CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 353

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 10

celebrada el miércoles, 28 de septiembre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:


-Proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional. (Número de expediente 121/000034.) ... (Página 2)


-Proposición de ley de modificación de la ley orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 122/000050.) ... (Página 2)


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional. (Número de expediente 121/000034.) ... (Página 2)

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Comparecencia del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Peces-Barba Martínez), para explicar el informe semestral de su actividad. A petición propia. (Número de expediente 212/000693.) ...
(Página
10)


Comparecencia del señor director de la Agencia Española de Protección de Datos (Piñar Mañas), para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2004. A petición propia. (Número de
expediente 212/000674.) ... (Página 22)


Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos.



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, perdonen que les haya hecho un gesto de que íbamos a empezar pero con los presentes tenemos que esperar un poco porque no alcanzamos el quórum para comenzar la sesión.
(Pausa.)


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


-PROYECTO DE LEY DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000034.)


-PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (Número
de expediente 122/000050.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comprobado que ya tenemos la asistencia que exige el quórum se abre la sesión de la Comisión Constitucional con el orden del día que ustedes conocen.



El primer punto del orden del día es la ratificación de las ponencias encargadas de informar el proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional y la proposición de ley de iniciativa legislativa popular, con las señoras y señores
diputados que las componen.



¿Se ratifica la ponencia del proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional? (Asentimiento.)


¿Se ratifica igualmente la ponencia de la proposición de ley de iniciativa popular? (Asentimiento.)


Quedan ratificadas las dos ponencias.



EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000034.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional.



Las votaciones sobre las enmiendas todavía vivas se realizarán a partir de las once menos cuarto.



Vamos a conceder la palabra a los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor para la defensa de las enmiendas que mantienen vivas.



En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sánchez. No se encuentra presente.



Pasamos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias que tiene una enmienda, la número 18. Tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Quisiera decir que mi grupo presentó a este proyecto de ley cuatro enmiendas, las números 17, 18, 19 y 20. En el trámite de ponencia se aceptó una enmienda transaccional referida a nuestra enmienda número 17. La
vamos a retirar en aras de poder identificar mejor el motivo de fondo de este proyecto de ley, porque nos queríamos basar en el término publicidad, ya que en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, que es la Ley General de Publicidad, está muy bien
redactado y detallado en forma y contenido qué se entiende por publicidad. Ahora, utilizando más este lenguaje de naturaleza castrense se denominan campañas institucionales. Lo aceptamos así.



La enmienda número 18 la mantengo viva para este trámite y su votación, señor presidente, y se refiere a un texto que proponemos para una mejor exposición y entendimiento en la lectura del artículo 2, del proyecto de la ley en el epígrafe
que se refiere a la definición de las campañas institucionales de comunicación. Queremos que quede claramente especificado en forma y contenido en el proyecto de ley cuál es la definición exacta de campaña institucional de comunicación. Nosotros
decimos que, a estos efectos, tendría que ser toda


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actividad ordenada y orientada a la difusión de un mensaje de interés público o de un objetivo vinculado al bien común utilizando soportes pagados o cedidos, y que sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados en el
artículo 1 de este proyecto de ley, respetando los principios recogidos en la ley, utilizando formas y procedimientos técnicos que salvaguarden la imparcialidad y la objetividad de los mensajes. Hoy toda campaña, la haga quien la haga, bien sean
instituciones públicas -oficiales, estatales, centrales, autonómicas o municipales- o entidades privadas, se hace a través de un intermediario.
El intermediario ha constituido ya una entidad promovida al amparo de leyes de sociedades anónimas, o de
cualquier otro tipo, y son estas entidades las que, por la especialización de su personal son capaces de montar, instrumentar y proyectar cualquier campaña institucional. Nuestra enmienda no modifica el fondo de ninguna cuestión y solo intenta dar
claridad y firmeza al concepto ahí contenido.



La enmienda número 19, señor presidente, la doy por transaccionada, aunque no sé bien qué decir respecto a la misma, porque el informe que viene de la ponencia dice que se acepta esta enmienda en espíritu. En mi larga vida parlamentaria he
visto aceptar y rechazar enmiendas por muchos motivos -enmiendas de adición, de modificación, etcétera-, pero en espíritu, jamás. En espíritu están concebidos don Juan Tenorio y Hamlet pero, en cualquier caso, voy a dar por bueno el que me acepten
una enmienda en espíritu, y espero que quede para el futuro Reglamento de la Cámara este nuevo concepto acuñado en la ponencia. (Risas.)


La enmienda número 20 está aceptada como enmienda directa por la ponencia y, por tanto, solo me queda agradecer esta aceptación.



Por último, señor presidente, solo me resta por decir que dejamos viva la enmienda número 18, sumándome en espíritu a las buenas intenciones que tiene este proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Se entiende que queda viva la enmienda número 18, porque las otras han sido transaccionadas, incluida la que como nueva terminología podemos denominar enmienda Manitú.



El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds mantiene la enmienda número 4. Tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Nuestro grupo parlamentario está globalmente de acuerdo con el proyecto de ley sobre publicidad y comunicación institucional, y lo que plantea en su enmienda número 4, que también es al artículo 4, es que sus
puntos se consideren básicos con relación al conjunto de la ley. Consideramos que en ese artículo se establecen unos criterios de libertad negativa y de prohibiciones respecto a la publicidad institucional. Es el delicado límite entre la
publicidad institucional y la propaganda, así como la lealtad entre las instituciones -que no debe ser unívoca- y la sujeción a los valores democráticos en esos mensajes de información o de publicidad institucional En nuestra opinión, sería
conveniente que a estos artículos, que nos parecen correctos, se sumase su carácter básico y, por tanto, la lealtad entre las distintas administraciones públicas estuviese garantizada, no solamente porque exista una valoración política de lo que
hace la propia Administración central, sino porque nos encontramos ante principios y valores constitucionales muy importantes que, mediante la información, forman la opinión libre de los ciudadanos. En ese sentido, consideramos que esa enmienda es
adecuada y la mantenemos.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) mantiene viva la enmienda número 1. Tiene la palabra el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: En realidad son dos, señor presidente. La número 1 anuncio en este momento que la retiramos. Respecto a la número 2, no sé si obra en su poder una transacción a la que hemos llegado los grupos; es la enmienda,
pero con un pequeño añadido. Estamos de acuerdo y, por tanto, también la retiramos. Las otras ya han sido aceptadas en ponencia.
Esto en cuanto a nuestras enmiendas.



Respecto a las enmiendas del resto de los grupos, anuncio que la posición de nuestro grupo parlamentario va a ser contraria a la admisión de la enmienda que se ha defendido antes por Izquierda Unida; en primer lugar, porque en la discusión
de la ponencia ya dijimos que iba a ser así y, de hecho, no fue introducida y, en segundo lugar, porque una de las premisas fundamentales sobre las que se sustenta este proyecto de ley, y así se nos ha señalado siempre, es que servía para regular
única y exclusivamente la Administración General del Estado. En ese sentido, los principios que figuran en el artículo 4 nos pueden parecer muy loables y creemos que deben ser seguidos por las administraciones, pero también creemos que cada
Administración debe regular su propia publicidad institucional. Por tanto, nos opondremos a la admisión de esa enmienda.



El señor PRESIDENTE: El Grupo de Esquerra Republicana (ERC) tiene algunas enmiendas pendientes. Tiene la palabra el señor Tardá.



El señor TARDÀ I COMA: De las 10 enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario, algunas de ellas decaen, algunas han sido transaccionadas y otras incorporadas al texto, con lo cual, nosotros, más allá de posicionarnos de manera
divergente con respecto a la enmienda de Izquierda Unida, manifestaremos nuestros argumentos políticos a favor de este proyecto de ley en el Pleno.



El señor PRESIDENTE: ¿Cuáles son las enmiendas que somete a votación ahora?


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El señor TARDÀ I COMA: Decaen todas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tenía -y digo tenía, en pasado- bastantes enmiendas a este proyecto de ley, todas las cuales han sido incorporadas o transaccionadas en ponencia, creo que con buen
criterio.



Respecto a la enmienda número 26, de Convergència i Unió, que concuerda con otras al artículo 9, referidas a las lenguas, sobre lo relación con la cual ya hubo consenso ayer, querría que, manteniendo el espíritu de la ponencia, es decir, por
unanimidad y si no lo dejamos tal como está, la expresión lenguas cooficiales fuera cambiada por la de lenguas propias de las comunidades autónomas, evidentemente en aquellas que tuvieran lengua propia. Simplemente cambiar lenguas cooficiales por
lenguas propias. Como digo, si es posible en el ámbito del consenso. Si no, es evidente que en las comunidades en que hay dos lenguas cooficiales una es la propia.



Por lo que hace referencia a las otras enmiendas, ya digo que han sido incorporadas todas.



En relación con la enmienda de Izquierda Unida sobre el carácter básico y el alcance de este expresamos nuestra oposición, pero esto para nada rompe el clima general de consenso en el que se ha desarrollado este debate.



El señor PRESIDENTE: Entiendo que no se somete a votación ninguna de las enmiendas porque han sido transaccionadas.



Por el Grupo Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Elorriaga.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Como se puede ver en el informe de la ponencia, hemos hecho un esfuerzo por llevar a la aplicabilidad real una norma que nos parece llena de buenas intenciones, pero que, en su versión original, tal y como fue
remitido el proyecto a estas Cortes Generales, nos parecía demasiado indefinida en algunos aspectos o falta de efectividad material. Ese es el sentido básico del amplio conjunto de enmiendas -el Grupo Parlamentario Popular ha presentado más de 30
enmiendas a los 15 artículos de la ley- y he de decir, como se ha venido manifestando y se deduce de las intervenciones anteriores, que en el trámite de ponencia se ha hecho un esfuerzo por parte de todos por ir integrando, en su literalidad o en
espíritu, el sentido de la mayor parte de ellas, que quedan ya reflejadas en el texto. Por tanto, solo voy a hacer referencia a aquellas enmiendas que permanecen vivas por parte de mi grupo parlamentario y, en algún caso, una advertencia, para que
conste, sobre transacciones alcanzadas en el último momento, no porque sean polémicas, sino a efectos de que no se nos despiste ninguna enmienda en este último trámite.



En primer lugar, mi grupo mantiene y quiere someter a votación la enmienda número 34, por la que se pretende extender el ámbito de aplicación de esta ley al conjunto de publicaciones periódicas de la Administración pública. En concreto, la
enmienda que presentamos dice que los principios, requisitos y límites establecidos en esta ley serán también de aplicación a las publicaciones elaboradas, distribuidas y financiadas por los sujetos públicos enumerados en la ley. Hay que tener en
cuenta -yo creo que no se tiene del todo presente- que algunos órganos de la Administración distribuyen mensualmente cientos de miles de ejemplares de algunas de sus publicaciones entre los ciudadanos -estoy pensando en la Dirección General de
Tráfico, en la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado o en varios centros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- y que esas publicaciones periódicas distribuidas gratuitamente a un número realmente significativo de
ciudadanos forman parte inevitablemente de las estrategias de comunicación de la Administración pública. Es cierto que el conjunto de la norma no es de aplicación en su literalidad a este tipo de publicaciones por su especialidad y por su
singularidad, pero nos parecía importante aprovechar este proyecto de ley para, al menos, fijar unos límites básicos al contenido de estas publicaciones y evitar que ese uso propagandístico de los recursos públicos que decía el portavoz de Izquierda
Unida que se trata de evitar con esta ley llegase a este tipo de publicaciones. No ha sido posible alcanzar una transacción y, por tanto, mantendremos la enmienda.



La enmienda número 50 de nuestro grupo pretendía ampliar la legitimación para impugnar las campañas que incumpliesen las prohibiciones o límites fijados por la ley. Nos pareció que el proyecto de ley fijaba un margen realmente estrecho de
legitimación para impugnar. Nosotros hacíamos una propuesta en la que designábamos unos sujetos concretos a los que otorgábamos legitimación activa para impugnar las campañas cuando considerasen que incumplían los límites y, finalmente, en la
búsqueda de una transacción hemos alcanzado una redacción, que para nosotros es satisfactoria, en la que de una manera más genérica se permitiría a todas aquellas entidades que tienen como finalidad o propósito la defensa o la promoción de los
principios consagrados por esta ley, impugnar, en su caso, aquellas campañas que pudiesen considerar que se exceden de los límites legales que en ella se establecen. Entiendo, por tanto, que esta enmienda 50 está transaccionada y, por tanto, no
habría que someterla a votación.



El caso de la enmienda 57 tiene algo que ver con el anterior. Adelanto ya que no la vamos a someter a votación, pero me gustaría dar una explicación de cuál es nuestra preocupación. Nos parece que la especialidad de esta norma requeriría
también alguna especialidad en el procedimiento contencioso. Existe esta especialidad en relación con la aplicación en la legislación civil de la


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Ley de Enjuiciamiento Civil para la Ley de Publicidad y nos parecía que había que hacer una redacción equivalente que orientase al juez de lo contencioso-administrativo a la hora de saber cuáles eran las opciones, las reacciones
jurisdiccionales frente a las violaciones de las prohibiciones de esta ley. Es cierto, y así se nos hizo saber por el Grupo Socialista, que probablemente por razones de sistemática legal y también por ser respetuosos con otras instituciones del
Estado y, sobre todo, con el Consejo General del Poder Judicial, no era estrictamente correcto introducir una modificación en el procedimiento contencioso a través de una ley de otra naturaleza, que podía inducir a la confusión.
Aceptamos esta
explicación, que nos parece correcta, pero sí quiero dejar constancia de que sería razonable que en algunas de las leyes que afectan a los procedimientos jurisdiccionales y a la ordenación en general del Poder Judicial, que están en proyecto en este
momento y se tramitarán a lo largo de esta legislatura, se recogiese esta especialidad y, por tanto, se facilitase posteriormente el trabajo de la jurisdicción contenciosa a la hora de enjuiciar el incumplimiento de esta norma.



Nuestra enmienda 58 versa sobre el único artículo en el que hemos coincidido todos los grupos parlamentarios al pensar enmiendas sobre la utilización de los idiomas cooficiales en las campañas institucionales.
Yo creo que no existe
discrepancia alguna -no creo, lo afirmo- sobre la necesidad de que la Administración pública, como habitualmente viene haciendo, utilice ámbas lenguas en aquellas comunidades autónomas donde existe una lengua oficial distinta del castellano, para
ser respetuoso con la situación lingüística del territorio y para ser eficaz en la propia función publicitaria que se pretende con la campaña. Hasta ahí no hay problemas, y muchas de las enmiendas que se han presentado por distintos grupos eran de
matiz, para precisar. En el curso de las negociaciones se ha alcanzado una transacción que no termina de gustarnos por una cierta imprecisión en su contenido, pero que vamos a aceptar en aras del consenso. No nos gusta en su literalidad, no por la
primera parte que antes explicaba y sobre la que no existe debate alguno, sino por la referencia que se ha introducido a la necesidad de que estas campañas sean respetuosas con la legislación autonómica que pueda existir. No nos gusta simplemente
porque la interpretación lógica del precepto, tal y como se redacta, es completamente tautológica, es decir, está vacía de contenido, su contrario sería un absurdo. La ley no podría decir que las campañas hechas por el Estado no respetarán la
legislación vigente en general, sean de las comunidades autónomas o del Estado. Todos sabemos que en muchos casos podrá existir un choque de títulos competenciales sobre la competencia de la Administración del Estado o de la Administración
autonómica correspondiente a la hora de legislar en su idioma en campañas de otra Administración y, por lo tanto, la transacción que se alcanza en el mejor de los casos lo que podrá plantear son conflictos futuros en la aplicabilidad de la norma o
dudas sobre si existe, en su caso, la norma idiomática de aplicación a las campañas. No obstante, insisto, como en su literalidad y en su expresión la enmienda transaccional, tal y como queda redactada, no afirma más que una cosa que no podría de
ser otro modo, la aceptaríamos, aunque, por decirlo de una manera clara, queda un texto de apariencia extraña.



En relación con la enmienda 60, hemos alcanzado una transacción posterior al informe de la ponencia, de la que quiero dejar constancia y que también someteríamos a votación si así lo corrobora el Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda
60 lo que pretendía era aquilatar un poco más la composición de la comisión de publicidad y comunicación institucional que crea la propia ley, básicamente siendo coherentes con la propia exposición de motivos que insiste y reitera la necesidad de
profesionalizar dentro de la Administración pública todo el trabajo de publicidad y de comunicación, para desligar perfectamente la actividad de comunicación política, que legítimamente desarrollan los representantes políticos en cada ministerio y
que sigue su cauce, de la labor de publicidad y propaganda vinculada al mejor servicio de los servicios públicos que pretende regular esta ley. Nosotros tratábamos de ajustar bastante la comisión. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se
nos ha indicado, con cierta razón, que era una enmienda con un carácter excesivamente reglamentista, hemos aceptado esta explicación y, hemos alcanzado una transacción sobre el único punto que nos parece realmente interesante para mantener este
carácter profesional de la comisión de publicidad, que es exigir en el texto de la ley que los representantes en esta comisión tengan al menos el nivel de subdirectores generales de la Administración pública. De esta manera al menos se da una pista
en el texto de la ley sobre la vocación de profesionalización de los órganos que se crean para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Por tanto, insisto, esta enmienda tampoco habría que someterla a votación.



La enmienda 63, que en principio estaba aceptada pero que no se ha reflejado en el texto de la ponencia, aunque entiendo que está aceptada, simplemente trataba de derogar la excepcionalidad de la cláusula de entrada en vigor de la norma para
reconducirla al mecanismo y plazos normales fijados por el Código Civil. Simplemente por una razón de buena práctica jurídica entiendo que está aceptada y, por lo tanto, tampoco tiene más problema.



Por último, haré una referencia a la enmienda número 4, de Izquierda Unida, sobre la conveniencia de declarar como legislación básica algún aspecto de esta ley. Este es un tema que tiene cierta complejidad y que inevitablemente no se puede
desligar de los antecedentes para la elaboración de esta ley. El primer borrador o anteproyecto de ley de publicidad institucional fue sometido a debate hace ya algunos meses en la Comisión sectorial de administraciones públicas en el intento de
que en su conjunto fuese legislación básica del Estado y, por tanto, sus contenidos fuesen de aplicación a todas


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las administraciones públicas, comunidades autónomas y entidades locales.
Este enfoque provocó una viva reacción por parte de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, no solo de aquellas que tienen gobiernos del Partido Popular,
sino también de algunas otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista o por algunos partidos nacionalistas, y fruto de esta firme oposición de las comunidades autónomas al enfoque que ese texto inicialmente tenía se retiró el
carácter básico. Desde nuestro punto de vista, la incorporación de la enmienda que ahora pretende Izquierda Unida reabre ese debate, que es innecesario, y además lo reabre de una manera un tanto contradictoria en el sentido de que no parece
razonable que los principios que defiende esta ley, y que efectivamente -y eso lo comparto absolutamente con el portavoz de Izquierda Unida- son principios generales que debieran ser de aplicación a la actividad de todas las administraciones
públicas, puedan ser, sin embargo, de aplicación obligatoria al conjunto de las administraciones con una decisión dictada en virtud de la legislación básica del Estado. Siendo más directo, no me parece razonable que el principio de lealtad
institucional, que debería estar presente en las relaciones entre todas las administraciones públicas y que básicamente todos compartimos y decidimos, sea impuesto por normativa básica del Estado, porque entonces deja de ser lo que pretende ser. La
lealtad es algo que tendría que surgir de la práctica y yo, por lo tanto, comparto la opinión de los grupos que han expresado su oposición a esta enmienda, que, insisto, me parece que distorsiona el debate y nos confunde.



Por resumir, desde nuestro punto de vista y si no me equivoco, por las transacciones que ya están aceptadas, aunque no estén contenidas en la ponencia, tan solo habría que someter a votación la enmienda 34, que pretende la extensión a las
publicaciones del Estado. La número 50, la de la legitimación, creo que está transaccionada, y tiene el texto el ponente del Grupo Socialista. Solo hay que someter a votación de las nuestras la número 34 y el resto se consideran recogidas ya en el
texto, transaccionadas o decaídas.



El señor PRESIDENTE: En todo caso, si no interpreto mal, señor Elorriaga, en la número 50 sí hay una transacción, pero no fue hecha en la ponencia y tendríamos que votarla.



El señor ELORRIAGA PISARIK: No sobre el texto de mi enmienda, sino sobre el texto que proponga el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Sí, pero hay que votarla también.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Sí.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Eva Sáenz.



La señora SÁENZ ROYO: Señorías, Enrique Múgica definió democracia como la claridad con la que se exponen las ideas y los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Esta definición me sirve para comenzar hablando de la claridad y
la transparencia como dos elementos imprescindibles de todo sistema democrático. Transparencia y claridad que se oponen al secreto con el que históricamente se ha ejercitado el poder y que se consiguen en las sociedades actuales a través de las
políticas de comunicación. A través de estas el poder da a conocer y se da a conocer, y es evidente el efecto positivo que esta comunicación provoca, puesto que somete el poder a la crítica; somete el poder al reconocimiento de sus servicios o a
la protesta por sus deficiencias; en definitiva, somete el poder al debate social que crea la opinión pública y hace participar a los ciudadanos en los asuntos públicos.



Es evidente que las políticas de comunicación son algo imprescindible en los sistemas contemporáneos, pero bien es cierto que cada vez más los ciudadanos identifican estas políticas con la propaganda política y los intereses partidistas del
Gobierno de turno y precisamente por esta confusión que se ha producido era imprescindible crear una ley que tratara específicamente de limitar la publicidad institucional, que tratara de separar la publicidad institucional de la propaganda
partidista o, como dijo la ministra portavoz en comparecencia ante esta Comisión el 10 de mayo de 2004, que pusiera término a la confusión entre información institucional e información progubernamental. Nuestro país no contaba hasta el momento con
ninguna ley en este sentido, sino que actualmente la publicidad institucional se rige por las normas generales que disciplinan la actividad administrativa. De esta manera, paradójicamente, resulta que la publicidad comercial cuenta con un régimen
jurídico mucho más completo que la publicidad dirigida al interés general, aun cuando el sometimiento a la ley y al derecho se subraya de una manera especial en la Constitución respecto a la Administración pública.



Si bien algunas comunidades autónomas han regulado esta materia, la historia legislativa estatal sobre publicidad institucional se ha limitado a diversas iniciativas parlamentarias que reflejan un constante tira y afloja del Gobierno de
turno y los partidos de la oposición. Pues bien, el proyecto de ley que hoy discutimos rompe con esta tendencia; es un proyecto de ley que nace del Gobierno para limitar al Gobierno, para que la información institucional sirva a los intereses
generales y no a los del Gobierno. De ahí, como ha subrayado el resto de los ponentes, la buena acogida que ha tenido en todos los grupos parlamentarios el consenso con el que nace y la voluntad de acuerdo que ha presidido toda su negociación.
Básicamente, lo que hace esta ley es prohibir las campañas que destacan los logros de gestión, las


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campañas progubernamentales y aquellas que suponen ataques entre administraciones públicas, siguiendo un principio de lealtad institucional. Pretende garantizar que la publicidad institucional sirva al interés general y sea accesible a
todos los ciudadanos, rigiéndose por un principio de transparencia, e igualmente introduce un sistema ágil de derechos y diversas medidas de control de gasto e información a las Cortes Generales.



Siguiendo, como digo, este espíritu de consenso, el informe que surge de la ponencia recoge muchas de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, las cuales han enriquecido el texto original. A continuación, voy a pasar a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con aquellas enmiendas que permanecen vivas. Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, las enmiendas números 50 y 60 quedan transaccionadas según el texto que se someterá a votación y que
evidentemente votaremos a favor. Aceptamos la enmienda 63. En cambio, vamos a votar en contra de la enmienda número 34, que pretende incluir las publicaciones, porque las publicaciones no son campañas y por tanto no son objeto de esta ley y además
hay publicaciones científicas que no podrían someterse a esta norma. Esto por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular.



En cuanto a la enmienda 18, de Coalición Canaria, se trata de una enmienda que está muy relacionada con la número 17. Plantea Coalición Canaria una cuestión terminológica -nosotros estamos de acuerdo con el fondo-, la exclusión del término
publicidad, y habla de comunicación; lo que buscan estas enmiendas es que esta ley trate de regular la publicidad no comercial de la Administración pública. Estamos de acuerdo con el fondo, de hecho el artículo 1.3 así lo hace, excluye la
publicidad comercial; en cambio, vamos a votar en contra de esta enmienda porque entendemos que el término publicidad es un término que está ya social y doctrinalmente asumido y por tanto podría llevar a confusión hablar exclusivamente de
comunicación, como pretende el Grupo de Coalición Canaria. Así pues, vamos a votar en contra de la enmienda número 18 de Coalición Canaria.



Respecto a la enmienda número 4, de Izquierda Unida, que pretende introducir una disposición final nueva, según la cual el artículo 4 de la ley tendrá carácter básico, la vamos a votar a favor fundamentalmente por dos razones. En primer
lugar, porque entendemos que el Estado está legitimado para hacerlo y, en segundo lugar, porque sería bueno que este precepto se aplicara como básico. Como ocurre con otras materias, la publicidad institucional no aparece mencionada en la
Constitución como objeto de reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, pero es evidente que la publicidad institucional es una actividad administrativa y por tanto, a nuestro juicio, la competencia estatal para establecer un
régimen común a todas las administraciones públicas del 149.1.18.ª ampararía la constitucionalidad de una ley básica sobre publicidad institucional. Ello no obsta al reconocimiento de competencias autonómicas para regular esta materia. Sin
embargo, como digo, la enmienda que plantea Izquierda Unida pretende además que solamente se declare como básico el artículo 4, que, como he dicho antes, básicamente prohíbe las campañas progubernamentales y de deslealtad institucional. No se dice
en esta enmienda, si se introdujera, cómo deben realizar la publicidad los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas, sino que solamente se les somete a unos límites que entendemos son del todo razonables. Lo que me ha sorprendido ha sido
la postura del Grupo Popular en este aspecto, puesto que, cuando en 1992 y 1994 era uno de los partidos de la oposición, presentó proposiciones de ley que no solamente planteaban que fuera legislación básica un artículo de la ley, sino que
presentaban toda la ley como legislación básica, amparándose además en el artículo 149.1.18.ª Como digo, me ha sorprendido el cambio de postura del Grupo Popular. En cualquier caso, nuestro voto va a ser favorable a la enmienda presentada por
Izquierda Unida.



Por último, la enmienda referida a las lenguas. Es una enmienda transaccional que también vamos a votar a favor. El objetivo de la ley es que la información llegue a todos los ciudadanos y a este fin nos parece adecuada la transaccional
que se ha presentado, pues permite ese acceso y además respeta el pluralismo político. Por tanto, también votaremos a favor de la enmienda transaccional presentada.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir en turno de réplica?


Como hemos terminado, vamos a suspender la sesión hasta la hora de la votación, que hemos dicho que iba a ser a las once menos cuarto, pero antes quisiera que acordáramos exactamente qué vamos a someter a votación, pues hay una considerable
cantidad de transacciones y a veces uno no sabe bien lo que tiene que votar. Voy a recordar las enmiendas que permanecen vivas de cada uno de los grupos y cuya votación quieren mantener, al margen de las transacciones. El Grupo Mixto tenía la
número 5, que no ha defendido y en principio ha decaído, a menos que a la hora señalada se presente para pedir su votación, el Grupo de Coalición Canaria mantiene la número 18, el de Izquierda Unida mantiene la número 4, el Grupo Popular mantiene la
número 34 y luego hay algunas transaccionales en relación con las cuales, por lo que he oído, deduzco que hay una al artículo 9, que es una transacción entre la 9 de ERC, la 5 del Grupo Mixto, la 58 del Grupo Popular y la 26 de Convergència i Unió.

Después he oído al representante del Grupo Popular hablar de transaccionales a las enmiendas 36, 50 y 61.



El señor ELORRIAGA PISARIK: No sé si me cuadran los números. A la 50 claramente sí, que es la de la legitimación, a la 60, relativa a la presencia de subdirectores


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generales en la Comisión, y a la 63, que se entiende que está aceptada posteriormente.



El señor PRESIDENTE: Si está aceptada en ponencia, no tenemos que votarla; si está aceptada aquí, hay que votarla.



El señor ELORRIAGA PISARIK: No es una transacción, hay que votarla.



Y luego hay otra más que no ha sido mencionada, que es un problema completamente menor, pero que está transaccionada y es la número 36.



El señor PRESIDENTE: Pero todas ellas, al haber sido transaccionadas, aunque con el acuerdo de todos, después de la ponencia, tenemos que votarlas para que quede constancia de ello. Así pues, a las once menos cuarto procederemos a la
votación. (Pausa.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas pendientes del proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional. Tenemos varias enmiendas que se han mantenido vivas, pero como hay varias
transaccionales que han sido presentadas y parece que aceptadas por distintos grupos, vamos a comenzar votando las transaccionales. Para que no haya confusión, rogaría a doña Eva Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, que nos leyera las
transaccionales para que sepamos exactamente lo que estamos votando en este caso. La señora diputada, tiene la palabra.



La señora SÁENZ ROYO: En primer lugar, queda transaccionada la enmienda número 36 del Grupo Popular referente al artículo 3 letra c). Al establecer los requisitos de las campañas institucionales se hablaría en la letra c), en lugar de
procesos democráticos de decisión, de procesos electorales y consultas populares. Quedaría también transaccionada la enmienda número 50 del Grupo Popular referente al artículo 7. En el punto que habla de que cualquier persona física o jurídica
afectada en sus derechos o intereses legítimos, se añadiría un párrafo segundo que diría: podrían además solicitarlo, sin necesidad de acreditar un derecho o interés legítimo, aquellas entidades jurídicas que tengan por objeto o finalidad velar por
el respeto de los valores y principios consagrados por esta ley. Esa sería la transacción respecto a la enmienda número 50 presentada por el Grupo Popular. También quedaría transaccionada la enmienda número 60 del Grupo Popular, respecto al
artículo 11 en su párrafo segundo, de manera que quedaría así: esta comisión, adscrita al Ministerio de la Presidencia incluiría representantes de todos los departamentos ministeriales con rango al menos de subdirector general.
Por último, la
enmienda transaccional al artículo 9, referente a las lenguas, que quedaría así: en las campañas institucionales se empleará el castellano y además, atendiendo al ámbito territorial de difusión, las lenguas propias de las comunidades autónomas,
respetándose la legislación de la respectiva comunidad autónoma sobre uso de lenguas oficiales. Esas serían las cuatro transaccionales.



El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar las votaciones, comenzando por las enmiendas transaccionales que acaban de ser leídas, en el orden en que lo ha hecho la diputada doña Eva Sáenz.



Pasamos a votar la transaccional a la enmienda número 36 del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la transaccional a la enmienda 50, también del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la transaccional a la enmienda número 60, del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Vamos a tener que implantar este método en el Pleno.



Por último, votamos la transaccional al artículo 9, entre las enmiendas 9 de ERC, 5 del Grupo Mixto, 58 del Grupo Popular, y 26 de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Quedan algunas enmiendas vivas. Había una enmienda del Grupo Mixto, la número 5, que ha sido transaccionada y, por tanto, no se somete a votación.



El Grupo de Coalición Canaria solicitó que se votara la enmienda 18.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



El Grupo de Izquierda Unida tiene la enmienda número 4.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



El señor LLAMAZARES TRIGO: En relación a la enmienda, señor presidente, a la interpretación del empate como rechazo, si esto fuera el Pleno, sí, pero no lo es, es la representación del Pleno.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, me temo que las votaciones ponderadas corresponden, en todo caso, a la Junta de Portavoces, pero no a las votaciones en Comisión.



El señor PRESIDENTE: En Comisión no hay voto ponderado, eso es en ponencia. El reglamento es claro, aquí se vota por diputados presentes.



Quedan dos votaciones pendientes. Enmienda del Grupo Popular número 34.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Presidente, por favor, yo quisiera saber si podríamos o no revisar el procedimiento que se ha aplicado a la anterior votación, porque si tengo bien entendido la Comisión debe votar hasta tres veces si hay empate,
para que en caso de que se mantenga ese empate se aplique el voto ponderado. Esta es la interpretación del reglamento que yo hago, y solicito del letrado que nos confirme si esta es la correcta o no.



El señor PRESIDENTE: No se trata tanto de una interpretación, sino de si efectivamente en el reglamento se establece. Si es así, naturalmente volveríamos a votar.



Nos queda solo una enmienda del Grupo Popular, que es la número 63.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Nos queda ahora dilucidar la votación en que se ha producido empate.



La observación que hacía el diputado señor Jáuregui está puesta en razón, porque el artículo 88 establece con claridad en su párrafo 2: 'En las votaciones en Comisión se entenderá que no existe empate cuando la igualdad de votos, siendo
idéntico el sentido en el que hubieren votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo grupo parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada grupo cuente en el Pleno.' Es decir, que como todos los
diputados de cada grupo han votado en la misma dirección, según el artículo 88, párrafo 2, el empate se resuelve por voto ponderado y, por tanto, la enmienda queda aprobada.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, ¿queda aprobada? Me temo que no.
¿El voto ponderado no se aplica? Yo creo que no, porque si solo ha votado Izquierda Unida con el Grupo Socialista y, sin embargo, han votado Partido Popular,
Grupo Catalán, Grupo Vasco...



El señor PRESIDENTE: Vamos a contarlo.



Efectivamente, mi interpretación de invertir el sentido del voto era dado que se hacía una reclamación respecto de que el voto ponderado cambiaría el sentido de la interpretación del empate. Efectivamente, por voto ponderado tampoco es
aprobada la enmienda. Por tanto, queda el mismo resultado.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, para que se realice ese cómputo de voto ponderado hace falta votar tres veces, y eso no lo hemos hecho. Yo reclamo que se voten las tres veces correspondientes, y luego se aplique el voto
ponderado.



El señor PRESIDENTE: ¿Hay solicitud del grupo de que se hagan, como dice el párrafo 1 del artículo 88, las dos votaciones para intentar eliminar el empate? (Asentimiento.)


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, ¿podría leernos el reglamento, por favor?


El señor PRESIDENTE: Artículo 88: 'Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiere aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia.
Transcurrido el plazo, se
repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate.'


Párrafo segundo: 'En las votaciones en Comisión se entenderá que no existe empate cuando la igualdad de votos, siendo idéntico el sentido en el que hubieren votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo grupo
parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada grupo cuente en el Pleno.'


El señor ESTEBAN BRAVO: En consecuencia, señor presidente, no es necesario realizar una siguiente votación porque el segundo punto anula el primero.



El señor PRESIDENTE: Sí. No hay empate.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, yo interpreto que la interrupción es precisamente para


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que la presencia en la Comisión se haga completa. Ese espacio de suspensión tiene algún sentido en la norma.



El señor PRESIDENTE: No. En el segundo párrafo, la interpretación de que no existe empate y de que no es necesario votar no es real. Lo que dice es que cuando se pudiera dirimir por voto ponderado no existiría empate, pero todo eso está
especificado después de que se diga que hay que repetir las votaciones.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Y la suspensión es para que se complete la presencia en la Comisión. Esa es la razón.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, me gustaría tener el reglamento.
A partir de ahora, voy a llevarme uno a todas las comisiones con el resto de la documentación. Parece que ese segundo punto dice: empate, voto ponderado; pero
puede suceder que con el voto ponderado se produzca también un empate, entonces es cuando habría que aplicar el resto de las votaciones. Con el texto literal que se ha leído es lo que interpreto.



El señor PRESIDENTE: Si nos atenemos a la literalidad del texto, hay un apartado del artículo 88 que establece que cuando se empata se repiten votaciones. Si hay empate después de repetir las votaciones -dice el artículo- no habrá empate
si el voto ponderado lo resuelve. Pero el artículo comienza diciendo que cuando se empata se repiten votaciones.
Así que, repetiremos la votación inmediata, esperaremos cinco minutos y volveremos a repetirla. (El señor Elorriaga pide la palabra.)


Adelante.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Al margen del debate principal, como el señor Mardones se ha incorporado con posterioridad, no sé si conoce exactamente los términos del debate que está planteado y el sentido del voto de unos y otros. Igual
sería conveniente antes de la votación tener la oportunidad de reiterar brevemente el sentido del voto.



El señor PRESIDENTE: Yo creo que el señor Mardones debe tener la enmienda número 4 delante y sabrá qué es lo que se está votando.



Procedemos de nuevo a la votación de la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 19.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Esteban pide la palabra.)


Adelante.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, no sé si es el momento procesal pero creo que podría serlo para hacer constar que mi grupo hace una reserva del texto del proyecto tal y como estaba presentado para Pleno.



El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo, naturalmente. Como sabe, debe presentarlo por escrito.



El señor ELORRIAGA PISARIK: Señor presidente, nos sumamos a esa reserva.



El señor PRESIDENTE: De acuerdo.



Con esto hemos terminado las votaciones y, por tanto, el dictamen al proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional.



Como saben, a las once y media está convocado el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Por tanto, suspendemos la sesión hasta las once y media. (Pausa.)


COMPARECENCIA DEL ALTO COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PECES-BARBA MARTÍNEZ), PARA EXPLICAR EL INFORME SEMESTRAL DE SU ACTIVIDAD. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/000693.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con la Comisión Constitucional.



Corresponde ahora la comparecencia, a petición propia, del alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para explicar el informe semestral de su actividad.



Tiene la palabra el señor Peces-Barba, a quien saludamos afectuosamente, para que haga una exposición sobre el objeto de su comparecencia.



El señor ALTO COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Peces Barba Martínez): Señoras y señores diputados, de nuevo es un honor para mí comparecer en esta comisión para referirme al informe presentado en junio de este año en
relación con los seis primeros meses y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del nombramiento de alto comisionado.



En la presentación hay una serie de dimensiones que yo llamaría relevantes de la actividad del alto comisionado durante este tiempo. Tengo que decir que hemos tratado, y gran parte de las experiencias derivan de ese tratamiento
individualizado, más de 300 casos concretos, y detrás de cada uno de ellos hay una vida truncada, una familia rota, unas aspiraciones malogradas o unos proyectos segados por la vileza de los terroristas. La verdad es que, aunque uno está
acostumbrado a muchas cosas a lo largo de una vida que ha superado los 65 años, lo que he visto en estos seis meses, estas tragedias que


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destilan dolor, sufrimiento e incluso incomprensión, no se lo deseo a nadie ni lo he visto con anterioridad.



De una muestra de 129 casos seleccionados del total, se puede comprobar por los gráficos incluidos en la memoria que un tercio de las personas que han acudido al alto comisionado son víctimas de los atentados del 11 de marzo, otro tercio son
víctimas de ETA y el resto de otros grupos terroristas. Junto a las víctimas vinculadas a asociaciones hay un porcentaje alto de personas no asociadas que se han puesto en contacto con nosotros por teléfono o por carta y, respecto a la
nacionalidad, el 85 por ciento son españoles y el 15 por ciento, extranjeros. Según la procedencia sociolaboral, la mayoría son civiles y el resto, en torno a un 35 por ciento, militares o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
de ahí que en los contactos que hemos tenido con los colectivos hayamos contado desde el principio con los sindicatos de la policía y con las asociaciones de la Guardia Civil.



Los principales problemas que sufre el colectivo versan sobre los siguientes aspectos: falta de información, falta de reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo, denegación de las indemnizaciones, denegación de la atención
psicológica, asistencia sanitaria y de los gastos médicos, de integración laboral y desempleo, de pensiones y de disconformidad con la valoración de las secuelas, de condecoraciones y reconocimientos, de asistencia letrada y de tratamiento en los
procedimientos judiciales, de vivienda, de reintegro de tasas académicas y de apoyo al estudio y, por último, en algunos casos, de insuficiencia de recursos económicos. Naturalmente, la constatación de estos hechos, que son siempre problemas de
minorías, porque la mayoría normalmente los tiene resueltos, es lo que ha dado lugar a que nosotros interviniésemos y sugiriésemos soluciones generales.



Aunque, como saben ustedes, el alto comisionado no tiene competencias ejecutivas, mi misión ha sido acudir a quienes las tenían para proponer soluciones a las necesidades que hemos ido detectando. Así, en estos seis meses hemos mantenido
más de un centenar de encuentros con ministros y con representantes de distintas administraciones y de entidades públicas y privadas, y el resultado de este primer semestre, aparte de las iniciativas a las que me he referido anteriormente que tienen
que ver con todos esos problemas concretos, es que hay 15 iniciativas generales, que es relevante que conozcan sus señorías.



En primer lugar, en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros, a sugerencia del alto comisionado, las víctimas del terrorismo tendrán la misma consideración que otros colectivos
desfavorecidos, con ayudas para la adquisición de viviendas de iniciativa pública.



En segundo lugar, constatamos que en todos los colectivos (colectivo de víctimas de ETA, colectivo del hotel Corona de Aragón, colectivo del 11 de marzo y otros) había sectores que nunca habían solicitado las indemnizaciones previstas en la
Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo y, al ver que era un número amplio -lo hubiéramos hecho también aunque hubiera sido uno solo, pero pensamos que serían entre 80 y 150-, pedimos al Gobierno, que así lo acordó, la apertura de un
plazo extraordinario de seis meses para solicitar las indemnizaciones previstas en la ley. A esta medida se han acogido más de un centenar de personas.



En tercer lugar, otro de los problemas que más hemos detectado, fundamentalmente y por distintas razones entre las víctimas del 11 de marzo, pero también entre las víctimas de ETA, es la falta de información, la información insuficiente
sobre la situación de los procesos, de los presuntos responsables en el caso de las víctimas de ETA, etcétera, y, a petición nuestra, el Consejo de Ministros aprobó la constitución de una oficina de información en la Audiencia Nacional, que se
encargará de dar atención personalizada en los trámites policiales y judiciales que tengan que realizar en ese ámbito de la Audiencia Nacional.



En cuarto lugar, el Consejo de Ministros aprobó, en una reunión monográfica dedicada a la seguridad y a la atención a las víctimas, los ascensos honoríficos a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de
Policía fallecidos en atentado terrorista.
También hemos pedido, aunque todavía no hemos tenido una respuesta definitiva sobre el tema, a los señores ministros de Interior y de Defensa los ascensos de los militares y de los policías que sufren una
incapacidad permanente. Hemos pedido a las autoridades autonómicas y locales que concedan condecoraciones a los policías locales, a los ertzaintzas y a los mossos d'esquadra y que también puedan ser incluidos en esos ascensos a los que antes me he
referido. En ese tiempo hemos firmado un convenio de colaboración con la fundación Mapfre, que ha puesto sobre la mesa un millón y medio de euros, que es una cantidad notable, como saben ustedes más de 200 millones de pesetas, destinados a cursos
de formación, con el objeto de facilitar la reinserción laboral de las víctimas que, debido a las secuelas físicas y psíquicas que sufran tras el atentado, no puedan volver a su antiguo empleo.



También, aprovechando la existencia del debate de una ley sobre la asistencia jurídica gratuita, pedimos que se incorporase que las víctimas del terrorismo sin recursos económicos suficientes tuvieran derecho a un abogado y a un procurador
que les asista con carácter inmediato en esos procedimientos, igualando a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la violencia de género y con los extranjeros, situación que no se entendía bien por qué no la tenían las víctimas del
terrorismo.



En el ámbito educativo hemos propuesto la generalización de la exención de las tasas académicas y de otras ayudas, así como la creación de la figura de un tutor estable en las universidades, que realice un seguimiento a las víctimas o
familiares de víctimas que están en la universidad, y también, en algunos casos en que ha sido posible tener la información, lo hemos hecho con la


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enseñanza primaria y secundaria. Por mi especial situación en este ámbito universitario, puedo dar testimonio de lo útil que ha sido en muchos casos para personas que estaban en una situación de mucho desánimo e incluso de pérdida de la
orientación y de cómo la han recuperado con este tutor estable, por lo que están realizando una tarea universitaria positiva. En el mismo sentido, quiero mencionar la creación de un instituto universitario de estudios de terrorismo y de sus
víctimas desde la universidad Menéndez y Pelayo, con la colaboración de las universidades de Madrid rey Juan Carlos y Carlos III, y le hemos encargado -está pendiente de los trámites de constitución- al profesor Francisco Llera que se ocupe de la
dirección de ese instituto. Asimismo, este verano se han celebrado -porque es importante que la opinión pública tenga conocimiento de estos temas- cursos sobre terrorismo en las universidades públicas españolas, impulsados desde el alto
comisionado, con la colaboración de fundaciones como la de Víctimas del Terrorismo, por supuesto, la fundación Miguel Ángel Blanco y la fundación Gregorio Ordóñez. Estamos realizando gestiones -y espero que con éxito, aunque todavía no lo tenemos
asegurado- para que en la próxima oferta de empleo público se reserven plazas para las víctimas del terrorismo. También nos hemos puesto en contacto con diversas entidades financieras, bancos y cajas de ahorro para que concedan a las víctimas
créditos hipotecarios especiales en condiciones favorables, lo que se llaman créditos blandos.



En cuanto a la asistencia sanitaria, hemos planteado la creación (hemos tenido una buena colaboración de la comunidad autónoma que soporta la mayor cantidad de problemas, sobre todo vinculados al 11 de marzo, que es la Comunidad de Madrid)
de dos unidades estables de atención psicológica en dos hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid, y también el Gobierno ha ofrecido la posibilidad de que estas víctimas puedan ser atendidas, y así lo serán a partir de este curso, en el
hospital Gómez Ulla. Hemos constatado que uno de los problemas centrales que existe es que en nuestra sanidad pública no es fácil el tratamiento integral de las personas que tienen una determinada dolencia, sino que van pasando por distintos
servicios, y creemos que en el caso de las víctimas del terrorismo hay lesiones múltiples, problemas de oído, de visión, de estrés postraumático, etcétera, lo que produce muchas situaciones de desamparo asistencial, debido a esta característica que
les he señalado del Sistema Nacional de Salud, que no permite el tratamiento conjunto.



Quisiera señalar dos últimas dimensiones del trabajo, y es que por primera vez en la historia de las víctimas del terrorismo, de sus asociaciones y de la defensa de sus intereses, por iniciativa del alto comisionado se han celebrado dos
encuentros de trabajo, en el mes de abril con todas la fundaciones y en el mes de mayo con las asociaciones de víctimas, con los sindicatos de la policía y con las asociaciones de la Guardia Civil, donde se trataron, sin que faltase ningún
colectivo, los problemas que más podían afectar a las víctimas del terrorismo y fundamentalmente -al que me referiré para terminar- el tema de la Ley de solidaridad. También tengo que mencionar el viaje de una delegación del alto comisionado a
Londres, donde tuvimos ocasión de transmitir a las autoridades británicas nuestra experiencia, nuestra ayuda y nuestro pésame, visita que fue muy bien valorada por los responsables, concretamente la señora ministra de Cultura, que era la que se
ocupaba de ese tema, y después el primer ministro británico le expresó su agradecimiento al presidente del Gobierno. En esas reuniones que tuvimos con las asociaciones y con las fundaciones constatamos que el principal reto genérico, sin perjuicio
de resolver los problemas concretos, es la necesidad de reactualizar la Ley de solidaridad para las víctimas del terrorismo, aprobada en 1999 por unanimidad, como saben ustedes, en este Parlamento, que se ocupa de las indemnizaciones con problemas
-que ya les apunté- de los dos niveles, vinculando el segundo nivel de indemnización a la sentencia, y las personas que no tienen, por las razones que sean, sentencia no tienen la segunda dimensión de las indemnizaciones. No es una ley con carácter
integral que incorpore los aspectos sociales, educativos, sanitarios, de reinserción laboral, de acceso a la vivienda, etcétera, y por eso ya se han reunido -es una reunión que va a ser discreta- una serie de profesores de derecho para hacer el
estudio del proyecto de ley; después de que nosotros tengamos claras las ideas, lo abriremos para una información pública con todas las asociaciones de víctimas y lo llevaremos a otra reunión unitaria que se celebrará el primer trimestre del año
2006, y cuando ya estén hechas las incorporaciones posibles de las aportaciones de las víctimas y de sus asociaciones lo pasaremos al Gobierno para que luego, naturalmente, lo tramite ante este Parlamento.



Por mi parte solo me queda agradecer la atención prestada y, al señor presidente de la Comisión, la posibilidad de intervenir.



El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar ahora un turno de intervenciones.
Como saben ustedes, a la una tenemos otra comparecencia y yo les rogaría que fuesen todos breves. Hemos calculado que las intervenciones deberían estar en torno a
cinco minutos.



Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Doy la bienvenida al alto comisionado, señor Peces-Barba, como lo hicimos en febrero de este mismo año en un tema que es de una gran sensibilidad. Esta mañana tenemos temas de derechos humanos en las
comisiones. Venía de debatir en la Comisión de Interior la cuestión relativa a Melilla y a todo lo que afecta a víctimas de la pobreza y de la guerra, en definitiva, derechos humanos.



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Hemos oído atentamente las medidas y el relato de lo que ha hecho estos seis primeros meses. Coinciden las medidas, porque no podía ser de otra manera, con las doce que nosotros planteamos en nuestra primera comparecencia, y evidentemente
son los mismos problemas a los que hay que dar solución, no hay otros. Lo que usted ha señalado -yo creo que la gran dificultad o al menos lo que nosotros planteábamos también- hace referencia al tema de la diferencia de indemnizaciones en función,
desgraciadamente, de cuando hubieran ocurrido los atentados o incluso la aplicación o la existencia de sentencias, etcétera. Este es un tema no solamente de gran calado económico, que lo es, sino también de diferencias entre la situación de las
víctimas y su trato. Este es el gran tema en el que había que entrar y en el que usted ha entrado y vamos a ver cómo se resuelve.



Ha hablado usted de un tema del que no muchas veces se habla, del tema educativo, pero no de la exención o no de tasas, sino del fracaso escolar. Usted se ha centrado más en la etapa universitaria, pero nos consta que hay menores que tienen
dificultades para hacer frente a semejante tragedia y drama y, si es posible, nos gustaría conocer exactamente toda la materia relacionada no tanto con los universitarios, que quizá puedan tener más facilidad para afrontar los problemas, sino con
los menores y los adolescentes, un sector, según se nos dice, realmente problemático.



Otro tema que ha suscitado ha sido el de la vivienda. No voy a entrar, porque no tengo tiempo, en la desubicación, es decir, cuando se produce un cambio de vivienda porque la familia decide trasladarse a otro lugar por la razón que sea. En
ese caso, no se trata solamente del acceso a la vivienda, sino también de la desubicación de los lugares sociales y del acercamiento a otra administración o a otro sitio. Quizá sería razonable la cooperación entre administraciones públicas para dar
facilidades a aquellas personas que, después de una serie de dramas, quieren trasladarse por la razón que sea.



Ha hecho referencia a un tema que también nos parece interesante, el de la reserva de empleo en las ofertas públicas. No sé si ha quedado resuelto, pero en todo caso parece razonable no que haya una reserva, sino que sea en las mismas
condiciones que otros colectivos sociales desfavorecidos en los que se está produciendo.



Hemos hablado de otro tema que tiene un gran calado político, más que calado de contenido, calado de utilización política, y no voy a entrar mucho más en ello. Se trata del tema que hace referencia a las asociaciones y a las fundaciones,
que no es exactamente lo mismo. A lo mejor algún día tenemos que hacer un análisis-debate sobre las asociaciones y las fundaciones. Me ha parecido interesante, si no he entendido mal, que un porcentaje muy alto de las personas con las que ustedes
se han entrevistado, las personas que se han dirigido a ustedes, no estén vinculadas a ninguna asociación. Esto es importante porque, cuando se trata de ayudar a las víctimas, como en cualquier otro tema, no necesariamente víctimas y asociaciones
tienen un paralelismo. Su trabajo debe ir dirigido a las víctimas, independientemente de que estén vinculadas a una o a otra asociación y este un tema que hay que poner encima de la mesa.



Otro tema importante es el que hace referencia al tratamiento psicológico.
Es una de las quejas más frecuentes. Quizá ahora se ha visualizado con el atentado del 11 de marzo y no sé qué solución se le puede dar, ya que, cuando una persona
ha sufrido de semejante manera, es difícil calibrar hasta dónde puede llegar la atención, en la medida en que es difícil cuantificar qué tipo de atención se puede proporcionar más allá de lo que es factible. Este es un tema complicado y requiere un
debate en profundidad respecto a la atención que la sanidad no es capaz de dar en este momento. Por tanto, es un tema de debate interesante.



Hay un tema que yo pondría encima de la mesa -no voy a extenderme más- que es el relativo al reconocimiento social. Se trata de un tema en el que se ha avanzado mucho y esto es bueno decirlo. Quizá en esta fase no esté encima de la mesa,
pero el reconocimiento social y moral de las víctimas del terrorismo más allá de su reparación económica es un tema importante.
Nosotros creemos que debe seguir siendo importante y que la sociedad tiene una obligación con las víctimas, pero también
queremos decir algo que probablemente no suene políticamente correcto, aunque hay que decirlo, y es que las víctimas tienen toda la legitimidad y la legitimación, como cualquiera de nosotros, para intervenir en política, la misma que nosotros, no
más y creo que es suficiente lo que decimos.



Por último, quiero hacer dos peticiones. Tengo más temas, pero los voy a dejar en cartera porque lo que usted ha dicho me parece suficiente por el momento. La primera es que en esos debates que están celebrando con expertos, relativos a
cómo redactar una ley integral, el Parlamento no esté siempre. Ya sé que es nuestra obligación, nuestro deber y nuestro derecho legislar, pero parece conveniente que pudiéramos intervenir previo a la última fase; es decir, que en el trámite previo
a que el proyecto llegue al Gobierno, y éste lo apruebe como proyecto de ley, pudiera darnos trámite en fase de consulta o simplemente de audiencia en la forma que usted considere más eficaz, discretamente, como ha señalado.
Creo que el Parlamento
-al menos esta diputada- estaría interesado en no conocerlo al final del todo, sino previamente en esos debates, en el momento procesal que usted considere oportuno. Pediría que el Parlamento no fuera exclusivamente la última fase, ya que a lo
mejor podemos hacer aportaciones que pueden incorporarse sin necesidad de que sea a través de enmiendas. Obviamente, tenemos el derecho y el deber, pero a veces determinadas aportaciones es mejor hacerlas sin necesidad de una enmienda en el último
momento, que tiene más dificultad, incluso política, a la hora de ser consensuada. Y una última petición (me la trasladan las personas que tienen la responsabilidad de atender a las víctimas y sus problemas en la Comunidad Autónoma


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Vasca) es que, más allá de los encuentros y coincidencias que se han producido con ellas, tenga lugar una reunión formal. Sé que se lo han pedido y yo le transmito esa petición, pues me parece que en la Comunidad Autónoma Vasca están
haciendo un importante trabajo, como lo está haciendo usted, y simplemente se trata de coordinar y cooperar en esfuerzos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Quiero empezar mi intervención dando cordialmente la bienvenida al alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, don Gregorio Peces-Barba, que siempre tiene la consideración de mi respeto, afecto y
amistad.



Mi grupo quiere testimoniarle la continuidad de nuestro apoyo. Creemos que está usted realizando una labor eficaz y positiva y queremos darle nuestro voto y nuestras palabras de aliento para que continúe en esa línea consecutoria de una
serie de beneficios de todo orden, enumerados en las iniciativas que se están adoptando en este último semestre y que son motivo de su comparecencia hoy aquí. Muchas entidades podían tomar ejemplo de la conducta de la aseguradora Mapfre, que ha
realizado una serie de aportaciones. Que a esto se le dé la publicidad pertinente para que lo tengan en cuenta otro tipo de entidades, bien del campo de los seguros o de cualquier sector económico-financiero. Las cajas de ahorro, por ejemplo,
tienen como obligación legal las funciones asistenciales y culturales. La banca privada no, pero las leyes de las cajas recogen que deben contribuir a una beneficencia positiva cuando haya cualquier tipo de necesidad de los elementos poblacionales.



Ha sido una idea acertada, señor comisionado, dotar a las víctimas del terrorismo de asistencia letrada. Se echaba en falta, aunque no es que todo esto tenga que soportarlo la propia oficina del comisionado de Apoyo a las Víctimas. En el
comunicado relativo a las víctimas del acto terrorista de la estación de Atocha del 11 de marzo hemos visto el número, el origen, la procedencia, la situación laboral e incluso administrativa de las mismas y hay una serie de disparidades, por lo que
es bueno que tengan una asistencia letrada específica y especializada en la función que tengan que hacer.



También valoramos positivamente una serie de contactos y de conexiones de la Oficina del Comisionado con fundaciones como la de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Creo que andando en este camino se va demostrando un criterio más
ecuménico, valga la palabra, de la función del comisionado, consiguiendo adherencias de fundaciones que recuerdan a trágicas víctimas del terrorismo etarra. Si las entidades de crédito o de seguro se sienten motivadas, debería hacerse una
prospección, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, para que tengan un incentivo, del tipo que sea. Ya se entenderán los expertos del ministerio con la banca privada para créditos blandos. Se puede buscar una entidad que subvencione un
diferencial de intereses, pues al precio tan bajo que está en este momento el dinero las entidades bancarias no tienen que tener una compensación de intereses muy elevada por préstamo del dinero, para que no solamente se dediquen a promocionar
hipotecas sino que también hagan esta función social.



Finalmente, señor Peces-Barba, este diputado que le habla estuvo de ponente en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo de 1999, y uno de los aspectos que nos llevó más trabajo fue hacer los baremos y las indemnizaciones. Usted
ha dicho que es necesaria cuanto antes -y lo ha señalado también la señora Lasagabaster- una audiencia de los miembros de esta Comisión para que hagan sus aportaciones, porque una vez que terminen ustedes sus trabajos -que no sé qué fecha tendrán,
pero yo creo que no deben demorarse, señor comisionado, porque hay víctimas con unos problemas económicos verdaderamente perentorios-, todas esas reuniones y consultas de los grupos de trabajo que usted propicie y articule deben hacerse con un
calendario muy medido para hacer llegar al Gobierno, con todas las audiencias que tengamos que hacer de todos los estamentos e instituciones, el trabajo con la máxima premura. No sé si el Gobierno en el momento final hará una ley complementaria a
la de 1999 para actualizar y armonizar todo el proceso, que es donde se pueden producir las mayores discusiones. Se deben adecuar las indemnizaciones con la sentencia judicial, pues este es el problema que ha distorsionado la eficacia del sistema,
ya que no habiendo sentencia no llega la indemnización. Esto lo debemos mirar bajo el criterio de urgencia, lo cual puede llevar al Gobierno, si hay pacto con todas las fuerzas políticas, a que en vez de hacerse por ley, que demoraría mucho por el
trámite parlamentario del Congreso y del Senado -ya lo sufrimos con la del año 1999-, se hiciera por decreto-ley si es necesario invocar el principio de urgencia o de especialidad, que yo creo que existe. En previsión de este supuesto, mi grupo no
tendría ninguna objeción a que el Gobierno lo tramitara como real decreto-ley y no proyecto de ley. Si todos los grupos estuvieran conformes con la convalidación del real decreto-ley para las ayudas a las víctimas del terrorismo y a no tramitarlo
como ley, en 30 días quedaría resuelto el problema de la perentoriedad.



Dicho esto, no me queda más que reiterarle, señor Peces-Barba, con toda lealtad y afecto, el apoyo de mi grupo a su persona y a su gestión, así como el aliento que haga falta en esta línea.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig Cordón.



El señor PUIG CORDÓN: Voy a ser breve porque me tengo que ausentar por tener que estar presente en otra Comisión. Quiero dar la bienvenida al alto comisionado


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y dar nuestro apoyo al trabajo que está realizando, que ya se lo dimos hace seis meses cuando realizó su primera comparecencia en este Parlamento. Hemos leído el documento que nos ha hecho llegar sobre las actuaciones que se han realizado
desde el Alto Comisionado, y el trabajo serio que se puede realizar con todas las víctimas del terrorismo va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Comentaré algunos de los aspectos que plantea el Alto Comisionado sobre ciertas
situaciones que califica como complejas, como el relativo al ámbito territorial y la regulación de las situaciones creadas con motivo de atentados terroristas en el extranjero, sobre la que dice que muchos de estas víctimas están sin indemnizar,
seguramente por la complejidad que se puede producir. Nos parece que es un tema importante, vista la situación en que nos encontramos en el ámbito internacional ante el nuevo terrorismo global que nos está afectando en estos momentos. Habrá que
estar atentos e intentar agilizar mecanismos de coordinación que nos permitan que aquellas personas que hayan padecido un atentado terrorista en el extranjero puedan percibir las ayudas que el Estado estime pertinentes.



A raíz de las conclusiones que se aprobaron en esta Cámara con motivo del informe de la Comisión del 11 de marzo, en el que se dejaba constancia de las víctimas que colateralmente se produjeron en Euskadi y en Navarra, entendemos que ante el
proceso que se está recogiendo en los medios de comunicación y que está presente en la sociedad tendente a intentar terminar con la violencia de ETA, el principio de reconciliación y el trato serio de ayuda a las víctimas son vitales para el momento
en que termine la violencia de ETA en este Estado, como todos deseamos. Fue una aportación importante hacer referencia en el documento del 11-M a las víctimas, ya que se apostó valientemente por este principio. También queremos agradecerle la
actitud solidaria y valiente que ha tenido el Alto Comisionado con las víctimas y en ese sentido va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.



Pido excusas por tener que ausentarme, pero a través del 'Diario de Sesiones' seguiré su intervención.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: También yo me sumo a la bienvenida y al agradecimiento al señor Peces-Barba por las explicaciones que nos ha dado, así como le reitero el apoyo de nuestro grupo a su gestión.
Realmente, le honra el hecho de haber
solicitado personalmente esta comparecencia.



De sus explicaciones deduzco que hay dos problemas básicos. Ha dicho que tuvo una reunión con los afectados, que tenía un porcentaje alto de víctimas no asociadas, así como que se produce falta de información en las víctimas del terrorismo
y una falta de coordinación en las ayudas del ministerio que se pueden dar a estas personas. La función específica del comisionado es abrir las puertas del Gobierno, el servicio público, a una atención más directa a las víctimas del terrorismo. El
hecho de que estén asociados o no las víctimas, aunque la función de las asociaciones es muy encomiable porque cumplen con una labor complementaria a la hora de solicitar las ayudas, no debe impedir que se sientan acogidos por el comisionado. Deben
tener las puertas abiertas del Gobierno lo mismo una persona individual que una asociación. Esto lo recoge muy bien el comisionado. Respecto a las atenciones sanitarias, se pide un servicio integral para que personas que han sufrido un atentado y
tienen un trauma psicológico o cualquier otro tipo de disfunción puedan ser atendidas de forma integral. Supongo que esto ha sido muy complicado para un colectivo como el de las personas sin papeles que el 11-M se encontraban en el tren.
Aprovechando esta referencia, también me gustaría conocer, si es posible, si se han resuelto todas las solicitudes de papeles, como propuso del Gobierno en su momento, a las personas afectadas por este accidente.



Por último, entiendo que en el proyecto de ley que nos propone el comisionado sería posible utilizar una praxis que utilizamos también para las industrias y para las personas que tienen que realizar varios trámites, que es el sistema de
ventanilla única. Podría existir -y así lo proponemos- un punto de encuentro, que en estos momentos es el comisionado, que de alguna forma es la puerta que abre la Administración.
Entiendo que en el proyecto de ley que nos propone tendría que ser
esta ventanilla única la que automáticamente dirija a estas personas a los puntos de servicio necesarios. Con ello resolveríamos dos cosas: primero, la falta de información y, segundo, una aproximación más directa a los afectados. Si fuera
posible, me gustaría obtener al menos su opinión al respecto.



Reitero mi agradecimiento por su comparecencia y por las explicaciones dadas.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor comisionado, por su comparecencia hoy aquí. Además, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos agradecerle la iniciativa que ha tenido de venir a presentar este informe e incluso
el contenido del informe, que analizaremos. Seguro que en algunos aspectos no habrá acuerdo con las valoraciones que ha hecho el Alto Comisionado, por lo que haré algunas puntualizaciones.
Señor comisionado, nosotros vamos a analizar en primer
lugar el contenido del informe y después le vamos a hacer, con un profundo respeto y también con un profundo lamento por parte de este grupo parlamentario, una valoración política de algún contenido concreto que usted ha expresado en la carta que se
adjunta en este informe del comisionado.



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Vamos a empezar hablando del análisis del informe y de la figura que usted realiza en el mismo. Usted empieza refiriéndose, señor comisionado, a la división de las víctimas que encontró cuando se puso al frente de la institución del Alto
Comisionado. Lamentablemente, señor Peces-Barba, no era así. Nosotros le dijimos en la anterior comparecencia y le reiteramos que el mundo de las víctimas siempre había sido un colectivo que trabajaba, que cooperaba, que estaba unido, en el que no
había habido ningún problema, ninguna desavenencia ni desunión, y entendemos que sus errores contribuyeron quizás a esa desunión. Nosotros hemos encontrado documentos -usted los conocerá- y encuentros que realizó la Fundación de Víctimas, como el
VI Encuentro de Asociaciones de Víctimas, manifiestos comunes de los años 2003 y 2004 por parte de la Fundación de Víctimas, en los que estaban todas juntas, en los que se reunían de forma conjunta y en los que realizaban manifiestos conjuntos. Yo
le pediría, señor Peces-Barba, que usted justificara esa división, esa desunión que usted afirma que existía cuando se puso al frente del Alto Comisionado, porque en todos los documentos del mundo de las víctimas que nosotros tenemos, hechos por
diferentes asociaciones pero fundamentalmente por la Fundación de Víctimas, encontramos esa unión absolutamente cohesionada del mundo de las víctimas.



Nos parece además, señor comisionado, que ha sido usted poco riguroso y poco justo con la actuación que han realizado hasta ahora el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior y especialmente la oficina de víctimas. Encontramos
quejas que usted realiza a la gestión que se ha llevado a cabo hasta ahora. Concretamente, en las páginas 48, 82 y 83 realiza descalificaciones a la actitud de los funcionarios, incluso en algunas explicita que no tienen la suficiente formación y
que no han realizado una gestión lo suficientemente eficiente. Sin duda alguna, todos podemos convenir en que la gestión en las administraciones públicas siempre puede mejorarse, señor comisionado, y seguro que esa era la línea a la que usted
quería referirse. Pero entendemos poco justo y poco proporcionado que unas entidades que desde hace ya mucho tiempo han estado gestionando tanto las ayudas como cualquier prestación psicológica y servicios de todo tipo a las víctimas no hayan
tenido el reconocimiento que la figura del Alto Comisionado debería haber mostrado hacia estas personas, estos funcionarios, estos gestores.



Otro aspecto relevante que forma parte del informe que usted nos ha remitido es el referido a la estructura de su oficina. Nos parece sorprendente que no haya hecho ninguna reflexión ni afirmación sobre lo que entendemos que es la
destitución de una parte importante de su gabinete. Usted, señor Peces-Barba, sabe que nuestro grupo parlamentario, mostró desde el primer momento, desconfianza por cómo se realizó su nombramiento. Entendemos que no se realizó con el consenso
debido, que el presidente del Partido Popular no fue llamado para convenir y consensuar la figura y la persona del Alto Comisionado. Además tenemos declaraciones suyas en las que intentó justificar que su número dos, doña Dolores de La Fuente -por
cierto, una extraordinaria profesional, seguro que usted y yo convenimos en eso-, era una persona que había estado al frente de diversos cargos en el Partido Popular y que era la que, de alguna manera, había sido consensuada por el Grupo Popular.
El presidente del partido lo desmintió y dijo que en ningún momento se había llegado a ningún acuerdo con el Partido Popular para consensuar ni la figura del Alto Comisionado ni la figura del número dos. Realmente, señor Peces-Barba, que en menos
de nueve meses, porque su figura se creó el 7 de diciembre del año pasado, usted destituya -aunque usted quiera decirnos que por razones organizativas y funcionales- a la número dos de su departamento, en una estructura tan importante desde el punto
de vista administrativo, y no solo a ella sino también a cinco personas más, requiere una explicación en las actividades de este semestre que el señor Peces-Barba no ha dado.
Permítame que le diga que nosotros, que conocemos la confianza que usted
había depositado en esa persona y la eficacia profesional de esa funcionaria, responsable pública, no entendemos, si no son valoraciones políticas, por qué usted realiza ese cese fulminante de una parte del equipo que estaba trabajando en la
estructura de la oficina de víctimas.



Señor Peces-Barba, nosotros valoramos sin duda que usted haya hecho algunas propuestas que han sido también reconocidas por algunos grupos, por ejemplo aspectos puntuales que se refieren a la vivienda, a la inserción laboral de las víctimas
y de sus familiares, que entendemos que son temas trascendentales y fundamentales para la inserción en la vida y la normalización de muchas de esas víctimas. Pero permítame, señor Peces-Barba, que, con todo el respeto y con toda la legitimidad, le
diga que para eso no necesitábamos la figura del Alto Comisionado. Eso se podía impulsar desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de la Vivienda, desde los diferentes ministerios con capacidad ejecutiva.
Sabemos la prioridad que hasta
ahora puede haber tenido el Gobierno del señor Zapatero para la consideración de la figura de las víctimas.



Para finalizar con lo que se refiere al contenido de su informe, usted hace dos referencias concretas a modificaciones legislativas, en concreto a la Ley de solidaridad. Usted dice que la modificación de esa Ley de solidaridad es el tema
central. La señora Lasagabaster ha dicho que le agradecería que nos informara, porque nuestra obligación es la de legislar, y desde el Grupo Parlamentario Popular también se lo agradeceríamos. Usted ha dedicado 20 ó 30 páginas de su informe a las
distintas reuniones que ha tenido con diferentes colectivos, incluso de la Policía, diferentes sindicatos y diferentes asociaciones, pero nosotros no tenemos ninguna información respecto a la modificación de la Ley de solidaridad. La verdad es que
usted dice que está esperando sugerencias. Si para el Alto Comisionado, en seis meses, el tema básico y fundamental es la reforma de la ley de


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solidaridad y lo único que está usted haciendo es esperar sugerencias, entendemos que ha hecho usted bastante poco.



Permítame, señor comisionado, que haga dos referencias finales respecto al informe. Una -que además lo establece el artículo 1.2 a) de la norma por la que se crea la estructura de su departamento- es la asistencia integral a las víctimas,
el apoyo a las víctimas en lo que se refiere especialmente a las ayudas económicas que puedan recibir. Lamentamos que esto vuelva a ser así, señor Peces-Barba, lo lamentamos profundamente. Y se lo decimos porque parece que siempre tengamos que
volver a hablar de lo mismo, pero usted sabe el problema que ha habido, público, por no reconocer unas ayudas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en relación con la concesión del 0,52 del IRPF. Además, lamentamos que se haya querido echar
las culpas, por parte del ministro Caldera, al Partido Popular diciendo que nosotros no habíamos concedido esas ayudas. Señor Peces-Barba, aquí está la concesión de esas ayudas, desde el año 1995 hasta 2003, la última convocatoria del Partido
Popular, del 0,52, y se le daban cantidades de 453.000, 463.000 y 480.000 el último año. Usted no tiene por qué posicionarse en uno de los bandos -esa va a ser su respuesta-, pero usted sí que tenía la obligación -si para algo servía su figura,
señor comisionado- de ejercer la función de interlocución y para al menos intentar solucionar ese problema entre las administraciones y las asociaciones. Lo establece el artículo 1.2 a) en el apartado a) y en el apartado d), y en temas
fundamentales como ese, que son los pocos que se hacen públicos, señor comisionado, usted ha estado ausente, no ha estado presente. ¿Para qué nos ha servido la figura del Alto Comisionado, señor Peces- Barba, en esos aspectos? Ya le digo que ni
siquiera le decimos desde el Grupo Popular que usted diga que se concedían bien o mal, que se concedían correctamente con este o con el anterior Gobierno -ese es un tema que ya se gestionará entre el ministerio y la asociación-, pero entendemos que
su obligación era la de interlocución, la de representación de las víctimas y la de haberse interesado por una asociación que usted sabe muy bien que es mayoritaria, que representa a un gran número, al 80 por ciento de víctimas del terrorismo de
ETA, y usted no lo ha hecho; usted ha estado ausente en ese aspecto.



Un único dato final, señor Peces-Barba: si el rigor de su informe es el que yo esperaba que caracterizaba a una persona de su valía y de su preparación, siento decirle que me ha decepcionado en algún punto, señor Peces-Barba. En la página
73 de su informe hace referencia a las actuaciones que realiza, en concreto la colaboración con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado para la concesión de la medalla de oro de las víctimas al mérito al trabajo. Realmente,
señor Peces-Barba, no puedo salir de mi asombro, porque el 15 de junio de 2005 -aquí está el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara- este grupo parlamentario presenta una proposición no de ley para la concesión de la medalla de oro al mérito al trabajo
de manera individualizada a las víctimas de todo tipo de terrorismo. Es este grupo parlamentario el que lo solicita y el que realiza el esfuerzo porque entiende que el tema de las víctimas debe ser consensuado para que todos los grupos políticos
puedan estar de acuerdo; y llegamos a acuerdos con el Partido Socialista y con el resto de partidos para aprobar esa proposición no de ley. Pero si el rigor de su informe es referirse únicamente a que usted habla con el Partido Socialista sobre
este tema y ni tan siquiera hace mención a lo que verdaderamente se hace, que es que un grupo parlamentario, en este caso este grupo, realiza ese reconocimiento porque antes no se había realizado ni por el Ministerio de Trabajo ni por sus propias
gestiones, señor Peces-Barba, déjeme decirle que tenemos que desconfiar muy seriamente del rigor y de la profesionalidad con que está hecho este informe; usted mismo lo puede comprobar por las palabras que le acabamos de decir.



Una última consideración, señor presidente; una consideración política importante para nuestro grupo parlamentario. Usted, señor Peces-Barba, sabe que desde el primer momento el Partido Popular mostró su desconfianza por la creación de esa
figura, por el nombramiento de su persona, y además le decimos que lo lamentamos porque usted es una persona de reconocida valía, de reconocido prestigio, padre de la Constitución, retirado ya de la vida política y dedicado a la gestión académica de
forma excelente y extraordinaria. Y manifestamos nuestras dudas sobre que además usted tuviera la necesidad de ocupar ese cargo.
Usted además no estuvo acertado desde un inicio, nosotros se lo dijimos y se lo reiteramos, cometió muchos errores con
las primeras declaraciones, la no asistencia a manifestaciones, incluso usted ha reconocido algunos de ellos. Pero lo que nos parece más importante de la comparecencia de usted hoy aquí es lo siguiente: el Partido Popular ha dicho siempre -y lo
reitera- que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español tiene un propósito claro, que es el de valorar más las posibilidades de diálogo con la banda terrorista ETA que el de valorar y apoyar a las víctimas del terrorismo. Hoy tenemos unas
declaraciones del señor Zapatero que dicen que si ETA da un paso la democracia sabrá dar dos pasos más. Señor Peces-Barba, todo tiene unos límites morales y usted lo sabe muy bien.
Cualquier política antiterrorista tiene unos límites morales que
pasan por no olvidarse jamás de las víctimas. El Partido Popular creyó que usted venía aquí a acallar, a adormecer a las víctimas en el caso de que hubiera una posible negociación con ETA, y lamentamos tener que decirle, señor Peces-Barba, que
usted, y solo usted, nos ha dado la razón; que usted es el que reconoce y dice en su carta que ni el derecho debe doblar la rodilla frente a la política ni la política debe dejar de actuar so pretexto de un respeto al derecho que en ocasiones no
puede ser más que una coartada para que todo siga igual. Esta mañana el señor Buesa decía que si un catedrático de derecho constitucional decía eso, tendrían que ir hasta los tribunales si eso realmente se ejercía. Usted sabe que


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sobre la base de eso, de no respetar el derecho, se han realizado las mayores vilezas en la historia de la Humanidad, y usted sabe que hoy reconoce a todos los españoles que su figura no es la de gestionar todo lo que nos ha explicado, sino
que su figura es la de adormecer y la de acallar a las víctimas para que en esa posible negociación con ETA las víctimas no sean un obstáculo para el presidente Zapatero. Y créame, señor Peces-Barba, que lamentamos que se haya creado esa figura
para eso y lamentamos que usted haya tenido la necesidad de tomar y de ejecutar la función del Alto Comisionado para eso.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Ramón Jáuregui.



El señor JÁUREGUI ATONDO: También quiero sumarme con un doble agradecimiento: el primero al señor Peces-Barba por su comparecencia voluntaria en este acto y el segundo un agradecimiento en particular por la valoración que hacemos ya de
entrada de su trabajo. Nosotros creemos que su trabajo ha sido magnífico -lo quiero calificar así-, y no tenemos más que confianza en su gestión, que quiero valorar, a propósito de su informe, en tres grandes apartados que muy sintéticamente voy a
expresar.
En primer lugar quiero trasladarles, señorías, una reflexión sobre la evidencia de que la figura y la institución creada del Alto Comisionado hace menos de un año ha sido un acierto y, sobre todo, ha puesto en evidencia que era muy
necesaria.



Permítanme una buena reflexión personal a propósito de lo que ha sido y de lo que viene siendo la atención a las víctimas del terrorismo en esta ya trágica y larga historia que tenemos en nuestro país. A las víctimas del terrorismo -y vale
la autocrítica porque creo que todos debemos hacerla- las hemos tratado mejor con el paso del tiempo, y eso también quiere decir que en su momento no las tratamos suficientemente bien, pero eso todos, todos los gobiernos. Cada vez lo hemos ido
haciendo mejor, señora Sánchez-Camacho. Hay una evolución progresiva que no se incluye en la perspectiva crítica que usted atribuía al informe respecto a que el Alto Comisionado manifieste alguna actitud negativa hacia los anteriores. No, en el
fondo lo que ha venido a decir el señor Peces-Barba en su informe es que se han ido haciendo cosas porque no todo estaba hecho, y esto es evidente. Recuerdo que hace 20 ó 30 años a las víctimas las atendía el jefe del gabinete del ministro del
Interior, una persona que estaba dedicada más o menos a atender los problemas humanos que surgían alrededor. Desde entonces hasta hoy hemos evolucionado tanto y tan bien todos los gobiernos, que simplemente tenemos que reconocer que la figura
creada hace un año, por muy precipitado que fuera el nombramiento o hecho sin las maneras consensuadas que ustedes esperaban, es hoy imprescindible. Basta leer el informe para acabar concluyendo que había tanto por hacer, que se está haciendo, que
sencillamente es impecable el trabajo. Es tan evidente que las 15 medidas que ha propuesto el señor Peces-Barba responden a que había injusticias patentes como, por ejemplo, que había ya casi cien personas que habían perdido el plazo para reclamar
la indemnización de la ley de 2002. ¡Pues qué bueno ha sido que se haya corregido esa ley mediante otra para que esas personas puedan demandar esas indemnizaciones! ¡Fíjese si solamente por eso no hubiera merecido ya la pena! Pensemos en lo que han
sido las intervenciones ante ciento y pico organismos de la Administración, reformas de las leyes en la promoción de la Función pública en la vivienda, en la atención psicológica y en la atención sanitaria integral. Todo esto se estaba haciendo,
pero no estaba hecho, señora Camacho.



Señorías, lo que es evidente, y esta es la primera afirmación que hay que hacer cuando uno lee este informe -y yo lo he leído con detenimiento- es que, afortunadamente, lo que se hizo creando esta figura se hizo bien, era necesario y se
están cubriendo unas necesidades evidentes. No solamente porque había miles de víctimas de ETA -digo miles con toda intención, ya sé que no llegan a mil los muertos del terrorismo de ETA-, sino por que hay miles de víctimas entre familiares e
hijos. Todo eso se está atendiendo: trescientas y pico personas que han ido a verles a la oficina y a las que han atendido, simplemente escuchándoles y representándoles ante la Administración, cambiar las leyes, incitar a las comunidades autónomas
a que adapten su legislación para que se arreglen las tasas académicas, la asistencia psiquiátrica y tantas cosas. Eso se está haciendo y esa es la figura. Simplemente, primera afirmación, la institución que se creó era necesaria. Segunda, el
comisionado ha hecho su trabajo. Es evidente que lo ha hecho, y yo creo que además, por la característica académica de la persona que nos acompaña, lo ha hecho con sobresaliente y lo ha hecho muy bien. Basta ver la creación ex novo de una
estructura administrativa independiente con capacidad de representar, dar voz y fortalecer las reivindicaciones tan enormes que hay en una casuística infinita, porque hay infinidad de problemas, infinidad; basta leerlo. Se les está atendiendo, se
ha creado una estructura administrativa en un edificio independiente, por cierto, con una función que el Alto Comisionado realiza al margen de cualquier interés personal, porque es bien conocido que su función no es retribuida. Él está dedicado a
una función noble del país, dirigiendo un equipo para realizar una atención necesaria a las víctimas del terrorismo, a todas, a las miles de víctimas que tuvimos con ETA y a los cientos que tuvimos después del 11-M. Y todo esto se está haciendo,
como he dicho, superando recelos y actitudes manifiestamente hostiles, señora Camacho, que no caben más que justificar basándose en una discrepancia política, que yo puedo aceptar legítimamente como que ustedes no están de acuerdo en cómo se hizo el
nombramiento, pero, por favor, basta ya, ya pasó el nombramiento, ya está ahí la figura, es una persona, como usted ha dicho, de reconocido prestigio. Ya


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está ahí la estructura, ya están haciendo cosas. Por favor, dejémosle trabajar, no mantengamos una desconfianza y un veto permanente sobre un determinado hecho que yo creo que está trasladando injustamente la impresión de que la gestión del
Alto Comisionado está cargada de desconfianza o de ineficiencia. Es mentira. Hay una enorme eficiencia en este informe que se ha presentado aquí, y yo quiero destacarlo porque me parece evidente.



El tercer dato que hay que señalar es que a pesar de todo esto hay mucha tarea pendiente. Basta ver la cantidad de iniciativas que se han planteado. Por cierto, una de ellas es resolver el equívoco que se ha producido con la AVT, que usted
ha señalado. Esta misma tarde tendremos la ocasión en la que el Ministerio de Trabajo informará sobre esto.
Seguramente este no es el momento para que yo les dé una explicación, pero baste recordar que a ese propósito hay una manipulación política
de nuevo muy interesada contra el Gobierno en esta materia, porque quiero recordar que esta asociación renunció al sistema de subvenciones por la vía del 0,52 precisamente de acuerdo con el Ministerio de Trabajo del señor Zaplana de hace dos años.
Y es ese acuerdo el que lleva a que la propia AVT busque la financiación por otra vía y no por el 0,52 la que explica que el ministerio, ya del Gobierno del Partido Popular de hace dos años y también éste, haya decidido establecer una subvención por
una vía directa a la AVT, por un convenio directo, que es el que este Gobierno ha mantenido y sigue manteniendo escrupulosamente. Pero como este no es el momento, simplemente quiero destacar que efectivamente queda mucho por hacer, y a mí me parece
que la idea de que haya una revisión de la Ley de solidaridad es muy importante. Quiero hacer un anuncio que responde en parte a la sugerencia que han explicado la señora Lasagabaster y la señora Camacho, y es que en mi propósito, el que yo
personalmente les manifiesto, creo que sería más lógico que el borrador que el Alto Comisionado pudiera elaborar respecto a esa reforma no diera lugar a un proyecto de ley, sino a una proposición de ley de los grupos parlamentarios, porque esa es la
naturaleza del acuerdo que reside en la política de atención a las víctimas del terrorismo; por cierto, el que también creo que se estableció en la propia ley cuando se hizo por acuerdo de todos los grupos. Pues bien, no tengo ninguna autorización
formal para hacerlo, pero me atrevo a pronunciarme en ese sentido como un compromiso de nuestro grupo, en la idea de que lo que el Alto Comisionado proponga de reforma de esta ley, que seguramente será la consecuencia de ese trabajo bien hecho, de
ese trabajo de consulta y de atención a la casuística no resuelta por la ley actualmente, sea lo que nos lleve a una reforma consensuada por parte de todos los grupos en términos de una proposición de ley.



Termino con una referencia a la expresión que ha dado lugar a un debate político más de fondo por parte de la señora Camacho en relación al último párrafo de una carta que el Alto Comisionado nos dirige a todos y que preside, por así
decirlo, el informe del que estamos hablando.
Efectivamente, en esta frase final yo personalmente, señora Camacho, no he visto ningún pronunciamiento político en contra de ninguna víctima, y desde luego tampoco un pronunciamiento político concreto
respecto al fin de la violencia. Yo, tengo que confesarlo, he visto una frase que responde a un viejo principio kantiano, que conociendo al señor Peces-Barba es bien fácil de interpretar porque todos sabemos de su admiración por Kant, y que es una
apelación a un principio y a una filosofía del derecho que inspira su propio comportamiento. Pero además tiene razón porque, digámoslo claramente, en el fin de la violencia, si es que hay un fin de la violencia, -ojalá-, no pueden quedar marginadas
las víctimas potenciales -esta apelación me parece de una justicia evidente- ni sus familiares. ¿Todas las personas que están bajo la espada de Damocles de la amenaza no son víctimas? ¿Tienen algo que decir? ¿Es que algunos portavoces, y digo
algunos por no decir alguno en singular, tienen más legitimación que otros? ¿Tienen más legitimación que las víctimas potenciales? ¿Tienen más legitimación que el Parlamento para hacer o decidir? No, no la tienen. Tienen derecho algunas
personas, repito, por no decirlo en singular, a decir lo que piensan, pero esto no puede llevarnos a confundir los términos ni a evitar que haya víctimas, que es el deber máximo del derecho. Desde luego el fin de la violencia se produce con la
policía, con el Estado de derecho, con la justicia, pero también con la política en su función más noble, precisamente en su función más noble, que es traer la paz.



El señor PRESIDENTE: El Alto Comisionado ha oído a los portavoces, y ahora él tiene la posibilidad de hacer una nueva intervención.



El señor Peces-Barba tiene la palabra.



El señor ALTO COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Peces-Barba Martínez): Agradezco las intervenciones de las señoras y señores diputados en esta Comisión Constitucional.



Empezando por la intervención de la señora Lasagabaster, creo que es cierto que en el problema de las indemnizaciones se trata de conseguir un tratamiento igual para todos, acabar con la discriminación y ajustar también -algo había dicho el
señor Mardones después- al tiempo actual las cantidades señaladas. Sobre el tema educativo, el problema en la primera y en la segunda enseñanza existe, obviamente. Es más complicado para mí porque en la enseñanza universitaria existe una
Conferencia de Rectores en la que, aunque las competencias son de las comunidades autónomas, los temas que afectan a ese tipo de trato corresponden a la autonomía universitaria y no a la Administración, mientras que en el otro caso hay que
establecer una colaboración con la Administración educativa competente. Tengo que decir que nos quedarían todavía cosas que hacer, pero


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que hay dos comunidades autónomas en las que, por razones del peso específico que tienen en ese aspecto, no la del País Vasco, de la que luego hablaré al hablar de la señora Lasa, hemos podido encontrar una colaboración excelente, que son la
Comunidad de Madrid, a través de la señora viceconsejera, y la Comunidad andaluza. Uno de los temas pendientes en la reunión con la señora Lasa, que efectivamente se tiene que producir, es el relativo a la primera y segunda enseñanza, porque en la
universidad ya se está produciendo. En cuanto a la vivienda, los problemas fundamentales son de dos tipos: traslados de vivienda fundamentalmente del País Vasco a fuera del País Vasco y adaptación de viviendas a circunstancias sobrevenidas de
minusvalías, etcétera. El tratamiento psicológico creo que está solucionado en el núcleo que es más importante, que es la Comunidad de Madrid, puesto que la mayor parte de las víctimas son del 11 de marzo, aunque no exclusivamente. Tengo la
experiencia de víctimas de ETA o de otros colectivos a quienes al cabo de veinte años les surgen los problemas de nuevo. En relación con la reunión de expertos para la ley, no sé cuál será el sentido, pero desde luego en cualquier momento
cualquiera de los grupos parlamentarios nos puede pedir información sobre la situación y le transmitiremos lo que sea, y si alguien quiere colaborar en un momento dado cuando el tema esté un poco más avanzado, porque ahora mismo no tenemos muchas
ideas tampoco, nos gustaría mucho que lo hiciera.



En cuanto a la señora Lasa, vamos a hacer la reunión con ella muy rápidamente.



Señor Mardones, agradezco el apoyo de su grupo parlamentario, como agradezco el de la señora Lasagabaster. Quisiera decirle que además de Mapfre, hemos encontrado el apoyo -no he mencionado a todos- de El Corte Inglés, importante para el
empleo de la gente, de algún banco -no quiero hacer yo aquí propaganda de los bancos- que ha sido especialmente generoso y nos ha ayudado mucho en la construcción de la página web, así como el de las cajas de ahorro. En relación con la asistencia
letrada, desde el principio nos dimos cuenta de ese problema y lo que hacíamos antes de la modificación de la ley era tratar con el servicio correspondiente del Colegio de Abogados de Madrid y en algunos casos con el de otros colegios de abogados.
En cuanto a otras instituciones, habla usted de los acuerdos que tenemos con la fundación Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez; también con la Fernando Buesa, con la Jiménez Becerril y con algunas otras. Finalmente, además de los créditos por la
vía directa, estamos abriendo ahora la vía -que no lo he dicho tampoco- de hacerlo con el Instituto de Crédito Oficial, que si normalmente da dinero directamente a los bancos, en un caso como este podría dar dinero también directamente a las
víctimas. Respecto al decreto ley, señor Mardones, cuando esté suficientemente maduro y haya sido visto por las asociaciones, por las fundaciones y por las víctimas o familiares que quieran intervenir, si yo se lo paso al Gobierno, pediré que lo
haga lo más rápidamente posible. ¿Un decreto ley o una proposición de ley, como decía el portavoz del Grupo Socialista? Me parece que son adecuadas en todo caso.



Señor Grau, efectivamente hemos dado el mismo trato a las víctimas no asociadas. Alguien ha dicho que son muchas; son bastantes, pero no son más que las que tienen las diversas asociaciones y fundaciones. Los servicios sanitarios
integrados que usted planteaba son una cuestión importante. Es en lo que estamos trabajando, y tiene la dificultad fundamental de la forma de estructura de la organización sanitaria española. En cuanto a la adscripción de los sin papeles, creo que
se han resuelto bien los problemas en general; no sé si puede haber algún caso que no hayamos detectado de alguna injusticia que se haya podido producir, pero sabemos que hay gente que sin haber sido afectada el 11 de marzo ha simulado haberlo
estado, y eso lo han pasado las autoridades judiciales al juzgado de guardia correspondiente. Sobre lo que sí hemos dado una opinión negativa ha sido sobre los afectados. Había determinados sectores de las víctimas que querían que se considerasen
también como víctimas un bombero, un sanitario, una enfermera o un médico que sufrían una especie de trauma con motivo del 11 de marzo. Nosotros lo hemos rechazado porque creemos que esas personas tienen el cauce de las enfermedades profesionales.
Respecto al sistema de ventanilla única, por supuesto que tiene que ser uno de los puntos clave de la ley, que será fácil en relación con la Administración General del Estado y habrá que buscar un sistema de coordinación en relación con las otras
administraciones.



Me parece que me queda la señora Sánchez-Camacho. Lo relativo a la división de las víctimas es algo que se repite. Esa insistencia me recuerda al centinela que había en la plaza de San Carlos, en San Fernando, un infante de marina; al
cabo del tiempo preguntaron qué hacía ahí ese centinela, se averiguó que como se había pintado aquel banco, lo pusieron para que la gente no se sentase y después siguió. Creo que basta con leer la prensa de las tres últimas semanas o del último mes
para que veamos quién divide a las víctimas. Siempre hemos hecho un elogio tanto de la oficina del Ministerio del Interior como de la del Ministerio de Trabajo. Últimamente he visto que en relación con el tema que ha planteado usted -al que le
responderé luego, naturalmente- sobre las subvenciones del 0,52 del IRPF, el elogio al Ministerio de Trabajo ha disminuido en su intensidad, pero creo que a pesar de la gran complicación del Ministerio del Interior y de las quejas en algunos casos
de víctimas, que yo he transmitido al ministro y a los responsables de la oficina, funciona fundamentalmente bien y no creo que haya ningún problema en ese sentido.



Ha planteado usted también un tema que me resulta curioso. Cuando yo nombro a doña Dolores de la Fuente ustedes no le dieron ninguna importancia al tema, no le echaron cuentas, como diría un amigo mío andaluz, ni


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lo valoraron positivamente, y ahora que se produce un cese por razones exclusivamente funcionales, ustedes le dan una importancia enorme. Lo que esto pone de relieve es que cualquier cosa que yo haga es valorada negativamente y que si yo
digo que la botella está medio llena ustedes dicen que está medio vacía. Mire, doña Dolores de la Fuente es amiga mía -sé que es amiga suya también-, lo sigue siendo -esta corbata que llevo hoy es un regalo de la señora doña María Dolores de la
Fuente- y sigo teniendo una buena relación con ella, pero consideramos que había una disfunción entre una oficina y el servicio directo que había que superar.



En cuanto a la modificación de la Ley de solidaridad, daba la impresión por lo que usted ha dicho de que nosotros teníamos que haber llegado y en enero haber planteado el tema de la modificación. Es uno de los temas que han surgido de las
reuniones de mayo y de las muchas visitas que hemos hecho. Nosotros no trabajamos ligeramente y por eso hemos empezado a trabajarlo con un colectivo de profesores.



Entre los problemas que me achaca usted, dice que no hemos hecho ninguna gestión en relación con la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Efectivamente, yo me enteré por la prensa. Me resulta muy difícil realizar gestiones
con un colectivo cuyos directivos dicen que no quieren saber nada de mí y que me dan un trato por lo menos de silencio y yo diría que despectivo, lo cual no significa que yo no haya recibido a muchos miembros de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo y que la propia asociación se haya beneficiado de algunas de las soluciones de problemas que yo he planteado. Pero yo me entero por la prensa y pregunto al Ministerio de Trabajo, y me remito a lo que diga el señor ministro de Trabajo
esta tarde, que espero que ustedes lo valoren en su justa medida.
Usted se refiere también a la página 73. Podía ser un error, y ya es excesivo que por una página con un error hagan ustedes una descalificación general. Pero es que no hay ningún
error. Este tema de las medallas del mérito al trabajo para colectivos que no son los del 11 de marzo me lo plantean por primera vez al principio, dos o tres meses antes de que ustedes hicieran esa gestión, en la primera reunión que tuve con
Covite, y yo trasladé inmediatamente ese tema al Ministerio de Trabajo. Había problemas prácticos de identificación, etcétera, y aquello no se consiguió. Por las razones que sean, y con todo su derecho, ustedes lo plantean en un momento
determinado, y en ese momento a mí me dice el Gobierno, como es lógico: Hay esta proposición no de ley del grupo parlamentario; ¿qué opinas? Y yo dije: Me parece muy bien, ya lo he pedido yo, pero hay que completarla diciendo que de acuerdo con
los requisitos o los procedimientos establecidos en la Ley de solidaridad.
Cuando usted me dice que aceptan una corrección o un texto que lo completa, es precisamente ese tema lo que ustedes aceptan, que es una petición que yo hice. De tal manera
que mi informe es riguroso y no es justo lo que dice.



Si no fuera por el respeto que me merece un parlamentario y la buena fe que siempre es necesaria, creo que es un insulto, no al Alto Comisionado sino a mí personalmente, que usted pueda sacar de la cita del final de mi carta la conclusión de
que yo estoy haciendo un trabajo sucio para desarmar a las víctimas del terrorismo frente a una negociación que las deje en mala situación. Si no fuera por lo que yo digo, eso sería una vileza y algo que yo no me merezco. Decía don Fernando de los
Ríos que en este país lo que falta es respeto. Ahí usted ha expresado hacia mí una falta de respeto por la que yo tengo que protestar. Creo que usted es jurista, pero si dice eso de esa afirmación, hace la misma interpretación que hoy hace un
periódico. Hay otros dos periódicos, El Mundo y ABC, que describen la situación y no llegan a esa conclusión, que es injusta, exagerada e injuriosa para mi persona. Yo nunca, jamás, voy a consentir que se produzca en este procedimiento algo que
sea humillante o que falte a la dignidad de las víctimas. Desde luego, también se ha apuntado aquí y me alegro de que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no haya olvidado la parte de la teoría del derecho de Kant. Señora
Sánchez-Camacho, le aconsejo que relea a Kant, porque es exactamente lo que dice. Esa es exactamente la posición de la Ilustración, la posición de Kant, la posición de Voltaire, la de Montesquieu, de Filangieri y de todos los autores que ven que el
derecho tiene una dimensión en la que tiene que someter al poder, pero que otra vez tiene que dejar abiertas las posibilidades de que la soberanía popular pueda actuar. Eso es lo que tenía que decirle y agradecerle a usted su intervención.



Coincido con los planteamientos del señor Jáuregui. Además, le agradezco mucho el tercero, porque ha captado bien que lo relativo a las víctimas no tiene nada que ver con presuntas maldades para descalificarlas y desarmarlas frente a las
maldades del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que vaya a solicitar una réplica? En todo caso, sería de un minuto tasado. (La señora Sánchez-Camacho Pérez pide la palabra.)


Señora Sánchez-Camacho, por favor, muy brevemente.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Intentaré ser muy breve, pero hay muchísimas cuestiones.



El señor PRESIDENTE: Pero tiene que ser muy breve. No es que haya muchas cuestiones sino que tiene que ser muy breve.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor Peces-Barba, respecto a la última valoración que ha hecho, en ningún momento y de ningún modo ni este grupo parlamentario ni esta diputada han intentado injuriar, insultar o realizar un juicio como el
que usted ha interpretado de sus palabras, en modo alguno. Si usted es un gran lector de Kant, no le voy a hacer una


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interpretación sartriana sino que prefiero una interpretación más kartesiana de sus palabras, y no solo ha salido en un medio de comunicación sino que El Mundo también dice que usted afirma que el derecho no puede ser una coartada para que
todo siga igual.
Evidentemente, eso en las palabras del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas da a entender lo que nosotros hemos entendido legítimamente, y lo entiende un grupo parlamentario con más de diez millones de personas.
(Risas.) Por
eso reiteramos, señor Peces-Barba, que usted ha cometido un gravísimo error. Se ha incorporado eso ahí con otro sentido, porque lo que de ahí se desprende no solo lo dice ese medio de comunicación sino que muchas radios esta mañana daban la misma
interpretación que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular: que usted estaba ahí utilizando el derecho como una coartada para poder realizar una posible negociación o no con ETA. Nosotros entendemos que eso es dejar marginadas a las víctimas, que
es un gravísimo error y que es el reconocimiento de lo que nosotros decíamos hace muchísimo tiempo y es que su figura estaba ahí para intentar acallar a las víctimas y para intentar que las víctimas pudieran integrarse en un posible proceso de
negociación.



El señor PRESIDENTE: Para distender un poco el debate, introduciré que ha habido un lapsus en la intervención de la señora Sánchez-Camacho porque ha dicho que es un grupo parlamentario formado por diez millones. La verdad es que podían
haber tenido un poco de más de comparecencia tratándose de diez millones. (Risas.)


Señor Peces-Barba.



El señor ALTO COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Peces-Barba Martínez): Treinta segundos, señor presidente.



El credo no se puede empezar por Poncio Pilatos. Después de eso que usted ha dicho, digo que hay que tener en consideración a las víctimas futuras.
Sobre eso es sobre lo que llamo la atención. Llamo la atención sobre el hecho de que hay
muchas personas que están vivas, que están sufriendo represión, que están sufriendo acoso, que tienen vigilancia y que esas personas deben ser tenidas también en cuenta. Eso es lo único que he dicho.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba, por su comparecencia y por su trabajo en una tarea tan noble como el apoyo a las víctimas del terrorismo.



Interrumpimos la sesión un segundo para recibir al nuevo compareciente, el señor director de la Agencia Española de Protección de Datos, para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos.
(Pausa.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (PIÑAR MAÑAS), PARA INFORMAR SOBRE LA MEMORIA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004. A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 212/000674.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar la sesión de la Comisión Constitucional. A continuación tendremos la posibilidad de escuchar al señor Piñar Mañas, director de la Agencia Española de Protección de Datos, que comparece a
petición propia para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2004.



Tiene la palabra el señor Piñar Mañas para hacer la exposición que crea oportuna.



El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Piñar Mañas): Señor presidente, señorías, intentaré ser lo más breve posible en la exposición de la memoria correspondiente al año 2004 de la Agencia Española de Protección de
Datos que tengo el honor de dirigir. Es también para mí un honor encontrarme de nuevo ante esta Comisión para presentar, como digo, la memoria correspondiente al año 2004 y facilitar así el control parlamentario de su gestión.



Ya en mi anterior comparecencia tuve ocasión de resaltar la importancia y trascendencia de la labor encomendada a esta entidad, cuyas funciones afectan a un derecho fundamental sobre el que se ha ido creando una gran sensibilidad social y
política, haciendo que entre los ciudadanos, las empresas, los actores políticos y los medios de comunicación haya crecido el interés por las actividades de la agencia que tengo el honor de dirigir y hacia la que se encaminan cada vez con mayor
frecuencia y en relación con cuestiones cada vez más complejas. La intensa labor de difusión y promoción que hemos venido desempeñando en relación con el derecho fundamental a la protección de datos y las actividades y funciones desempeñadas
empiezan a dar sus frutos, y buena muestra de ello la representan los datos que, resumidamente, quiero exponerles en la primera parte de mi intervención y que dan buena cuenta del incremento que se ha producido en los últimos años, y en especial en
2004, en todas las áreas de actuación de la agencia. Así, voy a referirme en primer lugar a las principales actividades desarrolladas por la agencia en el periodo indicado para centrarme, a continuación, en algunas cuestiones que por su gran
importancia y trascendencia, así como por su especial actualidad, merecen, en mi opinión, ser destacadas.



Por lo que se refiere a las actividades, querría destacar de entrada el incremento global experimentado en todas las realizadas por la agencia.
En mi anterior comparecencia así como en la memoria del año anterior quise incluir entre las
prioridades de la agencia de un modo


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especialmente destacado la de la normalización de una auténtica cultura de la protección de datos personales. Evidentemente, este objetivo aún no se ha alcanzado y continuará vigente en tanto no se convierta en una realidad. Sin embargo,
quiero llamar la atención acerca del avance que vamos consiguiendo en la difusión de este importante derecho fundamental, como ponen de manifiesto ciertos datos que me gustaría facilitarles de forma resumida. No obstante, y antes de centrarme en
las cifras, quizá convenga recordar brevemente las funciones y competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el estatuto de la agencia, aprobado en 1993, atribuyen a esta entidad. Tales funciones y
competencias, que tienen como objetivo tutelar y garantizar el derecho fundamental a la protección de datos desde la posición de independencia que el ordenamiento atribuye a la agencia, podrían agruparse de la siguiente forma: las relativas a la
publicidad de los tratamientos y ficheros, realizadas a través del Registro General de Protección de Datos; las relacionadas con las transferencias internacionales de datos; las de impulso y registro de códigos tipo; las que hacen referencia a
las relaciones con los afectados, en las que se incluyen las actividades de difusión, información y atención a las peticiones de los afectados; las de cooperación en la elaboración y aplicación de las normas; las de inspección y sanción; las de
realización de planes sectoriales de oficio, y las relaciones internacionales. Para su desarrollo, la agencia cuenta con una estructura orgánica que calificaría de modesta y con el asesoramiento del consejo consultivo previsto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Precisamente en relación con el consejo, que durante el pasado año se reunió en dos ocasiones, julio y diciembre, querría destacar que con motivo de la composición de las Cámaras surgida tras las últimas elecciones dejaron el
consejo la diputada doña Carmen Matador y el senador don Félix Lavilla, que fueron sustituidos por la diputada doña Elisenda Malaret García y la senadora doña Rosa Vindel López. Quiero ahora agradecer muy de veras la infatigable labor que
desempeñaron la señora Matador y el señor Lavilla, así como la disponibilidad e interés que desde el principio han mostrado las señoras Malaret y Vindel.



En relación ya con las funciones desempeñadas por la agencia, me referiré primero a las relativas a la publicidad de los ficheros y otras actividades desarrolladas por el Registro General de Protección de Datos, no sin antes destacar que en
2004 la agencia y las agencias autonómicas de protección de datos de Madrid, Cataluña y País Vasco firmamos un protocolo de colaboración por el que se creó el grupo de trabajo del Sistema de Información de Intercambio Registral, llamado Sidir.
Mediante este sistema se intenta paliar los problemas que se presentaban en relación con el intercambio de información sobre las inscripciones de los tratamientos de datos personales entre los registros de ficheros de las agencias autonómicas y el
Registro General de Protección de Datos, al existir importantes diferencias entre ellos desde el punto de vista tecnológico. Como SS.SS. saben, corresponde al Registro General de Protección de Datos velar por la publicidad de la existencia de los
ficheros de datos de carácter personal, con la finalidad de que los ciudadanos puedan hacer posible el ejercicio de sus derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por
lo que se refiere a la inscripción de ficheros, a 31 de diciembre de 2004 el número total de inscripciones se elevaba a 505.528, de los que 457.490 son privados y 48.038 públicos, alcanzándose una inscripción media de 591 ficheros al día. Solo en
el año 2004 se inscribieron 141.987 ficheros, lo que supone un incremento del 32 por ciento respecto al año anterior. Debo decir que en estos momentos se han superado ya los 600.000 ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
Asimismo, corresponde al registro la instrucción de los expedientes de autorización de transferencias internacionales que la Ley Orgánica de Protección de Datos exige para la realización de transferencias de datos a países que no proporcionan una
protección equiparable a la que presta dicha ley. En este ámbito se experimentó asimismo un incremento de la actividad si tenemos en cuenta que en el año 2003 el número de solicitudes presentadas fue de 19 frente a los 56 expedientes de
autorización de transferencia internacional que se iniciaron durante 2004. De estos, 47 fueron resueltos otorgando su autorización, 40 a Estados Unidos, cuatro a India, dos a Marruecos y uno a Singapur. En la mayoría de los casos las finalidades
de las transferencias estaban relacionadas con la gestión global de las relaciones comerciales con clientes y proveedores y en otras la finalidad se dirigía a posibilitar la gestión centralizada de recursos humanos.



Otra de las funciones que atribuye la Ley Orgánica de Protección de Datos a la agencia es la de proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de datos de carácter personal.
Desde la agencia se ha
prestado una gran atención al cumplimiento de esta función, tanto a través del servicio de atención al ciudadano como a través de nuestra página web, que, tras su remodelación, ofrece una muy completa información, así como servicios de gran utilidad
para los ciudadanos y las empresas e instituciones. Pero no solo se ha hecho a través de estas actividades, sino también a través de la participación de la agencia en diversos foros, jornadas, seminarios y cursos de formación, que, a pesar del
esfuerzo que nos exigen, intentamos atender en su totalidad. Son muchas y de muy diversa naturaleza las instituciones que tanto en el ámbito nacional como en el internacional solicitan la participación activa de la agencia en eventos sobre la
materia: administraciones públicas, universidades, cámaras de comercio, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones empresariales, asociaciones de consumidores, fundaciones, etcétera. Como digo, la agencia ha procurado atender la práctica
totalidad de solicitudes que nos llegan en este sentido desde distintos puntos de la


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totalidad de las comunidades autónomas y desde otros países tanto europeos como americanos, y en especial de la comunidad iberoamericana.



Por lo que se refiere a las actividades relativas a la atención al ciudadano, durante 2004 se han recibido en la agencia un total de 35.251 consultas, lo que supone un incremento de casi el 12 por ciento respecto al año anterior. La mayor
parte de estas consultas, casi el 49 por ciento, estaban referidas a cuestiones relacionadas con los derechos que la ley reconoce a favor del titular de los datos y en especial en relación con los derechos de acceso y de cancelación. En este
capítulo dedicado a las funciones de información he de incluir además la emisión de informes por parte del gabinete jurídico en respuesta a consultas formuladas ante la agencia. El número de informes que se han emitido durante el año 2004 fue de
587, en respuesta a las consultas formuladas por personas y entidades en relación con las obligaciones que impone la ley, lo que representa un incremento del 8 por ciento respecto al año anterior y un incremento acumulado sobre el año 2002 de un 41
por ciento.
Del total de informes emitidos, 334 eran consultas del sector privado y 253 del sector público.



En este punto me gustaría destacar que la labor de difusión que ha realizado la agencia se ha traducido en una reducción de la cantidad de cuestiones relativas a temas sobre los que existían pronunciamientos anteriores, por ejemplo,
tratamiento y cesión de datos del padrón municipal, cesión de datos a las administraciones tributarias, etcétera, y en un aumento del número de las consultas relacionadas con asuntos más complejos, como son los que tienen que ver con los ficheros de
solvencia patrimonial y crédito, recogida y tratamiento de datos a través de internet, naturaleza pública o privada de determinados ficheros o el tratamiento de datos especialmente protegidos y, en particular, datos de salud.



Finalmente, haré una mención a la publicidad de las resoluciones de la agencia. Consciente de la necesidad de dar la máxima difusión a los criterios de la agencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos, en el año 2004 se dictó la instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, que establece los términos en los que se ha de realizar la publicación de las resoluciones de la agencia y regula los plazos y las formas aplicables al efecto.
Gracias a esta publicación, que se realiza en la página web de la agencia, previa disociación de los datos de carácter personal a que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos, las empresas, las administraciones públicas,
los operadores jurídicos, los ciudadanos y, en definitiva, todos cuantos tengan interés en ello tienen acceso directo a esta información y, por lo tanto, disponen de la posibilidad de conocer directamente los criterios mantenidos por la agencia en
el ejercicio de sus competencias. Actualmente son más de 1.200 las resoluciones publicadas en nuestra página web.



Como ya apunté anteriormente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y el estatuto de la agencia atribuyen a esta entidad la función de informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales que incidan en la materia propia de la
ley orgánica. El número de informes jurídicos emitidos por la agencia ha ascendido en 2004 a un total de 61, dictados en relación con proyectos de disposiciones generales, lo que supone un incremento de prácticamente un 30 por ciento respecto al
año anterior.
Sin embargo, pese al notable incremento experimentado, debo señalar que, lamentablemente, la obligación legal de solicitar informe a la agencia sobre cualquier proyecto de disposición general que incida en la materia de protección de
datos no se cumple en su totalidad. Han sido varios los proyectos de ley que, aun incidiendo en esta materia, se han remitido al Parlamento sin el previo y preceptivo informe de la agencia, que en varias ocasiones se ha visto obligada a recordar
esta exigencia legal a los responsables de los distintos departamentos ministeriales. Lo mismo cabe decir en relación con la elaboración de diversos reglamentos en cuyos procesos de elaboración se ha omitido en varias ocasiones el preceptivo
trámite de informe a que me estoy refiriendo.



Por lo que se refiere a las competencias de investigación y sanción de la agencia, durante el año 2004 las cifras resultan muy elocuentes, ya que ponen de manifiesto la exigencia creciente de los ciudadanos en orden a la protección de sus
datos personales, así como el mayor grado de conocimiento acerca de la entidad que debe velar por ellos, es decir, la agencia. En 2004 se iniciaron un total de 978 expedientes de investigación; por otra parte, se iniciaron 273 procedimientos
sancionadores frente a responsables de ficheros de titularidad privada y 28 frente a responsables de ficheros de titularidad pública. Además se iniciaron 469 procedimientos de tutela, alcanzándose en total la cifra de 1.447 actuaciones. En
términos globales, las actuaciones de inspección experimentaron un incremento del 70 por ciento respecto al año anterior y el número de procedimientos iniciados representó un incremento del 67 por ciento respecto al mismo periodo. La cuantía de las
multas impuestas en 2004 ascendió a 16.439.801 euros, lo que supone casi el doble de la cuantía alcanzada en el año anterior.



Al referirme a las competencias en materia de inspección, no querría dejar de mencionar las inspecciones sectoriales de oficio. Debo resaltar que estas inspecciones tienen como objeto analizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos en un sector determinado de actividad, pero como si de una auditoría preventiva se tratara. No tienen, pues, naturaleza sancionadora. Finalizada la inspección y a la vista de los hechos constatados, se señalan las deficiencias
detectadas y se formulan unas recomendaciones para que el sector conozca sus puntos débiles en la materia y se adapte plenamente a las exigencias de la ley. En el año 2004 se aprobaron las conclusiones y recomendaciones relativas a las inspecciones
sectoriales realizadas en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, éstas realizadas


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a instancias del propio instituto, y en laboratorios hospitalarios. Las conclusiones de tales inspecciones se encuentran recogidas en detalle en la memoria. Los distintos sectores pueden asimismo mejorar el grado de cumplimiento de la
normativa sobre protección de datos acudiendo a la autorregulación mediante la elaboración de códigos tipo según la terminología utilizada en la Ley Orgánica de Protección de Datos en su artículo 32. Tales códigos han mostrado su eficacia al
aplicar las exigencias legales de acuerdo con las características propias de cada sector e implicar más directamente a las entidades que los integran. Por ello, la agencia promueve la elaboración de estos códigos de conducta procurando en todo caso
que incorporen medidas adicionales que refuercen y otorguen valor añadido a las exigencias legales, a las que en ningún caso pueden, por supuesto, sustituir.



En el año 2004 se inscribieron un total de cuatro nuevos códigos tipo: el código tipo de odontólogos y estomatólogos de España, el de la Universidad de Castilla-La Mancha, que fue el primer código tipo elaborado por un responsable de
ficheros de titularidad pública, el código tipo de la Asociación catalana de recursos existenciales y el código tipo del sector de la intermediación inmobiliaria, promovido por la Asociación empresarial de gestión inmobiliaria.



A continuación paso a referirme a las actividades desarrolladas en ejercicio de las competencias que tiene encomendadas la agencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Según el artículo 37.1.l), de la Ley Orgánica de Protección
de Datos y el artículo 9 del estatuto de la agencia, corresponde a la agencia desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales. El ámbito de actividad relativo a las relaciones internacionales está
cada vez más presente entre las funciones de la agencia y se ha visto, asimismo, incrementado muy significativamente respecto a años anteriores. La actividad ha sido muy intensa tanto en el ámbito de Europa como en el de la Comunidad Iberoamericana
y se ha hecho extensiva además a Estados Unidos de América.



En el ámbito europeo destacan sobre todo las actividades desarrolladas en el ámbito del grupo europeo de autoridades de control de protección de datos o grupo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, del que tengo el honor de ostentar la
vicepresidencia y en el que la agencia ha intervenido muy activamente en sus subgrupos sobre internet, reglas corporativas vinculantes, simplificación de notificaciones, cumplimiento y aplicación de la legislación y estrategia del grupo. Este grupo
consultivo e independiente emite dictámenes y elabora documentos de trabajo sobre distintos asuntos. En el año 2004 elaboró un total de 14 documentos, todos sobre temas de gran interés, como el tratamiento de datos mediante vigilancia por
videocámara, comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, datos genéticos, inclusión de datos biométricos en los permisos de residencia y visados, estrategia del propio grupo de trabajo del artículo 29 o la retención de datos de tráfico
de las telecomunicaciones, cuestión esta sobre la que me gustaría detenerme más adelante.



Junto a las mencionadas actividades, también son destacables las realizadas en el ámbito del Consejo de Europa, las desarrolladas en el marco del tercer pilar de la Unión Europea en el ámbito de las autoridades comunes de control, convenio
de Schengen, Europol, sistema de información aduanero o Eurojust, en los grupos de trabajo sectoriales, grupo de Berlín o el grupo llamado London Action Plan, así como en las conferencias internacionales, las relaciones bilaterales y las actividades
desarrolladas en el campo de la Comunidad Iberoamericana. A estas últimas me gustaría especialmente dedicar unas palabras, porque me resulta difícil ocultar la enorme importancia que concedo al papel que España, a través de la agencia Española de
Protección de Datos, puede jugar en cuanto al impulso del establecimiento de una cultura de protección de datos en muchos países de Iberoamérica que por diversas razones aún no han regulado este derecho fundamental. Nuestra experiencia ha de ser
aprovechada, y con este fin la agencia puede sin duda alguna jugar un importantísimo papel al tender un puente entre Europa e Iberoamérica basado en los estrechos lazos que nos unen histórica y culturalmente. Por ello quiero destacar muy
especialmente el papel que está jugando la agencia Española de Protección de Datos en este ámbito a través de la Red Iberoamericana de Protección de Datos que tengo el honor de presidir y que ya reúne a representantes de entidades de 17 de los 22
países que conforman la Comunidad Iberoamericana. En el año 2004 se celebró el III Encuentro iberoamericano de protección de datos en Cartagena de Indias, Colombia, lo que supuso el inicio de una nueva etapa de la red dirigida a asentarla y
consolidarla como una estructura permanente, dotada de los instrumentos necesarios para conseguir dotar a los países participantes de los correspondientes marcos normativos que garanticen una protección adecuada de este derecho fundamental en todos
los países iberoamericanos. En estos momentos, además de Argentina, que cuenta con una regulación específica en la materia y que ha sido reconocida por la Comisión Europea como país que cuenta con un nivel adecuado de protección de datos, otros
países, como es el caso de México o Perú, cuentan ya con proyectos de ley en esta materia, que ha sido objeto de regulación, aunque en aspectos sectoriales concretos, en otros países. Debo decir que la importancia de la labor desempeñada por la Red
Iberoamericana de Protección de Datos ha quedado de manifiesto además en la 26ª Conferencia internacional de autoridades de protección de datos, que acaba de celebrarse durante los pasados días 14 a 16 de septiembre en la ciudad suiza de Montreux.
En la declaración final suscrita en la conferencia, y por iniciativa de las delegaciones francesa y española, se hizo una expresa referencia a la protección de datos en la Comunidad Iberoamericana.



Las funciones a las que me he referido no agotan las que tiene atribuidas la agencia, que, como saben SS.SS.,


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se vieron incrementadas en el año 2003. Sobre estas nuevas competencias querría detenerme algo a continuación. La asunción plena de las nuevas competencias que la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información atribuyeron a la agencia Española de Protección de Datos y que fueron objeto de especial atención ya en mi comparecencia realizada en diciembre del pasado año, así como el rápido desarrollo que experimentan día a día las tecnologías de
la información hablan por sí solos de las perspectivas que se abren para la agencia, cuyos campos de actuación no pueden sino ir en progresivo aumento. En este sentido, creo que puede ser significativo el dato de que, frente a las tendencias
observadas en años anteriores, en los que el mayor número de reclamaciones y procedimientos iniciados correspondía al de las entidades bancarias y financieras, en el año 2004 han sido las reclamaciones presentadas en el sector de las
telecomunicaciones las que han pasado a ocupar el primer lugar. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que, como tuve ocasión de informar ante la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado, ante la que comparecí el
pasado día 12 de mayo, se considera que al día se envían y reciben decenas de miles de millones de correos electrónicos no deseados en el mundo. Se calcula que en 2001 el spam o correo electrónico no deseado representaba solo un 7 por ciento del
tráfico mundial de correo electrónico. La cifra pasó al 29 por ciento en 2002, a más del 50 por ciento en 2003 y hoy supera seguramente el 70 por ciento. Como ha denunciado la Comisión Europea en su comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las comunicaciones comerciales no deseadas o spam, de 22 de enero de 2004, el spam constituye un problema desde muy diversos puntos de vista: intimidad, fraude a consumidores,
protección de menores y de la dignidad humana, costes suplementarios para las empresas, pérdida de productividad, socava la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, los servicios en línea e incluso en la sociedad de la información.
España, debo decirlo, cuenta con uno de los sistemas más garantistas frente al correo electrónico no deseado de todos los países de la Unión Europea. En esta línea, en 2004 la agencia inició 83 actuaciones de investigación previa relacionadas con
comunicaciones comerciales enviadas por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente. Según los datos actualizados a 26 de septiembre de este año, en la agencia se han iniciado un total de 98 expedientes de investigación y 17
procedimientos sancionadores, de los que se han resuelto 10, siendo los casos más repetidamente planteados aquellos que tienen que ver con el envío de correos electrónicos sin consentimiento previo del destinatario.



A continuación, paso a referirme a las prioridades de la agencia en 2004.
De entre las prioridades de la agencia Española de Protección de Datos que se incluyen en la memoria que presento a SS.SS. quiero destacar especialmente dos: el
incremento de los medios presupuestarios, materiales y personales de la agencia y el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Son tantas las ocasiones en las que me he referido a la primera de tales prioridades, que no
querría insistir nuevamente en ello, por lo que solo quiero dejar apuntado que en el año 2004 el presupuesto aprobado para la agencia ascendió a la cantidad de casi 5.400.000 euros, que para el año 2005, y tras una larga negociación, creció un 30
por ciento, situándose por encima de los 7 millones de euros. Las previsiones para el próximo año 2006, según el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que se debatirá próximamente en estas Cortes Generales, son que el presupuesto de
la agencia podría haberse incrementado nuevamente en un 35 por ciento, cifrándose en torno a los 9,5 millones de euros. Ello supondría que en los dos últimos años nuestro presupuesto se habría visto prácticamente duplicado, lo que da cuenta, por sí
solo, de la importancia creciente que se da y reconoce a la actividad de la agencia, algo que expresamente quiero reconocer y agradecer, pues demuestra la sensibilidad del Gobierno y de las Cámaras hacia el derecho fundamental a la protección de
datos personales.



En cuanto a los medios personales, resulta también destacable el hecho de que la plantilla haya sido aumentada en 17 personas, alcanzándose la cifra total de 109 personas que prestan sus servicios en la agencia Española de Protección de
Datos. Aunque tras este momento se alcanzó un incremento del 58 por ciento respecto a la situación existente el 1 de enero de 2003, no cabe duda de que todavía la plantilla resulta insuficiente para atender las cada día más complejas y numerosas
actividades que ha de desarrollar la agencia en todo el territorio nacional. Por otra parte, los sucesivos incrementos experimentados en la plantilla de la entidad habían convertido la sede que actualmente ocupa la agencia en un lugar excesivamente
pequeño para acoger al total de la plantilla con los mínimos requisitos que exige el correcto, digno y eficaz desempeño de las funciones que tiene encomendadas.
Afortunadamente, dentro de aproximadamente mes y medio veremos materializarse el cambio
de sede de la agencia, que quedará ubicada en un edificio sin duda más acorde con la entidad, con las necesidades actuales de la agencia y con la transcendencia de sus funciones.



La segunda de las prioridades a las que me he referido es la relativa al desarrollo reglamentario de la Ley orgánica de Protección de Datos. Como director de la agencia, he reivindicado desde mi acceso al cargo la necesidad de aprobar el
desarrollo reglamentario de la Ley orgánica de 1999. Soy consciente de que esta posición no es compartida de forma absoluta y que existen iniciativas que propugnan directamente una modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en vez de
un desarrollo reglamentario de la misma. Sin embargo, creo que esta última opción es la más apropiada. A mi juicio, la modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos podría resultar prematura, porque considero


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que quizá es necesario que transcurra algo más de tiempo en su aplicación y consolidación antes de pensar en su posible modificación. Por otra parte, este ha sido el criterio de esta Cámara en la anterior legislatura, en la que se
rechazaron las iniciativas dirigidas a modificar la Ley Orgánica de Protección de Datos y se alcanzó un consenso de todos los grupos parlamentarios para resolver aspectos puntuales a través del desarrollo reglamentario de la misma mediante la
aprobación en esta Comisión de una proposición no de ley, el 20 de noviembre de 2002.
Partiendo de la conveniencia de proceder al desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Protección de Datos, informo a SS.SS. brevemente sobre el estado de la
cuestión en estos momentos. La necesidad de emprender esta iniciativa deriva de múltiples circunstancias, entre las que cabe destacar el mandato recogido en la disposición final primera de la Ley Orgánica 15/1999. Además, conforme a su disposición
transitoria tercera, se encuentran todavía en vigor normas que se aprobaron en desarrollo de la ley de 1992 y que han producido, si no un vacío, una dispersión y a veces una confusión normativa que ha dificultado la aplicación de la ley.
La
iniciativa de impulsar un reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos ha sido asumida por el Ministerio de Justicia, que la ha incorporado en su programa normativo para 2005. Para ello se ha constituido una comisión mixta conjunta entre el
Ministerio de Justicia y la agencia Española de Protección de Datos que está finalizando un borrador de reglamento. Como les he señalado anteriormente, la agencia ha ido adoptando un número muy importante de decisiones, y los tribunales se han
pronunciado sobre ellas creando una doctrina consolidada en materia de protección de datos. En ella se ha atendido de una manera principal al objetivo de realizar una interpretación armonizada con la Directiva 95/46/CE de Protección de Datos. Por
otra parte, en el análisis de la trasposición de la directiva en España se han suscitado dudas interpretativas que es preciso resolver.



Todo este conjunto de circunstancias hace que sea prioritario alcanzar un mayor nivel de seguridad jurídica, para lo cual es necesario un nuevo reglamento, cuya aprobación, creo, no puede ni debe demorarse más.



Como aspectos más destacados del borrador puedo citarles, entre otros, los siguientes: la imposición de obligaciones precisas de información a los afectados cuando se recaban o tratan sus datos personales, impulsando que el consentimiento
que presten, cuando sea exigible, sea un consentimiento plenamente informado. Estas exigencias resultan especialmente importantes ante los tratamientos de datos que posibilitan el desarrollo tecnológico y de la sociedad de la información.



En la misma línea de reforzar las garantías en el tratamiento de los datos, el nuevo reglamento pretende delimitar los fines determinados y explícitos para los que pueden ser objeto de tratamiento los datos personales. Una de las omisiones
relevantes de la directiva y de las normas nacionales de protección de datos es la ausencia de un concepto de dato de salud. El reglamento suple esta omisión con un concepto expansivo, que parte de la memoria explicativa del Convenio 108 del
Consejo de Europa, de la Recomendación R (97) de su Comité de Ministros y de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de noviembre de 2004, caso Lindquist.



La intervención cada vez más frecuente e intensa en el tratamiento de los datos por parte de empresas que prestan servicios al responsable ha hecho necesario desarrollar un régimen jurídico integral de sus relaciones contractuales que
garantice un correcto acceso y tratamiento de la información personal por parte de terceros. Se pretende, pues, aclarar el régimen de las relaciones entre responsable y encargado del tratamiento.



También ha sido necesario fijar las medidas de seguridad técnicas y organizativas que deben implantarse, revisando las que ya se exigen para tratamientos automatizados y articular las que sean apropiadas para los tratamientos manuales.
Estas exigencias de seguridad son especialmente importantes en algunos tratamientos de datos, como son los biométricos o los de tráfico y localización en las comunicaciones electrónicas.



En línea con los trabajos de grupo del artículo 29 hemos revisado las obligaciones de notificación de los ficheros, simplificándolas para facilitar su cumplimiento.



Finalmente, se incorpora una nueva regulación de las transferencias internacionales, que aclara algunas dudas planteadas sobre el carácter vinculante de las decisiones de adecuación de la Comisión Europea y se apuntan soluciones para la
admisión de nuevas fórmulas, como son las llamadas reglas corporativas vinculantes o, en expresión inglesa ya consolidada, binding corporate rules.



Como les adelanté a SS.SS. al principio de esta comparecencia, me voy a referir a continuación a algunas cuestiones que creo tienen una especial trascendencia y ocupan un lugar muy destacado entre los asuntos de mayor actualidad. Me
refiero, por una parte, a la tensión creciente entre la protección de datos personales y la seguridad y, por otra, a la implantación del documento nacional de identidad electrónico.



Por lo que se refiere a la primera de estas cuestiones, creo que vivimos momentos en los que se está produciendo una tensión creciente entre la protección de datos personales y el derecho de todos los ciudadanos a que su seguridad esté
garantizada. El golpe que las atrocidades terroristas provoca no solo en las víctimas, sino en el conjunto de la sociedad, es lo que caracteriza a los delitos de terrorismo frente a otras formas de delincuencia y si su consecuencia es la supresión
o restricción de los derechos fundamentales, el objetivo de este crimen estará plenamente alcanzado.



Desde la agencia Española de Protección de Datos hemos prestado todo el apoyo y asesoramiento necesario a la hora de adoptar medidas legislativas y reglamentarias de lucha contra el terrorismo, que permitan combinar


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esta finalidad esencial con los principios fundamentales que deben regir estos tratamientos: finalidad, calidad de los datos, seguridad y proporcionalidad, así como la garantía y tutela del derecho por una autoridad independiente de
control.



A mi juicio, las sociedades democráticas cuentan con mecanismos legales y constitucionales suficientemente flexibles y ágiles, que permiten luchar contra el terrorismo sin menoscabo de los derechos fundamentales. La protección de datos ha
sido consagrada como un derecho fundamental por nuestro Tribunal Constitucional, así como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado por el que se instituye una constitución para Europa. Este derecho debe contar con
mecanismos de protección, supervisión y tutela ampliamente consolidados, capaces de ofrecer soluciones. El debate sobre el equilibrio entre el derecho de la protección de datos y la seguridad se centra en estos momentos, de una manera directa, en
la obligación de retención de datos de tráfico, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y, en menor medida, en el tratamiento de datos biométricos en documentos de identificación de los ciudadanos, como son el documento nacional de identidad
y el pasaporte.
Tras los atentados de Madrid y Londres la retención de datos de tráfico está siendo objeto de una doble iniciativa en el ámbito comunitario: la adopción de una decisión marco por parte del consejo sobre la que no han finalizado los
trabajos y la aprobación de una propuesta de directiva por parte de la Comisión que se ha dado a conocer precisamente el pasado 21 de septiembre de este mismo año.



La cuestión está siendo también objeto de un intenso debate por parte de las autoridades de protección de datos. El más reciente ha tenido lugar hace 15 días durante la antes citada 27 Conferencia internacional de comisarios de protección
de datos y veracidad celebrada en Suiza.
Asimismo, en la próxima reunión del grupo del artículo 29 que se celebrará precisamente los días 29 y 30 de este mes volveremos a analizar la cuestión.



El criterio de la agencia española parte de la base de afirmar rotundamente la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos buscando un equilibrio con las crecientes necesidades de seguridad. Este principio
general debe traducirse en propuestas concretas, por lo que quiero someter a la consideración de SS.SS. mi criterio como director de la agencia Española de Protección de Datos y vicepresidente del citado grupo de trabajo del artículo 29 sobre las
iniciativas comunitarias que antes cité, según los textos disponibles en este momento.



La propuesta de directiva tiene sin duda aspectos que merecen una valoración positiva. Limita el ámbito de la obligación de retener datos de tráfico y localización circunscribiéndolos a delitos graves como el terrorismo y el crimen
organizado, a diferencia de la decisión marco que la amplía a cualquier investigación criminal. Esta limitación supone una aplicación más precisa del principio de finalidad recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. La propuesta establece
un período de retención de 12 meses desde la fecha de la comunicación, plazo que coincide con el establecido en el artículo 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, reduciéndolo a seis meses para las comunicaciones que se realicen
utilizando total o parcialmente el protocolo de internet. Sin embargo, el borrador de la decisión marco permite ampliar este plazo hasta tres años, plazo que en mi opinión no se ajusta al principio de proporcionalidad.



En aplicación de este mismo principio la propuesta de directiva delimita con precisión las categorías de datos que han de ser objeto de retención, incluyendo los necesarios para seguir e identificar el origen y destino de la comunicación, el
día, hora y tiempo de la misma, el tipo de comunicación, el equipo utilizado, la localización de los terminales móviles y los datos de abonados y usuarios. Queda excluido en todo caso el acceso a los contenidos de las comunicaciones. Finalmente,
la propuesta prevé procedimientos estadísticos para evaluar la aplicación de las obligaciones de retención de datos y proceder, en su caso, a revisarlas, así como la obligación de someter el texto al criterio del grupo de trabajo del artículo 29.
Sin embargo, la propuesta de directiva tiene omisiones en aspectos importantes que por el contrario se recogen en el borrador de la decisión marco. De ellas cabe destacar la limitación del acceso a los datos retenidos conforme a los procedimientos
de cooperación judicial y la exigencia de medidas de seguridad que garanticen la integridad de la información y eviten accesos no autorizados, a cuyo efecto deben implantarse controles de acceso que permitan auditar si los que se realizan son o no
lícitos. Estas iniciativas comunitarias han ido acompañadas de otras en el ámbito de los Estados miembros. La más reciente es la propuesta del Gobierno francés, de la que ayer mismo daban cuenta los medios de comunicación, y que va a ser sometida
a un profundo examen por parte de la CNIL, Comisión Nacional de Informática y de las Libertades del país vecino.



A continuación paso a informarles sobre los debates en torno a la incorporación de datos biométricos en los documentos de identidad y pasaportes. El tratamiento de datos biométricos ha constituido una de las preocupaciones más importantes
de las autoridades de protección de datos personales. Desde el año 2003, año en que el grupo de trabajo del artículo 29 adoptó un documento sobre biometría se ha mantenido una reflexión permanente sobre esta materia cuya última manifestación ha
tenido lugar en la reiteradamente citada 27 Conferencia Internacional de Montreaux. En ella se aprobó una propuesta de resolución que hace especial hincapié en el uso de los datos biométricos en pasaportes, documentos de identidad y documentos de
viaje. La resolución advierte sobre los riesgos de que los datos biométricos puedan llegar a ser recabados sin que el ciudadano se dé cuenta de ello, de que tales datos posibiliten que el cuerpo humano sea legible por una máquina y de que la


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información biométrica pueda ser utilizada como identificador único. Por ello, se exige: Primero, la implantación de garantías efectivas, desde el inicio, para limitar los riesgos inherentes a la naturaleza de la biometría; segundo, la
estricta distinción entre datos biométricos recabados y almacenados con fines públicos -por ejemplo, control fronterizo-, de acuerdo con imperativos legales, y datos biométricos recabados con fines contractuales, con obtención del consentimiento;
tercero, la restricción técnica del uso de la biometría en pasaportes y tarjetas de identidad, con fines de control, comparando los datos del documento con los datos proporcionados por el titular en la presentación del documento.



En relación con este tema, quiero informarles sobre la participación de la agencia Española de Protección de Datos en el proyecto de implantación del documento nacional de identidad electrónico que está impulsando el Gobierno y que, como
saben SS.SS., incorpora datos biométricos. Como resulta evidente, la implantación de este sistema ha de tener siempre en cuenta los principios del derecho fundamental a la protección de datos.
En este sentido, el reiterado grupo de trabajo del
artículo 29 ya planteaba en el año 2003 -en el documento de trabajo WP73, sobre Administración electrónica- las principales cuestiones que debían ser tenidas en cuenta en esta materia. La agencia Española de Protección de Datos colabora en el
desarrollo del proyecto del DNI electrónico. Yo mismo, en cuanto director de la agencia Española de Protección de Datos, soy miembro del comité de coordinación para la implantación del documento nacional de identidad electrónico; comité creado por
acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2004. Representantes de la agencia también forman parte de la comisión técnica de apoyo a este comité y de los grupos de trabajo de validación y consulta y de desarrollo normativo.



Mi intervención, por supuesto, no abordará los aspectos técnicos del proyecto, limitándome a informar sobre los aspectos relevantes desde la perspectiva de la protección de datos personales a los que acabo de hacer referencia, siempre según
la información disponible en este momento.



La legitimación para el tratamiento de los datos del DNI se encuentra ya en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta norma configura el DNI como un derecho de todos los españoles y como una
obligación legal al exigirlo a los mayores de 14 años. En la misma se delimitan los datos que debe incorporar, si bien permite su determinación a través de normas de rango reglamentario. En particular, la creación del DNI electrónico está
habilitada por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.



En cuanto al principio de finalidad regulado y exigido por la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Firma Electrónica configura el DNI electrónico como el documento de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de
su titular y permite la firma electrónica de documentos. En lo que se refiere a los datos objeto de tratamiento, la proporcionalidad del mismo y la seguridad, el DNI electrónico se basa en una tarjeta inteligente que contendrá grabados en el
soporte físico los mismos datos de filiación del ciudadano que figuran en el documento de identidad actual o convencional. Además, dispondrá de un chip con capacidad criptográfica embebido en el material de la tarjeta. La información contenida en
este chip estará fraccionada en tres zonas, cada una de ellas con unos requisitos de acceso y seguridad diferentes: Zona privada, accesible exclusivamente por el titular del documento mediante clave de paso o clave de acceso; zona pública,
accesible sin restricción y zona restringida, con el fin de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan comprobar que no se ha alterado la información contenida en el soporte físico. En esta área se contienen los datos biométricos del
ciudadano.



El sistema de firma electrónica se apoya en tres funciones básicas: Primera, registro de datos y acreditación de la identidad personal; segunda, expedición de certificados electrónicos y, tercera, información sobre la validez de los
certificados expedidos. Tales funciones están desarrolladas, respectivamente, por autoridades de registro, certificación y validación.



Los datos personales del ciudadano incluidos en cada certificado son los siguientes: Nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad, fecha de nacimiento (dado que puede emplearse para comprobar la mayoría de edad del
ciudadano, necesaria para firmar determinados documentos o acceder y contratar determinados servicios), el resultado de realizar una función resumen a los parámetros biométricos -fotografía, algoritmo de la huella dactilar e imagen de la firma
manuscrita- almacenados en la zona restringida del procesador de la tarjeta inteligente y, por último, clave pública asociada al ciudadano. Si se pretendiera incluir datos adicionales, habría de considerarse su pertinencia a la luz del principio de
finalidad y proporcionalidad. En este sentido quiero hacer mención a la habilitación legal que han aprobado las Cámaras sobre la posibilidad de incorporar al DNI electrónico el permiso de conducir y el documento complementario que permite
visualizar el saldo de puntos conforme al apartado 23 de la ley 17/2005, de 19 de junio. No obstante, cuando se haga uso de esta habilitación, el correspondiente proyecto de disposición reglamentaria o norma con rango de ley deberá ser informado
preceptivamente por la agencia Española de Protección de Datos. Los datos incorporados al DNI electrónico, en nuestra opinión, pueden considerarse adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a las finalidades previstas en las normas, dado
que el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1992 delimita los datos que debe contener el documento nacional de identidad.



Con relación al tratamiento efectuado por las autoridades de validación, estas serán en principio encargadas


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del tratamiento por cuenta de la Dirección General de Policía, debiendo prestarse las garantías que exige el artículo 12 de la ley orgánica de protección de datos. En cuanto a la comunicación de datos por la autoridad de validación a los
terceros prestadores de servicios con los que el interesado pretenda mantener una relación utilizando los datos contenidos en su certificado de firma electrónica, la cesión deberá limitarse a la existencia y no revocación del certificado de firma
electrónica que hubiera sido empleado. Esta cesión se encontraría amparada por el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.



Finalmente, la conservación de los datos está regulada en el artículo 20.f) de la Ley de Firma Electrónica, que obliga a los prestadores de servicios de certificación a conservar, registrada por cualquier medio seguro, toda la información y
documentación relativa a un certificado reconocido y las declaraciones de prácticas de certificación vigentes en cada momento, al menos durante 15 años contados desde el momento de su expedición, de manera que puedan verificarse las firmas
efectuadas con el mismo.



Como conclusión, el DNI electrónico, en nuestra opinión, incrementa la seguridad en internet al permitir la identificación inequívoca de las partes de una transacción, la integridad del documento firmado y el no repudio. No obstante, estas
ventajas dependerán de la capacidad de las administraciones públicas y de los operadores privados para adecuar sus organizaciones de forma que permitan su uso generalizado.



Para finalizar, señor presidente, señorías, solo me queda esperar haber sabido trasladar en esta breve comparecencia el gran y continuado esfuerzo que la agencia realiza a fin de cumplir con eficacia las competencias y funciones que tiene
encomendadas y el trabajo que está llevando a cabo con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias que nos imponen los continuos avances que se producen en nuestra sociedad.



Agradezco muy de veras la atención que me han prestado y quedo a su disposición para atender las cuestiones que consideren oportuno plantear.



El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, señor Piñar Mañas, por su extenso y detallado informe. Ahora los grupos parlamentarios que crean pertinente hacer una intervención tienen ocasión de usar la palabra.



Tiene la palabra el señor Mardones, supongo que con una cierta brevedad.



El señor MARDONES SEVILLA: Brevísimo, señor presidente, para saludar al señor director de la Agencia Española de Protección de Datos. Yo venía con una serie de notas de las que hago caso omiso porque estaban referidas al motivo de su
comparecencia en el orden del día, que era informar de la memoria del ejercicio 2004, pero ha planteado usted dos temas a los que no me sustraigo, aunque muy rápidamente, atendiendo a la petición de don Alfonso Guerra, presidente de esta Comisión.



En primer lugar, el criterio de mi grupo con respecto a la Ley orgánica 15/1999 es seguir en la senda del desarrollo reglamentario de la misma.
La ley todavía tiene mucha juventud y lo que está ocurriendo por fuera, las agresiones al
derecho de la inviolabilidad de los datos personales, así como de las comunicaciones o el correo, como decía nuestro texto constitucional, requiere que contemos con el instrumento legal pertinente cuando tengamos mejores datos e incluso cuando la
Unión Europea con su directiva lo ponga encima de la mesa. Por tanto, desarrollo reglamentario sí, modificación de la ley no por el momento, con lo cual nos mantenemos en coherencia con los acuerdos que en anteriores períodos y legislaturas se han
mantenido en esta Cámara. Por consiguiente el desarrollo reglamentario referido a los aspectos que usted ha tocado de la información al usuario para su garantía: saber qué es lo que firma, que se lea, como decíamos antes en las pólizas de seguros,
la letra pequeña del contrato que tiene, cuáles son los fines de estos datos personales y sobre todo el régimen entre el responsable y el encargado del tratamiento. Aquí queda fijada nuestra postura.



Paso al segundo tema polémico que usted ha abierto, que lo ha calificado de una tensión en este momento entre la protección de datos y la seguridad, que diríamos que es el equilibrio entre libertad y seguridad.



Usted sabe que hace dos semanas se han reunido los ministros del Interior de la Unión Europea en Newcastle, en el Reino Unido, y han acordado algo que nos hace temer a muchos demócratas que ocurra como sucedió con el espíritu de Fouché,
aquel comisario francés que lo mismo servía a Napoleón, que al rey, que a la república, que al consulado; esto es, atemorizarse por saber qué datos se pueden manejar en esto de las comunicaciones electrónicas. Hasta ahora no ha habido más
protestas que las de las entidades operadoras de telefonía móvil que han dicho que es muy costoso almacenar un año todos los datos que los jefes de policía o los señores ministros del Interior aportan al sistema. A mí lo que me preocupa no es que
sea caro para una empresa privada de telefonía almacenar datos en esa medida, sino que nos sea caro en la democracia, en el régimen de libertades. Veremos qué dicen los tribunales de justicia si esto opera y qué diría el Defensor del Pueblo, la
institución española encargada de la protección de sus ciudadanos, porque, con las garantías de que esos datos van a ser de universo total y absoluto de cualquier comunicación, cabe preguntarse qué criterios hay para seleccionar las frecuencias, los
teléfonos, los números o los prefijos o lo que vayan a hacer. Aquí está el tema y no en almacenar millones de datos que el propio sistema dimensional hará totalmente indigeribles, y las filtraciones hacia el exterior y el mercadeo que hay de
suciedad informativa en este momento en muchos medios de comunicación hace que tengamos que poner pie en pared con las cautelas.



Termino con esto, señor presidente. Será motivo para pedir una comparecencia suya, igual que la solicitaríamos de un comisionado de las Cortes, como es el


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Defensor del Pueblo, en este planteamiento que se hace ahora. Aunque se dice que no se hablará del contenido de la conversación, es obvio que se van a enterar del mismo si pone hasta la hora, el minuto y el segundo en que se llamó, quién
llamó, a dónde llamó, por qué llamó, etcétera. Todo eso nos hace temer en una defensa; por supuesto que estamos en contra del terrorismo, de las mafias y de los delitos organizados en cualquier aspecto de la criminalidad, pero vamos a mantener
democráticamente lo que tanto nos ha costado aquí. A ver si la brigada político social va a ser sustituida ahora en este país por una serie de instrumentos de conocimiento interno, de la radiografía y usted nos ha dado ya los datos biométricos, el
carnet de identidad, etcétera. Vamos a poner pie en pared y vamos a saber qué garantías constitucionales esto tiene. Muchas gracias por su presencia hoy aquí, señor director general.



El señor PRESIDENTE: El señor Xuclà nos va a ilustrar también con su intervención.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente, señor presidente. En primer lugar, y casi por cortesía, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero agradecer un año más la comparecencia del señor Piñar y su extensa y
minuciosa exposición de esta memoria del año 2004 que refleja un excelente trabajo por parte de la agencia y sin duda también refleja con el paso de los años una mejora en los mecanismos de su funcionamiento, de su actividad y en los objetivos por
los cuales fue creada y por los cuales también, a través del marco legal, se ordenó este importante sector que hace tan pocos años aún no era objeto de atención prioritaria por parte de los poderes públicos.



Dos consideraciones. La primera, para que sea aún más breve, señor presidente, la haré a través de aquello que en derecho civil se dice contrato de adhesión, que es decir que estoy absolutamente de acuerdo.
Pues bien, respecto a la
privacidad, algo que desborda sin duda estrictamente el marco de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos, yo me adhiero a los planteamientos del diputado Mardones sobre las nuevas realidades, los nuevos controles y también
este difícil equilibrio a veces respecto a los derechos fundamentales y a la seguridad. Siempre se invoca aquella extraordinaria frase que dice que la seguridad es la primera de las libertades, que está muy bien como máxima, pero, después del día a
día, tenemos que ver cómo se podrían violentar nuestros derechos fundamentales con las nuevas medidas que se tienen que adoptar o que se puedan llegar a adoptar para el otro extremo, para la protección de la seguridad.



El segundo aspecto al cual me gustaría hacer una referencia, señor Piñar, es que, conociendo la pulcritud con la cual la agencia está trabajando, en el tema de las sanciones es extraordinaria, pero la práctica, la casuística, nos indica que
algunas veces hay situaciones en que no a la gente que quiere traficar y lucrarse con datos, sino a pequeñas instituciones, a pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro, a las ONG, etcétera, la ley se les aplica, evidentemente bajo la lógica y el
imperio de la ley, pero con unas consecuencias desorbitantes para las mismas.



No sé si puedo llegar a pedirle una modificación del cuadro sancionador, pero hay muchos casos de actitudes para nada dolosas, si me permite la distinción de lenguaje penal, entre una organización no gubernamental, una entidad de un pueblo
que da una base de datos a un particular, que de forma tampoco dolosa, porque sabía que en esta base de datos había una persona que había expresado su voluntad de no figurar en esta misma base de datos, y que a partir de aquí se pone en
funcionamiento la aplicación de la ley, que es lo apropiado, y todo el cuadro sancionador con unos efectos desproporcionados. Yo sé que la Administración no puede cometer actos discrecionales. Simplemente le traslado esta reflexión sobre la
necesidad de adecuar una muy buena ley y política de sanciones en los grandes casos, en el tráfico de datos reservados, con aquellos casos concretos y cargados de buena fe a los cuales les cae la misma severidad de la ley.



El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Matador tiene la palabra.



La señora MATADOR DE MATOS: Señoría, bienvenido una vez más a esta Comisión Constitucional para explicar la memoria de 2004 y que, como nos tiene acostumbrados, nos ha dado una intervención muy extensa y bastante clarificadora.



Dada la hora y la brevedad que nos ha pedido el presidente a todos los portavoces, solo quiero incidir en una serie de cuestiones. En primer lugar, valoro positivamente ese aumento considerable de la actividad de la agencia y muestra de
ello son los datos que nos ha expuesto usted, como el número de ficheros inscritos, consultas, informes de la agencia, etcétera. Ello nos congratula porque demuestra esa función constante por parte de la agencia de Protección de Datos de
concienciar sobre este derecho fundamental a la protección de datos. Sí me gustaría resaltar una serie de cuestiones, aunque a muchas se ha dado explicación en su primera intervención.



En la pasada comparecencia informó aquí de la colaboración y cooperación con la agencia de Protección de Datos autonómica. Nos gustaría conocer qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo en este momento y si se ha suscitado alguna
cuestión en el ámbito de competencia o actuación por parte de una agencia u otra.



También se ha expuesto aquí, y así lo ha manifestado usted en reiteradas ocasiones, la necesidad de aumentar esos medios personales y materiales para que la agencia cumpla debidamente sus fines, sobre todo, teniendo en cuenta ese avance de
los medios tecnológicos; desde el año 2003 han ido en aumento esos recursos materiales y humanos, pero después de los datos que usted nos ha


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facilitado esta mañana, creemos que todavía esos medios son insuficientes y nos gustaría que las previsiones para el año próximo fueran en la línea que se ha mantenido hasta ahora. Nos consta también, y lo ha dicho usted aquí, que ha
aumentado el presupuesto para el 2006 de la Agencia Española de Protección de Datos en unos 10 millones de euros. Esa es una cuestión que se ha suscitado en muchas ocasiones y después de tres años de funcionamiento de la agencia de Protección de
Datos sería bueno, al igual que han hecho otras agencias de protección de datos de países europeos, determinar un sistema de financiación claro para la agencia y así se atajaría esa mala imagen que algunos nos quieren dar de la agencia de Protección
de Datos de que se financia única y exclusivamente gracias a las sanciones, como ha hecho llegar de alguna asociación a esta diputada.



Sí nos preocupa, y ya lo ha dicho aquí el señor Mardones, el desarrollo reglamentario de la ley. En estos días hemos tenido ocasión de reunirnos con asociaciones, al menos yo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que nos han traído
trabajos y estudios que aconsejan reformar la Ley de protección de datos, argumentando que es para adecuarla a la normativa europea y a la jurisprudencia creciente sobre este tema. Nosotros consideramos también que en estos momentos el reglamento
es el instrumento jurídico idóneo para recoger esa normativa comunitaria y esa nueva jurisprudencia cada vez más creciente sobre este tema, pero sí nos gustaría saber, de los contactos que haya tenido la Agencia Española de Protección de Datos con
el Ministerio de Justicia, cuál es la prioridad para este en el tema.



Otra cuestión que también nos ha llegado, sobre todo a mí, ya que llevo este tema, es la de los profesionales, pequeños y medianos empresarios.
Nos consta que se está actuando por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, pero
todavía tienen un alto grado de desconocimiento de la norma y hay todavía un largo camino que recorrer. Nos gustaría saber brevemente qué actuaciones tiene previstas la agencia para este año.



Las otras cuestiones se referían al área internacional, sobre la actividad que había tenido la Agencia Española de Protección de Datos en temas como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la retención de datos de tráfico de
las telecomunicaciones, los datos biométricos, pero la valoración que nos ha dado el director de la agencia ha siso sobrada y clarificadora.



Para concluir, el Grupo Parlamentario Popular y el resto de los grupos parlamentarios, igual que ya se hizo en la pasada legislatura con una iniciativa, estamos muy interesados en que el reglamento salga cuanto antes; es un reglamento que
creo que es muy esperado y servirá para aclarar todos esos puntos oscuros que tenemos ahí y dar seguridad jurídica en un tema tan importante como el derecho fundamental a la protección de datos.



El señor PRESIDENTE: Doña Elisenda Malaret tiene la palabra.



La señora MALARET GARCÍA: Señor director, bienvenido a la sesión anual de rendición de cuentas de la agencia Española de Protección de Datos. He escuchado con detenimiento su intervención, he leído la memoria publicada, he visitado
regularmente la página web, que ha mejorado notablemente, hemos visto también las páginas web de los homólogos europeos, hemos dialogado con los distintos colectivos ciudadanos y por todo este conjunto de cosas puedo señalar en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista que nos satisface mucho la tarea desarrollada por la agencia Española de Protección de Datos este último año. Ha habido un incremento notable de la actividad y se ha sabido reaccionar con rapidez al incremento de
competencias que supuso la atribución de la temática relativa a telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas.
También tenemos que enfatizar nuestra valoración positiva por el desarrollo de una actitud proactiva, no solo reactiva. Me refiero a
toda la tarea desarrollada para generar e incrementar la cultura en materia de protección de datos. Yo creo que este es un tema fundamental y es en este ámbito en el que precisamente quiero señalar que me ha parecido muy oportuna la última parte de
la intervención del director de la Agencia Española de Protección de Datos, porque ha abordado temas como el DNI electrónico, datos biométricos o posicionamiento en cuanto a las propuestas de algunos países europeos con relación a las medidas a
adoptar para reaccionar frente a la amenaza terrorista. Los ciudadanos nos han hecho llegar yo creo que a todos los grupos parlamentarios su inquietud por las cuestiones que se están suscitando y pienso que a todos nos ha alegrado hoy la noticia de
que el Parlamento Europeo haya rechazado el proyecto presentado por cuatro países. Quiero felicitar también al grupo de trabajo del artículo 29, que creo que ha sido un actor importante en este posicionamiento que va a permitir que la Comisión
presente una directiva más respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos en este ámbito.



Las cuestiones que yo quería plantear y que habían sido suscitadas por los ciudadanos en los ámbitos que he señalado (datos biométricos, retención de datos durante períodos muy largos, DNI electrónico) ya han sido abordadas por el director
en su intervención y no voy a abundar en ellos.



Me gustaría, quizá no hoy pero sí a lo largo de los próximos meses, que la Agencia Española de Protección de Datos publicase su posicionamiento con relación a una cuestión que es fundamental en el ámbito del desarrollo de la Administración
electrónica.



Me refiero al intercambio de datos entre administraciones públicas. Como sabe muy bien el director, se están haciendo propuestas imaginativas en distintos países. Creo que conoce bien las propuestas del profesor Trudel, en Canadá. La
agencia en España tendría que liderar también estos cambios y mostrar su posición en estas cuestiones, porque, como sabemos, el intercambio de datos ente administraciones públicas es el cuello de botella de la Administración electrónica. Por tanto,


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aunque no ahora, sí tendría que abrirse ese debate y posicionarse en torno a estas cuestiones.



Finalmente, la memoria pone de relieve la inmensa tarea de contactos internacionales, como cada vez más, para luchar contra el spam, que es un fenómeno internacional ligado al desarrollo de las tecnologías y que obviamente no conoce de
fronteras físicas, la agencia ha desarrollado muchos contactos de carácter multilateral y participa en grupos de trabajo con agencias americanas, experiencia muy interesante. Es muy útil y muy interesante el desarrollo del grupo de trabajo mundial
que se explicita en la memoria para luchar contra el spam, pero me parece que la lectura de la memoria no permite conocer que se esté desarrollando un nivel equivalente de trabajo con las agencias autonómicas. Lo que se traduce en la memoria es una
descompensación. Está muy bien, lo aplaudimos porque es una necesidad para satisfacer la demanda ciudadana, el trabajo a nivel multilateral internacional, pero también sería necesario, a lo mejor se ha hecho y no lo hemos sabido encontrar ni en las
web de la agencia ni en la memoria, crear grupos de trabajo concretos para afrontar problemas que tienen tanto la agencia española como las autonómicas: historiales clínicos, expedientes académicos, padrones municipales. En este conjunto de temas
me gustaría saber cuál es la política de la agencia española y cuál es la actividad que viene desarrollando, trabajando conjuntamente con agencias que tienen planteados los mismos retos y la misma problemática.



El señor PRESIDENTE: Con objeto de contestar a las intervenciones que se han hecho, tiene la palabra de nuevo el señor Piñar Mañas, director de la agencia Española de Protección de Datos.



El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Piñar Mañas): Ante todo quiero agradecer muy de veras las preguntas formuladas, el interés mostrado por SS.SS. y también, cómo no, las palabras de apoyo a la labor
desarrollada en la agencia, que es fundamentalmente la labor de todo el equipo de magníficos profesionales que integran la plantilla de la agencia Española de Protección de Datos. Estamos convencidos en la agencia de que tenemos entre manos un
papel esencial, que es el de la tutela, el de la garantía, desde una posición de independencia, del derecho fundamental a la protección de datos personales. Por eso, agradezco muy de veras sus palabras de apoyo y felicitación que, repito, lo son
para el equipo de profesionales, para la plantilla de la agencia.



Voy a intentar contestar muy rápidamente a las cuestiones que se me han formulado, algunas de ellas agrupadas. Uno de los temas que ha salido es el de modificación o no de la Ley Orgánica de Protección de Datos y opción o no por el
desarrollo reglamentario de la ley. Veo que el posicionamiento de varios grupos parlamentarios es a favor del desarrollo reglamentario. Coincido totalmente, como he tenido ocasión de exponer en mi intervención, con este planteamiento. Pese a que
la Ley Orgánica de Protección de Datos tiene algunos aspectos que pueden plantear dudas de interpretación o de aplicación, este, en mi opinión, no es el momento de modificarla sino de acometer el desarrollo reglamentario. La disposición del
Ministerio de Justicia es sumamente favorable en relación con la aprobación de este reglamento. De hecho, como he indicado, se ha incorporado en el plan normativo para el año 2005 dicha la aprobación.
Estamos actuando en un equipo de trabajo
conjunto, en una comisión mixta entre ministerio y agencia para elaborar un primer borrador y si bien esto es competencia del Ministerio de Justicia y del Gobierno, no de la agencia, sí puedo señalar que quizás estemos en disposición de contar con
un reglamento de desarrollo de la LOPD para el primer trimestre del próximo año, aunque repito que no es competencia de la agencia sino del Ministerio de Justicia, que es el que tiene la iniciativa, y del Gobierno, que es quien tiene la competencia
para aprobar en su caso el reglamento. Hasta el momento, el trabajo se va llevando a cabo con fluidez y de un modo muy serio y sensato pensando en el mejor reglamento posible de desarrollo de la LOPD y atendiendo también a una petición, casi
reivindicación, por parte de todos los sectores implicados en el ámbito de la protección de datos personales.



Se ha planteado también un debate interesante que está ahora encima de la mesa acerca de la tensión entre protección de datos y seguridad, el equilibrio entre libertad y seguridad. Varias de sus señorías han hablado de ello. Yo creo, así
lo he señalado en mi comparecencia y así lo he podido manifestar en el grupo de autoridades de protección de datos del artículo 29, en la Conferencia de Montreaux y en cuantos foros la agencia ha podido participar, debo decir que con una posición
que coincide con la de la inmensa mayoría de las autoridades de protección de datos, que no es posible descuidar el pleno y absoluto respeto a los derechos fundamentales. La gran victoria de los terroristas sería, y no estoy diciendo nada nuevo,
acabar con la democracia, y este es un planteamiento que no admite ningún género de dudas ni de posiciones intermedias. Desde la agencia estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que el derecho fundamental a la protección de datos sea total y
absolutamente respetado.
Es posible adoptar medidas de lucha contra el terrorismo y de lucha contra la delincuencia organizada sin menoscabo del derecho fundamental a la protección de datos y sin que resulte caro para la democracia. En este
sentido, el que no se haya dado el visto bueno a la decisión marco y se opte por la directiva es algo en lo que en el grupo de autoridades de protección de datos del artículo 29 siempre hemos insistido; hemos analizado el tema y de hecho
seguramente en la próxima reunión del grupo, que se celebra mañana y pasado mañana, vamos a adoptar un documento en el que ha intervenido activamente la agencia Española de Protección


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de Datos al objeto de resaltar cómo deben respetarse los principios de la legislación de protección de datos.



En cuanto a los datos que se van a retener, se han analizado muy minuciosamente y consideramos que dichos datos, tal como está previsto en los textos de los que disponemos, pueden estar acordes con el principio de proporcionalidad y de
finalidad. El tema capital es evitar a toda costa un uso indiscriminado o un acceso indiscriminado a esos datos. Por eso, la agencia española lo que ha propuesto, que es algo que no se incorpora en la próxima directiva tal y como está ahora
redactada, es que se adopten estrictas medidas de seguridad al objeto de poder comprobar y controlar a qué datos se accede, quién accede a esos datos, por qué y cuándo, es decir, garantizar que no se produce -repito- un acceso indiscriminado a los
datos que son objeto de retención.



El señor Xuclà ha planteado, aparte de temas semejantes a los que acabo de indicar, algo capital que tenemos siempre en la cabeza en la agencia Española de Protección de Datos, que es la aplicación de la ley, la cuantía de las sanciones, la
consideración de que en algunos casos se puede llegar a situaciones que a lo mejor no son siquiera las deseadas por el legislador. Ante todo hemos de decir, y huelga señalarlo, que la agencia está totalmente vinculada a la ley y debe cumplir con el
criterio estricto de tipificación de infracciones y sanciones, aplicando cuando debe hacerse el principio de presunción de inocencia y archivando, como hacemos en no pocas ocasiones, denuncias o expedientes respecto de los cuales carecemos, tras la
investigación, de indicios suficientes como para considerar que se haya podido producir una infracción de la legislación de protección de datos.



También debo decir que algunas de las circunstancias a las que S.S. se refería, como la ausencia de culpabilidad e incluso la ignorancia en cuanto a la antijuridicidad de la sanción de la infracción son tenidas en cuenta por la agencia con
la aplicación del artículo 45.5 de la ley, que, como SS.SS. saben perfectamente, permite imponer la sanción correspondiente a la infracción inferior en grado. Siempre aplicamos con rigor, pero también con análisis de las circunstancias reales del
caso, el artículo 45.5, incluso, la Audiencia Nacional en al menos dos ocasiones -puedo facilitar a SS.SS. el texto de las sentencias- ha llegado a señalar que la agencia ha sido en algunos casos demasiado generosa en la sanción impuesta y que
debería haber impuesto una sanción más elevada. No se refiere en absoluto a supuestos como el que S.S.
planteaba, sino a otros casos. También debo señalar que desde hace unos meses en la agencia se ha iniciado una línea, que en mi opinión antes
no estaba del todo aprovechada, acerca de la sanción de conductas realmente graves, porque suponen un uso fraudulento, una obtención fraudulenta de datos personales con objetivos también fraudulentos y de pura ganancia económica. Son ya varios los
supuestos en los que se han impuesto sanciones por recabar fraudulentamente datos personales, iniciando una línea que antes no estaba del todo desarrollada.



Agradezco las palabras de doña Carmen Matador acerca de la valoración positiva de la actividad de la agencia. Ha planteado muchos y muy importantes temas. La colaboración con las agencias autonómicas sigue adelante dentro del ámbito de las
respectivas competencias, tal como están definidas en estos momentos en las sentencias 290 y 292 del Tribunal Constitucional, que sobre todo en la sentencia 290, deja muy claro que la protección de datos de carácter personal no es una actividad
instrumental del ejercicio de competencias, sino que es un derecho fundamental, autónomo e independiente que requiere un tratamiento uniforme, por lo que se considera que las agencias autonómicas pueden y deben ejercer sus competencias en el ámbito
de los ficheros de titularidad pública. En este ámbito de control sobre los tratamientos llevados a cabo por los responsables de ficheros de titularidad pública, la colaboración es muy estrecha. Contesto de este modo también a la cuestión que me
planteaba doña Elisenda Malaret. La cooperación de las agencias no solo se refiere al Sidir, en cuanto a intercambio de información en relación con el registro, sino también a otros muchos ámbitos. Hemos colaborado muy estrechamente y hemos
mantenido relaciones en cuanto a la definición de la naturaleza pública o privada de los ficheros de los que son responsables los colegios profesionales, al objeto de intentar llevar a cabo un criterio homogéneo entre las agencias autonómicas y la
agencia española acerca del ejercicio de las competencias. Son numerosas las ocasiones que personal de las agencias autonómicas han llevado a cabo períodos relativamente largos de estancia en la agencia española para, según nos indican, poder
aprovechar la experiencia de la agencia española en lo que se refiere a inspecciones sobre ficheros de titularidad pública. De hecho, dentro de unos días van a llevar a cabo una estancia de este tipo uno o dos funcionarios de la Agencia Catalana de
protección de datos, con la que vamos a colaborar muy estrechamente para establecer criterios homogéneos de inspección o de investigación en lo que se refiere a ficheros de titularidad pública. Sin embargo, tomo buena nota de su sugerencia acerca
de la posibilidad de llevar a cabo actividades más concretas de colaboración en temas como historias clínicas, padrones, calificaciones de universidades, en las que concurren las competencias de la agencia española y de las agencias autonómicas.



Dentro de unos días se va a celebrar el segundo encuentro de agencias autonómicas, organizado por la agencia de Madrid, y van a participar, cómo no, representantes también de la agencia Española de Protección de Datos y tengo el honor de
haber sido invitado para la clausura de ese encuentro. Quizá no sean actividades formalizadas y por eso no se llevan al texto de la memoria de la agencia Española de Protección de Datos, pero puedo asegurarle que son muy estrechas las relaciones
incluso en la colaboración del área internacional. La agencia española ha colaborado muy directamente al objeto de que las agencias autonómicas hasta ahora existentes hayan sido acreditadas y reconocidas en todos


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los foros internacionales, como lo fue recientemente la agencia Vasca de Protección de Datos en la conferencia anual de autoridades de protección de datos. No obstante, esta línea de colaboración seguirá incrementándose, como antes también
apuntaba la señora Matador.



En efecto, van incrementándose los medios con que cuenta la agencia. Es un hecho que en los dos últimos años prácticamente se ha duplicado el presupuesto de la agencia pasando de cinco a diez millones de euros y que la plantilla de la
agencia se ha incrementado en un 58 por ciento. Son datos de 1 de enero de 2003; datos de 27 de septiembre de 2005 y previsión de presupuesto para el año 2006. También es verdad que es imprescindible seguir en esta tónica de incremento de medios
materiales y económicos, así como personales por parte de la agencia. Como antes apuntaba, hay un incremento muy notable en torno al 60 ó 70 por ciento, en lo que se refiere a las actividades de inspección, y del 40 por ciento en lo que se refiere
a informes y consultas, lo cual requiere que sigamos en esta línea. Una vez más agradezco el apoyo de SS.SS. y de los grupos parlamentarios en las peticiones de incremento que esta agencia debe formular a las autoridades competentes.



Sigue sin resolverse, es verdad, el tema de la formulación técnica de la financiación de la agencia, aunque creo que poco a poco se va superando esa mala imagen -entre comillas- que podía plantearse ante la situación actual. No es
técnicamente del todo exacto que la agencia se financie con cargo a sanciones; sí es exacto y correcto afirmar que la recaudación derivada de las sanciones de la agencia pasa a engrosar el remanente del que esta dispone y que el presupuesto del que
se nutre en un porcentaje muy elevado procede de transferencias de ese remanente y no de transferencias del Estado, pero la agencia de ese remanente, por supuesto, no puede disponer. Estamos total y absolutamente vinculados a lo que se apruebe en
la ley de presupuestos y a las partidas correspondientes. Por lo tanto, no podemos disponer de la cuantía derivada de la ejecución de las resoluciones sancionadoras dictadas por la agencia. En cualquier caso, sin que esto en absoluto suponga
menoscabo alguno para la objetividad en la actuación y en la financiación de la agencia -es un régimen total y absolutamente objetivo y que cumple con toda la normativa presupuestaria-, sí que es verdad que podría dar una equivocada imagen de cara
al exterior, de cara a quien no tuviese un correcto conocimiento de la disciplina presupuestaria.



Es muy importante para la agencia que los profesionales, las pequeñas y medianas empresas se conciencien en el ámbito de la protección de datos personales, igual que lo es en el ámbito de pequeñas administraciones locales. Sin duda, esa es
una de las grandes lagunas de la protección de datos. Me atrevo a decir que no hay apenas problemas con las grandes empresas, las grandes corporaciones y las grandes administraciones públicas. Sí que sigue habiendo un grave problema con, repito,
los profesionales -como la señora Matador ha señalado perfectamente-, pequeñas y medianas empresas y pequeñas administraciones. En este sentido, creo que la agencia está intentando desarrollar una actividad muy intensa de concienciación. Acabamos
de publicar una guía del derecho fundamental a la protección de datos dirigida fundamentalmente a los profesionales y a las pymes. Seguimos colaborando muy estrechamente con los colegios profesionales y con las cámaras de comercio, insistiendo en
la necesidad de que ellos también asuman su responsabilidad al objeto de divulgar la protección de datos entre empresas y profesionales.



Agradezco también las amables palabras de doña Elisenda Malaret. Gran parte de sus inquietudes creo que ya han sido respondidas con anterioridad al hacer referencia a algunas de las cuestiones planteadas por otras señorías. Tomo muy buena
nota de los comentarios sumamente interesantes acerca de la Administración electrónica. En efecto, aunque no esté planteado en la memoria, la agencia Española de Protección de Datos está muy en contacto con el desarrollo del Gobierno electrónico y
la Administración electrónica. Tenemos contactos estrechos con el Ministerio de Administraciones Públicas, con la dirección general competente en la materia. Dentro de unos días vamos a tener una reunión más para analizar posibles propuestas en la
línea de la Administración electrónica, porque se trata -ese es el mensaje que queremos transmitir a quienes son competentes en la implantación la Administración electrónica- de hacerlo bien desde el principio para evitar costes innecesarios a
corto, medio y largo plazo, es decir, para evitar que la Administración electrónica se ponga en marcha sin total y absoluto respeto a la protección de datos personales, para que ese intercambio de datos al que usted se refería entre administraciones
públicas respete íntegra y exactamente lo que dispone -entre otros- el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de esta manera, a través de la habilitación legal y del consentimiento, de acuerdo a los principios de finalidad y de
proporcionalidad, se puedan poner en marcha las iniciativas que sobre la Administración electrónica están ya sobre la mesa. Quizá sería conveniente hacer pública la posición de la agencia sobre la cuestión. Tomo buena nota de su comentario al
objeto de, en este ámbito también -como en otros- intentar ser más proactivo.



Creo que he intentado atender sus consideraciones y sus cuestiones. Sólo me resta agradecer su atención e interés y el apoyo que prestan a la agencia que tengo el honor de dirigir.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: ¿No hay petición de réplica?


(Pausa.)


La Comisión agradece la presencia del señor Piñar y su información, y le anima a seguir su interesante trabajo.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.