán al necesario equilibrio de nuestro sistema público de pensiones. Uno de
los problemas que tenemos en nuestro sistema público de pensiones, como todas sus señorías saben, es el de natalidad. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de los países de nuestro entorno. En estos presupuestos se contemplan ayudas
a la escolarización de cero a tres años, con 1000 euros que pueden llegar hasta un millón de familias; políticas de conciliación o una semana más en el permiso de paternidad, que ya llega hasta las cinco semanas. Desde el año 2009, cuando lo
impulsó el Partido Socialista, no se había conseguido nada en materia de permiso de paternidad, aunque esa ley de 2009 decía que se tenía que incrementar hasta las cuatro semanas. Nosotros conseguimos que se incrementase hasta las cuatro semanas y
este año una semana más. Como usted ha dicho, también el apoyo a los mayores generadores de empleo en este país. Si tenemos problemas con el mercado de trabajo, habrá que apoyar a los que más empleo neto generan en nuestro país. Con estos
presupuestos se dota de contenido económico también a esta ley urgente de reforma del trabajo autónomo, una iniciativa que Ciudadanos trajo a esta Cámara. Así se podrá financiar esta tarifa plana de doce meses para quien quiere iniciar una
actividad y también para estas autónomas, madres, que se reincorporan a la actividad después. También deducciones en el IRPF de nuestros autónomos que pueden llegar a ahorrarles hasta 6000 euros al año. Estos son los motivos por los que
básicamente apoyaremos estos presupuestos.


Antes de terminar quería hacer una reflexión a la señora Perea, portavoz del Partido Socialista, que parece que tiene una especial obsesión con Ciudadanos. (La señora Perea i Conillas: No, no). Creo recordar que usted el año pasado por
estas fechas acabó su intervención diciendo: no se preocupen porque el Partido Socialista va a traer una iniciativa a esta Cámara que va a conseguir que se cumpla la

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disposición adicional treinta (la señora Perea i Conillas: Y que ustedes bloquearon), para incrementar el incumplimiento... Le digo que no han conseguido nada en este año. (La señora Perea i Conillas: Porque ustedes lo han bloqueado).
No han conseguido que se cumpla la disposición adicional treinta. (La señora Perea i Conillas: Porque ustedes lo han bloqueado). Si votan a favor de estos presupuestos se conseguirá que se cumpla (la señora Perea i Conillas: Ya, ya) la
disposición adicional treinta. Le voy a decir más, ¿qué han conseguido ustedes en los últimos diez años en materia de pensiones? (La señora Perea i Conillas: Acuerdos a los que hemos llegado). Aparte de subir la edad de jubilación a los sesenta
y siete y frenar el gasto económico en pensiones, que llegó hasta el 75 % de las reformas. Dígame qué han conseguido en los últimos diez años. (La señora Perea i Conillas: Acuerdos, acuerdos). Yo le estoy diciendo unas cuantas cosas que ha
conseguido Ciudadanos. Si yo fuera votante del Partido Socialista reflexionaría para las próximas veces. (Risas).


Finalmente, como voy bien de tiempo ya que no he gastado todo, quería hacer una reflexión en clave territorial, ya que aquí tenemos varios portavoces que son de Tarragona como yo, el señor Bel, Jordi Salvador. (Muestra un documento). Ayer
salió una noticia que decía que 64 094 contribuyentes de Tarragona se beneficiarán de un ahorro medio de 471 euros al año; los contribuyentes que más se ahorrarán de toda España, con los pensionistas catalanes a la cabeza. Desde aquí les mando un
mensaje a los diputados de Tarragona, que tenemos la suerte de tener en esta Cámara, para que antes de apretar el botón y tomar su decisión piensen en esos 64 094 contribuyentes que se pueden ahorrar hasta 471 euros al año por la bajada del IRPF, en
uno de los territorios de Cataluña que como todos ustedes saben es donde más pagamos IRPF.


Muchas gracias por su comparecencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.


A continuación, en nombre del Grupo Mixto, Partit Demòcrata, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


El señor Burgos ha presentado los presupuestos de la Seguridad Social, y en primer lugar, señor Burgos, debemos constatar una evidencia, que es que a la primera presión seria de la calle en relación con el índice de revalorización de las
pensiones y a la movilización de los grupos de la oposición, la reforma de 2013 se ha quebrado. Y las previsiones que se contemplaban en el índice de las pensiones no se han cumplido. Señor Burgos, esta decisión que ustedes han tomado en este
presupuesto de incumplir las previsiones de la reforma del 2013 es toda una invitación a su rectificación. Señor Burgos, le invito a que usted desde el Grupo Parlamentario Popular, el grupo que apoya estos presupuestos, en el Pacto de Toledo
acordemos un nuevo mecanismo de revisión anual de las pensiones. El que se aprobó en 2013 no ha aguantado, han tenido que cambiarlo; básicamente porque es un mecanismo injusto, es un mecanismo que no protege a los pensionistas del riesgo de la
inflación, y cuando ésta ha empezado a remontar la sociedad no ha entendido de ninguna de las maneras que ese mecanismo continúe funcionando, y ustedes han tenido que tomar medidas, como figura en este presupuesto, insuficientes pero medidas que
corrigen la propia reforma que nos impusieron en 2013. Bienvenida la rectificación. Insuficiente. Claramente insuficiente. Pero en cualquier caso bienvenida. Y espero que en el Pacto de Toledo su grupo sea capaz de acordar con el resto de los
grupos una nueva fórmula que tenga como objetivo esa garantía del poder adquisitivo.


En relación con esta cuestión, en los acuerdos del Pacto de Toledo -y creo recordar que en su etapa de portavoz del Grupo Parlamentario Popular fue especialmente insistente en la idea que le voy a explicitar- se acordó que los incrementos de
las pensiones que estuviesen por encima de la evolución del índice de precios al consumo fuesen financiados a cargo de los impuestos y no a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social. En relación a los incrementos que se producen en este
presupuesto por encima del índice de precios al consumo o como mínimo por encima de la regla del 0,25 % me gustaría saber si los financiamos a cargo de impuestos o los financiamos a cargo de cotizaciones de la Seguridad Social. En esa propuesta en
la que insisto en que usted fue insistente; la tesis era que las mejoras que se produzcan en las pensiones por encima del objetivo de la relación que marque la ley no deben de condicionar el gasto en cotizaciones de cara a futuro. Sobre eso no
hemos encontrado referencia en el presupuesto que nos permita aclarar este extremo.


En tercer lugar, efectivamente por fin han desbloqueado las previsiones de la disposición adicional treinta de la Ley 27/2011 en materia de pensión de viudedad. Esa -yo lo debo reivindicar- fue una incorporación en la Ley 27/2011 pactada
entonces entre Convergència i Unió y el Partido Socialista. Una

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de las condiciones que Convergència i Unió puso entonces al Grupo Parlamentario Socialista para terminar apoyando la reforma del año 2011 fue, entre otras, el incremento de la base reguladora de la pensión de viudedad. Ustedes, a la que
llegaron al Gobierno, han mantenido bloqueada esta mejora. Por fin la han desbloqueado. Bienvenida. Pero si alguien debe atribuirse la paternidad de esa mejora seríamos el señor Bel y yo; podría ser la señora Perea y sus colegas. No podrían
ser, de ninguna manera, ustedes porque se han limitado a dar cumplimiento a lo que tenían en vigor desde el año 2012.


Cuarta cuestión. Nos preocupa, señor Burgos, que continúen congeladas las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social: el principal instrumento en manos de la Seguridad Social de apoyo a las políticas de natalidad y de apoyo a las
políticas de lucha contra la pobreza infantil. España es el único Estado de la Unión Europea a quince que no tiene la prestación por hijo a cargo de carácter universal y con una cuantía suficiente. En España esta prestación continúa siendo tan
solo una prestación para las familias extremadamente pobres, creo recordar que para las familias con ingresos inferiores a los 11 000 o 12 000 euros al año; y con una cuantía de 291 euros al año. Ni Francia, ni Reino Unido, ni Alemania, ni
Holanda, ni Dinamarca, ni Bélgica, ni Italia, ninguno de estos Estados tiene una prestación de apoyo al cuidado de los hijos de esta cuantía. Y ustedes continúan congelando la prestación por hijo a cargo en este presupuesto. Y al mismo tiempo
vetan desde el Gobierno todas las iniciativas que ha planteado el Partit Demòcrata en esta legislatura precisamente para abrir el proceso legislativo de ir hacia una prestación para la crianza de los hijos de carácter universal y carácter
suficiente. Señor Burgos, en su etapa de portavoz del Partido Popular usted también insistía en la necesidad de políticas de apoyo a la familia, de apoyo a la natalidad, de inversión en infancia como mejor garantía para el futuro de las pensiones,
y en la prestación por hijo a cargo congelada están renunciando a tener esta política. A mí me parece escandalosa, en términos de funcionamiento del Estado del Bienestar en España, la realidad de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad
Social.


En quinto lugar, señor Burgos, se incrementa el gasto en absentismo. Hay un repunte del gasto en absentismo, yo no sé si eso forma parte de la mejora en general de la economía o que las medidas que se han adoptado para contener el gasto en
esta materia no están funcionando. A mí me gustaría conocer cuál es su criterio, porque sabe que el gasto de la incapacidad temporal es un gasto necesario, hay que proteger al trabajador del riesgo de la baja por enfermedad; pero existen también
supuestos de abusos que preocupan a nuestras empresas y que afectan a su competitividad. En esa materia, ¿en qué posición está?


Finalmente dos consideraciones más. Estamos preocupados, como el resto de los grupos, sobre la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este presupuesto mantiene una previsión de déficit en el sistema de la Seguridad Social;
por cierto una previsión de déficit inferior a la que el señor Escrivá contempla. A nosotros nos suscita dudas este presupuesto. El señor Bel ha insistido a lo largo de estas sesiones e insistiremos en los próximos días en que las previsiones de
gastos e ingresos del Gobierno son poco realistas; en la previsión del déficit se es poco realista, la Airef nos apunta un déficit superior, cerca de un 30 % superior al que contempla usted. También me gustaría conocer qué respuesta le puede dar
al señor Escrivá para tranquilizarle en relación a sus previsiones, y para hacer frente a ese déficit se opta de nuevo por la política de préstamo a la Seguridad Social, que es una fórmula extraña. Es cierto que existen antecedentes, pero es una
fórmula que no garantiza la tranquilidad que los pensionistas exigen. Al pensionista tener la sensación de que sus pensiones de hoy se están pagando con un préstamo del que alguien deberá responder no le traslada ninguna seguridad sobre el futuro
del sistema público de pensiones. El señor Escrivá nos decía hace un rato en esta misma sala que le sorprende la preocupación que existe en relación al futuro del sistema público de pensiones cuando él analiza las previsiones demográficas y
económicas para los próximos años. Pues seguramente para los pensionistas esas inseguridades sobre el futuro de las pensiones tiene que ver con esa opción del préstamo para hacer frente al déficit del sistema. También genera una enorme inseguridad
entre los pensionistas la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social? ¿Va a continuar el Gobierno apostando por continuar vaciando ese Fondo de
Reserva? ¿O va a establecer el Gobierno un límite a partir del cual el Fondo de Reserva ya no va a ser tocado? ¿Cuál es la voluntad política del Gobierno? Esta es una cuestión que en el seno del Pacto de Toledo también está en discusión, su
colega el señor Camps ha efectuado algunas reflexiones interesantes en esa dirección.


Finalmente no afecta directamente al presupuesto de este año 2018 en curso, pero lo tenemos en la previsión de 1 de enero del año que viene, y yo no puedo dejar de preguntarle si el Gobierno piensa dar

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cumplimiento al mandato parlamentario que se aprobó en la Comisión de Empleo hace unas cuantas semanas, con el apoyo de todo el grupo, de no poner en marcha el factor de sostenibilidad a partir del año 2019. Hoy no hay una mayoría
parlamentaria que apoye esa previsión y lo razonable sería que, vista la realidad de la Cámara, el señor Burgos hoy mismo nos anunciase que no tiene previsto que ese ajuste de las pensiones que debe entrar en vigor el año 2019 efectivamente se ponga
en marcha.


Señor Burgos, me disculpo por que dentro de media hora he de estar en una comida protocolaria y seguramente no podré escuchar sus respuestas; las podré leer con mucho interés. En cualquier caso el señor Bel seguramente sí estará en la
sala.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidente.


Mi agradecimiento también, como no podía ser de otra manera, al secretario de Estado de la Seguridad Social por una nueva comparecencia, en este caso en el trámite presupuestario. Podrá observar el señor secretario de Estado que los tiempos
cambian, que la situación de la Seguridad Social y de sus cuentas cambia -se ha producido un momento de inflexión-, pero que algunos discursos no cambian; da igual cuáles sean las cuentas, da igual cuál sea el proyecto de presupuestos que se
presente, da igual la mejora de la situación económica, da igual el crecimiento económico ligado también al crecimiento del empleo, que se siguen haciendo los mismos discursos repetitivos un año tras otro, es verdad que cada vez con la boca más
pequeña y sin elevar tanto la voz como en otros ejercicios, pero siguen demostrando la misma incoherencia en materia presupuestaria que ha venido sucediéndose a través de los últimos años.


Tengo que decirle al señor secretario de Estado desde mi grupo parlamentario, en primer lugar, que el Gobierno tiene la credibilidad del que cumple y este Gobierno ha cumplido con sus expectativas, ha cumplido, a diferencia de lo que decían
algunos agoreros hace apenas un año en esta misma sala, y ese cumplimiento es el que nos da la garantía de que este presupuesto, que a nuestro juicio tiene previsiones más que prudentes tanto en sus ingresos como en sus gastos, se va a cumplir a lo
largo de su ejecución presupuestaria. Hay algunos grupos, como el Grupo Socialista, que vuelven a criticar la existencia de déficit. No deja de ser paradójico, señora Perea, que ustedes, que fueron sus principales causantes... (Rumores). Sí, sí,
lo reconocen en sus propios documentos; no voy a perder el tiempo sacándolo, pero en la página 50 del documento 'Sostener las pensiones públicas', del Partido Socialista Obrero Español, verá usted cómo el déficit como tal empieza en el ejercicio
2011. Es lógico, ustedes se olvidan de una crisis económica que trajo consigo la destrucción de más de 3,5 millones de empleos que, a efectos del sistema de Seguridad Social, es lo mismo que decir una caída importante de los ingresos por
cotizaciones. Ustedes pasan página sobre ello, pero siguen insistiendo ahora en el déficit de la Seguridad Social y en lo que puede traer consigo respecto de nuestro sistema de Función Pública. Pues, señorías, deberían no diría que alegrarse en
público pero, si se me permite la expresión, sí congratularse en silencio (risas), de que haya venido otro Gobierno, un Gobierno del Partido Popular, que recupera la creación de empleo, garantiza el crecimiento económico sostenido y que con ello se
corrige el error que ustedes cometieron en política económica, por cierto reconocido en este propio Parlamento -se lo digo al señor secretario de Estado por si no lo conocía- por el propio ministro de Economía de entonces, el señor Pedro Solbes, que
en una frase, que desde luego pasará a los anales de la posteridad, del señor Rodríguez Zapatero que, como sobraba dinero en la Seguridad Social, dijo: pues vamos a hacer cheques bebé. No sé qué dinero sobraría en la Seguridad Social, a lo mejor
el que ustedes no metieron en el Fondo de Reserva. Hoy, señor secretario de Estado -algunos discursos siguen en el error y, por tanto, es difícil que puedan hacer una ajustada previsión-, ya se va reconociendo algo que se negaba hace apenas unos
ejercicios: se está creando empleo, se está aumentando la afiliación a la Seguridad Social -según los últimos datos que hemos conocido, 18,5 millones, el segundo mejor dato interanual de la última década-, se mejoran los datos, por tanto, de empleo
y afiliación y se demuestra lo incierto de las afirmaciones que se hacían no hace mucho de que la reforma laboral no generaría empleo y, es más, haría que aumentara el desempleo.


Luego se entra en otro debate, que hoy también el señor portavoz de Podemos ha querido elevar, que es el de la mejor o peor calidad del empleo. Estamos cansados de oír que el empleo es de peor calidad, cuando justamente es al contrario y,
ya que ha citado varias veces a Eurostat, mire usted los datos de

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Eurostat: cincuenta meses continuados de creación de empleo y crecimiento del empleo indefinido en nuestro país; el único país de toda la Unión Europea. El señor secretario de Estado ha dado muchos datos. Nosotros esos datos, que son
datos oficiales, los tomamos como elementos de veracidad del presupuesto que ha explicado en el día de hoy. Además, es muy sencillo poder averiguar en términos de Seguridad Social si el empleo es de mejor o peor calidad atendiendo a unos datos:
crecimiento económico, crecimiento de la afiliación y crecimiento de la recaudación. Si hoy en día el crecimiento de la afiliación, que es lo mismo que decir el crecimiento del empleo, está algo por encima del crecimiento económico y el crecimiento
de la recaudación prácticamente dobla el incremento de la afiliación, es que están aumentando las bases de cotización y por tanto tenemos un empleo de mejor calidad. Es algo incontestable, por más que se empeñen sus señorías en querer reflejar que
en el mercado de trabajo de este país solamente existen empleos precarios, cuando en realidad cada vez existen más empleos indefinidos -ya prácticamente el 75 % del empleo-, que han crecido 7 puntos por encima de cómo estábamos en el ejercicio 2008.


Señorías, ¿cuántas veces hemos escuchado de la mayoría de ustedes que los beneficios de la recuperación debían llegar a quienes más habían sufrido la crisis? Pues bien, este presupuesto es justamente el ejemplo más claro de ello y por eso
mi grupo también está especialmente orgulloso de poder apoyarlos. En estos presupuestos se aumentan especialmente las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad que, junto a la reducción del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, va a alcanzar a un total de 6 730 000 pensionistas, y todo ello sin ligar la subida de las pensiones al IPC y sin crear nuevos impuestos. Por cierto, hoy, señorías, se les ha olvidado su mantra de la creación de nuevos impuestos como
solución a la situación de déficit del sistema de Seguridad Social, y luego me referiré a ello. Señorías, estos son no solo los presupuestos más sociales de la historia de nuestro país, sino también, si me lo permiten, los más redistributivos. El
esfuerzo que está haciendo la sociedad española y que se refleja en estos presupuestos es enormemente importante. No se puede hablar, por tanto, señorías, de presupuestos antisociales, regresivos o que provocan inseguridad, como he oído aquí esta
mañana, o que son insolidarios, y más cuando el déficit actual -ustedes lo saben bien- tiene un componente coyuntural evidente: el 70 % de este déficit es a causa de la pérdida de empleo producida durante la crisis. El resto es consecuencia -no
han hecho ni una sola referencia a ello- del envejecimiento demográfico. Nuestros gastos crecen alrededor de 4000 millones/año por el incremento del número de afiliados y el efecto sustitución. Por cierto, al señor portavoz de Podemos le quiero
hacer una serie de consideraciones respecto a los pensionistas y la tasa de riesgo de pobreza: ha disminuido a la mitad durante los años de Gobierno del Partido Popular. Como tuve ocasión ya de decir en el último debate que tuvimos hace apenas una
semana, ya son incluso los propios informes los que dicen claramente que los jubilados han mejorado su renta desde la crisis. Y todo fue porque hubo un Gobierno que evitó que se rescatara a este país y que las pensiones descendieran entre un 20 y
un 40 %, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno. (Aplausos).


Señorías, hemos de hacer frente a esta situación desde el Pacto de Toledo. Se lo he dicho en más de una ocasión: no pongan ustedes el carro delante de los bueyes. Es a nosotros a los que nos corresponde tomar las decisiones en el marco
del Pacto de Toledo para acabar con la situación coyuntural de déficit en que se encuentra el sistema y tomar también las decisiones que nos permitan afrontar el reto del envejecimiento demográfico. El esfuerzo que tenemos que hacer lo tenemos que
abordar en el Pacto de Toledo: tomar las decisiones que aseguren ese equilibrio financiero. No debemos hacer dejación de nuestra responsabilidad, señorías. El oportunismo y la demagogia no pagan pensiones. El trabajo en el Pacto de Toledo, sí.
(Rumores). Ustedes le han preguntado al Gobierno qué ha hecho para aumentar los ingresos, y me voy a permitir citar todo lo que ha hecho con mucha rapidez, pues veo que aún tengo tiempo. Pues todo lo que estaba en su margen, dentro del actual
Pacto de Toledo, porque tenemos un Pacto de Toledo vigente: empezando por la culminación de la separación de fuentes de financiación, continuando por la inclusión en las bases de cotización de conceptos antes excluidos, siguiendo por el incremento
de las bases máximas de cotización en más de un 14 % desde el año 2013; siguiendo por el incremento del salario mínimo interprofesional, como saben ustedes, que subirá nuevamente un 5 % en el año 2019 y un 10 % en el año 2020; la incorporación de
recursos al sistema procedente de las reservas de las mutuas e intensificando la lucha contra el fraude. A nosotros no nos corresponde poner encima de la mesa en el Pacto de Toledo, como sus señorías pretenden, una involución del propio Pacto de
Toledo, que es ir en contra de la separación de fuentes -recomendación primera, base del Pacto de Toledo-, sino, muy al contrario, profundizar en la separación de fuentes de financiación. No es al Gobierno a quien

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en estos presupuestos le corresponde traer medidas de ese tipo, sino a nosotros adoptarlas: cambiar las reducciones y exenciones por bonificaciones; que los tratos favorables sean financiados desde los Presupuestos Generales del Estado,
que existen en algunos regímenes aún en estos momentos; que los complementos de maternidad se financien vía presupuestaria y no sea con cotizaciones sociales. Y, así, una serie de medidas que ya hemos debatido en alguna ocasión y que son las que
nos van a permitir colocar en estos momentos a nuestro sistema de pensiones en una situación de equilibrio lo antes posible.


Déjense, señorías, de discusiones baldías respecto al índice de revalorización de las pensiones -hoy ha salido en varias ocasiones- que no determina, ni mucho menos, una reducción permanente del poder adquisitivo de las pensiones en vigor y
expliquen por qué no apoyan unos presupuestos que suben las pensiones mínimas en un 3 % a 2 400 000 pensionistas; las prestaciones no contributivas en un 3 % a 450 000 perceptores; las pensiones de hasta 700 euros en 1,5 % a 1 500 000 de
pensionistas, o las pensiones de viudedad -por cierto, estamos cumpliendo con la disposición adicional a la que se ha hecho referencia anteriormente- en un 3,85 % a 500 000 viudas, y digo viudas porque son principalmente mujeres, todo ello junto a
una reducción en el IRPF para rentas entre 12 000 y 16 000 euros, que también afecta a un millón de pensionistas.


Señorías, dejen -permítanme la expresión- de marear la perdiz y de pretender decir que lo que hacen los demás está mal y lo que hacen ustedes está bien.


El señor PRESIDENTE: Señor Camps, por favor, vaya concluyendo.


El señor CAMPS DE VESA: Concluyo ya, presidente.


El propio representante de la Airef lo ha dicho en varias ocasiones. La reforma del año 2011 supone una minoración del crecimiento del gasto de un 70 % en relación con la reforma de 2013. La reforma de 2013 no es el cúmulo de todos los
males que pueden afectar a los pensionistas y a nuestro sistema de protección social, sino continuidad de la reforma 2011. Este sistema se mantiene gracias a las reformas y esas reformas, las que hemos podido ir acordando y las que estoy seguro de
que seguiremos acordando, tendrán constatación en presupuestos como el que hoy ha presentado el señor secretario de Estado de la Seguridad Social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.


A continuación, tiene la palabra el secretario de Estado, señor Burgos, para contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias, presidente.


Señorías, voy a intentar dar respuesta a las numerosas cuestiones suscitadas, empezando por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Usted habla de estabilidad formal de los presupuestos. Obviamente, cualquier presupuesto razonable
y ordenado tiene que tener una estabilidad formal, tiene que haber una vinculación entre los ingresos y los gastos y, evidentemente, los gastos nos vienen dados por la dinámica de un sistema de Seguridad Social que tiene un amplísimo nivel de
cobertura y tenemos que ocuparnos de compensar esos gastos con las adecuadas fuentes de financiación de las que dispone un país, una sociedad y una economía, en este caso la española. Los recursos no caen del cielo. Ya nos gustaría a nosotros
hacer una apelación, año a año, a la caída de las nubes de los recursos que necesita el sistema. Por tanto, tenemos que utilizar las fuentes de financiación que están a nuestro alcance, hacerlo de una manera rigurosa, de una manera equilibrada y de
una manera que no solo no altere los principios esenciales de la recuperación, sino que abunde, además, en los criterios de equidad y de contributividad del propio sistema.


Usted habla de que afrontamos estas medidas y que suponen una discriminación, pero anuncia, a renglón seguido, que tenemos que abundar en esa discriminación y que en lugar de subir el 3 % subamos el 13 %, que es lo que hicieron ustedes con
las pensiones mínimas. Si discriminamos, no me pida usted que abundemos aún más en esa discriminación. ¿O solamente es discriminatorio cuando lo hace un Gobierno del Partido Popular? Porque ustedes subieron pensiones mínimas. Usted habla de
mercadeo cuando se está negociando un presupuesto y es que a ustedes les gustaba más el modelo Rodiezmo, que era ir todos los años a montarse allí su película y anunciar subidas de pensiones mínimas que la sociedad española percibía como concesiones
graciables de su Gobierno. Sé que a usted le gusta más ese modelo,

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pero a nosotros nos gusta más el modelo de discusión con otros grupos parlamentarios para ver dónde hay posibilidades de acuerdo y dónde hay posibilidades de compromiso, y los compromisos, obviamente, están para cumplirse y, si es posible, y
ha sido posible en esta ocasión, para mejorarse. Creo que de eso nos deberíamos sentir todos orgullosos. Pero usted no puede criticar que aumenten unas pensiones sí y otras no porque esa fue la esencia de sus políticas durante tantos años.
Ustedes, simple y llanamente, decidían que subían las pensiones mínimas, eso sí, a diferencia de la situación actual, ustedes las financiaban con cargo a las cotizaciones sociales de sistema. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegó la crisis y hubo el
hundimiento de los ingresos, fue imposible compensar el gasto que ustedes habían generado. Recuerde usted los años en que el crecimiento del gasto en pensiones acumulativo era del 8 o del 9 %, un proceso absolutamente irresponsable en un sistema de
Seguridad Social de reparto y contributivo como el nuestro. Cuando llegó la crisis, cuando se hundieron los ingresos, fue imposible mantener el sistema con los niveles de gasto a los que había llegado sin recurrir, entre otros instrumentos,
obviamente, al Fondo de Reserva. ¿O esperaba usted que en plena recesión económica, en pleno atisbo de una recuperación que tardó en llegar desde que accedimos al Gobierno, hubiéramos subido los impuestos a todos los ciudadanos de forma masiva para
cubrir ese déficit que ya se empezó a generar, como aquí se ha dicho, antes de 2011?


Utilizamos el Fondo de Reserva, y anticipo una de las respuestas, porque estaba para eso, para cubrir las necesidades de financiación del sistema en momentos en que los ciclos económicos supusieran dificultades para cubrir el déficit del
sistema, sin recurrir ni a la subida de cotizaciones sociales ni, por supuesto, a la disminución de ninguno de los niveles de cobertura de este sistema. Por tanto, ahora que hay recuperación económica, ahora que tenemos un cambio de ritmo, un
momento de inflexión en el que el déficit se va reduciendo, se pueden tomar decisiones, como, por cierto, se han tomado a lo largo de estos últimos años porque nosotros hemos sido capaces de atender no solamente a la sostenibilidad financiera del
sistema, sino a la suficiencia de las prestaciones y a los niveles de cobertura. De eso se trata, de no elegir entre la sostenibilidad económica y la suficiencia de las pensiones y de los niveles de cobertura, que es lo que han tenido que hacer
otros muchos países en nuestro entorno. Debemos seguir perseverando para permitir conciliar los tres objetivos, porque eso es lo que nos hace más fuertes y nuestro sistema de Seguridad Social más potente. Por tanto, nada de mercadeo, atender a las
necesidades de suficiencia del sistema de forma compatible con su sostenibilidad económica, porque no puede plantearse esto en términos de dicotomía o de elección necesaria entre un elemento y otro. Nuestro sistema ha ido avanzando a lo largo de
las décadas porque ha sido capaz de conciliar esos objetivos y, desde luego, este Gobierno lo ha hecho desde que llegó y va a seguir haciéndolo mientras tenga la confianza de los ciudadanos.


Las reformas de 2013 -lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular- abundan en un proceso que ya venía de atrás, que venía de reformas anteriores y en ningún caso van a suponer a treinta o cuarenta años, como algunos proyectan, disminución de
los niveles de cobertura del sistema o deterioro de su suficiencia, porque todas las proyecciones que se hacen en materia de pensiones traen aparejada siempre una coletilla que ustedes nunca recuerdan, y la coletilla es: en ausencia de nuevas
medidas, pasará esto. Pero es que no hay nada que caracterice más al sistema de Seguridad Social que la adopción continuada de medidas, y de eso se trata, de ir corrigiendo paulatinamente todos los elementos que componen el sistema. Hay reformas
que se tienen que aceptar y que se tienen que adaptar precisamente para atender a la sostenibilidad económica y hay otras reformas que tendrán que ir haciéndose con el paso del tiempo, como se han hecho en el pasado, para atender a los otros
objetivos del sistema. Lo tendremos que ir haciendo de forma acordada, si es posible, porque eso ha sido muy positivo para el sistema de Seguridad Social a lo largo de su historia. Por tanto, en ausencia de nuevas medidas, ¿pasará esto dentro de
cuarenta años? ¿Pero usted concibe un Sistema de Seguridad Social de la dimensión y de la trascendencia social y económica que tiene la Seguridad Social española que no esté permanentemente tomando medidas? ¡Si entre todos lo estamos haciendo
todos los años! ¡Diría que todos los meses! Porque no hay reforma legal en este país que no afecte de una manera u otra al sistema de Seguridad Social. Lo que tenemos que hacer es que esas reformas, que esas medidas que se vayan tomando, sean
medidas equilibradas y sean medidas que atiendan a los tres escenarios que han de dibujarse en un sistema de protección como el nuestro.


¿Quiere usted que las pensiones mínimas suban el 3 %, sí o no? Porque no puede acusarnos de haber tomado esas medidas unilateralmente y luego decir que a usted incluso le parece poco. ¡Pero si han reclamado que subieran conforme al IPC,
entiendo que le tiene que resultar satisfactorio que tripliquen

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el IPC! (La señora Perea i Conillas: ¡Todas!). Y es la demostración más palpable de que el sistema puede avanzar en una revalorización garantizada, el 0,25 % para todas las pensiones, y en un esfuerzo significativo para aquellas pensiones
más bajas. ¿Qué ocurre? Que, a diferencia de ustedes, que solo se acordaban de las pensiones mínimas y que financiaban los incrementos con cotizaciones sociales, nosotros también nos acordamos de aquellos que no tienen pensiones mínimas, aunque
son tan bajas que se parecen mucho a las mínimas y, por eso, también hemos adoptado medidas para incrementar esas pensiones hasta los niveles que ha incorporado el presupuesto. Es importante atender a las pensiones mínimas, pero también hay que
reconocer que en este país hay pensiones que no son estrictamente mínimas y que nunca se habían beneficiado de ninguna mejora adicional respecto a las decisiones del Gobierno en relación con las pensiones mínimas. Esta vez nos hemos acordado
también y por eso han subido un 1,5 % esas pensiones, un 1 % las otras y hemos avanzado en la pensión de viudedad. Luego hablaré sobre esta cuestión.


Por consiguiente, ¿qué sentido tiene el sistema público para los ciudadanos que atienden a informes que hablan de proyecciones de treinta o cuarenta años? Creo que el sentido que ha venido teniendo históricamente en nuestro país: un
sentido de plena confianza y un sentido de pleno compromiso con la solvencia de ese sistema, que va a perdurar y a trasladarse a las generaciones futuras. ¡Qué daño le están haciendo a este sistema en estos momentos quienes abundan en la idea de la
insostenibilidad, quienes hablan de la pésima calidad de sus pensiones o quienes hablan de imposibilidad de mantener los niveles de cobertura actuales! Están trasladando una idea de degradación de un sistema del que tenemos que sentirnos plenamente
orgullosos, con sus posibilidades actuales y con sus posibilidades de mejora, con sus realidades, que sin duda serán objeto de adaptación en el futuro, pero desde la convicción de que tenemos uno de los sistemas de Seguridad Social más potentes del
mundo y que merece la pena seguir apostando por él. No me venga usted una vez más con el discurso de los sistemas privados. Si algo ha demostrado este Gobierno es la apuesta permanente por el refuerzo del sistema público. Este Gobierno no ha
tomado ninguna decisión que haya favorecido a los sistemas privados, a diferencia de decisiones que tomaron ustedes en otros momentos. Es más, cuando ha habido que tomar una decisión eligiendo entre lo que le convenía al sistema privado y lo que le
convenía al sistema público, hemos tomado una decisión a favor del sistema público; y se ha citado aquí. Los conceptos antes excluidos de la base de cotización eran los sistemas complementarios con los que se retribuía a muchos trabajadores en
especie para eludir las cotizaciones. Ustedes no movieron un dedo durante los años que gobernaron para que esa elusión de la cotización por la vía de la retribución en especie no perturbara la recaudación ni los ingresos del sistema de Seguridad
Social. Quienes hemos integrado en la base de cotización esos conceptos hasta ahora excluidos hemos sido nosotros. Ha sido este Gobierno el que ha decidido apostar decisivamente en algo que era motivo de controversia por el refuerzo del modelo
público.


Préstamos a la Tesorería. Todos los préstamos son a la Tesorería de la Seguridad Social. Con independencia del objetivo, los préstamos no se van a hacer al Instituto Social de la Marina, sino que se hacen a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se han hecho muchos en el pasado y por muchos motivos diferentes y se han hecho ahora porque se entendía el año pasado y este que ese préstamo era un instrumento óptimo en las actuales condiciones financieras al que podemos
acceder para asignar recursos, en espera de lo que finalmente el Pacto de Toledo decida en relación con las transferencias. Nosotros hemos pretendido desde el primer momento que el Pacto de Toledo diseñe el escenario de transferencias del Estado
para financiar partidas en las que todos convengamos que hay que avanzar en los próximos años, porque esas decisiones sí necesitan estabilidad. Esas decisiones, como otras en materia de separación de fuentes, sí necesitan estar convenidas, porque
las tendrán que desarrollar diferentes y sucesivos Gobiernos, y es importante que haya un acuerdo básico sobre ellas, si es posible, para no tener que esperar como tuvimos que esperar doce años para financiar los complementos a mínimos. Lo tuvimos
que hacer cuando nos encontramos su financiación al 37 % en lugar de al 82 %, que era lo que correspondía en el año 2012. (La señora Perea i Conillas: Todo lo han hecho bien). En el año 2012 y en el año 2013 pasamos de financiar el 37 % de los
complementos a mínimos a financiar el 100 %; y luego nos dicen que no hemos tomado medidas de ingresos. En años de recesión económica este Gobierno hizo un esfuerzo para cubrir no solo los complementos a mínimos, sino todo el ámbito no
contributivo del sistema de Seguridad Social. (La señora Perea i Conillas: Un déficit de 18 000 millones. ¡Es increíble!). Si se hubiera financiado antes, hoy tendríamos muchos más recursos en el Fondo de Reserva. No confundan lo que se
trasladó en el programa de convergencia -que, además, va a ser objeto de revisión en próximas semanas- con lo que se asigna a los presupuestos como objetivo de

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déficit a todas y cada una de las administraciones. (La señora Perea i Conillas: Lo que ha dicho la Airef). Nosotros tenemos el objetivo de déficit de 2017 que hemos cumplido y tenemos el objetivo de déficit de 2018 que pretendemos
cumplir para demostrarle también al presidente de la Airef que, igual que cumplimos el año pasado, cumpliremos este. (La señora Perea i Conillas: ¡Es increíble! Lo ha dicho la Airef). Estamos para cumplir lo que ponemos en los documentos. ¿Esto
supone una desvinculación del índice de revalorización de las pensiones? (La señora Perea i Conillas: ¡Es increíble!). Esto lo que demuestra y acredita es que es perfectamente compatible, como hemos dicho en tantas ocasiones, la existencia de un
índice de revalorización general y la adopción de medidas que atiendan a la suficiencia de determinadas pensiones. Eso acredita precisamente que esa especie de dramatismo teatral que ustedes han impreso sistemáticamente en relación con el IRPF se
resuelve por una vía muy sencilla, que es el compromiso de asignar recursos. Por eso, todos los incrementos de pensiones mínimas se van a pagar con imposición general y no con cotizaciones sociales. Eso, obviamente, lo podremos hacer entre todos,
si ustedes quieren, o lo seguiremos haciendo nosotros, como Gobierno, si ustedes no quieren, pero sería aconsejable que en el escenario futuro en las recomendaciones del Pacto de Toledo también se hablara de cómo avanzar y por dónde en la
suficiencia y en los niveles de cobertura del sistema.


Le vuelvo a decir por enésima vez que usted indica una desviación en el presupuesto de 1520 millones. En un presupuesto de 150 000 millones como el de este año, que haya una desviación de 1500 millones forma parte del rango habitual de
desviaciones en materia de ingresos susceptibles de ser asumidas con toda naturalidad y con toda tranquilidad. (La señora Perea i Conillas: Ya me quedo más tranquila). Yo no me quedaría tranquilo, como dice usted, pero los expertos en cuadrar los
ingresos, que eran ustedes, tuvieron rangos de desviación superiores a los 5000 millones al año. En el año 2009 ustedes se desviaron en 5883 millones. (La señora Perea i Conillas: Había desempleo). ¡Ah!, había desempleo. ¿Entonces ustedes no
preveían el desempleo en los presupuestos? Pues conviene tener en cuenta el empleo cuando se pierde y tenerlo en cuenta sobre todo cuando se gana. (La señora Perea i Conillas: Pero estaban equilibrados). No hago ni siquiera referencias a las
desviaciones de 1000 o 2000 millones que había todos los años. Se desviaron en 5000 millones en el año 2009, en 5135 millones en el año 2011 (La señora Perea i Conillas: En 2011 estaban equilibrados), en 2008 en casi 3500 millones... Eso cuando
lo hacían ustedes era un ejemplo de asignación eficiente de los recursos y de confección de los presupuestos con absoluto rigor y seriedad. Pues, mire usted, 1500 millones en el presupuesto, teniendo en cuenta la fluctuación de los ingresos y cómo
dependen estos de tantas y tantas variables, yo personalmente lo considero un éxito.


En relación con sacar las pensiones no contributivas, las pensiones no contributivas no se pueden sacar porque ya están fuera de la financiación vía cotizaciones sociales. Las prestaciones no contributivas del sistema, tal y como están
definidas en la Ley General de la Seguridad Social, se pagan íntegramente con impuestos. ¿De dónde las vamos a sacar? ¡Si ya se sacaron! (La señora Perea i Conillas: De la gestión). Si eso ha sido la separación de fuentes. De lo que se trata es
de si otras partidas que se financian con cotizaciones pasan o no a financiarse parcial o íntegramente con impuestos. De eso se trata. (La señora Perea i Conillas: De la gestión). ¿Cómo de la gestión? Si le estoy hablando de que estamos incluso
impulsando una nueva prestación no contributiva de orfandad. ¿Dónde va a estar? En el ámbito de la Seguridad Social; las pensiones contributivas y las no contributivas de forma integrada, como siempre ha sido en el sistema de Seguridad Social
español. Deje de insistir en algo que no tiene ningún sentido. Las prestaciones del sistema de Seguridad Social son las de naturaleza contributiva y las de no contributiva y lo que hay que hacer es clarificar la financiación de ambas y eso
redundará en beneficio del sistema.


Al señor Alberto Rodríguez quiero agradecerle su exposición y decirle que el mío no es un tono triunfalista. No adopto en ningún caso en materia de Seguridad Social un tono triunfalista porque nunca se llega a conseguir los objetivos que se
pretenden. El sistema, entre otras cosas, tiene tantos niveles de exigencia social que nunca nos daremos por satisfechos; nunca, ni siquiera cuando consigamos importantes objetivos de mejora.


En relación con la aplicación de la Ley 23/2013, le digo exactamente lo mismo que en la intervención anterior. El índice de revalorización de pensiones es un termómetro, no establece la obligación de revalorizar un 0,25 % o revalorizar más,
es un termómetro que nos dice qué recursos puede el sistema de Seguridad Social asumir como pago de las mejoras o las revalorizaciones que se establezcan en cada momento. Y el Gobierno lo que tiene que hacer es entender que no puede proceder a la
subida de pensiones o de prestaciones del sistema sin asignar los recursos financieros necesarios para ello.

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El índice de revalorización lo que establece, en un rango entre el 0,25 y el IPC más medio punto, es el resultado de la evolución de los ingresos, de los gastos del sistema y de otras variables que forman parte de la fórmula que se
estableció en la ley. Por lo tanto, nos indica -por entendernos- cuál es la salud financiera del sistema y lo que podemos hacer con nuestros propios medios, pero, si el resto del presupuesto decide atender elementos de suficiencia o de mejora de la
cobertura y lo hace por la vía adecuada -que es el incremento de la solidaridad del resto de la población-, esos recursos que se asignen son plenamente compatibles con el índice de revalorización.


Informe del Fondo Monetario Internacional. Le digo lo mismo. Todos estos informes siempre aportan la coletilla final: en ausencia de otras decisiones. Siempre habrá decisiones en el sistema de Seguridad Social que atiendan a los
criterios de suficiencia y de cobertura, siempre los habrá, los habrá permanentemente. Por tanto, utilicemos estos informes, estas proyecciones para detectar dónde están los retos, dónde están los desafíos, pero no utilicemos esto como arma
arrojadiza y, sobre todo, no traslademos a los ciudadanos la idea de que van a perder el 30 % o el 40 % de su pensión porque no es cierto. No es cierto porque el sistema trabaja día a día para que sus pensiones sean cada vez mejor. La pensión
media de este país no ha hecho más que crecer, no va a hacer más que crecer en 2018 y, afortunadamente, no va a hacer más que crecer en los próximos años. Y el problema es que crecen tanto que necesitamos asignar recursos para cubrir esos
crecimientos. Si el problema que tiene este país es que permite satisfacer necesidades sociales -comparándose con otros países- con resultados extraordinarios, por los niveles de suficiencia, por las tasas de sustitución, por la existencia de
pensiones mínimas, por la existencia de complementos a mínimos, por la relación entre los salarios y las pensiones medias o iniciales. Por todo eso, nuestro sistema otorga unos niveles de calidad en sus prestaciones, que no tienen parangón. No
devaluemos con estos discursos -que tienen simplemente un tinte electoralista- lo conseguido porque es un gran error para todos, es un gran error que traslada desconfianza en el sistema, y no es momento de trasladar desconfianza en el sistema.
¿Cómo vamos a trasladar desconfianza en el sistema cuando crecemos y creamos empleo como nunca antes en la historia reciente? Si este sistema ha sido capaz de aguantar una crisis demoledora en términos de empleo, cómo no va a ser capaz de seguir
desarrollando sus funciones en un entorno en el que los ingresos crecen a ritmos históricos y en el que el empleo avanza significativamente cada mes. Si lo hemos hecho en los momentos difíciles y nadie parecía cuestionar el futuro del sistema, cómo
no lo vamos a hacer ahora.


Usted nos plantea medidas para aumentar los ingresos sobre las bases máximas. Ya hemos tomado decisiones muy importantes estos años. Subir el 5 % un año la base máxima de cotización, que venía desarrollándose con incrementos por debajo del
IPC durante las décadas anteriores, fue una decisión importante. Lo hicimos dos años, hemos hecho crecer esas bases máximas y han allegado recursos muy importantes al sistema, han mejorado los ingresos, pero, sobre todo, han mejorado la
progresividad y la contributividad del sistema, porque se habían subido las bases mínimas muy por encima del IPC -hasta el 50 % del crecimiento del IPC, por encima- y, sin embargo, las bases máximas, no. ¿Qué sentido tenía que hubieran actuado de
esa manera?


El salario mínimo interprofesional. ¡Pero si este es el Gobierno que ha cerrado con los agentes sociales la mayor subida del salario mínimo interprofesional en muchísimo tiempo y que la va a seguir desarrollando en los próximos años! ¡Si
esto ya ha tenido traducción en el presupuesto del año pasado, el 8 %, y en el de este año, el 4 %! Pero tenemos que ser conscientes de que de la base mínima del salario mínimo se obtienen pocos recursos para el sistema. Todos los recursos son
necesarios, pero no podemos pretender que por ahí vengan significativos incrementos. En todo caso, si usted pide que se destopen las bases máximas de cotización y eso no se acompaña de incremento de la pensión máxima del sistema, lo que estaremos
haciendo es expropiando a los ciudadanos una parte de sus retribuciones y convirtiendo en un impuesto lo que, como cotización, tiene que tener algún tipo de retorno. Otra cosa es que fijemos un nivel de solidaridad en el sistema para que ese
retorno sea equis, pero no podemos destopar las bases. Destopar no es incrementar, es que no haya tope máximo. Si no hacemos lo mismo con la pensión máxima y si hacemos lo mismo con la pensión máxima no habrá ingresos procedentes de esa medida, no
habrá ingresos porque la pensión máxima se comerá los ingresos por bases máximas. Para que haya ingresos lo que tenemos que conseguir es aumentar las bases máximas de cotización de forma compatible con los niveles de solidaridad y de
contributividad que entre todos queramos establecer. Pero ya lo hemos hecho y si es necesario estamos abiertos a convenir cómo avanzar en esa dirección.


Sobre reducciones y bonificaciones, lo hemos dicho, hay un acuerdo para establecer transferencias del Estado en un escenario de una serie de años, el propio presidente del Gobierno dijo en su debate

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monográfico sobre pensiones que planteaba cerrar el déficit en un periodo temporal. ¿Cómo? Con aquellas medidas que pactemos entre todos. Pero si es la conversión de reducciones en bonificaciones, por nosotros estupendo, no tenemos ningún
tipo de problema, todo lo contrario, es que lo hemos planteado antes incluso que otros grupos parlamentarios. Por tanto, creo que sobre algunas de sus propuestas hay perfecta compatibilidad entre lo que usted dice y lo que decimos nosotros. Pues
convengamos cómo hacerlo, háganlo en el Pacto de Toledo y ya nos ocuparemos de cumplirlo escrupulosamente.


Dicen que hemos metido la tijera en el gasto. Cuando a mí me nombraron secretario de Estado de Seguridad Social, la nómina era de 7189 millones de euros al mes. En este momento es de 8965 millones de euros al mes. Aquí no se ha metido la
tijera en ningún sitio, todo lo contrario, los niveles de gasto del sistema son de tal magnitud, su crecimiento es de tal volumen, el porcentaje desde que nosotros accedimos al Gobierno ha crecido en un 25 % en la nómina mensual de pensiones. Esto
es un auténtico desafío en una sociedad como la española, pero aquí no hemos metido la tijera en ningún sitio. ¿Cómo vamos a haber metido la tijera en una nómina que si ha hecho algo es crecer de forma sistemática mes a mes, atendiendo además a
mejoras de cobertura muy significadas?


Desde luego, sobre el préstamo ya le he dicho que entendemos que mientras el Pacto de Toledo establece cuáles han de ser las transferencias y la secuencia temporal de las mismas, con acuerdo, porque tiene que desarrollarse a lo largo de un
espacio de tiempo, el préstamo, combinado con las reservas del sistema y otras medidas de ingresos, es la mejor solución, desde el punto de vista financiero, para el país y para el sistema de Seguridad Social.


Al señor Del Campo, de Ciudadanos, en primer lugar, quiero agradecerle su defensa del modelo público de pensiones, porque creo que es muy importante que, más allá de los números y de las cuantías que refleja todo debate de presupuestos, el
mensaje que se traslade al ciudadano es que tiene que tener confianza no solo en lo que ofrece, en lo que aporta o en lo que representa hoy el sistema, sino en lo que va a seguir representando en el futuro también. Es muy importante que con esta
mayoría levantina que hay en esta Comisión, unos de Tarragona y algún otro valenciano, yo que soy de Valladolid y no tengo esa vertiente levantina, sí tenemos un poeta muy importante en mi provincia que se llama Zorrilla, y en su Tenorio dice
aquello de 'como quien somos cumplimos'; y, como quien somos, hemos cumplido los acuerdos que, en materia de Seguridad Social, su partido y el nuestro habían comprometido. Y yo quiero poner en valor que se ha trabajado muy seriamente; tan
seriamente que se han sumado todos los grupos de la Cámara a importantes decisiones como la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Creo que eso demuestra que hay voluntad por parte del Gobierno y por parte de otros grupos de llegar a
compromisos, y si se puede hacer en materia del trabajo autónomo, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en todos los otros elementos que conforman el Pacto de Toledo?


Es muy importante que se cumplan las medidas acordadas; es muy importante que tengan acomodo en el presupuesto compromisos que si algo hacen, además, es cumplir estrictamente el Pacto de Toledo vigente. Mientras no haya otro nuevo, las
recomendaciones son tan valiosas y tan relevantes como las que pudieran ser en el futuro las convenidas por esta Cámara. Y el incremento de las pensiones de viudedad y el incremento de las pensiones mínimas atienden expresamente a compromisos de
recomendaciones actuales del Pacto de Toledo. Claro que hay dificultades para el consenso, como las ha habido siempre, porque las anteriores renovaciones del Pacto de Toledo no se hicieron precisamente en momentos en los que la política era una
balsa de aceite; se hicieron a las puertas, incluso, de contiendas electorales muy relevantes y se supo llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que el escenario del Pacto de Toledo siempre es un escenario de acuerdos para
el medio y para el largo plazo, y que no es tanto un debate sobre el hoy como un debate sobre lo que queremos que sea mañana.


Usted ha señalado que es el adecuado el enfoque que, en materia de mejora de la renta disponible de los pensionistas, le ha dado este presupuesto, porque ha sabido combinar lo que podíamos hacer desde el sistema de Seguridad Social y lo que
se podía hacer en materia tributaria; y el resultado es que llegamos a todos los pensionistas a los que era posible hacer extensible estas mejoras. Y no hemos dejado a colectivos desprotegidos o a colectivos a los que no llegaran esas mejoras,
como ocurrió en otros momentos. Por tanto, creo que esa es la forma de encarar estas cuestiones y le agradezco no solo el apoyo a estos presupuestos, que evidentemente lo hago, sino, sobre todo, esa defensa, ese mensaje positivo para los
ciudadanos, que creo que debe salir de esta Cámara.


Al señor Campuzano, que no está presente por sus numerosas responsabilidades que siempre tienen los grupos de menor composición, quiero hacerle algunas matizaciones sobre la reforma de 2013, muy denostada por algunos, curiosamente solo por
los que votaron la de 2011, porque no hubo ningún otro

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grupo de esta Cámara que votara la reforma de 2011. Yo no sé qué legitimidad democrática tienen las reformas, pero la reforma de 2013 tuvo muchos más votos en este Parlamento que la de 2011; o sea, que no me parece un mal termómetro saber
el número de votos que tiene una reforma, y la del 2011 fue bastante menos votada que la de 2013 y solo concitó el apoyo de un grupo parlamentario. Eso sí, costó; y al peso las disposiciones adicionales de esa reforma fueron muy importantes.
Pero, bueno, tanto como decir que porque hayamos subido las pensiones mínimas el 3 % hemos quebrado la reforma de 2013... No, lo que hemos hecho es afianzarla y demostrar que esa reforma de 2013 no es esa losa que cae sobre los pensionistas y que
impide sus mejoras, y que impide la evolución de la suficiencia del sistema; es algo que atiende -insisto- al principio de sostenibilidad económica del sistema. Pero es que hay otros principios que se pueden y se deben conciliar.


Mejoras en pensiones mínimas y pensiones no contributivas. Yo creía que estaba claro, pero lo vuelvo a decir, están financiadas íntegramente con impuestos por primera vez. Por primera vez, todas las mejoras de pensiones mínimas y pensiones
no contributivas se financian con impuestos. Este es un avance muy importante y es llamativo que se desconozca el contenido de la disposición adicional cuadragésima tercera de los propios presupuestos, que hablan precisamente de un incremento de
las prestaciones familiares del 3 % y de las asignaciones por hijo a cargo. Precisamente, en estos presupuestos las asignaciones por hijo a cargo de mayores de dieciocho años afectados por discapacidad igual o superior al 65 %, de los que la tienen
por encima del 75 %, e incluso el 3 % a los límites de ingresos para tener derecho a esa asignación, crecen; y crecen en la misma medida en que crece el resto de pensiones. ¿Que a ustedes les parece poco? ¡Pero si este sistema está sometido
permanentemente al aluvión de peticiones del oyente! Si uno hace una relación -y yo la he hecho, obviamente- de todo lo que se ha pedido que se incremente en materia de Seguridad Social en esta Cámara en el último año, en forma de proposiciones de
ley o proposiciones no de ley, no tendríamos con seis presupuestos como el actual para atender todo esto. Pero tenemos que ir haciendo esas mejoras de forma progresiva y de forma equilibrada. En esa dirección podemos encontrarnos perfectamente con
ustedes. Pero sí que quiero trasladar esa idea; todo el aumento, todo el incremento en materia de pensiones contributivas mínimas, en materia de pensiones no contributivas, y en prestaciones del sistema vinculadas a esos crecimientos se financian
por primera vez íntegramente con impuestos.


Absentismo no es igual a incapacidad temporal. Lo que nosotros financiamos son bajas laborales que otorga un médico del sistema público y que revoca un médico del sistema público. ¿Que asistimos a un incremento significativo del gasto en
incapacidad temporal? Sí. ¿Que tenemos que mejorar los instrumentos de coordinación con los servicios públicos de salud para que no haya ni atisbo de fraude en el uso de estas prestaciones? Desde luego. ¿Que lo estamos haciendo de la mejor
manera posible vía convenios con las comunidades autónomas, vía mejora de la normativa, vía participación más intensa de las mutuas, vía compromiso más firme con las empresas colaboradoras, vía incluso con mejoras tecnológicas que nos permitan
detectar con mayor claridad esa prestación y el uso que se hace de la misma? También. Por lo tanto, hay una parte significativa que se asocia a la mejora de la actividad y a la mejora del empleo, pero también tenemos que afrontar la necesidad de
tener un conocimiento mucho más preciso de por qué esta prestación se comporta de una manera diferente en unos territorios o en otros, en unas provincias o en otras. Estamos desarrollando en estos momentos en el ámbito del diálogo social un
intercambio de información sobre los componentes de esta incapacidad temporal, y espero que de eso también se deriven importantes acuerdos o compromisos para mejorar la gestión de la misma.


En relación con la sensación de seguridad o de inseguridad que tienen los ciudadanos por que se utilice un préstamo, yo creo que la sensación de inseguridad la tendrá el ciudadano por que oiga que el sistema no se va a poder sostener o por
que oiga que su pensión va a caer el 40 %, pero no porque le diga: Oiga, tenemos un Estado que tiene capacidad económica para asistir al sistema de Seguridad Social, como este lo ha hecho con el Estado en otros momentos, y como puede hacerlo lo
hace, y como su compromiso es firme con el sistema público no le regatea recursos para financiar el sistema en su cobertura actual.


El préstamo es la demostración de que quien está detrás del mandato constitucional de respaldar un modelo público de pensiones es el Estado y todas sus capacidades al completo. Por lo tanto, la Seguridad Social hay que verla como un
instrumento útil, utilísimo, pero el mandato constitucional lo respalda el Estado con todas sus capacidades económicas y, si esto se traduce en transferencias, se traduce. Les he dicho que las trasferencias del Estado para el sistema público de
pensiones son las más altas de la

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historia y este ha asignado precisamente recursos atendiendo a sus compromisos y a sus obligaciones. Por tanto, en relación con este asunto, cumplimos y cumpliremos con los objetivos de déficit.


Yo, que siempre presto mucha atención a las reflexiones del señor Camps, que ha sido secretario de Estado y conoce perfectamente el modelo, también le digo al señor Campuzano que siga escuchándolas en el marco del Pacto de Toledo, que seguro
que será muy importante para todos. En todo caso, al señor Camps también le agradezco el discurso, la intervención. Es verdad que algunos discursos no cambian, es verdad que es insólito que se culpe del déficit a quien crea el empleo y no a quien
lo destruyó, pero con estas cosas tenemos que trabajar. Lo que hace el sistema sin duda es responder ahora de una manera mucho mejor porque ahora sí se crea empleo con una intensidad muy importante, ahora sí que se generan ingresos para el sistema
vía cotizaciones de la forma que al sistema le asegura el futuro, ahora sí que se incrementan las aportaciones del Estado de manera muy significativa y, por lo tanto, insisto en como acabé la primera intervención: 2018 es un año muy importante, y
es importante que se apruebe este presupuesto, no solo para atender esas mejoras en materia de suficiencia o de cobertura, sino porque este presupuesto en sí mismo es un elemento de estabilidad, de confianza y de seguridad para todos los ciudadanos,
especialmente para los pensionistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.


Antes de pasar al siguiente interviniente, les pido que ratifiquen por asentimiento el cambio en el calendario de las comparecencias de esta Comisión. Como ya he contado antes a Mesa y portavoces -estaban todos los grupos de acuerdo-, a las
cinco va a venir directamente, porque llevamos retraso, el subsecretario de Economía y la última comparecencia de hoy, que es la del subsecretario de Presidencia, pasará a ser la última de mañana. ¿Ratifica la Comisión estos cambios?
(Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (PONCELA GARCÍA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/001441); CIUDADANOS (número de expediente 212/001488); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA (Número de expediente 212/001334); SOCIALISTA (número de expediente 212/001268) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001538).


El señor PRESIDENTE: Señorías, retomamos las comparecencias de la Comisión de Presupuestos. Previamente, doy dos avisos. El primero, respecto al funcionamiento de la Comisión -se me olvidó comentarlo antes en la votación-, el secretario
de Estado de Presupuestos -por lo menos yo lo he recibido en el teléfono móvil y en el correo y espero que ustedes también- comparece este jueves a la una de la tarde para hablar de la ejecución presupuestaria. En segundo término, a las cuatro
menos cuarto está convocado un Pleno solemne en el salón de Plenos, en el hemiciclo, por la recepción al presidente de Portugal y, por tanto, como está establecido reglamentariamente, no se puede estar celebrando esta Comisión ni ninguna otra
mientras hay un Pleno. Por tanto, esta comparecencia necesariamente terminará -que lo sepan todos ustedes- antes de las cuatro menos cuarto.


Dicho esto, ya no me entretengo más. Quiero dar la bienvenida a esta Comisión a la señora secretaria de Estado de Comercio, doña María Luisa Poncela. Le doy ya la palabra para que exponga su posición y la de su departamento respecto al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.


Tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco ante esta Comisión para detallar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en la parte correspondiente a mi secretaría de Estado, la Secretaría de Estado de Comercio. En términos globales, este
presupuesto asciende a 425,4 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 3 millones de euros respecto del presupuesto de 2017. Antes de analizar con detalle el presupuesto de la secretaría de Estado para 2018, me gustaría hacer una breve
referencia a los datos de comercio exterior de cierre de 2017. Las exportaciones españolas de mercancías crecieron en 2017 un 8,9 % respecto a 2016 y superaron los 277 000 millones de euros, cifra récord de exportación, y el déficit comercial se
situó en 24 744 millones. Nuestro sector exterior crece por encima del de los países más avanzados porque hoy tenemos una economía moderna y dinámica, cada vez más abierta al exterior. Además, el número de exportadores ha aumentado un 8,5 %, hasta
la cifra de 161 450 y, lo que es más

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importante, el número de exportadores regulares sigue creciendo y ya se sitúa en 50 500. Nuestro objetivo como secretaría de Estado es continuar trabajando para consolidar la evolución del sector exterior; a ello vamos a dedicar el grueso
de nuestro presupuesto para 2018, en concreto 416 millones de euros.


Señorías, nuestra acción en materia de comercio exterior se concreta en las medidas contempladas en el Plan bienal de internacionalización de la economía española 2017-2018 que se concretan en las siguientes acciones. En primer lugar,
trabajamos en el aumento del tamaño de las empresas porque es un factor decisivo para el éxito en los mercados exteriores. Por otro lado, la diversificación de los mercados a los que se dirigen nuestras empresas es otro de nuestros objetivos.
Estamos demasiado concentrados en Europa, más del 65 % de nuestras exportaciones van a la Unión Europea, por lo que debemos reforzar posiciones en otros mercados. En este sentido, para el periodo 2017-2018 nos vamos a centrar en Asia, comenzando
por China y luego seguirá Japón e India. Asia tiene un importante potencial de crecimiento y es el segundo continente por valor de sus importaciones mundiales de bienes; China en concreto es el segundo mercado de importación mundial, con más del
10 % del total de las importaciones mundiales, solo por detrás de Estados Unidos, con el 13,4 %. Sin embargo, la cuota española de bienes en las exportaciones a las grandes economías asiáticas apenas se sitúa en el 0,5 %, muy por debajo de la cuota
española en el comercio mundial, que es el 1,8 %. Igualmente, para aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras y organismos multilaterales, es importante centrarnos en
los países donde la Unión europea firma acuerdos comerciales como, por ejemplo, Canadá, Mercosur y México, así como Marruecos, nuestro segundo socio comercial fuera de la Unión Europea, con importantes crecimientos. Además, seguiremos trabajando
para reforzar España como destino de las inversiones extranjeras y, en este sentido, estamos diseñando un programa de acciones de promoción en países objetivos en coordinación con diversas entidades públicas españolas.


Otra de las líneas de actuación debe ir dirigida a priorizar la innovación, la digitalización y la marca en la internacionalización de nuestras empresas. Las empresas deben sumarse a la revolución tecnológica y digital porque supone mayor
productividad, mayor empleo y nuevas oportunidades. Nuestro patrón exportador se ha ido especializando en productos de tecnología alta y media alta que representan ya más del 50 % de las ventas al exterior. Pero tenemos que ser todavía más
ambiciosos. España está integrada en las cadenas de valor globales y debemos dar un salto en el proceso de innovación para escalar en esas cadenas y situarnos en los eslabones con mayor valor añadido. Señorías, la economía digital se ha instalado
en nuestras vidas y, por ello, debemos reenfocar la formación hacia nuevos perfiles profesionales y nuevas habilidades, así como adaptarnos a sus exigencias en las áreas críticas de la empresa: producción, distribución y gestión.


Paso ahora a explicar brevemente el modelo de apoyo integral a la internacionalización de las empresas que ofrecemos desde la Secretaría de Estado de Comercio y que se centra en la promoción, el asesoramiento y el apoyo financiero. Dentro
del capítulo de apoyo financiero, como he mencionado, como saben esta Secretaría de Estado de Comercio cuenta con distintos instrumentos: Los créditos que se instrumentan a través del FIEM, FIEX y Fonpyme; los seguros y avales que se ofrecen a
través de Cesce y el capital riesgo en el exterior instrumentado a través de Cofides. En cuanto al FIEM, tanto la dotación presupuestaria como el techo máximo de aprobaciones para 2018 se mantienen en los mismos niveles que en 2017, es decir, 218
millones de euros y 500 millones de euros respectivamente. Esta es una dotación suficiente para atender los compromisos existentes y los nuevos que se puedan plantear en base al calendario de desembolsos y proyectos en cartera. Durante el primer
trimestre de 2018 el comité FIEM ha aprobado ya operaciones por un valor de más de 37 millones de euros y al final de año estaremos en una horquilla de aprobaciones entre 250 y 450 millones de euros. Señorías, durante 2018 continuaremos trabajando
para fomentar a través de este fondo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para impulsar sus operaciones de internacionalización atendiendo a sus necesidades específicas, en particular una tramitación más ágil en las operaciones de menor
importe. Este es el objetivo de la línea para la financiación de pequeños proyectos que fue lanzada en verano de 2017. Por su parte, los FIEX y Fonpyme tienen consignados 12 millones de euros para 2018, la misma cantidad, e igualmente se mantienen
los techos máximos de aprobación que en 2017. Cofides ha estimado que el volumen de aprobaciones podría situarse en 270 millones de euros en el caso de FIEX y 30 millones de euros en el caso de Fonpyme, por lo que los techos de aprobaciones serán
suficientes para poder hacer frente a las operaciones previstas. Mención especial merece el apoyo de Fonpyme a la pequeña y mediana empresa española mediante el respaldo financiero, con instrumentos participativos de capital y cuasi capital a largo
plazo para incrementar el tamaño de las empresas a través de los proyectos de inversión en el exterior. Respecto a Cesce, el

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techo de aprobaciones se mantiene en 9000 millones de euros, la misma cifra que el año pasado y, según las previsiones para 2018, la contratación se incrementara respecto a los niveles de 2017. También desde Cesce se desarrollan iniciativas
a favor de la pequeña y mediana empresa. En 2016 se renovó la línea de fianzas para pymes y empresas no cotizadas por un importe adicional de 100 millones de euros y en 2018 hemos hecho nuevamente una renovación de esta línea, dada su eficacia.
Esta línea permite a empresas técnicamente eficientes e inmersas en un proceso de internacionalización obtener avales que por el tamaño de su balance les resultaría complicado conseguir sin el apoyo de Cesce.


Por otro lado, esta secretaría de Estado cuenta también con instrumentos de apoyo no financieros para la internacionalización de las empresas canalizados a través de ICEX, las oficinas económicas y comerciales en el exterior y la red
periférica de comercio en territorio nacional. El aumento en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Comercio en 2018 se va a destinar mayoritariamente a incrementar las transferencias a ICEX, que ascienden a 80,5 millones de euros. En
concreto, hemos incrementado las transferencias de capital, que es la dotación que ICEX utiliza para desarrollar sus actividades de fomento de la internalización de las empresas. ICEX se ha consolidado como referente de la internacionalización de
la empresa española a través de las distintas actividades que realiza. Mención especial merece dentro de todos sus programas el programa de becas de internacionalización y el programa de prácticas en instituciones públicas de internacionalización
para estudiantes. Me gustaría destacar un dato muy relevante, y es que el 86 % de los becarios que terminan el programa de becas encuentran empleo efectivo dentro de los tres primeros meses; por ello, seguimos apostando de forma decidida por el
desarrollo de este programa. Así, en 2018 incrementaremos el número de becas respecto del año anterior, incremento que supone ya un 21 % respecto del número de becas que se convocaron en 2016.


Señorías, permítanme, asimismo, que haga una referencia a la red de oficinas económicas y comerciales y a la red periférica de comercio que dan servicio a las empresas españolas, con un alto grado de satisfacción por parte de sus usuarios.
Seguiremos trabajando para adaptar la estructura geográfica de la red de oficinas a las necesidades de las empresas, instalándonos en nuevos destinos allá donde estas necesitan el apoyo de la Administración para abrir mercados. Además, el
incremento en la dotación en capital nos va a permitir invertir en la renovación de las oficinas económicas y comerciales y de las direcciones territoriales. Por otro lado, nos comprometemos a seguir avanzando hacia un modelo creciente de
prestación de servicios de valor añadido que combine el enfoque sectorial con una atención integral a las empresas mediante la ampliación de los servicios personalizados.


Señorías, como seguramente conocen, dentro de nuestro objetivo de priorizar la digitalización en el proceso de internacionalización de las empresas, recientemente hemos presentado al Programa eMarket del ICEX, con el objeto de ampliar los
servicios de promoción en mercados electrónicos para ayudar a las empresas a realizar su transformación digital. Este servicio de asesoramiento está abierto a todas las empresas industriales o comerciales que ya estén exportando o que quieran
iniciarse en el proceso de exportación a través del comercio online. En esta línea, el nuevo Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista para 2018, que será presentado a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial
prevista para el 23 abril, hace también especial hincapié en la digitalización del pequeño comercio para, entre otras cosas, favorecer el turismo de compras y su internacionalización. Debemos trabajar por la innovación y la digitalización para
ayudar al comercio tradicional a incorporarse a nuevos escenarios de compra, a utilizar las plataformas digitales y a operar online, además de buscar vías para facilitar el relevo generacional. Los establecimientos físicos van a seguir teniendo un
papel principal, pero necesitan una reformulación porque ahora deben competir con las grandes plataformas y trabajar en una estrategia multicanal. Tenemos que ayudar a nuestras empresas, muy especialmente a las más pequeñas, a ubicarse en la
cultura digital. Solo un dato: en el tercer trimestre de 2017, el comercio electrónico en España supera los 7700 millones de euros tras crecer un 26 % respecto al mismo periodo del año anterior y sigue creciendo a ritmo de dos dígitos. Dado que
somos una potencia turística de primer orden, debemos explorar también todas las oportunidades que ofrece el binomio turismo-comercio. Tengan en cuenta, señorías, que el comercio minorista, la segunda gran área de competencia de esa secretaría de
Estado, representa el 5 % del PIB y cuenta con casi 2 millones de ocupados. Este sector cerró 2017 con un aumento de ventas minoristas del 1,2 %, enlazando así cuatro años consecutivos de crecimiento. Para llevar a cabo estas acciones, contamos
con una dotación de 9 millones de euros y debo señalar, no obstante, que esta dotación se complementa con las aportaciones que realizan otros departamentos ministeriales y entidades públicas.

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Señorías, con esto concluye ya mi intervención. Tras varios años de reducción, el proyecto de presupuestos para 2018 incorpora un moderado incremento en las partidas asignadas a esta secretaría de Estado. Este presupuesto lo hemos
orientado hacia aquellos objetivos que consideramos fundamentales para que nuestras empresas afronten en mejores condiciones su salida a los mercados exteriores y para que se adapten a la economía digital, porque solo así podrán competir.


Me pongo ahora a su disposición para aportarles la información adicional que requieran.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Poncela.


Ahora, en el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, señora secretaria de Estado de Comercio, nos presenta usted los programas de su secretaría de Estado en relación, por un lado, con el comercio exterior y la internacionalización y, por otro, con la ordenación de la actividad
comercial interior y la modernización del sector comercial. Por lo que respecta al comercio exterior y a la internacionalización, tenemos el programa 431.A, con un contenido más bien de fomento, y el 431.N, que atiende a las cuestiones de
regulación. En cuanto al primero de ellos, según leemos en la memoria, seguimos centrados en la estrategia de internacionalización a medio plazo 2017-2027 y en los planes de acción bilaterales, de los cuales, el primero, 2017-2018, prácticamente ya
nos lo estamos comiendo, con unas áreas de actuación para apoyar técnica, institucional y financieramente a las empresas en su desarrollo internacional. En cuanto al segundo de los programas, que trata de participar en ámbitos que establece la
regulación del comercio internacional, de realizar seguimientos y control de este comercio y de las inversiones y defensa de los intereses comerciales de las empresas españolas en el ámbito internacional, cuentan con dos direcciones generales, una
red interna formada por direcciones provinciales territoriales, que están en las principales capitales de provincia en España, los servicios de inspección del Soivre, y una red que, de alguna manera, los que seguimos el comercio internacional
siempre hemos considerado la joya de la corona, que es la red de oficinas españolas comerciales en el exterior y el Instituto Español de Comercio Exterior, como bastión, como el organismo fuerte de promoción del comercio exterior. La primera
pregunta que le quisiera hacer es si, en una visión global, sería el momento de plantearse una revisión de esta arquitectura institucional -que es una arquitectura que ha sido muy estable a lo largo del tiempo con los diferentes Gobiernos y las
diferentes administraciones-, dentro de esa lectura que hay ahora de ese Plan estratégico 2017-2027 y de la experiencia que ustedes están teniendo; nos gustaría conocer su valoración en este sentido, si acorde con la competitividad tan enorme, por
no decir agresiva, que hay en los mercados internacionales, sería el momento de plantearse una revisión de dicha arquitectura y de las formas en que los diferentes organismos se relacionan entre ellos. Ya tuvimos oportunidad de debatir sobre esta
política y esta estrategia de internacionalización en una comparecencia suya anterior y lo cierto es que nosotros se lo dijimos. Creíamos que venía la música y nos faltaba la letra, que era un compendio de buenos deseos y de buenas palabras, a los
que, desde el ámbito legislativo, no tenemos nada que objetar, pero sí tenemos que opinar en cómo se puede materializar, y eso es concretarlo con números. Quizá hoy es el día de la letra, aunque sea con números. Entonces, la letra de la música es
que en los recursos para apoyar la internacionalización de la economía española el conjunto de los programas sufren reducciones, y viendo el cuadro a lo largo de los últimos diez años, observamos que siguen las reducciones, lo cual nos preocupa,
porque de alguna manera plantea esa contradicción entre una voluntad teórica de los responsables del Ministerio de Economía de los últimos años de potenciar la internacionalización, todas las acciones de comercio exterior, hacer un cambio de modelo,
ligarlo con muchas variables desde la industria, el arte, la cultura, el diseño, pero la realidad es que los presupuestos no acompañan. Es cierto que son variables estratégicas que sabemos que en otros países sí están utilizando y que es una
inversión muy potente para poder sumar en el exterior. Además, nosotros tenemos comunidades autónomas, por lo que quizá deberíamos plantearnos alguna acción coordinada potente en determinados programas estratégicos en los que pudiéramos, poniendo
cada uno determinadas partidas presupuestarias, aunar objetivos en determinados mercados que sean de especial relevancia y de especial complejidad. No debemos perder la visión de marca España, pero sí trabajar de una manera coordinada con aquellas
comunidades que tienen potencialidades en esos mercados.

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En cuanto al descenso de las distintas partidas, que no es mucho, pero ahí está, quisiera destacar sobre todo el área del comercio -en el pasado Pleno también tuvimos ocasión de debatir una proposición no de ley en este sentido-, porque el
comercio minorista es penoso, parece el pobre de la casa. Es un sector que tiene muchas potencialidades, ya que la demanda interna ha subido y todo lo que significan ahora las compras electrónicas pueden suponer un nicho de crecimiento muy grande,
no solo por los consumidores nacionales sino también por los extranjeros, las compras de las web extranjeras hacia España, pero estamos viendo que no está ocurriendo así. Todas las estadísticas de comercio electrónico nos dicen que mayoritariamente
de toda la masa que se mueve, son más las webs nuestras hacia fuera que las del exterior hacia dentro, es decir, estamos perdiendo, hay un déficit de potencial de comercialización. Por retomar el modelo de internacionalización, la estrategia, que
es un plato fuerte de lo que ustedes nos han presentado anteriormente y también hoy, hace aguas y no tenemos un presupuesto. Realmente, a no ser que usted me diga lo contrario y haya algo que no hemos encontrado, no vemos de qué manera ni de dónde
sale con los mismos presupuestos, por mucho que su equipo cualificado y usted misma se pongan al frente para intentar sacarlo adelante. El resumen es: voy a hacer lo que se pueda con lo que me den. Es aquello de ponerse a disposición del señor
Montoro y con lo que dé ustedes van repartiéndoselo. Eso pone en jaque o en peligro lo que comentábamos, la competitividad hoy en día en el ámbito internacional, y que estemos diversificando productos de mayor valor añadido y productos más
tecnológicos en el circuito de nuestras exportaciones puede tener una consistencia muy poco clara porque están todavía a tenor de los últimos cambios y porque realmente el mercado interior tampoco está consolidado. Nos gustaría que hubiera una
estrategia más consolidada que nos permitiera alegrarnos de esas mejoras en cuanto al mejor contenido de la exportación de nuestros productos -mayor valor añadido y más valor tecnológico-, pero ni eso ni los nuevos mercados a los que nos estamos
destinando dan la impresión de que realmente España esté desplegando y esté teniendo un posicionamiento estratégico en el mercado internacional y global que pueda ser seguido con una continuidad. Creo que más bien es fruto de la buena voluntad, de
un esfuerzo ingente basándose en esas oficinas españolas que tenemos muy veteranas en el exterior, pero creo que competimos con dificultad -y me gustaría saber un poco su valoración sobre esta cuestión- con todos los nuevos mercados que, insisto,
están destinando cantidades ingentes a su posicionamiento en el exterior.


Voy acabando, aunque veo que aún tengo la luz verde. Lo que está claro es que estos presupuestos no ayudan a que el sector exterior sea el motor de transformación del modelo de crecimiento, tal como nosotros queríamos. En el caso del
comercio interior también lo veíamos. Pensamos que tanto en lo que le comentaba antes de potenciar las oficinas comerciales en el exterior como en las colaboraciones con las comunidades autónomas en las competencias que tienen en el ámbito exterior
y en el interior -sobre todo en el interior para un plan de digitalización del comercio interior- sería una necesidad que debería venir prioritariamente de la Administración General del Estado, porque es cierto que algunas comunidades autónomas
están haciendo sus propios planes, pero no vamos a tener un comercio minorista potente a nivel español si no hay alguien que tenga esa visión de conjunto; es decir, si hubiera planes como ha habido en otras épocas en temas de calidad, en temas de
Iniciativas pyme. Si no hay una medida potente por parte de un ministerio que, aunando y coordinando lo que otras comunidades autónomas también necesitan, se ponga a la cabeza y luego puedan coordinar de qué manera se lanza y se cofinancian, no
tendremos un resultado final global para el país. Puede ocurrir que en una comunidad autónoma su comercio minorista esté megadigitalizado y que en la media española estemos en la edad de piedra o sufriendo el sector por la lógica decadencia porque
el comercio minorista se venga abajo. Me gustaría saber de qué manera pueden impulsarse ese tipo de medidas.


Por último, quería comentar dos o tres cuestiones que me preocupan. Usted ha hablado un poco sobre la red de oficinas económicas comerciales españolas en el exterior, pero no me ha quedado claro -seguro que tendrán los datos- qué evolución
ha habido en los últimos años, pongamos en los últimos diez años, en términos de número de oficinas, en países de destino, en número de personal que está adjudicado y en presupuesto disponible, y qué plan se prevé a tres años vista para ello. Usted
hablaba de que estaban bien ubicadas, pero me gustaría conocer si hay algún destino nuevo que usted quisiera; no me refiero a una carta a los Reyes Magos, pero sí si hay dos o tres mercados prioritarios en los que, por limitación presupuestaria, no
haya posibilidad. Nos interesa mucho tener constancia de cuáles son sus posibilidades y otra cuestión serán las limitaciones presupuestarias. Hablo de mercados especiales que a lo mejor nosotros no tenemos por qué conocer.

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En cuanto a las becas del ICEX, comparto con usted la valoración muy positiva que han supuesto estas becas sostenidas en el tiempo, la metodología de trabajo que tienen. Creo que usted ha hablado de un 21 % de aumento del presupuesto, pero
me gustaría saber en qué se va a traducir. Si no tiene ahora los datos, nos lo puede facilitar en el futuro. Yo hice una pregunta parlamentaria y me proporcionaron muy bien los datos desde el ministerio, pero se quedan en 2016. Se lo digo para
conocer desde 2016, con la previsión que tengan de 2018, cómo acaba este último ciclo: número de personas, convocatorias, inversión que se está destinando a ello y cuál sería el óptimo para ustedes.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señora secretaria de Estado de Comercio. Quería empezar sencillamente destacando algo de lo que usted ha dicho en su intervención. Entre las últimas cuestiones, decía usted que ha habido un
incremento moderado del presupuesto en comercio. Hablaba de unos 400 millones, con una subida para este año de unos 3 millones, es decir, es tan moderada que en términos reales es una bajada. Para no hacernos trampas al solitario, sería importante
reconocer que la política de recortes, por lo menos en lo que respecta a la cuestión del comercio exterior, sigue implementándose, aparte de que nuestro grupo parlamentario ya ha defendido que hay una serie de recortes acumulados desde el año 2009
que de alguna forma le dan continuidad a la política austericida que ha mantenido el Gobierno hasta ahora.


Quería hacer también una reflexión, señora secretaria de Estado, en torno a las bondades y características de su propio negociado, la Secretaría de Comercio Exterior, en el sentido de que no porque nos vaya bien en términos de Comercio
Exterior, en términos de datos macroeconómicos, esto tiene por qué ser necesariamente bueno para el país. De hecho, precisamente lo que se está demostrando -y luego ahondaré un poquito más en esta idea- es un síntoma claro de que los costes
laborales unitarios en España están tan reducidos y la política salarial ha sido tan restrictiva en estos últimos años que cómo no vamos a ganar en competitividad-precio con respecto al mercado exterior. Ya sería el colmo que encima de pobres ni
siquiera tuviéramos esa ventaja competitiva.


Quiero centrarme ahora también en la estrategia de internacionalización de la economía española de los próximos diez años, de 2017 a 2027, que ustedes han situado como gran articulador de lo que va a ser nuestra política comercial en los
próximos años. Quería destacar en ese sentido que ustedes plantean una serie de objetivos, básicamente objetivos nominales, cuantitativos. Hablan, por ejemplo, de exportaciones nominales de bienes por 400 000 millones de euros para 2027. Quisiera
preguntarle cuál sería la composición ideal de esas exportaciones, porque me da la sensación de que al referirnos solo a términos nominales estamos perdiendo el elemento más importante. Quizá usted, señora Poncela, coincida conmigo en la idea de
que lo importante es precisamente la composición de esa cesta exportadora. Hablan ustedes también de sesenta mil empresas que podrían exportar regularmente al cabo de esos diez años. Yo le planteo si ese aumento de la internacionalización de
nuestras empresas tiene que ver con la atonía de la demanda interna que sufre nuestro país desde hace ya una serie de años y que, evidentemente, habría forzado a las empresas españolas a buscarse las castañas fuera de nuestro país. Eso tampoco es
necesariamente una buena noticia.


Entrando ya punto por punto en algunos elementos de su plan plurianual y en los propios datos de los presupuestos de este año, querría hacer una serie de reflexiones que, si no le es mucha molestia, me gustaría que comentara también.


En primer lugar, hablamos de que las exportaciones de bienes y servicios vuelven a crecer prácticamente al mismo ritmo que crecían antes de la crisis; estamos hablando de un 4,8 del crecimiento anual medio entre 1999 y 2007 versus 4,6 en el
periodo 2014-2017. Hasta ahí, digamos, vamos bien. Claro, luego nos fijamos en la composición, señora Poncela, y vemos que la exportación de bienes en realidad crece a un ritmo marcadamente inferior al periodo precrisis -hablamos de un 5,3 que
crecía antes a un 3,9 que crece ahora- y, sin embargo, es la evolución de los ingresos por turismo lo que justifica que estemos ahora mismo en estos niveles. Da la sensación de que cada vez más nos estamos convirtiendo en un país de monocultivo, un
monocultivo que sería la industria del turismo. No tiene nada de malo -lo hemos dicho ya en otras ocasionas en este y en otros espacios- tener un turismo tan

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potente como el que tiene España, el problema es cuando dependemos casi en exclusiva de esa partida, que además, por lo que usted sabe, es absolutamente sensible a los ciclos económicos y, por lo tanto, nos hace ser especialmente víctimas de
esos vaivenes que se producen a nivel mundial.


En segundo lugar, querría detallar un poco y escuchar sus comentarios en relación con el hundimiento o estancamiento de la demanda interna, lo que habría provocado en última instancia esa búsqueda de mercados a nivel exterior. Creo que
también es un dato a reseñar, porque tener un país cuyo mercado interno pierde consistencia, solidez, etcétera, no es ni mucho menos una buena noticia para el país, aunque efectivamente, como digo, el negociado de comercio exterior se pueda ver
coyunturalmente beneficiado.


En tercer lugar, señora Poncela, quisiera hablar de la base exportadora. Tenemos la sensación de que la base exportadora de la economía española ha crecido sobre todo entre los años 2010 y 2013 un 11 % anual. Ahí fue cuando se produjo esa
explosión de nuestra base exportadora, pero esto tiene más que ver -parece- precisamente con esa caída de la demanda interna que antes comentábamos, que con el propio impulso de las exportaciones. Solo le quiero destacar un dato que daba el ICEX
hace relativamente poco, y es que, a pesar del aumento de la base exportadora en España, solo el 1,5 % del tejido empresarial concentra el 94 % de las exportaciones de bienes. No está precisamente muy distribuido.


En cuarto lugar, querríamos hablar también de las exportaciones de alto contenido tecnológico, algo que ya hemos tenido ocasión de comentar en anteriores exposiciones. Da la sensación, señora Poncela, de que el peso relativo de este tipo de
exportaciones sigue más o menos estancado en un 9 %. Por lo tanto, si hay que concluir algo de estas cuatro premisas que acabo de exponer es que no hay una mejora de la composición de nuestras exportaciones y el aumento de la base exportadora me
temo que no es suficiente para asegurar que el diagnóstico de la salud de nuestro comercio exterior esté mejorando.


En quinto lugar, señora Poncela querría hablar de la competitividad-precio en la que se sitúa la economía española, lo que explicaría en gran medida ese aumento de las exportaciones. Yo querría preguntarle, señora secretaria de Estado:
¿conoce usted la paradoja de Kaldor? ¿Ha oído usted hablar de esa paradoja? Se lo comento muy rápido. Básicamente, lo que estableció el señor Kaldor, Premio Nobel de Economía, es que cuando disminuyen los costes laborales unitarios en una
economía, lo que suele ocurrir a medio y largo plazo es que disminuye la competitividad, en contra de lo que algunas lógicas invitarían a pensar. ¿Cree usted que España está entrando en una situación que podríamos calificar como una paradoja de
Kaldor? Es decir, ¿podría estar ocurriendo que nuestros costes laborales unitarios estén bajando y esto, lejos de garantizar una mejora de la competitividad a medio y largo plazo, la estaría comprometiendo? Le rogaría que, por favor, se
pronunciara también al respecto.


Quiero hacer también un comentario en relación con las cadenas globales de valor, algo que se ha puesto de relieve en las últimas intervenciones y que recuerdo que el año pasado, en los Presupuestos Generales del Estado, en la cartera de
comercio, fue unos de los temas a discutir quizá más interesantes. En principio, todo parece indicar que España poco a poco se va integrando en esas cadenas globales de valor, lo que pasa es que, según los estudios que he podido consultar, señora
Poncela -quisiera que usted me lo confirmara o me lo matizara-, tenemos una especie de aumento de la participación backward -como dicen técnicamente- y no forward. Es decir, que al final lo que está ocurriendo es que la integración de España en
esas cadenas globales se da más bien por el lado de las importaciones que por el lado de las exportaciones, que sería -entiendo yo- algo bastante más sano.


Finalmente querría hablar, señora secretaria de Estado, sobre el impacto que la evolución del comercio exterior en España ha tenido sobre el empleo. Como sabe usted, los sectores donde más se ha creado empleo han sido básicamente comercio,
transporte y hostelería. Estamos hablando de rúbricas muy asociadas al negociado que usted gestiona. Tengo la sensación de que si seguimos engordando aquellos empleos que ofrecen un menor valor añadido, que ofrecen mayor temporalidad, mayor
precariedad, vamos a seguir sin ofrecer una alternativa de futuro a este país; vamos a seguir ahondando en un modelo en el que, como les decía, nos concentramos exclusivamente en ofrecer servicios de turismo. Parece que la construcción ya no tiene
el papel preponderante que tuvo en años precrisis, pero desde luego no se podría decir, señora Poncela, creo yo, que sea un crecimiento equilibrado. No me parece que se esté proyectando un cambio del aparato productivo español, que requiere
urgentes medidas de actualización. Querría, por favor, que me detallara alguna noción sobre esto.


Hablamos el año pasado, señora Poncela, y creo que es pertinente que también lo hagamos en este, de ciertos vientos de cola que han impulsado particularmente la economía española.

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El señor PRESIDENTE: Señor Guijarro, vaya concluyendo, por favor.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí. Gracias presidente.


Estoy hablando concretamente de los precios del barril de petróleo, que -como ya discutimos el año pasado- siguen empujando a la economía española hacia delante en la medida en que nuestra dependencia de combustibles fósiles, como usted
sabe, es superior a la del resto de los países europeos. Enfatizo también las cuestiones de la devaluación salarial y el mercado de trabajo, porque, como seguramente usted sabrá, la obsesión de todas y todos nosotros es intentar que el empleo en
este país se recupere y que los trabajadores y las trabajadoras tengan los salarios dignos que por desgracia hoy no tienen.


Por último, ya para resumir, señor presidente, quiero ahondar en la idea de que nuestra inserción comercial se produce de una forma cualitativamente pobre -vamos a decirlo así- y ello se debe básicamente a dos elementos que ya he comentado
pero que quiero destacar para cerrar esta intervención. En primer lugar, mantenemos la composición con bajos valores añadidos y, en segundo lugar, tenemos una integración en las cadenas globales de valor que sencillamente no va en la dirección que
todas y todos hubiéramos querido.


Por lo demás, le agradezco su comparecencia. Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Poncela, y bienvenida a esta Comisión.


La estaba escuchando hablar de los buenos datos de las exportaciones. Como hemos tenido ocasión de debatir en otras comparecencias ante la Comisión de Economía con usted, creemos que estos datos se deben básicamente a que a las empresas,
ante la crisis que ha habido en España, no les ha quedado más remedio que buscarse la vida para sobrevivir y exportar. Ese es un hecho positivo, pero en su comparecencia hemos visto que hay una cierta autocomplacencia, porque nos ha dicho que en
España las exportaciones están creciendo a un ritmo que está por encima de los países de su entorno. Sin embargo, nosotros vemos algunos datos que nos preocupan, porque reflejan que esas exportaciones van disminuyendo poco a poco. Si no se toman
medidas, si no se hacen cambios, si no se hacen reformas, lo que habíamos ganado con las exportaciones, lo que había sido positivo en estos años lo vamos a perder.


En 2017, la cifra de crecimiento de la economía española ha resultado ser del 3,1 % en términos reales, pero la contribución de la demanda interna ha estado ligeramente por encima de lo previsto y ha compensado una menor aportación del
sector exterior: 0,3 puntos porcentuales frente a 0,7. Precisamente los mayores errores en las previsiones de los presupuestos generales del pasado año, de 2017, según la Airef, se han concentrado en las exportaciones, que han evolucionado 1,1
puntos porcentuales, de forma más contenida que la tasa que había previsto el Gobierno. En el cuadro macro que ustedes presentan en estos presupuestos generales, el Gobierno fija la aportación del sector exterior al crecimiento en el 0,4 %. ¿Ve
esto prudente? ¿Ve esto razonable? ¿Le parece que se puede conseguir? ¿Cree que van a llegar a esas aportaciones del sector exterior? Nos preocupa que se espere tanto del sector exterior y que por parte del Gobierno se esté haciendo tan poco.
Se deberían hacer mayores esfuerzos y reformas, tal como está el mundo actualmente. Hay señales de proteccionismo en Estados Unidos, en la Administración Trump, y nos preocupan, dados los datos que su propia Secretaría de Estado de Comercio ha
elaborado en el último trimestre. Dice que el índice de tendencia de competitividad, basado en los precios del consumo, frente a los países desarrollados, refleja una pérdida de competitividad en el cuarto trimestre de 2017 del 3,3 % interanual, si
bien es verdad que respecto a la Unión Europea se registró una ganancia de competitividad del 0,2 %. Esto lo justifican básicamente por los tipos de cambio, pero refleja que hay que apostar más por unas exportaciones de alto valor añadido. No
podemos estar compitiendo en precios más bajos, porque por ahí no vamos a poder ir.


Usted ha señalado en su comparecencia -lo hizo también el ministro en su reciente comparecencia ante la Comisión de Economía- que uno de los objetivos del Gobierno es aumentar el tamaño de las empresas, porque con la estructura empresarial
que tenemos en España -fundamentalmente son empresas pequeñas y microempresas- es difícil que puedan dedicarse a exportar. Nuestras grandes empresas son igual de competitivas que las alemanas y las francesas, incluso más, pero nuestro problema es
que tenemos una estructura empresarial con muchas microempresas y pequeñas empresas que

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difícilmente se pueden dedicar a exportar y a invertir en I+D+i. El aumento del tamaño de las empresas no es necesariamente una cuestión de presupuestos, aunque esta sea una comparecencia de presupuestos, sino que hay un importante problema
con la regulación. Existen unas barreras que regulan el crecimiento de las empresas. En el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos había un punto para eliminarlas y esperamos que el Gobierno cumpla con dicho acuerdo, porque no
es cuestión de dinero, sino de voluntad política, de que el Gobierno traiga las reformas que harían que se eliminasen esas barreras que regulan el crecimiento de las empresas.


En su intervención ha dicho que uno de los objetivos que pretenden es la diversificación de las exportaciones, que se quieren abrir a nuevos mercados, fundamentalmente a Asia, a China y a India. Lo vemos positivo, claro que sí, ya se lo
hemos dicho en otras comparecencias, pero en las mismas también nos dijo que iba a hacer una reorganización de su secretaría. Hasta ahora había una Subdirección General de Europa, Asia y Oceanía, y esta mañana he mirado la página web y siguen con
la misma organización. No sé si es un error de la página web -ahora me lo podrá explicar-, pero veo que la página web sigue estando igual. Me sorprende cómo se puede abarcar tanto territorio. Es imposible que se pueda hacer una labor comercial
exterior eficaz abarcando Asia, Oceanía y todo lo que es Europa que no sea la Unión Europea.


Centrándome en los presupuestos, como ha dicho, prácticamente se mantienen igual. Crecen ligeramente, pero hay una reorganización de los diferentes programas y quería que, por favor, nos explicase a que se debe la misma. Es conocido por
todos que Ciudadanos apoya el presupuesto que ha negociado con el Gobierno por una cuestión de responsabilidad, para dar estabilidad al país. Y en este ámbito, para cambiar el modelo productivo, como decíamos, para que podamos exportar productos de
alto valor añadido y que no dependamos de competir en precios, Ciudadanos ha negociado diferentes partidas que beneficiarían y ayudarían a ese cambio de modelo productivo. Son 30 millones adicionales para la Red Cervera de transferencia
tecnológica. Sería un total de 530 millones, y esperemos que este año el Gobierno la ponga en marcha, pues sería muy positiva para nuestras empresas y nuestras pymes. Hay 90 millones para impulsar la economía digital, la fibra óptica y para todas
estas cuestiones de la industria 4.0 y, cómo no, hay 520 millones para impulsar la Ley de autónomos, un sector del comercio minorista. Muchas veces nos centramos en las exportaciones, en el comercio exterior, y no en el comercio minorista, un
negociado que está básicamente está formado por autónomos, y hay 520 millones para esa Ley de autónomos de Ciudadanos, que es muy positiva, y por eso apoyaremos el presupuesto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidente.


Muchas gracias por su comparecencia de hoy y por las explicaciones que nos ha dado, en un contexto internacional marcado todavía por la incertidumbre del brexit y por las medidas proteccionistas que amenazan al comercio internacional. Es
verdad que la tecnología y la globalización han cambiado y las relaciones comerciales y los hábitos de los consumidores también lo han hecho, por lo que habría que establecer medidas en este sentido de las cuales algunas explicaciones nos ha dado.


Es verdad que los Presupuestos Generales del Estado crecen ligeramente. Hay una serie de programas de comercio que incluyen créditos por 419 millones, un 1 % más para apoyar la internacionalización, y me gustaría saber si cree que existe
una verdadera cultura preempresarial en este sentido a la hora de que las empresas se internacionalicen y si realmente prevén que toda esta partida se vaya a ejecutar, si las empresas lo van a solicitar.


También nos ha hablado de las exportaciones. Dice que es un sector competitivo, pero tenemos que conocer en qué aspecto lo es, si es por precio o por valor añadido, porque no hay que olvidar que es la productividad de las empresas la que
nos permite que una economía pueda pagar salarios al trabajo. A pesar de que los datos dicen que hay una mejora, parece que todavía el peso de las exportaciones de alta tecnología sobre el total de bienes manufacturados sigue siendo pequeño. Me
gustaría saber si tiene esta ratio. Porque, además, el Informe Global de Competitividad Mundial 2017, del IMD Worl Competitiveness Center, dice que España ocupa el puesto cuarenta y nueve de sesenta y tres y solo quedan cuatro países europeos por
detrás de ella en ese sentido.


Conseguir financiación para emprendedores y negocios pequeños también requiere un cambio, como usted ha dicho, en las fuentes de financiación, por ejemplo a través de garantías o avales. En ese sentido,

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me gustaría saber si ha oído algo acerca de las críticas de las sociedades de garantía recíproca, que hablan de falta de apoyo en los Presupuestos Generales del Estado a las pymes y que, además, dicen que se ha recortado el presupuesto de
Cersa, a pesar de que tenga un importe doble de lo consignado en 2017, porque ya en ese año había sufrido un recorte bastante importante.


Por otro lado, en la descripción general de los objetivos del sector se nos habla de que, en el caso del comercio interior, uno de los objetivos es favorecer la unidad de mercado, creando un entorno favorable para las empresas e
introduciendo mecanismos de homogeneización de normativa, básicamente. No sabemos si esto es para abordar una recentralización del Estado, vulnerando de esta manera las competencias que puedan tener las comunidades autónomas en este sentido. Me
gustaría conocer si esto va a ser así o si piensan abordar esta cuestión de la ley de unidad de mercado en coordinación con las comunidades autónomas.


Estamos de acuerdo en que se necesita un plan de internacionalización -en Euskadi, desde luego, lo tenemos-, sobre todo para conceder ayudas a las empresas, formación en capital humano y consolidación de una red exterior. En esto voy a
coincidir con los señores de Ciudadanos. Una cuestión importante para las empresas y las administraciones es la selección de mercados y, en este sentido, ustedes han marcado una serie de mercados prioritarios que creo que son excesivos y no sé si
alguno va a tener alguna prioridad, porque siempre oímos que hay que ir a los mercados emergentes, porque las exportaciones están concentradas en la Unión Europea y habría que diversificar. Me gustaría saber si van a dar prioridad a alguno o van a
ser todos estos mercados.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


A continuación, por el Grupo Mixto, Partit Demòcrata, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Quiero agradecer a la señora Poncela su comparecencia hoy aquí y su exposición, aunque entiendo que no se han presentado más líneas generales que la cuestión presupuestaria, que es la que nos ocupa aquí y sobre la que vamos a intentar
interpelarla y pedirle algunas aclaraciones.


La verdad es que yo esperaba con cierta expectativa esta comparecencia, porque, como usted sabrá, señora Poncela, el Pleno del Congreso de los Diputados celebró en la última sesión una interesante sesión, como lo son todas las de esta casa,
por supuesto, y se sometió a discusión una proposición no de ley del Partido Popular relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional. El portavoz del Partido Popular la defendió con gran diligencia y entusiasmo, a pesar de lo cual no
contó con el apoyo del resto de los grupos; los socios naranja lo apoyaron allí para no apoyarlo al final en el presupuesto. Les recuerdo -la señora Poncela igual no lo conoce- que instaba al Gobierno a apoyar las campañas divulgativas que
destacan las ventajas del comercio minorista tradicional y a impulsar la colaboración público-privada para apoyar el desarrollo del comercio minorista y fomentar su transformación digital. Y uno piensa: Seguro que habrá reflejo en el presupuesto
para esta moción tan bien intencionada. Pero uno coge el libro amarillo para ver qué destaca el Gobierno del presupuesto en comercio minorista y lee: Apoyo al comercio interior favoreciendo la unidad de mercado y la modernización del sector. Uno
lo lee y coincide en que es exactamente lo mismo que venía en el libro amarillo del año pasado, con una diferencia. Dice: Estas actuaciones se atenderán a través del programa presupuestario de ordenación y modernización de las estructuras
comerciales, que cuenta con una dotación para 2018 de 9 millones de euros. El año pasado eran 5 millones de euros y, por tanto, uno tiene la expectativa de que estos 4 millones de euros van a tener un impacto directo sobre el comercio minorista que
tanto le preocupaba al Partido Popular. Como ha dicho usted, es verdad que en el conjunto de los tres programas de su responsabilidad hay un incremento de 3 millones de euros, y uno piensa que se deben concentrar, precisamente, en este programa
-por si a alguno de ustedes le interesa, el programa es el 431.O, de ordenación y modernización de estructuras comerciales- y uno se pregunta: ¿Dónde se concentra el incremento de los 3 millones, prácticamente 4 millones de euros del programa? ¿Va
a beneficiar directamente a los comerciantes, a estos comerciantes de Tarragona que don Sergio del Campo seguro que conoce y por los que está preocupado a causa del impacto que en ellos puede tener? Uno ve las transferencias de capital y ve que son
las mismas que el año pasado. Analiza el capitulo 4, transferencias corrientes, y son las mismas que el año pasado. Uno analiza gastos corrientes, y son los mismos que el año pasado. Por tanto, ¿dónde se concentra este incremento de prácticamente
4 millones de euros en este programa? Se concentra en el capítulo 1, gastos de personal. De aquí nuestra primera pregunta: Si el incremento de

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estos -prácticamente, 4 millones de euros en el programa de ordenación y modernización de las estructuras comerciales- se concentra en capítulo 1, sería bueno que explicara, más que a nosotros a estos millones de comerciantes -si no recuerdo
mal la intervención de la portavoz del Partido Popular en el último Pleno- que levantan la persiana cada día, cómo les van a beneficiar estos 3 millones de euros dedicados a más funcionarios y más personal del ministerio. Seguro que vamos a
encontrar en su respuesta una explicación, pero desde nuestra óptica esa no es una apuesta por el comercio minorista ni va a apoyar campañas de divulgación de las ventajas del comercio minorista, ni mucho menos va a impulsar la colaboración
público-privada que allí sí que parecía que era un elemento importante. Sí que impulsa esta colaboración público-privada -se lo recordaba la semana pasada- la Llei de Comerc y Servei de Fires, la ley aprobada por este parlamento secesionista que
solo pensaba en el monotema, pero que en agosto de 2017 aprobó esta ley. Pero, claro, esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, esencialmente, por no coincidir con el criterio de los horarios comerciales de las leyes españolas.
Nosotros entendemos que se protege, quizá no presupuestariamente, al comercio minorista estableciendo unos horarios más racionales que les puedan hacer más competitivos con las grandes superficies comerciales. En todo caso, ese es un criterio.


En cuanto al resto de programas, el programa de promoción comercial e internacionalización de la empresa tiene una leve disminución de 1 millón de euros y el de ordenación del comercio exterior una disminución insignificante de 100 000
euros. En todo caso, es un presupuesto de muchísima continuidad, excepto esta partida de personal, que seguramente tendrá una explicación. Dado que aquí no hay subvenciones naranjas ni complementos naranjas, el portavoz del partido Ciudadanos ha
venido a explicar otras partidas que no están en los programas que nos ocupan en este momento. Es obvio que en estos tres programas no ha habido aportación de Ciudadanos, porque son continuistas, son las mismas cantidades, excepto estos
prácticamente, 3 millones y medio más de personal que seguramente nos explicarán. Pero cuando hablamos del comercio minorista, tenemos que hablar de las partidas presupuestarias destinadas al mismo por la Administración central del Estado,
independientemente de las competencias autonómicas que ya conocemos, que queremos ejercer y que, constantemente, son respondidas con apelaciones al Tribunal Constitucional.


Dicho esto, en cuanto al comercio exterior, si bien es verdad que presupuestariamente no hay novedades, sí que nos gustaría saber si estos límites de crédito tanto del FIEX como del Fonpyme o del FIEM, si se habían agotado en 2017, o si
pasaba como en otros ámbitos, donde una cosa era la limitación preexistente y otra cosa era la parte ejecutada. En todo caso, coincidimos con usted en que la marcha del comercio exterior ha sido buena. Ha sido buena en el conjunto del Estado
español; también ha sido buena en Cataluña. Lo digo porque el procés tenía que afectar al comercio exterior, se exportaría menos; de hecho, las exportaciones en Cataluña durante este año han batido récords, y me parece que es el tercer trimestre
en el que las exportaciones superan a las ventas en el resto del Estado español por parte de las empresas catalanas. Nos parece razonable intentar fomentar o potenciar algunas áreas fuera de la Unión Europea. Seguramente se debería incidir más en
este aspecto, aunque efectivamente el reflejo presupuestario no lo vemos.


En todo caso, si en algunos programas los presupuestos son continuistas, a pesar de que desde el Grupo Parlamentario Popular vayan apelando al Gobierno para que cambie de políticas, son estos tres los que le toca defender.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Píriz.


El señor PÍRIZ MAYA: Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora secretaria de Estado, muchas gracias por su explicación, por su trabajo y por su paciencia. Como habrá podido comprobar, da igual que se plante aquí con resultados históricos para nuestro comercio exterior; da igual que
nada de lo que dijeron el año pasado la mayor parte de los grupos que están aquí hoy se haya cumplido, porque su negatividad es impostada. Ellos saben que España es un país moderno y que nuestra economía no crece por casualidad o por vientos de
cola. Ellos saben, aunque no lo reconozcan, del mérito de los datos que usted ha expuesto aquí hoy. Solo hay que repasar el Diario de Sesiones del año pasado con el de hoy para ver tantas similitudes en los discursos y en los presagios. Como
políticos no sé cómo les irá, pero como futurólogos empiezo a preocuparme por su sostenibilidad personal, señores de la oposición.

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Las exportaciones españolas han batido en 2017, en contra de las previsiones de algunos, un nuevo récord, con un crecimiento nominal del 8,9 % como resultado no ya de la acción de un gobierno, sino de la competitividad de las empresas, de la
profesionalidad de los empresarios, que son los verdaderos artífices de este récord. Obviamente, ayuda la situación del comercio internacional, así como, sin duda, el gran momento que vive la economía española, que ha cerrado 2017 creciendo al 3,1
%, 7 décimas más que la media de la Unión Europea. Estas exportaciones también crecieron en Cataluña, señor Bel, pese a su procés y pese a ustedes.


Yo sé que para algunos todo es casualidad, pero para nosotros es causalidad; o mejor aún, es la consecuencia de políticas bien diseñadas y bien desarrolladas para acompañar al empresario en esa difícil tarea de salir de su zona de confort,
de su mercado local y abordar desafíos internacionales, con incomodidades como los tipos de cambios, los idiomas o las diferentes regulaciones. Para que este salto se produzca es necesario ese acompañamiento de nuestras administraciones públicas, y
este presupuesto es un ejemplo de que se sigue apostando por acompañar al empresario en su salto internacional. Me dirijo a ellos, aquí y ahora, y les digo alto y claro que este presupuesto es una apuesta por esa internacionalización de sus
empresas, que es un presupuesto que busca seguir generando empleo en nuestro país y que, frente a los que siempre lo ven todo negativo o a los que están en el no o en romper nuestro país, hay partidos -y yo hablo por el mío- que diseñan presupuestos
que apuestan por acompañar a los empresarios en ese salto internacional, quizá en la decisión más complicada de cualquier empresario. Que las exportaciones hayan alcanzado en 2017 el importe de 277 126 millones de euros, frente a unas importaciones
de 301 870, con un déficit, por tanto, en la balanza comercial de 24 744, es un dato irrefutable y muy positivo. En términos reales, no nominales, el crecimiento de las exportaciones de algo más del 8 % frente al de las importaciones del 5,5 %
certifican el papel principal que juega al sector exterior en la economía de un país moderno como el nuestro. Este incremento de las importaciones nos indica la recuperación de la demanda interna y la elasticidad más importante que tienen las
importaciones a la renta frente a las exportaciones.


España ha sido el país de la Unión Europea, exceptuando el Reino Unido, que más crecimiento ha tenido en sus exportaciones frente a la media de la zona euro, que creció un 7,2 %, y lo hemos hecho por encima de Alemania, Francia o Italia.
Igualmente, por sectores de actividad, los que mejor resultado han presentado, en términos de exportaciones, han sido los bienes de equipo, no precisamente un sector de bajo valor añadido, las manufacturas para el consumo, con un crecimiento del 9,7
%, y los productos químicos, con 7,8 %. Históricamente, las exportaciones de la economía española tenían mucha sensibilidad a la demanda interna; esto es, nuestras empresas salían principalmente cuando esta demanda se comprimía. El que sigan
saliendo con una demanda interna muy pujante nos hace ver que este cambio es ya un cambio estructural de nuestra economía, que nuestras empresas salen a los mercados exteriores para quedarse compitiendo en ellos.


A partir de ahora, mantener este crecimiento va a requerir ser muy intensivos en el uso de la innovación por parte de nuestras empresas para ganar en competitividad, ya que es la única vía para mejorar los costes de producción en un
escenario en el que irán mejorando los salarios de las empresas españolas. Aquí está la paradoja de Kaldor de 1978, que nos comentaba el portavoz de Podemos, que creo que se tiene que releer y saber exactamente el contenido y el concepto de la
paradoja de Kaldor, porque yo creo que no la ha aplicado correctamente. La innovación se convierte, pues, en un factor clave de crecimiento, y la subida de más de 500 millones de euros en estos presupuestos de 2018 en esa área viene a apostar por
esta línea. Todo ello requerirá que haya que seguir ahondando en el cambio de chip de nuestro tejido empresarial, que en el MID de productos exportados tiene que seguir trabajando para mejorar la calidad de las exportaciones. Es decir, conseguir
mejorar el volumen de las exportaciones, principalmente en aquellas actividades de alto valor añadido.


En este punto quería preguntarle a la señora secretaria de Estado por las actividades que considera fundamentales para seguir cambiando ese patrón de crecimiento de las exportaciones españolas. Ayer mismo conocíamos que España se ha
convertido en el mayor país del mundo exportador de un producto como el vino; somos el principal exportador en volumen, que no en valor, dado que el precio medio es mucho más bajo que en otros países que en valor nos superan. Señora secretaria de
Estado, ¿qué acciones contempla el presupuesto para mejorar la competitividad de nuestras empresas en el extranjero, vía mejores precios de nuestros productos? Aunque el año pasado lo recalcó, este año ha vuelto a hacerlo; en exportaciones el
tamaño importa y mucho, ya que las empresas exportan más cuanto más grandes son; unas exportaciones también que siguen muy concentradas, lo que demuestra que de

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las 161 000 empresas exportadoras, las 500 mayores empresas por volumen de exportación exportan más del 50 % del total. Le pregunto, ¿cómo afectará el presupuesto a su pretensión de incrementar el tamaño medio de la empresa exportadora y a
la diversificación de las mismas?


Señora secretaria de Estado, son estos unos presupuestos buenos para España, y con ello nuestro país volverá a crecer por encima de la media europea y volverá a generar más empleo y cada vez de mayor calidad, pese a los agoreros y aspirantes
a pitonisos. Estos son los presupuestos que nuestro país necesita y reclama y los presupuestos que seguirán dinamizando nuestras empresas y mejorando su competitividad. En esta encrucijada histórica, con los primeros presupuestos claramente
expansivos desde la crisis en la que nos metieron a todos, España necesita de todos; necesita de nuestros comerciantes en nuestras plazas y calles que abran sus persianas cada día, que sean competitivos y se abran al mundo 2.0.


Señor Bel, pronto tendrá alguna noticia sobre el apoyo al comercio minorista, no lo dude, pero ya le podemos hablar que las rebajas fiscales que se han planteado; por ejemplo, las deducciones en la tarifa de autónomos son ayudas al comercio
minorista. España necesita de estas empresas cada vez más grandes y que asumen los retos de mercados extranjeros, pero España también necesita unos partidos políticos que apuestan por el futuro de nuestro país, que apoyen estos presupuestos que son
buenos para España y buenos para los españoles. Necesitamos una oposición que se mire al espejo y se plantee si realmente su voto negativo no va a afectar a la vida de la gente. Y si la respuesta es positiva, si un voto negativo puede perjudicar a
la vida de la gente, yo les pediría que la mirasen a los ojos y se lo dijeran, que les dijeran a los españoles que van a votar contra estas cuentas no por el interés general, sino por el interés particular de un líder que abandonó el sentido de
Estado para vivir en Neverland, el país de Nunca Jamás, ese sitio en el que los niños no crecen y viven sin responsabilidad alguna solo pendientes de las fiestas. Salgan de Neverland, porque la fiesta acabó hace mucho, vuelvan a pensar en el futuro
de los españoles y apoyen estos presupuestos, que son buenos para nuestro país. Ya lo dijo Churchill: 'El precio de la grandeza es la responsabilidad'. Señores, seamos todos grandes.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Para concluir, tiene la palabra la señora Poncela para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Muchas gracias.


La verdad es que me gustaría poderles enseñar este gráfico de la evolución de las cuotas de mercado mundiales a lo largo de los últimos años (muestra un gráfico). Empezaré por decirles que en este año 2017 que acabamos de cerrar, de los
veinte primeros países que podemos decir que son los principales jugadores en el comercio mundial solo cinco han mantenido o mejorado un poquito su cuota de mercado mundial. Todos los demás la han perdido. Respecto de los que han mejorado cuota de
mercado mundial, estaríamos hablando de Holanda, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Taiwán e India. Estos son los únicos países del mundo que han conseguido mejorar cuota, y así ha ocurrido en los últimos años. Hasta China, que normalmente tiene una
mejora de cuota de mercado mundial espectacular -pasando de un 3 % en el año 2000 al casi 13 % actual-, el resto de los países pierden cuota de mercado mundial porque el mismo pastel hay que repartirlo entre muchos más países que han entrado a jugar
al comercio internacional. Por tanto, el hecho de que España mantenga su cuota de mercado mundial creo que es para felicitarnos, reconocer lo que están haciendo nuestras empresas y alabar el trabajo que se está haciendo fundamentalmente por parte
de las mismas, pero no solamente en el ámbito de los bienes -esta es la cuota de mercado mundial en bienes-, sino también en servicios.


Yo lamento decirle al señor Guijarro que ni muchísimo menos somos un país en el que solamente nos dediquemos al turismo. Más del 50 % de las exportaciones en servicios son exportaciones no turísticas, por tanto, estamos exportando talento
español y estamos exportando servicios empresariales que acompañan a nuestros exportadores y a nuestros inversores en el extranjero. Ese tipo de exportaciones, que, como digo, son servicios profesionales de apoyo a la exportación, son empresas de
consultoría, ingenierías, la banca, los seguros, abogados, etcétera, están generando más del 50 % de los ingresos por servicios de este país. España está ganando cuota de mercado mundial también en el mundo de los servicios, y hoy tenemos una cuota
de mercado del 2,6 %. Y no todos los países ganan, sino que también somos de los pocos países que ganan cuota de mercado en este ámbito.

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Respondiendo al portavoz de Ciudadanos, le diré que la estructura que tenemos la cambiamos en mayo de 2018. Es cierto que a lo mejor, cuando usted ve que hay una subdirección que lleva Europa, Asia y Oceanía, esta lleva Europa, pero no la
Unión Europea, sino todos los demás países. ¿Dónde ponemos la frontera de Europa? El otro día me decía el embajador de Azerbaijan que ellos eran Europa. Por tanto, a veces tenemos el problema de dónde ponemos el límite de Europa, si en los Urales
o si lo trasladamos, pero podemos decir que esa subdirección lleva Europa, no la Unión Europea, sino, como digo, todos los países que no son de la Unión Europea, y fundamentalmente Asia -que es donde está creciendo sobre todo esta cuestión- y
Oceanía.


Por tanto, hemos cambiado la estructura, y de ahí los cambios de los programas que decía usted. Hemos cambiado los programas porque entendemos que con la digitalización hoy cada vez hay menos barrera entre comercio exterior y comercio
interior. Hoy en ventas online hay muchas empresas teóricamente de comercio local, de comercio doméstico, que están exportando. Por ejemplo, el tercer mayor marketplace de este país es El Corte Inglés, que todo el mundo lo consideraría como una
empresa local, una empresa que vende en comercio local. Pues bien, esta empresa está exportando a través de su marketplace. Por eso, entendemos que la economía digital tiene que llevar a nuevos paradigmas, a una nueva forma de concepción, y hemos
hecho una adaptación de nuestra estructura intentando adaptarnos a la economía digital y trabajando el mundo de las ventas online sin preguntarnos si es para vender aquí o para vender allí. Una pequeña tienda de cualquier barrio de nuestra ciudad
que reciba turistas puede perfectamente seguir vendiendo cuando el turista vuelve a su casa y quiere seguir consumiendo ese producto español que ha consumido en nuestro país. De ahí el cambio de estructura, a la que hemos adaptado los programas.


La señora Botella me preguntaba si la red exterior es adecuada. Tenemos noventa y ocho oficinas en el extranjero y estamos realizando un redespliegue de personal, redespliegue que debido a la situación presupuestaria, que no es la que nos
gustaría, y a que a causa de la crisis y de los ajustes del presupuesto hemos tenido que ganar en eficiencia de nuestra red, hoy tenemos, como digo, noventa y ocho oficinas y estamos haciendo despliegue de personal -sin apertura de oficinas- hasta
que veamos una especie de avanzadilla, hasta que veamos que en esos países donde nos estamos redesplegando haya muchas empresas en esos nuevos mercados. Por tanto, cuando veamos por cifra de negocios que esos mercados están tomando mucho más
potencial, pasaremos a abrir oficina. Por tanto, respecto a estas noventa y ocho oficinas en el extranjero, más las direcciones territoriales que tenemos en España, el ICEX y los servicios centrales, conectados todos como una sola red, lo que hemos
hecho a lo largo de estos años de crisis donde no podíamos crecer en presupuesto ha sido exigirles que hicieran más con menos presupuesto pero con mayor eficiencia. ¿En qué basamos esa mayor eficiencia? Por una parte, en el mejor uso de los
recursos humanos y en el mejor uso de los medios a disposición de los recursos humanos, pero sobre todo hemos puesto a disposición de toda esta red un sistema que llamamos CRM o digitalización de la propia red. En estos momentos, toda la red está
conectada a través de este sistema CRM, de tal manera que cualquier empresa, entre por la oficina que entre de la Secretaría de Estado de Comercio, bien sea en Singapur, bien sea en Valencia, bien sea en el ICEX en Madrid o bien sea en servicios
centrales, quede perfectamente identificada y localizada y cualquier operario de la red pueda ver todo el historial de esa empresa en cualquiera de los mercados por los que haya entrado y que nosotros hayamos atendido.


Evidentemente, en este país tenemos 3 millones de empresas, pero que hoy por hoy se dediquen al comercio exterior tenemos unas 200 000. De ellas, 161 000 están ya exportando, pero si metemos a todo nuestro comercio minorista a exportar, a
vender de vez en cuando fuera, podríamos incluso superar esa cifra de las 200 000. Hoy tenemos 161 000 empresas exportando -eran 139 000 al inicio de la crisis, con lo cual esta cuestión ha crecido de manera importante- y tenemos más de 50 000
exportando ya regularmente. En concreto, casi un tercio de las que exportan regularmente -exactamente un 32 % de de las 50 500 empresas que exportan regularmente- exportan el 95 % del total del valor. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente
tenemos grandes empresas, entre ellas las multinacionales que son parte de las principales exportadoras de este país, cuyo monto es muy importante, cosa que a mí no me importa, porque, puesto que nuestro tejido empresarial es de pequeña empresa, en
la medida en que esas pequeñas empresas empiecen con pequeñas exportaciones, esas pequeñas exportaciones les ayudarán a ir creciendo y acabarán teniendo una cifra de exportación más importante.


Uno de los objetivos de la estrategia no solamente es ganar en eficiencia, sino también en mayor coordinación institucional. Nos coordinamos con las comunidades autónomas y para eso tenemos la

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conferencia sectorial -la tendremos dentro de unos días-, donde coordinamos nuestros programas mutuos para ver qué más cosas podemos hacer en común. En ese sentido, a lo largo de estos años, a muchas de las oficinas comerciales de las
comunidades autónomas se les ha ofrecido ubicarse dentro de la oficina comercial de la embajada de España y lo han aceptado; allí compartimos espacios, experiencias y clientes. Esto también lo hemos hecho con otras instituciones tanto del
ministerio como de fuera, como pueden ser el ICEX y el CDTI, los cuales trabajan hoy en día mucho mejor conjuntamente. Afortunadamente, tuve la suerte de ser la presidenta del CDTI hace unos años y en ese sentido impulsé una mayor conexión del CDTI
con el ICEX y, gracias a ello, el departamento de productos tecnológicos ha crecido en clientes, entrando en tecnologías que hasta ese momento no eran clientes del ICEX, como puede ser la industria de la ciencia. Todas las plataformas tecnológicas,
que eran los clientes habituales del CDTI, hoy son ya también clientes habituales del ICEX y están trabajando de manera intensa. Asimismo, la mayor parte de los delegados y los becarios del CDTI hoy están también ubicados en las oficinas
comerciales. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir ahondando en esa coordinación institucional con los distintos agentes que estén en la internacionalización, por ejemplo, también con el Ministerio de Fomento, que ha creado un observatorio para
llevar mejor a las empresas del sector, no solamente a sus empresas sino también a las que acompañan a las empresas del Ministerio de Fomento para su internacionalización. Nosotros formamos parte de su estrategia, la hemos compartido y estamos
dentro de ese observatorio.


La composición de nuestra exportación es un tema que recuerdo que ya debatí el año pasado con el señor Guijarro. La composición de la exportación cada vez es más tecnológica en nuestro país. Los sectores de tecnología alta y media alta hoy
son ya el 54 % de nuestra exportación y los sectores de tecnología media baja y baja, el 46 %, y ha ido creciendo a lo largo de los años. Una de las cosas que tenemos que hacer es seguir impulsando, por ejemplo -lo comentaba el portavoz del Grupo
Popular-, el sector de bienes de equipo, que es el principal sector exportador de este país, así como el sector de componentes de automoción, que tiene mucha tecnología incorporada, incluso el sector agroalimentario, que era moderadamente innovador
hace unos años, pero durante la crisis se ha equipado tecnológicamente y hoy los estamos viendo exportar en muchos países con productos más tecnológicos. Precisamente en Alimentaria, que está teniendo lugar en Barcelona en estos momentos, se pueden
ver algunos de los desarrollos tecnológicos tanto en procesos como en productos de este sector. Desde luego toda la estrategia está focalizada en ese objetivo.


Una de las cosas a las que damos mucha importancia es la formación de recursos humanos y precisamente por ello las becas ICEX son para nosotros un programa no solamente estrella: durante cuarenta y dos años se lleva mejorando la excelencia
de este programa que ha puesto ya en el mercado a más de 6000 personas formadas en internacionalización. La señora Botella me preguntaba cómo vamos a seguir incrementando este programa. En el año 2016 hubo 235 becas; en el año 2017, 260 y en el
año 2018 van a ser 285 becas, y se sigue creciendo, pero no solamente en número sino en exigencia de la formación. Este es el primer año en que la primera fase de la beca es una formación que tiene el reconocimiento académico MBA; la mayor parte
de la formación se da ya en inglés a los que participan en estas becas y además se les está dando formación en digitalización, en cómo vender en los nuevos canales, cómo hacer marketing en la economía digital. Por tanto, crecemos en número, en
presupuesto -nos gastamos en las becas más de 11 millones de euros- y en exigencia en cuanto al programa de formación. Como he dicho, estamos creando nuevos destinos de nuestra red de oficinas: Nueva Zelanda, Bangladesh, Addis Abeba, donde vemos
que están yendo nuestras empresas de manera importante. Cuando podamos, también queremos abrir oficinas en Hangzhou -es una ciudad muy potente de China-, así como en Houston, en Estados Unidos, porque vemos que podría ser muy interesante. Hoy por
hoy no lo hacemos porque están cubiertas por otras oficinas, pero en el momento en que podamos sería nuestro siguiente objetivo.


Desde luego, no hay atonía de demanda interna ni muchísimo menos porque, cuando estamos viendo la evolución del PIB, la demanda interna afortunadamente, una vez que se ha recuperado, no está detrayendo a nuestros exportadores hacia el
mercado interior, sino que están creciendo a la vez la demanda interna y la demanda externa. Desde el año 2015 hasta el año pasado está creciendo la demanda interna, es decir, el PIB crece con cantidades cercanas al 3,1 % y el resto es el tirón de
la demanda externa. Como digo, no vemos, como ha pasado en otras crisis, que, una vez que la demanda interna vuelve a tirar, nuestras empresas vuelvan a casa y abandonen a sus clientes exteriores; hoy no lo estamos viendo, sino que en ambos casos
demanda interna y demanda externa siguen creciendo. Pero, ojo, en el mercado exterior hay muchos agentes en estos momentos, muchos países jugando en el

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comercio mundial, pero somos de los pocos que mantienen cuota -hemos ido creciendo en estos años- y somos uno de los cinco países, de entre los veinte, que mantiene o crece en cuota de mercado mundial.


Como he dicho, el sector servicios también es muy importante en nuestra internacionalización, sobre todo porque más del 50 % son servicios no turísticos. No despreciamos para nada los ingresos por turismo porque, como ya comenté el año
pasado, este sector es a nuestra economía tan potente como el sector del petróleo a un país como Noruega. Por tanto, olé el sector turístico. Tenemos que tener a nuestra gente cada vez más preparada en él, que es uno de los sectores que más
rápidamente se ha digitalizado. El sector comercio, junto con la banca, es otros de los sectores donde la digitalización está entrando con fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que esa digitalización forma parte de la estrategia de comercio exterior y
de comercio interior y, por eso, nosotros la estamos apoyando a través de las comunidades autónomas, porque nuestros presupuestos de apoyo al comercio minorista los hacemos a través de la Cámara de Comercio, que apoya a las comunidades autónomas.
Estamos coordinando con ella la estrategia de digitalización con las comunidades autónomas. Creo que hoy los discursos o los debates sobre horarios, sobre si abrimos o no los fines de semana, cuando estamos hablando de que hoy se puede comprar en
cualquier momento y lugar, tienen que estar superados. Tenemos que tener abierto el comercio, pero eso no quiere decir que sea físicamente, sino que podemos tener nuestra tienda física cerrada pero abierta en digital y se puede seguir comprando.
Realmente, vemos que el crecimiento del comercio online está creciendo a dos dígitos, el 26 %, mientras que -lo decía antes- el comercio en físico, las ventas minoristas, ha crecido un 1,2 %. Además, cuando vemos la evolución de los
establecimientos en físico, aquellas comunidades que son más defensoras de los horarios, de no abrir en domingos, son aquellas que están viendo perder más establecimientos físicos. Por tanto, tenemos que reforzar nuestros establecimientos físicos
ayudándolos a meterse en tecnologías digitales.


El empleo en el comercio no es un empleo de segunda, de verdad que no. Tenemos que hacer que el empleo en el comercio sea muy potente. Nuestros comerciantes, apostando por la digitalización, están apostando por el relevo generacional y por
la distribución geográfica, porque las personas no van a necesitar vivir en las grandes ciudades para tener acceso a las mismas cosas que tenemos en las ciudades. Es una forma de enraizar a la población en sus territorios si conseguimos que la
mayor parte del comercio, incluso la pequeña tienda, se meta en marketplace, tenga la página web y pueda vender en digital. Esa es una de nuestras estrategias. Para eso necesitamos formar a los recursos humanos, necesitamos que las personas que
trabajan en el comercio minorista, así como las que trabajan en comercio exterior, estén muy formadas. A eso dedicamos otra parte de nuestra estrategia, tanto de comercio minorista como de comercio internacional, a formar los recursos humanos,
porque tenemos que seguir apostando por ello y ganar en competitividad.


Lo decía el portavoz de Ciudadanos y es cierto, a lo largo del año pasado el índice de tendencia de competitividad ha empeorado con respecto a los países de la OCDE, pero eso ha sido precisamente por la reevaluación del euro con respecto a
sus monedas. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando miramos con respecto a los países no euro. Se ha producido, por la devaluación de la libra, un empeoramiento de nuestro índice de competitividad. Sin embargo con aquellos países con los que
tenemos la misma moneda, como es la zona euro, gracias a una mejora de los costes laborales unitarios, hoy en día hemos visto que vamos parejos en los costes laborales unitarios, la gráfica va absolutamente alineada con el resto de los países de la
Unión Europea, y puesto que no tenemos problemas de devaluaciones porque tenemos la misma moneda, ahí es donde vemos que vamos más o menos. Algún trimestre ha habido un empeoramiento, pero ha sido por los precios del petróleo, pero luego más o
menos se ha ido ajustando, con lo cual nuestro índice de competitividad va ajustado con la zona euro, con nuestros principales socios, pero además con nuestros principales competidores en los mercados, qué duda cabe, y ha empeorado algo con aquellos
con los que hemos tenido un problema de reevaluación del euro con respecto a sus monedas. Qué duda cabe que con esta estructura que hoy tenemos, al no tener comercio interior y comercio exterior, sino que hoy el comercio es conjunto, podemos
abordar mejor los retos del comercio en su conjunto a futuro.


La digitalización como he dicho es muy importante. Me preguntaba la portavoz del PNV por garantías hacia las pymes, y he de decir que hemos reforzado a lo largo de 2017, y lo vamos a seguir haciendo en 2018, todas las líneas de apoyo a las
pymes, tanto en el ámbito FIEM como en el ámbito de Cofides como el ámbito de Cesce. Estamos reforzando la línea de garantías de Cesce para apoyar a las pymes para que puedan dar avales, fianzas y refianzas. Me preguntaban por ejecución de FIEX,
Fonpyme y FIEM. Verán que la ejecución el año pasado fue cero porque no la necesitamos, porque tenemos ya un

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capital que es revolving, es decir, a medida que nos van devolviendo los créditos que dimos en años anteriores, junto con los intereses que se han generado, nos permiten volver a dar crédito sin necesidad de tirar de partidas presupuestarias
adicionales. Siempre las ponemos por si acaso en un momento determinado pudiera haber alguna situación excepcional, pero realmente el sistema ya se autosostiene. Por ello cada vez que se aprueban en comisión delegada proyectos, siempre decimos que
no genera déficit, porque no necesitamos tirar de presupuesto. Yo creo que con esto estamos consolidando nuestra red, estamos consolidando a nuestras empresas.


Preguntaba la portavoz del PNV por la Ley de Mercado. La sentencia del tribunal no nos ha afectado porque tenemos nuestra propia ley que rige el comercio minorista, que es la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la que llamamos la
Lorcomin. Por tanto no se ha visto afectado.


El señor PRESIDENTE: Si pudiese ir concluyendo, porque tenemos ahora Pleno.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Yo creo que con esto he respondido más o menos en su conjunto a todas las preguntas que me han ido haciendo todos los portavoces, y si alguna hubiera dejado de responder, lo
haríamos por escrito.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Poncela, por su comparecencia.


Se suspende la sesión y se reanudará a las diecisiete horas. Ahora mismo, como todos ustedes saben, tenemos un Pleno que comienza en los próximos minutos.


Muchas gracias.


Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cinco de la tarde.


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001339); SOCIALISTA (número
de expediente 212/001271) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001541).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión con la comparecencia del señor subsecretario de Economía. Tal y como se ha acordado en la propia Comisión, en las comparecencias de los señores subsecretarios se procede
directamente por parte de los grupos parlamentarios a formular, por un tiempo máximo de diez minutos, las cuestiones que les parezcan oportunas a los altos cargos que comparecen.


En primer término, tiene la palabra la señora Botella, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor subsecretario del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Un año más nos vemos en esta casa y en las mismas circunstancias de repaso de los Presupuestos Generales del Estado. Estudiado con atención el
presupuesto de este departamento del Ministerio de Economía resulta, en una primera impresión, un presupuesto continuista, y si se me permite un presupuesto plano para la sección 27 y apenas hay más de lo mismo; en realidad, es lo mismo de lo mismo
que el año pasado y el anterior. Es ciertamente un panorama desolador para unas expectativas que desde luego nos hubiera gustado que se hubieran cumplido, habida cuenta de que se trata de un ministerio que, como ha sido descrito por el propio
Gobierno, es horizontal, un ministerio que se ocupa del conjunto de la competitividad de la economía española. Por tanto si con los mimbres que recibe cree que va a poder irradiar a la competitividad de la economía española sería más que milagroso,
porque creemos que tiene unos presupuestos muy ajustados.


Voy a hacer un pequeño repaso de las cifras y contrastarlas con usted a ver si se corresponden en este baile de sumas que hemos seguido. Una primera cuestión que nos sorprende es que, tras la remodelación y la llegada del nuevo ministro
-que es cierto que habló de continuidad sin continuismo, es decir, quitándole la parte más peyorativa del término-, sigan manteniendo la arquitectura institucional y la verdad es que no lo vemos un modelo a seguir, porque seguimos reivindicando la
oportunidad de que

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la Oficina Española de Patentes y Marcas -que fue con lo que arrancamos el año pasado y volvemos a repetir- vuelva a esta casa, vuelva al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y vuelva de la mano de la industria, vuelva al lado
de sección de la industria. Ayer durante la comparecencia tuvimos ocasión de decirlo, haciendo mucho hincapié en que la marcha de la oficina no tiene ninguna sintonía, no aporta ni a la energía ni al turismo ni a lo digital, más allá de que sea la
herramienta a través de la que se comunican -y sinceramente suena a broma-, pero sí que es verdad que promueve la generación de conocimiento protegible y la mayor parte, la principal fuente del conocimiento patentable radica en industria. Nosotros
queremos reivindicar -no sé si usted podrá comentarnos algo al respecto- la posibilidad de que se pueda volver a trasladar, antes de que acabe la legislatura, a casa.


En cuanto a la distribución de las secretarías ahora que estamos también trabajando -de hecho soy portavoz de Industria por parte de mi grupo- tan intensamente por ese plan de reindustrialización de la economía española, llama la atención
que el Gobierno le preste tan poca atención en la estructura organizativa del ministerio. Hay muchas formas de hacerlo, y en este caso ha optado por la menos bonita, por lo menos para la propia Secretaría General de Industria, porque tenemos
diferentes secretarías de Estado y luego la industria cae en el organigrama como Secretaría General. Impulsar desde ahí, desde esa posición una política industrial y convencer al resto de interlocutores de los agentes económicos de que la industria
es muy importante, creo que está costando un cierto trabajo, y más cuando lo que se está intentando lograr es un pacto de Estado con capacidades de interlocución con todos los agentes económicos y sociales. Creemos que no se le está dando el peso
político que corresponde para poder hacer esa tarea, que por otra parte es importante en la economía española.


Haciendo un breve resumen de los créditos del ministerio vemos que suponen un ligero aumento de un 3,4 %, y vienen a suponer unos 259 millones de euros adicionales -menos da una piedra-, si bien hemos tenido decrecimientos pero, en fin, para
un ministerio de este nivel tampoco parece que sea un gran crecimiento. Haciendo un seguimiento de las diferentes partidas, tanto en transferencias corrientes como en capital, la verdad es que yo he ido señalando en amarillo lo que se mantiene y en
verde lo que aumenta un poco, y casi todo está en amarillo. La verdad es que sería una lectura un poco exhaustiva, pero la mayor parte de las transferencias corrientes, tanto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como al Instituto de
Comercio Exterior, al ICEX y al CDTI, la mayor parte son partidas que con unos mínimos ajustes, bien sea en la parte transferencias corrientes o de capital, y la impresión que tenemos, salvo que usted nos pueda abrir luz con una buena noticia, es
que prácticamente no hay mucha variación.


Sí que hemos notado que el ICEX quizá y el CDTI tienen algunas partidas específicas sobre las que si usted tiene datos concretos nos gustaría que nos lo comentara. Son organismos que nos interesa seguir especialmente porque creo que -lo ha
dicho la propia secretaria de Estado de Comercio esta mañana en su comparecencia- por separado tienen una funcionalidad muy potente, pero que unidos pueden hacer un gran papel en la internacionalización de la industria y de la I+D española.


Respecto de las aportaciones me gustaría también que nos informara sobre las aportaciones a los fondos financieros que tiene el ministerio, sobre qué variaciones han sufrido y cuál es el funcionamiento exacto que tienen, si no se gastan
estos créditos financieros, ya que también se ha producido polémica en relación a la I+D, y tampoco sé si en comercio hay fondos financieros que estén sujetos a las mismas características, por lo que nos gustaría tener alguna información más
específica.


Respecto de los organismos autónomos hemos sacado aquí un cuadro, y realmente es un ministerio que tiene un cuadro de organismos en su órbita de actuación bastante importante. Me gustaría que me dijera si hay alguno que recibe partidas
presupuestarias destacables o más o menos todos siguen en la misma tónica de los años anteriores. Aunque luego se puedan ver en los departamentos correspondientes de I+D o el viernes en la Comisión de Industria, la subsecretaría tiene una visión
más de conjunto y dentro de los de carácter general nos interesa mucho el CDTI, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el ICEX -que hemos visto esta mañana que no ha recibido mucho más- y el ICO. ¿En esos organismos hay alguna
peculiaridad que usted pueda comentarnos?


En cuanto al contraste entre la Agencia Estatal de Investigación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas me gustaría que nos pudiese aclarar si los fondos financieros tienen todos los mismos orígenes, porque tememos que el
aumento de uno pueda ir en detrimento de otro, o bien no tienen ningún tipo de vaso comunicante y la opción política de apoyar a uno no condiciona al otro en cuanto al origen de fondos o si comparte aplicaciones de partidas que vengan de la Unión
Europea.

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En grandes líneas estas serían las principales cuestiones que hemos visto. Si hay alguna cuestión que considera que hay que resaltar, sobre todo de las ventajas, le rogaría que lo hiciera. Ya a lo largo del tiempo iremos viendo cuáles
pueden ser las dificultades, pero si considera que en el presupuesto hay algún incremento o algún reforzamiento de estas partidas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidente.


Señor subsecretario, seré muy breve porque así igual podemos cenar esta noche en algún momento en vez de tener comparecencias a altas horas.


En primer lugar, nos gustaría que su ministerio tuviera más recursos. En este contexto de necesidad de un cambio del modelo productivo -que sigue siendo una constante, porque la mayor parte de los motores que tiran de la economía siguen
siendo los mismos- nos gustaría que su ministerio tuviera una mayor capacidad presupuestaria y un mayor grado de ejecución presupuestaria; y después hablaremos de eso. También nos gustaría que la estructura del ministerio fuera distinta, y como ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se le diera un peso mayor a la industria. En el contexto de desindustrialización relativa de la economía española que se ha producido en los últimos años sería una buena señal para los agentes
productivos, y en concreto para el sector industrial, que se lanzaran mensajes claros y se le destinaran recursos. Nos gustaría que, además de esos recursos, el ministerio actuara como un motor de transformación de la economía. Nos parece que casi
la mitad de las partidas presupuestarias que se asignan, por ejemplo, a industria y energía se van a financiar al sistema eléctrico y hay cosas que no tienen sentido en absoluto. Son partidas que alimentan las cuentas de beneficios de algunos
sectores concretos sobre los cuales hay consenso generalizado de su naturaleza oligopólica, su excesiva capacidad de captación de rentas y sus beneficios espurios, y habría muchas cosas que corregir por ese lado. Luego hay un elemento que nos
parece fundamental. No entendemos por qué -igual nos lo puede explicar usted- se sigue insistiendo en la instrumentalización de las partidas de I+D+i a través de activos financieros, créditos y otro tipo de mecanismos financieros cuando el grado de
ejecución final es tan bajo. Por ejemplo, en I+D+i el año pasado se tuvo el grado de ejecución más bajo desde el año 2000. Se podía haber hecho una reflexión sobre qué está pasando con la canalización de los recursos y de la inversión hacia el
I+D+i hacia el sector privado y por qué no acaban asumiéndolo. El ministro en su comparecencia aludió a esos problemas, pero no se han resuelto -al menos por lo que aquí aparece- porque se sigue insistiendo en la misma política; no solo es
continuista, sino que además reviste continuidad. Eso ocurre también en la partida de investigación y desarrollo tecnológico e industrial.


En definitiva -y con esto termino- insisto en que nos gustaría que hubiera más recursos, y sobre todo un papel más activo del ministerio. Creemos que en España el Estado a través de los ministerios y de las competencias que tienen debería
ser un motor de cambio que estamos desaprovechando, sobre todo porque lamentablemente su ministerio no tiene los recursos que creemos que debería tener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba.


La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, subsecretario. Agradecemos su comparecencia.


En 2017 hemos cumplido con un ambicioso objetivo de déficit, pasando del 4,5 % al 3,1 %, y su partido y el nuestro, como principales impulsores de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, creo que podemos felicitarnos por ello. No
obstante eso no siempre ha sido así. Coincidirá conmigo en que en 2015 adelantar una rebaja fiscal antes de unas elecciones disparó nuestro déficit al 5,2 % y causó un agujero de casi 10 000 millones, por el que casi nos multa la Unión Europea.
¿No es así? ¿A qué atribuye usted que ahora sí estemos cumpliendo con los objetivos de déficit? Es innegable que existe un entorno macroeconómico muy favorable, y este Congreso y sus grupos parlamentarios podemos aprobar unos fantásticos
presupuestos, pero luego hay que llevar las políticas a la práctica y a eso es a lo que me gustaría dirigir mis preguntas. Creo que hay un profundo malestar por la inacción del Gobierno con la

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técnica característica de su presidente de dejar las cosas dormir, de esperar, de dejar que las cosas se arreglen por sí solas, de no reformar nada si no es absolutamente imprescindible, y quizá tampoco entonces, como diría él. En este
sentido no es de extrañar que España sea con diferencia el país que más multas recibe de Europa por no trasponer o no trasponer bien la normativa europea, es decir, por inacción cuando hay mucho que hacer. Por eso mi primera pregunta es cuáles son
las prioridades y objetivos de su área para 2018 con estos Presupuestos Generales del Estado.


Estos presupuestos tienen un claro protagonismo social, pero también contienen una importante subida del 7,2 % de los fondos destinados a actuaciones de carácter económico hasta los 29 650 millones. Cabe destacar la dotación para las
políticas de industria y energía, que aumentan un 6,2 % hasta los 5768 millones; comercio, turismo y pymes, un 2,8 % hasta casi 900 millones; investigación, desarrollo e innovación, que suben un 8,3 % hasta los 7000 millones; y otras actuaciones
de carácter económico, que suben un 15,6 % hasta los 642 millones. Por programas concretos que gestiona su ministerio tenemos el 422.M, reconversión y reindustrialización, con 871 millones; el 431.A, promoción comercial e internacionalización de
la empresa, con 400 millones; el 433.M, apoyo a la pequeña y mediana empresa, con 145 millones; el 463.B, fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, con 2339 millones; y el 467.C, investigación y desarrollo tecnológico e
industrial, con 1455 millones. Eso estaría muy bien si se ejecutasen al cien por cien. Me gustaría que me explicase por qué su Gobierno tiene unas ratios de ejecución de estos programas tan bajas. Como le decía no es solo un problema de
ejecución, sino de parálisis total. La Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España fue aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de julio de 2014, presentada públicamente en septiembre de 2014, y desde entonces solo hay un
informe anual de seguimiento para 2015. Estamos en 2018. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde estamos en cuanto a esta agenda de política industrial? ¿Cuántas actuaciones se han llevado a cabo de las 97 propuestas?


En Ciudadanos hemos propuesto que la Red Cervera con un presupuesto de más de 500 millones de euros pueda ser utilizada para llevar el I+D a las pymes, aumentando la colaboración universidad-empresa. ¿Qué avances ha habido en este campo?
También creemos que una manera para salvar los problemas de ejecución presupuestaria y la limitada capacidad de absorción de fondos en algunos sectores podría venir de la mano de fondos de match funding, donde la Administración se limita a igualar
una aportación de un agente privado que asume riesgos. ¿Qué avances hay en estos fondos y qué logros hay en el campo del fomento del emprendimiento? España tiene un objetivo 2020 en materia industrial, que es aumentar el peso de la industria en
nuestra economía hasta el 20 % del PIB. Esto contrasta con las quejas del sector de que hay multitud de polígonos industriales sin una conexión a Internet de calidad. La economía 4.0 está ya aquí y no parece que España ni su política industrial
vayan a coger el tren de la robótica, la inteligencia artificial, el vehículo eléctrico o la ciberdefensa. ¿Puede decirme usted algún avance destacable que hayan logrado en este sentido en nuestro país?


Por último, me gustaría insistir en mi incredulidad respecto a que el Partido Socialista vaya a votar en contra de unos Presupuestos Generales del Estado que incorporan una bajada de impuestos para 3 millones de trabajadores con las rentas
más bajas; unos presupuestos con más de 500 millones para la equiparación salarial de nuestros policías y guardias civiles; unos presupuestos con importantísimas medidas para la igualdad entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida
familiar y laboral; unos presupuestos con la puesta en marcha de una ayuda naranja para 600 000 jóvenes con empleo precario; unos presupuestos con subidas en las pensiones de casi 7 millones de pensionistas; unos presupuestos que no solo elevan
el gasto social a un nivel récord sino que además acaban con los recortes en sanidad, educación y dependencia, y cumplen con el objetivo del déficit. Como hemos visto aquí, aumentan en más del 7 % los fondos para invertir en la economía del futuro.
Como le decía, insisto en mi incredulidad respecto a que el Partido Socialista vaya a votar en contra de estos Presupuestos Generales del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Faba.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.


Agradezco al subsecretario de Economía, Industria y Competitividad su presencia aquí. Le quería hacer una pregunta muy breve y, en todo caso, más de futuro que relacionada con el tema de presupuestos. Oigo algunas intervenciones y, claro,
aquí tenemos un problema, porque los portavoces de algunos grupos van cambiando, van repitiendo el mismo argumento y los que estamos siempre parece que nos

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repetimos porque tenemos que contraargumentar constantemente. Eso sí, hay un denominador común, que es el disco solicitado al Partido Socialista: dame algo para aprobar los presupuestos. Eso lo repiten absolutamente todos. La portavoz de
Ciudadanos le dice al señor subsecretario: Oiga, que desde que estamos nosotros aquí cumplimos los objetivos de déficit; antes ustedes no se aclaraban, pero ahora que estamos aquí, nosotros aprobamos los presupuestos y cumplimos los objetivos de
déficit. Pues no, ni antes ni ahora, porque aquí están aprobando ustedes el presupuesto de la Administración central. ¿Es verdad o no? Verdad. Están aprobando el presupuesto de la Seguridad Social. ¿Es verdad o no? Verdad. Repasemos,
presupuesto naranja-azul del año 2017. Administración central, objetivo de déficit: 1,10 % del PIB; realidad, 1,90 %, es decir, una desviación de nada, de un 72 % solo. Seguridad Social: objetivo de déficit, 1,40; realidad, 1,48. Aquí sí que
la desviación solo ha sido de un 5,70 %. Si hubieran estado esta mañana en la comparecencia del presidente de la Airef, habrían visto cómo de forma elegante pero contundente les ha dicho que la Administración central no va a cumplir con el objetivo
de déficit del presupuesto naranja-azul 2018 que ustedes aprueban hoy aquí. Ustedes están aprobando un presupuesto con un déficit del 0,7 %, y el presidente de la Airef dice: si les sale todo, todo, todo bien, ustedes van a tener una desviación
del 57 % y si las cosas no les salen bien, van a tener una desviación del 85 %. Por tanto, no vengan aquí diciendo que estos presupuestos van a cumplir los objetivos de déficit. Ni por mucho que se esfuerce el Gobierno va a poder cumplir el
objetivo de déficit de la Administración central. Eso pasó el año pasado, el anterior, el anterior y el anterior. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos años, cuando se han cumplido a nivel global? Primero, que las comunidades autónomas han
cumplido, cosa que hasta ahora no habían hecho, y segundo, que la Administración local está teniendo un superávit aproximadamente 2 décimas más elevado que lo que tenía. Por tanto, no insistan en que gracias a la aportación... (Rumores). Sí, le
estoy enmendando la plana al compareciente porque ustedes dicen: Antes no cumplían; ahora sí que cumplen. Pues ni antes ni ahora cumplen. En todo caso, las aportaciones naranjas habrá que verlas y habrá que cuantificarlas, pero la realidad es
esta.


Señor subsecretario, entiendo que el cambio en el ministerio por parte del ministro ha sido cuando ustedes debían tener medio dibujados los presupuestos. Entiendo también que no pueden hacer ahora un cambio en la estructura del ministerio
porque, como ha visto, no genera mucho consenso. Nosotros también tenemos alguna discrepancia. Mi pregunta sería, más allá de la aprobación del presupuesto tal y como lo tienen, ¿tienen previsto el ministro y usted, como máximo responsable
técnico, hacer algún cambio en el organigrama del ministerio a lo largo de los próximos meses?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel, por sus explicaciones.


A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, la señora Cotelo.


La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidente. Buenas tarde.


Bienvenido, subsecretario. Yo sí que voy a extenderme un poco en la intervención, porque parece que los demás están ya un poco cansados. (Rumores). Mis diez minutos, no me voy a extender más; no quiero asustar a nadie. Después de todo
lo que he oído, de todos los adjetivos calificativos tan bonitos de plano, continuista, desolador, milagroso, etcétera, lo primero que quiero hacer es contextualizar un poco. Estoy convencida de que el subsecretario conoce de sobra la situación,
pero parece que algunos viven una realidad paralela, en algún 'matrix' o no sé dónde, porque resulta que solo los que tenemos memoria y sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos somos los miembros del Partido Popular. Voy a
empezar refiriéndome a hace un año. Hace un año estábamos hablando en estas mismas comparecencias de recuperación de la economía española, y hablábamos de un crecimiento de España de en torno al 2,5 y de una creación de empleo de unas 400 000
personas. Este año, afortunadamente -y digo afortunadamente, aunque parece que solo nos alegramos las personas del Partido Popular- no es que se hayan cumplido las previsiones, es que se han superado. Hay un crecimiento de un 3,1 % y se han creado
más de 400 000 puestos de trabajo, en concreto 600 000. Y no es que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga la bola de cristal ni los vientos de cola, que tanto les gusta a algunos decirnos que tenemos, ni la suerte loca -porque si no, hubiésemos
comprado lotería-, sino que, gracias a la política que se está llevando a cabo y al sacrificio de todos los españoles, se han producido cambios en la situación. Se ha cambiado de una situación de recesión a la recuperación, de una destrucción de
empleo a una generación de puestos de trabajo. También hace un año se confiaba en poder recuperar toda la riqueza que se había destruido antes de la crisis, y podemos afirmar que no solamente es que se haya recuperado, sino que hemos subido la
recaudación fiscal y se han recuperado las dos terceras partes del empleo perdido. En

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contra de lo que algunos venden o quieren vender -no sé qué forma de vender la burra es esa, como se dice en La Rioja-, vamos camino de la recuperación estable, con una previsión de un 2,7 % para 2018. Les voy a dar rápidamente algunos
datos que parece que no tienen en la memoria, que no son nuestros, sino que son indicadores oficiales. Es el cuarto año consecutivo de creación de empleo, más de medio millón de personas. Estamos cerca de conseguir 19 millones de personas
ocupadas, cerca del objetivo que debería ser de todos, que es tener 20 millones de personas empleadas en el año 2020. Hay más mujeres que nunca trabajando, ya que nos gusta tanto hablar de las mujeres. El empleo entre los jóvenes crece al doble de
la velocidad que el nacional. Llevamos cuatro años liderando la reducción de empleo, cuarenta y ocho meses seguidos de contratación indefinida, nivel de empleo indefinido, más de medio millón de personas que estaban en situación de paro de larga
duración han encontrado un empleo. O sea, lo que les decía de la perspectiva.


Ahora me remonto un poquito más atrás. En el año 2008 empezó una larga crisis. España padeció cinco años de larga crisis, 2009-2013, que se dice pronto; cinco años de crisis. Habíamos perdido la décima parte de la riqueza y habíamos
perdido también 3 millones de puestos de trabajo. Llegamos a un paro del 26 %, que se dice pronto, y hemos llegado a tener hasta 6 millones de personas en desempleo. Como decía, gracias al sacrificio de todos los españoles y a un Gobierno, a
finales de 2011, del Partido Popular -lo recuerdo una vez más, es el Partido Popular el que llega al Gobierno para la recuperación-, se toman tres decisiones y se adoptan tres políticas: en primer lugar, recuperar la estabilidad presupuestaria -les
recuerdo que la prima la tuvimos en 639 puntos y ahora está a menos de 70 y nadie se acuerda-; en segundo lugar, el saneamiento de nuestra economía financiera también ha mejorado -la semana pasada fue Moody's el que nos cambiaba la calificación-, y
en tercer lugar, lo que se hizo fue mejorar la competitividad. Todo ello forma parte de una agenda reformista y algunos se califican aquí de reformistas pero desde que están no hay mucha reforma. En fin, como les decía, la crisis, lamentablemente,
a España le ha castigado mucho más. ¿Por qué? Porque había un déficit, teníamos inflación, pérdida de competitividad, etcétera. Actualmente vamos hacia una situación en la que nuestro sector exportador es el protagonista de la recuperación. Les
guste o no les guste, los datos están ahí. Las exportaciones de los bienes de servicio han aumentado; el año pasado estaban en un 4,8 y la previsión es similar para este año. Esto encadenará, si no me equivoco, seis años continuos de consecución
de superávit. Por no olvidarnos del empleo, el Gobierno ha pactado con los agentes económicos y sociales el año pasado unos salarios mínimos para los próximos tres años. Por tanto, el 2017 es nuestro cuarto año, como decía, de crecimiento, de
empleo y de superávit externo. La prueba inequívoca es el carácter estructural y duradero del cambio de modelo económico, nuestra garantía para que sea una etapa expansiva. Se está impulsando, como decía, una economía más fuerte, más equilibrada,
más competitiva; una economía más abierta, más productiva y más capaz de adaptarse a la globalización. El propósito de la política industrial para este 2018 es la implantación en España de un patrón de crecimiento equilibrado basado en la
competitividad, aumentar el peso de la industria, como dice la Estrategia 2020, hacia una representatividad de un 20 % del producto interior bruto.


Pero no me quiero alargar. Centrándonos en las cifras mayores del presupuesto, le quería preguntar al subsecretario -las cifras nos las sabemos todos: 7932 millones, consolidados 12 000, once organismos que se han comentado que llevan a
cabo las políticas- si nos podría exponer cuáles son las principales variaciones del presupuesto. Una segunda pregunta es que quisiera saber -para poder juzgar mejor los presupuestos y con mayor conocimiento por parte de algunos que parece que no
los han visto bien- en qué medida la contención del gasto está prevista por parte de la subsecretaría para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, cumpliendo además el déficit del gasto no financiero. Alguien decía que, según la Airef,
no hemos llegado, pero les recuerdo que es el Partido Popular el que va cumpliendo con lo comprometido, llegando a un 3,1 % en el año 2017 y pudiéndonos situar cerca de la salida del procedimiento de control. En cuanto a las cinco unidades -la
subsecretaría y las cuatro secretarías que llevan a cabo las políticas de investigación, de innovación y comerciales-, le pediría al subsecretario que nos especificase los incrementos que se han supuesto y la proporcionalidad que tienen en el
presupuesto.


Ya acabo. A aumentar el peso de la industria, la reconversión de la industrialización, la potenciación de los sectores tradicionales, equilibrar trabas administrativas, mejorar el acceso a la financiación, el apoyo a la
internacionalización, desarrollar el capital humano de internacionalización, potenciar la captación y consolidación de inversión extranjera y el apoyo al comercio minorista, a todo ello se dirigen las políticas y los esfuerzos de la subsecretaría.
No es una cuestión solo del ministerio, ni solo del Gobierno ni solo del Grupo Popular, creo que es responsabilidad de todos los que estamos hoy aquí que

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seamos capaces de participar, de recuperar y de poner de nuestra parte para que los presupuestos se aprueben con un objetivo muy claro: mejorar la vida de los españoles. Estamos convencidos desde el Grupo Popular de que la política es
llegar a acuerdos; los acuerdos son buenos, el equilibrio es bueno, la confianza es buena y la estabilidad es buena compañera de la economía. Estamos convencidos de que el acuerdo de presupuestos es imprescindible y, además, es posible. Por
último, creo que estos presupuestos son la mejor política social y pública que se les puede dar a los españoles y, por tanto, la mejor política económica.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cotelo.


Para contestar a las preguntas de los representantes de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor subsecretario, señor González-Panizo.


El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (González-Panizo Tamargo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quisiera comenzar señalando que para mí nuevamente es un honor poder comparecer ante esta Cámara a dar las explicaciones oportunas, en este caso sobre las principales líneas del presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad para el año 2018.


Voy a intentar responder, empezando por lo general y luego por cuestiones más específicas, en la medida de lo posible a las preguntas que me han realizado sus señorías y espero no dejarme ninguna en el tintero. A lo largo de mi exposición,
sobre la base de las cuestiones que voy tratando, verán que muchas de ellas quedan per se contestadas. Creo que también es relevante -empiezo por una cuestión planteada por el señor Montero- saber que la mejor manera de ver cuál es el resultado de
las políticas son las consecuencias que producen. Evidentemente, esto es una cuestión de valoración, pero creo que hay una serie de datos objetivos que reflejan el resultado de la política económica desarrollada por el Gobierno. Es decir, las
reformas que se han hecho, desde el punto de vista institucional, todas las medidas que se han ido adoptando, el esfuerzo de las familias, de las empresas, todo esto ha supuesto que hayamos salido de una situación de crisis económica y que en la
actualidad hayamos sentado las bases para seguir desarrollando un modelo económico sano, equilibrado y sostenible. Evidentemente, lo que hemos crecido en los últimos años y la previsión del escenario macroeconómico que acompaña al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado de este año, en el que se ha revisado al alza la previsión de crecimiento hasta situarla en el 2,7 %, revelan cuál es la consecuencia de lo que se ha venido haciendo, que no significa que no se tenga que seguir
actuando para, por supuesto, continuar mejorando la situación económica.


En todo caso, lo importante -y ya me centro propiamente en lo que es mi materia, que es el presupuesto del ministerio-, lo que hay que destacar por encima de cualquier otra cosa es que el presupuesto del ministerio -y este es un dato también
objetivo e indiscutible- crece respecto al del año pasado y, por supuesto, es una de las vías para conseguir los tres objetivos fundamentales planteados por este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que creo que son
objetivos que todo el mundo quiere: en primer lugar, apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo; en segundo lugar, promover un crecimiento inclusivo y, en tercer lugar, devolver a los empleados públicos parte de los esfuerzos
realizados en la época de crisis.


Por lo que se refiere a los objetivos fundamentales del ministerio, se podría hablar principalmente de tres: en primer lugar, elaborar unos presupuestos que en el contexto de crecimiento económico permitan mantener la adecuada ejecución de
las políticas sectoriales del departamento. Son numerosas las medidas que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado y hay una cuestión importante a destacar, y es que es tan relevante en el presupuesto lo que son propiamente las cifras
del presupuesto, en el caso del Ministerio de Economía, como también todas las medidas normativas que acompañan a este proyecto de presupuestos y que son un instrumento adicional e igualmente valioso e importante para la consecución de las políticas
del ministerio. Hay un segundo objetivo, evidentemente, que es mantener el imprescindible compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y, en tercer lugar, completar el proceso de ajuste presupuestario adecuado a la estructura del
ministerio, fundamentalmente mediante la gestión eficiente de servicios comunes, en la que hay que destacar dos ejemplos principalmente: en primer lugar, la Agencia Estatal de Investigación y, en segundo lugar, determinadas cuestiones que se
comparten con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Aquí quisiera detenerme un momento para tratar algunas cuestiones. Señora Botella, yo siento repetirle lo mismo que le dije el año pasado, no

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tengo otra contestación, pero creo que es un argumento suficiente. Es decir, dónde se encuentra la Oficina Española de Patentes y Marcas es una decisión que se tomó en su momento y no existe ninguna causa objetiva, a mi entender, para que
se altere; con lo cual, las cuestiones que estén vinculadas a cómo actúa, cómo funciona y los resultados que consigue sería conveniente, si me permite, que se planteen al ministerio competente.


Luego hay una segunda cuestión que también es relevante, que es la vinculada con la Secretaría General de Industria. Yo lo enfocaría desde otra perspectiva: fíjese lo importante que es la Secretaría General de Industria que depende
directamente del ministro, a diferencia de otras secretarías generales que también son muy importantes, pero esta en particular depende del ministro, con lo cual yo creo que no es tanto una cuestión de rango, que también es relevante, como de la
posición que ocupa en el ministerio la Secretaría General de Industria.


Respecto a si va a haber más modificaciones en la estructura del ministerio, señor Bel, la verdad es que eso no se lo podría decir, es una decisión que, evidentemente, compete al ministro. El ministro se ha encontrado con una estructura que
yo entiendo que, en la medida en que de momento no ha hecho ningún cambio, le parecerá suficientemente razonable, y si tuviera que hacerlo, evidentemente no es una cuestión que en gran medida, si me disculpa, tenga que anunciar yo sino que creo que
lo tiene que hacer él directamente.


Volviendo a la cuestión de los presupuestos y contestando también a alguna de las preguntas que se han formulado, insisto, el presupuesto crece, el presupuesto global, que es de 7932,93 millones de euros, de los cuales 3002,48 son de
presupuesto no financiero y 4930,44 millones de euros son de presupuesto financiero, supone un crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento que supone? Con carácter general, un 3,39 %, 259,96 millones de euros -creo que el cálculo que alguna de sus
señorías ha hecho previamente es bastante ajustado a la realidad-, de los cuales el presupuesto no financiero se incrementa un 3,49 % y el presupuesto financiero un 3,33 %, 158,84 millones de euros.


Respecto a la cuestión de la ejecución por la que me han preguntado algunas de sus señorías respecto al capítulo 8, es una cuestión que, si me permiten, abordaré un poco más adelante, cuando lo analice.


También es relevante, y esta es una de las cuestiones sobre las que también se me ha preguntado, que el presupuesto de los organismos adscritos al ministerio crece 5773,09 millones de euros. Pero, y esto también es importante, si excluimos
del programa 425.A de la CNMC para financiar los costes del sector eléctrico, el presupuesto global es de 2022,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,19 % respecto a 2017, 44,35 millones de euros; es decir, también crece el
presupuesto de los organismos adscritos o que están en la órbita del ministerio. Insisto, creo que eso es un detalle importante. El presupuesto total consolidado del ministerio y sus organismos para 2018 es, por tanto, de 12 068,61 millones de
euros, lo que supone un incremento de 265,66 millones de euros respecto al presupuesto del año 2017.


Por lo que respecta a las principales variaciones, que es una de las preguntas que me hacía la señora Cotelo y que luego vendrá a dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por la señora Botella, por la señora Faba y por el señor
Montero, me gustaría hacer referencia a cuáles son las principales magnitudes del presupuesto. En cuanto al presupuesto no financiero, hay una parte que es de capítulo 1 y de capítulo 4, que fundamentalmente lo que hace es dar cumplimiento a los
acuerdos de negociación colectiva sobre incrementos salariales a empleados públicos. Hay un 1,97 % en el capítulo 1, lo que hace 2,88 millones de euros, y 11,81 millones de euros en lo que se refiere al capítulo 4. Entiendo que estarán todos de
acuerdo en que conseguir el objetivo de devolver a los empleados públicos parte de los esfuerzos realizados en la época de crisis es un objetivo razonable y, aún más, es un objetivo deseable. También se incrementa el capítulo 6 del presupuesto de
la subsecretaría en 3,2 millones de euros.


Aquí me gustaría hacer referencia a otra de las cuestiones que se han planteado y que a mí me afecta directamente, que es en qué medida se puede hacer un esfuerzo por racionalizar y hacer más eficientes y menos costosos los servicios del
ministerio. Yo destacaría fundamentalmente dos iniciativas: la primera, que es la vinculada a la Administración electrónica, es decir, lo que se pretende por parte del ministerio siguiendo un plan conjunto, evidentemente, de todos los
departamentos ministeriales, pero con singularidades del nuestro propio, es tener una Administración que sea cada vez más moderna, que sea cada vez más transparente y que facilite, por supuesto, el trato directo con los ciudadanos. Evidentemente,
en una estrategia en la que, por un lado, se insiste en herramientas horizontales, es decir, para todo el departamento ministerial no solo para algunas secretarías de Estado o secretaría general en particular,

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además utilizando instrumentos comunes de otros departamentos ministeriales, en este caso los que suministra el Ministerio de Hacienda. Creo que ese es un ejemplo de cómo se puede ahorrar utilizando políticas comunes para toda la
Administración General del Estado. Otra iniciativa es la prestación de servicios compartidos. Nosotros tenemos dos ejemplos bastante claros: uno es el convenio que tenemos con la Agencia Estatal de Investigación, que nos permite prestarle
determinados servicios, lo que supone un ahorro considerable, y, por otro lado, también tenemos un convenio por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital nos presta determinados servicios TIC, lo que, como es evidente, supone para
nosotros cierto ahorro.


También ha habido un incremento del capítulo 4 para aportaciones a instituciones financieras multilaterales y -esto es relevante- un incremento del presupuesto de I+D+i de 91,58 millones de euros. También me van a permitir que en esto no
sea demasiado específico en cuanto al detalle de todas y cada una de las modificaciones que ha habido, porque fundamentalmente creo que esta es una labor de la Secretaría de Estado de Investigación y nada más ajeno a mi voluntad, desde luego, que
coartar de alguna manera o limitar los anuncios y las consideraciones que quiera hacer al respecto. En todo caso, son 91,58 millones de euros. La Secretaría de Estado de Comercio también se incrementa en este sentido, hay una variación de 1 millón
de euros, y luego hay una serie de partidas como son 50 millones de euros para programas espaciales y un incremento de la aportación a Cersa de 1 millón de euros, que es en el total 8,23 millones de euros, que permite colaborar con uno de los
objetivos pretendidos por el ministerio, que es fomentar la actuación de la pequeña y mediana empresa. Entiendo que en este caso la señora secretaria general de Industria dará cuenta de ello y explicará en los términos que considere más adecuados
todas estas cuestiones.


¿Cuáles son las minoraciones en el presupuesto? En el capítulo 2 se eliminan 26 millones de euros correspondientes a gastos de acuñación de moneda; se eliminan en el capítulo 3 casi 30 millones de euros de remuneración negativa de los
fondos del Tesoro Público; se reduce el capítulo 3, costes de cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, 2 millones de euros, y se reduce en el capítulo 7 el importe de las subvenciones por préstamos de las líneas ICO en 1,05 millones
de euros. Estas son líneas que se fueron dando desde el año 1993 y que según se van extinguiendo, evidentemente, deja de ser necesaria parte de la subvención del interés. También se eliminan determinadas partidas presupuestarias de I+D+i
vinculadas con instituciones de Canarias, pero es porque han sido ejecutadas y se complementan con otras distintas.


En relación con el presupuesto financiero, las principales variaciones son: la reducción de 18 millones de euros en la aportación al Consorcio de Compensación de Seguros, la reducción a aportaciones a instituciones financieras
multilaterales por importe de 168 millones de euros y el incremento de 195 y 150 millones de euros en aportaciones a empresas del sector público, 195 millones de euros para proyectos tecnológicos industriales vinculados con programas de defensa y
150 millones de euros a Hisdesat para el desarrollo de satélites de telecomunicaciones.


Otra de las cuestiones que se ha planteado es la vinculada a la ejecución del capítulo 8. Hay una cuestión que me gustaría resaltar. Si nos vamos a la ejecución del resto de partidas presupuestarias, veremos que el nivel de ejecución del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es alto: la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el 99 %; la Secretaría de Estado de Comercio, el 97,28 %; la Secretaría de Estado de Investigación, el 98,69 %; la Secretaría
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, el 95,55 %, capítulos 1 a 7. Creo que esta es una cuestión relevante.


La segunda, respecto al capítulo 8. ¿Qué destacaría yo respecto al capítulo 8, sin perjuicio de que creo que esta es una cuestión a la que ya ha hecho referencia el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad? El capítulo 8 se
tendría que ver más bien como un límite general a la autorización para la realización de determinado tipo de operaciones financieras y, evidentemente, depende, como no podía ser de otra manera, del interés y del apetito que tenga el sector, el
mercado en cada momento. Es decir, nosotros ponemos a disposición una cantidad y luego de esa cantidad se consume la que se solicita y se articula a través de los programas correspondientes. ¿Qué hay que destacar? Que el incremento fundamental
que hay en el capítulo 8 en el presupuesto de 2018 no está vinculado a I+D+i, sino que está vinculado a industria. El de I+D+i se mantiene. En segundo lugar, yo creo que es relevante tener capítulo 8 porque a través de anticipos reembolsables
atrae Feder, lo cual también es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de políticas por parte del ministerio. Y también creo que es importante destacar que en aquellos supuestos en los que no es necesario no se utiliza o se minora
el presupuesto como es el caso de la aportación de determinadas aportaciones de la Secretaría de Estado de Economía

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a instituciones financieras internacionales. Respecto a esta cuestión y, como he señalado anteriormente, evidentemente hay una reducción considerable, más de 180 millones de euros del capítulo 8 de la secretaría de Estado.


Por último -y con esto ya concluyo porque no me quiero extender mucho más-, ¿cómo es la distribución y el crecimiento que ha habido por cada una de las unidades que forman parte del ministerio? La subsecretaría con 48,5 millones de euros
representa el 0,61 % del total y crece en 2,49 millones de euros y la Secretaría de Estado de Economía con 669,78 millones de euros, que representan el 8,82 % del total se reduce en 235 millones, pero solo en las cuestiones a las que he hecho
referencia antes vinculadas a acuñación de moneda y a remuneración negativa de los fondos del Tesoro. Son cuestiones a las que se les da una solución normativa distinta y, por tanto, también desaparecen del presupuesto. En el caso de la Secretaría
de Estado de Comercio, 425,36 millones, 5,36 %, se incrementa en 2,92 millones de euros el presupuesto no financiero, y en el caso de la Secretaría de Estado de Investigación 4612,53 millones de euros, se incrementa el 5,2 % de su presupuesto no
financiero. Por último, la Secretaría General de Industria, 2146,75 millones de euros, incrementa su presupuesto total en 396,21 millones de euros.


Con todas las consideraciones que acabo de hacer, queda explicado, por lo menos en líneas generales y sin querer abusar, por supuesto, ni de su tiempo ni de su atención cuál es la forma en la que se articula el presupuesto del ministerio,
que, insisto, la actuación que ha desarrollado el ministerio y los efectos que tienen en la sociedad en general sus políticas, no solo las del ministerio, sino las del Gobierno en general, tienen su reflejo claro en cuál es la situación económica,
de dónde veníamos y en qué situación nos encontramos ahora mismo.


Sin ánimo de extenderme más, con esto concluyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González-Panizo. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (COLLADO MARTÍNEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/001436); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente
212/001392); SOCIALISTA (número de expediente 212/001220) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001567).


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia de doña Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública.


Tiene la palabra doña Elena Collado para su intervención inicial.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez): Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.


Es un honor comparecer en esta Comisión para presentar el proyecto de presupuestos para 2018 en lo que afecta a las competencias de la Secretaría de Estado de Función Pública. Es muy satisfactorio poder afirmar que, igual que en el
ejercicio anterior, seguimos en la senda de recuperación económica y de crecimiento, lo que nos ha permitido en el ámbito de la Función pública continuar también con la política de recuperación y mejora de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos que se han plasmado en buena parte en el proyecto de presupuestos para 2018. Comenzando con nuestros programas presupuestarios, la dotación total con que contará la secretaria de Estado es de 1894 millones, repartidos en cinco programas
presupuestarios, lo que supone un incremento de 48 millones o, lo que es lo mismo, una subida del 2,5 %.


El capítulo 1 supone entre todos los programas 72 millones y sostiene las retribuciones de los 1650 empleados que trabajan en la secretaria de Estado y organismos adscritos. El capítulo 2 asciende a 1151 millones, de los cuales 1094 se
dirigen a financiar los conciertos sanitarios de Muface, lo que representa un incremento de más de 55 millones solo por este concepto. Asimismo, destacan los 14 millones de euros del programa de la Secretaría General de Administración Digital, que
se destinarán a financiar actuaciones de consolidación y mejora de proyectos de administración electrónica. (El señor vicepresidente, Marí Bosó, ocupa la Presidencia).


Por su parte, el capítulo 6 se dota con 20 millones de euros, cantidad prácticamente igual a la destinada en 2017 para estos mismos programas. Muface, con un total de 1745 millones supone el mayor porcentaje de los créditos totales de la
secretaría de Estado. Junto con el mencionado incremento de 55

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millones, hay otro ligero incremento de 400 000 euros en capítulo 1 como consecuencia de la dotación de nuevos efectivos en las direcciones provinciales que mejorarán la calidad y la eficiencia del servicio que presta la mutualidad.


En lo que afecta al INAP, contará con 85,9 millones de euros, un 8,3 % más. Esto refleja el incremento de actividad formativa y de selección de nuevos funcionarios como consecuencia de las ofertas de 2016, de 2017 y la que será de 2018. Se
incrementa la partida de formación para el empleo en 2,5 millones, llegando a 60,6. De estas cantidades, se destinarán 30,5 millones a comunidades autónomas, 11,8 millones a Administración local, 11,7 millones a la Administración General del Estado
y 6,6 millones se reservarán para financiación de acciones formativas interadministrativas y formación en funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social. Por su parte, la Secretaría General de Administración Digital contará
en 2018 con 14 millones de euros en el capítulo 2 y con 17 en el capítulo 6. Se mantiene, por tanto, el esfuerzo inversor. Por último, los créditos del programa 921.N, que financia los servicios centrales de la secretaría de Estado, serán de 23,9
millones de euros.


Señorías, comenzaré exponiendo las actuaciones llevadas a cabo en torno al empleo público y a la mejora de las condiciones en el ámbito de la Función pública. Quisiera, en primer lugar, destacar el esfuerzo que entre todos, administraciones
públicas y organizaciones sindicales, se ha realizado para que los empleados públicos vean mejoradas sus condiciones de trabajo, esfuerzo que se ha plasmado en sendos acuerdos suscritos entre el ministro de Hacienda y Función Pública, en
representación del Gobierno de España, y las organizaciones sindicales más representativas. Son los acuerdos de 29 de marzo de 2017, que ya tuve ocasión de comentarles en mi anterior comparecencia, y de 9 de marzo de 2018. Respecto a este último
acuerdo, antes de comenzar a describir su contenido, quisiera resaltar por su importancia que en diez años no se haya alcanzado un pacto de esta envergadura, comprensivo de medidas retributivas, de empleo y de condiciones de trabajo. En materia
salarial, por primera vez se liga el crecimiento de los salarios al crecimiento de la economía y a los objetivos de estabilidad. Es un acuerdo que aporta seguridad, certidumbre y confianza a más de 3 millones de empleados públicos. Asimismo,
después de nueve años, se recuperan los fondos adicionales y, lo que es más importante, los empleados públicos recuperan poder adquisitivo y serán partícipes y beneficiarios de la recuperación de la economía española. En materia de empleo, se
consigue la creación de empleo neto al aumentarse las tasas de reposición y se culmina, amplía y universaliza el acuerdo de 29 de marzo, generalizando la estabilización a todos los sectores. En materia de condiciones laborales, se refuerza la
negociación colectiva en cada ámbito con respecto a la jornada, al descuento por incapacidad temporal, y se avanza en medidas de conciliación y corresponsabilidad.


Comenzando con la exposición de las medidas del segundo acuerdo para la mejora del empleo público, plasmado en el proyecto de ley de presupuestos, recoge, como saben, un incremento retributivo en un marco plurianual, con un incremento
salarial fijo más un porcentaje adicional ligado al crecimiento de la economía y a la estabilidad presupuestaria. Los incrementos fijos acordados con las organizaciones sindicales son del 1,5 % para 2018, si bien ya ha devenido fijo el 1,75 %, de
un 2,25 % en 2019 y de un 2 % en 2020. La subida acumulada fija, por tanto, es del 6,12 %. Para un crecimiento del PIB igual o superior al 3,1 % de 2017 y al 2,5 % de 2018 y 2019, la subida acumulada será de un 7,42 %: un 1,75 % en 2018, un 2,50
% en 2019 y un 3 % en 2020. Se prevé asimismo que cada Administración pueda destinar un porcentaje adicional de masa salarial para homologaciones retributivas, aportaciones de planes de pensiones, etcétera. Para 2018 se destinará un 0,2 %, para
2019 un 0,25 % y para 2020 un 0,30 %, si bien las administraciones públicas en situación de superávit pueden elevar dicho porcentaje hasta un máximo del 0,3 % por cada uno de los ejercicios del acuerdo. Por último, se añadiría un 0,55 % adicional
por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2020, lo que supone para ese año un subida del 3,85 %. En este escenario, por tanto, la subida total acumulada sería de un 8,79 % para el periodo del acuerdo. Finalmente,
aunque no forma parte del acuerdo, no puedo dejar de mencionar por su extraordinaria relevancia la subida salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que inicia la senda también plurianual hacia la equiparación salarial con los
cuerpos de seguridad autonómicos.


En materia de oferta de empleo, se establece una tasa de reposición del 100 % en todos los sectores para aquellas administraciones públicas que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, así como una bolsa adicional del
8 %. Para las administraciones públicas que no hayan cumplido algunos de estos objetivos, la tasa será del 100 % en sectores prioritarios y del 75 % en los no prioritarios, a lo que se suma una bolsa adicional del 5 %. En el caso de corporaciones
locales que hayan cumplido todos los objetivos y además tengan amortizada su deuda financiera a largo plazo, será

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del 100 % en todos los sectores, con posibilidad de que la acumulen entre unos y otros, y una bolsa adicional del 10 %. Además, las corporaciones locales tendrán una bolsa adicional del 5 % si en los cinco últimos años han tenido obligación
legal de prestar mayor número de servicios por incremento de población. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía autonómica y de la Policía local, la tasa de reposición será de un 115 %. Por lo que se refiere a
los procesos de estabilización regulados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, hemos acordado que se extiendan a servicios de administración y a servicios generales de investigación, así como a otros servicios públicos con
las mismas condiciones y requisitos que los procesos aprobados en la anterior ley. Se acuerda también la posible extensión de estos procesos al ámbito de empresas, fundaciones, consorcios y agentes.


La tercera parte del acuerdo lo conforman las medidas en materia de condiciones de trabajo. Por lo que afecta a la jornada de trabajo, se mantiene una jornada semanal de 37 horas y media, pero cada Administración pública podrá establecer
bien otras jornadas ordinarias de trabajo o bien un reparto diferente de la jornada, en atención a las particularidades de cada función, tarea o sector. Se tendrán en cuenta en especial las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas.
Para ello se deben cumplir los objetivos en materia de déficit público, deuda pública y regla de gasto, así como no afectar al objetivo de temporalidad máxima del 8 %. En materia de conciliación, somos muy conscientes de que para poder avanzar en
ella son necesarias acciones concretas y medidas efectivas con reflejo normativo. Tanto para el Gobierno como para los interlocutores sociales, la conciliación es un asunto absolutamente prioritario y para conseguir este objetivo hemos acordado
también una serie de medidas específicas que se recogen expresamente en el proyecto de ley. En primer lugar, una bolsa de horas, de hasta el 5 % de la jornada anual, de horas recuperables, para el cuidado de mayores, de hijos menores y
discapacitados. Y en segundo lugar, regularemos la posibilidad de establecer jornada intensiva cuando sea necesario para el cuidado de hijos menores o discapacitados. A estas medidas hay que unir, por último, la quinta semana del permiso de
paternidad previsto en el proyecto de presupuestos. En el caso de la incapacidad temporal, cada administración determinará las retribuciones a percibir durante esta situación, pudiendo alcanzarse un máximo del cien por cien de las retribuciones
fijas. Como medidas de garantía, las administraciones, no obstante, deberán diseñar un plan de control de absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública en el portal de transparencia junto con los datos de absentismo laboral. Por último, el
acuerdo prevé la constitución de diferentes órganos paritarios, como la comisión de seguimiento y control del absentismo.


Para cerrar este punto, debo agradecer el trabajo, esfuerzo y dedicación de las organizaciones sindicales a lo largo de estos quince meses y en más de ochenta reuniones de negociación, que han fructificado en siete acuerdos, dos de enorme
relevancia para la Función pública española.


Pasando a nuestros organismos adscritos y en lo que afecta al INAP, hemos llevado a cabo un examen de las necesidades de formación para adecuar la oferta a la demanda y, tras esta detección, estamos elaborando los pliegos para un plan
extraordinario de formación a tres años. Será formación mucho más especializada y dirigida a transformación digital de la Administración. Este será un plan adicional al plan anual que ya está aprobado. Además, siguiendo la línea de diálogo, la
Mesa General de Negociación ratificó el 14 de marzo el acuerdo de 9 de marzo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. Tras él se clarifica el ámbito de aplicación, se refuerza el papel de las
organizaciones sindicales en la gobernanza del sistema de formación y se incluye la capacitación de los agentes sociales en la negociación colectiva y en el diálogo social, adaptando para ello la regulación de la Comisión General de Formación.


Otra de las novedades que quisiera destacar es el nuevo concierto suscrito por Muface con entidades de seguro para la prestación de asistencia sanitaria. Este concierto cumple el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo y
de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria prestada a nuestros mutualistas. Tiene tres pilares: un periodo de vigencia de dos años, 2018 y 2019, un muy notable incremento de la prima, del 5,62 %, lo que supone 114 millones adicionales de
euros para un presupuesto total de 2191, y la futura incorporación -esto hace sostenible el sistema- de más de 100 000 nuevos mutualistas, tanto como consecuencia de las ofertas de empleo público y de la mejora de las tasas como por los procesos de
estabilización. Además, hemos aprobado para Muface una planificación estratégica que hemos denominado plan de impulso, que gira en torno a los objetivos estratégicos de mejora del servicio prestado a los mutualistas y mejora de la gestión interna
del organismo. Dentro del plan el proyecto fundamental para nosotros es la receta electrónica. Se está acordando con las comunidades autónomas la incorporación del colectivo de opción pública al sistema de receta electrónica propio de cada

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comunidad autónoma y prevemos que en este ejercicio se pueda utilizar. Y respecto a los mutualistas de opción privada, prevemos que la receta electrónica pueda ser una realidad ya en 2019.


Otra línea importante de trabajo de la secretaría de Estado es la relacionada con el gobierno abierto y la transparencia. Como saben, el Gobierno presentó el pasado 27 de junio el III Plan de acción de España 2017-2019 de gobierno abierto.
El plan tiene como objetivos principales potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil, asegurar la cooperación interadministrativa y fortalecer los cimientos del gobierno abierto. Es un plan que se estructura en cinco
grandes ejes que son: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación, y contiene 20 compromisos y 223 medidas a desarrollar antes del 30 de junio de 2019 en colaboración con todos los ministerios, comunidades
autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias y, sobre todo, sociedad civil. El balance no puede ser mejor en estos primeros meses, ya que el 46 % de las actividades ya están en curso y el 21 % están finalizadas. Entre los compromisos
del plan, cabe destacar la creación, ya materializada, del foro de gobierno abierto como espacio de diálogo permanente de las administraciones públicas y de la sociedad civil, y otras medidas del tercer plan inciden en la mejora del portal de
transparencia de la Administración General del Estado y el reforzamiento de las iniciativas sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público.


En lo que afecta a las modificaciones en la estructura orgánica de la secretaría de Estado operadas tras la aprobación del real decreto de estructura del ministerio, se crean la Oficina de Planificación Estratégica y el Instituto de
Evaluación de Políticas Públicas. Se da así cumplimiento a la Ley 40/2015, transformando la naturaleza jurídica de la agencia para la evaluación, Aeval, cuyas funciones relativas a evaluación han sido asumidas por el nuevo instituto y las de
calidad por la Dirección General de Gobernanza Pública. A través del nuevo instituto de evaluación, perseguiremos el reforzamiento de las funciones de evaluación de políticas en un órgano que velará con objetividad e independencia por contribuir a
la eficacia, eficiencia, pertinencia y coherencia de la acción pública. Además, deseamos potenciar la evaluación como una función necesaria en la realización de cada política pública mediante la formación de los funcionarios públicos responsables
de las decisiones y de su ejecución, la difusión de las mejores prácticas y métodos de evaluación y la colaboración con otros órganos que realizan funciones de evaluación de políticas públicas desde diferentes perspectivas.


Además, en esta nueva etapa las funciones de impulso de la reforma y transformación de la Administración y el apoyo a la planificación, así como el seguimiento de proyectos de reforma, han sido asumidas por la nueva Oficina de Planificación
Estratégica. Su principal tarea en este momento es la puesta en marcha de un plan de reforma administrativa que hemos denominado Plan estratégico de impulso y transformación de la Administración pública 2018-2020. El objetivo del plan es
desarrollar una transformación del modelo de gestión pública, para la cual se estructura en cuatro ejes estratégicos, que nos marcarán las principales líneas de actuación: transformación digital de la Administración, impulso de la gobernanza
pública, estrategia de gobierno abierto y mejora de la transparencia, y mejora y modernización del empleo público. Actualmente, se está implantando la primera fase de actuaciones, que consiste en el propio diseño del plan, definiendo sus programas
y medidas y poniendo a punto las herramientas informáticas y organizativas para la gestión, seguimiento y evaluación de dicho plan. Sus grandes líneas se han sometido en el mes de marzo a un proceso de participación pública con el fin de contar en
su diseño e implementación con las aportaciones de la sociedad civil. La puesta en marcha será para este ejercicio 2018.


Señorías, la trasformación digital de las administraciones públicas y, como saben, la entrada en vigor en octubre de 2016 de las leyes de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico han supuesto un importantísimo impulso en esta
materia, pues contemplan una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. Para su implantación hemos puesto en marcha y reforzado un conjunto de soluciones, infraestructuras y servicios comunes a los que pueden
tener acceso todas las administraciones públicas a través de aplicaciones en la nube que les facilitan la implantación. Estas actuaciones están permitiendo la utilización masiva por todas las administraciones públicas de los mismos servicios
compartidos, lo que supone importantes ahorros y sinergias. FACe es un punto general de entrada de facturas electrónicas que facilita la remisión de las facturas de forma centralizada en un único punto para toda la AGE y para todas las
administraciones públicas adheridas -desde enero de 2015 se han tramitado más de 25 millones de facturas por un importe de 121 millones- y, en segundo lugar, Carpeta Ciudadana es una plataforma fruto de la colaboración interadministrativa que
pretende que el ciudadano pueda acceder a toda su información personal, al estado de tramitación de sus expedientes, a

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sus notificaciones o a la información que haya presentado ante cualquier registro, con independencia de la sede electrónica o de la Administración pública en la que se halle la información. Durante el año 2018 ya se han producido más de 300
000 accesos, gracias, además, a la interconexión de registros de entrada y salida se han intercambiado desde 2012 más de cinco millones de asientos registrales. También la plataforma de intermediación de datos permite que el ciudadano no tenga que
aportar datos o documentos que ya tenga la Administración pública. Desde 2015 el número de transmisiones ha sido de 180 millones. Clave, por fin, facilita un nuevo modelo de identificación para la tramitación electrónica. Es un sistema orientado
a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En la actualidad, se han registrado en el sistema más de cinco millones de usuarios. Por último y en materia de ciberseguridad, estamos trabajando para
poner en marcha en el segundo semestre de 2018 el centro de operaciones de ciberseguridad, que será un servicio de seguridad compartido que tiene por objeto proporcionar de forma centralizada protección a la AGE frente a amenazas exteriores.


Señorías, para concluir, la aprobación del proyecto de presupuestos para 2018 supondrá la cristalización y el respaldo a una nueva etapa para la Función pública. Con el acuerdo del 9 de marzo que se plasma en este proyecto se reconoce la
labor del personal de todas las administraciones, su compromiso, su esfuerzo colectivo y su contribución al interés general y a la mejora de la situación económica. Subida salarial de tres millones de empleados públicos, equiparación salarial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creación neta de empleo, universalización de la estabilización, medidas de conciliación y corresponsabilidad y refuerzo de la negociación colectiva constituyen una considerable mejora no solo para los
empleados públicos, sino para un adecuado funcionamiento de nuestros servicios y nos sitúan en la senda de crecimiento de la economía de nuestro país, en la que esperamos permanecer para seguir avanzando y modernizando nuestras administraciones
públicas.


Muchísimas gracias por su atención, señorías. Quedo a su disposición para contestar a las cuestiones que tengan a bien plantearme. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Muchas gracias, señora Collado.


En turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano por tiempo de diez minutos.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Gracias, señora Collado, por su comparecencia y por las explicaciones realizadas en el área que son de su competencia. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos felicitar, en primer lugar, a los empleados públicos y a sus
representantes sindicales porque, debido a su trabajo y a su tesón, han conseguido ganar el pulso al Gobierno de España y conseguir que se empiecen a recuperar derechos de los empleados públicos. El Gobierno, más por necesidad que por convicción,
no le ha quedado más remedio que acceder a las justas demandas de los empleados públicos duramente castigados por las políticas del Gobierno del Partido Popular durante los años de crisis. Sin ser ellos los culpables, habían perdido poder
adquisitivo, habían perdido derechos y se había perdido calidad en los servicios públicos. En realidad, los ciudadanos perdemos si hay empleo público precario e insuficiente porque para atender los servicios públicos se necesitan empleados públicos
y eso es lo que ha faltado en estos años de mayoría absoluta del Partido Popular.


Habiendo analizado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, nos congratulamos de que este proyecto refleje, como no podía ser de otra manera, el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de Función pública -UGT,
Comisiones Obreras y CSIF- para reducir la temporalidad en el empleo público hasta situarla en el 8 % en los próximos tres años, continuando con el acuerdo que ya se firmó el año pasado. En el marco del proceso de consolidación fiscal, también
tenemos que decir que el número de empleados públicos ha pasado de 3 234 700 en el año 2011 a 3 074 700 en el año 2017, lo que supone una reducción cercana a las 160 000 personas y, por tanto, 160 000 empleados públicos menos, y a eso, señorías, me
referí anteriormente cuando decía que hemos perdido calidad en los servicios públicos, porque hemos perdido esos empleados públicos, que son el alma mater de los servicios públicos que necesita la ciudadanía para tener calidad de vida y garantizado
su bienestar. Al final, esto se traduce en un déficit de atención a los ciudadanos, que ven cómo los servicios esenciales -la sanidad, la educación o la seguridad- sufren las consecuencias de esta tasa de reposición infame a la que ha condenado el
Gobierno de Rajoy a las administraciones territoriales, tanto a la autonómica como a las locales en los últimos años. Que ha habido crisis lo sabemos, pero que también se podía haber recortado en otros ámbitos es evidente, pero, como el Partido
Popular no cree en los servicios públicos, no le han

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dolido prendas hacer este tipo de recortes. Por tanto, señorías, gracias a los sindicatos, los empleados públicos recuperan su derecho, y con ese tesón y esfuerzo son los que han mantenido a pulmón muchos de los servicios públicos. Doy las
gracias, por tanto, a los empleados públicos por el trabajo realizado. También nos congratulamos de que la oferta de empleo público para este año 2018 recoja importantes avances y se oferte un gran número de plazas de acceso libre y también, aunque
sea menor, un gran número de plazas de promoción interna.


Por otro lado, y como usted ha manifestado, señora Collado, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge un aumento importante de las retribuciones de los empleados públicos. Se establece un acuerdo plurianual de
incremento salarial para los años 2018, 2019 y 2020 que incluye un porcentaje de subida fijo más un incremento variable ligado al crecimiento de la economía, del PIB, del producto interior bruto. La horquilla de incrementos salariales queda
establecida entre un mínimo del 6,1 % y un máximo del 8,8 % para el periodo de tres años. Es la primera vez en la historia que un acuerdo para subir los salarios a los funcionarios se vincula al crecimiento de la economía y al cumplimiento del
déficit público, por lo que el IPC ha perdido protagonismo en este ámbito de las revalorizaciones salariales. Lo dejo ahí. No digo si es bueno o es malo, simplemente que los ciudadanos y los empleados públicos valoren si eso es bueno o es malo.
El número de empleados públicos en España se aproxima a los 3 millones entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales y diversos organismos públicos. Todos estos empleados tienen una pérdida acumulada de
poder positivo importante desde que empezó la crisis económica. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista respeta el acuerdo alcanzado por los funcionarios, ya que mejora las condiciones salariales con respecto a los presupuestos del año 2017 y
los anteriores, aunque por supuesto lo consideramos insuficiente y hay que seguir luchando para recuperar todo lo perdido. Además, queremos indicar la falta de lealtad institucional del Gobierno de España al no hacer partícipe de estas
negociaciones con las entidades sindicales que representan la Función pública y los empleados públicos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos -no se ha hecho partícipe de esas negociaciones a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos-, toda vez que la mayoría de los empleados públicos se encuentran en dichas administraciones territoriales, y máxime cuando el Gobierno de España no cumple con lo acordado en la Conferencia de Presidentes y no aborda la financiación
autonómica ni la local. Es más, el acuerdo alcanzado, al condicionarlo al cumplimiento de la regla de gasto, supone que mientras se mantenga la perversa metodología del cálculo de la regla de gasto por el Gobierno, unido a la falta de un nuevo
marco de financiación, hace que sea muy difícil su cumplimiento sin esquilmar a su vez otras políticas. Por supuesto que las comunidades autónomas lo cumplirán y lo llevarán al máximo de sus posibilidades, pero se reivindica la necesidad de
vincularlo a un acuerdo de financiación justo.


En cuanto a la jornada laboral, como usted ha dicho -también se ha referido a ello, señora Collado-, en el acuerdo con los funcionarios se recoge la recuperación de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, aunque condicionada
al cumplimiento de la regla de estabilidad presupuestaria. Las administraciones públicas que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, así como que no afecten al objetivo de temporalidad
máxima del 8 %, tendrán capacidad de negociar la jornada de treinta y cinco horas, por lo que de momento se mantiene en treinta y siete horas y media. Esto supone un gran avance desde su punto de vista, pero nos parece injusto someter al
cumplimiento de la triple regla fiscal algo tan esencial como la consecución de la jornada laboral de treinta y cinco horas reivindicada y defendida por este colectivo. También esta jornada laboral de treinta y cinco horas ha sido reivindicada por
el Grupo Parlamentario Socialista, y a nosotros nos resulta injusto y discriminatorio para los empleados públicos, según el territorio, vincularla a ese cumplimiento de la regla de gasto, máxime cuando ustedes, señora Collado, precisamente ustedes,
su ministerio, su ministro y el Gobierno del Partido Popular, hicieron bandera de la igualdad para imponerse a la implantación de las treinta y cinco horas en Andalucía. Por tanto, reivindicamos la jornada de treinta y cinco horas, pero sin
disminución de las retribuciones económicas, recuperando en primer lugar el cómputo de la jornada máxima existente antes de los recortes del año 2012. Y si para Andalucía era injusta la jornada de treinta y cinco horas, para el resto del
territorio, si no se cumple la regla de gasto en unos sí y en otros no, también debe ser injusta.


En el acuerdo con los funcionarios también se ha pactado una tasa de reposición del cien por cien para todas las administraciones públicas para este año 2018, aunque también se condiciona a que las administraciones cumplan con los objetivos
de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, una tasa de reposición que se podrá elevar hasta el 108 % en los sectores o ámbitos que requieran un mayor esfuerzo

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de efectivos. Las administraciones locales podrán incrementar esa tasa hasta un 110 % si carecen de deuda y por incremento de la población tienen necesidad de prestar nuevos servicios. Nos parece bien, pero la Federación Española de
Municipios y Provincias ya pedía al Gobierno que se aplicará una tasa de reposición del cien por cien de la totalidad de los empleados públicos en el año 2017. Desde el Grupo Parlamentario Socialista ya planteamos a través de una iniciativa
parlamentaria abrir una mesa de negociación para abordar, entre otras cosas, un plan de recuperación del empleo público perdido en la Administración local en los últimos cuatro años, pérdida de empleados públicos en la Administración local que se ha
estimado en cien mil puestos de trabajo, y la Administración local ha sido la más afectada por la aplicación de esa normativa, lo que supone un 15 %, mientras que la reducción de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas ha
sido del 11,5 % y del 3,7 % respectivamente. Por tanto, apoyamos que en 2018 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el cien por cien para que, de esta forma, las entidades locales recuperen los puestos de trabajo
perdidos desde el año 2012 tras la entrada en vigor de la normativa sobre el equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, pero entendemos que necesitan mirar con más cariño a la Administración local, que es la Administración más cercana al
ciudadano, la que más castigada está por los recortes de su ministerio y de su Gobierno y la que más afectada tiene su autonomía local debido a las normativas que han aprobado.


En definitiva, valoramos el esfuerzo de los empleados públicos y agradecemos su sacrificio, y entendemos que este acuerdo es un punto de partida para seguir trabajando para recuperar todos los derechos perdidos por los empleados públicos,
que han estado sosteniendo a pulmón muchos de los servicios públicos durante la crisis económica, crisis económica de la que no tuvieron culpa y que han pagado con su esfuerzo y su tesón.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señora Serrano.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la secretaria de Estado, no sin lamentar que hubiera sido mucho más completo escuchar también en este tema las voces de las organizaciones sindicales, tal y como pedimos desde el Grupo de
Unidos Podemos, y eso porque al menos en esta materia la tramitación de la ley de presupuestos ha estado enmarcada por el acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y el Gobierno, un acuerdo impensable hace algunos años, cuando los
sindicatos reclamaban algo tan básico como la convocatoria de la mesa de negociación. Nosotros saludamos este acuerdo, al igual que saludamos el anterior, el que se celebró hace un año prácticamente con ocasión de los presupuestos de 2017. Nos
parece que se sigue situando, al igual que el anterior, en la dirección correcta; ahora bien, también nos parece que sigue faltando un largo camino para poder recuperar los servicios públicos que han sufrido los recortes de los últimos ocho años de
forma descarnada. Y es que, aunque con este acuerdo y su plasmación en el articulado de la ley en algunas administraciones se podrá crear empleo, no va a ser algo generalizado, o por lo menos no lo va ser para la Administración del Estado, ya que
con estas previsiones se podrá a lo sumo casi mantener -eso sí, por primera vez tras muchos años- o contener las pérdidas, pero el problema del déficit generado por las limitaciones y los recortes en los últimos años no lo revierte este acuerdo,
solo detiene la hemorragia, pero necesitamos una transfusión de sangre mucho más enérgica para poder caminar. Eso solo puede ser de dos maneras que ya comentamos el año pasado, o eliminando la tasa de reposición o a través de una orden de empleo
pública extraordinaria.


Es cierto que en este acuerdo se avanza en multiplicar las posibilidades de contar con una tasa de reposición del cien por cien o incluso tener un 8 % o un 10 % por encima de ella, pero esto aparece ligado a múltiples condicionantes
controlados desde el Estado, y nos sigue pareciendo que debería ser cada Administración pública, dentro de su disponibilidad presupuestaria, quien decida aplicar el gasto a capítulo 1 o a capítulo 2, porque las necesidades existen, estas hay que
cubrirlas y la tasa de reposición no es sino una intromisión desproporcionada en la autonomía municipal y autonómica. Es más, la Administración del Estado ya demostró en julio que era necesario saltarse la propia tasa de reposición que se había
autoimpuesto un mes antes en los propios presupuestos generales. Señora Collado, esto no nos parece nada serio. Si es posible saltarse la tasa de reposición, debería poder serlo para todas las administraciones públicas. Por eso, nos parece que ha
llegado el momento de reconocer que podemos

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dar un paso más allá, abandonar esta hipocresía política y, en lugar de acumular condicionantes infinitos que siguen tratando al resto de administraciones como menores de edad, acabar de una vez con la tasa de reposición. Demos a las
administraciones la capacidad para poder autogobernarse.


Hasta que lleguemos a ese objetivo, entendemos, en primer lugar, que los ayuntamientos más pequeños, de menos de 20 000 habitantes, deberían estar exceptuados de la aplicación de las reglas sobre la tasa de reposición atendiendo a su
especial situación de dificultad. En segundo lugar, y también para los entes locales, cuando desde alguna ley se establezcan obligaciones nuevas que cumplir por parte de estos, sería justo que se les excepcionara de la aplicación de las reglas de
la tasa de reposición para poder convocar las plazas que precisen estas nuevas obligaciones; por ejemplo, en el caso de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya aplicación requiere un esfuerzo para las administraciones públicas, ya que se
incrementan las tareas relacionadas con la transparencia que recaen sobre municipios que, en muchas ocasiones, carecen de la posibilidad de ofertar plazas para cubrir estas nuevas funciones. Por eso, nos parece que sería lógico eximirles de la
aplicación de las reglas sobre las tasas de reposición en estos casos. Junto con esto, nos sigue pareciendo imprescindible una orden de empleo público extraordinaria que reponga el empleo destruido desde 2009. Esta orden, para los ámbitos
administrativos más urgentes, debe ser inmediata. Esta necesidad la reconoció el propio Gobierno en julio al sacar la orden extraordinaria, pero, como ya dijimos entonces, nos parece insuficiente. La pérdida de empleos solo en la Administración
del Estado, de media en cada uno de los ejercicios, alcanza una cifra de 6857 efectivos, lo que supone una pérdida acumulada en el periodo 2008-2016, descontando el aporte de la oferta, que ha sido irrisorio, de 41 426 efectivos. Tan solo en el
ámbito de la Seguridad Social se han destruido desde 2009 un total de 4249 puestos. Esta orden extraordinaria de julio, es cierto, creaba 2026 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado, pero convendrá conmigo que 40 000 de
pérdidas acumuladas frente a 2000 es aún insuficiente. Queda mucho por recuperar, ni siquiera se llega a la media de empleos anuales destruidos.


En resumen, hay ámbitos donde es urgente intervenir de forma contundente: en todos los centros de Atención a la Ciudadanía y en todos los centros de gestión de la Seguridad Social. Me detengo aquí un momento, si me lo permite. Hay en
estos momentos treinta y nueve oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto General de la Seguridad Social que están atendidas por un solo funcionario; no son superhéroes, pero hay solamente un funcionario atendiéndolas.
Hay centros de seguridad aérea o seguridad marítima en donde el déficit de personal conlleva peligros que esta Administración no se debería permitir. En los diferentes organismos de investigación dependientes de la Administración General del
Estado, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, falta plantilla, a lo que, además, se suma un nivel insufrible de precarización del empleo. También, por ejemplo, en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes la pérdida de efectivos en los últimos cuatro años fue cerca del 13 % de su personal, con la consiguiente repercusión en servicios tan importantes para la ciudadanía, como los museos estatales y el Reina Sofía, la
Filmoteca Nacional, el Inaem o los archivos estatales. Asimismo, en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, la pérdida de personal ha sido del 15 % en los últimos años y la alta edad media de la población supone un problema para el tipo de
trabajo a desempeñar. Hablamos de que en cinco años la plantilla de Instituciones Penitenciarias tendrá más de cincuenta años. Usted sabe que este colectivo, además, esta reclamando la adscripción al grupo B, y quería aprovechar su presencia aquí,
señora secretaria de Estado, para saber si pretenden hacer un estudio de esta reivindicación. En todos estos casos que atañen directamente a la Administración del Estado, ¿qué solución les va a dar el Gobierno a todos estos supuestos de colapso
actual que no se solucionan ni con la reposición del cien por cien? ¿Hay algún plan o seguirá el colapso, con los riesgos que esto conlleva para todas? ¿Tendremos otra orden de empleo extraordinaria en julio para atender estos supuestos? ¿No
estaría mejor tratar de incorporarlo en los Presupuestos Generales del Estado? Haremos, como saben, enmiendas en este sentido, pero tampoco podemos olvidar otras tareas necesarias por las que quiero preguntar. Primero, la recuperación de los
derechos económicos. Es cierto que en los presupuestos generales, derivada del acuerdo, hay una previsión de mejora retributiva respecto del año pasado y un plan trianual de recuperación, como usted ha explicado, pero, aun así, nos parece que en
unas previsiones razonables de crecimiento económico vamos a estar en una equiparación a la subida del IPC aproximadamente y nos parece que hay que ir mucho más allá. En ese sentido, nuestro grupo proponía una subida del 2,7 % en la tramitación de
los presupuestos generales del año pasado.

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En relación con la posibilidad de negociar la jornada, por la que ya preguntamos aquí el año pasado, nos parece que no debería estar condicionada a las situaciones financieras de las administraciones. Sería más razonable que cada
Administración, en virtud de sus competencias de negociación que le otorga su Estatuto de Autonomía o el propio Estatuto Básico del Empleado Público, decidiera. También quería preguntarle qué se piensa hacer desde la Administración General del
Estado, ¿hay alguna posibilidad de abrir una negociación para establecer las treinta y cinco horas también en la Administración General del Estado? Otra pregunta, ¿se va a iniciar alguna negociación para alcanzar el cien por cien de prestación por
IT en la Administración General del Estado? Respecto al convenio colectivo para el personal laboral, desde hace más de dos años, desde diciembre de 2015, está pendiente la negociación de este convenio. En algunas categorías laborales las
diferencias con los cuerpos de funcionarios de referencia alcanzan los 10 000 euros anuales, como en el grupo A2 respecto a la categoría 2. ¿Hay algún avance en este aspecto? Por otro lado, en los últimos meses y a raíz de la reivindicación de los
cuerpos de Policía se ha puesto encima de la mesa la situación de las retribuciones del personal de la Administración General del Estado respecto a otras administraciones. ¿Cómo se aborda esto en los presupuestos?


Hay dos disposiciones que nos llaman la atención. Es prácticamente repetir la disposición adicional treinta y cuatro de la anterior Ley de Presupuestos, cuando ya tenía carácter indefinido, disposición contra la que ya manifestamos nuestra
disconformidad el año pasado y, de hecho, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, nos parece inverosímil la disposición final treinta y cuatro en su apartado 1. Si ya era un despropósito jurídico tratar de eliminar de
la redacción la obligación de respetar la legislación laboral allí donde lo sea, la aplicación nos parece inverosímil.


Por último, aun no teniendo relación directa con los presupuestos, quiero consultarle una cuestión de su competencia que también nos preocupa. Me refiero a la elevación a real decreto del acuerdo de 2011 por el que se establecía un
protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados a ella. Señora Collado, ¿por qué no se ha tramitado aún ese real decreto?


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Mena.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Bienvenida, señora Collado, secretaria de Estado de Función Pública.


A mí de pequeño me enseñaron que debemos dejar las cosas mejor de cómo nos las hemos encontrado o, al menos, no contribuir a empeorarlas. No apoyar estos presupuestos por los grupos de la oposición, el Partido Socialista o Podemos, puede
empeorar muchísimo y con creces y usted lo ha explicado en su exposición.


Quiero hablarle de cinco puntos fundamentales, como son la subida de salarios, la tasa de reposición, los interinos, la modernización de la Administración de la que hablaba usted y el cumplimiento del acuerdo que firmamos con el Partido
Popular. En primer lugar, usted ya lo ha explicado, este es un presupuesto expansivo, sin recortes, con subidas salariales, no voy a entrar en detalles porque ya lo ha hecho usted, con ese acuerdo con fuerzas sindicales. Además, creo que son
fundamentales las medidas de conciliación familiar, porque eso posibilita, además, que hayamos solucionado el problema de la equiparación salarial de esos 140 000 policías y guardias civiles.


En segundo lugar, me quiero extender en el tema de la tasa de reposición, que es algo que preocupa a Ciudadanos. Este aspecto está muy relacionado con lo que usted ha comentado, pero, sobre todo, con los interinos. Es cierto que durante
muchos años esa tasa de reposición se ha visto mermada por ciertas decisiones; hay veces que la congelación del empleo público puede tener daños colaterales. Esa tasa de reintegro y de recuperación que pueda tener, por ejemplo, la Agencia
Tributaria, es decir, por cada euro que invertimos recuperamos 10, es una lastima que durante el Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta no se haya hecho así, pero yo me alegro de que se haya vuelto a esas tasas de reposición, como usted
ha indicado, pero tiene un efecto en cuanto al tema de los interinos.


En tercer lugar, la Administración pública lleva cubriendo puestos estructurales con personal de las diferentes bolsas de interinos, perpetuándose el personal interino e incumpliendo, además, la normativa vigente, pues el interino está para
cubrir necesidades urgentes y temporales; conocemos las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 septiembre 2016, que lo estimó discriminatorio y contrario a las normas. El año pasado, en 2017, se llegó a un acuerdo por el que
había que estabilizar la

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situación de esos 250 000 interinos. Es un anuncio de convocatorias en materia de personal que ha provocado una enorme preocupación e incertidumbre en este colectivo, porque llevan muchos años cubriendo estos puestos -en muchas ocasiones
están más de veinte años- y esto puede provocar que no solo se pueda perder la profesionalidad en las distintas áreas, sino que nos preocupa ese proceso de interinidad. Quiero preguntarle, primero, ¿cuánto se ha reducido esa tasa de interinidad a
fecha de hoy? Nos gustaría que nos pudiera dar una variable. ¿Qué solución plantea el Gobierno para estos interinos que aprobaron una oposición en su día y, sin embargo, no obtuvieron una plaza fija, si bien fueron incluidos en esas bolsas de
trabajo? Evidentemente, la Administración no cumplió con la obligación de sacar suficientes plazas para la mayoría de los interinos que aprobaron una oposición. Creemos que hay un problema que atender y debemos anticiparnos porque, además, hay
varios procedimientos en vía contencioso-administrativa que están elevando cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que podrían obligar al Estado a tener que readmitir o indemnizar a estos trabajadores con multas
millonarias. Me gustaría, señora Collado, que nos diera un planteamiento o una solución para estas personas, para estos profesionales que llevan muchísimo tiempo trabajando. Es evidente que no estamos de acuerdo con el enchufismo, con el
nepotismo, con los tratos de favor que pudiera haber, creo que son casos aislados, pero la mayoría de estas personas realmente necesitan una solución.


En cuarto lugar, nos ha hablado usted también de Administración digital, de modernización de la Administración, que es una de las cuestiones por las que apuesta Ciudadanos y que llevamos además en los presupuestos. En primer lugar, porque
esto permite, además, ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos optimizando los recursos y también porque la Administración pública puede impulsar muchos más tipos de servicios y productos tecnológicos. Sin embargo, además de estos medios, hay una
modernización pendiente en la Función pública, que no está del todo basada en estos medios materiales sino en los modos. La persona que le habla es miembro también de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y lo cierto es
que el Tribunal de Cuentas suele no poder analizar ese principio de eficiencia del que usted nos hablaba porque los centros fiscalizados no planifican el gasto, porque los centros fiscalizados no fijan objetivos cuantificables de su actuación,
porque no justifican debidamente la necesidad de las contrataciones y porque no se establecen procedimientos internos ni una asignación clara de responsabilidades en ningún área. No lo digo yo, lo dice el propio Tribunal de Cuentas, por lo que me
gustaría preguntarle si recibe usted esas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y cómo se le ocurre a usted que podrían generalizarse unas mejores prácticas dentro de la Administración. Usted nos ha hablado de ese plan especial de gobernanza, nos
ha hablado de esa formación, señora Collado, que yo creo que se podría haber hecho antes, mucho antes, por lo que me gustaría que me concretara un poco más qué se puede hacer con todo esto.


En quinto y último lugar, respecto al cumplimiento del acuerdo, le quiero recordar que en esas 150 medidas que aprobamos con el Partido Popular para la investidura del señor Rajoy había cuatro puntos fundamentales, del 125 al 128. El 125
hablaba de reforma de las administraciones públicas. Queríamos eliminar duplicidades administrativas. De hecho, se comprometieron a reducir los gastos en aproximadamente 1000 millones. El 126 hablaba de establecer un concurso como norma general
para el nombramiento de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local. Este es un grave problema y le quiero preguntar cuántas plazas hay vacantes o qué porcentaje de plazas reservadas a funcionarios de la Administración local
con habilitación de carácter nacional siguen vacantes en la actualidad. ¿Dónde estamos en la reforma para reforzar la independencia de los funcionarios locales con habilitación nacional? En esta Cámara se aprobó una proposición no de ley apoyada
además por el Grupo Parlamentario Popular. Deben darle un impulso porque hay muchísimas plazas por convocar. Se está designando a estos funcionarios por el sistema de libre designación y debemos acabar en la medida de lo posible con este tipo de
prácticas y propugnar el mérito y la capacidad en estas designaciones. El punto 127 hablaba de desarrollar un Estatuto Básico del Empleado Público y el punto 128 hablaba de reforzar la política de reducción de cargas administrativas, la
simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración electrónica. Nos ha hablado un poco de todo ello y me gustaría que concretara más sobre estas cuestiones.


Termino como he empezado la intervención. Creo que hay que dejar esto mucho mejor que como nos lo hemos encontrado. Algún portavoz -creo que era el señor Mena- ha hablado incluso de saltarse la tasa de reposición. Creo que la estabilidad
presupuestaria es fundamental. No podemos comprometer a las generaciones futuras con todos los errores que podamos estar cometiendo. Nos hablaba de hipocresía política y creo que no es nada progresista endeudar a las generaciones futuras ni estar
pagando más

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de 31 000 millones de euros en intereses, exactamente 31 547 millones de euros de intereses. Esto es el doble de lo que estamos pagando, por ejemplo, por prestaciones por desempleo. Por tanto, creo que es fundamental apoyar estos
presupuestos, porque acabamos con los recortes; subimos los salarios a los funcionarios, que se lo merecen porque han pasado una época de crisis muy dura; equiparamos salarialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que es justo
y a lo que ustedes mismos se habían comprometido; y, fundamentalmente, damos estabilidad. Crear empleo público es fundamental, pero crear empleo público sin tener los recursos suficientes es un completo error.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.


Muchísimas gracias, señora Collado, por comparecer en esta Comisión de Presupuestos. Vamos a intentar no agotar el tiempo, porque llevamos una acumulación importante de retrasos y vamos a terminar a las once de la noche si no lo subsanamos.


En primer lugar, señora Collado, saludamos y nos felicitamos por el acuerdo que se produjo entre los sindicatos y el Gobierno. Además, no le voy a escatimar felicitaciones. Yo felicito a los sindicatos y felicito al Gobierno, porque cuando
hay un acuerdo al fin y al cabo es un acuerdo de todos. Por tanto, no le voy a escatimar ningún tipo de felicitación. Además, algunos de los aspectos nos parecen razonables. Vincular la actualización de la retribución del personal de la
Administración pública al crecimiento del PIB me parece ciertamente inteligente. Es una buena medida. No obstante, tenemos algunas dudas y algunas discrepancias que le voy a plantear.


Supongamos -que no va a pasar- el hipotético caso de que, a pesar de todas las apelaciones que se están haciendo desde Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista no vota a favor del presupuesto. (Risas).
Supongamos -que no va a pasar- que todos estos a los que no apelan para que voten los presupuestos pero que les votaron el año pasado, tampoco votan a favor de los presupuestos. Supongamos -que no va a pasar- que no aprueban los presupuestos. Yo
quisiera -el señor ministro lo ha dicho- que nos dijera usted aquí que este acuerdo se va a cumplir igual y que se va a implementar a través del correspondiente real decreto-ley. Lo digo porque ayer el señor Nadal nos dijo: Si no hay presupuestos,
no hay actualización de las retribuciones de los empleados públicos; cosa que yo creo que no se cree ni él. Estaría bien aclararlo porque ayer sí que hubo algún empleado público que me llamó y me dijo: Oye, estoy siguiendo con gran interés el
debate que lleváis en la Comisión de Presupuestos y he oído decir que si no aprobáis el presupuesto no nos van a actualizar el salario. Votadlo sea como sea, ni 155 ni nada. (Risas). Pero, claro, como el señor ministro dijo que en caso de que no
hubiese presupuestos, se podría aprobar un real decreto, yo quisiera que hoy aprovechase la oportunidad para dejar claro a este empleado público que ayer me llamó preocupado que el acuerdo se va a aplicar igual haya presupuestos o no haya
presupuestos.


En cuanto a la tasa de reposición, en la que hay una cierta mejora, obviamente, aunque el portavoz de Ciudadanos dice que es una barbaridad si se suprime la tasa de reposición, creo que tendríamos que hacer una reflexión seria en los
diferentes niveles. Fíjese, las corporaciones locales llevan seis años consecutivos de superávit que va incrementándose a lo largo del tiempo y, como nos indicaba esta mañana el presidente de la Airef, van incrementando sus saldos en las cuentas
bancarias porque, evidentemente, no tienen capacidad de gastarlo. Miren lo que les estamos diciendo a las corporaciones locales: Usted tiene que equilibrar el presupuesto, no tiene que generar déficit. Esto es razonable. A más a más, con la
aplicación de la regla de gasto, solo puede gastar un poquito más de lo que gastó el año anterior. Y a más a más, tiene una tasa de reposición. Aunque no tenga deuda, aunque tenga el presupuesto equilibrado y no esté generando déficit, usted no
puede contratar personal más que en un porcentaje de lo que tenía o de las bajas causadas. Esto no tiene ningún sentido y atenta absolutamente contra la autonomía local. Si se contrata se está consolidando gasto público, gasto corriente, que
después es difícil corregir en el hipotético caso de que exista déficit o incumplimiento de algunas de las reglas de consolidación fiscal. Pero, claro, en cambio a esta Administración local nadie le pone ningún problema en que a través del capítulo
2 pueda consolidar gasto corriente mediante prestación de contratos de servicios públicos a tres años, a cinco años o a determinados años que se van renovando. Por tanto, de alguna forma, a la Administración local, que tiene capacidad para gastar,
se le dice: Tú no contrates, pero sí puedes externalizar algún servicio a través de alguna empresa de servicios, aunque te cobre el IVA y te

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esté incrementando tu coste, porque aquí no tienes ningún tipo de limitación. Por tanto, la tasa de reposición en la Administración local, que se está mayoritariamente cumpliendo, no tiene ningún sentido. Es una limitación a la autonomía
local, es una excesiva tutela de la Administración local y, claro, ¿quién tutela? Tutela el que no cumple, tutela aquel que no cumple los objetivos de déficit. Obviamente, en el acuerdo, tal como se ha expuesto, esta tasa de reposición es del 100
% para todos los sectores; para aquellas administraciones que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria es del 100 % para los sectores prioritarios y del 75 % para los sectores no prioritarios. Entiendo por tanto -y nos gustaría tener
confirmación- que en el caso de la Administración central y de la Seguridad Social en los sectores no prioritarios va a ser del 75 %, porque la Administración central, como todo el mundo sabe en esta Comisión, no cumple los objetivos de déficit.
También quisiéramos confirmación al respecto.


En relación con la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad, esta es una antigua reivindicación. Las circunstancias -no quiero pensar cuáles, aparte de las naranjas- han querido que se produzca este año. Yo quisiera saber también
-creo que alguien se lo ha preguntado- si esta política de equiparación salarial de los diferentes trabajadores públicos se va a plantear más allá de los cuerpos de seguridad y si se va a plantear en términos no solo de equiparación salarial sino
también de equiparación de condiciones de trabajo, que no siempre son iguales en unas administraciones que en otras.


En todo caso, señora Collado, muchísimas gracias por su comparecencia. Estaremos atentos al seguimiento de este presupuesto y de este acuerdo, y si no hay presupuesto, vamos a ver cómo acaba el acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria de Estado de Función Pública su comparecencia esta tarde aquí, en la Comisión de Presupuestos, y darle la enhorabuena, junto con el resto de personas que forman su equipo, por el trabajo que
lleva realizando al frente de esta secretaría de Estado. Prueba de ello, del resultado de ese trabajo, es este proyecto de presupuestos del año 2018, que, por lo que hemos visto en las intervenciones de los anteriores portavoces, podemos decir que
es un gran presupuesto y que incorpora elementos fundamentales para los servicios públicos y para los empleados públicos de nuestro país y de todas las administraciones.


El presupuesto de la secretaría de Estado está incorporando la profunda agenda reformista del Partido Popular; la agenda reformista de la X Legislatura y la agenda reformista que tenemos también en estos momentos. Este presupuesto
incorpora, por un lado, elementos fundamentales en la modernización, en la digitalización y en la participación de los ciudadanos en los procesos públicos y en la Administración pública. En ese sentido, quiero destacar los esfuerzos que incorpora
este presupuesto en el gobierno abierto y también quiero destacar que no es el primer plan de gobierno abierto sino que es el tercero y que continúa incorporando las normativas y la legislación que se generó en la X Legislatura y que ahora mismo se
está extendiendo y ampliando dentro de nuestra Administración. Prueba de ello son las partidas y las medidas que ha anunciado la secretaria de Estado hoy en esta comparecencia: financiación pero, sobre todo, políticas que permiten continuar
-vuelvo a repetir- con esa agenda reformista.


En segundo lugar, quiero destacar -ha sido ya dicho por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- el compromiso del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular con los servicios públicos y con los empleados
públicos. Además, tenemos claro que ese compromiso solamente puede existir dentro de una presupuestación que cumpla la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Lo que tenemos claro en el Partido Popular es que si queremos tener
unos servicios públicos de calidad, si queremos que nuestros funcionarios y nuestros empleados públicos puedan desarrollar su trabajo, necesitamos esos presupuestos que estén comprometidos con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad
financiera, y este proyecto de presupuestos cumple perfectamente estas premisas.


Quiero destacar el compromiso con la calidad del empleo público que se vuelve a incorporar en estos presupuestos. En los presupuestos del año anterior, del ejercicio 2017, se incorporó el primer acuerdo para la mejora del empleo público,
donde había un compromiso real con el proceso de estabilización. Yo quiero destacar -porque algún portavoz, sobre todo la del Grupo Socialista, el año pasado nos dijo que no íbamos a cumplir ese pacto que habíamos firmado con los sindicatos- que
frente a lo que hicieron ellos con el acuerdo de estabilización que firmaron en el año 2009, que luego se transformó en una reducción de los salarios para los empleados públicos del 5 % de media, el Partido Popular, en el año 2017,

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firmó este acuerdo con las entidades sindicales, con los sindicatos, y está cumpliendo. Prueba de ello es que, como resultado de ese proceso de estabilización, en estos momentos ya se han anunciado por todas las administraciones en torno a
unas 130 000 plazas de estabilización. Si damos algunos datos, veremos que afecta a la Administración de Justicia, con más de 2000 plazas; al personal docente no universitario, con casi 43 000 plazas; a los servicios públicos de salud, con casi
70 000 plazas que ya están convocadas. Es decir, ese acuerdo de estabilización se firmó y se está cumpliendo, porque el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular cumplen aquello que firman y, de nuevo, este presupuesto permite continuar con
ese proceso de estabilización iniciado ya con el acuerdo del año 2017.


Como ha sido dicho también por otros portavoces, este presupuesto incorpora la mejora en la retribución a los empleados públicos. Los empleados públicos hemos sufrido los ajustes que fue necesario realizar por la situación en la que nos
dejó en este país el Partido Socialista Obrero Español, con unas finanzas públicas quebradas. Y en el momento en el que se pasó de la recesión a la recuperación económica, el Gobierno del Partido Popular comenzó a devolver a los trabajadores, a los
empleados públicos, todos aquellos ajustes que fue necesario realizar. Una de esas devoluciones vuelve a ser ahora este incremento salarial, que fue recogido en el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo,
que fue firmado el pasado 9 marzo de este mismo año.


No voy a repetir las subidas salariales, que pueden llegar hasta un 8,79 %, pero sí quiero destacar de nuevo la agenda reformista del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular. Frente a quienes continúan en esos planteamientos
antiguos de revalorizaciones o de subidas salariales en función del IPC, que todos sabemos que lo único que nos traen son incrementos de precios e inflación y que no se transforman realmente en mejoras en las retribuciones de los trabajadores, este
acuerdo incorpora que las subidas salariales vayan en función del crecimiento del producto interior bruto y que incorporen también elementos de cumplimiento de objetivos de déficit. Porque de lo que se trata es de que el crecimiento del país se
devuelva a los trabajadores, bien sean del ámbito privado, bien sean del ámbito público, y, por otro lado, que no gastemos lo que no tenemos, que es lo que ha pasado en los últimos años, que el Partido Socialista gastó lo que no tenía y esto ha
supuesto que después se hayan tenido que realizar esos ajustes por los que nos hemos visto afectados en los últimos años. Estamos con crecimiento, se trata de devolver ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB a los trabajadores en el
ámbito privado, pero también en el ámbito público. De nuevo, vuelvo a repetir, estamos hablando de una agenda reformista que se incorpora en estos presupuestos. Y quiero volver a destacar que frente a un Partido Socialista Obrero Español que bajó
los sueldos a los funcionarios, tenemos de nuevo una subida, el tercer año de subida, porque quiero recordar el presupuesto de 2016 y el presupuesto de 2017, y en este presupuesto de 2018 podríamos llegar a una subida de un 1,95 %.


También quiero hablar de las tasas de reposición, porque aquí hablamos mucho de las tasas de reposición. Aquí de nuevo tenemos una agenda reformista, porque se establecen dos modelos: para aquellos ayuntamientos, entidades locales y
comunidades autónomas que cumplen con los tres criterios -déficit, deuda y regla de gasto-, en este caso hablamos del 100 % en todos los sectores, hablamos de un incremento del 8 %, pero en las entidades locales ese incremento puede llegar al 10 %.
Y para aquellos que no cumplen -la tasa de reposición supone unos incrementos en gastos que hay que pagar, es decir, hay que tener esos ingresos para poder frente a esos gastos- o con la deuda o con el déficit o con la regla de gasto, lo que tenemos
es un 100 % en los sectores prioritarios, que son la mayoría, un 75 % en el resto, que además puede ser incrementado en un 5 % y, además, se establece que se puede poner un 5 % más en el caso de que tengan que prestar mayores servicios porque haya
habido un incremento en la población. Esa es la tasa reposición, un incremento significativo en esas tasas de reposición, vuelvo a repetir, incorporando la agenda reformista del Partido Popular, de forma que se vincula el aumento en la tasa de
reposición al cumplimiento de la deuda del déficit y también de la regla de gasto. De la estabilización y de su cumplimiento ya les he hablado, y si cumplimos con la estabilización, volveremos a cumplir con este acuerdo del año 2018 de subidas
salariales.


Estos presupuestos incorporan más elementos, incorporan la recuperación de la negociación colectiva en los diferentes ámbitos de la Administración. Creo que esa es una medida fundamental y va vinculada, por ejemplo, a la jornada laboral;
la capacidad de que se pueda negociar en los diferentes ámbitos de la Administración esa jornada laboral, pero, por supuesto, cumpliendo con los objetivos, cumpliendo con la deuda, cumpliendo con el déficit y cumpliendo con la regla de gasto, porque
yo lo que veo es que, por un lado, se dice una cosa, pero, por otro lado, lo que se pide es gasto y gasto, sin estar pendientes de si las administraciones tienen los ingresos suficientes para hacer frente a esos gastos. Les vuelvo a recordar el

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concepto (el señor Bel Accensi hace gestos negativos) -veo que dicen que no con la cabeza- de sostenibilidad financiera. No hablamos de un año ni de dos años, sino de la posibilidad de mantener -finalizo, señor presidente- los ingresos
suficientes para pagar esos gastos a lo largo del tiempo, no solo en un ejercicio económico.


Finalizo ya, porque las que incorpora este presupuesto son muchas medidas y son muy buenas. Algunas peticiones de plazas que ha hecho el portavoz de Podemos, por ejemplo, de controladores aéreos y en salvamento marítimo, están en estos
presupuestos. Mírenlo porque está en estos presupuestos.


En definitiva, y finalizo, señor presidente, muchas gracias, señora secretaria de Estado, por la tarea que está realizando, por este proyecto de presupuestos. Si son tan buenos como han dicho todos los portavoces, no entiendo cómo nos están
pidiendo un real decreto y no votan a su favor, porque son los presupuestos que necesitan todos españoles y los más de 3 millones de funcionarios que se han esforzado también. Así que, si son tan buenos, voten a favor de ellos.


Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.


A continuación, la señora Collado, secretaria de Estado, tiene la palabra para contestar a las preguntas de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez): Muchas gracias, presidente.


Empezaré por las preguntas y los comentarios de la señora Serrano, y lo primero que tengo que hacer, indudablemente, es decir que sí a esa felicitación a las organizaciones sindicales, pero también trasladarle a usted y a todos que no hemos
estado solos y que el Gobierno entero tiene por convicción la necesidad y las ganas de llegar a acuerdos. Les he hablado de siete acuerdos y ochenta reuniones de negociación. Creo que esa es una pequeña muestra de que, de verdad, no queremos hacer
las cosas unilateralmente.


Aparte de eso, y en respuesta a algunas otras intervenciones, hemos visto tanto para el acuerdo de 29 de marzo, como para el que pudo ser en septiembre, como para este a todas las comunidades autónomas -a algunas tres veces, a otras cinco-
y, además, tenemos varios órganos de trabajo, como la Comisión de Coordinación del Empleo Público y la Mesa General de las Administraciones Públicas donde escuchamos y recogemos ideas. El acuerdo es fruto de muchas de las cosas que nos han
trasladado corporaciones locales y comunidades autónomas. O sea, bien por la felicitación, pero extendámosla, porque hay muchos agentes implicados en este acuerdo que es bueno para todos.


En lo que afecta a la reducción de efectivos, ya lo dije el año pasado, hay una reducción de efectivos desde 2012 cercana a 150 000, y esos son datos que publicamos religiosamente en el Registro Central de Personal. La buena noticia es que
desde enero de 2016 a julio de 2017 hay un incremento de efectivos, sobre todo en las corporaciones locales y en las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las prestadas de servicios. La segunda buena noticia es que las tasas de reposición
que traemos en esta Ley de Presupuestos aumentan significativamente y, como he dicho, van a crear empleo neto. Si miramos datos, solo la Administración General del Estado en dos ejercicios ha sacado 40 000 plazas. Las comunidades autónomas, solo
en la oferta de 2017, llevan convocadas 59 000, y no han convocado todo, evidentemente. Es decir, la Función pública se mueve, las convocatorias están en la calle y estamos en un buen camino para recuperar el empleo perdido y para rejuvenecer las
plantillas, que es otro de los problemas que nos preocupa a todos.


La tasa de reposición como instrumento de ordenación no es nada maldito. Nació en el año 1995, por lo que tiene unos poquitos años. Les recuerdo las tasas de reposición -me las pasa mi equipo- de los años 2009, un 30 %; 2010, un 15 %;
2011, un 10 %; y 2012 -ya gobernaba el PP-, un 10 %. Caramba, estamos en tasas de reposición para comunidades autónomas saneadas y para corporaciones locales del 115 % y pueden llegar al 120 %. Esto es creación neta de empleo público. Y
contestando al diputado de Podemos, si hiciera falta -el año pasado les escuchamos y salimos de aquí con muchos deberes- algún plan especial y decidimos la fórmula, el Estado buscaría los mecanismos adecuados para incrementar las plantillas allá
donde sea esencial para nuestras políticas públicas. Eso nos lo trasladan los sindicatos y los diputados y nosotros escuchamos, negociamos y nos ponemos a trabajar. Nada está descartado en este aspecto.

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Señora Serrano, en cuanto a los acuerdos vinculados al IPC, el último es de 2009, y en él, con un incremento salarial del 0,3 %, se decía que en los años 2012, 2013 y 2014 se recuperaría la pérdida de poder adquisitivo en enero en función
del IPC. Sabe que ese acuerdo tuvo un recorrido de siete meses y que, por desgracia para todos, terminó en una bajada retributiva de una media del 5 %, que en algunos casos fue del 12 %. Es una forma de calcular los salarios y de hacer subidas
retributivas absolutamente obsoleta. Si los sindicatos mayoritariamente nos han firmado esto, con independencia de la ideología, es que han podido comprender que es mucho mejor ligar el crecimiento económico al crecimiento de los salarios. En este
sentido, es un acuerdo sólido y factible, porque ya con las previsiones que hoy mismo nos daba el FMI la parte variable del año 2019 se va a cumplir. Y, por supuesto, España llegará a cumplir el objetivo de déficit en 2020 sin ninguna duda, con lo
cual estamos en condiciones de alcanzar la parte alta y la parte alta es muy buena para todos los empleados públicos. Decía el representante de UGT cuando terminamos que es un acuerdo felizmente insuficiente y yo me he quedado con eso. Siempre
podría haber sido mucho más, se podría haber llegado a mucho más, pero negociar es ceder y al final hemos alcanzado el mejor de los acuerdos posibles después de un largo año de negociaciones.


Por lo que se refiere a las treinta y cinco horas, vuelven a donde estaban antes de la negociación colectiva de 2012 con cada comunidad autónoma y corporación local. Pero, las treinta y cinco horas tienen que ser sostenibles. Es
absolutamente lógico y de sentido común que, por un lado, se cumplan los objetivos de estabilidad que las hagan sostenibles, pero, por otro, si estamos firmando estabilizar, no podemos hacer políticas para que el porcentaje de interinidad se vuelva
a ir al 30 %, que es donde ha estado en las comunidades autónomas; no así en el Estado, donde está en un 5 o en un 6%. Así, pues, los cuatro requisitos son buenos para que se puedan negociar, y la generalización tampoco es algo que el Partido
Popular haya defendido. Hay que ver las circunstancias de cada uno, las tareas, los sectores, cómo es el trabajo de una enfermera en un turno de noche o en un sitio de cuidados especiales. Vamos a abrir un periodo de reflexión. En todo caso, a la
comunidad autónoma que más le preocupaba este asunto le ha dejado de preocupar, porque ha elaborado 38 folios de medidas adicionales para completar esos horarios y, como bien saben, no han sido recurridos por el Estado, con lo cual un problema menos
en este sentido.


Por lo que afecta a la pérdida de efectivos, les diré que en los últimos años ya estamos en 18 000 puestos más en comunidades autónomas y en 9000 más en corporaciones locales. Se está creando empleo, aunque el Estado sigue sin recuperar.
No pierde, pero sigue sin tener recuperación neta de efectivos. En este tema vamos también en una buena dirección y tenemos que esperar la incorporación de la oferta de 2017, que, si recuerdan, fue nada menos que de 28 000 plazas, 20 000 de ingreso
libre.


En lo que se refiere a la Administración local, por la que preguntaba el señor Mena, esta ha sido, en materia de empleo, la gran beneficiaria de este acuerdo. Hemos tenido especial sensibilidad no solo por lo que nos traslada la FEMP, sino
también porque hemos recibido a muchísimos alcaldes, alcaldes de las costas o de sitios pequeños, bastante desesperados -usted también preguntaba por ello- porque son plantillas cortas y la reposición no les daba, y encima tienen superávit. Por
eso, el paquete de medidas para corporaciones locales les sube por encima de cualquier otra Administración pública. Estas administraciones saneadas y con superávit, aparte de que tienen Policía local al 115 %, tienen su tasa del 100 % en todos los
sectores -y la pueden repartir en todos los sectores- y pueden llegar a otra adicional del 15 %. Creemos que con la suma de estas medidas en Administración local se puede conseguir un refuerzo en muy poco tiempo de todos los servicios que también
son esenciales para la ciudadanía. Aparte de esto, las de superávit son beneficiadas, porque los fondos adicionales les van a suponer un 0,3 por cada uno de los años, frente a las incumplidoras, como hemos sido nosotros, que les supondrá el 0,2,
0,25 y 0,3.


En otros asuntos que me plantea, he de decirle que nosotros trabajamos con todos los ministerios en cuanto detectamos un problema. En el Ministerio de Educación se ha detectado en la parte de museos, en el Reina Sofía y en la Filmoteca.
Tenemos un grupo de trabajo abierto. Precisamente los vigilantes de museos planteaban ayer un conflicto, con movilizaciones previstas. Estamos empezando a negociar con ellos y mi idea, la de la secretaria de Estado, es ver si con los fondos
adicionales de la AGE podemos ir tapando esos huecos y dando respuesta a determinados colectivos que quizá hayan estado abandonados en los último años, pero eso -y le contesto a otra cosa que me ha preguntado- forma parte del calendario inmediato.
En cuanto esté la Ley de presupuestos, tenemos un calendario con las centrales sindicales ya prefijado y nos vamos a sentar a estudiar la jornada en la Administración General del Estado. Nos hemos

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comprometido y nos vamos a sentar. No creo que sea una necesidad imperiosa -esa, no; hay otras-, pero nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar para el reparto de fondos adicionales, y a mí me encantaría que pudiéramos hacer un reparto de
los casi 127 millones de euros por tres años, que también dará certidumbre y confianza a los empleados públicos; también nos vamos a sentar para las medidas de corresponsabilidad y conciliación y tenemos que elaborar el tercer plan de igualdad.
Con esta firma del acuerdo yo creo que tenemos tarea.


Por lo que se refiere a los centros de Seguridad Social e inspección, como sabe, la oferta extraordinaria del año pasado, del Decreto 7/2017, obedeció a una detección temprana del problema que se nos estaba viniendo encima en estos centros y
por eso sacamos ese número de plazas. Los procesos se están convocando y yo creo que en muy pocos meses verán la luz, no tanto en el A1, pero sí en los grupos de atención directa al público, y creo que ese problema lo vamos a matizar bastante.
Seguridad siempre va a estar como sector prioritario con su 100 % y, en caso de que detectáramos un problema adicional, como es un sector prioritario, acumularíamos tasa de reposición para que puedan salir más plazas, y eso lo haríamos en cuanto
podamos aprobar el decreto de oferta extraordinaria.


En Instituciones Penitenciarias hubo una oferta importante de 700 plazas el año pasado -están en ello- y hemos hablado con el Ministerio del Interior -porque también con los nuevos centros, como Archidona, hubo que recalcular efectivos- y
les hemos dicho que nos cuenten sus necesidades reales y, si hay que acumular tasa de cualquier otro sector a Instituciones Penitenciarias, vamos a estar encantados de hacerlo, como lo hicimos el año pasado con Policía y Guardia Civil.


No repetiré lo referente a la jornada de treinta y cinco horas y su sostenibilidad, porque he estado en todos y hemos acordado con las centrales sindicales que tenemos que hacer un acuerdo que no nos lleve a ningún lío y que sea sostenible
en el largo plazo. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero vamos a pagarlo y a no comprometer las finanzas públicas por un acuerdo de esta enjundia. Por lo que afecta a la incapacidad laboral transitoria, la IT, es otra de las tareas
pendientes. La mesa general de la Administración del Estado se va a reunir, como lo harán las comunidades autónomas. Mi idea personal, que he compartido con los sindicatos, es que vayamos no a un sistema de catálogo, que me parece que siempre es
interpretable, sino a un sistema de porcentajes, y desde luego tenemos el compromiso firme de elaborar rápidamente la metodología de medición del absentismo y un plan muy serio de persecución del absentismo malo. No podemos estar más acuerdo de
administraciones públicas, centrales sindicales y Administración General del Estado. Lo vamos a hacer, y además queremos publicar los datos en transparencia, como decía esta mañana el secretario de Estado de Seguridad Social, para que veamos los
unos a los otros qué está pasando en nuestras administraciones y por qué hay más absentismo en unos sitios que en otros. Esas conclusiones nos van a llevar a poder controlar el absentismo, lo que además es el deseo del 99,9 % de los empleados
públicos de este país.


En homologaciones, nosotros hemos negociado de forma centralizada. Esto sería infinito, incluso si nos ponemos hasta los altos cargos a homologarnos porque alguien quiere homologarse con la agencia o alguien quiere irse al País Vasco. Las
autonomías tienen autonomía y las corporaciones locales también. Nosotros hicimos un modelo que todos aprobamos y, quitando las retribuciones básicas, ellos pueden manejar en términos de sostenibilidad los complementos específicos, los complementos
autonómicos, los sistemas de carrera... Tratar de una forma centralizada o recentralizada de volver a hacer nosotros las retribuciones para todo el Estado me parece que no es de recibo y además atentaría contra la autonomía de las comunidades
autónomas. En todo caso, hay problemas. Intentaremos en la medida de lo posible negociar con unos y otros y ver si con el margen que tenemos en fondos adicionales conseguimos aplacar de alguna manera estas protestas que a nadie gustan.


Sí, hemos tardado un poco en elevar el decreto de acoso sexual y laboral. Lo tenemos preparado, pero es verdad que se está aplicando. No hacía falta rango normativo, fuera de que sería un poco más visible. En todo caso, tomo nota e iremos
viendo a ver si lo podemos encajar en el plan anual normativo.


Por lo que se refiere al principio de eficiencia y al problema de los interinos, empezaré por el de los interinos. La plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía está
cobrando fuerza. Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Nuestra posición ahí, con franqueza, es que tienen una gran oportunidad -porque esto no a ser en un año, tenemos hasta cinco en docentes- y su experiencia puede servir,

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porque mayoritariamente vamos a sistemas de concurso oposición y tienen que opositar. En España, en la Función Pública, se ingresa como se ingresa. A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos?
No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. Este proceso era necesario y, como ha dicho la diputada del PP, ya está en marcha, ya son más de ciento veinte mil plazas. No
debemos pararlo y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando, vuelvo a decir, de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir
la condición de funcionarios de carrera, que sería lo suyo.


En Administración digital y en compartición de mejores prácticas, nosotros vamos a seguir trabajando con todas las armas que tiene la Secretaría de Estado de Función Pública, con especial incidencia en la formación, en la evaluación y en el
plan de transformación e impulso que les he presentado esta tarde. Yo creo que con todas estas armas, y por supuesto con los sistemas de gobernanza y simplificación de cargas administrativas, el balance de lo que será el año 2018 será tremendamente
positivo.


En lo que se refiere al cumplimiento del acuerdo y hablando de habilitados nacionales, me han tenido que pasar una nota con los interinos que hay: son como novecientos, entre Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería. Lo que hemos
hecho en esta ley -lo habrá visto- es prever que se saque el 30 % de las plazas ocupadas de forma interina. Pero estas vacantes, mayoritariamente, están cubiertas por interinos. Es un proceso de estabilización un poco especial porque tiene un
porcentaje solo para los habilitados nacionales, pero la idea es que en dos o tres años podamos tener un porcentaje altísimo de habilitados nacionales con carácter fijo.


¿Qué pasa con los concursos? En la proposición de ley que ustedes llevaron a esta Cámara en septiembre de 2016 venía un artículo donde, con otras modificaciones en potestad sancionadora de habilitados, se refería a que estos puestos fueran
todos de concurso. Nosotros, en ese momento, ya teníamos un decreto de habilitados nacionales preparado, pactado con Cosital, que aglutina a todos los habilitados, y con dictamen del Consejo de Estado. ¿Qué hicimos? Pararlo por la proposición de
ley, como tenemos parados varios reglamentos como el de transparencia o de alto cargo. El régimen jurídico de los habilitados llevaba esperando no solo diez o quince años desde los decretos antiguos, sino también desde que se modificó la Ley de
Bases de Régimen Local. Nos vinieron a ver muchísimas veces y, al final, yo dije que estaba un poco en las manos de Ciudadanos y que no queríamos hacer nada que fuera en contra de su proposición. Entonces, hablaron con el responsable, con el que
va a ser el ponente de su grupo, y él mismo me mandó un correo electrónico diciendo que sacáramos adelante el decreto y que, en cuanto se aprobara la ley, nosotros haríamos la modificación pertinente. Eso estaba hablado y hemos intentado hacerlo lo
más rápido posible porque yo necesitaba una cierta seguridad jurídica; empezaban a tener serios problemas después de tres años.


En lo que se refiere al estatuto básico, ahí no les puedo engañar: no creo que tengamos los mimbres para un desarrollo de la ley en el ámbito de la Administración General del Estado. Vamos a hacer un desarrollo reglamentario, por supuesto,
y vamos a trabajar conjuntamente para que lo podamos hacer, pero va a ser complicado que hagamos, justo ahora, la ley que desarrolle el estatuto básico en el ámbito de la Administración General del Estado.


Señor Bel, le contestaré lo mismo que mi compañero el secretario de Estado de Presupuestos: ahora estamos sin presupuestos. Él y el ministro ya han dicho que se salvarán las cosas esenciales de los presupuestos y a nadie se nos escapan
cuáles son las esenciales. Pero vamos a aprobar estos presupuestos, con lo cual, no va a hacer falta ni pensar en los eventuales apoyos de un decreto-ley.


Me parece que he contestado a todas las cuestiones que me habían planteado. Por tanto, les doy las gracias a todos por sus intervenciones. Muy buenas tardes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Collado. No he querido interrumpirla cuando tenía que contestar a las preguntas de diversos comparecientes, pero le quería hacer una aclaración que, a lo mejor, ya sabe. Yo estoy aquí en el
Congreso y no en la Agencia Tributaria y ya me gustaría a mí homologarme salarialmente a la Agencia Tributaria. De hecho, cuando me vine de la Agencia Tributaria al Congreso, porque fui elegido, fue un honor pero perdí dinero.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez): Por eso lo he dicho mirando al presidente.

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- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (números de expediente 212/001437 y 212/001302); CIUDADANOS (Número de expediente 212/001504);
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/001430 y 212/001429); SOCIALISTA (Número de expediente 212/001263) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001583).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.


La siguiente comparecencia es la del señor secretario de Administraciones Territoriales. Para realizar la intervención inicial, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Bermúdez de Castro Mur): Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Comparezco ante ustedes por segunda vez en esta legislatura para dar cuenta de los presupuestos de la Secretaría de Estado que yo regento para este ejercicio 2018. El presupuesto, como todos ustedes conocen, se
integra en la sección 25 y los tres programas que se gestionan desde esta Secretaría de Estado son el 922, 921 y 942, que suponen algo más de 300 millones de euros, con un aumento para este año del 3,5 %. Voy a explicar con detalle estos tres
programas y los créditos que contienen, pero permítanme que me refiera muy brevemente al proyecto de presupuestos para este año 2018, presentado el pasado 3 de abril en el Congreso de los Diputados.


Este proyecto presupuestario refleja fielmente las prioridades y compromisos del Gobierno y responde a las demandas y preocupaciones de los españoles. Estos presupuestos consolidan el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, el
proyecto presentado extiende los beneficios de la recuperación económica a un mayor número de ciudadanos y, en particular, a los que más dificultades pasan o tienen. En lo que respecta a las administraciones territoriales, en este proyecto de
presupuestos recibirán 4248 millones más en concepto de recursos en el sistema de financiación, hasta un total de 123 250 millones de euros. Las comunidades autónomas percibirán 105 020 millones de euros, la mayor cantidad que han recibido nunca,
para financiar los servicios básicos que prestan, con un aumento de 4000 millones de euros sobre el año pasado.


A las entidades locales se les asignan 18 230 millones de euros, lo que supone 248 millones de euros más que el pasado año 2017. También estos presupuestos incluyen créditos para financiar mecanismos de apoyo financiero, que ascienden a 16
500 millones de euros para las comunidades autónomas y 1000 millones de euros para los ayuntamientos. De igual manera, los presupuestos de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales que hoy expongo ante ustedes responden a las
prioridades y compromisos del Gobierno en lo que se refiere a las prestaciones de servicios por parte de la Administración periférica del Estado y a la cooperación con las comunidades autónomas y los entes locales.


Los principios que inspiran nuestra acción política son la búsqueda de consensos y acuerdos, la lealtad institucional, la colaboración con comunidades autónomas y entes locales y la cooperación económica local para la mejora de
infraestructuras y equipamientos municipales. Estos principios persiguen un objetivo: que todas las administraciones públicas presten el mejor y más eficiente servicio a todos los ciudadanos. Una de estas prioridades se refiere a la modernización
de la Administración periférica del Estado. Ya expuse hace un año ante esta misma Comisión la intención de emprender un plan integral de mejora de los servicios que prestan las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En estos momentos, este
plan es ya una realidad que se ha empezado a implementar con unas metas incluso más ambiciosas que las que les expuse el año pasado inicialmente. No solo se trata de una mejora material, aunque lógicamente el plan tiene una importante dotación
económica que ya se refleja en estos presupuestos con una inversión que aumenta un 30 %. La intención del Gobierno es emprender una reforma estratégica con los siguientes objetivos: fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio español,
impulsar la colaboración intreradministrativa reforzando la coordinación y el apoyo, especialmente con los pequeños municipios, ampliar los canales de comunicación digital y mejorar los servicios que se prestan en las delegaciones y subdelegaciones
y que inciden de manera directa en la vida de todos los ciudadanos, por ejemplo, en las autorizaciones de residencia y trabajo en materia de extranjería, la vacunación internacional, las homologaciones de títulos, el control sanitario en las
fronteras o la dirección y coordinación de la protección civil, entre muchos otros temas. En definitiva, queremos una Administración periférica más cercana al ciudadano, que preste un multiservicio y que sea también multicanal.

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Este plan se presentó el pasado 5 junio de 2017 y ha recibido un importante impulso en la reunión nacional de delegados y subdelegados que celebramos la semana pasada en Santander. Este plan se articula en tres ejes estratégicos. El
primero de ellos es el impulso a la Administración digital; el segundo, la modernización de la imagen de la Administración periférica, y el tercero, la racionalización y la mejora de los recursos. Estos tres ejes se organizan en cuatro estrategias
y veintidós medidas y se vertebran por dos acciones transversales: la actualización integral de las oficinas de información y atención al ciudadano y la promoción del papel de las delegaciones del Gobierno en la difusión del canal digital. El
ámbito temporal de este plan se extiende hasta el año 2022.


El año pasado, asimismo, les hablé sobre el reto demográfico, que por primera vez ha entrado a formar parte de la agenda política del Gobierno de la nación, al igual que se ha integrado en la agenda de otras administraciones. El Gobierno ha
emprendido iniciativas en varios ejes prioritarios, como garantizar la conexión a través de Internet en todos los núcleos de población de España, poner en marcha nuevas ayudas a la vivienda y pensar especialmente en el colectivo de los jóvenes, en
coherencia con la necesaria sensibilización del conjunto de las políticas públicas con las especiales necesidades de las zonas rurales y con mucha despoblación. Por parte de la Secretaría de Estado estamos preparando una nueva convocatoria en el
contexto de la garantía juvenil de ayudas específicas que permitan contribuir a hacer frente a la despoblación por un montante de 100 millones de euros, dirigidos especialmente a favorecer la empleabilidad y pensando especialmente en esos municipios
con menos población.


Como bien saben todos ustedes, la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales gestiona parte de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder, y del Fondo Social Europeo, asignados a la
Administración General del Estado en el periodo 2014-2020, y que están destinados a financiar actuaciones de las entidades locales. Son casi 1800 millones de euros, de los que nosotros gestionamos aproximadamente la mitad, algo más de 900 millones
de euros, para financiar proyectos en las entidades locales que tengan por objeto poner en marcha estrategias de desarrollo urbano integral y sostenible, las llamadas Edusi, reducir las tasas de desempleo juvenil en España a través de la mejora de
las cualificaciones y del fomento de la contratación y del autoempleo y mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. La Secretaría de Estado ha llevado a cabo, y lo va a mantener en este ejercicio, un
gran esfuerzo para apoyar técnicamente a las entidades y corporaciones beneficiarias. Asimismo, vamos a invertir más de 200 000 euros para la dotación de medios destinados a optimizar los procedimientos de selección, evaluación y validación de los
proyectos.


Otro de los principios de nuestra acción política a los que me referí al principio es la lealtad institucional como forma de relación con el resto de las administraciones. En este sentido, quiero destacar el esfuerzo que estamos llevando a
cabo para reducir la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. No quiero cansarles con más cifras, pues los siguientes apartados están llenos de ellas. Simplemente les daré algunos datos bastante significativos. Se ha incrementado
en casi un 10 % el porcentaje de cartas de cooperación enviadas a las comunidades autónomas en relación con proyectos normativos analizados. A lo largo de esta legislatura se han iniciado sesenta y cinco procedimientos al amparo del artículo 33.2
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De estos sesenta y cinco procedimientos, sesenta y cuatro se han iniciado a iniciativa del Gobierno y uno a iniciativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. El resultado de esta negociación a través
del artículo 33.2 ha sido positiva, a nuestro juicio, ya que en veintiséis de ellos hemos llegado a acuerdos y no se ha presentado recurso, en trece de ellos el resultado ha sido negativo, en veinticuatro estamos negociando y ha habido un acuerdo
parcial en dos.


Como les decía al principio, señorías, el presupuesto de la secretaría de Estado se integra en la sección 25. El presupuesto no consolidado del Ministerio de la Presidencia -es decir, el que incluye las transferencias a los organismos
públicos- asciende a 801 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8 % respecto al año pasado. El presupuesto consolidado, excluidos los organismos adscritos, es de 441 millones de euros. No me voy a extender, ya que mañana por la
mañana creo que comparece ante todos ustedes el subsecretario de ministerio, José María Jover, que les dará muchas más explicaciones.


Señorías, como saben, las competencias que ejerce esta secretaría de Estado están adscritas en esta legislatura al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. El real decreto que desarrolla la estructura orgánica
del ministerio se aprobó en el Consejo de Ministros en julio del año pasado, lo que supuso la transferencia de los empleados públicos adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y los correspondientes créditos presupuestarios. Esto
significa un incremento del crédito del capítulo 1, en concreto, en el programa 922.M. Lo destaco porque seguro que ustedes lo han visto ya

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en los presupuestos que hemos presentado. El presupuesto de la secretaría de Estado para 2018 asciende a algo más de 311 millones de euros, 10,5 millones más que en 2017. El montante representa el 70,5 % del total del presupuesto
consolidado del Ministerio de la Presidencia. Las competencias que ejerce la secretaría de Estado y las acciones que las desarrollan tienen un marcado carácter de gestión política y administrativa, lo que lógicamente se refleja en el presupuesto.
Por ello, el capítulo 1, gastos de personal, se eleva a 225,9 millones de euros, lo que representa algo más del 72 % del total del presupuesto. En la secretaría de Estado se integran los 6334 empleados públicos que trabajan en cada una de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Además, este capítulo sube en 9,7 millones de euros debido al traspaso de empleados que he dicho antes y al incremento salarial que fija el proyecto para todos los funcionarios. Es significativo también
el incremento del capítulo 6, de inversiones, que sube el 29,6 % hasta los 14,6 millones de euros, 3,3 millones más que el año pasado, como consecuencia del plan de modernización que les decía anteriormente.


Paso ahora a desglosar brevemente los datos de cada uno de los tres programas que integran el presupuesto de la secretaría de Estado. El programa 922.M, organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración, tiene
una dotación de 13,1 millones de euros. Además de su presupuesto inicial de 2017, este programa recibe créditos que se dan de baja en el Ministerio de Hacienda y Función Pública por la reestructuración ministerial que les comentaba antes. El
objetivo de este programa es consolidar e impulsar la cooperación, el auxilio mutuo y la coordinación en los tres niveles -central, autonómico y local- en los que se organiza territorialmente el Estado español. Para ello, se efectúa un seguimiento
pormenorizado de la distribución competencial, el ejercicio de las funciones administrativas y las relaciones interadministrativas que se generan. Asimismo, debe velar por la adecuación al marco constitucional de los actos y disposiciones del
Estado y las comunidades autónomas y garantizar el respeto a la autonomía local como Administración más próxima al ciudadano y prestataria de importantes servicios públicos. Como decía, lo más importante de este programa es el aumento del capítulo
1 como consecuencia de los movimientos de funcionarios y la subvención que recibe en este programa la Fundación Manuel Giménez Abad que viene desde hace bastante tiempo y que, como dije el año pasado, seguiremos apoyando.


El programa 942.A es el que desarrolla el principio de cooperación económica local del Estado. Sus créditos ascienden a 35,4 millones de euros, 600 000 euros más que el año pasado. Respecto a los presupuestos de 2017, la principal
variación figura en el capítulo 7 como consecuencia de haber finalizado el pago de las ayudas para paliar los daños causados por el temporal en la fachada atlántica y cantábrica. En el resto de capítulos no existen variaciones significativas. Este
programa incluye actuaciones dirigidas a la financiación de las infraestructuras y equipamientos de las corporaciones locales y a mejorar los servicios públicos que prestan. El objetivo es conseguir una mayor calidad de vida y un mayor grado de
cohesión económica y social de los municipios, en especial de los menos favorecidos. La cooperación económica local del Estado para 2018 se estructura en torno a las siguientes actuaciones. Primera, aportación a la Federación Española de
Municipios y Provincias de una cuantía económica similar a la del año pasado. Segunda, el seguimiento de programas operativos comunitarios. Como les comentaba al principio, gestionamos fondos europeos asignados a España en el periodo de
programación 2014-2020 destinados a financiar actuaciones de corporaciones locales. En concreto, gestionamos Fondos Feder y Fondo Social Europeo.


Por lo que se refiere a los fondos Feder, nos corresponde la gestión de las acciones dirigidas a los municipios de menos de cien mil habitantes, excepto capitales de provincia, dentro del capítulo de desarrollo urbano sostenible integrado,
dotado con 1353 millones de euros. Con cargo a estas ayudas europeas se han realizado hasta la fecha tres convocatorias de ayudas. La primera de ellas, por un importe de 730,9 millones de euros, y en este supuesto gestionaremos 335 millones de
euros correspondientes a cincuenta y dos Edusi. La segunda convocatoria es por un importe de 300,1 millones de euros, de los cuales gestionamos 145 millones de euros correspondientes a veintisiete proyectos Edusi. La tercera convocatoria, por un
importe de 353 millones de euros, se resolverá en los próximos días. Como ya dije el año pasado, si este fondo lo hubiéramos multiplicado por siete, ocho o nueve, a pesar de la cantidad de peticiones que hay en el conjunto de los municipios del
país, podríamos haber cubierto sin ninguna duda todas ellas.


Por otra parte, la secretaría de Estado participa como organismo intermedio en el Programa operativo de empleo juvenil y el Programa operativo de empleo, formación y educación. El primero de ellos se destina a apoyar la reducción de la tasa
de desempleo juvenil en España través de la mejora de

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cualificaciones y del fomento de la contratación y del autoempleo. La secretaría de Estado ha convocado ayudas por importe de 100 millones de euros en dos convocatorias que están resultas y en fase de ejecución. Quiero destacar que cerca
de una tercera parte de estas ayudas han sido concedidas a diputaciones provinciales para financiar treinta y siete proyectos que están beneficiando a más de 8500 jóvenes en nuestro país. Por eso creemos que este es también un muy buen instrumento
para favorecer el empleo de los pequeños ayuntamientos, con la asistencia técnica de las diputaciones. Por eso vamos a plantear una nueva convocatoria con una asignación de en torno a 40 millones de euros, con carácter adicional a la línea de 100
millones dirigida de forma más específica a la situación de despoblación. Respecto al Programa operativo de empleo, formación y educación, se financian proyectos que traten de mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción por medio de las estrategias de desarrollo local a cargo de entidades locales, de nuevo ayuntamientos y diputaciones provinciales. En fechas
inmediatas, esperemos que incluso sea esta misma semana, se va a publicar una convocatoria por importe de 184 millones de euros y no descartamos la posibilidad de que se pueda efectuar una segunda convocatoria adicional. La gestión de los recursos
provenientes de estos fondos hace imprescindible la puesta en marcha de nuevas herramientas informáticas para la digitalización de todos los procesos relacionados con fondos europeos. Durante este año 2018 tenemos previsto destinar 225 000 euros a
estos nuevos desarrollos. Seguimos manteniendo, como estos últimos años, el Fondo de inversión de Teruel, con una partida de 30 millones de euros. La última línea son transferencias a entidades locales derivadas de los daños causados por
catástrofes naturales. La secretaría de Estado también gestiona la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos sobre infraestructuras municipales causados por catástrofes naturales. Estas ayudas no disponen de una dotación fija en
nuestro presupuesto, sino que las distintas convocatorias van a cargo del Fondo de Contingencia. La secretaría de Estado actúa de gestor y les aseguro que ponemos el máximo esfuerzo para agilizar la convocatoria y los pagos. Quienes hemos estado
en otras administraciones, como la local y la autonómica, somos conscientes de la necesidad de que estos pagos se lleven a cabo en el menor plazo posible.


Finalmente, y voy concluyendo ya, al programa 929.P, de la Administración periférica del Estado, que tiene como objeto dotar a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de los medios personales y materiales necesarios para garantizar
la calidad de los servicios públicos que prestan. Su presupuesto asciende a algo más de 262 millones de euros, 2 millones más que en el presente ejercicio. Absorbe este programa la mayor parte del presupuesto, casi el 84 %, y atiende los gastos de
personal y funcionamiento de las diecinueve delegaciones del Gobierno, cuarenta y cuatro subdelegaciones y siete direcciones insulares. La dotación del capítulo 1 asciende a 213 millones de euros, con un incremento de casi 3 millones de euros.
Finalmente, el capítulo de inversiones, como decía antes, asciende a 13,8 millones de euros, 2,8 más que el año pasado. Con cargo a este programa y las aportaciones de otros ministerios se sufragarán los gastos derivados del plan de modernización y
mejora de la Administración periférica del Estado.


Acabo ya, señorías. Creo que en esta exposición he aportado datos y argumentos suficientes para defender que el presupuesto de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales responde a las prioridades que he descrito, es
decir, que es un presupuesto que atiende a la colaboración interadministrativa, a la cooperación económica local y a la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos. Nuestro presupuesto se enmarca en un proyecto global, que asimismo es
coherente con las prioridades del Gobierno: el crecimiento económico, la creación de empleo, la atención a los sectores desfavorecidos y la extensión de la recuperación económica al mayor número de ciudadanos.


A partir de ahora quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan o ampliar cualquier cuestión que ustedes consideren oportuna. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.


A continuación, para exponer la posición de los grupos parlamentarios, en primer término, tiene la palabra el señor Cámara Villar, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias por su intervención, señor Bermúdez de Castro, y por estar aquí hoy en la Comisión de Presupuestos explicando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el ámbito de sus competencias. Muy a mi pesar, señor
Bermúdez de Castro, aunque haya venido usted envuelto en el optimismo presupuestario, tengo que comenzar esta intervención tal y como la iniciamos también el

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pasado año por parte del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que la sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, realmente no sufre grandes variaciones en el
proyecto para 2018 que ahora estamos debatiendo. Lamentablemente cuestiones de gran importancia para las administraciones territoriales siguen sin abordarse a pesar de haber transcurrido un año; un año ya, señorías, desde la celebración de la
Conferencia de Presidentes, donde su Gobierno y su ministra, la señora vicepresidenta, se comprometieron a abordar, junto con los presidentes de las comunidades autónomas, la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación y a estudiar la
financiación local. Quizá haya que recordarles a ustedes, señor Bermúdez de Castro, que su ministerio no es solo el Ministerio de la Presidencia, sino también el de las Administraciones Territoriales. Tanto el informe de expertos para la reforma
de la financiación autonómica como el de la financiación local están terminados, pero su Gobierno no ha dado ni un solo paso para poner en marcha la modificación de estas fundamentales cuestiones. Aunque usted manifestara aquí el año pasado mucho
espíritu de diálogo -ciertamente lo hizo-, al final la verdad es que todo ha quedado en bonitas palabras, pero pocos hechos. No olvidamos que el sistema de financiación autonómica y de financiación de las entidades locales, como tantos otros temas
que merecerían una referencia, no es una cuestión de su departamento ciertamente, es un problema de este Gobierno del Partido Popular.


En cuanto a sus áreas de actuación, a las que me voy a ceñir ahora, querría destacar las siguientes cuestiones: en primer lugar, valoramos positivamente que la partida para el programa de organización territorial del Estado y desarrollo de
sistemas de colaboración -el programa 922.M al que se acaba de referir-, destinada fundamentalmente a financiar las técnicas de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas, se haya incrementado en esta ocasión,
destinándose 13,12 millones de euros, frente a los poco más de 4 que tenía en 2017; por tanto es un incremento notable ciertamente del 224,24 %. Nos gustaría que ofreciera alguna explicación más precisa de este concreto y acotado -porque también
es limitado- incremento. Nosotros no obstante, conforme a lo que ya dijimos en los presupuestos del año anterior, creemos que es insuficiente porque estamos en un Estado muy descentralizado, y necesitamos recursos para mejorar las relaciones
intergubernamentales de colaboración y cooperación, que es uno de los pilares fundamentales, centrales, imprescindibles para el buen funcionamiento de un Estado como es el nuestro. En particular echamos de menos ciertamente un compromiso más firme
de su Gobierno con las formas cooperativas de relación entre administraciones locales.


En segundo lugar, lamentamos profundamente que en la partida de cooperación económica local con el Estado, el programa 942.A, se vuelva a poner de manifiesto que el Gobierno del señor Rajoy no cree en la Administración local, a la que desde
luego sigue asfixiando y maltratando, porque entre las pocas partidas que bajan en su presupuesto están las que integran el programa de las técnicas de cooperación con las entidades locales, que, a su vez incluye como usted bien sabe la aportación a
la Federación Española de Municipios y Provincias, el seguimiento de los programas operativos comunitarios y las subvenciones por daños producidos por catástrofes naturales, por ejemplo. En efecto este es uno de los pocos programas que se ven
reducidos de la sección 25: pasa de 36 millones de euros a poco más de 35 millones de euros, un descenso del 1,67 % respecto al año 2017, si bien se debe fundamentalmente a la desaparición como usted ha relatado de las indemnizaciones para paliar
daños por temporal en las fachadas atlántica y cantábrica que establecía el Real Decreto-ley 2/2014.


En cuanto a la aportación de la Federación Española de Municipios y Provincias se mantiene en 2 millones de euros; esto es, igual que en el año 2017, lejos por tanto del compromiso del señor secretario de Estado manifestado en su anterior
comparecencia presupuestaria para acercar esta cantidad a los 3 millones de euros que destinaba el último de los presupuestos socialistas, ya del año 2011.


En relación a la financiación de los entes locales, aun siendo consciente de que esto puede exceder el ámbito de su específica responsabilidad presupuestaria, querría que valorase dos cuestiones que ha puesto de manifiesto la Federación
Española de Municipios y Provincias recientemente. De un lado, la crítica que ha hecho al incremento de 224 millones en su financiación, lo que considera un agravio -abro comillas- respecto a los 4000 millones que tienen las comunidades autónomas
en este presupuesto. De otro lado la demanda de negociación urgente de la financiación local y la flexibilización de la regla de gasto, cuya modificación espera que se aplique este año, de manera que esté vigente antes de las elecciones municipales
de 2019. También ha urgido a Hacienda -me refiero a la federación- a publicar la guía de aplicación del decreto-ley para la reinversión del superávit, que se aprobó el mes pasado y que

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habilita a los ayuntamientos a destinar ese dinero a inversiones financieramente sostenibles, una demanda reiterada de los socialistas. Le pregunto en consecuencia: ¿cómo valora el señor secretario de Estado estas demandas de la Federación
Española de Municipios y Provincias?


Por otro lado, esta secretaría de Estado gestiona también en este programa, a través de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales -como usted ha expuesto anteriormente también-, parte de los recursos
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, asignados a la Administración General del Estado en el periodo de programación 2014-2020, destinados a financiar actuaciones en el ámbito de las entidades locales. Estos fondos,
por ser exclusivamente de la Unión, no están consignados en los Presupuestos Generales del Estado, pero habrá que preguntar y valorar sobre su evolución, como usted ha hecho. En este sentido nos parece que bien podría calificarse de lamentable en
buena medida la gestión que se está haciendo de los mismos, porque me gustaría que nos explicase por qué razón han fraccionado en tres convocatorias las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado a las que se acaba de referir. ¿Por que
aún no se ha resuelto la tercera convocatoria, cuando como usted sabe el plazo máximo ya venció el pasado 21 de marzo? Ustedes deben ser conscientes de las necesidades que existen en el ámbito local de fondos de este tipo para generar empleo y
desarrollo sostenible con el objetivo fundamental de fijar la población al territorio. Ya que el área de la comisionada para el reto demográfico no parece estar funcionando muy bien que se diga, podrían agilizar la distribución de dichos fondos
para paliar los déficits de recursos económicos de la Administración local, porque ustedes mantienen a los ayuntamientos -que le recuerdo que es la Administración más cumplidora- en situación de asfixia, y no se arregla con el real-decreto que
amplía los supuestos de inversiones financieramente sostenibles para poder gastar el superávit, y que lamentablemente no permitirá tampoco gastar los más de 5000 millones de euros.


En todo caso, señorías, el problema fundamental que plantea el presupuesto de esta secretaría de Estado es que son ajenos a su estricta responsabilidad, y vienen dados por los propios problemas que tiene, tanto la financiación local como la
autonómica, y por la falta de voluntad política de darle solución por parte del Gobierno de España. Y hablando de falta de voluntad política me gustaría añadir algo. Permítanme que me refiera a una cuestión fundamental que atañe al departamento en
el que se integra su secretaría de Estado, y que no podemos pasar por alto, aunque no sea de su estricta responsabilidad, pero aquí estamos en un debate que no es solo técnico, sino un debate político. En este sentido creo que es importante decir
que como ustedes saben bien durante los Gobiernos socialistas, con preocupación y sensibilidad hacia las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, se arbitraron medidas que llegaron a alcanzar los 25 millones de euros para implementar las
políticas establecidas por la Ley 52/2007. Sé que no es estrictamente de su responsabilidad, pero estamos hablando de una sección 25 en la que brilla todavía por su ausencia una partida dedicada a esta fundamental cuestión. Cuando el Partido
Popular llegó al Gobierno rebajó considerablemente esta cantidad hasta un tercio para acto seguido dejarla en cero a partir de 2013. El Gobierno pretendió justificar esta supresión, aun reconociendo la vigencia de la Ley 52/2017, por la crisis
económica, comprometiéndose a volver a convocar las ayudas, principalmente dirigidas a la localización de fosas, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, en cuanto la situación presupuestaria nos lo pudiera permitir.


El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, debe ir concluyendo.


El señor CÁMARA VILLAR: Termino, señor presidente, inmediatamente.


En esta materia están concernidas también las administraciones territoriales, las comunidades autónomas, los entes locales e igualmente la sociedad civil a través de las asociaciones memorialistas. Pues bien, el actual Gobierno no ceja de
decir que la situación económica mejora, pero para general sorpresa y también hasta cierto punto indignación los presupuestos de 2018 vienen, una vez más, sin un solo euro dedicado a esta materia, y el señor Rajoy hasta se ha permitido alardear
públicamente de no haber dedicado ni un solo euro a la memoria histórica desde el año 2013. Termino. Está claro que se trata, creo yo, de una injusta y equivocada opción ideológica. No es que no haya dinero, es que entre sus prioridades no está
paliar y resarcir el daño de quienes sufrieron la Guerra Civil, el franquismo, y de sus familiares, una radical injusticia, señor subsecretario de Estado, con la que es absolutamente imprescindible acabar.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor Bermúdez de Castro, buenas tardes y gracias por sus explicaciones.


Usted lo decía, el ámbito de actuación de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales es limitado y es más de carácter político entiendo que no de gestión económica directa, con grandes volúmenes, y entiendo que usted
tiene también una responsabilidad transversal por el ministerio en el que está en relación con la política de administraciones territoriales del Gobierno. Así que mi intervención va a versar sobre estas cuestiones más de posición, opinión y gestión
política. Siendo además usted quien es y por la responsabilidad que ha tenido creo que es necesario subrayar que este debate de presupuestos y su comparecencia se producen en una situación de anormalidad. Por una parte, por primera vez se ha
aplicado el artículo 155 de la Constitución que, a nuestro parecer, se ha hecho vulnerando el derecho a la autonomía e interviniendo totalmente el autogobierno de Cataluña, y por otra parte en Cataluña -yo soy de En Comú Podem- no tenemos Gobierno y
sería importantísimo, imprescindible y necesario formar Gobierno, recuperar las instituciones de autogobierno, levantar el 155 y evidentemente garantizar la convivencia en la sociedad catalana. Pero quería subrayar la incapacidad de su Gobierno
para afrontar la crisis territorial que vive Cataluña, y que ha sido a nuestro entender clamorosa por la judialización de la política y por la politización de la justicia, que ha quedado en evidencia por recientes pronunciamientos judiciales en
Alemania. Además ustedes no tienen un plan real y efectivo para hacer frente a la ruptura del pacto territorial y para hacer frente a una crisis constitucional de una enorme gravedad. Es que ni siquiera tienen una propuesta de modernización del
Estado autonómico, la modernización en términos federales imitando a otros países. La cuestión es cómo se vuelve a la normalidad -que según decían ustedes era el objetivo del 155- con políticos en la cárcel, cómo se vuelve a la normalidad con la
judialización de la política, cómo se vuelve a la normalidad si ustedes no tienen un plan para Cataluña y ni siquiera un proyecto para España, y que en el ámbito del modelo territorial la agenda reformista de la que ustedes presumen ni está ni se la
espera.


Creemos que el Estado autonómico está agotado por sus propias políticas recentralizadoras y porque no han resuelto el reconocimiento de la articulación de la realidad plurinacional del Estado, que es una cuestión absolutamente fundamental.
La ruptura del pacto territorial es la otra cara en definitiva de la ruptura del pacto social, de lo que se ha producido en todos estos años de su gestión en el Gobierno, limitando las actuaciones de las administraciones autonómicas y de los
ayuntamientos, limitando en definitiva las políticas sociales porque son las competencias que tienen mayoritariamente, tanto autonomías como ayuntamientos. Creemos que en materia de administraciones públicas ustedes tienen dos objetivos: que nada
se mueva, no hacer ninguna reforma como no sea para recentralizar, y limitar como sea el gasto público. El objetivo estratégico de su política es reducir el peso del gasto público en relación con el PIB, que es reducir el peso relativo del Estado
del bienestar en definitiva, y como le decía las comunidades autónomas tienen la competencia en servicios sociales, educación y salud.


Quisiera destacar algunos elementos de estos presupuestos y de su política que afectan más directamente al ámbito de incidencia política de su departamento y en general del Gobierno. El Gobierno ha planteado una vez más las entregas a
cuenta a las comunidades autónomas como si se tratara de un favor, de una decisión graciable del Gobierno central, cuando en realidad es una obligación derivada del modelo de financiación. Las entregas a cuenta de los tributos cedidos suben un 3,8
%, un porcentaje inferior a la recaudación prevista por los diferentes tributos: el 6,5 % el IRPF, el 5,6 % el IVA y el 6,4 % los impuestos especiales. Y lo mismo podría decirse del incremento de las corporaciones locales, con 224 millones de
euros. Son unos presupuestos que un año más se presentan con un sistema de financiación que hace cinco años tendría que haberse reformado y que también se ha demostrado agotado. No garantiza adecuadamente la equidad, la suficiencia y la autonomía.
¿Cuál es el calendario, señor secretario de Estado, porque hemos oído diferentes calendarios? ¿Cuándo se va a impulsar este nuevo modelo de financiación?


En el ámbito local hace menos de una semana se aprobó el real decreto-ley para la reinversión de superávit. Ustedes abren un poco la mano, pero no dejan de limitar la autonomía local y no resuelven los problemas estructurales de la misma.
El problema es la irracional regla de gasto, que es lo que reivindica el municipalismo y lo que hay que cambiar. Hay que resolver el tema del endeudamiento, las limitaciones

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a la contratación de personal, etcétera, y no poner más parches. Y es imprescindible un nuevo modelo de financiación local para garantizar la autonomía y la suficiencia financiera de los entes locales. ¿Cuál es el compromiso del Gobierno
en relación con esta cuestión? ¿Qué pasos se están dando? ¿Cuáles son las previsiones de calendario? Lo que vemos un año más -lo hemos oído esta mañana en la comparecencia del responsable de la Airef- es que quienes van a cumplir nuevamente van a
ser las corporaciones locales -un 0,4 %- y quien va a incumplir nuevamente va a ser la Administración central. También en los presupuestos hay una flexibilización en el uso del superávit para las comunidades autónomas que nos parece absolutamente
insuficiente y limitativa. Ustedes plantean que lo fundamental es cumplir con el superávit, con la regla de gasto, y para nosotros el problema es precisamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita la autonomía, tanto de ayuntamientos
como de comunidades autónomas.


Uno de los problemas de nuestro Estado autonómico es la debilidad de los mecanismos de cooperación vertical del Estado con las comunidades autónomas y horizontal entre comunidades y los mecanismos de cooperación y colaboración, que tendrían
que ser una norma fundamental y característica del modelo de Estado que tenemos. La Conferencia de Presidentes se reunió en enero de 2017 y la anterior reunión fue en 2012. Y en cuanto a las comisiones bilaterales que están establecidas en
diferentes estatutos de autonomía -en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía- el ritmo de reuniones es absolutamente escaso. Esta cuestión se la planteamos también el año pasado. ¿Podría informarnos de cuántas reuniones se han celebrado y a qué
acuerdos se ha llegado? Las comisiones bilaterales deberían ser un instrumento fundamental para el desarrollo de las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado del que ustedes no hacen uso.


En su ámbito de actuación también está la Oficina de Lenguas, que entre otras funciones tiene por objetivo realizar el seguimiento anual del grado de cumplimiento del uso de las lenguas oficiales por parte de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos. ¿Es consciente del bajo uso de las lenguas cooficiales en ámbitos como la justicia -el número de sentencias publicadas en catalán oscila, según los años, entre el 8 y el 12 %, lejos del 18 % de 2006- o en la propia
Administración periférica del Estado?


En cuanto a traspaso de funciones y servicios a las comunidades autónomas es cierto que con los años esas transferencias han tendido a disminuir por el mayor desarrollo de los estatutos de autonomía, pero es que en los últimos años es
prácticamente inexistente. ¿Cuántas reuniones de ponencias técnicas de la Comisión Mixta de Transferencias están abiertas en estos momentos o tienen ustedes previsto abrir en 2018?


También le quiero preguntar -usted se ha referido a ello- sobre la conflictividad competencial, que es un problema estructural de nuestro sistema autonómico por la gran capacidad que tiene el Estado de intervención en todos los ámbitos
competenciales que tienen las comunidades autónomas. El grado de conflictividad competencial continúa siendo elevado; en el caso de Cataluña, entre 2011 y 2017, se han presentado setenta y siete recursos de inconstitucionalidad, treinta y dos por
parte del Gobierno contra leyes del Estado y cuarenta y cinco por parte del Gobierno del Estado, en algunos casos contra leyes sociales tan sensibles como la que hacía referencia a la emergencia habitacional o la Ley del Cambio Climático, cuya
suspensión se ha levantado hace unos días por parte del Tribunal Constitucional. Son toda una serie de cuestiones que hacen referencia a la calidad de los autogobiernos, a su concepción del modelo de Estado y a unas políticas que a nuestro parecer
estos años han sido absolutamente recentralizadoras y contradictorias con lo que tendría que ser un modelo de Estado descentralizado, con unos autogobiernos con capacidad de actuación y también capacidad financiera. Para nosotros, esta es la
enmienda a la totalidad que planteamos en cuanto a su política.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.


A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor Bermúdez de Castro. Mi intervención desde luego no tiene nada que ver con la del señor Vendrell porque creo que ha sido catastrofista pero, si quiere que le diga la verdad, sí hay que hacer hincapié -es una de las cosas en
las que estoy de acuerdo con él- en el modelo de financiación autonómica. Con el modelo de 2009 del Partido Socialista se incumplieron todos los sistemas de equidad entre comunidades autónomas y creo que el Partido Popular durante estos años no ha
acometido las reformas necesarias. Esto es fundamental para no dar argumentos a populismos ni a nacionalismos.

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Señor Bermúdez de Castro, quería hablarle, en primer lugar, de las bondades del presupuesto. En el año 2017 España cumplió por primera vez con el objetivo de déficit. El señor Escrivá, el presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, esta misma mañana nos comentaba que en un abanico podría cumplir este próximo ejercicio para el 2,2, que podría estar en unas décimas. Es muy importante porque cumplimos con Europa, con la estabilidad y con los ciudadanos,
señor Bermúdez de Castro. En realidad, las dos cosas son cara de la misma moneda. Cumplir con Europa es sanear nuestras cuentas, que es lo mejor que podemos hacer para fortalecer y defender nuestro Estado del bienestar, y además podemos devolver
todo aquel esfuerzo que han hecho los ciudadanos durante muchísimo tiempo. La mejor política social es la que se puede pagar. Estos presupuestos, además, cumplen con el Pacto anticorrupción que firmamos con el Partido Popular; incorporan bajadas
de impuestos -3 millones- a los trabajadores; traen equiparación salarial e importantísimas medidas de igualdad entre hombres y mujeres en la conciliación familiar. Hay un montón de medidas más en las que no me voy a extender.


Voy a plantearle tres preocupaciones que desde mi grupo parlamentario queríamos establecer: en primer lugar, la distribución territorial. Es cierto que los Presupuestos Generales del Estado solo territorializan una parte del gasto; por
ejemplo, las inversiones del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado. Todos los diputados echamos de menos que haya un resumen global de imputación territorializada de todo el presupuesto general del Estado. Hay multitud de
transferencias, de partidas dispersas, de subvenciones nominativas, que van de una u otra provincia, y esto no parece sumado a ninguna parte. Dar esta información a los diputados sería un gran ejercicio de transparencia y nos permitiría, en el
cumplimiento de nuestras atribuciones, rendir cuentas de manera mucho más completa.


En segundo lugar, quería hablarle de lealtad institucional. Las competencias de su sección son las de organización territorial, el desarrollo de los sistemas de colaboración entre la Administración periférica del Estado y las relaciones con
las comunidades autónomas y los entes locales. Imagino que habrán vivido muy directamente el fiasco previo al 1 de octubre y posterior. El Gobierno no logró impedir que ni un solo euro fuese a la organización de la consulta que se realizó ese 1 de
octubre. Según los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de la fiscalía, no se ha trasmitido esa preocupación. Para nosotros un certificado del señor Oriol Junqueras no es justificativo de que no se haya destinado ni
un solo euro. Estamos muy preocupados. Desde nuestro grupo parlamentario ya indicamos que podría ser una función de la Intervención General de la Administración del Estado haber mandado unos inspectores a controlar todo ello.


Antes de traer a esta Cámara los presupuestos, el Gobierno actualizó la previsión de crecimiento cuatro décimas, al 2,7 %, en parte atribuido a esa incertidumbre política que había ante la situación de Cataluña. El propio presidente de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal esta misma mañana decía que la tendencia de crecimiento de la economía catalana se había invertido y estaba ahora creciendo por debajo de la media del Estado español. La última cifra que tengo yo de
las empresas que han trasladado su domicilio fiscal fuera de Cataluña y que representan el 50 % del PIB son 3200 empresas. Podríamos hablar de caídas en la hostelería en Barcelona, pero estas son cifras muy discutibles. Yo quiero preguntarle,
señor Bermúdez, qué seguimiento específico se está haciendo de los efectos del 1 de octubre. ¿Sabe usted cuántas empresas a día de hoy han cambiado su domicilio fiscal fuera de Cataluña? ¿Cree que el cambio de domicilio social afecta a la
actividad económica de Cataluña? ¿Cree que la imagen de la fractura social y la negativa de los grupos independentistas al cumplimiento de la normativa y de las resoluciones de los tribunales crea un estado de inseguridad, contrario al necesario
para atraer inversiones?


En tercer lugar, quería hablarle de la reforma de la Administración. Me gustaría preguntarle por la mejora de la eficiencia de la gestión pública. En este sentido me gustaría saber qué avances hay sobre el punto 125 de nuestro acuerdo de
investidura con el Partido Popular para la reforma de estas administraciones públicas, para eliminar esas duplicidades administrativas que siempre hemos reclamado, esos organismos innecesarios. Ustedes mismos estimaron que podrían ser
aproximadamente unos mil millones. Es más, el PSOE, que ha presentado unos presupuestos alternativos, hablaba de unos ahorros de 2500 millones. No sé si esto es coincidente. El caso es que nos preocupa qué avances se han hecho en esto. La
Administración periférica del Estado, por ejemplo, ha aumentado en su presupuesto un 1 % respecto a 2017, pero es que también crece el gasto en las diputaciones -tengo aquí el dato- casi un 5 %, ascendiendo a 5284 millones en 2018.

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Yo le puedo poner el caso, por ejemplo, de la Diputación de Valencia. Es cierto que es anecdótico, pero un funcionario estuvo diez años sin trabajar en Valencia y además ahora la fiscalía archiva la investigación con el argumento de que don
Carlos Recio avisó a sus superiores de que carecía de puesto físico y no le hicieron caso. Este señor aparecía por allí fichando y además decía a sus compañeras que cumplía el trámite muy temprano, llevando puestos aún el batín y las zapatillas de
andar por casa. Efectivamente esto es un caso anecdótico, pero es un descrédito de las instituciones y son posicionamientos que dan argumentos a los populistas y a la desconfianza en las instituciones. Yo quería preguntarle, señor Bermúdez, cómo
va el cumplimiento del punto 125 que le he comentado, qué ahorros administrativos se han logrado en 2017 y qué ahorros administrativos tiene previstos su secretaría de Estado en 2018.


Por último, y para terminar, quisiera decirle, señor secretario, que estará de acuerdo conmigo con que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promovido por Ciudadanos y aprobado, además, en el Congreso de los Diputados, con la
abstención, por cierto, de Podemos, estipulaba que en 2018 se dotaban unas partidas de 200 millones de euros: 80 millones correspondían al Estado y, además, las comunidades autónomas y corporaciones deberían incluir en sus presupuestos un importe
de 120 millones. Yo quería significar esto porque son muchas razones para apoyar estos Presupuestos Generales del Estado. Muchas de ellas se las he nombrado aquí, en mi intervención, pero una de ellas fundamental es evitar la muerte de una mujer
por violencia de género.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


A continuación, por el Grupo Mixto, en primer término, el señor Martínez Oblanca, de Foro.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Bermúdez de Castro, por su comparecencia.


La Mesa de la Comisión de Presupuestos decidió por mayoría denegar la petición que realicé en nombre de Foro para que compareciese la comisionada del Gobierno para hacer frente al reto demográfico, al objeto de que explicara los presupuestos
para llevar a cabo su tarea ante el gravísimo desequilibrio poblacional que se vaticina. A cambio, se me ha indicado que debo dirigir mis preguntas al secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, lo que hago con mucho gusto, si
bien creo que quince meses después de crear la figura del comisionado frente al reto demográfico hubiese sido necesaria su presencia en un trámite tan relevante y decisivo como es el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018,
que avanzará en las cuentas públicas más allá de la segunda mitad de esta XII Legislatura.


El envejecimiento de la población es uno de los principales problemas de España y, sin duda, el principal problema de Asturias, una de las comunidades con una de las tasas de envejecimiento más altas de toda la Unión Europea. Si la
tendencia no se corrige, tenemos en ciernes una gravísima crisis que se acompaña de un proceso de despoblamiento que ya afecta también a más de la mitad de nuestras comunidades autónomas. Esto exige que miremos a Europa y aprendamos de los países
que llevan la delantera en este tema y que deberían ser, cuando menos, un modelo a observar y, si funciona, a imitar. Cada vez con mayor frecuencia se supera en España la serie semestral estadística histórica de saldo vegetativo, con muchas más
defunciones que nacimientos, y el consiguiente desplome de la tasa de natalidad, así como la descomposición de nuestra pirámide poblacional. Esto tiene efectos demoledores sobre las zonas que ya vienen arrastrando una crisis demográfica, como es el
caso singular de las regiones cantábricas y sus núcleos rurales de montaña. Ha pasado usted, señor secretario de Estado, raudo y veloz al hablar de las iniciativas del Gobierno en esta materia. Confiamos que sean de mayor calado que lo de la
conexión a Internet, las ayudas a la vivienda y las políticas a favor del empleo joven o la distribución de las parte estatal de los fondos Feder, iniciativas que están muy bien, por supuesto, pero que no responden a las medidas de fondo que España
necesita para afrontar esta gravísima crisis demográfica.


A juicio de Foro, resulta una cuestión de emergencia la aplicación de ayudas directas a la natalidad y las que favorezcan los horarios y la flexibilidad del empleo, como las que están desarrollándose ya en Alemania o Finlandia, que están muy
contrastadas. De hecho, ya hemos defendido en el Pleno del Congreso los Diputados el impulso, junto a las comunidades autónomas afectadas por el envejecimiento de la población y despoblamiento de su zona rural, de los planes de fomento de la
natalidad para corregir el cada vez más negativo saldo vegetativo de la población. Por eso, le pregunto: ¿Tiene previsto el

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Gobierno la aplicación de un plan de estas características? Quisiera conocer, igualmente, si en este proyecto de ley de presupuestos está prevista la incorporación de criterios demográficos en el próximo sistema de financiación autonómica
para frenar la despoblación y los desafíos que esto representa en forma de políticas de empleo, juventud, familia, conectividad tecnológica, vivienda y sostenibilidad, entre otras.


Por otra parte, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el brexit, va a suponer una merma presupuestaria de la Unión Europea que va a impactar negativamente sobre la dotación de los fondos de cohesión y los de la PAC, claves para el
desarrollo equilibrado de las zonas con problemas de despoblación. Es decir, al envejecimiento se van a añadir los problemas derivados de este importante recorte presupuestario europeo. Me gustaría saber si existen previsiones presupuestarias
nacionales para compensar estos recortes ya confirmados por el comisario Oettinger precisamente en esa misma Cámara.


Finalmente, quisiera conocer las medidas que piensa aplicar el Gobierno para frenar el reto demográfico y qué soporte tendrán en este proyecto de ley de presupuestos las medidas que tienen que aplicar. Esto se lo pregunto porque en la
Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017 también se encomendó al Gobierno la elaboración de una estrategia nacional y quisiera confirmar la dotación económica que está prevista en estas cuentas públicas para llevar a cabo esta
estrategia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


A continuación, también en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el diputado del Partit Demòcrata, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Agradezco al señor Bermúdez de Castro su comparecencia en esta Comisión de Presupuestos.


Me había hecho el propósito de no hablarle específicamente ni de Catalunya ni del 155 (risas) pero algunos diputados, en estos momentos no presentes, han insistido al respecto y, claro, alguna cosa le tendré que decir, aunque sea en defensa
propia.


Le queríamos plantear esencialmente que este es el quinto año en que no por parte de la vicepresidenta inicialmente pero sí por parte del ministro Montoro se dijo que se tenía que afrontar la reforma de la financiación local y la reforma de
la financiación autonómica, pero van pasando los años y siempre hay algún elemento que lo dilata. Hemos repasado los presupuestos y en el libro amarillo no aparece ninguna cita o referencia al nuevo sistema de financiación de la Administración
local ni al nuevo sistema de financiación de la Administración autonómica. Voy a intentar diferenciarlos.


En cuanto a la financiación local, usted, como responsable de las administraciones territoriales, tendrá que tutelar también que este mantra, que en una parte de la doctrina se está estableciendo de que la Administración local tiene un
superávit estructural y que en la reforma se tendrá que replantear cuáles van a ser sus capacidades fiscales, no vaya en detrimento de la Administración local que, al fin y al cabo, ha hecho bien sus deberes, mucho mejor que otras administraciones.
Algunos solicitaban ajustes, reformas y replanteamientos de la propia Administración pero la que los ha hecho ha sido la propia Administración Local. Por tanto, queremos saber cuáles son las perspectivas, si ustedes contemplan alguna reforma de la
financiación local durante el año 2018 y si piensan solucionar -sé que es responsabilidad de otra secretaría de Estado y ya se lo plantearemos- que la aplicación de la regla del gasto en la Administración local tantas veces comprometida, incluso en
el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local por parte del ministro, no llega.


En relación con la financiación autonómica, el portavoz de Ciudadanos le instaba a que hiciera la reforma de la financiación autonómica o un nuevo sistema de financiación de forma rápida, para no dar argumentos a populistas y a
nacionalistas. A populistas no lo sé pero si la financiación autonómica lleva por arriba o por abajo algo de color naranja, ya le digo que seguramente les van a dar muchos argumentos a los nacionalistas. Ya sé que usted me va a decir que nosotros
no nombramos a ningún experto para la Comisión de expertos y que el presidente no fue a una Conferencia de Presidentes pero eso no inhabilita a mi grupo parlamentario para poder reclamarles un nuevo sistema de financiación autonómica en el cual,
evidentemente, vamos a participar e intentar que no tenga los defectos que tenía el de 2009 y que solucione algunos de los problemas históricos del sistema de financiación autonómica. En todo caso, un año más se ve claramente que no va a tener
reflejo presupuestario en los presupuestos que aprobamos fuera de plazo.

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Haciendo ya referencia al tema del referéndum, que tanto preocupa al señor Ten, yo he escuchado decir en esta Cámara, tanto al presidente del Gobierno como al señor ministro de Hacienda, que del presupuesto de la Generalitat no se dedicó un
solo euro público a la organización del referéndum. Yo no investí al señor Rajoy, lo invistieron ustedes; yo no sustento al Gobierno, lo sustentan ustedes, y si ustedes tienen alguna prueba de que se destinó algún euro público a la organización
del referéndum, o lo dicen porque no se han enterado o lo aportan donde lo deban aportar. Intentar sembrar esta duda, seguramente no genera ningún tipo de gratificación.


En cuanto al tema de las sociedades que cambiaron el domicilio social, ¡cuidado!, porque algunas cambiaron el domicilio social pero no el domicilio fiscal, y ayer se lo clarifiqué: una cosa es cambiar el domicilio social y otra deslocalizar
una inversión, una fábrica, una planta o unos puestos de trabajo, lo que en estos momentos no esto no se ha detectado.


Respecto a la opinión de la Airef, yo creo que su presidente ha sido muy explícito, como lo fue todavía más ayer el gobernador del Banco de España, cuando dijo que el impacto de la situación de Cataluña en el PIB de Cataluña y en el conjunto
del Estado español era mínimo, muy mínimo, y nada significativo. Por tanto, no insistamos en este argumento, en este mantra pensando que, a base de repetirlo, alguien pueda pensar que se debe creer.


Voy finalizando ya, presidente. Una novedad que hemos descubierto a lo largo del día de hoy es que esta Comisión, aparte de pedir constantemente el voto al Partido Socialista por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos, también
está sirviendo para revisar los acuerdos de Ciudadanos con el PP. Pues, ¡oigan!, reúnanse de forma bilateral y allí analizan cómo están sus acuerdos porque no hace falta tanta gesticulación. Si estuvieran tan mal, si esos acuerdos no se
cumplieran, seguramente ustedes no estarían apoyando el presupuesto; lo digo en el sentido de que no hay que aprovechar la Comisión para desarrollar temas bilaterales sino para temas de interés conjunto, y los acuerdos del Partido Popular con
Ciudadanos y de Ciudadanos con el Partido Popular, visto este presupuesto, tengo que decirle...


El señor PRESIDENTE: ¿Puede ir concluyendo, señor Bel?


El señor BEL ACCENSI: ... que gozan de muy buena salud.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


Para concluir el turno de los grupos parlamentarios, la señora Cortés, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señor presidente.


Señor Bermúdez de Castro, bienvenido a esta Comisión una vez más, a esta su casa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. En su comparecencia para presentar los presupuestos anteriores usted decía que eran unos presupuestos que
consolidaban la recuperación económica y la creación de empleo. En esta segunda comparecencia suya tenemos que hacer honor a la verdad y reconocer que tenía usted razón en aquella afirmación y que realmente aquellos presupuestos sirvieron para esa
recuperación y esa creación de empleo. Esto no es obstáculo para que estos presupuestos, de nuevo, tengan esas prioridades para el Gobierno, a la vez que son unos presupuestos con un carácter social importante, mucho más que los anteriores y van
más allá incluso de algunas de las propuestas que algunos grupos parlamentarios podían imaginar o plantear. Ojalá esta premonición de su presentación de hoy sea como la anterior y cuando nos juntemos para los siguientes presupuestos podamos
reconocerle ese mérito. En ese sentido, yo también hago una llamada a la responsabilidad de los grupos parlamentarios; algunos han ofrecido su apoyo a estos presupuestos, pero quiero llamar a la responsabilidad del resto de los grupos para que los
valoren, los tengan en cuenta y ayuden a mejorarlos en lo que ellos estimen pertinente a la hora de presentar enmiendas al articulado, pero que sí que den el apoyo que tanto beneficio va a ocasionar a todos los ciudadanos, a todos los españoles con
la puesta en marcha de las medidas que en ellos se contemplan.


Ha citado los programas de su departamento dentro de su responsabilidad y, en este sentido, voy a hacer algún comentario. Hablaba usted del programa 922 que hace referencia a la organización territorial del Estado y al desarrollo de los
sistemas de colaboración. Me congratulo de que la Fundación Manuel Giménez Abad vuelva a contar con el apoyo del Gobierno en estos presupuestos. También quiero referirme a la Comisión que se ha creado en este Congreso de revisión del modelo
territorial. Allí precisamente se

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ha hablado -y mucho- por parte de los comparecientes que hemos tenido de algo a lo que usted también se ha referido en su exposición, que es la colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones públicas. Una vez que la
transferencia y la distribución de competencias están prácticamente cerradas, muchos comparecientes han aludido a la cooperación y a la colaboración entre las administraciones públicas, que tiene que ser tanto horizontal como vertical. En esa
Comisión territorial se ha hablado también mucho de modernización de ese sistema. Por eso, lamento que algunos grupos parlamentarios que en su intervención han mencionado la necesidad de modernizar el modelo territorial no hayan asistido a esa
Comisión ni hayan participado en esos debates. Allí se ha hablado de conflictividad, de transferencias y de financiación autonómica, con lo cual insisto en que el foro adecuado para esos temas es esa Comisión y pido que participen los grupos
parlamentarios que no participan y que incluso vuelvan aquellos que se han marchado. En este sentido, quiero referirme a lo que he entendido cuando el señor Bel ha hablado sobre la financiación autonómica. He creído entender su voluntad de
participar en el debate de financiación autonómica y me congratulo de su intención. Animo a que el presidente de su comunidad autónoma -cuando lo tengan- también participe en la Conferencia de Presidentes y en todos los debates que se celebren.
Creo que será enriquecedor y beneficioso para todos.


Respecto al programa 942, desarrollo del principio de cooperación económica local del Estado, veo con simpatía que FITE sigue presente ahí, con lo cual Teruel será una vez más afortunado en ese sentido. Quiero poner en relación el
desarrollo de esta cooperación con el reto demográfico que tenemos ante nosotros, porque creo que es importante. La despoblación es uno de los mayores problemas que afronta nuestro territorio, aunque afecta a algunas comunidades autónomas más que
otras; yo hablo desde Aragón, donde sí que nos afecta. Todo lo que llegue para las entidades locales desde ese programa será bienvenido y, como seguramente el secretario de Estado sabe, todo será poco porque la necesidad es perentoria.


Respecto al programa 921, de la Administración periférica del Estado, un ejemplo más del trabajo con eficacia y eficiencia es el ahorro que se ha producido por la centralización de esas comunicaciones. Todos vemos con buenos ojos la
inversión que está anunciada para la mejora de la Administración periférica del Estado. Aunque puede no parecerlo, también tiene importancia en el reto demográfico, puesto que si la Administración periférica funciona bien y da servicios de calidad
a los ciudadanos también ayuda a fijar población en aquellas provincias y comunidades autónomas que más perjudicadas se ven por la despoblación.


Solamente quiero hacer una referencia a la inversión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta misma tarde la delegada del Gobierno para la Violencia de Género ha comparecido ante la Comisión de Igualdad y ha puesto encima
de la mesa todas las partidas económicas que van a llegar tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales para poder hacer frente a la lacra de la violencia contra las mujeres que nos afecta.


Quiero acabar igual que empecé, dándole la bienvenida y felicitándole por su exposición y por el trabajo que está desarrollando en aplicación del artículo 155 que se ha citado por algún portavoz. Estoy convencida de que si su aplicación no
estuviese dentro de la normalidad que se espera de ella hubiésemos tenido noticias de su actuación. Puesto que no hemos tenido ninguna noticia, creo que ha entrado dentro de la más absoluta normalidad.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.


Para contestar las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Bermúdez de Castro Mur): Gracias, señor presidente.


Señorías, si les parece, los temas comunes los trato al final para no dirigirme solamente a un portavoz. A todos les quería agradecer también el tono de sus intervenciones. Creo que es muy positivo en un debate como este que haya un tono
cordial e incluso positivo o constructivo. Empiezo por el señor Cámara y empiezo por el final. La Ley de memoria histórica no depende de mí. Como usted ha dicho, yo no sabía si en el presupuesto había partida. Solamente le puedo decir que cuando
yo he tenido responsabilidad de Gobierno, donde yo he estado ha habido partida. Yo he tenido responsabilidad en el Gobierno de Aragón, y allí había partida para la memoria histórica en mi departamento de Presidencia y Justicia de esa época. Muy
poco porque no había dinero, era una partida mínima, pero por lo menos acabamos una actuación

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en el año 2012. Luego la dejamos de hacer. Cuando la situación económica mejore, yo soy partidario de que todo el mundo tenga un lugar donde poder ver a sus familiares, de un lado y de otro. Siempre he pensado lo mismo; lo veo así, y
esto no es cuestión ni de unos ni de otros; es cuestión de todos. Hay que solucionar este problema... (El señor Cámara Villar hace signos negativos). No, no diga que no. Es así, y si no, léase un poco la trayectoria de cada uno, que es bastante
positiva.


Habla usted, señor Cámara, acerca de la disminución de presupuestos de la secretaría de Estado que nosotros dirigimos. Nosotros somos una secretaría de Estado muy política, aunque no es menos cierto que llevamos a cabo la gestión de una
parte importante de fondos europeos, vía Fondo Social Europeo y vía Feder, tanto los Edusi como los destinados a empleo. Creo, sinceramente, que los técnicos que llevan a cabo la gestión de estos fondos lo están haciendo de una manera óptima. Lo
creo sinceramente y lo dije el año pasado: si hubiera mucho más fondos para poder repartir Edusi, no tenga ninguna duda que hubiéramos podido repartir diez veces más porque había proyectos buenísimos de muchos ayuntamientos. En muchísimos
ayuntamientos hemos tenido que dejar proyectos sin darles dinero porque no había más partida. Espero que con el paso del tiempo, poco a poco, todos ellos puedan ir entrando, si hay más, en las diferentes convocatorias. Se ha dividido en tres
partes por dificultades de gestión, por el volumen de gestión tan exagerado que era, nuestro y de los ayuntamientos también. Según me han dicho, la última convocatoria se va a solucionar esta semana o la que viene, y con ello ya están repartidos
todos los Edusi de esta legislatura. ¿Que hubiera sido bueno, como le he dicho al principio, haber tenido más dinero? Pues sí, pero los fondos europeos para este tema eran los que eran. Ojalá hubiéramos tenido más capacidad, pero las decisiones
son técnicas. Ha habido comunidades donde ha habido un gran reparto a municipios y creo, sinceramente, que son positivos para estos municipios.


En relación con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y Provincias, es verdad que el año pasado me comprometí a que intentaríamos subir la partida para recuperar los 4 millones que recibían antes de la crisis. Espero que durante
el ejercicio presupuestario, si tenemos algún tipo de ahorro, podamos aumentar la partida de 2 millones en algún momento hacía ellos. Nuestra relación con ellos es muy positiva, hemos tenido una interlocución fantástica y ellos saben perfectamente
cuáles son las posibilidades que tenemos de darles dinero para su gestión. También es verdad que se han adaptado a los fondos que reciben de la Administración General del Estado, que no el año pasado sino el anterior eran menores, eran 2 millones
de euros. Yo espero que durante este año podamos aumentar un poco la cuantía. Me preguntaban sobre cómo valoraba yo las demandas de la FEMP. Las veo lógicas por su defensa del municipalismo. Yo he sido concejal de mi ciudad ocho años, he sido
diputado provincial, he sido hasta presidente de una comarca en Aragón, y es lógico que ellos, en su defensa del municipalismo, hagan esas peticiones. Es normal; luego hablamos, si quiere, un poco de la regla de gasto e incluso hablamos un poco de
la reforma de la financiación local, pero yo entiendo que ellos pidan que la regla de gasto se flexibilice. Es normal que lo pidan o que pidan que el superávit se pueda reinvertir. Lógicamente, cuando un alcalde ve, como dice usted, que tiene
medio millón de euros en el banco y no lo puede gastar, yo entiendo que en su preocupación o en sus ganas de gastar o en sus ganas de gastar en el año preelectoral, sea muy importante el hecho de que pueda gastar más o menos para poder vender a sus
vecinos más o menos gestión.


Contestando al señor Vendrell, quiero decirle que la aplicación del artículo 155 en Cataluña se está llevando a cabo -se lo digo yo que estoy allí- de una manera exquisita, tan exquisita que nadie nos puede decir que hemos ido arrasando con
nada, con nada. Le puedo decir, como hemos dicho reiteradamente, que el artículo 155 se levantará el mismo día que se nombren los consejeros del próximo Gobierno de la Generalitat de Catalunya. El día que haya un Gobierno presidido por un
presidente que pueda ser presidente, que cumpla los requisitos o que cumpla la legalidad vigente y que ese nuevo president nombre a los consejeros nuevos, ese mismo día se levantará el artículo 155. Yo no estoy de acuerdo con usted -ya se lo dije y
confrontamos el año pasado- acerca de que el modelo autonómico está agotado o de que el modelo autonómico no da para más. Yo siempre digo lo mismo: cualquier persona que analice un poco cómo era este país en el año 1977 y vea cómo está este país
ahora, se dará cuenta de que ha evolucionado muchísimo. Una persona que vaya a Andalucía y vea fotos de Andalucía hace cuarenta años y la vea ahora, dirá que este país ha evolucionado muchísimo, y lo ha hecho, en gran medida, gracias a las
comunidades autónomas. Yo soy aragonés, vivo en Aragón, mi vida está ahí y le puedo decir que tenemos una gran sanidad con la transferencia de sanidad y que hay hospitales -espero que algún día esté hecho el de Teruel y el de Alcañiz- que si se van
a hacer es gracias a que hay una comunidad autónoma que ve dónde realmente está el problema. A mí no me va a convencer y no diga por

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ahí que no soy autonomista porque soy un autonomista convencido y creo que si este país ha cambiado ha sido gracias a las comunidades autónomas. También digo, con normalidad, que con el ruido que ha habido estos últimos años no era el
momento más adecuado para sentarse a ver realmente cómo tenemos que volver a hacer la estructura de nuestro país.


Volviendo al 155, le reitero lo que le he dicho al principio: nosotros hemos intentado por todos los medios restaurar allí la legalidad, que creo que lo hemos conseguido; restaurar la normalidad institucional, que creo sinceramente que lo
hemos conseguido, e intentar por todos los medios que lo que estaba sucediendo se notase lo menos posible en la situación económica. Pongo un ejemplo: cuando llegué allí el 29 o el 30 de octubre, en la Delegación del Gobierno había cinco filas de
vallas alrededor y ahora no hay ninguna, ninguna. Eso es así. Usted va a Barcelona y sabe cómo está. ¿Hay que recuperar la normalidad? Pues la normalidad se recuperará en el momento en el cual sean capaces los que han ganado las elecciones de
conformar un Gobierno y dejar de echar pulsos absurdos al Estado, que es lo que están haciendo.


Respecto a los mecanismos de cooperación, creo sinceramente que están funcionando. En cuanto a las comisiones bilaterales, es verdad que hasta la fecha solamente hemos hecho la de Aragón, la que es general. No solamente son esas comisiones
de cooperación, sino que cada vez que nos juntamos en una comunidad autónoma para llevar acuerdos con el 33.2, que son organismos de cooperación para conflictos entre ambas partes; constantemente se están juntando grupos técnicos, semanalmente se
están reuniendo. Le puedo decir que del total de leyes autonómicas, quitando Cataluña, solamente se ha recurrido el 5 % de la legislación autonómica, concretamente el 5,95 %, y de ese 5,95 que ha recurrido el Estado, el 81 % de las sentencias son
favorables al Estado. Eso viene también arrastrado de Gobiernos anteriores. Se pretende tener la mejor relación posible e intentar llegar a acuerdos con Gobiernos de todos los colores. Hemos llegado a muchísimos acuerdos con Andalucía, con Aragón
-hablo de comunidades del PSOE-, con Asturias, con Valencia. Lógicamente, con otras no puedes llegar a acuerdos porque son posturas diametralmente opuestas, pero sí le puedo decir que en el 95 % de los casos llegamos a acuerdos. Con Cataluña no le
voy a negar que del 31 de julio al 30 de septiembre fue imposible llegar a acuerdos. Fíjese, no se llegaban ni a sentar a la mesa. Encima, hubo un cambio del director general de los servicios jurídicos y con un cambio de última hora no se sentaban
a la mesa. El 33.2 es un procedimiento por el cual nosotros pedimos que firmen y cuando firman las dos partes se inicia el procedimiento y no querían ni firmar. Esto es así.


Traspasos. No se crea usted -y si quiere le pasaré la información- que ha habido muchas comunidades autónomas que en los últimos tiempos han pedido muchos traspasos. En esta época de crisis creo que las comunidades, en general, se han
dedicado a gestionar lo que tenían traspasado, por decirlo de alguna manera, en vez de a pedir más traspasos; es decir, ha habido muy pocas peticiones. Si quiere la información, se la podemos pasar, pero ha habido pocas peticiones; lógicamente,
cuando hay peticiones de traspasos nosotros, sin ningún problema, intentamos llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo.


Con respecto al portavoz de Ciudadanos, sobre el modelo de financiación hablaremos más adelante. Cuando ha hablado de lealtad institucional referida a Cataluña, me ha pedido el dato de empresas que se han ido, me parece. En el año 2017 se
fueron 3208 y en el año 2018 van 1300; ese es el último dato que tenemos hasta ahora mismo. Se ha ido, al menos, el domicilio social; muchas de ellas también el domicilio fiscal. Yo soy de los que quieren que no se vaya ninguna. Y le digo una
cosa: muchas comunidades del entorno han sido bastante leales en no buscar en esta pesca revuelta, en no intentar pescar. Ha habido presidentes autonómicos que han sido muy criticados en sus comunidades autónomas que se han portado bastante
lealmente con este tema; es así. El de Valencia, el de Aragón y el de Castilla-La Mancha podían haber intentado pescar en este río revuelto y han sido bastante leales en este aspecto. Hay que decir las cosas como son y las cosas son así. Aunque
hayan dicho el presidente de la Airef y el presidente del Banco España que no ha habido repercusión, solo hace falta pasearse para ver cómo está Barcelona. El director del hotel donde estoy yo me dice que no hay tanta afluencia de gente. En los
últimos meses se ha recuperado; lógicamente, en el mes de octubre hubo un bajón, pero ahora se ha recuperado; y yo estoy seguro de que la temporada de verano va a ir muy bien. Nosotros vamos a poner en marcha todas las campañas de publicidad que
había previstas en Cataluña para lograr que vaya el mismo número de turistas que el año pasado y para lograr que no haya ni un solo español que deje de ir a Cataluña o tenga duda por ir allí. Esa es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer; esa
es mi responsabilidad y lo que de mí dependa lo vamos a hacer. Entiendo que es mucho mejor para una empresa que vaya a ir a Cataluña

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o a Sebastopol que haya normalidad institucional, política y social. Eso lo mira una empresa, en su balance de cosas a favor y cosas en contra busca la normalidad institucional. Por lo tanto, usted en ese aspecto tiene razón.


Con respecto a la ordenación territorial, me ha parecido extraño, o eso he entendido yo al menos, que me eche en cara que en esta ordenación territorial y en esta mejora de la eficiencia aumentemos el dinero en el tema periférico. Cuando
llegué a esta secretaría de Estado hace año y medio no tenía un conocimiento muy amplio de cómo estaban las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno del conjunto del país. Pero le digo una cosa: yo creo que es fundamental recuperar la presencia
del Estado en el territorio. Esto no significa ni recentralizar ni nada por el estilo, esto significa que la persona que vaya a hacer una gestión de tráfico a Ceuta tenga las mismas condiciones personales técnicas que el que va a hacer esa misma
gestión a una oficina de la delegación de una comunidad autónoma. En algunas delegaciones del Gobierno da la sensación de que entras en el siglo XIX, y lo que pretendemos nosotros con este plan es que quien entre a una delegación del Gobierno entre
a una delegación del Gobierno moderna, que cada vez más gestiones sean vía telemática para que no haya que ir a la delegación del Gobierno, pero que cuando tengas que ir allí, sea lo más moderna posible. Algún día le contaré lo que nos ha llegado a
pasar. El Estado no debe dejar de estar presente en todos los puntos del país, por muy descentralizados que estemos, por muchas competencias que haya en las comunidades autónomas, por muy autonomistas que seamos todos o casi todos aquí, y yo lo
soy. Espero que en este tema nos ayuden todos, ya que es importante dar un paso adelante.


Un tema del que también me gustaría convencerles es el tema de las diputaciones provinciales. Yo soy de una provincia, Huesca, con 202 municipios y más de 2000 núcleos de población. Hay municipios, como Sabiñánigo, con 55 núcleos de
población de menos de 100 habitantes, y o hay algo que les ayuda a gestionar, o es muy complicado. ¡Es que nosotros en la provincia de Huesca tenemos más de 100 municipios con menos de 500 habitantes! Y no se vaya a Teruel, no se vaya a Soria y no
se vaya a Asturias. ¡Es que es muy complicada la España interior! ¡Muy complicada! El mecanismo actual de las diputaciones provinciales como ente prestador de servicios, no como ente repartidor de dinero, como dije el año pasado aquí, es muy
importante.


Al señor Martínez Oblanca, de Foro, le diría que no voy a hablar de la lluvia, por decirlo de alguna manera. Cuando yo fui consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón en la anterior legislatura, junto con Asturias, Galicia y Castilla y
León pusimos en marcha todo el mecanismo de la despoblación. La gente que estaba con nosotros, incluida la comisionada de despoblación, era plenamente consciente de las dificultades que existen para vivir en la España interior y de las dificultades
que existen para prestar servicios en muchos puntos de nuestro país. Somos plenamente conscientes.


No sé si tienen mucho calado o poco las medidas hasta ahora aprobadas, porque lo que ha hecho la Comisión ha sido priorizar un conjunto de medidas de vivienda, de banda ancha y empleo juvenil, y luego presentar el plan global, pero me dice
usted que no es de calado. Voy a hacer una reflexión: para conseguir que una persona quiera instalarse en un municipio de 50 habitantes debemos asegurarle las mismas posibilidades de instalarse allí que de instalarse en Madrid, o que una persona
que vive en un municipio de 125 habitantes tenga la misma prestación de servicios sanitarios que el que vive en Huesca capital o la misma capacidad de servicios educativos que el que vive en Valencia capital.


Medidas fiscales para las familias numerosas y para las guarderías están muy bien y conseguir que aumente la natalidad es lo más importante, pero en muchos municipios del interior de Teruel con la estructura demográfica que tienen es
imposible que tengan hijos, por la edad me refiero. ¡Es imposible! Tenemos que conseguir dos cosas: que la gente que reside allí tenga posibilidades de vivir e incentivar que la gente vaya allí. Me dice que no tiene mucho calado la banda ancha.
Pues yo conozco amplias zonas de España, la que mejor conozco es mi comunidad autónoma, como el municipio de Matarraña, donde existe un gran turismo rural, donde muchos hoteles no pueden contratar por Booking porque no tienen banda ancha. ¡Si eso
no es intentar que algunas zonas de este país económicamente se puedan recuperar y pueda ir gente joven a vivir allí...! Hay muchas personas mayores en el interior de Cuenca que para hacerse una radiografía tienen que ir a Cuenca capital y, de
verdad, yo pienso que sí es una medida de calado conseguir una banda ancha para que el servicio que va allí tres veces por semana le pueda hacer una radiografía y mandarla por e-mail al centro de salud. Es una medida muy importante. ¿Que hay que
hacer muchas más medidas? Muchísimas más. (El señor Martínez Oblanca: ¡La estratégica!). La estrategia, por supuesto, pero estoy diciendo que la comisionada ha priorizado unos temas, como son los relativos a la vivienda -que hay dinero-, la
banda ancha -que hay dinero- y el empleo juvenil -que

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hay dinero- y en las próximas semanas presentará el plan global con todo el conjunto de medidas. Porque aquí nos hemos encontrado, como muchas veces pasa en este país, con que todas las comunidades autónomas se han puesto a trabajar en la
despoblación. Pues vamos a coordinarnos y todos conjuntamente vamos a tomar medidas. Están trabajando muy bien en este tema porque aquí hay lealtad entre todas. Y le repito que las que empezaron fueron Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León,
y le puedo decir que existe una plena coordinación entre todas las comunidades autónomas. Se están tomando las medidas. ¿Que nos gustaría ir más rápido? Por supuesto, pero se está avanzando.


Y luego hablaremos de la financiación, porque es fundamental tener en cuenta estos criterios de despoblación, de dispersión, de envejecimiento y muchos más como, por ejemplo, de población flotante, porque hay municipios de Valencia que
tienen 1000 habitantes en invierno y 50 000 en verano, y también tienen un problema de gestión y de financiación.


Al señor Bel le agradezco el tono de su intervención. Luego hablaremos de financiación local y autonómica en conjunto. Puestos a pedir, ya que usted ha pedido, yo también le pido que aprueben el real decreto-ley de paga extra en el
Parlament. Antes le escuchaba cuando estaba hablando con Elena Collado sobre el decreto-ley y cómo se va a hacer y yo le pido que el día 25 apoyen el decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros en funciones del 155 para que los empleados
públicos de Cataluña puedan recuperar la paga extra. Eso se va a votar el día 25. Todos los grupos, por supuesto el PSC, En Comú Podem, el PP y Ciudadanos lo van a apoyar y yo le pido que lo apoyen. Hoy los letrados han dicho que no hace falta
que vaya ningún miembro del Gobierno a defenderlo, como pasa en todas las comunidades y como ya ha pasado allí. Es importante que el empleado público no se vea afectado por esto y que recupere algo a lo que tiene derecho, que es recuperación de la
paga extra.


Por lo que se refiere a la reforma de la financiación -termino ya, señor presidente-, voy a hacer cuatro matizaciones. ¿Es una prioridad del Gobierno que haya reforma de la financiación autonómica? Sí, es una prioridad del Gobierno. ¿Es
necesario? También. ¿Tenemos mayoría con 137 diputados? No, por lo que hay que tener dos acuerdos, el de las comunidades autónomas -sin él no hay financiación autonómica- y el de esta Cámara. ¿Y el Gobierno está dando todos los pasos adecuados?
Yo pienso que sí. Solo les puedo decir que el secretario de Estado de Hacienda está haciendo un trabajo intenso para intentar llegar a acuerdos en este tema. También les digo que este presupuesto es el que más fondos destina a las comunidades
autónomas. Ya me hubiera gustado a mí de 2011 a 2015 tener el presupuesto que tiene ahora Aragón. Cuando yo llegué tenía 5500 millones y cuando me fui 4500 y el doble de pago de la deuda. Como decía, imagínense los ajustes que tuvimos que hacer.
Una comunidad autónoma gestiona educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, los temas más sensibles del Estado, aparte, por supuesto, de las prestaciones por desempleo. Y como dijo el presidente Rajoy el pasado fin de semana, los
criterios de esta financiación autonómica deberán abarcar la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la sobrepoblación y la población flotante. De las diecisiete comunidades autónomas, hay diez con problemas de despoblación, de
envejecimiento y de dispersión. Prestar un servicio en Cuenca es mucho más caro que prestarlo en Valencia por la dispersión, y a su vez Valencia tiene otros problemas muy graves de financiación, diferentes a los de Aragón y a los de Galicia.
Cuadrar ese sudoku, como dijo hace unos años un compañero suyo, es muy complicado; si no existe la voluntad de quitar este tema del debate político y de sentarnos todos en una mesa, es muy complicado. Es así. Ojalá se llegue a un acuerdo. Esto
es igual que la financiación local -y acabo ya, señor presidente, que me mira con mala cara-, es decir, se ha dado un paso ya para solucionar lo relativo al superávit y en cuanto a la regla de gasto, hubo un acuerdo con la FEMP para constituir un
grupo de trabajo, que está creado, para buscar una fórmula para reformarla. Es así.


Es verdad que esta secretaría de Estado es muy política, pero no es menos cierto que también gestionamos muchos fondos europeos que a los ayuntamientos, sinceramente, les hacen un favor. En momentos de crisis, como en años pasados, los
ayuntamientos de todos los colores políticos -nadie puede echarnos en cara nada y nadie lo ha hecho- han tenido fondos adicionales para poder mejorar la vida de los ciudadanos.


Agradezco a la portavoz de mi grupo su intervención y apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro por su comparecencia y, sin solución de continuidad, pasamos ya a la comparecencia del señor Zalba, presidente del Instituto de Crédito Oficial.

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- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (ZALBA BIDEGAIN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/001287) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001542).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes o, mejor, buenas noches.


Reanudamos la Comisión con la comparecencia de don Pablo Zalba, presidente del Instituto de Crédito Oficial. De acuerdo con lo establecido en la propia Comisión, pasamos directamente a las intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios y, en primer término, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Bienvenido de nuevo, señor presidente del ICO, a esta sesión de presupuestos. Voy a empezar diciendo algo que venimos repitiendo desde el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no podemos aprobar estos presupuestos, y no lo podemos hacer
porque hay razones de peso como no abordar los problemas que tiene este país, que tiene esta economía. No aborda la necesidad de mejorar los ingresos para sostener el Estado del bienestar y también para redistribuir las rentas; somos el séptimo
país por la cola en cuanto a esfuerzo fiscal y, por tanto, en cuanto a una peor distribución de la renta, por lo que es necesaria una reforma fiscal. No se abordan, por otra parte, cuestiones como el sostenimiento del sistema de la Seguridad Social
o el sistema de financiación autonómico, que es fundamental para el sostenimiento del Estado del bienestar. Tampoco se aborda el enorme y dramático ajuste que ha habido en cuanto a las inversiones reales en este país, pues se ha producido una
descapitalización en los últimos años.


Con relación a esta última razón, creo que el ICO tiene mucho que decir por el siguiente motivo. El ICO ha ido teniendo papeles distintos. Empezó principalmente como banca pública, haciendo un esfuerzo por inyectar liquidez a través de las
líneas de mediación; llegó a un máximo de 21 000 millones de euros en 2014 y ha caído hasta los 4600 en 2016, y estamos pendientes de conocer las cifras de 2017. Lo cierto es que las consignaciones presupuestarias dicen mucho: de 15 millones en
2016 se pasa a 9 millones en 2017 y el proyecto de presupuestos incluye 4 millones de euros. Eso pone de manifiesto la poca importancia que tienen ya las líneas de mediación en el ICO. Hay una razón para eso, y es que en un momento expansivo,
cuando los bancos ya están inyectando liquidez y financiando, el ICO, que tiene un carácter más anticíclico, deja de tener la importancia que tenía en el momento más duro de la crisis. La realidad es la que es. No obstante, también estamos en un
procedimiento de desapalancamiento de las empresas. Último dato: 881 000 millones de euros, lo que significa una reducción paulatina en los últimos años; desde enero de 2017 ha habido casi 26 000 millones de euros menos de endeudamiento de las
empresas no financieras.


En segundo lugar, el ICO empezó a tener otra función más importante, que fue la de agencia financiera y gestionó el plan de pago a proveedores y también las necesidades de liquidez, sobre todo de deuda financiera, devengos, de determinadas
comunidades autónomas. Ese papel importante también ha desaparecido en cuanto a que en estos momentos ya no hay plan de pago a proveedores y las comunidades autónomas están haciendo frente en estos momentos al pago de la deuda tanto de intereses
como de amortización.


Le hago una segunda pregunta. ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen en estos momentos las comunidades autónomas para poder acceder a los mercados financieros? En concreto Andalucía ha solicitado el acceso a los mercados financieros
para poder prescindir del FLA y para poder financiarse, como venía haciendo con anterioridad a la crisis, en los propios mercados. Pero el ICO ha aprobado un Plan Estratégico 2017-2021 que fija nuevas líneas de actuación y que tienen importancia
para este ajuste, para recuperar lo que es el esfuerzo inversor y la capitalización, sobre todo en infraestructuras y en inversiones a largo plazo en este país. De hecho, el ICO gestiona el plan Juncker, que no está teniendo la importancia que
esperábamos, que no responde a la ilusión con la que se creó. El último dato fue de marzo de este año, donde se repartieron 55 000 millones de euros en préstamos de los que España consiguió 5600 millones, el 10 % aproximadamente. En la última
comparecencia que tuvo usted aquí recuerdo que decía que íbamos a ser los primeros. Nos hemos quedado los quintos, pero es importante seguir haciendo este esfuerzo por captar financiación del Banco Europeo de Inversiones y por abordar estos
recursos que están a nuestra disposición y en los que el ICO tiene un papel fundamental.


Me gustaría conocer qué gestión, qué promoción y qué intermediación está haciendo el ICO en estos momentos para mejorar y si los planes previstos de mantener el plan hasta 2020 y llegar a los 500 000 millones de euros están aprobados. Por
otra parte, el ICO tiene otras medidas incluidas en ese plan

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estratégico, como son financiar inversiones en infraestructuras a largo plazo, iniciativas de apoyo a empresas y a instituciones. Figura como línea, pero no conocemos realmente el resultado de esa línea y si el ICO, además de ponerlo como
plan de actuación, como sigue teniendo las líneas de intermediación y de apoyo a emprendedores, está teniendo suficiente efecto arrastre para promover y propiciar la inversión en infraestructuras y la capitalización que necesita nuestra economía.


Otra línea importante que tienen a través de Axis es captar recursos privados. Se creó el fondo de los 1500 millones de euros. Ya dijimos en su momento que nos parecía poco, pero no está teniendo, por lo menos en apariencia -me gustaría
conocer su opinión al respecto-, el papel protagonista que debiese tener a efectos de bancarizar a las empresas y que la deuda no sea exclusivamente del sector financiero.


Por último -y concluyo-, me gustaría conocer la posibilidad de cumplir con el convenio del ICO. Ya lo dije en mi última intervención, el ICO tiene establecido un sistema de promoción interna para los empleados que durante los últimos años
no se ha podido aplicar. Los inconvenientes siempre han venido por parte del Ministerio de Hacienda, con la excusa de la limitación de la masa salarial y de las retribuciones a los empleados públicos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se va a
poder aplicar ese convenio, que sigue estando en vigor? ¿Se va a poder retomar el sistema de promoción interna establecido en el mismo?


Estas preguntas son las que me gustaría que usted contestara. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Buenas noches.


Queríamos hacer una intervención señalando algunos elementos que nos parecían estratégicos en el uso que se está dando al Instituto de Crédito Oficial y plantear algunas cuestiones concretas respecto a estos presupuestos en particular.


En relación con las cuestiones estratégicas de medio y largo plazo y sobre todo del papel que creemos que debería jugar el Instituto de Crédito Oficial, sabe usted que una de las prioridades sobre las que se insiste de forma permanente tanto
desde la Unión Europea como desde el Banco Central Europeo es la necesidad de hacer llegar el crédito a la pequeña y mediana empresa. Es decir, la crisis todavía no ha permitido recuperar con la suficiente intensidad los canales de crédito ni los
tipos de interés previos a la crisis, y eso es relevante. Por otro lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones tan poco sospechosas de fomentar la actividad del Estado en la economía, insisten en que uno de los papeles
estratégicos del Estado en estos tiempos es asegurar una competencia saludable y reconocen el papel contracíclico que ha jugado en todo este proceso la banca pública en aquellos Estados en los que aún existe. Lo que nos parece es que el Instituto
de Crédito Oficial no cumple en España ese papel con la suficiente intensidad, y sobre eso querríamos reflexionar. El rescate financiero supuso una transferencia ingente de recursos hacia las instituciones bancarias y financieras y, sin embargo,
estas instituciones secaron el grifo del crédito hacia las pequeñas y medianas empresas durante esos años, como le decía. Por otro lado, como consecuencia de la reestructuración bancaria se ha producido una concentración en el sector en este país
que hace que la competencia sea puesta en duda. En estos momentos, y especialmente tras la caída del Banco Popular, cinco entidades concentran el 70 % de los activos y la mayor parte de la actividad en el sector. El papel de la banca pública en
ese espacio es el de tener un contrapeso que permita que las actividades oligopólicas que se suelen dar con ese nivel de concentración no se den. ¿Que ocurre? Que vemos que el papel del Instituto de Crédito Oficial se altera. De hecho, en su
memoria de objetivos de los presupuestos lo que viene a decir es, textualmente, que la mediación del ICO como instrumento contracíclico irá reduciéndose -no sabemos si es aún el momento para que esa reducción en la intensidad contracíclica se
produzca- y que, por otro lado, van a orientar su actividad hacia un modelo más especializado y de búsqueda de actividades de gran valor añadido. Eso, al tiempo que se produce una reducción en el balance del Instituto de Crédito Oficial, de manera
que el balance de la entidad ha caído casi en un 15 % respecto a los presupuestos de 2017 y casi un 40 % respecto a los presupuestos de 2016. ¿Podría usted explicarnos a qué obedece esta reducción en el balance de la institución? ¿Considera usted,
como presidente, que los fondos de los que dispone en estos momentos el instituto son suficientes para las necesidades de financiación de la pequeña y mediana empresa españolas y sobre todo para algo que aparece en su memoria, que entendemos que es
la orientación de su actividad, la transformación del modelo productivo en este país? Sin embargo, esa transformación no se produce, y no se produce esencialmente porque hay una contradicción entre los intereses del sistema financiero, que

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son absolutamente cortoplacistas, como todos sabemos, y la necesidad de la planificación y la intervención estratégica, que requiere de una mirada de medio y largo plazo para poder llevar a cabo esa transformación productiva. Ustedes tienen
el instrumento, lo que no sé es si tienen los recursos suficientes y si van a orientar esos recursos hacia esa transformación del modelo. Además, creemos que su actividad se vería complementada perfectamente si se mantuviera en el ámbito del sector
público una entidad que ya es mayoritariamente pública, que es Bankia. No porque consideremos que tener un banco público sea un fin en sí mismo, sino porque, en primer lugar, creemos que ayuda a la transformación del modelo productivo orientando su
actividad mayoritariamente hacia el medio y largo plazo y hacia esos sectores de alto valor estratégico hacia los cuales parece que ustedes apuntan y, en segundo lugar, porque en este contexto aparece un problema mayoritariamente percibido no solo
entre la población, sino a nivel académico y de la opinión pública, que es la exclusión financiera; la exclusión financiera no solo se produce en el mundo rural, sino también entre los estratos de renta más baja. Es decir, querríamos que nos
hablara acerca del balance, acerca de la orientación de su actividad y acerca de si ve complementariedad o no, posibilidad de actuar conjuntamente con Bankia.


Me quiero referir ahora al conflicto que nos ha trasladado el personal de su institución, que lleva, como ya le ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, más de cinco años pendiente de mejoras en sus niveles retributivos, mejoras que no
dependen del Ministerio de Hacienda sino de la propia institución. Están viendo cómo se incumple de forma sistemática el convenio colectivo y además que esa suspensión de la carrera profesional solo se ha aplicado al personal técnico y al personal
administrativo y no a los mandos intermedios, que siguen consolidando sus niveles retributivos. ¿Tiene usted previsto, como presidente, mediar con la Cecir para que se vuelvan a autorizar las mejoras del nivel retributivo de los trabajadores del
ICO o va a seguir incumpliendo el convenio colectivo?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Bienvenido, señor Zalba. Intentaré no repetir las cuestiones que ya han planteado el resto de portavoces. Quiero referirme, sobre todo, al cumplimiento del déficit y la mejora de la financiación, por un lado, y, por otro lado, a los
autónomos.


En primer lugar, hay que resaltar que 2017 ha sido el primer año que España ha cumplido con el objetivo de déficit, con unos presupuestos que han sido creíbles, negociados por mi grupo con el Grupo Popular. Pero además de darnos la
enhorabuena, creo que podemos tener confianza en estos presupuestos en el sentido de abandonar el déficit excesivo, como nos marca la Unión Europea, y así poder tener otro entorno financiero. Por eso le quiero preguntar, ¿cómo afecta a la labor del
ICO la mejora del entorno financiero, como le comentaba, de la mano de esa estabilidad presupuestaria? El ICO tuvo un papel muy importante durante la crisis, cuando la financiación bancaria a empresas escaseaba, pero también de apoyo a las
entidades públicas. En primer lugar, me gustaría saber cuál es la evolución de utilización de las distintas líneas de mediación que están ustedes llevando a cabo. También me gustaría saber qué importe suman las deudas firmes contraídas por las
entidades locales con el Instituto de Crédito Oficial por la línea de crédito instruida por este último a las que se hace referencia en la sección segunda del capítulo II del Real Decreto-ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
para cancelar esas obligaciones pendientes de pago.


En segundo lugar, quiero hablarle de los autónomos, en particular le ruego que nos comente algo sobre las líneas de financiación orientadas a estos autónomos, a estas personas que levantan la persiana todos los días porque Ciudadanos es un
partido que está muy sensibilizado con estas personas que hacen un gran esfuerzo todos los días. Hoy la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos ya es una realidad y estos presupuestos contienen más de 520 millones para esta ley, para ayudar a
todos los autónomos, con la extensión de la tarifa plana, con bonificación de cuotas sociales, con una reducción de los recargos por retraso y, además, con una seguridad jurídica en los gastos. Son estas, son las pequeñas y medianas empresas el
sector que precisa realmente las ayudas en estos Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que no entendemos la postura del Partido Socialista y de Podemos en este aspecto pero, nosotros desde luego apoyaremos estos presupuestos.


Señor presidente, yo querría preguntarle además, respecto del marco del convenio de colaboración entre el IDAE y el ICO para la instrumentación de la línea ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018, qué

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importe se ha destinado al ICO-IDAE Eficiencia Energética en 2017 y en 2018, cuál es la previsión. Por último, quería preguntarle sobre los resultados que están obteniendo con este convenio con el IDAE. Asimismo, en el anexo III de los
Presupuestos Generales del Estado se autorizan operaciones de crédito al Instituto de Crédito Oficial por 5900 millones de euros, igual que en 2017. Querría saber cuánto de este límite se utilizó en 2017 y cuánto estiman que van a utilizar para
este ejercicio.


Por último, ¿cómo afecta al ICO el actual escenario de bajos tipos de interés y la previsible alza a finales de 2018 si el Banco Central Europeo acaba realmente con ese programa de compra de bonos?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Para concluir, tiene la palabra el señor Juncal en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente, y bienvenido, señor presidente del ICO.


Voy a hacer un simple apunte. Señor Hurtado, ponga otra disculpa; yo no voy a abrir aquí un debate de tipo ideológico sobre por qué no nos aprueban los presupuestos, los tipos impositivos y demás. Creo que el Partido Socialista ha tenido
grandes ministros de Hacienda, como lo fueron Fernández Ordóñez, Solchaga o Solbes, que esa teórica la tienen más que superada. Si ustedes se quieren aliar con Podemos, allá ustedes, pierden una oportunidad, creo que importante.


Centrándonos en el tema y con la presencia del presidente del ICO, quiero sumarme a lo que también han solicitado los compañeros de otros grupos, que comente usted las cifras, dadas las horas y el tiempo, como buenamente pueda.


Sí quiero plantearle tres preguntas, tres consideraciones respecto a la actividad del ICO de cara a 2018. La internacionalización ha supuesto un factor clave para la recuperación de la economía de España. Las exportaciones siguen marcando
máximos históricos y tienen indudablemente un factor multiplicador en la economía. Ahí está el dato de que seguimos estando por encima del crecimiento de las exportaciones en el conjunto de la zona euro. Por lo tanto, quisiera conocer la actividad
del ICO en cuanto a potenciar la internalización de la empresa española e incrementar en lo posible esta actividad exportadora tan beneficiosa para la economía del país.


Otro punto que también quería abordar en relación con la actividad de la entidad que usted preside es el impulso al sector del capital privado. El capital privado es un instrumento que permite capitalizar las empresas, su
internacionalización y, al mismo tiempo, apoyar su crecimiento. Es también una línea de trabajo de la Unión Europea; la propuesta de la Unión en cuanto a los mercados de capitales va en la misma dirección: la necesidad de diversificar -algo que
también se ha mencionado aquí por algún otro colega- las fuentes de financiación. En consecuencia, me gustaría conocer en relación con estos presupuestos la actividad que está llevando a cabo el ICO para fomentar el capital privado en España y la
financiación alternativa bancaria para nuestras empresas.


Por último, otro de los elementos importantes para la economía de un país son los niveles de sostenibilidad. Las inversiones socialmente responsables son la respuesta a esta necesidad y, aunque se han incrementado considerablemente desde
2002 hasta 2015 -pasando de 80 millones en 2002 a 170 millones en 2015-, seguimos ocupando puestos de cola entre nuestros socios de la Unión Europea. Mi pregunta es sobre la política del ICO y su actividad en relación con el impacto real en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos apoyando estas inversiones socialmente responsables.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.


Para contestar las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra el presidente del ICO, el señor Zalba.


El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (Zalba Bidegain): Muchas gracias, presidente y muchas gracias a todos por sus intervenciones.


Empezaré, como no podía ser de otra manera, por el señor Hurtado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Lamento de corazón que ustedes no aprueben estos presupuestos porque no tengo ninguna duda de que son unos presupuestos
importantes para consolidar el crecimiento y la creación de empleo en este país. Hoy precisamente hemos conocido que el Fondo Monetario Internacional mejoraba nuevamente la previsión de crecimiento de España y era la mejora más importante de todos
los países que analizaba. Creo yo que esa es la prueba de que vamos por el buen camino. Y lo lamento

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también por los pensionistas de este país, lo lamento por los pequeños y medianos empresarios y lo lamento por los autónomos de este país. Pero obviamente usted y su grupo están en total libertad de tomar la decisión que más oportuna
consideren.


Desde luego, el reto de estos presupuestos no es solo consolidar la recuperación económica, sino también conseguir que la recuperación llegue a todos los españoles. En eso estoy de acuerdo con usted en que el ICO tiene mucho que decir.
Precisamente conseguir que la recuperación llegue a todos los españoles ha sido una prioridad del ICO en su papel de impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Me va a permitir hacer una mención a los bonos sociales, de los cuales el ICO ha
sido pionero. Como todos ustedes saben, el ICO no se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se financia a través de los mercados y a través de préstamos bilaterales con instituciones como el Banco Europeo de
Inversiones o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, entre otras. En esas emisiones que impulsa el ICO para obtener la financiación hemos sido un referente en los bonos sociales. Lo hemos hecho -y me alegro de que esté aquí el secretario
general del Tesoro que, en su papel de director general de financiación del ICO, ha sido uno de los impulsores de los bonos sociales-, puesto que es un compromiso que demanda la sociedad, un compromiso, una demanda y un barniz social que necesita y
precisa toda la política. Por eso, el ICO, por esa necesidad de dotarnos de una dimensión más social, ha impulsado los bonos sociales. ¿A qué hemos destinado esa financiación que hemos obtenido de los bonos sociales? A financiar a pymes
localizadas en comunidades autónomas con un PIB inferior a la renta media española. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la recuperación sea una realidad para todos los españoles.


Creo que, como bien ha dicho usted y yo reitero, el ICO tiene mucho que decir, ha tenido mucho que decir y va a tener mucho que decir en la consolidación de la recuperación económica. Ha mencionado usted las cifras. En el año 2014 el ICO
financió a través de la mediación a las pymes y a las empresas españolas por valor de 21 000 millones de euros; en el año 2016, por valor de 4700 millones de euros, y el año pasado con unas cifras similares. Pues bien, el impacto sobre el empleo
de estas cifras, de estos casi 5000 millones de euros con los que a través de la mediación hemos financiado a las pymes y a las empresas españolas, ha sido significativo. Gracias a la financiación de las líneas de mediación del ICO se han mantenido
o creado en España tanto el año pasado como el año anterior 322 000 puestos de trabajo. Es una cifra sin duda importante que demuestra, como bien ha dicho usted, el importante papel que tiene el ICO, que, como bien ha recordado, es un papel
anticíclico y precisamente pasamos de modelo expansivo a un modelo especializado. ¿Especializado en qué? En primer lugar, y lo ha mencionado también usted, en apoyar la financiación de la internacionalización de las empresas españolas, en especial
apoyar la financiación de las pymes españolas. Precisamente la internacionalización es la prueba del cambio de modelo productivo y es la prueba de que las reformas impulsadas por el Gobierno de España están teniendo resultados. Si bien antes de la
crisis lo que aportaban las exportaciones de nuestras empresas al PIB era un cuarto, hoy es más de un tercio del PIB lo que representan las exportaciones de nuestras empresas. Si el año pasado las exportaciones en el conjunto de la Unión Europea
aumentaron un 7 %, en España aumentaron un 9 %. Esa es la prueba de que seguimos ganando competitividad. ¿Y por qué es tan importante la internacionalización? Porque exportar más significa crear más empleos. Según datos de la Comisión Europea,
cada 1000 millones de euros que aumentan nuestras exportaciones se crean 14 000 puestos de trabajo. De ahí la importancia de seguir apoyando y apostando por la internacionalización. Sin duda alguna, el ICO lo va a hacer, y respondo también al
portavoz del Grupo Popular, señor Juncal, que me preguntaba por la internacionalización. Va a ser fundamental en los próximos años en el ICO, es una de las primeras líneas estratégicas por las que estamos ya apostando y en las que estamos ya
trabajando porque, insisto, sin duda alguna tiene un impacto importantísimo en el empleo.


Me preguntaba también el señor Hurtado respecto al papel del ICO como agencia financiera. A través de los diferentes mecanismos, muchos de ellos todavía en vigor, por ejemplo el FLA, se han inyectado en la economía española 100 000 millones
de euros, es decir alrededor de un 9 % del producto interior bruto, pero es importante recordar que aquí actuamos como mera agencia financiera bajo la instrucción de Hacienda. Por tanto, ahí somos -perdónenme la expresión- unos mandados.


Respecto al plan estratégico, yo me atrevería a decir que tiene tres líneas estratégicas. La primera de ellas, la internacionalización, a la que ya he hecho referencia. La segunda, el Plan Juncker. A usted le he visto muy pesimista al
respecto. Yo creo que el Plan Juncker es una importante iniciativa impulsada por la Comisión Europea, impulsada por su presidente, el señor Juncker, que ha tenido un éxito importante y, sin

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duda alguna, España ha sido uno de los principales países beneficiarios del mismo. El ICO ha jugado un papel fundamental y aspiramos a seguir jugando ese papel clave en el Plan Juncker. Como seguramente sabrá, ya se ha aprobado lo que se
conoce como la segunda parte del Plan Juncker, el Plan EFSI 2.0, donde, insisto, el ICO aspira a seguir jugando ese papel tan importante que ha jugado para que España esté a la cabeza de los países perceptores de las ayudas. Y tenemos que ser
conscientes de que una de las prioridades del Plan Juncker va a ser impulsar la eficiencia energética. Y esto me gustaría vincularlo a la pregunta que me ha hecho el portavoz de Ciudadanos, el señor Ten, respecto de la línea ICO-IDAE. La línea ICO
IDAE está dotada con 100 millones de euros, es una línea francamente importante que aspira y que espera mejorar la eficiencia energética de edificios industriales y de edificios de hostelería y que abre camino a ese Plan Juncker que tanta
importancia va a dar a la eficiencia energética. En un país como España, fuertemente dependiente desde el punto de vista energético, toda mejora de la eficiencia energética es muy importante, y si bien las reformas estructurales y de impulso a la
internacionalización han permitido que España, que arrastraba un déficit crónico por cuenta corriente, lleve ya tres o cuatro años consecutivos -perdónenme, no recuerdo exactamente-, de superávit, sin duda alguna el impulso a la mejora de la
eficiencia energética contribuirá a mejorar nuestra balanza comercial.


Un tercer aspecto importantísimo de ese plan estratégico es -y también lo han mencionado el portavoz del Grupo Popular y el portavoz de Ciudadanos- el impulso a la diversificación de las fuentes de financiación. Si algo hemos aprendido de
la crisis económica es que nuestras pequeñas y medianas empresas en particular, pero nuestras empresas en general, deben diversificar las fuentes de financiación y reducir la fuerte dependencia de la financiación bancaria. No es un objetivo único
de las empresas españolas, sino también de las empresas europeas. Dos tercios de la financiación de las empresas europeas vienen a través de la financiación bancaria y un tercio únicamente a través de la financiación alternativa. En Estados Unidos
precisamente tienen el ratio contrario. Viendo esa realidad, la Comisión Europea ha impulsado la unión del mercado de capitales para fomentar la financiación alternativa y desde el Gobierno de España se ha impulsado la financiación a través del
capital privado y concretamente lo hemos hecho hace ya algunos años a través de FOND-ICO, a través de los diferentes fondos que tiene nuestra filial de capital privado.


Me gustaría hacer referencia a FOND-ICO Global. Le he visto muy pesimista al respecto. Creo que tenemos motivos para estar francamente satisfechos. Tuvo una dotación inicial de 1000 millones de euros, a los pocos meses se incrementó hasta
los 1500 millones, de ellos se han aprobado inversiones por valor de unos 1465 millones, de los cuales se han desembolsado 477 millones que han conseguido captar inversiones de otros fondos por valor de 1600 millones. Esos 477 millones
desembolsados se han invertido en 64 fondos, que a su vez han invertido en 330 empresas que dan empleo a 100 000 trabajadores, que, en definitiva, es lo más importante.


Me va a permitir leerle una frase que el presidente de Israel citó en un encuentro con empresarios durante su reciente visita de Estado a España -y cito literal-: Israel es un referente mundial en innovación, tecnología y emprendimiento y
muestra de ello es el programa Yozma del Gobierno israelí para promover la creación de startups, muy similar al FOND-ICO Global de España. Por tanto, me atrevería a decir que casi nos hemos convertido en un referente en la financiación alternativa.
No vamos a caer en la autocomplacencia y seguimos trabajando. Vamos a impulsar un segundo Fondo Isabel La Católica de business angels. Vamos a ampliar FOND-ICO Global y estamos trabajando en nuevas iniciativas que ojalá el año que viene les
podamos contar. Por tanto, esas tres líneas estratégicas forman nuestro plan estratégico: el apoyo a la internacionalización, el impulso a la atracción de fondos del Plan Juncker y el apoyo a la financiación alternativa.


Respecto al convenio del ICO y al denominado SDP sobre el que me ha preguntado usted, señor Hurtado, y también el portavoz de Podemos, para el ICO, sin duda, no hay nada más importante que su capital humano, como no puede ser de otra manera,
porque gracias a ello el ICO puede llevar a cabo el importante papel que juega en impulsar el crecimiento y la creación de empleo. No obstante, por la normativa retributiva que usted, señor Hurtado, ha mencionado, la reactivación del sistema de
desarrollo profesional no es una decisión que competa a este presidente, sino que es una decisión que compete a Hacienda. Estamos haciendo gestiones, sin duda alguna, señor Montero; no es que vayamos a hacerlas, es que ya las estamos haciendo y no
solo el presidente del ICO, sino todo el personal directivo del mismo, me atrevería a decir que desde el mismo día que llegué al ICO y me atrevería también a decir que mis predecesores han sido muy activos también. Nada nos gustaría más a todos los
que formamos el equipo directivo del ICO que verlo resuelto lo antes posible.

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Respecto al señor Montero, usted ha mencionado al BCE, a la Unión Europea y a los problemas que las pymes españolas y europeas se enfrentaron para obtener crédito. Me atrevería a decir que esa es una cuestión del pasado. Yo fui
eurodiputado muchos años y cada vez que venía el señor Draghi a la Comisión de Economía -está en las hemerotecas- le preguntaba precisamente por el crédito a las pymes. Hoy creo que gracias a la reforma del sistema financiero español, impulsada por
el actual Gobierno de España, gracias a las reformas impulsadas también a nivel europeo, como pueden ser los dos primeros pilares de la unión bancaria y, por supuesto, también gracias al Banco Central Europeo, nuestras pymes se financian, me
atrevería a decir, de forma mejor y más barata en la reciente historia económica. Por tanto, creo que podemos estar satisfechos. Hemos oído que en el año 2014 financiamos a las pymes por valor de 20 000 millones de euros, los dos últimos años ha
sido por valor de 5000 millones de euros y si vemos las cantidades agregadas de crédito vemos cómo no dejan de crecer. Es la prueba de que hoy nuestras pymes se financian más y mejor que en tiempos pasados.


Me preguntaba usted también sobre Bankia, BMN y la posibilidad, entiendo yo, de crear una gran banca pública. Usted ha mencionado también con acierto la complementariedad del ICO con Bankia y BMN. Nosotros no aspiramos a ser
complementarios con Bankia, aspiramos a ser complementarios con el conjunto de entidades financieras del territorio español; lo estamos haciendo. El ICO no aspira a competir con la banca, sino a complementar con la banca comercial. Yo les he
escuchado en numerosas ocasiones esa ambición que tienen de crear una banca pública, a mí me parecería un error. ¿Por qué? Hoy me atrevería a decir que cada sucursal bancaria que hay por España es una sucursal ICO, porque en cada sucursal bancaria
que vemos en España uno puede entrar, una pyme, un autónomo, y obtener una línea ICO. Si creáramos un gran grupo con Bankia y BMN, limitaríamos la capacidad de acción de esa banca pública a las sucursales que tienen Bankia y BMN. ¿Para qué limitar
el ICO si, insisto, tenemos decenas de miles de sucursales en toda España? Hemos visto cómo ha jugado un papel trascendental, que reconocía el señor Hurtado, en la reciente crisis económica y, por tanto, lo que funciona, digo yo, para qué
cambiarlo.


Respecto al señor Ten, el portavoz de Ciudadanos, sin duda alguna agradezco a su partido la responsabilidad que está teniendo en aprobar unas cuentas públicas que -no lo ha podido explicar mejor- ayudarán a cumplir los objetivos del déficit.
Precisamente la consolidación fiscal y las reformas son la principal receta que nos ha sacado de la profunda crisis económica que hemos vivido en este país; y, por tanto, los principales instrumentos que tenemos para seguir impulsando el
crecimiento y la creación de empleo y para seguir escuchando noticias tan positivas como las que hemos escuchado hoy del Fondo Monetario Internacional, que ha mejorado la previsión de crecimiento de la economía española, es seguir por ese mismo
camino que tan buenos resultados nos ha dado. No hay que caer en la autocomplacencia, es importante conseguir que la recuperación llegue a todos porque, sin duda alguna, si no, no será una recuperación. Y la mejor garantía de conseguir este
objetivo es, sin duda alguna, que estos Presupuestos Generales del Estado sean una realidad.


En cuanto a la línea ICO-IDAE que me decía, ya he hecho referencia, está dotada con 100 millones de euros y sin duda es un buen precedente para que el ICO y España se puedan seguir beneficiando de los fondos del Plan Juncker EFSI 2.0, que,
como he dicho antes, va a tener un papel fundamental.


Hacía usted una mención a los autónomos; desde luego, los autónomos son un sector clave en la economía española. Y precisamente las líneas ICO gracias a esa complementariedad con la banca comercial tienen una gran capilaridad. El 53 % de
los préstamos ICO tienen una dotación inferior a los 25 000 euros, y el 66 % de las operaciones van dirigidas a micropymes de menos de nueve empleados. ¿Y cómo conseguir financiar por valor de 5000 millones de euros con esta gran capilaridad, solo
con trescientos empleados, trescientos grandes profesionales, que son los que formamos ICO? Pues precisamente complementando la actividad y haciéndolo en colaboración con las entidades financieras.


Por último, me gustaría agradecer al portavoz del Grupo Popular, señor Juncal, lo que nos ha preguntado, que, si no recuerdo mal, era sobre la internacionalización, que ya le he respondido. A lo del capital privado también le ha respondido,
y respecto a los niveles de sostenibilidad, también le he respondido haciendo referencia a los bonos sociales.


Me gustaría acabar diciendo que me complace informarles de que el ICO procedió el pasado 15 de septiembre a la amortización anticipada sobre los préstamos que en momentos muy difíciles como fueron los años 2013 y 2014 nos concedió el banco
público alemán, nuestro homólogo alemán KFW, por valor de mil millones de euros. Hemos procedido, como he dicho, a amortizarlos anticipadamente, lo que supondrá un ahorro financiero de 10 millones de euros que, sin duda alguna, contribuirá a la
eficiencia del ICO y

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redundará en las miles de empresas y pymes que se benefician. Me van a permitir que diga que precisamente esta devolución anticipada de este préstamo que el KFW nos dio en circunstancias muy difíciles para la economía española es un ejemplo
más del giro positivo que ha dado la economía española en los últimos años.


Cualquier cuestión adicional que puedan tener, estaré encantado de responderles en el formato y en el contexto que crean oportuno.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Muchas gracias, señor Zalba.


Señorías, un minuto para despedir al presidente del ICO y recibir al secretario general del Tesoro y Política Financiera. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (NAVARRETE ROJAS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/001267) Y CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de
expediente 212/001338).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión para concluir con la comparecencia del señor secretario general del Tesoro y Política Financiera.


De acuerdo con el orden aprobado por la propia Comisión, pasamos directamente a las preguntas de los portavoces y, en primer término, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Yo no termino, empiezo. Era una broma porque a esta hora cualquiera ya... (Risas). Bienvenido, señor secretario general del Tesoro. Creo que es la primera vez que comparece y encantado de conocerle y de poder debatir, a pesar de que la
hora es la más intempestiva, sobre la materia de la que usted es competente.


Voy a ir muy al grano y espero que me conteste. En primer lugar, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, uno de los grandes motivos por los cuales no vamos a apoyar estos presupuestos evidentemente es porque no se aborda un problema
que está ya reconocido por todos los analistas, y yo creo que también por el propio Gobierno, y es el exceso de endeudamiento por parte de las administraciones públicas y especialmente de la Administración central. Hemos superado el cien por cien
del PIB. El año 2017 se ha quedado en un 98,3 %, 1 billón 144 000 millones de euros de endeudamiento de las administraciones públicas y un coste financiero consolidado de más de 31 500 millones de euros, el 2,6 % del PIB. ¿Y con qué nos
encontramos, según algunos analistas? No con un problema, sino con un riesgo de insostenibilidad del endeudamiento público de este país.


Mi primera pregunta es por qué están incumpliendo ustedes la ley. La disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que cuando se supera el 2 % de crecimiento hay que reducir un 2 % como mínimo el nivel de
endeudamiento. Llevamos tres años consecutivos superando el 2 % de crecimiento y el nivel de endeudamiento va en aumento. Para 2018 las previsiones son de un 97 %, décimas -no llega ni al punto- de reducción del déficit de endeudamiento público.
Por tanto, mi pregunta es: ¿El Gobierno abandona ya claramente el objetivo de 2020, un 60 % de endeudamiento? Si no lo abandona, son ganas de no ver la realidad, pero lo más grave es que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, esa ley que se menciona para todo, para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas, que si se sanciona, que si se abren expedientes. Para todo se pone en boca. Es una justificación, pero el Gobierno no cumple con la propia
Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo va a ser ese un objetivo? ¿Cuándo está dispuesto el Gobierno a asumir que es una obligación legal y que hay que abordar este problema? Desde luego, en estos presupuestos no se
hace. Se queda en el 97 % el nivel de deuda pública y se habla de no cumplimiento, evidentemente, para 2020 del objetivo del 60 %.


La segunda pregunta que le quiero hacer es qué estimación hace el Tesoro del cambio de política monetaria del Banco Central Europeo anunciada para el próximo mes de septiembre. En estos momentos la solución del Gobierno está siendo: si
tengo que sanear los bancos, me endeudo; si tengo que ayudar financieramente a las comunidades autónomas, me endeudo; si tengo que establecer un fondo de financiación, un FLA, me endeudo, pero es que todo eso se ha acabado y se sigue endeudando.
No tiene

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fin, es una dinámica de recurrir. El endeudamiento es una política recurrente que está creando un grave problema a la economía, porque ese dinero sale de entidades que podían prestárselo a las familias y a las empresas, que están haciendo
un esfuerzo enorme de desapalancamiento; sin embargo, parece que no va con el Estado. El desapalancamiento de hogares y de empresas justamente está siendo compensado con un mayor endeudamiento del Estado. ¡Vaya jugada!


Quiero hacerle otra pregunta. Ya hay comunidades autónomas que están interesadas en acudir a los mercados financieros. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se autoriza? Mi comunidad, Andalucía, ha solicitado formalmente al Gobierno no
depender del Fondo de Liquidez Autonómico, sino poder acudir a los mercados financieros. ¿Por qué no se autoriza? ¿Cuál es el problema? ¿En qué fase están ustedes? ¿Qué lupa están poniendo?


Por último, le haré otra pregunta. No cabe duda de que si se sale del déficit excesivo justamente en 2018 -yo creo, y lo digo aquí que no me escucha nadie, que no se ha salido aposta porque se ha quedado a menos de una décima-, vamos a la
regla de gasto europea, muchísimo más exigente. Eso va a significar una restricción de gasto que afectará al coste financiero en unos momentos donde también probablemente se producirá una subida de tipos de interés. ¿Qué evaluación de estos
efectos tiene en estos momentos el Tesoro y el Gobierno?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor secretario general del Tesoro.


A mí me ha llamado la atención esa defensa a ultranza de la austeridad que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. (Risas). Entiendo que se pueda estar incumpliendo la ley, pero cuando la ley impone una austeridad que está siendo
tremendamente dañina para la sociedad española en estos últimos años, creo que lo que menos me preocupa es que el Gobierno la incumpla, porque lo que hay que plantearse es cuáles deben ser las reformas para que la austeridad deje de acogotarnos en
la vida normativa.


En cualquier caso, usted asume el cargo -creo que lo acaba de hacer- en un momento delicado porque hasta la propia Airef, que es bastante respetada en esta Cámara, acaba de señalar los riesgos de insostenibilidad de la deuda pública a medio
y largo plazo, así que nos gustaría saber cuál es su valoración del escenario al que se enfrenta, sobre todo en un contexto en el cual se produce un trade-off absolutamente perverso, un trade-off en términos de ajuste permanente del déficit, lo cual
impone políticas de austeridad sobre las generaciones presentes, trasladadas en forma de deuda hacia las generaciones futuras. Nos preocupa mucho -y parece que a Europa le preocupa mucho-, para mantenernos en el procedimiento de déficit excesivo,
el límite del 3 %, pero el límite del 60 % de la deuda pública, que es también uno de los objetivos que está marcado en términos fiscales, ha desaparecido como un problema cuando se ha convertido en un problema para la economía española. (El señor
Hurtado Zurera: Es un problema). Así pues, me gustaría... Claro que es un problema, pero el problema no es que el Gobierno incumpla la ley, el problema es la austeridad. (El señor Hurtado Zurera pronuncia palabras que no se perciben.-Risas).
Sinceramente, defender que cuando se supera el 2 % de crecimiento lo que hay que hacer es rebajar la deuda todo lo que suba, entramos en un debate bastante complejo. Así pues, me gustaría que me hiciera alguna valoración de ese incumplimiento del
60 % y de cómo tiene previsto el Gobierno, si es que lo tiene, enfrentar el incumplimiento normativo; es decir, ¿vamos a relajar definitivamente ese artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al que aludía el señor Hurtado anteriormente?


Hay otro elemento que me parece llamativo, que son los riesgos que el endurecimiento de la política monetaria europea puede tener sobre la sostenibilidad y el pago de la deuda. Se empieza a advertir de la retirada de la relajación de la
expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y eso puede dar lugar a un encarecimiento de los tipos de interés y de la financiación del sector público, y evidentemente del sector privado. ¿Tiene previsto el Gobierno, su negociado, algún plan
para enfrentar ese escenario que avizora, que parece bastante cercano, o esperan a que se produzca para ver cómo reaccionan?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.

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El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos.


Buenas noches, señor Navarrete. En 2017 cumplimos con un ambicioso objetivo, que fue la reducción de dos puntos del PIB de nuestro déficit. Luego podemos entrar en debates filosóficos de economía con el señor Montero o con el señor Hurtado
a ver si eso es bueno o es malo. Desde luego, para Ciudadanos es bueno. Este 2018 tenemos un objetivo que yo creo que es igual de avanzado, y es cumplir con un 3,1 % de déficit sin renovación. España es el último país que sigue en ese
procedimiento de déficit excesivo y estamos a punto de salir de él. Yo no sé si compartir la opinión del señor Hurtado, que no se ha salido aposta. Yo creo que seguimos en él y tenemos que salir de él y creemos que será una muy buena noticia para
este país. De todos los altos cargos que han pasado por aquí hoy creo que usted, señor Navarrete, será el que más aprecia que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 sean más rigurosos, más creíbles y que garanticen cumplir con Europa.
También lo ha dicho la Airef, son unos presupuestos más que alcanzables. Son claramente expansivos, a pesar de lo que digan algunos, crece el gasto social, crece el gasto en todas las secciones y en todas las políticas, excepto en deuda. Ahí nos
ahorramos este año cerca de 400 millones, que se pueden aplicar precisamente a esas políticas naranjas que al señor Bel le gustan tanto.


No obstante, esto no ha sido siempre así. Coincidirá usted conmigo en que en 2015 ese adelantamiento de una rebaja fiscal antes de unas elecciones disparó nuestro déficit en el 5,2 % y causó un agujero a las arcas de 10 000 millones que
casi nos causa una multa de la Unión Europea. En este sentido le quería preguntar, señor Navarrete, a qué atribuye usted que ahora sí se esté cumpliendo con los objetivos del déficit.


Señor Bel, yo le diré que el déficit y el techo de gasto del resto de las administraciones también se aprueba aquí. Por tanto, cuando la Airef esta mañana -yo estaba presente, como usted bien sabe- explicó claramente qué desequilibrios se
pueden producir entre las distintas administraciones, hay que decirle que estaré de acuerdo con parte de lo que dijo el señor Escrivá, pero también es en esta Cámara donde se deciden los déficits del resto de las administraciones, de las locales,
esas que según el señor Escrivá tienen 7000 millones de superávit que pueden ser utilizados dándoles más competencias. A lo mejor de eso podemos hablar otro día, estoy de acuerdo con usted.


En Ciudadanos insistimos en que para apoyar los presupuestos generales de 2017 era necesario que estuviesen basados en unas previsiones creíbles -eso es algo fundamental-, que no se subiesen impuestos ni se inflasen las previsiones de
ingresos y que se terminase con ciertos trucos que se utilizaban hasta ahora, como era dejar los programas de armamento del ejército fuera de estas cuentas, ya que posteriormente se hacían modificaciones de crédito y no estaban incluidos dentro. Me
parece que esto es una fortaleza de las cuentas de 2017 y de estas cuentas. Está claro que uno de los vientos de cola de este crecimiento ha sido la política ultraacomodaticia del Banco Central Europeo. La previsión del Gobierno respecto a la
evolución de los tipos de interés no prevé apenas variación, y esto sí que nos preocupa, porque está claro que el Banco Central Europeo, que ya redujo a principios de año su programa de compra de deuda, la quantitative expansive que se está
utilizando como el SEC, y las positivas perspectivas de crecimiento de inflación que a todas luces están viendo todos los indicadores, parecen poner encima de la mesa que en septiembre pondrá fin al programa por completo, y yo veo claro que el Banco
Central Europeo y el Banco de España están más que comprometidos con la recuperación económica y que no permitirán movimientos bruscos que la comprometan. Aun así -esta es la pregunta que le quiero hacer-, ¿considera razonable esperar tan pocos
cambios en los tipos de interés, algo que nos puede afectar mucho como país?


No podemos olvidar que tenemos un sobreendeudamiento -en eso estaremos totalmente de acuerdo todos-, las indicaciones nos dicen que tenemos un porcentaje de deuda que fue arrastrándose en los años del boom y que tenemos casi un cien por cien
de deuda pública, que en el caso de la deuda privada supera el 137 %. Por tanto, me gustaría saber su opinión sobre la situación de las familias y su vulnerabilidad a esta subida de tipos, que es esperada, y su opinión sobre los sectores privados
con elevado ratio de deuda que también tenemos en este país. Esta opinión sobre el endeudamiento como foco de riesgo no debe ser pasada por alto. El año pasado le preguntamos si podíamos tener alguna sorpresa -a usted no, al anterior secretario
general del Tesoro-, y nos dijo que no había ningún motivo de preocupación. Casualmente dos meses más tarde el Banco Santander compraba el Banco Popular por un euro a costa de los cientos de miles de sus accionistas, por lo cual espero que en este
sentido pueda ser usted más concreto, más conciso y sobre todo más certero. Desde luego, el anterior no lo era. Quizá por eso está usted aquí y no está el anterior.

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Por último, antes de traer a esta Cámara los presupuestos, el Gobierno actualizó la previsión de crecimiento en cuatro décimas del PIB para este año, hasta el 2,7 %, en parte atribuido a la menor incertidumbre política por la mejora de la
situación en Cataluña, que nos preocupa mucho, señor Bel, de verdad, pero no por algo negativo, sino porque la región de Cataluña nos parece fundamental. Sí nos preocupa la autocomplacencia en este asunto tan delicado, ya que, como bien sabe,
Ciudadanos es la primera fuerza política en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre y, aunque la situación política se mantiene inestable, se puede decir que al menos desde el punto de vista económico la aplicación del 155, la convocatoria
de elecciones y la victoria de un partido constitucionalista contribuyeron a evitar los escenarios económicos más catastrofistas para los catalanes y para todos, algo de lo que nos congratulamos, señor Bel. Sin embargo, a nosotros nos sigue
preocupando que se minimice el daño real que el 1 de octubre ha causado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, por el PDeCAT, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quisiera agradecerle, señor Navarrete, su comparecencia aquí a estas horas poco ortodoxas, pero son las que el calendario ha tenido a bien fijarle. Quisiera darle la enhorabuena por su nombramiento y le deseamos suerte y
aciertos. Seguro que le va a ir bien.


Estamos en la comparecencia de los presupuestos, por si a alguien le sorprende, y aquí cada uno se va posicionando en relación con el presupuesto, excepto Ciudadanos, que hace esta función (pronuncia palabras en catalán) de hacer de Gobierno
y oposición, defender los presupuestos pero cargar contra todos los comparecientes, justificar que esto ha ido todo mal hasta que la marea naranja aterrizó en esta Cámara y justificar todas sus actuaciones. (Rumores y risas). Más allá de esto y de
que después hagamos una referencia a las políticas naranjas, anaranjadas o no sé qué va a dar de sí el color, la cuestión, señor Navarrete, es que, tenemos un problema. La deuda pública se incrementa en 65 puntos porcentuales desde 2008 hasta 2014,
la reducción que se está produciendo a lo largo de los últimos años es modestísima, si me lo permiten. Hemos oído a diferentes miembros del Gobierno, con razón, que comparecen en esta Cámara y dicen: Vamos a encarrilar los cinco años consecutivos
creciendo, prácticamente, al 3 %. La realidad es que, después de estos años de crecimiento, el nivel de deuda pública se ha reducido de forma muy modesta con relación al PIB, y si se ha reducido es porque ha crecido el PIB, no porque se haya
reducido el endeudamiento. Ayer recordaba al gobernador del Banco de España los últimos datos del boletín estadístico, donde se ve que el endeudamiento por sectores implica que el endeudamiento de la Administración central a lo largo de 2017
continúa creciendo en torno a un 4 %, que el de la Seguridad Social vuelve a repuntar, cuando se había estabilizado, y que el endeudamiento de las comunidades autónomas continúa creciendo. Es verdad que las corporaciones locales, esas a las que a
los señores de Ciudadanos parece que no les gustan nada, van reduciendo su endeudamiento en torno al 10 %. Ante esta situación, nuestra pregunta es: ¿Cómo ve, desde su responsabilidad, esta senda de reducción del endeudamiento que se plantea?
Esta mañana, el presidente de la Airef planteaba que si no se hacía ninguna modificación y se le daba una proyección a la actual política fiscal, en el año 2039 estaríamos en un endeudamiento del 85 %. Evidentemente, esto es insostenible. No sé
cómo lo ve desde su responsabilidad. ¿Qué se tendría que hacer?


Respecto a los objetivos del déficit, un tema también muy apreciado por los portavoces de Ciudadanos que van rotando en esta Comisión, tengo que volver a repetir, y cuantas veces haga falta, que aquí aprobamos el presupuesto de la
Administración central. Dígame cuándo ha cumplido la Administración central, la azul y la azul y naranja, sus objetivos de déficit durante los últimos siete años. Nunca. El presupuesto azul naranja que aprobaron ustedes el año pasado ha implicado
que ni la Administración central ni la Seguridad Social cumplieran el objetivo de déficit. Usted dice: El presidente de la Airef ha dicho que aquí se aprueban los objetivos de déficit. (El señor Ramírez Freire: ¡Aquí, aquí, en el Congreso!).
Efectivamente, aquí se aprueban los objetivos de déficit. Pero, ¿se aprueban los presupuestos de las corporaciones locales aquí? (El señor Ramírez Freire: Las cifras). ¿Se aprueban los presupuestos de las comunidades autónomas aquí? (El señor
Ramírez Freire: Los déficits). ¿Se ejecutan los presupuestos de las corporaciones locales aquí? (El señor Ramírez Freire: Los déficits). ¿Se ejecutan los presupuestos de las comunidades autónomas aquí? (El señor Ramírez Freire: Los déficits).
No, no, aquí no se aprueban estos presupuestos y aquí tenemos que hablar de los presupuestos

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que se aprueban aquí (el señor Ramírez Freire: De todo) y si un presupuesto está bien hecho y se ejecuta bien va a cumplir los objetivos de déficit. Si un presupuesto no está bien hecho y no se ejecuta bien no va a cumplir los objetivos de
déficit, que es lo que está pasando con los Presupuestos Generales del Estado en relación con la Administración Central y la Seguridad Social. Eso les gustará o no, pero es así y es su responsabilidad. También la suya porque como se esfuerzan
tanto en explicar que estos presupuestos son magníficos y que todos los que no los votamos, especialmente el Partido Socialista, estamos condenados al fuego eterno y nadie les va a votar en su vida, pues tendrán que explicarlo. Espero que, de aquí
al viernes, alguien de Ciudadanos o del Partido Popular nos lo explique. Porque apelar, aunque a mí ya me apelan poco porque, claro, imagínense que les voto el presupuesto, les hundo. (Risas.-El señor Bravo Baena: ¡Qué va!, ¡anímate!-El señor
Olano Vela: No, no, bienvenido.-Un señor diputado: ¡Mira que expectativa ha levantado!). Sí, sí, sí. De momento, si tienen tanto interés, no nos lo han pedido todavía. (El señor Olano Vela: Prueba a ver). Nos lo tendrá que pedir quien nos lo
tenga que pedir, tendrían que corregir las inversiones en Catalunya, tendrían que corregir... (Varios señores diputados: ¡Ah!). Claro, no les vamos a votar gratis, eso ya se lo hace Ciudadanos (Risas), pero el resto no tenemos por qué hacerlo.
(El señor Ramírez Freire: Saca esos 8000 millones, que es lo que hemos sacado, 8000 millones). Disculpe, señor Navarrete, son las horas de la noche. (Risas). Por la mañana estamos mucho más frescos y no insistimos tanto en este aspecto. Señor
Navarrete, me gustaría tener su opinión en relación con la evolución de la deuda pública y qué se debería hacer.


Algún otro compañero le ha preguntado por los tipos de interés. La verdad es que creo que si los tipos de interés se modifican será a partir de septiembre u octubre y será de forma paulatina, por lo que el impacto presupuestario en el
presupuesto de 2018 será relativamente bajo. Eso no quiere decir que con un nivel de endeudamiento tan elevado como el que mantenemos una normalización, ya no digo repunte, de la política monetaria a nivel del Banco Central Europeo y una adaptación
de los tipos de interés van a dejar mucho menos margen para políticas naranjas o para políticas azules.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


Para concluir el turno de los grupos parlamentarios, ahora sí, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Navarrete.


El importe de la deuda pública española no depende de su secretaría general, depende de los Presupuestos Generales del Estado, que aprobamos año tras año en el Congreso. Son los déficits o los superávits los que marcan el importe del
endeudamiento público de España. Hago esta aclaración para el señor Hurtado, aunque no esté aquí, porque no entiendo qué preguntas le hace, como si usted o su secretaría general fueran responsables del endeudamiento público español o de los
presupuestos o del déficit. Usted y su departamento tienen que gestionar esa deuda pública y adaptarla a las necesidades del Gobierno y del Estado en cualquier momento.


Al señor Ramírez solo quería hacerle una consideración, luego me la aclarará cuando salgamos porque no tiene mucho que ver con esto. Cuando estamos solos en el Gobierno y bajamos los impuestos no le gusta, pero cuando participan ustedes, se
jactan de que se bajan los impuestos más de lo que el Gobierno del PP lo hubiera hecho él solo. Espero que luego, cuando salgamos, me lo pueda aclarar.


Creo que algún portavoz se ha equivocado de comparecencias y lo digo, además, porque el trabajo de esta secretaría ha sido muy positivo para el Estado; la gestión que se ha hecho de la deuda pública ha ayudado y está ayudando mucho a
nuestro país. En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre cuál ha sido la evolución de la duración de la cartera de deuda desde finales del año 2011 hasta el día de hoy y por qué es importante este proceso que se ha llevado a cabo durante estos
años. Asimismo, querría preguntarle por la evolución de los tipos medios de nuestra cartera desde finales de 2011 hasta hoy, también por qué se ha podido disminuir este tipo medio y, a este respecto, cuál ha sido el coste financiero anual de
nuestra cartera de deuda desde finales de 2011 hasta ahora y qué previsiones hay para los próximos años. Además, estos próximos años son importantes; tenemos grandes vencimientos este año de 2018 y además en 2019 y 2020. Con una posible subida de
tipos de interés, como ya ha comentado aquí algún portavoz, tenemos que intentar influir en algunas de las partes que componen el tipo de interés por el que luego le preguntaré.


En estos últimos meses hemos visto unas mejoras importantes del rating de España, además, por las cuatro grandes agencias, por lo que me gustaría preguntarle por las consecuencias positivas directas e

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indirectas que tiene esta rebaja de los ratings. Igualmente, quería preguntarle por la evolución de los tipos de la deuda en España y Alemania, desde diciembre hasta ahora, y también respecto de lo que le decía anteriormente sobre cómo se
descompone un tipo de interés. Creo que esta explicación nos va a ayudar a entender en dónde tenemos que actuar, por qué se ha actuado en algunas materias y qué debemos hacer en el futuro.


Según usted, ¿cuál debería ser el objetivo en materia de tipos de interés de la deuda? ¿Hasta dónde cree que podemos llegar y hasta dónde deberíamos llegar? Asimismo, quería preguntarle si este año hay previstas emisiones para el Fondo de
Financiación a Comunidades Autónomas y del Fondo de Financiación de Entidades Locales y qué saldos vivos tienen previsto que habrá a finales de 2018 en ambos fondos.


Este año ya se ha anunciado una preamortización del préstamo del MEDE y quería saber qué porcentaje, después de esa preamortización, nos quedará del saldo inicial de este préstamo, al igual que quisiera que nos aclare por qué se ha decidido
a preamortizar y no a esperar a vencimiento teniendo en cuenta que está a un tipo de interés reducido. En cuanto a los avales, solo quería preguntarle si queda algún aval de la restructuración del sistema financiero.


Creo que después de esta comparecencia seremos conscientes de la importancia de su trabajo, de la importancia del trabajo del Gobierno en materia económica, de la importancia de los anteriores presupuestos aprobados y de la importancia de
aprobar estos, al igual que de la importancia de la estabilidad política y económica porque al final todo esto es dinero, el dinero de todos los españoles; unos Gobiernos lo dilapidan y otros Gobiernos lo cuidan.


Muchas gracias. Traslade a todo su departamento el agradecimiento de este grupo por su gran trabajo en estos años, y a usted le deseo mucha suerte en este cargo al que se ha incorporado recientemente.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.


A continuación, para responder a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios, o por lo menos a algunas de ellas, tiene la palabra el señor Navarrete, secretario general del Tesoro.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Navarrete Rojas): Muchísimas gracias, señor presidente y muchas gracias, señorías.


En primer lugar, quiero agradecer su flexibilidad por permitirme comparecer hoy y no mañana, ya que tengo previsto un viaje a las asambleas del Fondo Monetario, Banco Mundial y G20, aunque nos haya llevado a estas tardías horas de la tarde
y, yo diría, primeras horas de la noche.


Son muchísimos asuntos los planteados y algunos se solapan, por lo que, en ese sentido, les ruego que me permitan agruparlos por grandes temas. Quisiera agradecer especialmente al señor Paniagua esa aclaración un poco metodológica porque me
siento abrumado en el sentido de que el stock de deuda, como su propia palabra indica, es stock, es una variable de stock, es decir, es la acumulación, desde que el mundo es mundo, de los déficits o superávits que, en su caso, han ido ocurriendo.
Evidentemente hay otras variables, como puede ser el pago de los intereses, pero la variable fundamental que determina el stock de deuda en un punto en el tiempo es la historia de la que venimos; y, en el margen, la variable de política económica
que se tiene para afectar a la variable stock es el flujo. En ese sentido, es el presupuesto del año. Es importante indicar la necesidad de tener superávits primarios, que es la senda en la que estamos. De ahí la importancia fundamental de
abandonar el protocolo de déficit excesivo y entrar en una senda de consolidación fiscal y continuar con ella para que nos lleve al cumplimiento de hitos y que nos llevará a la reducción paulatina. No hay milagros. No es posible reducir una
variable stock de forma discreta, sino que es un esfuerzo continuado. ¿Qué hacer en ese sentido? Perseverancia en dos ejes de acción; y con esto contesto también a alguna pregunta que ha planteado el señor Montero. Tenemos que tener en cuenta
los superávits primarios como variable presupuestaria estática sobre la que incidir, pero también tenemos que tener en cuenta que el presupuesto es un instrumento no solo contable, sino sobre todo un instrumento de política económica. Así, tenemos
que entender que la otra variable fundamental, en la medida en que esto se determina como porcentaje del PIB, es en qué grado las medidas de política económica contenidas en el presupuesto sirven para conseguir un mayor nivel de crecimiento en
términos reales y después, por aplicación de la política monetaria -en este caso, del Banco Central Europeo-, del crecimiento nominal. Esas dos variables son las que tenemos que tener siempre en cuenta y ese es el verdadero punto de equilibrio que
hay que conseguir: un presupuesto y unas medidas conjuntas de política económica que permitan maximizar el crecimiento corriente y el crecimiento potencial de la

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economía, que es lo que nos permitirá a futuro seguir por esta senda de perseverancia y mantener la disciplina fiscal, desde el punto de vista puramente presupuestario o contable.


Los dos elementos tienen que ir de la mano. Si solo nos centramos en uno es la estrategia self-defeating, que diría un anglosajón, con la que derrotas a ti mismo. Tenemos que tener en cuenta siempre los dos ámbitos y esa es la fortaleza de
este presupuesto en sentido agregado. Ya digo que aquí como gestores de deuda somos tributarios de la historia fiscal de este país que heredamos e intentamos gestionar. Ahí lo que han planteado casi todos los grupos -aunque lo que todo el mundo
prevé no necesariamente ocurre; eso también es importante- y sobre lo que hay un consenso generalizado que yo comparto -no quiero dar una opinión discrepante- es que va a haber normalización de política monetaria. ¿Cuándo? Algunos de ustedes han
sido muy taxativos sobre cuándo empezará, pero la ambigüedad constructiva de los bancos centrales es siempre una baza que tienen. Da igual, en realidad los mercados se anticipan. En el fondo a efectos de lo que nos preocupa, que son los costes de
emisión a medio y largo plazo, que sea en septiembre, octubre, noviembre, diciembre o enero es igual. No es la variable más importante; no voy a decir que es irrelevante, porque eso sería una veleidad por mi parte, pero no es la más importante en
la medida en que existe un consenso en el mercado de anticipación de tipos. De hecho, estamos viendo que los tipos de mercado en la mayoría de los tesoros europeos están creciendo ya, con independencia de que el Banco Central Europeo no haya hecho
nada en términos factuales. Da igual, la mera expectativa de que lo va a hacer en el futuro ya se anticipa. Al final, como todos ustedes saben, los tipos a largo plazo no dejan de ser más que la composición de las expectativas de los tipos a corto
que se esperan de aquí al plazo más largo. De hecho, eso está pasando en Alemania, por ejemplo. El Grupo Parlamentario Popular pide datos específicos sobre ese tema. Desde diciembre de 2017 los costes de la deuda pública alemana -por poner un
ejemplo- han subido en el plazo de diez años 9 puntos básicos. Es un reflejo del stock que les estaba diciendo, la anticipación del mercado de la que les estaba hablando.


¿Qué ha pasado en España? En España hemos tenido el movimiento contrario. ¿Significa que hemos encontrado en el Tesoro la piedra filosofal o la magia para aislarnos de las anticipaciones? Evidentemente, no. No vamos a contar aquí cuentos
de hadas. Esto enlaza con la pregunta específica que se me ha hecho. Hay que tener en cuenta que la composición del tipo de interés de cualquier activo -también en el caso particular de la deuda pública española- tiene dos componentes. Uno es el
componente rate -perdónenme el anglicismo- de política monetaria, el tipo base que mide la anticipación del tono de la política monetaria de aquí a los próximos diez años. El segundo componente es la ya famosa prima de riesgo, el componente
crediticio. Pero eso pasa en la deuda pública española como pasa en cualquier activo del sistema financiero internacional. Entonces, ¿qué estamos teniendo en España en estos momentos? Precisamente, a diferencia de lo que se ha dicho, el consenso
internacional de los mercados y de las agencias no es para nada de insostenibilidad; al revés, es que se avanza a pasos acelerados en la senda de sostenibilidad de la deuda. Por eso me ha sorprendido que alguna afirmación que se ha hecho, en
sentido contrario en esta Cámara, es lo que opinan los mercados; además yo concurro con esa opinión. Pero con independencia de eso, eso es lo que estamos observando, que, al revés, hay una creciente percepción de sostenibilidad del conjunto de
medidas de política económica que se trasladan a la sostenibilidad de la deuda, y eso lo que nos ha permitido es reducir el componente de crédito. Es mucho más fuerte el componente de crédito que el componente de tipo base, lo que nos ha llevado a
que el coste de la deuda española desde finales del año pasado a diez años haya bajado algo más de 35 puntos básicos. Si nos vamos a plazo mucho más largos, del orden de treinta años, es superior a 50 puntos básicos el ahorro de costes. Eso está
ocurriendo en este escenario actual de previsión de normalización, es decir, precisamente porque venimos de donde venimos. Y recordemos los tiempos en los que los exprés de crédito, que en realidad era lo que mataba a la economía española, llegaron
a ser superiores a los 600 puntos básicos; porque esto no solo afecta al Tesoro público a la hora de los costes de financiación -se ha hecho mención a los números de los costes financieros que supone para el presupuesto, que es lo que nos concita
hoy aquí-, sino que si tenemos un poco de perspectiva más amplia, creo que lo que tenemos que tener claro es cómo eso va permeando al conjunto de las condiciones crediticias a las que se tienen que enfrentar todos los operadores en el mercado
español, todas las empresas, los particulares, etcétera. Creo que eso domina; de hecho es mucho más importante ese efecto, y ahora estamos en la fase absolutamente contraria: ese efecto se está reduciendo precisamente por la percepción
internacional de que avanzamos a pasos agigantados en la senda de sostenibilidad de la deuda.


En ese sentido, esa es nuestra primera línea de defensa: seguir avanzando en la consolidación fiscal y en consolidar el crecimiento económico. Esa es nuestra mejor herramienta de aislamiento frente al

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futuro. Evidentemente, esto tiene un recorrido limitado. Una vez que llegas ya a no tener prima de riesgo, a partir de ahí ya no tienes más margen de actuación con eso. Todavía nos quedan en el plazo de diez años algo más de 70 puntos
básicos de recorrido, pero todo lo que podamos avanzar en eso es mucho más potente que el efecto de los tipos base, y lo estamos aprovechando. Llevamos desde finales del año pasado cuatro agencias de rating en oleadas mejorando la calidad
crediticia, y ese uno de los desencadenantes de esta mejora de la percepción del riesgo España en los mercados internacionales. Tendremos otra oleada de valoración por las agencias de rating a partir de julio y hasta octubre tendremos una segunda
revisión.


Hago notar en este punto, porque ha salido en la discusión y creo que es relevante a efectos nuestros, que en esa valoración de las agencias de rating -que vale lo que vale, pero que al final tiene un impacto en los mercados; en el caso de
Moody´s, que fue el último en hacer el movimiento y es muy explícito por su metodología, y de eso debemos ser todos conscientes- los fundamentos económicos y de dinámica de deuda de la economía española permitirían ratings mucho más altos. El
elemento fundamental que nos está haciendo retrasar un poco la mejora de rating y, por tanto, esto de disminuir los costes, no solo para el Tesoro -al final, con la ejecución presupuestaria, mejorar todos los números-, sino para el conjunto de la
economía, según estas agencias, es lo que ahí asocian como riesgos internos políticos relacionados con la situación en Cataluña. Tenemos que ser conscientes de que eso lo ha retrasado. Efectivamente, desde que se han aplicado determinadas medidas
se han levantado ciertas compuertas y esta mejora la estamos empezando a percibir. En ese sentido, nos queda margen de mejora. Pongámonos en lo positivo, no en lo negativo; lo negativo veámoslo como margen de mejora. Lo que tenemos son unos
potenciales por el crecimiento económico y de calidad institucional, o sea, todos los elementos que ellos tienen en su valoración, para tener un rating mucho más alto. España es un gran país, lo es desde el punto de vista institucional y lo es
también desde el punto de vista económico, dado el cambio de patrón de crecimiento de la economía.


Se me pedía información detallada sobre los tipos de la deuda. Voy a dar simplemente los datos del stock que, de nuevo, es una composición de los costes que hubo en emisión en el momento en que se emitieron más los que cada año se
acumulaban nuevos. La media de todo eso se me pedía desde el año 2011 y, si me permiten, no voy a dar todos los datos; simplemente, para tener una idea de orden de magnitud: venimos del 4,07 en el año 2011, se cerró el año pasado al 2,55 y se
prevé un 2,5 este año. Alguien preguntará cómo baja si uno prevé lo que hemos dicho antes, la subida en la normalización monetaria. Tienes este primer efecto de la mejora de la calidad crediticia, que se ha materializado; al principio era una
hipótesis cuando se empezaron a hacer los presupuestos y ahora ya es una realidad, afortunadamente, que hay que mantener y preservarlo. Luego tienes otro efecto más contable y más mecánico de que la deuda que te vence en un determinado año estuvo
emitida, si fue un bono a siete años, hace siete años. Puede que el nuevo bono que emitas para refinanciar parte de ese bono lo hagas a los tipos que estén en el 2018 que, aunque sean superiores a los que estén en 2017, en la medida en que puedan
ser inferiores a los que podía haber en 2013, el promedio baja. Esto tiene mucha inercia. Lo único que les quiero transmitir, señorías, es que estas variables tienen mucha inercia. Esto no es un coche, esto es más bien un gran transatlántico que
en el margen tienes que ir viendo que el rumbo sea el adecuado, pero esto no es una lancha motora, que quizá sea una mejor analogía. Las variables tienen muchísima inercia y, en ese sentido, lo importante es que ustedes valoren si el rumbo que se
ha tenido -ya digo que es, por el lado general presupuestario, esa combinación de consolidación fiscal, pero que apoye un crecimiento real y también nominal fuerte- ha sido el adecuado. El resto es una deriva casi mecanicista de hacerlo. Al final
podría parecer que estoy diciendo que esto viene dado, pero no, como he dicho vamos fijando el rumbo.


¿Cómo podemos hacer una línea de defensa adicional aparte de perseverar y transmitir a los mercados la mejora en la calidad crediticia del soberano español? Podemos hacer ciertas estrategias financieras que en el margen también nos ayudan a
retrasar en el tiempo el efecto de la normalización monetaria, básicamente alargamiento de duraciones. Se me preguntaba información detallada. De hecho, teníamos a final de 2013 una duración de la cartera viva del 6/20, de seis veinte años,
actualmente tenemos del 7/44. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros realmente estamos viendo un diagnóstico no muy diferente al que pueden estar ustedes viendo. La idea es: vamos a intentar garantizar -locking, como dirían los anglosajones y
perdónenme los términos de mercado- esos tipos que vemos que quizás estén en mínimos históricos desde el punto de vista de los rates e intentamos fijarlos por el mayor número de años posibles. ¿Qué estamos haciendo? Emitiendo más bonos a treinta
años y estamos intentando

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alargar la duración de la cartera. Insisto, estas son segundas líneas de defensa que son básicamente pequeños ajustes de grado dentro del gran ritmo y el gran ritmo lo determina la política económica, pero a mí lo que me compete son
básicamente esos pequeños ajustes de fine tuning de distintos grados en la corrección del rumbo de la senda de la deuda pública.


Se me ha preguntado sobre otras actividades no solo de la gestión de la deuda pública, sino sobre si tenemos contemplada la emisión para atender los fondos de financiación de comunidades autónomas y también se me ha preguntado un poco sobre
la estrategia en relación con esos fondos. Sobre la estrategia de esos fondos entiendo que, entre otras cosas, por una disposición que hay en el propio presupuesto dependerá también de la aprobación de estos mismos presupuestos. Lo que sí está
contemplado en los presupuestos evidentemente es la dotación, que creo recordar que es por 17 000 millones de euros, a los fondos de financiación de las comunidades autónomas, así como 15 000 millones de financiación para la Seguridad Social.
Discúlpeme, déjeme que compruebe la cifra, que ahora mismo no la encuentro.


El señor PRESIDENTE: Si quiere, desde esta Comisión le damos traslado al diputado de los datos concretos, no se preocupe.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Navarrete Rojas): No, no se preocupe. Estoy intentando encontrar la cifra.


El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, su equipo lo puede hacer llegar por correo electrónico, no se preocupe.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Navarrete Rojas): Lo confirmo, son 17 500 -en este caso la memoria no me había fallado- y los 15 000 de la Seguridad Social.


Me parecen especialmente relevantes los comentarios que ha hecho el señor Hurtado sobre el tema de la interacción -creo que ya he comentado algo, pero me gustaría incidir un poco más-, del efecto que tiene la financiación del Tesoro sobre el
conjunto de la economía, insisto, aunque sea unos minutos vamos a abstraernos del presupuesto. Efectivamente, pienso que es absolutamente esencial considerar -porque además es así- la financiación del Tesoro como ancla sobre todo a la hora de
fijación de precios para el resto de activos financieros en la economía, es decir, para las condiciones de financiación de la economía. De hecho, me he permitido escuchar al anterior compareciente, al presidente del ICO, que yo creo que lo ha
expresado con bastante certidumbre, con bastante certeza y precisión, el tema de cómo el gran problema era la desconexión, lo que Draghi llamaba la no transmisión de la política monetaria precisamente por la existencia de este gran riesgo
crediticio. Yo creo que todo lo que estamos haciendo, y en esto el presupuesto colabora a ello, para reducir este spread de crédito en realidad no lo hacemos solo para las cuentas públicas, lo hacemos para todos los agentes económico, y esto es
especialmente importante en una economía en la cual todavía hay agentes con elevados niveles de endeudamiento. También es verdad, y yo creo que todo hay que decirlo, que el sector privado de la economía -y creo que se ha reconocido- ha hecho un
grandísimo esfuerzo de desapalancamiento, dicho lo cual eso son promedios; lo cual no obsta para que pueda haber agentes concretos con elevados niveles de endeudamiento. Pero el nivel de endeudamiento privado de la economía española ahora mismo es
exactamente el del promedio de la unión monetaria, no es superior -en promedio-, lo cual no obsta para que pueda haber elementos de vulnerabilidad en algunos sectores, en algunas empresas, en algunos individuos concretos. Pero en agregado, que es
de lo que tratamos, no estamos más endeudados; creo que ese es un elemento que nos debe hacer repensar algunos estereotipos que es verdad que han sido ciertos durante muchos años de la crisis, pero que ya no son ciertos precisamente por la
aplicación sistemática de una política económica que ha permitido y ha favorecido este desarrollo.


En cuanto a comunidades autónomas, se ha contemplado a través del Tesoro proveer de financiación estos fondos para la financiación de comunidades autónomas. Respecto a acudir al mercado, insisto, esto está vinculado, entre otras cosas, a la
aprobación de este presupuesto; y en ese sentido depende de sus señorías, del voto de sus señorías. Yo simplemente quería hacer unas consideraciones generales sobre lo importante que es precisamente por los efectos contagio que existen. Yo he
hablado de lo que el Tesoro supone con respecto a la economía, y eso también aplica a otros emisores públicos. Creo que tenemos que dar una vuelta al mercado que no suponga un deterioro del acceso a la financiación, en este caso, de los agentes
privados, tampoco de los públicos, que, en ese sentido, quien acceda al mercado esté en

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situación de hacerlo en buenas condiciones. Creo que meter costes adicionales en el sistema económico no favorece en realidad a nadie.


Varias de sus señorías han hablado del riesgo de insostenibilidad e, insisto, no lo comparto ni lo comparte el mercado financiero internacional ni los analistas, porque lo que tenemos -ya lo he dicho- son varias subidas de rating en cascada.
En ese sentido, uno puede tener su opinión personal, pero no es claramente el consenso del mercado y, por supuesto, no coincide con mi valoración, según la cual yo creo que estamos avanzando a un buen ritmo.


Creo que no me dejo ningún tema en el tintero de los que me han suscitado. Disculpen por el baile de cifras, pero a estas horas ya la mente nos juega malas pasadas.


Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.


Reanudamos mañana la sesión a las nueve de la mañana con la comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda.


Muchas gracias a todos, a sus señorías, a algún periodista que todavía queda y a todos los demás por haber aguantado tantísimas horas.


Se levanta la sesión.


Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.