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DS. Senado, Pleno, núm. 64, de 08/05/2013
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Página
5302




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 32


celebrada miércoles y jueves, 8 y 9 de mayo de 2013


ORDEN DEL DÍA


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a profundizar
en los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y seguir
favoreciendo nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a
las entidades locales.


(Núm. exp. 662/000081)


Autor: GPP


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar a
las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el procedimiento ante
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.


(Núm. exp. 662/000082)


Autor: GPP


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para una efectiva garantía de la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad y seguridad de
sus prestaciones.


(Núm. exp. 662/000080)


Autor: GPS


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con el Programa de Estabilidad
2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas.


(Núm. exp. 671/000070)


Autor: GPEPC


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES









Página
5303




7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático


(Núm. exp. 621/000032)


7.1.2. Proposición de Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Economía y Competitividad


(Núm. exp. 624/000001)


7.1.3. Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas.


Comisión: Fomento


(Núm. exp. 621/000027)


8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


8.1.1. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en
Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el 18 de diciembre de
2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000078)


8.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000056)


8.1.3. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000057)


8.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del
Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93ª reunión del
Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000058)


8.1.5. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq,
por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000059)









Página
5304




8.1.6. Tratado sobre el derecho de Patentes, Reglamento del
Tratado sobre el derecho de Patentes y Declaraciones concertadas por la
Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en
Ginebra el 1 de junio de 2000.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000060)


8.1.7. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de
Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000061)


8.1.8. Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de
junio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000062)


8.1.9. Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno
macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de
conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000063)


8.1.10. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de
tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de
Bulgaria y de Rumania, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000064)


8.1.11. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio,
hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000065)


8.1.12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de
defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000066)


8.1.13. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de
noviembre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000067)


8.1.14. Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de
Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos
de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10
de octubre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000068)


8.1.15. Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000069)









Página
5305




8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000070)


8.1.17. Convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de
2001.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000071)


8.1.18. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la
Asistencia Judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre
de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000072)


8.1.19. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de
personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000073)


8.1.20. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de
España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de
2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000074)


8.1.21. Protocolo entre el Reino de España y la
Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por
el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el
27 de julio de 2011.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000076)


8.1.22. Denuncia del Acuerdo entre los Estados
participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de
Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus
Fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000077)










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5306




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas del día 8 de
mayo.


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a profundizar
en los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y seguir
favoreciendo nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a
las entidades locales.


(Núm. exp. 662/000081)


Autor: GPP


5323


El señor Sanz Cabello defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Mariscal Cifuentes y dicho
senador.


El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador.


El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Belloch Julbe defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Sequera García defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Sanz Cabello expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen los señores Yanguas
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); así como la señora
Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Belloch Julbe, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción por los siguientes votos: a favor,
141; en contra, 96.


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar a
las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el procedimiento ante
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.


(Núm. exp. 662/000082)


Autor: GPP


5343


El señor Altava Lavall defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Díaz
Tejera.


En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así
como la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y los señores Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, por los siguientes votos: a favor,
158; en contra, 78.









Página
5307




5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para una efectiva garantía de la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad y seguridad de
sus prestaciones.


(Núm. exp. 662/000080)


Autor: GPS


5357


La señora Llinares Cuesta defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Mariscal Cifuentes y dicho
senador.


La señora Llinares Cuesta expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las
señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 73; en
contra, 151; abstenciones, 13.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con el Programa de Estabilidad
2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas.


(Núm. exp. 671/000070)


Autor: GPEPC


5373


El señor Montilla Aguilera defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Mariscal Cifuentes y
dicho senador.


El señor Lerma Blasco defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez.


El señor Montilla Aguilera expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores
Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
88; en contra, 152.


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES









Página
5308




7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático


5390


(Núm. exp. 621/000032)


La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


Se inicia el debate de totalidad.


En turno de portavoces interviene el señor Saura Laporta,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que procede a
la defensa de las enmiendas de su grupo.


Comienza el debate del articulado.


El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda número 1,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
2 a 12, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.


El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 13
a 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas
números 38 a 48, 49 a 56 y 58 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 65
a 72, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 22 a 29 y 31 a 37, y vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Contreras Olmedo.


En turno de portavoces intervienen los señores Maluquer
Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Espadas Cejas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pagola
Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


7.1.2. Proposición de Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Economía y Competitividad


5403


(Núm. exp. 624/000001)


El señor Atarés Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número
2, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


La señora Marra Domínguez defiende la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.









Página
5309




En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Pérez.


En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal
Cifuentes y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto;
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a la votación de las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 90; en contra,
153, abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 90; en contra, 154.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 91; en
contra, 154.


Comienza el debate del articulado.


El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 32, presentadas por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas números 33
a 37, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por esta
senadora.


La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas
números 38 a 43, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y
el señor Yanguas Fernández.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números
44 a 57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 58
a 92, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas números 134 a
159 y 161 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 93 a
133, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


El señor Fernández Ortega defiende las enmiendas números
205 a 230, 232, 233 y 235 a 275, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora.


En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi y el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto;
así como los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet y Martí Jufresa, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación.









Página
5310




Se rechazan las enmiendas números 3, 7, 8 y 9, de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145;
abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i Farré, por los
siguientes votos: a favor, 10; en contra, 210; abstenciones, 19.


Se rechazan las enmiendas números 34 a 37, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i
Farré, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 145;
abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 39 a 41, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández,
por los siguientes votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones,
5.


Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 6; en contra, 225; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 19; en contra, 213; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 45 y 46, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 44, 47, 48, 53 y 57, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 49 a 51, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 27; en contra, 210.


Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en
contra, 146; abstenciones, 73.


Se rechazan las enmiendas números 54 a 56, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 144.


Se rechazan las enmiendas números 66, 68, 69 y 70, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 196, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 74;
en contra, 149; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 134, 135, 146 a 154, 156
a 159, 161, 163 a 167, 169, 170, 172, 174, 176 a 191, 193 a 195, 197 a
199 y 202 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 145; abstenciones,
5.


Se rechaza la enmienda número 175, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 89;
en contra, 145; abstenciones, 2.


Se rechazan las enmiendas números 155, 162 y 200, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 83; en contra, 154.









Página
5311




Se rechazan las enmiendas números 136 a 145, 168, 171, 173,
192 y 201, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por
los siguientes votos: a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 9.


Se rechazan las enmiendas números 94, 95, 98, 107, 111,
115, 117, 122, 124, 125 y 127, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 87; en
contra, 145; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 99 y 100, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 90; en contra, 145.


Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 143.


Se rechaza la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 88; en contra, 148.


Se rechazan las enmiendas números 106, 109 y 118, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 83; en contra, 145; abstenciones, 9.


Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 70.


Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 93; en contra, 143.


Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 94; en contra, 142.


Se rechaza la enmienda número 129, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 24; en contra, 208; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 130 a 133, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 89; en contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 25; en contra, 146; abstenciones, 65.


Se rechazan las enmiendas números 103 y 105, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 29; en contra, 143; abstenciones, 64.


Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 27; en contra, 146; abstenciones, 64.


Se rechazan las enmiendas números 126 y 128, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 23; en contra, 206; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 96, 97, 102, 114, 116,
119, 120 y 123, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, por los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 210;
abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 267, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 149;
abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 205, 216 a 225, 227, 229,
230, 232, 235 a 238, 240, 241, 243, 245 a 255, 257 a 262, 264 a 266, 268
a 270 y 272 a 274, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 226, 233, 256 y 271, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en
contra, 149; abstenciones, 5.









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5312




Se rechazan las enmiendas números 206 a 215, 228, 239, 242,
244, 263 y 275, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, 10.


Se aprueba la proposición de ley por los siguientes votos:
a favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 2.


El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobada por la Cortes Generales la proposición de ley.


7.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación.)


Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático


5463


(Núm. exp. 621/000032)


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 141;
abstenciones, 14.


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra,
154; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 4; en contra, 225;
abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra,
163.


Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra,
149; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 4; en
contra, 168; abstenciones, 56.


Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra,
150; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra,
148.


Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 67; en contra,
150; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra,
147.


Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 63; en contra,
167.









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5313




Se rechazan las enmiendas números 17 y 19, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 24; en contra, 206.


Se rechazan las enmiendas números 13 a 15, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 83; en contra, 146.


Se rechazan las enmiendas números 16, 20 y 21, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 70; en contra, 146; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 83; en
contra, 143.


Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 67;
en contra, 149; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 5; en
contra, 223; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 71;
en contra, 158; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 41 y 46, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 42 y 43, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 4; en contra, 167; abstenciones, 59.


Se rechaza la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 85;
en contra, 145.


Se rechazan las enmiendas números 45 y 47, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 85; en contra, 145.


Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68;
en contra, 162.


Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 84;
en contra, 145.


Se rechaza la enmienda número 50, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72;
en contra, 145; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 51, 54 y 56, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 63; en contra, 167.


Se rechazan las enmiendas números 52, 55, 60 y 62 a 64, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 79; en contra, 149.


Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 78;
en contra, 146; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 58 y 61, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 81; en contra, 148.


Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 80;
en contra, 146; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 65, 69 y 70, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 25; en contra, 204; abstenciones, 1.









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5314




Se rechazan las enmiendas números 66 y 68, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 87; en contra, 142.


Se rechazan las enmiendas números 67 y 71, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 25; en contra, 203.


Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 85; en contra, 143; abstenciones, 2.


Se rechazan las enmiendas números 22, 25, 28, 33 y 35 a 37,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
80; en contra, 150.


Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 145;
abstenciones, 14.


Se rechazan las enmiendas números 24, 27 y 29, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 165.


Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en contra, 145;
abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 31 y 34, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 80; en
contra, 148.


Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 144;
abstenciones, 4.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 73,
76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por los
siguientes votos: a favor, 61; en contra, 165; abstenciones, 5.


Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los
siguientes votos: a favor, 149; en contra, 1; abstenciones, 80.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por los siguientes
votos: a favor, 150; abstenciones, 78.


El señor presidente informa de que tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


7.1.3. Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas.


Comisión: Fomento


5468


(Núm. exp. 621/000027)


La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 3, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número
4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.









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5315




La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
dicha senadora.


El señor Espadas Cejas defiende la propuesta de veto número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Burgos
Beteta.


En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así
como la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y los señores Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a la votación de las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 145; abstenciones,
16.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra,
144; abstenciones, 18.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, por los
siguientes votos: a favor, 60; en contra, 145, abstenciones, 18.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentado originariamente por la señora Capella i
Farré, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 145;
abstenciones, 18.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 58; en
contra, 145, abstenciones, 18.


Comienza el debate del articulado.


El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números
18 a 39 y 95 a 98, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 40
a 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 53 a 66 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Candini i Puig defiende las enmiendas números 67
a 85 y 87 a 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió.


El señor Becana Sanahuja defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por la enmienda 105 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y las enmiendas números 106 a
136.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Ibarrondo Bajo.









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5316




En turno de portavoces intervienen el señor Fernández
Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 8, 10, 11, 14, 15 y
17, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 72; en contra,
144; abstenciones, 4.


Se rechaza la enmienda número 9, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 11; en contra, 191; abstenciones, 18.


Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.


Se rechazan las enmiendas números 13 y 16, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 156; abstenciones,
4.


Se rechazan las enmiendas números 18, 35 a 38 y 96, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 157.


Se rechazan las enmiendas números 20 y 29, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 53; en contra, 163; abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 74; en
contra, 143; abstenciones, 2.


Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 6; en
contra, 208; abstenciones, 4.


Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 51; en
contra, 150; abstenciones, 17.


Se rechazan las enmienda número 24 y 28, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 27; en contra, 143; abstenciones, 49.


Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 76; en
contra, 144.


Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 144; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 157.


Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en
contra, 145; abstenciones, 57.


Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 18; en
contra, 201.


Se rechazan las enmiendas números 32 y 33, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 58; en contra, 148; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 34, 95 y 97, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 71; en contra, 143; abstenciones, 4.









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5317




Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 70; en
contra, 148.


Se rechaza la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 57; en
contra, 160.


Se rechazan las enmiendas números 40 a 42, 45, 46, 49 y 50,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 43 y 44, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 17.


Se rechazan las enmiendas números 47 y 52, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 18.


Se rechazan las enmiendas números 48 y 51, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 155; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 53, 56 y 64, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 144; abstenciones, 18.


Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58;
en contra, 144; abstenciones, 18.


Se rechazan las enmiendas números 55 y 57 a 62, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 4.


Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 25;
en contra, 144; abstenciones, 51.


Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 58;
en contra, 157; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 24;
en contra, 189; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 75; en contra, 144.


Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 71; en contra, 148.


Se rechazan las enmiendas número 69 a 71, 73 a 77, 79, 80,
87 y 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 143;
abstenciones, 4.


Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 68; en contra, 149.


Se rechazan las enmiendas números 78 y 82, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 23; en contra, 144; abstenciones, 52.


Se rechaza la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 21; en contra, 197; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 84 y 86, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 14; en contra, 144; abstenciones, 59.









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5318




Se rechaza la enmienda número 85, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 201; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 89, 90, 92 y 94, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 56.


Se rechaza la enmienda número 91, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 56.


Se rechaza la enmienda número 106, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 54; en contra, 145;
abstenciones, 19.


Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 56; en contra, 157;
abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 109, 119, 122, 128, 129,
132 y 134, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos:
a favor, 71; en contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 53; en contra, 157;
abstenciones, 8.


Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 142.


Se rechazan las enmiendas números 112, 115, 120, 123 y 124,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
47; en contra, 165; abstenciones, 7.


Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 152;
abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 49; en contra, 152;
abstenciones, 18.


Se rechaza la enmienda número 116, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 144;
abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 117, 118 y 126, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en
contra, 152; abstenciones, 20.


Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en contra, 167;
abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 125, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 151;
abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 57; en contra, 143;
abstenciones, 18.


Se rechazan las enmiendas números 130 y 136, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en
contra, 144.


Se rechaza la enmienda número 131, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 157.









Página
5319




Se rechaza la enmienda número 133, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 143,
abstenciones, 14.


Se rechaza la enmienda número 135, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya y la del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda
número 105 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por los
siguientes votos: a favor, 78; en contra, 144.


Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los
siguientes votos: a favor, 194; en contra, 28.


Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes
votos: a favor, 144; en contra, 78.


El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey


8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


8.1.1. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en
Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el 18 de diciembre de
2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000078)


8.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000056)


8.1.3. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000057)


8.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del
Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93ª reunión del
Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000058)









Página
5320




8.1.5. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq,
por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000059)


8.1.6. Tratado sobre el derecho de Patentes, Reglamento del
Tratado sobre el derecho de Patentes y Declaraciones concertadas por la
Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en
Ginebra el 1 de junio de 2000.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000060)


8.1.7. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de
Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5508


(Núm. exp. 610/000061)


8.1.8. Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de
junio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000062)


8.1.9. Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno
macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de
conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000063)


8.1.10. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de
tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de
Bulgaria y de Rumania, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000064)


8.1.11. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio,
hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000065)


8.1.12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de
defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000066)


8.1.13. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de
noviembre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000067)









Página
5321




8.1.14. Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de
Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos
de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10
de octubre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000068)


8.1.15. Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000069)


8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000070)


8.1.17. Convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de
2001.


Comisión: Asuntos Exteriores


5509


(Núm. exp. 610/000071)


8.1.18. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la
Asistencia Judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre
de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5510


(Núm. exp. 610/000072)


8.1.19. Acuerdo entre España y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de
personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5510


(Núm. exp. 610/000073)


8.1.20. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de
España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de
2012.


Comisión: Asuntos Exteriores


5510


(Núm. exp. 610/000074)


8.1.21. Protocolo entre el Reino de España y la
Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por
el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el
27 de julio de 2011.


Comisión: Asuntos Exteriores


5510


(Núm. exp. 610/000076)


8.1.22. Denuncia del Acuerdo entre los Estados
participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de
Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus
Fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.


Comisión: Asuntos Exteriores


5510


(Núm. exp. 610/000077)









Página
5322




El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión,
presenta los dictámenes.


La señora Capella i Farré manifiesta su posición en contra
de los puntos 10, 11, 12, 13 y 14.


El señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
informa de su oposición a los puntos 1, 5 y 14.


El señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto,
manifiesta su abstención al conjunto de dictámenes.


Se aprueban por asentimiento los dictámenes, con la
salvedad de voto manifestada por los senadores que han intervenido, y se
entienden concedidas las autorizaciones.


Se levanta la sesión a la una y cinco minutos del día 9 de
mayo.










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5323




Se reanuda la sesión a las nueve horas del día 8 de
mayo.


5. MOCIONES


5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROFUNDIZAR
EN LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SEGUIR
FAVORECIENDO NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN QUE DOTEN DE LIQUIDEZ A
LAS ENTIDADES LOCALES.


(Núm. Exp. 662/000081)


AUTOR: GPP


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días,
señorías.


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete
enmiendas. Tres son del Grupo Parlamentario Mixto: una a iniciativa de
los senadores Mariscal e Iglesias y dos a iniciativa del senador Yanguas;
una del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; una del Grupo
Parlamentario Socialista; una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya y una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Sanz en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, buenos
días.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular defiendo una
moción que apuesta por favorecer nuevos mecanismos de financiación que
doten de liquidez a las entidades locales en el marco del Anteproyecto de
Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.


Lo primero que hay que decir, y con suficientes argumentos
para ello, es que estamos ante el Gobierno más municipalista de la
historia de este país. Estamos ante el único Gobierno que ha tenido la
valentía suficiente para afrontar una verdadera reforma de las
administraciones locales. Y tras la desastrosa herencia recibida, el
descontrol de las cuentas públicas y el insoportable déficit generado por
la pésima gestión de muchos gobernantes socialistas, tenemos también hoy
por primera vez un Gobierno que ha apostado por fin por resolver la
financiación local y asegurar la viabilidad futura de los ayuntamientos.
No lo reconocerán, porque aplaudir a otros ustedes no saben, ni siquiera
cuando son innegables los efectos positivos de la política del Gobierno
en materia de saneamiento financiero y estabilidad presupuestaria de las
corporaciones locales.


Señorías, es así. Hasta ahora los ayuntamientos solo habían
obtenido del Gobierno engaños, incumplimientos y falsas promesas. Con el
Partido Popular, con el Gobierno de Mariano Rajoy desde el año 2012 han
sido muchos los avances conseguidos en materia de financiación local. Se
lo voy a decir claro: si no fueran senadores del PSOE, de IU, de CiU, del
PNV o de otro grupo político y fueran alcaldes, si fueran solo alcaldes o
concejales de cualquier pueblo de España, ustedes no solo apoyarían esta
moción, sino que se sumarían a un reconocimiento justo a un bloque de
medidas que ya ha servido para salvar a muchos ayuntamientos de la
quiebra; que ha hecho posible volver a pagar muchas nóminas a miles de
trabajadores, con ocho o diez meses sin cobrar por culpa de su mala
gestión; que ha evitado la muerte de muchas empresas por acumulación de
deudas incobrables como acreedores durante la era Zapatero; que ha
permitido también mantener muchos empleos; que ha devuelto la normalidad
a muchos pueblos y ciudades; y que, como acabamos de ver, incluso va a
reactivar la inversión municipal inexistente desde hace años y, con ello,
la economía local, así como posibilitar la generación de muchos nuevos
empleos.


Así ha sido y así es, aunque ustedes aquí no sean capaces
de reconocerlo. Pero los datos son objetivos. El esfuerzo es indudable y
el efecto positivo de las medidas del Gobierno innegable. Un primer dato,
señorías: a 31 de diciembre del 2011 la deuda financiera de las
corporaciones locales era de 35 420 millones de euros y a 31 de diciembre
del 2012 pasó a 33 337 millones de euros; es decir, una reducción del
endeudamiento en solo un año de 2200 millones de euros. Pero lo que es
más evidente, con la política de este Gobierno y el gran esfuerzo
demostrado por las entidades locales no solo hemos logrado más que
cumplir el objetivo del déficit según el PIB, que partía en el 2011 de
8954 millones de euros, el 0,84, sino que cuando el objetivo del Gobierno
era el 0,3









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5324




del PIB casi alcanzamos el equilibrio presupuestario y
hemos llegado del 0,8 al 0,15 a 31 de diciembre del 2012, repito, cuando
el objetivo era el 0,3. Eso significa, señorías, pasar del déficit de las
entidades locales, de esos 8954 millones de euros a 1624 a 31 de
diciembre del 2012; es decir, en solo un año los ayuntamientos han
conseguido reducir su déficit en dos tercios y es evidente que eso ha
sido con el sacrificio de las entidades locales y la política del
Gobierno.


Señorías, es que hay cosas que no se pueden negar ni aquí
ni en los ayuntamientos. Desde que el Partido Popular ganó las elecciones
han sido muchas y buenas las medidas y acuerdos del Gobierno de Rajoy
para garantizar la sostenibilidad de los entes locales. Todo menos
acusarnos de estar parados, de cruzarnos de brazos, de no ayudar a las
corporaciones locales o de no plantear reformas valientes a favor de los
ayuntamientos y las diputaciones. Nunca ha habido un Gobierno, señorías,
que haya hecho tanto en tan poco tiempo por salvar a los ayuntamientos de
la quiebra y sacarnos del precipicio que ustedes nos dejaron, señorías
socialistas.


Así ha sido, señorías. Por eso, en el 2012 se aprobó un
anticipo del 50% en la liquidación definitiva de la PIE del año 2010. Eso
supuso adelantar a finales de mayo las transferencias y favorecer así a
todas las corporaciones locales, con una inyección económica de casi 1000
millones de euros. En el 2012, señorías, también gracias al Gobierno, se
estableció el aumento del fraccionamiento de 60 a 120 mensualidades por
la devolución por los ayuntamientos de 6000 millones de euros a causa de
las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 tras los
errores de previsión presupuestaria del Gobierno de Zapatero y que
significó también un ahorro en favor de las corporaciones locales de 268
millones de euros.


Señorías, en 2012 se aprobó igualmente un primer Plan de
pago a proveedores que supuso una importantísima e histórica inyección de
liquidez a las arcas locales por valor de 9500 millones de euros y que
permitió salvar más de 100 000 puestos de trabajo y la actividad de
muchas pymes y de muchos autónomos. A ese plan, señorías, se acogieron
más de 3700 entidades locales y se abonaron 1 814 612 facturas pendientes
de 116 676 proveedores por un importe total de 9816 millones de euros.
Facturas no de dudoso cobro, de imposible cobro, que hoy han permitido la
supervivencia de mucho empleo y de muchas empresas gracias a la
iniciativa en favor de ayuntamientos, pymes y empleo que ha tenido el
Gobierno de Partido Popular, y que en 2013 —ya en este año—
tuvo una extensión de ese primer Plan de pago a proveedores en otros 2600
millones de euros, permitiéndose acoger esta vez a mancomunidades, a
entidades locales del País Vasco y de Navarra, mediante los acuerdos
oportunos, y también a las encomiendas de gestión o concesiones
administrativas que hasta entonces estaban excluidas del Plan de pago a
proveedores.


Pero no ha quedado aquí el compromiso del Gobierno con las
corporaciones locales. Incluso el Senado fue gran protagonista del
impulso de muchas de las iniciativas que hoy también sirven para avalar
la defensa de las corporaciones locales, pues a iniciativa del Grupo
Popular y a través de las enmiendas de los presupuestos logramos un nuevo
y significativo avance en la situación financiera de ayuntamientos y
diputaciones.


Se ha logrado, señorías, en plena crisis y ajustes en todas
las cuentas, otro apoyo muy importante, y creo que no suficientemente
valorado. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para este año
2013 logramos un incremento de la participación en los tributos del
Estado a favor de las corporaciones locales respecto al año 2012 de un
21%; repito, logramos el incremento de la PIE un 21% a favor de las
corporaciones locales precisamente a través de la iniciativa del Grupo
Popular, algo que yo nunca les he visto reconocer ni aquí ni fuera de
aquí al resto de grupos.


Se ha posibilitado, además, señorías, la refinanciación de
operaciones de crédito a largo plazo, concertadas con anterioridad al
Real Decreto Ley 4/2012, y también se ha permitido, vía Presupuestos
Generales del Estado —igualmente a través de enmiendas del Grupo
Popular del Senado— la concertación de operaciones de endeudamiento
a entidades locales hasta el 110% de los ingresos corrientes. Dos medidas
clave para oxigenar las cuentas locales. Pero no solo eso, señorías, se
ha dejado sin efecto la necesidad de cancelar las operaciones a corto a
31 de diciembre de cada año, ayudando a obtener claras condiciones más
ventajosas para las corporaciones locales.


Señorías, este Gobierno no se relaja ni un día; la
situación nos obliga a ello. Por eso, las nuevas reformas anunciadas
abren una puerta a la esperanza en el futuro de las corporaciones
locales. A todo ello, sin duda alguna, contribuye la inminente aprobación
por el Gobierno de la ley









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5325




de reforma de las administraciones locales. Una ley que por
fin va a clarificar las competencias locales para evitar duplicidades o
triplicidades, hoy claramente ineficientes. Una ley que apuesta por
garantizar la eficiencia, la estabilidad y la sostenibilidad financiera
de las corporaciones locales. Una ley que queremos —y es la
intención del Partido Popular desde el principio— nazca con el
consenso que requiere y desea el Grupo Popular tenga esta norma.


Creo que sería un error que el Partido Socialista y que
otros grupos que tienen una gran importancia en el poder local, en el
ámbito local, fueran sensibles al interés electoral solo por decir no a
lo que aporta o aprueba el Gobierno del Partido Popular. Creo que sería
un error histórico que esa fuera la actitud del Partido Socialista. Se ha
tendido la mano al Grupo Parlamentario Socialista y hay todavía una gran
oportunidad para ello. Solo el Gobierno hasta ahora ha puesto a
disposición un informe, pero ha sido transparente desde el principio,
incluso colgando un texto normativo en la página web, ofreciendo a la
FEMP, ofreciendo a todas las federaciones territoriales, ofreciendo al
conjunto de los grupos políticos, ofreciendo a todas las comunidades
autónomas la capacidad de alegar. Por tanto, tenemos la gran oportunidad
de lograr ese consenso, consenso que estuvo a punto de alcanzarse con el
Partido Socialista. De hecho, los argumentos en defensa de la reforma
local son coincidentes. Puede ser que las estrategias de su grupo sean
las que impidan ese consenso. Sería un error histórico.


Por eso, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por
proseguir ese camino aquí expresado a través del balance de estas
importantes iniciativas en pro de la sostenibilidad y la viabilidad
futura de las corporaciones locales. Avanzar en nuevas reformas y apostar
por nuevas medidas en favor de la racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local es el objetivo de esta moción para la que les pido
su apoyo en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Enmiendas del Grupo Mixto. Para la defensa de la enmienda
de los senadores Mariscal e Iglesias, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Resulta llamativa la moción por la
temática y el momento en el que se presenta.


Fue la intervención del portavoz popular la que, en mi
opinión, dio las claves de la fundamentación de esta moción. Se trata de
una moción apologética; una moción apologética que asume los riesgos del
concepto de la apología. Cuando el concepto de la apología deriva en una
dirección, cae en la necrológica, y cuando deriva en otra, por el
ditirambo, puede llegar incluso al ridículo.


Esta moción que hoy se trae aquí no tiene más finalidad que
intentar tapar el ruido que dentro del Partido Popular está provocando el
proyecto de ley de reforma del régimen local; ruido que está teniendo eco
fuera ya del Partido Popular, incluso a través de declaraciones y
manifestaciones del presidente de la FEMP. No es esa la realidad idílica
que ha pintado el portavoz popular la que viven los ayuntamientos, las
corporaciones locales en nuestro país. No lo ha sido nunca. No lo fue
tampoco cuando el Partido Popular gobernó durante ocho años este país y
tomó como una de sus decisiones emblemáticas en materia municipal hacer
desaparecer el impuesto sobre actividades económicas o mantuvo las
exenciones del IBI a grupos económicos privilegiados: los concesionarios
de autovías, las eléctricas, titulares de pantanos o la Iglesia
Católica.


Creemos que esta moción, por más que en su argumentación se
hagan referencias a medidas adoptadas por este Gobierno que afectan a los
municipios, no va dirigida específicamente a mejorar la situación de esos
municipios. A mí me parece estupendo el Plan de pago a proveedores, pero
este plan se hace con el dinero de los ayuntamientos que se adelanta para
pagar a los proveedores. Por lo tanto, es un plan acertado que beneficia
a los proveedores y que, de alguna manera, toca la autonomía municipal,
limita, hay razones, se puede debatir sobre la necesidad de tocar la
autonomía municipal para conseguir ese objetivo, pero no es un plan que
hayan suplicado, pedido las corporaciones locales o los
ayuntamientos.


Luego, llama la atención el hecho de que con esta moción se
rompe una doctrina consolidada del Partido Popular, al menos en esta
Cámara, que consiste en que cuando los grupos de la oposición presentamos
alguna moción, en multitud de ocasiones se nos responde: no nos pidan









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5326




ustedes lo que ya está haciendo el Gobierno. ¿No quedamos
en que ya había un anteproyecto de ley de reforma del régimen local?
Claro, si uno sigue el razonamiento lógico, tiene que llegar a la
conclusión de que esta moción enumera, para orientar la acción del
Gobierno, una serie de contenidos que no deben estar contemplados en este
proyecto de ley de reforma del régimen local, lo cual ya motiva no solo
preocupación sino también alarma, porque si resulta que en ese proyecto
ignoto no se va a asegurar la viabilidad de los ayuntamientos, como
ustedes piden en esta moción; no se va a profundizar en la autonomía
local, como ustedes piden en esta moción; no se va a clarificar el marco
competencial, como ustedes piden en esta moción; no se van a eliminar los
gastos superfluos, como ustedes piden en esta moción; no se va a
contemplar el mecanismo de pago a proveedores, al que ya he hecho
referencia, ni más inversión, pues más que pedir ustedes aquí el apoyo a
los grupos de la oposición, vayan ustedes al Gobierno. Son ustedes el
partido del Gobierno, pidan al Gobierno que estos contenidos formen parte
de ese proyecto de ley de reforma del régimen local.


Y concluyo. La moción sigue sin resolver un tema
fundamental, que es el de la financiación municipal, que es, de verdad,
la única garantía de viabilidad, como señala el punto de la moción que
reivindica de forma expresa la consecución de ese objetivo. Y mientras no
se resuelva eso, mientras siga planeando la sombra de que el proyecto de
ley de reforma del régimen local va a suponer un recorte importante en
las competencias propias —no las impropias— de los
municipios, establecer diálogo con la oposición en torno a estos temas
resulta prematuro. Establezcan ustedes primero el diálogo con el Gobierno
y alcancen un acuerdo con el Gobierno.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el
senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.


UPN ha presentado dos enmiendas a la moción del Grupo
Popular, que antes se ha defendido, en la que se proponen una serie de
medidas de suficiencia financiera para las administraciones locales. Hace
ya unos meses tuvimos ocasión en esta Cámara de preguntar al ministro y
después incluso de presentar una interpelación con su correspondiente
moción sobre la reforma de esta Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.


Después de todos los avatares que está viviendo este
proyecto de ley y el de reforma de la Administración Local, tengo que
decir que en Navarra también se están viviendo debates intensos para
modificar la Ley Foral de Administración Local de Navarra, y en la
comunidad foral, de donde yo vengo, está muy vivo el debate sobre esta
racionalización de la Administración Local.


Además de lo anterior, es importante resaltar —como
indicamos en una de las enmiendas que hemos presentado— que el
amejoramiento del Fuero de Navarra otorga una serie de competencias en
esta materia a la comunidad foral. Por eso UPN ha presentado esta
enmienda, porque defendemos a Navarra integrada en España pero con unas
competencias propias que emanan del Fuero de Navarra, y además están
inscritas, como así lo expresa la Constitución Española. Por un lado,
defendemos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan tener los
mismos servicios que dan las administraciones locales, y, por otro,
exigimos que se respeten nuestras competencias, como ya he dicho.


Quiero recordar también que ya el ministro, en su turno de
palabra en la interpelación que le formulé, expuso que sería respetuoso
con esas competencias de la comunidad foral, y por eso hemos añadido la
enmienda a la moción del Grupo Popular. Además, la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, a través de la FEMP, ha dicho una serie de cosas
sobre la ley de reforma de la Administración Local; por ejemplo, se
propone que el mantenimiento de los servicios sociales sea materia propia
de competencia municipal porque los ayuntamientos, como entidades más
cercanas al ciudadano, son las entidades ideales para prestar estos
servicios.


Hay que aclarar también el traspaso de las competencias de
sanidad y educación, porque en el anteproyecto de ley no queda claro ese
traspaso. Se propone que sea una Administración provincial o foral la que
se haga cargo de esas competencias, pero nosotros también añadimos que se
haga cargo de la financiación, que se posibilite la delegación de
competencias a los municipios de menos de 20 000 habitantes, el
mantenimiento de las competencias llamadas impropias y la modificación
del llamado coste estándar, porque no queda claro cómo se va a









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calcular. La nueva regulación que se hace por el
interventor y su dependencia funcional es algo que a Unión del Pueblo
Navarro no le queda claro.


Estas son, entre otras, las demandas que se solicitan desde
esta Federación Navarra de Municipios y Concejos y que en UPN defendemos.
Por eso hemos presentado esta enmienda para que en una disposición se
haga referencia expresa a las competencias históricas que emanan del
amejoramiento del régimen foral y que, en nuestra opinión, ahora mismo no
están recogidas en este anteproyecto de ley. En UPN esperamos que, tal y
como dijo el ministro, seamos respetuosos con las competencias de
Navarra, y por tanto, que se acepten estas enmiendas de adición que hemos
presentado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun
on, senatari jaun—andreok.


En primer lugar, y para empezar, el señor Sanz Cabello nos
dijo el día 10 de abril, y lo ha vuelto a decir hoy, que no hay un
anteproyecto, que es un informe. Pues bien, yo creo que en la parte
dispositiva de esta moción se viste de largo al Anteproyecto de Ley para
la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, porque se
afirma que se sigue en la línea de este anteproyecto. La última versión
que yo conozco de este anteproyecto está colgada desde febrero en la
página del Ministerio de Administraciones Públicas. Por tanto, señorías,
hablemos ya de anteproyecto y pongámonos a trabajar sobre un texto,
porque no sabemos si en lo que estamos trabajando es un informe o un
anteproyecto, y ya que lo visten de largo, hablemos de él como debe
ser.


Nosotros hemos presentado tres enmiendas que creemos sirven
para mejorar aquello que presentaba el Grupo Popular. No nos gusta el
camino que lleva la reforma de la ley. Lo que mi grupo parlamentario
tiene claro es que evidentemente el Partido Popular tiene la mayoría que
tiene y que el Gobierno tiene las intenciones que tiene, y vamos a tragar
queramos o no, por ello queremos intentar mejorar lo que vaya a salir
tras todo este proceso.


Y en ese sentido hemos presentado estas tres enmiendas,
primero, para modificar el punto número 3. Creemos que no cambia la
filosofía del propio punto, pero sí supone una redacción en positivo, ya
que el problema, señorías, no son las competencias que tienen los
ayuntamientos, sino que hay competencias que, aun no siendo municipales,
quizá tenga que asumir el ayuntamiento dado que es la institución más
cercana o la que en ese momento mejor puede dar solución al problema. El
problema es la financiación de esa competencia. Tenemos que ser flexibles
con el tema competencial, pero hay que ser muy rígidos con el tema de la
financiación. Competencias sí, las que deban, evidentemente con unos
básicos y unos mínimos que hay que respetar sobre la base de la autonomía
municipal, pero tenemos que ser rígidos en que cualquier competencia que
cualquier ayuntamiento ejerza tiene que tener la financiación suficiente.
Por eso proponemos un cambio en la redacción.


Planteamos también la supresión del punto cuatro. A
nosotros nos parece que hablar de gastos superfluos e innecesarios,
aparte de constituir una figura jurídica que podría ser cuestionable,
supone consagrar aquí que todos los ayuntamientos han incurrido en gastos
superfluos e innecesarios, y eso no es cierto. Evidentemente algunos sí
lo han hecho, pero la gran mayoría no, porque va en los ayuntamientos y
en quienes los hemos gestionado no gastar un solo céntimo fuera de
aquello que sea estrictamente necesario e imprescindible para que los
ciudadanos tengan la mejor calidad de vida posible. Por tanto, consagrar
en un texto como este que existen estos gastos superfluos e innecesarios
para dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles a la prestación de
servicios públicos básicos y de calidad no tiene ningún sentido, y por
ello planteamos su supresión.


Asimismo planteamos la adición de dos puntos más. Uno de
ellos es obvio y lo decimos siempre. Me refiero al respeto a la
especificidad foral de los territorios históricos de la Euskadi
penínsular. Es obvio, y no deberíamos ponerlo. Pero también es obvio que
hay que cumplir la Constitución, y en esta moción la Constitución se
menciona dos veces; es obvio que hay cumplir la Ley de estabilidad, pero
en esta moción se menciona la Ley de estabilidad dos veces; es obvio









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que hay que cumplir la normativa europea, y en esta moción
se menciona la normativa europea dos veces. Por lo tanto, es obvio que
hay que salvaguardar la especificidad foral de las comunidades vascas,
pero queremos que aparezca en este texto.


Y, por último, hablábamos de llevar la reforma de la
Administración Local en estrecha colaboración con todas las asociaciones
de municipios del Estado, no solo con la FEMP. Eudel, que es la
asociación de municipios vascos, no está en la FEMP y, en cambio, en esa
asociación está representado el municipio de Vitoria, que gobierna el
Partido Popular, y la asociación cuenta con representación en esta
Cámara: Tontxu Rodríguez y Jokin Bildarratz, que fue su presidente.
Precisamente para conocer los rasgos específicos que puedan tener los
municipios vascos, habría que tener en cuenta a la asociación de
municipios vascos.


Son enmiendas para mejorar la moción, partiendo de la base
de que no estamos totalmente de acuerdo con el procedimiento y con el
cambio, y esperemos que puedan salir adelante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el senador Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Buenos días, muchas gracias; en
particular, al Grupo Popular, que permite debatir una vez más esta
cuestión en el Senado.


Al portavoz del Grupo Popular, si me lo permite, le tengo
que decir que me parece un poco sorprendente que se busque, como dice al
final de su intervención, el consenso, y las dos terceras partes
iniciales de su intervención sean una constante descalificación de las
personas con las que normalmente debería llegar a ese consenso. (Risas.)
Es una técnica un poco compleja. Me sorprende, además, tanta arrogancia a
estas horas de la mañana, cuando todavía no hemos dicho nada y nos espera
una larga jornada, a lo largo de la cual polemizaremos ampliamente.


Voy a la cuestión. Efectivamente, ha habido, que yo
recuerde, cuatro ocasiones en que hemos hablado aquí del tema. Una
primera, a cargo de la UPN, en que se aprobó un texto que podríamos
llamar light, con perdón; después, dos mociones a propuesta de
Convergència i Unió y de Entesa, que eran, por el contrario, dos mociones
de alto contenido, que el Grupo Socialista apoyó, y a las que ambos
grupos tuvieron la generosidad de aceptar alguna enmienda de mejora. ¿Y
qué pasó en esas cuatro ocasiones? En la segunda y en la tercera votamos
a favor los socialistas y votó en contra el Partido Popular; ahora pide
el Partido Popular que votemos a favor. Y yo le digo, en nombre de mi
grupo: ojalá; ojalá, a través de proceso de aceptación de las enmiendas
que presentan los distintos grupos, podamos llegar a un acuerdo que sin
duda sería algo extraordinariamente positivo. Pero ¿por qué dijo que no
el Partido Popular? Yo creo que lo llegó a explicitar; pero,
fundamentalmente, dijo que no porque se trataba de abrir un camino nuevo,
una nueva ley de bases de la Administración Local, una nueva ley de
financiación de las haciendas públicas; precisamente, porque se trataba
de una, si me permite, enmienda a la totalidad de esa cosa —que por
fin se llama anteproyecto pero que se ha llamado de todo a lo largo de
este proceso—, porque realmente incumplía los mínimos que
pretendían la mayor parte de los grupos de la oposición. ¿Cuáles eran los
mínimos? Básicamente, que se fundara en el consenso, consenso real,
político, por descontado, también social; en segundo término, que se
respetaran las competencias de las comunidades autónomas; en tercer
lugar, que no se derivaran las competencias municipales hacia el sector
privado, tampoco hacia las diputaciones provinciales, porque
considerábamos que no tenían tradición ni capacidad para gestionarlas;
que se respetara el principio de autonomía municipal en los términos de
la Carta Europea y, de manera paralela —un compañero me advirtió de
que le problema de las líneas paralelas es que no se cruzan nunca—
o, digamos, convergente, la Ley de Haciendas Locales. Ese era el
contenido de las dos mociones a las que mi grupo dijo sí y el Grupo
Popular dijo no.


Y ese es el sentido real de las enmiendas que proponemos:
una enmienda global de sustitución, que se desglosa en una serie de
apartados. El primero y el más importante es la introducción. En la
introducción se habla de una nueva ley de bases de la Administración
Local; no de la cosa en sí, del informe o anteproyecto que hasta ahora ha
circulado. En segundo lugar, de una ley que regule las haciendas locales.
En tercer lugar, de la búsqueda efectiva del consenso, del respeto del
marco autonómico y del principio de suficiencia financiera. Ese es el
contenido básico del primer apartado









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de nuestra enmienda. Los otros tres son simplemente
mejoras. Se habla de clarificar el marco normativo. Claro que estamos de
acuerdo en que se clarifique, con un matiz que ha señalado el portavoz
del PNV: hombre, una cosa es que se sostenga que solo podemos ejercer
aquellas competencias que podemos financiar, y otra —como decimos
nosotros— que podamos financiar todas las competencias que
realmente ejercemos. No son diferencias de matiz, son dos planteamientos
sustancialmente diferentes. Aprovechamos, además, para hablar de dos
líneas rojas: la de que se mantengan los servicios públicos básicos y la
de que no se afecte al empleo.


La siguiente habla, precisamente, de los excesos en los
gastos. Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho el senador del
PNV: no podemos hacernos eco de algo que es falso y que es un tópico: que
los ayuntamientos españoles derrochan; no es verdad. Insistiré en ello en
el turno de portavoces. Por tanto, hay que suprimir eso y, por otro lado,
dejar perfectamente claro que mantenemos la autonomía municipal. Una
última observación alude a las medidas o instrumentos financieros. En
concreto a dos, que son correctos y que nosotros pretendemos ampliar,
generalizarlos, convertirlos en estructurales e incorporarlos a la Ley de
Haciendas Locales.


Ese es el sentido de nuestras enmiendas, que espero que
puedan ser aceptadas a fin de llegar a un consenso.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belloch.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora
Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, bon
dia.


L’esmena d’addició que hem presentat el Grup de
l’Entesa va en el sentit d’elaborar una llei de finançament
local. És de vital importància per tal de garantir dues qüestions
fonamentals: en primer lloc, l’autonomia local i, en segon lloc,
solucionar definitivament el problema de liquiditat financera. No podem
aspirar a resoldre els problemes de l’Administració local sense
intervenir en l’arrel de totes les deficiències.


La moció presentada es fonamenta en dos punts bàsics:
aprofundir en els principis que fonamenten l’Avantprojecte de Llei
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i,
d’altra banda, afavorir nous mecanismes de finançament que dotin de
liquiditat les entitats locals. Centrant-nos en l’últim punt,
entenem que per resoldre definitivament el problema cal dotar-lo de
legislació que doni les garanties necessàries per aconseguir la finalitat
que es persegueix. És per això que entenem que la forma
d’aconseguir-ho passa necessàriament per legislar sobre la hisenda
local. No fer-ho així suposaria posar un altre pedaç que tapi el
veritable problema que tenen les entitats locals.


I permetin-me que faci una reflexió: evidentment, tots els
ens locals van acollir de bon grat els mecanismes que va oferir el govern
sobre el fons de pagament a proveïdors. Això va suposar treure’s
del damunt un problema d’impagament a pimes. Per una altra banda,
s’injectava liquiditat a aquestes pimes que tant ho necessitaven,
tot i que a algunes d’elles els va arribar una mica tard. Però
s’ha resolt el problema als ajuntaments amb aquest fons de
pagament? No. Els ajuntaments continuen tenint el mateix problema: han de
donar els serveis de les competències que estan desenvolupant sense tenir
els suficients recursos per portar-ho a terme. El deute contret el
continuen tenint, en forma de crèdit, incrementat en molts casos fins al
7%; és a dir, al calaix de les factures ja no n’hi ha per pagar,
però en canvi el calaix dels crèdits ha augmentat. És a dir, hem passat
el deute d’un calaix a un altre. I avui estem encara en el període
de carència, veurem com s’afronta el pagament de
l’amortització del crèdit a partir del proper any, perquè els
ingressos municipals continuen a la baixa. Dotar les entitats locals o
altres administracions d’un fons de pagament a proveïdors no és la
garantia de dotar de liquiditat financera i alhora garantir la plena
autonomia. I això val tant per a les entitats locals com per a les
comunitats autònomes.


En conclusió, cal fer la reforma? Sí. Ho torno a repetir
perquè no se’m mal interpretin les meves paraules: cal reformar les
hisendes locals, les entitats locals? Sí, però de la distribució de
recursos financers tant locals com autonòmics per garantir el bon
funcionament de l’Administració d’aquest país.


Gràcies. (Aplaudiments.)









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Presidente, señorías, buenos días.


La enmienda de adición que ha presentado Entesa pretende
elaborar una ley de financiación de la Administración Local. Es de vital
importancia para garantizar dos aspectos que son fundamentales: en primer
lugar, la autonomía local y, en segundo lugar, la solución definitiva del
problema de liquidez financiera. No podemos esperar resolver los
problemas de la Administración Local sin intervenir en la raíz de toda
deficiencia.


La moción se fundamenta en dos puntos básicos: profundizar
en los principios que fundamentan el Anteproyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y favorecer
nuevos mecanismos de financiación que doten de liquidez a las entidades
locales. Si nos centramos en este último punto, para resolver de forma
definitiva el problema, debemos articular una legislación que dé las
garantías necesarias para lograr la finalidad que se persigue. Y la forma
de lograrlo pasa necesariamente por legislar sobre la Hacienda Local. No
hacerlo así supondría poner otro parche que taparía el auténtico problema
que tienen las entidades locales.


Voy a hacer, si me lo permiten, una reflexión. Claro está
que todos los entes locales acogieron de grado los mecanismos que ofreció
el Gobierno para pagar a los proveedores, porque supuso quitarse de
encima un problema de impagos a pymes. Por otro lado, también se
inyectaba liquidez a esas pymes que tanto lo necesitaban, aunque en
algunos casos se llegó tarde. ¿Este fondo de pagos resuelve el problema
de los ayuntamientos? No. Los ayuntamientos siguen teniendo el mismo
problema. Tienen que prestar los servicios de las competencias que
desarrollan sin disponer de recursos suficientes para hacerlo. La deuda
sigue existiendo. La tienen en forma de crédito, incrementada en muchas
casos hasta un 7%; es decir, que en el cajón de las facturas ya no tienen
facturas por pagar, pero el cajón de los créditos tiene más. La deuda ha
pasado de un cajón a otro. Hoy todavía estamos en el período de carencia.
Ya veremos cómo se enfrenta la amortización del crédito a partir del año
próximo, porque los ingresos municipales siguen a la baja. Dotar a los
entes locales o a otras administraciones de un fondo de pago a
proveedores no es garantía de liquidez financiera ni de garantía de plena
autonomía. Esto sirve tanto para las entidades locales como para las
comunidades autónomas.


En conclusión, ¿debemos realizar la reforma? Sí. Lo repito
para que no se me malinterprete: debemos reformar las haciendas y las
entidades locales, sí. Pero, hay que hablar de la distribución de
recursos financieros, tanto locales como autonómicos, para garantizar la
buena administración de este país.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente. Buenos
días. Bon dia. Em permetran que iniciï aquestes paraules expressant la
meua perplexitat, senador Sanz, li ho dic de veritat, perquè són les nou
del matí, vostès presenten una moció, els altres fins ara, i no
s’ha demostrat cap altre aspecte, presentem unes esmenes en to
constructiu, i vostè en el seu torn d’exposició de la moció ve aquí
i reparteix a tort i a dret, reparteix a tots abans de començar. Jo la
veritat és que, o se li ha traspaperat i ha utilitzat les notes que tenia
preparades per a la rèplica o no ho puc entendre. Si els sap greu que
presentem esmenes... Miri, jo li ho dic sincerament, nosaltres pensàvem
votar a favor, independentment que se’ns acceptessin les esmenes, i
ara he passat una nota al meu grup dient que m’ho replantejo.


Ha fet una intervenció que, la veritat, no l’entenc.
La pròxima vegada digui’ns: escolti, no ens presentin ni esmenes
—jo ja sé que ens les votaran en contra—, però no es molestin
ni a presentar-les. I vénen aquí, ens diuen el que creguin convenient i
després nosaltres anirem fent. La veritat és que no ho puc entendre, i
més en aquest tema, que ha tingut, almenys per part del meu grup, una
col·laboració lleial, propostes; propostes que vostès ens havien
recolzat. I ve aquí, els diu de tot als socialistes —cosa que a mi
no em pareix bé ni malament, ja s’apanyaran—, però també ens
ho diu a nosaltres i encara no havíem obert la boca.


Jo, si no els molesta, senyor Sanz, intentaré explicar les
meues esmenes, cosa que vostè no ha fet en la seua moció. Ens ha explicat
les meravelles que fa el Govern espanyol —cosa que em sembla
bé—, i nosaltres hem presentat, modestament, les esmenes següents.
Primera, en lloc de









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«profunditzar» en l’avantprojecte, nosaltres creiem
que és més adequat utilitzar el verb «revisar». No diem que no pot ser un
punt de partida, però entenem que s’ha de revisar en ares
d’aquest consens que vostè ens demanava.


Segona modificació que fem a la part introductòria:
introduïm que s’hauria d’aprovar una llei d’hisendes
locals, com ja hem aprovat en aquesta cambra, com ja s’ha compromès
el govern del senyor Montoro. Pensem que simplement intentant endreçar
les competències sense endreçar el finançament no se solucionen els
problemes de l’Administració local. I, respectant-li tots els punts
que vostès proposen, sense canviar-ne cap per no ofendre ningú, els
afegíem dos més. Dèiem: primer, que es respectin les competències de les
diferents comunitats autònomes aprovades en els seus estatuts en matèria
de règim local, aspecte en què també coincideixen moltes altres de les
esmenes. I, a la vegada, de tot el que és l’avantprojecte que
vostès han presentat —ara no definiré si és un avantprojecte o un
informe—, en tot cas, del text que tenen incorporat a la pàgina web
del Ministeri, dos temes que ens preocupen i que diem que s’hauran
de revisar. En tenim d’altres, però n’emfasitzem dos. No
estem d’acord, i per tant així ho expressem, que les competències
dels municipis de menys de 20 000 habitants en determinats casos hagin de
ser exercides directament per les diputacions provincials. I també
entenem que s’hauria de permetre, a través de la legislació i
sempre respectant el que diu cada estatut d’autonomia, la
mancomunicació voluntària o la fusió voluntària —voluntària—
de municipis.


Aquestes són les nostres esmenes per a les quals demanem
recolzament. Miri, utilitzaré el mateix argument que vostè ha utilitzat
per demanar-nos recolzament a la seua moció. Si els senadors del Partit
Popular no fossin senadors del Partit Popular i solament alcaldes i
regidors dels ajuntaments d’Espanya, segur que votarien a favor de
les esmenes que nosaltres proposem.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Buenos días. Si me lo permiten, voy a empezar expresando mi
perplejidad; señor Sanz, se lo digo de verdad. Son las nueve de la
mañana, ustedes presentan una moción, los demás presentamos unas
enmiendas en un tono constructivo, y usted, en su turno de exposición de
la moción, llega aquí y reparte a diestro y a siniestro; ha repartido
para todo el mundo antes de empezar. Puede que se haya hecho un lío con
los papeles y haya utilizado las notas que tenía preparadas para el turno
de réplica; si no, no lo entiendo. Si lamentan que presentemos enmiendas,
díganlo, sinceramente se lo digo. Nosotros pensábamos votar a favor,
independientemente de que nos aceptaran las enmiendas o no; pero ahora he
pasado una nota a mi grupo, porque me lo estoy replanteando.


Usted ha realizado aquí una intervención que, sinceramente,
no entiendo. La próxima vez nos pueden decir: no hace falta que presenten
enmiendas —ya sé que las van a votar en contra—; ni se
molesten en presentarlas; vengan ustedes aquí, dígannos lo que quieran e
iremos avanzando. La verdad es que no lo entiendo, no puedo entenderlo,
sobre todo hablando de este tema. Al menos, por lo que respecta a mi
grupo, ha contado con una colaboración leal, con propuestas; propuestas
que incluso ustedes nos habían apoyado. Y usted llega aquí, dice de todo
a los socialistas —que no me parece ni bien ni mal, ya se apañarán
ellos—, y nos lo dice también a nosotros, que ni siquiera habíamos
abierto la boca.


Si no les molesta, señor Sanz, voy a intentar explicar
cuáles eran mis enmiendas, algo que usted no ha hecho en su moción. Usted
ha explicado las maravillas del Gobierno español —que me parece
bien—, y nosotros hemos presentado, modestamente, las siguientes
enmiendas. Primera, en lugar de «profundizar» en el anteproyecto,
pensamos que es más adecuado usar el verbo «revisar». Es decir, no
decimos que no pueda ser un punto de partida, pero entendemos que debe
revisarse en aras a este consenso que usted nos ha solicitado.


La segunda modificación que proponemos para la parte
introductoria: añadir que debería aprobarse una ley de haciendas locales,
como ya hemos aprobado en esta Cámara, como ya se ha comprometido el
señor Montoro, en nombre del Gobierno. Ordenando las competencias sin
ordenar la financiación, no solucionamos los problemas de la
Administración Local. Y, respetando todos los puntos que ustedes proponen
y sin cambiar ninguno para no ofender a nadie, añadimos un par más.
Decimos: primero, que se respeten las competencias de las distintas
comunidades autónomas aprobadas mediante sus estatutos en materia de
régimen local, aspecto en el que coinciden muchas otras enmiendas. Y, en
cuanto al anteproyecto en general —no voy a insistir en









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si es anteproyecto o informe—, en todo caso me
refiero al texto que han colgado en la página web del ministerio, hay dos
aspectos que nos preocupan y que, en nuestra opinión, deberían revisarse.
Teníamos otros, pero subrayamos dos. En primer lugar, no estamos de
acuerdo, y por eso lo expresamos así, en que las competencias de los
municipios de menos de 20 000 habitantes deban ser ejercidas en
determinados casos directamente por las diputaciones provinciales, y
también entendemos que debería permitirse, gracias a la legislación,
siempre respetando lo que afirma cada estatuto de autonomía, la
mancomunidad voluntaria o la fusión voluntaria —insisto:
voluntaria— de municipios.


Estas son nuestras enmiendas para las que les pedimos su
apoyo. Pero voy a utilizar el mismo argumento que usted ha esgrimido para
solicitar nuestro apoyo a su moción: si los senadores del Partido Popular
no fueran senadores del Partido Popular y fueran sencillamente alcaldes y
concejales de ayuntamientos de España, seguro que votarían a favor de las
enmiendas que nosotros proponemos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el senador Sanz, para indicar si acepta o no las enmiendas
presentadas.


El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar, agradezco a todos los grupos la
presentación de estas enmiendas que han tenido la oportunidad de defender
y que, evidentemente, se presentan con la intención de enriquecer la
moción. Una moción que no trata sobre la futura ley, sino que insta al
Gobierno a impulsar políticas que sigan favoreciendo la sostenibilidad y
la viabilidad de las corporaciones locales; por tanto, es una moción que
se suma a las iniciativas que ya ha tomado el Gobierno. Queda mucho por
hacer, no obstante, porque estamos ante un simple borrador colgado en
Internet y un informe del Gobierno. Nuestra mano tendida y nuestra
invitación al diálogo son absolutamente sinceras.


Según esta moción, no es lo mismo que cuando se apruebe la
ley los ayuntamientos se encuentren en la bancarrota, en la quiebra
económica, que que se hayan tomado medidas muy favorables durante los
años 2012 y 2013 para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad
económica de los ayuntamientos. Precisamente lo que pretende la moción es
que se sigan tomando medidas para que, cuando se apruebe la ley, los
ayuntamientos hayan podido situarse en una posición mucho más favorable
para ejercer las nuevas posibilidades que la ley les ofrezca.


Por tanto, la moción pretende seguir impulsando medidas. No
sé quién le ha dicho, señor Iglesias, que el Gobierno no la va a aceptar.
Parece que usted cree poco en el Senado, porque lo lógico es que el Grupo
Popular inste al Gobierno a impulsar iniciativas. Si le parece mal, a
nosotros nos parece bien; nos parece que favorece la posición del Senado
que se debatan cuestiones trascendentales para las corporaciones locales
y que impulse, además, la labor del Gobierno. Eso no puede
descalificarse.


Señoría, aquí no se ha descalificado a nadie. Ha hablado
usted de descalificación de las personas; otra cosa es la descalificación
de la gestión. Descalificar la gestión no es descalificar a las personas.
No sé lo que hacen los demás, pero lo que es innegable es el agujero que
han dejado; y el agujero que han dejado es muy grave. Lo importante es
que el punto de partida no sea el mismo para abordar la aplicación de la
ley. El punto de partida era un déficit en las entidades locales del
0,84% de nuestro PIB; hoy, un año después, es del 0,15%. En un año se ha
logrado reducir dos tercios el déficit de las entidades locales. Por
tanto, las medidas han sido favorables para situar a las corporaciones
locales en un punto de partida positivo.


Por cierto, en mi intervención he hablado claramente de la
gestión del Partido Socialista, y le quiero decir, senador Bel, que, en
ningún caso, he hablado de su grupo, de Convergència i Unió. Tengo que
decírselo muy claro. No debería haberse sentido usted aludido, porque yo
no he hablado ni de usted ni de su grupo. He hablado del Partido
Socialista y de la gestión del Partido socialista. Si usted analiza mi
intervención, aparte de hablar de la gestión del PSOE, lo que he hecho ha
sido recordar un conjunto de puntos positivos que, sin duda alguna,
favorecen a las corporaciones locales.









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Aquí no hay ningún recién llegado; aquí nadie ha bajado del
cielo. Todo el mundo sabe que hay una gestión detrás, especialmente del
Partido Socialista —como he dicho—, no solo de las
corporaciones locales, sino del Gobierno de la nación, que hay que dejar
clara. Desde abril de 2008, en realidad desde mucho antes, pero en 2008
el señor Zapatero ya habló de esta reforma. Un mes después, el señor
Solbes garantizó la reforma. En mayo de 2008, la ministra de
Administraciones Públicas se comprometió a elaborar la nueva ley de
gobierno local. Y el vicepresidente tercero, entonces el señor Chaves,
aquí, en el Senado, el 15 de marzo de 2010, habló de la ley de gobierno
local y se comprometió a hacerla. En diciembre de 2010, el Consejo de
Ministros acordó remitir a las Cortes Generales en marzo de 2011 el
proyecto de ley de gobierno local.


Y digo yo, ¿cómo presentan ahora una enmienda en la que
hablan de la ley de gobierno local, cuando durante todos esos años el
Partido Socialista incumplió sus compromisos? Desde 2004 a 2008, en la
primera legislatura de Zapatero, se rechazaron cuatro iniciativas
parlamentarias relativas a la financiación local o a las competencias
impropias. De 2008 a 2011, en la anterior legislatura, el PSOE permitió
que caducaran cinco proposiciones de ley que tenían por objetivo reformar
la financiación local. Y de 2008 a 2011, el PSOE dejó morir la reforma de
la financiación local, a pesar de las numerosas iniciativas que
presentaron los grupos.


El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, le ruego que vaya
terminando y que se manifieste sobre las enmiendas.
(Risas.—Aplausos.)


El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.


Iniciativas que instaban a reformar la financiación
local.


Por lo tanto, señorías, la credibilidad del Partido
Socialista respecto a las enmiendas es ninguna. Ustedes proponen aquí
todo lo que han incumplido y todo lo que, precisamente, va a impulsar el
Grupo Popular. En cuanto al resto de enmiendas, señor presidente, en la
mayoría de los casos o en todos ellos, reiteran debates anteriores, pero,
sobre todo, tratan de cuestiones que la ley pretende afrontar. Esperemos
que el diálogo signifique avanzar. En eso confiamos, y el Grupo Popular
les tiende la mano.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, senador Sanz, que no acepta
ninguna de las enmiendas. (Asentimiento del señor Sanz Cabello.) Muchas
gracias.


¿Turno en contra? (Pausa.)


No hay. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


La verdad, senador Sanz, a nuestro grupo le pasa como a
otros: en esencia, estamos de acuerdo en todo lo que dice su moción y
habíamos presentado dos enmiendas que entendíamos que iban a ser
aceptadas, o que, al menos, iban a hablar con nosotros para intentar
llegar a algo, pero ahora, aquí, lo ha despachado sin aludir a nada de lo
que hemos dicho. Ciertamente, nos lo ha agradecido, lo cual le agradezco
yo a usted también. Pero nos vamos a posicionar en contra de esta moción,
porque, para nosotros, para Navarra, como he dicho antes y como ha dicho
también el senador Cazalis, es de gran importancia que se respete el
ámbito competencial. Ya sabemos que lo dice la Constitución y nuestro
amejoramiento del fuero, pero queríamos que constara aquí. Desde luego,
cuando venga esa ley al Senado seguiremos aportando ideas, porque, en
esencial, UPN está de acuerdo en asegurar la viabilidad de los
ayuntamientos, en profundizar en la autonomía municipal. Es imperativo,
ya se ha dicho aquí, clarificar la maraña de normativa local. Ya lo
dijimos en la interpelación: es necesario gastar donde se necesita. Son
temas en los que no podemos estar en desacuerdo, sobre todo, en mi caso,
porque también soy alcalde de un municipio.


En definitiva, con cierta pena por cómo ha transcurrido el
debate, ya que creo que todos los portavoces hemos intentado mejorar la
moción, vamos a tener que posicionarnos en contra. Esperemos que cuando
la ley venga, podamos hacer que las enmiendas que presentemos la mejoren
y que se nos aprueben, porque creo que con eso mejoraremos la eficacia de
la Administración municipal, que es el ente más cercano a los
ciudadanos.


Nada más y muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor
presidente.


Muchas gracias, senador Sanz, por darnos las gracias, como
ha dicho el senador Yanguas. Y gracias, señor presidente, por habernos
aclarado que no se nos acepta ninguna enmienda.


Yo estoy perplejo, lo tengo que decir. Siempre hemos
presentado iniciativas para intentar mejorar lo que trae el Partido
Popular a esta Cámara —bueno, la mayor parte de las veces, cuando
no estamos de acuerdo, no, evidentemente—, pero nunca nos había
pasado lo que nos ha pasado hoy. Entiendo que no le interesa lo que le
estoy diciendo, lo veo: no le interesó desde el minuto uno y no le
interesa ahora, al final; usted, a lo suyo. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Me parece verdaderamente increíble. No entiendo cómo ahora
el Partido Popular no acepta cosas que aceptó y firmó en una
transaccional, cuando el senador Yanguas presentó una moción consecuencia
de interpelación. No lo entiendo, pero es así. El Partido Popular tiene
su propia estrategia, que supongo que, además, está pensada a corto, a
medio y a largo plazo. Supongo que están ustedes pensando que así debe
ser el juego parlamentario, y me parece muy bien, hagan lo que
quieran.


El senador Bel es igual de inasequible al desaliento que yo
y estaba muy enfadado. Bueno, pues nosotros, como él, seguiremos
presentando enmiendas, porque es nuestro trabajo. Para eso estamos en
esta Cámara, si no, no vendríamos, cobraríamos la asignación
constitucional y quedaríamos como señores. Pero lo que intentamos es
mejorar lo que se está haciendo, porque nos parece que es francamente
mejorable. Y, sabiendo que el Partido Popular tiene la mayoría y va a
meter sí o sí lo que le interesa, intentamos aportar nuestro punto de
vista para mejorar lo que hay. Si eso no sirve para nada, evidentemente
el juego parlamentario no sirve para nada; cuatro años perdidos, no en el
Gobierno, probablemente, pero sí en la democracia.


Me ha destrozado el discurso y no voy a entrar en otras
cosas. Pero sí quiero hacer una reflexión y una petición, con el permiso
del señor presidente. Bueno, ya no está, lo decía porque es el presidente
también de la comisión encargada de estudiar la reforma del Senado. Le
pido al Grupo Popular que cambie este proyecto de ley por una proposición
de ley y permita que esta proposición de ley se tramite en la única
Comisión de Entidades Locales que existe en un Parlamento del Estado, si
no estoy equivocado. Ya que esta Cámara es de segunda lectura —y,
por lo que se ve, es de lectura, no de edición— y es, además, una
Cámara autonómica —aunque la Comisión General de las Comunidades
Autónomas no se haya reunido desde que empezamos—, por lo menos
utilicemos la Comisión de Entidades Locales para aprovechar todo ese
valor enorme que hay en esta Cámara, con todos los alcaldes y concejales
y todos los exalcaldes y exconcejales que aquí estamos. Yo creo que sería
una gran propuesta para el Senado. Por fin podríamos demostrar que
también podemos elaborar proposiciones de ley en una comisión, la
Comisión de Entidades Locales, que solamente existe en el Senado.


Por lo demás, le anuncio que vamos a votar que no, aunque
creo que ya lo esperaba, no le digo nada nuevo. Pero también quiero que
sepa que me da muchísima pena; no por la ley, sino por la actitud del
Partido Popular en esta Cámara en relación con esta moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la
señora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Senyories, la moció que
s’ha presentat insta al Govern a profunditzar en els principis
establerts en l’Avantprojecte de Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.


No puc concebre com a normal la utilització de la
presentació d’una moció en el Senat per donar instruccions al
Govern sobre com ha de desenvolupar la seva tasca. Més encara quan parlem
d’un avantprojecte que ja s’ha modificat en diverses ocasions
i en què encara s’està treballant.


Si aprofundir en els principis establerts a
l’avantprojecte vol dir accentuar, encara més, en l’erosió de
l’autonomia local no respectant i minvant les competències
municipals; si vol dir passar









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per alt el principi de proximitat; si això vol dir ignorar
l’equitat en la prestació dels serveis públics, fins i tot en
alguns casos, eliminar-los; si vol dir, menystenir els principis
establerts a la Carta Europea d’Autonomia Local, la qual està
subscrita per l’Estat espanyol; si vol dir no tenir en compte les
competències reconegudes als diferents estatuts d’autonomia; i,
sobretot, si vol dir aprofundir encara més en la dilapidació dels serveis
públics, principalment en els serveis socials bàsics, si de veritat
aprofundir vol dir tot això, no només ens tindran en contra, sinó que
estan forjant el naixement d’un front social contra el Govern:
alcaldes, regidors, empleats públics, associacions, federacions
d’entitats locals, sindicats, organitzacions socials, empreses
subministradores de serveis… Tots ells ja han alçat la veu contra
l’avantprojecte. I és que volen una reforma de
l’Administració començant per un nivell que en el conjunt de
l’Administració pública d’aquest país no és ni de bon tros el
causant ni del dèficit. Ben al contrari, és el coixí que, en molts casos,
que ha parat el cop buscant solucions sense tenir ni els mitjans ni els
recursos, donant resposta a les demandes socials, perquè aquesta és la
màxima i principal finalitat de les entitats locals. (El senyor president
ocupa la Presidència.) I en cap moment s’ha reconegut aquest
esforç, molt al contrari, es redacta un avantprojecte en què el
tractament a les entitats locals és com si nosaltres fóssim el
problema.


Per altra banda, també demanen afavorir nous mecanismes de
finançament per dotar de liquiditat les entitats locals. No és la
solució, ja ho he dit abans. Assentar les bases en una legislació que
garanteixi l’obtenció de recursos suficients per desenvolupar amb
normalitat la tasca dels ajuntaments, això sí que és anar a l’arrel
del problema. Una legislació que permeti l’autonomia, en aquest cas
financera, per tirar endavant les polítiques públiques.


El Consell de Poders Locals i Regionals del Consell
d’Europa, en l’avantprojecte de recomanacions aprovat per la
Comissió el 13 de febrer de 2013, va fer un estudi sobre el compliment
dels preceptes de la Carta Europea d’Autonomia Local a Espanya i
estableix que la principal font d’ingressos dels municipis prové de
transferències dels governs autonòmics i de l’Estat, principalment
de l’Estat, que en aquest cas suposa un 63,5%. Això no està en
consonància amb les disposicions de la Carta Europea d’Autonomia
Local. Hi ha un desequilibri en la distribució de recursos i una manca de
capacitat fiscal. Han augmentat els costos municipals per donar serveis
que haurien de donar altres nivells de Govern. I els experts ens conviden
a implicar en un augment dels recursos que l’Estat ha
d’injectar al finançament municipal. I resumeixen els relators
d’aquest informe que suggereixen al legislador —en aquest
cas, el Govern espanyol— crear un sistema financer que garanteixi
plenament el finançament adequat a cada municipi per donar compliment a
les seves responsabilitats per dret propi i delegades.


Per tant, subscric completament les conclusions de
l’informe del Consell d’Europa i per això hem presentat
l’esmena de legislar sobre les hisendes locals. També vam
interpel·lar al ministre Montoro i vam presentar una moció conseqüència
d’interpel·lació que, entre d’altres, feia un enfocament
sobre la legislació de finançament local. Com veu no són conclusions que
surten de la boca d’una socialista, sinó que a més a més les
comparteixen altres experts a Europa que conviden a l’Estat
espanyol a complir tots aquells preceptes de la Carta d’Autonomia
Local que l’Estat espanyol no està garantint.


Encara som a temps. Estem elaborant encara
l’avantprojecte. Jo emplaço el Partit Popular que comencem de nou,
que comencem amb una veritable intenció d’acceptar propostes que
millorin les entitats locals d’aquest país. No mirar de quin grup
polític surten els suggeriments, sinó si aquest suggeriment realment pot
aportar una millora en el nivell de l’Administració de les entitats
locals. Evidentment, sense adoptar mesures que garanteixin
l’autonomia local en l’aspecte financer, no podem votar a
favor d’aquesta moció.


Gràcies.


Señorías, esta moción insta al Gobierno a profundizar en
los principios establecidos en el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.


No puedo concebir como normal el uso de la presentación de
una moción en el Senado para dar instrucciones al Gobierno sobre cómo
debe desarrollar su labor, más aún cuando estamos hablando de un
anteproyecto que ya ha sido modificado en distintas ocasiones y en el que
aún se está trabajando.









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Si profundizar en los principios establecidos en el
anteproyecto significa acentuar aún más la erosión de la autonomía local
no respetando y mermando las competencias municipales; si significa pasar
por alto el principio de proximidad; si esto también significa ignorar la
equidad en la prestación de servicios públicos e incluso en algunos casos
eliminándolos; si significa despreciar los principios establecidos en la
Carta Europea de Autonomía Local, que está suscrita por el Estado
español; si significa no tener en cuenta las competencias reconocidas en
los distintos estatutos de autonomía y, sobre todo, si significa
profundizar aún más en la dilapidación de los servicios públicos, en
especial los servicios sociales básicos, si realmente profundizar
significa todo esto, no tan solo nos van a tener en contra, sino que
además están forjando ustedes el nacimiento de un frente social contra el
Gobierno: alcaldes, ediles, empleados públicos, asociaciones,
federaciones de entidades locales, sindicatos, organizaciones sociales,
empresas, suministradores de servicios, todos ellos han alzado ya la voz
contra este anteproyecto, porque desean una reforma de la Administración,
empezando por un nivel que en el conjunto de la Administración pública de
este país no es ni de lejos el causante ni del déficit ni de la deuda.
Todo lo contrario; ha sido el cojín en muchas ocasiones que ha
amortiguado el golpe, buscando soluciones sin tener medios ni recursos,
dando respuesta a las demandas sociales porque es esa la máxima y
principal finalidad de las entidades locales. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) En ningún momento se ha reconocido ese esfuerzo, todo lo
contrario, se ha redactado un anteproyecto en el que el trato a las
entidades locales es como si nosotros fuéramos el problema.


Por otro lado, también solicitan favorecer nuevos
mecanismos de financiación para dotar de liquidez a las entidades
locales, y esa no es la solución, lo he dicho antes. Sentar las bases de
una legislación que garantice la obtención de recursos suficientes para
desarrollar con normalidad la tarea, la labor de los ayuntamientos, eso
sí es atajar la raíz del problema; una legislación que permite autonomía,
en este caso financiera, para llevar a cabo políticas públicas.


El Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de
Europa en el anteproyecto de recomendaciones, aprobado por la Comisión el
13 de febrero de 2013, realiza un estudio sobre el cumplimiento de los
preceptos de la Carta Europea de la Autonomía Local en España y establece
que la principal forma de ingresos de los municipios procede de
transferencias de los Gobiernos autonómicos y del Estado, principalmente
del Estado, que en este caso supone el 63,5%. Esto no va acorde con las
disposiciones de la Carta Europea de la Autonomía Local. Existe un
desequilibrio en la distribución de recursos y una falta de capacidad
fiscal; han aumentado los costes municipales para dar servicios que
deberían prestarse en otros niveles de Gobierno y los expertos nos
invitan a implicar en este asunto al Estado que debe inyectar un aumento
de recursos en la financiación municipal. Y resumen los relatores de este
informe que sugieren al legislador —en este caso al Gobierno
español— que cree un sistema financiero que garantice plenamente la
financiación adecuada para cada uno de los municipios y con ello poder
dar cumplimiento a sus responsabilidades por derecho propio, pero también
delegadas.


Por lo tanto, secundo absolutamente las conclusiones del
informe del Consejo de Europa y por ello hemos presentado la enmienda de
legislar sobre las haciendas locales. También interpelamos en su día al
ministro Montoro y presentamos una moción consecuencia de interpelación
que, entre otros aspectos, realizaba este enfoque sobre la legislación de
financiación local. Como puede usted ver, no son conclusiones solo de una
socialista, sino que además las comparten otros expertos en Europa que
invitan al Estado español a cumplir todos estos preceptos de la Carta
Europea de Autonomía Local, que el Estado español no está
garantizando.


Aún estamos a tiempo, estamos aún elaborando el
anteproyecto y yo emplazo al Partido Popular a que empecemos de cero, que
empecemos con una auténtica intención de aceptar propuestas que mejoren
las entidades locales de este país, de no fijarnos en el partido político
del que parten las sugerencias, sino si las sugerencias pueden realmente
aportar una mejora al nivel de la Administración de las entidades
locales. Evidentemente, sin adoptar medidas que garanticen la autonomía
local en el aspecto financiero, no podemos votar a favor de esta
moción.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el
senador Bel.









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El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.


Intentaré utilitzar aquest torn de portaveus per poder
replicar algunes de les afirmacions que ha fet el senador Sanz i, en tot
cas, per fixar la posició del meu grup que ja els he dit que ha canviat
al llarg d’aquest debat de forma diria que incomprensible, però
absolutament real.


Senador Sanz, no és que m’hagi sentit al·ludit, és
que ens ha al·ludit directament, i ens ha anomenat, és tan fàcil com
repassar el Diari de Sessions del Ple. Es connecta a la web, podrà veure
el vídeo i es veurà vostè mateix com ens diu senyors de CiU. Per tant, és
al·lusió directa.


Miri, jo crec que aconseguiran amb aquesta moció per
primera vegada quedar-se absolutament sols i hem de votar en contra una
cosa que en principi ens dol moltíssim. Els faig una reflexió, en
positiu: si realment vostès volen trobar el consens en aquesta llei, que
és imprescindible, no li pot entrar al cap a ningú que es vulgui afrontar
una reforma dels governs locals a l’Estat espanyol sense un mínim
consens, hauran de canviar d’actitud. A més —també els ho dic
sincerament—, l’actitud que he vist aquí no és la que he vist
per part del Ministeri. Vostè ha despatxat el seu torn en contra de les
mocions sense anomenar-ne ni una, ignorant-nos i dient evidentment, i ha
sigut el president qui li ha hagut d’acabar fixant la seva posició.
Jo ja no demano, com demanava algun altre portaveu, que ens truquin i
parlem de les mocions, però almenys que ens diguin per què les rebutja.
Un motiu pot ser perquè les presenta Convergència i Unió. Motiu de
rebuig: perquè les presenta Convergència i Unió. Bé, tindríem un motiu de
rebuig. Però en tot cas anem al fons de la qüestió.


Perquè tinguin algunes idees, si entenen que s’ha de
fer per consens, idees que no són exclusives d’aquest senador i
alcalde, idees que han fet seues la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, idees que ha fet seues la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i tants i tantes
altres entitats municipalistes. Miri, del tema de l’avantprojecte
que vostès presenten ens sembla bé la qüestió d’afrontar les
competències impròpies. Ens sembla bé. No ens sembla bé com
l’acaben resolent, perquè diuen les competències impròpies saben
com es resolen? Que no es realitzin. No buscant finançament, veient
quines poden ser pròpies i quines impròpies, no: els ajuntaments no
realitzaran competències impròpies. I aquesta no és cap solució. Els ho
dic sincerament, i com a alcalde. Els poso un exemple del meu municipi,
per no molestar-ne d’altres. El meu municipi té menys de 50 000
habitants. Teòricament, una competència impròpia és el transport públic
municipal. És inconcebible que puguem eliminar el transport públic urbà
al municipi de Tortosa. La solució que se’ns dóna a
l’avantprojecte és l’Ajuntament —com que tampoc és
competència de la Generalitat— no realitzarà aquesta competència, i
la Generalitat tampoc. Per tant, suprimim la competència. Ergo, pitjor
servei... pitjor, no: inutilitzat servei per als ciutadans del meu
municipi. Per tant, hi ha aspectes a millorar.


Segona qüestió: jo crec que aquí també hi havia un consens
per part del mateix ministre —després els ho acreditaré—,
perquè no es pot afrontar una reforma de competències si no
s’afronta una reforma de finançament. I la modificació de
l’antiga Llei de bases havia de ser paral·lela a la modificació de
la Llei d’hisendes locals.


En aquesta cambra es va expressar aquest compromís. La meva
missió aquí no és enlletgir l’acció de Govern, però miri, els
recordo, ho recordo perquè va ser la meua primera intervenció en aquesta
cambra, una intervenció que vam fer al ministre Montoro sobre
l’Administració local. La primera, devia ser al mes de gener o
febrer de 2012, vam aprovar una moció conseqüència d’interpel·lació
que vam presentar la nostra formació política. La vam presentar amb el
seu recolzament, la vam aprovar amb els seus vots. Ens deia: Compromís 1
—i llegeixo de l’informe de compliment que envia el Govern al
president del Senat en relació amb aquesta moció—: El Gobierno
presentará antes de finalizar el año 2012, un proyecto de ley de bases de
régimen local que, teniendo presente y respetando las competencias en
materia de régimen local de las comunidades autónomas, ayude a
clarificar, racionalizar y hacer más eficiente la prestación de los
servicios públicos. Al setembre de 2012 el Govern em diu, li diu al
president del Senat: Cumplimiento del compromiso 1: El pasado 13 de
julio, a efectos del artículo 22.3 de la ley de Gobierno, el Consejo de
Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local. És veritat, el va aprovar i
allà està. De moment, no ha fet moviment.


Compromiso dos, aprovat amb els seus vots: El Gobierno
presentará antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de
haciendas locales que establezca un nuevo sistema de financiación local
que aporte suficiencia financiera a las corporaciones locales.
Cumplimiento del









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compromiso 2. Segons el Govern, li adreça al president del
Senat: El Gobierno está estudiando y empezará a trabajar para poder
presentar antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de ley de
haciendas locales. Ni està ni se l’espera. Però això ho vam aprovar
per unanimitat, per unanimitat de tots els senadors.


I el compromís número 3 era mecanismes d’ajuda
immediata a les corporacions locals.


I vostè, en la seva primera intervenció, diu: vostès no han
reconegut mai el que ha fet aquest Govern i apuntava el pla de
proveïdors, entre altres. Jo crec que vostè no m’ha escoltat les
meves intervencions des d’aquesta tribuna, ni les interpel·lacions
que li he fet al ministre. Li ho he reconegut, li he reconegut que ha
salvat una situació —diguem també de passada— pagant-ne els
interessos les corporacions locals. Jo li puc dir també un exemple del
meu municipi: els préstecs que estem pagant per les operacions financeres
per l’operació de proveïdors superen àmpliament el 4%. La resta
d’operacions financeres del meu ajuntament no arriben al 2%. Per
tant, també un sobrecost per als nostres ajuntaments.


I després de la seva intervenció també diu: Hemos
conseguido rebajar el déficit de las corporaciones locales. Veritat, però
això no ho ha fet el Govern sol. Jo crec que aquí no estaria de més que
vostè també fes un reconeixement i un agraïment a la feina de tots els
alcaldes, als regidors d’Hisenda, als regidors de Govern de totes
les corporacions municipals de tots els colors polítics, perquè això ho
han fet amb el treball i l’esforç absolutament de tots.


Per tant, tenim recorregut, tenim temps, no gaire, no gaire
perquè al Pla de reformes que en aquests moments el president del Govern
està explicant al Congrés de Diputats vostès es comprometen que aquesta
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
entri al Congrés abans de l’estiu. Jo crec que encara queda un
recorregut, no gaire, però en queda, i hauran de buscar els consensos.
Els consensos són necessaris, però els ho dic sincerament, i no
s’ho prengui com una qüestió personal, senador Sanz, de veritat:
com ho han fet avui, no trobaran els consensos. Com ho han fet avui, de
veritat que no trobaran els consensos. Trobaran el que trobaran: un vot
en contra de tota aquesta cambra quan, almenys, hi havia 13 senadors que
veníem disposats a recolzar la proposta, encara que se’ns hagués
justificat la no acceptació a les nostres esmenes. Ara, en aquests
moments i per una qüestió absolutament de formes, haurem de votar en
contra a la seua proposta.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Utilizaré el turno de portavoces para replicar a algunas de
las afirmaciones realizadas por el senador Sanz y fijar la posición de mi
grupo, que ya les he dicho que ha cambiado a lo largo de este debate, de
forma incomprensible pero real.


Senador Sanz, no es que me haya sentido aludido, es que nos
ha aludido directamente. Es tan fácil como echar un vistazo al Diario de
Sesiones del Pleno o ir a la página web y ver el vídeo, donde podrá verse
a usted mismo diciendo: señores de CiU... Por tanto, es una alusión
directa.


Me parece que lo que van a conseguir en esta moción es
quedarse absolutamente solos, pero tenemos que votar en contra,
lamentándolo mucho. Voy a hacer una reflexión en positivo. Si realmente
ustedes quieren buscar el consenso en esta ley, que es imprescindible, es
decir, a nadie le entrará en la cabeza que acometamos una reforma de los
gobiernos locales en el Estado español sin contar con un mínimo consenso,
van a tener que cambiar de actitud. Además —se lo digo
sinceramente—, la actitud que he visto aquí no es la que he visto
por parte del ministerio. Usted ha despachado su turno en contra de las
enmiendas sin mencionar si quiera una, es decir, ignorándonos y diciendo
que evidentemente ha sido el presidente el que ha tenido que pedirle que
fijara su posición. Tampoco pido, como decía algún otro portavoz que nos
llamen y hablemos de las enmiendas, pero, al menos, díganos por qué las
rechazan. Un motivo puede ser porque las presenta Convergència i Unió; ya
tendríamos un motivo de rechazo. Pero, en todo caso, lleguemos al fondo
de la cuestión.


Para que tengan algunas ideas si entienden que debe hacerse
por consenso, ideas que no son exclusivas de este senador y alcalde,
porque son ideas que ha hecho suyas la Federación Española de Municipios
y Provincias, ideas que también han hecho suyas la Federación de
Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y tantas
otras entidades municipalistas, les diré, en primer lugar, que, en el
anteproyecto que ustedes presentan, nos









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parece bien la cuestión de afrontar las competencias
impropias; no nos parece bien cómo lo solventan, porque ustedes dicen que
se soluciona no realizándose. No buscan financiación o analizan cuáles
pueden ser propias o impropias; no, sencillamente, los ayuntamientos no
van a ejecutar competencias impropias. Esto no es ninguna solución, se lo
digo sinceramente como alcalde, y voy a poner un ejemplo de mi municipio,
para no molestar a otros. Mi municipio tiene menos de 50 000 habitantes.
En teoría, una competencia impropia es el transporte público municipal.
Sin embargo, es inconcebible que podamos eliminar el transporte público
urbano en el municipio de Tortosa. La solución que se nos da en el
anteproyecto es que el ayuntamiento —y en este caso tampoco es
competencia de la Generalitat— no va a ejecutar esa competencia, y
la Generalitat tampoco, con lo cual se suprime la competencia. Ergo, es
un servicio inutilizado para los ciudadanos de mi municipio. Así pues,
existen aspectos que deben mejorarse.


La segunda cuestión es que me parece que en este punto
también existía un consenso, incluso por parte del propio ministro
―y luego se lo voy a acreditar― en el sentido de que no se
puede encarar una reforma de competencias si no se encara también una
reforma de la financiación; y la ley, o la modificación de la antigua ley
de bases debía avanzar en paralelo a la modificación de la ley de
haciendas locales.


En esta Cámara se expresó ese compromiso y, aunque mi
misión aquí no es la de afear la acción de Gobierno, le recuerdo que en
mi primera intervención en esta Cámara, sobre una interpelación al
ministro Montoro en relación con la Administración Local, entre los meses
de enero o febrero de 2012, aprobamos una moción consecuencia de
interpelación que presentó mi formación política y la presentamos con su
apoyo y la aprobamos con sus votos. En ella se recogía: Compromiso 1
―y estoy leyendo del informe de cumplimiento que envía el Gobierno
al presidente del Senado en relación con esta moción―: El Gobierno
presentará antes de finalizar el año 2012, un proyecto de ley de bases de
régimen local que, teniendo presente y respetando las competencias en
materia de régimen local de las comunidades autónomas, ayude a
clarificar, racionalizar y hacer más eficiente la prestación de los
servicios públicos. En septiembre de 2012 el Gobierno dice al presidente
del Senado: Cumplimiento del compromiso 1: El pasado 13 de julio, a
efectos del artículo 22.3 de la ley de Gobierno, el Consejo de Ministros
ha aprobado el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local. Es verdad, lo aprobó y ahí está, pero de momento
no ha realizado ningún movimiento más.


El compromiso 2, que también fue aprobado por sus votos: El
Gobierno presentará antes de finalizar el ejercicio 2012 un proyecto de
ley de haciendas locales que establezca un nuevo sistema de financiación
local que aporte suficiencia financiera a las corporaciones locales.
Cumplimiento del compromiso 2, según el Gobierno ―y está dirigido
al presidente del Senado―: El Gobierno está estudiando y empezará a
trabajar para poder presentar antes de finalizar el ejercicio 2012 un
proyecto de ley de haciendas locales. Ni está ni se le espera. Y esto lo
aprobamos por unanimidad.


Además, el compromiso 3 se centraba en los mecanismos de
ayuda inmediata a las corporaciones locales.


Usted, en su primera intervención, ha dicho que jamás hemos
reconocido lo que ha hecho este Gobierno y apuntaba el plan de
proveedores, entre otros. Me parece que usted no ha escuchado mis
intervenciones desde esta tribuna ni las interpelaciones al ministro
porque sí lo he reconocido; le he reconocido que ha salvado una situación
―dicho sea de paso― pagando los intereses las corporaciones
locales. En este sentido, le puedo dar también el ejemplo de mi municipio
en el que los préstamos que estamos pagando por las operaciones
financieras por el pago a proveedores superan con creces el 4%, mientras
que las demás operaciones financieras de mi ayuntamiento no alcanzan al
2%, con lo cual en ese aspecto existe un sobrecoste para nuestros
ayuntamientos.


Además, en su intervención también ha dicho: Hemos
conseguido rebajar el déficit de las corporaciones locales. Es verdad,
pero esto no lo ha logrado el Gobierno solo y me parece que no estaría de
más que usted también reconociese y agradeciese la labor de todos los
alcaldes, de los concejales de Hacienda, de los concejales de Gobierno de
todas las corporaciones municipales y de todos los colores políticos
porque esto se ha logrado gracias al trabajo y el esfuerzo de
absolutamente todos.


Por lo tanto, llevamos ya un recorrido pero tenemos tiempo,
aunque no sea mucho, porque en el plan de reformas que hoy está
explicando el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados
ustedes se comprometen a que esta ley de racionalización y sostenibilidad
de la









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Administración Local entre en el Congreso de los Diputados
antes del verano, y me parece que aún nos queda un recorrido, no mucho,
pero que existe y van a tener que buscar consensos porque los consensos
son necesarios. Pero no se lo tome como algo personal, senador Sanz, de
verdad. Tal y como lo han hecho hoy, no van a lograr esos consensos; tal
y como lo han hecho hoy, de verdad que no los van a encontrar,
encontrarán un voto en contra de toda esa Cámara cuando resulta que
tenían al menos 13 senadores dispuestos a apoyar esta propuesta aunque se
nos hubiese justificado esa no aceptación de nuestras enmiendas, pero en
estos momentos, sencillamente por una cuestión de formas, vamos a tener
que votar en contra de su propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor Sanz, naturalmente que el grupo que apoya al Gobierno
tiene todo el derecho del mundo a plantear mociones como cualquier otro
grupo parlamentario; eso está fuera de toda de duda.


Pero yo me sumo al estupor general de cómo, sin embargo,
quiebra las normas habituales, las costumbres parlamentarias.
Normalmente, lo que pretende el proponente de una moción es ampliar la
votación, lo que pretende es intentar tener la mayor cantidad de votos
posible. Sinceramente, no sé por qué ha hecho usted lo contrario; ha
logrado que todos los grupos votemos en contra. Ese es un récord
importante desde cualquier punto de vista, por no mencionar la
contradicción que supone, insisto, hablar de consenso para después no
aceptar ni una sola enmienda. ¿Por qué? ¿Qué finalidad puede tener esa
conducta parlamentaria? La verdad es que se me escapa rotundamente.
Esperemos que en el futuro ese comportamiento se modifique, porque
nosotros no renunciamos a que esa ley termine siendo aprobada dentro del
espíritu de consenso.


Yendo ya al tema concreto, creo que la finalidad principal
de esta ley —y así lo firmaron todos los grupos de la oposición en
el Congreso de los Diputados— no era mejorar la calidad democrática
de los ayuntamientos u objetivos de esa naturaleza, sino fundamentalmente
asegurar que se cumpliera la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues
bien, esa premisa, de la que parte fundamentalmente ese anteproyecto, no
se ajusta a la verdad. El endeudamiento del municipalismo no llega al 4%
del PIB. Incluso en términos aún más importantes para mí, hay que saber
qué porcentaje del presupuesto se tiene que dedicar al servicio público
de deuda, amortización e intereses. Los ayuntamientos están muy por
debajo de todas las comunidades autónomas, y no digamos del Gobierno
central. Le he pedido a mi jefe de gabinete que me lo buscara porque yo
no me lo sé de memoria, y he podido ver que Zaragoza está por encima de
la media de endeudamiento aunque no llega a los límites de Madrid. Pues
nosotros pagamos de nuestro presupuesto 11 euros de cada 100 para el
servicio de la deuda; el Gobierno de Aragón solo 14 gracias a la buena
gestión del presidente Iglesias y a la magnífica herencia recibida por
Luisa Fernanda Rudi, porque está por debajo de la media de todas las
comunidades autónomas; (Rumores.) y si hablamos del Gobierno de España,
este paga 26,5 euros de cada 100. ¿Con esos datos se puede decir que
estamos en quiebra, en bancarrota los municipios? No es verdad. Y si se
plantea en términos de déficit público, menos aún. Y del total del 10%
del déficit que supone el conjunto de las administraciones —creo
que lo ha dicho en su intervención inicial— los ayuntamientos no
hemos pasado del 0,2 %, superando el objetivo de déficit que era del
0,3%. Además, todos los técnicos saben que en 2015, y sin necesidad de
ninguna ley, los ayuntamientos llegaremos al 0% de déficit. Luego, ¿dónde
está el problema? ¿Qué problemas suponemos los municipios? ¿Quién no
confía en los ayuntamientos? Porque, desde luego, la gente sí confía.
Léanse la última encuesta del CIS, en la que se hace una pregunta muy
clara: ¿Qué Administración pública le trata mejor? Y la respuesta es: en
Aragón, 55% los ayuntamientos; un 14% la comunidad autónoma y un 11% la
Administración General del Estado. E insisto, eso ocurre en todas las
comunidades autónomas de toda España, salvo en la ciudad de Melilla,
donde es ligeramente más valorado el papel de la Administración central
que el de la Administración municipal. En todas las demás, en porcentajes
no tan abultados como el caso de Aragón, se confía, sobre todo, en los
ayuntamientos. Si las cifras no lo permiten, si las estadísticas y las
encuestas te hablan de que es nuestra Administración









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municipal la más valorada, ¿por qué este empeño en
convertirla poco menos que en la responsable del déficit y de los grandes
males que padece el país? Eso no es cierto.


Termino con una observación muy concreta: por lo visto, el
objetivo es ahorrar, algo ha dicho el señor Bel —que, por cierto,
ya ve que aunque usted los trate muy bien, a usted le tratan tan mal como
al PSOE, tome nota—, pero, en definitiva, el objetivo principal
serían unos 7200 —no sé cuántos— millones de euros. ¿De dónde
van a salir? Si el objetivo central es eso, parecería sensato que nos
explicaran con detalle de dónde van a salir. A mí no me salen las
cuentas, y es verdad que soy de letras, pero no me salen las cuentas,
como no sea que haya que suprimir todas las llamadas competencias
impropias en torno al 25% del presupuesto de los ayuntamientos y de paso
llevarse por delante a todos los empleados públicos que no sean
funcionarios, los interinos. Solo así, si se produce ese doble
acontecimiento, podían empezar a encajar las cifras.


Aquí no se nos está diciendo la verdad. ¿Alguien piensa, de
verdad, que los ayuntamientos vamos a seguir pagando los servicios
públicos cuya competencia haya sido transferida a otra comunidad
autónoma? ¿Eso es pensable? Otra pregunta: ¿las comunidades autónomas
tienen capacidad financiera para asumir hoy esas competencias impropias?
Mi opinión es que no. Entonces, ¿quién las va a pagar? ¿La Administración
General del Estado? ¿Nos puede anunciar que el Gobierno las va a pagar?
Porque si nadie las paga y hay que ahorrar 7000 y pico millones de euros,
es obvio que solo se puede hacer por una vía, y es la supresión de los
servicios sociales, fundamentalmente, de todos los ayuntamientos de
España. Y eso es muy grave, porque los ayuntamientos, además de estar
prestigiados en el conjunto de la ciudadanía, somos un instrumento básico
para garantizar la cohesión social (Aplausos.), cohesión social que es
imprescindible en todo momento, pero más aún en tiempos de crisis.
(Aplausos.)


Por todas esas razones, es obvio que votaremos en contra de
la moción y, la verdad, tenemos mucho miedo de que después de este
proceso legislativo la vida local española vuelva a los años cuarenta del
siglo pasado.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.


El Grupo Popular se expresaba claramente al decir que las
enmiendas confundían la voluntad de la moción. No estamos hablando hoy de
la ley, sino de medidas a favor de la financiación, del saneamiento y la
viabilidad económica de las corporaciones locales. Por lo tanto, hoy aquí
no está en juego el consenso ni el diálogo respecto a la ley, ahí
tendremos tiempo, y cuando llegue la ley, evidentemente habrá todo el
diálogo y buscaremos el máximo de consenso. Lo que sí es llamativo es que
se haya intentado evitar el debate sobre las medidas positivas que a
favor de las corporaciones locales se están planteando y las que se
impulsan a través de esta iniciativa y seguirá planteando el Gobierno.
Ese era el debate de hoy. Si quieren hablar de la ley, habrá oportunidad
de hablar de la ley. Por tanto, de lo que trataban las enmiendas era de
la futura ley, que no es el debate de la moción. Por consiguiente, ni se
niega el valor de las enmiendas ni se niega el fondo de las mismas.
Evidentemente, la futura ley respetará las competencias estatutarias
exclusivas existentes en las diferentes comunidades autónomas, por
supuesto. Evidentemente, la futura ley respetará la singularidad de las
diputaciones forales vascas y de la Comunidad Foral de Navarra, pero ese
no era el debate de hoy, señorías, hoy el debate no era la ley.


Por tanto, aquí no se rompe ningún consenso, aquí no se
rompe ningún cauce de diálogo. Aquí hablamos de medidas económicas y es
lo que sigue planteando el Grupo Popular, tanto es así que en algunos de
los casos se planteaba el incremento de las transferencias, incremento
que se ha producido este año en un 21% con el aumento de la PIE.


Señor Belloch, lo que la ley hace no es destinar las
competencias impropias a las comunidades autónomas, lo que pretende es
quitar las competencias impropias de las corporaciones locales sobre lo
que son competencias propias de las comunidades autónomas. Por tanto, no
se trata de financiar competencias impropias de las comunidades
autónomas, se trata de que la comunidad autónoma cumpla con las
competencias propias que tiene, que es distinto. No confunda usted el
debate, señoría. Lo que sí permite en un futuro la ley es que se deleguen
competencias de las









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comunidades autónomas a los ayuntamientos, con una novedad:
que ahora sí hay garantía de financiación para la prestación del servicio
público, y usted no puede negar que eso es positivo.


Hoy el debate de la moción se centra en lo que ha
constituido todo un auténtico ejercicio de lealtad institucional con las
entidades territoriales por parte del Gobierno, donde se han aprobado una
serie de medidas urgentes durante el año 2012 y 2013, que, sin duda
alguna, han mejorado la liquidez de ayuntamientos y diputaciones. Cuando
hablemos de la ley, hablaremos de la ley, y ustedes presentarán enmiendas
sobre la ley. Hoy, ustedes, no han presentado enmiendas sobre el
contenido de la moción, y hoy lo que debatimos son las medidas que han
significado una garantía de cumplimiento o de acercamiento a los
objetivos de estabilidad presupuestaria y que, además, han permitido que
se sigan prestando los servicios con la calidad que el ciudadano
exige.


Es evidente que la situación financiera de las entidades
locales a finales de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno,
en la mayoría de los casos era muy delicada, y lo que es innegable
—eso es así— es que se ha logrado avanzar significativamente
en la garantía de la sostenibilidad financiera de las corporaciones
locales. Por supuesto que son muchas medidas, pero lo más importante que
plantea esta moción, señorías —y ese no es el debate que ustedes
han querido tener—, es si vamos a seguir abordando nuevas medidas,
como se nos ha demandado por parte de la FEMP y por parte del conjunto de
los alcaldes, concejales y diputaciones, para seguir favoreciendo el
sostenimiento de su situación financiera. Y el impulso de la moción
planteada por este grupo, por el Grupo Popular, va precisamente por ese
camino. ¿Y cuál es el camino? Pues, evidentemente, seguir favoreciendo
reformas por parte del Gobierno; y lo vamos a seguir haciendo.


En la primera intervención hacía un balance de lo ya
realizado; en esta última intervención quiero adelantar alguna de las
medidas que en los próximos meses verán la luz y que, sin duda alguna,
van a fortalecer esa viabilidad económica y financiera de las
corporaciones locales. Para ello, como se ha anunciado, el Gobierno está
planteando un nuevo plan de pago a proveedores, en el que se priorizarán
las deudas pendientes de las comunidades autónomas con los ayuntamientos,
cuya cantidad asciende a más de 1700 millones de euros. Señorías, esto
significa que en el Fondo de Liquidez Autonómica de 2013 esa será la
prioridad para que se pague a los ayuntamientos con rapidez; esa es una
medida de la moción y es una medida positiva.


También hemos valorado desde el Gobierno cómo se encuentra
el estudio de un proyecto de nuevo real decreto ley para solucionar la
situación de las entidades locales con graves problemas financieros. Eso
es lo que aquí planteamos en la moción, señorías, no busquen excusas para
votar en contra. Han encontrado ustedes excusas en el futuro debate de la
ley para no hablar de la moción y de las medidas que plantea. ¿Y cuáles
son las medidas que plantea la moción? Pues diversas medidas de apoyo a
ayuntamientos con especiales problemas financieros estructurales. ¿Qué
plantea el Partido Popular? Que en los próximos meses se puedan aprobar
mecanismos extraordinarios de liquidez para ayuntamientos con problemas
financieros. Eso significa plantear iniciativas con medidas
excepcionales, con ámbitos restringidos, con criterios objetivos pero con
facilidades financieras para que ayuntamientos en absoluta quiebra, de
verdad, puedan salir adelante.


Igualmente, señorías, este grupo aplaude e incentiva al
Gobierno, motiva al Gobierno a través de esta moción, para plantear esa
modificación rápida de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permita
que los ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a inversiones
y al cumplimiento de otras obligaciones de pago en sus municipios, y no
solo a la amortización de deuda como ahora. Se calcula que en torno a
3500 municipios, el 40% de los municipios españoles, podrán invertir en
mejorar sus municipios y crear puestos de trabajo. Ya se ha reunido la
Comisión Nacional de Administración Local como paso previo y necesario
para adoptar esta medida, y se está a la espera de la próxima entrada en
vigor de la misma. Igualmente, señorías —y ese es el contenido
verdadero de la moción—, el Gobierno está trabajando en un nuevo
mecanismo de pago a proveedores que permita cancelar la deuda de las
entidades locales correspondientes a 2012, e incluso meses de 2013, al
objeto de posibilitar que se dé cumplimiento a los plazos establecidos en
la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, lo que finalmente permitirá reducir a 30 días el período de
pago a proveedores entre administraciones y acreedores.









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Señorías, no confundan los términos. Cuando llegue la ley,
debatiremos la ley. Cuando haya que buscar el consenso sobre la ley,
buscaremos el consenso. Y siempre mantendremos la mano tendida para
lograr el acuerdo, pero permitan que el Grupo Popular tome la iniciativa
en el Senado para impulsar del Gobierno de la nación este tipo de
medidas. Ustedes decidirán hoy, señorías, votar en contra. Lo difícil es
que lo expliquen sus señorías en los ayuntamientos y en las diputaciones,
que se van a ver favorecidas por este conjunto de medidas porque la
moción trata sobre las medidas económicas y financieras a favor de las
corporaciones locales. Cuando llegue la ley, hablaremos. Hoy hablamos del
impulso a las soluciones económicas de los ayuntamientos. Por eso son
medidas positivas y por eso, aunque ustedes lo pretendan confundir, el
conjunto de la intervención que ha realizado este grupo ha ido a poner en
valor todas las medidas y futuras medidas que va a plantear el Gobierno.
Votar en contra de eso es, evidentemente, ir en contra de las medidas que
favorecen al conjunto de las corporaciones locales. Y no es una cuestión
de partido, es una cuestión de favorecer a todos los ayuntamientos y a
las diputaciones de España.


Señorías, es evidente que hay que tomar medidas. El
problema, señor Belloch, no es de los municipios, el problema no son los
municipios. El problema es buscar soluciones a la nefasta gestión que se
ha realizado durante muchos años y que ha provocado grandes agujeros.
(Rumores.—Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ CABELLO: Es lógico que sus señorías no
quieran que hablemos de lo que han hecho en los ayuntamientos, y cuando
yo lo recuerdo, ustedes se ponen a gritar y a descalificar, como se
escucha desde la tribuna. (Rumores.)


Solamente me voy a referir a un caso. Si usted cree que el
problema es de los ayuntamientos o un problema de gestión, le voy a poner
el caso de Jerez de la Frontera, donde hemos tenido que heredar un
ayuntamiento con casi 1000 millones de deuda, con más de 30 millones de
déficit, con el 100% de la PIE retenida, con una deuda de la Seguridad
Social y Hacienda de 120 millones de euros, donde el PSOE hipotecó 540
millones de euros de recaudación de la diputación hasta el 2031.
(Rumores.) ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Pues mientras que el
Partido Socialista se gastaba 2,6 millones de euros en gobierno y
personal eventual, el Partido Popular solo gasta ya 774 000 euros; de 33
asesores, a un asesor. El problema no son los ayuntamientos. Aunque a
ustedes les molesta, el problema es de buena o de mala gestión; y hay dos
modelos: el que apuesta por solucionar los problemas de los ayuntamientos
o el que los mantiene en el agujero, como ha hecho hasta ahora el Partido
Socialista.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos
emitidos, 237; a favor, 141; en contra, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR A
LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO ANTE
LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.


(Núm. exp. 662/000082)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado
enmiendas.


Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Altava.









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El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia del señor
presidente.


El Grupo Parlamentario Popular somete al plenario de la
Cámara una moción (Rumores.)…


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Altava.


Señorías, por favor, guarden silencio o abandonen el
hemiciclo en silencio. (Pausa.)


Puede continuar.


El señor ALTAVA LAVALL: Gracias.


Decía que el Grupo Parlamentario Popular somete al plenario
de la Cámara una moción al objeto de que el Gobierno presente un código
procesal unificado, un proyecto de ley que regule, por una parte, las
competencias de los tribunales sentenciadores y de los jueces de
vigilancia penitenciaria, y, por otra, que establezca el procedimiento
que se debe seguir ante estos. Es una demanda de todos los jueces de
vigilancia penitenciaria y de los profesionales que se dedican a esta
materia.


El artículo 117.3 de la Constitución establece que a los
jueces les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ese hacer
ejecutar lo juzgado, que en el derecho comparado se suele conceder a la
Administración, aquí, en España, se concede al juez para que vigile esa
función de hacer ejecutar, no que ejecute de propio sino que vigile esa
función de que alguien ejecute por él.


La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, reguló una
figura fundamental de nuestro mundo jurisdiccional: la figura del juez de
vigilancia penitenciaria, estableciendo en su artículo 76 todas las
competencias que este debía tener: hacer cumplir la pena, instaurar en
definitiva la resolución de los recursos, salvaguardar derechos y
corregir los abusos y desviaciones en que podía incurrir la
Administración penitenciaria. El artículo 76 de dicha ley orgánica se
convierte en numerus apertus; en todo caso nunca es una lista taxativa,
una lista cerrada, sino que cualquier cuestión que derive del
cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad o de
medidas de seguridad corresponderá a estos jueces de vigilancia
penitenciaria, de nueva creación.


La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 les otorga
netamente una función jurisdiccional, los crea como órganos
jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial. Cuando la Ley Orgánica
General Penitenciaria habla de los jueces de vigilancia penitenciaria
nunca piensa en ellos como un inspector de la Administración
penitenciaria sino como un órgano jurisdiccional, un órgano con potestad
jurisdiccional que ejerce la jurisdicción y que, en todo caso, va a
conocer de los ulteriores recursos en vía jurisdiccional que se puedan
plantear ante las peticiones, recursos o quejas de los internos.


Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 9 de
julio de 1981 se crearon las diecisiete primeras plazas de jueces de
vigilancia penitenciaria. Pues bien, desde 1981 hasta 2013, dos siguen
siendo todavía los problemas fundamentales que encuentra esta
especialización del orden penal: por una parte, precisar los ámbitos
resolutivos de los jueces de vigilancia penitenciaria, y por otra,
promulgar normas procesales adecuadas. Como ustedes saben, los jueces de
vigilancia penitenciaria y los jueces penales de ejecución se reúnen con
carácter bianual y establecen unos criterios de actuación muy importantes
para ellos. Y precisamente porque falta ese procedimiento, ese código
procesal único, ellos mismos se dan unos criterios uniformadores de
actuación. Los últimos se acordaron en una preciosa isla, Gran Canaria,
durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2012 —me refiero a estos
porque son los últimos aprobados—; y entre otras actuaciones,
realizaron la siguiente afirmación. Por una parte, solicitaban que se
inste al Consejo General del Poder Judicial a fin de que dirija consulta
al Ministerio de Justicia para que se informe a quién corresponde la
vigilancia del penado en la libertad vigilada postpenitenciaria en
relación con las medidas del artículo 106 del Código Penal, que se
refiere a las medidas de la libertad vigilada, acuerdo este que fue
adoptado por unanimidad. Y en segundo lugar, y respecto de las cuestiones
de competencia, que la ley debería regular en qué supuestos, con qué
garantías y qué juez es el competente para autorizar la realización de
pruebas radiológicas a los internos, lo que también fue aprobado por
unanimidad.


Porque muchas son las cuestiones que se presentan en el
quehacer diario de los jueces de vigilancia penitenciaria, señorías, y
los que hemos tenido la fortuna de pasar por ese desempeño jurisdiccional
lo conocemos bien. Me gustaría deslindar, por una parte, la ejecución de
las penas privativas de libertad, y por otra, muchas cuestiones que se
plantean que nada tienen que ver con esa ejecución de penas privativas de
libertad. Por ejemplo, si la comida que necesita un interno en









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un centro penitenciario es especial porque está sometido a
un tratamiento de enfermedad, el que sea, eso no es una ejecución
derivada de la pena privativa de libertad. Y alguien tiene que resolver
—eso no está regulado— cuál es el procedimiento que se debe
seguir por la Administración penitenciaria, por el juez de vigilancia
penitenciaria ante una Administración que no le diera el régimen especial
de comidas que se necesita.


Las normas procedimentales aplicables hasta el momento son,
por una parte, el artículo 24.2 de la Constitución, que, como saben,
recoge los principios del proceso debido, principios generales en el
Estado democrático de derecho, por otra parte. Unas prevenciones de la
Presidencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1981; por cierto,
urgentes y que tenían vocación de interinidad—. El artículo 526 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre visitas a establecimientos
penitenciarios, que, por cierto también, se refiere solo a presos
preventivos. La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Y, de una manera muy importante, la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce la
defensa letrada, la legitimación para recurrir solo en favor del
Ministerio Fiscal y muchas otras cuestiones no reguladas, pero solo para
materia de ejecución de penas. Se deja fuera todo aquello que no se
corresponde precisamente con esa ejecución de penas, que es el carácter
que le da la norma. Casi merece la pena hacer un texto refundido con
todas las normas vigentes para tener un código claro, que es lo que de
alguna manera pretendemos.


Es cierto que en el anteproyecto de código procesal penal
que ha presentado el Gobierno los artículos 652 a 703 —cincuenta y
un artículos— recogen muchas cuestiones a las que nos referimos. Se
recogen aspectos procedimentales de los jueces de vigilancia
penitenciaria y está en la línea de lo que seguimos, en esa buena línea
de conseguir en su día un código procesal uniforme. Y es un paso primero,
porque, señorías, los magistrados destinados en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo tienen la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998. Los jueces que se
dedican a lo laboral tienen su propia ley, la Ley de procedimiento
laboral, de 7 de abril de 1995. ¿Por qué sustraemos a los jueces de
vigilancia penitenciaria, dentro del orden penal y con una especificidad
muy importante, el que tengan su propia ley, cuando hay cantidad de
cuestiones que no están reguladas? Funcionan por la bonhomía de los
jueces de vigilancia penitenciaria, pero no están regulados los plazos
que se deben dedicar. ¿Se debe dar traslado de cualquier petición a la
otra parte? ¿Se debe dar traslado, como ahora pondré de manifiesto, al
ministerio fiscal? ¿Solo a él, o puede haber otras partes a las que se
les debe permitir esa personación?


Muchas cuestiones no están reguladas. En primer lugar,
problemas competenciales entre tribunales sentenciadores, entre los
jueces de vigilancia penitenciaria. Para que todos lo podamos entender: a
partir del momento en que alguien ingresa en un centro penitenciario
depende ya casi exclusivamente del juez de vigilancia penitenciaria. Si
el juez de lo penal o la Audiencia Provincial sentenciadora ordena en una
sentencia un ingreso en prisión, se entra en prisión y, a partir de ahí,
como digo, se depende del juez de vigilancia penitenciaria.


Pero, señorías, en las prisiones también hay muchos presos
preventivos. ¿De quién depende el preso preventivo, aquel que todavía no
ha sido juzgado? Depende hoy del juez de instrucción, tiene también
competencias el juez de instrucción. Si un juez de instrucción necesita
hacer, como hemos puesto de manifiesto, una prueba radiológica, porque
para su procedimiento lo necesita, ¿lo tiene que autorizar al juez de
vigilancia penitenciaria o tiene que ser motu proprio el juez de
vigilancia penitenciaria quien lo realice? Eso no está resuelto. Esa no
es una cuestión de pena privativa de libertad y se tiene que resolver. Se
tienen que resolver esas cuestiones de competencia que una y otra vez
ponen de manifiesto los jueces de vigilancia penitenciaria.


También manifiestan los jueces de vigilancia penitenciaria
que vendría muy bien la creación de una sección especial, dentro de los
tribunales superiores de justicia, de vigilancia penitenciaria.
¿Correspondería crear esas secciones especiales dentro de los tribunales
superiores de justicia? Ya sé que es una cuestión de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, pero algo debería
decir también esta futura norma que propugnamos.


Con respecto al procedimiento a seguir, ha de ser un
procedimiento que recoja los principios de economía, celeridad y
flexibilidad, lo que no se encuentra recogido en la actualidad.


Hay multitud de incidentes que no son de ejecución. ¿Qué
pasa cuando el juez de vigilancia penitenciaria o la Administración
penitenciaria decide no conceder un vis a vis familiar, cuando









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decide no conceder un vis a vis íntimo? ¿Contra quién se
debe recurrir? Lo único que hay ahora mismo es la disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, supletoriamente,
subsidiariamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo cual tenemos
que ir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para saber qué nos dice;
acudir al recurso de reforma, en caso de que la resolución sea judicial,
y, en su caso, a la apelación.


Pero se necesitan conocer otras muchas cuestiones que no
están reguladas. ¿Qué pasa con las sanciones impuestas por el centro
penitenciario, por ejemplo, que se imponga a un penado una sanción de
aislamiento, la más grave que existe? ¿Qué pasa si la Administración
penitenciaria le impone una sanción de aislamiento de tres días, cinco
días, etcétera? Se recurre ante el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Es
firme esa decisión del juez de vigilancia penitenciaria o tenemos que
acudir también a la Lecrim para darnos cuenta de que cabe la reforma y
cabe la apelación? Máxime, cuando saben —si ustedes se lo han
leído— que el código procesal penal actual hace desaparecer el
recurso de reforma tal y como lo tenemos considerado. Habrá una
posibilidad de plantear el asunto ante el juez para que lo reconsidere,
pero no como recurso de reforma, sino como reconsideración para que eleve
los autos al recurso de apelación en la instancia superior. La
legitimación para recurrir —a mí esto me parece muy
importante— hoy día la tiene solo el ministerio fiscal. ¿Tiene que
haber abogado? ¿Tiene que haber procurador? Porque en el proceso penal sí
que se exige. En el proceso de vigilancia penitenciaria —si podemos
llamarlo así— no se exige que exista un letrado. En fin, hay
cuestiones muy complejas, en las que la misma petición realizada por el
interno no basta porque carece de fundamentación jurídica. Entiendes la
petición, y a veces no se entiende bien. Se necesita en muchos casos
letrado, y la Ley de Asistencia Jurídica del año 1996 también debería
decir algo; en todo caso, que los internos que tengan insuficiencia de
recursos para litigar estén sometidos a la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita. Eso hace falta que lo diga un norma, y hasta ahora no la
tenemos.


¿Habría que dar legitimación a los familiares de los
internos? Señorías, creo que sí, porque cuando privas a alguien de un vis
a vis familiar se ve perjudicado tanto el interno como el familiar, que
no puede estar con aquel. ¿Por qué no se permite esa legitimación al
familiar? (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)
¿Por qué no se permite también una legitimación a la víctima? A lo mejor
algo tiene que decir también la víctima: si está de acuerdo o no en que
se le conceda un permiso de salida, o en que se le conceda un determinado
beneficio penitenciario. Todo eso, señorías, que no es propio de la
ejecución de las penas privativas de libertad, se tiene que recoger, no
está regulado. Funciona, porque todo el mundo que trabaja en vigilancia
penitenciaria funciona bien y sabe como tiene que funcionar. Pero repito
que eso no está regulado.


¿Cómo se deben realizar las notificaciones? ¿Al procurador,
si no hay procurador? ¿A quién tiene que ir dirigida cualquier petición
que realiza el interno? Va al centro penitenciario, y de ahí se remite al
juez. ¿Es suficiente? A lo mejor no es suficiente, a lo mejor se necesita
que se formalice de alguna manera a través de un procurador o a través de
un notificador concreto del centro penitenciario.


¿Deben ser hábiles todos los días y todos los años en
vigilancia penitenciaria? No está resuelto. La Ley Orgánica del Poder
Judicial, que es la que habla de habilidad de los días y años, no dice
nada al respecto.


La libertad condicional ¿se debe conceder a todo el mundo?
¿Y su revocación? ¿Y qué pasa con la libertad condicional agravada, de
ancianos y enfermos? ¿Qué pasa con ella? ¿Tiene que ser la misma? ¿Se
debe conceder con los mismos requisitos que la anterior? ¿Y los abonos de
prisión preventiva en los recursos, peticiones y quejas? ¿Cabe el
planteamiento de los recursos de reforma, de apelación y, en todo caso,
de casación para la unificación de la doctrina? Esos recursos, ¿caben con
un efecto o en dos efectos? ¿Cabrá solo el efecto devolutivo o también el
suspensivo en dos efectos? Eso no está resuelto. Claro que de momento nos
acogemos a la Lecrim, porque subsidiariamente se aplica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal ya que no se dice nada en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Todo eso, señorías, se debe recoger en la ley orgánica de
vigilancia penitenciaria que propugnamos, máxime en determinados centros,
como ustedes conocen, donde el interno padece grave trastornos psíquicos
y no está en condiciones de realizar una petición o una queja o una
formulación, a lo mejor teniendo todo el derecho; pero no es capaz de
manifestarse porque no









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puede hacerlo. Esa persona necesita estar asistida por un
abogado, por un procurador, por alguien que le verbalice su necesidad. De
eso la ley no dice nada. ¿Funciona? Funciona, porque la Administración
penitenciaria actúa bien, pasa la información, y le llega al juez.


Lo único que les pido, señorías, es que seamos sensibles a
esta actuación, que delimitemos las competencias de los jueces de
vigilancia penitenciaria, que regulemos el procedimiento, porque les
aseguro que hace falta y el mundo judicial lo agradecerá, máxime todos
los jueces de vigilancia penitenciaria que se dedican a ello.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señorías.


Turno en contra.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador señor
Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.
Buenos días.


Si todo es así, señor Altava, como usted lo ha descrito,
¿cómo es posible que no haya sentencias del Tribunal Constitucional que
digan que se están vulnerando los derechos fundamentales de los internos
en los centros penitenciarios de toda España? Mientras usted hacía esas
preguntas yo iba respondiendo algunas de ellas; otras, no, pero sí
algunas. Yo sé que usted sabe las respuestas a las preguntas que ha hecho
porque ha sido juez de vigilancia penitenciaria. Luego, si usted sabe las
respuestas a las preguntas que ha hecho, y si no hay sentencias que digan
que se vulneran los derechos fundamentales —el 24.2 de la
Constitución— en los centros penitenciarios, ¿qué es lo que pasa?
Porque durante treinta y dos años… —veo que me dice que son
treinta y cuatro; no me importa corregir, yo aprendo de todos los seres
humanos; había calculado desde el año 1979; admito el error y
aprendo—. Porque durante treinta y cuatro años se ha funcionado con
el conjunto normativo que usted ha citado. La primera ley que hicieron
las Cortes democráticas fue esta: la Ley Orgánica General Penitenciaria,
una de las leyes más progresistas del mundo, seguramente porque la
hicieron personas que estuvieron en las cárceles de la dictadura porque
lucharon por las libertades. Es una ley progresista, una ley muy
sensible, una ley garantista, que es la que nos ha estado rigiendo hasta
el momento. Es verdad que se ha dictado luego un reglamento. Es verdad la
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es
verdad la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son verdad los criterios
establecidos por el Supremo y los propios criterios establecidos por los
jueces de vigilancia. Todo eso es un subconjunto del ordenamiento
jurídico-penal en el que las preguntas que usted hace tienen respuesta.
Usted pregunta: ¿qué pasa en el ámbito de la vigilancia penitenciaria?
¿Son días hábiles o naturales? Sabe usted que la respuesta es que son
días naturales, porque en el ámbito de la jurisdicción penal rige el
criterio de los días naturales. Eso es lo que rige. Usted sabe que todos
los autos que dictan los jueces de vigilancia son recurribles. Hasta
ahora, en esos treinta y cuatro años hemos estado funcionado así, con ese
subconjunto normativo, y no ha habido una sentencia del Constitucional
que haya dicho que se vulneren derechos elementales. Es más, he leído
todas las enmiendas —de la 55 a la 73— que presentó en el año
1997 el Grupo Parlamentario Popular al proyecto que envió el Gobierno del
Partido Popular a las Cámaras. Y al leer esas enmiendas —se lo he
comentado antes— he visto que todas eran enmiendas de estilo, que
ninguna era sustantiva, con lo cual había una coincidencia entre el
proyecto que mandó el Gobierno y el propio grupo parlamentario. Sin
embargo, desde el año 1997 a 2000 decayó. ¿Por qué? Porque, como se dice
en términos castizos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si
algo está funcionando bien con un procedimiento —uso las palabras
exactas que se usaron en la reunión del año 1994— breve, flexible y
garantizador —lo repito: breve, flexible y garantizador—, si
algo está funcionado así, ¿por qué tocarlo? Y añado algo más, que ya no
es una creación de todos los jueces de vigilancia sino una creación
doctrinal, que es la expresión: absoluta libertad de trámites. Se
pregunta al ministerio fiscal, que representa la legalidad en toda
España, se pregunta al penado, y en el mismo día se dicta un auto, que no
tiene que ser de cincuenta páginas, dos meses más tarde, para el propio
ego del que lo escribe —un producto artesanal elaborado—,
sino que el mismo día, con una o dos hojas se dicta el auto, que es
recurrible. Por lo tanto, así se está funcionando, y en general los que
están ahí no quieren cambiar este procedimiento. Y vamos a precisar un
poquito el concepto. El concepto de procedimiento es un cauce —en
términos canarios,









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una acequia; para usted, un cauce— donde hay una
secuencia ordenada de trámites que conducen a un fin, a un objetivo.


En la actualidad, en treinta y cuatro años, aquí, en este
ámbito de la vida de los españoles ¿ha habido ese procedimiento? Mi
respuesta es sí; sí ha habido ese procedimiento. ¿Qué ocurre? Que lo
propio en todo ámbito, sobre todo entre los juristas de formación digamos
continental —no entre los juristas de formación anglosajona, que se
basan menos en el sistema normativo y más en el precedente de cómo se ha
resuelto ese caso en otros supuestos—, lo propio, digo, de juristas
con una formación del sistema jurídico continental es que, si es uno
solo, por supuesto tiene muchas consultas; si son dos, imagínense las
consultas que hace; y si son cuarenta u ochenta, entonces la virguería de
bucles jurídicos es inmensa. Pero lo propio es que sea una especie de vis
expansiva, lo que usted planteaba antes; la expresión misma que usted
utilizaba me parece muy clara. Si todos los órdenes jurisdiccionales
tienen ese procedimiento en una ley, nosotros ¿por qué no? Yo eso lo
entiendo; es decir, a usted le parece que ese ámbito concreto tiene
suficiente entidad como para que merezca una ley orgánica que tenga ese
procedimiento. Y lo que yo trato de decirle son dos cosas. Primero, que
si está funcionando bien, no lo toque. Y, segundo, que ese procedimiento,
que esa manera de hacer las cosas ya es un procedimiento. No es necesario
que nos planteemos otra ley en la que pongamos lo que ahora se ha
conquistado o, según el andar de la perrita de este Ministerio de
Justicia, se haga otra cosa. Porque, claro, si usted me dijera: no, en
los proyectos básicos solo se busca el consenso; en los proyectos de más
contenido se trata de dialogar. Pero hay una confusión. Alguien que ha
sido alcalde y pasa por un lugar y ve que hay algo, ordena que se
arregle; si ha sido presidente y ve algo, también, pero, claro, en el
ámbito de la justicia no se puede hacer eso. Hay una confusión a la hora
de decidir, porque los jueces, los secretarios, los procuradores, los
abogados, los funcionarios en general, no funcionan así. Son ámbitos
distintos, todas no son exactamente personas sometidas a un principio de
jerarquía. Entonces, cuando se dice: así, y la gente que está en el lugar
tiene otro criterio, pasa lo que ha pasado. Si, por el contrario, en
lugar de esa concepción errónea se hubiese tenido otro concepto, como:
vamos a dialogar los asuntos básicos porque no son asuntos especialmente
ideológicos sino asuntos más de cómo hacer las cosas, más del cómo que
del qué, entonces yo le diría: mire, el andar de la perrita me inspira
confianza. Pero lo que usted plantea no es que llevemos a un
procedimiento lo que ya existe, que es breve, flexible y garantizador; lo
que está diciendo es: hagamos un procedimiento. Y mi pregunta es: ¿cuál?,
¿cómo?, ¿a qué le llama usted procedimiento? Ahí esta la duda. Si fuera
algo concreto, póngalo todo en un sitio, pero no es eso lo que contiene
la moción. Perdóneme, don Manuel, pero lo que contiene la moción no es
eso; lo que pretende es que se elabore una ley orgánica y un
procedimiento, porque si lo tienen otros órdenes jurisdiccionales, como
usted dijo antes, el laboral, el penal, etcétera, ¿por qué nosotros no?
Mi respuesta es: porque no existe un nosotros. Es lo que trato de
decirle. Porque el orden jurisdiccional que se aplica a la vigilancia
penitenciaria es el orden jurisdiccional penal, y por eso se aplican los
artículos 526 y otros de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es
otro orden distinto, es el orden jurisdiccional penal. No tiene entidad
ni identidad de un orden jurisdiccional distinto, sino que es el juez de
la ejecución de las penas.


Todas las sentencias del Constitucional, cuando hablan de
los jueces de vigilancia penitenciaria, siempre dicen que son una pieza
básica del sistema. No minusvalora la función del juez de vigilancia, la
valora muchísimo. Es el juez de la ejecución de las penas, es el juez
garantista. Yo he visto las expresiones que usted ha utilizado en la
moción. He visto también la exposición de motivos del texto del año 1977.
Es verdad, no es un censor, no es un inspector de servicios, es un juez
que tiene plenas facultades para el desarrollo de sus tareas, pero le
reitero que es parte del orden jurisdiccional penal. Y le digo más, en la
actualidad nadie plantea que tenga que haber una sesión especial del
tribunal superior, porque en la práctica real lo están haciendo las
audiencias; incluso las salas de lo civil y de lo penal en los tribunales
superiores donde no hay derecho foral, como usted sabe, son destinos
balneario. Donde hay derecho foral, hay trabajo en el derecho civil, pero
donde no hay derecho foral, las salas de lo civil y de lo penal son un
destino balneario.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.


El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.









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Es un balneario, por eso el razonamiento de fondo es que no
hace falta, porque hay un procedimiento breve, flexible y garantizador. Y
don Manuel, las cosas que funcionan bien, mejor no tocarlas. Esta es una
expresión del compañero Juan Alberto Belloch, no es mía, porque en la
reunión de todos los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista,
cuando yo estaba explicando ampliamente el asunto, le pregunté: Juan
Alberto, según tu experiencia, ¿cuál es tu opinión? Su expresión fue: Si
hay algo que está funcionando bien, mejor no tocarlo. En una frase
resumió un discurso mío larguísimo. Yo cojo su idea. Si algo está
funcionando bien, don Manuel, y ahí se está haciendo una magnífica labor,
mejor no tocarlo, por aquello de virgencita, virgencita, que me quede
como estoy.


Gracias, presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Díaz Tejera.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu
jauna.


Eskertzekoa da gure laguna eta batzordekidea den Altava
jaunak justiziari dagokion gai bat gaur hona ekartzea. Azkenean, guztiok
hemen bertan gauden guztiok dakigun moduan, Espainian justiziak duen
egoera agian ez da guztiok nahi genukeena, eta horren baitan erabakiak
hartu beharrean gaude.


Baina behin hori esan eta gero, momentu honetan eztabaidara
jartzen zaigun mozioa ez da guk esperoko genukeena edo lehenago aipatu
dudan helburuaren baitan gure ustetan lehenetsiko genukeena. Zergatik?
Momentu honetan, eta orain dela gutxi bilera bat izan genuen Justizia
Ministeritzarekin, bai Senatu eta bai Kongresuko justizia batzordeko
bozeramaileek. Horren baitan aipatu zen gutxi gorabehera zein diren
momentu honetan Ministeritzak dituen kezkak eta horren baitan, eta
lehenago Altava jaunak aipatu duen bezala, Zigor Kode Prozesala edo,
itzultzaileentzat, «Código Procesal Penal», Zigor Kode Prozesalaren
inguruan lehen testuak kaleratzen eta eztabaidan jartzen hasiak dira.
Baita ere, Altava jaunak bere esposizioan edo bere agerraldian komentatu
du orain arte nolabait Espainiako egoeran edo ordenamenduan bai egon dela
nolabaiteko praxi txar bat eta praxi txar hori izan da nolabaiteko
erreforma partzialak edo behin-behineko erreformak izan direla nagusitu
direnak. Edo, euskaraz edo erdarazko hizkuntza arruntean «partxeak»
jarrita funtzionatzen ibili garela. Eta aldi berean, mozioan bertan
aurkezten dena, izango litzateke bere zazpigarren paragrafoan orain arte
egon den ordenamenduan faltako litzatekeela nolabaiteko ordenamendu
prozesal osoaren globalizazio edo taldekatzea edo testu batean adieraztea
guzti hori.


Beraz, ez zaigu alde batetik momentu egokia iruditzen hori
gauzatu ahal izateko edo mozio hau aurrera atera ahal izateko. Baita ere
aldi berean ikusi beharra dagoelako oso eztabaida, ikusi den bezala, oso
eztabaida teknikoa dela, eta iruditzen zaigu lege baten eztabaidaren
baitan errazago, interesanteago eta sakonago izango dela gure
erreflexioa. Eta horrekin lotu nahi dut nire bigarren erreflexioa: ez
dela bakezko eztabaida bat, alegia, gai honekin ikusi den bezala,
eztabaida bat dago; alde batetik egon daiteke Altava jaunaren iritzia,
eta lehen aipatu dugun bezala bera izanik Espetxe Zaintzako epailea, bada
bere ikuspegia, eta guztiz ulergarria izan daiteke, baina bere ikuspegia
dauka, baina gero baita ere badago beste ikuspegi bat nolabait esaten
duena orain arte funtzionatu baldin badu, bada funtzionatu dezala, nahiz
ulertu gabeziak ere ikusten direla. Orduan kuestioa da gabezia horiek
ikusten baldin badira nola hobetu daitezkeen justizia atzeratu gabe,
kaltetu gabe eta guztiok onuradun atera gaitezen. Baina gure iritziz
onuradun atera ahal izateko, hori izango litzateke momentu honetan
aztertzen ari garen Zigor Kode Prozesalaren barruan kontenplatu beharreko
elementu bat.


Horregatik, ezezkoa bozkatu dugu, nahiz esan ados egon
gintezke erreflexioarekin. Iruditzen zaigu kronologikoki ez dela momentu
egokiena; ulertzen dugu eztabaida bat eman behar dela baina ez da ez
momentua eta gainera nik uste dut eta ulertu behar da, konplexua dela,
oso konplexua dela, eta bere konplexutasun osoarekin, bere momentua
bilatu behar zaiola eztabaidarako.


Eskerrik asko.









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Buenos días, señor presidente.


Es de agradecer que nuestro compañero de comisión, el señor
Altava, haya sacado a colación un asunto vinculado a la justicia, pues,
al fin y al cabo, todos los que estamos aquí sabemos que en España la
justicia no está en la situación que nosotros quisiéramos y, por ello,
tenemos que tomar algunas decisiones.


Dicho esto, en este momento se nos trae esta moción a
debate, y no es la moción que esperábamos o, teniendo en cuenta ese
objetivo del que les hablaba, no es la que deberíamos estar discutiendo.
¿Por qué? Porque hace poco tiempo en una reunión del Ministerio de
Justicia con miembros y portavoces de las comisiones de Justicia, tanto
del Congreso como del Senado, se habló a grandes rasgos de las
preocupaciones de dicho ministerio. Y, como nos decía el señor Altava,
respecto al código procesal penal hay algunos aspectos que ya se están
discutiendo actualmente. También el señor Altava en su exposición nos ha
comentado que hasta ahora en el ordenamiento jurídico español ha habido
una praxis equivocada, una praxis incorrecta. Esa praxis se ha dado por
una serie de reformas puntuales, concretamente jurisdiccionales, que
podrían calificarse como parches. Al mismo tiempo, en el párrafo séptimo
de la moción se pone de manifiesto que falta una especie de globalización
en el ordenamiento actual, algo que debería reflejarse en el texto.


Por lo tanto, no nos parece el momento adecuado para
materializar o sacar adelante esta moción. Al mismo tiempo, tenemos que
tener en cuenta que es un debate muy técnico y nos parece que sería más
fácil, más profundo y más interesante hacer esa reflexión en el debate de
una ley. Y quiero vincular esto con mi segunda reflexión. No se trata de
un debate corriente. Por una parte, tenemos la opinión del señor Altava,
que, como nos decía antes, ha sido juez de vigilancia penitenciaria, por
lo que tiene un punto de vista muy concreto, pero hay otros puntos de
vista posibles, por ejemplo, que como hasta ahora se ha funcionado así,
vamos a seguir igual, aunque tengamos en cuenta que tenemos una serie de
déficits. Porque si somos conscientes de que existen esos déficits,
tendremos que ver cómo funcionar sin retrasar la justicia, sin causar
perjuicios, para que todos nos beneficiemos, y para ello, desde nuestro
punto de vista, no deberíamos analizar esto de lo que estamos hablando
ahora mismo.


Por ello, vamos a votar en contra. Aunque estamos de
acuerdo con algunos puntos de esta reflexión, nos parece que
cronológicamente no estamos en el momento adecuado. Creemos que debemos
tener un debate, pero no es el momento. Nos parece un tema muy complejo,
por lo que, dentro de esa complejidad tenemos que encontrar el momento
adecuado para dicho debate.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.


Evidentment compartim el contingut de fons de la moció, és
a dir, que pensem que és necessari regular el procediment i delimitar les
competències dels jutges de vigilància penitenciària en relació amb els
tribunals sentenciadors. Tanmateix, em va causar sorpresa veure aquesta
moció perquè, com ha dit ja el portaveu del Partit Nacionalista Basc fa
escassament quinze dies, el propi ministre de Justícia ens va fer entrega
del codi processal penal que contempla en diversos articles, als articles
636, 648, 674, 676, una part de les argumentacions que el senyor Altava
feia. Per tant, ens trobem davant d’una proposta del ministeri de
què això es contempli en el si del codi processal penal i,
paral·lelament, amb una proposta del Partit Popular, que ens proposa una
llei específica per fer això. No sé si és un problema de descoordinació o
de contradicció. Des d’aquest punt de vista, nosaltres pensem que,
independentment, de que les coses hagin funcionat raonablement bé, poden
funcionar millor i, per tant, ens agradaria molt que en debat del codi
processal penal es milloressin i es donessin respostes a insuficiències
que el propis jutges de vigilància penitenciària, amb un document força
extens de 150 o 200 pàgines, plantegen solucions a problemes que
tenen.


Per tant, estem d’acord amb la necessitat que es
millori, es delimitin les competències i es reguli el procediment,
d’acord amb això. A més a més, cal tenir en compte que la moció no
diu quina és l’orientació, tot i que el senyor Altava en la seva
intervenció oral sí que ha dit amb quina orientació. Finalment, no té cap
sentit encarregar al govern que presenti un projecte de llei a les Corts
si ja el mateix ministeri de Justícia té un document de codi processal
penal on contempla









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aquests aspectes. Per tant, creiem que no té sentit la
moció i, des d’aquest punt de vista, tot i compartir el fons de la
qüestió, votaríem en contra de la moció que planteja el Grup Popular.


Gràcies, senyor president.


Gracias, señor presidente.


Compartimos el contenido de fondo de la moción, es decir,
pensamos que es necesario regular el procedimiento y delimitar las
competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria en relación con
los tribunales sentenciadores. Sin embargo, me sorprendió ver esta
moción, porque, como ya ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco, hace escasamente quince días el propio ministro de Justicia nos
entregó el código procesal penal que contempla en los artículos 636, 648,
674 y 676, una parte de los argumentos que apuntaba el señor Altava. Es
decir, nos encontramos frente a una propuesta del ministerio para que
esto se contemple en el seno del código penal procesal y, al mismo
tiempo, con una iniciativa del Partido Popular que nos propone una ley
específica para hacer esto. No sé si aquí hay una descoordinación o una
contradicción, pero, nosotros pensamos que, independientemente de que las
cosas hayan funcionado razonablemente bien, pueden funcionar mejor. Así
pues, nos gustaría mucho que en este debate del código procesal penal se
diera respuesta a problemas que los propios jueces plantean en un
documento extenso de 150 o 200 páginas.


Por tanto, estoy de acuerdo con la necesidad de que se
mejoren las competencias y se regule el procedimiento. Además, hay que
tener en cuenta que la moción no apunta nada sobre la orientación, aunque
el señor Altava sí la haya mencionado. Y, por último, no tiene sentido
pedir al Gobierno que presente una propuesta de ley a las Cortes si el
Ministerio de Justicia tiene un documento del código judicial penal en el
que ya se contemplan estos aspectos. Por ello, creemos que la moción no
tiene sentido y, aun compartiendo su fondo, vamos a votar en contra de la
moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.


La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente. Moltes gràcies, senyor president.


A nosaltres ens sorprèn una mica que el grup que dóna
suport al Govern hagi d’instar al Govern a fer res mitjançant una
moció, però en aquest cas nosaltres serem una mica l’opinió
contrària a la resta dels companys i donem la benvinguda a aquesta
moció.


Des del nostre punt de vista, resulta evident que la
legislació processal vigent en matèria penal necessita una profunda
avaluació per tal d’eliminar disfuncions en matèria de competències
i, en aquest cas concret, crear les atribucions correctes que, entenem,
en el moment actual no hi són, la qual cosa genera moltíssima confusió i
fins i tot pot generar indefensió a moltes persones.


Entenem que s’ha d’aprovar una nova Llei
d’enjudiciament criminal i nosaltres anem molt més enllà. No és
veritat que tinguem un esborrany del codi processal penal. Hem vist que
en el programa de reformes del Govern per a l’any 2013 ja hi ha
prevista una nova Llei d’enjudiciament criminal que nosaltres
aplaudim. Entenem que aquí seria potser també el lloc on visualitzar
aquests canvis perquè crec que hem d’anar molt més enllà i
modernitzar i, sobretot, agilitzar els tràmits processals en
l’àmbit penal, que és una matèria que afecta a drets fonamentals i,
per tant, no és pot retardar en el temps de forma innecessària.


Actualment, el nostre criteri és que existeixen massa
discordances en el moment processal en l’execució de les sentències
ja que la legislació actualment no és molt clara al respecte. Per tant,
amb tota aquesta argumentació, nosaltres votarem a favor d’aquesta
moció també perquè la moció no és molt extensa ni molt concreta quant a
la manera amb què s’ha de fer ni les mesures que es proposen. Per
això, perquè és molt general, crec que d’entrada hem de donar el
nostre suport a l’espera de veure què es presenta en el futur en el
Congrés i en aquesta Cambra i, aleshores, avaluar el contingut del que
proposi el govern i decidir si es dóna suport o no, si es fan aportacions
o no, etc.









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El que sí faria és un prec, al govern, i al Grup
Parlamentari: en els setze mesos de govern, en matèria de justícia, jo
crec que l’avaluació general és que el govern no ha estat capaç
d’arribar a consensos en matèria de justícia, ni amb la resta de
grups parlamentaris, ni amb els agents implicats, ni amb advocats, ni amb
les Comunitats Autònomes que tenen competències delegades en la matèria,
ni amb el poder judicial, ni amb el Ministeri Fiscal, etc. És evident que
hi ha un malestar en l’àmbit de la justícia en aquest sentit, i
vull demanar que és molt important no només parlar amb els grups
parlamentaris, sinó sobretot parlar amb els advocats, que són els que
estan seguint el dia a dia dels presos, que són els que estan seguint la
problemàtica del dia a dia que s’està vivint en aquesta
matèria.


Un cop fet aquest prec, vull demanar que legislin aquest
punt amb el màxim consens possible i reitero el meu suport a
l’espera de veure quin és el text que finalment presenten.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


A nosotros nos sorprende un tanto que el grupo que apoya al
Gobierno deba instarle a hacer lo que sea mediante una moción, pero en
este caso vamos a adoptar la opinión contraria a los demás compañeros y
vamos a dar la bienvenida a esta moción.


Desde nuestro punto de vista, es evidente que la
legislación existente en materia penal requiere de una profunda
evaluación para eliminar disfunciones en lo que se refiere a competencias
y, en este caso concreto, crear las atribuciones correctas, que no
existen en el momento actual y generan mucha confusión e incluso
indefensión a muchas personas.


Entendemos que debe aprobarse una nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal. No es cierto que tengamos un borrador. Hemos
visto que en el programa de reformas del Gobierno para el año 2013 está
prevista una nueva ley de enjuiciamiento criminal, algo que nosotros
aplaudimos. De hecho, nos parece que este sería el lugar para visualizar
estos cambios. Creo que tenemos que ir mucho más allá, modernizar y,
sobre todo, agilizar los trámites procesales en el ámbito penal, porque
es una materia que afecta a derechos fundamentales y, por lo tanto, no se
puede retrasar en el tiempo de forma innecesaria.


En la actualidad nuestro criterio es que existen demasiadas
discordancias en el momento procesal en la ejecución de las sentencias,
ya que la legislación actual no es muy clara al respecto. Por lo tanto,
conforme a toda esta argumentación, nosotros vamos a votar a favor de
esta moción. Y también lo hacemos porque consideramos que la moción no es
muy concreta a la hora de plantear medidas, es muy general, así que de
entrada debemos darle nuestro apoyo. No obstante, quedamos a la espera de
ver qué se presenta en el futuro en el Congreso y en esta Cámara; será en
ese momento cuando podremos evaluar el contenido de lo que propone el
Gobierno y cuando decidamos si lo apoyamos o no y si realizamos
aportaciones o no.


Pero sí me gustaría pedir algo al Gobierno y al grupo
parlamentario que lo sustenta. Tras dieciséis meses de Gobierno, la
evaluación general en materia de justicia es que el Gobierno no ha sido
capaz de llegar a consensos en materia de justicia, ni con los otros
grupos parlamentarios, ni con los agentes sociales implicados, ni con los
abogados, ni con las comunidades autónomas que tienen competencias
delegadas en la materia, ni con el Poder Judicial, ni con el Ministerio
Fiscal, etcétera. Es evidente que existe un malestar en el ámbito de la
justicia en este sentido. Por eso me gustaría pedirles diálogo, y no solo
con los grupos parlamentarios, sino también con los abogados, que son los
que siguen el día a día de los presos y conocen la problemática que día a
día se vive en relación con esta materia.


Una vez realizada esta petición, les pido que legislen este
punto con el mayor consenso posible. Reitero mi apoyo y quedo a la espera
de ver el texto final que van a presentar.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Parera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista y en turno de
portavoces, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.


La disyuntiva aquí está en si todo ha de tener una ley
orgánica específica. A mí me parece que la respuesta de un jurista
pragmático, no un jurista obsesivo con el sistema normativo para que









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todo tenga que tener una ley orgánica —por aquello de
aprender también de otros sistemas jurídicos, que algo, digo yo, nos
podrán enseñar, sobre todo en el caso del Reino Unido, que no ha tenido
experiencia alguna de convivencia con el fascismo ni aceptación del
fascismo de ninguna naturaleza, por eso cito este país—, sería la
de un conjunto de textos básicos, un conjunto de principios básicos y
luego confiar en cómo se interpretan y se aplican esos textos y
principios básicos a la cambiante realidad de la humana condición
viviendo en sociedad. Si esa humana condición es cambiante, si la
convivencia en sociedad es cambiante, es imposible preverlo todo en tipos
abstractos y constreñidos, de ahí que me parezca inteligente esa manera
flexible de ir adecuándolo: cómo se ha interpretado antes este supuesto
cuando un juez se ha visto en esta situación.


Francamente, si en el ámbito administrativo —porque a
veces la duda en los asuntos administrativos está entre la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal— a mí me preguntaran si prefiero un procedimiento breve,
flexible y garantizador con libertad de trámites, contestaría que por
supuesto. ¿Qué necesidad hay de que todo se tenga que ritualizar, que se
tenga que sentar esta parte y después se dé traslado al otro y al otro,
etcétera, y que las cosas se resuelvan dos meses más tarde con un auto de
cincuenta páginas en el que todos digamos: Oh, cuánto bucle, cuánto rizar
el rizo para vanidad del propio escribiente, que le hado mucho al corta y
pega?


Si a mí me preguntan qué prefiere usted, yo contesto: ¿Qué
cree usted que es mejor para garantizar los derechos del preso? Yo no
tengo experiencia como juez de vigilancia. He puesto muchas sentencias
mandando gente a la cárcel y luego visitaba el centro penitenciario para
ver cómo estaban aquellos que había metido en la cárcel. Sí conozco
centros penitenciarios como preso por haberlo sido durante la dictadura
franquista, y cómo se mide el tiempo cuando estás preso es muy distinto a
cómo se mide el tiempo cuando no lo estás, porque el que te den una
respuesta en el día es muy relevante cuando vas a cambiar de grado, o
para una licencia o un licenciamiento, o para una libertad; es muy
distinto a que te den la razón dos meses más tarde en un texto
magníficamente elaborado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Habría que preguntar a los miles y miles de internos que están en las
cárceles españolas que, por cierto, son de las que están más asignadas de
toda Europa, están en el primer lugar —y ahora no voy a debatir el
asunto sustantivo de la situación de las cárceles españolas ni los
informes que se han elaborado al respecto, y no por la Unión
Europea—. Por cierto, quiero decir que ayer en el debate se cometió
un error al decir que el Comité para la prevención de la tortura tiene
que ver con la Unión Europea, porque no es verdad; el Comité para la
prevención de la tortura es un órgano del Consejo de Europa y el Consejo
de Europa es una organización de cuarenta y siete países que trabajan en
torno a democracias parlamentarias, derechos humanos y Estados de
derecho, mientras que la Unión Europea es una criatura que nació por el
trabajo del Consejo de Europa, solo la integran veintisiete y es una
unión de integración, no es una unión de colaboración: derecho propio,
moneda, etcétera.


Pues bien, yo no estoy hablando en términos sustantivos del
sistema penitenciario ni sobre lo que planteaba en su intervención ahora
doña Eva Parera —la posibilidad de evaluar algunos centros
penitenciarios, por ejemplo la Modelo de Barcelona, o la situación de los
incomunicados o algunas experiencias de tortura que se han dado en algún
lugar incluso con condenas—, yo no estoy hablando de eso, no estoy
hablando en términos sustantivos, estoy hablando solamente en términos
procedimentales, en términos de forma. Entonces la pregunta es: ¿En el
mismo día y en una hoja para tomar una decisión y poder recurrir, o dos
meses más tarde y que te den la razón? Yo creo que en general los
internos y los presos, las propias familias, los profesionales que
trabajan en este ámbito prefieren que sea el mismo día. En definitiva,
breve, flexible y garantizador.


Don Manuel, si usted en la ponencia hubiese dicho que se
hiciera un texto donde se recogiera lo que ahora están haciendo —y
usted antes me corrigió, no son treinta dos, son treinta y cuatro
años—, lo que han estado haciendo durante treinta y cuatro años no
solo los jueces de vigilancia penitenciaria en primera instancia, sino
también los que confirman o revocan en segunda instancia, si eso que han
construido entre todos y que ha funcionado bien treinta y cuatro años
usted me lo hubiera puesto en un único papelito con la disposición
adicional quinta, etcétera, si usted eso lo hubiera puesto en la moción,
yo habría dicho: Aquí no hay un cheque en









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blanco, aquí se trata de poner en un texto lo que ya se ha
conquistado. Pero lo que ustedes plantean no es eso. Ustedes plantean que
se inste al Gobierno a presentar en las Cortes Generales un proyecto de
ley que regule el procedimiento ante los juzgados de vigilancia
penitenciaria. Respuesta: desde el artículo 652 al 703 ya está. Eso ya
está en el borrador del nuevo código procesal penal. Le digo más, en el
anterior borrador de código procesal penal del anterior Gobierno también
estaba. Entonces, si estaba en el anterior borrador —que
decayó—, si está en este, ¿qué tiene de nuevo esto? ¿Por qué razón
se plantea que algo no esté en el código, y sacar un texto distinto? ¿Por
qué?


Entiendo lo de la presión expansiva. Si otros órdenes
tienen su ley, los que trabajan ahí también quieren la suya. Pero es que
ya la tienen, que es la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, sobre
todo, el procedimiento que tienen en la actualidad lo han ido aquilatando
durante tres décadas y cuatro años y nadie cuestiona este procedimiento:
breve, flexible, garantizador y con libertad de trámites.


Si eso, en general, es algo positivo, no entiendo por qué
razón con ese código procesal penal, ya entregado a todos los grupos
parlamentarios, se plantea esto como algo ex novo, porque el propio
ministro ya ha indicado que prefiere la opción del código procesal penal.
Y usted sabe que le he indicado que he tenido la prudencia de llamar al
ministerio para preguntar cuál es el criterio que tienen. Y el criterio
es: no tenemos criterio todavía sobre ese asunto. En una situación así,
sinceramente, me parece vacuo plantearnos esto, porque ya está ese
borrador de código procesal penal. Si esto sirve para que hablemos de la
vigilancia penitenciaria, para que alabemos el trabajo de los jueces de
vigilancia penitenciaria, para que suscitemos el debate de la situación
de las cárceles españolas o para que evaluemos los informes que han hecho
algunos organismos europeos, bienvenido sea, no tengo inconveniente en
abordar ese debate; pero como quiera que usted no ha suscitado el debate
sustantivo ni el debate de contenido, sino que se ha planteado
exclusivamente el asunto del procedimiento, no quiero que el presidente
me diga que vaya a la cuestión, porque no hablamos de contenido sino solo
del cómo se hace. Y nuestra respuesta acerca de cómo se ha hecho en estos
treinta y cuatro años es que se ha hecho bien. Y si en treinta y cuatro
años se ha hecho bien, no quiero cambiar lo que está funcionando bien.
¿Por qué razón? Porque, si está funcionando bien, déjemoslo como está,
porque es muy posible que no lo mejoremos, incluso posiblemente lo
podamos empeorar, porque lo que ya es breve, flexible, garantizador y con
libertad absoluta de trámite se puede hacer de forma distinta.


Incluso, le pregunto, de los órdenes jurisdiccionales, cuál
es más breve, más flexible, más garantizador y tiene más libertad de
trámite que el procedimiento que tienen en la actualidad los jueces de
vigilancia penitenciaria. Ninguno. Hablemos del administrativo, hablemos
del laboral también si quiere. Pero si hablamos del laboral, le pido que
no confunda la forma flexible de conversación en el desarrollo de las
vistas laborales con el hecho de que se sienta una parte, se sienta la
otra, traslado a todas las partes y entregas después el escrito. Dígame
un orden procesal donde el penado pueda verbalmente decirle al juez:
mire, señoría… Un lenguaje simple en el que se deduzca la voluntad
impugnatoria, que es suficiente. No hace falta que se llame recurso de
reforma o recurso de apelación o recurso en queja. No, con que un ser
humano diga: Estoy en contra de esto o no me gusta esto, esa expresión
solo en el ámbito administrativo es un recurso administrativo; en el
ámbito de la vigilancia penitenciaria, ya es un recurso, porque se está
deduciendo de las expresiones que utiliza el penado que está en
desacuerdo con algo. Si está en desacuerdo con algo, eso ya es un
recurso, aunque no tenga la forma escrita. Verbalmente, se puede
conversar con el juez y decirle: Esto no me gusta o en esto estoy en
desacuerdo; eso ya es un recurso. Y se hace el auto: una hoja, un solo
día. Y es suficiente, porque el mecanismo sigue y tiene una respuesta
breve, ágil, en tiempo y garantizadora. Me parece suficiente.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Termino ya, señor presidente.


Casi me lo plantearía de forma distinta: ya me gustaría que
los otros órdenes jurisdiccionales cogieran el modelo que han construido
los jueces de vigilancia penitenciaria en treinta y cuatro años. Igual,
si eso se hiciera así, otro gallo nos cantaría en algunos órdenes
jurisdiccionales.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor
presidente.


Quiero agradecer a la senadora Parera, de Convergència i
Unió, el voto favorable de su grupo parlamentario con respecto a esta
moción. Además, creo que ha sido la única senadora que me ha entendido.
Lo que he planteado aquí es abrir el debate, y ahora tendré la
oportunidad de explicarlo.


Supongo que tanto el Grupo Socialista, como el Grupo
Parlamentario Vasco o como la Entesa votarán a favor el día que llegue a
esta Cámara el código procesal penal porque me han dicho que lo que
estamos pretendiendo regular ya está en el código procesal penal. En este
sentido, si están tan encantados con él, espero contar con el voto
favorable de sus respectivos grupos el día que el Grupo Popular lo
presente.


Si no reguláramos nada, no evolucionaríamos nada. La Ley de
Enjuiciamiento Civil es una gran ley, de 1881, y hasta el año 2000 no
hemos tenido otra, pero ¿por qué la tocamos si era tan buena ley? La Ley
de Enjuiciamiento Criminal, todavía vigente, es de 1882, ¿por qué la
tocamos? Porque han cambiado cosas.


La Ley Orgánica General Penitenciaria es de los albores de
la democracia, de 1979, ¿y en treinta y cuatro años no ha cambiado nada?
¿No han cambiado las cosas? ¿No creen que los internos del año 1979 eran
distintos a los que están en las prisiones hoy en día? ¿No creen que es
necesaria una actualización, una regulación nueva? He sido juez de
vigilancia penitenciaria y, como tal, les digo que sí, que se requiere
absolutamente. Otra cosa es cómo lo regulemos, pero es que no hemos
presentado aquí ningún texto legislativo. Ustedes me han hablado de lo
que se va a regular, a pesar de que no estamos abriendo ese debate; nos
limitamos a instar al Gobierno para que presente un proyecto de ley. Ahí
será cuando empecemos a debatir y a hablar sobre qué es lo que
queremos.


Siguiendo el orden de sus intervenciones, responderé en
primer lugar al senador Bildarratz. Me dice que no es la moción que
esperaban; pues bien, que hubieran presentado una alternativa, pero es
que no han presentado nada y no podemos debatir ningún texto. Si no
esperaban esta, que hubieran presentado una alternativa y, entonces,
estaríamos hablando de algún contenido sobre el que podríamos debatir y
dirimir alguna cuestión. Desconocemos qué moción les habría gustado que
hubiéramos presentado.


Dice que la praxis no es incorrecta, que ha demostrado que
ha funcionado durante treinta y cuatro años. ¡Faltaría más! Pero por la
bonhomía de los profesionales, de los abogados, de la Administración
penitenciaria, de procuradores y de jueces de vigilancia penitenciaria
que han ido llevando las cosas adelante. Sin embargo, les podría poner un
montón de ejemplos manifiestos.


Comentaba el senador Díaz Tejera que la petición de un
interno a un juez es un recurso; y eso no es un recurso, es una petición
o una queja. Si como interno solicito ser visitado por el médico y le
digo al juez en la visita al establecimiento penitenciario que lo he
solicitado y no me llevan, no es ningún recurso, es una petición y si el
juez no me resuelve esa petición ¿qué recurso cabe? Ninguno. Lo que pasa
es que el juez es buena gente, resuelve y pregunta a la Administración
penitenciaria por qué no lo revisan y, entonces, la Administración ha de
indicar cuáles son los motivos, etcétera. Es decir, que en el día a día
se plantean mil problemas y, señorías, no están resueltos. Hay
peticiones, hay quejas que no están resueltas y se deben regular. ¿Cómo?
Seguidamente se lo diré.


La Ley orgánica de Poder Judicial, de 1870, funcionó muy
bien hasta 1985, ciento quince años, ¿y por qué decidieron modificarla,
concretamente ustedes, durante un Gobierno del Partido Socialista? Si
había funcionado durante ciento quince años, ¿por qué no la dejaron?
Porque, lógicamente, habían cambiado muchas cosas en esos ciento quince
años en nuestra querida patria y, efectivamente, se requería una nueva
regulación. Pues bien, les aseguro que ocurre exactamente lo mismo con la
Ley Orgánica General Penitenciaria.


Comentaba el senador Bildarratz que no le parece el momento
adecuado, pero ¿cuál sería el momento adecuado para presentar esta
moción? El Gobierno del Partido Popular presentó una que no se llegó a
debatir e incluso yo, en la legislatura pasada, en la comisión que se
celebró el 24 de noviembre de 2010, presenté esta misma moción para su
debate, pero decayó porque no se llegó a plantear y ahora la hemos vuelto
a retomar. ¿Cuándo le parece que será el momento









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adecuado? Creo que al momento adecuado ya llegamos tarde,
porque fue hace muchos años y se debe regular.


Manifiesta que es un debate técnico, ¡y tanto que es un
debate técnico! Sin embargo, no es este el momento del debate técnico; lo
que les pido es la autorización para que el Gobierno traiga un proyecto
de ley en el que podamos debatirlo. Eso es lo que estoy queriendo decir.
¡Claro que llegará el debate técnico en el que podremos plasmar lo que
pensamos todos nosotros!, pero no estamos en ese íter procedimental.


El señor Saura me comentaba que el código procesal penal ya
está regulado en estos cincuenta y un artículos, y es verdad que viene
mucho más regulado de lo que está ahora. Yo ya se lo he manifestado;
veremos si usted vota a favor de ese código procesal penal ya que tan
bien le parece que se regule ahí lo atinente a los jueces de vigilancia
penitenciaria. El código procesal penal está en la línea y regula muchas
cuestiones, eso sí, atinentes a las penas privativas de libertad y de
medidas de seguridad, que es lo que le encarga la Ley Orgánica General
Penitenciaria. Pero muchas otras cuestiones que no tienen que ver con
esas penas privativas de libertad no vienen reguladas y, créanme, se
necesita esa regulación, es decir, ese regular lo negro sobre blanco.


No entiende que el Grupo Parlamentario Popular pida esto.
Pues, señoría, es que creemos que aquí estamos para trabajar, que el
Gobierno tiene la iniciativa legislativa, que el Congreso de los
Diputados también tiene iniciativa legislativa y que aquí, en el Senado,
también tenemos iniciativa legislativa. Por eso instamos a nuestro
Gobierno a que presente esta ley que creemos es necesaria.


El senador Díaz Tejera comentaba lo siguiente: Si algo está
funcionando bien, dejémoslo. Yo ya le he dicho: Haber dejado todas las
otras leyes longevas y centenarias que hemos modificado. Señoría, el
devenir legislativo es muy claro: vida, doctrina, derecho. Las cosas
ocurren en la vida, después la doctrina científica se dedica a hablar y a
escribir sobre ellas, y posteriormente el legislador las regula. Esa vida
ya la tenemos en el quehacer diario de los órganos jurisdiccionales de
vigilancia penitenciaria, en los centros penitenciarios, en las juntas de
tratamiento, en los equipos técnicos, en los psicólogos, en los
trabajadores sociales de los centros penitenciarios. Pero ese trabajar
diario tiene que regularse en una ley que lo formalice y concrete todo.
Pues no está hecho.


Decía Francis Bacon que la misión de los jueces es ius
dicere y no ius dare. Efectivamente, la misión de los jueces es
interpretar y aplicar la norma. Nosotros, como legisladores, somos los
que tenemos que darles esa norma a los jueces para que puedan
interpretarla y aplicarla. Y aquí esos jueces de vigilancia penitenciaria
no tienen norma.


Me comentaba el senador don Arcadio Díaz Tejera que las
preguntas que yo hacía se encuentran respondidas porque funcionan las
cosas. ¡Claro que se encuentran respondidas en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal supletoriamente porque no hay una norma que lo establezca! Si
no, ¿para qué tendríamos que regular también los aspectos matrimoniales,
por ejemplo, que son una especificidad dentro de lo civil? Dentro del
Código Civil las separaciones y los divorcios, sean de contencioso, de
mutuo acuerdo o como sean no haría falta que se regularan porque es un
tema civil, del mismo modo que este es un tema penal. ¡Si ya lo sabemos!
Pero no basta. Los aspectos matrimoniales son muy específicos y requieren
su propia legislación, del mismo modo que este es muy específico y les
aseguro que requiere su propia legislación.


No pretendo cambiar la ley. Fíjese en el tenor literal de
la moción. Lo que yo pretendo es plasmar negro sobre blanco aquello que
funciona, y hay muchas cosas que funcionan, es verdad. Lo que yo pretendo
es plasmar lo que ahora funciona en papel —y en su momento veremos
lo que hay que hacer—, en texto legislativo, para que sea de
obligado cumplimiento y para que los jueces no tengan que reunirse todos
los años o bianualmente, como se hace en ocasiones, para ir aprobando
esos criterios de actuación uniformadores de aquello que no está
regulado, y pregúntese al Consejo General del Poder Judicial y al
Ministerio de Justicia qué debemos hacer, quién tiene competencias para
esto, si el tribunal de instancia, el tribunal sentenciador o nosotros,
porque no está resuelto. ¡Si es que lo ponen de manifiesto! Así
evitaríamos que todas estas cosas se produjeran.


Por último, les aseguro que con la presentación de la
moción lo que pretendo es realzar la función del juez de vigilancia
penitenciaria, que se reconozca la gran tarea que se realiza por la









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Administración penitenciaria, por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias en los centros penitenciarios y por los
jueces de vigilancia penitenciaria, que son muy específicos dentro de ese
ordenamiento penal y, desde luego, se les debe reconocer ese texto
legislativo.


Yo les pediría que hicieran una nueva reflexión y que se
sumaran a abrir el debate de esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular para que reconocieran y entendieran que existe esa
necesidad pretendida por todos los órganos jurisdiccionales, y, por
supuesto, les pido su voto favorable.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.


LLamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 158; en contra, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA UNA EFECTIVA GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LA MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE
SUS PRESTACIONES.


(Núm. exp. 662/000080)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores
Mariscal e Iglesias. (Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.—
Pausa.)


Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Rumores.— Pausa.)


Señorías, no vamos a dar comienzo al debate de la moción
hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Pausa.)


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.


El Grupo Socialista trae al Pleno esta moción que pretende
que nuestro Sistema Nacional de Salud vuelva a ser universal, público,
gratuito y sin exclusiones, que garantice la igualdad, la equidad y la
cohesión en todo el territorio español, contando, como no podía ser de
otra forma, con la implicación de pacientes y profesionales, cuyos
cambios y mejoras deben encaminarse hacia su reforzamiento y no al
desmantelamiento, como está ocurriendo ahora.


Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo
referencia al caso de Adrián García, un joven de mi comunidad, la
Comunidad Valenciana, intervenido de una operación de rodilla. Tras la
operación le colocaron una prótesis que por orden de la Conselleria de
Sanidad se le retiró por no poder pagar 152 euros que costaba esa
prótesis. La última noche Adrián —y leo textualmente— la pasó
con fuertes dolores y calmantes. Él reconoce que el dolor no le viene por
la falta de prótesis, el dolor está en la cabeza, y explica: «La
Administración ha ordenado retirarme una prótesis que ya tenía colocada
por cuestiones económicas». Sí, señorías, eso está pasando en mi
comunidad, por cierto, gobernada por el Partido Popular desde hace más de
dieciocho años. Señorías, en mi comunidad tenemos circuito de Fórmula 1,
tenemos aeropuertos sin aviones, tenemos copa de vela, tenemos Ciudad de
la Luz en venta, y no tenemos 152 euros para un paciente que no puede, ni
él ni su familia, pagar una prótesis externa, una ortesis. Señorías,
lamentablemente hay muchos Adrianes en Valencia y en toda España. También
hemos tenido conocimiento de la muerte de un ciudadano senegalés en
Mallorca, que —según se ha conocido por los medios de
comunicación— no habría recibido la adecuada atención sanitaria por
el simple hecho de no tener una tarjeta, por









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el simple hecho de ser inmigrante. Al parecer, como les
decía, enfermo de tuberculosis, una enfermedad contagiosa y fácilmente
transmisible. ¿Se han preguntado cuántas personas han podido contraer la
enfermedad?


Empiezo así mi intervención porque las decisiones que se
toman en Sanidad, señorías, afectan a personas con nombres y apellidos, y
cuando hablamos de salud tenemos que hablar de humanización. Porque no se
pude hablar de una atención sanitaria de calidad y en condiciones si no
es una sanidad humana, y estos son dos casos muy concretos de
deshumanización de la sanidad. No podemos permitir bajo ningún concepto
que se produzcan situaciones como las que he descrito, porque son muy
ilustrativas de lo que está pasando, por desgracia, en nuestro país.


Hace un año que el Gobierno del Partido Popular, utilizando
el rodillo de sus votos, aprobó en solitario el Real Decreto-Ley 16/2012,
para garantizar la sostenibilidad y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones. El nombre en sí es una burla. El nombre es una burla a la
inteligencia de las personas, porque en realidad es un decreto de
recortes y desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud; un decreto sin
consenso social, ni político, ni científico. Les advertimos hace un año
que era un decreto injusto, que tendría graves consecuencias sobre la
salud de las personas, especialmente para las más vulnerables: nuestros
mayores, los enfermos crónicos, los que padecen enfermedades raras o
minoritarias; en definitiva, los grupos de población más enfermos y
dependientes. Y ustedes erre que erre en su error. Como decía Confucio:
quien comete un error y no lo corrige, comete otro aún mayor.


Les dijimos que era un decreto inmoral porque excluía de la
cobertura sanitaria a cientos de miles de personas, con grave riesgo para
la salud de esas personas, y, como les he dicho, para la salud de los
ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando estamos hablando de
enfermedades infectocontagiosas.


Como les decía, esta decisión, adoptada de manera
irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad, con graves
repercusiones tanto en la cohesión social de nuestro país como en la
salud pública.


Y hoy, transcurrido un año desde que se aprobó este real
decreto, podemos afirmar que constituye la mayor agresión a la sanidad
pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia y la mayor
agresión a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido
apartados del sistema o se han autoexcluido por falta de medios. Sí,
señorías, limitar el derecho a la salud a alguno de los colectivos más
vulnerables de la sociedad es una medida regresiva y discriminatoria,
implica romper uno de los principios básicos, uno de los principales
consensos que en los últimos veinticinco años han guiado la política
sanitaria de nuestro país, la universalidad de la atención sanitaria.
Hemos pasado de un sistema universal, como dijimos cuando hablamos de
este real decreto, a un sistema de aseguramiento, en algunos casos a un
sistema de beneficencia, que ya teníamos muy lejano en el tiempo en
nuestro país.


Por otro lado, es totalmente insólito que el Gobierno no
haya atendido el criterio de los profesionales. Todos los colectivos de
profesionales, sociedades científicas y ONG han manifestado que se trata
de una medida contraria al código deontológico médico, pues sitúa a los
profesionales ante un dilema ético al no poder asegurar la continuidad
del tratamiento y cuidado de sus pacientes.


Paradójicamente, y a pesar de la insistencia de la señora
ministra en definir como uno de los objetivos la homologación de las
prestaciones en el territorio nacional, el real decreto ha venido a
suponer un desequilibrio territorial importante, un claro retroceso. Hay
comunidades que cubren a los inmigrantes y otras no. Hay comunidades que
hacen eficaz el tope del copago farmacéutico y otras no. Se ha confirmado
lo que nuestro grupo y muchísimos sectores de nuestra sociedad les
habíamos anunciado. El nuevo copago farmacéutico está operando como un
elemento disuasorio en la adquisición de medicamentos para los
pensionistas, para los enfermos crónicos, para los pacientes con
enfermedades raras o minoritarias por la única razón de que en muchas
ocasiones no los pueden pagar.


Señorías, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, hay más
de 100 000 pensionistas a los que no se les ha devuelto el dinero que
adelantaron a la conselleria desde hace más de ocho meses. Es decir, los
pensionistas de mi comunidad están realizando un préstamo, están
financiando a la Generalitat valenciana. Realmente, esto es indignante.
Realmente, esto es intolerable. Cuando en otras comunidades —y
citaré a la comunidad andaluza porque sé que los senadores y senadoras
del Grupo Popular valoran mucho la política sanitaria de la Junta de









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Andalucía— si un pensionista llega al tope de los
ocho o dieciocho euros ya no tiene que pagar más. Miren si hay
diferencias entre unas comunidades gobernadas por el Partido Popular y
otras gobernadas por el Partido Socialista.


Al copago farmacéutico tenemos que añadir el medicamentazo,
con la exclusión de más de cuatrocientos medicamentos que tienen eficacia
porque los recetan los médicos, eso sí, los receta el médico pero el
enfermo los tiene que pagar. Y en contra de lo que afirmó la ministra,
han aumentado el precio como media más del 50%; algunos, como la
cloperastina, por poner un ejemplo, un medicamento para la tos, ha
aumentado el 189%, o la acetilcisteína, un mucolítico, cuyo aumento es
del 122%. Señorías, todos y todas los que estamos aquí, cuando tenemos
tos nos compramos un jarabe. Nosotros lo podremos pagar, pero muchos
ciudadanos y ciudadanas no se pueden permitir para ellos el lujo de
comprarse ni tan siquiera un jarabe para la tos. (Aplausos.)


Les podría poner muchos ejemplos de lo que sucede en la
vida cotidiana, de lo que está pasando en la calle, de lo que ustedes no
quieren ver, de lo que a la señora ministra no le consta, no sabe, no
contesta, pero les voy a poner uno que me afecta personalmente: yo
utilizo un colirio que vale 6 euros y que dura una semana; pues bien, al
mes, son 24 euros, simplemente un colirio. Yo lo puedo pagar, y ustedes
también, pero mucha gente no puede pagar ni un colirio. Esa es la
realidad de lo que está pasando en nuestro país, les guste o no.


Señorías, la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública ha emitido un informe en el que refieren que el 16,8%
de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento. El resultado es
que por unas razones u otras los enfermos en general y los pensionistas
en particular deben optar por adquirir unos u otros medicamentos sobre la
base de un único criterio: su precio y su capacidad para poder
comprarlos.


Así, cuando el ministerio anuncia los datos del ahorro
farmacéutico que ha supuesto esta medida realmente es una tomadura de
pelo porque pretende que ignoremos que en realidad lo que se ha hecho es
trasvasar el gasto al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, incluso
poniendo en riesgo su salud. Como les parecía poco el copago farmacéutico
y el medicamentazo, también han implantado el copago en el transporte
sanitario no urgente, en material ortoprotésico, en la dietoterapia,
etcétera. Es gravísimo, señorías, porque todo esto lo prescribe un
profesional, y no se utiliza por capricho; son enfermos oncológicos, con
cáncer, que tienen que recibir un tratamiento de quimioterapia o de
radioterapia, o enfermos que deben recibir un tratamiento de
hemodiálisis, etcétera. Señorías, lo que está pasando es realmente
intolerable. Pronto nos cobrarán hasta por respirar; sí, sí, por
respirar, porque ya hay restricciones e incluso problemas con la
oxigenoterapia.


El argumento de la ministra y de los senadores y senadoras
del Grupo Parlamentario Popular es la herencia recibida. Llevamos un año
oyendo la misma cantinela: que han tenido que hacer estas reformas que no
querían porque son muy duras, la cantinela de los 16 000 millones de
euros. Señorías, ya está bien.


Todos sabemos que son razones ideológicas las de ese real
decreto ley, porque la realidad es que solamente en el año 2012 ya había
una deuda acumulada de más de 8000 millones de euros, en un año de
Gobierno del Partido Popular, el 56% de la deuda acumulada en los cinco
años anteriores. Por tanto, ya está bien. Y, por cierto, a las farmacias
de la Comunidad Valenciana les deben 480 millones de euros, ya ha habido
huelgas y vamos a continuar con ellas si no se les paga.


Hasta el informe del Defensor del Pueblo les pone la cara
roja porque dice que las quejas recibidas en sanidad se han multiplicado
por tres en el año 2012, y que hay un punto de inflexión en las quejas.
Antes los ciudadanos hablaban de calidad y de excelencia y ahora todas
las quejas se refieren a los copagos y a la falta o dificultad de acceso
a determinadas prestaciones.


Señorías, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a
esta moción porque hoy es más oportuna que nunca. La moción es muy clara,
pretende la derogación del Real Decreto 16/2012. Y hay algo que considero
muy importante, y es que nos sentemos en el seno de la Comisión de
Sanidad, con amplia participación de expertos, de profesionales y de
políticos y decidamos qué medidas hemos de adoptar para que nuestro
sistema sanitario continúe siendo público, universal, de calidad, sin
recortes y que no merme el derecho a la salud de todos los españoles y
españolas.


Por eso, señorías, si de verdad creen en la sanidad
pública, les pido que aprueben esta moción, porque los ciudadanos y
ciudadanas se lo agradecerán; no el Grupo Parlamentario









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Socialista, que es el que ha propuesto esta moción. La
hemos presentado porque es el sentir de la calle, el sentir de los miles
y miles de ciudadanos que les están diciendo que esto no puede continuar
así.


Muchísimas gracias. Espero contar con su voto a favor.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Llinares.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Vamos a respaldar la moción a la que hemos formulado una
enmienda que entendemos que completa el texto planteado. Respaldaremos la
moción porque compartimos la necesidad de dar respuesta a la quiebra del
principio de universalidad en la asistencia sanitaria y porque rechazamos
las fórmulas de copago.


Ayer hablábamos en el debate de otra moción del incremento
de las desigualdades, y en esta materia también podemos seguir abundando,
vinculándolo todo a una reflexión sobre la curiosa paradoja, fruto de la
contradicción en la que se mueve el planteamiento ideológico del Partido
Popular a la hora de articular una política global para todo el Estado.
Ayer decíamos que se incrementaban las desigualdades entre los
favorecidos y los desfavorecidos, que se producían desigualdades dentro
de los desfavorecidos según el territorio en el que se asentaban, y lo
mismo podemos decir respecto de la asistencia sanitaria. La quiebra del
principio de universalidad como marco se ha producido en la norma
aprobada por el Gobierno de la nación, pero ha tenido traducciones
diferentes en las comunidades autónomas en relación con aquellas que han
buscado mecanismos alternativos para soslayar esta ruptura. También a
nivel personal, la declaración de insumisión de algunos profesionales
médicos, incluso en aquellas comunidades autónomas en las que se asumía
la quiebra del principio de universalidad, ha dado lugar a tratamiento
desigual.


El Partido Popular, desde una perspectiva ideológica,
pretende amoldar el Estado de las Autonomías —y utilizo un término
deliberadamente ligh— en un proceso de recentralización que resulta
más ajustado a sus valores y principios ideológicos, pero la paradoja y
la contradicción se da cuando en la búsqueda de ese proceso de
recentralización se renuncia a utilizar aquellos mecanismos o
instrumentos que están en manos del poder central para garantizar
tratamiento homogéneo al conjunto de los ciudadanos, vivan en la
comunidad autónoma en la que vivan. Ayer lo veíamos en relación con los
servicios sociales y hoy lo podemos ver en materia sanitaria.


Digamos que dentro de esta contradicción ideológica o de
esta paradoja obviamente priman los aspectos más directamente
relacionados con la economía, con la alternativa al Estado de bienestar,
frente a aquellos que buscan perfilar un nuevo modelo de Estado. Por eso
hemos presentado la enmienda, para intentar corregir la renuncia del
Gobierno de la nación a jugar el papel de garantía de derechos, de
garantía de mínimos de atención en todas las comunidades autónomas; busca
que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado precisamente en
torno a aquella partida presupuestaria que tenía como finalidad que la
Administración central articulara iniciativas que fueran garantía
suficiente de homogeneidad en la atención sanitaria: el fondo de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud. Porque el Estado no puede
renunciar a esa función de ser garante —en materia sanitaria
tampoco— de una atención con mínimos homogéneos en el conjunto de
las comunidades autónomas, menos aún cuando a esas comunidades autónomas
se les está empujando a realizar ajustes y recortes que tienen traducción
inmediata en materia de asistencia sanitaria. No vale la excusa
—que yo he escuchado de forma directa de algún responsable
gubernamental— de que el nuevo modelo de financiación debe proveer
a las comunidades autónomas de recursos suficientes para garantizar la
financiación de forma adecuada de las competencias que les han sido
transferidas, porque eso es falso.


Los problemas del sistema sanitario empezaron ya en el
momento de las transferencias de las competencias sanitarias, cuando se
realizó una cicatera valoración de las mismas por el Gobierno responsable
entonces de ellas. A partir de ahí, de que la valoración de esas
transferencias sanitarias fue insuficiente para el coste real, empezó a
padecer las crujías el sistema público de sanidad.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.









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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Concluyo, señor
presidente.


Cuando se superó la fase de la financiación —a partir
de la valoración de las competencias— y se fue hacia un sistema
general de financiación, tampoco se consiguió el resultado de garantizar
los recursos suficientes. Por eso estamos ahora, en plena crisis,
debatiendo la necesidad de un nuevo modelo de financiación
autonómica.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra la senadora Llinares para indicar si
acepta o no la enmienda.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.


Simplemente quiero decir que nos parece oportuna la
enmienda, que la vamos a aceptar y que mejora el texto.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


¿Turno en contra? (Denegaciones.)


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hay intervención.


¿Grupo Parlamentario Vasco?


Senador Cazalis, tiene la palabra.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatariok. Egun on,
presidente jauna.


Yo quiero hacer un par de reflexiones a los dos puntos que
contiene la moción, pero primero quiero hacer un recordatorio. Yo
recuerdo que la primera intervención que tuve en esta Cámara respecto a
este tema fue por una iniciativa del senador Lertxundi, y se habló de la
tuberculosis. Aquí hubo una especie de carcajada, que a mí personalmente
me sentó muy mal. Yo no soy tisiólogo, y no hay tisiólogos ya en este
país gracias a Dios. No había tisiólogos en este país, pero estaba claro
que si sacábamos del Sistema Nacional de Salud a aquellos pacientes que
podían tener enfermedades que no podíamos controlar —porque venían
de otros países— esto iba a suceder. Y ha sucedido con la
tuberculosis y esperemos que no suceda con otro tipo de enfermedades para
las que no estaríamos ni preparados, lo cual, a lo mejor, supone que
tengamos que volver a recuperar la especialidad de tisiología, que ya no
existe en este país hace muchísimos años.


Ayer nosotros decíamos que, según la OCDE, la manera óptima
de mejorar las situaciones de desigualdad y de aumentar la cohesión
social era precisamente —y es una de las recomendaciones que hacía
la OCDE— mantener los servicios públicos gratuitos y de calidad
—en este caso, la sanidad—. Y creemos que el Real Decreto Ley
16/2012 va un poco en contra de este criterio y además de forma injusta
en el caso de la sanidad de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad
Foral de Navarra, y pone en peligro lo que hemos conseguido con el
esfuerzo de muchos años: mantener una sociedad más cohesionada, más
equilibrada, y, por lo tanto, también tener unas ciertas fortalezas
frente a los momentos terribles como los que estamos viviendo. Y digo de
forma injusta porque se nos han impuesto el euro por receta y otros
copagos.


Yo quiero recordar que en 2011 la deuda de la sanidad
pública del Estado español era de 16 000 millones de euros, y de esos 16
000 millones de euros, 80 millones de euros correspondían a la sanidad
vasca y 50 millones de euros correspondían a la sanidad navarra. Por lo
tanto, evidentemente, los 80 millones —de los 16 000
millones— no creo que fueran los grandes responsables del desfase
que había en la sanidad, y tenemos que aplicar por decreto y por
sentencia del Tribunal Constitucional —un tribunal que ya todo el
mundo cuestiona como tribunal jurisdiccional, porque es un tribunal
político— el euro por receta y el resto de copagos. Esto pone en
riesgo el statu quo que tenemos, además ha supuesto una invasión
competencial terrible porque la Comunidad Autónoma Vasca, como otras
comunidades autónomas, tiene competencias exclusivas en sanidad. Por lo
tanto, nos invaden las competencias, nos mueven el statu quo y encima no
sirve para solucionar problemas. Porque estamos teniendo problemas con la
tuberculosis, pero también hemos tenido problemas con el tratamiento del
sida de enfermos









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extranjeros que venían de otras comunidades, porque ha
habido una avalancha —creo que ya está solucionado, pero no estoy
seguro, todavía tenemos que ver las cifras—. Eso en cuanto al punto
1. Por lo tanto, nosotros hemos estado y estamos de acuerdo con que el
Real Decreto 16/ 2012 no soluciona el problema. No sirve exactamente para
lo que se dice que servía, para mejorar la sostenibilidad del sistema de
salud.


Le diré en cuanto al punto 2, senadora Llinares, que, en
nuestro caso, quienes tienen que hacer esta reflexión son las
instituciones vascas, precisamente porque tenemos competencias plenas en
este sentido. Cuente con nosotros, usted y el Gobierno y todo aquel que
quiera, con el apoyo de nuestro grupo, para, a través de la Comisión de
Sanidad de esta Cámara o en cualquier otro foro, hablar de la reforma de
la sanidad en serio, en serio y sin apriorismos de ninguna clase, o sea,
planteándonos reformar lo que haga falta para poner la salud del
paciente, la salud de los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el centro
de la discusión. Habríamos de definir qué servicios y terapias tenemos
que ofrecer y cuál es el mejor sistema de gestión, sin ningún tipo de
apriorismo, para llevar a cabo de la mejor manera posible, de la manera
más adecuada y de la manera más sostenible y económica, evidentemente,
todo eso que podemos diseñar como servicios. Porque, al final, nos
podemos encontrar de nuevo discutiendo las políticas más convenientes
para la administración, para el sector y para los profesionales cuando en
realidad lo que tenemos que discutir es cómo mantenemos en el mejor
estado de salud posible a los ciudadanos, sea como sea, y en algunos
casos tendrá que ser de una manera y en otros de otra, pero ni todo lo
público con personal estatutario es maravilloso ni todo lo privado, lo
subcontratado es malo. Hay que buscar el sistema equilibrado, y en eso
nosotros también estaremos. Por lo tanto, senadora Llinares, le anuncio
que vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Crec que a ningú li sorprendrà la posició que defensaré. El
meu grup, des del primer moment, ha estat en contra del reial decret.
Nosaltres el que ens proposem aquesta legislatura és parlar de persones i
parlar de drets. Persones que pateixen les seves polítiques i drets que
algunes d’aquestes persones estan perdent.


Començaré pel dret a l’assistència sanitària, que ens
va canviar a tots amb l’entrada en vigor del reial decret de què es
parla a aquesta sessió: el Reial Decret 16/2012. Aquest reial decret va
ser una sorpresa, bàsicament perquè com vostès recorden es va anunciar
deu dies després que s’haguessin retallat uns pressupostos, els
primers pressupostos que aprovava el Partit Popular, un 7% les partides
sanitàries i aleshores es va anunciar una retallada de 7 000 milions més
que venia estipulada per aquest reial decret, que es va aprovar a
l’abril.


En aquest decret, el primer que ens va deixar a tots
bocabadats, va ser que per primera vegada canviaven el que era el sistema
sanitari, tal com l’havíem entès fins ara: universal, gratuït i
accés a tots els ciutadans. I ho canviaven perquè passava senzillament a
ser un sistema per aquelles persones que havien estat assegurades, és a
dir, que havien cotitzat a la Seguretat Social. Això va general molt en
renou, entre d’altres coses perquè en el primer Reial decret que va
sortir, no hi havia inclosos ni els majors de 26 anys, ni les dones
divorciades, ni, per suposat, els ciutadans en situació irregular, els
immigrants en situació irregular. Això va fer que tinguessin que polir
tots aquests serrells amb diversos documents i que finalment ho anessin
adreçant a mesura que sortia una notícia en la premsa, el que demostrava
que vostès s’havien precipitat a prendre aquestes mesures sense
analitzar quines conseqüències tenia.


Però no només es va acabar aquí, si no que el reial decret
tenia moltes més sorpreses, i una d’elles va ser el copagament
farmacèutic per part dels pensionistes. Vostès van explicar que era una
qüestió de progressivitat. No s’han cansat d’explicar-nos a
tots i de dir-nos que la progressivitat es manté perquè aquell
pensionista que te una bona pensió cotitza els seus medicaments, i, en
canvi, un aturat no paga els seus medicament. Però això no és ben bé
veritat. És ben fàcil, només han d’anar a les farmàcies i preguntar
què passa si vostè està aturat. Doncs que el farmacèutic mira
l’ordenador i la renda que li consta és la de fa dos anys. Fa dos
anys, de 6 milions d’aturats,









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hi havia molts que afortunadament tenien feina. Per tant,
en una primera instància han de pagar els seus medicaments, i si volen
deixar de pagar-los han de fer una peripècia que, depenent de la
comunitat, porta de vegades més mesos o menys mesos. Això d’una
banda, perquè vostès van decidir que amb aquesta progressivitat la
sanitat seria més justa i equitativa, i els ciutadans que poguessin
serien aquells que tinguessin més diners, però no és així, i en qüestió
de farmàcia, aquell ciutadà que paga és aquell que està més malalt.


També en aquesta caixa de sorpreses ens van dir que les
pròtesis —com acaba d’explicar molt bé en un exemple la
senadora Llinares— a partir d’ara s’haurien de copagar.
També els transports sanitaris per anar a fer diàlisis, també els
transports sanitaris per anar de l’hospital a casa, per rebre depèn
de quins tractaments. Tot això que vostès van considerar que era una
qüestió progressiva i que realment eren molts pocs diners, aquells que la
gent havia d’aportar, ha acabat sent un gran trencament de
l’equitat del nostre sistema sanitari, i, malauradament, avui la
senadora Llinares ens ha portat dos exemples: un exemple d’un
ciutadà que no tenia dret a una pròtesis, i un exemple d’un altre
ciutadà —un immigrant en aquest cas— que tenia —com
molt bé ha explicat— una malaltia que ha acabat sent terminal.


I, a més a més, aquest reial decret no respectava les
competències de les comunitats autònomes. Ja ho va dir el Consell de
Garanties Estatutàries, que és el què en matèria de competències fixa
l’Estatut de Catalunya, va dir que aquest Decret realment se
saltava competències que ja estaven fixades en el nostre Estatut. Sempre
ens ha sorprès per què Convergència i Unió no va portar aquest recurs al
Tribunal Constitucional, com sí va fer Andalusia o Astúries, i van ser
acceptats pel Tribunal Constitucional. Però independentment d’això,
van fer una cosa pitjor, i és que van estrènyer més les comunitats
autònomes perquè tinguessin més dificultats en recursos i, per tant, amb
la prestació sanitària.


L’any passat, si vostès ho recorden, no van compartir
ni el punt del dèficit que el Govern va tenir de marge, que li va donar
la Comunitat Europea. Moltes vegades jo crec que vostès consideren que
per fer sostenible un sistema sanitari públic el que cal és retallar-lo.
Jo no hi estic d’acord. Ni el meu Grup tampoc. I sí que comparteixo
amb el senador del PNV, que el que hem de fer és que sigui un sistema més
eficient, però això no vol dir retallar drets, com vostès han estat fent.
A Catalunya, com saben, jo no estic d’acord amb la política
sanitària que s’està duent a terme, però sí que he de reconèixer
que el conseller Boi Ruiz diu la veritat —una veritat que de
vegades a mi no m’agrada. Una veritat que de vegades li causa
problemes, però diu la veritat.. I darrerament en un esmorzar va dir: Amb
les retallades que hem aplicat s’han lesionat interessos dels
professionals. Evidentment, dinou hospitals catalans han hagut de fer un
ERE. Hi ha hagut una devaluació interna del sistema i els ciutadans han
hagut de fer sacrificis, com l’augment de la llista d’espera.
Doncs, de la mateixa manera que quan el senyor Boi Ruiz també en una
entrevista també va dir prefereixo una tassa per visita que augmentar els
impostos, també deia la veritat, ara també ha dit la veritat. Ha
reconegut que les seves polítiques han tingut unes conseqüències i això
l’honora perquè encara la ministra ni ningú de vostès ha sortit
aquí a reconèixer que aquestes polítiques tenen conseqüències i que de
vegades aquestes conseqüències potser no són les que vostès esperaven,
però són les que hi ha.


Deixi’m, per anar tancant la meva intervenció
recordar-los que el darrer CIS de l’abril ens torna a dir quines
són les preocupacions dels ciutadans del nostre país, en global la
sanitat ha passat a la cinquena posició. Malauradament l’atur
encapçala aquesta llista, els problemes econòmics, la corrupció, és el
segon problema per als espanyols, i la política general és el quart
problema per als espanyols. Però quan els hi pregunten quins problemes li
afecten a vostè personalment, en el seu dia a dia, tornem a tenir la
sanitat en tercer lloc.


I quan els hi deia que jo volia parlar de persones i de
drets, era per fer la reflexió de què cada vegada que vostès fan un
Decret Llei afecta directament a les persones, a totes les persones, les
que coneixem i aquelles que no coneixem —les invisibles—. I
alguns d’aquests decrets, seria bo que els rectifiquessin, perquè
de vegades la gent s’equivoca, i en aquest cas, jo i el meu Grup
considera, que vostès es van equivocar passant d’un sistema
universal com el que teníem, que garantia moltíssim la sanitat i la salut
pública per la majoria dels ciutadans, a un sistema on cada cop anirem
trobant que les desigualtats es van engrandint.









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Diuen els estudiosos que els sistemes que inverteixen en
sistemes públics tenen societats més igualitàries. Nosaltres estem
convençuts d’això i per tant sempre treballarem per què les
persones sempre puguin tenir els màxims drets.


Per tant, el grup de l’Entesa donarà suport a aquesta
moció.


Moltes gràcies.


Creo que a nadie le va a sorprender la posición que voy a
defender. Mi grupo desde el primer momento ha tenido una posición en
contra del real decreto. Nosotros nos proponemos en esta legislatura
hablar de personas y de derechos, de personas que sufren sus políticas y
de derechos que algunas de estas personas están perdiendo.


Voy a empezar por el derecho a la asistencia sanitaria que
nos cambió a todos con la entrada en vigor del real decreto del que
hablamos en esta sesión, el Real Decreto 16/2012. Este real decreto fue
una sorpresa, básicamente porque, como ustedes recuerdan, fue anunciado
diez días después de que se hubieran recortado los primeros presupuestos
aprobados por el Partido Popular un 7% en las partidas sanitarias. En
aquel entonces se anunció un recorte de 7000 millones más, estipulado por
este real decreto aprobado en el mes de abril.


De este decreto, lo primero que nos dejó a todos con la
boca abierta fue que por primera vez cambiaban el sistema sanitario tal y
como lo habíamos entendido hasta ahora: universal, gratuito y de acceso a
todos los ciudadanos; lo cambiaban porque pasaba a ser sencillamente un
sistema para aquellas personas que estaban aseguradas, es decir, que
habían cotizado a la Seguridad Social. Esto generó realmente una
conmoción, porque en el primer decreto no quedaban incluidos ni los
mayores de 26 años ni las mujeres divorciadas ni los ciudadanos en
situación irregular, los inmigrantes en situación irregular. Esto hizo
que tuvieran que pulir todos estos flecos en distintos documentos y que,
al final, fueran organizándolo a medida que aparecía esto en la prensa,
lo que demostraba que se habían precipitado a la hora de tomar estas
medidas sin analizar cuáles serían las consecuencias que tendría.


Esto no acabó así, sino que el real decreto tenía muchas
más sorpresas, una de las cuales fue el copago farmacéutico por parte de
los pensionistas. Ustedes explicaron que se trataba de una cuestión de
progresividad; no se han cansado de explicarnos a todos que la
progresividad se mantiene porque el pensionista que goza de una buena
pensión puede acceder a esos medicamentos y una persona en el desempleo
no paga esos medicamentos. Pero no es verdad, vayan a las farmacias y
pregunten qué sucede si usted está parado. Pues se analiza en el
ordenador y la renta que aparece es la de hace dos años; hace dos años,
de esos 6 millones de parados, por suerte muchos tenían trabajo. Es
decir, que en una primera instancia tienen que pagar sus medicamentos, y
si quieren dejar de pagarlos tienen que realizar una pericia, que, según
la comunidad, puede tardar más o menos meses. Esto por un lado. Porque
ustedes pensaron que con esta progresividad la sanidad sería más justa y
equitativa, y los ciudadanos que pagarían serían aquellos que tuvieran
más dinero. Pero no es así, y en la farmacia el ciudadano que paga es
aquel que está más enfermo.


También en esta caja llena de sorpresas nos dijeron que las
prótesis —como nos acaba de explicar muy bien con un ejemplo la
senadora Llinares— a partir de ese momento iban a tener que
copagarse, así como los transportes sanitarios para realizar diálisis,
los transportes sanitarios para trayectos del hospital a casa, para
recibir determinados tratamientos. Todo esto que ustedes consideraron que
era algo progresivo y que en realidad sería poco el dinero que tendría
que aportar la ciudadanía ha acabado siendo una ruptura de la equidad de
nuestro sistema sanitario. Y hoy la senadora Llinares nos ha traído dos
ejemplos, desgraciadamente: uno de un ciudadano que no tenía derecho a
una prótesis y otro de otro ciudadano —en este caso un
inmigrante— que tenía —como muy bien ha explicado— una
enfermedad que ha acabado siendo terminal.


Además este real decreto no respetaba las competencias de
las comunidades autónomas, y así lo dijo el Consejo de Garantías
Estatutarias, que es el que en materia de competencias fija el Estatuto
de Cataluña. Dijo que este decreto se saltaba competencias que ya habían
sido fijadas en nuestro estatuto. Siempre nos ha sorprendido por qué
Convergència i Unió no llevó este recurso al Tribunal Constitucional,
como sí hicieron Andalucía o Asturias y fueron aceptados por el Tribunal
Constitucional. Pero, independientemente de este punto, hicieron algo
peor, y es que apretaron









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aún más a las comunidades autónomas para que tuvieran más
dificultades en recursos y, por lo tanto, en la prestación sanitaria.


Si se acuerdan ustedes, el año pasado no compartimos el
punto del margen del déficit del Gobierno que le dio la Unión
Europea.


Muchas veces ustedes consideran que para hacer sostenible
un sistema sanitario público lo que debe hacerse es recortar ese sistema.
Yo no estoy de acuerdo, ni mi grupo, y sí comparto con el senador del PNV
que lo que debemos hacer es lograr que sea un sistema más eficiente. Pero
esto no significa recortar derechos como ustedes han venido haciendo.
Como saben, yo no estoy de acuerdo con la política sanitaria que se está
llevando a cabo en Cataluña, pero debo reconocer que el conseller Boi
Ruiz dice la verdad —una verdad que a veces a mí no me gusta, una
verdad que a veces le genera problemas, pero dice la verdad—. Hace
poco, en un desayuno dijo: Con los recortes que hemos aplicado se han
lesionado intereses de los profesionales. Evidentemente, diecinueve
hospitales catalanes han tenido que realizar un ERE, ha habido una
devaluación interna del sistema y los ciudadanos han tenido que realizar
sacrificios como el aumento de las listas de espera. Cuando el señor Boi
Ruiz en una entrevista dijo que prefería una tasa por visita que aumentar
los impuestos estaba diciendo la verdad, y ahora lo ha vuelto a decir: ha
reconocido que sus políticas han tenido unas consecuencias. Esto le
honra, porque ni la ministra ni nadie de ustedes ha salido aquí a
reconocer que estas políticas tienen consecuencias, que a lo mejor no
eran las que ustedes esperaban pero son las que existen.


Permítanme que cierre mi intervención recordándoles que en
el último CIS del mes de abril se repiten las preocupaciones de nuestros
ciudadanos en el país, y la sanidad ha pasado, en el global, a la quinta
posición. Lamentablemente, el desempleo está a la cabeza de esta lista,
los problemas económicos; la corrupción es el segundo problema para los
españoles y la política general es el cuarto. Pero cuando se les pregunta
cuáles son los problemas que les afecta personalmente en su día a día,
vuelve a aparecer la sanidad como el tercer problema.


Cuando les decía que quería hablar de personas y de
derechos era para realizar esta reflexión: cada vez que ustedes formulan
un real decreto ley, afecta a todas las personas, a las que conocemos y a
aquellas que no conocemos —a las invisibles—. Sería positivo
que rectificaran algunos de estos decretos, porque, en ocasiones, la
gente comete errores. En este caso, tanto mi grupo como yo consideramos
que ustedes se equivocaron y pasaron de un sistema universal, como el que
teníamos, que garantizaba la sanidad y la salud pública para la mayoría
de nuestros ciudadanos, a un sistema en el que vamos a ver que las
desigualdades aumentan cada vez más.


Dicen los estudiosos que los sistemas que invierten en
sistemas públicos tienen sociedades más igualitarias, nosotros estamos
convencidos y, por tanto, siempre vamos a trabajar para que las personas
tengan los máximos derechos.


Por tanto, el Grupo Parlamentario Entesa votará a favor de
esta moción.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president.


Senyories, molt bon dia a tothom.


Efectivament, fa un any de l’aprovació del Reial
Decret de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut. Al llarg d’aquest període, de tot aquest any,
s’ha generat un important debat sobre si aquesta decisió, aquesta
nova normativa, ha estat o no encertada. I la veritat és que la reforma
no ha deixat a ningú indiferent.


En la mateixa exposició de motius de la moció fan
referència a ciutadania, professionals, moltíssima gent, que es manifesta
sovint per queixar-se sobre la reforma i també sobre altres aspectes,
altres canvis que hem patit darrerament. I és evident que existeixen,
doncs, posicionaments extremament contraris, diferents, respecte a
algunes de les mesures que han estat preses a través d’aquest reial
decret.


Des del nostre grup, i molt humilment, creiem que no es pot
fer una valoració genèrica del Reial Decret, seria fer una valoració
possiblement massa a la lleugera. En tot cas, creiem que s’hauria
de fer una anàlisi més profunda de les diferents mesures que componen
aquest Reial









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Decret. D’una banda —i no els
sorprendrà—, és conegut que des del nostre grup coincidíem en
l’objectiu, en el fons, que perseguia el reial decret llei en el
moment de la seva aprovació. Defensàvem, i defensem, la necessitat de
prendre mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut. Per mantenir l’estat del benestar, deia el
senador Cazalis, tal com la meva generació l’hem conegut, és
necessari i urgent fer reformes de tot tipus. Això passa també per fer
canvis en el Sistema Nacional de Salut, que tot i excel·lent, molt bo en
servei, està clarament infrafinançat, tant a nivell estatal com de les
comunitats autònomes. Per tant, és insostenible.


La situació requeria posar en marxa mesures urgents per
assegurar, com dèiem, la sostenibilitat d’aquest sistema sanitari
públic i dels seus principis bàsics. A Catalunya ho vam començar a fer un
any abans del canvi de govern estatal i enteníem, i defensàvem, que es
prengués aquesta mateixa decisió per a la resta de l’Estat
espanyol. Però la nostra sorpresa, i en realitat la de la majoria de
grups parlamentaris, va ser veure com més enllà de l’establiment de
mesures que permetessin fer de l’eficiència i de l’eficàcia
dos pilars fonamentals d’aquest nou sistema de salut que es podia
plantejar, el que en realitat es feia era un autèntic canvi de model
sanitari. Amb un sol reial decret llei es carregaven l’essència del
Sistema Nacional de Salut que havíem conegut fins a aquell moment, un
model sanitari públic i universal en què el dret a l’assistència
sanitària venia determinat pel fet de la mateixa ciutadania i que es
finançava, com bé saben, a través dels impostos. Un sistema que, basat en
el model del National Health Service britànic, s’aprovava als anys
vuitanta amb un ampli consens de totes les forces polítiques amb
representació parlamentària d’aquell moment. Un model definit
mitjançant la Llei general de sanitat, impulsada pel ministre Ernest
Lluch l’any 1986, i que suposava clarament la superació del model
existent fins a aquell moment, el de la Seguritat Social i el de la
cobertura basada en el treball, per passar realment a un model públic i
universal.


Així doncs, després de tres dècades de funcionament
d’aquest model sanitari —pràcticament tota la meva vida o la
de la senadora Almiñana—, el Govern central, amb el suport
evidentment del grup majoritari, aprovava un reial decret que ha suposat
clarament una desafortunada i innecessària regressió, un retorn al passat
del nostre sistema sanitari.


Però, com els deia, la gran sorpresa és que la necessitat
d’adequar-se al marc legal europeu pel que fa a la cobertura dels
ciutadans d’altres països i la voluntat de posar fi a determinades
situacions d’abús no justificava en cap cas el canvi de model que
han plantejat, ni en la magnitud que va ser plantejada.


És veritat que, des d’un punt de vista econòmic, quan
parlem de despesa era necessari fer front a un canvi o fer un
plantejament diferent a la situació que s’estava generant, perquè
és veritat que suposava un important forat, una important despesa
desmesurada, que era inassumible i que s’havia de gestionar. No ens
podíem permetre el luxe de continuar amb la situació que estàvem i,
sobretot, no podíem assumir els costos del conegut turisme sanitari. Però
és evident que no calia arribar on s’ha arribat.


L’atenció sanitària als ciutadans d’altres
països que, malgrat trobar-se en situació irregular, resideixen a
l’Estat s’ha de poder garantir per raons humanitàries i de
salut pública. Les senadores que m’han precedit en l’ús de la
paraula n’han posat diferents exemples, per tant no reiteraré els
casos que s’estan donant. Només un apunt: vostès saben que a
Catalunya estem protegint aquests ciutadans i ho continuarem fent.


Coincidim respecte al reial decret en la necessitat
d’una racionalització de les prestacions i també en la necessitat
d’introduir en determinades prestacions complementàries fórmules de
copagament, sempre que siguin assumibles i no suposin evidentment
barreres d’accés a aquests serveis. Aquests copagaments no poden
castigar els col·lectius més vulnerables i per aquest motiu creiem que és
necessari reconsiderar-les, passant del model actual basat en la
separació entre els actius i els pensionistes a una fórmula més justa i
més racional que per nosaltres seria la que es basa en el nivell
d’ingressos dels ciutadans.


Ara faré una referència al que deia la senyora Almiñana, o
la portaveu del Grup Socialista: nosaltres també posem topalls,
evidentment, i aquesta és la reflexió que jo volia fer.


Pel que fa a les mesures de caràcter organitzatiu que es
plantegen i s’inclouen en aquest Reial Decret Llei i que no suposen
en cap cas ni eficiència ni estalvi, són una clara i denunciable
intromissió a les competències de les comunitats autònomes. Ho deia el
senador Cazalis. L’exemple més flagrant —ell també n’ha
parlat— és l’estatutarització de determinat personal









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sanitari del sistema públic que claríssimament implicarà,
al nostre entendre, molts més costos i més rigidesa en la gestió dels
recursos humans. Per tant, no només no ens agrada la fórmula, sinó que
envaeix claríssimament competències.


Bé, a nosaltres ens sembla que, tal com hem demostrat a
Catalunya durant els dos últims anys —insisteixo, nosaltres vam
començar a fer canvis, a plantejar reformes, a fer els deures, quasi un
any abans que arribés el senyor Rajoy—, la introducció de mesures
d’estalvi, d’eficiència, reformes i reordenacions, no té per
què implicar un canvi de model sanitari públic, i l’essència que ha
caracteritzat el nostre model fins al dia d’avui.


Això no evita en cap cas les manifestacions al carrer ni
les crítiques permanents dels grups de l’oposició. Saben que no
estan d’acord amb algunes de les nostres decisions, però em sembla
que a Catalunya hem demostrat que, amb el mateix objectiu de fons, les
coses es poden fer d’una altra manera. És veritat que, possiblement
amb conseqüències, tal com reconeixia el nostre conseller, però sense
carregar-nos l’essència del sistema sanitari que tots voldríem, en
realitat.


Per tant, fetes totes aquestes reflexions i consideracions,
queda clar que, tot i compartir el fons que es perseguia amb el reial
decret, no estem en absolut d’acord, no compartim les mesures ni la
forma que s’han dut a terme. Creiem que la decisió de l’Estat
va ser absolutament desencertada i inadequada, i per aquest motiu, i a la
vista del dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries, el Govern
de la Generalitat de Catalunya —en aquest cas ho anuncio a la
senyora Almiñana— sí que ha presentat un recurs
d’inconstitucionalitat en relació a diverses disposicions de
l’esmentada norma estatal.


Podríem, doncs, davant de totes aquestes explicacions
formulades, votar a favor de la moció que ens presenta avui el Grup
Parlamentari Socialista, però no ho farem, ens n’abtindrem, i els
ho explico, va vinculat al punt 2 d’aquesta moció.


Com els deia, en relació amb el segon punt al Congrés dels
Diputats ja hi ha creada una subcomissió, precisament per tractar els
temes que proposen. És la Subcomissió per a l’Anàlisi dels
Problemes Estructurals del Sistema Sanitari i de les principals reformes
que s’haurien de dur a terme per garantir la seva sostenibilitat, i
a més a més va ser una comissió creada a instàncies del Grup Parlamentari
de CiU al Congrés. Actualment aquesta subcomissió es troba en període de
compareixences, però curiosament el Grup Parlamentari Socialista
s’ha apartat de la citada subcomissió i, per tant, en no respectar
el seu posicionament inicial i el seu compromís respecte a iniciatives
que, en aquest cas, vam presentar nosaltres mateixos, entendran que en
aquesta ocasió hagi de fer una abstenció a la moció que avui ens
presenten.


Moltíssimes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, muy buenos días a todos.


Hace un año ya de la aprobación del Real Decreto de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
A lo largo de este período, de todo este año, se ha suscitado un debate
importante sobre si esta decisión, esta nueva normativa, ha sido o no un
acierto. La verdad es que la reforma no ha dejado a nadie
indiferente.


En la misma exposición de motivos de la moción se hace
referencia a la ciudadanía, a los profesionales y a muchas personas que
se manifiestan a menudo para quejarse de la reforma y también de otros
aspectos u otros cambios que hemos padecido recientemente. Es evidente,
por tanto, que existen posicionamientos radicalmente contrarios o
distintos sobre algunas de las medidas asumidas a través de este real
decreto.


Nuestro grupo, de forma muy humilde, considera que no se
puede realizar una evaluación genérica del real decreto porque
seguramente sería una valoración demasiado ligera, pero consideramos que
debería realizarse un análisis más profundo de las medidas que lo
componen. Por un lado —no les sorprenderá—, como es sabido,
nuestro grupo coincidió con el objetivo perseguido por el real decreto
ley cuando fue aprobado. Defendíamos y defendemos la necesidad de tomar
medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud. Para mantener el Estado del bienestar, como decía el senador
Cazalis, tal y como mi generación lo ha conocido, es necesario y urgente
acometer reformas de todo tipo, y eso pasa también por una serie de
cambios en el Sistema Nacional de Salud que, aunque es excelente, muy
bueno en









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prestaciones de servicios, esta infrafinanciado tanto a
nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas, por tanto, es
insostenible.


La situación exigía poner en marcha medidas urgentes para
asegurar la sostenibilidad de este sistema sanitario público y sus
principios básicos. En Cataluña empezamos a ponerlo en marcha un año
antes del cambio del Gobierno estatal, y entendíamos y defendíamos que se
tomara la misma decisión para el resto del Estado español. Pero nuestra
sorpresa y la de la mayoría de los grupos parlamentarios fue observar
que, más allá del establecimiento de medidas que permitieran hacer de la
eficiencia y de la eficacia dos pilares fundamentales de este nuevo
Sistema Nacional de Salud que podía plantearse, lo que en realidad se
hacía era un cambio del modelo sanitario. En un solo real decreto ley se
cargaban la esencia del Sistema Nacional de Salud que habíamos conocido
hasta ese momento: un modelo sanitario público y universal en el que el
derecho a la asistencia sanitaria venía determinado por el propio hecho
de la ciudadanía y que, como saben ustedes, era financiado a través de
los impuestos. Un sistema que, basado en el modelo del National Health
Service británico, fue aprobado en los años ochenta con un amplio
consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria
en aquel momento. Un modelo definido en la Ley General de Sanidad,
impulsada por el ministro Ernest Lluch en el año 1986, que suponía a
todas luces la superación del modelo existente hasta la fecha, el de la
Seguridad Social y la cobertura basada en el trabajo, para pasar a un
modelo público y universal.


Así, pues, después de tres décadas de funcionamiento de
este modelo sanitario —prácticamente durante toda mi vida y la de
la senadora Almiñana—, el Gobierno central, con el apoyo del grupo
mayoritario, aprobaba un real decreto que ha supuesto claramente una
desafortunada e innecesaria regresión al pasado de nuestro sistema
sanitario.


Sin embargo, como les decía, la gran sorpresa es que la
necesidad de adecuarse al marco legal europeo en cuanto a la cobertura de
ciudadanos de otros países y la voluntad de poner fin a ciertas
situaciones de abuso no justificaba en ningún caso el cambio de modelo
que han propuesto ni con la magnitud en que fue propuesto.


Es verdad que desde la perspectiva económica, al hablar de
gastos, era necesario acometer un cambio o tener un planteamiento
distinto por la situación que se estaba generando, porque representaba un
agujero significativo, un gasto desmedido, que era inasumible y que debía
ser gestionado. No podíamos permitirnos el lujo de seguir en la situación
en la que nos encontrábamos, ni tampoco asumir los costes del conocido
turismo sanitario, pero es evidente que tampoco era necesario llegar a
donde se ha llegado.


La atención sanitaria a los ciudadanos de otros países,
que, aunque se encuentren en situación irregular, residen en el Estado,
debe poder garantizarse por razones humanitarias y de salud pública. Las
senadoras que me han precedido en el uso de la palabra han puesto ya
distintos ejemplos, por lo que no voy a reiterar los casos que se están
dando. Tan solo haré un apunte. Ustedes saben que en Cataluña estamos
protegiendo a estos ciudadanos y vamos a seguir haciéndolo.


Hablo del real decreto. Coincidimos en la necesidad de una
racionalización de las prestaciones y también en la necesidad de
introducir en determinadas prestaciones complementarias fórmulas de
copago siempre que sean asumibles y no supongan, claro está, barreras de
acceso a estos servicios. Estos copagos no pueden castigar a los
colectivos más vulnerables. Por ese motivo pensamos que es necesario
reconsiderarlos, pasando del modelo actual, basado en la separación entre
los activos y los pensionistas, a una fórmula que sea más justa y más
racional, que, para nosotros, sería la basada en el nivel de ingresos de
los ciudadanos.


Haré una referencia a lo que decía la portavoz del Grupo
Socialista. Nosotros también colocamos topes y esta es la reflexión que
quería transmitir.


Las medidas de carácter organizativo planteadas e incluidas
en este real decreto ley que no suponen, en ningún caso, ni eficiencia ni
ahorro conllevan una intromisión clara y denunciable en las competencias
de las comunidades autónomas. Lo decía también el senador Cazalis. El
ejemplo más flagrante —él también lo ha mencionado— es la
estatutarización de un determinado personal sanitario del sistema
público, lo que, de forma clarísima, va a implicar, en nuestra opinión,
muchos más costes y mayor rigidez en la gestión de recursos humanos. O
sea, no nos gusta la fórmula y además invade de forma clarísima
competencias.









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A nosotros nos parece bien, tal y como hemos demostrado en
Cataluña en los últimos años —insisto en que nosotros empezamos a
realizar cambios, a plantear reformas y a hacer los deberes casi un año
antes de que llegara el señor Rajoy al poder— la introducción de
medidas de ahorro y de eficiencia —reformas sí y reordenaciones
también—, pero ello no tiene por qué implicar un cambio de modelo
sanitario público ni de la esencia que ha caracterizado a nuestro modelo
hasta la fecha.


Esto no evita, bajo ningún concepto, las manifestaciones en
la calle ni las críticas permanentes de los grupos de la oposición.
Ustedes saben que no están de acuerdo con algunas de nuestras decisiones,
pero me parece que en Cataluña hemos demostrado, con el mismo objetivo de
fondo, que las cosas se pueden lograr de otra forma, aunque es verdad que
posiblemente con consecuencias, tal y como ha reconocido nuestro
conseller, pero sin cargarnos la esencia del sistema sanitario que todos
queremos.


Hechas todas estas reflexiones y consideraciones queda
claro que, aunque compartimos el fondo que se perseguía en el real
decreto, en absoluto estamos de acuerdo ni compartimos las medidas ni la
forma en la que se ha llevado a cabo. Pensamos que la decisión del Estado
fue absolutamente desacertada e inadecuada y, por este motivo, y a la
vista del dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias, el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña —ya se lo anunciamos,
senadora Almiñana— ha presentado un recurso de inconstitucionalidad
respecto a algunas disposiciones de la norma estatal mencionada.


Dadas todas las explicaciones formuladas, podríamos votar a
favor de la moción que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario
Socialista, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a abstener, y se lo
explico. Tiene que ver con el punto 2 de la moción.


En relación con el punto 2 le diré que el Congreso de los
Diputados ya ha creado una subcomisión precisamente para tratar los temas
que proponen, me refiero a la subcomisión creada para el análisis de los
problemas estructurales del sistema sanitario y las principales reformas
que deberían llevarse a cabo para garantizar su sostenibilidad. Además
esta subcomisión se creó a instancia del Grupo Parlamentario de CiU en el
Congreso. Actualmente esta subcomisión se encuentra en periodo de
comparecencias, pero es curioso que el Grupo Parlamentario Socialista se
ha apartado de la citada subcomisión. Por lo tanto, al no respetar el
posicionamiento inicial y su compromiso con iniciativas que nosotros
planteamos, entenderán que en esta ocasión nos abstengamos en la votación
de la moción que ustedes nos presentan hoy.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al senador
Cazalis, a la senadora Almiñana y al senador Iglesias el voto afirmativo
que han anunciado.


Comparto muchísimas de las cuestiones que han planteado y
entiendo perfectamente la inquietud que les crea la invasión de
competencias que encierra este real decreto, pero cuando se presentó este
real decreto —y yo tuve la oportunidad de intervenir en el turno de
portavoces—, ya les advertimos de que se iban a encontrar con
muchísimos recursos, como así ha sido.


Me preocupa también la tentación recentralizadora del
Gobierno del Partido Popular, y en este real decreto se ve de forma
clara.


Permítame, senadora Cunyat, que no comparta su abstención,
sobre todo por el argumento que nos da: porque hay una subcomisión en el
Congreso. Con ello usted da por entendido que en el Senado no podemos
opinar, no podemos trabajar ni poner en marcha cuestiones importantes.
Respeto su abstención pero para nada comparto su argumento. Yo creo que
el Congreso tiene su trabajo y el Senado el suyo, y todo es
complementario. Repito que no comparto ese argumento.


Señorías, es verdad que con este real decreto se trata a
todas las comunidades por igual —lo decía el senador
Cazalis—. A aquellas comunidades que están gestionando bien los
recursos, que están apostando por una sanidad pública universal, les
obligan a poner en marcha medidas con las que en algunas ocasiones, como
ellos han gestionado bien, no están de acuerdo. Eso es una realidad y
esas son graves consecuencias para el Sistema Nacional de Salud en su
conjunto.









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Lo más dramático —y les decía que pedíamos el apoyo
de los grupos porque hoy más que nunca es necesario que se apoye esta
moción— es que hemos conocido nuevos recortes muy graves en el Plan
Nacional de Reformas remitido a la Unión Europea. Otro engaño, no dijeron
nada, yo les puedo asegurar que estuve expectante en esa rueda de prensa
tras el Consejo de Ministros del 26 de abril y ahí no se habló para nada
de recortes en sanidad; luego, cuando hemos tenido la oportunidad de ver
ese documento, comprobamos que recortan en sanidad nada más y nada menos
que 3134 millones de euros y recortan en dependencia 1108 millones de
euros. Y otra cosa que me preocupa también porque lo dejan entrever es
que va a haber grandes recortes en lo que es la cartera de servicios
sanitarios, porque como ustedes intentan enmascararlo hacen un maremágnum
de carteras —nos pasan la cartera complementaria, la cartera
suplementaria— y ahí se deja entrever que otra vez va a haber
restricciones o van a quitar de la cartera común muchas prestaciones muy
importantes, como las prestaciones que tienen que ver con cribados. Yo me
pregunto, ¿qué van a hacer con el cribado del cáncer colorrectal? Porque
cuando científicamente está muy claro la edad en la que se tiene que
empezar el protocolo para la prevención del cáncer de colon, en cada
comunidad cogen una edad. ¿En esa cartera de servicios está garantizado
que todas las comunidades tengan que aplicar el cribado para cáncer
colorrectal? Yo no lo sé.


Otra cuestión que me preocupa muchísimo es la siguiente.
Leo textualmente: Optimización de trece especialidades médicas —sin
más, y ahí piensan ahorrar mucho dinero—. Yo me pongo a temblar
porque cuando oímos la palabra optimizar del Gobierno de Rajoy o de la
señora Mato es para echarse a temblar, porque significa nuevos recortes y
nuevos copagos.


Hay otra cosa que está en ese plan de reformas, que es el
copago en medicamentos de dispensación hospitalaria. Ahora los enfermos
que tienen un cáncer van al hospital y si les ponen una quimioterapia en
el hospital en vena no pagan; pero hay muchos enfermos de cáncer a los
que les dan los medicamentos en pastillas, son de dispensación
hospitalaria pero se las dan directamente al paciente para que se lo tome
en pastillas en su casa. Pues bien, van a introducir el copago también
para esos medicamentos y estamos hablando de enfermedades gravísimas,
como es el cáncer o el sida. Por tanto, ese plan de reformas remitido a
la Unión Europea es muy grave y supone nuevos recortes.


Bajo el paraguas de la crisis están haciendo recortes
bestiales, y es verdad que tenemos que mejorar la eficiencia, es verdad,
para eso pedimos que se cree esa comisión, pero también es verdad que
nuestro sistema sanitario está infrafinanciado, se dedica muchísimo menos
dinero por habitante y año que la media de los países de la Unión
Europea. Y la Comunidad Valenciana no tiene nombre, esto ya no tiene
nombre, porque es la última comunidad en gasto por habitante y año,
concretamente 986 euros cuando la media de España está aproximadamente en
1200 euros —hay comunidades que dedican mucho más—.


Bajo el paraguas de la crisis y de la eficiencia, están
reduciendo personal sanitario. Y aquí me van a permitir que haga un
inciso, porque no se puede permitir bajo ningún concepto lo que ha hecho
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a 700 profesionales, que han
dedicado su vida a la sanidad pública, se les jubile por carta el día
antes del puente. Eso es totalmente indigno. (Aplausos.) Cualquier
persona que vea que se está produciendo eso no debería tolerarlo bajo
ningún concepto. A nivel personal, han dejado ahí su vida, y no hay un
reconocimiento. Pero es que también han dejado al Sistema Nacional de
Salud, concretamente, en la Comunidad de Madrid, con 700 profesionales
menos, expertos, jefes de servicio. Y eso, al final, ¿quién lo paga? Los
de siempre, los ciudadanos, que irán a su centro y verán que el médico
que les ha atendido toda la vida, que es el que les llevaba el
seguimiento de su tratamiento, ha desaparecido, no está. Hay cuestiones
que no podemos permitir bajo ningún concepto.


Bajo el paraguas de la crisis y la eficiencia, están
cerrando centros de salud prácticamente en todas las comunidades; en las
comunidades del PP, por supuesto, en casi todas. Están cerrando centros
de salud por la tarde y por la noche. En mi comunidad ya han cerrado
centros de salud de urgencias por la noche —ya se lo digo—. Y
volvemos a las guardias de presencia localizada. Saben ustedes que hay
dos modalidades de guardia: de presencia física, cuando el médico, el
profesional sanitario está en su centro de salud o en su hospital, y las
guardias de presencia localizada. Pues ahora la modalidad es que muchas
guardias que eran de presencia física sean de presencia localizada.
¿Sabemos a dónde volvemos? A hace muchísimo tiempo, a cuando yo









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estaba de médico en un centro de salud y tenía un
walkie-talkie de la Policía local para que me pudieran localizar. A eso
es a lo que volvemos: 30 años atrás, de destrucción del sistema sanitario
público. A eso es a lo que nos llevan con sus medidas.


Señorías, el derecho a la salud no lo podemos medir en
términos económicos. La salud es un derecho, no una mercancía, pero
ustedes se están cargando eso con este real decreto. Rajoy decía el 4 de
noviembre de 2012: yo voy a meter la tijera a todo, salvo a las
pensiones, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los
derechos de los ciudadanos. Señorías, de todo esto, los recortes más
bestiales han sido en educación, en pensiones y en salud. (Aplausos.)


Desgraciadamente, la política sanitaria no la dirige la
ministra de Sanidad, la dirige el ministro de Hacienda y por eso acepta
estos recortes bestiales que han mandado a la Unión Europea. Por eso, les
digo que es urgente un cambio de rumbo, es urgente que nos aprueben
nuestra moción, es urgente que se derogue este real decreto ley porque,
si no —se lo digo alto y claro—, la ministra de Sanidad no
puede continuar ni un día más como responsable del ministerio, porque
está en juego el bien más preciado que tenemos, que es el derecho a la
salud.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Pan.


La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hace aproximadamente un año que les decía desde
esta tribuna como respuesta a una moción similar que presentó el Grupo
Socialista que no se podían resolver los problemas pensando de la misma
manera que cuando se crearon, cuando los crearon ustedes, y hoy les digo
desde aquí también que, si queremos obtener resultados diferentes, hay
que hacer cosas diferentes, y no siempre lo mismo.


Señora portavoz del Grupo Socialista, utilizar el cáncer y
la muerte para hacer política es algo que no está bien, y menos en esta
Cámara; no está bien hacer política con los dramas de los ciudadanos que
padecen esas enfermedades. (Aplausos.)


Lo que es verdaderamente una tomadura de pelo es la
situación en la que ustedes dejaron el Sistema Nacional de Salud, con una
deuda de más de más de 16 000 millones de euros, señorías. No
pretenderían que en un año se resuelva esa tomadura de pelo que hicieron
ustedes a todos los ciudadanos.


Solo le daré un dato en este momento, aunque luego les
facilitaré alguno más. Únicamente en materia de farmacia, en el mes de
marzo, se ahorraron 204,3 millones de euros y el ahorro interanual se
sitúa en 1671 millones de euros. Por tanto, señorías, si multiplicamos
esos 1671 millones de euros por los 8 años de Gobierno socialista salen
13 368 millones de euros, que se acerca un poco al agujero del Sistema
Nacional de Salud que dejaron ustedes, señorías. Por lo tanto, no podemos
renunciar a gestionar mejor los recursos públicos.


Además, señorías, cualquier persona que conozca mínimamente
el sistema sanitario no se opone a la necesidad de reformas, nadie la ha
cuestionado y no digo ahora sino durante los últimos años; repito, ningún
profesional que lo conozca. Ustedes tampoco, y les pondré unos ejemplos.
El señor Fernández Vara: el copago está maldito, pero hay que ver la
manera de revisar las aportaciones en función de las pensiones. Y no es
del Partido Popular. La señora Trinidad Jiménez: El Gobierno está
estudiando la posibilidad de implantar un copago. La señora Pajín: De
entrada, el copago será simbólico. Ramón Jáuregui, ministro de la
Presidencia: Cabe incorporar copagos en sanidad si se quiere que siga
siendo universal y avanzada. Y, dice más: Hay que contar con una mayor
contribución de los ciudadanos en los gastos públicos, teniendo en cuenta
el nivel de renta. El señor García Vargas: El sistema de copago es algo
educativo y bueno para todos los ciudadanos. Carlos Ocaña, secretario de
Estado de Hacienda con ustedes: El copago es posible ahora. Marina Geli:
El copago funciona, ahora todo recae en los ciudadanos que pagan
impuestos y nada en los que utilizan el servicio; debería alterarse esta
proporción y ser más equitativa.


Señorías, repasen ustedes lo que les vienen diciendo a los
españoles a lo largo de los últimos años y luego traigan aquí propuestas.
(Aplausos.)


Además, señoría, en su feudo, en Andalucía, gobernada solo
por el Partido Socialista desde la democracia, solo 1 de cada 3
hospitales es público, amén de ser la comunidad que acumula un









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mayor retraso en el pago; un retraso de un año. (Protestas.
— Aplausos.) Pero es que además, allí Izquierda Unida les dice a
ustedes que no dejen sin comedor a los hijos de los sin papeles. Esta es
una muestra de su hipocresía al decir en las comunidades autónomas una
cosa y, otra diferente, cuando vienen aquí. (Protestas.—Aplausos.)
Señorías, así no se puede llegar a ningún sitio.


Lo que ha hecho el real decreto es poner en marcha un
sistema nacional más justo y equitativo, aplicando el principio de que el
que más puede, tiene que aportar algo más y, el que menos puede, aporta
menos o nada. Eso es lo que ha hecho el real decreto.


Ustedes no lo hicieron, pero lo ha hecho Mariano Rajoy. Sí,
señorías, lo ha hecho y nos sentimos muy orgullosos de ello.


Lo que no se puede hacer es improvisar, que es lo que
hicieron ustedes durante 8 años y parece ser que es el camino que van a
seguir también durante estos 4 años, porque las improvisaciones, señoría,
son mejores si se preparan. No le quepa a usted ninguna duda.


La reforma que ha abordado el Gobierno es fruto de un gran
acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas ―sí, con las
comunidades autónomas― en el Consejo Interterritorial. No se puede
venir a esta tribuna a contar mentiras, señorías. Lo aplican todas las
comunidades autónomas, incluso el País Vasco, que lo va a empezar a
aplicar ahora.


Señoría, la sanidad sigue siendo pública en España, a pesar
de la deuda que ustedes dejaron cuando perdieron las elecciones, pero
este Gobierno ha promovido actuaciones para ayudar a las comunidades
autónomas a resolver esa deuda: el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo
de Liquidez Autonómico del año 2012 y la nueva convocatoria de 2013 del
remanente del Plan de Pago a Proveedores y el nuevo Fondo de Liquidez
Autonómico del año 2013; ayudas, señoría, para evitar poner en riesgo la
sanidad, que fue lo que ustedes hicieron, ponerla en riesgo, señoría.


Como les dijo el Tribunal de Cuentas, perdieron ustedes
1000 millones de euros por no aplicar las directivas comunitarias.


¿Podría escucharme con la atención que yo le he dispensado
en lugar de darme la espalda y hablar con sus compañeros, señoría?
(Aplausos.)


Señoría, este real decreto garantiza la universalidad, cosa
que ustedes no hicieron. Por primera vez los parados que agotan la
prestación o el subsidio por desempleo tienen cobertura, y también por
primera vez ciudadanos que tradicionalmente no la tenían ahora sí la
tienen, como son los grupos de profesionales colegiados. (Fuertes
rumores.)


Señorías, por primera vez hay una base nacional que ha
detectado que 800 000 titulares de cartillas en activo, trabajadores,
estaban como beneficiarios en cartillas de pensionistas y, por tanto, le
estaban haciendo una trampa al sistema. Señorías, se aborda también la
cartera de servicios de la que usted habló, ¡claro que sí! La igualdad de
todos los españoles es una prioridad para este Gobierno, el que haya una
única tarjeta sanitaria interoperable, que haya un calendario vacunal
único —¡ya era hora!—, que haya un fondo de garantía
asistencial. Señoría, en el barómetro del año 2012 los ciudadanos ya
ponían de manifiesto las desigualdades que encontraban en salud por razón
de vivir en una comunidad o en otra. Se puede y se debe hacer un mejor
uso, un uso más racional de los medicamentos y adecuar los envases a los
tratamientos, señoría. (Rumores.)


Se ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos, sí, es verdad, y
también a la industria, pero había un margen, señoría, porque 3700
toneladas de medicamentos se iban al punto Sigre y se tiraban a la
basura. Y los españoles, en el barómetro sanitario de 2011, ponían de
manifiesto que 45 000 000 de envases que no se utilizaban estaban
almacenados en sus casas. Era necesario hacer algo, ¡claro que era
necesario! Había que hacerlo. El uso de genéricos en nuestro país,
señoría, era menor que en países de nuestro entorno, y también teníamos
que impulsar esto. Y, señoría, esta reforma sanitaria ha permitido que
los parados sin prestación dejaran de pagar sus medicamentos.


Con ustedes, los parados sin prestación… Señoría,
póngame atención porque esto es muy importante, usted que es tan sensible
a los problemas sociales. Los parados sin prestación ya no pagan sus
medicamentos. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero
con ustedes pagaban el 40%, señoría. (Aplausos.) Hay que salvaguardar a
los más desprotegidos, en eso estamos de acuerdo. Y hemos actualizado el
Nomenclátor, claro que sí, ustedes lo hicieron en el año 1993 y retiraron
800 medicamentos, pero se han introducido otros muy importantes para
patologías graves, que cuestan en ocasiones incluso más de 1000 euros.
Esos sí que los









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ciudadanos no se los pueden pagar, y han sido introducidos
por este Gobierno, señoría. Se han priorizado las nuevas tecnologías, la
e.salud, la real interoperabilidad de los datos, la receta electrónica y
la historia clínica digital. Señorías, hoy en día 16 millones de
españoles de 11 comunidades autónomas disponen de información clínica
interoperable. Esa es una realidad. Y en materia de ordenación
profesional, ustedes abandonaron a los profesionales durante ocho años,
señoría. No sé dónde estaba usted, pero yo estaba en esta Cámara y en el
Congreso, y estaban completamente abandonados, señoría. (Fuertes
rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora PAN VÁZQUEZ: Pues ahora se está dando respuesta a
esas demandas históricas con un registro de profesionales, porque los
profesionales son los pilares del Sistema Nacional de Salud. Y les pongo
solamente dos ejemplos de este reconocimiento: el acuerdo firmado con el
Foro de la Profesión Médica y los acuerdos que se han firmado con los
profesionales de la enfermería.


Señoría, hay que mencionar también los ahorros de la
Plataforma de Compras Centralizada. Ya sé que a ustedes esas cantidades
les parecerán pequeñas puesto que las dejaban a deber, pero lleva
ahorrados 80 millones de euros. Solo en vacunas ha habido un ahorro de 37
millones. Y no hay efectos negativos para la salud, señoría, ¡claro que
no los hay! No se han puesto de manifiesto en la encuesta epidemiológica
ni tampoco en la Encuesta Nacional de Salud.


Señorías, nosotros queremos llegar a acuerdos con ustedes,
pero ustedes abandonan la subcomisión, como así se lo ha hecho ver la
portavoz de CiU, y no asisten a debatir ni aquí ni en el Congreso.


El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señoría.


La señora PAN VÁZQUEZ: Termino, señor presidente.


Queremos llegar a acuerdos con ustedes, claro que sí, pero,
como decía Indira Gandhi, con el puño cerrado no se puede intercambiar un
apretón de manos, y ustedes, señorías, llevan con el puño cerrado desde
que perdieron las elecciones. Abran ustedes la mano por los españoles y
por la sanidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda, aceptada,
del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 73; en contra, 151; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD
2012-2015 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS.


(Núm. exp. 671/000070)


AUTOR: GPEPC


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.









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A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, de los
senadores Mariscal e Iglesias, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)


Señorías, hasta que no haya silencio no vamos a continuar
con la tramitación de la moción. (Pausa.)


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president,


Senyories. aquesta moció és conseqüència de la
interpel·lació que es va formular fa dues setmanes al ministre
d’Economia i Competitivitat, una mica amb l’intent que ens
expliqués les grans línies que tenia previstes respecte a
l’actualització del Programa d’Estabilitat i el quadre
macroeconòmic i el Pla Nacional de Reformes.


La veritat és que el senyor ministre no va ser molt
explícit respecte als criteris d’aquesta actualització, entre
altres coses perquè estava pendent, òbviament, de la discussió i
aprovació pel propi Consell de Ministres tres dies després. (El senyor
vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la Presidència.)


El ministre va comentar els grans objectius de la política
econòmica del Govern, entre elles, la sostenibilitat dels comptes
públics, la reforma del sector financer, l’impuls a la
competitivitat, i la lluita contra l’atur com a objectius del
Govern. Però la moció conseqüència d’interpel·lació, tot i que va
ser formulada abans del divendres en què el Consell de Ministres va
aprovar les mencionades actualitzacions, és de plena actualitat.
D’alguna manera, perquè d’alguna manera el Consell de
Ministres no va resoldre les tres qüestions bàsiques, que són objecte
d’aquesta moció, la relativa al dèficit públic, la relativa a
l’ocupació i al creixement, i la relativa a l’accés al crèdit
per part de petites i mitjanes empreses i d’emprenedors.


Certament, vostès saben que el Govern, en aquesta
actualització del Programa d’Estabilitat, va fer unes previsions
que francament empitjoren molt l’escenari macroeconòmic per als
propers anys, tot i que, un o dos dies després, el propi president del
Govern deia que mirarien de millorar aquestes previsions que, per cert,
repeteixo, havien aprovat només dos dies abans.


Bé, el Programa d’Estabilitat i el quadre
macroeconòmic, a banda de recollir i corregir algunes obvietats, com ara
la previsió del decrement del producte interior brut per al present
exercici, que era insostenible continuar mantenint el 0,5 quan vèiem
l’evolució i, a més a més, totes les prediccions d’organismes
internacionals i de serveis d’estudis, el Govern, en un gest de
realisme, l’ha situat en el —1,3, malgrat que —com
vostès saben— el —1,3 encara està per sota del —1,5 que
la pròpia Unió Europea ha previst tot just fa pocs dies.


Pel que fa al dèficit, —i saben vostès que hem parlat
molt sobre aquest tema en aquesta Cambra — el Govern va decidir
incrementar l’objectiu de dèficit acordat amb Brussel·les fins al
6,3%, tot i que la pròpia Unió Europea, posteriorment, en les seves
previsions que fa respectar als països, avança que el dèficit arribarà
fins al 6,5% i fins al 7% també per a l’any vinent. Afortunadament,
hi ha aquesta flexibilització del dèficit i també una flexibilització
respecte al període de temps per arribar a l’objectiu del 3%, que
seria el 2016.


Però, com es distribueix aquest objectiu de dèficit? Això
és el que no ha quedat clar, nosaltres proposem en aquesta moció la
necessitat que sigui proporcional a la despesa entre el diferents nivells
d’administració, que hi hagi una certa asimetria entre Comunitats
Autònomes perquè també hi és a Europa, i perquè és totalment lògic. I
també, a la moció, recollim aspectes relatius al creixement i a
l’ocupació, entre altres coses, perquè les pròpies previsions del
Govern apunten a més atur al 2015, final de legislatura, que al 2011,
inici de legislatura. Aquestes són les previsions del Govern.


Si es fa aquesta previsió, el normal és que després hi hagi
un conjunt de mesures per mirar de corregir aquest gran problema que avui
té la societat espanyola i la veritat és que en el Programa Nacional de
Reformes no hi ha propostes a aquest respecte, més enllà de
l’enunciat. De l’estratègia per a l’empreneduria i
l’ocupació jove que ens va anunciar aquí el ministre, gairebé no hi
ha ni una pàgina. En definitiva, són moltes les carències i,
d’alguna manera, això és el que posa de relleu —i amb això
acabo— la moció conseqüència d’interpel·lació que en el









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seu punt tercer tracta el tema del crèdit que també va ser
objecte de debat en la mencionada interpel·lació.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, esta moción es consecuencia de la interpelación
que se formuló hace dos semanas al ministro de Economía y Competitividad,
un poco con la idea de que nos explicara las grandes líneas que tenía
previstas respecto a la actualización del Programa de Estabilidad y el
cuadro macroeconómico y el Plan Nacional de Reformas.


Lo cierto es que el señor ministro no fue muy explícito en
cuanto a los criterios de esta actualización entre otras cosas porque,
evidentemente, estaba pendiente de su discusión y aprobación por parte
del propio Consejo de Ministros tres días más tarde. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


El ministro comentó los grandes objetivos de política
económica del Gobierno, entre los cuales estaba la sostenibilidad de las
cuentas públicas, la reforma del sector financiero, el impulso a la
competitividad y la lucha contra el desempleo, como objetivos del
Gobierno. Sin embargo, la moción consecuencia de interpelación, si bien
fue formulada antes del viernes en que el Consejo de Ministros aprobó las
actualizaciones mencionadas, es de plena actualidad en cierto modo porque
el Consejo de Ministros no resolvió las tres cuestiones básicas objeto de
esta moción: la relativa al déficit público, la relativa a la ocupación y
al crecimiento y la relativa al acceso al crédito por parte de empresas,
de pequeñas y medianas empresas, y emprendedores.


Saben ustedes, sin duda, que en esta actualización del
Programa de Estabilidad el Gobierno hizo unas previsiones que,
francamente, empeoran claramente el escenario macroeconómico para los
años venideros, si bien uno o dos días después el mismo presidente del
Gobierno decía que intentarían mejorar estas previsiones. Previsiones
que, por cierto, habían aprobado solo dos días antes, insisto.


En el Programa de Estabilidad y el cuadro macroeconómico,
además de recoger y corregir algunas obviedades como, por ejemplo, la
previsión del decremento del PIB para el presente ejercicio, vemos que
era insostenible seguir manteniendo el 0,5% respecto a su evolución y
según todas las previsiones de organismos internacionales y de servicios
de estudios. De hecho, el Gobierno, en un gesto de realismo, pasó al
—1,3%, a pesar de que el —1,3%, como ustedes saben, está por
debajo del —1,5% que la Unión Europea ha previsto hace apenas unos
días.


En cuanto al déficit —y sobre este tema ustedes saben
que se ha hablado mucho en esta Cámara— el Gobierno decidió
aumentar el objetivo de déficit pactado con Bruselas hasta el 6,3%, si
bien la Unión Europea misma posteriormente con sus previsiones —las
cuales hace respetar a los países— avanza que este déficit llegará
al 6,5%, incluso al 7%, el próximo año. Afortunadamente, hay una
flexibilización del déficit y una flexibilización también respecto del
período de tiempo para alcanzar el objetivo del 3%, que sería en 2016.
Pero, ¿cómo se distribuye este objetivo de déficit? Esto es lo que no ha
quedado claro. Nosotros pensamos —y así lo proponemos en esta
moción— que debe ser proporcional al gasto entre los distintos
niveles de la Administración para que haya una simetría entre las
comunidades autónomas, que también existe en Europa, y porque es lógico.
También en la moción recogemos aspectos relativos al crecimiento y a la
ocupación, entre otras cosas, porque las previsiones del Gobierno apuntan
a más desempleo en 2015, final de legislatura, más que en 2011, inicio de
la legislatura. Estas son las previsiones del Gobierno.


Si se cumple esta previsión, o si se hace esta previsión,
lo normal es que después haya medidas para tratar de corregir este gran
problema que afecta a la sociedad española. Y lo cierto es que en el
Programa Nacional de Reformas no hay propuestas en este sentido más allá
de anunciar la estrategia por la emprendeduría y la ocupación de jóvenes
que anunció aquí el ministro, apenas una página. En definitiva, hay
muchas carencias, y esto se pone de manifiesto —y con esto
termino— en la moción consecuencia de interpelación que en su punto
tercero trata el tema del crédito, que también fue objeto de debate en la
mencionada interpelación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
presidente Montilla.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.









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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


La enmienda que presentamos los senadores de Izquierda
Unida busca una redacción de la moción que establezca un mayor
distanciamiento en relación con el paquete de reformas al que se hace
referencia y remarcar como única prioridad fundamental de la política
económica el crecimiento y la generación de empleo. Cualquier política
económica es, primero, política porque hay que tomar la decisión de a
quién se pretende beneficiar con esa acción y, después, a través de qué
instrumento económico se va articulando. No es posible convertir la
economía en la ciencia suprema y mucho menos situarla en un nivel
superior al de los principios del funcionamiento del Estado democrático.
Por citar a Galbraith: La economía no existe aparte de la política, y es
de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro. Hoy, hay que
reivindicar esta demanda de que siga existiendo en el futuro porque
vivimos tiempos en los que cada vez se consolida con mayor insistencia la
búsqueda de una autonomía de funcionamiento de la economía frente a la
política sometida a controles democráticos.


Parece que el Gobierno, en el Consejo de Ministros del
pasado día 26, volvió a establecer previsiones. A mí me gusta recordar
—lamento ser pesado— la necesidad de que los términos que se
utilicen en política sean homogéneos porque, si no, el discurso pierde
sentido. Durante mucho tiempo escuchamos a los responsables del Gobierno
decir que de lo que ellos hablaban era de objetivos, los objetivos que se
fijaban, y a mí me parecía bien, porque políticamente quien tiene la
responsabilidad del Gobierno, tiene la obligación de fijar objetivos para
que, después, los ciudadanos puedan evaluar si las medidas que tomaron
eran acertadas o no para conseguir esos objetivos. De repente, el
Gobierno ya no fija objetivos, establece previsiones como si fuera
Funcas, como si fuera una fundación de estudios económicos. Y poco
después, dos o tres días después, además, los corrige.


Parece que, como demandaba la moción, se va a producir una
flexibilización en la consecución del objetivo del déficit del 3%
prolongándolo dos años más, pero, a la vez, ello no se convierte en una
carta blanca para no seguir acometiendo nuevos ajustes y recortes; entre
ellos, de los que se han planteado en el Programa Nacional de Reformas de
2013, remitido a la Comisión Europea, hay uno que exige una aclaración
puesto que el discurso ha sido oscuro y es cómo va a afectar ese recorte
a la Ley de atención a la dependencia, porque en el programa remitido se
establece un ajuste de 1108 millones. Responsables gubernamentales dicen
que no son 1108 millones más, sino que son fundamentalmente los mismos
que se comprometieron en el consejo sectorial del pasado mes de julio.
Aclárese eso porque es importante.


Empieza a tener sentido, además, que se dé otra paradoja.
Hay una flexibilización del objetivo de déficit, sin embargo, las
previsiones de la Comisión dicen que en 2014 vamos a tener más déficit
del previsto por el Gobierno. Solo tiene una explicación lógica en
términos económicos, la perspectiva de los multiplicadores fiscales.


Todas las estrategias de ajuste que se han desarrollado a
lo largo de estos últimos años partían de una premisa asentada por el
Fondo Monetario Internacional, la premisa de que cada punto de ajuste
fiscal se traducía en medio punto de reducción del PIB en los países
desarrollados.


A estas alturas está claro que no ha sido así, y por eso el
Fondo Monetario Internacional reconoce que, según los países, la
repercusión de ese punto será entre el 0,9 o el 1,7%; en el caso de
España, probablemente el 1,5%; es decir, los efectos de los recortes
generan una caída de ingresos superior al ahorro, y por eso se incrementa
el déficit.


Dejo la continuación para mi siguiente intervención en el
turno de portavoces, porque me estoy excediendo, y antes de que el
presidente me llame al orden, me voy.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el presidente Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, después del Consejo de Ministros del
viernes, hay una nueva previsión económica del Gobierno, que hasta ahora
era compartida prácticamente por todos los organismos nacionales e
internacionales, menos por el propio Gobierno, y, naturalmente, ahora ha
tenido que reconsiderar su postura.









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No obstante, tengo que decir que después de esta nueva
revisión, y de acuerdo con el artículo de un editorialista en un
periódico de hoy, lo único estable de toda la previsión es el desempleo.
Esa es la realidad que el Gobierno nos ha mostrado en su revisión del
pasado viernes y esa, por desgracia, es la realidad que nosotros queremos
evitar.


Por ello, después de que el Gobierno no solo ha fracasado
estrepitosamente en la reducción del déficit sino que además no ha tomado
ninguna medida para fomentar el empleo, nosotros queremos hacer un
esfuerzo y hemos presentado una enmienda de adición a la moción que
propone una serie de medidas que vendrían a incidir fundamentalmente en
la creación de empleo, lo cual dicho sea de paso no solo no contribuiría
a incrementar el déficit —algo que el Gobierno ha demostrado ya que
es capaz de hacer, a pesar de incrementar los impuestos— sino que
seguramente, gracias al crecimiento económico y la creación de empleo, lo
que haría sería generar más recursos para la Hacienda pública, y, por
tanto, incrementar mucho menos el endeudamiento de lo que está aumentado
en este momento.


A esto hay que añadir unas declaraciones del gobernador del
Banco Central Europeo, que después de decir que rebajaba los tipos de
interés para intentar favorecer el crecimiento económico en Europa,
añadía que de todas maneras no iba a funcionar esa medida porque existe
la trampa de la liquidez, conocida desde hace muchos años por cualquier
economista del mundo, y que el crédito seguiría sin funcionar; por tanto,
además de protestar porque no se adoptaran medidas que debía adoptar él
no tomaba ninguna otra, salvo la protesta. Pues bien, nosotros queremos
insistir en que uno de los problemas clave del crecimiento económico en
España y en toda Europa en este momento son las políticas de austeridad y
la falta de crédito, y, de acuerdo con la propuesta que ahora
presentamos, hemos pasado de considerar el déficit como problema
fundamental a considerar el desempleo.


En ese sentido, apoyamos medidas que incidan directamente
en el crecimiento poniendo a disposición crédito para las empresas y los
emprendedores, y al mismo tiempo, y a fin de paliar las graves
circunstancias que padecen millones de españoles desempleados, medidas
que tenderían también a favorecer la actual situación.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Utilizo este turno en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para expresar que nuestro voto será contrario a la moción por una
simple razón, y es que es una moción del todo innecesaria, porque como
ustedes mismos han reconocido, están instando al Gobierno para que
emprenda una serie de acciones y tome una serie de decisiones ya
realizadas y ya tomadas, dado que todo ello está ampliamente contemplado
en la acción del Gobierno.


Señorías, en el primer punto plantean ustedes, tal y como
han dicho, negociar con la Unión Europea la flexibilización de los
objetivos de déficit para 2013 y 2014, aplazando el objetivo del 3% a
ejercicios posteriores, y como ustedes mismos han dicho, el 26 de abril
de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Estabilidad
2013-2016 y el Programa Nacional de Reformas, y en esos documentos, en el
Programa de Estabilidad se incluye precisamente una extensión del tiempo
en el que nuestras administraciones deben alcanzar ese déficit por debajo
del 3%, esa nueva senda de consolidación fiscal.


Por tanto, el Gobierno no solo ha negociado ya, sino que ha
conseguido esa flexibilización de los objetivos de déficit y lo ha
confirmado a través de su vicepresidente la propia Comisión Europea. El
señor Olli Rehn decía el otro día que esta decisión se había tomado
—y a eso ustedes no han hecho referencia— teniendo en cuenta
el empeoramiento de las perspectivas económicas que se están dando en
todos los países europeos, como recordaba el presidente del Gobierno,
pero teniendo en cuenta también la credibilidad de la política económica
del Gobierno español, y señorías, senador Lerma, eso también es estable:
La credibilidad de la política económica del Gobierno en este año y medio
y el hecho de que las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de
Mariano Rajoy están funcionando. Quizá deberían pararse a reflexionar
sobre el sentido de su moción de hoy y también sobre el sentido de su
discurso.









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En segundo lugar plantean ustedes la articulación de
mecanismos, en concreto del Banco Europeo de Inversiones, que faciliten
el crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero saben muy bien
—o deberían saberlo— que el Gobierno está trabajando a todos
los niveles para articular ese mayor crédito a las pequeñas y medianas
empresas, también con el Banco Europeo de Inversiones. Saben que se ha
incrementado el apoyo a la pyme por parte de dicho banco en cooperación
con el sector financiero, y que para ello ese banco, en colaboración con
las autoridades nacionales, ha creado 15 nuevas líneas de crédito
precisamente para dar apoyo a los proyectos de menor cuantía, unas líneas
que han supuesto 2600 millones de euros para la financiación de pequeñas
y medianas empresas, y precisamente porque el mandato del BEI es dar
mayor financiación a pequeñas y medianas empresas. Y tras la ampliación
de capital del año 2012 el Banco Europeo de Inversiones va a reforzar aún
más su actividad en las pymes, destinando hasta 15 000 millones de euros
adicionales de financiación. Por tanto, también en eso ha trabajado el
Gobierno y ha conseguido resultados.


Y plantean priorizar las reformas iniciadas de manera que
puedan generar crecimiento y empleo, y en este sentido, señorías, tengo
que decirles que el camino no empieza hoy. La legislatura no empieza hoy.
El camino lo empezó el Gobierno del Partido Popular en el primer Consejo
de Ministros. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista,
hablan hoy de medidas para los emprendedores, de medidas para la
financiación, pero saben que la mayor inyección para los emprendedores la
puso el Ministerio de Hacienda, la puso el Gobierno del Partido Popular
con ese Plan de Pago a Proveedores que ha permitido pagar más de 5,5
millones de facturas de las administraciones que con la pasividad del
Gobierno socialista se debían en este país. Seis de cada diez euros de
facturas sociales se debían en este país. Esa fue la mayor inyección
económica y la primera del Gobierno del Partido Popular, y hoy hay en
marcha tres procesos fundamentales. Proceso de consolidación fiscal, que
no es solo reducción del déficit, que han sido mecanismos para salvar de
los pozos de deuda a las administraciones, y el saneamiento del sistema
financiero, que es una realidad, que no es solo la recapitalización de
entidades, que también es la protección de deudores hipotecarios y que se
ha legislado por primera vez para frenar los desahucios o para impedir
los abusos tras la mala comercialización de las preferentes. Y hay un
tercer bloque de medidas importantísimas, señorías, todas las reformas
para la competitividad y el crecimiento; para asegurar que nuestras pymes
tengan crédito se ha impulsado el acceso de las pymes a la financiación
de origen bancario o también la financiación a pymes a través del capital
riesgo y de los business angels.


En definitiva, señorías, hay un programa de reformas en
marcha. Hay un programa de reformas que está generando respeto. En cada
línea del Programa de Estabilidad —y termino, señor
presidente— y del Programa Nacional de Reformas hay reflejada una
política económica dirigida a sentar las bases para recuperar y asegurar
el crecimiento y el empleo. Si hay algo en esos documentos es un esfuerzo
de responsabilidad; de responsabilidad con una previsiones realistas,
incluso conservadoras, y hay un esfuerzo de coherencia y de determinación
de un Gobierno que no ha dejado ni un solo minuto, ni ha perdido en
ningún momento, el objetivo, que es recuperar la creación de empleo.


Y termino recordando las palabras que decía el presidente
de la Caixa esta semana en la presentación de un informe que les aconsejo
y les recomiendo leer: España, tierra de oportunidades, del Consejo
Empresarial de la Competitividad.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, termine.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Decía en la presentación el señor Fainé: Las reformas del
Gobierno han colocado a la economía española en un camino sostenible. Si
hay algo que tenemos que hacer en este momento, desde la responsabilidad,
desde la coherencia, es perseverar en esa dirección, es mantener la
firmeza y el pulso firme en esas reformas que nos han puesto en el camino
de la recuperación económica y en ese camino, aunque algunos de ustedes
se incorporarán muy tarde, esperamos encontrarles.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el senador Montilla.









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El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies. El punt número dos de
la moció òbviament es va redactar en un moment en què encara no es
coneixien els acords que prendria el Consell de Ministres i, segurament,
en un excés podríem dir d’optimisme, francament, pensaven que
desenvoluparia més alguns aspectes que d’alguna manera el Ministre
havia anunciat aquí en la interpel·lació, relatius especialment a tot el
que te relació amb les polítiques de creixement i d’ocupació.
Francament, a l’hora de la veritat, mirant els documents aprovats i
que s’han remés a Brussel·les, aquestes propostes, el grau de
concreció de les mateixes brilla per la seva absència.


I en aquest sentit vull dir que crec que les esmenes en
general que fan tant el Grup Mixt com el Grup Socialista són esmenes que
complementen i milloren el text. És obvi que les dues a la vegada no són
possibles. El grau de concreció de l’esmena del Grup Socialista és
més àmplia. I, en aquest sentit, crec que també inclou si més no
l’esperit i les qüestions principals que te l’esmena del Grup
Mixt. I, per tant, nosaltres acceptaríem l’esmena del Grup
Socialista, que d’alguna manera concreta mitjançant determinades
mesures com afavorir el creixement: mitjançant crèdits per al foment de
l’ocupació, de l’emprenedoria i de suport a
l’exportació, a les empreses exportadores, amb propostes en
l’àmbit comunitari també per tractar de millorar les possibilitats
que hi ha de que no computin en el dèficit, com de fet hi ha
l’antic precedent en el Pacte d’Estabilitat i Creixement del
que es deia la golden rule. Crec que aquest és l’esperit del què
planteja el senyor Lerma.


El tema de l’educació és el que a mi no m’acaba
d’encaixar, sí els temes de recerca i d’inversió productiva,
que, repeteixo, en el seu moment com vostès saben es consideraven dins el
Pacte d’Estabilitat i Creixement, com una possibilitat que
òbviament requeria l’autorització de Brussel·les, però que molts
Estats i comunitats autònomes —en el nostre cas també— van
fer servir.


I desprès allò de la moratòria dels acomiadaments em sembla
també una bona proposta, que per raons econòmiques en aquest període fixa
l’esmena.


En aquest sentit, repeteixo, que acceptaria aquestes
esmenes amb aquesta precisió pel que fa a l’educació, aquesta
petició de reconsideració que li faig al senyor Lerma, amb el ben entés
que acceptant aquesta esmena s’inclou amb un grau fins i tot de
concreció l’esmena també que ha formulat el Grup Mixt.


Moltes gràcies.


Gracias. El punto número dos de la moción, obviamente, se
redactó en un momento en el que todavía no se conocían los acuerdos que
iba a tomar el Consejo de Ministros y, seguramente, en un exceso de
optimismo pensábamos que iba a desarrollar más algunos aspectos que, en
cierto modo, el ministro había ya anunciado en la interpelación relativos
especialmente a las políticas de crecimiento y ocupación. A la hora de la
verdad, viendo los documentos aprobados, que han sido remitidos a
Bruselas, el grado de concreción de estas propuestas brilla por su
ausencia.


Y, en este sentido, creo que las enmiendas, en general,
tanto la planteada por el Grupo Mixto como por el Grupo Socialista,
complementan y mejoran el texto. Es obvio que las dos a la vez no son
posibles. El grado de concreción de la enmienda del Grupo Socialista es
más amplio y, además, creo que también incluye en líneas generales el
espíritu y las cuestiones principales que tiene la enmienda del Grupo
Mixto, y, por tanto, aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista que,
en cierto modo, concreta mediante una serie de medidas cómo favorecer el
crecimiento precisamente mediante créditos para el fomento de la
ocupación, la emprendiduría y el apoyo a las empresas exportadoras, con
propuestas en el ámbito comunitario para intentar mejorar las
posibilidades que hay de que no computen en el déficit, como ya existe ya
un antiguo precedente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de lo que
se llamaba la golden rule. Creo que este es un poco el espíritu que
plantea el señor Lerma.


Lo que a mí no me acaba de encajar es la educación; sí los
temas de investigación y de productividad, que, como usted sabe, se
consideraban como parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como una
posibilidad que requería, obviamente, la autorización de Bruselas, pero
que en muchos Estados y comunidades autónomas, en nuestro caso, también
utilizamos.


La moratoria en los despidos, que fija la enmienda, también
me parece una buena propuesta que exista por razones económicas.


Por tanto, aceptaría estas enmiendas con la petición de
reconsideración que le hago al señor Lerma, con la idea de que creo que
aceptando esta enmienda se incluye con un grado mayor de concreción la
enmienda formulada por el Grupo Mixto.


Gracias. (Aplausos.)









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Me sirve la fórmula que el senador Montilla ha encontrado
para interpretar el encaje de las dos enmiendas. Retomo el argumento. El
argumento era que la flexibilización del objetivo, acompañada de más
ajustes o más recortes no resuelve en absoluto la situación en la que
estamos. Pondré un ejemplo médico que seguramente les sonará a muchos de
ustedes, el de la digitalina. La digitalina es un alcaloide para el
tratamiento de las insuficiencias cardiacas y las arritmias auriculares.
Pero depende de la dosis. Los que hayan leído novelas de Agatha Christie
recordarán que la digitalina era uno de los venenos habituales en los
crímenes que reflejan esas novelas. Los partidarios de las conspiraciones
habrán oído hablar también de la digitalina relacionada con el repentino
fallecimiento del Papa Juan Pablo I. Y eso es lo que ocurre. Las dosis en
las que se utilizan los componentes de respuesta a la crisis no solamente
no nos ayudan a salir de la misma, sino que agravan la enfermedad. Voy a
buscar un ejemplo más próximo todavía. Es llamativo que las comunidades
autónomas que más han recortado su déficit a lo largo de 2012 sean,
precisamente, las que han sufrido una mayor caída del Producto Interior
Bruto, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura; son la plasmación
práctica, la expresión más clara de la aplicación del principio imperioso
de contención del déficit sin mirar alrededor, sin mirar las consecuencia
que de ello se deriva. Por eso, estamos en una depresión. No parece que
la reducción que acaba de acordar el Banco Central Europeo, la rebaja de
un cuartillo de los tipos de interés, vaya a ser —ningún experto,
ningún responsable de entidades financieras podría asegurarlo— un
mecanismo adecuado para garantizar que el crédito fluya. Crédito y empleo
están directamente relacionados y son los problemas fundamentales de
nuestra economía. Crédito y empleo padecen las consecuencias de los
ajustes y de los recortes de la primacía absoluta del objetivo de
contención del déficit. El tipo de interés está en el 0,5. Este es el
período más largo de la historia económica de los últimos años con los
tipos de interés más bajos. Antes estaba en el 0,75. ¿Cuál es el tipo
medio de interés que pagan las pymes españolas? Por encima del 5%. La
prioridad sigue siendo recapitalizar a las entidades financieras y ni así
ni con tipos de interés diez veces superiores a los fijados por el Banco
Central Europeo fluye el crédito a la economía real en nuestro país. ¿Por
qué? Porque las entidades financieras están mirando por ellas mismas y el
Gobierno consiente que su prioridad, la de las entidades financieras, sea
mirar por ellas mismas. En segundo lugar, porque en una realidad
económica como la que tenemos, con un nivel de desempleo como el que
tenemos, las entidades financieras después de mirar para ellas y por sus
necesidades de recapitalización, no tienen confianza en la capacidad de
devolución de los créditos de quienes tengan el valor en este momento y
en esta coyuntura de solicitar un crédito, de solicitar un préstamo.


Llegamos a situaciones difícilmente comprensibles incluso
si aplicamos la lógica económica más ortodoxa. Como no tenemos banca
pública hemos renunciado a ella. Se utiliza como instrumento para
dinamizar el crédito el ICO, pero en unas condiciones absolutamente
leoninas. El ICO tramita y decide si se va a conceder el crédito. El ICO
pone el dinero de ese crédito prácticamente. El ICO responde del riesgo
de morosidad. La pregunta es, ¿qué pone el banco? Porque incluso desde
una perspectiva religiosa, la justificación del interés en el mundo
cristiano está en el riesgo que asume. Hay otras religiones en las que
está prohibida la usura. Aquí la usura se justifica por el riesgo; a
mayor riesgo, mayor interés. Si el ICO responde, si respondemos todos
¿dónde está el riesgo? ¿Por qué el interés entonces?


El resultado —y concluyo—, es que no hay
medidas eficaces que dinamicen la realidad económica y que sean una
respuesta adecuada al desempleo. Hoy todos ustedes habrán leído en los
medios de comunicación el incremento de la emigración a Alemania, de un
45% el pasado año. Pero hay otro dato que a mí me parece igualmente
espeluznante. En 2012, en relación con 2011…


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Solo tres segundos, señor
presidente.


…la Organización Médica Colegial tramitó un 75% más
de solicitudes de idoneidad, el 91% para moverse hacia el exterior, que
diría la señora ministra de Empleo, antes emigrantes.









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Martínez.


La señor a MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.


Hemen ez dekogu bakarrik mozio bat, baizik eta mozio bi, ze
PSOEK aurkeztutako emendakina guztiz mozio bat dala ematen dau.


Baina, bueno, berdin dau, puntu guztietan aztertuko dot
nire talde parlamentarioaren posizioa.


Muchas gracias, señor presidente.


Aquí no tenemos solo una moción sino que se trata de dos
mociones, porque la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista casi
es una moción, tiene sus características.


Pero voy a analizar en todos los puntos la posición de mi
grupo parlamentario.


Porque además de la moción del senador Montilla nos
encontramos con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que casi
es una moción en sí misma.


Vamos a votar a favor de la moción porque compartimos
plenamente la moción presentada por el senador Montilla en todos y cada
uno de sus puntos, así como la enmienda presentada en este caso por el
Grupo Parlamentario Socialista, con algunas matizaciones a las que luego
haré alusión.


La moción del senador Montilla hace referencia a la
necesidad de flexibilizar el déficit y de que se haga además con una
distribución equitativa. En ese sentido, es importante señalar que,
además de la Administración central y de las comunidades autónomas, son
los ayuntamientos los que afrontan buena parte del gasto público, y
entiendo que la relajación del déficit tiene que tener en cuenta las
administraciones locales, que se encuentran en este momento con un
déficit cero. Si hay alguien que ha cumplido son precisamente ellas. En
ese sentido, mi grupo parlamentario siempre se ha manifestado a favor de
flexibilizar el déficit y, por lo tanto, entendemos y compartimos
plenamente el punto en su redacción textual.


A la hora de priorizar políticas que generen crecimiento y
empleo, especialmente de los jóvenes y de lo que se llama el
emprendimiento, nosotros también hemos mantenido una postura coincidente
con lo expresado por la moción, al igual que este último punto, al que
hacía extensiva referencia el senador Iglesias cuando hablaba de
facilitar el acceso al crédito a los autónomos y a las pymes. Nos
preocupa mucho, nos preocupa tanto que ha sido de las primeras medidas
que hemos empezado a implementar cuando hemos entrado en el Gobierno
vasco. Hoy mismo, a las cuatro de la tarde, el lehendakari del Gobierno
vasco tiene una reunión con los diputados generales y con la presidenta
de Eudel, con Ibone Bengoetxea, presidenta de la Asociación de Municipios
Vascos, donde les va a lanzar una propuesta, y es la creación de tres
fondos: uno de reactivación económica precisamente orientado a facilitar
el acceso al crédito y a los avales —que los avales también son
fundamentales para las empresas, sobre todo para las pequeñas—, por
un valor a través de un fondo de 200 millones de euros; un fondo de
solidaridad para el empleo de 40 millones de euros que haga especial
hincapié en el empleo de la gente joven y de los parados de larga
duración, y un fondo de apoyo a emprendedores de 5 millones de euros; un
total de 245 millones que se han conseguido sacar gracias a los datos que
estimamos de relajación del déficit que vamos a tener la semana que
viene.


Por lo tanto, es importante visualizar cómo la
flexibilización del objetivo del déficit realmente se traduce en fondos y
en cuantías concretas que van orientadas en este sentido. En
consecuencia, no tengo nada que decir a la moción que ha presentado el
senador Montilla y que apoyamos, como he comentado, sin reservas.


Otra cuestión es la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, el senador Lerma. El senador Montilla lo ha
expresado perfectamente.


Respecto al primer punto relativo al fondo de los 20 000
millones de euros para la financiación de empresas y el fomento del
empleo, emprendedores y apoyo a la exportación, estoy totalmente de
acuerdo. Creo que las medidas que está proponiendo el lehendakari Urkullu
esta tarde van precisamente en este sentido. El lehendakari Urkullu ha
venido a decir que, además de estos 245 millones de euros, bienvenidos
sean otros mecanismos de financiación por parte de otros entes de la
Administraciones Pública o por entes privados. Por tanto, si además de
esos 245 millones para Euskadi hay algo más dentro del fondo que ustedes
proponen, bienvenido sea. Ningún problema.









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El punto b es el que me plantea cierta duda y en ese
sentido es lo que ha señalado el senador Montilla, que los gastos en
educación, en investigación e inversiones productivas no computen como
los efectos de procedimiento de déficit excesivo. Evidentemente, la
relajación del déficit es casi como decir que determinados gastos no
computen, es decir, lo mismo pero visto desde diferentes puntos de vista.
Lo que ocurre es que están incluyendo inversiones en educación en
determinados ámbitos, por ejemplo, investigación universitaria,
contratación de investigadores, etcétera. Se pueden interpretar desde el
punto de vista de una inversión a futuro, pero no todo lo relativo al
gasto en educación. Me gustaría que en su siguiente intervención pudiese
centrar este asunto.


En cuanto a la moratoria para los despidos por causas
económicas, he de señalar que nosotros nos hemos mostrado en todo momento
contrarios a la descausalización del despido que ha supuesto la última
reforma laboral. Por tanto, entendemos que el despido por causas
económicas es una medida sumamente negativa, sobre todo en esta coyuntura
de crisis económica, que además está en la causa de muchos de los
despidos.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.


La señora MARTINEZ MUÑOZ: Finalizo, señor presidente.


Una cuestión más. Aparecía en prensa la empresa Fagor, que
se dedica a electrodomésticos de línea blanca. Las ventas de
electrodomésticos en el último año se han reducido un 60%; por segundo
año consecutivo, los trabajadores de Fagor, que es una cooperativa
perteneciente al grupo Mondragón, se van a reducir el sueldo un 6,5%. Por
segundo año consecutivo. Hay alternativas al despido por causas
económicas. La salida de la crisis tiene que hacerse entre todos los
agentes económicos: trabajadores, directivos, sindicatos, Administración
Pública, etcétera. Por tanto, descausalización del despido,
absolutamente.


En ese sentido, apoyaremos la moción. Votaremos a favor,
pese a las reticencias que tenemos respecto al gasto educativo.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, president.


Bé, jo crec que ni el Govern ho fa tot bé ni
l’oposició ho fa tampoc tot bé o tot malament. Les coses són més
relatives del que ens pensem. Però la veritat és que quan escoltem dir al
Partit Popular que el Govern està fent el correcte, cal recordar que el
mes de desembre —ho hem debatut més vegades— quan parlàvem
dels pressupostos estaven parlant d’això també, del Programa
Nacional de Reformes i el Pla d’Estabilitat. Cal recordar que ja en
aquest moment vam avançar que les previsions que hi havia de creixement
eren poc creïbles; evidentment, que això condicionava el dèficit públic,
que seria més elevat del que anunciava el Govern, i que això es traduiria
també, òbviament, en menys activitats econòmica i més atur. A més a més,
també vam posar en evidència que el crèdit s’anava restringint,
cada vegada hi ha menys crèdit al servei de les empreses. Aquesta és una
realitat, he dit, contra la que és difícil d’argumentar en contra,
perquè les dades són aquestes.


El dèficit. Nosaltres compartim en línies generals les
polítiques d’austeritat i la necessitat de la consolidació fiscal.
És obvi. Però la veritat és que el dèficit, malgrat haver apujat els
impostos, malgrat les retallades, malgrat haver d’haver utilitzat
alguns recursos que són fruit de l’herència també, els 7000 milions
del Fons de Reserva de la Seguritat Social o els 4000 de les mútues, que
s’han utilitzat, era una herència. Si no hi haguessin estat, hi
hauria un punt més de dèficit.


Però bé, el tema que en concret tractem a la moció és el de
la distribució del dèficit, que ha de ser equitativa entre els diferents
nivells d’Administració en funció de la seva participació en la
despesa pública. Aquesta és una cosa que en aquest moment està en
discussió i convindria un posicionament d’aquesta cambra al
respecte, per a un tracte més just, especialment a les comunitats
autònomes, a les quals se’ls ha anunciat una participació
absolutament insuficient, des del meu punt de vista. S’han
manifestat diferents presidents de comunitat en aquest sentit, fins i tot
presidents de comunitats del Partit Popular.









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Creixement i ocupació. Seguirà creixent la desocupació,
l’atur, això és el que preveu l’acord del Consell de
Ministres i els dos documents enviats a Brussel·les, fins i tot amb
algunes incongruències. L’any que es preveu un creixement de
l’economia d’un 0,5, amb un creixement de l’atur del
0,4. Això, evidentment, tots sabem que no serà així. Amb un creixement
tan minso de l’economia, que segurament no s’arribarà a
produir —també això ho diuen altres prediccions d’organismes
internacionals—, difícilment l’atur creixerà en un 0,4 sinó
desgraciadament segur que en més.


El crèdit. El crèdit no creix. Els banquers diuen que no hi
haurà més crèdit, que no creixerà d’aquí fins almenys passat el
2015. I les dades del Banc d’Espanya ho diuen també, que el crèdit
cau. Per tant, vull dir que les bones intencions estan bé, però caldran
algunes mesures concretes, que ja sé que en algunes s’hi està
treballant, o s’està negociant, o diuen que s’està negociant.
Aquesta participació del BEI o del Banc Central Europeu, especialment
permetent la titularització i la utilització com a col·lateral dels
préstecs de les pimes titulitzats. Tant de bo s’arribi a fer, per
poder posar-lo de relleu. I després, tenim una banca pública, no hi ha
voluntat de tenir una banca pública, però la tenim fruit de les
circumstàncies. Vull dir que també podria jugar un paper. Aquí el
ministre no es va voler mullar, però jo crec que hauria de jugar un
paper.


D’alguna manera penso, i amb això acabo, que el
Programa Nacional de Reformes i el Programa d’Estabilitat han estat
una certa ocasió perduda, perquè unes certes correccions a la política
econòmica, si més no, que vostès estan fent crec que la reclama tothom,
fins i tot persones que no són precisament ni d’esquerres ni
pertanyen a moviments socials sospitosos. Per tant, haurien
d’efectuar aquestes correccions. Crec que és una necessitat i fins
i tot una obvietat. Si el que volem és que creixi l’economia, que
es creï ocupació, que realment es pugui reduir el dèficit i que realment
es pugui reduir també el deute, i no amb aquest creixement que hi ha
previst també en els escenaris que vostès han aprovat.


Res més. Penso que en aquest sentit hi ha sobrades raons
per donar suport a la moció i ho agraeixo als grups que han anunciat el
vot favorable.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


En mi opinión, ni el Gobierno lo hace todo bien ni la
oposición tampoco lo hace todo bien ni todo mal, las cosas son más
relativas de lo que pensamos. Sin embargo, lo cierto es que cuando oímos
decir al Partido Popular que el Gobierno está haciendo lo correcto, hay
que recordar que en el mes de diciembre, cuando debatíamos los
presupuestos —lo hemos debatido en más ocasiones— hablábamos
del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad. Ya
entonces avanzamos que las previsiones de crecimiento eran poco creíbles,
y eso condicionaba lógicamente el déficit público, que sería más elevado
de lo que anunciaba el Gobierno, y que eso se traduciría también,
obviamente, en una menor actividad económica y más desempleo. Asimismo
pusimos de manifiesto que el crédito se iba restringiendo cada vez más,
cada vez hay menos crédito al servicio de las empresas. Esta es una
realidad que difícilmente se puede argumentar en contra, difícilmente se
puede rebatir porque la situación es así.


Es obvio que compartimos en líneas generales las políticas
de austeridad y la necesidad de consolidación fiscal, pero la verdad es
que, a pesar de subir los impuestos, a pesar de los recortes, a pesar de
haber empleado algunos recursos que también son fruto de la herencia
recibida, si no se hubieran utilizado los 7000 millones de la reserva
social o los 4000 de las mutuas, habría un punto más de déficit.


En fin, el asunto concreto que tratamos en la moción es la
distribución del déficit, una distribución que tiene que ser equitativa
entre los distintos niveles de la Administración en función básicamente
de su participación en el gasto público. Esto es algo que se está
debatiendo. Por consiguiente, sería preciso un posicionamiento de esta
Cámara a favor de un trato más justo a las comunidades autónomas, a las
que se ha anunciado una participación absolutamente insuficiente, desde
mi punto de vista, y se han manifestado distintos presidentes de
comunidades, incluso presidentes de comunidades del Partido Popular.


Crecimiento y ocupación. Evidentemente, seguirá creciendo
la desocupación, el desempleo. Esto es lo que prevé el acuerdo del
Consejo de Ministros y los dos documentos enviados a Bruselas, incluso
con incongruencias para el próximo año, en el que se prevé un crecimiento
de la









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economía de un 0,5, con un crecimiento del desempleo de un
0,4. Todos sabemos que esto no será así. Con un crecimiento tan escaso de
la economía, que seguramente ni se producirá —según las
predicciones de algunos organismos internacionales—, difícilmente
el desempleo crecerá un 0,4, sino más.


El crédito no crece. Los banqueros dicen que no habrá más
crédito, que no va a aumentar hasta, al menos, pasado el 2015. Y los
datos del Banco de España también lo dicen, que el crédito cae. Por
tanto, están bien las buenas intenciones, pero serán necesarias algunas
medidas concretas. Sabemos que se están negociando algunas de ellas, o se
dice que se está negociando la participación, por ejemplo, del Banco
Central Europeo para mantener la utilización colateral por parte de las
pymes. En todo caso, hay un banco público. No hay voluntad de tener un
banco público, pero lo tenemos, fruto de las circunstancias. Yo creo que
también podría desempeñar un papel, pero el ministro no quiso
concretar.


En cualquier caso, y con esto termino, creo que respecto al
Programa Nacional de Reformas y al Programa de Estabilidad se ha perdido
una ocasión, porque es necesario realizar correcciones en la política
económica que ustedes están haciendo. Esta reclamación la hace todo el
mundo, incluso personas que no son de izquierdas ni pertenecen a
movimientos sociales sospechosos. Por tanto, deberían introducir estas
correcciones. Creo que es una necesidad e, incluso, una obviedad. Si lo
que queremos es que crezca la economía, que se cree ocupación, que se
reduzca el déficit y también la deuda, no será posible con el crecimiento
que se ha previsto.


Nada más. Creo que hay razones de sobra para apoyar la
moción. Mi agradecimiento a los grupos que han anunciado su voto
favorable.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
president Montilla.


Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.


Senyories, fa justament unes dues setmanes que
l’Institut Nacional d’Estadística va donar a conèixer les
dades sobre l’ocupació i l’atur en aquest primer trimestre,
ja ho hem comentat moltes vegades: 6 200 000 persones, que representen,
un 27,4% aproximadament de la població activa. I quan es miren aquestes
xifres amb un cert deteniment són escandaloses, perquè gairebé la meitat
de les persones porten un any de manera constant aturades, tenim un 57%
d’atur juvenil i, alhora, hi ha una situació a les llars espanyoles
on tots els membres estan sense feina de aproximadament uns dos milions
de persones.


Gairebé de manera paral·lela, el Govern va actualitzar el
Programa d’Estabilitat 2013-2016, augmentant el marge de dèficit
per aquest any fins al 6,3 i que va revisar, a la baixa, el quadre de les
seves previsions macroeconòmiques. D’aquí ja es dedueix una cosa
important, i és la incapacitat del Govern de generar ocupació durant dos
anys, perquè admeten que, fins al 2016, no aconseguirem baixar fins al
25%, cosa que vol dir que no estarem generant ocupació ja en tota aquesta
legislatura.


Les previsions del PIB també van ser revisades a la baixa,
elevant per al 2013 la contracció de l’economia del 0,5 —que
és el que figurava a la Llei de pressupostos— a l‘1,3. del
PIB, fet que suposa gairebé triplicar la contracció prevista, amb una
caiguda que encara pot ser superior. I una setmana després
d’aquestes publicacions la Comissió Europea va corregir encara més
a la baixa les previsions econòmiques del Govern pronosticant una
contracció de l’1,5% per aquest any, en lloc de l‘1,3, i una
taxa d’atur que se situarà, de mitjana, en el 27%.


En aquestes circumstàncies, la Comissió preveu que Espanya
incompleixi fins i tot els nous objectius de dèficit proposats pel
Govern. Sense mesures addicionals és molt difícil arribar a resoldre
aquesta situació. Per això, el vicepresident de la Unió Europea i
responsable d’afers econòmics i monetaris, Olli Rehn, va confirmar
que l’executiu espanyol tindrà dos anys més per rebaixar el seu
dèficit per sota del 3% del producte interior brut, passant de
l’actual 2014 al 2016 per corregir aquest marge de dèficit. Per
tant, en aquests moments, ens hem de preguntar on som i què demanem.


Abans de res, vull evidenciar que estem d’acord en la
moció que ens acaben de plantejar. Nosaltres li donarem suport. Però
voldria fer algunes consideracions. En primer lloc, vull constatar que la
primera part d’aquesta moció ja queda superada pels esdeveniment,
és a dir, per les declaracions que s’han fet des d’Europa,
amb els dos anys per flexibilitzar el dèficit. En definitiva,









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són dos anys que s’han de mirar d’aprofitar, i
això és el que nosaltres hem de continuar treballant. En segon lloc, vull
posar de manifest que per primera vegada el Govern aparca
l’excessiu optimisme i triomfalisme en les previsions dels quadres
macroeconòmics i, per tant, reconeix ja que estem en un camí molt més
difícil i més complicat.


Per això és fonamental que, en primer lloc,
s’aprofiti el marge de dos anys que brinda Brussel·les per complir
amb l’objectiu de reducció de dèficit fins al 3%. Entenem que el
Govern segueix concentrant els seus esforços exclusivament en
l’austeritat econòmica, alhora que forçant que aquests esforços, en
el sector públic, es concentrin prioritàriament en les administracions
territorials, cosa que, segons el nostre parer, és un error. Creiem que
el Govern ha d’aprofitar el marge que se’ns ofereix per
impulsar el creixement i apartar les administracions territorials i, no
aportar tota aquesta càrrega a les administracions, sinó que aprofitem
aquesta oportunitat per impulsar el creixement.


Permeti’m finalment, senyor Montilla, que li digui
que en tota la seva intervenció hem trobat a faltar un cert reconeixement
a l’esforç que està fent la Generalitat de Catalunya en tot aquest
temps en la reducció de dèficit, perquè estem fent esforços molt
considerables. Per tant, vostès també podrien fer una certa autocrítica
de quan estaven en el Govern dels objectius, que en gran part van ser
l’herència que nosaltres tenim, de responsabilitat en aquesta
etapa. (El senyor president ocupa la Presidència.)


Finalment, deixi’m dir-li que estem totalment
d’acord amb tot el que seria les polítiques de liquiditat, a fi i
efecte d’estimular el creixement i també l’ocupació.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hace precisamente dos semanas que el Instituto
Nacional de Estadística dio a conocer los datos sobre la ocupación y el
desempleo en este primer trimestre. Lo hemos comentado en muchas
ocasiones: 6 200 000 personas, que representan un 27,4% aproximadamente
de la población activa. Si observamos estas cifras con un cierto
detenimiento, vemos que son escandalosas. Prácticamente la mitad de las
personas llevan un año desempleadas de forma constante. Tenemos un 57% de
desempleo juvenil. Y, al mismo tiempo, existen hogares españoles en los
que todos sus miembros están sin trabajo, aproximadamente 2 millones de
personas.


Prácticamente en paralelo, el Gobierno actualizó el
Programa de Estabilidad 2013-2016, aumentando el margen de déficit para
este año hasta el 6,3 y que revisó a la baja en el cuadro de sus
previsiones macroeconómicas. De aquí se deduce algo importante: la
incapacidad del Gobierno de generar empleo durante dos años, porque
admiten que hasta 2016 no conseguiremos bajar al 25%. Por tanto, no
estaremos generando empleo en toda esta legislatura.


Las previsiones del PIB también fueron revisadas a la baja.
Para 2013 aumentaba la contracción de la economía: del 0,5—
—que figuraba en la ley de presupuestos— al 1,3 del PIB, lo
que supone, prácticamente, triplicar la contracción prevista, la caída,
que puede ser incluso superior. Pero una semana después de estas
publicaciones la Comisión Europea corrigió todavía más a la baja las
previsiones económicas del Gobierno pronosticando una contracción del
1,5% para este año, en lugar del 1,3%, y una tasa de desempleo que se
situará, de media, en el 27%.


En estas circunstancias la Comisión prevé que España
incumpla incluso los nuevos objetivos de déficit propuestos por el
Gobierno. Sin medidas adicionales es muy difícil resolver esta situación.
Por esto, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de
asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, confirmó que el Ejecutivo
español tendrá dos años más para rebajar su déficit por debajo del 3% del
PIB, pasando del actual 2014 al 2016 para corregir ese margen de déficit.
Por lo tanto, en la actualidad debemos preguntarnos dónde estamos y qué
pedimos.


Antes de nada hay que decir que estamos de acuerdo con la
moción que se acaba de plantear, vamos a apoyarla, pero quiero hacer
algunas consideraciones. En primer lugar, quiero constatar que la primera
parte de esta moción queda ya superada por los acontecimientos, por las
declaraciones realizadas desde Europa sobre estos dos años más para
flexibilizar el déficit. En definitiva, son dos años que hay que intentar
aprovechar, y ahí hemos de seguir trabajando. En segundo lugar, hay que
decir que por primera vez el Gobierno aparca un poco ese optimismo y









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triunfalismo excesivo en las previsiones de los cuadros
macroeconómicos y reconoce, por tanto, que estamos en un camino mucho más
difícil y complicado.


Por ello, es fundamental y clave que se aproveche, en
primer lugar, el margen de dos años que nos dan desde Bruselas para
cumplir con el objetivo de reducción del déficit hasta el 3%. Entendemos
que el Gobierno sigue concentrando sus esfuerzos exclusivamente en la
austeridad económica, al tiempo que fuerza que en el sector público se
concentren prioritariamente en las administraciones territoriales, y
entendemos que esto, claramente, es un error. Creemos que el Gobierno
debe aprovechar el margen que se nos ofrece para impulsar el crecimiento
y apartar a las administraciones territoriales de forma que no recaiga
esta carga sobre ellas. Tenemos delante una oportunidad, que hemos de
aprovechar, para impulsar precisamente el crecimiento.


Finalmente, señor Montilla, permítame que le diga que en su
intervención hemos echado de menos cierto reconocimiento al esfuerzo que
está realizando durante todo este tiempo la Generalitat de Cataluña para
la reducción del déficit. En cierto modo estamos realizando esfuerzos muy
considerables, así que ustedes podrían hacer cierta autocrítica en cuanto
a los objetivos —y me refiero a cuando estaban en el
Gobierno—, que en buena parte son la herencia que tenemos y nuestra
responsabilidad en esta etapa. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)


Por último, permítanme decirles que estamos completamente
de acuerdo con todo lo que sean políticas de liquidez cuyo objetivo sea
estimular el crecimiento y el empleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.


Si ustedes atendieran debidamente a lo que dice su
presidente del Gobierno —lo dijo ayer mismo en esta Cámara—,
seguramente no mantendrían esta actitud radical en contra de la
moción.


Ciertamente, lo primero que plantea la moción es una
revisión de los objetivos de déficit por parte de las administraciones
públicas. Ayer, el presidente vino a decir con bastante claridad que,
obviamente, si en este momento pedimos el mismo esfuerzo de consolidación
a Alemania que a España, no estamos haciendo justicia ni lo estamos
haciendo bien. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, evidentemente, lo que
todos ustedes piensan: que no se puede pedir un esfuerzo similar a
comunidades autónomas que parten de situaciones diferentes. Y eso lo
tendrán que admitir porque su propio Gobierno lo hará y por lo tanto no
tiene ningún sentido la radicalidad que ustedes están empleando en este
momento.


La segunda cuestión es mucho más evidente todavía, y es que
no hace falta insistir para que quede bastante claro que lo que ha hecho
la Comisión ni más ni menos es decir que su política de contención del
déficit ha fracasado y, por lo tanto, le voy a dar dos años más. Pero
está claro que ha fracasado, es evidente, no han contenido ustedes nada
el déficit a pesar de hinchar de impuestos a los ciudadanos, y además de
una manera regresiva normalmente.


¿Qué ha pasado en los últimos años en las administraciones
públicas? Que el déficit de las administraciones públicas llegó a ser, de
acuerdo con la Comisión Europea, del 10,6 si se cuentan las ayudas
públicas a la banca; si no se cuentan las ayudas públicas a la banca
fueron aproximadamente 73 000 millones de euros, es decir, sobre un 7%;
si se cuenta el déficit real, que son los 7000 millones que decía el
señor Montilla que ustedes se han llevado del Fondo de reserva más los
4000 millones que le han obligado a meter a las mutuas, el déficit supera
el 8%. Ustedes no han reducido el déficit nada y han hinchado a este país
a impuestos, lo que ha impedido el crecimiento de la economía real. Esta
es la situación que tenemos ahora mismo.


¿Qué ha ocurrido además? El déficit sin ayudas financieras
lo dejaríamos en 2,7 del PIB en dos años, pero esto no es real. Todo el
déficit que se ha reducido, se ha reducido además en torno al gasto y eso
es exactamente lo contrario de lo que dice Bruselas en cada declaración.
Esta es una situación insostenible por parte de su Gobierno y por parte
de Bruselas, que parece que no se estudie las cuentas españolas porque
las recomendaciones que hace son exactamente las contrarias a las que
necesita la actual situación.


Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las grandes
subidas de impuestos lo único que han hecho ha sido aumentar la
recaudación un 0,6; mientras que los gastos que han recortado, el









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gasto de capital especialmente, se han reducido un 35%; los
gastos de personal se han reducido en torno al 6%, básicamente gracias a
la paga extraordinaria que se les retiró a todos los funcionarios
españoles. ¿Y qué más ha pasado? Que aumentaron las prestaciones sociales
un 2%, pensiones y desempleo, y aumentó un 20% el pago de los intereses
de la deuda.


Como decía, los ingresos apenas aumentaron un 0,6% a pesar
de las grandes subidas de impuestos y, como consecuencia, tenemos un
incremento histórico y sostenido de la deuda española hasta niveles que
Kenneth Rogoff diría que son insostenibles para el futuro, pero ya se ha
demostrado que no es verdad porque no es eso lo que limita el
crecimiento, sino la falta de inversión fundamentalmente. Está clarísimo,
la política de austeridad ha fracasado estrepitosamente. El beneficio que
obtenemos con el recorte del gasto se anula automáticamente por la caída
de ingresos consecuencia del crecimiento negativo de la economía y,
además, con la falta de inversión, que es lo que estamos reduciendo
fundamentalmente para acortar el déficit, estamos arruinando el
crecimiento potencial futuro de esta economía, lo que no parece tener en
consideración la Unión Europea en ningún momento. Estas políticas no van
a generar más que sufrimiento. ¿Y cuánto sufrimiento hemos de esperar
para considerar el paro como el principal problema por encima de la
inflación, que ni está ni se la espera, digan lo que digan el Busdesbank
y todos los tratadistas alemanes que no han acertado ni una previsión? Y
que, por supuesto, el problema tampoco es en este momento el
endeudamiento, que sigue creciendo con la política actual; el
endeudamiento sigue creciendo, no es que nosotros propongamos que nos
endeudemos más, es que ahora el Gobierno está haciendo que España se siga
endeudando a un ritmo acelerado, cada vez mayor. Esta es la realidad.


Con estas condiciones —y esto es lo
importante—, las enmiendas que hemos presentado y la enmienda que
yo acepto del señor Montilla es lo que nos ha decidido a nosotros a
rescatar el crecimiento, a hacer fluido el crédito, lo que no empeorará
el endeudamiento y aliviará —y mucho— el sufrimiento de los
ciudadanos que no tienen que pagar por algo que no han producido y que
tampoco con su sufrimiento lo van a poner arreglar.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Senador Lerma, ya entiendo por qué mantienen ustedes una
moción que es totalmente innecesaria, como decía en mi primera
intervención. Ahora puedo entenderlo: solamente para hacer un discurso
absolutamente político y para vender esas falsedades que ustedes repiten
como si fueran creíbles por las muchas veces que las repiten, y es que
los esfuerzos son inútiles y no ha cambiado nada. Usted ha repetido la
palabra fracaso hasta una decena de veces. Pero, ¿hay mayor fracaso que
esa cultura de la ayuda pública de que con más dinero se resuelve todo,
que vuelven a incorporar ustedes en su enmienda? ¿Hay mayor fracaso que
el que nos dejaron las políticas socialistas?


Señorías, la legislatura no empieza hoy. Puede que ustedes
se enteren hoy, porque parece que no están a lo que hay que estar, que es
a salir de la crisis, que es a la recuperación económica, pero, como
digo, la legislatura no empieza hoy y las cosas no son —aunque a
ustedes no les guste— ni parecidas a como el Partido Socialista las
dejó cuando gobernó. El balance de diciembre de 2011 no podía ser más
dramático, como usted ha dicho, ni más pesimista: España líder en pérdida
de competitividad. España genera serias dudas sobre nuestra solvencia
para pagar una deuda ingente que solo en dos años ustedes duplicaron.
España incapaz de ajustar el déficit —ni siquiera de decir la
verdad sobre él, senador Lerma—. España no aborda una sola reforma.
España tiene un sistema bancario sin sanear. En España no se pagan las
facturas —más de cinco millones y medio de facturas se han pagado
con el Gobierno de Mariano Rajoy—. España abocada al rescate,
incapaz de cumplir sus compromisos de pago y dejando de atender y de
pagar los servicios públicos, senador Lerma. Esa es la España que le tocó
recoger al Gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad que ustedes
dejaron. ¿Le parece que hay algo más negativo, más dramático y más
pesimista que eso?


Sinceramente, señorías, no pueden decir que nada ha
cambiado y no pueden dejar de reconocer el esfuerzo que se ha hecho,
porque hoy las cosas han cambiado. Hoy tenemos en









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España un Gobierno convencido y fiable, que era la primera
condición. Hoy tenemos un Gobierno con la determinación necesaria y un
Gobierno que tiene una política económica, la que aparece recogida en ese
Programa Nacional de Reformas y en ese Programa de Estabilidad. El 2012
ha sido un año duro, ha sido un año de ajustes, de esfuerzos, pero los
esfuerzos valen la pena y es tremendamente injusto que vengan hoy
ustedes, después de quince meses, a decir que los esfuerzos han sido
inútiles, porque hay cosas que han cambiado. No ha sido solo la reducción
del déficit —dos puntos de reducción del déficit—, no es solo
eso. Hoy no se habla en España ni de quiebra ni de rescate. Hoy las
medidas del Gobierno consiguen una credibilidad internacional, que es la
que ha permitido ese cambio en los objetivos de déficit, senadores del
Grupo Socialista. Hoy la economía española, por primera vez desde 1998,
no requiere financiación exterior. Hoy hemos logrado la moderación en los
costes laborales unitarios, más flexibilidad, más productividad y más
capacidad empresarial y la fortaleza de nuestras exportaciones.


Ustedes saben muy bien que ese superávit en la cuenta
corriente es el mejor indicador de la recuperación. Lo saben muy bien, no
sé por qué intentan negarlo. Y hay datos que indican que somos el quinto
país del mundo que mejora más desde 2010 su atractivo para captar
inversión extranjera directa. Eso, señorías, tiene mucho que ver con la
credibilidad que ha generado este Gobierno y tiene mucho que ver con la
confianza que están despertando las mejoras y las reformas de este
Gobierno.


Hay un dato dramático, que es la cifra de desempleo. Y es
el Gobierno el primer comprometido, como hemos dicho, porque las cifras
de paro deben ser, y lo son, el mayor acicate para todas las políticas de
este Gobierno. Toda la política económica del Gobierno del Partido
Popular va dirigida a la recuperación del crecimiento y a la recuperación
del empleo. Además, he de decir que esa política económica está dando
resultados. En cualquier caso, haré una reflexión a los senadores del
Grupo Socialista y es que no destinaremos ni un segundo a la
autocomplacencia ―como ha dicho el presidente del Gobierno―,
ni un minuto a la relajación hasta que no consigamos crear empleo.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: En cualquier caso, también tengo
que decirles que es un gravísimo error tratar de ignorar, tratar de
esconder y tratar de negar los resultados que consiguen las reformas, y
ustedes deberían haber aprendido algo de esos errores porque negar la
realidad, como negaron ustedes la crisis durante año y medio, es un grave
error.


Por cierto, el senador Iglesias se refería a una serie de
comunidades que han reducido el déficit, pero debería plantearse qué
ocurre con el empleo en aquellas otras comunidades ―en algunas de
ellas ustedes soportan al Gobierno, como en el caso de Andalucía―
donde los esfuerzos por controlar el déficit no son suficientes, donde no
se aplican las políticas del Partido Popular. Insisto, debería valorar
los resultados y hacer una comparativa para comprobar si esos resultados,
de verdad, son mejores que los que se producen en otras comunidades.


Quiero hacer una tercera reflexión. Hay unos resultados
macroeconómicos que no se perciben aún en el día a día de las familias y
somos conscientes de que queda mucho por hacer pero, desde luego, las
reformas aprobadas y las reformas contenidas en ese programa nacional,
aunque no han desplegado todos sus efectos, lo van a hacer.


Señorías, el Partido Socialista propone acuerdos y lo hace
―como en el caso de la enmienda de hoy― solicitando la
creación de un fondo de 20 000 millones de euros. Hablan del fracaso de
las políticas del Partido Popular, pero si algo demostró el fracaso, si
algo demostraron ustedes, como decía ayer el señor ministro de Economía,
es que no por poner más dinero se logran mejores resultados. Fueron
ustedes unos expertos en poner cientos de miles de millones de euros a
disposición de unas medidas que no lograron más que el fracaso de toda
una política económica. Vuelven ustedes a proponer 20 000 millones de
euros para este fondo, 40 000 millones de euros para otro o 60 000
millones de euros para otro distinto, pero no recuerdan ustedes
―tienen mala memoria― que esa cultura de medidas
improvisadas, esa cultura de medidas de quita y pon ya la hemos vivido.
Todos recordamos su extraordinaria medida, su plan estrella para el
empleo, aquel famoso Plan E, que contaba con 13 000 millones de euros,
pero hoy sabemos que gastaron 1 000 000 euros por cada empleo estable que
crearon; un auténtico fracaso. Igualmente ocurrió con la Sociedad Pública
de Alquiler y, en este sentido, recuerdo al señor Zapatero diciendo









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que se creaba y que si luego no daba resultados, se
quitaría; sin embargo, hubo que quitarla cuando ya había dejado un
agujero de 45 000 millones de euros. Esa es la realidad de las políticas
del Partido Socialista.


Señorías, les pido que hagan propuestas serias, planes
serios ―como está aplicando el Gobierno―, porque volver a la
cultura de las ideas felices con el dinero que todavía estamos pagando
todos en intereses y en credibilidad no es la mejor política.


Por otro lado, cuando hablan de planes y de ideas, viendo
lo que ustedes proponen, nos preguntamos si su plan consiste en adoptar
las mismas medidas que nos llevaron a donde nos llevaban: directos a la
suspensión de pagos. Muchos españoles nos preguntamos cuánto tardarían
ustedes en devolvernos a esa situación de diciembre de 2011.


Como decía Einstein, y repetía hoy una compañera del Grupo
Popular, si no quieres los mismos resultados haz cosas distintas, y el
Gobierno del Partido Popular está emprendiendo el camino de la
responsabilidad, el camino de la coherencia y el camino de las
reformas.


En este programa de reformas podemos hacer cosas distintas
porque la situación es bien distinta. Como les decía en mi primera
intervención, hay en marcha tres procesos fundamentales: el equilibrio en
las cuentas públicas, el saneamiento del sistema financiero y las
reformas para la competitividad y el crecimiento. Las medidas dirigidas a
crear empleo son las que conforman el núcleo esencial del programa;
medidas para reactivar la economía, para impulsar el empleo y para
reconstruir el tejido productivo; y el carácter de prioritarias se lo ha
puesto el Gobierno. Además, como saben ustedes, la inmensa mayoría de
esas reformas están destinadas al segundo semestre de 2013.


Termino, señorías. Señorías del Partido Socialista, en el
Gobierno demostraron su capacidad para arruinar el país, y ahora están
demostrando su capacidad para desmarcarse. (Rumores.) Han estado ustedes
en contra de todo, en contra de todas y cada una de las medidas que ha
ido proponiendo el Gobierno. Votaron ustedes en contra incluso de la
prórroga de los 400 euros para los parados. No están a lo que deben
estar, señorías. Este es un momento crucial para nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Este proceso de reformas va a
determinar el punto de inflexión necesario para recuperar el crecimiento
y el empleo. (Rumores.) Hay muchas reformas en marcha y tienen ustedes
muchas oportunidades de incorporarse al trabajo, de incorporarse a la
responsabilidad y de incorporarse a la lealtad. Es más necesaria que
nunca una oposición útil, responsable y leal, con propuestas
serias…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: …en estas reformas de
calado y de especial trascendencia para el futuro de España. Y en ese
camino del trabajo, de la responsabilidad, de la coherencia y de las
reformas, esperamos encontrarles algún día.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, antes de proceder a la votación de la moción
consecuencia de interpelación, les informo de que, por acuerdo de la
Junta de Portavoces e igual que en plenos anteriores, se ha decidido no
parar el Pleno a mediodía. Por tanto, entraremos en el debate del primer
proyecto de ley, de la Ley de residuos, y posteriormente, si acabamos
antes de las cuatro, en el siguiente proyecto de ley. No se votará la Ley
de residuos hasta después de haber votado el siguiente proyecto de ley;
es decir, el siguiente proyecto lleva unos vetos y unas enmiendas que
habrá que votar. Finalmente, votaremos las enmiendas de la Ley de
residuos.


Sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 240; a favor, 88; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY
16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO


(Núm. exp. 621/000032)


El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la presidenta de la comisión, senadora Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley que se acaba de señalar y que
se somete en este acto a la consideración del Pleno se tramita por el
procedimiento de urgencia y tuvo su entrada en esta Cámara el día 19 de
abril, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día
25 de abril de 2013, tras una ampliación del plazo. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


A este proyecto de ley se han presentado un total de 80
enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: la enmienda número
1, firmada por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del
Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas 2 a 12, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto;
enmiendas 13 a 21, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las
enmiendas 38 a 64, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; las números 65 a 72, firmadas por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; las números 22 a 37,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y las números 73 a 80,
del Grupo Parlamentario Popular.


El día 30 de abril se reunió la Comisión de Medio Ambiente
y Cambio Climático y emitió dictamen sobre este proyecto de ley,
introduciendo modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso
de los Diputados. A este dictamen de la comisión se han presentado los
siguientes votos particulares: el voto número 1, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; voto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto; el voto
número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el voto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista y los votos
números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señorías.


¿Turno a favor? (Pausa.)


¿Turno en contra? (Pausa.)


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hace uso de la palabra.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


Gracias, senador Cazalis.


¿Por el Grupo Entesa?


Tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente; seré muy
breve.


Este proyecto de ley es consecuencia de la trasposición de
una directiva que llega tarde, pero que, finalmente, llega; por tanto, es
una iniciativa positiva, a pesar de que no tiene informe del Consejo
Económico y Social, que hubiera sido importante.









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Quiero destacar tres aspectos negativos, a nuestro
entender, del proyecto de ley. En primer lugar, que es un proyecto de ley
que no tiene consignación presupuestaria; es decir, que parece que se va
a desarrollar sin consecuencias económicas. En segundo lugar, que es un
proyecto de ley poco ambicioso desde el punto de vista medioambiental, se
limita a reproducir los mínimos que la directiva señala. Y, en tercer
lugar, que deja muchas cosas abiertas a un futuro reglamento, algo que es
cuestionado o criticado incluso por el Consejo de Estado. Desde ese punto
de vista, nos preocupa también el hecho de que dejen la puerta abierta a
la privatización del control y, por tanto, a la ausencia de la
Administración como instrumento controlador de este proyecto de ley. Por
otra parte, ha habido muy poco tiempo de información pública.


Nuestras enmiendas se pueden agrupar en tres bloques: por
un lado, las que se refieren a la ampliación de la exigencia de
requisitos y la de recogimiento de definiciones de la directiva; en
segundo lugar, las que pretenden garantizar la transparencia,
fundamentalmente en los procesos de exención; y, en tercer lugar, las que
proponen incentivos a empresas que apliquen fórmulas de gestión que
tengan coherencia con la directiva que se transpone.


En resumen, valoramos positivamente que se haga la
transposición y vemos esos aspectos negativos que señalaba, y presentamos
enmiendas en tres perspectivas: ampliación de las exigencias y requisitos
medioambientales, garantía de la transparencia e incentivar a aquellas
empresas que gestionen de acuerdo con lo que marca la directiva.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Estamos en el debate a la totalidad; no ha empezado todavía
el debate del articulado.


¿Por parte de Convergència i Unió? (Denegaciones.)


No hace uso de la palabra.


¿Por parte del Grupo Socialista? (Denegaciones.)


No hace uso de la palabra.


¿Por parte del Grupo Popular? (Denegaciones.)


Tampoco hace uso de la palabra.


Pasamos al debate del articulado.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar,
la enmienda número 1, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo
Aguilar.


El senador Quintero tiene la palabra.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Seré muy breve.


Hemos presentado una enmienda a este proyecto de ley, en el
que estamos de acuerdo, evidentemente. Nuestra enmienda pretende
modificar la excepcionalidad del umbral de la capacidad de producción a
600 toneladas/día en los casos de funcionamiento no superior a 90 días
consecutivos. Nos parece razonable, ya que la ley tiene como objetivo
evitar o, cuando no sea posible, reducir y controlar la contaminación
tanto del suelo como del agua.


Teniendo en cuenta que la producción real de algunas de
estas industrias es inferior a la capacidad de producción instalada y
que, por consiguiente, los impactos de las mismas son efectivamente
inferiores, solicitamos en nuestra enmienda el incremento del umbral de
aplicación de la ley a 600 toneladas/día para las empresas que funcionen
en turnos inferiores a 12 horas al día. Proponemos añadir: «o en turnos
inferiores a 12 horas/día». Sería más justo para este tipo de
empresas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Quintero.


Enmiendas también del Grupo Mixto, presentadas
originariamente por el senador Enrique Iglesias Fernández y por el
senador José Manuel Mariscal Cifuentes.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Estamos, efectivamente, ante la trasposición de una
directiva comunitaria. Trasposición que, en mi opinión, se hace sin mucho
entusiasmo.









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España parte de una realidad en la que, desgraciadamente,
el medio ambiente no ha sido en ningún caso objeto de la atención
prioritaria de los poderes públicos; supongo que porque, durante muchos
años, la prioridad de recuperar las libertades y después la de consolidar
un cierto nivel de bienestar, aplastaron cualquier otra demanda o visión
de las necesidades de nuestra sociedad. Hay déficits acumulados que han
dado lugar, además, a diversas denuncias, requerimientos y sanciones de
la Unión Europea. En consecuencia, la trasposición de esta directiva
intenta salir al paso de esa realidad, aunque, insisto, sin demasiado
entusiasmo.


Sin demasiado entusiasmo, porque la trasposición de la
directiva se hace sin buscar que sus contenidos y la normativa que plasma
la trasposición se conviertan en parte coherente de un marco de
desarrollo sostenible de nuestra economía. Por desgracia, en tiempos de
crisis y en tiempos de desempleo, el medioambiente deja de ser otra vez
una prioridad y aumentan los riesgos de que las acciones de la iniciativa
privada y la complacencia de los poderes públicos se traduzcan en
lesiones para el mismo, no se toman las cautelas legales necesarias. Como
dijimos en el debate reciente de la reforma de la Ley de Costas, parece
que sale adelante una normativa permisiva con el fracking. Igualmente,
cuando debatimos reformas legales sobre el uso del agua, vimos cómo se
ampliaban las posibilidades de explotación de los acuíferos. Es decir, en
esta coyuntura económica se olvida cualquier compromiso sobre un
desarrollo sea sostenible y se apuesta por revertir una situación
dramática prescindiendo de cualquier limitación de carácter
medioambiental.


Se procede, por tanto, a la trasposición de la directiva
para cumplir un penoso deber; y se hace, más que nada, para no seguir
incurriendo en incumplimientos flagrantes que podrían dar lugar a
expedientes sancionadores de la Comisión Europea. Se va, en consecuencia,
a la trasposición de las exigencias mínimas derivadas de la normativa
europea, y las enmiendas que hemos formulado buscan una trasposición más
exigente de esa directiva. Por eso, plantean, en algún caso, que, cuando
se conceda una exención temporal de los valores límite de emisión para
realizar pruebas de utilización de técnicas emergentes, la Administración
que concede esa exención temporal informe como mínimo a la sociedad, le
informe al público, de que se ha concedido esa exención y de cuáles son
las medidas de seguridad que se han adoptado para minimizar los riesgos
que se derivan de la exención. También planteamos con nuestras enmiendas
que se elimine la posibilidad de silencio positivo cuando haya una
modificación no sustancial en las instalaciones sometidas a autorización
ambiental integrada. La trasposición de la directiva abusa del concepto
de silencio administrativo positivo. Por eso proponemos, como forma de
incrementar las posibilidades de que quienes al final padecerán las
consecuencias de la concesión de estas licencias o permisos —los
ciudadanos— sepan de tal concesión, que en las solicitudes de
permiso se incluya un resumen comprensible para profanos de qué es lo que
están solicitando y qué consecuencias va a tener. También planteamos en
nuestras enmiendas que las administraciones públicas promuevan la
participación de los interesados, de los ciudadanos, en la tramitación de
las modificaciones sustanciales en las instalaciones autorizadas.
Rechazamos otra vez el silencio positivo en el informe de los organismos
de cuenca.


Para que la información sobre los resultados de la medición
de las emisiones tenga un contraste mínimamente riguroso, nuestras
enmiendas demandan que la información contenga también la metodología que
se ha aplicado para formular estas mediciones. Defendemos que se mantenga
la posibilidad de cooperación de las comunidades autónomas para la
coordinación del procedimiento de declaración de impacto ambiental, con
la autorización ambiental integrada. Buscando una vez más una mayor
facilidad de los ciudadanos conozcan los expedientes, planteamos que en
la información pública se articulen sistemas que faciliten el acceso a
los expedientes a través de una página web institucional. Para que las
comunidades autónomas cuenten con mecanismos simples de comprobación del
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la autorización
ambiental integrada, en aquellos casos en que se apliquen sistemas
externos de verificación, demandamos que haya un seguimiento claro por
estas comunidades autónomas del resultado y del procedimiento en los
casos en que se estén aplicando estos sistema externos de verificación.
Finalmente, demandamos que la duración máxima de las autorizaciones sea
de ocho años, también en aquellas concedidas para el tratamiento de
residuos según la Ley 16/2002, porque entendemos que estas autorizaciones
merecen un control más riguroso todavía.









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Concluyo. Como decía el portavoz de Entesa, es rechazable
que esta ley de protección no incluya ni memoria económica ni evaluación
de consignaciones presupuestarias para llevarla a la práctica, ni tampoco
una mínima medición de la repercusión que en la economía real tendría su
aplicación; uno puede llegar a la conclusión de que poco va a proteger,
cuando no va a tener consecuencias económicas de ningún tipo. Por otra
parte, creemos que ese abuso del silencio positivo traslada un problema a
las comunidades autónomas, que en momentos de ajuste, de menos recursos,
por tanto, de menos personal, carecen de medios humanos y materiales que
les permitan hacer las comprobaciones y evaluaciones necesarias para
dictar una resolución expresa en los plazos fijados; por tanto, esas
carencias humanas y materiales, sumadas a la aplicación del silencio
positivo, pueden dar lugar a autorizaciones que en ningún caso deberían
haberse producido. La alternativa que propone el proyecto a esta realidad
perfectamente comprobable y constatable, que se delegue la inspección en
la iniciativa privada, por la ausencia o reducción de garantías que ello
conlleva, no es en ningún caso comprensible ni mucho menos compartible
desde nuestro punto de vista.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahiburu
jauna.


Mi grupo ha presentado nueve enmiendas. Esta es una ley muy
técnica, y, por tanto, las enmiendas también tienen un carácter muy
técnico. Con ellas hemos pretendido, sin saltarnos ninguna garantía,
reducir un poco los plazos de todos estos procesos, que a veces se hacen
eternos. Concretamente, una de nuestras enmiendas propone concretar hasta
qué nivel, en cuanto a contaminación, debe recuperar el terreno aquel que
ha tenido que cesar en su actividad.


No queremos más que facilitar las cosas a los usuarios, sin
dejar de garantizar que se cumplan todos aquellos requisitos
medioambientales que, evidentemente, son imprescindibles.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos grupos de enmiendas: 38 a 48 y 57, por una parte, y, por
otra, 49 a 56 y 58 a 64. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Las doy por defendidas en mi intervención inicial.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas números 65 a 72. Para su defensa, tiene
la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.


Señorías, de nuestras enmiendas, destacaré las de mayor
calado. En cuanto a la transposición de esta directiva, ya se ha dicho
que llega un poco tarde. En todo caso, no podemos responsabilizar de ello
al Gobierno porque la directiva está vigente desde el año 2010, y ha
habido tiempo suficiente para hacerlo antes.


Tenemos que modificar la Ley 16/2002. Al transponer la
directiva, hay aspectos que se suprimen, mientras se integran otros que
nos preocupan. De ahí nuestras enmiendas. Empiezo por orden: enmienda
número 65. Este texto cambia el fundamento constitucional de la norma, y
también se ve afectado el texto refundido de la Ley de Aguas, que tenía
otra terminología. Si examinamos los artículos 9 y 15, constatamos que
regulan la tramitación de las autorizaciones en las que se debe
pronunciar el organismo de cuenca, tales como si la solicitud de vertido
es admisible o no, etcétera. Se debería, pues, declarar el carácter
básico de toda la norma en materia de protección del medio ambiente, que
nada tiene que ver con el carácter de cuenca. De modo que, si se cambia
la expresión «cuencas gestionadas por la Administración General del
Estado» por «cuencas intercomunitarias» se respetaría el reparto
competencial existente hasta la fecha. De lo contrario, tendremos un
nuevo punto de desencuentro respecto de las competencias transferidas









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a las comunidades autónomas. Entiendo que la intervención
administrativa de cada organismo de cuenca tiene que ver con la gestión
del medio ambiente; en ningún caso tiene que ver con la protección del
medio ambiente, como norma básica. Esto puede suponer nuevas acciones de
las comunidades autónomas para dilucidar quién tiene la competencia, y
por tanto, quién puede emitir los informes.


Justificamos nuestra enmienda número 66, de modificación,
que incorpora la necesidad a título descriptivo de las medidas de
eficiencia energética previstas de acuerdo con las mejores técnicas
disponibles, porque la Unión Europea nos pide facilitar una visión
integral de la prevención y control de la contaminación atmosférica, del
agua y del suelo en la gestión de residuos, y de la eficiencia energética
y la prevención de accidentes, y concretamente el artículo 11 de la
Directiva de emisiones industriales establece la obligación de utilizar
la energía de manera eficiente, y entendemos que la Ley 16/2002 no lo
desarrolla suficientemente, de modo que este objetivo queda comprometido.
Proponemos con nuestra enmienda dar la misma relevancia a la eficiencia
energética que a la prevención y al control de las emisiones; que en la
solicitud, en el análisis de la autorización, se incluya este capítulo
como previsión; no con el ánimo de poner más trabas, sino, al revés: para
que el titular de la instalación vaya incorporando desde el principio una
visión de búsqueda de la sostenibilidad de la instalación, que
repercutirá en su favor y en el del medio ambiente.


La enmienda 67 pretende reducir y agilizar los trámites
administrativos, evitando un segundo trámite en la información pública.
Esta directiva nos impele a buscar la transparencia en todo el proceso;
que se pueda participar cuando hay una nueva autorización ambiental de
este tipo; de modo que, si al modificar los límites menos estrictos, de
acuerdo con el artículo 15.4, hay modificaciones sustanciales, no haya
que pasar una nueva información pública. Ahora, si hay modificaciones
sustanciales, debe producirse una nueva información pública, demorando la
concesión de la autorización. En definitiva, esta enmienda pretende
evitar este bucle.


Quiero destacar también la enmienda número 71, que
interpreta la disposición transitoria al artículo 82, que dice: …en
la relación de las instalaciones que lleven a cabo las actividades a que
se refiere el anejo 1, en el punto 1.1, para las actividades con potencia
térmica nominal superior, etcétera…, para las actividades cubiertas
por la directiva que están en explotación y posean un permiso antes del 7
de enero de 2013 o para las que el titular haya presentado una solicitud
completa de permiso antes de dicha fecha, siempre que esas instalaciones
entren en funcionamiento a más tardar el 7 de enero de 2014, los Estados
miembros aplicarán las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas, adoptadas de conformidad con el artículo 80, apartado 1,
a partir del 7 de enero de 2014, con excepción del capítulo III y del
anejo 5. El artículo lo dice muy claro: …a más tardar el 7 de enero
y se aplicarán estas disposiciones a partir de esa misma fecha, pero no
antes.


Entendemos que tal como está redactado nos obligaría a una
saturación de los servicios administrativos, porque desde el momento que
se apruebe y se publique esta trasposición, las administraciones que
debemos gestionar este tema tendremos escasamente cinco meses —en
Cataluña quedan afectadas más de 1200 instalaciones de este tipo—,
y no hay consultoras suficientes ni laboratorios que puedan evacuar todos
los pormenores que exige la cumplimentación de solicitud de analíticas,
etcétera. Esto nos puede llevar a un colapso y que cuando empecemos el 7
de enero ya no estemos actuando bien. Por tanto, habría que hacer caso a
lo que dice la directiva, que es a partir del 7 de enero de 2014 y no
antes.


Dado que me queda muy poco tiempo, quiero destacar la
enmienda 72, por la que se incorporan varios criterios relativos al
engorde de cerdos, para mantener lo fijado actualmente en la Ley 16/2002.
Haciendo caso a lo que pasa en Cataluña y en Aragón, pero básicamente en
España, donde tenemos un clima diferente, donde separamos a los cerdos y
los ponemos en explotación a partir de los 20 kilos, nos vamos a
encontrar que con esta directiva tendremos un problema, porque no se
tiene en cuenta el sistema productivo de engorde intensivo de cerdos en
la fase de entre 20 y 100 kilos. Entonces, lo que pedimos es equiparar el
ámbito de la prevención de la contaminación ambiental a la equivalencia
entre los usos de las instalaciones europeas con las españolas.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.









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El señor MALUQUER FERRER: Sí, presidente.


Es decir que el número de animales de 20 a 100 kilos
—2500 plazas en instalaciones proponemos nosotros— se ajuste
a lo establecido en la directiva de 2010 para cerdos de 30 a 100 kilos,
que para nosotros vienen a producir lo mismo.


Por último, quiero agradecer la predisposición por parte de
los senadores Pagola y Contreras a mis propuestas; hemos trabajado en
ello antes de mi intervención en este Pleno y espero que lo sigan
considerando durante el debate y que en el turno de portavoces acabemos
de fijar la posición de mi grupo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Maluquer.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
números 22 a 29 y 31 a 37, así como la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 73,
76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el
senador Ruiz.


El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, voy a relacionar las enmiendas
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista con el contexto de esta
ley, una ley que viene a ser una trasposición —todo el mundo lo ha
explicado— de una directiva, la 2010/75 del Parlamento Europeo y de
la Comisión. Por lo tanto, en ese contexto no van a encontrar una
oposición frontal al texto, aunque sí, evidentemente, hay aspectos que
queremos, a través de estas enmiendas, mejorar. Nuestro voto lo explicará
después el señor Juan Espada, mi compañero, en el turno de portavoces.
Les explicará que no nos oponemos, pero también las deficiencias que
hemos encontrado en este proyecto de ley.


En la pasada Comisión de Medio Ambiente tuvimos ocasión de
pronunciarnos sobre el conjunto de las enmiendas que han presentado todos
los grupos. Estuvimos a favor de muchas de ellas, incluidas algunas que
presentaba el Grupo Parlamentario Popular, puesto que eran meras
correcciones materiales que debían aprobarse, y tengo que agradecer la
predisposición de sus portavoces a consensuar, pues nos propusieron una
transaccional a la enmienda número 30, transaccional que suscribimos. En
aquel momento se lo agradecí y ahora lo hago también aquí en el
plenario.


Las enmiendas que presentamos, de la 22 a la 29 y de la 31
a la 37, pretenden mejorar este texto en algunas cuestiones que
consideramos fundamentales, algunas que no se han traído a nuestro
ordenamiento y algunos aspectos que han aprovechado ustedes para traer a
colación que no eran necesarios y que obedecen a otros intereses por su
parte.


La primera cuestión, en términos generales, que tenemos que
señalar es que los plazos no han sido los más correctos porque la
trasposición debía estar concluida el 7 de enero del año 2013 y ustedes
conocían de primera mano que ya había borradores, que ya había documentos
en el ministerio durante el año 2011 que podían haberse tramitado
parlamentariamente mucho tiempo antes. Espero que ahora ustedes nos
expliquen por qué no ha sido esto así. Además, cuando lo han hecho
—lo hemos visto en el Congreso— se ha producido de una forma
acelerada que ha imposibilitado que los grupos parlamentarios tuvieran el
tiempo oportuno para una necesaria concertación con asociaciones de
ecologistas, con empresarios, en definitiva, con agentes implicados en el
medio ambiente. Una tramitación distinta hubiese posibilitado un mayor
enriquecimiento de esta ley que, además, contrasta mucho con otros
procesos que ustedes han establecido en relación con otras leyes, por
ejemplo con la que recientemente hemos aprobado, la Ley de Costas, pues
han dado prioridad a una respecto de la otra y no entendemos cómo ha
podido ser así, salvo que haya intereses de aquellos que nunca salen a la
luz pero que mueven muchas voluntades.


Consideramos, en términos generales, que nuestras enmiendas
pretenden corregir las deficiencias de la ley que hoy debatimos aquí
porque, al no tratar algunas cuestiones que la directiva recomienda que
incluyamos en nuestro ordenamiento, como ordenamiento comunitario que es,
habrá ciertos vacíos por lo que después, vía desarrollo reglamentario o
mediante la capacidad legislativa de las comunidades autónomas, habrá que
hacer un segundo trabajo y, por ello, debido a esas deficiencias, nuestra
posición no será la de aprobar de forma absoluta esta ley.









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Nuestra posición es clara. Compartimos el dictamen sobre el
proyecto que realiza el Consejo de Estado que nos indica que hubiera sido
muy oportuno solicitar —el senador Iglesias lo ha indicado—
un informe al Consejo Económico y Social porque esta puede ser una ley
muy técnica. Hablar de industrias, de limitación a las producciones, de
autorizaciones, tiene unas repercusiones económicas muy fuertes en la
sociedad y encontramos unas carencias importantísimas. Pues bien, todas
las enmiendas pretenden mejorar este texto que, en positivo, supone que
se van a establecer unos criterios para determinar unos valores límite en
las emisiones basados en las mejoras técnicas disponibles y que deben
estar contenidos en las autorizaciones ambientales integradas.


Pero entrando en el detalle, nos vemos en la obligación de
presentar algunas enmiendas, como por ejemplo la 23, en la que planteamos
una modificación al artículo primero, apartado cuatro, porque
consideramos que también las industrias, los agentes que intervienen en
el medio ambiente productores de residuos tienen que tener la garantía
suficiente para poder asumir las responsabilidades —ojalá que nunca
se dieran, pero a veces ocurre porque se daña el medio ambiente—, y
es oportuno exigir garantías suficientes para cubrir esos daños no
deseados que algunas veces se producen.


La enmienda 24 es importante. Es evidente que tenemos que
ayudar a las empresas, pero considero que tenemos que tener una cierta
limitación y no fijarnos siempre y buscar la excusa en los factores
económicos, y el que estos factores puedan determinar la bajada en el
límite de las emisiones; hay que ayudar a las empresas, hay que ser
sensibles cuando atraviesan dificultades, pero no podemos aprovechar la
coyuntura para establecer unas limitaciones más bajas, porque nos
podríamos encontrar con verdaderos problemas a futuro dentro de la
producción en muchas industrias de este país.


Las enmiendas 25 y 26 persiguen establecer un mayor canal
de comunicación entre la Administración y los interesados —como
algunos de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra
también han puesto énfasis en esto es por lo que hemos compartido gran
parte de las enmiendas que traía el Grupo Parlamentario Mixto—.
Entendemos que hay enmiendas que vienen a traernos las posibilidades que
nos ofrece Internet para dar acceso a la información y a la participación
recogiendo lo que en esta directiva es un hilo conductor, y no entendemos
que si las administraciones deben adoptar una actitud proactiva con el
mantenimiento de canales abiertos de difusión de la información de la que
se dispone, y además en materias tan sensibles como puede ser la
controversia entre los interesados que puedan sufrir o no un daño
medioambiental y las empresas que lo producen, esa información no sea
totalmente accesible, porque esto le daría una mayor transparencia a todo
el proceso.


Entendemos que es importante que ustedes tengan en
consideración la enmienda 27, en la que se establece un mecanismo de
revisión de las autorizaciones, entre las existentes y aquellas
circunstancias que pueden dar lugar a que en el tiempo pueda ocurrir
algún hecho sobrevenido, de modo que el interesado pueda solicitar dicha
revisión de la autorización. Seguramente mi compañero Juan Espadas será
más exhaustivo en cuanto a posibilidad de que las autorizaciones se vean
automáticamente prorrogadas en el tiempo, y consideramos que, con un
proceso de revisión, los interesados tienen la posibilidad, mediante una
denuncia, de al menos poder comprobar si existe o no existe algún
problema respecto de las emisiones no deseadas.


Pero si queremos poner especial énfasis en alguna enmienda
es en la número 29, que viene a modificar el apartado veinticuatro del
artículo primero de este proyecto de ley, porque responde a su forma de
actuar —como les decía al principio de mi intervención—, que
no es otra que aprovechar cualquier oportunidad para traer algo que
ustedes tienen muy claro en su quehacer político, que es el proceso
continuo de privatización de todo lo público. Nada más y nada menos que a
través de este articulado, que nosotros queremos enmendar, ustedes abren
la posibilidad de la privatización de la inspección medioambiental.
Entendemos, sinceramente, que esto es una barbaridad que no debe
producirse, y leo textualmente para que no haya duda lo que ustedes
proponen: Los órganos competentes en materia de inspección podrán
designar a entidades que demuestren la capacidad técnica adecuada para la
realización en su nombre de actuaciones materiales de inspección que no
deban ser desempeñadas por funcionarios públicos.


Muy bien, pero nos enfrentamos a la circunstancia de que
los futuros planes de inspección serán muy difíciles de controlar de una
forma adecuada. Y sobre esto alerta el dictamen del









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Consejo de Estado, sobre los riesgos de previsión, y habla,
en concreto, de huida del derecho administrativo, junto con la posible
vulneración de la reserva a funcionarios públicos de funciones que
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas. Y también, por qué no decirlo, hay una duda más que
razonable: esa relación extraña que se puede producir en muchos momentos
entre una empresa inspeccionada y una empresa que inspecciona. Empresas,
relaciones económicas, son dudas más que razonables para que no se cometa
la frivolidad de privatizar la gestión de la inspección. No cabe en
cabeza humana que se pueda privatizar la Agencia Tributaria o a los
inspectores de la Seguridad Social, pero en este caso, como hablamos de
medio ambiente, parece que privatizar no es importante, pero, créanme, es
muy importante.


Además, también creemos que ese articulado puede entrar en
colisión con nuestro ordenamiento, por ejemplo, con el artículo 137 de la
Ley 30/1992, cuando dice: Los hechos constatados por funcionarios a los
que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en
documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio. ¿Qué ocurre si nos encontramos con procedimientos
judiciales? ¿Tendrá valor probatorio si es una empresa la que
inspecciona, la que determina el plan de inspección y las actuaciones a
acometer? Seguro que la jurisprudencia tendrá mucho que decir en ese
sentido. O también el artículo 275 de la Ley de Contratos del Sector
Público cuando dice: En ningún caso podrán presentarse por gestión
indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente
a los poderes públicos. Aquí también habrá seguramente una colisión. Por
ello, nuestra oposición frontal a ese avance de privatización de la
inspección medioambiental.


Con la enmienda número 33 pretendemos volver al carácter
obligatorio de los sistemas de retorno y depósito de la ley anterior.


Y, por último, para no abusar del tiempo, quiero comentar
que las enmiendas números 33 a 37 persiguen la vuelta al texto de la Ley
22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, porque consideramos que es
más adecuado el modelo de gestión del medio ambiente que propone nuestro
grupo.


Para finalizar, y agradeciendo una vez más ese acuerdo
sobre la enmienda número 30, nos gustaría también que fueran tenidas en
consideración algunas otras enmiendas que consideramos que enriquecen y
no entorpecen la trasposición de una directiva, que quedará algo vacía si
algunas de las cuestiones que propone no las traemos a nuestro
ordenamiento y si otras, que no propone, las aprovechamos para abrir
caminos no deseados.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Ruiz.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Contreras.


La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, me
corresponde explicar nuestra posición en este turno en contra a las
enmiendas presentadas por los distintos grupos a este proyecto de
ley.


Me van a permitir que aproveche la oportunidad de subir a
esta tribuna para manifestar mi dolor y el de las compañeras de mi grupo
por el fallecimiento de una amiga, nuestra presidenta de Mujeres en
Igualdad, el pasado fin de semana, nuestra compañera y gran política,
Mercedes de la Merced. Descanse en paz.


Como han dicho los portavoces precedentes, estamos ante una
trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva europea, en
concreto, la 75/2010, que hace referencia, en concreto, a dos leyes: la
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación, y la 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.


Se trata de un proyecto de trasposición eminentemente
técnico, que hoy culminamos aquí cumpliendo la fecha límite de
tramitación en esta Cámara. Algunos de los portavoces han manifestado la
urgencia con la que hemos tenido que tramitar esta ley. Estamos hablando
de una directiva de 2010 y, como ustedes saben, este Gobierno, el del
señor Rajoy, tomó posesión a principios de año 2012, con lo cual, ha
estado dos años en los cajones del Gobierno anterior. Por









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eso, para cumplir con la directiva y con el plazo de
autorizaciones que establece, 7 de enero de 2014, es por lo que estamos
debatiendo la ley con esta urgencia, ley eminentemente técnica,
insisto.


También se ha resaltado que aquí se ha hecho un buen
trabajo por parte de todos los grupos. Se han presentado un total de 80
enmiendas. La semana pasada fueron aceptadas en la comisión ocho de
nuestro grupo que, más que nada, eran de mejora técnica. Asimismo, se
recogieron en una transaccional la número 30 del Grupo Parlamentario
Socialista y la 57 de la Entesa. A las números 25 y 28 del Grupo
Parlamentario Socialista y a la 52 y 55 de la Entesa se ofreció una
transaccional, y por muy poco no fue posible llegar a un acuerdo. En todo
caso, debo reseñar hoy aquí que la disposición ha sido muy favorable. Es
importante señalar que no estamos hablando de ninguna cuestión ideológica
ni política, sino de enmiendas que enriquecen técnicamente este proyecto
de ley.


En definitiva, hoy nos quedan 70 enmiendas, muchas de ellas
coincidentes entre dos o más grupos, y pasaré a explicar por qué no son
aceptadas. Con carácter previo, a fin de establecer el estado de posición
en el que nos encontramos, hay que decir de dónde partimos. Partimos de
un proyecto de ley que antes de entrar en las Cortes Generales ha
recibido ya el informe unánime y favorable del Consejo de Estado. También
hay que decir que se ha sometido a la participación pública, algo que no
ha pasado en otros casos, así como a la consulta de las comunidades
autónomas en la conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio
Ambiente que, como todos ustedes saben, está integrado por organizaciones
ecologistas, sindicales y empresariales.


Voy a relatar en distintos bloques enmiendas que no ha sido
posible aceptar, puesto que ya están incluidas en el proyecto de ley. Me
estoy refiriendo a las números 2, 4 y 8 del Grupo Parlamentario Mixto, a
las números 38, 40, 44, 50 y 56 de la Entesa, a la 19 del Grupo Vasco, y
a la 23 y 29 del Grupo Socialista.


Otras enmiendas, en concreto, la número 12 del Grupo
Parlamentario Mixto, la 48 y 51 de la Entesa, la 17 del Grupo Vasco, la
69 y 71 de CiU y la 24 del Grupo Socialista, la propia directiva europea
no da pie a su inclusión. Estamos hablando, señorías, de una directiva
que es un corsé, que es estricta. Las autorizaciones ambientales
integradas tienen que adecuarse a ella. Estábamos hablando del plazo del
7 de enero de 2014 y de que la revisión de estas autorizaciones
ambientales integradas se efectúe cuatro años después.


Otro grupo de enmiendas, en concreto, del Grupo Socialista,
de la 31 a la 37 y de la Entesa, de la 58 a la 64, introducen
modificaciones a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, modificada por
la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de
Medio Ambiente, con un objeto fundamental. El objeto era simplificar y
reducir las cargas administrativas que causaban una incertidumbre e
inseguridad en ciertos aspectos de la norma.


Parece ser que el Grupo Parlamentario Socialista insiste en
estas enmiendas cuyo contenido no es objeto de la ley que hoy debatimos.
Igualmente, aquí se han mencionado otras que tampoco son objeto de la
trasposición de estas dos leyes, aquellas en las que se efectúa una
exigencia de eficiencia energética.


Existen, asimismo, un conjunto de enmiendas que piden más
exigencias, en concreto la número 10 del Grupo Parlamentario Mixto, la 46
del Grupo Parlamentario Entesa y las números 66 y 67 de CiU, referidas a
los contenidos de las solicitudes de autorización ambiental integrada y a
sus informes básicos. En el Grupo Parlamentario Popular no consideramos
oportuno incluir ninguna exigencia adicional más a las que ya marca la
directiva europea, a las que ya están establecidas sobre emisiones
industriales. Nos parece que en estos tiempos es suficiente la directiva
europea en sus exigencias y no nos parece oportuno exigir ninguna
adicional más. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.)


Por otro lado, respecto a la enmienda número 15 del Grupo
Parlamentario Vasco, defendida por el señor Cazalis, y a la enmienda 65
de CiU, defendida por el señor Maluquer, cabe decir que pretenden
—ya lo hemos hablado cuando hemos tratado de llegar a
acuerdos— reducir los plazos en cuanto a la participación de los
organismos, especialmente los de cuencas hidrográficas. He de manifestar
que los organismos de las cuencas hidrográficas dependen directamente, es
su competencia, de la Administración General del Estado. No estamos
hablando de cuencas intercomunitarias ni de nada parecido. Consultadas
estas cuencas hidrográficas, nos manifiestan la imposibilidad de llevar a
cabo un informe de vertidos en una instalación nueva en menos de seis









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meses, y así lo hemos manifestado. Analizado estas
demandas, tanto la del Grupo Parlamentario Vasco como la de Convergència
i Unió, reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo en la reducción de
los plazos, pero en el reglamento de desarrollo de la ley se incluye un
procedimiento simplificado para su aplicación en los casos de revisiones
de autorizaciones ambientales integrales. Una modificación de una
instalación se ha reducido hasta tres meses en el reglamento para la
emisión de este tipo de informes en los organismos de cuenca.


Respecto a las enmiendas que han defendido aquí el Grupo
Parlamentario Entesa, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Parlamentario Socialista, que hacen referencia a lo que ustedes denominan
privatización del control, señorías, nos parece que entran, como siempre,
en sus propias contradicciones, permítanme que se lo diga. Por un lado,
propugnan aumentar las dotaciones económicas y de recursos humanos para
esta ley, y para todas, para las funciones de inspección y de control y,
por otro lado, critican al Gobierno cuando no adelgaza la Administración
del Estado. Son ustedes los que hablan de privatizar. Yo he leído con
detenimiento, porque también se manifestó el pasado día en la comisión,
este proyecto de ley y esta palabra no aparece en ningún momento. Lo
único de lo que se habla es de una cooperación público-privada en la que
pueda haber unos organismos de control autorizados que pueden ser
públicos y/o privados. Esto es lo que aparece en el proyecto de ley. Hoy
en día, en el siglo XXI en España, como en el resto de los países de la
Unión Europea, existen múltiples organismos de control y de inspección
que ejercen funciones que anteriormente, cuando no había estas
posibilidades, las tenían que ejercer los funcionarios. Tan solo hay que
echar la vista alrededor y observar cuántos organismos de control existen
en distintos sectores. Por ejemplo, los hay cuyo objetivo es verificar el
cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de
los productos, de las instalaciones, de los medios y actividades, sea
mediante certificación, ensayos, inspecciones, auditorías. Piensen sin ir
más lejos en un ejemplo que hoy aparece en prensa sobre las inspecciones
técnicas de vehículos, en las ITV sin ir más lejos. Ustedes, señorías,
están poniendo en duda la profesionalidad de muchos trabajadores
privados, están dudando de ellos y están dudando a su vez de los
funcionarios que examinan y que validan a esos trabajadores.


Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular queremos apoyar
al Gobierno en la tramitación de este proyecto de ley. Estamos intentando
incentivar la gestión, así como el uso eficiente de los recursos de
gestión de residuos. Intentamos conseguir y abrir posibilidades a las
empresas españolas para que, realzando su competitividad, se generen
nuevos puestos de trabajo y se ayude a mejorar nuestra economía.


La enmienda número 29, del Grupo Socialista —a la que
se ha hecho una mención especial y que es coincidente con la 56, de la
Entesa—, se encuentra incluida en el texto del reglamento de
desarrollo de la ley que ahora está en tramitación, de la Ley
16/2002.


En cuanto a las enmiendas número 11, del Grupo Mixto,
número 47, de la Entesa, y número 70, de CiU, están recogidas en el real
decreto de desarrollo de esta ley, que se encuentra en tramitación, e
incluyen una referencia a la coordinación de la normativa.


Por último, pero no por ello menos importante, haré
referencia a la enmienda número 72, de Convergència i Unió. Señor
Maluquer, el hecho de que por la climatología en nuestro país, en España,
los animales de cebo tengan un peso inferior cuando pasan al cebo, es
decir, cuando se produce el destete, es una cuestión técnica y particular
de nuestro país que no se puede introducir en una ley. Es más, se puede
tratar de ella —y así será, ya lo hemos hablado antes— en el
real decreto o el reglamento que transpone. Estamos hablando de
transponer una directiva europea de una manera más literal.


Señorías, creo haber contestado pormenorizadamente en grupo
a la mayoría o todas las enmiendas que se han presentado. No sé si
quedará alguna técnica o específica en la que no haya sido así. En la
comisión el Grupo Parlamentario Socialista manifestó su abstención en
este proyecto de ley. Espero que la apoyen; es una ley en la que
solamente se pueden ver ventajas —ventajas para el medio ambiente y
ventajas para la salud de las personas—, y en cuestiones como estas
es muy difícil estar en contra y también es muy difícil no involucrarse
positivamente en ellas.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.









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Turno de portavoces.


¿Por el Grupo Mixto? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Vasco? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo de la Entesa? (Denegaciones.)


Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Buenas tardes. Intervengo desde
el escaño.


Esta ley de transposición viene a buscar, como se ha hecho
en todos los ámbitos del medio ambiente, que las administraciones
públicas vayan haciendo un esfuerzo para simplificar la normativa
ambiental y los procedimientos administrativos sin renunciar por eso a un
nivel de protección ambiental. Y es lo que intentamos que quede claro en
su tramitación.


La Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la
contaminación, integraba las diversas autorizaciones ambientales exigidas
por la legislación sectorial en un único permiso: la autorización
ambiental integrada. Y lo que hace esta ley es acabar de transponer las
nuevas disposiciones de la nueva directiva de emisiones industriales.
Pero, como siempre, quedan cosas sobre la mesa, cosas que para nosotros
son importantes y por las que no podremos dar nuestro voto favorable.
Tendremos que optar por la abstención, básicamente por el tema
competencial —del que he hablado antes— de las
administraciones de cuenca. Aunque entiendo su explicación y puedo ver
que hacen esas distinciones, que a veces son difíciles de encontrar, para
nosotros sí es importante porque eso luego da lugar a una conflictividad
competencial. Y quiero aprovechar mi turno para hacer mención a la
sentencia del Tribunal Constitucional a un recurso del Gobierno contra la
declaración de soberanía efectuada por una Cámara parlamentaria, en este
caso la catalana. Y se pone en tela de juicio este tema. De alguna forma
se pone en tela de juicio que aquí hoy estemos legislando, pero en otro
momento, cuando los Parlamentos hacen posicionamientos políticos, parece
que también son recurribles. Y al final estamos entrando en una espiral
entre administraciones que no es buena para nadie, ni para los grupos
políticos, que representamos a la ciudadanía, ni para los administrados,
que son los que reciben las consecuencias de estas imprecisiones o estos
problemas que generamos entre nosotros.


De todas formas, volviendo al tema que hoy nos ocupa,
espero, como usted nos ha augurado, que cuando se apruebe el real decreto
por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, se tengan en cuenta las especificidades
que manifestamos en nuestras enmiendas.


Nada más. Gracias, y en todo caso, seguiremos luchando para
buscar la máxima eficiencia y los objetivos que todos perseguimos, que
son, como decía al principio de mi intervención, los de la facilitación
de los trámites de la actividad económica y la simplificación
administrativa, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para
mejorar la competitividad de la economía española y eliminar las trabas
administrativas innecesarias, como se nos pide desde Europa.


Sin más, gracias por su atención. Buenas tardes.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Espadas.


El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, señora presidenta.


Señora Contreras, en primer lugar quiero agradecer el tono
de su intervención y sus explicaciones sobre las distintas enmiendas que
nuestro grupo ha presentado.


En este cierre del debate, como portavoz, me gustaría
trasladarle el porqué de nuestra abstención y justificarlo de la manera
más solvente que pueda. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Decía usted que este proyecto de ley solo tiene ventajas,
pero en el breve plazo de tiempo que tenemos quiero decirle que también
tiene riesgos; y nosotros hemos ponderado esas ventajas y esos riesgos y
por eso entendemos que debemos abstenernos. ¿Por qué? Porque,
efectivamente, estamos ante la transposición de una directiva,
transposición que es necesario llevar a cabo, pero, en función de la
simplificación y la agilización administrativa que dimana de la propia
filosofía comunitaria, también se abren nuevos riesgos, a los que estoy
seguro de que usted no es ajena.


La Directiva 96/61 y la Ley 16/2002 tenían una filosofía y
eran ambiciosas en sus objetivos. También es verdad que marcaron
procedimientos administrativos que, fruto de la experiencia de









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estos años, se ha demostrado que se podían agilizar y
reducir. Por tanto, bienvenidas sean algunas de las decisiones. Pero
también es cierto que hay ciertas tentaciones, que vienen de la misma
directiva, de laxitud, de flexibilización. Yo no comparto el criterio del
senador Maluquer acerca de que nos preocupemos exclusivamente de la
agilización y la simplificación. No, preocupémonos de que esta sea una
normativa de prevención y control de la contaminación. Y todo lo que
reduzcamos en prevención y control que no ponga en riesgo el medio
ambiente. Eso no puede perderse.


Con respecto a la tramitación, creo que se pierden
oportunidades; es decir, cuando tramitamos por urgencia un proyecto de
este tipo perdemos la oportunidad de haber escuchado —por ejemplo,
en la comisión— a comparecientes de los sectores industriales, lo
que nos hubiera permitido incorporar algunas enmiendas que mejoraran la
transposición de la directiva. Usted ha planteado: una directiva hay que
trasladarla al derecho interno tal y como, y no creemos —ha dicho
textualmente— que debamos incorporar nuevas exigencias. Bien, yo
digo que una directiva es un objetivo a cumplir con unos mínimos por
debajo de los cuales no debemos estar, pero es una oportunidad para el
Gobierno de turno de analizar la experiencia de estos años de normativa
IPPC en España, y aprovechar sobre todo la experiencia de las comunidades
autónomas, que son las que gestionan este instrumento, para mejorar
algunas cuestiones en su margen de maniobra en una reforma legal como
esta. Si se pierde esta oportunidad tendremos que criticarlo, porque no
se trata solo de transponer una directiva sino de la oportunidad de
reformar una ley en la que, efectivamente, once años después se demuestra
que había cosas que se podían mejorar.


En cuanto al plazo, ustedes gobiernan desde diciembre de
2011 —gobiernan desde diciembre de 2011, ¿no?—, por tanto, en
un año ya han tenido la oportunidad. Supongo que los técnicos y los
funcionarios del ministerio reivindicarán su trabajo y lo habrán hecho;
no creo que lo hiciera la ministra anterior, ni mucho menos. Insisto: han
tenido un año, y lo único que les traslado es que podrían haber sido más
ágiles para traer antes este texto y haberlo analizado.


Tengo poco tiempo, pero quiero dejar claro que en nuestra
posición y en nuestra abstención hay elementos positivos, como es la
ampliación del anexo de actividades y las normas de protección del suelo
y de aguas subterráneas; que hay elementos que no están clara y
suficientemente especificados respecto de la tramitación administrativa,
y eso, a nuestro juicio, genera peligros; y que además hay elementos que
no compartimos, como ha dicho en este caso mi compañero socialista, sobre
la información pública de las actividades contaminantes y los sistemas de
inspección y control. Me voy a limitar a estas dos cuestiones. Si estamos
suprimiendo un procedimiento de renovación de las autorizaciones cada
ocho años, tal y como estaba en la legislación anterior, y ahora vamos a
ir a revisiones de oficio de las administraciones, a nuestro juicio
—y como él ha planteado— este era el momento de garantizar la
máxima transparencia e información, sobre todo a los ciudadanos, a los
vecinos y organizaciones ecologistas. Como vamos a ser más flexibles a la
hora de exigir a esas instalaciones valores de emisión o cambios
tecnológicos, que los vecinos tengan mayor información y transparencia
sobre los riesgos que se puedan estar produciendo en esas instalaciones o
sobre los sistemas de inspección y los informes de las que ofrece este
proyecto de ley. Por tanto, ahí podrían ustedes haber mejorado la
directiva y no lo han hecho.


En segundo lugar, con respecto a los mecanismos de
inspección y control, para que quede claro diré que nosotros sabemos
perfectamente lo que son las entidades colaboradoras de la
Administración, sabemos perfectamente lo que son las entidades de
acreditación y sabemos distinguir entre lo que son potestades
administrativas, que solo deben ser ejercidas por funcionarios, y labores
de colaboración en el control. Pero la filosofía que ustedes marcan en
este proyecto se desvía claramente para que en la inspección sobre todo
tengan un papel muy amplio entidades, que al final son entidades
privadas, en las que a nuestro juicio no hay un contrapeso suficiente de
control público. Y esto nos parece lo más grave, lo más arriesgado.


Creemos que en el proyecto de ley se tendría que haber
cargado mucho más la mano en controlar a esas entidades de control,
controlarlas con los funcionarios que tienen potestades, primero, para
dar más garantías al procedimiento, y segundo, porque —y le hablo
desde la experiencia— en las entidades colaboradoras, lo mismo que
en las entidades autorizadas para la gestión de residuos, hay problemas.
Y si no se garantizan los controles sobre esas entidades, los
responsables públicos, ya sean técnicos, funcionarios o políticos, pueden
tener problemas.









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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ESPADAS CEJAS: Por lo tanto, el control sobre esas
entidades de control es fundamental; y a nuestro juicio eso no se ha
producido.


Creo que la normativa que traen aquí relaja los objetivos
de prevención y relaja los objetivos de control e inspección. No se habla
de nuevos medios de inspección, de más medios para la Administración para
controlar esas actividades, que es lo más importante.


Por último, creo que, a la hora de iniciar ese proceso de
actualización de autorizaciones ambientales integradas hasta enero del
próximo año, también se ha perdido la oportunidad de que ustedes se
hubieran retratado en el proyecto de ley con algún programa de medidas de
apoyo a esos sectores industriales y a esas actividades, y también a las
comunidades autónomas, que desarrollarán el proceso con esos
industriales.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espadas.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Pagola.


El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Quiero decir al señor portavoz que acaba de terminar su
intervención que no comparto en absoluto que esta nueva norma o nueva ley
vaya a relajar el control sobre todos los problemas de los que va a
tratar. No lo comparto en absoluto. La ley se hace más exigente, más
rápida y más eficaz, que es el objetivo fundamental para todos.


Hemos hablado de plazos del Gobierno anterior y del
Gobierno actual. Qué quiere que le diga. Nosotros empezamos a gobernar en
enero de 2012 y ustedes tuvieron 2010 y 2011 para haberlo hecho. Pero,
además, yo no recuerdo si usted estaba en la anterior legislatura en este
hemiciclo —veo que dice que en parte de ella—, pero lo que sí
recuerdo es que en la mayoría de las sesiones acabábamos los Plenos los
miércoles por la mañana; prácticamente uno de cada tres o dos de cada
tres terminaban los miércoles por la mañana, lo cual quiere decir que se
legislaba mucho menos que lo que se está legislando en estos momentos.
Hoy, por ejemplo, tenemos tres leyes para debatir en este hemiciclo, lo
que creo que da una muestra de la capacidad legislativa de este
Gobierno.


Bien, como sabemos, el proyecto de ley que se debate trata
de transponer la Directiva de la Unión Europea 2010/75, directiva que va
a refundir en este momento un único texto de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación, y modifica siete directivas
europeas ya existentes. Para ello se trata de aprobar, como haremos en
esta sesión, el proyecto de ley que modifica la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.


La nueva regulación tiene como objetivo fundamental la
reducción de las emisiones en las actividades en la atmósfera, en el agua
y en el suelo, así como avanzar hacia una mayor simplificación
administrativa. Y no comparto su opinión, señoría, de que se rebaje el
control. Yo creo que no; creo que esta ley va a avanzar en lo que se
refiere a las normas de revisión, inspección y control, lo que es muy
importante. Es un proyecto muy técnico, muy difícil, pero, evidentemente,
muy necesario en estos momentos, en que la sensibilidad medioambiental ha
aumentado considerablemente entre los ciudadanos. Se han introducido
diferentes modificaciones en la legislación de prevención y control
integrados de la contaminación, así como en el resto de la legislación
europea relativa a actividades industriales, con el objetivo de responder
a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y mejoras
ambientales, asegurando al mismo tiempo la rentabilidad y fomentando la
innovación técnica con la consiguiente creación de puestos de
trabajo.


La ley concreta y amplía más en relación con determinados
sectores, por ejemplo, el tratamiento de residuos. Simplifica y esclarece
la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental
integrada, tanto en lo que se refiere a su otorgamiento como a su
modificación y revisión. Igualmente, dispone de requisitos mínimos para
la inspección y para los informes de cumplimiento. Establece normas
relativas al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y aguas
subterráneas, y todo ello con el objetivo de aumentar la coherencia de
las prácticas actuales en el otorgamiento de los permisos.









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Como sabemos, este proyecto de ley afectará a la actividad
de unas 6100 industrias, como refinerías, cementeras, siderúrgicas,
etcétera, y supedita su puesta en marcha a la obtención de ese permiso
llamado autorización ambiental integrada. Como bien ha dicho mi
compañera, este proyecto de ley recibió un informe favorable del Consejo
de Estado, e igualmente fue sometido a participación pública, a la
consulta de las comunidades autónomas en conferencia sectorial y al
Consejo Asesor de Medio Ambiente, formado por sindicatos, empresarios y
organizaciones ecologistas.


Esta ley es un nuevo reto ambiental muy importante; y
mejorable, como todo en la vida —echándola a andar veremos cómo
funciona—. Revisa y modifica la legislación sobre control y
prevención de la contaminación, y en ella se aplican las mejores técnicas
disponibles, así como una mayor simplificación administrativa,
indispensable en un sector tan importante como el industrial. Se han
introducido mejoras en la información y en la comunicación de datos entre
las administraciones y los titulares en instalaciones. Se dice que había
poca información, y nosotros dijimos que se van a poner todos los medios
técnicos disponibles de Internet para que haya una total transparencia y
comunicación entre empresas y administraciones.


Pues bien, una vez más, tanto Izquierda Unida como el
Partido Socialista plantean el eterno dilema de público y privado. Creo
que hay instituciones que tienen capacidad de organizar un gabinete de
medio ambiente, como comunidades autónomas y ayuntamientos más o menos
grandes, pero hay otras instituciones, como el ayuntamiento que yo
presido, donde sería imposible económica y personalmente montar ese
gabinete para hacer esos controles. Por eso se abre la posibilidad de que
empresas privadas también puedan funcionar, siempre con la revisión de
los funcionarios.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PAGOLA SÁENZ: Tengo que agradecer el tono del
debate, que ha sido más técnico que político. Y quiero también decirles
que el voto de abstención del Grupo Parlamentario Socialista me sabe a
voto afirmativo.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.


7.1.2. PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA
PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y
ALQUILER SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD


(Núm. exp. 624/000001)


El señor presidente da lectura al punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Atarés.


El señor ATARÉS MARTÍNEZ: Con su permiso, señor
presidente.


Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y
Competitividad les presento el dictamen de la comisión sobre la
proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Esta
proposición de ley trata de la adopción de medidas que en diferentes
formas contribuyen a aliviar la situación de los deudores hipotecarios y
para perfeccionar y reforzar el marco de protección a los deudores que, a
causa de las circunstancias excepcionales generadas por la crisis
económica y financiera en nuestro país, han visto alterada su situación
económica o patrimonial y se han encontrado en una situación merecedora
de protección.


A estos efectos se presenta a aprobación esta proposición
de ley, que consta de cuatro capítulos, ocho artículos, cuatro
disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias y cuatro
disposiciones finales.


La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta cámara el día
20 de abril, fecha asimismo de su publicación en el Boletín









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Oficial de las Cortes Generales, tramitándose, como
recordaba la Presidencia, por el procedimiento de urgencia.


El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 26 de
abril del corriente año, presentándose tres propuestas de veto y
doscientas setenta y cinco enmiendas, de las cuales han sido retiradas
las números 231, del Grupo Parlamentario Socialista, y 160, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Los vetos presentados han sido los siguientes: veto número
1, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; veto número 2, de las
senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Por lo que respecta a las enmiendas, estas se distribuyen
de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 32, de los senadores Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto —treinta y dos enmiendas en total—.
Enmiendas números 33 a 37, de la senadora Ester Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto —cinco enmiendas—. Enmiendas
números 38 a 43, de los senadores Pedro Eza Goyeneche, Francisco Javier
Yanguas Fernández y la senadora Amelia Salanueva Murguialday, del Grupo
Parlamentario Mixto —seis enmiendas—. Enmiendas números 44 a
57, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado —catorce
enmiendas—. Enmiendas números 58 a 92, 134 a 159 y 161 a 204, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —ciento cinco
enmiendas—. Enmiendas números 93 a 133, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió —cuarenta y una
enmiendas—. Y enmiendas números 205 a 230 y 230 a 275, del Grupo
Parlamentario Socialista —setenta enmiendas—.


El día 3 de mayo se reunió en primer lugar la ponencia, que
emitió informes y modificaciones respecto del texto remitido por el
Congreso de los Diputados. Posteriormente, el mismo día, la Comisión de
Economía y Competitividad se reunió para dictaminar, aprobando el
dictamen de la citada proposición de ley en los términos establecidos en
el informe de la ponencia, rechazando los vetos.


Finalmente, han presentado votos particulares para la
defensa de los vetos los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta y las
senadoras Almiñana Riqué y Sequera García, junto con los senadores Boya
Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs,
así como el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, han presentado voto
particular al dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa
pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y
Socialista. En todos los casos los votos particulares incluyen las
propuestas de veto y las enmiendas.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Atarés.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


Para la defensa de la propuesta de veto número 1, de los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Buenas tardes.


En esta lamentable situación y condiciones vamos a discutir
un proyecto de ley tan importante. En nombre del senador Joan Saura y en
el mío propio voy a justificar el veto que presentamos en nombre de
Iniciativa per Catalunya Verds. Una vez más vamos a discutir una
proposición de ley que se va a tramitar por la vía de urgencia, y una vez
más lo vamos a hacer sin la presencia del ministro afectado. Será que la
cuestión es menor para este Gobierno. Creo que esta manera de trabajar me
permite insistir una vez más en que hay que reformar el Senado. O el
Senado se reforma en un sentido y en una lógica de Cámara territorial o,
señorías, esto no significa el trabajo de segunda lectura para nada.


¿Por qué discutimos hoy esta proposición de ley?
Evidentemente, no es por el interés del Gobierno, leído su programa
electoral. Hasta el momento este Gobierno ha promulgado dos decretos ley
que de ninguna manera han servido, ni de lejos, para paliar el drama
social que representa que una familia sea desalojada de su residencia
habitual por una pérdida de ingresos sobrevenida y que no disponga de
vivienda alternativa.









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Hoy, señorías, discutimos esta proposición de ley
fundamentalmente por la presión social ejercida en contra de los
desahucios y a favor de dar una respuesta justa a todos y a todas
aquellas personas que lo han perdido todo, que están a punto de perder su
vivienda por culpa de la crisis y la codicia de los banqueros. Debatimos
por el empuje ciudadano, plasmado en una iniciativa legislativa popular,
apoyada por casi millón y medio de ciudadanos y ciudadanas. Nos emplaza
la sociedad, una sociedad que mayoritariamente muestra su rechazo a los
desahucios y da su apoyo a las propuestas de la plataforma de afectados
por las hipotecas, a cuyos activistas quiero saludar y reconocer su
esfuerzo y tesón.


Después de más de 400 000 desahucios, de años de
movilizaciones ciudadanas que nos alertaban del problema, después de la
ILP, conocida ya la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra las
cláusulas abusivas, debatiremos, y ustedes, senadores del PP, aprobarán,
una proposición de ley que nada tiene que ver con el sentido y contenidos
de la ILP cuya tramitación votaron en el Congreso de los Diputados. Esto
es una estafa legislativa para todos aquellos, casi millón y medio, que
dieron su apoyo a esta ILP. Lo correcto, lo coherente, hubiera sido votar
en contra por su parte de esta tramitación de la ILP, ya que no comparten
los objetivos y alternativas que proponen, y plantearse, si lo
consideran, sus propias propuestas. Lo que no vale es tergiversar una
iniciativa popular de esta forma tan torticera. Estamos frente a un
elemento más de degradación de nuestra democracia.


Señorías, el único y limitado espacio de participación real
de la ciudadanía en la vida parlamentaria son las iniciativas
legislativas populares. Estas casi siempre no son tenidas en cuenta, y en
este caso, aún peor, es violentada y manipulada en un sentido contrario
al de su impulso. ¿Ustedes creen que esto ayuda a recuperar la confianza
en la política y en las instituciones? ¿Nos acerca esto a la gente? Yo
creo que no. Hoy, con este debate tramposo nos alejamos más de los
ciudadanos y ciudadanas. Ustedes han abortado la posibilidad de que esta
Cámara parlamentaria pudiera discutir sobre lo que nos propone un sector
de la sociedad mediante una ILP.


Si hablamos de democracia, de calidad democrática, ¿qué
mayor calidad que poder discutir sobre aquello que nos proponen los
ciudadanos? ¿Qué mayor satisfacción para un parlamentario que un debate
tú a tú con la ciudadanía? Para mí es la mayor. Cuando hablamos de
desahucios, ¿exactamente de qué estamos hablando? A pesar de que los
datos oficiales sobre un problema tan grave son insuficientes e
inexactos, gracias a los estudios y las proyecciones realizadas podemos
hablar de cifras muy reales sobre este drama. Discutimos de los 334 080
lanzamientos producidos en España desde 2008 hasta el tercer trimestre de
2012, lo que representa una media de casi 220 desahucios al día. Las
previsiones para los cinco próximos años que da el Consejo General del
Poder Judicial es que va a afectar a más de 350 000 familias abocadas a
perder su vivienda. Estamos hablando fundamentalmente de primeras
residencias. El 88% de los créditos hipotecarios se concentran en las
primeras residencias. La morosidad de la vivienda es de aproximadamente
el 3% del total de los créditos. La morosidad de las promotoras
inmobiliarias representa el 75% del total de créditos morosos de
empresas.


Las ayudas públicas a la banca son de 40 000 millones de
euros a través del FROB. Más de 42 000 millones a la línea de
financiación europea, hasta 100 000 millones de euros. Se crea el Sareb o
banco malo con unos activos, postquitas, valorados en unos 50 000
millones de euros. El Sareb gestiona unas 85 000 viviendas. En España hay
3,4 millones de viviendas vacías. Este es el escenario sobre el que
estamos hablando. Y estos datos hay que enmarcarlos en una situación de
un largo y progresivo deterioro social: 27% de pobreza, 6,2 millones de
parados, 1,9 millones de hogares sin ningún tipo de ingreso, solo el 63%
de los parados están cubiertos por prestaciones por desempleo, recortes
en los servicios y programas de protección social, y con unas previsiones
de futuro inmediato —las propias que ha marcado el Gobierno—
negativas especialmente en lo que afecta al empleo.


Señorías, este es el escenario y estas son las particulares
crisis humanitarias que padece España: paro, pobreza y desahucios. ¿Cómo
hemos podido llegar a esta situación? La primacía de unos intereses y
objetivos económicos oligárquicos han puesto a la sociedad a los pies de
la especulación y de la ley del dinero. Esto ha sido posible por el
servilismo de los poderes políticos respecto a bancos y especuladores.
Mientras las cosas parecía que iban bien porque la economía crecía, el
problema de la desigualdad parecía secundario. Éramos muy pocos los que
alertábamos









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sobre el artificio de la burbuja y sobre la inequidad e
insostenibilidad de nuestro crecimiento. Con la crisis, tras más de cinco
años de crisis, la situación se ha vuelto insostenible para millones de
nuestros conciudadanos. Con sus políticas han puesto a la sociedad al
servicio de la economía y no a la economía al servicio de las personas.
No hay personas, solo problemas económicos, y toda solución se sintetiza
en que debe hacerse lo necesario y que funcione económicamente. A esto,
ustedes, señores del PP, lo llaman responsabilidad. Yo lo llamo
injusticia,


Cuando todo descansa en la lógica del beneficio de
intereses de muy pocos, cuando todo tiene un precio, las personas no
existen. Su pensamiento, para mí injusto y anticuado, se basa en que hay
que crear las condiciones de todo orden para que los protagonistas de la
economía, para ustedes exclusivamente banqueros y empresarios, garanticen
el crecimiento económico, y creen que en periodos de crisis se producen
males necesarios e inevitables —no digo yo que sean deseados—
y que hay que pagar para salir de ella, como es el paro o los desahucios.
Se equivocan. Sin concurso y beneficio de la sociedad en su conjunto ni
hay economía de futuro ni hay ciudadanía; 400 000 desahucios no es un
efecto colateral de la crisis, es un drama social de primera magnitud; su
solución ya es un reto moral para todos.


No pidan paciencia, que no la hay. Si dejan de estar
encerrados en sí mismos, si observan lo que está pasando, a lo mejor
reaccionan o, como mínimo, dejarán de lanzar mensajes que se mueven entre
la maldad y la estupidez. Y pondré dos ejemplos de afirmaciones
realizadas por dirigentes del PP. Hay maldad cuando se intenta relacionar
a los activistas de la plataforma antidesahucios con los nazis. Es una
estupidez afirmar que los votantes del PP antes dejan de comer que dejan
de pagar la hipoteca. Expliquen a la señora De Cospedal que los que dejan
de pagar la hipoteca de su vivienda habitual es porque lo han perdido
todo.


Con la ILP presentada a favor de la dación en pago, lo
único que se pretende es que los bancos retornen una parte de lo que la
sociedad les está dando. El senador Saura y yo creemos que es un trato
justo que los bancos retornen una parte de lo que la sociedad les está
dando, una parte.


Señorías, ya no hay excusas de ningún tipo para no abordar
la solución a este problema, no digo para aliviarlo, sino para no abordar
la solución a este problema. Esta situación no puede tolerarse por más
tiempo.


¿Cuál es la propuesta que hace el PP? El PP ha presentado
esta proposición de ley sin ninguna voluntad de diálogo y de acuerdo
—esto es reiterativo, no es una novedad—, una proposición
que, a nuestro entender, no resuelve el problema y perpetúa la injusticia
de la legislación hipotecaria española. Su propuesta no resolverá el
problema y dentro de poco tiempo deberemos volver a hablar,
lamentablemente, sobre los desahucios.


¿Qué nos dice esta proposición de ley? No contempla la
dación en pago, fórmula utilizada por países de nuestro entorno, ni su
retroactividad. No paraliza los desahucios en curso. No acepta el derecho
a una segunda oportunidad, liberando así a las familias de la codicia
financiera. No recoge la propuesta de un alquiler social accesible. Se
realiza mediante una aplicación absolutamente arbitraria y parcial de la
sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre las cláusulas abusivas.
No prevé un procedimiento de un juicio para reparar el daño producido por
las cláusulas abusivas. No establece medidas cautelares para la
suspensión de procedimiento de ejecución hipotecaria cuando sea necesaria
para garantizar la plena eficacia de su decisión final. La adhesión de
las entidades financieras al Código de Buenas Prácticas es voluntaria. La
suspensión del lanzamiento sobre viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables es muy limitada. Se excluyen los desahucios de
viviendas en régimen de alquiler. El Fondo Social de Viviendas dejará
fuera a la gran mayoría de viviendas vacías de las entidades financieras,
algunas ya nacionalizadas, y del Sareb; no se aprovechan para construir
un freno al sobreendeudamiento familiar.


Los argumentos del Partido Popular que he escuchado hasta
el momento para justificar sus propuestas y oponerse a la ILP son los
siguientes: en primer lugar, que tendría efectos dañinos sobre la cultura
de pago. Este argumento es un sarcasmo cargado de cinismo y, además, no
responde a la realidad, porque si en España hay alguien que paga
religiosamente su hipoteca son aquellas personas que la han solicitado
para acceder a su vivienda. El nivel de morosidad, como antes les
contaba, es bajísimo. Si en España hay alguien que no cumple con sus
compromisos son las inmobiliarias y los bancos, por tanto, la cultura de
pago, o de impago en este caso, hay que relacionarla con bancos e
inmobiliarias.









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En segundo lugar, dicen que representaría un encarecimiento
de los intereses y un endurecimiento del acceso a las hipotecas. Puede
ser, pero es evidente que debemos pasar de una cultura de compra a una de
alquiler —aunque con el proyecto de ley que discutiremos después,
poco trecho hay para el alquiler— y nunca con carácter retroactivo,
ya que representaría cambiar las reglas de juego y provocaría
inseguridad. Señorías, las reglas del juego ya se han modificado con la
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas
abusivas.


Lo que subyace en el fondo es la voluntad del Gobierno de
no hacer nada que pueda afectar a los activos y balances de los bancos, y
menos cuando el principal instrumento de la financiación de nuestros
bancos son los bonos con garantía hipotecaria, las llamadas cédulas
hipotecarias; estos son títulos emitidos por las entidades financieras
que pagan un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los
créditos hipotecarios concedidos por la entidad que los emite. Nuestros
bancos han emitido más de 425 000 millones de euros en cédulas
garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo
para la compra de viviendas.


Ese es el problema, no es otro: los intereses de la banca,
como siempre. Tampoco hay ninguna sorpresa. Según ustedes, aprobar la
dación en pago generaría inquietud, y ya se sabe, como el dinero es tan
miedoso, mejor no arriesgar. Y frente a este dilema, eligen una vez más a
los bancos. Creo que es el momento de decir basta ya de defender a los
bancos y a sus intereses. Primero las personas, primero el derecho a la
vivienda. Al diablo con los intereses de la banca, de los usureros y de
los prestamistas. Pongan ya en el primer nivel de su interés a las
personas y a su protección. Y no se engañen, hoy debemos elegir entre
bancos o personas.


Ustedes rechazan la dación en pago, a pesar de que todos
coinciden en que se reduciría de forma importante el número de
desahucios, mejoraría el problema de la vivienda, y se reducirían los
costes sociales y judiciales. Esperanza de convencerlos no tengo ninguna.
Si no son capaces de reaccionar viendo las magnitudes, las imágenes de
esta tragedia, no seré yo quien les convenza. ¿Cuál sería nuestra
alternativa? Muy sencillo: de entrada, todos los puntos de la ILP
presentada por un millón y medio de ciudadanos.


Señorías, están pagando la crisis aquellos que no han
tenido ninguna responsabilidad. La crisis trae paro. El paro trae
pobreza. Y la pobreza trae desahucios. Ese es el dramático corolario de
la actual situación. Que nadie se engañe. Hoy no vamos a realizar una
votación menor. Nuestro voto decidirá si empezamos a solucionar esta
catástrofe social o si se prolonga el sufrimiento de tanta gente; si
garantizamos el derecho universal a una vivienda o si solo la tendrán
aquellos que la pueden pagar.


En su proposición de ley ni hay razón ni hay corazón. No la
voten. Voten este veto.


Gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Propuesta de veto número 2, de la senadora Almiñana y de
los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora
Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Buenas tardes señoras y señores
del público. Esta proposición de ley para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler
social es la historia sumamente frustrante de una gran oportunidad
perdida, sin duda por parte del Gobierno, pero arrastrados por él, de
todo nuestro país y de toda nuestra sociedad. Y lo es en un doble
sentido, ambos igualmente graves. El primero porque es una oportunidad
perdida de hacer una ley moderna, valiente e integral para ciertamente
paliar y reconducir las situaciones absolutamente injustas que se dan en
la actualidad para con los deudores hipotecarios, pero a la vez para
evitar los próximos desahucios, los desahucios del mañana que esta crisis
sin duda va a continuar comportando, y los del futuro.


Y en segundo lugar es una grandísima oportunidad perdida de
enviar un mensaje de fortalecimiento de nuestra democracia, tan
cuestionada en sus instituciones principales, como este mismo Parlamento.
Por primera vez la primera gran experiencia de una iniciativa legislativa
popular llega con toda su fuerza, y la mayoría del Partido Popular la
menosprecia y la ridiculiza, desvirtuándola y haciendo todo tipo de
trucos y tejemanejes para que pierda su esencia. De









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ninguna otra manera se puede entender su voluntad de
cercenar el debate en el Congreso de los Diputados, ciñéndolo solo a la
comisión, y de no aceptar hoy ni tan siquiera una de las muchísimas
enmiendas que los grupos de la oposición hemos presentado para que
efectivamente pueda producirse un debate de totalidad de nuevo en el
Congreso de los Diputados.


Por tanto, señorías, esta es una oportunidad perdida para
hacer honor a la democracia, al sentido profundo de la idea democrática,
es decir, la idea de que la soberanía reside en el pueblo, en la
ciudadanía, de que el poder es suyo y de que los que estamos aquí,
diputados —su nombre lo dice— y senadores, estamos para
administrarlo. Por eso cuando la ciudadanía se expresa directamente como
esta vez, lo mínimo que podemos hacer, señorías del PP, es
respetarlo.


Sobre estas dos ideas voy a desarrollar mi intervención, en
primer lugar refiriéndome a la gran oportunidad perdida en relación con
los contenidos de esta ley. La crisis ha puesto de manifiesto, no solo
una hipertrofia del sector inmobiliario, en el que las viviendas habían
adquirido un valor de cambio por encima de lo que debería ser su función
básica, el valor de uso, poniendo a la vez una desproporción enorme entre
el régimen de propiedad y de alquiler en nuestro país, sino que
evidentemente esta crisis ha puesto de manifiesto los muchos errores,
injusticias, abusos de un sistema hipotecario que todos durante muchos
años hemos mantenido y que se ha demostrado absolutamente arcaico,
desfasado e impropio de una sociedad moderna.


Hemos tenido que asistir a decenas de miles de ejecuciones
hipotecarias cada año, con el dolor inmenso que comportan, para tomar
conciencia de todo ello. Pero cuando al fin la mayoría de la sociedad
toma conciencia de esta situación, ¿qué se produce? Una ley del Partido
Popular que se queda ridículamente corta, de muy poco alcance, de menos
miras, de poquísima profundidad, que simplemente trata de salir al paso,
y de una manera forzada. ¿Y por qué? Porque detrás de esta proposición el
Partido Popular sostiene una idea: el desahuciado es culpable; como mucho
va a haber compasión en casos extremos, y muy reducidamente algunos
aplazamientos, pero la idea que subyace es que había un contrato, y quien
no pueda cumplirlo es culpable.


Pues bien, señorías, nuestro punto de vista es
completamente distinto. Además esta ley lo único que hace, en definitiva,
es dejar al conjunto de la estructura del sistema hipotecario tal y como
lo teníamos hasta ahora, y por tanto, no está a la altura del reto que la
crisis y el dolor de la sociedad nos ha puesto por delante.


Les decía que nuestro enfoque era completamente distinto,
un enfoque basado en la idea contraria a la que resumía anteriormente.
Los contratos implican a las dos partes. Los deudores, ciertamente,
tienen obligaciones, pero también tienen derechos y tienen que ser
respetados por la otra parte, por los acreedores, que, ciertamente,
tienen derechos, pero que tienen también obligaciones. Este es un
contrato que, como todos los contratos, tiene que entenderse de mutuo
respeto en derechos y obligaciones. Y en este caso, en los contratos de
créditos hipotecarios, el resultado era —y va a seguir siendo,
desgraciadamente— completamente desequilibrado: derechos, abusos
incluso, para el acreedor; simples obligaciones, injusticias en muchos
casos, para los deudores.


Por tanto, nuestra propuesta alternativa, señorías,
consistía en recoger total y absolutamente las tres ideas fuerza que
estaban —que están— en la iniciativa legislativa popular:
dación en pago, moratorias, retroactividad; y añadir los cinco criterios
que la nueva Directiva de la Unión Europea sobre créditos hipotecarios ya
ha consensuado y ha puesto encima de la mesa, configurando, por tanto,
una ley, primero, que elimine abusos e injusticias en los contratos
hipotecarios, siguiendo, sin ir más lejos, lo que nos ha dicho de manera
clara la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, revisando
penalizaciones, suelos, vinculaciones a otros productos, el papel de las
sociedades de tasación, etcétera; segundo, que esta ley fuera una
auténtica ley de segunda oportunidad, con arreglos extrajudiciales de
mediación o incluso judiciales, para que los deudores de vivienda
habitual tuvieran la posibilidad de resarcirse, incluyendo evidentemente
la dación en pago, parcial o total, según se pudiera acordar; tercero,
una ley que evite el sobreendeudamiento, aspecto absolutamente clave para
que nuestra sociedad no vuelva a caer en los mismos errores en los que
hemos caído en los últimos años: información previa, publicidad no
engañosa, lucha contra los préstamos irresponsables, estrictamente
basados en el interés de las entidades bancarias y no en las necesidades,
etcétera; y, finalmente, una ley que incluyera la paralización de los
desahucios en curso mientras todos estos procedimientos y mecanismos
nuevos se ponen en marcha después de una consulta amplia a los muchísimos
agentes que están implicados: la Administración de









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Justicia, muchos profesionales, entidades que representan a
los deudores, evidentemente, y también otro tipo de entidades y
asociaciones. Con la paradoja, además, señorías, de que la Unión Europea
—por fin algunas buenas noticias nos llegan de Europa— nos va
a obligar a una ley nueva, radicalmente nueva, y por tanto, habremos
desperdiciado, como he dicho, por razones de fondo y por razones de
oportunidad, una magnífica opción de hacer las cosas bien en este campo,
donde nos hemos equivocado tanto como sociedad, hacerlas bien para el
presente y para el futuro.


Quiero retomar mi segunda idea, señorías, al final de mi
intervención, con toda su fuerza. Esta tramitación de la antigua
iniciativa legislativa popular es una auténtica burla a la democracia. Si
se está en contra, si no se suscriben los argumentos, si se piensa que no
es lo adecuado y lo bueno para nuestro presente —cuesta pensarlo,
pero si se piensa es totalmente legítimo—, lo lógico es no tomar en
consideración esta iniciativa legislativa popular y presentar, si acaso,
una ley propia por parte del Gobierno. Pero si se toma en consideración,
señorías del Grupo Popular, lo mínimo es asumir sus trazos básicos. Los
tres artículos que la ILP nos propone habría que haberlos mantenido sin
lugar a dudas. Porque, ¿qué sentido tiene tomar en consideración esta
iniciativa legislativa popular y luego desnaturalizarla hasta no poder
reconocerla, prostituirla completamente? Es indigno beber de la
legitimidad de casi un millón y medio de firmas para hacer todo lo
contrario. Es indigno utilizar una estrategia de criminalización de las
plataformas de afectados por la hipoteca para justificarlo todo. No tiene
ningún sentido, desdibuja completamente nuestra función parlamentaria y,
lo más grave de todo, aleja cada vez más a la ciudadanía de nuestra labor
y del sistema democrático parlamentario.


No se puede plantear, señorías del Grupo Parlamentario
Popular, un discurso de legitimidades contrapuestas y jerarquizadas entre
el Parlamento y la calle, entre los representantes del pueblo
—entre comillas— y el populacho —también entre
comillas—. No es verdad, señorías. La legitimidad es la misma.
Todos bebemos de la misma legitimidad. La soberanía reside en el pueblo,
lo dice la Constitución, y es la esencia de la democracia. Por eso, la
iniciativa legislativa popular, que es el procedimiento con el que la
ciudadanía recupera la soberanía delegada al Parlamento en un momento
concreto y circunstancial, con un procedimiento absolutamente reglado, es
la ocasión, el máximo momento para que el Parlamento la respete, votando
que no en su toma en consideración —también es respetarla— o
votando que sí, teniendo en cuenta sus principios en el desarrollo de la
ley. Lo que no es de recibo, lo que no respeta en absoluto esta idea, es
tomar en consideración la iniciativa y luego rehacerla completamente y
burlarse de sus contenidos.


Por ello, señorías, este grupo, el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, entendiendo que estos dos motivos hacen
democrática y políticamente absolutamente inaceptable esta ley, ha
presentado este veto que creemos más justificado que nunca.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.


Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, para presentar el veto a esta proposición de ley sobre
desahucios, una proposición de ley, señorías, en la que el gobierno del
Partido Popular, una vez más, da la espalda a los ciudadanos y rehúsa
adoptar medidas contundentes para abordar en su integridad la situación
de los deudores hipotecarios y el desequilibrio que existe en el sistema
hipotecario español, en el que el deudor es la parte más débil a la que
se le traslada, casi con carácter exclusivo, la totalidad de la
responsabilidad del problema del sobreendeudamiento. Rehusaron hacerlo,
señorías, en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, y también en el
Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, del que trae causa este
texto que nos ocupa y en el que, una vez más, el Gobierno del Partido
Popular elude abordar soluciones reales y efectivas frente a esta
realidad dramática de los desahucios. Porque, señorías, en la actualidad
existen pocos problemas más dramáticos y acuciantes que los que padecen
las familias que se encuentran en situación de desempleo y que tienen que
hacer frente a deudas elevadas y a muy largo plazo —hablamos de
quince o de cincuenta años en algunos casos—, que









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se derivan en un 90%, de operaciones de adquisición de
vivienda habitual o del local de negocio en donde desarrollan su
actividad que constituye su medio de vida.


En un contexto de grave crisis económica como el actual,
los últimos datos manejados de la sociedad española sobre desempleo y
sobreendeudamiento de las familias son extremadamente alarmantes. La
encuesta de población activa de este primer trimestre de 2013 hace
referencia a que tenemos más de 6 200 000 desempleados, una tasa de paro
del 27,16%. Solo en este año, 929 100 parados más desde que gobierna el
Partido Popular, una cifra de 1,9 millones de hogares con todos sus
miembros en paro.


Señorías, muchas de estas familias no pueden afrontar el
pago de las cuotas de sus préstamos hipotecarios y no porque no quieran,
es porque realmente no pueden; y no pueden en un momento en el que la
vivienda ha perdido gran parte de su valor y no constituye en sí
suficiente garantía frente al crédito concedido. Señorías, es un callejón
sin salida que solo en el año 2012 afectó a 30 011 familias que perdieron
su vivienda y siguen siendo en su mayor parte deudores de las entidades
crediticias de por vida.


Los datos que nos da el Consejo General del Poder Judicial
no dejan lugar a dudas. Solo en el año 2012 se iniciaron 65 778
ejecuciones hipotecarias, de las cuales el 74,76% se corresponden a
primera vivienda. Durante 2012, la banca se adjudicó por el procedimiento
de ejecución hipotecaria 38 976 viviendas; concedieron 14 229 daciones en
pago; el 80% de daciones en pago correspondía a primera vivienda, a
vivienda habitual. Señorías, a esta situación hay que añadir la evolución
creciente de la morosidad de los préstamos para la adquisición de
vivienda, que en diciembre de 2012 alcanzó el 4%, y el del saldo de
préstamos morosos, que superó los 25 300 millones de euros.


Los datos anteriores no dejan lugar a dudas, señorías.
Tenemos que actuar, y actuar de inmediato, pero adoptando políticas
públicas consensuadas e integradoras, políticas públicas que den
soluciones justas y equilibradas en una situación que amenaza con romper
la vertebración social de nuestro país, y no con propuestas injustas y
desequilibradas como las que hoy nos trae el Gobierno del Partido
Popular; por cierto, en esta proposición de ley ignora las aportaciones
de los restantes grupos políticos en el Parlamento y, además, también
ignora a los restantes agentes sociales. Señorías, desprecia y elimina
todo rastro sobre el sentido de la iniciativa legislativa popular, de
regulación de la dación en pago, de paralización de desahucios y del
alquiler social, avalada por más de medio millón y medio de firmas de
ciudadanos de España, y desde aquí, el Grupo Parlamentario Socialista
quiere manifestar su máximo apoyo a esa plataforma de afectados por la
hipoteca. (Aplausos.)


Señorías, la proposición de ley que hoy nos trae el
Gobierno del Partido Popular a esta Cámara no aporta soluciones ni reales
ni efectivas exigibles a los poderes públicos para hacer frente al drama
humano y social de los deudores hipotecarios. Pero, además, las medidas
que incorpora son inútiles y profundamente desequilibradas. Y permítanme
que haga referencia a esta última cuestión.


Primero, son profundamente desequilibradas, ¿por qué? Pues
porque no corrigen el desequilibrio existente entre la posición del
acreedor y la del deudor; esto es, de las familias y de la banca. Por el
contrario, con esta proposición de ley toda la responsabilidad, todo el
problema del sobreendeudamiento se asume casi con carácter exclusivo por
las familias. No se evidencia esa responsabilidad equilibrada entre las
familias y la banca.


Quiero recordar aquí unas recientes palabras del profesor
de Derecho bancario y bursátil de la Universidad Carlos III de Madrid y
presidente del grupo de expertos de los servicios financieros de la
Comisión Europea, que nos dice claramente que si la banca hubiese dado
créditos de forma responsable se habría evitado el sobreendeudamiento de
las familias y los problemas de solvencia del sector bancario.


Además, señorías, con estas medidas tan restrictivas que
nos traen en esta proposición de ley, lo que están haciendo es que
solamente un pequeño colectivo muy reducido pueda realmente beneficiarse
de las medidas que aquí se adoptan.


Por lo tanto, reitero: inutilidad, arbitrariedad y
altamente desequilibrado. Y permítanme que haga referencia a distintos
capítulos que se recogen en esta proposición de ley. En primer lugar,
señorías, esta proposición de ley del Partido Popular no paraliza de
forma generalizada los desahucios sobre vivienda habitual del deudor
hipotecario de buena fe. Todo lo contrario. Lo único









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que paraliza es el lanzamiento de la vivienda habitual, y
lo hace únicamente para el plazo de dos años, estableciendo además
requisitos arbitrarios y claramente restrictivos para los ciudadanos. Tan
arbitrarios y tan restrictivos que de hecho son absurdos, señorías. Hace
que una familia que gane 1500 euros al mes y tenga un hijo menor de 3
años sí pueda acogerse; por el contrario, esa misma familia con esos
mismos ingresos y dos hijos de más de 4 años no puede acogerse a la
suspensión del lanzamiento.


Además, señoría, con esta proposición de ley se mantiene
que se devenguen intereses de demora abusivos durante la suspensión de la
ejecución. Abusivos y que claramente agravarán la situación que
atraviesan las familias por problemas de sobreendeudamiento. Tan
abusivos, señorías, que suponen un 12%, mientras que la Ley de contratos
de créditos al consumo vigente en el Estado español solamente establece
como máximo un 10%, con lo cual se está multiplicando por veinticuatro
veces el interés oficial del dinero en la zona euro, y también en
veinticuatro veces el euríbor actual. Muy superior claramente, señorías,
a lo que la jurisprudencia está considerando como admisible, que aconseja
que sean similares a los de los restantes países de nuestro entorno
europeo, es decir, que figure un interés legal del dinero más algo
adicional; algo adicional que en algunos países, como Reino Unido o
Francia, se sitúa en torno al 0%, y en países con el máximo, como
Australia, se fija en el 5%.


En segundo lugar, señorías, estas medidas son injustas y
desequilibradas porque con respecto a la dación en pago se sigue
considerando lo que viene recogido en el Real Decreto Ley 6/2019, del
Código de Buenas Prácticas. ¿Qué nos dice ese Código de Buenas Prácticas?
Que esta dación en pago es con carácter voluntario para las entidades
financieras, quienes controlan todo el proceso de dación en pago y además
se aplica casi con exclusividad, como se ha observado en el último año, a
deudores que se encuentran en la más extrema pobreza. ¿Qué significa
esto? Que no es obligatoria para las entidades financieras y, por lo
tanto, los deudores de buena fe no pueden acogerse a esta dación en
pago.


Por lo tanto, significa que la entidad concedente de un
crédito irresponsable no se ve obligada a pactar con el cliente un plan
de pagos y, en su defecto, aceptar la dación en pago. En definitiva,
señorías, arbitraria, profundamente desequilibrada y además inútil. ¿Por
qué? Porque, ciñéndome a los datos que reportó el ministro de Economía en
diciembre de 2012, en esta Cámara, hablando de las bondades de esta
medida, tan solo se acogieron a la dación en pago 49 familias en el año
2012 cuando, como he comentado anteriormente, a lo largo de este año las
propias entidades financieras propiciaron que 14 229 daciones en pago se
pudiesen realizar en España.


En consecuencia, señorías, no es entendible esta
resistencia y esta negativa por parte del Partido Popular a adoptar
medidas legales efectivas y contundentes para resolver este drama de los
desahucios. Además, quiero señalar también que el propio Consejo de
Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado este
mismo mes de abril una nueva directiva comunitaria de créditos
hipotecarios que refuerza la protección de los consumidores y que
contempla la dación en pago. Esto significa, señorías, que en un plazo de
dos años nuevamente tendrán que cambiar esta proposición de ley
incorporando esta nueva directiva comunitaria que obliga a la dación en
pago, también en España.


En tercer lugar, señorías, esta proposición de ley no
aporta soluciones porque, a diferencia de los restantes países de nuestro
entorno, no contempla que en España se pueda ir a un procedimiento de
segunda oportunidad. ¿Qué significa este procedimiento de segunda
oportunidad? Significa que se permita reestructurar la deuda de las
familias para que no pierdan su vivienda habitual cuando existe un
sobreendeudamiento sobrevenido no doloso, con garantías, con
transparencia y para todos. Porque, señorías, los desahuciados quieren
tener una segunda oportunidad, lo que no quieren es abandonar su
vivienda; quieren tener voz para defenderse del abuso y poder pactar un
plan de pagos con el banco para no perder su vivienda cuando pueden
pagarla. Se trata, señorías, en definitiva, de evitar la exclusión
social.


En cuarto lugar, esta proposición de ley es inútil y
desequilibrada nuevamente porque no contempla la creación de un auténtico
parque público de alquiler social, tan solo la creación de un fondo de
5891viviendas sociales que se nutren de aportaciones únicamente
voluntarias de los bancos de toda España. Y es inútil, señorías, porque
en la comunidad de la que procedo, la Comunidad Autónoma de Galicia, de
acuerdo con este fondo se han aportado 114 viviendas en Galicia y
únicamente 7 en la ciudad de Vigo. Una ciudad, la más grande de Galicia,
con más









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de 300 000 personas. Para esas 300 000 personas con este
problema de los desahucios tan solo se crearían 7 viviendas con este
fondo de viviendas sociales. Por lo tanto, no hay un auténtico parque
público de alquiler que gestione el mayor número de viviendas posible,
que garantice el acceso a una vivienda digna a un precio acorde a las
circunstancias económicas y familiares de cada persona; un parque,
señorías, que podría nutrirse del Sareb y también de las entidades que en
estos momentos se encuentran intervenidas y que son propiedad del
FROB.


Por lo tanto, nuevamente tibieza e inanición por parte del
Gobierno. Inanición y tibieza, señorías, que contrasta con lo que están
haciendo muchos ayuntamientos y la Junta de Andalucía, donde se ha
adoptado, con una emergencia social, un decreto que permite expropiar el
uso de las viviendas durante tres años a entidades financieras para
aquellas familias que se hallen en un proceso de desahucio por impago de
la hipoteca. En suma, un texto que, frente a la necesidad de respuestas
integrales e inmediatas para aquellas personas desahuciadas, no ofrece
garantías legales ni un reparto equitativo y justo de las cargas. No
incorpora mecanismos ni medidas, como que se adjudiquen viviendas en
subasta por una cantidad justa, que sea baja, que evite el
malbaratamiento de la vivienda, y no como esta proposición de ley, que
permite en estos momentos que un banco pueda hacerse con una vivienda a
un 52,2% por debajo del valor de tasación al concederse el préstamo. No
impide, por lo tanto, situaciones abusivas, no limita costas judiciales.
El PP, de hecho, con esta proposición de ley en la que establece un 5% de
costas judiciales, lo que está haciendo es que para una vivienda media en
torno a 200 000 euros, se pague solo en costas judiciales un 5% más, es
decir, 10 000 euros en costas judiciales.


Y finalizo, señorías, diciendo que esta proposición de ley
no aporta soluciones, no recoge en ningún punto la iniciativa legislativa
popular y no integra ideas ni medidas reales y justas exigibles a los
poderes públicos para hacer frente al drama humano y social de los
deudores hipotecarios. Entiendo, señorías, que con estas medidas que toma
el Partido Popular se va a perder una ocasión única para dar solución a
miles y miles de familias que están sufriendo las graves consecuencias de
la crisis financiera en un contexto de desprotección, en muchos casos de
vulneración de derechos fundamentales…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Sí, presidente.


…que les está condenando en muchos casos a la más
extrema pobreza y a la exclusión social.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Marra.


Turno en contra de las propuestas de veto.


Tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muchas gracias por su presencia, muy
especialmente a los invitados que se encuentran en la tribuna.


Señorías, no voy a entrar, porque se definen por sí solas,
en las descalificaciones realizadas por algunos de los que me han
precedido en el uso de la palabra. No voy a hablar de indignidad, no voy
a hablar de que se está perdiendo una oportunidad, señor Guillot, lo que
se ha perdido es mucho tiempo desde el año 2007, cuando se empezaron a
producir los primeros desahucios. Eso es lo que se ha perdido.
(Aplausos.) Desde luego, con todo respeto y cariño, le diré que ni mi
grupo ni yo vamos a permitir que se hable de que el Grupo Parlamentario
Popular y el Gobierno ignoran a la ciudadanía española. No se lo voy a
permitir. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ PÉREZ: Debatimos esta tarde, señorías, señor
presidente, una proposición de ley sobre uno de los asuntos de mayor
calado en la actualidad nacional, en el que existe una amplísima y casi
absoluta sensibilización social de todos y cada uno de los actores
implicados. Hay una sensibilidad especial de los ciudadanos en primer
lugar, también de las plataformas y organizaciones sociales, de los
representantes de los ciudadanos en ambas Cámaras y del









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Gobierno de España, con una inequívoca voluntad política de
afrontar desde el minuto uno este terrible drama social. Se trata de la
delicada situación en que la crisis económica ha dejado a muchos deudores
hipotecarios, familias en su mayoría que se encuentran en verdaderas
dificultades para hacer frente a las obligaciones contractuales a las que
en su día se comprometieron.


Por tanto, señora Marra, ¿por qué no aplicaron lo que ha
dicho hoy aquí durante los últimos cuatro años de Gobierno socialista?
¿Por qué no lo aplicaron? (Aplausos.) Nos encontramos, señorías, ante un
asunto que no podía esperar, que requería soluciones y medidas urgentes,
sobre todo de extraordinaria necesidad, que dio lugar a dos reales
decretos que hemos debatido y se están debatiendo en el día de hoy, que,
a iniciativa del propio Gobierno de España, aprobaron novedosas medidas
para frenar este drama social.


No es la repercusión mediática que pretenden algunos, ni
tampoco la agitación social lo que lo convierte en uno de los principales
asuntos de la agenda política de este país y del Gobierno, sino la
tragedia social que supone para cientos de familias españolas y el
consiguiente riesgo de exclusión social al que un desahucio lleva a un
número importante de familias en situación vulnerable. Por ello, desde el
año 2007 era urgente y necesario tramitar cuanto antes una proposición de
ley que articulara medidas excepcionales, que incorporara algunas nuevas
y, sobre todo, con la suma también de la iniciativa popular de miles de
ciudadanos. Se trata de medidas de mejora del mercado hipotecario,
modificando, como se modifica, la Ley hipotecaria, y ustedes lo saben;
modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil en catorce artículos e
incorporando el real decreto de marzo y el real decreto del 15 de
noviembre, que paralizan los lanzamientos y los desahucios tramitados ya,
eso sí, como proyecto de ley. Y se incorpora también a nuestro
ordenamiento jurídico una cuestión sobre la que ustedes aquí no han
hablado, y es la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.


¿Es o no es urgente? O mejor dicho, ¿era o no era urgente
tomar este tipo de medidas allá por el año 2007? Esa era la intención de
los grupos parlamentarios, para que no hubiera demora en la entrada en
vigor de estas medidas, señorías. Esa era la intención de subsumir, lo
saben muy bien los señores de Convergència i Unió, en una misma ponencia
los textos legislativos con los que contribuyeron en el Congreso de los
Diputados y con los que ustedes antes estaban de acuerdo, y hoy aquí
—rara vez hacen algo diferente—, no están de acuerdo.


Por tanto, tramitar un asunto de la manera más urgente
posible también es el motivo por el que esta proposición de ley se está
tramitando a través del correspondiente procedimiento, algo que hasta
hace poco ustedes entendían pero que hoy, qué casualidad, no entienden.
Contesten por qué, por favor. Sin embargo, para el Gobierno de España y
para este grupo parlamentario, dar respuesta al problema de los
desahucios es un asunto capital que requiere medidas cuanto antes y que
precisa de una ley, como la que hoy se propone, con medidas tan
importantes —entre otras muchas, a las que luego haré
referencia— como la dación en pago y la limitación de los intereses
de demora, y que dará respuestas realistas y concretas a un problema
urgente que no podía esperar, señorías.


Eso es precisamente lo que motivó al Gobierno de España a
mover ficha a los tres meses de llegar al Gobierno, ya hace catorce
meses, en marzo de 2012: el proyecto de ley que favorece la
reestructuración de la deuda hipotecaria y reduce los tipos de demora,
que es la gran demanda que hay frente a la Ley Hipotecaria, y que no solo
propone aumentar los plazos de amortización de la deuda sino una quita
potestativa de hasta el 35% de la deuda y, como último recurso, que las
entidades tengan que aceptar obligatoriamente la dación en pago a
propuesta del propio deudor hipotecario, que, además, puede quedarse en
su vivienda a través de una renta social asequible.


Por lo tanto, señorías, aclárense ustedes y no confundan a
los ciudadanos, porque el Capítulo VI de la proposición de ley se refiere
a la adhesión voluntaria; pero una vez que el 99% de los bancos de este
país se han adherido voluntariamente, es obligatoria la aplicación de la
dación en pago.


Y aquí se habla mucho de cara a la galería, desde un
posicionamiento ideológico, pero presten atención, señorías, al punto
número 3 del Capítulo VI. «Podrán solicitar la dación en pago en su
vivienda habitual —en estos momentos no existe—… En
estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien
hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que esta
designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.» ¿Existe o no
existe dación en pago en el









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texto que hoy debatimos en esta Cámara?
(Aplausos.—Denegaciones del señor Camacho Sánchez.)


Por lo tanto, señorías, digamos la verdad, y quien dice que
no con el dedo, que se lea el Diario de Sesiones y el boletín publicado
en esta Cámara, que dan clara respuesta de lo que yo estoy diciendo aquí.
(Aplausos.) Existe, por consiguiente, dación en pago en nuestro
ordenamiento jurídico. Existe por primera vez en la historia democrática,
porque nunca antes otro Gobierno lo había contemplado. Existe desde hace
catorce meses, porque fue una de las primeras medidas que adoptó el
Gobierno de Mariano Rajoy. Repito, Capítulo VI, punto número 3. Léanselo
detenidamente. Y en esta proposición de ley también existe, reitero, de
forma obligatoria para todas las situaciones de especial vulnerabilidad,
es decir, para un número superior a 120 000 familias. Esto permitirá a
quienes lo están pasando peor, seguir viviendo en su domicilio sin tener
que abandonarlo. Esta es la principal demanda social que existe en
nuestro país ante la problemática de los desahucios. El actual Gobierno
de España ha sido el primero —lo digo desde la humildad— que
ha legislado para la suspensión inmediata de los desahucios que se
encuentran en una situación de especial riesgo y, sobre todo, de riesgo
de exclusión social. Lo hizo el pasado mes de noviembre y hoy lo
incorpora a esta proposición de ley que estamos debatiendo todos
aquí.


Léanse también, por favor, el Capítulo I, artículos 1 y 2,
donde, literalmente, se dice: «suspensión de lanzamientos sobre viviendas
habituales de colectivos especialmente vulnerables». Ojalá se pudiesen
cubrir todas las situaciones, pero la realidad, señorías, es que la
suspensión de los lanzamientos afectará a las familias que se encuentran
—reitero— en especial situación de vulnerabilidad.


Estamos hablando de familias numerosas, que —como
todo el mundo entiende— pueden estar pasándolo peor; también de
familias monoparentales con dos hijos a su cargo, de familias con hijos
entre 0 y 3 años, y también de quienes tengan miembros con discapacidad o
en situación de dependencia o incapacidad temporal o permanente.


Estamos hablando —aquí está escrito— de quienes
tienen una hipoteca y se han quedado en paro, habiendo agotado todas sus
prestaciones, y también, cómo no, de quienes hayan sido víctimas de la
violencia de género. Como le decía, señoría, de todos aquellos colectivos
o personas con mayor vulnerabilidad.


Hablamos también señorías —está escrito en el
texto— de unas medidas que los tres vetos consideran restrictivas e
insuficientes, pero que, según todas las estadísticas oficiales a las que
todos tenemos acceso, son 8 millones de hogares, el 45% de todos los
hogares de España, los que están por debajo del límite que establece el
texto, pudiendo acceder en situación de dificultad, siempre y cuando
—también está escrito— dediquen el 50% de sus ingresos al
pago de la cuota hipotecaria.


Pero a ustedes, a los que no hicieron nada y a los que les
apoyaron, todo esto les parece hoy muy poco. (Aplausos.) Lo que le parece
poco a este grupo parlamentario es que los tres vetos correspondan a
grupos que han gobernado o han dado su apoyo al Gobierno en los últimos
ocho años y critican la Ley hipotecaria del año 46 pero no fueron
capaces, quizá porque no supieron, de modificarla durante estos ocho
años. (Aplausos.—Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.


El señor SANZ PÉREZ: Señorías, esto se define por sí solo.
Porque es de nuevo el Gobierno de Mariano Rajoy, el del Partido Popular
—y lo digo con humildad—, el que va a modificar la Ley
hipotecaria para limitar a tres veces el interés general del dinero. Por
primera vez en España, señorías, se limitan los intereses de demora que
puedan exigir las entidades de crédito en el caso de las hipotecas
constituidas para vivienda habitual, que son las que ostentan los
deudores en riesgo de exclusión o a quienes primero debemos ayudar.


Se prohíbe también —y está escrito— la
capitalización de estos intereses, porque se permite, además, que el
principal deje de devengar intereses. Esto también es novedoso. Pero para
ustedes no es suficiente esta medida, como tampoco lo es la constitución
de un fondo social de viviendas —disposición adicional
primera— destinado a ofrecer cobertura a aquellas personas que
hayan sido desalojadas de una vivienda habitual por impago de la
hipoteca.









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Y de nuevo les pregunto, principalmente a aquellos que han
tenido la potestad de gobernar y de dirigir los destinos de este país: ¿A
qué se dedicaron ustedes durante los ocho años de Gobierno? Porque estas
situaciones se estaban dando. ¿A qué se dedicaron ustedes durante estos
ocho años? Ahora vienen aquí a criticar, cuando el Partido Popular y el
Gobierno no aplazan un problema y lo ponen en vías de solución. ¿A qué se
dedicaron ustedes durante esos ocho años? (Aplausos.)


Claro, ahora resulta que han entendido el drama social y el
riesgo de exclusión social que subyace tras los desahucios, pero antes no
movieron un dedo. Parece que cuando están en la oposición es cuando se
dan cuenta de lo que sucede con esta cuestión, y lo digo porque
recientemente han descubierto los problemas que generaron a los deudores
las llamadas cláusulas abusivas. No obstante, ustedes en esta Cámara
hicieron oídos sordos, y esto es muy importante que se sepa para que
luego no hagan debates demagógicos de cara a la galería. (Aplausos.) ¿Por
qué digo esto? Sus señorías, que eran Gobierno, no dieron su voto
favorable a una moción del Grupo Parlamentario Popular que hablaba de las
cláusulas abusivas. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ PÉREZ: Si no dieron su voto favorable sería
porque en esos días el entonces presidente del Gobierno dijo en Nueva
York ante todo el mundo que España tenía el sistema financiero más sólido
de la comunidad internacional. Y lo remató diciendo —y abro
comillas—: «No se trata de presumir, se trata de decir la verdad,
porque es lo que tenemos.»


Ahora ustedes también nos hablan de la sentencia del
Tribunal Constitucional. Pues la sentencia del Tribunal Constitucional
está recogida aquí y ustedes lo saben, se contemplan los dos preceptos
principales. Se incorpora, por lo tanto, a esta proposición de ley. Pero
resulta que ustedes no hicieron nada con aquellas cláusulas abusivas y el
entonces gobernador del Banco de España —y eran ustedes
Gobierno— dijo textualmente, publicado en el Boletín Oficial de
esta Cámara el 7 de mayo del año 2010: «Son admisibles como un elemento
de estabilización y no pueden considerarse limitativas siempre que se
haya informado al cliente». ¿De qué están ustedes hablando cuando se
refieren a las cláusulas abusivas?


Pero donde ustedes no hicieron nada el Gobierno de España
sí que ha tomado medidas en el real decreto del pasado mes de noviembre,
que ahora también se incorpora a esta proposición de ley. Los cambios
regulatorios pivotan fundamentalmente sobre dos ejes: limitar los tipos
de demora para evitar que la deuda se convierta en una bola imposible de
parar y, sobre todo, mejorar las condiciones en las subastas de los
pisos.


A ustedes no les importaba lo que ahora les parece
insuficiente, o dicho de otra manera para que todo el mundo nos entienda:
quienes más pegas ponen a las medidas contra este drama son precisamente
quienes no hicieron nada. (Aplausos.) Dejen de quejarse, por lo tanto,
por medidas que ustedes no fueron capaces de tomar, como la dación en
pago —por favor, léanlo—, que se incorpora a este texto
legislativo, o como el número de familias que este texto sí será capaz de
atender. Retiren, señorías, sus vetos y apoyen esta proposición de ley,
que es la primera que da respuesta al drama social que padecen miles de
españoles.


Aquí se ha hablado de lo que la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó el día 22. Esa
propuesta de la directiva —para aquellos que no la hayan visto, el
borrador de esa comisión está en mis manos, por si alguien lo
quiere— fue aprobada por el Partido Popular Europeo, por el Partido
Socialista —por cierto, impulsado por un tocayo mío—, por los
liberales británicos, por los verdes que componen el Parlamento Europeo,
el BNG e Iniciativa —está escrito en el acta, no me lo
invento—, y no contradice una coma de lo propuesto por el Gobierno
de España: «Los Estados miembros —dice— adoptarán medidas
para que las prestamistas negocien antes de ejercer el crédito. En caso
de mora —presten atención— la imposición de cargas no será
mayor a la compensación de costes incurridos por el prestamista a causa
de la mora.»


Se trata, señorías, de dar cumplida respuesta a la dación
en pago de la forma que ya prevé el ordenamiento jurídico español. Porque
esa dación en pago que se aprobó el pasado 21 de abril por la Comisión de
Economía del Parlamento Europeo es una dación en pago pactada entre las
partes y que obliga a los Gobiernos de la Unión Europea a respetar el
pacto de las partes, repito, a respetar el pacto de las partes. Se
aprueban otra serie de medidas, medidas que el tiempo dará









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y quitará razones, porque tendremos que aplicarlas en los
próximos años y se podrá ver si contradicen o no lo que hoy vamos a
aprobar aquí.


Todos juntos, señorías, tenemos el deber como sociedad de
rescatar a las familias más vulnerables que puedan quedar en situación de
desamparo, porque son el núcleo mismo de nuestra sociedad y porque España
no puede permitirse el drama irreparable de que caigan en riesgo de
exclusión por no tener ingresos suficientes para pagar su hipoteca.
Porque ese es precisamente, señorías, el origen del problema, no se
engañen haciendo diagnósticos erróneos —que los pueden hacer—
o buscando en la bancada equivocada: la causa de los desahucios de
vivienda habitual es el impago de la deuda que firmaron, o que hemos
firmado muchos. ¿Y por qué no pueden pagar, señorías? No porque no
quieran pagar, sino porque no pueden, han perdido su puesto de trabajo. Y
que la senadora Marra —y yo lo respeto— hable aquí de
destrucción de empleo y se le acuse al Partido Popular… ¡Si entre
2007 y 2011 fueron 3 500 000 puestos de trabajo! ¿Pero de qué está usted
hablando? (Protestas.) ¿Por qué usted no hace una clara concepción de que
en su época también sucedió lo que sucedió? (Aplausos.)


Ustedes insisten —porque es su caballo de
batalla— en la dación en pago, y yo les pregunto: ¿por qué reclaman
la dación en pago y durante muchos años el Gobierno del señor Zapatero
nunca lo concibió? (Rumores.) De hecho ustedes aquí y en la otra Cámara
decenas de veces votaron en contra de ello. ¡Cuántos sufrimientos se
podrían haber evitado, señorías, si ustedes hace siete años hubieran
hecho lo que hoy demandan en esta Cámara! (Rumores.)


¿Por qué hablan de medidas insuficientes cuando ustedes
fueron incapaces de tomar una sola medida? Sospecho, señorías —y
seguro que estoy equivocado—, que lo que a ustedes realmente les
molesta no son las medidas del Gobierno ni las soluciones que aporta esta
proposición de ley, lo que realmente seguro que les incordia y les
inquieta es que importantes dirigentes de su partido dijeran, como el
señor Borrell —abro comillas—: Mes de marzo del año 2012.
«Ojalá el Gobierno socialista hubiera aprobado algunas medidas del
Partido Popular como la dación en pago y la cancelación de la deuda
pública con pymes y autónomos.» Pero también el señor Bono dijo —y
abro comillas—: Quiero lamentar que haya sido un Gobierno popular y
no socialista el que haya bajado los sueldos a los banqueros y haya
promovido la dación en pago. Quizá sea esto lo que a ustedes les
inquieta. (Protestas.—Aplausos.)


Señorías, con la proposición que estamos debatiendo se ha
puesto negro sobre blanco, porque nos hemos tomado en serio este drama
social: se limitan las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios,
señorías; se protege a las familias más vulnerables para que no pierdan
su hogar; se crea un fondo social de viviendas para los desahuciados; y,
se pongan como se pongan, el Gobierno de España ha legislado a favor de
la dación en pago. (Rumores.)


Por lo tanto, señorías, es el momento de actuar con
responsabilidad, y lo digo convencido porque mi grupo parlamentario está
convencido de ello.


Hace pocos meses en esta misma Cámara lo que se dijo…
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Sanz.


Señorías, esta Cámara ha escuchado en completo silencio y
con absoluto respeto al senador Guillot, al senador Martí y a la senadora
Marra, y el senador Sanz tiene el mismo derecho. Les ruego, por favor,
que respeten su intervención. (Aplausos.)


El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Decía que es el momento de actuar con responsabilidad.


El 8 de febrero de 2011 —no hace mucho tiempo—
en esta Cámara, y hablando sobre estas mismas cuestiones, se dijo lo
siguiente: «…tenemos que ser prudentes y ponderar equilibradamente
todas las consecuencias jurídicas y económicas. No existen fórmulas
milagrosas.» «Imponer sin más que los deudores hipotecarios se liberen de
cualquier responsabilidad entregando la finca hipotecada, puede conducir
—ojo, de esto se ha hablado hoy aquí por alguno de ustedes— a
una injusticia social mayor, puesto que repercutiría de manera muy
negativa en el acceso al crédito de otras familias y de empresas.» «Nadie
presta si sabe que no va a poder recuperar lo prestado. Se deben
establecer garantías contra el enriquecimiento injusto, sin duda. Se debe
ayudar a quienes en una situación económica difícil necesitan refinanciar
su deuda y tener mayores facilidades, sin duda; pero el derecho no puede
negar a quien prestó una determinada cantidad de dinero la posibilidad
jurídica de recuperar aquello que se le debe. Las cosas nunca son tan
fáciles como









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parece, señorías. Constreñir la responsabilidad hipotecaria
exclusivamente al valor de la vivienda puede propiciar una contracción
del crédito que al final perjudica a todos los españoles, a la sociedad.
Por tanto, cuando se trata de limitar los derechos sociales de las
ejecuciones causadas por impago de préstamos hipotecarios hay que ser
responsables y prudentes y sopesar todos los factores…»


¿Saben ustedes quién dijo esto aquí el 8 de febrero de
2011? El entonces ministro de Justicia, el señor Caamaño —apelaba a
la responsabilidad y, muy especialmente, a la prudencia—.
(Aplausos.) Por lo tanto, señorías, es el momento de actuar con
responsabilidad.


No sé si es el mejor texto, pero es el mejor de los
posibles. Hemos llegado donde nadie había podido llegar o no había
querido hacerlo. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad ―si me lo
permiten los grupos minoritarios― sobre todo del grupo mayoritario
de esta Cámara.


No nos encontrarán enfrentando a quien pide dinero con
quien se lo presta, nos encontrarán siempre al lado de los que peor lo
puedan estar pasando en relación con esta cuestión —porque los
desahucios no se frenan diciendo a las familias que los bancos son los
malos y los bancos son los enemigos—, nos encontrarán tendiendo la
mano para atajar este dramático problema que tiene nuestra sociedad, pero
abran la mano para que podamos estrecharla porque llevan 14 meses con la
mano bien cerrada.


Por lo tanto, es el momento de tomar medidas que aporten
soluciones, pero en ningún caso que supongan una vulneración de algo que
también es muy importante ―y lo decía el ministro de
Justicia―: la seguridad jurídica; tanto la seguridad jurídica
interna como la seguridad jurídica externa, máxime, señorías, en un
momento tan delicado para nuestra economía, en el que todos los mercados
e inversores están pendientes de España.


No podemos trasladar mensajes equivocados ni a todos los
españoles ni fuera. Tenemos que trasladar a los afectados un mensaje de
unidad, de que se ha avanzado de forma importante en esta materia. Porque
antes teníamos cero: ni modificación de la Ley hipotecaria, ni la Ley de
enjuiciamiento civil, ni nada de nada de nada. Señorías, no se puede
solucionar el problema a costa de hacer demagogia política. Actuar, sí, y
con urgencia, que es lo que ha hecho el Gobierno de España, pero también
reitero que hay que actuar con prudencia.


Señores senadores, señor presidente, tenemos ante nosotros
la ocasión de resolver juntos este problema; tenemos la ocasión de
demostrarles a los ciudadanos que pueden y deben confiar en todos
nosotros a pesar de las diferencias políticas. ¿Que la política sirve
para cambiar las cosas? Es así. ¿Que los responsables de todos los signos
políticos de este país desde su posicionamiento político quieren lo mejor
para los ciudadanos? Es así. Pero, desde luego, los responsables
políticos del Partido Popular están haciendo lo que les encomendaron los
ciudadanos, sobre todo solventar los problemas. Dejen a un lado las
posiciones partidistas en un tema tan dramático y tan serio como el que
hoy estamos tratando; retiren sus vetos porque no es hora de demagogias
—muy especialmente para el Grupo Parlamentario Socialista—
porque es hora de soluciones.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos.—Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sanz.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.
(Rumores.)


Señorías, ciudadanos y ciudadanas afectados por las
hipotecas, creo que se está demostrando en el debate que acabamos de ver,
en el enfrentamiento entre posiciones del Grupo Parlamentario Socialista
y del Grupo Parlamentario Popular, lo inadecuado política, ética y
moralmente que fue incluir la iniciativa legislativa popular dentro de la
otra proposición de ley. Porque, ciudadanos y ciudadanas, esto es así
todos los días, unos, otros: Y tú más. (Protestas.) Y esto es así de
triste muchas veces. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Señorías,
guarden silencio. Espere un momento, senador Mariscal.


Señorías, creo recordar que en el pasado Pleno les dije que
quienquiera que subiese a esta tribuna tenía derecho a ser escuchado
porque esta es la Casa de la palabra. Se podrá estar o no









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de acuerdo, pero el derecho a ser escuchado empieza por
mantener el silencio. Por tanto, les ruego que mantengan el silencio y
respeten a quien esté ocupando la tribuna.


Muchas gracias.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Trataba de decir que en la anterior legislatura la dación
en pago se debatió siete veces en el Congreso de los Diputados, siete, y
en las siete ocasiones el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista votaron en contra, repito, las siete veces que
se debatió la dación en pago en el Congreso. Quiero decirlo porque
conviene hacer memoria, conviene hacer historia. Es cierto, se empieza a
regular. Muy bien, pero no es un argumento en el que yo vaya a entrar
porque no me corresponde. Lo que sí queda claro es que las propuestas que
venían reflejadas en la iniciativa legislativa popular no están siendo
objeto de debate aquí hoy después de haber sido admitidas a trámite y de
haber obtenido un millón y medio de firmas. Ese es un hecho objetivo.
Quizá tengamos ocasión, en el debate de las enmiendas, si podemos
escuchar el posicionamiento de los grupos parlamentarios, de debatir
sobre el contenido concreto de las enmiendas que se hacen eco, o tratan
de recoger, con más o menos éxito, el contenido de la iniciativa
legislativa popular.


Tampoco me gustaría dejar sin responder el hecho de que por
parte del señor Sánchez se diga o pueda parecer que no nos hemos leído la
ley, que no sabemos lo que aparece en la ley. Sabemos perfectamente lo
que aparece en la ley, igual que lo saben juristas, activistas,
ciudadanos, hombres y mujeres que se han leído la ley y que consideran
absolutamente insuficiente lo que viene reflejado y que no va a conseguir
—lo que viene en este texto— dar satisfacción a una demanda
que no tiene como objeto solventar situaciones extremas y que no es una
cuestión de caridad, sino de justicia. Tiene que ser una cuestión de
justicia social, pero también de justicia democrática.


Aquí podríamos hablar y utilizar la multitud de casos
personales y concretos de gente que ha perdido su techo, que ha perdido
su trabajo y que pierde cada día la capacidad de alimentarse, de existir
cada día. Sería terrible hacer la lista de las personas que han sido
desahuciadas con sus nombres y sus apellidos. No lo voy a hacer, pero no
puedo dejar de referirme a Lourdes y a José Manuel. Son dos paisanos de
Córdoba. El viernes a Lourdes la juzgaron en Córdoba porque resulta que,
después de que fuera desahuciada de su casa, volvió a ocupar su casa, que
ya no era suya, era de una filial del Santander en Luxemburgo, creo; ya
no era suya la casa y la volvió a ocupar. El viernes la juzgaron. Le pide
el fiscal 2800 euros por los desperfectos causados en su casa, desde que
volvió a su casa, y 12 euros al día de multa por cada día que ha estado
en su casa. A mí me gustaría que me dijeran o que dijeran a Lourdes y a
José Manuel si esto que vamos a aprobar aquí hoy va a solucionar su
situación. Lourdes era cajera y perdió su trabajo. José Manuel iba
trapicheando de un trabajo para otro, con lo que podía. Pidieron un
crédito en el año 2005 y no lo han podido pagar porque Lourdes perdió su
trabajo. ¿De verdad van a solucionar esto a Lourdes, a José Manuel y a
sus dos hijos? Lourdes y José Manuel no son nada más que la expresión de
muchos otros y de muchas otras. Pero, insisto, no se trata de caridad,
sino, sobre todo, señoría, de justicia, de justicia social y de justicia
democrática. Es absolutamente escandaloso, y propicia la desafección a la
política el hecho de que aquí con nuestros posicionamientos, con nuestro
dedito, cuando votemos luego, estemos poniéndonos de parte de unos o de
otros. Claro que hay que tomar partido, señor Sánchez, hay que tomar
partido entre el pueblo trabajador y la banca. Eso es ser partidista. Sí,
es ser partidista. Efectivamente, es ser partidista, porque mientras se
entregan cientos de miles de millones a la banca para su salvación, hay
más de 6 millones de personas sin empleo y hay más de 2 millones de
familias sin ningún ingreso.


Señorías, ciudadanos y ciudadanas, afectados y afectadas
por las hipotecas, el fraude legal se consuma. Se demuestra hoy aquí. Se
va a demostrar hoy aquí que las formas institucionales no dan solución a
los problemas y a la voluntad popular; se demuestra hoy aquí una vez más
que el modelo emanado de la transición está absolutamente agotado; se
demuestra hoy aquí que esta Cámara sirve para poco o para nada, porque ni
siquiera en la segunda lectura, que constitucionalmente está prevista, se
va a adoptar y va a ceder la cerrazón del Partido Popular a aceptar
ninguna enmienda, quizá por miedo a que vuelva a su debate al Congreso de
los Diputados, quizá por miedo a que de nuevo se le dé cobertura a la
ciudadanía y a su movilización,









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a medidas que tienen el apoyo de entre el 80 y el 90%.
Luego nos quejaremos de escuchar en las calles y en las plazas eso de: Le
llaman democracia y no lo es. Porque, señorías, ¿qué Gobierno de las
mayorías puede aspirar a serlo de verdad cuando hay decisiones básicas
sobre la vida cotidiana de la gente que se toman y depende de minorías
sin legitimidad democrática, como la Asociación Española de la Banca, que
les ha dictado el contenido de esta ley, como las grandes financieras,
como los técnicos, como el Banco Central Europeo, como las agencias de
calificación? (Risas.) Sí, ríanse, ríanse, hace muchísima gracia que
ustedes se pongan siempre de parte de los mismos.


Nos preguntamos qué valor tiene el derecho formal al voto
cada cuatro años para alguien que no tiene techo ni trabajo ni
alimentación; vamos a preguntamos qué valor tiene el derecho al voto. Se
está produciendo una recomposición radical de las relaciones de poder en
nuestro país, lo que está haciendo que las esferas de la vida
—básicamente estas tres: el trabajo, el techo y la alimentación,
que son derechos humanos— hayan entrado en la esfera de lo
mercantil desde hace mucho tiempo y que los poderes públicos no parece
que intenten corregir.


En Roma existía la esclavitud por deudas. En la Inglaterra
victoriana ya no era esclavitud, te metían en la cárcel —Charles
Dickens estuvo en la cárcel por moroso—. Parece mentira, de verdad,
que en el año 2013 todavía deudores de buena fe se tengan que enfrentar a
situaciones tan parecidas de servidumbre, de esclavitud, de cárcel, de
calle, de juicios, de represión. (Aplausos en la tribuna de público.)


El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a las personas que están
en las tribunas del público que no pueden hacer ningún tipo de
manifestación.


Gracias.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Es tremendo, señorías, que
hayamos tenido que escuchar durante estos meses a uno de los portavoces
del Partido Popular decir que algunos querían regular la dación en pago
para poder comprarse otro pisito. Es tremendamente degradante que la
señora Cospedal insinúe que solamente los militantes del Partido Popular
son buenos pagadores, o que todos ustedes son buenos pagadores. Eso lo
dijo en un acto público (Rumores.), está registrado. Lo que sí hizo
claramente fue comparar a activistas pacíficos y ciudadanos comprometidos
con el fascismo y con el nazismo. Creo que es conveniente decir hoy en
esta Cámara que se está criminalizando la verdad, y, efectivamente, como
les dijo la señora Colau, lean un poquito de historia. El nazismo sobre
todo nació con una constitución que era la de Weimar, que tenía elementos
socializantes muy interesantes, derechos sociales muy interesantes, y fue
abandonada por parte de los poderes públicos en sus elementos más
progresistas —¿les suena? No sé si les suena— porque en la
recesión económica de 1929 en Alemania había más de 18 millones de
personas viviendo del subsidio de comedores populares y 20 millones de
trabajadores con salarios ínfimos. ¿Les suena? La Constitución de Weimar.
Esas políticas fueron las que propiciaron, las que pusieron la alfombra
roja al nazismo y al fascismo. Eso fue lo que lo provocó, en alianza
claramente con la gran industria que está claro que en este caso no apoya
las demandas ciudadanas expresadas en la iniciativa legislativa
popular.


Lo que aquí hagamos hoy, señorías —por eso les pido
que apoyen el voto de devolución de este texto—, cuando aquí
pulsemos el botón, como siempre, tiene consecuencias pero hoy de una
manera especial para los ciudadanos y para las ciudadanas.


Antes hemos tenido ocasión de volver a mirar a los ojos y
de escuchar a afectados, a ciudadanos y ciudadanas afectados, y me decía
una compañera con lágrimas en los ojos que le dijera, por favo,r si van a
dormir tranquilos. Yo ya sé la respuesta: sé que van a dormir
perfectamente tranquilos, y sé lo que eso significa: que ustedes no
sirven a este pueblo.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Senador Quintero, tiene la palabra.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Muy
brevemente.


Intervengo para exponer nuestra posición: que vamos a
votar, evidentemente, a favor de los vetos que se han presentado.









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Una vez más coincidimos con el senador Carlos Martí
Jufresa, que lo ha explicado antes muy bien. Creemos que se ha
desvirtuado la iniciativa legislativa Popular completamente. Por eso,
vamos a votar a favor de los vetos y de la devolución.


Intentar convencer y ser un poco práctico o decir que aquí
no se ha hecho nada… Yo empecé en esta Cámara en la pasada
legislatura, en 2008, y presenté una iniciativa sobre desahucios
—gobernaba el Partido Socialista—, pero seguí presentando la
iniciativa en 2010, junto con José Manuel Pérez Bouza, del BNG; después,
en 2012, cuando entró el Partido Popular, en febrero también la presenté
en comisión. Tanto unos como otros es verdad que me rechazaron la dación
en pago y algunas otras medidas. He dicho esto mirando para atrás porque
también los partidos minoritarios hemos presentado hace tiempo
iniciativas de este tipo. Mirar para atrás no sirve para nada, porque hay
un problema social importantísimo: nos están llamando a la puerta un
millón y medio de firmas, que no es poco.


Se va a las elecciones cada cuatro años y se dice que puede
haber cambios porque se ha modificado el programa electoral. También hay
que hacer una política activa. Una política activa diaria es la que un
millón y medio de firmas hacen al presentar una iniciativa popular, y
ustedes se la han cargado y la han desvirtuado por completo.


Creemos que echarse culpas unos y otros —yo no lo
quiero hacer ni lo estoy haciendo, solo recuerdo algunas cosas— no
sirve para nada, nos lleva a un camino erróneo y a ninguna solución. Por
todo ello, vamos a votar a favor de los tres vetos.


Dicen que esperan que todos estemos unidos. Si no se ha
aceptado ninguna enmienda ni creo que se vaya a aceptar ninguna de las
que han presentado el resto de los partidos. Por tanto, también votaremos
en contra de esta ley porque nos parece que no es la que se presentó al
Congreso como iniciativa popular y no es la mejor para garantizar un
drama social que viven los ciudadanos de nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías, y también buenas tardes a los
asistentes al Pleno.


Me van a permitir que también salude en especial a la gente
que ha venido desde Euskadi: Arratsalde on eta mila esker
etortzeagatik.


Señorías, evidentemente este humilde senador —y digo
humilde senador porque no llevo ni cuatro meses en esta Cámara— sí
entiende que todos, cuando entramos al hemiciclo, cuando cruzamos estas
puertas, tenemos que preguntarnos continuamente cuál es el objetivo de
aquello que vamos a tratar, cuál es el objetivo de aquello que vamos a
discutir y qué vamos a posibilitar con aquello que vayamos a llevar
adelante.


En el debate en comisión —poco animoso dicho sea de
paso—, el portavoz del Partido Popular estimaba que con este
proyecto de ley se planteaban unos 100 000 casos, más o menos.
Independientemente de que yo cuestione ese número, de que sea así o no,
tenemos que preguntarnos también: ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿En base a qué
criterio estamos colmando nuestras exigencias y estamos empleando el
tiempo para aquello a lo que se nos ha obligado o se nos ha transmitido
que hagamos? Mi reflexión y mi respuesta irían en la línea de que
probablemente pocos. El señor Sánchez —perdón Antolín, Sanz—
venía a decir que se ha pasado de cero a un número que a él le merecía su
valoración, pero, así como dije en comisión, nos basta un caso que tenga
cara y ojos para que de verdad sea un problema a la hora de dormir, que
sea un caso que se nos ha quedado en la calle, que sea un drama para una
familia, para que todos los que estamos aquí presentes seamos conscientes
de que no lo estamos llevando adelante o de que no lo estamos arreglando.
Por tanto, yo no diría únicamente que estamos pasando del cero a un
número indeterminado, o que son 100 000 los casos que podemos estar
atendiendo, sino que tendríamos que preguntarnos cuál es el número de los
hogares que no estamos atendiendo. A mí, que también me gusta utilizar
casos prácticos, les voy a poner uno: un matrimonio con una hija de 13
años —él metido en el negocio de la hostelería, ella trabajadora a
media jornada—, Pedro, Carmen y Karmele —la hija—.
Ocurre que en los últimos tiempos al hostelero no le ha ido bien, ha
tenido que cerrar su negocio, pero hete aquí que tiene una deuda con la
Seguridad Social, hete aquí que









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tiene una deuda con Hacienda y hete aquí que tiene también
una deuda con el banco. La mujer, su pareja, por esa media jornada
percibe una cantidad de 800 euros. Tienen una hipoteca con la Caja
Laboral Popular de más de 1000 euros mensuales y han conseguido
renegociarla, pero todavía no lo han podido llevar adelante. ¿Qué le digo
a esta familia? ¿Son muchos casos, son pocos casos? Dentro de la
casuística de los lanzamientos, de la que estábamos hablando, ¿estamos
atendiendo a esta familia?


A la hora de elaborar, de pensar, de reflexionar sobre este
proyecto de ley, voy a proponer aquí dos claves. La primera la planteó el
ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando llevó al Congreso este
proyecto de ley y dijo: Ningún deudor de buena fe afectado por la crisis
pierde su casa. Segunda clave: el ministro de Economía espera alcanzar el
máximo consenso. Dos claves.


Vayamos al contexto actual —porque, evidentemente,
podemos hacer historia de lo pasado, pero lo pasado pasado está e
historia es—. En estos momentos nos encontramos con que la sociedad
está viviendo en un contexto en el que hay 6 200 000 parados —dicho
de otra manera, 2,5 personas de cada 10 están en paro, o dicho de otra
manera, más de 5 jóvenes de cada 10 están en paro—, con que tenemos
una economía sacudida por una grave crisis y una grave recesión. Les voy
a dar un dato: hoy, en Euskadi, para 400 puestos eventuales en Mercedes
Benz, se han presentado 8000 personas, es decir, 20 personas para cada
puesto. Muchas empresas se han hundido. El valor de las viviendas ha
descendido. Casi dos millones de familias no tienen ningún ingreso. Para
los pobres la vida hoy es mucho más pobre. Porque en España en estos
momentos hay una pobreza relativa del 29,8%, o una pobreza grave del
10,1%. En ese contexto la gente no entiende por qué se puede ayudar a
Bankia y a la gente corriente no. Por tanto, la consecuencia es que
Pedro, Carmen y Karmele, evidentemente, no entienden qué está pasando. Si
quieren hablamos de otro caso, el de aquella mujer con un hijo de 4 años,
víctima de violencia de género pero que ha retirado la denuncia, que se
encuentra también con un verdadero drama.


La gente ¿qué nos pide? Que nos reafirmemos sin duda en el
discurso del ministro de Economía, Luis de Guindos, en aquel que decía
que ningún deudor de buena fe afectado por la crisis pierde su casa. ¿Y
qué nos pide? Que seamos capaces de llegar a un acuerdo en estos temas.
¿Y cuál es la conclusión? Que tenemos 275 enmiendas y 3 vetos, y no se ha
aceptado ninguna. Esa es la conclusión. Por tanto, ¿esto adónde nos
lleva? Pues a la desafección que estamos viviendo, como decimos una y
otra vez, o a la distancia entre los ciudadanos, las ciudadanas y la
clase política que estamos sintiendo.


A fin de cuentas, entiendo que, con lo que vayamos hoy a
aprobar, 1,5 millones de personas no se van a ver reflejadas en el
proyecto de ley en el que estamos trabajando en estos momentos, y eso,
evidentemente, es un problema.


A la hora de buscar responsabilidades podemos hablar de
tres bloques importantes: uno, el ámbito político; otro, el sistema
bancario; y un tercero, el que formamos cada uno de nosotros, que también
tenemos responsabilidades en aquello en lo que nos hemos metido.


Y debo decir que la clase política ha desarrollado —y
ayer el senador Ibarrondo lo comentaba también cuando hablábamos de la
vivienda en la moción del senador Quintero— una política de
especulación. Eso es así. Ha desarrollado una política totalmente
especulativa, y las propias administraciones donde todos hemos estado
—yo también— han sido partícipes en un contexto determinado
de esa política de vivienda. Diferentes niveles, diferentes autonomías y
diferentes instituciones, pero todos hemos participado de una u otra
manera.


Y qué decir de los bancos. Hoy les he citado el caso de
Bankia, ayer daba su cuenta de resultados. Para el primer trimestre
Bankia ha anunciado unos beneficios de 117 millones de euros y una
previsión para el año de 800 millones de euros. Creo que todos,
absolutamente todos, hemos odiado tener que ayudar a los bancos, pero a
su vez podemos entender que era necesario hacerlo. Ahora bien, a esos
bancos también hay que pedirles que se impliquen con estos ciudadanos que
han sido los que precisamente han colaborado para salvar a ese banco, que
es Bankia, que en estos momentos ya empieza a dar una serie de
beneficios. Es decir, tenemos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.









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Tenemos que dar una solución y acordarnos de aquello que no
estamos solucionando, acordarnos de aquella gente, de aquel matrimonio
con una hija de 13 años que no tiene adonde ir, que también puede entrar
en este colectivo para el que no se ha avanzado.


Les pido por favor que cuando vayamos a votar, cuando
vayamos a debatir, tengamos siempre enfrente la cara y los ojos de cada
una de las personas a las que vamos a intentar ayudar.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, yo soy de otro curso y de otro instituto, y lo
digo porque eso de la clase política cada vez lo soporto menos.
(Aplausos.)


Senador Sanz, usted ha dicho la fecha mágica: 2007.
Señoría, en el año 2007 Joan Herrera presentó en el Congreso de los
Diputados la primera iniciativa parlamentaria sobre los desahucios.
Ustedes votaron en contra. Habla de la proposición de ley, pero esta no
es la primera. Hace un año —y me sabe mal citarme— yo
presenté en este Senado una proposición de ley pidiendo una tregua
invernal para los desahucios, y ustedes votaron en contra. (Aplausos.) No
intenten, por tanto, escabullirse de este debate porque son plenamente
responsables de él.


Señorías, si yo creyera que con esta propuesta se resolvía
el problema de los desahucios, la votaría, pero sinceramente creo que no
solo no se resuelve sino que dentro de poco volveremos a estar
discutiendo sobre esta cuestión.


¿Y cuál es la gran diferencia entre ustedes y el senador
Saura y yo mismo? Pues que ustedes dicen que ojalá pudiéramos resolver el
problema, pero, señorías, en los desahucios, si es necesario, es posible.
Esa es la gran diferencia. No se trata de decir ojalá, no se trata de
aliviar sino de resolver un problema en el que hay intereses
contradictorios entre los bancos y las personas. Y no seamos ingenuos.
¿Qué quiere decir eso de que hay que convocar a los bancos para que se
comprometan? ¿Cree usted que a estas alturas de la crisis los bancos
piensan comprometerse en algo que no sea diferente a lo que han venido
haciendo desde su fundación, que es prestar, especular cuando no realizar
usura? Esto es lo que está pasando, y no hay encuentro; hay intereses
contradictorios. Y hoy ustedes, en la votación de esta proposición de ley
tienen que elegir estar con las personas o con los bancos, así de
sencillo. Hay que elegir campo. (Aplausos.)


La lógica del veto que he presentado en nombre del senador
Saura y del mío propio es muy sencilla. Nosotros pedimos que los bancos
retornen una parte de lo que la sociedad les está dando, porque se pide
cautela, responsabilidad, seguridad jurídica y esa es la misma con la que
hemos dado 140 000 millones de euros para rescatar a los bancos. Pero
además quiero añadir que es intolerable y ofensivo que Bankia o
CatalunyaCaixa estén desahuciando cuando son bancos rescatados con el
dinero de los ciudadanos, y más aún cuando los ciudadanos han dicho que
quieren que los bancos nacionalizados no desahucien.


¿Y cuál es el problema de fondo? Pues que ustedes creen
legítimamente que toda crisis tiene víctimas y que esto es necesario e
insalvable, y que ya cuando haya un relanzamiento económico se hará lo
que se pueda. Yo no lo creo.


Y el otro problema que subyace de fondo y ustedes no se
atreven a abordar es que hay 425 000 millones de euros en cédulas
hipotecarias, que es el principal instrumento que tienen hoy día los
bancos españoles. Y estas cédulas hipotecarias descansan sobre el
reembolso de los créditos hipotecarios y por eso dicen que no a la dación
en pago, porque la dación en pago crearía inquietud en los mercados, y
como el dinero es miedoso, esto pondría en riesgo esta financiación. Así
de sencillo. Y a esto nosotros decimos que no. No hay que pedir, hay que
obligar a los bancos a que devuelvan parte de lo que se les está
aportando, y que lo hagan para algo muy concreto, que es evitar este gran
drama social que representan los desahucios. (Aplausos.)


Termino, señorías, diciendo que la principal inmobiliaria
que hoy tiene España es el Estado. Ustedes gestionan el parque de
viviendas más grande que hay en España por mil razones. Apuesten por este
parque de viviendas para crear un fondo público que permita resarcir y
crear esta vivienda social tan imprescindible y necesaria.









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Y esas son las razones que justifican nuestro veto y
nuestra respuesta a la intervención del senador Sanz.


Gràcies, president. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.


A continuación tiene la palabra el senador Martí, con quien
compartía usted su turno.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.


Señor Sanz, no tengo ambages al reconocer que en este país
no se hicieron las cosas bien, incluidos nosotros. Sí, es cierto. ¿Pero
se trata de eso o se trata de que entendamos lo que ha pasado y de que
veamos la crudeza de la crisis, una crisis que tiene una naturaleza
inmobiliaria? El núcleo de la crisis, de lo que nos está pasando tiene
que ver con el sobreendeudamiento de las familias, aunque también de las
empresas, y con la hipertrofia del sector inmobiliario y financiero, y
con el desequilibrio entre la propiedad y el alquiler. Esto es lo que hay
que entender, esto es lo que hay que combatir, señor Sanz. Aquí radica el
núcleo del problema y, reconózcalo, esta ley no lo aborda. Ustedes se
quedan en la mera superficie. Ustedes ni siquiera rozan el núcleo del
problema que también afecta a esta ley.


Usted dice que nos parece poco, pero esta no es una
cuestión cuantitativa, señor Sanz, es una cuestión cualitativa. Usted
reconoce que hace un poquito de un algo, y nosotros le decimos que no es
un poquito, que de lo suyo no quiero ni el todo. Nosotros defendemos un
modelo alternativo, otra manera de entender la respuesta, las
consecuencias de esta grave crisis inmobiliaria y de responder a estas
situaciones que hoy se dan.


Por tanto, ¿reducción y contracción del crédito
hipotecario? ¡Sí, señor Sanz! Este país lo necesitaba y lo continuará
necesitando, porque hipertrofiar el crédito inmobiliario como lo hemos
hecho solo nos ha traído este enorme problema, absolutamente indigno e
inhumano, y muchos otros que usted conoce perfectamente al igual que
yo.


Segunda idea, lo he dicho antes: la naturaleza de los
contratos. El riesgo es compartido, los bancos y cualquier acreedor no se
pueden desentender de la pérdida de valor. ¿O no es lo mismo que estamos
diciendo a los acreedores alemanes en relación con muchas operaciones
financieras? El acreedor está absolutamente ligado al deudor y comparten
—compartieron y comparten— el riesgo. Y hay que asumirlo, y
hay que abordarlo de esta manera; es la única manera justa de
hacerlo.


Y, en tercer lugar, ustedes hablan siempre de especial
vulnerabilidad. De acuerdo, pero es que nosotros no hablamos de la
especial vulnerabilidad, hablamos de que todos los ciudadanos y
ciudadanas que se puedan encontrar en esta situación tengan los derechos
reconocidos para poder reestructurar su deuda, tener una segunda
oportunidad, optar a la dación en pago, etcétera. Porque nosotros creemos
en los sistemas universales, en las propuestas y las respuestas para
todos y cada uno de los ciudadanos que se puedan encontrar en la misma
situación: ante la enfermedad, respuestas para todos; ante las
necesidades de vivienda, respuestas para todos en el acceso y en el
mantenimiento de la misma. Por tanto, señor Sanz, no es un problema de un
poquito les sabe a poco, es que nada tiene que ver su enfoque con el
nuestro.


Ustedes insisten —y no me ha contestado— en
desnaturalizar los conceptos. Lo ha vuelto a hacer en su primera
intervención; lo han hecho de una manera, a nuestro juicio, absolutamente
intolerable, en su forma de tratar la iniciativa legislativa popular
durante todo este trámite.


Quiero concluir diciéndole que esto no acaba aquí; ustedes
igual se piensan que con esta ley todo esto se ha acabado, no, porque la
realidad va a ser muchísimo más tozuda, los problemas van a continuar,
los desahucios van a continuar, el sufrimiento va a continuar y esta
cuestión va a volver aquí y aquí estaremos nosotros, que no consideramos
que este tema esté cerrado, que no nos vamos a conformar con su respuesta
y que vamos a continuar luchando, asumiendo nuestros errores, sí, pero
vamos a continuar luchando, por lo que ahora ya es obvio y evidente que
tiene que ser otra manera, un modelo completamente alternativo, de hacer
frente a los desahucios en este país y al sobreendeudamiento.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra Alturo.









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El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Molt bona tarda a tothom.


Este proyecto de ley tenía que ser el de los grandes
consensos, aquel en el que había que demostrar a la sociedad que somos
capaces de trabajar juntos por el bien de la misma ante una situación tan
grave como es la pérdida de la vivienda habitual por miles de personas y
de familias por circunstancias sobrevenidas, ajenas a su voluntad, como
consecuencia de haber perdido el trabajo y que, por lo tanto, no han
podido ni pueden hacer frente a los pagos de las deudas hipotecarias.


Nuestro grupo parlamentario no ha presentado ninguna
enmienda a la totalidad puesto que deseábamos, confiábamos, llegar a
acuerdos y a priori no pretendíamos imponer ninguna línea argumental y
hemos intentado hasta el último momento —y ustedes lo saben
bien— negociar enmiendas y que a mínimos fueran aceptadas.


En teoría, este proyecto de ley debería dar una solución
tanto a estas personas y familias como a las que en un futuro puedan
encontrarse en la misma situación. Así, al menos, se podría desprender
del título de la misma, pero, como decimos nosotros, el nom no fa a la
cosa.


En la práctica, este proyecto de ley se basa en la máxima
de cambiar algo para que nadie cambie. Pero analicemos por qué, desde
nuestro punto de vista, es del todo insuficiente. En primer lugar,
hablemos de la suspensión de los lanzamientos. La suspensión de los
lanzamientos debería servir para dar una solución a las familias que
están a punto de ser desahuciadas. El problema es que cuando finalice el
plazo de dos años estas familias van a ser desahuciadas, pero su deuda va
a ser mucho más grande ya que durante este tiempo van a seguir devengando
intereses de demora porque el proyecto de ley no contempla la suspensión
de los intereses de demora para estos casos.


Hablemos de los intereses de demora. El proyecto de ley
limita los intereses de demora, es cierto, a tres veces el interés legal
del dinero. Es un pequeño avance, pero del todo insuficiente. En primer
lugar, no se termina de entender por qué se fija un interés de demora
superior al que fija la Ley 16/2011 para los contratos de créditos de
consumo, concretamente cifrado en 2,5 veces el interés legal del dinero.
En segundo lugar, como aspecto más importante, esta limitación tiene muy
poca efectividad ya que permite aplicarlo al capital principal pendiente
de pago y no únicamente a las cuotas vencidas y no cobradas, al permitir
que los intereses de demora puedan devengar sobre el principal pendiente
de pago, lo que hace que la deuda crezca exponencialmente y sea imposible
devolver el crédito.


Liberalización de la deuda pendiente. La propuesta que
presenta el proyecto de ley es una quita del 35% —ustedes lo han
comentado— si durante los cinco primeros años son capaces de
devolverla conjuntamente con el interés legal del dinero o una quita del
20% si en los 10 años siguientes devuelven la deuda pendiente más los
intereses legales del dinero correspondiente. Salta a la vista que de
estas medidas prácticamente ningún deudor hipotecario va a poder
beneficiarse. Vamos a poner un ejemplo práctico para que podemos
entenderlo bien. Pongamos el caso de una hipoteca concedida en 2004 por
un valor de 114 000 euros y un período de amortización de 24 años, que
vendría a ser lo normal. Consideremos un tipo de interés bajo del 3,25% y
supongamos que esta familia deja de pagar la hipoteca en 2011, si hacemos
los cálculos sale que para que la familia pueda devolver el 65% de la
deuda pendiente en cinco años hace falta que cada año pague 15 800 euros;
es decir, que aparte del pago de alquiler de vivienda, comida y demás
necesidades básicas, la familia tenga la capacidad de ahorrar nada más y
nada menos que 15 800 euros al año. Esta es una situación imposible, por
lo cual la familia no puede ahorrar este dinero y, en definitiva, atender
a sus necesidades familiares. Solo hay que decir que, según las últimas
estadísticas de salario bruto, antes de impuestos, mediano en España, el
salario medio es de alrededor de 19 700 euros; es decir, que si se quiere
cancelar la deuda quedarían solamente 3900 euros para vivir toda una
familia considerando que solo trabajara uno de los miembros. Esta es la
realidad.


Si la situación es que se opta por cancelarlo en 10 años el
importe es también 10 800 euros. Ante esta situación ustedes mismos
pueden juzgar si esto es factible o no. Pensamos que queda
suficientemente claro.


La otra alternativa que nos ofrece el proyecto de ley es
acogerse también al Código de Buenas Prácticas, siempre que el deudor
esté dentro del ámbito de aplicación, el cual ha sido modificado









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por el mismo haciendo muy parecido al colectivo
especialmente vulnerable que pueda optar a la suspensión de
lanzamientos.


Pues bien, según los últimos estudios solo un 2% de los
deudores que solicitaron la suspensión la consiguieron, lo que da idea de
los deudores que se podrían beneficiar con la ampliación de la aplicación
del Código de Buenas Prácticas.


Hablemos del alquiler social. El Gobierno ha puesto en
marcha un fondo social de viviendas con una dotación de 5900 viviendas.
Si se tiene en cuenta que desde 2008 se han producido más de 300 000
lanzamientos por impago de la hipoteca, muchos de los cuales corresponden
a viviendas, y 280 000 desahucios por el impago del alquiler, es del todo
evidente que el fondo social es insuficiente. Además, hay que tener en
cuenta que el Sareb tiene activos por un valor de más de 22 400 millones
de euros, y es evidente que alguna cosa falla cuando hay gente sin casa y
casas sin gente.


En este aspecto, el proyecto de ley no mejora nada de lo
que determina el Real Decreto 27/2012 que presentó su Gobierno en su
momento. Una muestra más de que este proyecto de ley no da ninguna
solución a las personas que han sido desahuciadas y que acarrean una
deuda de por vida con las entidades de crédito es toda esta situación que
estamos comentando.


Estos son algunos de los argumentos, algunas de las
evidencias de su proyecto de ley, el proyecto de ley que hoy nos traen
aquí y que ustedes nos presentan. Y, en definitiva, nosotros pensamos
que, lejos de resolver la situación, la magnifica porque dentro de dos
años estas familias, estos ciudadanos se van a encontrar con una
situación peor. En el turno de defensa de las enmiendas explicaré las
enmiendas que nuestro grupo ha presentado porque, en definitiva, son una
alternativa al proyecto de ley que tienen aquí. Y hablan mucho de la
unificación de las dos ponencias en el Congreso —que ciertamente
nuestro grupo apoyó—, pero lo que no se dice es que en el texto
único no se aceptaron enmiendas de ningún grupo y no se aceptaron
enmiendas de Convergència i Unió. Esta es la realidad, y tampoco hubo el
debate de la iniciativa legislativa popular en sesión plenaria, sino que
el tema se despachó en una comisión con competencia legislativa
plena.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Y bienvenidos a las personas que hoy nos acompañan y que
representan a la plataforma, a organizaciones sociales que han sabido
ayudar a la gente a recuperar parte de la dignidad que perdían cuando
perdían su vivienda, que han ayudado a que de sentirse avergonzados por
haber perdido su casa pasen a sentir que tienen fuerza para luchar y
pedir justicia y dignidad y a trabajar para que no vuelva a ocurrirle a
más gente. Esa fuerza es la que tenemos que utilizar quienes
representamos a los ciudadanos y tenemos la obligación de resolver los
problemas que tiene la gente.


Estamos en un momento en el que la crisis está dejando una
profunda huella de miedo en la sociedad; y la sociedad se ha vuelto hacia
nosotros, hacia los políticos, hacia sus representantes para pedirles que
hagamos algo y que lo hagamos ya. Y la respuesta que trae el Gobierno es
una respuesta insuficiente e inútil, señorías, no entiendo cómo pueden
estar orgullosos de una propuesta que no va a resolver el problema. El
proyecto de ley que hoy traen aquí para los desahucios no va a atajar la
enfermedad que tiene esta sociedad y vamos a tener que seguir debatiendo
sobre ella en el futuro. Y lo que más me preocupa es que ustedes son
conscientes de que pueden, y el problema es que no quieren. Eso es lo que
más me preocupa. (Aplausos.)


La prioridad para el Partido Socialista son las familias.
Esa debería ser la prioridad de todos los representantes de los
ciudadanos que estamos aquí. Nuestra prioridad debería ser que la gente
se quede en su casa, en su vivienda, y por eso todas nuestras propuestas
van encaminadas a tomar medidas para impedir llegar al último momento, al
de la dación en pago, que es una solución que no queremos nadie porque no
resuelve el problema y al final lo que hace es dejar a las familias con
otros problemas distintos. Sustituye un problema grave por otros que
también son graves. Por eso hacemos propuestas para tomar medidas que
dejen a las familias dentro de sus casas.









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La prioridad debería ser que la gente se quedara en su
vivienda y en su casa con su familia y con su entorno social, y la
prioridad que nos trae el Partido Popular con esta ley es que el banco se
sienta seguro y protegido y que al final sea quien decida si se hace algo
o no se hace. Ustedes traen aquí una ley que es mala, pésima, y han
dedicado mucho tiempo a hablar de lo que se había o no se había hecho
antes. Podían dedicar ese tiempo a explicar a los ciudadanos qué van a
hacer y cómo les quitan el miedo a que pierdan su vivienda. Yo creo que
no lo hacen, sencillamente, porque este proyecto de ley no tiene las
medidas necesarias para evitarlo.


Hablaba usted de que esta ley tiene la dación en pago y lo
exhibía con orgullo. Ustedes se han vuelto especialistas en ponerle letra
pequeña a los discursos, como hacen los bancos con sus contratos, y
cuando uno ve la letra pequeña resulta que ese derecho del que ustedes
hablan de que han puesto la dación en pago no llega a nadie. Le han
puesto ustedes unas barreras que son absurdas, incluso. Una familia que
tenga un hijo con tres años puede acceder a una suspensión temporal,
puede acceder al Código de Buenas Prácticas, que finalmente alguna vez le
podía permitir la dación en pago, pero si el niño tiene cuatro años
entonces, señorías, ya no tiene ese derecho. ¿Son ustedes conscientes,
senadores del Partido Popular, de que están apoyando esta propuesta? ¿Les
parece razonable? Están diciendo que se preocupan de familias que puedan
tener discapacitados, que puedan tener maltrato, pero no le dicen a la
gente que para poder utilizar esta dación en pago hay otro requisito
económico, y es que la cuota hipotecaria que paguen tenga que ser menor
que el 50% de sus ingresos, porque si lo superan entonces tampoco tienen
derecho aunque cumplan todos los requisitos. Al final estamos poniendo
fronteras para que no se use.


Yo no sé qué es lo que les hace sentirse orgullosos de este
proyecto de ley y si creen que de verdad pueden ayudar a las familias a
resolver los problemas que tienen cuando les llega el momento del
desahucio. ¿A ustedes les parece normal que con una ley que se apruebe
hoy, con todo lo que está pasando en nuestro país, el banco pueda
quedarse con la vivienda por el 52,5% de su valor de tasación? ¿Les
parece normal? Señorías del Partido Popular, van a votar ustedes a favor
de esta medida cuando voten a favor de esta ley. A mí me parece una
auténtica barbaridad.


Estarán ustedes de acuerdo entonces en que dentro de dos
años si una familia pierde la vivienda que ha comprado hoy el banco se la
quede por la mitad de precio, además le embarguen el salario, además
pague un 5% de costas judiciales y encima también pague la plusvalía. Esa
es la solución que les están ofreciendo a los ciudadanos.


Creo que tenemos la obligación de darles una solución un
poco más acabada, y hay enmiendas suficientes como para mejorar esta ley
con claridad, pero hace falta un Gobierno que esté dispuesto a tomar las
medidas necesarias, y yo sostengo que este proyecto de ley es inútil.
Decían ustedes que habían aprobado un real decreto en marzo de 2012 que
era la primera medida, el Código de Buenas Prácticas. Aquí dijo el
ministro de Economía que lo habían utilizado 42 personas para tener una
dación en pago en seis meses. ¿Para eso legislamos? ¿Para llegar a 42
casos de 14 200 que se han producido en nuestro país? ¿Es esa la
satisfacción que les queremos dar a los ciudadanos de que estamos
resolviendo los problemas?


Y ahora nos traen un proyecto de ley que viene de un real
decreto en el que se dice que suspenden los desahucios, y lo que están
haciendo es crear un problema más grave. Ya veremos cuánta gente
aprovecha su propuesta, porque dentro de dos años las familias que se
acojan a ella, van a tener una deuda mucho mayor de la que tienen en este
momento, ya que ustedes no suspenden los intereses de demora que se
generan durante el proceso. Y nos presentan como un logro que los
intereses de demora sean del 12%. La Ley de crédito al consumo lo fija en
el 10%. Con la situación que tenemos hoy en este país un 12% es usura. Y
no necesitamos que venga nadie a decírnoslo, que vengan desde fuera, el
Tribunal de Justicia Europeo o un juez, a decirnos que esa medida no se
puede tomar.


Además, ustedes han hecho un ejercicio de filibusterismo
político con la iniciativa legislativa popular. Si se aprueba debatirla,
la debatimos y, si no, no la aprueben, pero si le damos curso hay que
debatirla y hay que explicar los motivos por los que se aprueba o por los
que no, en lugar de taparla y enterrarla como han hecho con su
proposición de ley.


Hemos presentado una enmienda de veto a esta proposición de
ley porque ustedes contemplan la dación en pago, pero lo hacen de una
forma que no es más que un maquillaje, se están justificando porque esta
norma no permite que las familias se liberen de sus deudas. No









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contemplan una ley de segunda oportunidad para permitir una
negociación extrajudicial que facilite a las familias quedarse en sus
viviendas, que debe ser el objetivo con el que estemos trabajando y
legislando. Los bancos van a seguir cobrando un 20% de demora, que es un
interés usurario para cualquier bien que no sea una vivienda habitual. Lo
van a seguir haciendo, y también para un elemento que preocupa al Grupo
Parlamentario Socialista, que son los locales comerciales en los que
ejercen su actividad las personas que se ganan la vida con ellos. También
creemos que debemos ocuparnos de este problema.


Entendemos que la vivienda es un derecho, y tienen que
ocuparse de ello las administraciones públicas. Y ustedes lo que están
haciendo es dejar que sean los bancos quienes con la caridad cubran esa
necesidad. El Grupo Socialista lo que defiende es que creemos un fondo
social de viviendas, un parque que administre el Gobierno, las
administraciones públicas, y que garantice que las familias tienen acceso
a una vivienda digna. Ustedes lo están dejando todo en manos de la
caridad. Espero que puedan escuchar y atender las razones que les hemos
expresado, que no utilicen el rodillo de su mayoría, y que den una
oportunidad a las familias para que se puedan quedar en su vivienda y nos
preocupemos de lo que es nuestra obligación, de los ciudadanos y no tanto
de los intereses de los bancos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Sanz.


El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, yo quiero iniciar mi intervención agradeciendo el
tono de la mayoría de ustedes. Es importante ver el origen del problema.
Yo creo que es importante porque, si no, nos hacemos trampas en el
solitario. Yo recuerdo que el 14 de mayo del año 2006 se constituyó una
Plataforma en Defensa de una Vivienda Digna, que remitió al Gobierno una
serie de reivindicaciones que yo no sé dónde están, se lo digo
sinceramente, desde el año 2006. Luego se crea una Plataforma de
Afectados por la Hipoteca en el año 2009, que también remitió al Gobierno
sus reivindicaciones. Pretendían dar solución sobre todo a los desahucios
afectados por el impago. Yo no sé dónde están esa treintena de
reivindicaciones que remitieron al Gobierno de España, y un largo
etcétera.


Y exactamente hoy debatimos una proposición de ley que no
aplaza sino que encauza, va a dar solución y tranquilidad a un número
importante de ciudadanas y ciudadanos españoles.


El Gobierno ha actuado con responsabilidad, el Gobierno ha
legislado y ha puesto sobre la mesa y en el Parlamento una serie de
iniciativas legislativas que en los próximos días verán la luz en el
Boletín Oficial del Estado. Cuando digo de cero a la nada, quiero decir
que pasamos de no tener nada a tener una serie de textos legislativos en
una proposición de ley, recabando muchas de las iniciativas de la
Plataforma de Afectados por los Desahucios para dar solución a este
problema. El caballo de batalla de la mayoría de ustedes es la dación en
pago; pues la dación en pago está recogida y va a estar recogida, digan
sí, digan no, porque es sí, en el boletín oficial en las próximas horas.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ PÉREZ: Por tanto, la dación en pago, que será
obligatoria y que tendrá que ser aceptada por los bancos, veremos si
tiene o no aplicación para los españoles.


Aquí se habla de una segunda oportunidad, muy
especialmente, por parte del Grupo Socialista. ¿Usted conoce que en la
proposición de ley se establece un sistema de quitas que permite al
deudor ahorrarse el 35% de la deuda remanente en un préstamo hipotecario?
¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce la posibilidad de reestructuración de la
deuda que va dirigida muy especialmente a las familias que tienen
verdaderos problemas? ¿Usted sabe que se podrán acoger hogares con
ingresos de hasta 19 000 euros, tres veces el Iprem? ¿Usted lo conoce?
Pues esa, entre otras muchas medidas, es una segunda oportunidad, diga
usted lo que diga.


Los cambios que se plantean pivotan, como he dicho
anteriormente, en y limitar los tipos de demora para evitar que la deuda
se convierta en una bola, como viene sucediendo actualmente, y, sobre
todo, para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Se plantea un
procedimiento de ejecución hipotecaria que podía solicitarse hasta ahora
solo con una cuota, pero, a partir de este









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momento, con tres cuotas de impago. ¿Es un avance o no es
un avance? Se otorga poderes a los jueces, que ahora no tienen, y a los
notarios, que ahora no tienen, para paralizar el proceso de ejecución si
se detectan cláusulas abusivas.


Aquí se han puesto ejemplos. Hoy, en un periódico de tirada
nacional, una familia,» Delfín y Julio César…» decía: Señor
notario, aplique lo antes posible la ley que se debate en el Parlamento
para parar mi desahucio. Pues, en cuanto aprobemos esta ley, el notario
que tiene en sus manos esta cuestión, podrá paralizar el desahucio para
esta familia. (Aplausos.) ¿Es que usted no conoce que los tipos de demora
se limitan a tres veces el precio oficial del dinero, cuando hoy está, y
tiene el límite abierto, en el 20%, y nosotros establecemos un 12%? ¿Es
un avance o no es un avance, entre otras muchas cosas, señoría? Aquí se
ha dicho que hay poca sensibilidad, que cuando se está en la oposición
hay ideas y un largo etcétera de sensibilidad social, pero cuando se está
en el Gobierno, nada de nada. Y cuando se está en la oposición, se exige
al partido que pone negro sobre blanco la dación en pago que la ponga en
marcha.


En marzo de 2011, en este Parlamento y en esta Cámara, el
ex presidente del Gobierno decía: «La dación en pago podría poner en
cuestión la solvencia del sistema financiero». ¿Qué dicen ustedes, que
hay que situarse con los afectados o con la banca? Señoría, nosotros nos
situamos al lado de los que tienen problemas en este país, como son los
señores que nos acompañan. Pero es que ustedes aplaudían a rabiar a quien
decía que la dación en pago podía poner en cuestión la solvencia en este
país. ¿De qué coherencia están ustedes hablando en estos momentos?
(Aplausos.)


¿De qué coherencia se habla por parte de Izquierda Unida en
cuanto a apoyar a la banca, cuando a Izquierda Unida en Andalucía le
condona la deuda la banca andaluza? (Aplausos.) ¿De qué estamos hablando
cuando se dice que el Partido Popular apoya a la banca? El Partido
Popular apoya todo aquello que haga al país más solvente, para que crezca
y cree empleo. Pero a ustedes la banca andaluza les ha condonado en el
año 2004 un pastón. ¿Qué habla usted aquí de banca? Explíqueselo a los
desahuciados. Explíqueselo. (Aplausos.—Rumores.)


Y usted habla de miedo, y de prisa. Pues bien, hay prisa
para aplicar la ley, como en el caso de esta familia, para que esté algo
más tranquila. Al Grupo Parlamentario Popular y al Partido Popular, que
son tradicionalmente los causantes de los males en el mundo, se les acusa
aquí de que no han votado determinadas cuestiones sobre dación en pago.
Congreso de los Diputados. 16 de junio del año 2010. Comisión de
Vivienda. A propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya. Se nos
aceptan una serie de enmiendas donde se incorpora la dación en pago,
senador Martí. Boletín oficial. (El señor Martí Jufresa: No soy de
Esquerra Republicana.) Bien. Perdone, senador Martí. Le pido disculpas
por ello. Pero esta es la constatación de la verdad. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ PÉREZ: Veintitrés de septiembre del año 2009.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado propone parar las prácticas
abusivas de las entidades de crédito en previsión de las cuotas
hipotecarias. (El señor Camacho Sánchez: Por unanimidad.) Por unanimidad,
pero yo estoy contestando, no debatiendo con usted. Senado. 18 de junio
de 2009. Moción del BNG. La Comisión de Economía y Hacienda insta al
Gobierno en el marco de la colaboración y el diálogo institucional con
las entidades financieras a promover la existencia de productos
hipotecarios con garantías para los clientes. Rechazada por el Grupo
Socialista. (Rumores.) Por lo tanto, lo de hoy, viene a decir que ustedes
se van a oponer cuando no hicieron nada para encauzar los problemas de
los ciudadanos. (Aplausos.) Lo de hoy, supone que el Partido Popular en
el Gobierno, aplica la ley, modifica las leyes, como he demostrado hoy
aquí, sin dejar de vigilar la seguridad jurídica, y que no somos
partidarios, como, casualmente, una amplia mayoría de responsables
políticos de este país, de aplicar el » exprópiese» del señor Chaves.
Andalucía.


Y, claro, cuando aquí hay grupos políticos que están
colaborando en el Gobierno de Andalucía, al mismo tiempo que estamos
debatiendo hoy aquí, el defensor del pueblo de Andalucía está presentando
un informe en el Parlamento de esta comunidad, donde denuncia la
existencia de miles de pisos protegidos desocupados. De protección
oficial, señorías. (Aplausos.— Protestas.) Y el defensor del pueblo
en Andalucía —voy terminando— reclama que se investiguen los
retrasos en el pago de ayudas al alquiler. Y dice que existen más de 5500
viviendas cerradas a cal y canto,









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propiedad de la Junta de Andalucía, que, en lugar del
«exprópiese», sería muy recomendable que se pusieran al servicio de
aquellas personas que peor lo están pasando. (Aplausos.)


Resumiendo. Encantado de haber debatido esta cuestión.
Encantado de apoyar a un Gobierno que va a dar cumplida respuesta al
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Estoy encantado de apoyar a un Gobierno con un proyecto de
ley que atiende al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor SANZ PÉREZ: Termino.


… donde se habla de que los Estados tienen la
obligación de hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados
por motivos económicos.


Y, desde luego, con esta proposición de ley se da cumplida
respuesta a un artículo de la Constitución española, el 47, que habla del
derecho a la vivienda de los ciudadanos españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto. Les recuerdo que para su aprobación se requiere la mayoría
absoluta de la Cámara, que son 133 votos.


Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los
senadores Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 90; en contra, 153; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de
la senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla,
Sabaté y la senadora Sequera.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 90; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 91; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto,
entramos en el debate de las enmiendas de este proyecto de ley.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 1 a 32 de
los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el senador Mariscal. (Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)


Cuando quiera, señoría.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.
Señorías.


Señor Sanz, en primer lugar quiero reiterarle las disculpas
que ya le he pedido en privado por haber confundido su apellido
anteriormente.


Se refería el señor Sanz a unas declaraciones porque lo que
ha hecho el señor Sanz aquí no ha sido leer el informe del defensor del
pueblo andaluz, ha leído una nota de prensa; este, efectivamente, estaba
presentando hoy en el Parlamento de Andalucía el informe y no solo
desmintió sus declaraciones al día siguiente de realizadas en esa nota
que nos han enseñado, sino que les anuncio que lo ha hecho y figura en el
Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía de esta tarde
—tendrán ocasión de comprobarlo—. (Aplausos.) Por lo tanto,
no utilicen al defensor









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del pueblo para seguir dando eco a mentiras y a insidias
relacionadas con la gestión pública de la vivienda en Andalucía.


Después del defensor del pueblo —si no me equivoco en
el orden del día del Parlamento— hay un Gobierno y una consejera
que van a presentar para su convalidación un decreto que según los
voceros de la derecha ataca a la propiedad privada en Andalucía, y
nosotros estamos muy contentos de que los voceros de la derecha hayan
sido tan astutos de describir el centro del decreto de la Junta de
Andalucía. Efectivamente va contra la propiedad privada de los usureros,
de los especuladores y de aquellos que no quieran utilizar la propiedad
privada y ponerla, como dice nuestra Constitución y nuestro estatuto de
autonomía, al servicio de la mayoría social. Y por lo tanto en ese
decreto se expropiará el uso y se impondrán multas y sanciones a los
bancos y a las entidades privadas que no pongan en régimen de alquiler
sus viviendas. Una medida audaz y una medida que yo creo que es un
ejemplo de avance real de ideas en materia de política de vivienda.


Antes de continuar, anuncio que vamos a retirar todas
nuestras enmiendas parciales como grupo, sí, vamos a retirar todas las
enmiendas menos la 3, la 7, la 8 y la 9, que son las cuatro enmiendas que
calcan, copian textualmente las propuestas de la iniciativa legislativa
popular. Por lo tanto, junto con los senadores Guillot y Saura, el
senador Iglesias y yo mismo, los cuatro senadores —ahora el senador
Guillot hará lo propio—, vamos a dejar para votación las enmiendas
que coinciden exactamente con la ILP para que haya una última oportunidad
de pronunciamiento de esta Cámara sobre el contenido de esta iniciativa
legislativa popular, que ha tenido casi un millón y medio de firmas y que
ha sido, efectivamente, ignorada de forma brutal por parte de los
redactores de este texto. Es verdad que aparecen cuestiones que pueden
afectar a algunas familias, tímidamente, pero yo no estaría tan
orgulloso, de verdad, señor Sanz, de levantar la cabeza y decir que con
pasar de uno a tres meses de impago ya se va a solucionar la cuestión, me
cuesta trabajo, pero allá cada cual con sus cuestiones. O decir que los
intereses de demora se van a quedar en tres veces el tipo de interés que
haya en ese momento en el mercado, que hoy es el 12, pero mañana puede
ser dios sabe cuánto. Es un avance con respecto a ese 20%, pero sigue
siendo usura, sigue siendo usura, y la usura decían los clásicos—
además de inmoral es un pecado; hasta que llegaron algunos que tomaron
ventaja con el tema de los créditos y vimos que la usura tenía que dejar
de ser un pecado.


Se ha comentado aquí —y fue un argumento que se
utilizó en su momento también— que la dación en pago puede provocar
el hundimiento del mercado hipotecario y del sistema financiero en España
y puede hacer, fomentar o propiciar que no haya crédito a las familias y
a las empresas. Pero si es que ya no hay crédito; no hay crédito para las
familias ni para las empresas. Los pequeños y medianos empresarios y los
autónomos lo saben mejor que nadie, como también lo saben perfectamente
las familias.


Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy inició su reforma
financiera, en febrero, el crédito a familias y empresas se ha triplicado
en su ritmo de caída; insisto, se ha triplicado en su ritmo de caída. Por
tanto, el argumento de que el sistema financiero va a dejar de dar dinero
a familias y empresas por desconfianza se cae por su propio peso. Más
bien habría que reflexionar sobre qué está pasando con todo el dinero
público que se está inyectando al sistema financiero, contraviniendo el
credo neoliberal que dice que papá Estado no está para ayudar con dinero
público a las entidades privadas —lo que es una contradicción
flagrante y brutal— en lugar de hacer lo que se tenía que haber
hecho que es que aquellos negocios privados que la hayan pifiado, han de
ser quienes paguen y no nosotros, de nuestro bolsillo.


Eso me parece de una lógica aplastante; pero no, había que
suministrar dinero y había que inyectarlo, lo que también ha propiciado,
señorías —como ustedes saben— el incremento brutal de la
deuda pública reflejada en los Presupuestos Generales del Estado en los
últimos años porque, que yo sepa, el aumento hasta más del 90% de la
deuda pública en nuestro país, que ha pasado desde poco más del 20%
—cuando ustedes llegaron al Gobierno— no se ha debido a la
contratación de más maestros, a la mejora de los centros de salud o de la
asistencia social… No, no ha sido para eso, ha sido para dar dinero
a la banca, para que la banca especule y equilibre sus balances.


Antes, pasabas por un banco a saludar a tu primo y salías
con un crédito, pero ahora resulta imposible que te suministren cierta
fluidez de crédito que permita mejorar la economía, tal y como nos habían
dicho, sino que ese dinero público se utiliza para equilibrar sus
balances.









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Además, y no contentos con esto, se inventan la Sareb, el
banco malo, que también se encarga de financiar con dinero público todos
aquellos activos tóxicos en propiedad de los bancos para que, repito, con
dinero público, podamos reequilibrar también los balances de las
entidades financieras nacionalizadas. Por cierto, ya que están
nacionalizadas, podrían dar la orden a Bankia, a Catalunya Caixa o a Nova
Caixa Galicia de que paralizaran mañana todos los desahucios. Esas tres
entidades ya podrían empezar a parar los desahucios mañana, de manera que
se note voluntad política en esa nacionalización. Creo que es importante
que tomemos ese tipo de medidas o que consideremos esas ideas.


Vuelvo a insistir en que los contenidos de la ILP han
pasado sin pena ni gloria por todo este trámite y, sin duda, causa rabia
y también tristeza.


El mundo jurídico hizo una declaración ante la realidad de
los desahucios —e imagino que algo sabrán de esto— que dice
textualmente que las propuestas recogidas en la iniciativa se adecuan a
las exigencias derivadas del principio del Estado social y democrático de
derecho, a los estándares consagrados en el Pacto internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Derecho internacional
de los derechos humanos. Lo dicen juristas insisto, no lo he leído en el
Mundo Obrero, en el periódico de mi partido, sino que lo dicen juristas
que saben perfectamente de lo que están hablando.


El juez Fernández Seijo, este héroe tenaz, ha reclamado una
norma de segunda oportunidad para aquellos hipotecados que no puedan
hacer frente a la deuda, del mismo modo que tienen la mayoría de los
países de Europa desde hace más de 30 años, y que permite a los afectados
volver a la normalidad del consumo después de hacer un esfuerzo…
Imagino que este señor sabrá algo de leyes cuando ha conseguido con un
recurso poner al pie de los caballos nuestra antigua legislación. Y en la
reforma de esta antigua legislación de nuestro país resulta que vamos a
parir un ratón porque las medidas que están encima de la mesa afectan a
poquísima gente.


De todas formas, creo que hay elementos positivos que hay
que destacar. Me parece tremendamente positivo que todos los grupos
parlamentarios, excepto el Grupo Popular, estén apoyando y manifestándose
claramente a favor de las iniciativas que aparecen en la iniciativa
legislativa popular. A mí me parece que ese es un avance importante que,
eso sí, nos compromete claramente con el futuro para seguir insistiendo
en que estas medidas que aparecen en la ILP son las que pueden garantizar
la solución a un problema de hecatombe social, si me permiten calificarlo
así, como el que se está produciendo en nuestro país y que tiene que ver
con el derecho a techo. Y también es positivo, por mucho que ustedes se
empeñen en negarlo, que la movilización civil, la movilización social y
la sensibilidad ciudadana hayan propiciado un avance, un empuje, un eco
que resuena en estas Cámaras y que nos dice que tenemos la
responsabilidad de solucionar los problemas concretos, especialmente de
los más débiles. Porque cuando se habla aquí —y también tendremos
oportunidad de hacerlo cuando debatamos la siguiente ley— de la
libertad entre las dos partes a la hora de alcanzar un acuerdo entre
acreedor y deudor, entre arrendatario y arrendador, entre patrono y
trabajador, hay que decir que no tienen el mismo poder a la hora de
decidir, a la hora de impulsar, no lo tienen. Y me imagino que la
responsabilidad de los poderes públicos es hacer que aquella minoría que
tiene el poder de decidir no tenga ese poder, ¿o no es esa nuestra
responsabilidad? ¿De verdad que nuestra responsabilidad es el laissez
faire?, es decir, ¿es dejar hacer y que la economía funcione en esta
libertad por la cual, como trabajador, yo decido entre la miseria y un
contrato de miseria o entre quedarme en la calle y pagar un 30% más o
menos de la quita entrando en una guerra de cifras? Yo creo que la
libertad no va de eso; la libertad va de que nosotros hemos sido elegidos
aquí para cambiar las cosas y para ponernos enfrente de los poderosos,
enfrente de aquellos agentes privados que nos están diciendo qué es lo
que tenemos que hacer y a los que obedecemos sumisamente. Nos dicen que
tenemos que privatizar pensiones y privatizamos pensiones; nos dicen que
hay que crear un banco malo y creamos un banco malo. ¿Y la voluntad
popular, la democracia? A mí me gustaría que reflexionásemos sobre esa
cuestión. Pero además de todo esto, resulta que en la Constitución
Española hay mecanismos, aunque débiles y timoratos, como el poder
generar una iniciativa legislativa popular. Por cierto, hemos planteado
en innumerables ocasiones que medio millón de firmas nos parecen muchas,
habría que bajar esa cifra para facilitar que las iniciativas
legislativas populares lleguen a las Cámaras, aparte de que una
iniciativa legislativa popular no es que consiga medio millón de firmas,
es que









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triplica prácticamente la exigencia constitucional. Pues si
teniendo esos mecanismos hacemos esto, no nos podremos quejar luego de
que los índices de desafección política crezcan.


Creo que deberíamos haber mostrado un poco más de respeto
político —no quiero que esto se vea como un elemento
personal— hacia el contenido de la iniciativa, más respeto
democrático hacia aquellos y aquellas que con fuerza la han impulsado. Yo
estoy convencido de que esto no se acaba aquí; por tanto, tampoco es este
el momento de lamentarnos. Como ya se ha dicho, estas medidas, por
desgracia, no van a solucionar este problema, y vamos a tener ocasión de
debatirlo en esta Cámara. ¡Ojalá me quitasen la razón!, pero estoy
convencido de que no lo van a hacer, y entonces tendremos que seguir
impulsando, tendremos que seguir escuchando a la calle y tendremos que
seguir estando en las movilizaciones los que consideremos que tenemos que
estar. Porque así se construye la democracia, y así, aunque poco a poco,
van avanzando los logros que puedan dar amparo a aquellos que más lo
necesitan. Creo que hoy no lo estamos haciendo. Con el resultado de este
debate no lo vamos a conseguir hoy.


Ese es el motivo por el que hemos retirado todas las
enmiendas; no queremos que se vote ninguna enmienda de Izquierda Unida ni
de Iniciativa. Lo que sí queremos es que cuando se voten nuestras cuatro
enmiendas sepan que lo que se está votando en esta Cámara es lo que se ha
negado por el trámite y por las maneras en que se ha llevado esto. Es la
votación de un millón y medio de firmas que nos están pidiendo esas
cuatro cosas que tendremos ocasión de votar dentro de un momento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Para la defensa de las enmiendas números 33 a 37 de la
senadora Capella, tiene su señoría la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Buenas tardes. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por
los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% durante los
últimos cinco años, en el período 2008-2012. Ante la situación
excepcional y dramática que vivimos, es más necesario y urgente que nunca
la adopción de políticas públicas activas que garanticen el derecho
fundamental a la vivienda.


La realidad dramática que genera la pérdida de vivienda
supera la dimensión estrictamente económica. Es una legislación
anacrónica la del Estado español. La conducta ha sido afeada por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancias de un juez del
Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona, el señor José María
Fernández Seijo. Esta legislación genera para los afectados además de
sobreendeudamiento y desahucios, una condena inexorable a la exclusión
social, la pérdida de la vivienda, el embargo, en su caso, de los
salarios, si los hay, o las prestaciones que puedan percibir y el
escarnio público, aquello que les gusta tan poco a ustedes, a los señores
del Partido Popular, al aparecer en ficheros públicos de morosos, entre
otras muchas cosas más.


Desde el año 2009 la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, movimiento de la sociedad civil que se inicia en Cataluña, ha
canalizado y organizado de forma comunitaria el apoyo y asistencia mutua
para dar cobertura a las situaciones de las personas afectadas
—toda una lección para todos nosotros— y ha exigido de forma
reiterada a las instituciones y al Estado un cambio de legislación y una
posición contraria frente a las entidades de crédito que han generado
esta realidad, esta dramática realidad. Obviamente, esta realidad se ha
dado con la connivencia de determinadas formaciones políticas que lo han
tolerado.


La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
pone de manifiesto la grave situación de desequilibrio entre entidades de
crédito y personas, en este caso consumidoras o personas que habían
concertado una hipoteca, que a día de hoy persisten.


Desahuciar a una familia puede ser legal, pero empieza a
ser un comportamiento criminal, reprochable e imputable en este caso a
los poderes públicos cuando no ponen remedio o solución, cuando
soluciones, las hay. Si no, léanse la iniciativa legislativa popular que
apunta unas cuantas y además las redacta y nos las da. Ustedes, los
representantes del Partido Popular, los senadores y senadoras del Partido
Popular, se llenan la boca de legalidad y de constitucionalidad, pero eso
no es el derecho a la vivienda, un derecho reconocido
constitucionalmente. ¿Por qué hacen ustedes esta excepción al no aceptar
esta ILP, esta iniciativa legislativa popular? Los desahucios









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pasarán a la historia como una injusticia consentida, en
este caso consentida por el Gobierno del Partido Popular y por la mayoría
absolutista del Partido Popular.


Esquerra Republicana de Cataluña no se ha cansado a lo
largo de estos años, desde el año 2007, de presentar distintas
iniciativas legislativas y, en su caso, también mociones, preguntas e
interpelaciones en el Congreso de los Diputados solicitando la dación en
pago y la ampliación de los criterios de inembargabilidad de la vivienda.
Ustedes han hecho caso omiso y para muestra, un botón. Inmovilismo
absoluto. Estamos donde estábamos, en el mismo punto de partida.


La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a quien hay que
reconocer su ingente trabajo y cuyas demandas han sido avaladas por más
de un millón y medio de firmas en su ILP, lo tiene claro y sus exigencias
son claras, justas y necesarias: dación en pago retroactiva, moratoria de
desahucios inmediata y alquiler social ya. Las enmiendas de Esquerra
Republicana de Cataluña van en esta dirección; las asumimos y las
incorporamos en las cinco enmiendas presentadas, para las que solicitamos
el apoyo del resto de grupos parlamentarios.


Déjenme que concluya manifestando la profunda vergüenza que
deberíamos tener todos —unos más que otros— por permitir
salvar un sistema injusto, que siempre beneficia a los mismos —que
siempre son unos pocos— en detrimento de la mayoría; de la mayoría
de la buena gente, de esa mayoría de personas que cumplen la leyes, que
no se apropian de lo ajeno y a las que se está condenando a la pérdida de
toda esperanza.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Para la defensa de las enmiendas números 38 a 43,
presentadas por los senadores Eza y Yanguas y la senadora Salanueva,
tiene la palabra la senadora Salanueva.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Buenas tardes, señor
presidente.


Señorías, quisiera explicar a la vez el por qué de nuestras
enmiendas y la posición de Unión del Pueblo Navarro respecto a los vetos
y a la ley. No sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar.


Nuestra posición respecto a los vetos ha sido de voto
contrario, porque pensamos que hay que evitar demagogias y que es mejor
tener una ley que no compartimos al cien por cien que no tener nada.
Criticamos, eso sí, el procedimiento que se ha llevado. Creemos que esta
es una ley de grandes consensos, que se tenía que haber buscado el
consenso con los principales partidos del arco parlamentario, pero
también con los pequeños, con los humildes, con los que solo aportamos
tres votos, pero tres votos también suman, y nos ha parecido que este
procedimiento que se ha seguido tanto en el Congreso como en el Senado de
no aceptar ni una sola de las enmiendas propuestas no es el camino para
una ley de este calado y de esta importancia no solo en lo jurídico, sino
también en lo social. El Partido Popular, en nuestro caso —yo hablo
por lo que afecta a Unión del Pueblo Navarro—, ni siquiera se ha
molestado en preguntar qué pensábamos y, desde luego, con nuestro voto no
va a contar, se va a quedar solo, eso sí, con su mayoría absoluta.


Hemos presentado una serie de enmiendas —que voy a
resumir rápidamente— que pretendían mejorar el texto propuesto y,
en concreto, me voy a referir a dos. Una de ellas establece un
procedimiento extrajudicial de mediación, bien ante notario, bien ante la
oficina de mediación, que habilitará el sistema arbitral de consumo de
cada comunidad autónoma. Nos parece que este procedimiento es
interesante, y, además, en ese mismo sentido se está trabajando en
diversas directivas europeas que pretenden hacer obligatoria la
intermediación, la protección de consumidores y usuarios, y creíamos que
este era el momento oportuno de incorporar tal posibilidad.


Otra enmienda hace referencia a la modificación del
artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar nuevas
causas de oposición del deudor a la ejecución. En concreto, me referiré a
algunas figuras que ya existen en el derecho que tienen algunas
comunidades con derecho civil propio. Así, en Navarra su Fuero Nuevo o la
compilación de Derecho Civil Foral. Queríamos incorporar esa figura que
se llama dación en pago necesaria, la datium in solutum necessaria, que
es un mecanismo utilizado históricamente para facilitar el cumplimiento
de la obligación del deudor cuando, por circunstancias sobrevenidas, esta
le resulta especialmente gravosa. Nos pareció interesante porque se trata
no de una dación en pago permanente, sino de una dación en pago que
encaja perfectamente con la situación de la casuística actual, que no es
otra que la de excepcionalidad del conjunto de la sociedad española y
también la excepcionalidad









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que el juez debe tener en cuenta en cada caso concreto. Por
eso la incorporábamos como una disposición transitoria que tendría una
vigencia temporal mientras dure la ley y mientras dure la situación.


En cualquier caso, en Navarra estamos trabajando en lo que
nos compete para mejorar la situación de todas estas personas que están
sufriendo de una manera muy dura los desahucios y los lanzamientos; hemos
creado un servicio de mediación para evitar desahucios y se ha creado una
comisión interdepartamental de atención en materia de desahucios a las
personas, una acción integral que busca soluciones globales, formación y
apoyo a la búsqueda de empleo.


Queremos reconocer, porque no nos gusta utilizar la
demagogia, sino ser coherentes con nuestros posicionamientos, que la ley
supone un avance, a nuestro juicio, insuficiente. Hay cosas positivas,
como es la valoración de las cláusulas abusivas, que pueden incluso
suspender la ejecución, pero esto es insuficiente.


No vamos a dar apoyo a esta ley por cuestiones de fondo,
por cuestiones de forma y porque hemos visto que tampoco interesan
demasiado los votos de Unión del Pueblo Navarro. Y quiero aprovechar
también esta oportunidad para decir que el hecho de no compartir la
totalidad del texto no significa que justifiquemos otras propuestas de
algunas comunidades, que son propuestas de corte muy comunista que no
compartimos, pues creemos que ese tampoco es el camino, ni justificamos
las acciones violentas, el ataque a la libertad individual y colectiva y
a la vulneración de muchas personas que, desde luego, no se pueden
justificar como forma aceptable de reivindicación, y nosotros, Unión de
Pueblo Navarro, queremos aprovechar la oportunidad para condenarlo.


Posteriormente, visto que las enmiendas no van a tener
ningún éxito, en cualquier caso por respeto a la Cámara, por respeto a
los grupos queríamos defenderlas y, si tengo oportunidad, en el turno de
portavoces haré alguna otra mención, pero creo que ha quedado clara la
posición de Unión del Pueblo Navarro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.


Para la defensa de las enmiendas números 44 a 57 del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Yo quisiera empezar también con el procedimiento seguido en
el debate de este proyecto de ley. Algo se habló ya en la comisión el
viernes pasado, incluso el grupo mayoritario, el Grupo Popular, planteó
que no había habido tiempo suficiente para haber tratado o para haber
reflexionado o examinado con profundidad cada una de las enmiendas y por
ello se remitía al Pleno de hoy.


Desde mi punto de vista, el titular que pudiéramos decir a
día de hoy que el Partido Popular ha utilizado sería: más vale ponerse
una vez rojo o colorado que no treinta seguidas. Es decir, el Partido
Popular sabe que tiene elementos perfectamente mejorables en este
proyecto de ley, pero porque no lo considera así, evidentemente quiere
cerrar este proceso y, quitándole valor a esta Cámara, al Senado, tan
altamente cuestionada en tantísimas ocasiones, obtenemos un fruto como es
tres vetos o enmiendas a la totalidad —para que todos nos podamos
entender— llevados a la nada y 275 enmiendas que no han servido
para nada o, dicho de otra manera, 275 reflexiones que parece no han
aportado nada al texto que hoy estamos trabajando. Cuando menos, extraño,
y cuando menos creo que nos tiene que servir de reflexión también en esta
Cámara para futuros proyectos, y es que yo también soy de los que piensan
—y así se lo he trasladado antes al colectivo que ha venido desde
Euskadi— que esto no termina hoy, porque, como haré referencia
dentro de unos momentos, si estamos aplazando la suspensión de los
lanzamientos a dos años vista —nosotros en la enmienda
establecíamos tres—, quizá no sean ni dos ni tres los suficientes,
y dentro de dos años vamos a volver a tener un problema, y antes de dos
años vamos a tener que hablar de todos estos temas y vamos a tener que o
debiéramos tener que poder acordar todos estos temas.


Yo tampoco voy a defender todas las enmiendas que hemos
presentado pero sí voy a poner encima de la mesa aquellas que con un poco
de buena voluntad pudieran haber sido asequibles









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para el partido mayoritario y que hubieran mejorado el
texto que se aprobase en esta Cámara para su remisión al Congreso.


Ya he hablado de la enmienda número 44, y voy a referirme a
continuación a las relativas a los lanzamientos. A modo de síntesis,
quiero decir que hemos presentado 14 enmiendas, de las cuales 6 son de
modificación y 8 de adición.


La enmienda número 45 recoge la figura del avalista
hipotecario respecto a la vivienda habitual, y aquí tenemos otro drama,
otro problema, señorías. En el turno de portavoces en el que he
intervenido anteriormente he intentado describir la situación económica
actual, el paro que estamos sufriendo y que en muchas ocasiones hay
personas que avalan a sus familiares, normalmente padres a hijos
—creo que todos conoceremos un caso similar—. Pues bien,
estos avalistas se encuentran en una situación muy precaria, no pueden
atender al pago de sus hipotecas, lo que provoca que quienes avalaron
sean a su vez también lanzados de su propia vivienda por no atender a los
pagos. Es decir, añadimos otro problema al ya existente.


La enmienda número 46 se refiere a la suspensión de los
lanzamientos, antes he puesto algún ejemplo, y en el punto 2.c) se habla
de la unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años. ¿Por qué
un menor de 3 años y no de 4 o de 5? ¿Por qué no podemos utilizar un
criterio internacionalmente homogéneo o un criterio homogéneo a otras
realidades? Por ejemplo, ¿por qué no apostamos por utilizar la Convención
sobre los Derechos del Niño, conceptos ya existentes, y utilizamos el
concepto de menores? ¿Por qué un crío de 4 años no vale en este caso lo
mismo que uno de 3? ¿Por qué está más desamparado? ¿Por qué hemos puesto
el límite precisamente ahí?


La enmienda número 47 trata una cuestión dolorosa. Se
propone la modificación del apartado 2.e, estamos hablando de los
supuestos de especial vulnerabilidad. Que no seamos capaces de recoger en
los supuestos de especial vulnerabilidad a las personas que están en
desempleo es un grave error, y este es uno de los casos que se va a tener
que corregir. ¿Por qué el desempleado no puede estar incluido en el
colectivo de especial vulnerabilidad? Una persona en desempleo tiene ya
un drama suficiente, que le aboca a situaciones complicadas y difíciles
para que además tenga encima el yugo del lanzamiento. ¿Por qué no podemos
evitarlo?


La enmienda número 48 hace también una referencia al Iprem.
El grupo mayoritario plantea que el límite sea tres veces el Iprem,
nosotros planteamos que sean cuatro.


El senador Sanz se ha referido en su primera intervención a
la disposición adicional primera, al fondo social de viviendas, y a su
vez hacía una referencia crítica hacia el resto de los grupos de la
oposición, y principalmente al Socialista, haciendo una historia sobre lo
que ocurrió en los años 2006 a 2009. Y respecto de Izquierda Unida, se
refería a lo que está ocurriendo en Andalucía y a las 5000 viviendas que
parece que están vacías. Pero esto lo utilizamos para echarnos unos a
otros en cara una serie de realidades que son tristes, no solo en
Andalucía, sino también en Euskadi y en todos los sitios. Es decir, si
esto no es merecedor de un pacto de Estado, si en vez de ese pacto de
Estado donde tienen que estar todas las instituciones que tengan algún
tipo de vivienda pública vacía lo único que somos capaces de hacer es
utilizarlo como un arma arrojadiza, como una herramienta contra el otro y
no como herramienta para poder habitar precisamente esas viviendas
vacías, evidentemente no habremos avanzado nada. Creo que de verdad aquí
sí hace falta un pacto de Estado para que no se dé eso que verdaderamente
sí es una injusticia, y nosotros en esta enmienda proponemos un mayor
compromiso por parte de las entidades bancarias, porque lo único que
recoge el texto es lo siguiente: Se encomienda al Gobierno que promueva
con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas
propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a
aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por
el impago de un préstamo hipotecario. Es decir, se encomienda al Gobierno
que promueva con el sector financiero… ¡No, señorías! Tiene que
haber compromisos y nos tenemos que comprometer todos: primero, las
administraciones públicas, y luego tenemos que hacer que se comprometa
todo el sistema financiero para trabajar todos juntos. Cuando ha hecho
falta, todos hemos acudido a estabilizar el sistema financiero sobre la
base de dos criterios: el de transparencia, sobre todo, y el de eficacia
para estabilizar el mercado. De acuerdo. Pero evidentemente tenemos que
exigir algo a cambio, porque ese dinero que ha servido para estabilizar
el sistema financiero ha partido de todos. Eso quiere decir que a ese
todos también el sistema









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financiero nos tiene que devolver, y en ese sentido con
esta enmienda pretendemos un mayor compromiso ante algo que en nuestra
opinión queda demasiado etéreo.


Presentamos la enmienda número 51 porque entendemos que
debemos entrar en el ámbito de las cláusulas abusivas de los contratos de
crédito. Esta misma semana hemos visto el caso de Mohamed Aziz. El
titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha estimado la
demanda de Aziz contra Catalunya Caixa y ha declarado nulas por abusivas
tres cláusulas del préstamo hipotecario. Y es que esto es algo que
todavía nos queda colgando en este proyecto de ley y que tenemos que
solucionar.


Hemos hecho alguna propuesta más sobre medidas fiscales y
alguna otra sobre las entidades de crédito para que cumplan
obligatoriamente con el Código de Buenas Prácticas. A su vez el senador
Sanz nos decía que esta enmienda no tenía sentido dado que una gran parte
de estas entidades financieras ya se han comprometido a esas buenas
prácticas. Pues bien, esta es una de esas típicas enmiendas que no es tan
complicado pactar, porque si verdaderamente no es tanto el problema, lo
que se demuestra es una actitud hacia el que también entiende que todavía
puede haber un 5% de entidades financieras más aquellas que se vayan a
crear y no queden recogidas en este proyecto, para que lo sean.


Termino como he empezado. Creo que no hemos dado un buen
ejemplo a la hora de trabajar este proyecto de ley en la Cámara. Siempre
he creído que el grupo mayoritario, y sobre todo —sobre todo—
cuando se cuenta con mayoría absoluta, es el de la generosidad. La
generosidad siempre resulta premiada; premia la ciudadanía, premia el
votante, premian todos los partidos políticos, porque la generosidad
permite recoger la opinión del diferente, permite recoger la opinión del
otro.


Nada más, seguiremos hablando más tarde. Muchas
gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Para la defensa de las enmiendas 58 a 92, de los senadores
Guillot y Saura, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, antes de empezar a explicar el porqué de nuestra
enmiendas, quisiera hacer tres comentarios: uno, el hartazgo —a lo
mejor es muy personal— de estar discutiendo siempre sobre la
herencia; hagan ustedes un libro de historia, pónganse de acuerdo para
ver si es posible que podamos discutir sobre el presente y sobre el
futuro, a ver si es posible mantener debates en los que quepamos todos.
Que todo lo justifiquen ustedes con la herencia recibida del PSOE, al
final se hace cansino; aparte de que, a medida que pasan los meses, a
medida que pasa el tiempo, va perdiendo sentido. En segundo lugar, señor
Sanz, en política hay señales acústicas que nos enseñan en qué dirección
vamos. Si esta proposición de ley la silban las plataformas de afectados
por las hipotecas y las aplauden los banqueros, la dirección está muy
clara, la dirección está clarísima. Y, en tercer lugar, me imagino que se
refiere a la noticia de El País de hoy de Madrid. Yo no encuentro ningún
apoyo a esta proposición de ley, y me la leído tres veces. Les leo el
titular: «Señor notario, pare mi desahucio. La PAH inicia una campaña
contra las subastas extrajudiciales, que se han quintuplicado en 3 años.
Vecinos y activistas frenan una en Leganés». La única referencia que hace
a la tramitación en el Senado es crítica, de modo que no entiendo muy
bien qué sentido tenía su afirmación.


Como la ILP ha sido violentada, al igual que ha explicado
el señor Mariscal, el senador Saura y yo vamos a retirar todas las
enmiendas y dejaremos solo vivas las cuatro enmiendas que recogen
literalmente la propuesta de la ILP. ¿Por qué? Porque queremos que se
voten específicamente, —no en el marco de otras o acompañadas por
otro tipo de enmiendas— estas cuatro propuestas que hacía la ILP de
la dación en pago y porque queremos que haya un retrato de grupo, que
todos nos retratemos específicamente con el contenido de esta ILP.


Señorías, una de las cuestiones que ha justificado muchas
de las enmiendas que hemos presentado es la falta de respuesta del
Partido Popular a las evidencias, no a elementos opinables, sobre los
cada uno puede tener su opinión, su posición. ¿Había o no había en los
contratos cláusulas abusivas, como ha indicado el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo? ¿Sí o no? La respuesta es que sí, en muchos; no sabemos en
qué cantidad de contratos hipotecarios, había cláusulas abusivas. ¿Hay
alguna propuesta en esta proposición de ley que permita resarcir,









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reparar de alguna manera, a toda esta gente que ha sido
desahuciada mediante contratos que incluían cláusulas abusivas? No. Es
más, ¿ha habido el más elemental principio de precaución, una vez
conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de
hacer una moratoria a los desahucios hasta tener esta proposición de ley,
como mínimo? Tampoco. Y la media de desahucios en España
—insisto— es de 220 por día. Esto no es discutible. No es
discutible que hay cláusulas abusivas; no es discutible que la
proposición de ley no recoge ningún tipo de reparación; y no es
discutible que no ha habido, en el corto tiempo que media entre la
sentencia y la aprobación y publicación de esta proposición de ley,
ninguna voluntad de establecer una moratoria para estos desahucios. Y
otro aspecto a tocar: el Fondo Social de Viviendas, con una dotación que
no llega a las 6000 viviendas. Si la media de desahucios es de 220 al
día, da para menos de 30 días. Es un parche. No da salida ni respuesta a
un trimestre de desahucios. ¿Qué esto es mejor que nada? No estamos para
elegir entre poco y nada. La situación es tal, que habría que abordar la
solución de todo.


El Senador Saura y yo hemos presentado 34 enmiendas.
Evidentemente, la voluntad de estas enmiendas es corregir el texto de la
proposición de ley con la lógica de todo lo que he expuesto anteriormente
en el veto. Las 34 enmiendas se pueden agrupar en paquetes: la 58, la 59,
la 60 y la 63 van orientadas a garantizar una mayor protección a las
personas con discapacidad; sobre las cláusulas abusivas recogidas de
forma arbitraria y parcial, a mi entender, en su proposición de ley
proponemos 8 enmiendas: la 61, la 62, la 75, la 80, la 81, la 86, la 90 y
la 91; solicitamos, en la enmienda número 64, la presentación, en un
plazo de tres meses, de un proyecto de ley de segunda oportunidad,
creemos que es imprescindible que exista una segunda oportunidad; con la
89 proponemos evitar impuestos injustos a la dación en pago; pedimos la
ampliación del Fondo Social de Viviendas en la enmienda 87; proponemos el
carácter obligatorio del Código de Buenas Prácticas en la enmienda 88,
este es otro aspecto que diferencia la iniciativa legislativa del Partido
Popular: por ejemplo, la reforma laboral, todo lo que afecta a los
trabajadores, es obligatorio; esta proposición de ley, todo lo que afecta
a la banca es o voluntario o condicionado; siempre hay dos actitudes para
legislar, para unos o para otros. Con la 79 queremos garantizar la
independencia e imparcialidad de las sociedades de transacción; de la 74
a la 78 establecen los límites temporales y cuantitativos de los créditos
hipotecarios, son enmiendas dirigidas también a evitar el
sobreendeudamiento; en las enmiendas 65, 66 y 77 proponemos una moratoria
y la inclusión de los regímenes de alquiler y de las viviendas de
protección oficial. Por último, hay un paquete de enmiendas que hacen
referencia a la regulación de deudas y créditos.


Quiero terminar, señorías, con la cuestión del diálogo, del
acuerdo, de las manos tendidas, de los puños cerrados. Se repite una vez
más: ustedes se van a quedar solos. Evidentemente, se van a quedar solos
con la mayoría absoluta. Que 275 enmiendas no den ni para una
transaccional es extraño. Ya tengo cierta experiencia parlamentaria y la
verdad es que nunca había visto —y he padecido mayorías absolutas,
en este caso en Cataluña— esta cerrazón. Ustedes no pactan nada.
Muy bien, es su opción; pero no den la tabarra con el diálogo, no la den.
Si ustedes no quieren pactar nada no lo hagan; porque entenderán que
pactar no es decir amén a todo lo que propone el Partido Popular. Yo me
muevo en el terreno de la transacción. Como mínimo, les pido que no
agoten ni nuestro tiempo ni nuestra paciencia apelando a un diálogo que
no existe ni forma parte de su voluntad.


Gràcies, senyor president. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Las enmiendas presentadas por los senadores del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, excepto las de los
senadores Guillot y Saura, son las que van de la 134 a la 159 y de la 161
a la 204.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.


Nuestras enmiendas a esta proposición de ley coinciden
exactamente con las enmiendas del Grupo Socialista y, por lo tanto, este
grupo de senadores se siente total y ampliamente representado por la
intervención del portavoz de dicho grupo.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas de la número 93 a la 133.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, nuestro grupo ha presentado 41 enmiendas a esta
proposición de ley. Aun a riesgo de que no las acepte el Grupo
Parlamentario Popular —estamos a la espera de su postura—,
consideramos conveniente darlas a conocer, porque entendemos que dan
respuesta a la mayoría de los problemas que en estos momentos están
sufriendo miles de ciudadanos, miles de familias, y que constituyen una
proposición de ley alternativa a la que el Partido Popular nos presenta
hoy. En el turno de portavoces tendremos oportunidad de ver exactamente
el resultado final de todo este proceso, qué es lo que ha ocurrido
durante estos días en que la iniciativa ha pasado de la Comisión al Pleno
de un día para otro, y haremos la valoración pertinente.


Voy a dar por defendidas las enmiendas, las 41 que hemos
presentado, por no entrar a defender cada una. No obstante, intentaré
agruparlas en 8 bloques que nos parecen importantes y que vale la pena
comentar. Sobre todo, vale la pena que los demos a conocer para que la
opinión pública sepa realmente cuál es la propuesta de Convergència i
Unió ante esta proposición de ley y ante esta situación tan grave que
está afectando a miles y miles de ciudadanos y de familias.


En primer lugar, proponemos ampliar los colectivos de
personas y de familias beneficiarias de las medidas destinadas a
suspender los desahucios, y extenderlas a los procedimientos de ejecución
hipotecaria. Justificación de la enmienda 114: el colectivo de personas
que se pueden beneficiar de la paralización de los lanzamientos es
ridículo en comparación con el de personas vulnerables por causas
económicas sobrevenidas. La proposición de ley no protege, por ejemplo, a
las familias con hijos menores, o a las familias cuya única fuente de
ingreso sea una pensión pública, o cuando la deuda se haya contraído por
ser avalista. Es más, desincentiva que cualquier miembro de una familia
que obtenga la paralización del lanzamiento, por estar todos sus miembros
en paro, obtenga trabajo; si lo obtiene, sería en la economía sumergida.
En relación con la restricción de ingresos de la unidad familiar, la
proposición de ley no tiene en cuenta el número de miembros que la
conforman; hecho que no tiene ningún sentido, porque es evidente que,
cuantos más miembros tenga la unidad familiar, las necesidades serán
mayores. Tampoco tiene en cuenta que hay que hacer frente a un gasto
extraordinario como consecuencia de que en la familia haya personas con
discapacidad. La proposición de ley solo tiene en cuenta los
lanzamientos, y se olvida de los deudores inmersos en un procedimiento
hipotecario. No tiene mucho sentido paralizar solo los lanzamientos, y no
las ejecuciones hipotecarias. Una vez que se ejecuta la hipoteca, se
condena a la persona, casi con total seguridad, a la exclusión social;
esto es lo que resuelve la enmienda 115.


Segundo bloque. Adecuar la vigente Ley Hipotecaria al
contenido de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre la
suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando se
detecte que puedan existir cláusulas abusivas. Nuestro grupo propone que,
siempre que haya una declaración de la persona con deudas hipotecarias de
posibles cláusulas abusivas, se suspendan las ejecuciones. Esto es lo que
recogen enmiendas como la 113, la 118, la 119, la 120 y la 131.


Tercer bloque. Promover la intermediación con las entidades
financieras. Con las entidades financieras, pero también con los colegios
de abogados o, por ejemplo, con el Instituto Catalán de Consumo u otros
organismos de arbitraje, para abordar alternativas a la ejecución. Por
ejemplo, la dación en pago, el leasing social sobre la vivienda habitual,
la continuidad en la vivienda con el pago de un alquiler social,
etcétera. La enmienda 99 establece que, para la pérdida de la vivienda de
muchas familias, el leasing social —lo llamamos así— es una
solución que beneficia al deudor y también al acreedor, a los dos. Por un
lado, permite que la familia pueda seguir en la vivienda a cambio del
pago de una renta acorde con sus posibilidades y que, al final, pueda
adquirirla. La enmienda 101, ante la crítica situación que sufrimos para
el mantenimiento de la vivienda, propone soluciones conjuntas y
transversales entre las instituciones y la sociedad civil, para ofrecer
un servicio optimizando recursos de modo que aquellos tengan el menor
impacto posible sobre las









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finanzas públicas. Las administraciones públicas deben
articular los servicios que ya existen para paliar las ejecuciones
hipotecarias, ofreciendo soluciones innovadoras y un asesoramiento
integral e individualizado, cercano, de proximidad. Cada caso es
distinto, y aplicar criterios generales en todos los casos en muchas
ocasiones no servirá, porque cada situación es distinta y hay que
tratarla de forma individual.


Cuarto bloque. Impulsar la aprobación de una ley de
endeudamiento responsable. Tiene un objetivo claro de mediación para que
las personas sobreendeudadas puedan reestructurar sus deudas y, en
definitiva, tener una segunda oportunidad —más adelante hablaremos
de la segunda oportunidad—; que puedan reestructurar sus deudas de
manera responsable y que haya una ley que lo regule.


Quinto bloque. Ampliar la dación en pago de la vivienda
habitual, a través de la modificación del Código de Buenas Prácticas,
para cualquier familia o persona que, de entrada, no supere los 32 000
euros de ingresos anuales —la proposición que se aprobó en el
Congreso hablaba de 18 000 euros de forma general—; que la cuota
que se paga sea superior al 40% de sus ingresos; que no tenga ninguna
otra vivienda; que el préstamo o crédito no tenga garantías reales; que
el precio máximo por el que se compró la vivienda no supere, por ejemplo,
los 400 000 euros en una ciudad como Barcelona o los 180 000 en un
municipio de menos de 100 000 habitantes. Defendemos que el Código de
Buenas Prácticas no sea de adhesión voluntaria, sino que se aplique a
todas las entidades de crédito. Con la enmienda 108 se propone facilitar
la dación en pago de la deuda hipotecaria incrementando la capacidad de
decisión del juez y recogiendo normativamente lo que viene siendo una
práctica habitual de la mayoría de las entidades financieras. La enmienda
número 95 establece que es necesario que las personas beneficiadas con la
Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
tengan el derecho de acogerse al Código de Buenas Prácticas.


Sexto bloque. Impulsar una reforma de la Ley Concursal.
Para que sea aplicable a las personas físicas, y no solo a las empresas,
esta reforma debe permitir reestructurar la deuda pendiente, de manera
que pueda ser asumida por el deudor y que, en definitiva, sea acorde a
los ingresos que esté percibiendo. Condonación de la deuda; es decir,
dación en pago, siempre que la insolvencia haya sido fortuita. Dar una
segunda oportunidad a todas estas personas que ya han sido desahuciadas y
que arrastran deudas con las entidades financieras, para la parte del
préstamo hipotecario que no ha podido ser cubierto con la subasta de la
vivienda. La enmienda número 109 propone una modificación de la Ley
Concursal, con el fin de dar una segunda oportunidad a las personas para
que no tengan que pagar una deuda de por vida, sino solo una parte y por
un tiempo determinado, tal y como ocurre en los países más avanzados de
la Unión Europea, y así las personas físicas también puedan instar la
declaración del concurso. Esta es una práctica habitual en Europa, y
tiene que formar parte de nuestro sistema: una segunda oportunidad, que
una persona física también pueda presentar un concurso.


Bloque siete. Transformar el Fondo Social de Viviendas de
modo que las entidades financieras cedan voluntariamente inmuebles. En mi
intervención anterior me referí a ello: un parque de viviendas sociales
en el que una parte significativa de los pisos correspondientes al Sareb,
al banco malo, sean cedidos temporalmente a los ayuntamientos y a las
comunidades autónomas. Las administraciones territoriales podrán
gestionar las viviendas directamente o a través de entidades sin ánimo de
lucro. Hay que profundizar mucho, hay que avanzar más, y hay que contar
con muchas más viviendas. Antes lo decía: no puede entenderse que haya
gente sin casa y casa sin personas. Hemos de hacer grandes esfuerzos en
este sentido.


Y el octavo bloque, rescatar a las personas. La creación
del FROB está permitiendo facilitar la recapitalización de las entidades
financieras, y con ello garantizar su viabilidad. Sin embargo, la
respuesta a la crisis del sector financiero no puede limitarse a evitar
solamente el crac financiero. Es preciso abordar respuestas realistas y
efectivas para evitar el crac social de las personas y familias afectadas
por ejecuciones hipotecarias y desahucios. Es decir, es preciso proceder
también al rescate financiero de las personas y de las familias. La
enmienda número 105 concreta esta argumentación.


En líneas generales, con nuestras enmiendas presentamos una
alternativa a la proposición de ley que ustedes nos han presentado hoy
aquí. Presumiblemente no las van a aceptar, pero escucharemos los
argumentos que nos den. Y luego, en la valoración final, en el turno de









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portavoces, podremos ver qué ha pasado, qué ha ocurrido, si
todo este trámite de urgencia ha valido la pena realmente o ha servido
simplemente para permitir un proceso simple, un trámite lo más discreto
posible. Veremos cuál es su posición, para explicar nuestras conclusiones
definitivas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
siguientes enmiendas: de la 205 a la 230, la 232, la 233 y de la 235 a la
275.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Fernández
Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, presidente.


Señorías, tengo la sensación de que el Grupo Parlamentario
Popular es consciente de que la proposición de ley que trae a esta Cámara
va a resultar inútil e insuficiente para abordar el problema que tenemos
entre manos. Como ustedes son conscientes de que eso es así, quieren
salir del paso sin profundizar, sin debatir el asunto; y lo que quieren
es hablar de los gobiernos anteriores, y protegerse aludiendo a que
anteriormente no se hicieron las cosas.


Con el hartazgo que tenemos de oírles justificarse con la
herencia recibida —ya lo han dicho algunos portavoces—, ya
les he explicado en más de una ocasión que todos los días hacemos leyes y
que vamos acomodándonos a las necesidades y a las circunstancias de cada
momento. Además, se ve que son un poquito orwellianos, y se empeñan en
decir: oiga, es que reescribimos la historia y borramos lo pasado: antes
no se hizo nada, nunca se ha hecho nada; solo hace el Partido Popular. La
verdad es que tengo la sensación de que ahora es cuando no se hace nada,
porque esto que nos traen es simplemente un maquillaje. Ahora entraré en
el detalle de las enmiendas que presentamos y explicaré cuál es nuestra
posición.


Ustedes quieren borrar todo lo que se ha hecho para hacer
como que están aportando algo, y lo único que intentan y no consiguen es
engañar a la gente. Le voy a poner el ejemplo de algunas medidas que se
han tomado, que son bastante más valiosas, llegan a más gente y resuelven
más problemas que las que nos están presentando. El Gobierno anterior
declaró inembargable 1,5 veces el salario mínimo interprofesional para
todo el mundo, sin poner ninguna limitación, sin poner ninguna condición
de acceso, sin establecer ningún tipo de familia. Eso significó que las
familias pasaban a disponer de 967,95 euros inembargables para una
persona que viva sola; si es una familia con un hijo, serían 1355,13
euros. Creo que todas sus señorías pueden entender que, con estas
cantidades, se les daba la oportunidad de solventar sus problemas después
de haber perdido la vivienda, que al menos pudieran pagar el alquiler y
vivir dignamente. Y es una medida que llegó a todo el mundo, tuvo
carácter universal, sin ponerle trabas, como hacen ustedes; y que,
además, tuvo un efecto inmediato, porque le dio dignidad a las
familias.


Ahora empezaré a explicar cuáles son las enmiendas del
Partido Socialista, que servirá también para demostrar que esta
proposición de ley no tiene fondo, no tiene sustancia; que lo único que
tiene es mucha apariencia para intentar justificar que han hecho algo,
cuando en realidad no están abordando el problema que tenemos. Creo que
todos coincidimos en que estamos ante un problema de gran envergadura.
Estamos ante una herida social muy grave, que empeora continuamente.
Ustedes son conscientes de que en el último año ha aumentado el paro en
un millón de personas, que ya hay 1,9 millones de hogares que no tienen
ninguna prestación. Esto es una fuente inmediata de desahucio, tiene una
conexión directa inmediata. Saben que este año 100 000 familias van a
recibir una ejecución hipotecaria, que van a ser desahuciadas. Y la
decisión es hacer o no hacer algo que de verdad sirva para ayudar a las
familias; y su posición es que pueden, y no quieren.


Como decía, voy a explicar las enmiendas del Partido
Socialista, y lo voy a hacer siguiendo el orden en que se han presentado.
La primera enmienda se presenta al Capítulo I, en el que ustedes anuncian
una suspensión de las ejecuciones hipotecarias por dos años. Lo dije en
mi primera intervención: hemos presentado una enmienda para que esa
suspensión suponga también la paralización de los intereses de demora.
¿Qué solución están dando a una familia a la que le dicen: Oiga, a usted
no le pueden echar hoy, pero dentro de dos años usted va a estar en las
mismas circunstancias que hoy y, además, va a deber un 40 o un 50% más?
¿Esa es la solución que el Partido Popular trae aquí? ¿Alguien está de
acuerdo en que es una solución? Pregunto. ¿No sería más razonable
paralizar los intereses de demora?









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Y, por cierto, nadie puede decir que con eso quebrarían los
bancos. Porque, incluso el señor Botín el viernes pasado, mientras
nosotros debatíamos en la comisión, hablaba de que habían reestructurado
la deuda de 20 000 familias. O sea, que si los bancos lo hacen
voluntariamente, no afecta al sistema financiero, pero si nosotros lo
legislamos y les damos derechos a los ciudadanos, entonces quieren
convencernos de que se va a quebrar el sistema. ¡Ya está bien de aceptar
la mentira como principio para trabajar!


Respecto al capítulo II, el primer grupo de enmiendas que
presenta el Grupo Socialista se refiere a la propuesta de elaborar una
ley de segunda oportunidad. Ustedes no han incluido en su proyecto una
ley de segunda oportunidad y me decía el portavoz del Grupo Popular que
dentro del Código de Buenas Prácticas, alguna medida hay. Pero, ¡claro!,
para ustedes el Código de Buenas Prácticas es un colchón en su discurso:
primero, porque es voluntario para los bancos —o sea, que los
bancos lo aplican o no—; y segundo, porque controlan el
procedimiento —no hay ninguna garantía externa—. Y me dicen:
¡oiga, no se queje, si de todas formas está el 99% de los bancos! Pues
bien, yo les dije y les sigo diciendo: hagámoslo obligatorio en ese caso
—no hay ningún problema—, y pongamos una persona externa, un
notario, que haga que se cumplan los derechos de los ciudadanos, para que
no dependamos de la caridad del banquero que se ha quedado con tu
vivienda.


Además, la ley de segunda oportunidad viene a acordarse de
alguien, de las personas, de una parte de la sociedad de la que también
se han olvidado. No están prestando atención a la gente que ya ha perdido
su vivienda y mantiene la deuda con el banco. Esta ley de segunda
oportunidad viene también a hablar de eso y a ocuparse del problema de
esa familia para intentar buscarle una solución.


Con las enmiendas referidas a la ley de segunda oportunidad
planteamos que sea un notario quien examine las condiciones y quien
establezca o promueva un convenio con los acreedores de la familia, de
manera que con la idea de que la familia se quede en la vivienda, pueda
reestructurar su deuda y salir adelante. Tengan en cuenta que ustedes, el
Partido Popular, ni siquiera ofrecen a los ciudadanos la esperanza de
tener un futuro para salir pronto adelante. Ya ha dicho el presidente del
Gobierno que en esta legislatura las cifras del paro no van a
mejorar.


También planteamos en este capítulo enmiendas para
garantizar que las familias tengan una vivienda cuando sean desahuciadas.
Ustedes fían esa cobertura a que los bancos pongan a disposición de las
familias una vivienda y les cobren una cuota —dicen—
razonable. Yo creo que con esto está claro qué condiciones les están
poniendo a los bancos. Ustedes están asfixiando a los bancos con esa
presión tan enorme. Lo digo irónicamente, por si alguien no ha captado la
ironía. Me refiero a que lo que los ciudadanos esperan de nosotros es que
legislemos, que hagamos una norma que sea ley, y que, además, pongamos
recursos a disposición de las familias. Lo que planteamos con nuestras
enmiendas es que se cree un parque de viviendas de alquiler social con
unas condiciones que sean asequibles para las familias, que como límite
paguen el 25% de su salario en alquiler, y que atendamos también a
aquellas que, en un momento dado, no puedan hacer frente a ese pago.


Y, ustedes dirán: ¿Cómo vamos a hacer un parque de
viviendas si tenemos que afrontar ahora el gasto? ¡Pero si ya tenemos los
recursos! La Sareb tiene viviendas que no va a poder vender en una
década. Van a estar vacías, deteriorándose. Pongamos a disposición de
este parque de viviendas las suficientes, todas las que sean necesarias.
Hay entidades que han sido intervenidas por el FROB y los bancos no saben
qué hacer con las viviendas. ¿Tiene lógica que estén cerradas las
viviendas? ¿Alguno de los que estamos aquí, con la mano en el pecho,
puede decir que es mejor que estén cerradas y que esperen una década para
venderlas? ¿De verdad hay alguien que piense eso? ¿Qué nos impide tomar
la decisión? Lo voy a repetir muchas veces: ustedes pueden y no quieren.
Y le hacen un daño enorme a la sociedad española. (Aplausos.—Un
señor senador: ¡Sí se puede!) Yo también creo que se puede. Además, creo,
y lo digo aquí, que el Grupo Socialista tiene voluntad de hacerlo. Y no
dejamos de hacer propuestas. Ustedes intentan callarnos, y dicen que,
como no lo hemos hecho antes, no tenemos legitimidad para hacerlas ahora.
Yo tengo toda la legitimidad y toda la obligación del mundo para
hacerlas, porque me han elegido los ciudadanos para eso. (Aplausos.) Y no
me digan que no proponga cosas nuevas. De hecho, vamos a seguir
presentando propuestas todos los días; este fin de semana propondremos
otras nuevas, y les dijimos, además, de dónde se podía coger el dinero.
Se pueden hacer cosas y se pueden mejorar









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las condiciones de las familias sin poner en riesgo el
sistema financiero ni el país. Tenemos muchas viviendas disponibles y lo
que tenemos que hacer es reglamentarlo para que las familias tengan
derecho a ellas.


También proponemos tomar medidas preventivas. Ha citado
usted al Defensor del Pueblo andaluz —ha dicho una mentira, por
cierto; mienten reiteradamente pensando que por decirlo muchas veces va a
ser verdad— y en Andalucía lo que hay es una lista de espera para
acceder a las viviendas, no viviendas cerradas que no quieran
adjudicarse. (Aplausos.) Hay lista de espera porque son viviendas que
tienen un precio asequible para los ciudadanos. Y las que pueda haber
cerradas son solo aquellas que quedan libres entre que sale una familia y
entra otra. Desde luego, no vale el número que ustedes dan, citando
además al defensor del Pueblo, que ya ha dicho que es mentira.


Pero yo sí le voy a citar a la defensora del Pueblo de este
país, que ha pedido que se recupere una de las medidas que había con el
Gobierno anterior y que consiste en que, a través del ICO, se pongan a
disposición recursos para poder aplazar temporal y parcialmente las
obligaciones de pago de al menos el 50% de las cuotas. Eso también lo
recogemos los socialistas en la enmienda 223.


Con respecto a las enmiendas a la Ley Hipotecaria, que ya
forman parte también de este capítulo II, ustedes fijan el interés de
demora en el 12% y nos dicen que es un avance. En este momento estamos
reflexionando sobre la situación actual y un 20% es un interés usurario.
Están pagando los bancos el 0,5%, el tipo oficial del Banco Central
Europeo. Con el euribor en el 0,5%, ¿cómo justificamos que es legítimo
ese 20% que se le puede cobrar a la gente a la que le hipotequen los
bienes inmuebles? Lo mantienen ustedes como una cláusula penal y va a
llegar un momento en que alguien, un tribunal, acabará por decirnos que
ese interés es un abuso y que, por tanto, deberíamos borrarlo. Pero yo
creo que estamos a tiempo, por eso lo enmendamos en este proyecto de
ley.


Les hemos dicho que ni vale el 20% ni el 12%. Y no vale el
12% porque se paga un interés mayor para una vivienda que para un
vehículo, y eso es una barbaridad. No es una cuestión ideológica, es una
cuestión de sentido común. Si le cobramos un interés del 10% de demora a
un bien, aunque sea de lujo, a un coche o a un electrodoméstico, ¿cómo le
vamos a decir a una familia que es razonable que paguen el 12% de interés
de demora? ¿Alguien está dispuesto a decirle eso a una familia, además de
traerlo aquí por escrito? ¿Quién se lo va explicar a la gente? Todos los
que estamos aquí sabemos que es muy difícil explicárselo y convencerles.
Y esto no quiebra ningún banco, ni pone en riesgo económico al país. Lo
único que pedimos es sensatez a todo el mundo. Y estamos proponiendo un
interés que es razonable. Si ponemos un 10% de interés de demora para un
vehículo, ¿por qué no para una vivienda el 6%? Hay incluso enmiendas en
el sentido de que se aplique solo a lo que uno ha dejado de pagarle al
banco, no a todo. Eso es algo que deberíamos arreglar también. Debería
aplicarse a las cuotas vencidas, no al capital total, como reclama el
banco de manera inmediata. Eso sigue sin arreglarse.


Estoy seguro de que en el futuro seguiremos hablando de
todas estas cosas en esta Cámara porque va a haber que arreglarlas, y más
pronto que tarde, señorías. Ya son 100 000 nuevas ejecuciones las que le
esperan este año a este país, y la situación económica empeora. ¿Qué
grupo político está dispuesto a volverse de espaldas? Ustedes, con este
proyecto, pero en el futuro no creo que puedan seguir haciéndolo.


Les pedimos cosas tan sensatas como que igualen la tasación
de la vivienda para que en la subasta se aplique la misma tasación que en
el momento en que se firmó el contrato de hipoteca. ¿Alguien no ve eso
razonable? Pues ustedes, señorías del Partido Popular, dicen que no, que
el 75%. ¿A quién quieren beneficiar, injusta —y yo añado— e
ilegítimamente? A los bancos. Ahí no cabe otra justificación. Pongamos el
mismo valor de tasación en la subasta. Garanticemos que, si llegado el
momento una familia pierde su casa, le paguen un precio honesto y digno,
no que les roben también en ese momento. Eso es, como decía un taxista a
quien le comenté las medidas de esta ley, robar con la ley en la mano. Y
no creo que haya nadie que esté en disposición de contestar lo que estoy
afirmando en este momento. ¿Quién de ustedes le quiere explicar a una
familia que pague hoy 100 000 euros por una vivienda que si dentro de dos
años no puede hacer frente a las cuotas, el banco, además de quedarse con
todo lo que ha pagado hasta ese momento, le va a dar solo 52 000 euros
por la misma? ¿A quién le parece razonable? ¿Alguien está en disposición
de









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levantar la mano? Yo creo que eso es ilegítimo y hemos
presentado una propuesta para que, como mínimo, se le dé el 80% si hay
postor en la subasta; si no hay, dación en pago y el banco tiene que
asumir la vivienda y liberar de obligaciones a la familia. (Aplausos.)
Esa es la propuesta del Partido Socialista.


Hay cosas que dependen única y exclusivamente de la
voluntad y los políticos estamos para acabar con las injusticias y con
los abusos. ¿Alguien está de acuerdo en que es legítimo poner cláusula
suelo? Y les recuerdo que ya tenemos sentencias —sesenta y seis
creo que van— diciendo que es ilegítimo. ¿Por qué no aprovechamos
la oportunidad para quitarla antes de que alguien nos lo ordene? ¿Qué
impedimento ideológico tienen ustedes para eso, para no aceptar que
acabemos con la cláusula suelo, que es un beneficio extraordinario para
los bancos injusto? ¿Les parece bien que la diferencia entre el interés
más bajo y el más alto sean 14 o 15 puntos? A mí no me lo parece.
¿Tenemos una oportunidad de cambiarlo en este momento? Sí, y no me vale
que me diga que no lo he hecho yo antes. Ya lo sé, pero lo quiero hacer
ahora. ¿Quiere usted?, ¿quiere hacerlo ahora?, ¿quiere cambiar para que
la diferencia entre el interés más bajo y el más alto no vaya más allá de
cuatro puntos, que es lo que proponemos y es bastante razonable, y más
con los intereses que se manejan en este momento?


Con respecto al capítulo III, todo lo que afecta a la Ley
de Enjuiciamiento Civil, proponemos algunas medidas que vienen a
favorecer claramente y a defender los derechos de las familias, y en las
enmiendas que planteamos nos ocupamos además de las cosas grandes también
de las cosas pequeñas. Por ejemplo, sabemos que los bancos abusan
obligando con el contrato de la hipoteca de una vivienda a contratar
varios seguros y proponemos que sea solo uno. Señorías, no tenemos que
pensar solo en este momento en todo lo que ha pasado hasta ahora, que es
muy grave y que ha dejado a cientos de miles de familias con un problema
muy grande, tenemos que pensar en cómo atajamos lo que viene después.
Esta ley también se va a aplicar para la gente que firme hipotecas
mañana, pongamos las medidas para que les engañen lo menos posible y no
haya abusos. Por eso proponemos que sea solo un seguro, que si hay
cláusulas abusivas —recogiendo la recomendación del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea— se pueda suspender cualquier proceso
y además que los notarios puedan comprobar también que no se producen en
los contratos.


Ustedes limitan las costas al 5% y nosotros proponemos que
sea solo el 2%. Ha habido muchas enmiendas de muchos grupos que lo que
pretenden es minimizar el impacto sobre los gastos que además añadimos a
la gente que ya no puede hacer frente ni a la hipoteca, y deberíamos
tener sensibilidad suficiente como para procurar que fueran los mínimos
posibles.


Quisiera subrayar una enmienda que me parece que aporta un
elemento de seguridad para las familias que hasta ahora no habíamos
valorado y que me parece también justo. En la enmienda 244 les proponemos
algo así como una cláusula de seguridad, les proponemos que pagado el 75%
de la hipoteca ya no te puedan echar de tu vivienda, que el banco ya no
pueda ejecutarla, y que se cobre con el 30% de tu sueldo si no puedes
pagar una cuota más alta. ¿Les parece razonable o también les parece
antisistema? ¿Por qué no pueden aceptar este tipo de propuestas? ¿No les
parece razonable que si ya has pagado el 75% del capital que el banco se
apañe solo con el 30% de tu sueldo? A nosotros nos parece que sí e
insisto en que hay que pensar también en la gente que viene por detrás,
que muchos pueden tener hijos o familiares que acaben firmando hipotecas
que se vean en estas condiciones.


Queremos reforzar la seguridad de la gente que firma
hipotecas y también de la gente que se mete en un proceso de ejecución
hipotecaria. Por eso queremos que en el caso de que no acudan al juzgado
los interesados, el fiscal sea avisado, y queremos que se les comunique
por el secretario judicial sus derechos y la posibilidad de pedir un
abogado de oficio a los que estén en un proceso de ejecución hipotecaria.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)


Con respecto al capítulo IV, al Código de Buenas Prácticas,
voy a sintetizar las enmiendas que hemos presentado en cuatro aspectos
que me parecen sustantivos: en primer lugar, que sea obligatorio. No
entiendo cómo pueden decir que todos los bancos lo hacen porque, en ese
caso, ¿qué problema tienen para obligar a que lo cumplan? En segundo
lugar, proponemos también elevar el precio del valor de las viviendas a
las que se les aplica. En tercer lugar, fomentar el conocimiento de este
código para las familias que quieran acogerse a él. Y, en cuarto lugar,









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proponemos que una vez desahuciada una familia se pueda
quedar dos años en la vivienda con el límite del 2% de su valor como
cuota de alquiler.


Me llama también la atención un elemento que han incluido
en la ley. Se nota la mano que mece la cuna en detalles y, en este caso,
han recogido ustedes que si la persona desahuciada se queda en la
vivienda y no pueda pagar una cuota de alquiler, esa cuota entre en una
demora del 10%; y lo han recogido por escrito. Insisto en que son
detalles que demuestran de quién es la mano que mece la cuna porque eso
no se le ocurre, como dicen en mi pueblo, ni al que asó la manteca. ¡Ya
hay que tener una idea fija de hasta dónde va uno para escribir ese
detalle!


En cuanto a las disposiciones adicionales y finales,
nuestras propuestas tratan de aligerar los costes para las familias, con
la exención de tasas en todos los procedimientos, la reducción de
honorarios en los procedimientos extrajudiciales y, haciéndonos eco de
otro tema que a ustedes les encanta abordar: Andalucía. A ustedes les
encanta hablar de Andalucía, pero a los socialistas también, y ponerla
como modelo. En este sentido, el decreto que ha presentado el Gobierno
andaluz y que hoy se estaba también debatiendo en el Parlamento viene a
aportar un elemento más de seguridad para las familias. Fíjense que
ustedes, incluso en su Código de Buenas Prácticas, plantean que las
familias se puedan quedar pagando un alquiler, mientras que nosotros nos
preguntamos qué ocurre en el caso de que las familias no tengan recursos
para hacerlo. Por ello, hemos propuesto el establecimiento de un parque
de viviendas de alquiler social, de modo que garanticemos que esos niños
tengan la protección que deben y, además, en Andalucía hemos dicho que se
va a expropiar el uso al banco, de manera que la Administración va a
pagar al banco el alquiler. ¿Lo entienden ustedes? ¿Les parece tan mal
que sea la Administración la que pague el alquiler de una familia con
hijos cuando no lo pueda atender y que si esa familia gana dinero pague
una cuota del 25% de su sueldo a la Administración? ¿Qué es lo que les
parece tan mal, me pregunto, de este tipo de propuestas?


Para terminar, la enmienda 275 viene a subrayar el hecho de
que la diferencia entre las cláusulas suelo y techo sean solo del 4%.


Hemos hecho muchas propuestas sensatas y espero que la
sensatez les lleve a aceptar alguna aunque, vista la soberbia con la que
actúan y aplican su rodillo, probablemente volveremos a debatir sobre
este tema dentro de unos meses y recordaremos parte de este debate.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, quiero agradecer ―y
entenderán después por qué digo esto― el gran número de enmiendas
que se han presentado a este proyecto de ley, aunque no ocurre lo mismo
con los vetos, para los que no encuentro explicación o ni siquiera una
aproximación al problema que se está produciendo. Insisto en que les
agradezco el gran número de enmiendas que han presentado porque algunas
de ellas contienen elementos que se podrían considerar valiosos mientras
que otras, por el contrario, están pegadas y fijadas al concepto que ha
venido arrastrando todo este debate en el sentido de que había que
acelerar y ponernos como un cohete, a 10 000 kilómetros por hora, para
tratar de resolver una cuestión y un problema que, efectivamente, es muy
grave.


Hago mías también las palabras del portavoz socialista en
el sentido de que tendremos que seguir hablando. Eso es así porque los
problemas graves no se resuelven ni en un debate ni de una sentada ni en
una discusión ni tampoco con un acuerdo. Los problemas graves exigen
soluciones continuadas en el tiempo, pero eso sí, con una voluntad de
cambiar y de solucionarlos, cosa que, permítame que le repita una vez
más, este Gobierno ha manifestado desde el primer momento en que accedió
a él, mientras que durante muchos años, ustedes, el Grupo Parlamentario
Socialista, los grupos que le apoyaban, los grupos que aunque no le
apoyaban sí compartían gobierno con los socialistas en algunas
comunidades autónomas, así como otros que, siendo ideológicamente
contrarios al problema del paro y de las hipotecas que se estaba
generando, no estaban movilizándose para tratar de atajar un problema
grave. Y, sin embargo, la movilización viene ahora, cuando se trata de
resolver el problema y se está legislando en ese sentido. Con lo









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cual, sirva esto simplemente como expresión de que yo
agradezco las enmiendas, que agradezco que se hayan estudiado las
enmiendas, aunque al final se ha decidido no incluirlas.


Senadora Salanueva, siento especialmente no haber tenido
ocasión de hablar de las suyas, porque de la misma forma que en el
Congreso de los Diputados se incorporó alguna de Unión del Pueblo Navarro
aunque de forma transaccional, debo decirle que en este caso algunas de
sus propuestas son ciertamente muy complejas. La dación en pago
necesaria, es decir, la entrega de elemento distinto a dinero para saldar
una deuda nominada en dinero, en efectivo, es una operación jurídica muy
compleja que no puede recogerse en esta proposición de ley ni en esta ley
que saldrá aprobada, por lo que veo, exclusivamente con los votos del
Grupo Parlamentario Popular.


Pero no por ello nos sentimos solos; nos sentimos
acompañados por los votos que al Partido Popular se le han dado en las
elecciones y también porque nos asiste una razón que es básica y esencial
en todo este proceso: que desde el primer momento, como muestran
claramente las fechas, desde marzo del año pasado, con tres meses de este
Gobierno en el ejercicio de su cargo, ya empezó a presentar decretos
leyes, uno en el mes de marzo, otro en noviembre, decretos que se han
convertido en proyectos de ley. Y creo que a este respecto hay un error
grave que no recuerdo qué portavoz cometió al creer que la toma en
consideración de una proposición de iniciativa popular o cualquier otra
proposición legislativa implica necesariamente la aceptación. No es
verdad. Yo mismo esta tarde no he querido aceptar una enmienda
transaccional de otros grupos, que sí podría haber aceptado para que se
transaccionara y se debatiera, precisamente para evitar este argumento
que se ha utilizado aquí. Es decir, cuando se estampa una firma en un
texto, en este caso en una enmienda transaccional, o cuando se acepta la
tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa, ello no implica
necesariamente, ni de hecho tiene por qué implicar, la aceptación del
texto en todos y en cada uno de sus extremos, pero sí puede ser
considerada —y no quiero hacer juicio de intenciones, cada uno
puede opinar lo que quiera en relación con si se han incluido o no
elementos esenciales de las propuestas—, al menos en algunos de sus
elementos, para incluirlos en la proposición de ley que en este momento
estamos debatiendo.


Por tanto, tenemos 275 enmiendas; se han retirado muchas de
ellas; dos grupos parlamentarios han decidido retirarlas todas y dejar
solamente las cuatro que se corresponden exactamente con el texto de la
iniciativa legislativa popular. A mí me da igual que retiren ustedes
enmiendas o no, que pretendan que las votemos todas o que votemos
solamente unas pocas, pero si con ese gesto quieren ustedes decir
—mejor dicho, no voy ser tan mezquino como para decir que ustedes
se han dado cuenta de que todas sus enmiendas son malas menos las cuatro
o cinco de la iniciativa legislativa popular; no voy a hacer eso—
que el debate ha de estar centrado en una iniciativa legislativa popular
y que incluso —tal como ha apuntado algún portavoz— el
rechazo del texto completo —que legislativa, jurídicamente deja
mucho que desear y financieramente es imposible de asumir— supone
rechazo a los ciudadanos firmantes de la iniciativa, estaríamos en este
tipo de demagogia barata a la que se ha asistido a lo largo de todo este
debate, e incluso esta misma tarde, en las intervenciones de algunos de
los portavoces, tanto en turno de vetos como de enmiendas.


Centrémonos en la cuestión importante. Me van a permitir
que haga una breve reflexión, mejor dicho una breve descripción de lo que
esta proposición de ley, este texto legislativo dice o lo que es, porque
he entendido que en muchos casos, en algunas de las intervenciones o no
se ha comprendido lo que es o sencillamente se niega lo que es, y esto es
esta proposición de ley, lo que el texto de la proposición de ley dice
que es.


En primer lugar, con esta proposición de ley, una vez que
entre en vigor y se publique en el Boletín Oficial del Estado, se
suspenden los desahucios, los lanzamientos, si prefieren llamarlo de esta
manera, por período de dos años, devengando además un tipo de interés de
demora muy reducido, el 2% sobre capital pendiente. Además se abre, en
este caso, por dos años la suspensión y además se abre una apertura de
proceso de reestructuración de la deuda. Esa reestructuración de la
deuda, cuando se trata de hipotecas sobre vivienda habitual, lo que
pretende es hacer viable la deuda en relación con el patrimonio de la
persona que ha de hacer frente a la hipoteca. Hay un bien que entendemos
necesario proteger, y son las personas con riesgo de exclusión social,
esas personas definidas de acuerdo con unos criterios que en muchas de
las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios se entienden
que son restrictivos, y básicamente muchas de









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las enmiendas son puramente marginalistas; es decir,
ampliemos de dos años a tres años, del 50% del peso de la cuota
hipotecaria respecto de la renta familiar, bajémoslo al 40%… En
fin, son las enmiendas que tratan de encajar, mejorando, ampliando el
grupo de beneficiados por estas acciones previstas en la proposición de
ley.


Pues bien, para hacer viable la cuota hipotecaria
—entendiendo por tal sujetos, familias en especial riesgo de
exclusión—, se estudia un plan de reestructuración, pudiendo
alargar los plazos de amortización hasta 40 años —ya saben ustedes
que esta misma proposición de ley establece un máximo de 30 para la
constitución de hipotecas y en este caso se podría hacer un alargamiento
de período—; se reducirían los tipos de interés, concretamente
euribor más 0,25% de interés, durante un período de carencia de
amortización de capital, o sea, tipo de interés reducido durante el
período de carencia, y no amortización de capital durante un período de
cinco años. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


En estas circunstancias se intenta una reestructuración de
la deuda hipotecaria. Si sale viable, entonces ambas partes aceptan la
reestructuración y no es que el problema esté resuelto, pero al menos
está encauzado, la familia, el sujeto, la persona puede atender las
cuotas hipotecarias en las circunstancias en que se encuentra. Si no
resulta viable, es decir —vuelvo a repetir—, si la cuota
hipotecaria es mayor del 50% de la renta de la persona física titular o
de la unidad familiar en su conjunto, si más de un miembro tiene
ingresos, entonces se permite una negociación entre las partes, se anima
a las partes a una negociación y en este caso sí que es potestativo, este
apartado sí es potestativo, llegar a una quita, una quita que puede
alcanzar el 25% del total de la deuda en ese momento.


Por tanto, para que sea viable, en los términos que hemos
definido, tenemos una reestructuración con alargamiento de plazos,
reducción de tipo de interés y moratoria en la devolución de capital y,
al mismo tiempo, una quita. Si a pesar de la quita no es posible,
entonces se admite de forma obligatoria, es decir, el acreedor tendrá que
aceptar necesariamente la dación en pago liberatoria de la deuda. Aquí
aparece la figura de la dación en pago, de la que tanto estamos hablando
y que tanta confusión está generando. Por tanto, esta es una dación en
pago real y completa que cancela la deuda, principal e intereses. Y eso
está recogido por primera vez en un texto legislativo en España desde que
gobierna el Partido Popular, desde el pasado mes de marzo del año 2012.
(Aplausos.) La dación en pago por primera vez.


Ahora, me preguntan ustedes ¿es una dación en pago
universal, es decir, todo aquel que tenga constituida una hipoteca, que
sea deudor hipotecario, puede ir a la sucursal bancaria correspondiente y
decir: aquí tienen ustedes las llaves del piso, quédense con las llaves y
se cancela la hipoteca? No lo es; no es una dación en pago con carácter
universal. Eso está limitado, como no puede ser de otra manera —y
el portavoz socialista se ha explayado suficientemente hablando de que
los políticos tenemos la obligación de dar respuesta a los problemas de
los ciudadanos; pues aquí se está dando una respuesta—, para
aquellos ciudadanos en riesgo claro de exclusión social. Para ellos es la
dación en pago. Repito que no es una dación en pago universal y, desde
luego, no es —no lo puede ser— una dación en pago
retroactiva. Por tanto, las cosas son lo que son, y estamos hablando de
una dación en pago para unos grupos de personas y unidades familiares en
los que concurren unas circunstancias que se ha estimado que generan
mayor riesgo de exclusión social.


Al mismo tiempo que la dación en pago —que entendemos
que no siempre es la mejor solución, porque significa la pérdida de la
vivienda—, en esta proposición de ley, junto a la dación al pago al
deudor se le reconoce el derecho a permanecer durante dos años en su
vivienda. Es decir, en dación en pago la propiedad pasa al acreedor o al
que puje y haga la mejor oferta en la subasta correspondiente, pero
durante dos años —repito— el deudor tiene el derecho a
residir en la vivienda. Y no solamente eso: en la ejecución del bien, si
se generara alguna plusvalía, el deudor, que está dos años en la
vivienda, se apropia además de una parte sustancial de la plusvalía para
reducir las costas del proceso y, en definitiva, para que se le retornen
ingresos. Por tanto, esto da una solución.


Ustedes me dicen que no están satisfechos, lo cual me
sorprende, porque —se lo dije en comisión y se lo repito aquí al
portavoz de Convergència i Unió, al senador Alturo— este es un caso
claro de pura insatisfacción para quienes apoyaron —¿se acuerdan
ustedes?— por responsabilidad, no por otra cosa, por
responsabilidad, al señor Zapatero en esas aventuras que









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emprendió, en esas aventuras que nos llevaron al déficit
presupuestario, a la situación de crisis financiera y de crisis de deuda
en España, de aquellos que por responsabilidad le apoyaban en esas
aventuras, y en materia hipotecaria se dieron por absolutamente
satisfechos con la creación de una subcomisión que debía estudiar los
problemas que estaba generando la situación de las hipotecas, de los
impagos y de los desahucios en España. Una subcomisión que, además, como
tenía una vida efímera, porque se creó en el año 2011, a punto de
concluir la legislatura, ni siquiera llegó a emitir conclusión alguna.
Eso les satisfacía. Sin embargo, ahora, llegados a este punto
—luego podemos repasar algunas de las enmiendas presentadas por el
Grupo Convergència i Unió—, parece que no les satisface nada. Me
van a permitir que pase por encima, con mucha rapidez, por encima de
algunas de esas enmiendas, como la 105, la del fondo de rescate,
gestionado además por las comunidades autónomas. El dinero no sabemos de
dónde sale, porque habría que definir las cantidades de ese fondo de
rescate; y además lo gestiona quien lo gestiona. Claro, se pueden pedir
muchas cosas, pero estas se pueden o no valorar razonablemente. Y
ciertamente esa enmienda está en barbecho; no está valorada la creación
de un fondo de rescate. Lo mismo ocurre con respecto a ampliar todas
—todas ellas— y cada una de las circunstancias que han de
permitir la inclusión en los grupos de especial protección, con las
consecuencias que todos conocemos. Y a quienes se contentaban con una
subcomisión de análisis del problema, ahora, poco más de un año después,
nada les satisface, quizá porque están a otra cosa y no, desde luego, a
dar solución al problema de las hipotecas.


En esta proposición de ley se establece también una mejora
clara de la Ley Hipotecaria, del texto refundido del año 1946, que no se
había producido en muchos años. Y es que estos no son mecanismos que
hayan surgido en los últimos meses como consecuencia de un Gobierno que
ha decidido, como algunos de ustedes han venido a decir, recortar y
limitar los derechos de la población. No, no, esto viene del año 1946, y
desde la Transición han pasado sucesivos Gobiernos, fundamentalmente
socialistas, como el anterior, cuando ya el problema emergió con toda
virulencia. Pues bien, se ha mejorado y se ha reformado la Ley
Hipotecaria.


Hoy mismo, el señor Rubalcaba, en el Congreso de los
Diputados, apuntaba que lo único que separaba del acuerdo al Partido
Popular y al Partido Socialista en materia hipotecaria era la reforma de
la Ley Hipotecaria. Era el único punto que nos separaba. Pues bien, aquí
hay una reforma de la Ley Hipotecaria, por tanto, no debe ser solo ese
punto porque ustedes han presentado casi setenta enmiendas, con lo cual
tiene que haber muchas más cosas que separan al Partido Socialista.
Dígale usted, por favor, al señor Pérez Rubalcaba que sea preciso en la
terminología que utiliza, porque no es verdad lo que ha dicho esta
mañana: que solo nos separaba la reforma de la Ley Hipotecaria. Y si
fuera así, retiren sus enmiendas y vayamos directamente a aprobar la
proposición de ley en los términos en que está escrito.


No solamente se reducen los intereses de demora sino que
además no capitalizan. Eso es muy importante porque, una vez que se
genera el interés de demora, dentro de la deuda total es como si se
apartara, y ese, a su vez, no genera nuevos intereses. Repito que queda
apartado, que no capitaliza. Y en caso de que la venta del inmueble
objeto de ejecución hipotecaria no saldara la deuda, entonces, con el
importe obtenido en la subasta correspondiente, se irían cancelando
capital, intereses y, por último, los intereses de demora. ¿Por qué?
Porque repito que no capitalizan, de tal forma que no va aumentando la
pelota hacia el futuro. Esto se ha hecho, se hace en esta proposición de
ley aquí y ahora, pero desde el año 1946 a nadie se le había ocurrido que
había que hacer que los intereses de demora no capitalizaran. Pues aquí
está.


Se mejora el procedimiento tanto de venta extrajudicial
como de subasta judicial. Al portavoz socialista le indigna —de
alguna forma, a mí también— que pueda darse el caso de que el
precio obtenido en subasta sea poco más del 50% del valor de tasación
inicial establecido en la constitución de la hipoteca. Puede darse el
caso, porque estamos hablando de un 70% sobre un 75% del valor. En fin,
puede darse el caso. Pero ¿sabe cuál es el caso que puede darse ahora,
antes de que se apruebe esta proposición de ley? ¿Sabe usted el
porcentaje de hoy, de ayer o anteayer? Del 24%. A usted le indignaba e
irritaba esa situación ¿verdad? Pues usted ha convivido durante muchos
años con un Gobierno socialista que ha permitido que del resultado de la
subasta el precio obtenido por el propietario de la vivienda pueda ser
equivalente al 24% de la tasación inicial, cuando se constituyó la
hipoteca. ¿Qué le parece? Por tanto, ahora podemos valorar el avance que
supone esta proposición de ley.









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Es verdad que cuando los activos devalúan rápidamente lo
peor de todo es para el deudor, porque no solamente en inmuebles sino en
otro tipo de activos —activos reales, activos materiales, e incluso
inmateriales, y desde luego financieros— las caídas de valor pueden
ser del 40, 50 o 60%. Es el precio de la liquidez en la crisis, y aquí
estamos ante un problema de liquidez. Por tanto, no le extrañe
—porque es así— que quienes concurren a subasta judicial
quieran el mejor precio, y como quieren el mejor precio están dispuestos
a hundirlo lo más posible.


Pues bien, para las subastas tanto extrajudiciales como
judiciales en esta proposición de ley se establecen reglas de valores
mínimos que garantizan que nadie, en el caso de vivienda habitual, va a
vender su vivienda ni nadie se la va a apropiar, es decir, que el
acreedor no se la va a adjudicar, por un valor como mínimo del 70% del
valor con que salió a subasta, lo cual está bastante bien, creo yo; por
lo menos, bastante mejor que lo que está ocurriendo con otros activos
distintos a la vivienda habitual, y lo que está ocurriendo hoy incluso
con la vivienda habitual, que, como digo, puede llegar a tener un precio
de hasta poco más del 24 o 25% del valor de tasación.


Eso es lo que dice la proposición de ley. No nos tratemos
de engañar los unos a los otros con discursos patéticos que reflejan una
realidad distinta de la que recoge la proposición de ley.


Se establece el Código de Buenas Prácticas, que se potencia
además en esta proposición de ley. Y sigue habiendo una confusión de
fondo con el Código de Buenas Prácticas; se lo comenté a los miembros de
la Comisión de Economía, y pensé que había quedado lo suficientemente
claro. Es lo mismo que pertenecer a un club: usted puede o no adherirse a
un club, pero una vez que se ha adherido a él está obligado por sus
reglas, que, por tanto, son de obligada aplicación. Puede o no estar en
el club, pero, claro, en este tipo de cosas, no nos vamos a engañar; el
coste reputacional —lo cual supongo que alegrará sobre todo a los
portavoces que demuestran un mayor desprecio o animadversión hacia el
sistema bancario y el sistema financiero— que supone no pertenecer
al club es tan alto, que prácticamente todos se ven obligados a
pertenecer a él. Son las cosas que tiene la responsabilidad social
corporativa y todas esas cuestiones que manejamos en el día a día. Y,
efectivamente, todos están el club, todas las entidades financieras están
adheridas al Código de Buenas Prácticas. Y, por favor, dejen de decir que
es voluntario porque no lo es. No engañen. No es voluntario. Sus
preceptos son de obligado cumplimiento, de tal forma, como hemos dicho,
que es obligado que acepten la dación en pago después de la
reestructuración con quita, si no hay viabilidad. Por tanto, no es
verdad; y todas las enmiendas que han presentado los distintos grupos
parlamentarios sobre la obligatoriedad o voluntariedad del Código de
Buenas Prácticas sencillamente están desencaminadas. Y es que es bueno
que sea voluntario. ¿Y saben por qué es bueno que el código sea
voluntario? Pues, esencialmente, porque siendo voluntario forma parte de
la voluntad de las entidades financieras; pero es obligado, una vez que
están dentro del club, hacer lo que esta proposición de ley dice que se
hace, sin que en ningún momento se pueda reclamar precio, presupuesto o
partida presupuestaria al Estado ni a ninguna otra Administración
pública.


¿Se dan cuenta de por qué es conveniente que sea un acuerdo
voluntario? Porque es un acuerdo en el cual las entidades financieras han
de participar, y lógicamente verán sus beneficios en mayor o menor medida
limitados por cada una de las medidas que se incluyen en ese Código de
Buenas Prácticas, que repito que es obligatorio una vez que están
adheridas a él.


Se crea un fondo social de viviendas, además con viviendas
de las entidades financieras, lo que forma parte del Código de Buenas
Prácticas. Por tanto, no hay que expropiar, no hay que indemnizar. Y ya
veremos con qué, ¿eh? Aquí tengo los papeles del defensor del pueblo de
Andalucía, y alguien ha sugerido antes que el defensor los ha desmentido,
que ha dicho que este informe no existía o que era erróneo. Pero, claro,
miles de viviendas en Andalucía —exactamente en este informe se
habla de más de 5100— están desocupadas. Ustedes, y algunos otros
grupos, no solo ustedes, con sus enmiendas quieren movilizar el total de
recursos de viviendas a disposición del Sareb o del FROB a través de sus
participaciones en entidades financieras, viviendas, además, de todas las
administraciones públicas: Estado, autonómicas y locales, y con todo eso
hacer un gran, un gigantesco parque de viviendas; pero, eso sí, en la
mayoría de las enmiendas se ve que habrían de ser administradas por
comunidades autónomas. O sea que todo eso se pone para la Administración,
es decir, que las enmiendas tienen también una intencionalidad.


Pues bien, actualmente están dotadas con 6000 viviendas y
por la información que yo tengo está muy lejos, pero que muy lejos, tras
un año de aplicación del primer decreto ley, que las









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solicitudes puedan hacer pensar siquiera que ese número se
va a agotar en fecha próxima; y luego no habría problema en movilizar
cuantas viviendas fuera necesario. Este sí que es un aspecto sobre el que
podríamos hablar y ampliar en el futuro, según la necesidad, en lugar de
montar todo un gigantesco tinglado de viviendas que son propiedad de
otros pero administradas por terceros. En fin, hagamos las cosas
razonablemente bien.


Por otro lado, quisiera preguntarle al portavoz socialista
si es que ustedes piensan financiar lo que han dicho con esos 30 000
millones que el señor Rubalcaba dice que pidamos a Europa y que Europa le
ha dicho que no le va a dar de ninguna manera al MEDE, al Mecanismo
Europeo de Estabilidad. Esos 30 000 millones de euros habrían salido como
una ocurrencia para resolver problemas, pero resulta, claro está, que el
MEDE tiene unos reglamentos de actuación según los cuales el dinero se
da, bien para recapitalizar bancos, bien en forma de apoyo…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.


Por tanto, con condicionalidad. Me gustaría que explicaran
ustedes si sus enmiendas están fundamentadas en esos 30 000 millones que
ustedes ya daban por hecho que iban a tener, como la piel del oso antes
de cazarlo. Pero ni hay oso ni lo van a cazar, porque, desde luego, no
hay 30 000 millones procedentes del MEDE. Los tendrán que pintar de otra
manera.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, señalando
que no es por falta de cortesía, porque todas las enmiendas han sido
estudiadas y valoradas, pero sencillamente consideramos que es una
proposición de ley que incorpora los elementos esenciales, y además los
más endebles del actual sistema hipotecario…


El señor PRESIDENTE: Termine, senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: …y de ejecución hipotecaria,
que tenían que ser reformados. Lo van a ser con esta proposición de ley,
y las enmiendas, o no aportan nada o simplemente desfiguran la solución
al problema.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Mendizabal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor
presidente.


Buenas tardes a todos. En vista de que el Partido Popular
ha demostrado en el Congreso y también hoy en el Senado su nula intención
de tomar en consideración las enmiendas presentadas, y en vista de que no
están dispuestos a llevar a cabo las medidas de urgencia solicitadas en
la ILP, ante esta falta de diálogo, permítanme empezar saludando a la
tribuna de invitados y diciendo que no me alegro de su presencia hoy aquí
porque me hubiese gustado que no tuviesen ninguna razón para estar en el
día de hoy aquí.


También quisiera recordar a todas las personas a las que
estas insuficientes medidas no van a ayudar en nada; algunas, porque ya
han perdido sus viviendas y aún tienen que seguir con los atrasos de la
deuda; y otras, porque según esta ley no entran dentro del parámetro
exigible para beneficiarse de las medidas por no estar en suficiente
situación de exclusión social. Sin embargo, un congresista del Partido
Popular presentó esta ley en la comisión correspondiente y dijo que era
para el cien por cien de las personas que no pueden hacer frente a su
hipoteca. Pues bien, señorías, esto no es cierto y lo saben. Hay
muchísima más gente en situación de sobreendeudamiento, cada uno con sus
circunstancias, y esta ley no los quiere reconocer, no los contempla; y
yo diría que para el Partido Popular ni siquiera existen estos
afectados.


Este Gobierno acudió raudo al auxilio y rescate de la
banca, de los especuladores, de los evasores fiscales. Y esta actitud
contrasta con la mostrada ante las necesidades de la gente de la calle,
las necesidades de la gente que está sufriendo los rigores de una crisis
que no han









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provocado ellos. Para esa gente las soluciones vienen
tarde, y las pocas que vienen son manifiestamente insuficientes. Y el
problema que ustedes tienen es que su preocupación está centrada en los
intereses de las entidades financieras en vez de centrarse en las
angustias de las personas, de las familias que sufren los desahucios.
Están muy atentos a los mensajes de la banca, de la gran empresa, de la
CEOE, y toman sus decisiones como si estuviésemos en una mera realidad
económica en donde las personas son simples circunstancias.


En Amaiur pensamos que las personas deben estar en el
centro de la actuación política, en el centro de la realidad económica y
que tienen que estar por encima de esas cifras macroeconómicas. Y digo
esto, aún sabiendo que me pueden acusar de querer el monopolio de la
sensibilidad social. Ya en el Congreso se acusó a la oposición de ello y
ayer mismo sucedió esto aquí, en esta sala. Pero la vocación de Amaiur es
hacer llegar la voz de la ciudadanía a esta Cámara, y la obligación de un
Gobierno es dar respuesta a esas personas. Y la ciudadanía ha hablado; ha
hablado en la calle, ha hablado reuniendo 1 402 854 firmas, su voz se
reflejó en la ILP que se presentó en el Congreso. Presentaban propuestas
concretas y aun así su voz fue ahogada.


Tampoco se han tenido en consideración las enmiendas de los
partidos de la oposición. Una vez más el Partido Popular impone su ley
sin contar con la presencia y la colaboración del resto de los partidos
políticos y, lo que para mí es mucho más grave, sin contar con las
asociaciones, las plataformas, que son las que realmente pueden dar una
visión exacta del problema que se está viviendo, porque son las que están
tratando con el problema a pie de calle y día a día están al lado de los
afectados. No sé si son conscientes de que están sembrando la absoluta
pobreza al negarse a tomar medidas efectivas, al no afrontar el problema
con la altura de miras que se les requiere.


Finalizo, tal como hicimos ayer en mi país, reiterando
nuestra disposición para trabajar de la mano con los agentes sociales
para acabar todos juntos con los desahucios. Esta ley, al final, evita el
desahucio de la banca y desprecia, pisotea la voz de la gente de la
calle. Por eso nosotros vamos a votar en contra y vamos dar un no rotundo
a esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.


Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, quiero aprovechar este turno para explicar la
posición de Foro ante un tema crucial de presente y de futuro para
millones de familias y de ciudadanos que, con toda seguridad, y
lamentablemente, no van a encontrar en esta ley la oportunidad de una
salida al sufrimiento y a los gravísimos problemas generados por la
crisis económica y el paro, en este caso por su derivada en forma de
desahucios como secuela de las deudas hipotecarias y la imposibilidad de
afrontar los pagos a las entidades bancarias.


Que quede claro que nos parece necesario legislar sobre
este asunto. Es imprescindible modificar el actual marco legislativo para
que, en caso de hipotecas sobre vivienda, se altere el principio de
responsabilidad universal, recayendo esta solo sobre los bienes
hipotecados. Por eso, nos ha parecido bien que el Gobierno impulse una
reforma legislativa, y de ahí nuestro rechazo a los tres vetos
presentados por diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, nos parece
rematadamente mal la lamentable e inaceptable cerrazón del Gobierno y del
grupo mayoritario que le apoya aquí, en el Senado, para no incorporar ni
una sola de las enmiendas que se han presentado en la Cámara. Se veía
venir, y no nos hemos prestado a esta burda utilización del Senado por
parte del Gobierno en un ceremonial que ya se ha repetido con otras
propuestas legislativas cuyo paso por la denominada Cámara de reflexión
no ha permitido aportar nada, nada de nada, ni de forma ni de fondo.


Estas no son maneras democráticas. Esto de exhibir y
aplicar rodillo es una negativa rotunda a estudiar y sopesar alternativas
que enriquezcan y corrijan un texto que afectará decisivamente a la vida
de muchas familias en España. Esta cerrazón del Grupo Popular echa por
tierra las esperanzas y las legítimas aspiraciones para tener una ley que
proporcione soluciones y salidas que se están reclamando en todo nuestro
país. La consecuencia —lo veremos en la votación— es que el
Partido Popular se va a quedar en solitario con su ley por no dedicar
esfuerzo alguno a incorporar las aportaciones de los demás representantes
parlamentarios, pese a las buenas palabras dedicadas por su portavoz para
justificar su rechazo.









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Con su holgadísima mayoría absoluta solo consiguen
reproches. Tiene el Gobierno vocación para tratar de anular la capacidad
matemática de los demás senadores, de los demás diputados en el Congreso
y también de los numerosísimos y amplísimos grupos sociales que en toda
España han reaccionado frente a este problema gravísimo, que no fue
detectado por el anterior Gobierno y que percibido ahora, en plena
virulencia, por el Gobierno de Rajoy trae al Parlamento esta proposición
de ley insuficiente y que va a ser incapaz de dar respuesta al grueso del
problema de los ciudadanos planteado masivamente por la iniciativa
legislativa popular.


Así las cosas, este texto y estas medidas no pueden contar
con nuestro apoyo. En su sobresaliente afán por seguir aislados y
continuar arrogándose el poder de la verdad absoluta, que no atiende ni
se esfuerza por atender lo que los demás proponen o por escuchar la
argumentación plasmada por la ILP y arropada por un millón y medio de
firmas, hoy han desperdiciado y triturado la gran oportunidad de
proporcionar ayuda solvente a cientos de miles de afectados y sus
familias.


Quiero finalizar señalando que esta estrategia del Gobierno
de Rajoy, camino de convertirse en habitual tradición, este rechazo
contumaz a todas y cada una de las enmiendas que se presentan a una ley
por parte de la oposición, va en total descrédito del trámite
parlamentario. Va en degradación de esta Cámara Alta, reducida y
reconvertida por el Gobierno, una vez más, a un papel de comparsa,
aniquilando el debate y la negociación política, sacrificando la
democracia en aras de que se vea publicado cuanto antes en el BOE
—deprisa, deprisa— esta proposición de ley, sin la
intervención de la oposición en su texto y articulado y con la
insatisfacción ya expresada por muchos representantes de los
afectados.


Ustedes tienen una sobresaliente mayoría absoluta, pero eso
no les concede el derecho de interpretar en exclusiva las necesidades de
la sociedad y las propuestas para resolver los problemas. Estamos ante un
problema enorme, y ustedes se quedan solos defendiendo una proposición de
ley insuficiente que no responde a las grandes necesidades de tantísimas
familias afectadas.


Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Oblanca.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Brevemente, puesto que llevamos
casi cinco horas de debate, le voy a comentar, senador Utrera, que la
verdad no está en la mayoría, no está en ninguna mayoría; la verdad hay
que encontrarla, y la verdad se encuentra trabajándola. Y de verdad les
digo, señorías, que hacía tiempo que no me leían la cartilla de esta
manera. Porque no sé cómo han podido ustedes presentar 3 vetos y 275
enmiendas; no sé cómo lo han podido hacer. ¿Para qué? ¿Me pueden decir
para qué han presentado 275 enmiendas? ¿Por qué han optado por tanto
trabajo? ¿Me lo pueden explicar? Pues eso es precisamente lo que he
sentido yo esta tarde. Les he comentado al inicio de este debate que lo
que debemos perseguir todos aquí, mal o bien, con mayor o menor voluntad,
es tener el objetivo claro, y cuando legislemos ver la cara y los ojos de
las personas a las que nos vamos a dirigir. Y decir que no nos lo leemos,
o que no nos lo trabajamos, o que en comisión ya nos lo explicaron y no
estábamos atendiendo porque no hemos sido capaces de sintetizar su verdad
—y como les digo, la verdad no la tiene nadie, sino que la tenemos
que encontrar—, prefiero no calificarlo porque, como decía antes el
presidente, este es el foro de la palabra, y en la palabra nos tenemos
que encontrar.


Señorías, todos tenemos que ser conscientes de que
dependiendo de las mayorías y del número de parlamentarios y
parlamentarias que tenemos en este foro podemos aportar más o podemos
aportar menos, pero yo estoy seguro de que todos los presentes tenemos
esa voluntad de mejorar y de hacer mucho mejor las cosas. Yo les digo que
he encontrado algunas enmiendas bastante mejores que las que hemos
presentado nosotros, bastante mejores, y no tengo ningún reparo en
reconocerlo, ninguno. Por eso también las vamos a apoyar, porque entiendo
que sobre la base del trabajo que hemos planteado entre todos y todas
podíamos obtener un texto algo mejor que el que hemos presentado hoy. Es
decir, entre todos entiendo que sumamos más, porque nadie en esta Cámara
tiene la verdad absoluta. Ha ganado, como antes decía, el ponernos
colorados una sola vez.


Sí me gustaría agradecer su presencia a la gente que hoy
nos ha visitado porque tienen una preocupación, y además vienen desde
Euskadi y desde diferentes lugares del Estado, porque









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probablemente lo hayan hecho con la voluntad de encontrar
aquí una mejora del texto que, evidentemente, no ha salido. Por eso
también debo decirles que, como parlamentario, siento no haber sido lo
suficientemente eficaz o lo suficiente convincente para poder trasladar
al grupo mayoritario que con buena voluntad hay determinadas opciones que
podían haber sido muy válidas.


El senador Sanz, en una de sus primeras intervenciones,
hablaba —y hoy también ha salido en la prensa— de que había
una familia que estaba deseando que el proyecto de ley hoy saliese
adelante. Y no tengo ninguna duda, porque probablemente se hayan visto
reflejados en la fotografía o se hayan visto reflejados en el texto que
hoy está aprobando esta Cámara. Estoy de acuerdo pero, ¿cuánta gente
habrá dicho que si hubieran aprobado otro no se hubieran quedado fuera?
En esos también tenemos que pensar.


Como otros intervinientes han dicho, seguiremos tristemente
hablando de este tema porque hoy no se ha solucionado prácticamente nada
con este texto. Lo único que pido es que al menos seamos capaces de ver
la cara y los ojos de esa gente para que nos haga mejorar en actitud para
escuchar al diferente y para escuchar al que no piensa igual que
nosotros, para que entre todos encontremos la verdad, que no tenemos cada
uno de nosotros, porque la verdad la tenemos entre todos los que estamos
aquí y entre los ciudadanos y ciudadanas a las que representamos.


Eskerrik asko. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, cuando interviene el señor Utrera, con ese tono
arrogante y suficiente, siempre tengo la impresión —con otros
portavoces del Partido Popular también— de que ustedes han venido a
redimir España después de la época de desmanes socialistas. La verdad es
que cuando me llevo esta impresión me estremezco, porque en España va
casi todo mal. Después de más de un año de Gobierno del Partido Popular
todo va a peor, especialmente todos los indicadores sociales. El 2012 fue
el peor año en lo que afecta a los desahucios, y los dos decretos a los
que ustedes hacen referencia no han servido para nada, y si no, miren
ustedes las estadísticas de desahucios del 2012.


Yo les pediría un poco más de humildad, porque si ustedes
lo estuvieran solucionando todo, entendería este ninguneo, esta coñita
entre los minoritarios que no entienden nada. No, señor Utrera, aquí el
que no entiende nada es usted, porque hace propuestas que no resuelven
nada.


El señor Utrera también nos decía que los grandes problemas
exigen calma. Mentira. Exigen celeridad y contundencia. Así lo han hecho
ustedes con la reforma laboral, con la reforma financiera o con el plan
de estabilidad. Incomprensiblemente, cuando afecta a algo directamente
relacionado con los más débiles nunca hay celeridad y nunca hay
contundencia; y esta proposición de ley que hoy ustedes nos presentan no
va a resolver el problema. A lo mejor, con algunas medidas que ustedes
plantean, en el plazo de dos años les pueden mejorar las estadísticas de
cara a su próxima campaña electoral, pero el problema no lo va a
resolver.


¿Cuál es el coste reputacional que afecta a los bancos?
Ninguno. A estos bancos que han sido capaces de lanzar las preferentes,
¿ustedes creen que les importa algo la imagen respecto a los desahucios?
Para nada.


Y si se refería a si tengo animadversión a la banca
privada, toda. Solo creo en la banca pública. Es más, creo que la
economía especulativa no aporta nada a la economía real, sino todo lo
contrario, es un grave problema.


Me entristece lo que hoy va a pasar. Imagino que nuestros
invitados van a salir decepcionados con lo que ha sido esta tramitación.
La ILP se ha tergiversado. Les voy a poner un ejemplo, a ver si ahora lo
entienden. ¿Se imaginan ustedes que una mayoría diferente a la suya
cogiera la ILP taurina, la aprobara y su contenido fuera abolir las
corridas de toros? ¿Verdad que no se entendería? Dirían que esa ILP no
fue presentada para eso. Si esa mayoría quería abolir las corridas de
toros tendría que haber hecho un proyecto de ley. Eso es lo que ustedes
están haciendo con esta ILP. Y por ello los senadores de Izquierda Unida
y de Iniciativa hemos propuesto la retirada del resto de enmiendas para
focalizar los votos respecto a la ILP.









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Ustedes dan la espalda a la mayoría de la gente,
especialmente a los que más sufren. La única explicación razonable que
encuentro es que hay una ruptura de los lazos emocionales entre ustedes y
esta gente, y en la votación de hoy, que va a ser una votación muy
negativa para la sociedad, nos plantean qué hacer. Nosotros seguiremos
luchando, seguiremos apoyando a las plataformas de afectados por las
hipotecas, seguiremos trasladando aquí, en el Parlamento, cuantas
iniciativas creamos oportunas. Y todo esto lo vamos a hacer en el marco
de una estrategia que no es una estrategia partidaria, que se puede
resumir —y tomen nota— en que los vamos a desbordar
pacíficamente en la calle, para después derrotarlos democráticamente en
las urnas.


Gràcies per la seva atenció. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Senador Martí, tiene la palabra.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervendré muy brevemente. Senador Utrera, lo que me deja
más perplejo es que se lo cree. Se cree que ningunear una iniciativa
legislativa popular no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna
relevancia, es un mero trámite, un tema absolutamente menor.
Evidentemente, señor Utrera, ningún reglamento dice que si se toma en
consideración una iniciativa legislativa popular hay que seguir sus
presupuestos y su texto en la tramitación. No lo dice ningún reglamento;
lo dice la decencia democrática, señor Utrera. (Aplausos.) Lo dice el
mínimo sentido político.


¿Por qué tomaron ustedes en consideración esta iniciativa,
a sabiendas de que no iban a aceptar nada, cambiando de voto en el último
minuto, por cierto? ¿Por qué? Eso sí es demagogia, señor Utrera. Eso sí
es intentar engañar a la ciudadanía y al pueblo. Y también es menosprecio
a 1 500 000 ciudadanos que se han acogido a este procedimiento en buena
lid, confiando en sus instituciones, en su Parlamento. Y la respuesta que
les hemos dado, gracias a ustedes, es el menosprecio absoluto. Y lo dice
también el sentido político, señor Utrera —ya veo que no tiene
ningún interés en lo que le digo—, porque el futuro de las
democracias contemporáneas va a tener que ver con la participación
directa mucho más allá de las elecciones, nos guste o no nos guste, le
guste a usted o no le guste. La ciudadanía en los países avanzados como
el nuestro, por suerte, cada vez toma más conciencia de su voluntad de
intervenir en las decisiones que le afectan, que afectan a su vida, y la
vivienda, evidentemente, es una de ellas con todas sus consecuencias. Por
eso las iniciativas legislativas populares son un primer paso, un primer
camino hacia este futuro que hay que cultivar. El mínimo sentido político
exige que le prestemos atención, que lo mimemos, que le demos el respeto
y la altura política que se merece. Esto, señorías, se llama gobernanza
abierta, se llama democracia participativa. Y como les digo, es el futuro
que ya está llamando a nuestra puerta. Creo que sería absolutamente
necesario oírlo, hacerle caso y avanzar con él.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.


En esta situación, ante una ley tan importante y sensible
por los argumentos ya explicitados de forma suficiente, nosotros no vamos
a hacer lo que su grupo parlamentario ha hecho hoy en el Parlament de
Catalunya, y es levantarse y abandonar el hemiciclo, no respetando la
voluntad mayoritaria por negarnos la soberanía política en Cataluña.
Aquí, en esta Cámara, se ha aplicado el rodillo y no se ha negociado
nada, pues ustedes se han negado a ello, lo que, en definitiva, hace que
sea una situación deprimente para una sociedad que quiere gozar de un
modelo de justicia social. Hemos intentando hablar, negociar, pero no ha
habido forma, no hemos tenido respuesta, no ha sido posible.


Y nos preguntamos, como han hecho otros portavoces, ¿cómo
es posible que de las 275 enmiendas ninguna haya sido aceptada? ¿Es
posible que el Partido Popular tenga la razón absoluta y el resto de los
partidos estemos equivocados? Se ha hablado aquí mucho de la verdad, de
la razón, de dónde está. La mayoría absoluta no les da la razón absoluta.
Qué oportunidad perdida, qué lástima que apliquen el rodillo a estos
límites y en estas circunstancias.









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Señor Utrera, en la comisión que se celebró para dictaminar
la proposición de ley dijo que estaban mirando las enmiendas una a una y
que las dejaban para el Pleno. Nosotros presentamos un recurso a la Mesa
por el procedimiento, puesto que entendíamos que se requería más tiempo
para el debate por la importancia de las enmiendas, por la importancia de
la ley. Ayer, señor Utrera, le volví a preguntar: ¿Qué hacemos? ¿Cómo
está la situación? ¿Lo dejamos para mañana? Y me contestó: Las estamos
mirando, estamos hablando, no hemos tomado una decisión… El momento
de la verdad ya ha llegado y la situación es esta. Esta ley no puede
tramitarse por el procedimiento de urgencia, por muchas razones que usted
haya dado. No puede ser que de 275 enmiendas ninguna haya podido ser
aceptada para mejorar el texto.


Por tanto, como también se ha dicho aquí, nosotros
continuaremos trabajando en ello porque entendemos que no da satisfacción
a las necesidades del momento y por respeto al millón y medio de personas
que avalaron la iniciativa legislativa popular —por cierto, que no
pudo debatirse en el Congreso de los Diputados, como he dicho antes,
porque se tramitó en comisión con competencia legislativa plena y no se
aceptaron enmiendas en el texto único, como tampoco aquí—. Por
tanto, allá ustedes con su responsabilidad, y esperemos que los
ciudadanos tomen buena nota de lo que hoy ha sucedido aquí.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, he visto aplaudir a las senadoras y senadores del
Grupo Parlamentario Popular la dación en pago. Se queda uno perplejo,
hasta que reflexiona y se da cuenta de que ustedes no estaban aplaudiendo
la dación en pago que entienden los ciudadanos, la que recogía la
iniciativa legislativa popular, que es la que figura en esta
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios y que ustedes
no han querido firmar. Esa es la dación en pago que entienden todos.
Ustedes hablan de dación en pago en lenguaje bancario, y a ese es al que
aplauden.


El portavoz que ha intervenido ha hablado de demagogia
barata de algunos portavoces de los grupos de la oposición. Pues bien,
señoría, esta tarde lo de la demagogia lo tenían ustedes coordinado,
porque en Andalucía también han dicho que el decreto andaluz es máxima
demagogia y mínima efectividad. ¡Con la utilidad que está teniendo su
dación en pago, que vienen aquí a defender y a aplaudir, señorías!: 42
daciones en pago el año pasado —dicho por el ministro de Economía
en este Pleno— sobre 14 200 que se produjeron en España. Para eso
sirve la dación en pago que han aplaudido, para contentar y satisfacer a
los bancos no a las familias que tienen problemas. (Aplausos.)


Y como la tarde la llevan lucida, en Andalucía, después de
escuchar aquí y en los medios que han denostado el decreto andaluz y han
dicho que es inútil, no se han permitido votarlo en contra; se han
abstenido en Andalucía. Quisiera yo saber qué va a hacer el señor Arenas,
si se va a desdoblar y va a abstenerse allí y votar aquí en contra o si
va a votar en los dos lados lo mismo. (Aplausos.)


Y hablando de cifras inútiles y de medidas inútiles,
tenemos otra más que ha citado usted en su intervención anterior. Nos ha
dicho, y además creo que ha utilizado esta expresión: ni de lejos, se van
a utilizar las seis mil viviendas que han puesto a disposición los
bancos. Ni mucho menos. Usted ha insistido en que ni de lejos —o
algo así— se van a utilizar. ¿No deberían preguntarse, señorías del
Grupo Popular, para qué les sirve su Código de Buenas Prácticas, si solo
cuarenta y dos familias lo usan, para qué sirve el fondo social de
viviendas, si nadie, ni de lejos, lo va a utilizar? ¿Es que su
interpretación es que no hacen falta? ¿Me están diciendo que como no los
usan, no hay familias con problemas? ¿Es esto, señorías? ¿No vemos la
realidad? ¿O es que es inútil lo que ustedes han puesto a disposición de
la gente? Esto es como en los colegios: cuando suspenden todos los
alumnos de un profesor, ¿cuál es la conclusión, que son todos torpes o
que el maestro no sabe? Señorías, este Gobierno no sabe. (Aplausos.)


Miren, ahora hay muchas cosas que están mal en este país y
nuestra tarea, así como la de los que vengan después, será seguir
enmendándolo. Yo, como alcalde, alguna vez enmendé lo que ya había
enmendado el anterior alcalde, que también era de mi grupo político. Sin
problemas y sin complejos. Yo creo que hay que resolver los problemas
cuando surgen, mirarlos de frente y tomar









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las medidas que sean necesarias. Ahora es el momento de
tomar medidas para resolver un problema social muy grave. Usted me dice
que antes el banco podía adjudicarse la vivienda por menos. ¿Y qué?
Arreglémoslo. ¿No estamos aquí para eso? ¿Usted cree que lo arregla con
que dentro de dos años el banco pueda quedarse con la vivienda que compre
una familia por 100 000 euros por 52 500? ¿Es eso un arreglo para el
tiempo que nos toca vivir? Pregúntenselo y respóndanselo solos. Ya sé que
no me lo van a decir hoy. Pero estoy convencido de que la mayoría de
ustedes piensan que eso no es justo, que es una barbaridad. No lo van a
reconocer. Pero estoy convencido de que lo piensan. Como pensarían, si
echaran cuentas, que cualquier otro inmueble que no sea la vivienda
habitual, se la va a quedar el banco por el 37,5; que vivimos en el año
2013, que este no es el año 1915, que estamos en otro momento y con otras
leyes. Hagamos las leyes de nuestro tiempo y de los problemas que hay
hoy. Solo necesitamos voluntad. Se lo he dicho esta tarde varias veces.
El problema del Grupo Popular en este momento es no querer, porque poder,
se puede. Las cosas se pueden cambiar. (Aplausos.)


Me gustaría que le quedara claro a todo el mundo por qué
nos oponemos a esta ley. Voy a subrayar cinco elementos que me parecen
sustantivos y que explican nuestra oposición a este proyecto de ley. En
primer lugar, nos preocupa la vivienda habitual de las familias, pero
también los locales de negocio de muchos autónomos, para los que ese es
su medio de vida, y cuando pierden el local, detrás pierden la vivienda.
Por lo tanto, lo que se aplique para la vivienda habitual, también para
el local de negocio. Esta es la primera diferencia que tenemos clara con
este proyecto de ley.


Segunda. Ustedes son conscientes de que no es suficiente
suspender los lanzamientos. Han reconocido que eso va a suponer mayor
deuda para las familias dentro de poco. Aplazar un problema no es
resolverlo. Por eso, estamos en contra de esta proposición de ley. Porque
le ofrece un caramelo a la gente, cuando le está dando un caramelo
envenenado para mañana. Esa es la razón por la que estamos en contra de
este proyecto de ley. Asimismo, porque renuncian a aprobar un proyecto
que contemple una ley de segunda oportunidad que nos está demandando toda
la sociedad. Si una empresa puede llegar a un convenio de acreedores,
¿por qué no puede llegar una familia? Si nos importa que una empresa
pueda negociar y liquidar sus deudas, ¿por qué nos tiene que importar que
una familia las liquide? Dación en pago es que si no hay nadie que se
presente a la subasta, si no hay postores, el banco se queda con la casa
y se acaban las deudas. Eso es dación en pago. Y convenio de acreedores
es poner a una persona, a un tercero, no a una de las partes. Yo no soy
juez y no conozco la legislación, pero no creo que a nadie se le ocurra
poner a una de las partes a dirigir la negociación y las condiciones y
decir que eso es justo. Creo que para eso no hay que estudiar Derecho,
solo hay que tener sentido común y preocuparse un poquito por la gente. Y
eso es lo que ustedes nos están vendiendo hoy cuando nos dicen que el
Código de Buenas Prácticas es obligatorio una vez que está uno dentro,
pero lo dirige el banco, y la entrada es voluntaria y además es temporal
—se acaba a los dos años—. No nos van a convencer de que eso
es firme. Primero, es inútil porque así lo demuestran las cifras. Y
segundo, es injusto porque ponen ustedes a mandar al que más tiene.


Y en el debate de la siguiente ley volveré a repetirlo. Eso
no es justicia, eso no es igualdad, eso es otra cosa. Eso no lo defiendo
yo; yo defiendo otras cosas. Defiendo equilibrar y que todo el mundo
conozca cuáles son sus derechos. Entonces, sí estaríamos hablando de
igualdad. Pero eso no ocurre con lo que se defiende en esta proposición
de ley.


Los socialistas entendemos que es imprescindible hacer un
parque de vivienda social pública. Eso lo vamos a reiterar y repetir
insistentemente. Además, nosotros, a diferencia de ustedes, sí pensamos
que existe demanda social. Sí creemos que las familias, cuando pierden
sus viviendas, no quieren volver con sus familias y llevarse a los niños
con los abuelos. Tampoco tienen que verse obligados a ir al banco a pedir
que le dé una vivienda a un precio que el propio banco considere
oportuno. Creemos que somos nosotros, los legisladores, los que tenemos
que poner los recursos. El Gobierno es el que tiene que poner el parque
de viviendas, y además a un precio razonable. Y tenemos que fijarlo aquí,
en esta Cámara, de ahí las enmiendas presentadas en este sentido. Pero
ustedes no quieren aceptarlas, como no quieren corregir los pequeños
detalles que son muy importantes para muchas familias.


La cláusula suelo es algo que reivindican decenas de miles
de familias. Piden que se elimine porque es injusta y les están dando la
razón los juzgados; ya hay sesenta y seis sentencias que









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señalan que la cláusula suelo es abusiva. ¿A qué esperamos
para cambiarlo? ¿Por qué perdemos hoy la oportunidad de arreglar algo que
está mal? ¿Qué nos atenaza, qué nos pone esposas? ¿Qué nos impide votar
para acabar con la cláusula suelo? Admitan solo esa enmienda. Admitan
alguna, que algunas son de sentido común. Pero ustedes nos dicen, ¿y con
qué van a pagar las enmiendas? ¿Qué dinero hace falta para quitar la
cláusula suelo, 10 000, 20 000 millones? No cuesta nada, solo poner
justicia social. No cuesta dinero, solo la voluntad política de querer
hacer las cosas.


La sociedad nos está examinando en este momento. Nosotros
estamos convencidos de que este proyecto de ley se puede mejorar
notablemente. Con nuestras enmiendas, yo creo que sería un proyecto de
ley sobresaliente. Creo que me he extendido suficientemente en mi
anterior intervención explicando que el Grupo Socialista no pone sobre la
mesa un conjunto de enmiendas, está poniendo un proyecto. Nosotros
tenemos un programa para atender este problema, y lo hemos explicado
suficientemente. Y, desde luego, no supone la quiebra ni de los bancos ni
del sistema. No supone ninguna quiebra. Con su proyecto de ley la nota de
los ciudadanos va a ser suspenso y la del Gobierno, muy deficiente.


Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.—Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bravo!)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Permítanme que empiece mi intervención recomendándole al
señor Fernández Ortega, al portavoz socialista, que haga dos llamadas de
teléfono, que se ponga en contacto con dos personas. Una de ellas es
portavoz socialista en el Parlamento Europeo, Antolín Sánchez Perseiro.
Supongo que le conocerá. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: Presedo.) Sí, Antolín Sánchez Presedo, que en
la Comisión que ha dictaminado este proyecto de directiva de la Unión
Europea en relación con las hipotecas y con la defensa del deudor
hipotecario ha apoyado —repito que es portavoz del Partido
Socialista en el Parlamento Europeo— exactamente, bueno, no
literalmente pero sí concretamente, los elementos que están incluidos en
este proyecto de ley. (Rumores.) Sí, la negociación entre las partes y la
vinculación de la dación en pago a esa negociación… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor UTRERA MORA: …a la conveniencia de que esa
negociación se realice, por supuesto, de acuerdo con el Tribunal de
Justicia Europeo y a que los deudores y también los jueces de oficio
puedan en todo momento oponerse a las ejecuciones siempre y cuando haya
causa justa necesaria para ello, y en este caso siempre y cuando haya
alguna cláusula que se considere abusiva.


Todo eso ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, todo
eso, con el apoyo del Partido Socialista, y es sorprendente y recurrente
por otro lado —nos tiene acostumbrados—, que el Partido
Socialista diga cosas distintas en cada uno de los sitios donde está
(Protestas.). Dice cosa distinta en el Parlamento Europeo, cosa distinta;
cosa distinta aquí en el Senado y cosa distinta en Andalucía. Y aquí
viene la segunda llamada, señor Fernández Ortega, que le sugiero que haga
usted, concretamente al alcalde de San Juan del Puerto, población de
Huelva —este no es portavoz suyo—, que solicita a la Junta de
Andalucía que ponga a su disposición varias viviendas para familias en
riesgo de exclusión social, las viviendas que tiene cerradas la Junta de
Andalucía en su localidad, repito, San Juan del Puerto. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor UTRERA MORA: La Junta dice que son exactamente
cinco viviendas —la Junta dice que son exactamente cinco viviendas.
Da respuesta y yo creo que se agradece que la dé: cinco viviendas—,
y como la Junta no accede a la solicitud del alcalde, este le comunica
que si en un plazo breve no lo hace, a tenor precisamente del decreto de
expropiaciones, el ayuntamiento va a









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proceder a la expropiación de las cinco viviendas propiedad
de la Junta que están desocupadas, vacías y cerradas. (Rumores.)


Entonces la Junta contesta —y eso se lo puede usted
preguntar, como digo, al alcalde de San Juan del Puerto— diciendo
que las pone a disposición —ahora sí las pone a disposición porque
se las pueden expropiar— y que las condiciones son, para cada una
de ellas 400 euros de renta mensual —400 euros, repito—,
personas con riesgo de exclusión social, 400 euros de renta mensual;
tener una nómina —personas en riesgo de exclusión social, tener una
nómina—; aportar un aval —una persona en riesgo de exclusión
social tiene que aportar un aval— y además abonar dos meses por
adelantado. (Aplausos.)


Este es el tipo de demagogia que el Partido Socialista
utiliza de forma recurrente, repito: mensajes distintos en distintos
lugares. En el Parlamento Europeo se actúa con más sensatez, entre otras
cosas porque se pertenece a grupos más amplios, en este caso los
socialistas europeos, que no consienten que alguien haga un discurso como
los que aquí se han hecho esta tarde, como algunos de los que se han
hecho aquí esta tarde (Rumores.), y por tanto hay que hacer algo un poco
más sensato, más apañado. (Protestas.) Pero es que en los contenidos ese
proyecto de directiva es bastante similar, e incluso en algunos apartados
muy similar, muy similar a la proposición de ley que vamos a votar
seguidamente, las enmiendas y el texto actual. Por otro lado, también
tenemos este mensaje de buenismo en las palabras, buenismo parlamentario,
pero luego en la vía de los hechos, las expropiaciones para otros. La
conclusión es esa.


El propio Defensor del Pueblo de Andalucía nos dice que se
movilice primero el parque vacío de viviendas de la Junta, como nosotros
decimos que se van a movilizar las viviendas de las entidades
financieras, y usted de nuevo no ha entendido bien la proposición de ley.
(Rumores.) Ese parque de viviendas, transcurridos los primeros meses
—repito, transcurridos los primeros meses—, estará abierto no
solamente a quienes en riesgo de exclusión cumplen los requisitos de la
proposición de ley, sino a cualquier otro que también esté en situación
de potencial exclusión social. Por eso no le extrañe a usted que yo
dijera que de momento esta oferta de 6000 viviendas es más que
suficiente. Usted dice que es porque hay muy pocos casos que se acogen al
código de conducta, pero en la propia proposición de ley se dice que hay
que hacer publicidad del código de conducta.


Usted está dando los datos del primer semestre de
aplicación del código de conducta —repito, primer semestre—,
pero ahora ya ha transcurrido otro semestre más y los datos serán
sustancialmente diferentes, aunque no los tenga aquí ahora. Es decir, el
código de conducta se va a ir ampliando a todos los casos que presenten
la situación que hemos descrito ahora. Es una buena solución que va a
alcanzar a más de 100 000 familias, 120 000 según las estimaciones de las
que se dispone. Lógicamente, tendremos que ponernos de acuerdo en el
futuro sobre la información hipotecaria, porque hay que mejorar la
información sobre ejecuciones hipotecarias, y cómo se resuelven, pero, en
cualquier caso, el parque de viviendas puesto a disposición de quienes
pierdan la suya por un desahucio se estima suficiente, al menos durante
un buen período, aunque posteriormente, como les he dicho, tendremos que
seguir hablando porque este es un problema grave, un problema que va a
perdurar en el tiempo, de la misma forma que perdura en el tiempo la
situación de desempleo y de la misma forma que está perdurando en el
tiempo una crisis económica que tiene a la inversión y a la economía
atenazadas. En esto llevamos ya varios años, así que no pretendan ustedes
que en cuestión de meses se puedan resolver estos problemas.


Señor Bildarratz, aquí no estamos buscando la verdad; en
este hemiciclo no se trata de buscar la verdad intrínseca de los hechos,
lo que estamos haciendo es identificar problemas, diagnosticarlos y dar
soluciones posibles. Por tanto, en primer lugar, hay que identificar el
problema y conocerlo; en segundo lugar, proponer soluciones; y, en tercer
lugar, estudiar la posibilidad, la efectividad y la disponibilidad para
poner en marcha esas soluciones. Y sobre esa base y con esa información,
se conforman unas propuestas, como las que figuran en esta proposición de
ley. De nada sirven exposiciones puramente descriptivas sobre la bondad y
lo que se podría alcanzar si las cosas se hicieran dentro de una
hermandad general. Precisamente, esa búsqueda de la verdad, en teoría, es
justamente lo que no debe hacerse desde una tribuna, permítame que se lo
diga con todo el respeto.









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El portavoz de Convergència i Unió, señor Alturo, dice que
por deferencia a esta Cámara no se retiran, y no sé por qué tendrían que
retirarse. (Rumores.—El señor Alturo Lloan pronuncia palabras que
no se perciben.) Bueno, pero eso es diferente.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


Vaya terminando, señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.


No conozco las circunstancias concretas pero, como he dicho
varias veces y repito hoy, ustedes están ahora inmersos en un delirio del
que no salen, y por esa razón —y no quiero hacer juicio de
intenciones— ustedes están actuando de forma como mínimo
desordenada.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: No disponemos de tiempo, pero
podríamos ir analizando sus enmiendas una a una y verían que esas
enmiendas no tienen cabida en esta proposición de ley, porque no la
tienen, y esa es la razón por la no se aceptan. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.


Termine, senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Por otro lado, como sabe, he hablado
con usted esta mañana para decirle que se han estudiado todas las
enmiendas pero que, al final, no veíamos contenidos razonables para
poderlas aceptar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a
esta proposición de ley.


Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. Votamos las
enmiendas números 3, 7, 8 y 9.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas de la senadora
Capella. En primer lugar la enmienda número 33.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239; a favor, 10; en contra, 210; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 34 a 37.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


También del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Eza
Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, votamos la enmienda
número 38.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 8.









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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 39 a 41.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 42.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 6; en contra, 225; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la enmienda número 43.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 19; en contra, 213; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco comenzamos votando las
enmiendas números 45 y 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 44, 47, 48, 53 y 57.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 49 a 51.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 27; en contra, 210.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 52.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 18; en contra, 146; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 54 a 56.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando
las números 66, 68, 69 y 70.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 5.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 196.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos las enmiendas números 134, 135, 146
a 154, 156 a 159, 161, 163 a 167, 169, 170, 172, 174, 176 a 191, 193 a
195, 197 a 199 y 202 a 204.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 86; en contra, 145; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 175.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 155, 162 y 200.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 136 a 145, 168, 171, 173, 192
y 201.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 83; en contra, 144; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, comenzamos votando las enmiendas números 94, 95, 98, 107, 111, 115,
117, 122, 124, 125 y 127.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 145; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 99 y 100.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 90; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 101.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 93; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 104.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 88; en contra, 148.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 106, 109 y 118.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 145; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 108.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 110.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 93; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 112 y 113.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 94; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 129.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 208; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 130 a 133.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 89; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 93.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 236; a favor, 25; en contra, 146; abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 103 y 105.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 29; en contra, 143; abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 121.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 27; en contra, 146; abstenciones, 64.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas número 126 y 128.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 23; en contra, 206; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas número 96, 97, 102, 114, 116, 119,
120 y 123.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 22; en contra, 210; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando la
enmienda número 267.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 205, 216 a
225, 227, 229, 230, 232, 235 a 238, 240, 241, 243, 245 a 255, 257 a 262,
264 a 266, 268 a 270 y 272 a 274.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas número 226, 233, 256 y 271.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 82; en contra, 149; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 206 a 215, 228, 239, 242,
244, 263 y 275.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Señorías, finalmente votamos en un solo acto la proposición
de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 238; a favor, 142; en contra, 94; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la proposición de ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. (Los señores senadores del Grupo Parlamentario
Socialista, puestos en pie, se dirigen a la tribuna del público, cuyos
ocupantes muestran pancartas con lemas.)


Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las
tribunas de público, por favor. (Protestas en la tribuna del público, que
es desalojada.)









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7.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY
16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)


COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.


(Núm. exp. 621/000032)


El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación el
proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.


En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de los
senadores Quintero y Zerolo.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 141; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas de los senadores
Iglesias y Mariscal. En primer lugar, la número 2.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor, 64; en contra, 154; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 3.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 4; en contra, 225; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 4.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 67; en contra, 163.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Votamos a continuación la enmienda número 5.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 6 y 7.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 4; en contra, 168; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 8.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 79; en contra, 150; abstenciones, 1.









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El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos la enmienda número 9.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 80; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos la enmienda número 10.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 67; en contra, 150; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 11.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 226; a favor, 79; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 12.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 63; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco comenzamos
votando las enmiendas números 17 y 19.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 24; en contra, 206.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 13 a 15.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 16, 20 y 21.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 70; en contra, 146; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 18.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 83; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De las enmiendas Grupo Parlamentario Entesa comenzamos
votando la enmienda número 38.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 67; en contra, 149; abstenciones, 13.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 39.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 5; en contra, 223; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 40.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 158; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 41 y 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 42 y 43.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 4; en contra, 167; abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 44.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 45 y 47.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 48.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 68; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 49.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 50.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, 13.









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5466




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 51, 54 y 56.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 63; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las numeroso 52, 55, 60 y 62 a 64.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 79; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 53.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 58 y 61.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 81; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 59.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 146; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, comenzamos votando las enmiendas números 65,
69 y 70.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 25; en contra, 204; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan por tanto rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 66 y 68.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 87; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 67 y 71.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 25; en contra, 203.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 72.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 143; abstenciones, 2.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
comenzamos votando las enmiendas números 22, 25, 28, 33 y de la 35 a la
37.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 23.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 71; en contra, 145; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 24, 27 y 29.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 63; en contra, 165.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 26.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 80; en contra, 145; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 31 y 34.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 80; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 32.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 81; en contra, 144; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas 73, 76, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor, 61; en contra, 165; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, aquellas
partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 149; en contra, 1; abstenciones, 80.


El señor PRESIDENTE: Quedan por tanto aprobadas.


Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el resto
del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 150; abstenciones, 78.









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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S.M. el rey.


7.1.3. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y
FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS.


COMISIÓN: FOMENTO


(Núm. exp. 621/000027)


El señor presidente da lectura al punto 7.1.3.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la senadora Pan. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia).


La señora PAN VÁZQUEZ: Señor presidente, señorías, como
presidenta de la Comisión de Fomento me corresponde el honor de presentar
ante el Pleno del Senado el dictamen de esta comisión sobre el proyecto
de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler
de viviendas de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la
Cámara.


El texto de este proyecto de ley remitido por el Congreso
de los Diputados tuvo entrada en el Senado el 12 de marzo de 2013,
abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas que expiraba, en
principio, el 25 del mismo mes y que fue prorrogado hasta el día 2 de
abril.


Al proyecto de ley se presentaron cinco propuestas de veto.
La propuesta de veto número 1 corresponde a los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. La
propuesta de veto número 2, a la senadora Capella i Farré, también del
Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por
favor.


La señora PAN VÁZQUEZ: La propuesta de veto número 3, a los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya. La propuesta de veto número 4, a las senadoras
Almiñana Riqué y Sequera García y a los senadores señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos
ellos pertenecientes asimismo al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya. Y la propuesta de veto número 5 al Grupo Parlamentario
Socialista.


Además de estas propuestas de veto, se presentaron 136
enmienda al articulado, distribuidas del siguiente modo: Enmiendas
números 1 a 17, inclusive, presentadas conjuntamente por los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario
Mixto. Enmiendas 18 a 39, inclusive, y enmiendas números 95 a 98,
inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Enmiendas números 40 a 66, inclusive, presentadas por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas números 67 a 94,
inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió. Enmienda 99 a 105, inclusive, presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Enmiendas números 106 a 136,
inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.


La Comisión de Fomento designó para informar este proyecto
de ley una ponencia compuesta por los senadores don Tomás Pedro Burgos
Beteta, don Jorge Ibarrondo Bajo y don Jaime Mateu Istúriz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; don José María Becana Sanahuja y don
Juan Manuel Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista; doña
Montserrat Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; don Carlos Martí Jufresa, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Miren Lore
Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; y don Narvay Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario
Mixto.


Tras deliberar acerca de las enmiendas presentadas, la
ponencia, por mayoría, con el voto favorable de los ponentes
representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, acordó
incorporar al texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los
Diputados las enmiendas números 99 a 104, inclusive, presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así









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como las enmiendas números 86 y 87, presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


En cuanto a la enmienda número 105, presentada asimismo por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a iniciativa de los ponentes
representantes de este último, la ponencia acordó unánimemente no
incorporar su texto al texto del proyecto de ley, manteniendo, sin
embargo, esta enmienda para su consideración y debate en la comisión.


Las restantes enmiendas presentadas al proyecto de ley no
fueron aceptadas por la ponencia por mayoría, con el voto en contra de
los ponentes representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En consecuencia, se mantuvieron para su debate en la comisión. No
obstante, y por razones estrictamente jurídicas, la ponencia acordó por
unanimidad solicitar al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado que el
texto de las enmiendas números 33, 36, 37 y 38 fuera formulado nuevamente
por dicho grupo para su debate en comisión, lo cual fue oportunamente
llevado a cabo por aquel.


El debate del proyecto de ley en la Comisión de Fomento
tuvo lugar el pasado día 22 de abril. En él se debatieron, en primer
lugar, las cinco propuestas de veto presentadas, que fueron rechazadas en
las correspondientes votaciones. Asimismo en dicho debate se introdujeron
diversas modificaciones en el texto del proyecto de ley que figura como
anexo al informe de la ponencia. A la vista de la aceptación por esta
última, por mayoría, en el curso de una interrupción del debate en
comisión, por una parte, de la enmienda de corrección a la redacción del
artículo segundo del proyecto de ley resultante de la incorporación de la
enmienda número 87, volviendo a la redacción anterior de este artículo
remitida por el Congreso de los Diputados, y por otra, de la enmienda
transaccional sobre la enmienda numero 105, incorporando una nueva
disposición adicional al proyecto de ley con el número segundo…


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.


La señora PAN VÁZQUEZ: …estas dos enmiendas fueron
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo previsto
en el artículo 116.2 del Reglamento de la Cámara.


Como resultado de lo expuesto, el dictamen que ahora se
presenta ante el Pleno ha modificado el proyecto de ley remitido por el
Congreso de los Diputados en lo referente a las enmiendas que les he
comentado anteriormente.


Como conclusión de los trabajos de la comisión en relación
al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de
alquiler de viviendas, el dictamen que ahora se presenta contiene
finalmente un preámbulo con tres epígrafes; un artículo primero con
veinte apartados, modificando los artículos 4, 5, 7, 9 a 11, 13 a 20, 23
a 25, 27, 35 y 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos…


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, resuma.


La señora PAN VÁZQUEZ: Sí, termino, señor presidente.


Y un artículo segundo con siete apartados, modificando los
artículos 22, 164, 220, 440, 497, 549 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, ha
transcurrido más del 50% del tiempo que le corresponde.


La señora PAN VÁZQUEZ: Perdone, señor presidente.


Creo que he dicho lo fundamental del texto de la ponencia.
Y espero que ahora, en el turno que les corresponde a los portavoces,
ellos mismos se encarguen de aclarar el resto y cómo ha quedado el
informe de la ponencia y el dictamen de la comisión.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


La propuesta de veto número 1 está presentada por los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal
Cifuentes.









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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias.


Señorías, buenas noches ya.


Izquierda Unida presenta un veto a este proyecto de ley de
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas porque desde nuestro punto de vista pretende fomentar el
alquiler de las viviendas bajo la premisa de que tenemos un mercado de
alquiler disfuncional, inflexible y que no ofrece seguridad jurídica al
propietario de la vivienda. En nuestra opinión, con esta ley se da un
bandazo legal, ya que la solución a esta supuesta disfuncionalidad e
inflexibilidad es fomentar aún más la precarización del alquiler y
entregar todo a la flexibilidad del mercado para resolver los graves
problemas residenciales que existen hoy en la sociedad española. Es
decir, creemos que incentiva la especulación.


Hay varios motivos concretos por los cuales presentamos
este veto y que forman parte de los contenidos de dicho proyecto de ley.
Por ejemplo, que el presente proyecto de ley pretenda que el límite legal
para prorrogar de manera opcional al inquilino a partir del primer año
las condiciones del contrato de una vivienda alquilada se reduzca de 5 a
3 años y la prórroga forzosa de 3 a 1, lo que puede convertir el alquiler
en una opción meramente temporal. En segundo lugar, la acentuación de la
debilidad del inquilino al conceder el carácter prioritario a la voluntad
de las partes —lo hace al permitir la negociación anual de la
renta, sin sujeción al índice de precios al consumo—. En tercer
lugar porque permite que las partes puedan negociar la pérdida del
derecho de adquisición preferente por el inquilino. En cuarto lugar por
forzar al inquilino a inscribir su contrato en el Registro de la
Propiedad si quiere tener seguridad jurídica, con el nuevo gasto que esto
pueda provocar. Y en quinto lugar porque se reducen las garantías
judiciales de los arrendatarios con el argumento de facilitar el
desahucio con la mayor agilidad posible. Algo inaudito, en el momento en
que se fije la vista, se fija el desahucio; es como la justicia militar,
se fija el día del juicio y el día del fusilamiento. Pues algo muy
parecido sucede con este proyecto de ley.


Hay varios argumentos que tienen que ver con el papel de
las SOCIMI, artículos que fueron suprimidos en la tramitación del
Congreso—. Aun así creemos que es la legalización de unas entidades
que van a ser tremendamente insolidarias en su fiscalidad con el conjunto
de los gastos necesarios del Estado, con unas ventajas fiscales muy
parecidas a las que tienen las SICAV, y que van a permitir la entrada en
el mercado inmobiliario de fondos especulativos y de fondos que,
efectivamente, puedan fomentar, como es el objeto de esta ley, la
especulación con el alquiler y generar una burbuja en torno al sector del
alquiler en nuestro país. Creemos que la solución no pasa por crear
empresas de carácter especulativo.


Para concluir, quiero manifestar que estamos absolutamente
en contra de que este proyecto de ley cree un registro de sentencias
firmes por impagos de rentas de alquiler, que tengan acceso los
propietarios a un listado de morosos y que el plazo de permanencia en
dicha lista sea de hasta seis años. Creemos que esto es un desequilibrio.
En ningún momento, la ley se plantea crear un registro de arrendadores o
de caseros que sean incumplidores o insolidarios con la función y con las
obligaciones que en esta ley se contemplan, y creemos que este asunto del
registro de morosos es un aspecto que ilustra bastante bien el
desequilibrio entre arrendador y arrendatario en este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


No agotaré todo el tiempo, pero quiero decir, en primer
lugar, que este sistema de trabajo parlamentario no es bueno. Son ya las
9.30, y lo digo porque para los grupos pequeños esto es un estrés
tremendo. La Mesa puede ir cambiándose, los grupos grandes pueden tener
más portavoces, pero para los grupos pequeños, como digo, es un gran
estrés. No creo que pasara nada si nos quedáramos el jueves por la mañana
y así tendríamos tiempo suficiente para debatir mucho mejor. Esta es mi
opinión; evidentemente, es la opinión de un senador que pertenece a una
minoría dentro de un grupo ya minoritario.









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Señorías, con este proyecto de ley, el señor Carlos Martí
nos decía en la reunión de grupo que la anterior proposición de ley no
ayudaba a mejorar un problema; este proyecto de ley empeora la situación
legal que había hasta ahora en todo lo que afecta al alquiler. Es un
proyecto de ley muy importante, a mí entender, muy negativo, y esto
justifica los argumentos de este veto que presentamos el senador Saura y
yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds. Es evidente que al leer
el proyecto de ley se repite lo de siempre: donde está la propiedad, está
el Partido Popular a su servicio. Y esta ley es una nueva confirmación de
esta aseveración.


En primer lugar, España tiene un reducido parque público de
alquiler, con menos del 1% del total frente al 30% de media existente en
los países de nuestro entorno. Las diferentes políticas y legislaciones
de los últimos años nos sitúan muy por debajo de la media europea para
cubrir la necesidad de vivienda mediante el alquiler. Las políticas
públicas de vivienda siempre han estado orientadas al fomento e impulso
de la compra, dejando de lado las políticas activas que deben propiciar
de manera regulada y estable el acceso a la vivienda mediante el
alquiler.


La primera pregunta sería plantearnos si es necesario
fomentar el alquiler. Yo creo que sí. La crisis lo exige. Las
dificultades que habrá cada vez más para poder acceder a la compra de las
viviendas nos deberían orientar a políticas reales de fomento, de impulso
de la vivienda de alquiler. ¿Sirve este proyecto de ley para el fomento
del alquiler? Creo que no, sinceramente.


Antes de entrar en los aspectos concretos que presenta el
proyecto de ley, señorías, deberíamos resolver un interrogante. ¿La
vivienda es un derecho o un bien? ¿Tenemos todos derecho al acceso a una
vivienda digna o solo está reservado a aquellos que se lo puedan pagar,
ya sea de compra o de alquiler? Y esta no es una pregunta baladí. Si se
entiende que la vivienda es un derecho, como recoge nuestra Constitución,
y si se entiende que los problemas de acceso tienen una dimensión social,
la conclusión es que este proyecto de ley no garantiza el acceso de todos
a la vivienda ni fomenta e impulsa el acceso mediante el alquiler.


¿Qué nos propone el Gobierno con este proyecto de ley? Con
la excusa de corregir las disfuncionalidades y rigideces del mercado de
vivienda de alquiler y para garantizar una mayor seguridad jurídica a los
propietarios nos plantean, en primer lugar, favorecer los intereses de
los sectores financieros e inmobiliarios a costa de precarizar aún más
los derechos de los inquilinos frente a los arrendadores.


En segundo lugar, bajo la falsa premisa de la libertad de
pactos, se subordinan los intereses de los inquilinos frente a los
arrendadores.


En tercer lugar, para asegurar aún más a los propietarios,
pasamos del desahucio exprés, que se aprobó, si no recuerdo mal, en la
primera legislatura del presidente Zapatero, al desahucio que podríamos
llamar megasuperexprés. Es decir, que con esta ley los desahucios aún
serán mucho más rápidos y sencillos. En cuarto lugar, se reduce la
duración mínima de los contratos de cinco a tres años y las prórrogas, de
tres a un solo año, lo que convierte al alquiler en una opción meramente
temporal, y, así, evidentemente no se fomenta aquel. En quinto lugar, el
incremento de los precios ya no se regula según el IPC. Y, en sexto
lugar, desaparece la adquisición preferente por parte del inquilino, y la
única manera de garantizar su seguridad jurídica es que este inscriba su
contrato en el Registro de la Propiedad.


Esta ley, de ser aprobada en sus actuales contenidos, no
solo no conseguirá fomentar el mercado del alquiler como respuesta al
problema de acceso a la vivienda, sino que lanzará el mercado de
viviendas vacías hacia sectores especulativos a los que se conceden
enormes ventajas fiscales, financieras y legales. Por ello, se elimina el
gravamen especial sobre bienes inmuebles, que es el 3% del valor
catastral, de entidades no residentes. Se flexibilizan los criterios que
permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de
viviendas en el impuesto sobre sociedades, lo que fomentará las
sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria.


Como conclusión, este proyecto de ley fomenta la
financiarización del sector de la vivienda de alquiler mediante el
estímulo de estos instrumentos de inversión inmobiliaria. Otra ley en la
que las personas, los derechos y necesidades de los ciudadanos y
ciudadanas no se tienen en cuenta.


Señorías, para terminar, como he dicho en el anterior
debate, hoy la principal inmobiliaria es el Estado. Creo que a partir de
todos los instrumentos y bienes inmuebles que tiene en sus manos el
Estado habría que crear y potenciar un parque público destinado al
alquiler a precio protegido en









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colaboración con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Y esto no es ningún brindis al sol. Esto es posible y
tendría una gran utilidad social.


Estas son las razones por las cuales el senador Saura y yo
presentamos este veto a este proyecto de ley.


Gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Guillot.


Pasamos a la Propuesta de veto número 4 de la senadora
Almiñana, el senador Boya Alós, el senador Bruguera, el senador Martí, el
senador Montilla, el senador Sabaté y la senadora Sequera.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.


Buenas noches, señorías. La ley que vamos a debatir ahora
mismo va a pasar, como las pruebas atestiguan, de una forma casi
desapercibida, a rebufo mediático de la ley que hemos discutido
anteriormente. Y, si la ley anterior no arreglaba absolutamente nada y
era una oportunidad perdida, esta ley de medidas para la flexibilización
y el fomento del mercado de alquiler de la vivienda es un gran error, es
un retroceso claro, explícito, en las condiciones actuales del régimen de
alquiler.


Por tanto, señorías, la suma de lo que, desgraciadamente,
hemos aprobado hace unos minutos más lo que establece este proyecto de
ley, en este caso, es un cóctel auténticamente explosivo frente al
derecho a la vivienda. Donde había ciertas condiciones para el acceso y
el mantenimiento de la vivienda hasta hace muy poco, dentro de unos días
van a quedar cercenadas, absolutamente disminuidas.


Por eso, los senadores socialistas de la Entesa presentamos
también este veto, esta enmienda a la totalidad, que quiere ser más que
nunca una enmienda de devolución. Nos parece que esta ley, más que una
ley de fomento del alquiler, es una auténtica ley antialquiler.


La verdad es que ahora, cuando el acceso a la vivienda por
la vía de la compra es más difícil que nunca por la disminución de la
renta y de las expectativas —de la renta de muchas de las familias
y por la imposibilidad de acceder al crédito, incluso, como sabemos
perfectamente, en viviendas de protección oficial—, es el momento y
tenemos la oportunidad de reequilibrar de manera clara y determinante el
mercado de la vivienda en nuestro país, potenciando a fondo el alquiler.
¿Qué quiere decir esto, señorías? Quiere decir que hay que conseguir
realmente una entrada masiva de las clases medias en régimen de alquiler,
en particular de las nuevas familias, y garantizar al mismo tiempo el
amparo a los que difícilmente van a poder o pueden acceder a la compra
para tener una vivienda digna. Esto es apostar por el alquiler: conseguir
estos dos objetivos.


Desgraciadamente, este proyecto de ley hace lo que no debe
para conseguir estos objetivos y no hace lo que debería para
conseguirlos. Hace lo que no debe porque, como se ha dicho —y creo
que es objetivo irrefutable—, precariza los contratos reduciendo su
duración y facilitando la rescisión unilateral por parte del arrendador
en base a múltiples cambios que al final van a alejar a muchas personas
del alquiler y castigan a los que solo pueden alquilar, con la vergüenza
añadida de la nueva lista de morosos. Sé que tiene otro nombre, pero no
deja de ser una lista de morosos que intenta perpetuar la vergüenza sobre
aquellos que no han podido pagar por alguna circunstancia el alquiler y
que van a quedar inscritos en este registro durante seis años.


Pero, además, con la ya famosa enmienda 105 esta ley acaba
de sabotear lo poco y lo paupérrimo que el raquítico nuevo Plan de la
vivienda 2013-2016 apostaba por el alquiler, en particular por el
alquiler social, por el alquiler en promoción pública o privada pero con
carácter social.


A su vez, como he dicho, esta ley no hace lo que debería,
no toma las medidas que realmente en todos los países europeos que nos
preceden desde hace muchos años en el fomento, de verdad, del alquiler
han tomado de manera determinada. Me refiero, evidentemente, a la
fiscalidad sobre el alquiler de viviendas habituales para arrendadores,
particulares e incluso inversores, y muy especialmente y también para
arrendatarios. Esta fiscalidad, que fue promovida y aumentada en los
últimos años, merece, para realmente conseguir los objetivos de los que
hablábamos antes, de un impulso mucho más determinado y potente. A su
vez, no debería reducir las ayudas al alquiler social, que son en último
término la garantía del derecho a la vivienda.









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En definitiva, señorías, en este caso, frente a una buena
herencia recibida —lo siento, pero me parece algo absolutamente
indiscutible y sus propios datos lo avalan, del 10 al 17% en cuatro años
de ciudadanos en régimen de alquiler en las viviendas—, a partir de
programas de estímulo potentes puestos en marcha en un contexto de
hipervaloración de la propiedad y de la compra y absolutamente a
contracorriente de los mercados en la situación general, si ahora se
aplicaran, se mantuvieran y se aumentaran, podríamos tener este cambio
estructural de la tenencia de viviendas en nuestro país; evidentemente,
no a corto plazo, pero sí empezar una senda rápida de crecimiento para
conseguirlo a medio plazo. Aprovechemos lo poco, poquísimo, de positivo
que pueda tener esta circunstancia, cojamos al vuelo esta oportunidad
para avanzar en esta dirección.


En definitiva, señorías, esta ley no beneficia en nada al
alquiler, a su fomento y, en cambio, perjudica y mucho en particular el
alquiler social y la posibilidad de alquiler por parte de los jóvenes en
su acceso a la primera vivienda y, sobre todo, perjudica
incomprensiblemente a los 2 093 000 hogares en los que ya las familias
viven en régimen de alquiler.


Sinceramente, se lo dije al secretario de Estado y lo
vuelvo a decir hoy, no entiendo, no consigo entender cómo ustedes pueden
pensar que con esta ley va a aumentar, ni siquiera unas décimas, el
alquiler en España. Me temo que una vez más vamos a tener que asistir
dentro de unos meses a un proceso de rectificación en este campo tan
sumamente delicado y tan estratégico como es el de la vivienda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


A continuación pasamos a la propuesta de veto número 2,
presentada originariamente por la senadora Capella i Farré, siguiendo el
orden que corresponde a su vez a la presentación en el Registro del
Senado.


Tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas noches.


En los debates sectoriales sobre el futuro de las políticas
de acceso a la vivienda una parte del sector continúa defendiendo que los
tres ejes o vectores que configuran la problemática en materia de
vivienda son, por un lado, la problemática de las ejecuciones
hipotecarias —nos hemos referido a ello toda esta tarde,
irresoluble porque ustedes desoyen sistemáticamente las propuestas de
solución que se les plantean—, el stock de viviendas acabadas
difíciles de vender y la financiación. Es decir, que para una parte
importante del sector el problema continúa siendo básicamente de quien
ostenta la propiedad de la vivienda y de acceso a la propiedad.


El Gobierno español efectúa un análisis correcto, si bien
luego yerra en el tratamiento, es decir, buena diagnosis, nefasto
tratamiento. ¿Retos sobre los que debería intervenir la Administración de
forma eficiente? La reversión de la actual balanza del parque de vivienda
en propiedad o alquiler, de manera que debería aumentar el alquiler y la
rehabilitación del parque de stock de viviendas existentes con el
objetivo de hacer entrar en el mercado nueva oferta de vivienda a través
de la rehabilitación y conseguir la mejora de la eficiencia energética
reduciendo así la emisión de gases y el efecto invernáculo.


Para revertir la balanza a favor de la vivienda de alquiler
hace falta trabajar con herramientas o instrumentos legislativos que
generen garantía de estabilidad y garantía de perdurabilidad del modelo.
Estas herramientas no son exclusivas de la Administración, es necesario
implicar al conjunto de la sociedad, es necesario que la Administración
incentive determinadas políticas, medidas fiscales que promuevan la
rehabilitación y la dotación de viviendas de alquiler, el fomento de la
creación de cooperativas de arrendatarios y propietarios, la transición
de los actuales modelos de propiedad y alquiler hacia modelos más
flexibles y con diversas o múltiples opciones, fomentar la participación
activa del tercer sector como gestor del parque de viviendas, tanto de
las viviendas de protección social como de los stocks de vivienda
provenientes de sectores cooperativos. Así pues, las medidas deben ir
dirigidas a arrendatarios y propietarios diferenciando en estos últimos a
los pequeños propietarios de las grandes corporaciones.


Nada de todo esto se propone en el proyecto de ley de
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas. Este proyecto de ley está marcado por su ideología y por el
reduccionismo, sin método científico y no aborda la complejidad de la
gestión, siendo esta fundamental para poder afrontar una problemática de
tanto alcance como es la vivienda. Se trata









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de una ley hecha por mentes simples que lo reducen todo a
pensar que esto es una historia de buenos o malos.


¿Qué objetivo debería perseguir la ley? Debería perseguir
el alquiler y no lo contrario. El fomento del alquiler es posible, entre
otras cosas, dando elementos de seguridad a los arrendatarios como
podrían ser la estabilidad en los precios, la estabilidad temporal, la
claridad en las cláusulas de derechos y obligaciones. Esta ley no avanza
en nada de eso, todo lo contrario, añade incertidumbre en cuanto a la
actualización económica del alquiler, en el tiempo de duración del
contrato de alquiler y facilita mucho más el que ya se denomina desahucio
exprés; en cambio, sorprende que no incorpore nuevas cláusulas de
garantía que eviten condiciones o cláusulas abusivas que garanticen o
aseguren la habitabilidad o las reparaciones. De nuevo la balanza se
decanta a favor de los propietarios —es mejor decir los grandes
propietarios— y en perjuicio de los arrendatarios.


En cuanto a la duración del contrato, desaparece la
prórroga obligatoria de los 5 años de alquiler, que queda reducida a 3 y
el propietario siempre podrá recuperar la vivienda sin tener que agotar
el plazo pactado en el contrato de arrendamiento, alegando necesidad
familiar y procediendo a indemnizar al arrendatario con un mes del
importe de la renta del alquiler por año pendiente de finalización del
contrato; y la prórroga forzosa pasa de 3 a 1 año.


Incorpora trámites burocráticos para defender derechos. Se
discrimina el derecho en función de si el contrato de alquiler está o no
registrado, trasladando la responsabilidad del registro al arrendatario,
quien además ha de abonar de su bolsillo la inscripción en el registro.
Si el contrato no se registra el arrendatario se expone al desahucio en
el supuesto de ejecución hipotecaria y, en caso de venta de la vivienda,
el arrendatario no tiene derecho a la adquisición preferente.


La actualización de la renta del alquiler queda sin
regulación. La revisión anual de precios del alquiler ya no tiene como
referencia el IPC sino que, en consecuencia, deberá ser pactado con la
propiedad, quedando claro que el principal problema del mercado del
alquiler no es de oferta de viviendas sino de la debilidad de la demanda,
básicamente por la renta.


En cuanto a las ventajas fiscales, la ley no diferencia
entre pequeños y grandes propietarios, favorece fiscalmente a las
empresas dedicadas al alquiler de viviendas y locales; es decir, que
trasladan al negocio del alquiler los mismos arquetipos o principios que
han configurado el negocio inmobiliario de compraventa que nos ha llevado
a la situación en la que nos encontramos.


Por otro lado, hay más facilidades para desahuciar. La
actual propuesta contempla la posibilidad ―a la que se refería
antes el senador Mariscal― de iniciar el procedimiento de desahucio
con el solo impago de 1 mes de la renta del alquiler y que el desahucio
se haga efectivo en tan solo 10 días a partir de la comunicación del
secretario judicial. De esta manera, será muy difícil que el juez pueda
valorar los motivos o causas por las que una persona no hace efectiva la
renta del alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los
impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los
impagos de rentas de alquiler que afectan a pequeños propietarios.


La reforma de 2009 acortó de 2 meses a 1 mes el plazo para
hacer efectivas las rentas de alquiler pendientes para poder llevar a
cabo el desahucio. Con este proyecto, el plazo para hacer efectiva la
deuda y el lanzamiento ha pasado de 1 mes a 10 días, al tiempo que se
introduce en el mismo requerimiento de pago la fecha y el día del
señalamiento de la vista en el procedimiento de desahucio y de
lanzamiento.


Además, se incluye un registro de morosos. Se creará un
registro donde constarán los datos de las personas que no han satisfecho
las rentas del alquiler, siendo el único requisito de inscripción la
existencia de una sentencia firme. Los deudores quedarán inscritos en
este registro por un tiempo de 6 años. La medida es cuestionable e
impropia y, paradojas de la vida, contaremos antes con un registro de
morosos de rentas de alquiler que el registro de faltas al que ustedes
tanto apelan para perseguir lo que ustedes han venido a llamar la pequeña
delincuencia organizada. Es decir, que estoy hablando de las faltas de
hurto que se producen en algunas grandes ciudades, a las que me permito
calificar de falta de educación si se comparan con algunos delitos
cometidos por algunas personas que han tenido responsabilidades y cargos
institucionales.


Existen alternativas que, sin ignorar su complejidad,
pueden trabajarse y se trabajan en toda Europa. Este proyecto de ley no
habla de cooperativismo, de corresponsabilidad, de posibilitar que los
arrendatarios se comprometan a mantener y rehabilitar a cambio de
estabilidad temporal. No









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habla del derecho de superficie, de la propiedad
compartida, del usufructo público, de empresas mixtas, de sindicatos de
arrendatarios, de bolsas de propietarios para el alquiler social,
etcétera. En definitiva, una nueva oportunidad perdida.


Por los motivos que acabo de exponer, Esquerra Republicana
de Catalunya ha planteado el presente veto, para el que solicitamos el
voto favorable de todos los grupos parlamentarios.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de la Propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Espadas.


El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, presidente.


Para defender esta propuesta de veto lo primero que
podríamos analizar es si se han dicho aquí bastantes argumentos. Creo que
se han dado muchos, pero no sé si los senadores del Grupo Parlamentario
Popular han hecho un análisis suficientemente a fondo sobre si
verdaderamente la reforma que se plantea respecto de la Ley 19/2009 va a
aportar algún elemento para que se pueda cumplir el objetivo que dicen
perseguir con ella. Ustedes hablan de que es necesario buscar el
equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías
que deben ofrecerse a los arrendadores. Ese es el objetivo último de esta
reforma legal. Para eso reforman una ley de 2009, ley que sin duda no ha
estado en vigor en los mejores años para poder ver si se podían desplegar
todos los buenos propósitos que con ella se pretendía, y en tan corto
espacio de tiempo ponen ustedes encima de la mesa el modelo de fomento de
alquiler, el modelo que conseguirá desequilibrar en España de una vez por
todas ese régimen de propiedad casi exclusivo por un volumen suficiente
de viviendas en alquiler y por un volumen suficiente de personas que
opten por el alquiler en vez de optar por la propiedad. Y eso en un
momento como este en que estamos. De verdad, yo creo que el objetivo que
persigue esta norma se da absolutamente de bruces con el texto legal que
ustedes proponen. Una de dos: o el diagnóstico que hacen de la situación
es completamente erróneo, o ustedes nos están engañando. Por más que he
leído el texto, veo que la finalidad última que se busca en esta norma es
claramente el alterar el equilibrio o la relación jurídica entre
arrendador y arrendatario de una manera absolutamente grave para quien
realmente debería incentivar esta norma: el arrendatario.


Todos sabemos perfectamente que desde las leyes de
arrendamientos urbanos, y la ley de 2009 es un ejemplo, se ha ido
evolucionando para intentar dar más garantías al arrendador, para que no
hubiera una situación de inseguridad, de precariedad que acabara
convirtiéndole en víctima de un ordenamiento jurídico que no le protege
suficientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que esa última
modificación, que ha conseguido algunos efectos en el mercado de
alquiler, la llevan ustedes ahora hasta el punto de desequilibrarlo
absolutamente, y además con elementos muy graves que intentaré analizar
ahora. Pero eso que nos parece lo más grave, ese desequilibrio entre
arrendador y arrendatario, a mi juicio no es el elemento fundamental que
ustedes deberían haber planteado en este diagnóstico de hacia dónde
vamos, de cuál es el objetivo de la norma. Si en estos momentos tenemos
más oferta de vivienda vacía que nunca en España, si tenemos más
demandantes de vivienda que nunca en los registros de demandantes de
vivienda protegida y de personas víctimas de desahucio, de lanzamiento,
¿cómo casar esa situación fragilizando a quien realmente hay que buscarle
soluciones, fragilizando a quien verdaderamente habría que ayudar y
debería ser el protagonista de esta norma y que es el arrendatario, el
inquilino? Después de leer este proyecto de ley, el inquilino entiende
realmente que el problema al parecer era él en este país para que no
hubiese un volumen suficiente de alquiler. ¿De verdad el problema era el
inquilino? ¿De verdad creen ustedes que con las medidas que plantean hoy
aquí vamos a tener personas incentivadas para buscar una solución de
alquiler, cuando además no tienen una solución posible a su alcance en
propiedad porque ni tienen capacidad adquisitiva ni hay mercado
crediticio? ¿Hacia dónde nos lleva esto? A una situación sin salida. Y
entiendo que después del debate a que hemos asistido y que después de
casi cinco horas de debate estemos todos cansados, pero esta es la
puntilla que hoy viene a rematar la situación y las expectativas en
materia de política de vivienda que ustedes despliegan en este país.









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Vamos a ver: nosotros —lo planteó mi portavoz en la
comisión— entendemos que el gran defecto de la reforma está en su
análisis sobre que el problema está en la oferta y en mejorar las
condiciones del arrendador frente al arrendatario. No, nosotros creemos
que el problema está en la demanda. La demanda está como está y ha estado
peor desde 2009 a aquí, tiene la capacidad de renta que tiene y además
ustedes han agravado esa situación, por ejemplo, en un colectivo como el
de los jóvenes, elemento que no debe pasar desapercibido en esta Cámara.
Ustedes traen este texto aquí, hablando de fomento del alquiler, cuando
se han cargado la principal medida que apoyó el alquiler de jóvenes en
España en estos años, la renta básica de emancipación. La renta básica de
emancipación supuso la posibilidad de que muchísimos jóvenes en España
tuvieran una opción de alquiler a un precio asequible, que ese alquiler
fuese transparente y que tuviera un control público. Ustedes en tres
intentos se han cargado la renta básica de emancipación. Por tanto, hoy
¿cómo se lo van a explicar a los jóvenes que de verdad siguen pensando en
las posibilidades de fomento de alquiler y en tener opciones a su
problema de vivienda? Ya no podrá creerles nadie.


¿Cuáles son las políticas de estímulo a la demanda que
ustedes plantean en este proyecto de ley? Dijo la ministra aquí, en una
intervención en esta Cámara cuando se habló sobre este asunto, que el
movimiento se demuestra andando y que este Gobierno sería el que
demostraría que fomentaba el alquiler con más ayudas que Gobiernos
anteriores. Eso sí, no lo dijo así, pero dejó traslucir que no ya a
objetivos prioritarios como habíamos marcado en Gobiernos anteriores en
los jóvenes, sino otro tipo de colectivo. Bien, legítimo. ¿Cuáles son?
Veamos cuáles son esas políticas de estímulo a la demanda que vienen en
este proyecto de ley. Y resulta que los colectivos a los que ustedes van
a incentivar les ponen tantos obstáculos y tantos requisitos que tenemos
muy serias dudas de que al final ustedes acaben ejecutando incluso las
partidas presupuestarias que destinen a alquiler, que ya veremos cuáles
son finalmente.


Yo he tenido la desagradable sorpresa de preguntar a la
ministra de Fomento por las inversiones y las partidas presupuestarias
específicas de fomento a ayuda al alquiler en mi provincia, en Sevilla, y
he tenido la contestación de la señora ministra de que dependerá
—me dice la señora ministra textualmente— de la capacidad de
gestión y de las justificaciones de pago de la comunidad autónoma. Ni un
euro es capaz de decirme al menos que como envolvente económica respalda
esa medida en una provincia. Esta es la partida presupuestaria, que se
ejecutará o no en función de que cumpla o no la comunidad autónoma su
parte en el proceso. No, ni siquiera eso. Por tanto, si ustedes se cargan
la renta básica de emancipación, no sabemos cuáles son las cantidades que
destinan a ayuda al alquiler y los requisitos que ponen para los
beneficiarios o destinatarios de esas ayudas hacen que sean muchísimos
menos de los que beneficiaban las ayudas al alquiler con la anterior
regulación, ya me dirán cuáles son las políticas de estímulo a la
demanda.


Dicho eso, y se ha mencionado aquí, ¿qué elementos nos
parecen sustancialmente graves en ese desequilibrio que ustedes han
decidido hacer entre arrendador y arrendatario? Se han comentado aquí. A
mí me gustaría que en su intervención, para defender que este texto no
sea devuelto, me explicara si son capaces de defender que de verdad para
ustedes sigue primando el derecho a la vivienda, ese artículo 47, por
encima del derecho del propietario de una vivienda cuando los dos tienen
una relación arrendador y arrendatario. Toda la filosofía de los
arrendamientos urbanos iba a defender ese derecho a la vivienda. Ahora,
en estos momentos, que probablemente es uno de los derechos más
amenazados, uno de los derechos, junto con el derecho al trabajo, que es
claramente objeto de peticiones ciudadanas de atención desde el punto de
vista de medida política, ahora es cuando han decidido ustedes fragilizar
ese derecho en el caso de inquilinos que opten por el alquiler.


Nos parecen unas medidas absolutamente equivocadas la
reducción del contrato —¿por qué?, ¿eso va a estimular el mercado
de alquiler?—, la supresión de la necesidad de ese pacto previo, la
incorporación de penalizaciones, en este caso como la inscripción del
arrendamiento en el Registro de la Propiedad, sobre la que les habíamos
planteado una fórmula de bonificación, una reducción de esos costes. No
creemos que sea el momento de que alguien que busca un alquiler por 400
euros, tenga que pagar la fianza y además otros 400 euros por inscribir
esa operación. Y, si no lo hace, como desgraciadamente será la regla
general, obviamente está condenando a futuro su relación con el
arrendador.









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Los cambios y el desequilibrio entre arrendador y
arrendatario huelen, tienen un enorme tufo a beneficiar aquellos parques
de vivienda que están ahora mismo en manos de sociedades o de entidades
financieras para facilitar procesos de ejecución hipotecaria, y esto es
muy grave después de lo que se ha escuchado esta mañana aquí. Yo creo que
esta Cámara merece una explicación solvente, si no es así, de cómo hemos
podido hablar de lo que hemos hablado en el debate anterior y traer a
este proyecto de ley medidas que ponen claramente en la picota, que
penalizan, que agravan, que fragilizan, a un inquilino que se encuentre
en una situación en la que el mantenimiento de su alquiler dependa de la
decisión de una entidad financiera.


Esto nos parece especialmente grave, pero lo que colma el
vaso es ese registro de sentencias firmes de impago por rentas de
alquiler, ese registro de morosos en el que se pueden ustedes imaginar
quiénes van a estar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y quiero
que me digan qué opciones tiene alguien que esté ahí en el futuro para
poder alquilar una vivienda, cuando haya tenido un problema como
consecuencia de una situación sobrevenida a la que no ha podido hacer
frente. ¿Qué opciones le estamos dejando a un ciudadano que se vea en esa
situación? Si ustedes quieren una medida de exclusión social inmediata, a
futuro, que además no entiende de distinciones sobre las consecuencias de
esa insolvencia, si han sido más o menos justificadas, ese registro
significa condenar a la exclusión, a la incapacidad para resolver su
futuro, a muchas personas. No entendemos que sea la gran medida del
Partido Popular para fomentar el alquiler en España, la verdad. Y en este
momento, con la situación económica que tenemos, es muy duro.


Termino. A nuestro juicio, y por eso mantenemos esta
propuesta de veto, los objetivos de una norma como esta, que podían ir
más allá de la norma de 2009, no están claros, y, es más, son claramente
peligrosos. Creemos que se va a conseguir el objetivo contrario: menos
alquiler de vivienda. Ustedes desincentivan, a nuestro juicio,
activamente la demanda; justo lo contrario de lo que deberían hacer. Así
es difícil que se consiga incentivar el mercado de alquiler. Si se lo
ponen cada vez más difícil al arrendatario, veremos cuántos arrendatarios
son capaces evidentemente de entrar en esas reglas de juego. Si quieren
incentivar la puesta en el mercado de más vivienda en alquiler propongan
más programas públicos de alquiler social a precios que se puedan
afrontar en las actuales circunstancias, porque el problema está ahí, el
problema está en que la demanda no es capaz de satisfacer la renta de
alquiler, y el trabajo, en este caso de los poderes públicos, debe estar
en que esa oferta de vivienda vacía sea una oferta de vivienda a precio
asequible con garantías, sin duda, para sus propietarios porque se
incorporen a un programa de vivienda pública; viviendas de entidades
financieras y viviendas de particulares que quieran entrar en esos
programas públicos que ahora mismo necesita la ciudadanía para tener
opciones.


Nosotros creemos que el movimiento se demuestra andado. Y
si un proyecto de ley que se denomina de fomento del alquiler, de
incentivos, de ayudas solo recoge penalizaciones, solo recoge el
debilitamiento de la figura del arrendatario y, además, los hechos y las
medidas de política del Gobierno nos llevan a la supresión de la renta
básica de emancipación, a la disminución de ayudas al alquiler, como
ustedes comprenderán, la credibilidad es ninguna y, por tanto, nuestra
propuesta de veto está suficientemente justificada.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espadas.


Para un turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Burgos.


El señor BURGOS BETETA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, este proyecto que estamos hoy discutiendo es
parte de todo un ambicioso paquete de medidas puesto en marcha por el
Gobierno Popular de Mariano Rajoy; es un nuevo modelo de política de
vivienda, y así se entienden algunas cosas de las que se están aquí
hablando y algunas cosas que se regulan en la ley como se regulan.


Tal y como está hoy el mercado del alquiler, en nuestra
opinión, impide movilizar una parte importante de las existencias de
vivienda que tiene nuestro país. Les recuerdo que España tiene más de 3
443 000 viviendas vacías, según el reciente estudio del Instituto
Nacional de Estadística, INE, con un incremento del 10,8%, algo más de
336 000 en la última década. Y pensamos que la falta de un mercado ágil y
flexible es un impedimento en la lucha contra el desempleo al afectar









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negativamente a la movilidad laboral. Y eso es hablar de
jóvenes también y de su capacidad para emanciparse.


El Partido Popular en su momento ya incluyó en su programa
electoral una serie de precisiones sobre esta cuestión. Definimos
entonces como disfuncional el mercado de vivienda y avanzamos las líneas
de lo que hoy son los compromisos en esta materia que, en definitiva,
eran dotar al contrato de arrendamiento de mayor flexibilidad y libertad
de pactos, incrementando la seguridad jurídica y agilizando los
mecanismos de resolución de conflictos.


Por lo tanto, siendo coherentes con esos compromisos, el
Ministerio de Fomento está en la ejecución de un nuevo modelo de política
de vivienda a través de una serie de disposiciones: Proyecto de Ley de
rehabilitación, Plan Estatal de fomento de viviendas, Proyecto de Ley de
medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que es la que estamos
hoy debatiendo, etcétera.


De este catálogo de disposiciones, me interesa destacar,
además de la Ley de alquiler, el Plan Estatal de fomento de alquiler de
viviendas y la rehabilitación, regeneración y renovación urbana
2013-2016, que nace con un claro objetivo social: la concesión de ayudas
al mayor número posible de ciudadanos para facilitar una vivienda a los
colectivos más desfavorecidos, con un presupuesto inicial —y creo
que eso es importante— de 2421 millones de euros.


Pues bien, el texto que traemos a debate, después de haber
pasado por la respectiva ponencia y comisión, es parte de ese ambicioso
plan, de ese ambicioso modelo de política de vivienda. Este texto no es
el mismo que el que se presentó en el Consejo de Ministros del 11 de mayo
del año pasado, y tampoco el que aprueba el Congreso hace unas semanas.
El actual incluye una serie de modificaciones, que sin duda lo mejoran,
tras pasar por los órganos consultivos competentes, información pública,
por el Congreso y por este Senado.


El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han sido
sensibles a las propuestas que, sin alterar el objetivo básico del
proyecto, han venido a mejorar el texto y se han hecho eco de ellas como,
por ejemplo, la posibilidad de que se aplique al pago de las rentas las
mejoras o reformas acordadas y realizadas por el inquilino.


Como ustedes saben, a este proyecto de ley se presentan
cinco vetos que el pasado 22 de abril tuvimos ocasión de tratar. Fue un
debate amplio en la Comisión de Fomento, en el que casi todos los grupos
avanzamos nuestros argumentos a favor o en contra de la ley, y es obvio
que hoy vamos a reiterarnos en ellos.


Como resumen —y lo dije en aquel momento—, los
grupos que presentan vetos argumentan de manera parecida contra el
proyecto de ley. En primer lugar, definen como un cambio importante en
las posiciones existentes entre los actores, entre el inquilino y el
arrendador, en la legislación anterior. Además, en el catálogo añaden una
serie de medidas que según ustedes avalan esta opinión: reducción de la
duración del contrato, reducción de la prórroga obligatoria,
actualización de la renta, inscripción del contrato en el Registro de la
Propiedad, etcétera. Y, finalmente, muchos de ustedes, además de utilizar
una serie de estadísticas, citan el artículo 47 de la Constitución sobre
el derecho a la vivienda, interpretando, por supuesto, a su modo, el
alcance del mismo.


De aquel debate me interesa mucho reiterar una afirmación
que hicimos entonces y que no ha sido contradicha por sus señorías ni
entonces ni ahora, y es que, al margen de cualquier discusión de cifras,
al margen de cualquier discusión que podamos tener aquí, todos estamos de
acuerdo en que el mercado del alquiler en España hoy no es una
alternativa eficaz al de la propiedad. Y reitero ahora las cuestiones que
les exponía en aquella ocasión en el debate en la comisión, porque les
preguntaba que por qué, después de tantos años, sigue habiendo tantas
casas vacías. Por qué, señorías, seguimos los españoles sin confiar en el
alquiler como modo de uso de la vivienda. Y, en definitiva, les
preguntaba, si responden los argumentos de sus vetos al fracaso evidente
de las políticas de alquiler en estos últimos años.


Señorías, creo que estas son las preguntas a las que hay
que responder, y las soluciones deben venir, en nuestra opinión, de un
enfoque nuevo y más amplio de las políticas de vivienda para hacer
efectivo, esta vez sí, el artículo 47 de la Constitución relativo al
disfrute de una vivienda digna y adecuada en los términos exactos del
reiterado precepto. Desde luego, no esperen de mí, que no es mi
intención, hacer un debate sobre el alcance de este artículo ni citar a
Martín Bassols o a otros tratadistas constitucionales.


Los expertos afirman que el alquiler hoy sí es una opción
inteligente. Hay condiciones objetivas que avalan esta afirmación: La
rentabilidad económica en estancias cortas o medias de menos de









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diez años, incluyo, por supuesto, las ayudas fiscales; la
disponibilidad del dinero; la capacidad de respuesta ante imprevistos y
la movilidad laboral. Aunque también tiene inconvenientes y,
evidentemente, en esta ley se pretende dar respuesta al menos a algunos
de ellos.


El objetivo del proyecto de ley presentado por el Gobierno
es dinamizar el mercado del alquiler; está en su propio título: Medidas
de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
Apostamos por aumentar la flexibilización del mismo —lo hemos
dicho, lo hemos reiterado— y en fomentar la voluntad de las partes,
su capacidad de acuerdo, su libertad para decidir dentro de un marco
legal más amplio que el existente; como dice el proyecto de ley en su
preámbulo, buscar el necesario equilibrio entre las necesidades de
vivienda en alquiler y las garantías que se ofrece a los arrendadores
para la puesta a disposición del mercado arrendaticio.


En cambio, ustedes, señorías, se movilizan en posiciones
del siglo pasado. Por cierto, y antes de nada, alguno de los argumentos
que oí en el debate en la comisión, lo dije allí, y que hoy han sido
reiterados, son abiertamente contradictorios con los que usaron en la
reforma de la Ley del fomento y agilización procesal del alquiler, el
desahucio exprés, del Gobierno Zapatero. Entonces defendían la agilidad
en los desahucios. Hoy, señorías, ¿qué defienden?


En sus vetos hacen afirmaciones que no son ciertas, como,
por ejemplo, la ausencia del parque público de viviendas en alquiler. No
está en la ley porque éste no es su sitio, por eso quería mencionarlo y
por eso he reiterado que esto forma parte de un proyecto del nuevo modelo
de vivienda. El Consejo de Ministros de 5 de abril, de forma que ya está
ahí encima de la mesa, abordó ya esta cuestión. Así, dentro del Plan
Estatal de Vivienda 2013—2016 hay un programa de fomento del parque
público en alquiler que, entre otras cosas, establece un límite de
precios máximos por metro cuadrado en función de la renta familiar de los
inquilinos.


Como ven ustedes, este Gobierno sí apuesta por la vivienda
digna en alquiler y se preocupa porque las familias con menos ingresos
puedan acceder a ellas, todo, insisto, dentro de un plan integral. Por
eso digo, señorías, que hay argumentos falsos.


Señores del Grupo Socialista, ¿cuál es el modelo de
alquiler que están defendiendo ustedes en este momento? En todo caso el
que innegablemente sí ha manifestado sus virtudes, entre comillas, es el
modelo Chacón-Corredor que todos conocemos. Permítanme citar algún
ejemplo de apoyo al alquiler, también entre comillas.


Entre los años 2004 y 2011 se apoyó la construcción de
viviendas y no el alquiler, 1720 millones de euros frente a 337. Segundo,
la Sociedad Pública de Alquiler gestionó menos de 4500 viviendas hasta su
disolución; las cifras de eficacia son tan lamentables que
paradójicamente son los resultados de este modelo los que sirven como
argumento a la mayoría de los grupos parlamentarios —y léanse los
textos de sus vetos— para basar sus enmiendas a la totalidad.
Fíjense que los mismos textos de sus vetos afirman la necesidad de
resolver el problema del acceso a la vivienda, a estas alturas; se
reconoce una cifra importante de viviendas vacías y un porcentaje
bajísimo de alquiler, etcétera. Es decir, ustedes mismos, señorías, están
reconociendo fracasos en la situación actual en esta materia, que no
pueden ser de otros que de los responsables políticos anteriores; un
fracaso, en definitiva, del modelo de alquiler vigente porque me van a
permitir que les diga que no querrán también endosar ese fracaso al
Gobierno actual, que es el que lo está intentando modificar.


Más aún, señorías, señores del Grupo Parlamentario
Socialista, pretenden que aceptemos —lo ha dicho el señor
Espadas— que desde 2009, fecha de la reforma de la agilización
procesal hasta hoy, ha pasado —y cito— un periodo escaso para
poder evaluar su impacto sobre el mercado arrendaticio. Eso es lo que
dicen ustedes en su veto. Pues no, señorías, la cuestión no es que haya
pasado poco tiempo, es que el modelo precisa de una revisión profunda, y,
entre otras cosas, y no la menos importante, porque no genera una
verdadera alternativa a la elección entre alquiler y compra, no responde
a las necesidades sociales y económicas del año 2013, en el que
estamos.


Finalmente, y aunque el debate de las previsiones puntuales
de la ley lo voy a aplazar para cuando se traten las enmiendas del
articulado, no me resisto a comentar la afirmación de que esta ley rompe
con la tradicional función tuitiva, de amparo, en beneficio del
arrendatario, y que reduce los derechos de los inquilinos, otro de los
ejes de sus argumentos opositores a este texto.


Este argumento ya fue utilizado en el debate anterior y,
como entonces dije, no es verdad. Se fortalece la libertad de pacto, se
flexibilizan algunos de sus elementos, pero se hace con equilibrio;









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flexibilizar los plazos legales de duración del contrato no
impide que ambos actores puedan pactar una duración distinta. Permitir
que el arrendatario pueda desistir de su contrato más fácilmente no puede
definirse como disminución de derechos por nadie, como tampoco
incrementar la seguridad jurídica y la transparencia en las relaciones de
alquiler, y me refiero a la inscripción registral del contrato. Que el
arrendador pueda recuperar su casa ante determinadas circunstancias
familiares y con unas garantías es de sentido común. Proteger los
derechos del propietario frente al impago no es quebrar el amparo al
inquilino, es estar por el cumplimiento del acuerdo entre las partes, y
el juez puede considerar todas aquellas razones que alegue el
arrendatario como causa de su incumplimiento y actuar en
consecuencia.


Nos reiteramos en que el auténtico amparo al arrendatario
debe orientarse de manera directa y eficaz hacia las personas realmente
necesitadas, considerando sus circunstancias personales, sociales o
familiares. Así lo ha previsto el Ministerio de Fomento en sus propuestas
sobre vivienda, aprobadas también en el Consejo de Ministros de 5 de
abril. Se quiere que las ayudas del Estado beneficien a quienes más lo
necesitan, y como aquí afirmó la ministra de Fomento, doña Ana Pastor, el
pasado 24 de abril, en una interpelación formulada por el Grupo Mixto,
vamos a pasar de las 60 000 ayudas al alquiler a más de 133 000.


Las personas con escasos recursos podrán acceder a una
vivienda en alquiler, con una financiación de hasta el 40% de la renta de
importe inferior a 600 euros, independientemente de quién sea el
propietario y el régimen de calificación de la vivienda. Dicho de otra
manera, señorías, será más accesible la vivienda a quien más lo necesita,
siendo los ingresos y la composición de la unidad familiar lo importante.
El Grupo Parlamentario Popular, señorías, el Gobierno quiere que esta ley
en su desarrollo ampare personas y derechos.


Señorías, las competencias sobre vivienda no son exclusivas
del Estado sino todo lo contrario. A este le corresponde lo que
denominamos como marco general, es decir, la competencia sobre regulación
de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de
los derechos constitucionales. Pero son las comunidades autónomas las que
tienen las competencias exclusivas, sobre todo en los planes propios en
materia de vivienda, la gestión de medidas estatales de fomento, el
procedimiento de calificación, etcétera.


Pues bien, todos los grupos que presentan veto aquí
gobiernan en sus comunidades autónomas o lo han hecho recientemente,
solos o en coalición. Por eso, tal vez en este debate no estarían de más
los balances sobre la eficacia de sus políticas de alquiler
complementarias —si quieren ustedes, hasta ahí llego— en sus
respectivas comunidades autónomas. ¿Cuál ha sido el resultado en el
fomento del alquiler como forma alternativa a la compra para acercar el
disfrute de la vivienda a los ciudadanos? No creo que puedan poner sobre
la mesa cifras de éxito, señorías. No lo creo. Por eso, insisto en que no
podemos dejar las cosas como están.


Como dijimos en la sesión de la comisión, aceptar sus vetos
implicaría esto, dejar la Ley de 1994, con las subsiguientes reformas,
tal y como esta y sus efectos sobre el mercado del alquiler ya los
conocemos: desequilibrio exagerado entre el alquiler y la propiedad; 17%
frente al 83, muy lejos de las cifras del resto de Europa, con una media
del 38%; y de algunos países europeos muy alejados, Suiza con el 57%,
Alemania con el 46%;desequilibrio entre el número de viviendas en
alquiler y el número de viviendas vacías, 2,1 millones frente a 3,5
millones. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2011 en
relación con el último censo de población y vivienda del INE.
Deficiencias en el régimen de seguridad jurídica, obviamente para
terceros, pero también para el inquilino. En definitiva, insisto,
incapacidad del alquiler para ser una fórmula alternativa a la propiedad.
Y, finalmente, no ayuda en nada a la reducción del desempleo al
dificultar la movilidad.


Esto reafirma nuestro argumento. Es necesario avanzar en la
regulación del alquiler profundizando en fórmulas que aporten más
flexibilidad y libertad al inquilino y al arrendador. Ese es nuestro
objetivo. No podemos dejar las cosas como están, debemos adaptarlas a la
nueva realidad social.


El Gobierno está comprometido con una serie de reformas
que, en lo que respecta al alquiler, son necesarias para hacerlo más
atractivo, tanto para el arrendador como para el arrendatario, pero
también para que este sea un elemento más de la recuperación económica de
España. Reducir el número de pisos vacíos es darle una utilidad social a
la propiedad y generar riqueza.









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Aumentar el número de viviendas en alquiler tendrá, con
seguridad, una repercusión positiva para los inquilinos en la rebaja de
los precios.


Como ya he mencionado, esta ley es una pieza más en materia
de vivienda dentro de las políticas del Gobierno del Partido Popular y
del grupo parlamentario que lo sustenta. En poco más de un año el
Gobierno del PP está abordando el problema de la vivienda con amplitud y
rigurosidad. Por eso, la ministra de Fomento, Ana Pastor, está
comprometiendo también recursos económicos, que es la forma más eficaz de
hacer política en esta materia. Como ha dicho en sede parlamentaria la
ministra, queremos una política de vivienda más social, más respetuosa
con el medio ambiente, que sirva para mejorar el nivel de vida y que
contribuya a generar, de nuevo, actividad, empleo y riqueza. Y es que,
además de estas medidas, pretende crear 105 000 puestos de trabajo y
quiere beneficiar especialmente a las personas con menos recursos.


Son, señorías, políticas de vivienda hechas para los
ciudadanos, para todos, pero más aún para los más necesitados. Esto es lo
que más nos interesa. Por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de
los cinco vetos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas noches.


A ver si somos capaces de levantarnos un poco el ánimo
después de esta jornada tan complicada.


Señor Burgos, yo voy a comenzar tal como ha finalizado
usted, aportando dos datos a la reflexión que planteaba, puesto que, tal
como dice el preámbulo del proyecto de ley, estamos en un porcentaje del
17% de población que habita una vivienda en alquiler, frente a un 30 o un
38% que hay en la Unión Europea, según los datos que usted ha dado por
países. Pero a su vez también he de decirles que uno de los objetivos de
la Ley de Arrendamientos Urbanos que hoy modificamos decía —y leo
textualmente—: La finalidad última que persigue la reforma es la de
coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos. ¿Saben
sus señorías cuál era el porcentaje de población que habitaba en el año
1994, fecha de aprobación de la LAU, en régimen de alquiler? El 18%; es
decir, un punto más, una cifra tan paupérrima como la que tenemos ahora.
Por eso, nuestra primera reflexión tiene que ir abocada a saber cuál ha
sido la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos veinte
años, y no únicamente en el ámbito de la vivienda. Y hemos visto que en
estos últimos veinte años la construcción ha supuesto un porcentaje muy
importante de nuestro producto interior bruto, en distinta medida en
diferentes comunidades, pero en el ámbito general ha sido una tasa muy
importante.


Una vez dicho esto, entendemos que este proyecto de ley,
cuyo objetivo es promover el alquiler, no tiene una ambición clara y no
tiene una referencia clara para dar un salto cuantitativo —además
de cualitativo— para poder superar estas cifras sin más o sin otro
tipo de inputs a los cuales voy a hacer referencia.


¿Saben sus señorías cuál es el precio medio de la vivienda
en alquiler en España en estos momentos? 673 euros mensuales de media.
Abril 2013. Estarán de acuerdo conmigo en que son unas cantidades a las
que nos hemos habituado, pero que son excesivamente altas, por no decir
que son abrumadoramente altas. Y tampoco piensen que en este proceso de
crisis que estamos viviendo ha habido un decrecimiento importante en el
precio del alquiler, porque si comparamos con abril de 2012, podemos ver
que ha habido un decrecimiento únicamente de un 5,4%. Aún así, mi grupo
entiende que se dan las circunstancias para que haya un aumento en el
número de alquileres, siempre y cuando se condicione a una política
adecuada, a una política clara de vivienda.


Y voy a decir las razones por las cuales nosotros
entendemos que esto es así. Primero, los propietarios de vivienda. Es
evidente y todos conocemos que los precios han bajado mucho, y por ahora
el propietario prefiere —si puede— no vender; al menos los
datos y la estadística lo que nos dicen es que tres de cada cuatro
propietarios prefiere alquilar a vender.









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El segundo factor importante que hace que los alquileres
tengan un terreno abonado es el de los posibles compradores. Es verdad
que el precio ha bajado, pero el potencial comprador tiene una
incertidumbre importante y en el proyecto de ley anterior hemos podido
ver y analizar cuál es la situación actual: 6 200 000 parados, un
porcentaje de pobreza relativa del 29,1% y un porcentaje de pobreza grave
del 10,1%; es decir, son unos datos que crean incertidumbre y animan a no
tener las cosas claras. Evidentemente también hay una difícil
financiación. Además, hay muy pocas ganas de hipotecarse por años, con lo
cual entendemos que sí se dan las circunstancias para que haya un aumento
del número de alquileres, pero siempre —como decía antes—
condicionado a una política clara de vivienda.


Tal como se ha dicho, en estos momentos tenemos un censo de
unos 3,5 millones de viviendas vacías y, además de eso, contamos con un
parque de vivienda en el que más de la mitad tiene más de treinta años y
una cuarta parte tiene más de cincuenta años, con lo cual se nos exige
tomar una serie de determinaciones en la política de vivienda.


Hablemos de este proyecto de ley. Convertir el mercado de
alquiler en alternativa fiable de la vivienda con respecto a la propiedad
es un objetivo loable y muy interesante, pero no solo lo vamos a hacer
con unas medidas dirigidas a dotar de seguridad jurídica al arrendador.
No solo lo vamos a hacer así. No va a ser posible porque en el texto se
regulan únicamente las relaciones entre ellos y no se protege en la misma
medida a las partes. Pero lo que principalmente regula este proyecto de
ley es la relación contractual entre arrendador y arrendatario. Lo que le
falta es una política ambiciosa o una política de ambición para que ese
terreno abonado en el que la política de alquiler pueda ser una
alternativa seria pueda convertirse en una realidad y no ocurra lo que ya
desde 1994 se anunciaba con un 18% de la población que vivía en régimen
de alquiler y después de diecinueve años y de haber pasado todos los
gobiernos de todos los colores se nos generen unos datos que son
prácticamente coincidentes, lo cual indica que no se ha evolucionado.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Tal como hemos dicho antes, que la
especulación ha sido uno de los elementos básicos por los cuales ha
funcionado la economía en general, lo que ha promovido el dinero fácil y
que la construcción sea uno de los ejes de la economía de este santo
país.


En este sentido, entendemos que hay que hacer un mayor
esfuerzo y que hay que promover medidas más claras. La vivienda en
alquiler lo merece, pero este proyecto de ley, aún estando de acuerdo en
el objetivo, no lo va a conseguir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.


Que el poco alquiler en España, la poca representación de
la tenencia de alquiler en España es la otra cara de la moneda de la
burbuja inmobiliaria, es obvio. Esto lo dice todo el mundo. Si analizamos
los años —como ha hecho el senador Bildarratz—, vemos que
cualquier estudio indica que el desarrollo de la burbuja inmobiliaria es
absolutamente paralelo al descenso del régimen de tenencia en alquiler.
Esta es la raíz del problema una vez más. ¿Qué sentido tiene entonces su
propuesta, señorías del Grupo Popular? ¿Las viviendas vacías van a pasar
a estar alquiladas simplemente por unos pequeños cambios en el mercado,
en las reglas de la contratación de alquiler? ¿Esta es su propuesta para
abordar un problema estructural? ¡Pero si la oferta de viviendas de
alquiler se ha doblado sola, solita, en dos años! Se ha doblado sola,
porque como no se puede vender ninguna vivienda, una parte de este parque
solo, de oficio, se ha puesto en el mercado. Han subido las
contrataciones muchísimo menos, un poco sí, pero muchísimo menos en estos
dos últimos años. ¿Por qué? Porque el problema no está en la oferta, como
se ha dicho aquí, el problema está en la demanda, clarísimamente, en dos
ideas —por sintetizar—: en la demanda —hay que poner
estímulos fuertes a la demanda— y en la estabilidad. Las personas
que tenían su mirada puesta, sin ánimo de especular o de tener un bien,
simplemente en vivir en un alojamiento pensando que la propiedad les
garantizaba la estabilidad de su vida, la capacidad de proyectar su vida,
¿cuándo van a optar por el alquiler si los contratos duran tres años?
¿Ustedes viven en alquiler? ¿Saben lo que quiere decir vivir en alquiler?
Yo vivo en alquiler. Toda mi vida he vivido en alquiler. En tres años
llegas, te instalas y ya tienes que estar pensando en si te van a









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echar porque el propietario, lógicamente, tiene la sartén
por el mango. No tiene ningún sentido. Solo la estabilidad va a
garantizar la voluntad y la vocación masiva, sobre todo de las nuevas
familias, de acceder al alquiler.


Creo que su Plan de la Vivienda, sinceramente, no se puede
contraponer al plan anterior. ¿Me dice que son 2400 millones? El anterior
tenía 10 000 mil. ¿Medidas de fomento del alquiler? El anterior tenía el
triple, y variadas, que realmente estimulaban a fondo la demanda. Y de
fracaso, ninguno. Estamos en el 17%, sí, pero es que en el huracán de la
burbuja inmobiliaria caímos hasta el 10%, y con los esfuerzos del Plan de
la Vivienda, con estos estímulos que empezaban a ser potentes,
conseguimos corregir hasta el 17%. Había que continuar por esta senda
porque por esta senda podríamos obtener resultados palpables y
claros.


Acabo simplemente con una última idea que remite al debate
que hemos mantenido anteriormente. De nuevo ustedes, cuando se trata de
las ayudas al alquiler, lo único que tienen en la boca son familias
realmente necesitadas. Nosotros pensamos mucho más allá de las familias
realmente necesitadas. Pensamos en sistemas universales, válidos para
todo tipo de familias que quieran apostar por el alquiler. Con
graduaciones, evidentemente, con las ayudas troncales a través del IRPF.
¡Si es que está todo inventado! A través del IRPF, que es el estímulo
principal a las clases medias, y con gradación de ayudas a distintos
colectivos en función de su realidad y de sus necesidades: los jóvenes,
otro tipo de colectivos y también, evidentemente, familias realmente
necesitadas. Pero si apostamos y creemos en el alquiler hay que poner
medidas universales, medidas pensadas para organizar el conjunto de la
sociedad, no simplemente para dar una pequeña ayudita precaria y
momentánea a gente que realmente no puede más. Las medidas que de verdad
cambian la sociedad son medidas estructurales, no son estrictamente
reajustes del mercado. El mercado hay que embridarlo, hay que ponerle las
paredes y las fronteras en las que pueda actuar. Solo de esta manera,
solo con una apuesta a fondo por la estabilidad y los estímulos a la
demanda, directos e indirectos, realmente el mercado del alquiler, para
ser más exactos, el alquiler, ganará cuotas rápidas y potentes de
posición frente a la propiedad en nuestro país. E insisto en que me
parece que esta ley está en las antípodas de esta propuesta y creo
sinceramente que va a ser un fracaso.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.


Estamos hablando en todo caso del posicionamiento respecto
a las propuestas de veto. Teniendo en cuenta que son las once menos
cuarto de la noche, ahora únicamente anuncio nuestra abstención y en las
otras intervenciones ya haré la valoración política.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el portavoz del Grupo Popular nos ha dicho que el
Gobierno ha puesto en marcha un paquete ambicioso de viviendas y que uno
de los problemas que va a resolver —también lo decía la señora
ministra— es el de potenciar un mercado ágil y flexible para
impulsar precisamente el empleo y atender a la movilidad. Y nos ha
destacado además el Plan de Vivienda 2013-2016 del Gobierno. Antes de
comenzar mi intervención, les pido que se lean ustedes ese Plan de
Vivienda, para que cuando voten conozcan en profundidad lo que están
votando.


¿Saben cómo van a impulsar la movilidad laboral y a
potenciar el empleo? Pues en ese Plan de Vivienda tan magnífico del
Gobierno han limitado a 532,5 euros los ingresos de una persona para
tener derecho a la ayuda al alquiler. Claro, ya veo que han pensado
concienzudamente en un trabajador que se va a otra provincia y con un
sueldo de 532,5 euros ustedes le van a ayudar a alquilar, porque si gana
535 euros ya no. Ese es el famoso Plan de Vivienda del Gobierno de este
país para impulsar el alquiler y que tome movimiento. Sirve para un
trabajador y sirve para un joven que se quiera independizar. Ustedes
acaban con la renta básica de emancipación por la









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puerta de atrás con este proyecto de ley. Y a partir de
ahora un joven que quiera acceder a la ayuda al alquiler, si gana más de
532,5 euros ya no cumple un requisito que es fundamental. Al trabajador,
por si acaso, le han añadido otro requisito. Léanse, por favor, el Plan
de Vivienda que han hecho. Le han añadido un requisito más, no vaya a ser
que con 532,5 euros todavía nos pida la ayuda al alquiler. Y entonces le
ponen una traba más y le dicen: oiga, pero usted no vaya a tener otra
vivienda. Si le hubieran puesto otra vivienda en la misma provincia,
todavía, porque estarían obligándole a desplazarse con el coche. No, no
tenga usted otra vivienda en todo el territorio español. ¡Y eso que
estaban potenciando la movilidad de los trabajadores! ¡Menudo Plan de
Vivienda! Eso sí que es poner recursos a disposición de los ciudadanos
para impulsar el alquiler, que además de ayudar a las personas que
alquilan, van a ayudar a los propietarios. Nos han convencido,
francamente. Insisto, además de la ley, léanse su Plan de Vivienda porque
se van a quedar ustedes perplejos de las cosas que están apoyando.


El Grupo Socialista presenta un veto a este proyecto de ley
porque es una ley mala, una ley que rompe el equilibrio de derechos y
obligaciones entre el arrendador y el arrendatario, y porque lejos de
impulsar el alquiler, probablemente lo que van a conseguir ustedes con
medidas como la que he explicado es frenarlo. Y además, es un proyecto de
ley en el que vuelven a quedarse solos, aunque como van sobrados de
soberbia, tampoco necesitan a nadie, ni grupos políticos ni
organizaciones sociales. Ustedes se las apañan solos y no necesitan que
nadie les dé su parabién. En este caso la primera que puso el grito en el
cielo fue Cáritas, para que no piensen ustedes que todos somos de
izquierdas. En fin, todas las organizaciones sociales, no quiero ser
exhaustivo por la hora que es.


La señora ministra, en la presentación de este proyecto en
el Congreso, decía que se abordaban los verdaderos problemas de los
ciudadanos. Y yo aquí no veo aparecer a los ciudadanos por ninguna parte,
sino el interés de los bancos, que algunas personas que han intervenido
antes lo han dejado claro. Este proyecto favorece al arrendador, pero
favorece al arrendador porque ustedes estaban pensando en ayudar a los
bancos como propietarios y como arrendadores. Y está claro que eso
perjudica al arrendatario.


Lo que obvia este proyecto de ley es comprometerse, como
deberían hacer los poderes públicos, con el alquiler social. Y en un
proyecto de ley de alquiler no hay ni una sola mención al alquiler
social. Ese no es su problema. Creo que el ponente del Grupo Popular ha
llegado a decir que este no era su sitio. Esa ha sido la expresión que ha
utilizado. O sea, que cuando hagamos una ley de alquileres, hablar del
alquiler social no es su sitio. Ya me contarán cuál es su sitio; el de
los bancos voluntariamente, como las leyes que estamos debatiendo esta
tarde. O sea, vamos a dejar que lo hagan otros, en lugar de hacerlo las
instituciones y el Gobierno, que son los que tienen la responsabilidad.
Ni una sola mención a crear un parque de alquiler de gestión pública.


Lo han dicho algunos intervinientes, este es un proyecto
que parte de un análisis equivocado. Ustedes piensan que aquí lo que
falta es oferta y nosotros lo que pensamos es que falta demanda.
Señorías, ¿alguien duda de que los jóvenes están volviendo con sus
familias? ¿Alguien duda de que los trabajadores desplazados han tenido
que volver a donde vivían anteriormente y los inmigrantes a sus países?
Lo que falta es demanda. Ustedes hacen una ley, y como se basan en que lo
que falta es oferta, pues dicen: vamos a ayudar al propietario; y la
forma de ayudar al propietario —que no la conozco ni creo que sea
la que quieran los propietarios— es acabar con los derechos de los
inquilinos porque en ese caso habrá menos gente con ganas de ser
inquilinos.


El único hecho en esta situación de crisis es que se va a
apoyar el incremento del alquiler, eso sí que va a ayudar a que el
alquiler aumente. Acabamos de discutir una ley sobre el desahucio y le he
dicho que hay 100 000 ejecuciones previstas para este año. ¡Claro que va
a aumentar el alquiler! Va a ser la única opción que va a tener mucha
gente, pero no porque hagamos políticas para ayudar a la gente; con su
proyecto de ley no están pensando en hacer políticas para ayudar a la
gente sino que la gente, si puede, alquilará y, si no, se irá a vivir con
sus familiares.


No encuentro ventajas en reducir la duración del contrato.
A los consumidores cada vez les damos más garantías y hoy, con este
proyecto de ley, ustedes le dicen al inquilino que está en precario. Como
descuelgue el teléfono el propietario y le diga que necesita la vivienda
para él o para sus hijos, no tiene ni que demostrarlo. Les hemos
propuesto enmiendas para, que al menos, eso se demuestre fehacientemente
y el inquilino pueda defender sus derechos, y ustedes dicen que no, que
no lo aceptan. Aquí el propietario puede echar al inquilino aunque no
haya causa para









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ello. Posteriormente el inquilino se vería forzado a
comprobar y a demostrar que le han engañado y, después de pagar,
perseguir tres meses al propietario para ver si es un engaño o no; tras
reclamar judicialmente, si es que le han engañado, pagar las costas de
ese proceso, y si finalmente gana el juicio, la indemnización que
proponen ustedes es de una mensualidad por año que quede de contrato, y
como esto no puede ocurrir nada más que a partir del primer año,
probablemente nadie cobrará una indemnización mayor o que alcance los dos
meses.


Como ven, presentan una ley que es absolutamente injusta y
que favorece solo a una parte. Por quitar, quitan el derecho de tanteo y
retracto y, como he dicho esta tarde en mis intervenciones anteriores, se
nota la pluma de quien escribe. Me dicen sus señorías que le quitan el
derecho de tanteo y retracto, ¿quién está interesado en ese tipo de
cosas? El banco. Lo digo yo, en la ley que ustedes han presentado ese
derecho desaparece. Y lo que yo estoy planteando aquí es que eso no lo ha
pedido ningún propietario. Lo mismo que a un inquilino que esté al
corriente se le puede echar sobre la marcha si no tiene registrado su
contrato. ¿Y quién está interesado en eso? ¿Quién está detrás de que se
escriba eso en la ley? Los bancos, porque cualquiera que compre una
vivienda primero va a ver cómo está y sabe si hay inquilino o no, además
de que hay una obligación legal de declararlo. ¿Por qué quieren los
bancos que el inquilino se vaya? Porque quieren echar a la vez al
propietario y al inquilino cuando se quedan con una vivienda. No quieren
problemas, y ustedes están pensando en eso cuando legislan de esta
forma.


El Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe a
este apartado, al artículo 3, que no pudo hacer ni el Consejo Económico y
Social, en el que se incluyó esa lista negra, porque si hubieran tenido
la oportunidad de informar, probablemente el informe hubiese sido tan
demoledor como lo es para este tipo de asuntos. Dice el Consejo General
del Poder Judicial que la inscripción registral, además de suponer una
carga jurídica para el arrendatario, conlleva un indudable costo
económico porque el arrendatario estará obligado a sufragar los costes de
la escritura del contrato, así como los derechos arancelarios de los
registradores. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial y también
dice más adelante que no era necesaria esa obligación registral. Ustedes
solo están resolviendo el problema de quien les dicta la mayoría de las
políticas del Gobierno, que son los intereses de los que más tienen y de
los bancos.


Presentamos un veto a este proyecto porque rechazamos los
recortes de las políticas que hacen al alquiler y en particular el que
han colado vía enmienda 105 de eliminar la renta básica de emancipación.
Además, ustedes para justificarse dan datos que no se sostienen ni un
segundo. Yo le he oído decir a la ministra —y lo ha dicho en el
Congreso— que la renta básica de emancipación ha supuesto 4000
millones de euros de gastos, y usted viene aquí y nos dice que el Partido
Socialista en políticas de alquiler ha gastado 337. Pues con eso ya están
fundamentadas todas las cifras que nos han dado hasta ahora.


Muchas gracias. Espero que alguna vez puedan escucharnos
con sensatez a los demás y atender algunas de las enmiendas que
presentamos. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Buenas
noches, señorías, gracias por prestar atención.


En primer lugar, hoy es un día en el que estamos hablando
de derechos, estamos hablando de centrar nuestra actividad frente al
ciudadano, y precisamente quiero comenzar mi intervención en el turno de
portavoces recordando el artículo 47 de la Constitución para decir por
qué empiezo por ahí. Reproduzco nada más un párrafo de dicho artículo que
dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada.» Y desde luego, eso es lo que mueve al Partido Popular
a establecer esta nueva política de vivienda tan criticada y tan no
entendida ni comprendida por los senadores que han intervenido antes que
yo.


En definitiva, el Partido Popular, sobre la base de este
artículo 47, trata de crear un ámbito, un tejido que regule la
legislación sobre la vivienda basada en las tres patas que ha dicho el
senador Burgos en cuanto al fomento y flexibilidad del alquiler, en
cuanto a fomentar y facilitar el alquiler y los planes relativos a la
regeneración de viviendas y la rehabilitación. Con ello, señorías, se
consigue lo que desea el Partido Popular con esa política social que le
está caracterizando y con esa audacia que está mostrando en estos pocos
meses que lleva gobernando. En definitiva, se









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trata de dotar de una nueva herramienta, una nueva política
de vivienda a todas las personas, con especial tratamiento —ahí
matizo— a las personas que más lo necesitan y, desde luego,
corregir unos desequilibrios que hasta la fecha estaban asaltando este
sector de la vivienda. Tradicionalmente siempre se había apoyado el
acceso a la vivienda mediante la compraventa y se había dejado abandonado
o aparcado el alquiler.


Señorías, no voy a entrar en datos sobre el índice de
viviendas vacías, sobre lo que representa en España las personas que
viven en alquiler con respecto a las que viven en propiedad, lo que
representamos en el entorno de los veintisiete países de la Unión
Europea, porque mi compañero, el senador Burgos, ha establecido
perfectamente el número excesivo de viviendas vacías, más de 3 millones,
frente a las que están ocupadas en propiedad. En definitiva, esos son
datos que no se los ha inventado el Partido Popular, son datos que ha
certificado el INE sobre la base de la existencia de viviendas del año
2011.


Estos datos, que han sido también mencionados por los
grupos parlamentarios que han intervenido antes que yo, reflejan
claramente que hay un desequilibrio en el sector de la vivienda, lo que
ha promovido que el Gobierno del Partido Popular trabaje ardua, con
conciencia y seriamente para corregir este desequilibrio, insisto,
destinado a todos los ciudadanos, y en especial a las personas que ahora
mismo tienen mayores dificultades económicas.


Por ello, se necesita una nueva política de vivienda debido
a esa situación de crisis económico-financiera que vivimos, como dice la
exposición de motivos del decreto que regula el rumbo nuevo que se da a
las ayudas para el alquiler que se aprobó el pasado día 5 de abril, y que
se manifiesta con gran virulencia en el sector inmobiliario, donde hay
más de 680 000 viviendas vacías de nueva construcción que están
terminadas y están pendientes de que se incorporen a ese mercado para
facilitar el acceso a la vivienda a las personas que lo necesitan. Tarea
evidentemente complicada debido a la tasa elevada de desempleo, que no ha
sido generada, como bien se ha dicho en otros momentos, por el Gobierno
del Partido Popular, pues ya arrastrábamos un lastre de más de 3 millones
de parados de otros Gobiernos de España y, desde luego, por la dificultad
actual de acceso al crédito hipotecario. Por eso, señorías, es necesaria
esa nueva política de vivienda.


Señorías, frente a las críticas del contenido del proyecto
de ley que estamos tramitando esta noche en el Pleno del Senado —y
todos ustedes son conscientes de ello—, se ve claramente que la
política de vivienda relacionada con el alquiler no ha funcionado, que la
LAU del año 1994 ya no cumple su objeto. No tiene capacidad regulatoria
para adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora eso se ve, evidentemente, en
el número tan elevado de viviendas. Y, desde luego, actualmente no
cumple, ni mucho menos, con el criterio para flexibilizar y fomentar el
alquiler. No dinamiza el mercado. El alquiler está prácticamente apagado.
No tiene fuerza para favorecer el acceso a la vivienda en un escenario
como el actual, en el que, como bien se ha dicho, es fundamental promover
la movilidad laboral y adoptar soluciones rápidas y eficaces para las
personas que más lo necesitan.


Señorías, con sus vetos se están oponiendo a todo este
beneficio que pretende conseguir el Gobierno de España con esta ley y
que, desde luego, el Grupo Popular en el Senado va a apoyar hasta sus
últimas consecuencias. ¿Qué quieren, señorías de la oposición? ¿Que siga
existiendo esta desproporción entre régimen de alquiler y régimen de
propiedad, pero con el fin último de adecuar a todas las personas en una
vivienda digna? ¿Qué pretenden ustedes? ¿Que se impida también el acceso
al alquiler a aquellas personas que actualmente más lo necesitan? ¿Y qué
quieren, señorías? ¿Que se mantenga también la desigualdad en la
seguridad jurídica, tanto para terceros como para los inquilinos? El
Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno, no está por esa
labor, señorías. Y, desde luego, no está por la labor de no apoyar esta
ley.


Como ya se dijo en otro momento y en otro foro, con esta
ley no se pretende decirles a los españoles cómo tienen que vivir. Se
pretende nada más establecer unas reglas claras, concisas y sencillas que
regulen la relación contractual entre el arrendador
—propietario— y el arrendatario —inquilino—, al
margen de ese puro y duro intervencionismo que muchas veces el Estado ha
pretendido. Y todo ello, por supuesto, dentro de la mayor seguridad
jurídica para los intervinientes en esa relación contractual.


Señorías, este proyecto de ley no ha sido sacado del horno
sin más, a estos foros, tanto del Congreso como del Senado, sin haber
contado con los informes preceptivos y facultativos de múltiples
organismos que han estado de acuerdo en los temas que se planteaban en
esta ley. Y,









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desde luego, también ha sido muy interesante el periodo de
información pública, en el que se recibieron una serie de planteamientos
para la mejora de este proyecto de ley.


En el turno de portavoces me referiré, en general, a todo
lo que han aportado ustedes en este debate, con los vetos. Ahora me voy a
centrar en tres o cuatro aspectos fundamentales de crítica. El primero de
ellos es que ustedes se empeñan en decir que esta ley rompe el equilibrio
entre los derechos y garantías del arrendador y los del arrendatario. No,
señorías. No estoy nada de acuerdo en eso y el Gobierno del Partido
Popular nunca hubiera presentado un proyecto de ley que conculcara esta
máxima suprema. La libertad de pactos, como fuente inspiradora de la
relación contractual, genera unas posiciones que las partes han decidido
libremente. Ello beneficia la flexibilización y también lo que se
pretende conseguir con esta ley. Se ha mencionado el informe del Consejo
General del Poder Judicial y creo que el senador Fernández Ortega ha
arrimado, como se dice vulgarmente, el ascua a su sardina. Porque, en
efecto, el Consejo General del Poder Judicial establece que la tesis
planteada en este proyecto de ley supone abandonar el tradicional
convencimiento de que en esta clase de contratos todo lo que se deje a la
libertad de pacto de las partes implica dejar de corregir el
desequilibrio natural de la posición negociadora; y reconoce que es lo
que pasaba antes. Pero entiende también que, con la modificación operada
en el artículo 4 de la ley, se está restableciendo ese equilibrio que
ustedes dicen que se ha perdido. Además, considera muy plausible y muy
beneficioso que el Gobierno de España haya mantenido el artículo 6, que
seguirá prestando una guía interpretativa al juez en todos aquellos casos
en que la autonomía de la voluntad rebase el área que le es propia o no
se manifieste con suficiente nitidez. Esa es la interpretación objetiva
del informe del Consejo General del Poder Judicial.


Respecto a la inscripción en el Registro de la Propiedad,
señorías, les recuerdo que es voluntario, y no obligatorio; y, desde
luego, pretende dotar también a los contratos de arrendamiento de esa
seguridad de la que han dispuesto los arrendamientos de los locales de
negocio; también lo ha mencionado el senador Fernández Ortega, que ahora
mismo está enfrascado en una conversación muy interesante y no está
prestando atención a este interviniente en el Senado. Pero, bueno,
seguimos con lo que estamos. (Aplausos.) En fase de alegaciones, la
inscripción fomentaría la transparencia en el mercado del alquiler, la
mayor seguridad del tráfico jurídico, y proporcionaría seguridad a las
partes, señorías, con el objeto que se pretende con esta ley, que es
atraer más viviendas al mercado del alquiler, así como que el inquilino
tenga una mayor oferta para decidir, con una reducción sustancial del
precio, lo que podría permitirle el acceso a la propiedad.


Otro de los aspectos es la duración del contrato. Señorías,
con la duración del contrato no se pretende nada más que establecer unos
mínimos, tres años en vez de cinco, y que la prórroga forzosa sea de un
año en vez de ser de tres. Pero hay que recordar que la duración del
arrendamiento será libremente pactada por las partes. Así, evidentemente,
arrendador y arrendatario, si están de acuerdo, podrán pactar una
duración superior a ese período de tres años o de los cinco que existe
actualmente, e incluso una prórroga mayor respetando siempre el mínimo de
uno. Esto es lo que permite el equilibrio entre las partes. El derecho a
la vivienda se tiene que regir por el mercado, pero este tiene que estar
regulado por una normativa flexible, adecuada y eficaz para culminar el
objetivo que pretende el Gobierno de España.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Termino, señor presidente.


Muy amable y muchas gracias. Buenas noches. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar las propuestas de veto. Les
recuerdo que, para su aprobación, se exige la mayoría absoluta de la
Cámara.


Comenzamos por la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 61; en contra, 145; abstenciones, 16.









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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de
los senadores Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de la senadora
Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la
senadora Sequera.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 60; en contra, 145; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 60; en contra, 145; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Y finalmente votamos la propuesta de veto número 5, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 58; en contra, 145; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Una vez rechazadas las propuestas de veto, señorías,
entramos en el debate de las enmiendas. (Rumores.)


En primer lugar, enmiendas de la 1 a la 17, de los
senadores Iglesias y Mariscal. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Mariscal. (Rumores.)


Guarden silencio, señorías, guarden silencio por favor.
(Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)


Cuando quiera, senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Me han dado dieciocho minutos para defender mis enmiendas,
que utilizaría gustosamente si supiera que con ello les íbamos a
convencer de que aceptasen algunas de las enmiendas que ha presentado mi
grupo. Mi padre me enseñó que los esfuerzos inútiles llevan a la
melancolía, y me referiré brevemente, porque es mi obligación, a las
enmiendas que hemos presentado.


Varias de nuestras enmiendas tienen un carácter defensivo,
y proponen el mantenimiento de la regulación actual en materia de
duración mínima del contrato de arrendamiento, de prórrogas del contrato,
de actualización de la renta y de la fianza, de derechos de tanteo y
retracto o en lo que se refiere a la demanda de desahucio por falta de
pago de rentas, y vuelvo a mencionar el desequilibrio que creemos que se
produce, mayor ahora, en la protección de los derechos de los
arrendadores e inquilinos, a favor de los primeros.


En otras enmiendas rechazamos el hecho de que los
arrendamientos de fincas urbanas —también me he referido a ello
antes en mi intervención— surtan efectos frente a terceros que
hayan inscrito su derecho, debe inscribirse en el Registro de la
Propiedad. Y hay cuatro enmiendas que nos parecen tremendamente
importantes y que, si ustedes se equivocan en la votación, estaría muy
bien que fuera en alguna de estas cuatro: la que intenta abordar esa
lacra social que es el acoso inmobiliario, habría que regularlo un
poquito mejor, creemos que no está bien regulado en este proyecto de ley,
y es una cuestión muy importante; la que hace referencia a un parque
público de viviendas en alquiler; otra sobre la existencia de viviendas
con protección pública que









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están desocupados; y en último lugar la enmienda en la que
pedimos penalizar fiscalmente las viviendas desocupadas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas de
la 18 a la 39 y de la 95 a la 98. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente. También seré breve.


Nosotros hemos presentado 22 enmiendas en total, divididas
en cuatro bloques. El primer bloque lo forman las enmiendas 18, 21, 22,
23, 25, 26 y 28 y en ellas se plantea la supresión de la previsión
registral. Aunque en el proyecto de ley se plantea con carácter
potestativo, la realidad es que las consecuencias que se establecen en
determinadas disposiciones hacen imprescindible la inscripción, y en una
situación económica como la que estamos viviendo, que lo que promueve, lo
que potencia, es justamente el efecto contrario al que se pretende
conseguir: el encarecimiento del producto final.


Un segundo bloque de enmiendas se centra en el ámbito del
turismo, pero no lo voy a desarrollar.


El tercer bloque es de mejora técnica y se presenta en
coherencia con otra serie de referencias legislativas. En ese grupo se
encuadran las enmiendas 24, 27, 29, 30, 31, 36 y 37.


En la enmienda número 35 nos centramos en la gratuidad de
las tasas; en la enmienda número 38, en la relación con los bancos y las
viviendas sociales; en la enmienda número 39, en la constricción de la
condición de los lanzamientos; y en las enmiendas 32, 33 y 34 entendemos
que el proyecto de ley debería extender a las instituciones de inversión
colectiva la flexibilización de los requisitos que se introducen en el
proyecto de ley para las sociedades de inversión inmobiliaria.


Creo que así quedan más o menos descritas las 22 enmiendas
a las que he hecho referencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas. Para la defensa del primero de ellos, que comprende las
enmiendas 40 a 52, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


A las once y cuarto de la noche, dado que no hay ningún
tipo de encuentro en el diálogo ni capacidad para llegar a algún acuerdo
en relación con las enmiendas, la gestión más inteligente que puedo hacer
del tiempo es darlas por defendidas.


Por otro lado, quiero recordarles a los demás oradores que
a estas horas, por no existir, no existe ni el minuto de gloria. Así que
les ruego sobriedad y austeridad en el uso del tiempo.


Gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Para la defensa de las enmiendas 53 a 66, tiene la palabra
el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.


Lo siento por el senador Guillot y por todos ustedes, pero
voy a utilizar el minuto de gloria para presentar nuestras enmiendas,
aunque de forma sucinta, que evidentemente guardan coherencia con los
razonamientos que se han expuesto en el veto que acabamos de debatir.


El primer grupo de enmiendas se refieren al artículo 1 y en
ellas pedimos la supresión de todas las medidas que incorpora en cuanto a
precarización del contrato de alquiler para los arrendatarios y al
favorecimiento unilateral del arrendador; concretamente, pedimos la
supresión de la reducción de cinco a tres años, la de las facilidades
para la rescisión unilateral del arrendador en lo que tiene que ver con
la inscripción previa en el Registro ―que, si no se hace, permite
una rescisión unilateral en caso de venta de la propiedad, de embargo del
propietario, etcétera―, la de la actualización por IPC y también la
de las reducciones drásticas de las indemnizaciones por el falso uso
familiar de la rescisión y el retorno de la vivienda al propietario.









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La enmienda al artículo 3 se centra en la supresión del
registro de sentencias firmes que crea este artículo. Como he explicado
antes, nos parece una auténtica vergüenza que se instituya esta doble
penalización a las personas que tienen más dificultades para hacer frente
en este momento a sus obligaciones y, como también se ha dicho, que se
les condene no se sabe muy bien a qué; porque si no pueden alquilar
ningún piso ¿cuál va a ser la solución para estas familias?


Pero quisiera detenerme un momento en una disposición final
que hemos propuesto; una nueva disposición final para comprometer al
Gobierno en la regulación sectorial de la que la propia ley habla en un
apartado del artículo 1: los apartamentos turísticos. Este es el único
punto positivo que tiene esta ley: empezar a decir algo sobre una
cuestión altamente problemática, altamente conflictiva en muchos barrios
y pueblos de nuestro país. Los apartamentos turísticos, por empuje de la
crisis en muchos casos, están constituyendo una auténtica distorsión de
la funcionalidad y también del mercado de fincas de vivienda habitual en
estos barrios y pueblos. Y hay que hacer algo, hay que intervenir en esta
cuestión. Ciertamente, es competencia de las comunidades autónomas, que
son las que deberían hacerlo; pero, como no lo hacen, debería haber una
regulación sectorial supletoria que pudiera empujarlas a cumplir su
finalidad y a abordar esta cuestión, que aunque es cierto que es
compleja, en estos momentos está superando los límites del efecto y del
impacto para muchos barrios y pueblos de Cataluña y de España.


Para acabar, hablaré de nuestra posición sobre la enmienda
número 105, que sintetiza en gran medida la gran contradicción en las
propuestas que sobre vivienda han formulado los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Cómo es posible que el día 4 de abril, como
consta en la documentación que tenemos, se introduzca una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular que contradice, que automutila el plan de la
vivienda —es una metáfora— que el Consejo de Ministros
aprueba al día siguiente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llegar a
entender que una enmienda rectifique un plan de vivienda que todavía no
ha sido presentado y que el Consejo de Ministros aprueba al día
siguiente? La ministra lo presentó de forma solemne al finalizar la
sesión, a bombo y platillo ante la prensa y ante toda la ciudadanía ¿No
es acaso esta la mayor prueba de la falta de convicción, de la falta de
potencia del discurso a favor del alquiler, del Gobierno del Partido
Popular? Una enmienda, la 105, que después ha sido autocorregida para
evitar la catástrofe de las viviendas de las promociones de alquiler
social, promovidas básicamente por particulares y por entidades sin ánimo
de lucro, pero que continúa manteniendo un auténtico cercenamiento de las
políticas públicas de alquiler social: una desaparición total presente y
futura de las ayudas al alquiler social, y en el contexto en que estamos.
¿Cómo se puede entender este doble juego, cómo se puede justificar?
Espero que ustedes intenten hacerlo, por la dignidad de los
procedimientos parlamentarios. ¿Cómo se puede llegar a justificar este
doble juego de presentar por la noche una enmienda y al día siguiente
hacer ver que la política a favor de la vivienda de alquiler es sincera y
va claramente orientada a su ampliación y a su fomento?


El Grupo Entesa apoyará todas las enmiendas que vayan en
esta dirección y tengan como objetivo intentar evitar que esta ley lleve
hasta las últimas consecuencias estos efectos tan nocivos para el régimen
de alquiler en nuestro país.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


El Grupo Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 67
a 85 y 87 a 94. Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.


Permítame, en primer lugar, que manifieste, en nombre de mi
grupo parlamentario, un enojo profundo porque consideramos que las once y
media de la noche no son horas para debatir ni esta ni ninguna otra ley.
Si es necesario habilitar el jueves, pues se habilita el jueves. Lo que
no puede ser es que, después de la fama que tenemos en el Senado, pasemos
de puntillas sobre esto, lo hagamos por detrás y sin ningún tipo de
difusión, como debería haberse hecho. Creo sinceramente que merecemos
mayor dignidad en la explicación, en el tiempo, pero también en el
momento. Han pasado catorce horas desde que empezó esta sesión
plenaria.


Dicho esto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene una larga trayectoria de compromisos con la necesidad de fomento
del mercado de alquiler. Les recuerdo que en los últimos tres años hemos
presentado cerca de veinticinco iniciativas sobre modernización y fomento









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del alquiler. En cuanto a nuestras enmiendas, —hemos
presentado 28— son una regulación jurídica básica, a nuestro
entender, para el equilibrio de derechos y deberes. Se trata, por tanto,
de ser justos y equitativos, y de garantizar viviendas a los más
vulnerables. Este es el sentido principal de nuestras enmiendas.


Consideramos que hay una cierta ironía con este proyecto de
ley, teniendo en cuenta que se titula para el fomento del mercado de
alquiler y, en realidad, lo que en muchas ocasiones hace es aniquilar
determinadas políticas sociales en relación con la vivienda social. Sobre
todo, a partir de la tramitación de la famosa enmienda 105 del Partido
Popular. La primera intención de esta enmienda, como ustedes sabrán,
señorías, es cargarse todo lo que tiene que ver con subsidiaciones y con
subvenciones, y con ella acaban ustedes transaccionándose a ustedes
mismos. Una cuestión muy difícil, complicada: se transaccionan a ustedes
mismos. Yo no lo había visto nunca, en ningún Parlamento, pero no pasa
nada, siempre se aprende. Se transaccionan a sí mismos, como digo; en el
momento en que diferentes grupos de presión les hacen ver que la
reflexión de los partidos políticos no es suficiente, ustedes se
transaccionan, corrigen la subsidiación que proponen en la enmienda 105 y
mantienen la anulación de las subvenciones. Esta anulación de las
subvenciones, como bien decía mi portavoz, merece un titular: suprimir
ayudas con nocturnidad. Estas subvenciones son importantísimas para el
fomento del alquiler social, y el impacto que tendrá en entidades
públicas, en instituciones públicas vinculadas a las administraciones
locales, es enorme.


Yo le puedo decir que la cantidad de dinero que Cataluña
dejará de recibir y que ustedes han anunciado supone 104 millones de
euros. Lo que pasa es que, cuando se habla de enmiendas, hay que explicar
lo que representan las enmiendas; y la enmienda 105 representa lo
siguiente para Cataluña: Familia i Benestar Social, 2 164 717 euros que
no se cobrarán; Consorci Igualada, 1 036 300 euros que no se cobrarán;
Patronat Santa Creu de la Selva, 2 921 000 euros que no se cobrarán;
Fundació Privada Foment de l`Habitatge Social, 335 831 euros que no se
cobrarán; Fundació Casa Teva, 500 000 euros que no se cobrarán; Hermanos
Franciscanos de Cruz Blanca, 899 000 euros que no se cobrarán; Patronat
Municipal de l`Habitatge, 5 937 963 euros que no se cobrarán; Habitatges
Municipals de Sabadell, 3 723 000 euros que no se cobrarán; Promocions
Urbanes de Rubi, 413 377 euros que no se cobrarán; IMSA, 2 170 000 euros
que no se cobrarán; Societat Municipal Terrassa, 150 000 euros que no se
cobrarán; Empresa Municipal d’Urbanisme, 149 000 euros que no se
cobrarán; Lloguer Soc., 5 373 000 euros que no se cobrarán. Sant Quirze
del Vallés, 802 503 euros que no se cobrarán; Moià Futur, 218 800 euros
que no se cobrarán; Regesa, 195 954 euros que no se cobrarán; Fomento
Inmobiliario, asequible, 10 888 339 euros que no se cobrarán; Palacín
Jordi Soro, 47 000 euros que no se cobrarán; Llar Jove, 2 667 000 euros
que no se cobrarán; Arrels Lloguer, 285 000 euros que no se cobrarán;
Edificio Canaletas, 20 000 euros que no se cobrarán; Montresor, 120 000
euros; Balec Projetes Immobiliaris, 1 043 000 euros; Solviá Development,
3 342 000 euros; Projecte Habitat 2000, 337 000 euros; Promou Interpromo,
513 000 euros; Finques Turró, 147 000 euros; Gupsa, 962 000 euros; Terres
de Ponent, 622 347 euros; etcétera, etcétera, etcétera. Projectes i
Construcció Social a Sabadell, 2 822 000 euros; Altamira, 2 223 000
euros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene nombre y apellidos, y
tiene territorio, y tiene ciudadanos, y tiene cara y ojos, a los que se
les han generado expectativas en base al Plan de Vivienda aprobado
anteriormente, y que ustedes habían heredado.


A esto, además de insensibilidad social, se le llama
deslealtad institucional. No sé si les suena mucho a ustedes, porque
visto lo visto, no les preocupa demasiado. Pero no se trata de una
enmienda y un papel, porque el papel lo aguanta todo, se trata de la
enmienda 105, y ustedes se quedan la mar de tranquilos diciendo: no, no,
el tema de las subvenciones lo sacamos. No, el tema de las subvenciones
quiere decir que el conjunto de este listado —y nada más que les
hablo de Cataluña—, el conjunto de este listado se quedará con las
promociones hechas y a cargo de las mochilas de las instituciones
municipales de los ayuntamientos. Por tanto, es de una gravedad extrema,
es como si los ayuntamientos fuéramos muy ligeros de equipaje, desde el
punto de vista de la financiación, y entonces ustedes vienen aquí, dan
lecciones sobre el equilibrio, dicen que se lo encontraron fatal, que no
se hizo nada, que cuando vienen lo arreglan todo, y añaden lo del: usted
más, usted más y usted más. Y entre el usted más y el usted más, ¿que
queda? Quedan los ciudadanos de a pie.









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Y yo les digo que como alcaldesa me preocupa enormemente
esta falta de lealtad institucional por parte del Partido Popular y,
evidentemente, del Gobierno central. ¿Pero es que se creen que los
ayuntamientos no tienen responsabilidades ante sus ciudadanos? ¿Alguien
pudo llegar a imaginar que cuando los ayuntamientos sacaron adelante una
promoción, basada en un acuerdo de un plan de vivienda financiado con
crédito público, con crédito institucional del ministerio, pasado un
tiempo vendría un partido, el que fuera —en este caso ustedes, el
Partido Popular—, que dijera: no, no, donde hubo, no hay nada;
aquello que se acordó, no existe, y de aquellas promociones que los
ayuntamientos tienen que sacar adelante nosotros no sabemos nada, y no
podemos mirar atrás porque con el pasado nosotros no tenemos nada que
ver? Eso sí, tienen que ver para decir que aquellos eran muy malos y que
lo hacían todo fatal; pero para heredar el compromiso institucional, nada
de nada de nada. Ahora, ustedes subirán a la tribuna y dirán: somos el
primer Gobierno que se está tomando en serio los problemas, que tiene
conciencia social —esto lo dicen ustedes, porque no hay nadie que
se lo crea—, etcétera, etcétera, etcétera. Es así.


Yo les propongo una cosa como mínimo a los portavoces del
Grupo Popular que están defendiendo este proyecto de ley, y concretamente
esta enmienda 105. Les invito, y yo les acompaño, a visitar todos los
municipios de Cataluña —no puedo invitar a los demás porque no sé
dónde están— para que les expliquen aquellos compromisos
institucionales que hoy —se lo han sacado de la manga— dicen
que no existen y que se les ha quedado en la mochila de los
ayuntamientos. Yo les acompaño, y ustedes den la cara y digan a estos
ayuntamientos y a estas instituciones municipales, díganles que donde
hubo no hubo nada y que del compromiso que hubo —por cierto ustedes
también votaron mociones en esta línea— ustedes no asumen nada.
¿Saben por qué? Porque de tanto pegar el dedo al no, se les ha
insensibilizado. Es así. No les estoy hablando de un papel, ni de una
palabra que es fea, enmienda. No les hablo de esto. Les estoy hablando de
compromisos institucionales.


¿Qué tienen que hacer ahora los ayuntamientos? ¿Se lo
tienen que tragar? ¿Quién asume este dinero? ¿Me pueden responder quién
asume este dinero? Creo sinceramente que es de una gravedad extrema y que
nada más es equiparable a la insensibilidad que están demostrando. Esto
es así. ¿Les vuelvo a repetir el listado? No lo hago por la hora, pero no
porque no se lo merezcan.


Es muy grave la enmienda 105. Y además de que consideramos
que es incongruente con el proyecto de ley, lo que no se puede
justificar, bajo ningún concepto, es esta deslealtad institucional: todos
estos ayuntamientos, todas estas instituciones, estas sociedades
municipales se van a tener que hacer cargo de sus incumplimientos, de su
falta de lealtad institucional, de su falta de sensibilidad social. No
hay derecho. Yo les pido que piensen un poco. Sé que es muy tarde, pero
piensen un poco. Y déjense ya de que como somos tantos y lo vamos a ganar
todo, no hace falta escuchar. Esto es muy cansino, pero no es que sea
cansino porque ustedes ganan siempre, sino porque pierden la credibilidad
política; ganan la aritmética pero de credibilidad política les aseguro
que cero, cero patatero, que me parece que es algo que les suena mucho a
ustedes.


Aquí se puede venir y traer proyectos de ley, que
evidentemente uno puede estar de acuerdo o no, puede haber matices y nos
gustaría a la oposición poder creer que se nos escucha en algún momento,
por todo aquello del parlamentarismo, pero igual es que soy muy ingenua.
Pero que ustedes traigan aquí enmiendas que se carguen el más elemental
estricto compromiso institucional adquirido con planes de vivienda que
ustedes también aprobaron y que sacaron adelante, esto es de una
inconsciencia política que yo creo sinceramente que no tiene
antecedentes.


Me reservo para la segunda parte.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado, al igual
que el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la vuelta al
texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la
enmienda 105 del Grupo Parlamentario Popular y, además, ha presentado las
enmiendas números 106 a 136.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Becana.









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El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, señor
presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista también quiero
decir que precisamente porque queremos desarrollar el artículo 47 de la
Constitución Española y porque creemos que el proyecto de ley que hoy
estamos debatiendo no garantiza este derecho para todos los españoles por
igual, es por lo que hemos presentado un veto y 31 enmiendas que se han
ido explicando cuando se han defendido en Pleno y en Comisión.


Y me gustaría hacer una pequeña síntesis de todo esto. Es
verdad que es necesario empezar por el tema monográfico que ha utilizado
la anterior portavoz y también otros portavoces, que es la enmienda que
se presenta a sí mismo el Grupo Parlamentario Popular y que indica de
forma muy clara cómo va a desarrollar el plan de vivienda que aprueba el
Consejo de Ministros el día siguiente de haber introducido con
nocturnidad en el Senado esa enmienda; una enmienda que, entre otras
cosas, como se ha dicho, acaba con derechos adquiridos por compradores de
viviendas de promoción pública, acaba con derechos adquiridos por jóvenes
que se habían acogido a la renta básica de emancipación, y lo hace con
carácter retroactivo, sabiendo que aquellos que ahora pierden derechos
que tenían adquiridos no podrán acudir a los tribunales a defenderlos
porque paralelamente el ministro de Justicia ha establecido unas tasas
judiciales que van a tener un efecto disuasorio para que los ciudadanos
que se ven atacados por este proyecto de ley, y por esta enmienda en
concreto, puedan defender sus derechos.


Señorías, si me permiten un poco de ironía, creo que lo
único que va a fomentar el alquiler es precisamente esta enmienda 105,
porque aquellas personas que compraron su vivienda y que, gracias a las
ayudas de los anteriores planes estatales de vivienda, se quedaron con
una hipoteca que rondaba los 300-400 euros, desde el mes de julio están
pagando —y lo van a ratificar ustedes con esta enmienda—
600-700 euros, porque han perdido las ayudas a la subsidiación que les
reconocían los anteriores planes de vivienda. Es muy probable que cuando
estas personas se encuentren con alguna circunstancia sobrevenida que les
haga perder su puesto de trabajo o les dificulte su propia economía
familiar tengan que perder su vivienda y tengan que recurrir al
alquiler.


Es la única medida de fomento del alquiler que hemos
encontrado en este proyecto de ley. No hay ninguna más. No es un proyecto
de ley que venga acompañado de una memoria económica, se remite al plan
de vivienda. Y hablan de 2000 millones para toda la duración del plan,
pero ahí entran todas las actuaciones en materia de vivienda, no
solamente las actuaciones en materia de alquiler, y sin actuar
económicamente como se venía haciendo en los planes anteriores en el
alquiler de la vivienda, no conseguiremos promover ese cambio de hábito
respecto de la vivienda habitual, es decir, no conseguiremos que se pase
de la actitud favorable a la compra a la opción del alquiler. Hay que
estimular ese cambio.


Es verdad que las circunstancias han cambiado, es verdad
que el plan que ha aprobado el Gobierno el día 5 de abril tiene que dar
prioridad al alquiler, ¡claro que lo tiene que hacer! ¿Porque no lo había
en los planes anteriores? No, porque ha cambiado la realidad económica de
nuestro país, ha cambiado por circunstancias que no son imputables al
Gobierno anterior y que han hecho que se hundiera un sector, el sector de
la construcción, han hecho que se hundiera el sistema financiero, que
entrara en crisis el sistema financiero, y por lo tanto todo el volumen
crediticio de las entidades bancarias, y se acabó el poder acceder a la
compra de vivienda.


Si nos vamos a encontrar con una sociedad que va a vivir
durante estos próximos años condicionada por estas circunstancias, es
lógico que la prioridad de un plan de vivienda aprobado en el año 2013
encamine sus actuaciones hacia el alquiler, y lo hará con un entorno
mucho más favorable al alquiler que el que se encontraron los anteriores
planes de vivienda, pero actuando como se actuó se consiguió pasar del
10% de viviendas alquiladas al 17%. Y ahí tuvo mucho que ver una
actuación que se llama renta básica de emancipación, por la cual los
jóvenes cobraban una parte del alquiler que pagaban cuando se emancipaban
de sus familiares; fue un programa que ayudó a emanciparse a más de 180
000 jóvenes. Ahora, después de las diferentes decisiones que ha ido
tomando el Partido Popular desde el año pasado, quedan unos 120 000
beneficiarios, que en cuanto entre en vigor el nuevo plan de vivienda
desaparecerán; 120 000 jóvenes que se quedarán sin la ayuda, bastante
probable que la mayor parte de ellos abandonen el alquiler y bastante
probable también que los propietarios que tienen alquilados esos pisos
pierdan las rentas que están recibiendo por ese alquiler.









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En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, las voy a agrupar por los argumentos que hemos
ido exponiendo durante este debate y durante el debate en comisión. Del
análisis de este proyecto de ley hemos dicho que es un proyecto de ley
que rompe el equilibrio entre los derechos y las obligaciones del
arrendador y del arrendatario, y nos dicen que no. Nosotros pensamos que
sí, que reduce la duración del contrato y los años de prórroga —por
lo tanto precariza los contratos—, facilita la rescisión unilateral
del contrato por parte del arrendador, se puede echar al inquilino a
partir del primer año con muchísima facilidad y sobre todo le niega al
arrendatario el derecho de tanteo y retracto.


Para corregir eso hemos presentado las enmiendas que tienen
por objeto establecer en cuatro años y en tres de prórroga la duración
mínima de los contratos de alquiler, considerando que pasar de los
actuales cinco años más tres de prórroga, a los tres que contempla el
proyecto de ley más uno de prórroga, supone un cambio radical en contra
de los intereses del arrendatario. Está claro que una reducción
significativa de la prórroga del contrato desincentiva la demanda.


Nuestras enmiendas pretenden también garantizar la
estabilidad del contrato con independencia de su inscripción en el
Registro de la Propiedad. Dicen que quieren incentivar el alquiler y
establecen una obligatoriedad que conlleva gastos, que conlleva
prácticamente el importe de una mensualidad. Un piso medio que se
arriende por 400 euros, conlleva 400 euros de gastos que se tiene que
gastar el inquilino para tener una seguridad jurídica en el contrato que
firma que ya se la está dando la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. Si
lo que realmente dice el Gobierno que pretende con esta ley es fomentar
el alquiler, ¿cómo le vamos a decir al inquilino que gaste más dinero si
quiere tener mayor seguridad jurídica cuando el propietario le plantee
que va a necesitar su casa para un hijo que se quiere casar o cuando el
propietario le plantee cualquier otra cuestión relacionada con su
contrato?


Hemos presentado otro grupo de enmiendas para que cuando el
propietario comunica al inquilino que va a necesitar su piso lo haga de
forma fehaciente, lo acredite de forma suficiente. No basta con una
comunicación verbal, y así lo recoge el proyecto de ley, en el sentido
de: Oye, vete, que se casa mi hijo. Y cuando oye: Vete, que se casa mi
hijo, el inquilino se tiene que ir. Y si a los tres meses el hijo no se
ha casado, el inquilino, si no se ha gastado 400 euros registrando el
contrato de alquiler, no tiene posibilidad de evitar que le desalojen del
piso. Y si lo hace y gana el contencioso, después de haberse ido del
piso, tendrá derecho a que le indemnicen con un mes de alquiler. Pensamos
que eso no equilibra las relaciones entre al arrendador y el
arrendatario.


Pedimos también que la limitación a la renuncia del derecho
de adquisición preferente en el caso de la vivienda arrendada se
establezca, si se va a hacer esa renuncia, mediante pacto expreso
incorporado en el contrato de alquiler.


Hemos presentado, ya lo he dicho, una enmienda para
suprimir el requisito de inscripción de la vivienda. Dada esta actitud
favorable que tienen a sumar apoyos a los proyectos que han presentado
durante la legislatura, y especialmente a los proyectos que hemos
debatido esta tarde, pensamos que quizás esta idea pueda resultar
demasiado fuerte para ustedes. Les proponemos que si quieren insistir en
que esa inscripción en el registro sea necesaria, por lo menos
establezcan una bonificación del 60% de las tasas y de los aranceles, que
no tiene repercusión en el déficit público. Nos parece una mala idea que
el proyecto de ley renuncie a que el criterio de renovación automática de
la renta anual del alquiler se desvincule del IPC, porque es un criterio
universalmente aceptado por todo el mundo, no está dando ahora ningún
problema y si se desvincula generará problemas en la relación entre
arrendatarios y arrendadores.


Con la enmienda 105, que metieron ustedes con nocturnidad
en el Congreso de los Diputados, hicieron otra tropelía. Presumía el
portavoz del Grupo Popular de que este era un proyecto que había sido
sometido a consultas y a exposición pública de diferentes organismos,
pero hay partes sustanciales que están fuera de esa consulta. Esa
enmienda 105, por poner un ejemplo, que introdujeron, repito, en el
Congreso de los Diputados estableciendo las listas negras de aquellos
inquilinos que han dejado de pagar su renta, no ha podido ser informada
por nadie. Y ahí estamos estableciendo otra injusticia, porque están
ustedes poniendo al mismo nivel a aquellos inquilinos que dejan de pagar
por razones económicas, por circunstancias personales adversas, que a
aquellos ciudadanos que dejan de pagar su renta por motivos menos justos.
Sin embargo, todos tendrán problemas serios cuando quieran alquilar una
nueva vivienda.









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Es un proyecto poco ambicioso, porque no actúa sobre la Ley
del Suelo, no contempla la creación de un organismo público para el
impulso y la gestión del alquiler del parque de viviendas, ni de las que
hay de promoción pública ni de las que se podrían gestionar con el banco
malo. Nosotros proponemos que creen un organismo —ya sé que nos
dirán que no funcionó, pero vale la pena intentarlo— ejecutivo
público, sin gastos adicionales porque se puede hacer con las estructuras
que ya tiene ahora la Administración General del Estado y que ese
organismo sea el encargado de gestionar de una forma ordenada, coordinada
y razonable las políticas de vivienda en alquiler que se pretenden poner
en marcha por la Administración.


Lo más grave de este proyecto de ley —lo he dicho
anteriormente— es que acaba definitivamente con la renta básica de
emancipación de los jóvenes. En 2008 se estableció la renta básica de
emancipación que consistía en una ayuda mensual por importe de 210 euros
durante un período máximo de 48 meses que podía disfrutar de forma
ininterrumpida un joven hasta los 30 años. En 2011 el Partido Popular la
paralizó, impidiendo la incorporación de nuevos beneficiarios. En 2012 el
Partido Popular la recortó, reduciendo la ayuda mensual a 147 euros, un
30% de aquellos 210 euros que tenían reconocidos. Y en 2013 el Partido
Popular la elimina definitivamente con carácter retroactivo. Todos
aquellos jóvenes que la tienen ya concedida y que la están cobrando la
perderán al día siguiente en que entre en vigor el nuevo plan de vivienda
y como alternativa —se lo ha explicado antes mi compañero Juan
Manuel Fernández— ustedes les van a ofrecer unas ayudas al alquiler
no ya como jóvenes, sino como individuos. El requisito que le van a pedir
a un joven, a una persona sola, es que no cobre más allá de una vez el
Iprem, es decir, que no cobre más de 532,51 euros, y con ese sueldo será
imposible que nadie se acoja a ayudas que probablemente no superarán los
120 euros.


En consecuencia, es probable que al anularse la renta
básica —se lo decía antes— se anulen también los contratos de
alquiler que tienen estos jóvenes, y los jóvenes perderán su vivienda y
los propietarios perderán su empleo.


Acabo haciendo mención a un aspecto que es importante. Lo
hemos hablado en la ley anterior, son temas de simple sensibilidad que no
cuestan dinero y que, sin embargo, pueden aportar un grano de arena para
que la gente que tenga dificultades en estos momentos tenga un respaldo
del Gobierno. Me refiero a la posibilidad de ayudar al pequeño comercio
que está todavía con rentas antiguas, rentas antiguas que, según la Ley
de Arrendamientos Urbanos en vigor acabarán el día 1 de enero de 2015.
Ese año se actualizarán las rentas, en el año peor para las economías de
estos pequeños comercios. ¿Tiene el Gobierno algún problema para, dadas
las circunstancias económicas que está pasando el país, prorrogar por
cinco años más esta renta? No cuesta dinero porque es una cuestión de
sensibilidad.


En resumen, les hemos dicho ya que es una ley equivocada en
el análisis de partida, es desequilibradora en la relación
arrendador-arrendatario, a favor del propietario y a favor de los bancos.
Despoja al arrendatario de prácticamente todos sus derechos. Obliga al
arrendatario a soportar mayores gastos innecesarios para alquilar con
unas mínimas garantías. Crea listas negras que dificultarán el acceso a
una vivienda de alquiler a familias honestas que hayan padecido la
consecuencia de las crisis y no dedica ni una sola línea al alquiler
social. Se llama «de fomento del alquiler» pero ni una sola línea anima a
nadie, si no es por necesidad, a vivir en alquiler en lugar de vivir en
propiedad.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.


En turno en contra, tiene la palabra el senador
Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Señor presidente, señorías, muy
buenas noches.


En primer lugar, quiero pedir disculpas porque voy a
intentar, como han hecho mis compañeros, hacer un ejercicio de resumen de
la intervención de que disponía —de treinta minutos— para
contestar con todo el buen hacer o el buen trabajo que hemos intentado
hacer el senador Burgos, el senador Mateu y yo mismo, junto con nuestros
colaboradores, a lo largo de estos dos meses y medio, trabajando sobre el
esfuerzo, también ímprobo, que han realizado los senadores de la
oposición relacionados con este proyecto de ley.


Voy a intentar resumirlo, y pasaré, como decía la senadora
Candini, de puntetes, que vendría a ser de puntillas. Vamos a debatir
sobre esta ley, que yo creo que tiene una altísima carga









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reformista en el contexto de la vivienda en régimen de
alquiler. Es más, se quiere impulsar decididamente como instrumento para
resolver o seguir resolviendo situaciones difíciles y permitir crear
espacios para nuevas oportunidades. El actual Gobierno de España y el
Grupo Parlamentario Popular lo consideran uno de los ejes fundamentales,
junto a otras leyes en curso; de hecho, esta tarde se ha aprobado una de
ellas.


El proyecto fue suscrito por los departamentos
ministeriales de Justicia, que proponía reformas de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; Hacienda y Administraciones Públicas, para las
medidas tributarias que suponían modificaciones en diversas leyes; y el
Ministerio de Fomento, que reformaba la Ley 29/1994, de Arrendamientos
Urbanos —incluso la alteramos en un 67%—, una ley que el año
próximo cumplirá veinte años, prácticamente inalterada, con reformas muy
puntuales, a nuestro modo de entender absolutamente carentes de la
sensibilidad social de aquellos momentos y de conocimiento del medio. Y
de esa situación pasamos a esta otra. Todo eso, además, a pesar de todos
los cambios sociales y económicos que ha habido. Las tributarias fueron
íntegramente recogidas en la Ley 16/2012, y las que podemos considerar
directamente relacionadas con las modificaciones de la LAU ascienden a
noventa y nueve.


Un número muy relevante de enmiendas son las de Izquierda
Unida, que están centradas en mantener lo actualmente establecido en
cuanto al plazo de duración y en su oposición a todas las relacionadas
con la inscripción del registro. Algo similar encontramos en las
presentadas por el Grupo Socialista, que el senador Becana ha explicado
muy bien, aunque en este caso están intentando reducir de cinco a cuatro
años el plazo de duración y aplicación en todos sus casos. El Grupo Vasco
presenta una serie de enmiendas relacionadas con la inversión colectiva
inmobiliaria y sobre los fondos sociales de viviendas. Y el resto de los
grupos también han pivotado sobre esas mismas enmiendas. Yo les digo que
nuestro objeto en esta ley es flexibilizar y dinamizar el alquiler. Hay
ciento treinta y seis enmiendas para un preámbulo, tres artículos y tres
disposiciones. Sobre el preámbulo voy a evitar hablar de las peticiones,
pero quizá la más resaltable sería la que excluye los alojamientos
privados al turismo. Bien, el motivo por el que se excluye principalmente
es porque la ordenación del turismo es una competencia que han asumido
las comunidades autónomas en virtud del artículo 148 de la Constitución
Española, como decíamos ayer, en cuyo ejercicio han aprobado numerosas
leyes en los últimos años, además de otro tipo de normas de diferente
naturaleza y alcance. También, porque se podría estar dando cobertura a
situaciones de intrusismo y competencia desleal que van en contra de la
calidad de los destinos turísticos, que es otro mercado que no podemos
dejar de lado. La reforma los excluye para que se regulen claramente por
la normativa sectorial específica o por el régimen de arrendamientos
temporales.


Hay una serie de discusiones respecto de este preámbulo
sobre cómo interpretamos, por qué aplicamos esta ley, pero eso lo voy a
saltar.


Pasamos al artículo primero, y hablamos del régimen
aplicable. Donde focalizamos nuestro esfuerzo es en la duración del
arrendamiento, que será libremente pactado por la voluntad de las partes.
Este es un punto neurálgico de todo el desarrollo de la ley, que se ha
discutido mucho en todas las enmiendas de los diferentes grupos, que,
como decía, han pivotado sobre este aspecto. Pero nosotros siempre nos
hemos escudado en la flexibilización del mercado de alquiler.


El señor Becana nos hablaba hace un momento del incremento
de cargas. Bien, nosotros damos la posibilidad, no la obligación, de
registrarnos en el registro de la propiedad de bienes en régimen de
alquiler de cara a la seguridad contractual. Es preciso reiterar que la
modificación introducida por el proyecto de ley pretende dotar a los
arrendamientos y, por tanto, a arrendatarios y arrendadores, de la
seguridad jurídica que proporciona el registro de la propiedad. En cuanto
a esos costes, que señalaba el señor Becana que podían ser superiores a
una mensualidad, todo depende del tiempo de duración que convengan las
partes. Por lo tanto, en el registro de la propiedad tendrán unas tarifas
muy inferiores a las que se han manifestado en esta tribuna.


Lo que hay que recordar es que la disposición adicional
segunda de la ley que estamos reformando ya en su momento hablaba de este
registro de la propiedad, y se dio un plazo de nueve meses que nadie oyó,
o mucha gente desoyó; y no se aplicó. Y tras el fracaso de no haberlo
puesto en funcionamiento queremos precisamente ponerlo en marcha.


Luego hay otra serie de articulados que —vuelvo a
insistir— es una pena que no podamos detallar, porque en el
artículo primero es donde más podemos mejorar esta ley. Hablamos de la
actualización de la renta según el IPC, que ha sido muy discutido.
También hablamos sobre las









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comunicaciones, sobre cómo se comunican arrendatario y
arrendador, y decimos que será válida la notificación efectuada por nota
en el recibo de la mensualidad de pago; pero también se puede hacer por
otras fórmulas que están incluso reguladas, como la vía telemática. Es
decir, no se cierra la comunicación solamente a través del recibo. Por
otra parte, también se regulan las mejoras que se pueden hacer en las
viviendas a lo largo de los años y cómo esos acuerdos de mejora de
rehabilitación van en función de un acuerdo previo; y si las partes
acuerdan mejoras de rehabilitación, todo eso se plasma sobre un
documento. Es una fórmula nueva de activar dos mercados, el de la
rehabilitación y el del alquiler, y las partes lo pueden convenir. Ahora
bien, en el caso de que uno de ellas no cumpla eso, automáticamente
saltarán una serie de alarmas que van a permitir que ambas tengan esa
seguridad jurídica. Porque aquí estamos hablando fundamentalmente de
confianza, de seguridad, y del cumplimiento de unas reglas en las que
ambas partes trabajan en el mismo espacio de equilibrio, que es lo que
busca esta ley.


Se habla también de las posibilidades de renuncia, tanto
por parte del arrendatario como del arrendador, porque todos sabemos
—sobre todo, los que vivimos en régimen de alquiler— de los
posibles cambios que pueden surgir a lo largo de la vida laboral de una
persona o una familia. Por lo tanto, ambas partes tienen la posibilidad
de reconducir, de revisar ese contrato, y no tener que esperar cinco años
o incluso seis, como en algunos casos se estaba solicitando. En cuanto a
la resolución de pleno derecho, introducimos una cláusula, que ya existía
pero que no se reconocía como cláusula de rescisión de pleno derecho, que
se refiere a la realización de daños causados dolosamente en la finca o a
obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de este
sea necesario. Por otra parte, las fianzas se revisarán con el IPC
durante tres años. De eso también se ha discutido mucho.


Y pasamos al artículo segundo —ya me queda poco
tiempo—. Este modifica seis artículos de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar cuestiones puntuales que están
generando problemas en los procesos de desahucio. En concreto, se vincula
el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, de tal modo que si
este no atendiera el requerimiento de pago o no compareciera para
oponerse o allanarse el secretario judicial dictará decreto dando por
terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual,
que impide señalar el lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha
celebrado o no. Este articulado es bastante farragoso, pero este es el
posicionamiento del Partido Popular.


El artículo tercero se refiere a la puesta en
funcionamiento del registro de sentencias firmes de impagos de rentas de
alquiler. El objetivo de este registro es ofrecer información sobre el
riesgo —repito: ofrecer información— que supone arrendar
inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus
obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que por
dicho motivo han sido condenadas por sentencia firme en procedimiento de
desahucios, según el artículo 250. Creo que esto es una seguridad. No es
un lugar de consulta al que cualquiera pueda acceder, sino que solamente
pueden hacerlo aquellas personas que estén involucradas en ese contrato y
solo y exclusivamente para saber sobre ese contrato. Por tanto, es muy
específico.


Pasamos ya directamente a la disposición adicional segunda,
la famosa enmienda 105, publicada en el Real Decreto 233, de 10 de abril.
No sé si han tenido la oportunidad de leerla; la ministra la ha
presentado pero también se ha publicado. Nos preguntaba el senador
Fernández Ortega si la habíamos leído. Sí, muchos la hemos leído; está
publicada y, además, como digo, la ha explicado la ministra.


¿Qué es lo que pretende? Lo que se pretende con la
inclusión de esta enmienda desde un punto de vista de técnica normativa
es elaborar una norma con rango de ley porque esto es lo que técnicamente
se recomienda y hacía falta para finalizar los planes anteriores, planes
que se habían hecho con no mucho acierto, en el sentido de que llegaban a
generar derechos hasta 2038. Señora Candini, hasta 2038 e incluso hasta
2040; por eso esa retahíla, ese cántico que nos ha hecho de los números
de San Ildefonso, con todas esas cantidades de euros hasta 2038
—repito— e incluso hasta 2040, que resultan insostenibles. No
sé qué les dijeron en las legislaturas pasadas, pero lo que nosotros
hemos dicho desde que hemos llegado, desde el minuto número uno, es que
esos compromisos hasta 2040 resultan insostenibles en un marco de
restricciones presupuestarias y contribuyen al incremento automático del
déficit, razones que justifican su limitación con carácter
extraordinario, con la finalidad última de destinar los escasos recursos
disponibles a las ayudas que hoy son prioritarias. Estas medidas
hipotecan radicalmente toda la política de vivienda hacia









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el futuro. No le voy a leer, no le voy a cantar, como ha
hecho usted, toda esa retahíla de números, pero le diré que el compromiso
total estimado del Ministerio de Fomento se enfrenta a 5291 millones de
obligaciones derivadas de las políticas de vivienda de las dos
legislaturas anteriores y que nuestro plan de vivienda —el que
algunos no se han leído y está publicado— tiene una inversión de
2400 millones de euros, más el compromiso de los 5291.


Señoría, yo estaría encantado de ir con usted a Cataluña
porque, aparte de que me encanta, sería un viaje entrañable ir a
explicarles por qué estamos como estamos en todos esos lugares. Además,
muchas de esas políticas seguían orientadas a la nueva edificación o
construcción, cuando ahora en lo que todos coincidimos es en evitar la
nueva construcción; ahora estamos en otro modelo. Ayer hablábamos de que
estábamos en otra fase por motivos sociales, económicos o coyunturales
—como los quiera llamar—, pero es que no estamos en fase de
nueva construcción sino en la de rehabilitación.


Por último, con respecto a la disposición final, y con esto
termino —llevo dieciséis minutos—, voy a hablar de la
enmienda relacionada con la renta básica. La enmienda de referencia
propone que el Gobierno, en el plazo de un mes, lleve a cabo las reformas
necesarias que permitan el reconocimiento de nuevos beneficiarios. Al
respecto cabe recordar que por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, se derogó el citado
real decreto, ello atendiendo al contexto de austeridad y contención.


Lamento haber terminado con esta celeridad, y vuelvo a
insistir en que me hubiese gustado analizar enmienda por enmienda, porque
el trabajo que se ha hecho en esta Cámara créanme que ha sido muy
reconocido por nuestra parte hacia todos ustedes. Y en el siguiente turno
espero poder contestar a las preguntas que les hayan inquietado en mi
primera intervención.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, yo también seré breve, pero hay algunas cosas que
no me resisto a dejar de comentar. Ustedes han presentado a lo largo de
la tramitación de este proyecto de ley una enmienda de la que hemos
hablado mucho, la 105, y creo que hemos explicado suficientemente que con
esa enmienda lo que ustedes han hecho es recortar un montón de ayudas que
estaban concedidas. Pero lo que quiero subrayar es el hecho de la
inseguridad jurídica que generan cuando le quitan a la gente derechos
reconocidos, que están cobrando, así como a las empresas, y no se atienen
a las consecuencias que eso pueda tener.


La portavoz de CiU, la señora Candini, ha hecho referencia
a que han quitado con carácter retroactivo las subvenciones relacionadas
con la vivienda. También lo han hecho con los jóvenes, que tenían un
derecho otorgado por el que firmaron un contrato con un tercero; y ahora,
si no responden a ese contrato, teniendo la garantía del Estado… Me
parece que es también responsabilidad del Gobierno tomar medidas que den
seguridad jurídica, pero en este caso lo que están haciendo es
obsesionarse con los recortes y acabar con las políticas que ayudan al
alquiler.


Vamos a apoyar prácticamente la totalidad de las enmiendas
que se han presentado y habrá muy pocas que votemos en contra por
entender que no suponen una solución razonable o equilibrada para las dos
partes implicadas en el alquiler. Como he dicho en mi anterior
intervención, este es un proyecto únicamente del Partido Popular, que no
ha sido reclamado por ningún colectivo. Después de haber oído sus
extensas intervenciones, no pueden decir de dónde vienen este tipo de
propuestas, quién las ha reclamado, quién las ha pedido. No hay ninguna
organización que haya apoyado lo que recoge este proyecto. De hecho,
Caritas dijo expresamente que tenía claro que esta ley respondía a
exigencias del sector financiero; y la decisión de sacar de esta ley la
mitad de su contenido, lo referido a las Socimi, lo único que hace es
subrayar esta idea.









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Quiero hacer también referencia a alguna de las enmiendas
que hemos presentado y que han rechazado, enmiendas absolutamente
sensatas que, además, atendiendo a más de una de las explicaciones que
han dado, no suponen coste para la Administración. Que se le comunique al
inquilino fehacientemente el motivo por el que se le dice que deje la
vivienda no cuesta dinero. Es sensato pedirlo y es un derecho de las
personas. Les hemos propuesto que en los contratos de renta antigua de
los locales comerciales prorroguen durante cinco años más que la subida
sea solo del IPC. Eso tampoco cuesta dinero al Estado y da seguridad a un
tejido económico muy importante en muchas de nuestras ciudades. No
entendemos cuál es la motivación por la que el Partido Popular lo
rechaza. Desde aquí ya les anuncio que hablaremos con las asociaciones de
comerciantes y seguiremos insistiendo en la necesidad de tomar esta
medida a lo largo de este año y del próximo, antes de que concluya la
prórroga que tienen, hasta el día 1 de enero de 2015.


Les hemos pedido también que disminuyan las costas que van
a corresponder a los inquilinos para tener seguridad ante terceros,
registrando sus contratos. Les hemos dicho que eso debería ser una
decisión del Legislativo, que dejáramos bien claro que si al final
prosperaba esa idea, contra la que está el Partido Socialista, al menos
se hiciera una rebaja sustantiva. Y les proponíamos una rebaja del 60%.
Pero ustedes la han rechazado. No digo ya que hayan querido negociar o
transaccionar un porcentaje razonable, no, simplemente han manifestado:
sobre esto no tenemos nada que decir.


Para terminar, quiero hacer referencia a la situación en la
que van a quedar los jóvenes; y vuelvo a la enmienda 105, con la que he
empezado. Han hecho referencia al Plan de vivienda 2013-2016. Como he
dicho antes, la limitación que ponen —de 532,5 euros— para
conseguir una ayuda al alquiler deja bien claro que no tienen la voluntad
de que ningún joven reciba una sola ayuda del Gobierno de España. Eso es,
traducido al español que entiende todo el mundo, lo que ustedes están
aprobando hoy. Se acaba la ayuda al alquiler para los jóvenes. Y vienen
aquí a decirnos que están potenciando el mercado del alquiler, que
quieren hacer un proyecto de ley que ayude a que haya más alquileres en
España, cuando, de una tacada y con una sola medida, probablemente pongan
entre cincuenta mil y cien mil alquileres fuera del mercado; los jóvenes
abandonarán ese alquiler. Con una sola de las medidas que proponen en
esta ley estaremos sacando cien mil alquileres del mercado del alquiler
de España; no introduciéndolas sino —repito— sacándolas del
mercado del alquiler.


Nos decían que lo que hemos hecho está muy mal porque la
situación del alquiler es muy mala, pero en este país en la anterior
legislatura pasamos del 10 al 17% en alquiler, y eso se hizo como se hace
en todos los países europeos: con bonificaciones fiscales para el
propietario y