Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 133, de 30/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2003 VII Legislatura
Núm. 133
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 30 de abril de 2003
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la valoración del Gobierno en relación con la operación realizada por la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA), por la que
cede participaciones a determinadas empresas en los permisos de investigación de hidrocarburos, denominados «Canarias 1» a «Canarias 9». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril
de 2003).
(Número de expediente 680/001149).
--De D. DEMETRIO MADRID LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar las gravísimas carencias en medios materiales y humanos que padece la Administración de Justicia en la provincia
de Zamora. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001159).
--De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la manera en que se ha articulado la colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para la efectiva implantación de los juicios rápidos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003).
(Número de expediente 680/001164).
--De D. JUAN CARLOS LAGARES FLORES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el Protocolo de implantación de los juicios rápidos recientemente aprobado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001165).
--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los proyectos previstos por el Gobierno a corto plazo para incrementar las tareas de control de la llegada de inmigrantes irregulares a
bordo de pateras a las costas de las islas orientales de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001148).
--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para esclarecer los hechos ocurridos el día 17 de abril de 2003 en la estación de autobuses de la ciudad de Huelva.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003).
(Número de expediente 680/001170).
--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que los representantes nombrados por el Gobierno no asistieron a la reunión del Consorcio para la Protección
Integral del Delta del Ebro, celebrada el 24 de abril de 2003. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003).
(Número de expediente 680/001152).
--De D. RAMON ALEU I JORNET y Dña. MONTSERRAT DUCH PLANA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno de realizar alguna gestión para que las autoridades comunitarias apliquen la cláusula
establecida en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 2200/1996 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organización Común de Mercados (OCM) en el sector de las frutas y hortalizas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001150).
--De D. FERNANDO CARLOS RODRIGUEZ PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la Ley de Sanidad Animal, recientemente aprobada. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001161).
--De D. JOSE MANUEL CORES TOURIS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la situación en que se encuentran los trabajos relacionados con la creación del nuevo Registro de
Explotaciones Ganaderas (REGA). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001162).
--De Dña. LUCIA DELGADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los principales objetivos en los que se basa el programa «Internet en zonas rurales» recientemente puesto en marcha por el Gobierno y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001163).
--De Dña. INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno en orden a aportar una cooperación y ayuda concretas para la inmediata recuperación de los bienes culturales afectados por la
destrucción y el saqueo de museos y otras instituciones en Bagdad (Iraq). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003).
(Número de expediente 680/001147).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la participación concreta de España en la recuperación del patrimonio cultural iraquí. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001153).
--De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones fundamentales por las que el Gobierno ha aprobado con retraso el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (PIOM). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001169).
--De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Ministerio de Fomento en relación con la solución dada al acceso norte por carretera al puerto de Valencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001154).
--De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio de Fomento, referido al soterramiento de la vía del tren de alta velocidad en su
entrada a la ciudad de Málaga. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001155).
--De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno el principio de acuerdo propiciado por el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria y el Director General de
Infraestructuras de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), en relación con los terrenos ubicados en la entrada sur de Alicante. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de
abril de 2003). (Número de expediente 680/001156).
--De D. FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA CHICA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de paralizar las obras ferroviarias de duplicación de vía en el tramo comprendido entre Granada y Bobadilla (Málaga), que está
realizando la Junta de Andalucía.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001157).
--De D. JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento de iniciar negociaciones con el Gobierno del Principado de Asturias, con las asociaciones y colectivos implicados,
conducentes a la modificación del trazado occidental de la autovía del Cantábrico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001158).
--De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que realiza el Gobierno de la situación y funcionamiento del servicio de correos y telégrafos en la provincia de Salamanca. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001160).
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las respectivas cuotas de mercado de los medicamentos genéricos en los 15 países miembros de la Unión Europea, en el ejercicio 2002. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001151).
--De D. LUIS CAMPOY ZUECO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la previsión del Gobierno para iniciar los planes directores en el patrimonio industrial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003).
(Número de expediente 680/001166).
--De Dña. CRISTINA TEJEDOR UTRILLA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de los ciudadanos a las oficinas de la Administración General del Estado, en materia de
horarios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001167).
--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno como respuesta al Manifiesto por la Ciencia, suscrito por 2.800 investigadores, en el que se
efectúa una evaluación de la política científica y se plantean propuestas correctoras. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 680/001168).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio y la posición del Gobierno en lo que se refiere al tratamiento normativo, los contenidos de la propuesta de la Comisión Europea y el debate
que se está produciendo en el seno de la Unión Europea en materia de patentabilidad de «software» informático.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de
expediente 670/000191).
--De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno y las medidas adoptadas con respecto al pueblo gitano con ocasión de la próxima ampliación de la Unión Europea.
(Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número de expediente 670/000195).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la situación actual del uso del procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para informar a las Comunidades Autónomas sobre
la elaboración y negociación de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a materias de su específico interés. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 646, de fecha 28 de abril de 2003). (Número
de expediente 670/000194).
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Infraestructuras en relación con el Proyecto de Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 108, de fecha 25 de abril
de 2003). (Número de expediente S. 621/000108) (Número de expediente C. D. 121/000099).
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 115, de fecha 25 de abril de 2003). (Número de expediente S. 621/000115) (Número de expediente C. D. 121/000121).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 8241)
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la valoración del Gobierno en relación con la operación realizada por la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA), por la que
cede participaciones a determinadas empresas en los permisos de investigación de hidrocarburos, denominados «Canarias 1» a «Canarias 9» (Página 8241)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Ríos Pérez.
De D. DEMETRIO MADRID LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar las gravísimas carencias en medios materiales y humanos que padece la Administración de Justicia en la provincia de
Zamora (Página 8242)
El señor Madrid López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez).
De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la manera en que se ha articulado la colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para la efectiva implantación de los juicios rápidos
El señor Agramunt Font de Mora formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez).
De D. JUAN CARLOS LAGARES FLORES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el Protocolo de implantación de los juicios rápidos recientemente aprobado (Página 8244)
El señor Fernández Sánchez formula la pregunta del señor Lagares Flores.
En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez).
De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los proyectos previstos por el Gobierno a corto plazo para incrementar las tareas de control de la llegada de inmigrantes irregulares a
bordo de pateras a las costas de las islas orientales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 8245)
El señor Ríos Pérez formula la pregunta de la señora Morales Rodríguez.
En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez.
De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para esclarecer los hechos ocurridos el día 17 de abril de 2003 en la estación de autobuses de la ciudad de Huelva
El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).
De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que los representantes nombrados por el Gobierno no asistieron a la reunión del Consorcio para la Protección
Integral del Delta del Ebro, celebrada el 24 de abril de 2003 (Página 8248)
El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres. En turno de dúplica, lo hace
la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).
De D. RAMON ALEU I JORNET y Dña. MONTSERRAT DUCH PLANA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno de realizar alguna gestión para que las autoridades comunitarias apliquen la cláusula establecida
en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 2200/1996 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organización Común de Mercados (OCM) en el sector de las frutas y hortalizas (Página 8249)
El señor Aleu i Jornet formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet.
En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De D. FERNANDO CARLOS RODRIGUEZ PEREZ, del Grupo Parlamentario Popu lar en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la Ley de Sanidad Animal, recientemente aprobada (Página 8250)
El señor Rodríguez Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De D. JOSE MANUEL CORES TOURIS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la situación en que se encuentran los trabajos relacionados con la creación del nuevo Registro de
Explotaciones Ganaderas (REGA) (Página 8251)
El señor Cores Tourís formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De Dña. LUCIA DELGADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los principales objetivos en los que se basa el programa «Internet en zonas rurales» recientemente puesto en marcha por el Gobierno y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) (Página 8252)
La señora Delgado García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Delgado García.
De Dña. INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno en orden a aportar una cooperación y ayuda concretas para la inmediata recuperación de los bienes culturales afectados por la
destrucción y el saqueo de museos y otras instituciones en Bagdad (Iraq) (Página 8253)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre la participación concreta de España en la recuperación del patrimonio cultural iraquí (Página 8254)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.
En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones fundamentales por las que el Gobierno ha aprobado con retraso el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (PIOM) (Página 8256)
La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Ministerio de Fomento en relación con la solución dada al acceso norte por carretera al puerto de Valencia (Página 8257)
El señor Lerma Blasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lerma Blasco. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio de Fomento, referido al soterramiento de la vía del tren de alta velocidad en su entrada
a la ciudad de Málaga (Página 8258)
El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arjona Santana. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno el principio de acuerdo propiciado por el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria y el Director General de
Infraestructuras de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), en relación con los terrenos ubicados en la entrada sur de Alicante (Página 8260)
El señor Franco Gutiez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Franco Gutiez. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA CHICA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de paralizar las obras ferroviarias de duplicación de vía en el tramo comprendido entre Granada y Bobadilla (Málaga), que está
realizando la Junta de Andalucía (Página 8261)
El señor Alvarez de la Chica formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alvarez de la Chica. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento de iniciar negociaciones con el Gobierno del Principado de Asturias, con las asociaciones y colectivos implicados,
conducentes a la modificación del trazado occidental de la autovía del Cantábrico (Página 8262)
El señor Alonso García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que realiza el Gobierno de la situación y funcionamiento del servicio de correos y telégrafos en la provincia de Salamanca (Página
8263)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento
(Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las respectivas cuotas de mercado de los medicamentos genéricos en los 15 países miembros de la Unión Europea, en el ejercicio 2002.
Esta pregunta ha sido retirada.
De D. LUIS CAMPOY ZUECO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la previsión del Gobierno para iniciar los planes directores en el patrimonio industrial.
Esta pregunta ha sido retirada.
De Dña. CRISTINA TEJEDOR UTRILLA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de los ciudadanos a las oficinas de la Administración General del Estado, en materia de
horarios.
Esta pregunta ha sido retirada.
De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno como respuesta al Manifiesto por la Ciencia, suscrito por 2.800 investigadores, en el que se
efectúa una evaluación de la política científica y se plantean propuestas correctoras
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 8265)
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio y la posición del Gobierno en lo que se refiere al tratamiento normativo, los contenidos de la propuesta de la Comisión Europea y el debate
que se está produciendo en el seno de la Unión Europea en materia de patentabilidad de «software» informático (Página 8265)
El señor Gibert i Chosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Cierra el debate el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno y las medidas adoptadas con respecto al pueblo gitano con ocasión de la próxima ampliación de la Unión Europea (Página
8271)
El señor Díaz Sol realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra
de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la situación actual del uso del procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para informar a las Comunidades Autónomas sobre
la elaboración y negociación de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a materias de su específico interés (Página 8277)
El señor Ríos Pérez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de
Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8282)
De la Comisión de Infraestructuras en relación con el Proyecto de Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas (Página 8282)
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Presidente anuncia la retirada de la propuesta de veto número 3, del señor Quintana González, también del Grupo Mixto. La señora Etxegoyen
Gaztelumendi defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Herranz Martínez defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista. El señor Sanz Blanco consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo
Mixto; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Herranz Martínez, por el Grupo Socialista, y Sanz Blanco, por el
Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las quince horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 50 votos a favor y 106 en contra.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 51 votos a favor y 114 en contra Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista, por 50 votos a favor, 113 en contra y 2 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 1 a 56. El señor Presidente anuncia la retirada de las enmiendas números 118 a 133, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. La señora Etxegoyen
Gaztelumendi defiende las enmiendas números 57 a 63, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 64 a 93 y 95 a 117, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Beguer i Oliveres defiende
las enmiendas números 190 a 242, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Ayllón Oliva defiende las enmiendas números 134 a 163 y 165 a 186, del Grupo Socialista. El señor García Ballestero consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ayllón Oliva, por el Grupo
Socialista y García Ballestero, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 48 y 55, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 64 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 49 y 56, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor, 165 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 53 y 54, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 15 votos a favor, 118 en contra y 48 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16, 20 a 22, 25, 40, 43, 45 a 47 y 50 a 52, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 56 votos a favor, 116 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 3 a 6, 8, 13 a 15, 18, 19, 23, 24, 26 a 39, 41, 42 y 44, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 165 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 58, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 56 votos a favor, 116 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 9 votos a favor, 164 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 59 a 63, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 116 en contra y 49 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 12 y 17, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 116 en contra y 58 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 116 y 117, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 64 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 64 a 69, 71 a 93 y 95 a 115, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 57 votos a favor, 116 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 191 a 193, 200, 202, 203, 205, 215 y 233, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 64 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 190, 196 a 199, 201, 206, 207, 211, 212, 214, 216 a 218, 224, 226 a 230, 234 a 236 y 240, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 164 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 194, 195, 204, 208 a 210, 219 a 223, 225, 231, 232, 237 a 239, 241 y 242, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por 15 votos a favor, 116 en contra y 50 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 163, 175 y 184, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 134 a 139, 141 a 162, 164 a 174, 176 a 183, 185 y 186, del Grupo Socialista, por 58 votos a favor, 116 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 52505, al artículo 224.3, en relación con las enmienda números 70, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y 140, del Grupo Socialista, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 52585, al artículo 248.2, en relación con la enmienda número 213, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 52504, al artículo 249.2, sobre la base del artículo 125 del Reglamento, por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia la corrección de un error en el texto de la disposición final primera del dictamen.
Se aprueban el artículo único, punto 1, artículo 5.2.a); punto 2, artículo 7; punto 3, artículos 130, 132 y 134; punto 5, artículos 220, apartados 3, 4 y 5, 222, 224, apartados 1, 3, 4, 225, 226, 227, apartados 1, 2, 3, 4 y 6, 228,
apartados 1, 2 y 3, 229, apartados 2 y 3, 230, apartado 2, 231, 232, 233, apartados 1 (excepto letra d) y 3, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243 (excepto letra e), 244, apartados 1, 4 y 5, 246, apartados 1, 3, 5 y 6, 249, 250, 251, 252, 259, apartados
1, 2 y 3, 260, 261 y 262, disposiciones adicionales cuarta, quinta, séptima, octava, novena, duodécima y decimotercera, y disposiciones finales tercera, cuarta y quinta del dictamen por 172 votos a favor y 8 en contra.
Se aprueban el artículo único, punto 3, artículos 131 y 133; punto 4, artículos 156 a) y 157 a); punto 5, artículos 220, apartados 1 y 2, 221, 223 y 224, apartado 2, 227, apartado 5, 228, apartados 4 y 5, 229, apartados 1, 4 y 5, 230,
apartado 1, 233, apartados 1 d) y 2, 236, 237, 238 y 243 letra e), 244, apartados 2 y 3, 245 y 246, apartados 2 y 4, 247, 248, 254 y 259, apartado 4, 263, 265 y 266, disposiciones adicionales primera, sexta, décima y undécima, y disposición
derogatoria del dictamen por 122 votos a favor y 59 en contra.
Se aprueban el artículo único, punto 5, artículos 253, 255, 256, 257, 258 y 264 del dictamen, así como la exposición de motivos, por 123 votos a favor, 9 en contra y 49 abstenciones.
Se aprueba la disposición final segunda del dictamen por 167 votos a favor y 12 en contra.
Se aprueba la disposición final primera del dictamen por 117 votos a favor y 64 en contra.
Se aprueban las disposiciones adicionales segunda y tercera por 116 votos a favor, 15 en contra y 50 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Página 8203)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1 y da por defendida la número 3, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del mismo grupo parlamentario, así como las enmiendas números 79 a 112
de los mencionados señores senadores, y 1 a 14, de Eusko Alkartasuna, al proyecto de ley. El señor Molas i Batllori defiende la propuesta de veto número 2, y da por defendidas las enmiendas números 21 a 53, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El
señor Marín Rite defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista. La señora Bonilla Domínguez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; los señores
Zubia Atxaeandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Bonilla Domínguez, por el Grupo
Popular.
Se rechaza la propuesta de veto 1, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 55 votos a favor, 120 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto 3, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 53 votos a favor, 121 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 53 votos a favor, 123 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto 4, del Grupo Socialista, por 53 votos a favor, 123 en contra y 6 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
Se retiran las enmiendas 15 a 20, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 54 a 78, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Capdevila i Bas defiende las enmiendas
números 146 a 148, 150 a 186 y 188 a 195, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Marin Rite defiende las enmiendas números 113 a 145, del Grupo Socialista. La señora Bonilla Domínguez consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Bonilla Domínguez, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 7 y 9, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 63 votos a favor, 109 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 4 a 6 , 8, 12 y 14, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor, 109 en contra y 50 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 10, 11 y 13, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 111 en contra y 54 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 81, 88, 89, 91, 93, 97, 101 y 110, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 56 votos a favor, 110 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 82, 84, 87, 92, 98, 100, 102, 108 y 109, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 156 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 110 en contra y 56 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 58, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 62 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 63, 65 y 67 a 77, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 57 votos a favor, 110 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 78, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 62 votos a favor y 110 en contra.
Se rechaza la enmienda número 62, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 158 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 160 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 110 en contra y 57 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 110 en contra y 56 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 55, 56, 57 y 59 a 61, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 109 en contra y 49 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 35 y 47, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 61 votos a favor, 108 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 57 votos a favor, 108 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 146, 147, 153, 159, 166, 167, 174, 179, 181, 182, 186 a 189, 191, 193, 194 y 195, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 64 votos a favor, 107 en contra y 1 abstención
Se rechazan las enmiendas números 154 a 158, 160 a 165, 168 a 172, 176, 178, 180, 185, 192 y 196, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 158 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 109 en contra y 49 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 127 y 139, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 108 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 57 votos a favor, 107 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 115 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA OPERACION REALIZADA POR LA COMPAÑIA REPSOL INVESTIGACIONES PETROLIFERAS, S. A. (RIPSA), POR LA QUE
CEDE PARTICIPACIONES A DETERMINADAS EMPRESAS EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACION DE HIDROCARBUROS, DENOMINADOS «CANARIAS-1» A «CANARIAS-9» (680/001149).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas. La pregunta del senador Gibert i Bosch ha sido retirada y la del senador Albistur Marin ha sido aplazada.
Pregunta del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del
Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la valoración del Gobierno en relación con la operación realizada por la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S. A. (RIPSA), por la que se cede participaciones a determinadas
empresas en los permisos de investigación de hidrocarburos, denominados «Canarias-1» a «Canarias-9».
Tiene la palabra el senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro, señorías. El pasado día 10 de abril de 2003 se publicó en el BOE la Orden de Economía número 845 sobre el contrato de cesión por la que Repsol
Investigaciones Petrolíferas, S. A., cede a Woodside Energy Iberia, S.A y RWE Dea AG sendas participaciones en los permisos de investigaciones de hidrocarburo «Canarias-1» a «Canarias-9».
Los permisos se sitúan en el océano Atlántico, frente a las
costas de Lanzarote y Fuerteventura, y se autoriza, mediante dicha orden del Ministerio de Economía, el contrato de cesión por el cual Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., cede un 30 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente, a las
empresas antes citadas, al parecer de nacionalidad australiana y alemana.
La cesión se hace en virtud del artículo 11 de la vigente Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, por la que el operador del servicio sigue siendo Repsol. Las nuevas
compañías titulares están obligadas a los mismos requisitos y estipulaciones que la empresa concesionaria primitiva y también se ha considerado acreditada la competencia técnica y económica de las empresas. Por ello, le pregunto sobre la valoración
que hace el Gobierno en relación con la operación realizada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo y ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, desde el 4 de abril de 2001 he tenido ocasión de informar a la Cámara sobre
esta cuestión en varias ocasiones con motivo de las preguntas formuladas al respecto por usted, por lo que entiendo que su señoría demuestra gran interés.
Como conoce su señoría, el 21 de diciembre del año 2001 se otorgaron a la empresa Repsol los
permisos de investigación de hidrocarburos «Canarias-1» a «Canarias-9» situados frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, siguiendo lo estipulado en la Ley de 1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y del Reglamento
del año 1976.
Estos permisos otorgan en un área determinada unos derechos en exclusiva durante un período de seis años para realizar actividades de investigación de hidrocarburos de acuerdo con un determinado programa de trabajos que se incluye
--y, por lo tanto, es público-- en los reales decretos.
También sabe su señoría que entre estos trabajos figura una campaña sísmica de reconocimiento geofísico, en dos dimensiones, del subsuelo marino cuya ejecución fue autorizada en la resolución
de 7 de febrero de este mismo año por la Dirección General de Política Energética y de Minas.
Tanto del decreto como de la resolución ha tenido, como no podía ser de otra manera, conocimiento el gobierno de Canarias y también esta misma Cámara
cuando me lo ha solicitado, que ha sido normalmente a preguntas de su señoría.
Su señoría plantea la cesión de participaciones a empresas distintas de la filial de Repsol. El artículo 11 de la Ley del Sector de Hidrocarburos contempla la
posibilidad de transmisión total o parcial de los permisos por titulares de los mismos y estas transmisiones deben ser autorizadas por la administración competente. En una Orden de 21 de marzo de este año, que se publicó el 10 de abril de este año,
se autorizó la cesión de participaciones de la filial del Repsol en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1» a «Canarias-9» a Woodside y RWE Dea, tramitándose el expediente de acuerdo con lo establecido en la citada
ley de 1998.
Por lo tanto, el operador de los permisos continúa siendo la filial de Repsol, lo que significa que es la responsable de todas las actuaciones ante la administración y la titularidad ha sido la que ha mencionado su señoría, 50 por
ciento para Repsol, 30 por ciento para Woodside y 20 por ciento para RWE.
Dado que en la normativa vigente está prevista la posibilidad de transmisión total o parcial de los permisos de investigación de hidrocarburos, la actuación del Ministerio
de Economía se ha limitado a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la legislación sin que haya ningún tipo de decisión discrecional.
En todo caso, es importante recordar que todo el proceso debe realizarse con las garantías que
requiere la protección de los recursos marinos vivos y en general el respeto a la conservación del medio ambiente, tal y como lo establece la normativa vigente y el Gobierno está velando por ello.
Durante la tramitación del expediente
administrativo, el Ministerio de Economía ha actuado coordinadamente con otros departamentos ministeriales con competencia en la materia y en ese sentido tenemos informes favorables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor ministro.
Ha sido para mí una sorpresa que no me haya contestado a cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre esta cesión. Además, está pendiente la prestación de los resguardos acreditativos sin
explicitar la cuantía que tienen que ingresar en caja.
También quisiera preguntarle qué información tiene el Gobierno sobre la marcha de los estudios de investigación. Reitero el deseo de conocer cuál es la valoración del Gobierno, si es positiva,
neutral o negativa de esta cesión que ha realizado Repsol.
Muchas gracias, señor ministro y señor presidente. (El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, De Rato y Figaredo, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor ministro, ha consumido exactamente un minuto más del concedido en este turno. En lugar de 3 minutos ha empleado exactamente 3 minutos 42 segundos y no procede un nuevo turno de palabra.
--DE DON DEMETRIO MADRID LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LAS GRAVISIMAS CARENCIAS EN MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS QUE PADECE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA PROVINCIA
DE ZAMORA (680/001159).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Demetrio Madrid López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar las gravísimas carencias en medios materiales y humanos que
padece la Administración de Justicia en la provincia de Zamora.
Tiene la palabra el senador Madrid López.
El señor MADRID LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiero que mi intervención, aunque crítica, sea constructiva, porque estamos hablando de un servicio público que afecta a los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Las carencias funcionales en relación con los medios materiales y humanos que padece la Administración de Justicia son una muestra más del desinterés del Gobierno por la provincia de Zamora.
La situación de los juzgados de Toro, Puebla
de Sanabria y Villalpando es un mal endémico, como dicen los propios profesionales, y hay quien lo considera como irreparable. En el resto de los juzgados, el propio ministerio público denuncia las miserias y reprobables condiciones de trabajo que
deben sufrir cada día todo el personal. Los funcionarios no caben en los despachos; las carencias en los juzgados se trasladan a la fiscalía de menores, donde falta personal; un único despacho compartido imposibilita que puedan ser tomadas
simultáneamente varias declaraciones.
La secretaría es un despacho de poco más de 10 metros, claramente insuficiente para que todo el personal pueda compartir una mesa. Por otro lado, los despachos están separados por dos pisos y, lo que es peor,
la sección de menores y equipo técnico están en edificios diferentes, a 15 minutos, lo que dificulta la comunicación produciendo importantes disfunciones.
Hay que destacar la necesidad de un juzgado de familia, teniendo en cuenta la saturación y el
colapso de los cinco juzgados de primera instancia. Asimismo, sería preciso dotar de un segundo juzgado de lo penal, dada las dilaciones de los procedimientos una vez concluida la fase de instrucción.
En relación a las instalaciones, si bien se
han realizado determinadas reformas, sería necesario habilitar nuevos despachos. Es imprescindible la existencia de una biblioteca. En estos momentos la existente está cerrada y los libros se amontonan, de manera que es imposible su acceso y
utilización.
Asimismo, es necesario agrupar todos los juzgados existentes en la ciudad; tanto el juzgado de menores como el de lo social se encuentran a bastante distancia del edificio principal. Hay que destacar especialmente el estado y aspecto
del juzgado de lo social --juzgado decano por cierto--, que está instalado en un edificio antiguo y nada funcional, concretamente en un piso, de manera que los días que hay vista las personas que se hacinan en el pasillo dificultan el tránsito y
acceso a los demás despachos --mejor decir habitaciones-- de dicha vivienda en la que se ubican las oficinas.
Es un hecho público, que ha producido escándalo, la falta de jueces titulares en Zamora. Hay que reconocer que actualmente se han venido
incorporando titulares, pero han pasado años hasta que determinados juzgados se han provisto de los mismos. En bastantes ocasiones ha habido jueces interinos que han tenido a su cargo dos juzgados a la vez, naturalmente con el consiguiente
perjuicio para los ciudadanos.
Sabe usted, señor ministro, que sin los medios necesarios no es posible una buena administración de justicia y que una justicia no diligente no es justa ni se corresponde con una sociedad avanzada. Espero, señor ministro, no me considere un
insubordinado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señor senador, tanto por el tono de sus palabras como por su crítica a la carencia de medios desde hace tantísimos años en Zamora.
Tan es
consciente este Gobierno y el Ministerio de Justicia de esa carencia de medios que precisamente es en estos años cuando en Zamora la Justicia está incorporándose al proceso de modernización, de más medios y de más órganos que eran tan necesarios
para una justicia ágil y eficiente al servicio de los ciudadanos de Zamora.
Señoría, en estos años, por primera vez, todos los titulares de plazas de juez y de magistrado van a ser profesionales, y lo van a ser en Zamora a partir del 12 de mayo de
este año y en toda Castilla y León.
Fíjese usted señoría --y usted lo ha descrito con palabras mejores que las mías-- lo difícil que es que haya una justicia ágil y de calidad cuando, tan sólo hace 14 meses, 22 plazas de jueces y magistrados
estaban cubiertas por jueces que no eran profesionales, cosa que no sucede en Hacienda, donde no hay un inspector que no sea un profesional, no sucede en la Sanidad, donde no hay un cirujano que no sea un profesional; ocurría desde hacía muchísimos
años en Zamora y en Castilla y León y va a dejar de suceder este 12 de mayo.
Se ha construido el Palacio de Justicia de Zamora y todos los ciudadanos de Zamora saben que es un orgullo para la ciudad la reconstrucción que se ha hecho en un edificio
modélico y un ejemplo no sólo de conservar lo histórico sino de hacer una apuesta por modernizar la Justicia. Pero hay a su vez cinco obras más en marcha en la provincia de Zamora: la reforma del edificio judicial de Toro; la reforma del edificio
judicial de Benavente; la reforma --que le anuncio ya que costará 850.000 euros-- del Palacio de Justicia de Zamora, que ampliará en 600 metros cuadrados las dependencias y hará frente a la ampliación de la planta judicial; las reformas para
adecuar el conjunto Viriato y también el nuevo edificio de juzgados de Villalpando.
Señoría, todas estas reformas van acompañadas de más órganos judiciales.
En los últimos años en Castilla y León y singularmente en Zamora se ha hecho un esfuerzo
que multiplica por cinco la creación de órganos judiciales y por infinito la creación de fiscales, en la medida en que se han creado 37 nuevas fiscalías frente a cero que se crearon en los cinco años anteriores. Finalmente, estos datos han
permitido algo importante para los ciudadanos, y es que por primera vez en Zamora se resuelven más asuntos de los que entran. Nuestra justicia está poniendo el reloj en hora: en materia penal entraron 12.900 asuntos y se resolvieron 13.500.
Cierto es que hay que seguir mejorando, es cierto que hay que seguir dando medios, personal y órganos, pero también lo es que ha sido precisamente en estos años cuando se ha hecho con decisión un esfuerzo para tener en Zamora la justicia que se
merecen los ciudadanos. Le agradezco su interés para que vayamos todos, sin colores políticos, en esa misma dirección porque la justicia es algo en lo que todos tenemos que estar implicados para hacer de ella un mejor servicio, más ágil y más
rápido para los ciudadanos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA MANERA EN QUE SE HA ARTICULADO LA COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA EFECTIVA IMPLANTACION DE LOS JUICIOS RAPIDOS
(680/001164).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Pedro Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la manera en que se ha articulado la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas para
la efectiva implantación de los juicios rápidos.
Tiene la palabra el senador Agramunt Font de Mora.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, como usted sabe y conoce perfectamente, uno de los graves problemas que ha tenido siempre la administración de la cosa pública ha sido la lentitud de la
justicia --se dice que la justicia lenta es muy injusta, naturalmente--. En razón de ello el pasado lunes, el día 28 de abril, anteayer --por lo tanto no puede ser más inmediata la pregunta sobre la cuestión--, se pusieron en marcha los juicios
rápidos, que constituyen un paso decisivo para lograr una justicia ágil y eficaz y son pieza clave del proceso de modernización de nuestra justicia.
La labor del ministerio en este caso --como sucede con la inmensa mayoría de las cuestiones hoy en
España-- tiene relación con los traspasos de transferencias a las comunidades autónomas. Concretamente ocho comunidades autónomas --Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra y Madrid-- tienen los traspasos en
materia de Administración de justicia por acuerdo aprobado con el voto favorable de siete de los Gobiernos y la abstención del Gobierno vasco por una razón de competencias. Esto se produjo el día 29 de octubre de 2002.
Hasta donde yo alcanzo por
razón de vecindad y nacimiento --soy senador por la provincia de Valencia, soy de la Comunidad Valenciana--, me consta el magnífico éxito que está teniendo esta implantación de los juicios rápidos
en la Comunidad Valenciana. No sé si sucederá lo mismo en otras comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana se ha producido una extraordinaria colaboración con todas las autoridades concernidas en la cuestión,
especialmente la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
Y en relación con todo ello, por ser muy importante esta colaboración entre Estado y comunidades autónomas, le pregunto, señor ministro, cómo se ha articulado la colaboración entre el
Gobierno y las comunidades autónomas para la efectiva implantación de los juicios rápidos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, el Gobierno, los grupos parlamentarios, esta misma Cámara, decidieron que España no podía resignarse a vivir
condenada a perpetuidad a tener una exasperante lentitud en su justicia penal. Por eso esta Cámara, sin ningún voto en contra, aprobó una Ley de juicios rápidos. Esa Ley de juicios rápidos --que fue aprobada también sin ningún voto en contra en el
Congreso de los Diputados-- es una ley excepcional en la medida en que por unanimidad hemos puesto en marcha un nuevo modelo de justicia penal. Ese nuevo modelo ha costado 30 meses de trabajo para su desarrollo, diseño e implantación, y se ha hecho
en colaboración con las comunidades autónomas, colaboración que he venido agradeciendo y que hoy me dan ustedes la oportunidad de volver a agradecer.
El lunes empezaron los juicios rápidos como un servicio más ágil a los ciudadanos en materia de
justicia, como un instrumento para que la víctima se sienta inmediatamente protegida y tutelada de manera eficaz por el Estado de Derecho y como un instrumento para perseguir con más eficacia desde el Derecho el delito y al delincuente. Empezaron a
funcionar con normalidad en las comunidades autónomas gracias a la colaboración de prácticamente todo el mundo, y eso permite que hoy, a las 72 horas de entrar en funcionamiento la Ley de juicios rápidos, se puedan celebrar en España 191 juicios
relativos a hechos delictivos cometidos anteayer. Algunos de estos juicios son por violencia doméstica; desde luego, la agredida por violencia doméstica hace tan solo 48 horas que hoy sepa que hay una sentencia de condena al agresor que impida la
reiteración de la agresión sin duda le va a hacer sentirse --como quería esta Cámara-- mejor tutelada por nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda que esos juicios que se van a celebrar en estos días en Madrid de tres robos con fuerza, tres
sustracciones de vehículos, un robo con violencia, dos hurtos, cuatro hurtos flagrantes y delitos de violencia doméstica son casos en los que las víctimas se van a sentir mejor amparadas por el Estado de Derecho. Y para eso todas las comunidades
autónomas, sin colores políticos, han coordinado sus esfuerzos para trabajar en la misma dirección.
Después de muchas reuniones de la Comisión de implantación de juicios rápidos fue posible llegar el 20 de marzo a un acuerdo para crear el protocolo
de la misma manera después de haber analizado las necesidades en cada comunidad autónoma. Se hizo compartiendo ese esfuerzo el Ministerio de Justicia, las consejerías de justicia de las ocho comunidades, los presidentes de tribunales superiores,
los decanos, los fiscales, los colegios de abogados, todos juntos tirando de la justicia en la misma dirección para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Eso permitió también que las comunidades autónomas participaran en el reglamento que
elaboró el Consejo General del Poder Judicial y que fue aprobado el 26 de febrero; que las comunidades autónomas fueran oídas en el protocolo de la policía judicial, ese esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Interior...
--DE DON JUAN CARLOS LAGARES FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL PROTOCOLO DE IMPLANTACION DE LOS JUICIOS RAPIDOS RECIENTEMENTE APROBADO (680/001165).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Pregunta del excelentísimo señor don Juan Carlos Lagares Flores, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, formulada por don José Blas Fernández, sobre el Protocolo de implantación
de los juicios rápidos recientemente aprobado.
Tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, al hilo de la pregunta que le acaba de realizar mi compañero de filas y también senador por el Partido Popular, y pese a las muchas dificultades
que ha tenido el Ministerio de Justicia y el resto de las Administraciones públicas implicadas en este asunto tras la puesta en práctica de los juicios rápidos, nuestro grupo desea conocer en qué consiste el Protocolo de implantación de los juicios
rápidos recientemente aprobado. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Como bien dijo el ministro en la anterior pregunta, es trascendental para todos y están implicados todos los agentes del mundo de la justicia.
Señor
ministro, estamos convencidos de que nos dará una respuesta acertada a lo que se le pregunta, ya que es importante que este Protocolo de implantación, en el que están implicadas muchas Administraciones, se conozca porque, efectivamente, fue aprobado
con el consenso de las Cámaras y de todos los agentes implicados en esta cuestión.
Por ello, señor ministro, si la Presidencia acepta mi pregunta, se la formulo en los términos que acabo de describirle.
Muchas gracias. (El señor Laborda Martín:
¡Muy bien, muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, el profundo cambio en la cultura judicial penal que se produce esta semana gracias a una decisión del Senado y del
Congreso de la nación con ningún voto en contra de sus señorías supone un profundo y beneficioso cambio para los ciudadanos.
El Protocolo de implantación ha sido un esfuerzo común, compartido y conjunto de todos los que trabajan en cada una de las
distintas instituciones de la administración de justicia. Ese protocolo ha sido aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas: las gobernadas por el Partido Popular, que son muchas; la gobernada por el Partido Socialista, la
Comunidad de Andalucía; la gobernada por Convergència i Unió, la de Cataluña; la gobernada por el Partido Nacionalista Vasco; la gobernada por Coalición Canaria y la gobernada por Unión del Pueblo Navarro. Ha colaborado también activamente la
fiscalía general del Estado y el jefe de inspección, el señor Martínez Zato, cuyos servicios han realizado un meritorio y excelente trabajo para hacer que la fiscalía tenga los medios oportunos para prestar este servicio a los ciudadanos. Han
colaborado también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las de aquellas comunidades autónomas que las tienen.
El protocolo tres ejes: en primer lugar, coordinar por primera vez, mediante una red informática integrada contra la
delincuencia, 2.100 comandancias de la Guardia Civil; 460 comisarías; 1.283 órganos judiciales penales, 243 de los cuales se han creado cuando se puso en marcha la elaboración de esta ley; 70 fiscalías y 82 colegios de abogados.
En segundo
lugar, esa interconexión está permitiendo una agilización en la asistencia a la víctima y en la realización de los juicios. Supone la agilización del trabajo de jueces y fiscales, de tal manera que aunque se han duplicado las guardias y se han
multiplicado por cuatro los recursos de las fiscalías, también podemos decir --como decían ayer presidentes de tribunales, decanos y fiscales-- que con los mismos medios se va a poder hacer mucho más trabajo con mucha más agilidad y calidad.
En
tercer lugar, supone ese protocolo de implantación cambiar el papel del juez de guardia. Ya no va a ser un órgano que pida informes a todos, que van llegando en plazos sucesivos hasta poner una sentencia después de 16, 18 ó 20 meses, sino que va a
ser un órgano que recibe la información de todos esos centros --de la policía, del forense, de los peritos, del ministerio fiscal-- en un tiempo muy breve, en un tiempo que permiten las nuevas tecnologías agilizar, para con eso tomar una decisión,
poner una sentencia, tutelar los derechos de las víctimas y aplicar el Estado de Derecho con todas las garantías. No hay mayor garantía para un acusado que saber que no está cuatro años en la cárcel esperando a que se le diga si se le condena o se
le absuelve. Por eso, una justicia penal más ágil deviene en beneficio de la lucha contra el delito y también es una garantía para el acusado, que sabe que no tendrá que estar indefinidamente esperando una sentencia y también que va a ser defendido
por el mismo abogado en la declaración que en el proceso judicial. De ahí que sea un proceso que esta Cámara... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO A CORTO PLAZO PARA INCREMENTAR LAS TAREAS DE CONTROL DE LA LLEGADA DE INMIGRANTES IRREGULARES A
BORDO DE PATERAS A LAS COSTAS DE LAS ISLAS ORIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (680/001148).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, formulada por don Victoriano Ríos Pérez, sobre los proyectos previstos por el Gobierno a corto plazo para
incrementar las tareas de control de la llegada de inmigrantes irregulares a bordo de pateras a las costas de las islas orientales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palabra el senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, reitero una vez más un tema conocido por usted y por nosotros en relación con la situación actual de las pateras en la parte este de Canarias. En noviembre de 2002, se
decidió en Bruselas aplicar el Plan Ulises para las costas canarias. A últimos de marzo, principios de abril, usted mismo aseguró que iría a Canarias en el mes de abril para presentar el proyecto. Pero el día 8 de abril se confirmó que el Plan
Ulises se había suspendido.
En estos momentos existe, como se sabe, un aumento de la inmigración. Ya no se detectan ni pateras, sino que aparecen por las carreteras y por los pueblos de Fuerteventura preferentemente grupos de inmigrantes que
muchísimas veces hasta se entregan directamente a la policía porque tienen hambre. Esta es una situación que no puede continuar indefinidamente, por lo que se le pregunta --y como el sistema integral de vigilancia exterior, SIVE, tampoco ha
funcionado con continuidad-- qué proyectos tiene el Gobierno a corto y medio plazo para incrementar esta tarea de control de llegada de inmigrantes irregulares.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señoría, ya conoce, porque lo hemos debatido en distintas ocasiones en esta Cámara, que la lucha contra la inmigración ilegal es un objetivo prioritario del
Gobierno, como lo es para el resto de países de la Unión Europea. La Unión Europea está trabajando en su conjunto para establecer los mecanismos más eficaces de protección y de control de las fronteras.
Para ello, hace una recomendación en un
momento determinado para que los distintos países realicen pruebas para enriquecer el debate y tomar las decisiones más ajustadas y rigurosas respecto al control de fronteras en los distintos ámbitos, sean fronteras exteriores marítimas, sean
terrestres, sean aeroportuarias y España elige hacer una prueba piloto con el denominado proyecto Ulises.
Por consiguiente, el proyecto Ulises, para no equivocar a nadie, es una prueba de cómo se puede tener una colaboración internacional para el
control de las fronteras vías marítima y esto, efectivamente, como su señoría conoce, lo realizamos en el Mediterráneo, en la primera fase, durante los días 25 de enero a 8 de febrero de 2003, lo cual nos dio una información muy importante, que
vamos a poder aportar sobre las medidas necesarias para realizar una protección conjunta de fronteras.
Hay una segunda fase, que se iba a desarrollar en la zona de Canarias y que estaba prevista durante el mes de abril. Pero no hay que olvidar
--además lo conoce su señoría-- la situación del conflicto bélico de Iraq, dado que algunos de los países que tienen encomendada la protección de fronteras marítimas lo realizan a través de la armada, lo que aconsejó aplazar la realización de esta
prueba, que pondremos en marcha en el futuro. Por tanto, seguimos con la misma intensidad, con el mismo trabajo, que está protagonizando España en esas pruebas, para llegar al final a una policía de fronteras y a una protección conjunta.
Respecto
al segundo de los aspectos que me plantea, el sistema integrado de vigilancia exterior en Canarias, seguimos trabajando en el mismo de manera muy intensa. Durante este año vamos a gastar la cantidad de un millón y medio de euros en Canarias;
estamos reforzando el SIVE en las islas de Lanzarote y Fuerteventura con tres unidades de vigilancia y estamos poniendo en marcha las tres estaciones fijas, que irán desarrollándose a lo largo del año, y el centro de mando y control, que se ubicará
en las instalaciones del puerto del Rosario. El SIVE es un sistema para el control de esas fronteras exteriores, para detectar las pateras, que sirve para proteger y salvar vidas humanas y detener a los pateristas, y estamos desarrollando con toda
intensidad, pero también con todo rigor y seriedad su implantación en las Islas Canarias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor ministro.
Usted sabe perfectamente que en estos momentos es más el deseo que la realidad. Empieza a tenerse certeza de que existen barcos nodriza. Ayer, por ejemplo, en una reunión entre el señor
delegado del Gobierno y el ministro del Interior marroquí se dudó del concepto de embarcación en relación con las pateras. Había un acuerdo del año 1992 según el cual en el caso de que llegaran en embarcaciones inmigrantes ilegales y el patrón
fuera marroquí tuvieran la obligación de reasumirlos y ahora están planteando que la palabra embarcación no afecta a las pateras.
Señor ministro, ha llegado el momento de adoptar unas decisiones mucho más importantes de las que ahora se han tomado
con mayor actuación policial, con mayores medios, porque lo que no es posible es que se esté prácticamente en una situación en la que los pueblos de Fuerteventura se despierten por la mañana no ya con barcos o pateras llegando al puerto, sino con
una situación incontrolada. Las pateras llegan a la costa con toda tranquilidad, dejan su carga humana y se marchan ante el desconocimiento de las autoridades policiales. Por lo tanto, señor ministro, es necesario actuar, actuar y actuar y dar
medios y personal.
Muchas gracias, señor ministro y señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 17 DE ABRIL DE 2003 EN LA ESTACION DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE HUELVA
(680/001170).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para esclarecer los hechos ocurridos el día 17 de abril de 2003 en la
estación de autobuses de la ciudad de Huelva.
Tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el día 17 de abril acontecieron unos hechos en Huelva en los que cinco encapuchados propinaron una paliza a tres personas, ciudadanos marroquíes; uno de ellos
murió y dos quedaron gravemente heridos. Queremos saber, señor ministro, la investigación que se está realizando por parte de su Gobierno para el esclarecimiento de estos hechos, para conocer los posibles grupos organizados o mafias que haya detrás
de todos estos acontecimientos, porque nos parece una obligación de su Gobierno, así como la depuración de responsabilidades.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Senador Cabrero, en primer lugar quiero lamentar este grave incidente que acabó con la vida de un ciudadano de nacionalidad marroquí, como lamentamos
cualquier hecho delictivo, máxime cuando atenta contra la integridad y la vida de las personas.
Dicho esto, quiero asegurar a su señoría que desde el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación del Gobierno
en Huelva, y por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se tomaron desde el primer momento todas las medidas, se pusieron todos los medios personales y materiales para llevar a cabo la investigación
que procediese a la detención y puesta a disposición judicial de los responsables de estos hechos.
Esta es una investigación compleja, por distintas cuestiones que además sé que su señoría conoce, incluso con versiones contradictorias que en un
primer momento se dieron sobre los hechos, pero lo que le puedo decir en este momento --y usted comprenderá la discreción necesaria en una investigación policial que en la actualidad se encuentra abierta-- es que está avanzando de manera positiva, y
confío en que en muy pocos días podamos obtener unos resultados que nos lleven a la detención de los responsables y su puesta a disposición judicial, para que, tras la sentencia necesaria, cumplan en su caso la condena que el juez les imponga.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, es obligación de su Gobierno poner en marcha políticas para evitar estas situaciones, porque vulneran los derechos humanos y la integridad de las personas;
además dificultan la posibilidad de integración de los inmigrantes en nuestro país, y tenemos la sospecha de que también pueda haber grupos organizados, porque que aparezcan cinco personas encapuchadas y propinen esa paliza, lleven a cabo esa
actuación vandálica y criminal a otras personas, creemos que obedece a algo más que a un hecho improvisado.
¿Cuál es la actuación que su Gobierno está llevando a cabo, que impida la existencia de estos grupos peligrosos que atentan contra los
derechos humanos? Señor ministro, ¿existen mafias que están traficando con inmigrantes y que pueden estar detrás de estas actuaciones?, ¿cuál es el nivel de colaboración de su Gobierno con el Gobierno del Reino de Marruecos para, efectivamente,
impedir que se den este tipo de circunstancias: muertes en el Estrecho, falta de integración en nuestro país; esa colaboración necesaria para el control de las mafias que impida su existencia? Señor ministro, estamos dando una imagen
absolutamente involucionista en lo que se refiere a derechos de los inmigrantes. Desde nuestro punto de vista es necesario que se deje esa pasividad, ese mirar a otro lado cuando suceden acontecimientos de tanta gravedad. Queremos hechos concretos
que indiquen que casos tan extremadamente graves como éstos no se vuelvan a repetir.
Es responsabilidad de su Gobierno impedir todos estos acontecimientos, porque son ustedes quienes tienen que prevenirlos. Está fracasando la política de
inmigración de su Gobierno, señor ministro. Es el momento de ponerse en marcha, de colaborar con colectivos sociales, con sindicatos, con los gobiernos autonómicos, con organizaciones que tienen que ver con los inmigrantes para entrar a fondo en
los problemas que hoy padece el mundo de la inmigración: muertes, fallecimientos, etcétera. Creo que es el momento de hacer una gran apuesta por los derechos humanos, y su Gobierno, señor ministro, está fracasando en esta materia, por lo que se
hace necesario dar un giro más radical para defender los derechos humanos de los inmigrantes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno ha asumido toda su responsabilidad y tiene muy clara cuál es la política que está llevando a cabo en materia de inmigración:
generosidad con la inmigración legal y mucha firmeza con la inmigración ilegal y con las mafias que trafican con seres humanos. Por eso durante el año pasado el número de detenciones de miembros de organizaciones criminales que trafican con seres
humanos fue el más alto de la historia de España, su puesta a disposición judicial, también el incremento de las penas que el Gobierno ya ha aprobado para los que trafican con seres humanos, y espero contar con el voto de su señoría --porque de
momento su grupo no lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados-- para penar con mayor gravedad a los que trafican con seres humanos, y también ser muy firmes en impedir la inmigración ilegal. Yo creo que la mayor diferencia entre nuestros dos
grupos y entre las dos posiciones que usted y yo mantenemos se encuentra en que su grupo ha venido defendiendo «papeles para todos»; da igual que las mafias que trafican con seres humanos traigan inmigrantes ilegales a España, porque la posición de
su señoría es que deben de quedarse aquí, y por tanto estamos dando la razón a los que trafican con seres humanos.
El Gobierno opina que la única garantía de convivencia es hacerlo conforme a la ley, y estamos dispuestos a recibir con generosidad y
a integrar a todos los inmigrantes que quieran venir a España, pero conforme a la legislación vigente, y no traficados por seres humanos que desprecian su vida, su integridad y los derechos esenciales. Esa es la gran diferencia entre su grupo y el
nuestro: usted cree que todos deben de quedarse en España, eso es lo que significa para usted derechos, y eso es dar la razón a las mafias que trafican con seres humanos y obtienen un gran lucro de ello. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS REPRESENTANTES NOMBRADOS POR EL GOBIERNO NO ASISTIERON A LA REUNION DEL CONSORCIO PARA LA PROTECCION
INTEGRAL DEL DELTA DEL EBRO, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2003 (680/001152).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que los representantes nombrados por el Gobierno no asistieron a la
reunión del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, celebrada el 24 de abril de 2003.
Tiene la palabra el senador Beguer i Oliveres.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el presidente del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro convocó la comisión ejecutiva el día 24, para estudiar los documentos presentados por
la UTE Delta del Ebro, de acuerdo con lo previsto en el contrato de adjudicación del plan integral. El día 2 de abril vencía el plazo de presentación del estudio, y el consorcio disponía de un plazo de 30 días, que termina el 2 de mayo, para
proceder a su revisión. Los representantes del Gobierno central no se presentaron a la reunión, ¿por qué?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la convocatoria del comité ejecutivo, en su punto 4, para el día 24, decía: Debate y toma en consideración del redactado del Plan Integral
del Delta del Ebro, y aprobación inicial, en su caso. Ese redactado no estaba finalizado y, por tanto, no podía ser debatido en todo o en cualesquiera de sus partes, tal y como proponía la convocatoria del presidente del consorcio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Beguer, en turno de réplica.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el redactado estaba en borrador y los plazos se habían de cumplir, lo que ocurrió fue que el Gobierno quiso boicotear la reunión. ¿Por qué? Para que no se
aprobase el plan; la reunión no se realizó por falta de quórum, y así este plan que propone para el Ebro un caudal ecológico de 135 metros cúbicos por segundo, muy superior a los 100 que señala el PHN, de momento quedó parado.
Pero, señora
ministra, defender 135 metros cúbicos por segundo, tal como prevé el plan integral, no es ninguna postura electoralista; dígaselo a su secretario de Estado. Convergència i Unió ya señaló en noviembre del año 2000 que entendía que ese era el caudal
ecológico, y no había elecciones a la vista; Convergència i Unió ya introdujo hace dos años una serie de enmiendas al PHN, y por la disposición adicional décima se constituía el consorcio que dictaminaría cuál sería el caudal ecológico, sin
elecciones a la vista. Y ahora, cuando los estudios señalan que son 135 metros cúbicos por segundo, coincidentes con lo que afirma el catedrático Narcís Prat para detener la cuña salina de Deltebre, lo que implicaría una sustancial reducción del
trasvase, el Gobierno quiere esconderse e ignorar que las leyes están para cumplirse. El PHN no es ni puede ser un paseo militar, señora ministra, ni se aprueba su contenido por las razones impublicables que arguyó un compañero suyo.
El PHN es una
ley que se resume en dos conceptos, solidaridad y sostenibilidad y, por lo tanto, no podrán hacerse extracciones excesivas ni en la misma cuenca ni hacia otras si no se garantiza el caudal ecológico, tal y señala la ley.
Está claro que el Gobierno
quiere impedir la aprobación del plan para la protección integral del Delta del Ebro, pero mientras no se apruebe ese plan no habrá trasvase, señora ministra y, cuando se apruebe, será mucho menor de los 1.050 hectómetros cúbicos que señala el PHN.
Insisto, las leyes están para cumplirse y la defensa del Ebro que Convergència i Unió introdujo con sus enmiendas al PHN, también, porque también son ley. El trasvase se habrá de reducir al mínimo, señora ministra, aunque le cueste asumirlo, y el
Gobierno ha de sumarse a las conclusiones del plan y cumplir íntegramente la ley que aprobó.
Será mejor hacerlo mediante el diálogo que con paseos militares, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias, señor presidente.
Señoría, me va a permitir que le lea dos documentos: el primero, el que dirigió José Vicente Lacasa Azlor, miembro de la comisión ejecutiva, al presidente
del consorcio, el mismo día 16 de abril al recibir la convocatoria: Presidente, habiendo tenido conocimiento de que los trabajos preparatorios del borrador del plan integral todavía no han finalizado, y habiendo recibido la convocatoria para
debatir el mencionado plan el próximo día 24 de abril, en comisión ejecutiva, tengo la obligación de comunicarle la voluntad de no interferir, en ningún caso, en los trabajos de los técnicos que por encargo de la comisión ejecutiva redactan el PIDE.
En este sentido, le comunicamos la decisión firme de no asistir a ningún órgano colegiado del consorcio que pretenda tomar decisiones adelantadas a las conclusiones técnicas del equipo redactor; sin embargo, esto no excluye asistir a cualquier
órgano que tenga por
objeto tomar las decisiones necesarias para el normal funcionamiento del consorcio.
Ese mismo día, el director del consorcio le decía al presidente --y espero que me perdone si cometo algún error porque tengo que traducir del catalán--: En
relación con ese punto, tengo la obligación de informarle que, en el día de hoy, los trabajos de preparación del borrador todavía no han finalizado y, por lo tanto, es materialmente imposible someterlo a debate y puesta en consideración de la
comisión ejecutiva.
Por tanto, señoría, no se trata de una cuestión de un determinado partido político ni de ningún Gobierno, es una cuestión técnica que será aprobada cuando el plan esté redactado por el equipo de especialistas y suscrito por su
director.
Los técnicos están estudiando todavía algunas cuestiones importantes, como la recuperación de los sedimentos, el impacto en el sector turístico, el modelo agronómico y también el régimen hídrico del río Ebro en el Delta, del cual forma
parte el caudal ecológico en su tramo final.
El caudal ecológico no es, señoría, el pilar angular del plan integral, como intentan trasladar a la opinión pública; el caudal ecológico es una pieza más de un conjunto de medidas encaminadas a
proteger este valioso ecosistema natural.
Dejen a los técnicos que valoren cuál es la mejor situación ambiental para el Delta del Ebro y no intenten crear debates estériles. El caudal ecológico de 100 metros cúbicos por segundo no lo fijó el
Gobierno ni la Ley del Plan Hidrológico Nacional; el caudal actual fue fijado por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro en febrero de 1996, cuando todavía no gobernaba el Partido Popular.
El plan hidrológico, como usted dice, es una ley
aprobada por este Parlamento y todos estamos obligados a cumplir las leyes. Desde luego, como ministra de Medio Ambiente, la protección del Delta del Ebro será prioritaria para mi departamento y el Plan Hidrológico Nacional se va a realizar en los
términos aprobados en estas Cámaras, en el año 2001.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE DON RAMON ALEU I JORNET Y DOÑA MONTSERRAT DUCH PLANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE REALIZAR ALGUNA GESTION PARA QUE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS APLIQUEN LA CLAUSULA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 2200/1996 DEL CONSEJO, DE 28 DE OCTUBRE DE 1996, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS (OCM) EN EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS (680/001150).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de los excelentísimos señores don Ramón Aleu i Jornet y doña Montserrat Duch Plana, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno de realizar alguna gestión para que las
autoridades comunitarias apliquen la cláusula establecida en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 2200/1996 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de las frutas y hortalizas.
Tiene la palabra el senador Aleu i Jornet.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, son conocidos los problemas del sector de la avellana, que tuvieron un cierto respiro en el momento en que se firmaron unos acuerdos con Turquía con el fin de que ese país
importase a la Comunidad Europea, partiendo de unas condiciones que estaban más o menos pactadas.
A partir de 2001, Turquía manifestó la dificultad para seguir cumpliendo este acuerdo y, a petición del sector y del Gobierno de la Generalitat, la
comisión delegada del Gobierno español pidió la aplicación de la clausula de salvaguarda.
El Gobierno comunitario contestó pidiendo mayor información, que fue enviada en diciembre de 2002 pero, a pesar de todo, no se ha tomado ninguna decisión y
ese es el motivo de la pregunta sobre si el Gobierno piensa realizar alguna gestión más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno está realizando todas las gestiones oportunas ante las instituciones comunitarias para poner en marcha el mecanismo de la
cláusula de salvaguarda.
Como bien ha manifestado su señoría al formular la pregunta, para asegurar la viabilidad del sector, y ante las demandas del mismo, en junio del pasado año me dirigí al secretario general de Comercio Exterior para
informarle de esta situación y para que se iniciaran, desde la Secretaría de Estado de Comercio, todas las gestiones oportunas ante la Unión Europea para solicitar la puesta en marcha de la cláusula de salvaguarda, prevista en la reglamentación
comunitaria.
En agosto pasado, se remitió a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno solicitud formal de autorización para remitir a la Unión Europea la petición de la cláusula de salvaguarda y, el propio secretario general de
Comercio Exterior anticipó al director general de Comercio de la Unión Europea la petición española, recabando su apoyo a esta propuesta.
En septiembre, la Comisión Delegada aprobó la remisión formal para el establecimiento de medidas de
salvaguarda para la avellana y, posteriormente, el pasado 3 de octubre, solicitó una serie de datos complementarios para
establecer una relación inequívoca entre la evolución de las importaciones comunitarias de avellanas procedentes de Turquía y la situación del sector. Esta información se remitió el 9 de diciembre, pero la Comisión todavía no ha finalizado
su estudio.
Evidentemente, España ha seguido haciendo gestiones: en el Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas, de 10 de enero de 2003, de nuevo España solicitó a la Comisión que informase sobre la situación en que se encontraba la decisión de la
puesta en marcha de la cláusula, insistiendo en la necesidad de que se resolviera con rapidez; y, con fecha 4 de marzo de 2003, nuevamente la Secretaría de Estado de Comercio volvió a solicitar información a la Comisión sobre el estado en que se
encontraba la tramitación de esta solicitud.
La Comisión nos ha notificado que este asunto estaba siendo estudiado por los distintos servicios, con el fin de que se tomase una decisión que tuviera en cuenta el respeto de las obligaciones derivadas
de todos los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea.
En el último Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas, de 8 de abril de 2003, de nuevo la delegación española instó a la Comisión a la necesidad de que este tema se resolviera
con rapidez. En ese comité, tanto Italia como Grecia, apoyaron la petición española.
El 14 de abril, la Secretaría General de Comercio Exterior remitió una nueva carta al director general de Comercio de la Comisión Europea, urgiendo a que se tome
una rápida decisión que permita proteger los intereses de los productores comunitarios.
En definitiva, como ha podido comprobar su señoría, el Gobierno está haciendo todo lo necesario para que se tome esta decisión y, además, para conseguir apoyos
permanentes al sector de los frutos secos en el marco de la reforma de la PAC, que en este momento estamos considerando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: No sé si se trata propiamente de un turno de réplica porque lo que pretendo es únicamente continuar la reflexión.
Señor ministro, si en lugar de estar hablando con la señora ministra de Medio Ambiente hubiese estado
escuchando, se podría haber ahorrado buena parte de su respuesta, que decía lo que ya había expuesto este senador.
Todos somos conscientes --supongo que también el Gobierno-- de la dificultad que representa modificar cualquier relación comercial
con Turquía en este momento, pero el Gobierno español tomó la decisión de pedir a las autoridades comunitarias la aplicación de la cláusula de salvaguarda y el Gobierno comunitario tiene la obligación de tomar alguna decisión, sea positiva o
negativa, en tres días. Eso no se ha cumplido y, por eso, le hemos formulado esta pregunta.
Usted me ha explicado las gestiones que se han hecho y me he quedado perplejo por el hecho de que, después de tanta insistencia, el Gobierno comunitario
continúe sin tomar ninguna decisión, de manera que el problema se esté pudriendo progresivamente para los productores de frutos secos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.
Tiene quince segundos.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Le he detallado todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno español ante la Comisión, directamente, y en el Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas para que este
tema se agilice. Sin embargo, le puedo decir a su señoría que, de acuerdo con la experiencia comunitaria, jamás se ha dictado en tres días una decisión sobre una cláusula de salvaguarda, que requiere unas consultas entre servicios muy prolongadas y
que afectan a muchas unidades y a muchas Comisarías de la propia Comisión Europea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DON FERNANDO CARLOS RODRIGUEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA LEY DE SANIDAD ANIMAL, RECIENTEMENTE APROBADA (680/001161).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Fernando Carlos Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la Ley de Sanidad Animal, recientemente aprobada.
Tiene la palabra el
senador Rodríguez Pérez.
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la sanidad animal, aparte de ser un factor clave para el desarrollo de la ganadería y el mantenimiento y conservación de las especies animales, es de vital
trascendencia tanto para la salud pública como para la economía nacional. Es por ello que nos gustaría conocer de su boca, señor ministro, en nombre del Gobierno, cuáles son los aspectos fundamentales que a este amplio e importante sector aporta la
Ley de Sanidad Animal, recientemente aprobada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Con la aprobación definitiva de la ley en el Congreso de los Diputados el pasado día 3 de abril, el Gobierno ha cumplido
con el compromiso de establecer un nuevo marco regulador para la sanidad animal en nuestro país.
Desde esta Cámara quiero agradecer las numerosas aportaciones que han sido formuladas desde las comunidades autónomas y desde el sector y que
se han incorporado en su tramitación legislativa en el Congreso y en el Senado con más de cien enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que han permitido dotarnos de un marco legal con contenido suficiente para afrontar los
nuevos retos que se plantean en materia de sanidad veterinaria.
Uno de los objetivos prioritarios que persigue esta nueva normativa es la prevención, y por ello se regula el marco sanitario en el que se desarrollará la actuación de ganaderos y
operadores comerciales, con especial mención a la Agrupación de Defensa Sanitaria, al tiempo que se concretan las medidas cautelares que pueden tomar las administraciones públicas para impedir la entrada o difusión de enfermedades de animales en
nuestro país. Por ello se han detallado igualmente los procedimientos para intercambios con terceros países, los requisitos para el desarrollo de la actividad ganadera en explotaciones, el control de productos destinados a uso veterinario o a la
alimentación animal y las infracciones y sanciones.
Un aspecto muy importante es el que regula las medidas provisionales que se pueden adoptar en los Puestos de Inspección Fronterizos, destacando la exigencia de certificados veterinarios que,
expedidos por el Estado antes de efectuarse las exportaciones, van a garantizar el estado sanitario correcto de los animales y de los productos ganaderos, lo cual es fundamental para la condición de exportador que tiene nuestro país.
Reforzando la
necesaria colaboración interadministrativa, se establece la labor del Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria como órgano de coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas, y dentro de este sistema se encuadra la
red de alerta sanitaria veterinaria, que va a dar respuesta rápida y coordinada entre todas las administraciones en situaciones de crisis sanitaria grave.
Otro objetivo prioritario de la ley es potenciar la trazabilidad. Para ello establecemos un
sistema nacional único y homogéneo de identificación animal, un registro nacional de explotaciones y una intervención veterinaria previa al movimiento del ganado para asegurar el preciso control sanitario, reflejándose todos los traslados en un
registro administrativo de movimientos pecuarios de carácter nacional, lo cual es básico como información en caso de crisis sanitarias para localizar el ganado y los lugares por los que ha discurrido.
Asimismo, la norma regula los requisitos
mínimos que deberán reunir los medios de transporte de animales, especialmente en lo que se refiere a desinfección como medida profiláctica preventiva y a las condiciones sanitarias mínimas que se necesitarán para la autorización y adecuado
funcionamiento de los certámenes de ganado.
Por último, frente al incumplimiento de esta normativa, el nuevo texto tipifica las infracciones y sanciones, reagrupando la variada normativa vigente y sistematizando las conductas omisivas que podrían
ser multadas, cuando se trate de casos muy graves, con multas de hasta un millón de euros.
Por tanto, con esta ley respondemos a un compromiso del Gobierno y a la necesidad de actualizar el marco legal al marco constitucional vigente y a las
competencias de nuestras comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON JOSE MANUEL CORES TOURIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CREACION DEL NUEVO REGISTRO DE
EXPLOTACIONES GANADERAS (REGA) (680/001162).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Manuel Cores Tourís, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la situación en que se encuentran los trabajos relacionados
con la creación del nuevo Registro de Explotaciones Ganaderas (Rega).
Tiene la palabra el senador Cores Tourís.
El señor CORES TOURIS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ante la necesidad de poder contar con todos los datos básicos de todas las explotaciones ganaderas de España y así poder identificar y registrar todos los movimientos
de las especies de bovino, porcino, caprino, ponedoras, aves, apícolas, cunícolas y equinos que en este momento ya están registradas en todas sus comunidades autónomas en origen y que, para poder garantizar una mejor distribución y, en todo caso,
poder aumentar las garantías sanitarias, se creó un registro de todas las explotaciones ganaderas de todo el territorio español, es por lo que le pregunto si puede informar el Gobierno sobre la situación de los trabajos en relación con la creación
del nuevo Registro de Explotaciones Ganadera (Rega).
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, este ambicioso Proyecto de Registro de Explotaciones Ganaderas, conocido por el acrónimo Rega, en el que el Gobierno viene
trabajando desde 1997, nos va a permitir tener por primera vez todos los datos básicos de todas las explotaciones ganaderas en nuestro país, teniendo a todos los animales de interés ganadero debidamente registrados y localizados en todo momento.
Arrancaron los primeros trabajos con la publicación del Reglamento comunitario 820/1997, por el que se estableció el sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, y por ello, junto con las comunidades autónomas,
desarrollamos un sistema informático que permitiera registrar todos los movimientos de animales bovinos en el territorio nacional. Este sistema, que se conoce como Simogan, y que ya se encuentra plenamente operativo, ha llevado consigo registrar
todas las explotaciones bovinas de España, así como a todos los animales bovinos de forma individual, registrando «online» los movimientos de animales que se producen diariamente en las explotaciones.
Para el ganado porcino, esta vez a raíz de las
obligaciones impuestas por la Directiva 97/12, se ha desarrollado un sistema similar, denominado Simoporc, pero en el que los animales no se identifican individualmente, sino por lotes, y hemos registrado todas las explotaciones porcinas como paso
previo al registro de movimientos de animales de esta especie.
En los próximos meses tendremos a todas las comunidades autónomas conectadas al sistema y será plenamente operativo, lo que redundará en un sensible incremento de las garantías
sanitarias del sector porcino.
En el año 2002, ante la necesidad de crear nuevos registros para el ganado ovino y caprino y para las gallinas ponedoras, como consecuencia de la legislación comunitaria en preparación, comenzamos a crear un sistema
de registro de explotaciones que comprendiera todas las especies de interés ganadero, de manera que la creación de nuevos registros para nuevas especies no requiriera el desarrollo de sistemas específicos, sino que un solo sistema englobara a todos
empleando los elementos comunes de cada uno de ellos. Por ello, comenzamos a trabajar en la creación de un registro nacional que comprendiera todas las explotaciones ganaderas de España, con independencia de las especies afectadas.
Este proyecto
se encuentra en la actualidad en fase de desarrollo, estando previsto que en el mes de junio comiencen a conectarse al sistema las comunidades autónomas para incorporar en una primera fase los datos de las explotaciones de gallinas ponedoras, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 372/2003.
A finales de 2003 se prevé que el Rega incorpore los registros de explotaciones bovinas y porcinas, que hoy están en el Simogan y en el Simoporc, y a principios de 2004 se prevé la
incorporación a Rega de los datos de las explotaciones de aves, apícolas, cunícolas, y en el transcurso de ese año, las de ganado ovino, caprino y equino. Por tanto, a finales de 2004 este registro incorporará los datos básicos de todas las
explotaciones de España para las principales especies de interés ganadero.
La información de este registro ha sido consensuada con las comunidades autónomas y se va a reflejar en una disposición normativa que tendrá forma de real decreto y donde
además se regulará el código identificativo que tendrán que tener todas las explotaciones ganaderas. Esta disposición será el desarrollo reglamentario del artículo 38 de la recientemente publicada Ley de Sanidad Animal.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--DE DOÑA LUCIA DELGADO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS EN LOS QUE SE BASA EL PROGRAMA «INTERNET EN ZONAS RURALES» RECIENTEMENTE PUESTO EN MARCHA POR EL GOBIERNO Y LA FEDERACION ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) (680/001163).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Lucía Delgado García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los principales objetivos en los que se basa el programa «Internet en zonas rurales» recientemente puesto en marcha por el Gobierno y la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Tiene la palabra la senadora Delgado García.
La señora DELGADO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el desarrollo y la implantación en nuestro país de la sociedad de la información para todos está provocando importantes cambios en los hábitos de la vida de los
españoles, a la vez que propiciando un mayor crecimiento económico y de bienestar social. No obstante, la gran sociedad del siglo XXI, que a través de las nuevas tecnologías pretende crear un mundo sin fronteras, debe a su vez crear una sociedad
sin barreras y sin exclusiones. Por ello, el reto más importante, entre otros, es asegurar que todos los españoles, con independencia de su ubicación geográfica --y en esto me estoy refiriendo, señor ministro, a las zonas rurales, en muchos casos
con una orografía difícil o una población muy dispersa--, puedan acceder y aprovechar las ventajas que brinda un buen acceso de calidad a Internet a través de la banda ancha.
Sabemos que el Gobierno, para estas zonas de la geografía española, ha
puesto en marcha actuaciones importantes, como la sustitución de las líneas TRAC, que permiten que puedan acceder a Internet. Ahora, el Grupo Parlamentario Popular tiene conocimiento de que en este afán de seguir avanzando se ha aprobado una nueva
medida, como es el Programa «Internet en zonas rurales», y nos gustaría que usted hoy aquí nos expusiera cuáles son los principales objetivos en los que se basa dicho programa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.
La apuesta decidida del Gobierno por el desarrollo de la sociedad de la información supone una gran oportunidad
para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en todos los medios rurales y urbanos, pero puede causar nuevas formas de discriminación en la medida en que pueda producir lo que se denomina brecha digital, es decir, una
diferencia de oportunidades entre los ciudadanos, dependiendo de sus posibilidades de acceso de calidad a Internet. Y una de las variables que determinan la posibilidad de este tipo de acceso es la ubicación geográfica de ciertas poblaciones que se
encuentran fuera del área de cobertura de las tecnologías de banda ancha convencionales, como el ADSL o cable.
En el medio rural este fenómeno es importante debido a la dispersión de la población. Tan sólo el 20 por ciento del territorio nacional
cuenta con cobertura ADSL y en torno a un 70 por ciento de municipios no dispone de acceso a tecnologías y servicios de banda ancha.
Por ello es que el Gobierno debe articular los mecanismos necesarios para solucionar este problema y, con este
objetivo, el pasado día 3 de abril el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación Española de Municipios y Provincias firmamos un convenio marco de colaboración para poner en marcha el
Programa «Puntos de acceso público a Internet», lo que conocemos como «Internet en el medio rural».
Con este programa queremos dotar de puntos de acceso público a Internet a 1.800 municipios de todo el territorio español que en la actualidad no
cuentan con la posibilidad de acceder a la red con tecnología ADSL.
Queremos beneficiar a cerca de tres millones de ciudadanos con estos posibilidades. Estos centros de acceso público contarán con varios terminales interconectados entre sí con
redes locales inalámbricas y con conexión a Internet vía satélite bidireccional con banda ancha.
Para su puesta en marcha vamos a invertir 30 millones de euros en equipamiento e infraestructura y en este momento podemos avanzar que dicho programa
está teniendo muy buena acogida, dado que las diputaciones provinciales, cabildos insulares y ayuntamientos están colaborando en su puesta en marcha, así como la comunidad uniprovincial de La Rioja. En la provincia de Teruel, por ejemplo, que es
paradigmática y de las más avanzadas en la puesta en marcha del programa, se van a instalar 180 puntos de acceso público a Internet en diferentes municipios de dicha provincia.
Este programa va a suponer la ruptura de la brecha tecnológica por
razones geográficas en España y puede contribuir a frenar el proceso de abandono de las áreas rurales. Con este programa queremos incrementar la competitividad al introducir mejoras en los procedimientos de empresas rurales, en su gestión de
compras, clientes y proveedores y para darse a conocer en la red y obtener información actualizada.
Otro de los objetivos es la promoción del teletrabajo, que supone, por un lado, un aumento exponencial de las oportunidades laborales de los
habitantes de áreas rurales con acceso a banda ancha y, por otro, el reclamo para profesionales, que podrían cambiar su residencia a zonas rurales, contribuyendo al desarrollo de las mismas.
También perseguimos facilitar la formación e información
de jóvenes, lo que redundará positivamente en su incorporación al mundo laboral, y de las mujeres, que demandan gran cantidad de cursos de formación en informática en el ámbito rural, que será uno de los objetivos destinatario de estas acciones.
Señorías, en los últimos años hemos venido actuando en favor de la diversificación económica del medio rural, promoviendo el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos para los habitantes y alternativas complementarias. Para estas finalidades,
Internet será un instrumento propicio, que puede garantizar el éxito de todo este tipo de iniciativas de diversificación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Delgado García.
La señora DELGADO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, intervengo para agradecer la respuesta al señor ministro y decirle que el Grupo Popular valora muy positivamente esta medida.
Entendemos que su aplicación evitará que se
abra una brecha digital entre el mundo rural y las zonas urbanas, que tienen mayor capacidad de acceso a la red.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A APORTAR UNA COOPERACION Y AYUDA CONCRETAS PARA LA INMEDIATA RECUPERACION DE LOS BIENES CULTURALES AFECTADOS POR LA
DESTRUCCION Y EL SAQUEO DE MUSEOS Y OTRAS INSTITUCIONES EN BAGDAD (IRAQ) (680/001147).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno en orden a aportar una cooperación y ayuda concretas para la inmediata
recuperación de los bienes culturales afectados por la destrucción y el saqueo de museos y otras instituciones en Bagdad, Iraq.
Tiene la palabra la senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el saqueo del Museo Arqueológico, de la Biblioteca Nacional, del Centro de Investigaciones Científicas, o de yacimientos en los que no se sabe ni siquiera qué es lo
que había, puesto que no estaban catalogados o insuficientemente estudiados, ha producido daños
incalculables para la cultura universal; no hace falta que lo diga esta senadora.
En ese contexto, interesa que se responda por parte del Gobierno acerca de qué medidas de cooperación, tal como se plantea en la pregunta, va a llevar
adelante para conseguir la recuperación de esos bienes culturales y, en la medida de lo posible, la vuelta a la situación inicial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, en efecto, la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, encabezada en este momento por Jay Garner, ha solicitado al
Gobierno español el envío de expertos para la reconstrucción del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de Iraq, y en esa dirección estamos trabajando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, esperaba alguna concreción en su contestación. Creo que verdaderamente no es mucho lo que nos ha respondido. No sé si se ha exigido a la coalición angloamericana
que, de acuerdo con la cooperación de la UNESCO para la protección de los bienes culturales, adopte medidas y curse instrucciones para evitar, por ejemplo, que esos bienes sean exportados ilegalmente, y, sobre todo, que se puedan adquirir bienes que
tengan esa procedencia por parte de organismos públicos españoles.
A petición del propio Garner --no por exigencia del Gobierno español--, parece ser que se van a enviar técnicos para cooperar en la restauración --es lo único que ha dicho la señora
ministra--, pero parece que no se plantea por parte del Gobierno español la investigación y la petición de responsabilidades a aquellos que en su momento tenían la responsabilidad de mantener el orden en Iraq. Obviamente, me estoy refiriendo a la
coalición, que no sólo no hizo nada, sino que se mantuvo impasible, y parece que algo más que impasible, puesto que incluso se han descubierto redes que han provocado la salida de dichos bienes de Iraq, es decir, complicaciones que aún están sin
investigar y sobre las que queremos saber si el Gobierno español ha exigido de alguna manera que se investigue y se pidan responsabilidades. No olvidemos que estos hechos se producen tras una guerra injusta, ilegal e inmoral, a la que el Gobierno
español ha prestado cooperación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, continúo en mi respuesta y, por tanto, precisando las vías de contribución para la reconstrucción, desde el punto de vista
cultural, del patrimonio histórico- artístico en Iraq.
No obstante, quiero decirle que no comparto, obviamente, ninguno de los calificativos con los que usted ha acabado su intervención respecto de un conflicto que ha tenido como único objetivo
deponer a un tirano y establecer mayores garantías para la paz y la seguridad internacionales.
Respecto a su pregunta, tengo que decir que el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de Iraq se ha dirigido al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para el envío de expertos con el objeto de trabajar en esa materia. Una vez conocidas las personas que podrán llevar a cabo estas tareas, se comunicará a la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria.
En este momento, señoría, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha mantenido conversaciones con diferentes expertos con el fin de seleccionar a las personas más adecuadas para este trabajo, sobre la base de que su tarea va a exigir unos conocimientos precisos sobre el
patrimonio cultural islámico, particularmente en materia arquitectónica, y conocimientos suficientes sobre los restantes vestigios arqueológicos y culturales que no tienen que ver directamente con los de naturaleza islámica. Hemos trabajado ya en
la selección de ese personal y, paralelamente, hemos emprendido acciones para contribuir en la medida de lo posible y en el marco de la UNESCO a las tareas de recuperación del patrimonio cultural iraquí.
Tengo que decirle, señoría, que España es
uno de los países que cuenta con mejores expertos en la materia, como atestigua el trabajo de nuestras escuelas de arqueología en El Cairo y Amann. Probablemente, tenemos a los mejores especialistas del mundo en la recuperación de documentos, así
como en otras dimensiones de recuperación del patrimonio histórico y artístico.
Estamos seguros de que España va a poder contribuir de una manera muy eficaz a la recuperación de ese patrimonio tan importante para la historia de la Humanidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA PARTICIPACION CONCRETA DE ESPAÑA EN LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL IRAQUI (680/001153).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor Varela, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la participación concreta de España en la recuperación del patrimonio cultural iraquí.
Tiene la
palabra el señor Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Continuando la pregunta anterior porque hay cuestiones que quedan pendientes, se nos agolpan las preguntas respecto al incendio de la biblioteca y el saqueo del museo y, por ello,
le formulo las siguientes: ¿Por qué no se vigilaron con el mismo interés los edificios culturales de Iraq que sus instalaciones petrolíferas? ¿Por qué afirma el gran periodista Robert Fisk que avisó del incendio de la biblioteca a las tropas
invasoras, pero que éstas no hicieron nada para apagarlo? ¿Por qué afirma el director del museo, el señor Donny George, que el robo de piezas valiosísimas, por ejemplo, un vaso sumerio del año 3000 antes de Cristo, había sido planeado? ¿Ha
formulado el Gobierno español esas preguntas a su aliado americano? Es importante ahondar en esas cuestiones, señora ministra, porque sabemos que hay un «lobby», «The American Council for Cultural Policy», integrado por coleccionistas-marchantes de
antigüedades, que está presionando para que se autorice el mercado de antigüedades. Esto va en contra de la recuperación del patrimonio iraquí, que usted misma quiere salvaguardar.
Por tanto, me gustaría saber qué está haciendo el Gobierno en esa
dirección para evitar que este «lobby» pueda prosperar con sus intenciones.
Por otra parte, usted acaba de mencionar acciones en el marco de la UNESCO. Ayer, bajo el marco de la UNESCO, en Londres hubo una conferencia internacional y el Director
General, señor Matsuura, alabó a diversos subgobiernos que están cooperando en ayudas económica y técnica para cooperar en la reconstrucción. ¿Puede concretar, señora ministra, estas acciones en el marco de la UNESCO? Hay países que han dado
dinero en efectivo a la UNESCO, por ejemplo Italia con casi un millón de dólares. ¿Qué acciones concretas, aparte de poner a disposición técnicos, como ha dicho y me ha alegrado su respuesta, piensa hacer el Gobierno español? Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, las guerras y las situaciones de conflicto, como las que acaba de vivir la Humanidad, tiene consecuencias muy lamentables
para las personas y también para los bienes culturales y, por tanto, para la memoria de la Humanidad, pero mucho más lamentable son esas consecuencias si no se frena a tiempo a los tiranos que intentan afectar a las personas y a los bienes de una
manera todavía más dramática, como venía ocurriendo en Iraq; por tanto, es mucho peor no realizar ese freno a tiempo que las consecuencias que tiene un conflicto de esta naturaleza, desgracia y lamentablemente, en un momento determinado. Y a
partir de ahí, señoría, viene la fase de reconstrucción, viene la fase en la que todos podamos colaborar a reconstruir desde todos los puntos de vista esa sociedad, ese país, y España lo está haciendo. En estos momentos, señoría, se están
definiendo las tareas de cooperación; a medida que se vayan definiendo esas tareas de cooperación, esa participación en la reconstrucción, tenga, su señoría, la certeza de que irá conociendo con detalle cada uno de esos aspectos, pero en este
momento, señoría, se están definiendo y estamos en una fase de selección de expertos para que puedan trasladarse a Iraq durante un período largo de tiempo y participar en esa reconstrucción.
Por tanto, esto es lo que yo hoy le puedo decir y le
puedo también dar la seguridad de que, a medida que esas acciones se vayan definiendo, irán teniendo debida cuenta de todas ellas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra. Yo no dudo de la voluntad del Gobierno de hacer acciones, pero debe hacerlas rápidamente. Yo pregunto muy concretamente: ¿Algún representante español
ha estado en la Conferencia de París de hace diez días y en la Conferencia de Londres de ayer, donde los técnicos estudiaron estas cuestiones? Me gustaría saberlo, porque si han participado, fantástico y, si no, me sabe mal que no estemos ya
implicados en una reconstrucción que es urgente.
Segundo, usted ha dicho que estamos trabajando para enviar expertos, pero ¿cuántos, cuándo, con qué dinero? Estas son preguntas concretas porque hay urgencia en que esto se resuelva dada la
existencia de mafias internacionales que los periodistas y directores de museos están denunciando que están trabajando para que este patrimonio no vuelva allí.
Por tanto, urge actuar rápidamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como decía al inicio de esta pregunta y en la anterior de la senadora que ha formulado el mismo tema, la Oficina de
Reconstrucción y de Asistencia Comunitaria, encabezada por el señor Garner, ha solicitado del Gobierno
español esta participación, y desde el primer momento el Gobierno español se ha prestado a participar y está asistiendo a todas cuantas reuniones, cuantos foros se están convocando para desarrollar todos estos aspectos, señoría.
Estamos en
una fase de definición de cómo se va a concretar toda esa ayuda, en una fase de selección de expertos, como le digo, y va a ir teniendo debida cuenta, si así lo solicita su señoría en preguntas, de cómo van avanzando todos estos proyectos. Las
cosas requieren un tiempo y desde el principio se está trabajando en ello porque el Gobierno español ha puesto todo su afán antes y ahora para que la sociedad iraquí tenga las mejores condiciones tanto desde el punto de vista de la democracia, como
desde el punto de vista del bienestar, como desde el punto de vista del mantenimiento de su patrimonio histórico y cultural.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA APROBADO CON RETRASO EL IV PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES (PIOM) (680/001169).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Inmaculada Loroño, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones fundamentales por las que el Gobierno ha aprobado con retraso el IV Plan para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (PIOM).
Tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en primer lugar, quisiera agradecerle la deferencia que tiene en responder a la pregunta que formula esta senadora, sabiendo que la responsabilidad de la
elaboración del IV plan y el seguimiento de su ejecución es del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La pregunta queda formulada en los términos expuestos por la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, muchas gracias por sus palabras. Con mucho gusto respondo a esta pregunta.
La aprobación del IV plan se ha producido a los
tres años de finalizar la vigencia del anterior, período considerado normal entre la finalización de un plan y la entrada en vigor del siguiente por las tareas que hay que desarrollar, una vez que finaliza un determinado plan.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Loroño Ormaechea.
La señor LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el IV Plan 2003-2006 fue aprobado el 7 de marzo. Usted misma ha dicho en su intervención que el período de tiempo transcurrido entre la finalización del tercer
plan y el cuarto plan es un tiempo que se considera normal para la elaboración de un nuevo plan, pero de alguna forma entendemos desde nuestro grupo que si el objetivo principal de los planes de igualdad, tal como lo dicen los textos de los mismos,
es continuar con políticas específicas que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en todos los ámbitos y niveles entre mujeres y hombres y, en concreto, este IV Plan contempla 168 líneas de acción agrupadas en ocho áreas estratégicas,
áreas en las que en la mayoría de ellas se plantean medidas y acciones específicas en la lucha contra la violencia de género en su concepción más amplia, nos parece que es una demora excesiva si se quiere actuar en la lucha por la desigualdad y
procurar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y, por extensión, en luchar contra la violencia de género. Las políticas de igualdad, lo reconocen así, dedican un ámbito especial de intervención social a través de las distintas áreas
y acciones que se contemplan en los distintos planes elaborados hasta el momento al tema de la violencia de género. A juicio de nuestro grupo, señora ministra, demorar la puesta en marcha de los planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres supone dilatar en el tiempo la eliminación de desigualdades que de hecho tienen relación directa también sobre la violencia de género.
Como responsable del área de educación, usted sabe que educar en igualdad, educar en tolerancia, elimina
desigualdades, conlleva adquirir actitudes de respeto hacia el otro, de trato de igual a igual y capacita para resolver conflictos sin violencia y elimina también estereotipos.
Las conclusiones de la Ponencia de violencia doméstica creada en el
seno de esta Cámara en su día inciden en proporcionar a la sociedad modelos de funcionamiento basados en los principios de igualdad entre hombres y mujeres. De ahí la importancia de los planes de igualdad junto con los planes de lucha contra la
violencia.
Señora ministra, no entendemos esa demora de dos años. ¿ Ha sido por falta de acuerdos entre ministerios para asumir el desarrollo de actuaciones y medidas que le afectan a cada uno? ¿Por problemas presupuestarios? ¿Discrepancias
entre lo propuesto por el Gobierno y lo propuesto por los agentes sociales y las ONG? ¿Discrepancias entre lo propuesto por los organismos de igualdad de las comunidades autónomas y lo propuesto por el Gobierno? ¿Qué
participación han tenido los organismos de igualdad de las comunidades autónomas? No criticamos con esta pregunta el contenido del IV Plan porque no es su objeto. Nos preocupa como grupo parlamentario la demora. No se puede dar este vacío
de dos años y en este sentido sí que tengo que decirle que las palabras e intenciones del Gobierno en esta materia, igualdad real y efectiva y erradicación de la violencia de género por extensión, por lo que suponen los planes de igualdad, chocan
con los hechos en este caso.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias.
Señor presidente, señorías, hay una cuestión inicial que hay que aclarar porque de las palabras de su intervención pudiera deducirse que porque no hay un
nuevo plan aprobado se paralizan las acciones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o a lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Parece que todas las acciones se paralizan una vez que finaliza un plan hasta que no
se pone en marcha el siguiente y que llevamos dos años largos en los que no hay acciones y no hay iniciativas sobre este aspecto.
No es así, como bien sabe usted, señoría. Mientras no hay un plan está vigente el anterior. Por lo tanto, todas las
medidas que se han venido desarrollando en el plan de 2000 tienen continuidad en estos últimos años y no solamente eso, señoría. En los dos últimos años el Gobierno ha aprobado un conjunto de iniciativas muy diversas de naturaleza social de apoyo,
de naturaleza educativa, de naturaleza laboral, de naturaleza económica, dirigido precisamente tanto a lo que se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como al asunto grave y dramático en muchísimas ocasiones de violencia
doméstica.
Si usted repasa el elenco de medidas que se han ido tomando en los dos últimos años verá que ha sido una preocupación constante del Gobierno tomar iniciativas para desarrollar y conseguir avanzar en esos dos objetivos, de manera que no
vayamos a producir un equívoco y pensar que porque el plan no está aprobado no ha habido acciones.
Es decir, sigue vigente el plan anterior y hay constantes acciones.
En todos los planes aprobados en España en relación con este tema desde el año
1987 ha venido ocurriendo lo mismo, ha habido una demora de entre dos y tres años. ¿Por qué? Porque hace falta desarrollar un proceso de evaluación del plan, porque hace falta contar con todo un conjunto de organizaciones, con las comunidades
autónomas, etcétera, para poder concluir con un nuevo plan y, por eso, se produce ese intervalo de tiempo, y así ha venido sucediendo desde el primer plan del año 1987 hasta el de ahora.
Pero entre plan y plan se viene desarrollando --y en este
último ha sido de una manera muy intensa-- todo un conjunto de acciones porque es una prioridad del Gobierno avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y desde luego, en la materia de la violencia doméstica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACION CON LA SOLUCION DADA AL ACCESO NORTE POR CARRETERA AL PUERTO DE VALENCIA (680/001154).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Ministerio de Fomento en relación con la solución dada al acceso norte por carretera al puerto de
Valencia.
Tiene la palabra el senador Lerma Blasco.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Señor ministro, está prevista para el tráfico por carretera interior del puerto de Valencia la construcción de un túnel por debajo del puerto que, con un coste aproximado de 66 millones de euros,
estaría terminado, en principio, en el año 2005. ¿El señor ministro comparte ese proyecto? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, el ministerio de Fomento hasta ahora se ha sujetado al desarrollo de todo el procedimiento administrativo que impone la legislación
vigente para definir el trazado del nuevo acceso norte al puerto de Valencia.
El estudio informativo lo puso en marcha la Dirección General de Carreteras en el año 1997, como consecuencia de un convenio de cooperación suscrito el 14 de octubre de
ese año entre el ministerio, la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria.
Se contemplan una serie de alternativas con objeto de reducir en una longitud de 18 kilómetros el recorrido de los vehículos que acceden
al puerto provenientes de la zona norte que actualmente tienen que utilizar el acceso sur a través de la circunvalación de Valencia y de la V-30. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Este estudio informativo se sometió a
información pública el 29 de agosto de 2001 y el 27 de septiembre del pasado año obtuvo la correspondiente declaración de impacto ambiental. La alternativa elegida, que es la tercera, se inicia a la altura del acceso por carretera a Valencia por el
norte, en la carretera N-221, desarrollándose paralelamente a la vía férrea hasta que ésta se transforma en subterránea, momento en el cual también se ha adoptado una solución subterránea aproximada a la costa discurriendo su
trazado paralelo a la misma y accediendo finalmente al puerto de Valencia por su zona norte.
La longitud total será de cuatro kilómetros, de los cuales tres y medio serán en túnel.
Sobre este trazado lo que le consta al ministro es que la
Generalidad y el Ayuntamiento de Alboraya han presentado una alegación para mejorar la accesibilidad a la zona costera de Alboraya y Valencia a través de un enlace de conexión del nuevo acceso y la N-221. Hay una solución en marcha que será tenida
en cuenta en el proyecto de construcción que se redacte para plasmar detenidamente el diseño del enlace.
En estos términos el ministerio de Fomento hasta ahora está identificado con las actuaciones desarrolladas.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Señor ministro, ésta es una pregunta que no me hubiera gustado hacer, pero quisiera que usted recabase la información sobre las autoridades del puerto para que viese concretamente la planificación que
tienen prevista.
El acceso norte plantea, desde luego, muchas dificultades al puerto, y una de las principales obras que se han puesto en marcha hace poco tiempo --y ha aparecido en la revista del Ministerio-- es la de un puente levadizo para el
ferrocarril. El puerto de Valencia está dividido en dos zonas, la norte y la sur. Todas las instalaciones crecen hacia el sur fundamentalmente, no hay puesto de inspección fronteriza en la parte norte y los camiones tienen que pasar de norte a
sur.
El ministerio ha hecho una cosa muy positiva y el Consejo de Ministros cedió la dársena interior del puerto de Valencia y los terrenos anejos al ayuntamiento el viernes pasado, anticipándose en mucho a las necesidades reales del puerto de
Valencia porque no hay puesto de inspección fronterizo en el norte y los camiones van a tener que pasar por dentro del puerto durante varios años más.
Está bien desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de la ciudad de Valencia,
pero es completamente inútil la cesión al menos de momento. Lo cierto es que --como digo-- se ha hecho un puente levadizo muy bonito pero que tiene poca utilidad, sólo para el ferrocarril, pues los camiones siguen pasando y van a tener que seguir
haciéndolo durante varios años más. Hay una falta de planificación total en el puerto respecto de las necesidades reales del mismo, porque --como le digo-- está creciendo hacia el sur y en el norte van a tener que seguir pasando camiones sin poder
pasar inspecciones fronterizas porque no las hay y, además, han encarecido tremendamente los servicios del puerto porque han arruinado la dársena interior que ya no se puede utilizar para buques de crucero, ni siquiera para Trasmediterránea que ha
tenido que trasladar su terminal hacia fuera.
No le quiero hacer con esto ninguna crítica. Simplemente le quiero manifestar mi preocupación, que espero que sea la del señor ministro, sobre la planificación real del puerto de Valencia, porque el
túnel por debajo del puerto después de haber hecho un puente levadizo sólo para el ferrocarril únicamente viene a encarecer y, eso sí, a embellecer el funcionamiento del puerto de Valencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Lerma.
Turno de dúplica. Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
El ministerio de Fomento tiene la obligación de dar acceso a los puertos de interés general. Por tanto, el acceso norte al puerto de Valencia por
carretera al que se refiere su pregunta está siendo desarrollado y estudiado en estos momentos, de acuerdo con todas las administraciones implicadas correctamente.
Su señoría puede decir que prefiere una solución puente en relación con la solución
túnel y que el ferrocarril tiene una solución puente y no una solución túnel, pero considero que, desde todos los puntos de vista de integración urbana de las infraestructuras, la solución túnel es la más correcta y avanzada, y desconozco el
problema de plazo que tendrá la instalación de un control fronterizo.
Tomo nota de las preocupaciones de su señoría y además de ocuparme de que el proyecto para la construcción del túnel se ejecute correctamente trataré de que podamos disponer a
tiempo de ese nuevo puesto de control fronterizo que preocupa a su señoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Fomento.
--DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CONTENIDO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA Y EL MINISTERIO DE
FOMENTO, REFERIDO AL SOTERRAMIENTO DE LA VIA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD EN SU ENTRADA A LA CIUDAD DE MALAGA (680/001155).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y el ministerio de Fomento,
referido al soterramiento de la vía del tren de alta velocidad en su entrada a la ciudad de Málaga.
Tiene la palabra el senador Arjona.
El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la firma de un convenio con el ministerio de Fomento, con la participación de la Junta de Andalucía, referido
al soterramiento de la vía del tren de alta velocidad en su entrada a Málaga.
¿Cuál es el contenido de dicho convenio? ¿Cuántos kilómetros se soterrarán? ¿Qué calendario de ejecución y qué presupuesto tienen previsto para esta obra ?
¿Cuál es la participación de cada Administración afectada y participante? Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Arjona.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, el ministerio de Fomento, al igual que en otras 40 ciudades y con objeto de consensuar y optimizar la integración urbana del
ferrocarril con motivo de las inversiones en la red de alta velocidad, ha creado grupos de trabajo formados por el ministerio, la administración local y la comunidad autónoma.
En el caso de Málaga, este grupo se constituyó el 28 de junio de 2001.
El documento técnico de trabajo es el estudio informativo para la integración del ferrocarril en Málaga que están desarrollando las empresas Urbaconsult y Train, con un presupuesto de 1,83 millones de euros.
El 24 de noviembre de 2001 se celebró la
primera reunión de la comisión técnica y desde entonces se han mantenido diversas reuniones. La solución aceptada por el Ayuntamiento de Málaga para la integración del ferrocarril mediante soterramiento tiene un coste que varía entre 131,5 y 132,2
millones de euros, en función de que la estación de Málaga tenga una pendiente de dos milésimas o sea horizontal.
En cualquiera de las dos alternativas la financiación, que debe ser aportada por otras administraciones que no sea el grupo Fomento,
se estima entre 58,6 y 59,3 millones de euros. Para la obtención de estos recursos, existe el compromiso del alcalde de Málaga de buscar la financiación necesaria para poderlo plasmar en un convenio que, al igual que en otras ciudades, una vez
ratificado por las tres administraciones, hará posible el inicio del trámite de información pública de la alternativa seleccionada en estudio informativo y, a continuación, podrá ser sometido a la preceptiva declaración de impacto ambiental, tras la
cual procederemos a la licitación de los proyectos y posteriormente a la ejecución de las obras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Fomento.
Turno de réplica. Tiene la palabra el senador Arjona.
El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, los soterramientos de otras ciudades como Cádiz, Gijón, Vich, Castellón o Zaragoza, como bien ha dicho, han contado con una participación de su ministerio más alta que la
que tendrá la ciudad de Málaga, según se desprende de sus propias palabras, y me gustaría saber por qué. Lo cierto es que la financiación restante deberá salir de los bolsillos de los malagueños, es decir, de las arcas municipales.
Por otra parte,
de sus palabras también se desprende la existencia de un compromiso del alcalde para firmar un convenio posterior y que ustedes están realizando en la actualidad un estudio informativo y la reunión de las diferentes administraciones tuvo lugar el 24
de noviembre de 2001, y desde entonces no nos consta que se hayan celebrado otras posteriores.
¿Hay algo firmado señor ministro o sólo es un anuncio electoral por parte del señor alcalde de Málaga, igual que el de la anterior alcaldesa respecto del
encauzamiento del río Guadalmedina, del que nunca más se supo? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Me imagino que deberán hacer un plan especial, la constitución del consorcio, etcétera.
Para terminar, quiero decir que esta es la gran
oportunidad de Málaga para firmar ese convenio que es absolutamente necesario, pero sabemos que al ministerio de Fomento le cuesta firmar con el Ayuntamiento de Málaga, pues hasta ahora son pocos los acuerdos alcanzados, y en caso de producirse el
que usted ha anunciado no será positivo para la ciudad de Málaga ni para las arcas municipales puesto que los malagueños van a tener que aportar una cantidad superior a la proporcionada por otros municipios en diferentes convenios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Arjona.
Turno de dúplica. Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor senador, los compromisos electorales del Partido Popular se cumplen, y precisamente por ello en esta legislatura se encuentran ya en obras los 150
kilómetros de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga.
Por tanto, de la misma forma, estará también el tramo final. La pregunta es cómo se va a realizar. El ministerio de Fomento va a aportar los recursos necesarios para que la línea
ferroviaria de alta velocidad concluya en una estación adaptada a las circunstancias de la alta velocidad. Pero dicho ministerio, ni en Málaga ni en ninguna otra capital española financia soterramientos, porque es una operación urbanística y, por
consiguiente, el sobrecoste del soterramiento han de aportarlo otras administraciones o ha de surgir de los aprovechamientos derivados de los suelos ferroviarios excedentes. Así se ha funcionado en Vich, en Gijón, en Cádiz y en el resto de las
capitales españolas con las cuales ya hay 14 convenios firmados en esta legislatura. Deseamos firmar el de Málaga.
Espero que su señoría haga el esfuerzo necesario para que la Junta de Andalucía esté a la altura de las circunstancias y no en
compromisos electorales también en este caso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Fomento.
--DE DON ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION QUE LE MERECE AL GOBIERNO EL PRINCIPIO DE ACUERDO PROPICIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, LA AUTORIDAD PORTUARIA Y EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE), EN RELACION CON LOS TERRENOS UBICADOS EN LA ENTRADA SUR DE ALICANTE (680/001156).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Angel Antonio Franco Gutiez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno el principio de acuerdo propiciado por el Ayuntamiento
de Alicante, la Autoridad Portuaria y el director general de Infraestructuras de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Renfe, en relación con los terrenos ubicados en la entrada sur de Alicante.
Para formular la pregunta tiene la palabra
el senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Gracias, señor presidente.
Formulo la pregunta en los mismos términos, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, el Gobierno valora positivamente las conversaciones entre el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria y Renfe, en relación
con los terrenos ubicados en la entrada sur de la ciudad de Alicante incluidos en el vigente Plan Especial del Puerto de Alicante.
En estos momentos, todas las partes disponen de un borrador de convenio que está siendo estudiado y valorado y que
parece satisfacer a los intereses de todas las partes, dicho sea con la prudencia que requiere carecer de los pronunciamientos formales definitivos.
El desarrollo de este convenio permitirá establecer las previsiones incluidas en el Plan de
Ordenación de Alicante y mejorará la zona de interfase entre el puerto y la ciudad, a fin de potenciar la intermodalidad ferroportuaria del tráfico de mercancias, con los siguientes objetivos: reubicar y mejorar las vías e instalaciones
ferroviarias de transporte; construir un gran parque urbano en los terrenos ocupados actualmente por las vías ferroviarias, y el aprovechamiento para uso urbano de terrenos portuarios colindantes con la ciudad que no van a resultar necesarios para
la actividad portuaria en función de criterios de explotación.
Estas actuaciones mejorarán considerablemente la interfase puerto-ciudad, actualmente con su entorno bastante degradado, y beneficiará a la ciudad de Alicante en su conjunto, con un
importante pulmón verde, cambiando las actuales playas de vías y edificios industriales de antiguas concesiones por zonas verdes y por usos residenciales y terciarios, de acuerdo con lo que determine el nuevo Plan de Ordenación Urbana de Alicante,
en este momento en proceso de revisión; a su vez, permitirá mejorar la competitividad del puerto al modernizarse la accesibilidad ferroviaria al mismo, potenciando la conexión intermodal de los tráficos portuarios, así como la construcción de
nuevas infraestructuras que respondan a los nuevos requerimientos de demanda en el marco de autosuficiencia económica del sistema portuario de titularidad estatal.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Fomento.
Turno de réplica. Tiene la palabra el senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lamentablemente, señor ministro, la ciudad de Alicante ha sido y está siendo olvidada, maltratada, e incluso diría que despreciada, por el Partido Popular. (Rumores desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Les ruego que me escuchen, señorías. No sólo contamos con unas ínfimas partidas de los Presupuestos Generales del Estado, sino que, además, el aeropuerto, con un tráfico de casi siete millones de pasajeros,
está paralizado. En cuanto al AVE, nadie sabe cuándo va a llegar a Alicante. El soterramiento de las vías es una nueva propuesta electoral para no se sabe cuándo. Por otro lado, ya denuncié hace unos días que las oficinas de extranjería eran
lamentables. Y lo único que usted ha hecho en estos momentos ha sido poner la primera piedra de una autovía, de la que nadie sabe cuándo se pondrá la última.
Pero no sólo tenemos que soportar todas esas circunstancias, sino que además hemos de ver
cómo se especula con el patrimonio de los alicantinos por parte de la Autoridad Portuaria y del señor alcalde de Alicante, al parecer también con su consentimiento, ya que todo lo considera extraordinariamente bien.
Lo que se dirime en este
preconvenio no es si se va a construir un puerto mejor, cuestión en la que todos estamos de acuerdo, o si se va a ordenar esa parte del territorio, en lo que también coincidimos, y que, por otro lado, ya estaba previsto en el plan de 1992 y fue
acordado por Puertos del Estado y Renfe en 1994. No estamos discutiendo eso. De lo que se trata es de optar entre la propuesta de nuestro grupo: conseguir para la ciudad, no el «parquecito», sino un gran parque con zona verdes y dotaciones
singulares junto al mar, y la propuesta del Partido Popular, con el actual alcalde de Alicante a la cabeza, consistente en reconvertir parte de los terrenos del puerto, hoy inutilizados, para construir --así se manifestó en diciembre del año pasado
a todos los medios de comunicación-- 1.200 viviendas de lujo, que pueden significar más de 60.000 millones
de pesetas. Ese un gran negocio inmobiliario, impropio de Puertos del Estado, por lo que nosotros proponemos que esos terrenos pasen a formar parte del patrimonio de la ciudad, y que en ellos se construya un gran parque litoral con un
edificio singular.
Creo, señor ministro, que a usted no le han informado bien, porque de lo contrario no podría haber hecho esa afirmación tan contundente. Así pues, esperamos que esa propuesta no se lleve a cabo, fundamentalmente...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Franco, ya ha consumido su tiempo. Gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, en primer lugar le diré que le he proporcionado la información que le puedo y le debo dar como ministro de Fomento.
Respeto todas
sus opiniones sobre la política urbanística municipal, pero dicha política es competencia del ayuntamiento; por tanto, alguna de sus consideraciones sobre la oportunidad o no de una determinada reordenación de los terrenos excedentes que Puertos
del Estado facilita para la integración urbana no es reprochable a dicho organismo. Se tendrá que debatir, y nunca un momento más oportuno que éste, de campaña electoral, en el ámbito de la política urbanística municipal.
Por otra parte, debo
rechazar sus consideraciones sobre el concepto de especulación. Señoría, lo que no puede ocurrir es que cuando un convenio de esta naturaleza se firma, por ejemplo, en Barcelona o Sevilla para aprovechar terrenos excedentes, entre otras cosas, para
usos residenciales, se diga que eso va en beneficio de la ciudad, y que cuando se hace en Alicante, con un gobierno municipal del Partido Popular, se afirme que es especulación. El problema es suyo, señoría, no de la política que desarrollamos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Fomento.
--DE DON FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA CHICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE PARALIZAR LAS OBRAS FERROVIARIAS DE DUPLICACION DE VIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GRANADA Y BOBADILLA (MALAGA), QUE
ESTA REALIZANDO LA JUNTA DE ANDALUCIA (680/001157).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Francisco José Alvarez de la Chica, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de paralizar las obras ferroviarias de duplicación de vía
en el tramo comprendido entre Granada y Bobadilla, Málaga, que está realizando la Junta de Andalucía.
Para formular la pregunta tiene la palabra el senador Alvarez de la Chica.
El señor ALVAREZ DE LA CHICA: Mucha gracias, señor presidente.
Señor ministro, doy por formulada la pregunta en sus justos términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, la integración de Granada en la línea de alta velocidad de la red española y, a través de la línea Bobadilla-Granada, en la red
transeuropea de alta velocidad, es una iniciativa que fue adoptada en el año 2000 por el Gobierno del que me honro en formar parte, iniciativa que se va a llevar a cabo cumpliendo todas y cada una de las actuaciones previstas en el Plan de
Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007. Y espero contar con la colaboración de la Junta de Andalucía en los términos previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Fomento.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Alvarez de la Chica.
El señor ALVAREZ DE LA CHICA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el 31 de marzo su departamento hizo un requerimiento al Gobierno de la Junta de Andalucía mediante una resolución que prevé la impugnación, por la vía
contencioso-administrativa, de las obras que la Junta de Andalucía viene desarrollando en el eje trasversal de Andalucía, y en concreto en el tramo Loja-Tocón. Como bien sabe su señoría, se han producido otros pronunciamientos oficiales por parte
de responsables de su ministerio. Posteriormente le haré una concesión a la actualidad, porque pienso que tras las declaraciones que usted hizo ayer todavía existe una oportunidad abierta para el consenso y para Granada.
Dicho requerimiento no
parece sustentarse en el sentido común, según el cual, el 30 de noviembre de 2001 el director general de Ferrocarriles manifiesta, literalmente, al director general de Transportes de la Junta de Andalucía, en un documento de su propio ministerio, lo
siguiente: Te confirmo que esta Dirección General aprovechará las obras que la Junta de Andalucía está ejecutando entre Loja y Tocón, siempre que la plataforma sea para una futura doble vía y que se cumplan los condicionantes de la alta velocidad.
Unos cuantos meses después, el responsable de Renfe nombra a una persona para coordinar las obras en ese
tramo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sin embargo, la Junta de Andalucía ha dicho que, de los cuatro tramos sobre los que en estos momentos está haciendo proyectos entre Bobadilla y Granada, no va a hacer obras en tres de ellos
hasta que no llegue a un acuerdo con su departamento, que es el que, efectivamente, tiene la capacidad constitucional y la obligación de hacer llegar el AVE a Granada. Y lo que parece poco comprensible y, desde luego, no han entendido la mayoría de
los granadinos, es que si se está haciendo una obra que puede ayudar, como ya está ayudando la inversión de 20.000 millones de pesetas en el eje trasversal de Andalucía, ustedes no hayan aprovechado esa buena opción de utilizar la vía que ya se está
arreglando con objeto de que sea la parte fundamental de la línea que unirá Granada con Bobadilla para conectarla con el AVE.
Por ello, le pido que escuche el clamor de la sociedad granadina, porque hay un espacio para el acuerdo. No piense que la
Junta de Andalucía quiere engañar a su departamento. Usted está en condiciones en estos momentos de que una ciudad, que es la cuarta por número de visitantes de España, tenga el AVE que merece, de doble vía, de ancho internacional.
¿Está usted
dispuesto, señor ministro, a sentarse con los representantes de la Junta de Andalucía, como dijo ayer en Granada, y llegar a un acuerdo para que los granadinos tengan el AVE que necesitan y no una red con una sola vía por la que transite el Talgo?
Creo que hay condiciones suficientes entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y su departamento para que se llegue a ese acuerdo. Y eso es lo que necesita Granada, no en el año 2025, sino en 2007. Por tanto, si quiere hacer verdad sus palabras
de ayer en Granada, aunque hemos perdido un año, le pido que no perdamos ni un día más, señor ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor senador, la incorporación de Granada a la red de alta velocidad española y a la red transeuropea de alta velocidad es patrimonio político del
Gobierno del que me honro en formar parte y del Partido Popular.
(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso lo pueden ustedes contar como quieran o tergiversar a la carta, pero ésa es la realidad política de las
infraestructuras y la planificación que en estos momentos permite a Granada aspirar a la alta velocidad.
En segundo lugar, el corredor Bobadilla-Granada pertenece a la infraestructura ferroviaria del Estado, y si la Junta de Andalucía quiere
invertir, como lo está haciendo la Xunta de Galicia en el eje atlántico para ampliar y acelerar las obras de alta velocidad, lo puede hacer mediante la firma de un convenio. Una vez más lo reitero, como lo hice ayer, y lo vengo manteniendo desde el
principio en público y en privado en las conversaciones con la consejera.
No se pueden mezclar las cosas. La obra de acondicionamiento del tramo Loja-Tocón se hace en virtud de otro convenio que nace en 1995 y según el cual la Junta de Andalucía
paga con inversiones de acondicionamiento en la vía existente las deudas contraídas por no pagar a Renfe en los ejercicios anteriores. Ese es el convenio vigente en virtud del cual la Junta puede hacer lo que puede hacer y está obligada a hacerlo,
además, en virtud de las deudas contraídas con Renfe.
Si ahora la Junta de Andalucía se ofrece a financiar anticipadamente la segunda vía del corredor de alta velocidad, lo puede hacer. No tiene más que ofrecer su voluntad de firmar un convenio.
La del ministerio de Fomento está garantizada de antemano, y en ese momento haremos todo de acuerdo con una voluntad política de cooperación y respetando los principios constitucionales y los principios autonómicos recogidos en el Estatuto de
Autonomía.
Así es como colaboran las instituciones y así es como me gustaría encontrar la colaboración de la Junta de Andalucía si es que quiere invertir para acelerar la construcción de la segunda vía del AVE a Granada.
Muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE INICIAR NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CON LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS IMPLICADOS,
CONDUCENTES A LA MODIFICACION DEL TRAZADO OCCIDENTAL DE LA AUTOVIA DEL CANTABRICO (680/001158).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Excelentísimo señor don José Antonio Alonso García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del ministerio de Fomento de iniciar negociaciones con el Gobierno del Principado de Asturias,
con las asociaciones y colectivos implicados, conducentes a la modificación del trazado occidental de la autovía del Cantábrico.
Tiene la palabra el senador Alonso García.
El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la razón que me anima a formularle esta pregunta no es otra que la incidencia que el actual trazado de la autovía del Cantábrico en el tramo occidental tiene en el
sector primario, es decir, en el sector agrícola y ganadero de la zona en cuestión.
Como usted bien sabe, en el Principado de Asturias este sector de actividad representa una media de aproximadamente el 12,55 por ciento.
Sin embargo, en el concejo
de Valdés representa el 56,6 por ciento, en el de Navia el 24,2 por ciento, en el de Coaña el 43,3 por ciento, en El Franco el 60,7 por ciento, en definitiva, por los concejos por los
que pasa este tramo del trazado de la autovía del Cantábrico este sector de actividad supone aproximadamente el 50 por ciento frente al 12,55 por ciento del resto del Principado.
Quizá me pueda decir, señor ministro, que no está dispuesto a
consumir un sólo minuto en esta cuestión. Quizá me pueda plantear que en los municipios que antes relacionaba, exceptuando el de Valdés y el de Vegadeo, gobernados por socialistas, el resto gobernados por alcaldes del Partido Popular, no plantean
dificultad alguna a este trazado. Quizá me pueda decir que el trazado obedece exclusivamente a razones técnicas.
Pues bien, señor ministro, los socialistas no tenemos interés alguno en contribuir a generar el más mínimo déficit de gestión en esta
importante infraestructura para nuestra comunidad autónoma, pero lo que planteamos para los tramos cuatro, cinco y seis, entre Coaña y el Puente de los Santos, como usted bien sabe, no supone ni formal ni administrativamente un nuevo estudio
informativo, sino un período de información pública a realizar en el anteproyecto o proyecto de construcción, según figura en el artículo 34.3 del Reglamento General de Carreteras del Estado.
Por lo tanto, lo que planteamos, señor ministro, es que
usted tenga la misma actitud que tuvo en una reciente visita que realizó a Oviedo en la que tuvo a bien recibir a los colectivos que habían planteado algún tipo de alegación a la ronda norte-noroeste de esta ciudad. Usted anunció a aquellos
colectivos que estaba dispuesto a analizar el trazado de la ronda norte, es decir, la incidencia que tuviese.
Puesto que en este tramo existen, como usted bien sabe, 1.780 alegaciones a este trazado, y puesto que lo que estamos planteando no supone
retraso alguno --en todo caso más que la información pública--, lo que le pregunto, señor ministro, es si en aras de dar una solución que sea factible para todos los colectivos afectados está dispuesto a reconsiderar esta cuestión entre las
administraciones central, autonómica y los colectivos afectados para que este sector de la actividad en el Principado de Asturias, con este diseño de trazado, no tenga que verse abocado a perder buena parte de los intereses que tienen en la zona, y
plantear lo que ya se está haciendo en el ámbito de otras comunidades autónomas, es decir, que el trazado no discurra por la rasa costera y sí, en la medida de las posibilidades que se tengan, arrimarlo más a pie de monte.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, precisamente siguiendo su ejemplo, el estudio informativo de la ronda norte de Oviedo está en estos momentos en información pública o
acaba de concluir el período de información pública y, tras las alegaciones, será sometido a la preceptiva declaración de impacto ambiental.
El tramo de autovía del Cantábrico por el que su señoría se interesa se sometió a información pública en el
mes de enero de 1998, y hasta el río Porcía, desde Otur, tiene declaración de impacto ambiental desde el 27 de septiembre de 1999.
En el caso del tramo río Porcía-Ribadeo, que se acomodó a la tramitación de la continuidad de la autovía en la
provincia de Lugo, se sometió a información pública en el año 2000 y tiene declaración de impacto ambiental desde febrero del año 2002, desde hace más de un año.
Por lo tanto, señoría, este no es el momento para volver atrás, deshacer el camino
andado, perder el tiempo correspondiente y discutir un nuevo trazado, entre otras razones porque el trazado elegido, desde el punto de vista del servicio a los habitantes y a los municipios, es el mejor. El que propone su señoría deja sin servicio
a los habitantes de Coaña, de La Caridad, de Tapia, de Barres, de Figueras y de Castropol y, además, obliga a causar un daño medioambiental a esa zona agrícola y ganadera, porque supongo que la desviación de la autovía tendrá que sacar los
respectivos ramales de conexión hasta la actual carretera, con lo cual el impacto medioambiental será mucho mayor y, por supuesto, mucho mayor el costo.
El trazado elegido es, desde todos los puntos de vista, incluido el medioambiental, el mejor, y
por eso, señor senador, en estos momentos lo que estamos haciendo es acelerar la redacción del proyecto para, a su vez, poder acelerar el inicio de la construcción de las obras y su puesta en servicio y completar de esta manera el corredor del
Cantábrico en el lado occidental asturiano y en toda la provincia de Lugo en el lado gallego.
El proyecto Otur-Villapedre está ya pendiente de adjudicación, lo mismo que el Villapedre-Navia. Su señoría sabe que la variante de Navia está en obras,
el proyecto Navia-Tapia de Casariego está pendiente de adjudicación, lo mismo que el Tapia de Casariego-Barres, mientras que el tramo Barres-Ribadeo está en avanzado estado de redacción del proyecto, como el Ribadeo-Reinante, para poder iniciar las
obras lo antes posible.
Creo que lo que necesita Asturias y lo que necesita Galicia no es que revisemos el trazado, sino que aceleremos los proyectos y la construcción de las obras.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA SITUACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (680/001160).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Excelentísimo señor don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que realiza el Gobierno de la situación y funcionamiento de los servicios de correos y telégrafos en la
provincia de Salamanca.
Tiene la palabra el senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: La doy por planteada en sus propios términos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor senador.
A este ministro le parece que el funcionamiento del servicio postal en la provincia de Salamanca, dentro del proceso de modernización y racionalización
del servicio postal que se está llevando a efecto, es absolutamente normal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor ministro.
No estamos de acuerdo.
El servicio de correos en la provincia de Salamanca ha perdido durante los últimos años más de 60 puestos de trabajo en las zonas rurales debido a las jubilaciones y
a las reestructuraciones del servicio rural, que ha venido distorsionando y dejando sin garantía y calidad al mismo.
La redistribución de los servicios postales, realizada o anunciada ya, supondrá que algunos pueblos no reciban diariamente el
correo, especialmente en las zonas de Béjar y Ciudad Rodrigo. De hecho, hoy hay pueblos que no tienen reparto de correo consecutivo durante los cinco días a la semana que prevé la Ley 24/1998, del Servicio Postal Universal de liberalización de los
servicios postales.
En Salamanca, en zonas donde el servicio ya se reformó --Vitigudino, Santa Marta, Tamames, La Alberca, La Fuente de San Esteban--, hay enlaces que van sobrecargados y no reparten todos los días a las poblaciones asignadas,
mientras que otros tienen obligaciones mínimas, lo que demuestra que hay una falta de compensación en el servicio.
En las reformas efectuadas en las oficinas de Santa Marta se masificó el personal y a día de hoy se incumple lo dispuesto en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como consta en el informe realizado por el doctor Alirangues, de la Dirección General de Madrid.
Falta espacio para el número de empleados que allí trabajan, hay ocho o nueve trabajadores ubicados
en espacios de entre 10 y 30 metros cuadrados. Los locales y oficinas carecen de adaptación a la normativa sobre eliminación de barreras arquitectónicas para disminuidos físicos y psíquicos, haciendo imposible el uso del servicio para estos
ciudadanos.
En Santa Marta de Tormes el local no es idóneo para el servicio, siendo la suya una población en continuo crecimiento que de 9.000 habitantes ha pasado ya a cerca de 15.000.
El local de Cantalapiedra está en ruinas, por lo que ha sido
necesario ocupar un aula cedida por el colegio público del mismo pueblo. Desde hace seis años, y ante la falta de personal, se contratan 200 eventuales durante ocho días en los períodos de acumulación. Por otra parte, en la ciudad de Salamanca las
zonas de crecimiento urbano, como Caprabo, Garrido, Chinchibarra, Las Bizarricas, Capuchinos, Campus y el polígono industrial El Montalvo carecen del personal suficiente, motivo por el que el servicio no se realiza en el tiempo marcado por la ley y
se acumulan objetos, tal y como ha ocurrido en el mes de octubre, en el que había 1.181 certificados acumulados, 10.060 cartas y 7.810 impresos. Ante esto, han tenido que acudir diversos inspectores de Valladolid para ver qué sucede. Por otra
parte, los carteros hace cuatro años que no reciben ropa de invierno contra el frío y el agua.
Para finalizar, el 30 de enero de 2002 Correos realizó una operación de compra de una nave industrial por valor de 325 millones de pesetas en la zona de
Capuchinos (carretera de Zamora) para hacer un nuevo centro, que no se ha realizado porque el ayuntamiento no da licencia urbanística para ello, pues el plan parcial prohíbe el uso industrial. Nadie de la Delegación Provincial de Correos pidió
información sobre el tema y hoy deben buscar otro terreno para nuevos locales.
La situación del servicio de Correos no es, por tanto, idílica ni positiva: descoordinación, errores, dejación y deterioro del servicio es el resultado que denuncio
aquí para que el ministerio ponga orden. ¿Quizá no es éste el avance de la muerte anunciada en 1999 a la que va a estar sujeto el Servicio Público Postal de cara a una futura posible privatización, previa reestructuración definitiva? Lo cual...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castro Rabadán.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señoría. Tomo nota de las cuestiones puntuales que me ha planteado en su intervención y con mucho gusto contrastaré el detalle de las mismas con los servicios de
Correos. Pero a mí me interesa, señoría, que entienda usted con visión de conjunto lo que se está haciendo en estos momentos en toda España.
En los entornos rurales con una población de menos de 5.000 habitantes, muy diseminada, el servicio
tradicional con alto número de trabajadores con jornadas parciales, con medios de desplazamiento anacrónicos y con problemas de cobertura del territorio genera muchas dificultades para gestionar correctamente la correspondencia y mejorar la calidad
del servicio. Es necesario reordenar el servicio para hacerlo más moderno y profesional, y esto es lo que se está haciendo a través de las jornadas de trabajo que se completan, de la concentración de servicios de oficinas de poca población en un
único enlace rural, del incremento de la motorización de los servicios y, en definitiva, de la homogeneización y racionalización de la gestión de la correspondencia. Por supuesto admito que, como en todo proceso de ajuste, puede haber disfunciones,
por ejemplo, respecto del tiempo de familiarización de los carteros con las nuevas zonas asignadas, pero eso es algo que se supera
en una fase inicial de adaptación y al final se produce una mejora sustancial en la prestación del servicio postal.
Concretamente en Salamanca se han llevado a cabo reestructuraciones durante el año 2003 en Béjar, Ciudad Rodrigo, Tamames,
Guijuelo, La Alberca y Linares de Riofrío; se han suprimido 14 servicios que estaban vacantes y se han reorganizado los enlaces rurales; al final se ha incrementado la motorización en 334 kilómetros al día, con lo que se ha avanzado notablemente
en cuanto a la racionalización del servicio de reparto. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? El resultado es, señoría, que Correos está avanzando en una mayor calidad ante los ciudadanos. En el año 2000 Correos entregaba a los destinatarios el
94,7 por ciento de la correspondencia básica, como cartas y tarjetas postales, en los tres días siguientes a su expedición. El porcentaje ha subido al 97,7 en el año 2001 y al 98,02 en el 2002. Esta es la dirección correcta para modernizar Correos
y dar el mejor servicio a los españoles en materia de comunicaciones postales y es la dirección en la que vamos a seguir trabajando en Salamanca y en toda España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
INTERPERLACIONES:
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE EL CRITERIO Y LA POSICION DEL GOBIERNO EN LO QUE SE REFIERE AL TRATAMIENTO NORMATIVO, LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DE LA COMISION EUROPEA Y EL
DEBATE QUE SE ESTA PRODUCIENDO EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA EN MATERIA DE PATENTABILIDAD DE SOFTWARE INFORMATICO (670/000191).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio y la posición del Gobierno en
lo que se refiere al tratamiento normativo, los contenidos de la propuesta de la Comisión Europea y el debate que se está produciendo en el seno de la Unión Europea en materia de patentabilidad de software informático.
Para exponer la interpelación
tiene la palabra el senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, intentaré describir, en primer lugar, el problema que a nuestro juicio existe a este respecto y que origina esta interpelación.
El Derecho europeo
vigente en materia de patentes excluye de la patentabilidad cosas como los descubrimientos y teorías científicas de los métodos médicos y de los programas informáticos como tales. La expresión «como tales» no es, evidentemente, un modelo de
precisión normativa, pero hay una coletilla que intenta aportar mayor concreción y que especifica que, para ser inventos patentables, los desarrollos informáticos de software más hardware --la expresión que se utiliza es la de «programas
implementados en un ordenador»-- deben producir una contribución técnica que cumpla tres requisitos: en primer lugar, que haya actividad inventiva, es decir, aquello que no resulte del mero hecho de la técnica que de una manera evidente conocen los
expertos en la materia; en segundo lugar, que tenga carácter técnico, lo que a mi juicio constituye otra imprecisión normativa, y en tercer lugar, que sea susceptible de aplicación industrial, no en el sentido convencional de bienes manufacturados,
sino de cualquier tipo de procesos que produzcan bienes y servicios.
Los programas informáticos se consideraban excluidos de la patentabilidad, es decir, no eran susceptibles de ser patentados, aunque sí, lógicamente, protegidos a través de los
derechos de propiedad intelectual. Pero, por lo visto, subsisten márgenes de interpretación a este respecto. Así pues, la primera pregunta es la siguiente: ¿Quién interpreta? Interpreta la Oficina Europea de Patentes, que, por cierto, no depende
de las instituciones de la Unión Europea directamente, sino que se rige por el Convenio Europeo de Patentes suscrito por los 15 miembros y por algunos otros países.
Segunda pregunta: ¿Cómo interpreta? Hasta hace no muchos años lo hacía aceptando
el principio general de no patentabilidad, que a nuestro juicio era una interpretación correcta. No obstante, desde hace unos años ha cambiado de criterio y viene otorgando patentes --se calcula que alrededor de unas 30.000-- a programas o
secuencias parciales de programas, secuencias algorítmicas de software que con el anterior criterio no se hubieran reconocido como patentables. Valga decir que muchas de estas patentes están impugnadas o recurridas y que en caso de ser declaradas
nulas originarían una compleja casuística jurídica.
¿Por qué la Oficina Europea de Patentes ha cambiado de criterio sin que se haya modificado el convenio y sin que la Unión Europea haya legislado al respecto? No lo sé, aunque supongo que ellos
sí, pero parece razonable que pueda ser por tres tipos de razones: La primera sería porque los «lobbies», que patentan con facilidad en Estados Unidos y en Japón, incluidos, sobre todo, los que no investigan, es decir, las empresas que se dedican
prácticamente solo a patentar, presionan para ampliar a Europa el ámbito de sus patentes. Estoy hablando, sobre todo, de la Business Software Alliance, de clara vocación oligopolística. La segunda razón podría ser una cierta deformación
profesional. La función de la oficina es patentar y es relativamente lógico que tiendan a considerar patentables cosas que no figuran de forma muy precisa en la normativa si lo son o no. Y tal vez una tercera razón sería la de que los ingresos de
la oficina son proporcionales a las patentes que tramitan, estando aparentemente vinculada su eficiencia al volumen de patentes otorgadas.
Ante este cambio de criterio y ante las distintas actitudes de las oficinas de patentes de los respectivos Estados miembros, la Comisión Europea decidió armonizar y redactó un proyecto de directiva. Una pregunta que debemos hacernos es si
ello fue así para contrarrestar o para avalar el nuevo criterio de la Oficina Europea de Patentes. Según se desprende del texto inicial --más bien para avalarlo--afortunadamente, y siempre a nuestro juicio, el trámite por el proceso de codecisión
puede modular o está modulando relativamente ese texto inicial si se atienden los criterios y enmiendas propuestos por la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, más bien poco favorables a la patentabilidad. Pero, por otra parte, la Jure, el
Comité de Asuntos Legales y Mercado Interior, es más favorable --en realidad parece ser que hasta ahora es muy favorable-- respecto a las tesis del texto propuesto por la comisión.
El debate no es, pues, si proteger o no proteger. No existe ese
debate.
Todo el mundo está de acuerdo en proteger. El debate real es proteger vía patente o proteger vía propiedad intelectual, como se ha hecho hasta ahora. Paradógicamente, en la Unión Europea y en los Estados Unidos se está produciendo de
manera simultánea este debate, pero en términos inversos. En los Estados Unidos, donde la programación viene siendo patentable, se levantan voces muy cualificadas en contra de la patentabilidad por las consecuencias negativas que empíricamente se
están detectando en forma de monopolios injustificados y de freno a la innovación. Recientemente, una empresa norteamericana, de nombre bastante significativo, «Pangea Intelectual Property», que ostenta patentes diversas sobre todo relativas al
comercio electrónico, está amenazando con querellas a docenas e incluso a centenares de pequeñas y medianas empresas que venden en los Estados Unidos a través de Internet. Para evitar carísimos litigios, muchas de estas empresas optan por pagar los
5.000 dólares que se les exige, e incluso algunas prefieren dejar de vender provisionalmente a través de Internet. El caso se ha convertido en un escándalo público hasta el punto de que el propio presidente de la Oficina Federal de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos ha admitido la disfunción que genera el actual sistema de patentes. Mientras tanto, en la Unión Europea parece como si quisiéramos recorrer el camino al revés.
Aparentemente el debate es muy complejo para los que no
sean expertos en informática o para personas que no hayan profundizado en la materia. Lo primero que cabe decir es que, en general, el conocimiento y su desarrollo no son patentables. Sí lo son los inventos y los frutos de los procesos de
investigación. Para intentar hacerlo comprensible hay que recurrir a ejemplos, no idénticos, pero sí comparables por analogía con otros campos. Por ejemplo, se puede patentar un motor, pero no se pueden patentar sus planos; se puede patentar una
molécula aislada y sintetizada como principio activo de aplicación farmacológica, pero no se pueden patentar los procedimientos de uso del microscopio utilizados, que son de conocimiento común de los biotecnólogos; se puede patentar un aparato que
permita controlar mejor, programa informático incluido, las constantes vitales durante una intervención quirúrgica, por ejemplo, pero no debe ser patentable un programa informático aislado para esta aplicación puesto que puede ser mejorado o
sustituido, según las aplicaciones específicas requeridas, por cualquier persona que posea suficientes conocimientos informáticos para hacerlo, que son conocimientos comunes a muchas personas; se puede patentar un aparato de rayos láser para operar
cataratas, pero no se puede patentar el protocolo sobre su técnica de uso, como no se puede patentar un método didáctico para mejorar la enseñanza en determinada materia.
Pasando a otro ejemplo, ya desde otro punto de vista, una novela o una
composición musical están protegidas por los derechos de autor para que no se puedan copiar o piratear. Su autor puede controlar los permisos de copia, de redistribución y de modificación sobre su obra, pero no se pueden patentar. Ni la novela o
la composición en concreto, ni mucho menos el género o el tipo. Si esto fuera patentable cualquiera podría patentar, por ejemplo, las novelas de aventuras en un país africano durante una guerra tribal o las novelas costumbristas en la España rural
durante la posguerra civil, y ya nadie podría escribir sobre estos géneros durante los 20 años de vigencia de la patente sin obtener el permiso del que la posea, mientras que los titulares de dichas patentes no estarían obligados a escribir sobre
ellos, pero podrían detectar si alguien que no sabe que existe la patente lo hace y exigir el pago de un «royalty».
Pues bien, un programa informático se parece más en este sentido a una novela o a una composición musical que a un invento. Es una
secuencia de algoritmos que pueden desarrollar las personas que poseen conocimientos para ello, de igual manera que las personas capacitadas pueden desarrollar secuencias de palabras y convertirlas en literatura o bien de notas musicales y componer
música. Se trata, en definitiva, de distinguir, por una parte, las invenciones del mundo material que requieren inversiones en laboratorios --experimentos y ensayos, farmacia, química, mecánica, electrónica, microelectrónica, etcétera--, y en esos
casos las patentes son útiles, estimulan, evidentemente la investigación y remuneran la inversión que han requerido. Pero, por otra parte, las creaciones lógicas del mundo intelectual, que se deducen y derivan del conocimiento adquirido --métodos
de negocio, presentación de la información, programas informáticos, etcétera--, en esos casos, que son cosa distinta, lo difícil no es tener la idea, ni tiene por qué haber costes previos necesariamente; lo difícil es ponerla en práctica y que
funcione, pero no existe un invento patentable. Para el primer caso, patentes. Para el segundo caso, «copyright». En el fondo, es así de sencillo. Siendo esto así, parece claro que la fórmula lógica de proteger a los autores del programa es el
derecho a la propiedad intelectual vía derechos de autor.
Pero hay algo todavía más grave en el problema que estoy intentando describir, y es la patentabilidad de las mejoras o adaptaciones incrementales en un determinado programa informático. La
innovación informática no se produce a grandes saltos a base de inventos geniales; es fundamentalmente incremental. Todos los días se adaptan y mejoran cientos de aplicaciones informáticas. La patentabilidad
de esas modificaciones y mejoras es abortar la innovación. Es como si fuera patentable cualquier algoritmo, por ejemplo, 2pr o bien bxh ---- y no se pudieran usar sin -2- pago previo de «royalty» para desarrollos de cálculos más complejos.
Es como si fuera patentable una secuencia de palabras como «Amaneció con un cielo plomizo y premonitorio de lluvia» y ya nadie pudiera usarla legalmente sin saber si está o no patentada esta frase para hacer literatura. O como si fuera patentable,
por ejemplo, una secuencia musical del estilo de mi, sol, la, re, que ha sido pulsada en miles de composiciones a lo largo del tiempo, desde Beethoven a los Beatles y desde la rumba al bolero.
Deseamos saber la posición del Gobierno sobre este
debate y qué defenderá el Gobierno de España en su momento en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en la parte definitiva del proceso de codecisión. Tuve la oportunidad de preguntar al señor Piqué, en una comparecencia ante esta Cámara, su
opinión sobre ello. Me contestó que todavía no tenía opinión formada ni posición fijada. Lo consideré lógico porque fue pocos días después de su toma de posesión como ministro de Ciencia y Tecnología. El pasado mes de enero, la Comisión del
Senado para la sociedad de la Información y el Conocimiento organizó en esta cámara una jornada sobre la materia. En ella aprendimos mucho de todos los ponentes, pero nos quedamos con las ganas de conocer la posición del Gobierno, porque el
director general de Servicios de la Sociedad de la Información, don Leopoldo González Echenique, no tuvo a bien expresarla. Tuvo una intervención muy interesante, descriptiva del problema, pero no manifestó la posición del Gobierno. Espero que
hoy, aunque sea a través del ministro de Agricultura, podamos conocerla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Cultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Estas tres últimas décadas, tiempo transcurrido desde que se firmó el Convenio para la Concesión de Patentes Europeas en
Múnich, en 1933, hasta nuestros días, es evidente que determinados sectores de la ciencia y de la tecnología han experimentado un desarrollo mucho mayor que el que habían experimentado con anterioridad a la firma del citado convenio.
Campos como la
biotecnología o las ciencias de la computación son ejemplos manifiestos.
El Convenio Europeo de Patentes, o Tratado de Múnich, del que forman parte 26 países europeos, entre ellos España, establece un procedimiento único de concesión de patentes
para estos países a través de la Oficina Europea de Patentes. Posteriormente a la concesión de una de estas patentes, esta se transforma en tantas patentes nacionales como el titular señale en su solicitud. Estas patentes, a partir de su
validación en cada uno de los Estados miembros, quedan sometidas a los respectivos derechos nacionales y a los tribunales de cada Estado. Pero, por otra parte, el sistema europeo de patentes no sustituye a los propios sistemas nacionales de
patentes, sino que coexiste con ellos.
Sin embargo, existen divergencias jurisdiccionales y administrativas que ha señalado la Comisión Europea, por un lado entre las decisiones de la Oficina Europea de Patentes y los tribunales de los Estados
miembros, y por otro entre los propios tribunales de diferentes Estados miembros.
Todas estas divergencias se hacen todavía más notorias en un campo tan complejo como el de los programas de ordenador, y ello hace aconsejable una norma comunitaria
que armonice las legislaciones. Por tanto, la normativa comunitaria ni trata de contrarrestar ni trata de avalar. Trata de armonizar legislaciones nacionales sobre patentes en lo que se refiere a la patentabilidad de las invenciones implementadas
en ordenador. Para ello se está tramitando, como ha manifestado el senador interpelante, una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, es decir, de aquellas invenciones en
cuya ejecución o puesta en práctica interviene un ordenador u otro aparato programable.
Conocen sus señorías perfectamente el texto de la moción aprobada por el Pleno de eta Cámara el 21 de mayo de 2002, por la que se nos instaba a defender en los
ámbitos de la Unión Europea que procediera que la aprobación de la directiva sobre patentabilidad se realizara en un plazo que permitiera analizar con rigor sus efectos para la investigación en materia de software en la Unión Europea posibilitando
información adecuada a los sectores implicados. Ha pasado más de un año, ha habido amplios debates en la Unión Europea, los ha habido en esta Cámara sobre estos temas. Creo que el Gobierno ha respetado y seguido la iniciativa parlamentaria en todo
momento.
Señorías, para que tengamos las ideas más claras a pesar de la explicación técnicamente correcta que el senador interpelante ha puesto de manifiesto, voy a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, en ningún caso la propuesta de
directiva supone patentabilidad de los programas informáticos o protección de las llamadas patentes de software, y es que parecía que la directiva estaba invadiendo estos términos. Pero para mayor claridad me gustaría hacer una referencia
histórica. En la tradición europea, para que las invenciones sean patentables, han de cumplir el requisito de ser reglas técnicas, es decir, una invención debe tener carácter técnico, no tiene que ser útil sino técnica. Tanto nuestra Ley nacional
de patentes como las de los países de nuestro entorno y el Convenio sobre concesión de patentes europeas establecen que los programas de ordenador como tales, es decir, en sí mismos, no son considerados invenciones y, por tanto, están excluidos de
patentabilidad.
Tradicionalmente se justifica esta exclusión por carecer éstos de carácter técnico. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Convenio de Munich, la Oficina Europea de Patentes ha concedido más de 30.000 patentes, como
acertadamente ha dicho su señoría, cuya puesta en práctica requiere la intervención en una u otra medida de un programa de ordenador,
llegando en muchos casos a constituir el propio programa uno de los elementos esenciales, aunque no el único, de la invención. En estos casos se produce un efecto técnico que confiere al objeto protegido el propio carácter técnico exigido a
las invenciones, y además tiene lugar una contribución técnica en el campo tecnológico correspondiente que no resulta evidente al experto medio en ese sector de la técnica. Esta práctica ha dado lugar a un conjunto de invenciones a las que se ha
denominado con la expresión genérica de invenciones implementadas en ordenador.
Pues bien, señorías, ya en estos momentos, antes de la directiva, la Oficina Europea de Patentes, con relación a este tipo de invenciones, considera patentables
aquellas invenciones para un procedimiento técnico que son implementadas en un ordenador siempre que las reivindicaciones de la solicitud de patente estén referidas a las etapas del método ejecutadas por el programa o al sistema informático que
incluye tanto el equipo físico, el hardware, como el equipo lógico, el denominado software. Existe conformidad sobre el hecho de que en dichas invenciones el equipo físico es conocido y en que las únicas características nuevas, por tanto, están
definidas por el programa de ordenador. Sin embargo, no se consideran admisibles aquellas reivindicaciones que expresamente van dirigidas a proteger un programa de ordenador o el medio físico utilizado para almacenar dicho programa. En la
industria de los programas de ordenador el producto que es objeto del tráfico comercial es el propio programa, ya sea incorporado en un disco o vía Internet. Hay sectores de esta industria que entienden que para obtener una protección completa para
esta clase de invenciones sería necesario incluir en la solicitud de patente reivindicaciones dirigidas al programa de ordenador, reivindicaciones del ordenador que contiene el programa y reivindicaciones del procedimiento o método que tiene lugar
cuando el programa se ejecuta. Pero ya he señalado que el carácter técnico de una invención es un requisito esencial para su protección y, por consiguiente, puede interpretarse que los programas de ordenador en sí mismos son meras creaciones
abstractas en la medida en que no tienen ese carácter técnico.
Sin embargo, el programa sí tendrá ese carácter técnico cuando presente unos efectos técnicos adicionales tales como los que concurren en el control de un proceso industrial, en el
tratamiento de datos que representan entidades físicas o en el funcionamiento interno del propio ordenador que afecta a la eficacia o seguridad de un proceso. Por el contrario, el tratamiento de datos que representan magnitudes económicas o el
procesamiento de simple texto no da lugar a efectos técnicos distintos de las habituales interacciones físicas entre el programa y el ordenador en el que se ejecuta.
En consecuencia, las reglas que se ejecuten en un ordenador, en una red de
ordenadores o en otro aparato programable, y aun cuando produzcan un resultado práctico o útil, no podrán ser objeto de una patente a menos que supongan una contribución al estado de la técnica que garantice su carácter técnico. Insisto una vez más
en que las actividades de naturaleza económica o comercial desprovistas de ese carácter técnico, que sí son patentables en Estados Unidos, no entran, por el contrario, en el ámbito de protección definido por la presente propuesta de directiva.
Volviendo a la finalidad de la propuesta de directiva, lo que se pretende es armonizar las leyes nacionales sobre protección de programas de ordenador por patentes de invención, definiendo las condiciones en las que determinados aspectos de un
programa de ordenador pueden constituir el objeto de una patente, y estableciendo una clara separación con la protección otorgada por el derecho de autor o propiedad intelectual.
Se pretende que la propuesta de directiva recoja la posibilidad de
que las invenciones implementadas en ordenador puedan reivindicarse como producto o como procedimiento. No se establece la posibilidad de reivindicar un programa de ordenador en sí mismo incorporado a un soporte o integrado en una señal eléctrica.
En este aspecto la propuesta de directiva no ha seguido la práctica de la Oficina Europea de Patentes, si bien el Consejo ha introducido esta posibilidad, como luego explicaré.
Otro objetivo es proporcionar una mayor transparencia a las compañías
europeas, y en especial a las pequeñas y medianas empresas, y mejorar la posición de la industria europea del software con respecto a sus principales competidores de Estados Unidos cuya legislación en este campo es menos restrictiva que la vigente
en Europa.
En suma, la propuesta de directiva sobre invenciones implementadas en ordenador recoge, casi en su totalidad, la práctica seguida en esta materia por la Oficina Europea de Patentes al reconocer que una invención no está excluida de la
protección mediante patente por el mero hecho de que su ejecución requiera la utilización de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas «prima facie» que se realicen total o
parcialmente mediante un programa de ordenador.
Por otro lado, los requisitos exigidos para que las invenciones sean patentables son los mismos que se exigen al resto de las invenciones: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Se
entiende que una invención es nueva cuando no existe como tal en el estado de la técnica, e implica actividad inventiva cuando de la ejecución de la misma se derive una contribución técnica al estado de la técnica que no sea evidente para un experto
en la materia. La propuesta de directiva exige expresamente que las invenciones implementadas en ordenador deben aportar una contribución técnica al estado de la técnica anterior que no resulte evidente al experto en la materia, y además señala
cómo hay que efectuar la evaluación de esta contribución. Además, la Comisión llevará a cabo un seguimiento minucioso del impacto que la protección de las invenciones implementadas en ordenador produce en la innovación y en la competencia en el
ámbito europeo y fuera de él y sobre las empresas europeas, y para ello enviará un informa al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo máximo que se establecerá en el texto de la directiva, informe que comprobará si las normas para la
determinación de los requisitos de patentabilidad y el ámbito de las reivindicaciones son adecuados, así como las dificultades que hayan podido tener los Estados miembros cuando los requisitos de novedad
y actividad inventiva no se hayan examinado antes de la concesión de una patente, y cuando esto ocurra se verá si conviene introducir otras medias para resolver estas dificultades.
Señorías, en el Consejo de Competitividad, celebrado los
días 14 y 15 de noviembre en Bruselas, se alcanzó una acuerdo sobre el documento de «enfoque común» con las reservas de la Comisión y de las delegaciones de Francia y España, en este caso en virtud de la moción del Senado a que antes me he referido,
España hizo una reserva de escrutinio parlamentario. Las modificaciones más significativas del texto aprobado por el Consejo respecto de la propuesta de directiva, algunas de las cuales creo que pueden tranquilizar a su señoría, son las siguientes.
En primer lugar, la modificación de la definición de invenciones implementadas en ordenador suprimiendo la expresión «nuevas «prima facie»». En segundo lugar, la retirada del artículo 3, que señalaba la pertenencia de todas las invenciones
implementadas en ordenador a un campo de la tecnología.
Es importante la inclusión de un nuevo artículo 4 bis sobre exclusiones de patentabilidad en el que se indica explícitamente que las invenciones que incorporen programas informáticos que
implementen métodos comerciales, matemáticos o de otro tipo y que no produzcan ningún efecto técnico aparte de las interacciones físicas normales entre un programa y el ordenador, la red informática u otro aparato programable en el que funcionan no
serán patentables. Por lo tanto, el programa como simple programa no es patentable.
Otra modificación, quizá la más controvertida, es la introducción de un nuevo apartado en el artículo 5, por el que se admite la reivindicación de un programa
informático por sí solo o en un soporte, siguiendo la práctica actual de la Oficina Europea de Patentes, que la Comisión no incorporó en su propuesta original. La admisión de este tipo de reivindicaciones sólo es posible cuando el programa, al
ejecutarse, implemente el producto o el procedimiento reivindicado en la misma solicitud de patente. Esto, señorías, no supone que la reivindicación comprenda líneas de código, que no son per se patentables. El propósito de este tipo de
reivindicaciones es facultar al titular de la patente a emprender acciones de defensa de sus derechos frente a aquellos que realizan una distribución comercial de un programa cuya ejecución se corresponde con el objeto técnico de su patente.
Su
señoría pregunta cuál es la postura del Gobierno de España ante la posición común del Consejo. El Gobierno español ha reconocido el buen trabajo hecho, y en su momento indicó que tenía una reserva de escrutinio parlamentario por la moción
presentada en el Parlamento español, y su posición en esta materia es clara. En primer lugar, pretendemos favorecer el mantenimiento, planificación y armonización de las prácticas actuales en Europa a través de una norma de ámbito comunitario como
es la propuesta de directiva presentada por la Comisión. Consideramos enormemente positivo que haya una clarificación y una armonización de las prácticas de patentes en estos dominios de las invenciones implementadas en ordenador. En segundo
lugar, entendemos que la aprobación de esta directiva en ningún caso ha de suponer una ampliación de las materias actualmente susceptibles de ser objeto de patente en la práctica europea; en este sentido, no se pueden incorporar más tipos de
patentes que las que ya figuran en los registros de la Oficina Europea de Patentes. En tercer lugar, bajo ninguna circunstancia, los programas de ordenador, sean en su expresión de código fuente o de código objeto, pueden quedar sujetos al ámbito
de la legislación de patentes, porque su forma de protección más adecuada es el derecho de autor.
Por lo tanto, estamos a favor de la armonización y de no extender hechos nuevos patentables y en contra de que los programas de ordenador, en su
expresión de códigos, puedan ser patentables, pues entendemos que deben ser protegidos a través de los mecanismos que regulan los derechos de autor.
Esta es la posición española en este momento. Ya veremos cuál es la posición definitiva del
Parlamento Europeo, una vez que la comisión de asuntos jurídicos competente para el fondo, oídas las opiniones de otras comisiones que han intervenido en el proyecto parlamentario, fije su posición. Mediante los procedimientos de conciliación, se
buscará la solución más razonable que compatibilice todos los intereses en presencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Con arreglo al artículo 87, tiene la palabra por cinco minutos el
senador interpelante.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco su esfuerzo a la hora de transmitir la información que supongo le ha facilitado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, salvo la parte final, que
le agradezco más expresamente, me ha aportado pocas novedades.
Entrando en la parte final, le diré que estamos de acuerdo en que es conveniente clarificar y armonizar las prácticas de patentes --cabe discutir si ha de hacerse por la vía de una
directiva, aunque yo no tengo nada en contra-- a fin de aclarar a la propia oficina de patentes, a través del propio convenio de Múnich, cómo debe interpretar con más precisión algunos temas. Usted dice que no se van a ampliar las materias
susceptibles de ser patentadas --cosa que está por ver--, pero de momento se han patentado 30.000 cosas y muchas de ellas --creo que la inmensa mayoría-- no deberían haber sido patentables; de hecho, no lo hubieran sido de haberse aplicado los
criterios anteriores a este cambio arbitrario --pues no responde a ninguna normativa nueva-- que hizo en su momento la oficina de patentes.
Por otra parte, es cierto, señor ministro, que el texto ha mejorado sensiblemente --y la supresión del
artículo 3 es un dato muy importante--, pero sigue conteniendo, desde nuestro punto de vista, gravísimos riesgos de interpretación si queda tal como está en este momento. Es evidente que la controversia existe y que los informes de las comisiones
de Cultura e Industria no pueden ser más distintos
del de la Juri, que todavía no tiene texto definitivo, y que son interpretaciones radicalmente distintas.
Volviendo al asunto que nos ocupa, conceptualmente la cuestión parece bastante clara. Hay cosas que no deben ser patentables y, en
general, el software informático debería ser protegido mediante el derecho de propiedad intelectual.
La pregunta que uno se hace es por qué hay un debate tan confuso y a veces tan poco racional o tan espeso y, como casi siempre, hay que buscar la
respuesta en intereses contradictorios. Este debate no debe ser de carácter jurídico, que es el que se produce cuando se prepara una directiva o cualquier tipo de legislación, sino que debe ser de carácter económico.
Hay que preguntarse quién gana
y quién pierde, y tampoco aquí es muy difícil la respuesta. Con la patentabilidad ganan los grandes grupos, fundamentalmente los norteamericanos y japoneses con vocación monopolista, que no suelen participar en el debate público, se mueven mejor en
los despachos a puerta cerrada y tienen su «lobby» ad hoc para este tema: la Business Software Alliance. Pero lo peor es que también son ganadores las empresas cazapatentes que, sin innovar --por lo menos las grandes empresas del sector innovan--,
quieren vivir a costa de la innovación que son capaces de aportar los informáticos independientes con capacidad de mejorar y desarrollar aplicaciones.
Por otro lado, con según qué textos, como el actual --el definitivo todavía no lo conocemos y, en
este sentido, tenemos que darnos mutuamente un margen de confianza-- también hay perdedores, y es que las consecuencias de la perpetuidad no son de carácter menor. Perdedores serían los técnicos e ingenieros informáticos que, limitándose a usar sus
conocimientos y partiendo de cero, desarrollan software y podrían estar infringiendo, sin saberlo, docenas de patentes; además, se estarían protegiendo conocimientos que ellos dominan perfectamente. Serían perdedoras las empresas que producen y
comercializan software, también las españolas y, eminentemente las Pyme; si se aprueba una directiva favorable a la patentabilidad, van a tener que comprobar si sus programas están condicionados por alguna de las 30.000 patentes que entrarían
automáticamente en vigor, incluso de aquellos programas que han desarrollando antes de ser registradas las patentes. Por último, sería perdedor el espacio europeo del ámbito de la innovación informática.
Le aseguro que creo en los sistemas de
patentes en tanto que estimulan la investigación, pero sólo cuando se trata de cosas razonablemente patentables. La innovación informática, sobre todo la de carácter incremental, no necesita estímulos, pues ya es muy dinámica en todo el mundo, lo
que necesita es talento y que ese talento se pueda poner en valor sin cortapisas para innovar. A nuestro juicio, se ralentizaría el ritmo y la implantación de lo que hemos venido en llamar sociedad de la información y el conocimiento en Europa y en
España y se condicionaría el modelo, que sólo podría ser subsidiario de las directrices estándar de los dos o tres grandes grupos que controlen el modelo y el ritmo, anulando las especificidades y no dejando márgenes a la creatividad.
Insisto en
que le agradezco sobre todo la parte final de su intervención, aunque me sigue pareciendo excesivamente ambigua y, a la espera de lo que vaya ocurriendo --lo cual por una parte es razonable--, aunque a nosotros nos gustaría que el Gobierno tuviera
una posición mucho más clara para defenderla, no sólo para ver qué opinan los demás, que lo harán de forma diversa, como usted debería saber muy bien. Por ejemplo, Francia estará en contra de la patentabilidad y Dinamarca estará a favor.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando.
El señor GISBERT I BOCH: Termino enseguida, señor presidente.
Sería importante que el Gobierno fijara con más precisión su posición.
Finalmente, para terminar, quisiera dejar constancia de que lo que defendemos no es una posición aislada
ni exótica, en España la defienden prácticamente todos los ingenieros informáticos; en Europa sucede lo mismo; en España la defiende, por ejemplo, el Centro de Inteligencia Artificial del CSIC. En el plano internacional, en pocos días se han
recogido 140.000 firmas de informáticos y ha entrado un escrito en el Parlamento Europeo. Hay otro escrito registrado anteayer en el Parlamento de 40 catedráticos de informática de muchas universidades europeas e incluso hay algunas empresas como
Oracle, Berland o Fisco, no pequeñas, que están aquí y en Estados Unidos, que son contrarias a los excesos en patentes de «software».
Los próximos días 6 y 8 de mayo en Bruselas se han organizado actos académicos reivindicativos y lúdicos en contra
de la patentabilidad y van a intervenir figuras notables de lo que llamamos sociedad de la información, como Lawrence Lessig, de la Universidad de Stanford; Brian Kahin, de la Universidad de Michigan; Richard Stallman, etcétera. El calendario
para la toma de posición del Gobierno de España se va estrechando, señor ministro. El 22 de mayo se aprobará el informe de la Jure, en junio se verá en el Pleno del Parlamento y, posteriormente, Parlamento y Consejo de Ministros deberán adoptar una
decisión final. La decisión no será homogénea y, por lo tanto, es importante la posición que adopte el Gobierno español.
Por ello nos gustaría, si es que está en condiciones de hacerlo, que nos precisara un poco más qué es lo que va a defender el
Gobierno de España en el Consejo de Ministros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hacer a su señoría algunas precisiones adicionales que son puntos que reflejan la posición del Gobierno. En primer lugar, lo
que no se puede patentar en la oficina europea de Patentes, la directiva no lo incluye. En base a
esas normas del Convenio de Múnich se han aprobado ya 30.000 patentes en el campo que estamos discutiendo en esta interpelación, que no han producido los efectos de perdedores o ganadores que su señoría ha mencionado. Su señoría dice: si
se aprueba esta directiva, que clarifica, que armoniza, va a haber ganaderos o perdedores y, por lo tanto, implícitamente su señoría está aludiendo al problema del «software» libre; éstos van a ser los grandes perdedores, los partidarios del
«software» libre, porque esta directiva comunitaria va a hacer restrictiva la actuación de estos operadores económicos que se van a haber afectados por nuevos hechos que son patentables. Ya eran patentables, había 30.000 supuestos que habían
accedido y el «software» libre se ha desarrollado en la Unión Europea, no seamos tan alarmistas.
En segundo lugar, la directiva no supone ninguna aproximación al modelo americano. Señoría, la Unión Europea no va a seguir el modelo americano.
El
Gobierno español no comparte el modelo de los Estados Unidos de América.
Su señoría tiene que quedarse absolutamente tranquilo, la directiva no protege los algoritmos, los operadores siempre pueden desarrollar sus programas. Un algoritmo
matemático es una creación abstracta no vinculada a ninguna realidad material, porque es carente de naturaleza técnica y, por lo tanto, no puede constituir el objeto de una patente. La utilización de un algoritmo matemático desvinculada del resto
de las características técnicas que integran la reivindicación de una patente no constituye en modo alguno un acto de usurpación de los derechos del titular conferidos por la patente.
Su señoría apunta que la directiva que nos ocupa puede dañar a
la industria del «software» libre y a los creadores de «software» independiente; yo entiendo que no hay punto de contacto entre esta directiva y el «software» libre, son ámbitos completamente diferentes. La propuesta de directiva no supone una
alteración de las materias o actividades que pueden constituir el objeto de una patente; las patentes sobre invenciones implementadas en ordenador llevan siendo concedidas por la Oficina Europea de Patentes y otras oficinas de patentes europeas
desde hace 15 ó 20 años sin que hasta la fecha se haya producido por este motivo un estancamiento del desarrollo de este «software». Por lo tanto, entiendo que en estos momentos tenemos una situación lógica.
La posición del Gobierno español es muy
clara: no queremos ninguna ampliación de las materias actualmente susceptibles de ser objeto de patentes y no queremos que los programas de ordenador, en su expresión de código fuente o de código objeto, estén sujetos al ámbito de la declaración de
patentes.
Para conocimiento de su señoría, debo decirle que el comisario Bolkestein, en el Consejo al que antes me he referido, en el que se aprobó la posición común, manifestó que las invenciones de ordenador tienen que ser tratadas como las demás
y tienen que tener un carácter técnico, que no quería la inclusión de programas de ordenador como tales, y Francia indicó --para conocimiento de su señoría-- que estaba a favor de la directiva aunque mantenía una reserva de estudio que revisaría
cuando el Parlamento emitiera su dictamen. Pero la posición inicial de Francia es también favorable a la directiva y es la posición de prácticamente todos los Estados miembros en los términos actuales. Existe un amplio acuerdo de las delegaciones;
están las reservas parlamentarias que hemos puesto algunos Estados miembros y reserva de estudio y habrá que ver lo que decide la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es la competente para el fondo.
En el Parlamento Europeo es muy normal que las
opiniones de las comisiones sean muy divergentes entre sí. Yo he sido miembro de la Comisión de Agricultura durante 13 años y cuando la Comisión de Medio Ambiente emitía sus opiniones eran radicalmente contrarias a las de Agricultura, pero es la
comisión competente para el Fondo la que integra o no las opiniones de las demás comisiones, sin perjuicio del derecho de todos los parlamentarios de formular libremente las enmiendas que consideren oportunas.
Por lo tanto, señoría, nosotros, desde
la prudencia, seguiremos apostando por una armonización; armonización que no suponga una extensión injustificada de los supuestos objeto de patentabilidad, y velaremos para que los programas de ordenador no queden sujetos al ámbito de la
organización de patentes y sigan siendo protegidos a través de los derechos de autor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON RESPECTO AL PUEBLO GITANO CON OCASION DE LA PROXIMA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA (670/000195).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del excelentísimo señor don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno y las medidas adoptadas con respecto al pueblo gitano con ocasión de la próxima ampliación
de la Unión Europea.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante.
El señor DIAZ SOL: Señor presidente, señorías, señora ministra, para empezar esta interpelación me ha parecido oportuno resaltar un párrafo de la declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, en donde dice que la única frontera
que establece la Unión Europea es la de la democracia y los derechos humanos. La Unión está abierta a países que respetan valores fundamentales tales como las asociaciones libres, el respeto de las minorías y el Estado de Derecho.
Desde que se
empezó el proceso de esta última ampliación de la Unión Europea, desde hace cinco o seis años, hay una serie de países que están desarrollando, por indicación del Consejo Europeo que se celebró en Copenhague, estrategias de respeto a los derechos de
las minorías. Estas estrategias normalmente son complejas en países
que están en situación de acoplarse a la realidad de la Unión Europea, y tenemos ejemplos como los de Hungría, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslovaquia y Polonia, los cuales han empezado trabajos serios reorientando sus estrategias y
sus políticas, coordinando las instituciones que están implicadas desde el nivel de los ministerios al de las autoridades locales o regionales.
Otros Estados, como los procedentes de la ex Yugoslavia, están empezando a abrir estos caminos. Caminos
que, como sabemos, no son fáciles --tenemos experiencia española, ya hablaremos luego de ella-- y que en muchos casos suponen --y usted está en el Gobierno-- que hay que concienciar a varios ministerios; hay que conseguir que los intereses de la
mayoría del país acepten los esfuerzos que supone la discriminación positiva; hay que vencer la falta de voluntad política de muchos niveles de las instituciones locales o regionales --y de eso también sabemos algo en nuestro país-- y también hay
otro elemento difícil, que es conseguir que los gitanos se impliquen en la elaboración y puesta en marcha de estas políticas. En estos países que van a entrar en la Unión todas estas cuestiones tienen un peligro de cara al futuro, y es que se
produzca el abandono de estos esfuerzos de cara a la defensa de los derechos de las minoría étnicas siguiendo el ejemplo de lo que está pasando en los países ya miembros de la Unión Europea, en donde hay realmente escasos esfuerzos sobre estos temas
y además con una variedad enorme: desde países como Francia que no reconoce que haya minorías a otras situaciones como las de los «länder» alemanes, que son variadas según cada «land» perteneciente a la unión. Finlandia es un país ejemplo en este
aspecto: ha incluido el reconocimiento de la minoría romà en su Constitución como una minoría étnica y el romaní, el lenguaje de los gitanos, está considerado dentro de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. España ha sido uno
de los primeros países que inició políticas de medio y largo plazo con el Programa de Desarrollo Gitano, pero esto fue en 1989 y de entonces hasta ahora hay mucho que hablar porque ha quedado estancado, no está evolucionando y, por tanto, tendríamos
que someterlo a una revisión.
Es evidente, por tanto, que hay que conseguir que estos países candidatos mantengan estas políticas y para ello es evidente también que los países miembros tienen que dar ejemplo sobre las condiciones que exigen a los
demás países.
Como decíamos antes, en España hay una situación de estancamiento de este programa, que desde el punto de vista de los presupuestos no se mueve desde hace muchísimo tiempo --casi desde el principio; no puedo asegurarlo, pero creo que
tiene la misma partida en los Presupuestos Generales del Estado desde hace 15 años--, y hay un problema grave: no hay estadísticas fiables a nivel estatal. Es cierto que existe un problema de datos sensible, pero estas cosas se pueden solucionar
siempre y hay que conseguir estas estadísticas para poder hacer políticas coherentes a nivel nacional --el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha requerido varias veces a nuestro país para que cubra esta laguna porque es
muy necesario--. Asimismo, España no ha incorporado a su ordenamiento legislativo la Directiva 2000/43 del Consejo Europeo, relativa a la igualdad de las personas con independencia de su origen racial y étnico.
Por tanto, en la situación en la que
nos encontramos habría que producir una revitalización de ese inicio de preocupación que se produjo en la legislatura anterior, cuando hubo un intento en el Congreso de los Diputados. Algunos de aquellos diputados estamos ahora de senadores pero
entonces trabajamos duro en una comisión que llegó a unas conclusiones y que además recomendó que se siguiera en esta legislatura, pero, lamentablemente, la mayoría no ha considerado oportuno hacerlo. Es por ello que a lo mejor con esta humilde
interpelación conseguimos mover algo esta inamovible situación en que se encuentran los gitanos en nuestro país, que tienen serios problemas y serias discriminaciones.
Las discriminaciones se dan en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Como usted
sabe por su Ministerio de Educación, los niños gitanos no sólo tienen graves problemas de incorporación al sistema educativo, sino que una vez que se integran en el sistema educativo sufren discriminaciones y segregación por motivo de su origen
étnico. Los niños gitanos se incorporan al sistema educativo a la edad normal sólo en un 91 por ciento, mientras que los niños no gitanos lo hacen en el cien por cien.
El absentismo es después uno de los graves problemas que afecta a los niños
cuando van a la escuela. Un estudio sobre el absentismo ha demostrado que en siete años, desde 1994 a 2001, no ha disminuido en absoluto el absentismo entre los niños gitanos que van a la escuela pese a los programas que se planifican a través del
Programa de Desarrollo Gitano. La asistencia a clase es muy irregular y hay una diferencia enorme entre los niños gitanos y los no gitanos: la irregularidad, esto es, el absentismo, alcanza el 45 por ciento entre los gitanos, mientras que entre
los no gitanos no llega ni al 4 por ciento.
Estas discriminaciones empiezan ya en el acceso al sistema a través de las guarderías. Usted sabe que en muchos casos las guarderías se niegan a aceptar niños gitanos en sus centros --como ha demostrado
algún programa de televisión-- porque hay padres que protestan por su presencia. Pero es que después en los centros concertados se mantiene esta discriminación y el acceso a la universidad es muy inferior a lo esperado si consideramos el principio
del ingreso en el sistema educativo y el final. Además, una vez dentro existen graves prejuicios contra los niños gitanos. Hay estudios que demuestran que uno de cada cuatro estudiantes o uno de cada seis profesores consideran que los gitanos no
son conciudadanos, y lo dicen en términos como que no respetan la ley, que no pagan impuestos, que no se quieren integrar o que muchos son portugueses. Estos temas son graves y demuestran una situación preocupante, sobre todo porque los estudios
siguen demostrando permanentemente que no disminuye toda esta situación de prejuicio racista, sino que aumenta, de forma que en siete años ha habido una multiplicación de manifestaciones racistas --casi por tres-- respecto a lo que se había empezado
en los años ochenta y tantos y respecto a lo que ha pasado en los noventa.
Hay situaciones que a veces llaman la atención. Por ejemplo, usted sabe que hay un Real Decreto de la etapa de gobierno del Partido Popular que prevé la reserva de plazas para niños que están en situaciones desfavorecidas en los centros
concertados. Esto se cumple muy poco, pero es que cuando alguna comunidad autónoma, como la de Madrid, obliga a que haya un número determinado de plazas de reserva existen instituciones que tienen cinco centros en Madrid que en cuatro no admiten
ningún niño gitano porque el quinto centro lo tienen en una barriada donde hay mucho niño gitano y allí compensan la ausencia en los otros centros. Esto produce unas barreras y unas dificultades de formación enormes que hacen que la discriminación
se extienda a otros ámbitos, como el del empleo, donde esta falta de formación y de estudios hace que tengan unos niveles muy bajos a la hora de conseguir empleo y que se encuentren con unas grandes barreras.
También hay fuertes prejuicios, la
gente no admite gitanos en sus empresas, hay gente que no los quiere --lo dicen las oficinas de empleo del Inem--. Hay empresas que se dedican a la selección de personal y que trabajan para empresas públicas que reciben órdenes exactas de que no se
puede contratar a ningún gitano. Como consecuencia de todo ello se produce el reforzamiento de esas actividades informales en la actividad económica y laboral, como es la venta ambulante y la recogida de chatarra, cuyo desempeño va siendo más
difícil debido a las condiciones cada vez más reguladas. Por tanto, el reto del pueblo gitano está en pasar de la actividad informal a la formal.
En el mundo laboral existen otros elementos que afectan de una forma especial a las mujeres gitanas
porque, aparte de un nivel de formación mucho más bajo por el papel que representan en el conjunto de la organización social de los gitanos, además suelen tener unos niveles de rechazo en los puestos de trabajo incluso más altos que los varones
gitanos en cualquier ámbito en que estén trabajando. Hay poca presencia de gitanos en la formación profesional normalizada. Respecto a las mujeres, de lo que hablaba antes, hay un reciente estudio del Proyecto IONE que dice que la mujer gitana es
especialmente sensible por la discriminación racial respecto a la vida laboral.
¿Qué podemos decir de la vivienda? De todo. De momento podemos decir que no todos los gitanos viven en chabolas, pero que sí el 95 por ciento de los que viven en
chabolas son gitanos, lo cual me parece que es un dato importante. Y no es cierto que los gitanos no sean sedentarios. Hay datos que demuestran, por ejemplo, que el 85 por ciento de los gitanos en Andalucía llevan más de 15 años viviendo en el
mismo municipio. Por tanto, se pueden hacer políticas que mejoren esas condiciones de vida, porque nosotros sabemos que la infravivienda es la norma casi general de vida de la gran mayoría de los gitanos. Como decía antes, no todos viven en
chabolas. Hay muchos gitanos que tienen una situación mucho más desarrollada económicamente, con integración social, etcétera, pero que se encuentran con problemas por el hecho de ser gitanos. Llegan al sistema de la vivienda libre y tienen
problemas en la comunidad porque no les aceptan por ser gitanos, aunque sean personas con una actividad laboral y con una formación cultural y educativa elevada. Hay concentración en barriadas determinadas, sobre todo en las grandes ciudades, que
formas guetos, lo que genera situaciones graves de marginación y todo lo que conlleva la marginación. La vivienda de alquiler está prácticamente cerrada a los gitanos y el hacinamiento al final es una realidad porque, al no encontrar las familias
una nueva vivienda, se quedan a vivir con sus padres cuando se constituyen las familias jóvenes.
El acceso a bienes y servicios, espectáculos, zonas deportivas, piscinas, etcétera, es algo lamentable en nuestro país. No sé cómo no se cumplen las
previsiones que hay de no discriminación en la legislación penal.
En cuanto a la salud, la mortalidad infantil es cuatro veces superior. La vacunación está por debajo del 40 ó 50 por ciento en los niños gitanos, cuando en los no gitanos es del
cien por cien. Hay problemas de drogodependencia, de malformaciones. Las mujeres tienen un añadido, y es que envejecen prematuramente. Hay situaciones de mucha fecundidad en edades excesivamente prematuras, lo cual lleva al envejecimiento, y hay
una tendencia muy elevada a la depresión. Los casos de violencia que se han dado en pueblos por culpa de alguna actuación individual ha caído sobre la colectividad y no voy a entretenerme en ello.
Es momento, por consiguiente, de considerar que
hay que empezar a poner solución a este problema. Estamos exigiendo a los países que van a entrar en la Unión Europea unas normas, unas políticas y unas estrategias que mejoren las condiciones de estos colectivos y nosotros no lo estamos haciendo.
No somos el único país, pero sí fuimos en su momento uno de los primeros países en empezar a atender estas cuestiones, ahora deberíamos ser uno de los primeros países que dieran un nuevo impulso a esta cuestión. Los gitanos no son reconocidos como
minoría étnica en nuestro país. La Constitución reconoce a los pueblos y nacionalidades, pero no reconoce la minoría étnica. Esto impide crear un marco legal o por lo menos ha impedido hasta ahora crear un marco legal. España ratificó el Convenio
Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y no especificó ninguna minoría étnica. Las asociaciones gitanas responsables están haciendo grandes esfuerzos para suplir esta laguna.
Ha habido una declaración, que se llama la Declaración de
Toledo, que se hizo en febrero de 2000, que plantea cuatro puntos básicos para el desarrollo de la comunidad gitana: en primer lugar, el reconocimiento del caló como lengua que enriquece el acervo cultural de nuestro país. Esto es algo que se
tendría que tomar en serio e iniciar porque se está perdiendo, lamentablemente, y no deja de ser una seña de identidad muy importante. La perspectiva de la ampliación y de las nuevas incorporaciones de minorías étnicas pertenecientes al pueblo
gitano puede ser un elemento de vertebración a lo largo de la Unión Europea ampliada.
También reclamaban en esta Declaración de Toledo la creación de un consejo o una asamblea de representantes gitanos, elegidos democráticamente, que les sirviera
para participar en los asuntos que a ellos les compete y defender sus derechos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor DIAZ SOL: Voy terminando, señor presidente, me queda muy poco por exponer.
Necesitan la creación de un instituto de cultura gitana. Reclaman ese instituto, que tampoco es una idea excesivamente rompedora, porque hay instituciones
que se preocupan de aspectos culturales y este puede ser uno, creándolo específicamente. Reclaman un marco legal y unos apoyos económicos y financieros que permitan el desarrollo de una red de medios de comunicación de contenidos gitanos que
permitan al mismo tiempo --y en esto vuelvo al principio de sus reivindicaciones-- consolidar su lengua.
El programa, por tanto, de desarrollo del pueblo gitano es algo periclitado, poco desarrollado, nada eficaz, que no cuenta con los propios
gitanos a la hora de diseñar y de concebir las políticas que establece cada año y que lo único que hace es consultarles de vez en cuando a través del órgano consultivo, lo cual tiene poca viabilidad. En el nuevo marco de la Unión Europea,
tendríamos que redefinir y conseguir que los gitanos participen en el diseño y aplicación de las estrategias y de las políticas que les ayuden a salir de esta lamentable situación de marginación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señor presidente, señorías, lo primero que me gustaría subrayar, puesto que ha sido mencionado por usted al principio, es ese debate que ha planteado sobre el concepto
de minoría étnica y la adecuación de la incorporación de ese concepto. Es un concepto que en el marco del Consejo de Europa, y más concretamente en relación con el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales no parece muy adecuado,
ya que los gitanos en España, como usted bien sabe, son nacionales de pleno derecho, por lo que es preferible utilizar el término de población gitana. Por otra parte, su señoría no ha precisado cuáles son los aspectos de la ampliación de la Unión
Europea que le preocupan respecto de la población gitana, que es lo que da origen a esta interpelación, esa problemática.
Yo entiendo que cabría hacer respecto de esta cuestión un triple enfoque: uno, desde la libre circulación de personas; dos,
desde las garantías de la ciudadanía europea y, tres, desde la perspectiva de su protección como un grupo con unas ciertas posibilidades de ser afectado por una mayor vulneración en sus derechos, por ser más vulnerable.
Por lo que se refiere a la
libre circulación de personas, debo señalar, en primer lugar, que este principio, establecido en el Acta y Tratado de Adhesión entre los países candidatos y la Unión Europea, constituye una de las cuatro libertades básicas de la Unión, así como uno
de los fundamentos --como bien sabe usted-- del Tratado de Roma. Tendrán, por tanto, los nuevos países de la Unión Europea que garantizar que su legislación, relativa a la libre circulación de trabajadores, esté acorde con el acervo comunitario.
Asimismo y debido a la inclusión del Acuerdo de Schengen en el Tratado de Amsterdam, los nuevos Estados de la Unión Europea deberán adoptarlo en el momento de la adhesión, con lo que podrá producirse un aumento del número de nacionales de los nuevos
países de la Unión Europea que deseen residir en otros Estados miembros y esto, sin duda, plantea una serie de desafíos a los que habrá que responder, como la repercusión que pueda tener en la diferencia de rentas, el desempleo y la propensión a
emigrar de los nuevos países de la Unión.
Por otra parte, la libre circulación de trabajadores asalariados por cuenta ajena implica la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros por
lo que respecta al empleo, a la remuneración y obviamente también a las condiciones de trabajo. Como sabe su señoría, los trabajadores comunitarios tienen derecho a responder a ofertas de empleo, a residir en uno de los Estados miembros y a
permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido un empleo.
Con respecto a la libre circulación y su impacto, estimando el destino probable de los flujos migratorios por causas laborales, la Unión Europea ha propuesto una
disposición transitoria de hasta siete años para el acceso a los mercados de trabajo, excepto en los casos de Malta y de Chipre; ocho países, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, han aceptado esta
disposición sujeta a la reciprocidad, y se han previsto además disposiciones específicas para Malta. Para este período transitorio se han establecido varias disposiciones esenciales entre las que cabrían citar las siguientes: un período de dos
años durante los cuales los actuales Estados miembros aplicarán medidas nacionales de adaptación, asimismo podrán aplicar salvaguardias hasta el final del séptimo año para protegerse de posibles distorsiones de sus mercados de trabajo. Además,
durante el período transitorio, los actuales Estados miembros deben dar preferencia a los nacionales de los países candidatos sobre los trabajadores no procedentes de la Unión Europea. Este es, en definitiva, el marco jurídico establecido en el
seno de la Unión Europea y que España tiene que aplicar.
En segundo lugar, voy a referirme a las garantías de la ciudadanía europea. En ese contexto, hay que destacar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza
el 7 de diciembre del año 2000, y en especial su capítulo V. La Carta reúne por primera vez en un mismo texto todos los derechos de las personas: civiles, políticos, económicos y sociales. Este conjunto de derechos fundamentales que las
instituciones y los Estados miembros deben respetar y proteger en su aplicación del Derecho de la Unión es un signo inequívoco de que el ciudadano se halla en el centro de la construcción europea.
Finalmente, la protección de la Unión Europea de
los grupos sociales vulnerables. La Unión Europea está basada sobre los principios, como usted sabe muy bien, de libertad, de democracia y de respeto de los derechos fundamentales
y libertades públicas, y dichos principios engloban valores tales como la tolerancia, la no discriminación y el respeto de la diversidad. En este sentido, quiero recordar los esfuerzos para desarrollar una estrategia europea contra el
racismo y contra la xenofobia. Así, en 1986 el Parlamento, el Consejo y la Comisión firmaron una Declaración Institucional contra el Racismo y la Xenofobia, en la que se condenaba enérgicamente cualquier forma de intolerancia, de hostilidad y uso
de la fuerza contra personas o grupos de personas por razones de diferencias raciales, religiosas, culturales, sociales o nacionales. Posteriormente, el Parlamento Europeo ha adoptado numerosas resoluciones contra el racismo y la xenofobia.
Asimismo, quiero destacar la Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia en los ámbitos del empleo y los asuntos sociales, y también la Comunicación de la Comisión, de 13 de diciembre de
1995, en la que se ponía de manifiesto que numerosas políticas y programas comunitarios podrían contribuir, de manera útil, a la erradicación del racismo. En este sentido, la declaración de 1997 como el Año Europeo contra el Racismo significó un
gran impulso para las acciones de este programa y, fruto de ello, fue el Programa de Acción contra el Racismo, en marzo de 1998. Asimismo, el 25 de noviembre de 1999, la Comisión, con base jurídica en el artículo 13 del Tratado, anunció un paquete
de medidas en contra de la discriminación.
Pues bien, veamos en el ámbito específicamente español y vinculado al ámbito europeo cómo se han desarrollado estos asuntos. En el ámbito español, en el ámbito interno por tanto y concretamente en cuanto
a la acción del Gobierno para la promoción y desarrollo del pueblo gitano, quisiera, si me permite su señoría, informar de los programas y medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, todo ello desde una perspectiva
de colaboración con otras administraciones y organismos internacionales, y desde la colaboración con los grupos gitanos en todas estas acciones.
Así, desde 1989 se gestiona el Programa de Desarrollo Gitano, cuyos objetivos son los siguientes:
mejorar la calidad de vida y elevar el grado de bienestar de la población gitana española, haciendo efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los sistemas de protección social; favorecer su participación en la vida pública y
social; propiciar una mejor convivencia entre los distintos grupos sociales y culturales; promover y potenciar el movimiento asociativo gitano y combatir la discriminación y el racismo hacia ese grupo.
Es fundamental también en el desarrollo de
estos programas la colaboración con las comunidades autónomas, mediante convenios y, a través de ellas, con las corporaciones locales. Así, en el período 1992-2002, es decir, en la última década prácticamente, se han realizado, en colaboración con
las comunidades autónomas, 49 cursos de formación en los que han participado cerca de 1.200 profesionales; estos proyectos tienen como característica fundamental la integralidad, de forma que en ellos se deben realizar actividades simultáneas de
intervención social en las áreas de acción social, educación, formación y empleo, salud, vivienda y hábitat, coordinadas por la institución pública responsable de llevar a cabo este proyecto. En este sentido, quiero recordar que en el año 2002 la
aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sido de 3 millones 65.160 euros, y la del conjunto de las comunidades autónomas de 3 millones 192.000 euros.
También resulta fundamental la cooperación financiera y técnica con las ONG que
trabajan con la población gitana, a través de la prestación de apoyo técnico a las que trabajan en el desarrollo social del pueblo gitano, y del apoyo económico que procede de las subvenciones de las convocatorias anuales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, con una inversión total de algo más de tres millones de euros, exactamente 3 millones 29.000 euros. Quiero destacar que además tienen prioridad los programas de inserción laboral, inserción social y promoción y apoyo al desarrollo
de la mujer gitana, pero no podemos olvidarnos de la necesaria coordinación interministerial y entre departamentos. Así, se mantienen relaciones fluidas y permanentes entre los diferentes ministerios implicados como, entre otros, Trabajo y Asuntos
Sociales y Educación, Cultura y Deporte, presentes ambos desde 1999 en la Comisión de Educación y en el Programa de Desarrollo Gitano. De la misma manera, y como antes señalaba, es fundamental la participación de la población gitana en órganos
institucionales como, por ejemplo, en la Comisión Consultiva para el Programa de Desarrollo Gitano o en el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, a través de dos vocalías que corresponden a la Fundación Secretariado General Gitano y a la Unión
Romaní.
Por último y por lo que se refiere a la evaluación de los programas llevados a cabo, debo señalar que no son fácilmente evaluables a corto plazo, pero una evaluación de esos programas nos dice que hay una serie de consideraciones que están
derivándose de ellos, de las que resulta que las acciones están teniendo efectos muy positivos. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo Gitano ha supuesto un hito histórico ya que ha permitido centrar la atención de la sociedad en la población
gitana española, con la aportación de mayores recursos económicos, profesionales y de otro tipo para promover a la población gitana.
El esfuerzo de financiación, por otro lado, realizado por todas las administraciones, como cofinanciadoras de
programas, ha sido muy notable: el acceso generalizado de la población gitana a la red pública de servicios sociales, y la utilización en distintos grados de las prestaciones técnicas y económicas que dispensan esos servicios. La repercusión de
los programas sociales de apoyo a la escolarización, por ejemplo --tema al que usted se ha referido--, ha permitido el acceso de los niños al sistema escolar; casi la totalidad en estos momentos de los menores gitanos están matriculados en la etapa
de educación obligatoria, pasando un alto porcentaje de ellos desde la educación infantil a la educación primaria, ya parte obligatoria, como sabe, de la etapa, y han descendido los niveles de absentismo y de fracaso y abandono escolar. La
dotación, por otra parte, de una formación laboral adecuada a sus intereses y diversificada de un gran número de jóvenes gitanos, mediante la búsqueda de distintas metodologías e instrumentos que puedan favorecer
su inserción laboral, ha sido una preocupación del Ministerio de Trabajo.
La generación de empleo que se ha creado para este sector de la población y otros profesionales que trabajan en los programas sociales también ha sido una realidad.
La progresiva mejora de la vivienda que habita la población gitana, así como la reducción de la conflictividad en los programas de realojamiento. Y, por último, la generalización en el acceso al sistema público de salud de la población gitana y, en
concreto, en lo que respecta a la vacunación infantil a la que usted se ha referido, así como al uso de los servicios de pediatría, la mejora de los niveles básicos de formación, y el aprovechamiento de las acciones y programas sociolaborales
dirigidos a las mujeres gitanas, también han supuesto un avance.
Señorías, estamos ante un asunto que es una problemática secular, pero en la que se están produciendo avances muy notables en todos los campos.
Queda, sin duda, un gran camino por
recorrer, pero un camino en el que el Gobierno está avanzando con la colaboración de todas las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador interpelante, señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo comprendo que a usted le han largado un papel y lo ha tenido que traer aquí. Estaba pensando que si usted en lugar de contar esto en el Senado lo contara en uno de
los barrios de chabolas de gitanos ocurriría algo peor de lo que pasó el otro día en Bagdad.
Al plantear la interpelación, precisamente preguntaba qué medidas va a tomar el Gobierno de cara a la nueva situación que se plantea en la Unión Europea.
Yo no venía a que me soltara una serie de cuestiones, entre las que no me ha respondido a un tema. ¿Por qué aún no se ha incorporado al acervo legislativo español la directiva sobre no discriminación, que data del año 2000, y que tiene de límite
hasta el año 2003? Todas las declaraciones de buenas intenciones del Consejo de Europa me parecen muy bien, pero ¿qué medidas va a tomar el Gobierno español? Me cuenta una película sobre la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Gitano, el
cual ni siquiera su grupo avalaba en la legislatura anterior. Trabajamos durante cerca de un año en una subcomisión que se creó donde comparecieron cantidad de asociaciones, de profesionales, de miembros de distintos niveles de las administraciones
central, autonómica y local, concejales y consejeros de distinto color político, y hubo unas conclusiones y en todas ellas se decía que había que avanzar. Usted me dice que en diez años de trabajo se mantiene una situación. ¿Cómo se va a mantener
una situación si en diez años de aplicación del Programa de Desarrollo Gitano no ha mejorado la situación de los gitanos en nuestro país sino que ha empeorado? Hay manifestaciones antirracistas gravísimas en pueblos de Castellón --y no voy a
nombrar ninguno para no crear problemas, pero sabemos lo que ha pasado--. Se han quemado viviendas de gitanos porque se han convertido de repente en un elemento de presión de la economía local, como ha pasado en algún pueblo de Jaén, y durante
estos diez años se han producido situaciones muy graves. Ahora, la respuesta que me da el Gobierno a esta interpelación, que planteo con la perspectiva de buscar una reactivación de estas políticas, es que el Programa de Desarrollo Gitano es la
panacea y no hay ninguna otra idea que aportar, ni siquiera la incorporación de directivas europeas.
Hay una propuesta de un colectivo de gitanos llamada la Declaración de Toledo, hay propuestas de contenido cultural, de recuperación y
mantenimiento del idioma gitano, hay propuestas para facilitar la participación de los gitanos. No me ha dicho usted nada. ¿Es que a los señores del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que le han preparado el papel no se les podría haber
ocurrido algo de esto? Porque si llevan tantos años trabajando en este asunto se habrán enterado de que hace ya más de tres años que ha salido esta declaración y que hay un movimiento muy importante en los sectores citados para recuperar una
dignidad que no les da esta sociedad, que la ha mantenido secularmente, como usted ha dicho, y como consecuencia de eso están en una situación muy difícil. No es cierto que los niños gitanos estén en una situación equiparable a la de los no
gitanos, no es cierto, señora ministra, ni en la educación, ni en la sanidad, ni los jóvenes en el acceso al trabajo, ni en el tema de las viviendas. ¿Desde cuándo hemos visto que en las viviendas se estén haciendo avances importantes si cuando se
va a realojar a una familia y se le va a dar una vivienda en un bloque se forman hasta patrullas para evitar que lleguen a su casa? ¿Cómo es que están mejorando las viviendas? Se están tirando las chabolas y se están produciendo realojos,
generando guetos nuevos en viviendas sociales que al poco tiempo, por su mala construcción, se ponen en una situación de deterioro insoportable. ¿Qué hay con el hacinamiento? ¿O es que no es verdad que entre los gitanos hay más de 5,4 personas
viviendo en 50 metros cuadrados, como media? ¿Eso es mejorar la vivienda? Y eso que vamos con la cabeza alta por el mundo diciendo que somos un país desarrollado.
Yo creo que la situación es muy grave, nosotros presentaremos una moción planteando
ideas sobre este asunto. Espero que de aquí al debate de la moción, el Grupo Parlamentario Popular pueda recapacitar, y les voy a decir una cosa: está muy bien ser nacional de pleno derecho, pero el pleno derecho implica que no haya estas
discriminaciones tan absolutamente impresentables.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo le he contestado en nombre del Gobierno no porque me haya pasado un papel el ministerio. Yo soy miembro del Gobierno y,
por tanto, es el Gobierno el que
contesta, y como tal, como miembro del Gobierno le contesto; es la respuesta del Gobierno.
Antes de entrar en otras consideraciones muy breves pero que no quiero dejar de hacer, le voy a recordar que actualmente se están ultimando los
datos del estudio sobre evaluación del Programa de Desarrollo Gitano y valorando las propuestas y sugerencias que se realizan en el mismo con el fin de elaborar un nuevo programa en el segundo semestre del año 2003.
Pero voy a ir al fondo de mi
respuesta.
Usted ha subido a esta tribuna antes expresando su interpelación en un tono de cierta tranquilidad, ha subido una segunda vez en respuesta a mi intervención con un tono de menor tranquilidad, pero lo más preocupante no es eso porque,
lógicamente, los debates son los debates y, por tanto, yo creo que es absolutamente legítimo plantear las cuestiones, pero lo que sí me parece muy discutible es plantearlas sin datos, es decir, hablar sin ningún fundamento empírico. Si usted me
dice que hoy la situación de la escolarización de los gitanos es peor que hace diez años, yo le digo que no es cierto; (El señor Díaz Sol: ¡Deme datos!) si usted me dice que hoy la utilización de los servicios sanitarios por parte de los gitanos
es peor que hace diez años, yo le digo que no es cierto; si usted me dice que el nivel de vacunación de los niños gitanos es peor que hace diez años, yo le digo que no es cierto; si usted me dice que la situación respecto de la vivienda de los
gitanos es peor que hace diez años, yo le digo que eso no es cierto. Por tanto, cualquier indicador de esta naturaleza, económico, social y laboral que tomemos nos dice que hoy ha habido un avance. No nos dice que la situación sea la misma en
términos educativos, en términos de formación laboral y en otros muchos que las del resto de la media de la población, naturalmente que no, porque el punto del que se parte está mucho más atrás y hay una serie de condiciones culturales y sociales
que han determinado que ese punto esté atrás, pero tenemos que analizar siempre las situaciones en las perspectivas de avance o retroceso. Sería grave, naturalmente, que hoy hubiera menos niños de población gitana escolarizados, que hubiera más
fracaso escolar, que hubiera menos nivel de atención médica, de vacunación infantil, de asistencia social, de vivienda, etcétera. Pero, señoría, lo cierto es que la situación es exactamente la contraria: ha habido un avance que se puede demostrar
empíricamente, que es como hay que demostrar las cosas, analizando los datos y las situaciones.
En todos los indicadores que le he señalado se puede percibir un avance; absolutamente en todos ellos hay un avance constatado. Es cierto que queda un
largo camino por recorrer, que la Administración del Estado tendrá que asumir unas responsabilidades y competencias, así como el legislador, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y otra serie de instituciones, pero se puede decir que
gracias al concurso de la Administración central y de todas estas instituciones ha habido un avance cierto y, partiendo de este punto, nos tenemos que plantear cómo seguir adelante.
Señoría, es muy difícil que alguien pueda creer que no ha habido
avances en todos esos campos porque los datos dicen exactamente lo contrario. (El señor Díaz Sol: ¡Deme datos!) El señor PRESIDENTE: Silencio, señoría.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Le puedo asegurar que el avance es indiscutible en términos de escolarización, en términos de absentismo escolar y en términos de fracaso escolar, así como en los demás
aspectos. Se lo digo aquí y lo volveré a repetir cada vez que sea necesario porque son datos que se basan simplemente en la realidad, en datos empíricos sobre lo que ha ocurrido.
A partir de ahí, queda todavía un largo camino por recorrer, pero
estoy segura de que todas sus señorías, esta Cámara, el Congreso de los Diputados, la Administración del Estado y todas las instituciones tenemos el objetivo común de conseguir que la población gitana realmente se sitúe en el máximo de sus
posibilidades.
No me cabe duda de que tanto su señoría como el resto de los senadores, así como los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, están plenamente implicados en este objetivo, pero no lo están más de lo que lo está la
Administración General del Estado y el Gobierno de la nación.
Entre todos lo podremos conseguir.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL USO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES PARA INFORMAR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
SOBRE LA ELABORACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES QUE AFECTEN A MATERIAS DE SU ESPECIFICO INTERES. (670/000194.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la situación actual del uso del procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos
Exteriores para informar a las comunidades autónomas sobre la elaboración y negociación de tratados y convenios internacionales que afecten a materias de su específico interés.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra.
En junio de 1998, en la VI Legislatura, se aprobó en esta Cámara una moción consecuencia de interpelación por la que el Senado instaba al Gobierno a
que, a la mayor
brevedad posible, elaborase y propusiese a las comunidades autónomas un procedimiento concreto que, con carácter general y en aplicación del principio de cooperación, institucionalizase la información a las comunidades autónomas en el
proceso interno de elaboración de los tratados y convenios internacionales.
La distribución de competencias en nuestro peculiar Estado de las Autonomías asigna en exclusiva al Estado, en el artículo 149.1.3ª, de la Constitución Española, las
relaciones internacionales; sin embargo, este precepto no es fácil ni sencillo de interpretar y sobre él ya han recaído varios dictámenes del Tribunal Constitucional.
Todos conocemos la existencia de actos y materias que se proyectan hacia el
exterior, fuera del departamento correspondiente, como por ejemplo, emigración, transacciones exteriores, transacciones comerciales, turismo, etcétera. Por otro lado, existen una serie de actividades desarrolladas por las comunidades autónomas, en
el uso de sus respectivas competencias, que se proyectan necesariamente al exterior y sin cuyo ejercicio no podrían realizarse; estoy hablando de actuaciones que, aunque no pongan en juego ninguna potestad pública superior, son imprescindibles para
su desarrollo. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 152/1984 indicaba ya que el mencionado artículo 149.1.3ª y 10ª, de la Constitución Española, no deben llevarnos a una interpretación expansiva, vulnerando con ello las
competencias estatutarias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay base para los planteamientos que se realizaron.
En los últimos años, se ha demostrado que las relaciones internacionales van mucho más allá del hecho de ratificar tratados
internacionales y las comunidades autónomas han tenido una actividad muy abundante y heterogénea en este campo, con la apertura de oficinas en el exterior, con dictámenes favorables --por ejemplo, el Dictamen 165/1994, del Tribunal Constitucional--
y también en relación con viajes oficiales, recogidas de fondos, actividades promocionales, hermanamientos, acuerdos transfronterizos, etcétera.
Además, en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía del País Vasco se indica lo siguiente: «Ningún
tratado o convenio podrá afectar a las atribuciones y competencias del País Vasco si no es mediante el procedimiento del artículo 152.2 de la Constitución, salvo lo previsto en el artículo 93 de la misma.» Otro grupo de estatutos establecen el
derecho de las comunidades autónomas a ser informadas; por ejemplo, el artículo 27.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que: «La Generalidad será informada en la elaboración de los tratados y convenios, así como de los proyectos de
legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de su específico interés.» En similares términos, el derecho a la información pasiva está recogido, entre otros, en el artículo 23.1, del Estatuto de Autonomía de Andalucía; en el artículo 34.3,
del Estatuto de Autonomía de Asturias; en el artículo 12.2, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; en el artículo 16.12, del Estatuto de Autonomía de Aragón; y, en el artículo 33.1, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 38.1, da un paso más, y se añade al texto lo siguiente: Recibida la información --se refiere a la enviada por parte del Estado--, el órgano de gobierno de la comunidad autónoma emitirá, en su
caso, su parecer. Es decir, se pasa del concepto de información pasiva al de información activa; no sólo se recoge en este caso la recepción de la información sino la posibilidad de realizar un informe, de emitir una opinión en los asuntos de su
interés.
El 25 de enero de 1999, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó en relación a la mencionada moción que había elaborado y remitido a las comunidades autónomas una propuesta de actuación en el sentido establecido por la moción para que,
una vez examinada, se remitiesen a dicho ministerio las observaciones que se estimasen oportunas.
En el comienzo de la VII Legislatura se retomó este asunto con la aprobación en el Pleno de esta Cámara, el 12 de septiembre de 2000, de una moción
consecuencia de interpelación en el mismo sentido: la participación de las comunidades autónomas en la elaboración y negociación de tratados internacionales que afectasen a materias de su específico interés.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, en
cumplimiento de la moción consecuencia de interpelación que acabo de indicar, emitió un informe a este respecto, publicado en la Serie I del «Boletín Oficial de las Cortes Generales», del 15 de enero de 2001. En esta publicación se daba a conocer
el procedimiento establecido para institucionalizar la información a las comunidades autónomas sobre la elaboración y negociación por España de tratados internacionales que afectasen a materias de su interés. Según este procedimiento, la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores ejercería como el órgano de la Administración General del Estado encargado de proporcionar información, mientras que las comunidades autónomas tendrían que designar un órgano receptor. En ese
procedimiento, además de lo indicado, aparecían una serie de puntos de entre los que quiero destacar: primero, el que especificaba el alcance del concepto de materia de específico interés, indicando que son aquellas sobre las que las comunidades
autónomas tienen asumidas competencias de ejecución; segundo, aquellas cuyo conocimiento considere la Administración General del Estado que es conveniente para el mejor cumplimiento de los fines de la comunidad autónoma; y, tercero, las que por su
singularidad hayan sido propuestas por una comunidad autónoma y admitidas a los efectos del presente procedimiento por la Administración General del Estado.
En su punto quinto se hablaba de la periodicidad de la información y mediante el cual se
obligaba a que el presente procedimiento se comunicara con carácter periódico, en función del proceso de elaboración o negociación de tratados, a partir del momento en que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores dispusiera
de un proyecto evaluado por parte del mismo.
Por último, en su punto sexto se hacía referencia al parecer de la comunidad autónoma, es decir, al tiempo de comunicar la información pertinente, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos
Exteriores señalaría el
plazo que, en función del proceso de negociación de tratados, estimase adecuado para que, en su caso, la comunidad autónoma, pueda comunicar su parecer sobre aquellos aspectos del tratado que afecten a materia de su específico interés, e
indicaba que el mencionado plazo no sería inferior, en principio, a 15 días.
Esto ocurría en la publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» del 15 de enero de 2001.
Por último, siguiendo esta relación de los hechos, en el Pleno
celebrado en esta Cámara el día 26 de septiembre de 2001, ante una pregunta oral realizada por este senador y que fue contestada por el ministro del Interior, quien aquel día sustituía al titular de Asuntos Exteriores, se indicaba que el Gobierno
informaba con respecto a este procedimiento que su utilización hasta esa fecha había ocurrido en dos cuestiones. Una de ellas era en relación con el Convenio sobre comunidades fronterizas con Portugal y, en segundo término, respecto a un acuerdo
que se produjo sobre mano de obra en relación con el marco de los convenios sobre inmigración firmados con el Reino de Marruecos.
También en respuesta a la misma pregunta, indicaba el señor ministro que esa era más o menos la utilización que se
había hecho hasta la fecha, que consideraba que era mejorable, que lo aceptaba como satisfactoria, ya que, al fin y al cabo, había transcurrido un escaso plazo desde el comienzo de su aplicación y los limitados supuestos en que se habían cumplido
las condiciones necesarias para dicha aplicación. Esto ocurría el día 26 de septiembre de 2001.
Hoy estamos a finales de abril de 2003, ha transcurrido año y medio, tiempo que considero suficiente para no preguntar sino presentar una interpelación
a la señora ministra de Asuntos Exteriores sobre cuál es la situación actual acerca del uso del procedimiento establecido para informar a las comunidades autónomas sobre la elaboración y la negociación de tratados y convenios internacionales que
afecten a materias de su específico interés.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar agradeciendo al senador Victoriano Ríos Pérez la completísima exposición de antecedentes y el completísimo análisis que
ha realizado sobre el procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para informar a las comunidades autónomas sobre la elaboración y negociación de tratados y convenios internacionales que afectan a materias de su interés.
Como
ha tenido ocasión de recordar el senador, el 26 de septiembre de 2001 el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno tuvo ocasión de contestar a una pregunta relacionada con la misma cuestión y en aquella respuesta se hizo referencia al documento
elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y remitido por su Secretaría General Técnica a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla el 14 de diciembre del año 2000, al que ha hecho referencia cumplida el senador
interpelante y en el que se contempla el procedimiento para informar a aquellas sobre la elaboración y negociación por España de tratados y convenios internacionales que afectan a materias de su específico interés.
Por lo que concierne a esta
interpelación, son varios los puntos que me gustaría destacar de ese procedimiento y del contenido del documento de diciembre de 2000 a que venimos haciendo referencia.
En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto al inicio del procedimiento y
según se desprende del punto quinto del mismo, los tratados y convenios internacionales objeto de información son aquellos sobre los que se esté llevando a cabo su elaboración y negociación, debiéndose descartar, por tanto, las fases de debate
previas a la elaboración y negociación propiamente dichas de los instrumentos internacionales.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que, en virtud del punto tercero del procedimiento, en relación con los tratados bilaterales o multilaterales
que se proponga concluir España, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores proporcionará cuanta información estime necesaria para que la comunidad autónoma pueda tener un conocimiento suficiente del alcance del tratado o
convenio internacional en cuanto concierne a sus intereses.
En tercer lugar, la comunicación de los tratados y convenios internacionales a las comunidades autónomas solo resulta obligatoria, de acuerdo con el punto cuarto del procedimiento, cuando
tales tratados afecten a materias de específico interés autonómico, entendiéndose por tales aquellas sobre las que las comunidades autónomas tienen asumidas competencias de ejecución, aquellas respecto de las cuales la Administración General del
Estado considere que su conocimiento por parte de las comunidades autónomas es conveniente para el mejor cumplimiento de sus fines y, por último, aquellas que por su singularidad hayan sido propuestas por una comunidad autónoma y admitidas a los
efectos del citado procedimiento por la Administración General del Estado.
Finalmente, ha de precisarse que, según lo establecido en el punto quinto del procedimiento, la información relativa a los tratados y convenios se comunicará con carácter
periódico en función del proceso de elaboración o negociación de aquellos a partir del momento en que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores disponga de un proyecto evaluado de los mismos.
Al responder a la pregunta oral
formulada por su señoría, el Gobierno señaló asimismo que ya se había aplicado el citado procedimiento en relación con el Tratado del Reino de España y la República de Portugal a que el senador interpelante ha hecho referencia, el Tratado de
cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales firmado en Valencia el 3 de octubre de 2002.
En dicho documento se cumplía el requisito de tratarse de un instrumento jurídico internacional que recaía sobre materias que
afectan al interés específico de comunidades autónomas al suponer el mismo marco jurídico dentro del cual las entidades territoriales de uno y otro lado de la
frontera podrían establecer convenios de cooperación transfronteriza.
Por lo demás, dicho tratado fue tramitado conjuntamente por los ministerios de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores, disponiendo, por tanto, este último de
un proyecto evaluado del mismo sobre el que poder informar.
Por último, la Administración General del Estado llevó a cabo diversas actuaciones para informar a las comunidades autónomas del contenido de este tratado, no limitándose únicamente a lo
dispuesto en el procedimiento elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
A continuación, quisiera referirme a la celebración de la Convención Europea, foro de discusión de la nueva constitución, y a la que el senador interpelante hace
expresa referencia en la presente interpelación, pero, antes de responder a las preocupaciones concretas de su señoría, deseo reiterar lo que he dicho siempre en las Cortes y en otros foros, esto es, que el Gobierno tiene presente en todo momento la
cuestión del estatuto particular de las regiones ultraperiféricas en los debates que se están llevando a cabo en la Convención.
El Gobierno y, personalmente, yo misma como miembro de la Convención nos hemos esforzado por evitar --y hasta ahora todo
indica que lo hemos conseguido y hago referencia a los primeros borradores propuestos por la Secretaría de la Convención-- el hecho de que el artículo 299.2 quede dividido en el proyecto que elabora la convención en dos disposiciones, relegando la
segunda a un protocolo anejo.
Según el estado actual de los trabajos, los documentos que han sido presentados por el presidente de la Convención contemplan una letra c) dedicada al ámbito de aplicación del Tratado. Dicha letra, en su párrafo
segundo señala que el tratado constitucional es aplicable a los departamentos franceses de Ultramar, a las Azores, a Madeira y a las islas Canarias, de conformidad con lo dispuesto en un artículo de la sección introductoria de la Parte II y no en un
protocolo, una diferencia que nos parece importante.
Como sus señorías saben, la Parte II es la relativa a las políticas de la Unión. Esta solución ha sido juzgada como la más idónea, ya que en dicha Parte es donde figurarán las bases jurídicas
que permitirán la aprobación de actos de Derecho derivado necesarios para determinar el alcance del estatuto específico de las regiones ultraperiféricas.
Al Gobierno le parece fundamental mantener el artículo 299.2 en su actual redacción y el
estatuto específico que confiere a las regiones ultraperiféricas. Los documentos de trabajo que manejamos en estos momentos relativos a la adaptación de las bases jurídicas del Tratado de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión que deberán
figurar en la nueva Parte II del tratado que proponga la Convención da satisfacción a estas preocupaciones.
Soy plenamente consciente del interés de algunos Estados miembros en ampliar el ámbito de aplicación del artículo 299.2 a regiones que
plantean otro tipo de dificultades, pero desde el Gobierno y como miembro de la Convención quiero reafirmar una vez más el convencimiento de la necesidad de seguir apoyando con toda firmeza el mantenimiento de una base jurídica específica e
independiente para las regiones ultraperiféricas.
Finalmente, me gustaría indicar que los la Parte II no contiene diferentes métodos de revisión para las distintas partes del tratado.
Este ha sido, como sabe su señoría, uno de los elementos de
preocupación que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses.
Con carácter general debo decir que desde España entendemos que el nuevo tratado no debe prever distintos mecanismos de revisión a sus distintas disposiciones. Se trata de un acto
jurídico y debe tener un mecanismo de revisión.
Retomo ahora la cuestión sobre la que su señoría interpela al Gobierno.
La Convención europea que examina la reforma del Tratado inició sus trabajos el 28 de febrero de 2002, y en el tiempo
transcurrido desde esta fecha se ha afianzado la idea de que la Convención va a redactar un proyecto completo de tratado constitucional, cuyos primeros artículos ya han sido debatidos en el foro de la Convención.
Las comunidades autónomas han sido
puntualmente informadas por el Gobierno del desarrollo de los trabajos de la Convención. Teniendo en cuenta los temas objeto de debate de la Convención se ha considerado oportuno utilizar el cauce ya existente de la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas, el CARCE, para tener al corriente a las comunidades autónomas de los trabajos de la Convención y recibir, en su caso, sus aportaciones u opiniones. La primera sesión del CARCE, tras el inicio formal de los
trabajos, tuvo lugar el 12 de marzo; en aquella ocasión poco tuvimos que decir porque acababa de empezar la Convención, pero en la siguiente sesión, el 29 de mayo de 2002, tuve la ocasión y el honor de comparecer como miembro de la Convención,
designada por el Presidente del Gobierno, para informar sobre el estado de los trabajos. La siguiente reunión, el 15 de octubre de 2002, fue don Gabriel Cisneros, miembro titular de la Convención por designación de las Cortes, quien informó, y en
la sesión siguiente, el 2 de diciembre, fue don Josep Borrell, igualmente miembro titular de la Convención por designación de las Cortes, y en ese momento además aprovechó para presentar una contribución en relación con los problemas específicos de
las regiones ultraperiféricas. En la siguiente y última reunión hasta la fecha, el pasado 10 de marzo, ha sido el Secretario General para Asuntos Europeos, don Alfonso Dastis, que también es miembro de la Convención, el encargado de informar sobre
los últimos acontecimientos.
Debo señalar, además, que al margen del cauce del CARCE, el Secretario General para Asuntos Europeos, don Alfonso Dastis, ha celebrado con carácter informal a través de la representación permanente en Bruselas varias
reuniones con los representantes de las oficinas de las comunidades autónomas, a las que el senador interpelante ha hecho referencia, con el fin de mantenerles informados puntualmente al día de los últimos acontecimientos y desarrollos de la
Convención.
Las comunidades autónomas, por lo tanto, están siendo informadas sobre los trabajos de la Convención; cosa distinta
es que no se haya hecho uso en este ámbito del procedimiento específico establecido por el acto de diciembre de 2000, ya que éste está concebido, como decía, para aquellos supuestos en que exista ya un proyecto evaluado de tratado --me
refiero al punto 5 del procedimiento--, y en estos momentos apenas hemos iniciado el debate de algunos artículos de una propuesta que irá desde la Convención a la Conferencia Intergubernamental, que es el foro en donde realmente se abordará el
debate del tratado, en tanto que foro de debate en el sentido que se utiliza en este documento.
Por todo ello, y en relación con la situación actual del uso del procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de su
Secretaría General Técnica para informar a las comunidades autónomas, entiendo que el específico interés de éstas está cumplidamente cubierto, pues desde el ministerio y desde los miembros designados por distintas instituciones españolas en la
Convención europea hemos buscado procedimientos para mantenerlas informadas. Desde luego yo he mantenido una relación constante con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre este punto a nivel personal, como corresponde a una mayor fluidez
de las relaciones y a un inmediato conocimiento por parte de todos los interesados en este asunto de lo que está sucediendo en la Convención, y así lo seguiremos haciendo.
Quiero terminar como he empezado, agradeciendo al senador interpelante la
ocasión que me ha dado para reiterar hoy en el Senado el interés en este punto específico que se refiere a las regiones ultraperiféricas en el debate de la Convención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador interpelante.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, me congratulo enormemente del esfuerzo que se está realizando por parte de usted misma y de su ministerio con respecto al tema de la Convención europea y el
mantenimiento del artículo 299 como Parte II del Derecho comunitario y no como un protocolo aparte. Por lo tanto, también le reitero el deseo de que siga por ese mismo camino porque sabemos de los ciertos peligros que acechan en relación a este
problema.
Pero fuera de la Unión Europea no sé qué actividad tiene este protocolo y el procedimiento que ha seguido el ministerio, porque indudablemente no puede sustituir a la teoría y a la práctica de los Estatutos de autonomía. Por ejemplo, el
de Canarias señala: durante el proceso de elaboración de los tratados. Es decir, no es al final del tratado o el convenio, sino en el proceso de elaboración también.
Usted sabe, señora ministra, que, por ejemplo, en el caso de Canarias estamos en
una situación geográfica muy específica en relación con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con Cabo Verde. Por lo tanto, necesitamos un instrumento porque cada vez tenemos más problemas, como sabe usted también, con los inmigrantes. Hace
poco tiempo el Presidente de Canarias estuvo en Marruecos, acompañado permanentemente por el Embajador de España, y se plantearon algunos temas muy importantes con respecto, por ejemplo, a las responsabilidades que tiene Canarias en relación con los
menores inmigrantes que llegan a las islas. Por lo tanto, me gustaría saber qué fórmulas hay que buscar para cumplir con esas obligaciones con eficiencia. También hay temas comerciales muy importantes, el del turismo --que incluso podemos llegar
hasta la colaboración con Madeira-- y, por lo tanto, quiero insistir en la necesidad de recibir una información con respecto a los problemas que se puedan derivar de las circunstancias y de la colaboración que indudablemente el Gobierno canario
prestaría en todo momento porque, independientemente de las delicadas relaciones que aún siguen existiendo entre España y Marruecos, no hay que ocultar que las relaciones de Canarias con Marruecos son fundamentales para una normalidad real de todos
los problemas que se tienen en la zona.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señor presidente.
Me gustaría empezar haciendo un somero repaso de los tratados, de los convenios a los que se refería el senador interpelante, esos convenios que
no son del ámbito de la Unión Europea, que salen fuera del marco de la Convención a que él ha hecho referencia.
En particular, empezaré mencionando los convenios relativos a la regulación y ordenación de flujos migratorios laborales. Se han
firmado con Colombia en 2001, con República del Ecuador también en 2001, con República Dominicana en 2001, con República de Polonia en 2002 y con República de Rumania también en el mismo año 2002. Por supuesto, estoy hablando de esta legislatura.
Me gustaría también recordar, dentro de este marco de tratados bilaterales suscrito por España durante esta legislatura, que son todos tratados o convenios que versan sobre materias de exclusiva competencia estatal. He dado este ejemplo. Podríamos
hablar de otros ejemplos, de los tratados en materia de asistencia judicial penal firmados con la República de Albania en 2001, con la República tunecina en 2001, con la República democrática popular argelina en 2002; o de los tratados sobre doble
imposición y prevención de la evasión fiscal o del tratado sobre transporte internacional por carretera o, incluso, tratados de amistad, de buena vecindad y cooperación.
Todos ellos --como digo-- se centran en competencias que son puramente
estatales. Ninguno de ellos hace referencia a materias de interés específico de las comunidades autónomas. Quiero recordar también, dentro ya del ámbito europeo, que tenemos siete convenios firmados y ratificados en este período, años 2001 y 2002.
Dos consisten en acuerdos de estabilización y asociación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y las
Repúblicas de Croacia y la yugoslava de Macedonia por otra, respectivamente.
Insisto en que el tratamiento que ha recibido el documento al que nos hemos referido prolijamente, que plasma esa obligación de información por parte del Gobierno
que tiene encomendada el Ministerio de Asuntos Exteriores y dentro del mismo la Secretaría General Técnica, se ha venido cumpliendo puntualmente. A partir de ahí, por supuesto, en nombre del Gobierno, siempre estamos dispuestos a mantener el mejor
diálogo fluido con las comunidades autónomas. Evidentemente, en el caso que ha mencionado el senador interpelante de Marruecos y la reciente visita a la que también ha hecho referencia no tengo sino que suscribir tanto la tónica como el tenor y el
ambiente que se han reflejado en ellas, que creo que es el ambiente de colaboración que preside estas relaciones.
Así pues, quiero insistir en la importancia de lo que se está debatiendo en la Unión Europea. Quiero insistir en que mantendremos ese
diálogo con las comunidades autónomas sobre aspectos de la Convención, también sobre los otros, pero específicamente sobre aquéllos. Pero, sin entrar en lo que quiere decir proceso de elaboración, el foro de debate de la Convención está fuera del
foro clásico de elaboración de los tratados. Y por eso, también hemos buscado un procedimiento más flexible, más acorde con lo que es la realidad del debate que se está produciendo para cumplir el objetivo sin perdernos en meandros de formalismos
que tendremos que cumplir y que será útil cumplir en una fase posterior. En la actualidad lo que es importante es aportar entre todos ideas a ese debate sobre el futuro de Europa y, en particular, por lo que se refiere a la comunidad canaria, a ese
mantenimiento de un estatuto específico para las regiones ultraperiféricas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS. (S. 621/000108) (C. D. 121/000099).
El señor PRESIDENTE: El punto tercero del orden del día ha sido retirado.
Punto cuarto del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de
Infraestructuras en relación con el proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión. (Pausa).
Se han presentado cuatro
propuestas de veto que se debatirán a continuación. Propuesta de veto número 1, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias.
Señor presidente, señorías, es sorprendente que no haya presentación del dictamen, pero es lo mismo. Yo voy a exponer mi veto.
Señorías, en el trámite parlamentario sólo se nos han admitido dos
enmiendas y alguna cosilla, incluidas referencias a la preservación medio ambiental que deben tener los proyectos tanto los que son presentados por vía particular como por la Administración.
Han sido realmente pocas las inclusiones de las múltiples
aportaciones que el Grupo Federal de Izquierda Unida ha hecho vía Congreso de los Diputados, como en el trámite del Senado.
En cualquier caso, desde nuestro punto de vista este proyecto de ley no ha sufrido grandes modificaciones en su contenido
más de fondo, más estructural, a pesar del nivel de aportación --insisto-- que mi grupo, también los demás, han realizado a este proyecto de ley. (El señor, vicepresidente, Prada Pisa, ocupa la Presidencia.) El Gobierno ha argumentado que las
bondades de esta ley estaban basadas en la necesaria modernización de la concesión de la obra pública y de acabar con la dispersión normativa, así como que esta ley pretendía profundizar en la colaboración y coordinación con las diferentes
administraciones públicas, algo bastante lejos de la realidad como les explicaré después. También que éste era un proyecto en la vanguardia europea, en la idea de mejora y seguridad de las infraestructura públicas, y que suponía un sistema de
financiación beneficioso para los usuarios y, por tanto, para la sociedad.
Dan miedo, señorías. Dan miedo cada vez que hablan de modernización porque cada vez que lo hacen quieren decir privatización, pura y dura. Y esto es precisamente lo que
hacen en este proyecto de ley: privatizar, privatizar y privatizar.
Sí, señorías, se privatiza la obra pública. Las empresas privadas, por cierto, siempre han participado en el régimen de concesiones y han tenido cuantiosísimos beneficios. No
hay ningún problema: siempre. Con este proyecto de ley se pretende otra cosa distinta, como después explicaré.
Por otra parte, la llamada dispersión normativa no es cierta, o al menos así lo ha manifestado el Consejo de Estado. Que no se
argumente que existe una dispersión normativa al menos de la magnitud que justifique este proyecto en la forma y manera que ha sido traído del Congreso al Senado y antes, lógicamente, del Gobierno al Congreso.
En cuanto a la colaboración y
coordinación con las administraciones públicas, se retrocede de forma escandalosa, de forma clarísima, puesto que se entiende esta colaboración desde la limitación o, sin más, se quita. Es decir, esta colaboración plantea limitaciones. Es una
concepción de la colaboración y, además, hay aspectos de las competencias que quitan a las administraciones públicas restantes.
Por tanto, estamos en presencia de un ataque, de una repetida concepción sobre el Estado, las administraciones, la
cooperación y la colaboración.
Y es curioso, también da
miedo cuando hablan de colaboración o cooperación: significa siempre un paso atrás.
Este proyecto de ley elimina competencias de las comunidades autónomas y de las administraciones locales relacionadas con las cuestiones más cercanas al
ciudadano, como el planteamiento urbanístico, lo que resulta francamente grave, porque se impone el criterio de la administración central, e incluso, por qué no decirlo, hasta el de una entidad privada.
Señorías, se ha fracasado al no conseguir que
este proyecto fuera una ley básica que no afectase a las competencias de las comunidades autónomas.
En realidad pienso que hemos fracasado unos, quizá otros no, porque han conseguido lo que buscaban.
He de recordarles que cuando, por vía de ley de
acompañamiento, se pretendió y consiguió modificar la Ley de costas, en mi intervención, al menos este senador así lo considera, identifiqué la redacción de aquella ley y la que estamos ahora discutiendo. Entonces como ahora -- hablo de una
modificación parcial-- pudimos comprobar una relación perversa entre construcción, prestación de servicios y mantenimiento de la infraestructura de que se tratase, como se ha puesto de manifiesto al hacer un curioso énfasis en este proyecto en la
explotación comercial.
En la Ley de costas --vamos a ver si ahora lo pueden aclarar-- recordarán ustedes que faltaba por realizar el 56 por ciento de los deslindes y decían que por qué entrar en ese momento en esa cuestión y hacían una separación.
Nosotros considerábamos que las infraestructuras, paseos marítimos, regeneración de playas, su mantenimiento y todo el negocio playero, amén de obras de acompañamiento a nuevas macrozonas de ocio turístico, podrían ser una realidad si juntábamos una
cosa y otra. Y pienso que es así. En aquel momento se denunció la separación de las competencias de espacios como, por nombrar un ejemplo, en el caso marítimo-terrestre, entre la administración local y la comunidad autónoma con respecto a la
administración central. Además, se huye de la declaración de impacto ambiental en algunas actuaciones, etcétera. Y hay que escuchar el discurso redondo del Gobierno y del Partido Popular para entender de qué estamos hablando.
Desde nuestro punto
de vista es patente y se observa con meridiana claridad en la exposición la voluntad privatizadora que se pretende dejar al sector empresarial más poderoso de este país, el de las grandes constructoras, en la explotación y hasta en la planificación
del futuro del conjunto de las nuevas infraestructuras.
Hemos denunciado innecesarias actuaciones en los planes fundamentalmente de los aeropuertos, como preservar terreno alrededor de los mismos, a través de estas figuras ya planteadas.
Investigando, preguntando y estudiando este asunto, uno piensa lo siguiente: ¡Si hay un montón de territorio reservado a los aeropuertos para la aviación civil, a través de AENA fundamentalmente, que no va a hacer falta, según una hipotética idea
de que son necesarias nuevas infraestructuras hasta el año 2015! Es mentira. Lógicamente, esos terrenos se emplean para otros asuntos. Y así una cosa y otra. Se van ligando actuaciones y se comprueba que estas leyes tienen como finalidad la
privatización, el negocio, con un interés alejado del de la ciudadanía y de los usuarios.
Pienso que lo que menos conviene a la sociedad española es este tipo de ideas y la filosofía que inspira este proyecto de ley y desde nuestro punto de vista
debe seguir existiendo una nítida diferenciación conceptual y práctica en el campo del derecho administrativo de contratación entre lo referente a la actividad constructiva, incluida la realización de proyectos de infraestructuras, y lo que atañe a
la prestación de los servicios a los que éstas den lugar. Solamente al segundo de estos campos será aplicable la ya más que centenaria figura jurídica de la concesión con las adaptaciones y actualizaciones que indudablemente exigen los cambios
sociales y la evolución cultural de los tiempos. Hoy es necesario actuar en el tiempo real en que vivimos, pero siempre en beneficio de las gentes a las que decimos representar y no de unas minorías, cuando no de la imposición de figuras que
afectan y atacan básicamente a otras figuras de las administraciones, que son también Estado, como las comunidades autónomas, por ejemplo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.
Corresponde ahora la propuesta de veto número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, dado que la propuesta de veto número 3, originariamente formulada
por el senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido retirada.
En consecuencia, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señorías, como representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en esta Cámara, me corresponde exponer y defender el veto presentado al proyecto de ley
reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
La institución de la concesión administrativa cuenta con una arraigada tradición en el sistema jurídico español y en relación con las obras públicas ha sido y es considerado un instrumento
idóneo para la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado en la construcción y financiación de determinadas infraestructuras, viéndose así incluida la figura de la concesión en la legislación contractual pública.
La actual
redacción se introdujo en la Ley de Contratos con la modificación operada en el año 1999 y se incorporó después al texto refundido del Real Decreto 2/2000, de 16 de julio, por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sin embargo, este modelo ha precisado ajustes, ha necesitado adecuar sus características esenciales a la realidad económico-social y política de cada momento, a fin de dotar a la figura confesional de plena utilidad y revitalizarla.
Al parecer, es
este uno de esos momentos, atendiendo, entre otras circunstancias, a las exigencias derivadas del derecho de la Unión Europea.
Al amparo de dicha coyuntura, el Gobierno afirma que, además, es necesario estimular la participación del sector privado en este modelo, incorporando más recursos privados a la financiación y construcción de obras públicas, liberando de este
modo recursos públicos para otras áreas y, en definitiva, apostar por la eficacia en la gestión.
Señorías, si esto fuera sólo así, nada tendríamos que objetar, pero hay mucho más y, a nuestro entender, no precisamente bueno. Les adelanto que el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos entiende que la modificación proyectada obedece a un objetivo muy claro, que no es otro que financiar grandes proyectos de infraestructuras a acometer en los próximos años poniendo una alfombra
roja para la entrada en este campo de grandes grupos de constructores, de grandes grupos económicos, pasando por alto y por encima de las competencias autonómicas y municipales Así, se elabora este proyecto de ley de artículo único, el cual,
modificando la actual Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, plantea una nueva regulación del contrato de concesión de obras públicas que a nuestro entender es de todo punto inadecuada, por diversas e importantes razones. La regulación
proyectada se dicta en su mayor parte con carácter de legislación básica, lo que implica la obligatoriedad de su cumplimiento para todas las administraciones públicas que utilicen dicha figura. Así lo señala expresamente la disposición final
primera que, además, concreta la regulación de lo que es básico y lo que no lo es, invocando principalmente el artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias sobre la legislación básica, sobre contratos y concesiones
administrativas, pero apela también a otros títulos competenciales reseñados en el artículo 149 de la Constitución que reconocen al Estado competencias tanto de carácter exclusivo como compartido.
Este texto contiene deficiencias similares a las
que en su día pusimos sobre la mesa con ocasión del debate de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus ulteriores y sucesivas modificaciones, ya que el contenido de la regulación es de un excesivo detalle, lo que provoca que la
legislación estatal, que pretende ser básica, resulte claramente invasora de las competencias legislativas de desarrollo, las cuales, como todos ustedes saben, corresponden a las comunidades autónomas. Dicho de otro modo: este proyecto de ley
trasluce sin disimulo alguno una clara vocación de agotar todas las pautas posibles que disciplinan esta cuestión e integrarlas en el concepto material de lo básico, vaciando de contenido la esfera competencial legislativa que también en esta
materia tienen reconocidas las comunidades autónomas.
Encontramos en este proyecto de ley multitud de aspectos merecedores de tratamiento reglamentario que se elevan injustificadamente a la categoría de lo básico. Por ejemplo, el contenido del
contrato, el estudio de viabilidad, los anteproyectos de construcción y explotación de obras, los pliegos de cláusulas administrativas, etcétera. Y, señorías, pretender que la regulación de este tipo de cuestiones es regular sobre lo básico atenta
contra principios constitucionales reconocidos y avalados por reiterada y unánime jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Los mayores reparos que esta portavoz quiere denunciar se centran en lo expuesto en la parte final del proyecto,
particularmente en lo que afecta a sus disposiciones adicionales. Por ejemplo, la disposición adicional primera enumera los preceptos del proyecto cuya aplicación no es obligada para las comunidades autónomas, siendo éstos escasísimos y
refiriéndose muchos de ellos solamente a una cuestión de plazos.
En cuanto a la disposición adicional segunda, establece que, a falta de un acuerdo entre la Administración del Estado, comunidad autónoma y entidades locales, los planes y proyectos
de obras públicas de competencia estatal prevalecerán siempre sobre cualquier instrumento de planificación u ordenación territorial urbanística. Se imponen así supuestos de coordinación obligatoria, introduciendo el criterio de prevalencia y
competencia estatal por medios y mecanismos muy diversos, actuando de forma invasora, y a nuestro entender abusiva.
La disposición adicional tercera, relativa a la construcción de obras públicas de interés general, hace prevalecer, en cualquier
ámbito y objeto, la decisión estatal respecto de la ejecución del proyecto en cuestión. Además, dispone que la construcción, modificación y ampliación de esas obras públicas de interés general no estarán sometidas a licencia ni a cualquier otro
acto de control preventivo municipal. Como decía el castizo en una expresión muy conocida, que en este caso viene que ni regalada: ¡Ancha es Castilla! Con esta redacción, y sobre todo con el objetivo que pretende, se está modificando
implícitamente el contenido del vigente artículo 244.2 del texto refundido de 1999 sobre régimen de suelo y ordenación urbana, precepto en vigor y que únicamente en casos tasados y sobre la base de la urgencia y la excepcionalidad permite que el
ministerio de turno haga prevalecer su criterio, y siempre previo cumplimiento de una serie de trámites que aseguran la objetividad de tal decisión, trámites en los que interviene la comunidad autónoma y el municipio y que posteriormente sólo
resuelve el ministerio o el Consejo de Ministros. Y no es eso precisamente lo que propone el proyecto de ley que ahora nos ocupa.
Por su parte, la disposición adicional octava modifica directamente la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre Construcción,
Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión. Esta es una ley preconstitucional, por lo que entendemos que cualquier modificación de la misma debería pronunciarse expresamente sobre el título competencial que respalda la
regulación de que se trate y su ámbito de aplicación. Sin embargo, este proyecto incluye la mencionada disposición adicional octava en el apartado 2 de la disposición final primera y, en consecuencia, en la esfera de lo ineludible, en la
obligatoriedad de aplicación a todas las administraciones públicas. Tal efecto no tiene cobertura alguna si aplicamos correctamente las reglas previstas, amparadas por la Constitución, que arbitran los títulos competenciales; a menos, claro está,
que el redactor del proyecto tenga la convicción previa de que todas las autopistas, todas las vías de peaje, son obras públicas de interés general y, por tanto, competencia del Estado,
lo cual es un error de bulto, ya que las vías de peaje, las autopistas de los territorios forales, tienen un régimen jurídico propio, algo que ustedes parecen siempre olvidar.
Resumiendo, señor presidente, señorías, el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos rechaza este proyecto de ley sobre la base de tres cuestiones básicas. En primer lugar, porque éste no es un proyecto de ley para las administraciones públicas y al servicio de la ciudadanía, sino que constituye un traje legal,
hecho casi a medida, abusivo y con restricción de garantías, para que la Administración del Estado gestione con facilidad los proyectos de infraestructuras impuestos por el Gobierno.
En segundo lugar, consideramos que este proyecto de ley restringe
la trasparencia en la gestión pública y posibilita la arbitrariedad y el oscurantismo, sobre todo en el trato de los intereses particulares, que, si bien pueden y deben jugar también en este campo, nunca pueden hacerlo alejados de las cautelas a las
que obliga toda licitación pública.
Y en tercer lugar, éste es un proyecto de ley que restringe las competencias de las comunidades autónomas y administraciones locales y forales, sustituyendo el principio de coordinación por el de cooperación
obligatoria bajo la premisa de la prevalencia de los criterios y decisiones del Estado.
Así pues, rechazamos este proyecto de ley porque sus contenidos demuestran que no pretende servir realmente al interés general de todas las administraciones
públicas para que éstas tengan a su alcance un régimen moderno y actualizado en el entorno europeo e internacional en el campo de las obras públicas y su gestión. También rechazamos este proyecto porque vacía de contenido las competencias asumidas
por las comunidades autónomas y entra a regular aspectos que son más propios de un desarrollo reglamentario, en un alarde de técnica absolutamente deficiente y con el único objetivo de acaparar toda la potestad normativa en detrimento de la que
constitucionalmente tienen atribuida las comunidades autónomas. Y lo rechazamos asimismo porque incorpora toda una nueva regulación de las obras públicas, haciendo que el llamado interés general que lo justifica sea sólo el que dice, y como lo
dice, el Estado, en una imposición que consideramos inaceptable sobre cualquier otro interés igualmente legítimo, general y público, que los hay.
Como ya he dicho, la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, nos
indica reiteradamente que en aquellos supuestos de interrelación de dos intereses igualmente legítimos y públicos no necesariamente deben prevalecer siempre los criterios de la Administración del Estado, sino que, en todo caso, y en aplicación de un
principio, tal vez no escrito, de no perturbación respectiva, dicho interés debe buscarse a través de la cooperación y de la colaboración interadministrativa e interinstitucional o, lo que es lo mismo, a través del diálogo político. Esta es una
decisión respetuosa con el interés general, entendido éste como el que actúa en beneficio de todos los ciudadanos bajo el escrupuloso respeto del juego de competencias a la hora de tomar decisiones, sobre todo, de decisiones importantes.
Y no
insisto más. Creo que nuestra postura está clara, y considero que he argumentado razones más que suficientes para justificar la presentación de nuestra propuesta de veto, identificada con el número 2 entre las presentadas contra el proyecto de ley
reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Etxegoyen.
Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando el ministro de Fomento presentó el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007, con un horizonte de ejecución hasta el 2010, durante una comparecencia en el
Congreso de los Diputados el día 15 de junio de 2000, anunció la remisión a las Cortes de un proyecto de ley para incentivar la participación de la iniciativa privada en la financiación y gestión de las obras públicas.
Dicho plan de
infraestructuras no ha sido debatido ni aprobado por las Cortes Generales, por lo que arrastra un grave déficit democrático. Y el proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo lo único que hace es modificar un determinado artículo e
introducir un nuevo título en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Señorías, la sociedad necesita actualizar la vieja Ley de obras públicas del año 1877, aún en vigor, con mecanismos precisos de coparticipación público-privada en
la financiación y explotación de las obras públicas.
También necesita incorporar a la realidad política actual sistemas claros de construcción, explotación y financiación de las obras públicas con la perspectiva de la movilidad ciudadana y la
cohesión en el seno del Estado español. Y necesita asimismo modernizar los procesos de adjudicación de la concesión. Sin embargo, este proyecto de ley ha quedado reducido a un instrumento regulador de la figura histórica del contrato de concesión
de obras públicas. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene una serie de diferencias básicas sobre él.
Estamos de acuerdo, sin embargo, con el principio general de establecer instrumentos jurídicos claros para facilitar la colaboración
de los capitales privados en la financiación de determinadas infraestructuras públicas cuando hay una previsible disminución a corto plazo de los fondos comunitarios, pero los instrumentos jurídicos que este proyecto de ley pone al servicio de este
objetivo no permiten al Grupo Parlamentario Socialista dar un apoyo global.
No decimos con esto nada nuevo, porque ya en el debate del Plan Director de Infraestructuras en las Cortes Generales en 1995, donde se aprobaron 56 propuestas de
resolución, defendimos la necesidad de incentivar y regular la participación de la iniciativa privada en la financiación de las obras públicas de acuerdo con el principio comunitario
de que el coste de las infraestructuras recaiga también en el usuario.
No estamos en contra de este tipo de regulación, pero sí discrepamos en el cómo y en la manera jurídica tal como se hace en este proyecto de ley reguladora de la
concesión de obras públicas.
Este proyecto de ley contiene una serie de aspectos que fundamentan nuestra enmienda de veto. Diseña fórmulas que permiten una menor aportación de recursos públicos para la construcción de las infraestructuras, como el
pago diferido por parte de las administraciones en función de los usuarios de la misma, pero establece un conjunto de contraprestaciones en especie por parte de los gobiernos en forma de concesiones de dominio público para explotaciones comerciales
o industriales que regula de forma imprecisa e incompleta.
Con esta introducción de pagos en especie con concesiones demaniales de dominio público en zonas complementarias de explotación comercial se corre el riesgo de que determinadas empresas
concesionarias puedan encontrar oportunidades especulativas inadmisibles amparándose en el sistema que diseña este proyecto de ley. Incluso plantea conceptos en determinados artículos que chocan con la Directiva comunitaria 93/37 de la Comunidad
Económica Europea, de 14 de junio de 1993, sobre regulación del contrato de concesión de obras públicas, y no distingue con claridad los supuestos de construcción y explotación de las infraestructuras del de explotación sin construcción.
Como
novedad plantea la posibilidad de que las obras públicas objeto de la concesión incluyan, como he dicho antes, las denominadas zonas complementarias de explotación comercial. Estas zonas o terrenos que pueden dedicarse a actividades comerciales o
industriales, susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado, constituyen un instrumento indirecto de financiación del concesionario, e incluso prevé que estas zonas queden sometidas a una unidad de gestión de la administración que otorga
la concesión.
Estos supuestos pueden crear problemas competenciales con las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las funciones de comercio interior, sin clarificar, además, la asignación de riesgos del sector privado y la
salvaguarda del interés público.
El articulado de la ley no recoge con claridad una auténtica asignación de riesgos por el sector privado. Hay algunos artículos donde se configura la concesión como negocios protegidos por las administraciones
concedentes. Además, serán éstas las que tendrán la obligación de mantener el equilibrio económico financiero de la empresa concesionaria.
Desde nuestro punto de vista esto nos parece un auténtico despropósito, llegando incluso a imponer a la
administración la obligación de asumir la deuda del concesionario cuando éste sea incapaz de pagar a los acreedores.
Además, introduce como novedad otras figuras potentes en el régimen de concesión --que mi grupo rechaza-- para que obras que están
en estos momentos al servicio de los ciudadanos puedan ser privatizadas en aras de su mantenimiento, conservación y mejora de la infraestructura con la aparición de nuevas figuras tributarias que graven su uso; es decir, infraestructuras por cuyo
uso al día de hoy no se pagaban tasas, con la aprobación de esta ley se podrán pagar, de tal manera que las administraciones públicas pueden privatizar todo tipo de infraestructuras.
Señorías, como ven, el proyecto de ley contiene aspectos
preocupantes que mi grupo rechaza totalmente, llegando incluso a que las empresas concesionarias puedan recibir el beneficio de las administraciones públicas con prórroga de la concesión.
Incluso en la disposición adicional segunda, donde se busca
la colaboración y coordinación entre administraciones públicas, también contiene apartados que suscitan problemas competenciales y algunos riesgos de inconstitucionalidad al otorgar al Estado la facultad de coordinar, ni más ni menos, que los planes
de obras públicas de las comunidades autónomas con los planes de obras públicas de interés general, cuando debe ser el diálogo con las comunidades autónomas el que debe resolver el problema, con el deber de la administración estatal, autonómica y
local de informarse recíprocamente y de colaborar y cooperar mutuamente en la planificación y construcción de las obras públicas.
Señorías, si bien compartimos conceptos básicos, en el fondo rechazamos este proyecto de ley, que debería haber sido
consensuado, y no queremos que esta ley sea la culminación de la inclusión de un importante grupo de tasas, introducidas ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que incrementen el coste para los usuarios de los servicios de las
infraestructuras de titularidad pública.
Señorías, en conjunto es un proyecto de ley que va a gravar gravísimamente a los usuarios de las infraestructuras y que va a dar libertad para que determinadas empresas constructoras hagan más negocio con
las explotaciones comerciales, por lo que rechazamos este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Herranz.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Señor presidente, señorías, agradezco en primer lugar el análisis que los diferentes grupos han realizado desde su óptica política, lógicamente consecuente con las ideas que tradicionalmente han defendido, pero también
quiero poner de manifiesto que los argumentos esgrimidos para defender el veto no tienen, a mi manera de entender, el calado suficiente para sustentarlo, como demuestra, en primer lugar, la ausencia de texto alternativo, que hubiera sido lo lógico
por parte de los diferentes grupos.
Puedo entender las enmiendas para mejorar la ley, pero no entiendo el veto, máxime cuando se ha manifestado --en algunos casos de forma clara-- que esta ley es necesaria, a no ser que el veto, para ustedes,
solamente tenga un significado meramente litúrgico o de ritual parlamentario.
El presente proyecto de ley, para entender su significado, hay que encuadrarlo en un nuevo marco social, económico y político. La sociedad española necesita dotarse
de infraestructuras modernas y seguras que permitan un sistema de transporte eficiente que facilite la competitividad de las empresas y contribuya a la vertebración y a la cohesión de España. Dotar de buenas infraestrucuturas a las regiones
menos favorecidas para acercarlas a Europa y hacerlas más competitivas, dotar de un entramado de obras públicas moderno que facilite el que nuestra economía pueda competir en condiciones idóneas es una aspiración y una ambición a la que no se puede
renunciar, tal y como decía el señor ministro de Fomento, Alvarez-Cascos, y estoy convencido de que sus señorías también participan de esta ambición, de este deseo y de esta misma voluntad.
El Gobierno así lo ha entendido y los esfuerzos inversores
que se están realizando en los distintos modos de transporte contemplados dentro del plan de infraestructuras 2000-2007 responde a ese proyecto de resolver el tradicional déficit de estas infraestructuras y a la voluntad de situar a España entre los
países europeos más avanzados. Por otra parte, para hacer frente a todo ese volumen de infraestructuras nos encontramos con las limitaciones de la política presupuestaria derivadas de los compromisos en torno al pacto de estabilidad del déficit
cero, y en general, de los compromisos y del cumplimiento de los criterios de Maastricht.
Nosotros ya sabemos que lo del déficit cero no tiene importancia para algunos, que prefieren el endeudamiento de las cuentas públicas, pero los resultados
nefastos de esas políticas ya son muy conocidos en este Parlamento y también en la sociedad española. En este marco se encuadra este proyecto de ley, que tiene como objetivo regular la participación lo más amplia posible de la iniciativa privada,
no sólo financieramente, sino también aportando capacidad gerencial. En este planteamiento puede afirmarse que la reforma del sistema concesional de obras públicas es muy oportuna, porque, en sintonía con los fines que se pretende, se moderniza y
hay una puesta al día de los instrumentos que van a regular la provisión de obras públicas, pero también es necesaria su aprobación, porque desde la perspectiva del Gobierno, que es dotar a España de un sistema de transportes moderno y lo más amplio
posible, resulta fundamental, por una parte, hacer compatible el esfuerzo inversor en obras públicas y el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, pero, por otra, también es necesario el concurso de los capitales privados para su
financiación, tal y como se contempla en el plan de infraestructuras 2000-2007, que prevé una participación privada del 20 por ciento del total de la inversión pública.
La presente reforma de la figura concesional de obras públicas presenta
novedades, a mi entender, muy importantes, pues su misma concepción constituye un hito histórico que aporta modernidad y seguridad jurídica, no sólo para el concesionario mediante el establecimiento de un catálogo de obligaciones y servicios, sino
también reforzando las prerrogativas de la Administración, así como ahuyentando el concepto de discrecionalidad, al que algunas de sus señorías se han referido en cuanto a las ayudas públicas, subordinadas a la viabilidad de la obra y al principio
de riesgo.
Con esta reforma las tres protagonistas principales: administraciones, usuarios y concesionarios, podrán disponer de unas reglas de juego claras que va a permitir conciliar los intereses públicos y privados, dejando atrás el debate
permanente del sector privado versus sector público, y viceversa, y el enfrentamiento dialéctico que siempre se ha producido. La nueva ley servirá para aumentar la seguridad jurídica del sistema concesional, ya que la dispersión normativa actual,
señorías, impide la aplicación de unas políticas coherentes en materia de concesiones que suponga la aplicación de unas reglas de juego claras para todos los agentes implicados, y no meramente sectoriales. Esta implicación afecta a las
administraciones, a los concesionarios, a las entidades locales, a las entidades financieras, a los inversores y, por supuesto, a los usuarios. La nueva ley se articula como una amplia modificación de la vigente Ley de Contratos del Estado, tal y
como ustedes acaban de decir, básicamente mediante la incorporación de un nuevo título dedicado al contrato de concesión de obras públicas. De esta manera el sistema concesional dispone de un régimen jurídico singularizado atendiendo a las
características propias de la figura concesional, lo que sin duda proporciona, como decía, bastante seguridad jurídica.
Como he señalado anteriormente, se trata de un proyecto de ley moderno que incorpora novedades muy significativas a la
regulación en vigor.
Introduce mayor flexibilidad en las fórmulas de financiación de las infraestructuras abriendo nuevos campos a la colaboración pública o privada, lo que permitirá nuevas vías de participación privada en la financiación de obras
públicas. La nueva ley arbitra una serie de nuevos mecanismos de financiación de las obras públicas; es flexible en el sentido de que no obliga a utilizar determinadas fórmulas de financiación. Las distintas administraciones podrán utilizar la
fórmula que mejor se adapte a las condiciones particulares de cada momento. Estas fórmulas incluyen desde la financiación puramente privada de todo el proyecto concesional hasta diversas modalidades de participación pública en la financiación, que
podrá tener lugar, bien durante la fase de construcción de la obra, bien durante la fase de explotación, bien incluso al finalizar el período concesional. Señorías, todas estas fórmulas, como las que hacen referencia a que el objeto del contrato de
concesión pueda comprender dos o más obras con una relación funcional entre sí, responden a la necesidad de abrir nuevas vías en la colaboración pública o privada en el campo de las infraestructuras.
La ley realiza una más clara y mejor definición
del concepto de contrato de concesión de obras públicas, recuperando el principio de efectiva asunción por el concesionario del riesgo empresarial y ampliando su objeto, no sólo a la construcción y explotación de las obras públicas, sino también a
aquellas que tengan por objeto solamente la explotación de éstas. La necesidad de incluir este principio de asunción del riesgo empresarial viene dada por la definición del sistema concesional que se utiliza en el marco de la Unión Europea, y la
nueva ley, de forma compatible con el citado principio de asunción de riesgo, contribuirá a fortalecer la nueva concepción del mantenimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones.
A partir de ahora se establece por primera vez un principio de simetría.
El equilibrio económico-financiero del contrato de concesión se va a poder restablecer en beneficio del concesionario y también del interés público o de los usuarios.
El equilibrio económico-financiero tiene consecuencias en las dos direcciones, en la del concesionario, pero también en la del interés público y, consecuentemente, del interés del usuario. Lo relevante es, además, que el nuevo texto recoge los
supuestos y causas que darán lugar al restablecimiento de ese equilibrio económico-financiero, texto que en este caso concreto será objeto de una transacción que se ofrecerá a algunos de los grupos.
Este proyecto de ley presenta novedades muy
importantes, como es la aplicación de la cláusula de progreso que obligará al concesionario a mantener la infraestructura de acuerdo con las normativas técnica, medioambiental y de seguridad vigentes en cada momento. Asimismo constituye otra
novedad la recuperación del riesgo empresarial, el mantenimiento del equilibrio económico-financiero o el situar al usuario de las infraestructuras en el centro de la relación concesional. Pero si bien estos aspectos son muy importantes, lo que
realmente es significativo es la regulación de las técnicas de aplicación en cuanto a la iniciativa privada, aportando financiación, gestión y experiencia en un esquema concesional flexible, básico, y por tanto, válido consecuentemente para todas
las administraciones.
Me voy a referir principalmente a estos dos aspectos, también han tratado sus señorías, aunque otros muchos de los temas que ustedes han abordado pienso que pueden ser objeto de un debate posterior en el turno de defensa de
las diferentes enmiendas. En primer lugar, en relación con las preocupaciones competenciales que han planteado algunos grupos --por supuesto unos con mayor intensidad que otros--, debo indicar que se ha incorporado en la ley la doctrina del
Tribunal Constitucional, y para que no haya lugar a dudas sobre el profundo respeto del Estado, del Gobierno al modelo autonómico que todos nos hemos dado y a la asignación de competencias que la Constitución Española atribuye a las comunidades
autónomas, se establece el principio de coordinación y de colaboración entre las distintas administraciones públicas. En relación con el carácter básico de la ley, y como muy bien ha reconocido la senadora Etxegoyen, el Estado tiene título
competencial, que es el artículo 149.1.8ª de la Constitución, que establece que el Estado tiene la legislación básica en materia de contratos y concesiones de obras públicas. Ciertamente que en normativas demaniales sí ha habido un desarrollo en
las redes sectoriales, no así en concesiones administrativas que se ejercen yo diría que por primera vez.
El criterio que recoge la ley es entender que lo básico es aquel denominador común que debe asegurar la igualdad de derechos de los
ciudadanos, como dice el artículo 149.1 de la Constitución y, por otra parte, el reconocimiento de esta institución como algo común para todo el territorio del Estado. Sigue, además, los mismos criterios previstos en la Ley de contratos, señorías,
a la que ustedes han hecho referencia, pero que no fue objeto de impugnación por ninguno de los grupos parlamentarios que han presentado el correspondiente veto.
En relación con las disposiciones adicionales segunda y tercera, a las que también se
han referido, la ley reproduce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y principios recogidos en otras leyes actuales que están en vigor. Además, en estas disposiciones se habla del principio de colaboración, del principio de coordinación.
Lo que quiere decir es que, a la hora de ejecutar obras públicas, debe producirse una colaboración leal, institucional entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
En el ámbito autonómico, señorías, las comunidades autónomas,
a las que ustedes están representado, están legislando de la misma manera en relación con los problemas o conflictos con las entidades locales de su territorio. Desde la perspectiva de la regulación, lo que dice el texto es que, en aquellos
supuestos y en aquellos conflictos en los que ya no sea posible la colaboración porque los intereses sean contradictorios, se aplicará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece, al amparo de los títulos competenciales del Estado
de obra pública de interés general, una prevalencia a favor del Estado. Señorías, no se trata de vaciar de contenido ni de invadir las competencias de las comunidades autónomas; se trata de hacer viable el entendimiento entre las distintas
administraciones públicas a través del esquema de colaboración y de coordinación, y, lógicamente, para hacer viable que las obras de interés público puedan ser realizadas.
Se han hecho otros análisis sobre la ley por parte de algún portavoz que en
algún caso ha resultado exagerado y no sé si algo demagógico. En relación con la financiación privada y la diversificación de las fuentes, la novedad del proyecto sobre esta cuestión no es tanto la novedosa aportación de las técnicas que se han
previsto en la ley, sino los esfuerzos que se han llevado a cabo para que estas técnicas sean aplicables en beneficio del concesionario, salvaguardando el interés público y el del concesionario. La concesión, señorías, como bien jurídico, se
integrará plenamente en el tráfico mercantil desde el momento de la perfección del contrato, pudiendo ser objeto de cesión o hipoteca a fin de hacerla más atractiva para el capital privado. Además, para permitir la diversificación del esfuerzo
inversor, la ley facilita la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de valores, no solo mediante los mecanismos convencionales, como es la emisión de obligaciones o la emisión de bonos, sino a través de la titularización de los derechos de
crédito vinculados a la explotación de la obra. La presencia del capital privado se asegura mediante un amplio abanico de garantías para los posibles acreedores hipotecarios y poseedores de títulos, lo que quiere decir, en cuanto a la regulación de
emisión de títulos e hipotecas, que el objetivo es incorporar toda la posibilidad de financiación que sea útil para lograr el objetivo que persigue esta ley, que es la construcción de infraestructuras modernas que hagan posible que nuestras empresas
sean competitivas. Lo que se pretende es movilizar los capitales privados a través del sistema, pero con todos los controles adecuados por parte de la Administración. No se trata, señorías, de ningún tipo de privatización. De lo que se trata es
de incorporar la iniciativa privada y los capitales privados a este gran proyecto
para resolver el gran déficit de infraestructuras que ha padecido la sociedad española.
Entiendo que con este proyecto de ley, que da seguridad jurídica, se aportan aspectos muy novedosos y, por otra parte, hace algo fundamental que es
comprometer e incorporar a la sociedad privada en ese gran proyecto, señorías, que no es otro que la construcción de grandes infraestructuras para, como decía antes, conseguir la competitividad de nuestras empresas así como el beneficio de los
usuarios. Por lo tanto, señorías, nuestro grupo va a rechazar los vetos que anteriormente se han defendido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Sanz.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente, señorías.
Voy a ser muy breve, primero porque tengo interés en que no se alargue el debate por razones de tiempo. Hay que terminar hoy y, si es posible, cuanto antes. Por tanto,
contestaré brevemente a las argumentaciones del senador para rechazar los vetos, que ha calificado como un ejercicio litúrgico, y yo digo que también es litúrgico. En todo caso, vamos a dejarlo igual. Se trata de salir ahí y lanzar un discurso sin
tener en cuenta las explicaciones y las motivaciones que le llevan a uno a presentar el veto. Porque si bien ha habido aspectos, ya de carácter general, de debates anteriores importantes en el Congreso de los Diputados, comprendo que ya se tenga
por escrito, más o menos perfilada, la contestación, pero sería conveniente para el bien de esta Cámara que, sin liturgias, se tuvieran en cuenta las explicaciones o las apreciaciones y las argumentaciones que un senador de uno u otro grupo hace en
esta cámara, y no se ha contestado a ciertas cuestiones que he planteado, o se ha hecho de forma demasiado genérica. Por lo tanto, lo de litúrgico es conveniente que lo apliquemos para todo el mundo porque, al final, terminamos por contestar a las
paredes y no a quien ha hablado.
Estamos de acuerdo en que en este país tiene que haber infraestructuras modernas. Yo he visto cómo, además en tiempo real, este país se ha situado entre los mejores en cuanto a esas infraestructuras, pero
hablábamos de otras cuestiones.
En definitiva, señorías, nosotros estamos en desacuerdo, por ejemplo, y de forma clara, con nuevos artículos que se introducen en la ley, como es el 222, si no recuerdo mal, o el 223. Estamos en desacuerdo con
algunas cuestiones que plantea esta ley. Por cierto, cuando se habla del déficit cero, permítanme que les diga que lo que se está ocultando es precisamente ese déficit, necesario por otra parte, como viene demostrándose, por ejemplo, no solo en
este país sino también en otros.
Aquí la contabilidad hace milagros y el déficit se camufla de otra manera. Al final, se da como concesión a las empresas privadas de gran tamaño y son mecanismos poco transparentes. En cualquier caso, no estamos
hablando aquí del déficit cero, sino simplemente de que hace falta acometer infraestructuras, y de que hay que hacerlo de forma que resulte transparente para la sociedad. ¿Por qué no? Y discutimos, por ejemplo, sobre que la obra vaya acompañada de
la cesión de los servicios o de la explotación. Estamos hablando de cosas que usted no ha contestado. He puesto algunos ejemplos. Me gustaría que respondiese.
En cuanto a la cuestión competencial, está claro que prevalece fundamentalmente la
Administración central por encima de la local y la autonómica, con diferentes referencias en esta ley. Y en la planificación urbanística las corporaciones locales quedan limitadas de una forma clara. Hay algunas perlas como el hecho de que
particulares o empresas puedan decidir algunas cuestiones por encima de las propias administraciones. Son cuestiones sobre las que me gustaría recibir respuestas claras y, sin embargo, no se han dado. Pero el debate se ha llevado a efecto, y
espero que un buen día puedan corregirse algunas de las perlas que esta ley contiene y que nosotros, como grupo político, rechazamos en esta Cámara del Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.
El representante del Grupo de Coalición Canaria no va a hacer uso de su turno.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora
Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Sanz, le agradezco el tono de su intervención al explicar por qué el grupo mayoritario de esta Cámara va a votar en contra de los vetos presentados. Sin embargo,
me parece que no ha contestado ninguno de los planteamientos concretos que esta portavoz ha intentado plantear desde la tribuna.
Quiero hacer también una acotación para señalar que mi grupo no va por ahí presentando vetos --seguramente tampoco lo
harán los demás-- como si tuviera que cumplir con un manual, con unas liturgias o con un ritual parlamentario. Si eso fuera así, en primer lugar tendría que olvidarme un poco de la seriedad con que mi grupo y yo intentamos trabajar en todos los
temas que son de importancia --creo que esa seriedad se nota--, y además presentaríamos un veto a cualquier tipo de proyecto de ley, pero usted tiene que reconocer que eso no es así.
Dicho esto, quiero señalarle, señoría, que a lo largo de su
intervención ha hecho alusión en varias ocasiones a la seguridad jurídica. Es evidente que esta senadora no comparte sus conclusiones. Quiero señalar que precisamente las modificaciones que este proyecto de ley introduce en la figura de la
concesión del contrato de obras públicas lo que hacen es coadyuvar a una seguridad jurídica mayor. No, senador Sanz. La seguridad jurídica no solamente tiene que apuntar hacia el hecho cierto de que hay una dispersión de normas a este respecto que
de alguna forma tenemos que ordenar, sino que también afecta a decir no a una
serie de preceptos, sobre todo si son nuevos, que introducen muchísimos claroscuros --más oscuros que claros-- y que son ambiguos. Eso también produce inseguridad jurídica, y precisamente es lo que hace esta ley a lo largo de sus
innovaciones.
Ha hablado usted también de la necesidad de una cooperación y de una coordinación para acometer entre todas las administraciones implicadas una obra pública de envergadura y de interés general. Efectivamente eso es así. Cooperación
y colaboración siempre, pero lo que nos están pidiendo en muchas ocasiones no es una coordinación insterinstitucional o interadministrativa; simplemente están solicitando, por el contenido mismo de este proyecto de ley, que muchas comunidades
autónomas --al menos la que yo represento--, y que todos los ayuntamientos rindan algo así como una especie de pleitesía hacia lo que diga el Gobierno central, pero eso no es coordinación ni colaboración, ni tampoco es lealtad institucional. (El
señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Los títulos competenciales no suponen una jerarquía. El juego de esos títulos, amparados y ratificados en la Constitución, no significa que haya normas que están por encima de otras. Lo que
debería significar es un respeto escrupuloso hacia todos y cada uno de los aspectos que una u otra administración tiene derecho a regular. Y este proyecto de ley lo que hace en un cierto sentido es vulnerar este principio. Creo que ninguno de los
portavoces que hemos presentado vetos hayamos dicho que esta modificación no hiciese falta. Sí hace falta. El mundo es muy cambiante. Europa está ahí y nos impone una serie de esquemas normativos, pero debo decir que esta es una mala ley porque
de alguna forma sí se arroga la competencia para innovar una serie de aspectos que constitucionalmente corresponden a las comunidades autónomas, y usted lo sabe, senador Sanz.
Hay otra serie de cuestiones a las que usted también ha hecho referencia
y respecto de las que ha dicho que podremos entrar más en detalle a la hora del debate de las enmiendas parciales. Si nuestro discurso le ha parecido a usted retórico, debo decirle sinceramente que cuando nos ha contestado, también el suyo nos ha
parecido que adolece del mismo vicio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador
Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías --escaso número de señorías--, la colaboración entre el sector público y el privado como eje impulsor de iniciativas en general y de obras públicas en concreto, conduce
casi inexorablemente a la formulación de este proyecto de ley, y diversos senadores y senadoras que han intervenido hace unos minutos han expuesto también la conveniencia e incluso la necesidad de este proyecto de ley toda vez que el siglo XXI
requiere, dentro de esta línea cada vez mayor de colaboración entre la iniciativa privada y la pública, de una ley que regule este régimen de concesión.
Estamos plenamente de acuerdo con lo que dice el preámbulo cuando menciona que se confiere el
protagonismo principal a la iniciativa y al capital privados bajo la tutela y el control de la Administración y se incluye la variedad del contrato de concesión con la obligación adicional para el concesionario de construir una obra diferenciada a
la concesión pero vinculada a la misma. Por tanto, en cuanto al aspecto de la seguridad jurídica del concesionario y de la Administración, este proyecto de ley era necesario, y en cuanto atañe al aspecto financiero, a la construcción, a la
explotación, a la conservación de la concesión, al planteamiento nos parece correcto. Entendemos que las garantías y las obligaciones de la Administración al concesionario quedan razonablemente cubiertas, todo ello hablando en términos generales.
Otra cosa es entrar en la discusión del articulado no sólo en su aspecto financiero-administrativo sino incluso en el de la orientación más o menos centralista, lo que ya queda en el ámbito de lo discutible. Incluso hay quien considera innecesaria
o perniciosa la actividad privada concesionaria. Evidentemente ése no es nuestro caso ni quizá el de la totalidad de los grupos de esta Cámara, pero de todos modos en esta línea hay un amplio abanico de criterios.
Por otra parte, al tratarse de
objetos susceptibles de considerarse enmarcados en competencias exclusivas del Estado, según la Constitución Española --artículos 149.1.13ª y 149.1.18ª--, es evidente que existe discusión y discrepancia sobre la necesidad de llegar a los niveles de
concreción a que llega el proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió considera que la ley podría ser mucho más reducida dejando mayores posibilidades de regulación a las comunidades autónomas. Por otra
parte, no creemos que sea inconstitucional el articulado; sin buena parte del mismo la ley sería autonomista. Hoy con este articulado es bastante centralista, pero a nuestro entender no violenta la Constitución.
Por ello, no apoyaremos los vetos,
ni en la medida en que puedan ir contra la filosofía de la ley, ni en la medida en que se apoyen en una presunta inconstitucionalidad. Tampoco votaremos en contra de ellos porque nos hubiese gustado que este proyecto de ley, que entendemos es
constitucional, debería haber tenido una visión más autonomista de la que en realidad ha tenido en su redactado final.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Sanz, no trate usted de forma displicente los vetos del resto de los grupos porque son vetos elaborados
con una intención muy clara de mejorar la ley y de que ésta recoja al final una serie de aspectos a los que usted no contesta.
Reconózcame usted que este proyecto lo único que pretende es buscar mecanismos extrapresupuestarios para
garantizar el marco adecuado para la financiación del Plan de infraestructuras del transporte del Partido Popular, plan que, por cierto, no ha sido aprobado ni por el Consejo de Ministros ni ha sido remitido a las Cortes Generales para su debate.
Por tanto, es un plan del Gobierno. Este es el sentido esencial de este proyecto de ley que ustedes nos presentan. Por eso le he dicho que no es más que una reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas --eso sí, con una densa
investidura jurídico-técnica--, en el fondo eso es lo que pretende.
Por favor, ya que no lo ha hecho en su intervención, le pido que ahora aclare aquellas dudas y preocupaciones que el Grupo Parlamentario Socialista, coincidiendo con lo manifestado
por otros grupos políticos, tiene con respecto a esta ley. ¿Qué pasa con el artículo 220? Este artículo tiene una definición diferente a la directiva comunitaria, ya que el contrato de concesión existe, tanto en el supuesto de construcción y
explotación como en el de explotación de las obras, y esto no lo recoge la directiva comunitaria.
Por otra parte, regula de forma imprecisa e incompleta este conjunto de contraprestaciones en especie, que le he manifestado, en forma de concesiones
de dominio público para explotaciones comerciales e industriales. ¿Qué hay escondido detrás de todo esto? Díganoslo. En el fondo es un negocio encubierto con el que se va a favorecer esencialmente a las empresas constructoras y a las empresas
concesionarias de las obras públicas.
En cuanto a la asignación de riesgos por el sector privado, se conceden negocios protegidos por las administraciones concedentes. ¿Qué respuesta da usted a esto? Esto es lo que en realidad esconde el proyecto
de ley.
Entre las nuevas propuestas figura la aparición de nuevas tasas, con lo que obras que en este momento están al servicio de los ciudadanos podrán ser privatizadas para su mantenimiento, conservación y mejora de las infraestructuras. Díganos
algo de esto. Espero que usted nos dé una respuesta, ya que su intervención ha sido muy genérica y no ha contestado en profundidad a aquellas preocupaciones que nosotros teníamos. Desde luego, si es un acto litúrgico, usted ha cumplido
perfectamente con la misa. Nosotros no, hemos tenido la seriedad de presentar una propuesta de veto para que se hiciera un proyecto de ley mucho más riguroso y consensuado que no invada las competencias de las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Herranz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, en primer lugar, quiero decir a sus señorías que hablar de acto litúrgico o parlamentario no es un calificativo en sentido despectivo, como ha puntualizado la
senadora Etxegoyen. Lo lógico hubiera sido, como hizo en el día de ayer el Grupo Parlamentario Socialista, presentar un texto alternativo a la ley. Nos hubiera gustado que sus señorías hubiesen ampliado y profundizado más en esta ley para que
llegara a su término lo más completa posible, pero no han presentado el correspondiente texto alternativo.
En relación con el señor Cámara, quiero decirle que mantenemos dos concepciones de la sociedad muy diferentes. Su señoría habla de las
privatizaciones y de los grandes negocios de las empresas concesionarias y dice que lo importante es que las infraestructuras sean contempladas en su totalidad en los Presupuestos Generales del Estado. En el turno de portavoces ha llegado a apuntar
que el déficit cero es algo muy relativo y que algunos países de nuestro entorno están reconsiderando el tema de la estabilidad presupuestaria y del déficit cero. Señor Cámara, precisamente esos países necesitan de reformas estructurales muy
importantes para poner su economía al día, y la manera de hacerlo es ser serios a la hora de administrar los fondos públicos.
Señor Cámara, se trata de una cuestión que podríamos estar debatiendo eternamente. Dice que en esta ley se habla de
privatizaciones, pero en absoluto es así; de lo único que habla esta ley es de incorporar el capital privado, la iniciativa privada y la financiación privada al gran proyecto de construcción de infraestructuras, independientemente de que el Plan de
infraestructuras 2000-2007 del Gobierno esté reflejado en el proyecto. Es indiferente que esta ley responda a eso o a otro plan de infraestructuras, lo importante es que pretende la incorporación del capital privado para la construcción de las
grandes infraestructuras.
Tenemos una concepción bastante diferente del esquema económico y de muchos aspectos de la sociedad. Por supuesto, su señoría se queda muy lejos de esos principios que defiende una de las instituciones privadas más
importantes del Reino Unido, «The Private Finance Initiative», que, precisamente, establece los criterios para determinar cuáles son aquellas obras que deben realizarse con iniciativa privada antes de que intervenga el sector público, porque lo
consideran más razonable para los presupuestos del Estado y más rentable económicamente para los ciudadanos.
Tengo que decirle a la senadora Etxegoyen, a quien profeso mi amistad, que en ningún momento --Dios me libre-- trataría de forma despectiva
la intervención de un parlamentario y menos aún la de una parlamentaria.
Su señoría se ha referido a la prevalencia de las competencias del Estado, y a ese comentario tengo que hacer una observación. ¿Usted cree que si no hubiera habido una
prevalencia de las competencias del Estado hubiéramos terminado obras como la A-68 Bilbao-Zaragoza, la A-1 Burgos-Málzaga, la autopista Bilbao-Behobia, la autopista del Cantábrico, el eje Pamplona-San Sebastián, etcétera? Lógicamente, cuando se
efectuaron esas obras, existían las competencias de las entidades locales en materia de urbanismo y las de las comunidades autónomas en relación con la ordenación territorial.
Por sentido común, para llevar a cabo estas grandes obras de infraestructuras --y lo digo con toda sinceridad-- hace falta que alguien decida. Por supuesto que debe hacerse después de un diálogo, de una colaboración, de una coordinación, de
muchas reuniones y de todo lo que ustedes quieran, pero al final, ante una situación de conflictos y de intereses contrapuestos y contradictorios, lo lógico, a mi entender, es que alguien tome la decisión.
Lo que se pretende, senadora Etxegoyen, es
que tengamos unas normas de referencia muy generales, que luego cada comunidad autónoma pueda desarrollar en el ámbito de sus competencias, que esté abierta a todas las posibilidades que este ámbito requiere y que, además, sea troncal, que no se
ciña excesivamente a unas obras concretas, sino en general a las grandes obras de infraestructuras de interés general como puedan ser obras hidráulicas, ferrocarriles o infraestructuras, tal y como estamos debatiendo en estos momentos, para que
después las comunidades autónomas que quieran ejercer la legislación que en este momento este proyecto de ley les confiere en el ejercicio de sus competencias lo puedan hacer con total normalidad sin encontrar ningún tipo de cortapisas.
Senadora
Etxegoyen, por supuesto que no se trata de invadir competencias, Dios nos libre de intentar invadir competencias o de vaciar de competencias a las comunidades autónomas. Creo que ha sido un gran proyecto nacional que todos nos hemos dado, que con
lealtad institucional estamos todos conjugando, y en esa misma orientación va el proyecto de ley, es decir, en el sentido de no pisar callos a nadie, sino de colaborar, de coordinar.
Senadora Etxegoyen, ése es realmente el sentido de este proyecto
de ley.
Aquí no hay pleitesía hacia nadie, no se trata de eso, por lo menos por parte del Estado, no se trata de humillar a nadie, pero tampoco se exige a los demás que rindan pleitesía. Lo que se pretende simplemente es colaboración para realizar
estas grandes infraestructuras y, como es lógico, alguien tendrá que decidir al final.
En cuanto a la seguridad jurídica que ha señalado su señoría, nosotros lo que teníamos en estos momentos era una dispersión en los diferentes sectores. Lo que
ha hecho este proyecto de ley es organizar todo ese sentido sectorial y dar un sentido global básico para que tengamos un punto de referencia concreto y singularizado en lo relativo al contrato de concesión de obras públicas, que apenas estaba
reconocido y estaba recogido con bastantes deficiencias.
La intervención del señor Beguer ha sido como siempre correcta y, además, muy positiva, como suele suele ser habitual en él, y esto no lo digo por la amistad que nos ha unido siempre, sino
porque sus intervenciones en la Cámara a lo largo de los períodos de sesiones y de los muchos años que llevamos juntos han estado llenas de sentido común y de una gran coherencia. Por eso, senador Beguer, quiero manifestarle mi agradecimiento por
su intervención, en la que de forma clara y bastante manifiesta ha apuntado la importancia de este proyecto de ley, aunque lógicamente ha puesto algún reparo en el aspecto competencial y le hubiera gustado que hubiese sido de otra manera, aunque sí
ha reconocido el aspecto fundamental y básico de no incurrir en inconstitucionalidad.
Por lo tanto, senador Beguer, quiero mostrarle de antemano mi agradecimiento por el sentido positivo de su voto.
En relación con el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, debo decirle, señoría, como he indicado a la senadora Etxegoyen, que si he empleado el adjetivo litúrgico no ha sido con ninguna intención despectiva. Lo que he querido decir es que nos hubiera gustado que igual que
hicieron ustedes en el día de ayer, y a nosotros nos pareció fenomenal, hubieran presentado un texto alternativo; lo cierto es que a este proyecto de ley no han podido o no han querido hacerlo, teniendo en cuenta que ustedes han gobernando durante
catorce años y, por otra parte, han manifestado que este proyecto de ley tiene su importancia aunque, según ustedes, necesita reparaciones sustanciales. Si es así, no lo hagan a través de enmiendas, y con ello no estoy devaluando el sentido del
veto, pero éste se vería mucho más implementado con la presentación de un texto alternativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador Sanz, vaya terminando.
El señor SANZ BLANCO: Voy terminando, señor presidente.
Por aclarar alguna de las cuestiones que van a ser objeto de análisis por parte de sus señorías, me gustaría contestar a algo que me ha preguntado de forma muy explícita relativa al
concepto de explotación en la concesión. Senador Herranz, la doctrina comunitaria, en la definición de este concepto, no es una doctrina inmovilista, sino más bien todo lo contrario, sobre todo en lo referente a infraestructuras y transporte. La
directiva comunitaria de 1993, a mi manera de entender, se queda corta.
Usted probablemente la interpreta de forma más restrictiva, pero para salir de dudas, me gustaría que leyera la comunicación de 21 de abril de 2000, en la que se concreta la
diferencia entre lo que es un contrato de concesión de obra pública y de gestión de servicio en régimen de concesión, en el que en éste último las obras son secundarias respecto a los elementos que prestan directamente el servicio.
En el caso de la
concesión de obras públicas, senador Herranz, aunque su objetivo se limite sólo a la explotación de una obra ya construida, esta explotación implicará por sí misma la recepción de la reposición, del mantenimiento y, por si quedara alguna duda, el
artículo 221 lo deja meridianamente claro, e incluso el artículo 244 somete todos los contratos de concesión de obras públicas a la denominada cláusula de progreso.
En relación con el problema de las infraestructuras que ya están construidas y que
según este proyecto de ley pueden ser objeto de concesión de obras públicas cargando a los usuarios algo que ya habían pagado a través de los presupuestos del Estado, señoría, quiero indicarle que es un articulado redactado de forma amplia y
general, pero por supuesto no se contempla por parte del Gobierno del Partido Popular en ningún caso que a una infraestructura ya construida se le otorgue un contrato de concesión para que después los usuarios paguen las tarifas.
En cualquier caso,
a través de un contrato de explotación de obra sería la administración
la que pagara esas tarifas, pero en ningún caso se podría dar la concesión de esas infraestructuras ya construidas a través de tarifas a los usuarios, sino precisamente a través de los propios Presupuestos del Estado, a través de la propia
Administración.
Termino, señor presidente. En relación con las concesiones complementarias de dominio público para explotaciones comerciales e industriales previstas en el artículo 223, evidentemente no se trata de convertir una concesión de obra
pública --que lógicamente es algo muy serio-- en un mercado, de lo que se trata es de aprovechar los recursos adicionales que puedan obtenerse de la explotación de obras comerciales para la economía de la concesión, cosa que hasta ahora no se había
hecho.
Lo que se pretende es que esos flujos adicionales financieros que pueden venir de las zonas comerciales se incorporen en beneficio de la concesión, que puedan influir a la hora de recomponer el equilibrio económico-financiero. Además, se
exige que estas zonas tengan una vinculación con la obra pública de referencia. No se trata de, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hacer a lo largo de 100 kilométros de recorrido grandes infraestructuras o autopistas, como pueden ser
los McDonald's o el Corte Inglés. Se trata de aprovechar esos flujos financieros para incorporarlos a lo que se llama el mantenimiento del equilibrio económico financiero.
Como es lógico, sé que hay otros muchos aspectos, pero el tiempo apremia.
He intentado contestarles en el turno de portavoces a aquello que era más urgente pero, en cualquier caso, tendremos a continuación el debate sobre las enmiendas, donde probablemente se podrá hacer con mayor precisión un análisis sobre ellas.
Agradezco a los grupos parlamentarios sus intervenciones y los análisis que han hecho de la ley, que han sido constructivos desde su óptica política. Asimismo, agradezco al senador Beguer --como he dicho anteriormente-- su coherencia y el sentido
común que siempre ha manifestado en estas intervenciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Sanz Blanco.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las quince horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, sometemos a votación las propuestas de veto al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. En primer lugar, la propuesta de veto número 1, presentada por los
señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 156; a favor, 50; en contra, 106.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, toda vez que la propuesta firmada por el señor Quintana González, del Grupo Parlamentario
Mixto, ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; a favor, 51; en contra, 114 .
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto.
Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 165; a favor, 50; en contra, 113; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos a debate las enmiendas. Votos particulares de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, enmiendas 1 a 56.
Tiene la palabra el senador
Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Me voy a dar una alegría a mí mismo y también a ustedes al dar por defendidas las 56 enmiendas.
Gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, de la 118 a la 133, originariamente formuladas por el señor Quintana González, han sido retiradas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, números 57 a 63.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Siento no poder ser tan benévola como el senador Cámara, pero quiero decir algo acerca de las siete enmiendas que mi grupo, como se suele decir en el léxico parlamentario,
mantiene vivas a este proyecto de ley.
Aprovechando que ahora hay más público que cuando hemos debatido los vetos... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías, por favor!
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Sí quisiera señalar que de cualquier forma --con independencia de que hubiéramos presentado un veto, una enmienda a la totalidad porque no estábamos de acuerdo con muchos aspectos y sobre todo con el fondo
y con la forma en la que este proyecto ha sido presentado-- siempre hemos intentado
trabajar con ánimo constructivo, razón por la cual, en coherencia con los fundamentos que antes hemos justificado para la presentación del veto, mantenemos las siete enmiendas a las que se ha hecho referencia, que van de la 57 a la 63.
(Rumores.) Hay algunas que tienen una naturaleza más técnica, razón por la cual... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señoría.
Ruego a los miembros del Grupo Parlamentario Popular dejen libre el pasillo, y no estén de tertulia.
Puede continuar, señoría.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que algunas de esas enmiendas quieren abordar aspectos posiblemente más técnicos que los de fondo, por lo que los considero suficientemente explicitados y
justificados, y seguramente bastante mejor de lo que esta portavoz pudiera explicar de viva voz en este momento, tal y como están recogidos en el «Boletín Oficial». Por ello, doy por defendida la enmienda número 57.
Sin embargo, sí quisiera hacer
alguna referencia un poco más precisa a la enmienda número 58. Se trata de una enmienda de modificación que afecta al artículo 223, apartado 1, párrafo tercero. De la lectura del artículo 223 y de su interpretación conjunta con otros artículos, el
262.4 y el 266.5, se deduce inequívocamente que los contratos que el concesionario celebre con terceros son de derecho privado. Teniendo en cuenta la limitación legal expresa sobre los títulos que habilitan la utilización de bienes de dominio
público que a este respecto establece el ordenamiento jurídico, y las consiguientes prohibiciones de negocios jurídicos privados sobre los mismos, consideramos que no estaría de más contar con una referencia expresa sobre cuándo procede esta
habilitación.
En definitiva, lo que estamos buscando es una serie de cautelas y de garantías jurídicas cuando hay intereses de terceros privados que intervienen en una figura como la concesión.
Las enmiendas números 59, 60, 61 y 62, tratan de algo
a lo que hemos hecho referencia a la hora de defender y exponer nuestro veto. Este proyecto de ley habla de coordinación, de prevalencia, de colaboración; habla de una serie de conceptos bastante extensos, y sin embargo ha dado muy poca respuesta
a nuestras dudas cuanto tenemos que descender a la realidad. Estas cuatro enmiendas se refieren a este tipo de cuestiones, pero para no aburrir a sus señorías quiero hacer referencia, a título ilustrativo, a aquélla numerada con el número 62. En
este punto nos encontramos ante la última de las técnicas de prevalencia, cuestión a la que hacen referencia todas y cada una de las disposiciones adicionales de esta ley. En este caso, por ejemplo, se refiere a la exoneración de licencias
urbanísticas, tema de competencia municipal, y que en este proyecto de ley brilla por su ausencia, cuando consideramos que es uno de los aspectos --la autonomía municipal, las competencias de los entes locales-- que más se debiera defender y ser
defendido.
En la actualidad esta exoneración será en virtud de lo dispuesto en el artículo 244, párrafos 2, 3 y 4, de la Ley del Suelo de 1992, que sigue vigente, que plasma las excepciones a la obligación de obtención de licencia; actúa siempre
bajo los principios de excepcionalidad. Este proyecto de ley, utilizando una expresión un tanto castiza --permítanme el término--, se toma a la ligera este aspecto, y de forma absolutamente abusiva lo que pretende es hacer de la excepcionalidad una
regla. En este punto sí quisiera hacer una mención que no hemos tenido ocasión de comentar en el debate de los vetos, y a lo que tampoco ha hecho referencia el grupo mayoritario de esta Cámara para oponerse a los mismos.
El propio Consejo de
Estado, en el que no participa ninguno de los miembros de los grupos de oposición de esta Cámara, ni tampoco del Congreso de los Diputados, en su dictamen --que supongo que es conocido también por los miembros del Grupo Parlamentario Popular--,
muestra su preocupación por el contenido de estos apartados de la disposición adicional tercera, debido a la novedad --y son palabras de los miembros del Consejo de Estado-- que supone esta previsión, al exceptuar con carácter general a las obras
públicas de interés general de todo control previo municipal. No es una opinión de una senadora nacionalista, ni de una senadora de la oposición; es opinión de los miembros del Consejo de Estado, y esta preocupación acaso esté concebida en
términos demasiado amplios, en la medida en que hasta la fecha las previsiones de esta índole tenían un carácter eminentemente específico y sectorial.
Así las cosas y dado que la prevalencia del interés general queda salvaguardada tanto en la
legislación urbanística como en las normas sectoriales, sí que consideramos que esta disposición, en los términos que consta, debería quedar absolutamente suprimida.
Por último, quisiera hacer una somera referencia a la enmienda número 63, aquella
que hace un juego, a la hora de su fundamentación, entre la disposición final y la disposición adicional octava. La disposición adicional octava de este proyecto de ley modifica la Ley de Autopistas.
Conviene advertir, como decía antes, que la Ley
del año 1972, sobre construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, es preconstitucional. Esto no significa que sea buena ni mala, pero objetivamente es preconstitucional. Cuando se aprobó la Constitución, el
reparto de competencias fue un hecho y se incorporó a todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Es evidente que si algo debiera modificarse de esta Ley de Autopistas, que es preconstitucional, tendría que ser absolutamente respetuoso
con los títulos competenciales que habilita y, en su caso, recoge y defiende la Constitución, algo que no se hace.
Lo correcto, en opinión de este grupo parlamentario, hubiera sido incluir la disposición adicional octava, sobre el régimen de
concesión de autopistas, en la disposición final primera, apartado 1, citándolo expresamente. Esto supondría que se trata de una regulación en materia de concesiones administrativas que afecta a la obra pública que constituye una autopista y que no
se trata de una regulación básica, pues el contenido principal referente a las funciones
que desarrolla la llamada delegación del Gobierno respecto a la concesionaria no constituye un extremo nuclear de su regulación y debe ser exclusivamente aplicable en el ámbito de la administración del Estado respecto a sus autopistas
sujetas a concesión.
Sin embargo, el proyecto incluye la repetida disposición adicional octava en el apartado 2 de la disposición final primera y, en consecuencia, la confirma como ineludible, como obligatoria, no podemos hacer otra cosa que
cumplirla; la confirma como una regulación aplicable a todas las administraciones públicas.
Este efecto no tiene explicación desde el punto de vista de los títulos competenciales estatales, aquellos que se citan en el proyecto de ley, a menos que
el redactor del proyecto tenga la convicción previa de que todas las autopistas y demás vías de peaje son obras públicas de interés general, de competencia exclusiva, por tanto, del Estado. Si así fuera, esto es, si se estuvieran manejando así los
conceptos, habría que definir legalmente lo que es una autopista, expresar que, como itinerario de interés general, está sujeto a la legislación de carreteras y entender que son competencia estatal únicamente las integradas en el catálogo de
carreteras del Estado prevista en la Ley 25/1988 y recordar aquí, en consonancia con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de esta ley, que las autopistas y demás vías de peaje del ámbito de los territorios forales...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Termino ya, señor presidente.
Decía que las autopistas de los territorios forales con derecho histórico --que existen y que a veces a ustedes se les olvida-- se regirán siempre por su respectivo régimen
jurídico.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas números 64, 93 y 95 a 117 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré intervenir con suma brevedad.
El debate ya se ha realizado, la ley debería llamarse, en cualquier caso, reguladora de los contratos de concesión, no de concesión de obra
pública, porque en realidad la ley se extiende sobre todo tipo de concesiones, y éste es el punto fundamental de nuestras enmiendas. La mayoría de nuestras enmiendas giran alrededor del concepto de concesión, que es distinto del que nosotros
tenemos, más acorde con la normativa comunitaria que el que se desprende del propio proyecto de ley. Además, este proyecto de ley modifica otras leyes --lo que nos parece una técnica incorrecta--, algunas de las cuales nos parecen mal. Es decir,
estamos rotundamente en contra, especialmente en la modificación que se hace de la Ley de Costas para poder otorgar concesiones en los terrenos públicos cerca de las playas.
No voy a entrar a detallar las enmiendas presentadas por mi grupo
parlamentario y, por tanto, las voy a dar por defendidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Señorías, las 52 enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene vivas se refieren a tres aspectos que citaré por separado, para su mejor entendimiento y por brevedad.
Por una parte,
abordan cuestiones de ámbito competencial, como es el caso de las enmiendas números 195, 205, 231, 232, 233 y 234. Estas enmiendas se centran en las disposiciones adicionales segunda y quinta, que no hacían referencia a un período de colaboración y
entendimiento entre las distintas administraciones; sin embargo, el apartado 4 de la disposición adicional segunda ahora sí lo hace, gracias a una solución negociada en ponencia, que aceptó la enmienda número 188 del Grupo Parlamentario Popular y
soluciona parcialmente este aspecto, pero deja todavía abierto el problema de las posibles interferencias entre distintas administraciones, que sería deseable que no tuvieran lugar. Por tanto, consideramos necesaria la supresión de alguno de estos
apartados y, en cualquier caso, que exista una colaboración entre las administraciones.
En esta misma línea, la disposición adicional quinta, plantea problemas competenciales en el ámbito de las Fuerzas Armadas; e, igualmente, la disposición
adicional tercera también los plantea respecto a competencias autonómicas y locales.
Nuestras enmiendas intentan resolver estos problemas. En este sentido, las números 231, 232, 233 y 234 suprimen distintos puntos de las disposiciones adicionales
segunda, tercera y quinta.
La enmienda número 205, a los apartados 1 y 3 del artículo 236, sustituye el órgano de contratación por la administración concedente para respetar las facultades de autoorganización de las administraciones públicas.
La
enmienda número 195, al artículo 223, sustituye la expresión «administración concedente» por «administración competente», con el fin de evitar el conflicto de competencias que pudiera surgir en las actividades que se realicen en zonas
complementarias de explotación comercial, que serían competencia de las comunidades autónomas.
Otro grupo de enmiendas se refiere a cuestiones calificadas como básicas en el proyecto de ley; por ejemplo, las enmiendas números 199, 201, 220, 231,
236, 238, 239, 240, 241 y 242. El proyecto deja escaso margen de maniobra a las comunidades autónomas para desarrollar preceptos que se declaran básicos ya que el nivel de concreción del articulado, a nuestro entender, es demasiado elevado.
La
disposición final primera también determina títulos competenciales; así, en los apartados 2 y 3 se añade el inciso
«... por lo que resultan de aplicación a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales», que entendemos que es absolutamente innecesario porque las reglas de distribución de competencias ya se conocen y, en consecuencia, entran
automáticamente en juego.
La disposición final segunda del proyecto prevé el carácter básico que podrán tener normas de desarrollo que dicta la Administración General del Estado. Entendemos que, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y
del carácter excepcional de las normas reglamentarias básicas, sería preferible que ya la propia disposición estableciera qué aspectos del desarrollo de la ley han de tener carácter básico.
Por tanto, las enmiendas números 199, 201, 220, 233, 236,
239 y 242 suprimen distintos aspectos de las disposiciones adicionales y finales, considerando quizás la más importante la número 238, que modifica, entre otras, la disposición adicional primera, relativa al carácter básico del articulado.
Por fin,
existe otro bloque de enmiendas, de carácter técnico, que son las números 190 a 219, excepto las números 195 y 199.
Una de las más importantes sería la enmienda número 213, con la que entendemos que no hay suficiente seguridad jurídica ante la
aparición de circunstancias imprevisibles. Es posible o quizás probable que una enmienda transaccional resuelva parcialmente este problema. No entendemos que sea la solución ideal, sino que se debería incorporar la consideración de la posible
aparición de circunstancias imprevisibles no imputables a las partes, pero, en cualquier caso, la transaccional puede ser una pequeña solución, un mal menor.
Asimismo, refiriéndonos a algunas de estas enmiendas técnicas, la número 190 es relativa a
la inclusión de un nuevo apartado sobre el pago de la obra pública que asuma la administración, que podrá efectuarse mediante la modalidad de abono total del precio. Creemos que esto también puede ser posible en obras financiadas parcialmente con
las concesiones de dominio.
Con la enmienda número 193 desaparece la mención a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Entendemos que tienen su normativa específica para las administraciones públicas y que no procede la reiteración de esta
cuestión en este proyecto de ley.
Las enmiendas números 197, 198 y 200 hacen referencia a distintos aspectos de los anteproyectos técnicos que se puedan llevar a cabo y las números 202 a 219 se refieren al contrato, a la concesión, a la
financiación, a la integración, al poder sancionador, a la integración de diversos contratos o a distintos aspectos que creemos que mejorarían técnicamente con la aceptación de nuestras enmiendas y aportarían una mayor seguridad jurídica tanto a la
administración como al concesionario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas números 134 a 163 y 165 a 186, tiene la palabra el senador Ayllón.
El señor AYLLON OLIVA: Gracias, señor presidente.
Señorías, brevemente, agruparé en siete apartados las 52 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivas al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras
públicas.
El primero hace referencia a algunas mejoras técnicas que pretendemos incorporar al texto. Como ejemplo, citaré las enmiendas números 142, 144 y 179, que pretenden dejar suficientemente claro que la declaración de utilidad pública debe
realizarse antes de la elaboración de los proyectos. El dictamen del texto lo indica insuficientemente y nosotros propondríamos estas tres enmiendas a los artículos 228, 229 y a la disposición adicional sexta.
Un segundo grupo de enmiendas hace
referencia a los artículos del texto con los que se pretende modificar otras leyes, como son la Ley de Costas y la de Obra Pública Hidráulica. Al igual que ha dicho el portavoz del Grupo Entesa Catalana de Progrés, el senador Aleu, manifestamos
nuestra oposición a exceptuar mediante esta ley reguladora estas otras leyes.
Un tercer grupo de enmiendas, concretamente 14, sigue la línea argumental de que el texto mejore su articulado en aras a procurar mayores garantías a los actores que
están llamados a intervenir en los contratos de concesión de obra pública, por un lado, las administraciones, por otro lado, los concesionarios, los terceros y, por supuesto, los usuarios. De estas 14 enmiendas haré referencia a una, la número 140
al artículo 224.3 sobre financiación, con la que pretendemos darle mayores garantías a los recursos aportados por las administraciones y que finalmente parece será motivo de una enmienda transaccional de todos los grupos.
Un cuarto grupo de
enmiendas se enmarca en la posición de salvaguardar en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia el principio de riesgo y ventura y la no repercusión sobre los ciudadanos en nuevas fórmulas de recaudación sobre infraestructuras que ya se están
utilizando sin cargo alguno o en un incremento de las tarifas ya existentes. Todas las enmiendas estarían aquí referidas a las secciones segunda y tercera del capítulo tres, relativas al régimen económico y financiero de la concesión y al
equilibrio económico del contrato. Se acepta y se comparte el principio de la posibilidad de las administraciones públicas de contribuir con aportaciones a la financiación de las obras, pero la ley no puede escorarse, como lo hace, a favor de los
concesionarios minimizando claramente sus riesgos. La asunción del riesgo por parte del concesionario no cabe eliminarla bajo ningún pretexto; de no ser así, estaríamos hablando de un contrato público de obras, pero no de un contrato de concesión
de obra pública, que es distinto. Seis enmiendas se destinan a salvaguardar este principio: la 158, 159, 160, 161, 162 y 163.
En quinto lugar está el grupo de enmiendas que solicitan del texto legislativo una mayor preocupación por el medio
ambiente. En nuestra opinión, el texto carece de la sensibilidad que nuestra Constitución encomienda a los poderes públicos en cuanto a su defensa y nada más oportuno que incidir en los aspectos medioambientales cuando estamos hablando de grandes
obras de infraestructura que
siempre acaban teniendo una incidencia sobre el medio. Estas enmiendas, por otro lado, no estorban para nada la redacción del proyecto tal y como está ahora mismo en el texto del dictamen.
En penúltimo lugar están aquellas enmiendas
dirigidas a salvaguardar las competencias que la Constitución asigna a cada una de las administraciones públicas y a buscar una redacción del texto legislativo que permita un marco más adecuado de colaboración entre ellas. En nuestra opinión, el
proyecto de ley aborda este asunto de forma claramente suficiente. Lo despacha con dos adicionales, la segunda y la tercera, y deja numerosos flancos a posibles conflictos futuros entre administraciones. Esta es una de las críticas más importantes
que tenemos que hacer al proyecto ya que, en nuestra opinión, la coordinación entre administraciones hubiese requerido un tratamiento legislativo más sólido, y eso hubiese sido posible habiendo elaborado, como figura en la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, una ley general de obras públicas en la que insertar el sistema concesionario que se pretende regular. Estarían aquí las enmiendas números 175, 176, 177, 178, 184 y 185 a las disposiciones adicionales segunda y tercera y a
la disposición final primera.
Por último, el Grupo Parlamentario Socialista engloba un grupo de enmiendas que cuestionan la inclusión en el contrato de concesión de aquellas infraestructuras cuyo único objeto sea su explotación, como ya lo hemos
repetido reiteradamente. En nuestra opinión, estos contratos para la sola explotación distorsionan el ordenamiento jurídico que se pretende y dará lugar a arbitrariedades a la hora de elegir el contrato a celebrar, concesión de obra pública o
contrato de gestión de servicio público. En esta línea están las enmiendas 135, 137, 145, 149, 150, 168 y la 182, en las que pedimos la incorporación al texto de una disposición adicional que denominaríamos undécima.bis.
Nada más por mi parte y
muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador García Ballestero.
El señor GARCIA BALLESTERO: Gracias, señor presidente.
Señoría, utilizo este turno en contra para fijar la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y hacer referencia a las enmiendas presentadas al proyecto de ley que nos
acompaña.
Este proyecto de ley ya ha estado suficientemente debatido en el Congreso, tanto en Comisión como en Pleno, y en Comisión en el Senado y hoy lo debatimos en el Pleno de esta Cámara.
Se han aceptado en la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley en esta Cámara tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular que hacían referencia a correcciones técnicas. También se han aceptado dos transaccionales, una referente a la enmienda 70, del Grupo Parlamentario
Catalán, y otra a la 140, del Grupo Parlamentario Socialista. O sea, han sido transaccionadas las enmiendas 70 y 140, referentes al artículo 224.3, que se basa en la financiación de las obras públicas mediante el contrato de dicha concesión. La
otra transaccional lo ha sido referente a la enmienda número 94, del Grupo de Entesa Catalana de Progrés, y a la 164 del Grupo Parlamentario Socialista sobre las prerrogativas y los derechos de admisión. También se ha llegado a transaccionar una
enmienda del Grupo Catalán y todavía estamos a tiempo de transaccionar otra enmienda de de este mismo grupo que necesita la firma de todos los grupos.
Pasamos a las enmiendas de los distintos grupos. Por el Grupo Mixto, Izquierda Unida ha dado por
defendidas sus enmiendas y nosotros desde esta tribuna las damos, en los mismos términos, por rechazadas. El Bloque Nacionalista Galego también las han dado por defendidas y nosotros también las damos por rechazadas.
El Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos ha presentado a este debate siete enmiendas que ha mantenido vivas para el debate en el Pleno y --como muy bien ha dicho su portavoz-- las dos primeras que han presentado, la número 57 y la número 58, están basadas en el
concepto de obra pública.
Le quería decir a la señora Etxegoyen que no las vamos a aceptar, en primer lugar, porque la propia naturaleza del contrato de concesión de obra pública aconseja la aplicación de esta ley a todas las entidades de derecho
público y, en segundo lugar, porque la redacción del proyecto, respecto de la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas, exige mayores garantías para la licitación de las entidades de derechos públicos que las exigidas en el artículo
primero de la ley de contratación con las administraciones públicas. También tenemos que tener en cuenta que este contrato no se aplica a las sociedades mercantiles.
El resto de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos se basa en la competencia territorial, que son las enmiendas número 59, 60, 61, 62 y 63.
La número 59, a la disposición adicional segunda, apartado 2, está justificada de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
Es válida por aplicable a todas las obras públicas de interés general que son competencia exclusiva de la Administración del Estado.
La disposición adicional segunda, apartado 4, es también conforme a la doctrina del Tribunal
Constitucional; la disposición adicional tercera, apartado 2, también lo es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y la disposición adicional tercera, apartados 3 y 4, está igualmente redactada conforme a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Son obras de carácter territorial y, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del artículo 244 de la Ley del Suelo. Y hay que tener en cuenta, señoría, que en parecidos términos a los que acabo de
explicar se expresa la disposición adicional número 5 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
En la redacción de la disposición final también se han tenido en cuenta los criterios del Consejo de Estado y, sobre
todo, en la enmienda número 184, del Grupo Parlamentario Popular, en la que se introducen algunas modificaciones en el sentido que proponía su señoría.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, han sido dadas por defendidas en sus justos términos por su portavoz en su práctica totalidad y he de decir que vamos a rechazarlas, haciendo hincapié en que
hay dos enmiendas transaccionales que han sido aceptadas y que han formado parte de otra transaccional a dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que será incorporada a la ley.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, ya he señalado anteriormente que se ha aceptado una enmienda transaccional y hay otra en período de tramitación. Este grupo presenta a este debate 52 enmiendas que, como muy bien ha dicho su portavoz, están agrupadas,
por una parte, en enmiendas técnicas, de la 190 a la 219. Quiero decir que el régimen de pago de las obras públicas que asuma la Administración se regirá por la normativa general del contrato de obras y, por razones de seguridad jurídica, se
establece un mínimo de circunstancias penalizables.
Por otra parte, en cuanto a las que hacen referencia al ámbito competencial, he de decir que la redacción del proyecto es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La prevalencia
estatal tras el procedimiento de colaboración previsto ha sido ratificada por la jurisprudencia constitucional. La intervención municipal ya se realiza en virtud de lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional tercera, que prevé la
emisión de un informe de la Administración municipal como elemento de colaboración entre administraciones y control de la primera de la adaptación de la obra al planeamiento urbanístico. El informe es un instrumento de colaboración, constituye la
técnica previa de la disposición adicional primera de la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones.
Se ha referido usted a las enmiendas relacionadas con los aspectos básicos de la ley. Quiero decirle que es cierto que el plazo que
contienen los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 127 no es de carácter básico, lo que no es óbice para su inclusión en el texto junto al resto de los apartados de este artículo, de capital importancia, que serán aplicables a la Administración
General del Estado.
La disposición final primera, apartado 3, se refiere al título que legitima dictar las normas que se especifiquen; lo mismo sucede con la disposición adicional final primera, apartado 4. Y la disposición adicional segunda es
la reproducción de la disposición final número 3 del Real Decreto Legislativo 2/2000.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista han quedado debatidas en los vetos de manera general, pero quiero hacer una serie de
consideraciones.
Por ejemplo, en lo que se refiere al medio ambiente, como su señoría sabe, éste cuenta ya con una regulación específica que garantiza su adecuada protección, por lo que no consideramos que este proyecto de ley deba ir mucho más
allá. En cualquier caso, las medidas exigidas por los estudios de impacto ambiental quedan recogidas de forma implícita en el texto de esta ley. En cuanto al estudio de impacto medioambiental, queda incorporado al artículo 227.2 y sus
consecuencias en el correspondiente proyecto o anteproyecto. El sometimiento a las condiciones medioambientales está previsto, como ya he dicho, en los artículos 221.2 y 227.2, letra b).
Quiero hacer hincapié en que la necesaria autorización
administrativa previa para acudir a medios de financiación privada que no están previstos en este proyecto de ley, en nuestra opinión, queda perfectamente recogida en el artículo 224 de la ley antes citada. Por otra parte, no resultan admisibles
las variantes que alteren las características de la obra que ha sido sometida a la correspondiente autorización administrativa previa, como puede suceder, por ejemplo, con el impacto ambiental.
Creemos que queda perfectamente claro que el
concesionario responde de los daños causados al medio ambiente, correspondiéndole en último caso la responsabilidad de la ejecución.
También es conveniente resaltar que las directivas europeas establecen un régimen específico de subcontratación
para el contrato a que se refiere este proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda número 165, debemos tener en cuenta que en la relación jurídica entre el concesionario y los acreedores la Administración concedente no es más que un tercero que no
tiene por qué terminar asumiendo la deuda que dicho concesionario pudiera tener hacia sus acreedores. Ahora bien, para favorecer este sistema de financiación privada, la administración puede asumir «ex lege» la obligación de restituir directamente
a dichos acreedores, con cargo a la indemnización que, en su caso, debiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 266, una parte de la deuda entre éste y aquéllos, que se determinará de manera objetiva en la forma prevista en
el último apartado del artículo 254.4, letra b).
Los deberes de comunicación lo son a los efectos del control y seguimiento por parte de la Administración concedente en el marco de sus prerrogativas, previstas en los artículos 249 y 259, que son
suficientes para garantizar el buen funcionamiento de la concesión. Por ello, tipificar como causa de resolución la obstrucción a la labor de control nos parece desproporcionado, habida cuenta de que el conjunto de prerrogativas que se otorgan a la
Administración previenen de este peligro.
Respecto de la enmienda a la disposición adicional primera, la rechazamos por la, a nuestro juicio, excesiva rigidez ante la posibilidad de evolución de las situaciones que den lugar a la decisión de
construir obra pública y de las disposiciones de fondos públicos para afrontarlas.
En cuanto a la enmienda a la disposición adicional segunda, hay que resaltar que la facultad de coordinación del Estado en los planes de las comunidades autónomas se
justifica en el artículo 149.1.13ª, como expresamente ha señalado el Tribunal Constitucional.
Por último, les diré que es necesario garantizar el carácter troncal de la regulación del contrato de concesión de obra pública, sin perjuicio de que la
legislación portuaria contenga las especificaciones que procedan.
En ella podrán coexistir concesiones de dominio público con las concesiones de obra pública objeto de esta ley, figuras totalmente distintas.
En resumen, en este proyecto de ley, al
que se han presentado 242 enmiendas, y al que se han incorporado tres
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, se han transaccionado tres enmiendas, correspondientes a los grupos de Entesa Catalana del Progrés, Socialista y Convergència i Unió, y queda otra que espero que al finalizar el debate esté en
condiciones de ser transaccionada. En cuanto al resto de las enmiendas, vamos a rechazarlas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
No quisiera esta portavoz desmerecer el discurso ni mucho menos el esfuerzo de nuestro compañero, el señor García Ballesteros, a la hora de defender el voto en contra de las
enmiendas presentadas, pero sí quisiera reseñar, cuando menos, algunos apuntes que ha realizado y que me parecen, como mínimo, sorprendentes.
Ha señalado que ha sido un proyecto de ley debatido tanto en el Congreso de los Diputados como aquí. Es
cierto que hemos cumplido formalmente con todos y cada uno de los trámites, pero no podemos sacar la conclusión de que haya sido un proyecto de ley debatido con profundidad, y ello por muchas razones. No quiero buscar culpables sobre esta cuestión
porque esta que les habla es miembro de la ponencia y de la comisión, pero a fuer de ser sinceros tenemos que admitir que no ha sido una ley debatida con profundidad en todos y cada uno de sus aspectos por diversas cuestiones que a lo mejor no
merece la pena subrayar en estos momentos.
Dado que el propio señor senador del Grupo Popular ha señalado que se han aceptado tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular --sinceramente, me hubiera extrañado mucho que no hubiera sido así--, más
dos transaccionadas y otras dos que parece ser que se van a transaccionar, cabría decir que a este proyecto de ley se han presentado en el Senado casi 300 enmiendas. Quiero decir que si hacemos una comparación posiblemente nos quedemos un poquito
escasos. No podemos utilizar este detalle como para señalar que es una ley debatida y abierta a lo que los grupos de oposición hemos querido poner sobre la mesa para mejorarla, puesto que ha habido 300 enmiendas y de ellas sólo tres del Grupo
Popular han sido aceptadas --faltaría más-- y otras cuatro parece ser que, por la vía de la transacción, van a ser incorporadas en esta Cámara al proyecto de ley.
Está claro que de las siete enmiendas que ha presentado mi grupo ninguna ha sido
aceptada. No quisiera que mi intervención pareciera un arrebato de esta portavoz en este momento en el sentido de decir que como se han rechazado mis enmiendas me tengo que enfadar y criticarle con una cierta aspereza. No se trata de eso, pero sí
es verdad que al argumentar el no a las enmiendas de los grupos de la oposición el señor García Ballestero ha sido muy exhaustivo al referirse a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista o del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y, sin embargo, ha despachado las siete --eran siete nada más-- de esta portavoz hablando de tres bloques y haciéndolo, sinceramente, en términos bastante ambiguos o, cuando menos, no bajando al detalle en un discurso más
retórico que técnico y sin entrar en el fondo de la cuestión.
Ha señalado respecto a un primer bloque, según el orden al que se ha referido, que precisamente la noción de contrato de obras públicas es la que aconseja que este proyecto de ley sea de
aplicación a todas y cada una de las administraciones públicas.
Podríamos debatir o discutir bastante sobre este aspecto pero, sinceramente, creo que lo que aconseja trasladar la necesidad de este proyecto de ley de aplicación a todas y cada una de
las administraciones públicas no es la noción de contrato sino la voluntad del Partido Popular. Tampoco pasa nada por decirlo; si somos claros podremos admitir que efectivamente eso es una realidad y, además, innegable. O sea, dejémonos de
elucubraciones de conceptos, sobre todo de contratos y obra pública, para decir simplemente que el Partido Popular ha jugado con el concepto que tiene de obra pública, con el concepto que tiene de respeto, cuando menos, de juego competencial y
aplica una mayoría que tiene aquí y en el Congreso. No pasa nada más.
Ha señalado también, para decir que no a otro grupo de enmiendas, el hecho de que el proyecto de ley presentado por el Gobierno y defendido por el Grupo Parlamentario Popular es
absolutamente escrupuloso con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a este respecto, y ha hecho alguna referencia a la interpretación de la normativa europea e incluso a alguna ley, aprobada por el Parlamento Vasco. Efectivamente, ha dicho
que es escrupuloso con todas y cada una de estas normas y leyes, pero no ha dicho ni cómo ni por qué. Supongo que si es escrupuloso ya queda todo dicho, pero no ha dado ni un sólo detalle para que algunos podamos, cuando menos, contradecir esa
afirmación, que no deja de ser una mera retórica.
Por otro lado, hay otra serie de cuestiones a las que ni siquiera ha hecho referencia. Quisiera saber si efectivamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular puede admitir o no que este
proyecto de ley modifica de pasada artículos y preceptos de una serie de leyes sectoriales, como, por ejemplo, de la ley de autopistas. Hay muchas leyes sectoriales que se ven modificadas con este tema, no en cuanto al concepto...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya usted terminando, por favor.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Sí, señor presidente. Termino en 30 segundos.
Leyes, como digo, que se ven modificadas, no ya en cuanto a la decisión de acometer una obra pública de interés general, sino por intentar regular muchísimos
aspectos que jamás, no sólo con la Constitución en la mano,
sino por puro sentido común, pueden considerarse básicos, sino que son meros aspectos instrumentales o de desarrollo. Esta ley entra a regular estos aspectos, y a eso se llama invadir las competencias legislativas que las comunidades
autónomas tienen para el desarrollo de estas cuestiones.
Para finalizar, y con independencia de que ésta sea una ley técnicamente complicada, pues el objeto de la misma es difícil de acometer en muchos aspectos, sí quisiera señalar, porque
considero que es de justicia, mi agradecimiento personal al letrado de la Comisión por la labor que ha desarrollado y la ayuda que ha prestado, por lo menos a esta senadora, que se ha sentido un poco perdida a veces respecto de muchos aspectos,
sobre todo del de la tramitación. Quisiera, pues, que mi agradecimiento constara en acta, y además, y aprovechando la coyuntura, también quisiera felicitarle, pues, si no me equivoco, hoy es su cumpleaños. Así pues, señor letrado, gracias, por un
lado, y «zorionak», como decimos los vascos, por otro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
No defenderé nuevamente las enmiendas, si bien agradezco las palabras que hacia nuestro grupo y hacia mí mismo han dirigido, tanto el senador Sanz Blanco como el senador
Ballesteros. No obstante, quisiera intervenir brevemente para felicitar asimismo al letrado, pues hoy es también el cumpleaños de mi hija pequeña y así aprovecho para felicitar a dos personas a la vez. (Risas.) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Ayllón.
El señor AYLLON OLIVA: Señor presidente, señorías, intervengo únicamente para pedir que se aclare la situación en la que se encuentran las cuatro enmiendas transaccionales, porque sólo tengo claro cuál es la situación de dos de ellas. La
primera se refiere al artículo 249.2, y lo que hacemos hoy es modificar una transacción que ya se acordó en comisión.
Una segunda enmienda trasaccional, que hace referencia al artículo 242.3, se acepta. Pero hay otras dos enmiendas que han sido
presentadas a lo largo del debate de hoy como transaccionales: una hace referencia al artículo 248.2 y cuya presentación se justifica sobre una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, concretamente sobre la
número 213, y otra, cuya presentación también se justifica sobre esta misma enmienda número 213, que hace referencia a la exposición de motivos. Así pues, me gustaría saber exactamente cómo se encuentran estas dos últimas enmiendas transaccionales
en cuanto a su tramitación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Ballesteros.
El señor GARCIA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Respondiendo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista debo decir que su señoría entenderá que ahora mismo no pueda decirle en qué situación se encuentran las dos enmiendas
transaccionales que estamos acordando con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Sé que una, que le he entregado personalmente al letrado esta mañana, necesitaba de la firma de cuatro grupos. No sé si la tendrá o no.
Me comunican que sí la tiene, por lo tanto no sé cuál es el problema, porque se necesitaba la firma de al menos cuatro grupos y los cuatro han firmado. No entiendo la preocupación de su señoría si legalmente, ajustándose al Reglamento de la Cámara,
está presentada en tiempo, en forma y en sus justos términos, y no existe ningún tipo de reclamación por parte de los servicios de la cámara. No lo comprendo.
Respecto a la segunda, sí es una transacción en la que se elimina la palabra «tasadas»
sobre la que ya hemos estado debatiendo esta mañana ampliamente. Hace referencia a la exposición de motivos y necesita la firma de todos los grupos presentes en esta Cámara. Antes de empezar el debate de las enmiendas que me corresponden en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, cuatro grupos habían firmado esa transaccional, y estamos esperando a que el Grupo Parlamentario Socialista decida si la va a firmar o no. Yo he tenido en mis manos el papel antes de empezar el debate de Pleno sobre
el articulado y las enmiendas, y hasta ese momento el Grupo Parlamentario Socialista no la había firmado. Tendrá usted que responder si lo ha hecho o no para saber la situación en la que se encuentra.
En cuanto a la intervención de la senadora del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el turno de portavoces, tengo que repetir una vez más que el proyecto de ley se encuentra suficientemente debatido, ha pasado por todos los trámites parlamentarios en el Congreso de los
Diputados, tanto en comisión como en el Pleno, se ha debatido en la comisión del Senado --aprovecho para pedir disculpas a todos los portavoces de los grupos por no haber podido asistir debido a un problema personal--, y se está debatiendo
ampliamente en el Pleno, con lo cual la ley ha pasado por todos los cauces parlamentarios.
Sobre la cuestión competencial, ya lo hemos dicho en el debate del veto tanto mi compañero, el senador Clemente, como yo: la ley se ajusta a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por lo que es una ley escrupulosamente respetuosa con las sentencias tanto de uno como de otro. Creemos que está redactada en términos legales y que,
por tanto, es aplicable en todo el ámbito competencial al que se refiera la ley.
Por último, como ya dije antes, estamos asistiendo al último acto desde la remisión del Congreso de los Diputados al Senado de esta ley. La ley que vamos a
aprobar esta tarde es uno de los sistemas legislativos más avanzados y más modernos del mundo, y permitirá la eficacia, la financiación, la gestión y la explotación de nuestras redes de carreteras y de infraestructuras, aumentará notablemente la
eficacia en todo el proceso con la introducción de los criterios de mercado y, por último, nuestras empresas, las empresas españolas, podrán competir de una vez con ventaja con el resto del mercado internacional.
Muchas gracias en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la votación.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas números 48 y 55, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 64; en contra, 116; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 49 y 56 de los mismos senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 14; en contra, 165; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 53 y 54 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 15; en contra, 118; abstenciones, 48.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 25, 40, 43, 45, 46, 47, 50, 51 y 52, de los señores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 56; en contra, 116; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 3 a 6, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26 a 39, 41, 42
y 44 de los senadores señores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, siete; en contra, 165; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 58, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 56; en contra, 116; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 57, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, nueve; en contra, 164; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 59 a 63, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 15; en contra, 116; abstenciones, 49.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 12 y 17 de los señores senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, siete; en contra, 116; abstenciones, 58.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés números 116 y 117.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 64; en contra, 115; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés, salvo la número 70, que tiene transaccional.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 57; en contra, 116; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 191 a 193, 200, 202, 203, 205, 215 y 233.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 64; en contra, 116; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 190, 196 a 199, 201, 206, 207, 211, 212, 214, 216 a 218, 224, 226 a 230, 234 a 236 y 240, también de Convergència i Unió.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 16; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas de CiU, salvo la 213, que tiene transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 15; en contra, 116; abstenciones, 50.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 163, 175 y 184.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 64; en contra, 116; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, salvo la 140, que tiene transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 58; en contra, 116; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de modificación del dictamen.
Al artículo 224.3, sobre la base de las enmiendas números 70, de Entesa, y 140, Socialista, con número de registro 52505.
¿Se puede aprobar por
asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Al artículo 248.2, sobre la base de la enmienda número 213, de CiU, número de registro 52585.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 129; en contra, 51; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Al artículo 249.2, sobre la base del artículo 125 del Reglamento, con número de registro 52504.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Además, se ha producido una
corrección de error en el texto publicado en la disposición final primera del dictamen. Dice literalmente: En cada uno de los párrafos con que se encabezan los apartados 2, 3 y 4 de dicha disposición, no debe figurar el inciso final del siguiente
tenor: Por lo que resultan de aplicación a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.
Pasamos a la votación del texto del dictamen.
En un bloque, Artículo único, punto 1 artículo 5.2.a); Artículo único, punto 2 artículo 7;
Artículo único, punto 3 artículos 130, 132 y 134; Artículo único, punto 5, artículo 220, apartados 3, 4 y 5, artículos 222 y 224, apartados 1, 3, 4, artículos 225, 226, 227, apartados 1, 2, 3, 4 y 6, artículo 228, apartados 1, 2 y 3, artículo 229,
apartados 2 y 3, artículo 230, apartado 2, artículos 231, 232 y 233, apartado 1 (excepto letra d) y 3, artículos 234, 235, 239, 240, 241, 242 y 243, excepto letra e), artículo 244, apartados 1, 4 y 5, artículo 246, apartados 1, 3, 5 y 6, artículos
249, 250, 251, 252, 259, apartados 1, 2 y 3, artículos 260, 261 y 262, disposiciones adicionales cuarta, quinta, séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, disposiciones finales tercera, cuarta y quinta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 172; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
En otro bloque vamos a votar el Artículo único, punto 3, artículos 131 y 133; Artículo único, punto 4, artículos 156 a) y 157 a); Artículo único, punto 5, artículo 220, apartados 1 y 2, artículos
221, 223 y 224, apartado 2, artículo 227, apartado 5, artículo 228, apartados 4 y 5, artículo 229, apartados 1, 4 y 5, artículo 230, apartado 1, artículo 233, apartados 1 d) y 2, artículos 236, 237, 238 y 243 letra e), artículo 244, apartados 2 y 3,
artículos 245 y 246, apartados 2 y 4, artículos 247, 248, 254 y 259, apartado 4, artículos 263, 265, 266, disposiciones adicionales primera, sexta, décima y undécima, y disposición derogatoria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 122; en contra, 59.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el Artículo único, punto 5, artículos 253, 255, 256, 257, 258 y 264, así como la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 123; en contra, nueve; abstenciones, 49.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Sometemos a votación la disposición final segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 179; a favor, 167; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la disposición final primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 117; en contra, 64.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las disposiciones adicionales segunda y tercera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 116; en contra, 15; abstenciones, 50.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución Española, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL (S. 621/000115) (C. D. 121/000121).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de Ley de Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Para la
presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, que es su presidente, senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, se somete a la consideración del Pleno el proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el 21 del pasado mes de marzo. Se tramita por el procedimiento ordinario, por lo que se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el mismo día de su entrada, y el plazo de
enmiendas terminó el pasado día 2 del presente mes de abril. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) A este proyecto de ley se presentaron cuatro propuestas de veto: de la senadora Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares y del Grupo Parlamentario Socialista. Igualmente se han presentado enmiendas en un volumen total de 197, distribuidas de la siguiente manera: 14 de la senadora De
Boneta y Piedra, seis del señor Quintana González, 33 de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 34 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, 33 del Grupo Parlamentario
Socialista, 50 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y dos del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia ha estado integrada por los senadores doña María Jesús Bonilla Domínguez, don Salvador Capdevila i Bas, don José
Antonio Marín Rite, doña María Antonia Martínez García y doña María Australia Navarro de Paz.
La ponencia se reunió el pasado 9 de abril y emitió su informe, en el que, tras desestimar las cuatro propuestas de veto presentadas, acordó incorporar al
texto del proyecto de ley las propuestas contenidas en la enmienda número 187, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las números 196 y 197, del Grupo Parlamentario Popular, rechazando, en cambio, el resto de las
enmiendas presentadas.
La comisión se reunió para dictaminar el pasado 22 de abril. Introdujo nuevas modificaciones en el texto del proyecto de ley como consecuencia de que se aceptó la enmienda número 149, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, de similar contenido a la parte correspondiente a la enmienda número 196, del Grupo Parlamentario Popular, que previamente fue aceptada en el informe de la ponencia.
El proyecto de ley, tal como se somete al debate y
votación del Pleno de la Cámara, consta de un artículo único, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, precedidos de una exposición de motivos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Gracias, senador Moya.
Pasamos a la defensa de las propuestas de veto.
En primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada por la senadora De Boneta y Piedra, para cuya defensa tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender la propuesta de veto que, en nombre de Eusko Alkartasuna, planteo a la Ley de Modificación de la Ley 50/1961, de 30 de diciembre, por la que se regula
el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Estamos ante un proyecto de ley importante que no dudamos que va a aprobarse hoy en el Senado y que dejará sin resolver los aspectos fundamentales sobre los que se ha venido debatiendo en relación a la
siempre pendiente reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Esa institución debe adaptar su funcionamiento y su papel a la actualidad social del siglo XXI, sobre todo en dos aspectos fundamentales sobre los que las dos asociaciones de fiscales
existentes, y en general todo el mundo de la judicatura y el Derecho, han planteado sus dudas y la necesidad de los
cambios que deberían haberse traído en este momento. Sin embargo, nos tememos que, a pesar de estos vetos y de las numerosas enmiendas, quedarán como están. Primer aspecto fundamental, reforzamiento de la independencia del Ministerio
Fiscal respecto del Gobierno; segundo, organización y modernización de su estructura interna.
Insisto en que hay consenso sobre este tema y, sin embargo, que las cuestiones relevantes a desarrollar en estas dos grandes áreas a que me he referido
quedan, desde mi punto de vista, sin resolver o se resuelven de forma contraria.
En primer lugar, por lo que se refiere a la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, la propia exposición de motivos únicamente establece
limitación temporal de los mandatos para los fiscales jefes. El fiscal general del Estado, de nombramiento exclusivamente gubernamental, sin ninguna participación del Parlamento --sin ninguna participación de las Cámaras-- sigue sujeto a la
voluntad política del Gobierno que le ha nombrado y, además, se le otorgan todavía más facultades discrecionales de las que hasta ahora disponía. Por otra parte, no se tasan las causas de su cese, con lo que éste puede ser de origen político, en
función de su obediencia o no a ese Gobierno que le ha nombrado, o en función de la coherencia de sus planteamientos con los planteamientos políticos del Gobierno. Insisto, en su nombramiento no participa para nada el Parlamento, ni siquiera a
nivel de propuesta de una terna, etcétera.
En cuanto a la organización y adaptación del Ministerio Fiscal a una estructura más moderna hay que decir que se olvida, que obvia totalmente la dimensión territorial y política del Estado de las
Autonomías. La modernización a que antes hacía referencia en relación al funcionamiento no sufre cambios fundamentales ni se plantea siquiera la atribución o no al Ministerio Fiscal de la función investigadora o de la dirección de la instrucción,
como se ha introducido en el caso de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor; este debate no se ha producido, ha quedado pendiente y, por lo tanto, de alguna manera se están defraudando la esperanzas de que la figura de los fiscales pudiera
responder más aún a la función social que, desde mi punto de vista, deberían ostentar.
En cuanto al propio nombramiento de los fiscales, no se han introducido los criterios de mérito y capacidad --cuestiones que, por otra parte, son objeto de las
enmiendas parciales de Eusko Alkartasuna--. En este sentido, hay que señalar que no se han tenido en cuenta, en absoluto, los criterios que rigen en general para la Función pública, los de mérito y capacidad, que son necesarios no sólo para
conseguir la idoneidad de esas personas --de las que no se duda en modo alguno-- sino también para conseguir una homologación de criterios en cuanto a quiénes y cuáles deben ostentar determinadas responsabilidades dentro de las distintas escalas del
Ministerio Fiscal.
Asimismo, se mantiene la jerarquización absoluta en el Ministerio Fiscal; y, por último --pero, no menos importante--, la adaptación del Ministerio Fiscal, como antes decía, al Estado autonómico. Hay que recordar que este
proyecto violenta los principios sobre los que se decía que iba a asentarse el Pacto de Estado para la Justicia que señala que, en principio, se deben atender los criterios de adaptación de la Justicia al Estado de las Autonomías. Al hablar de
Justicia se está hablando genéricamente, pero también, obviamente, del papel en la impartición de Justicia del Ministerio Fiscal.
El día 18 de octubre del 2002 las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, que creo recordar que
en aquel momento eran Cataluña, Euskadi, Galicia, la Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, acordaron reclamar para esta reforma que estamos debatiendo la actualización de la ley en el sentido de que hubiera un fiscal superior de las
comunidades autónomas cuyo nombramiento se hiciera con participación de los parlamentos autonómicos, al igual que existiera una participación de esas mismas autonomías en los procesos selectivos.
En todo caso, debemos decir que nada de ello se ha
cumplido, cuando es un acuerdo que se corresponde con el acuerdo general y además se trata de unas comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de Justicia y que en modo alguno desde el punto de vista político o de sus
gobiernos pertenecen a los mismos partidos políticos. Hay comunidades con Gobierno del Partido Popular, como en el caso de Galicia y la Comunidad Valenciana, y con Gobierno nacionalista, como es el caso de Euskadi y Cataluña, y otras con Gobierno
del Partido Socialista. Por tanto, había una coincidencia de criterio en los departamentos de Justicia de estas comunidades autónomas sobre cómo debía ir encaminada la reforma para la territorialización acerca del nombramiento de los fiscales,
insisto, para el funcionamiento adecuado de la Justicia al Estado de las Autonomías.
Tampoco se introducen en esta ley --y no es menos importante para aquellas comunidades con dichas características-- elementos de ese arraigo autonómico, como puede
ser el relativo a las lenguas cooficiales o el Derecho Civil propio de las comunidades históricas que lo poseen.
Por tanto, entendemos que nos encontramos ante una reforma que no conlleva modernización. No se atribuye al Ministerio Fiscal la
dirección de la instrucción ni de la investigación, no se crean fiscalías especiales y no hay participación en los nombramientos por parte de los parlamentos autonómicos, ya que no se crean las fiscalías generales de las comunidades autónomas,
aspecto sobre el que tenemos que seguir insistiendo en ese desprecio hacia el Estado de las Autonomías que se muestra en el desarrollo de esta ley.
Obviamente, nuestras enmiendas parciales van dirigidas a corregir estos supuestos y a que exista esa
participación de las Cámaras en el nombramiento del fiscal general del Estado, también a que se consideren criterios de mérito y de capacidad para el acceso a la carrera fiscal, existan fiscales generales de las comunidades autónomas y, en
definitiva, el Ministerio Fiscal se adapte a la estructura del Estado autonómico.
Insisto en que nada de esto se cumple y, por tanto, anuncio que, como nuestras enmiendas van a reiterar, quizás de forma más pormenorizada, los argumentos a que hemos
hecho referencia en nuestra defensa del veto que presentamos, damos por defendidas también estas enmiendas.
También quiero manifestar que en el mismo sentido doy por defendido el veto número 3, de los senadores Cámara y Cabrero, del Grupo
Parlamentario Mixto, a la vez que las 34 enmiendas, de la número 79 a la 112, ambas inclusive, además de las 14 a que he hecho referencia, las números 1 a 14, de esta senadora de Eusko Alkartasuna, del Grupo Parlamentario Mixto.
Por tanto, quedan
defendidos estos vetos, los dos, así como las enmiendas parciales mencionadas.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
En consecuencia, la propuesta de veto número 3 está ya defendida, por lo que pasamos a la defensa de la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que tenemos en este momento en trámite es de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, materia ligada al Pacto de Estado para la Reforma
de la Justicia y que viene a reformar la Ley de 1981 que ha estado vigente a lo largo de más de 20 años y que fue aprobada por un Gobierno de la Unión de Centro Democrático, pero no es una ley que esté conforme con lo acordado en dicho Pacto ni con
el procedimiento de alejamiento de los temas relativos a la Justicia de la disputa entre partidos, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de una mayoría.
Con independencia de que el contenido de la ley no va a resolver los verdaderos problemas
de modernización del Ministerio Fiscal, lo primero que debo decir es que, habiendo firmado, manteniendo y defendiendo un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y siendo leales al mismo, no sería lógico que nosotros formuláramos un veto, y el
hecho de que lo formulemos es algo simbólico de cómo la mayoría considera que debe cumplir los pactos. Los pactos se cumplen cumpliéndolos, y uno de los elementos centrales es alejar los temas de la organización judicial de la Administración de
Justicia y del Ministerio Fiscal de lo que son las posiciones de la mayoría de partido, sin haber ni incluso intentado llegar antes a acuerdos fuertes. Como digo, el veto es simbólico y no bueno para la Justicia ni bueno para el Ministerio Fiscal
y, además, con sinceridad diré que el texto no es acertado ya que no creemos que ofrezca suficientes garantías de imparcialidad y que asegure suficientemente la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno. Es cierto que sale un fiscal general del
Estado reforzado, por ejemplo, se sigue manteniendo un criterio, que podía haberse modificado, que motivara las propuestas de nombramiento; es un fiscal general del Estado más discrecional, un ejemplo de ello es la libre revocación de los fiscales
jefes, pero estoy seguro de que no va a salir un fiscal general del Estado más fuerte, sino reforzado en sus poderes internos y, por tanto, menos fuerte en lo que es la actuación fiscal del Estado; no digo un fiscal del Gobierno, sino un fiscal del
Estado, porque lo que refuerza a una de estas figuras no sólo es la autoridad personal de quien la ejerce --que cuenta mucho--, sino también el hecho de que todo el camino y toda la estructura sobre la cual se asienta la acción de estas
personalidades --no sólo del fiscal general del Estado, sino de otras-- es justamente el hecho de que su estructura jurídica no ha sido diseñada parcialmente, sino generalmente y, por tanto, está alejada de la política y, dos, que tiene las
garantías suficientes de aceptación por parte de aquellos que seguramente no lo hubieran propuesto ni votado. Este elemento sutil, que es tan importante en la Administración de Justicia, aquí no se ha tenido en cuenta y no está presente en este
campo concreto, y se ha desaprovechado una ocasión; pocas veces en España había habido una base de pacto general para hacer una Justicia más moderna y eficiente, y posiblemente en el futuro a lo mejor no se repetirá, y ahora que existía se pierde
una gran oportunidad.
¡Lástima que se haya perdido esta oportunidad! A lo mejor, los elementos coyunturales han contado mucho, pero en la Administración de Justicia no deben contar tanto los elementos coyunturales ni los problemas de obediencia --y
lo digo así--, como los elementos de continuidad y estabilidad de hacer Estado. Esta es una posición de estadista seguramente. Yo les estaba pidiendo una actitud de estadista frente a estos temas y a lo mejor no son estadistas. Peor para todos.
Peor para todos pero, sobre todo, peor para la Justicia y peor para los fiscales.
¿Por qué establecer algo tan poco sensible como las dificultades a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué limitarlo a seis meses? No digan ahora
quién es autor. Ya lo investigarán los estudiosos dentro de un tiempo y ya encontrarán las razones por las cuales quien quería este elemento lo quería. No soy yo en este momento quien deba hacer esta investigación.
¿Pero por qué limitar
justamente la acción a seis meses del fiscal general Anticorrupción, que es el que tiene actuaciones más difíciles en el tiempo? ¿Sorpresa? Sí. La verdad es que para mí es una sorpresa.
¿Razones? Convincentes yo no he oído ninguna. ¿O es que
la gran criminalidad de la gran corrupción, la del guante blanco y la del guante negro, porque también la hay de guante negro, se detecta fácilmente en seis meses? Y a partir de seis meses queda la decisión directamente al fiscal general del Estado
que sin motivar puede decir sí o no, que en principio es no porque lo otro se ha de entender como algo excepcional.
No sé si ésta es la mejor vía para hacer una lucha eficaz contra el delito, la defensa de las libertades y la convivencia en España.
Algunos preguntan ¿es que esta ley tiene nombres y apellidos? ¿Se sabe a quién va dirigida? No lo sé. ¿Es que hay fiscales, algunos, incómodos? ¿Es que lo que se quiere es poner orden? Si es verdad este criterio, es un mal criterio para hacer
una ley sobre el Ministerio Fiscal.
No he oído razones convincentes que me permitan suponer que hay una voluntad decidida de modernización del Ministerio Fiscal, manteniéndolo como había estado con la Ley de 1981, fuera de la discusión y del debate
de los
partidos, manteniéndolo en el sitio que le corresponde y perfeccionándolo. De acuerdo, porque hay cosas que deberían perfeccionarse, pero fuera del debate de los partidos y fuera de las suspicacias de las incomodidades que todo Gobierno
debe soportar porque los fiscales tienen la obligación, en nombre del pueblo español, de perseguir el delito.
Se ha perdido una oportunidad y eso no puede cambiarse cada día. La organización de estas instituciones no puede cambiarse cada día. Se
ha perdido la oportunidad de adaptar el Ministerio Fiscal, por ejemplo, al Estado social y de Derecho que tenemos en España, que es un Estado de las Autonomías. Esta era una petición que había salido de la reunión de comunidades autónomas con
competencias asumidas en materia de Justicia de 18 de octubre del año 2000: Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Varios colores políticos. No un color político, pero, sobre todo, una propuesta que no tenía
color de partido, sino color de Estado. Fue una propuesta de Estado. Luego dicen que las comunidades autónomas no tienen suficiente sentido de Estado, y hacían una propuesta de Estado: adaptar el Ministerio Fiscal a la organización existente en
el Estado realmente existente.
Y esto tan simple no está. No se habla de ello. No existe. Se está haciendo un Ministerio Fiscal que es una continuación del Ministerio Fiscal del año 1981 en este aspecto de un Estado que es distinto como Estado
de como era en el año 1981.
Me pueden decir que la Administración de Justicia no es una organización que deba someterse a criterios de la división vertical de poderes de las comunidades autónomas. No discuto esto. No estoy haciendo una
reivindicación sobre otra cosa. Lo que estoy diciendo es algo simple, y es que las comunidades autónomas hoy existen y que sería conveniente que la estructura interna del Ministerio Fiscal se ajustara a lo que existe.
Era una posibilidad de
modernización, porque una de las cosas que conviene es modernizar, actualizar, poner al día y esta cuestión estaba y sigue pendiente.
¿Qué es entonces lo que no está pendiente? Más poder discrecional del fiscal general del Estado, no para
conseguir que se persiga mejor el delito en España, sino para que el Ministerio Fiscal responda a una única voluntad y a una única dirección.
¿Es una ley para resolver un problema disciplinario? No, porque esta cuestión ya existía y porque los
fiscales actúan conforme a la ley. ¿Cuál es el sentido último de esta ley? Dar más autonomía y más poderes al fiscal general del Estado. No era este el problema del Ministerio Fiscal en España y, por tanto, es una ley que no se relaciona con los
problemas del Ministerio Fiscal, y como todo ello se produce al margen del Pacto de Estado sobre la Justicia, con independencia de lo que cada una pueda decir, pensar o creer sobre las medidas concretas, ésta no es la ley que conviene hoy al
Ministerio Fiscal y, por tanto, al Estado español.
Por ello, presentamos un veto con este discurso que comprende la defensa de todas las enmiendas parciales que, de hecho, constituyen una formulación diferente. No teníamos que hacerlo pero lo
hemos hecho porque a una respuesta de partido debe haber otra respuesta de partido, y a continuación, si lo desean, podemos hablar de cómo debe ser un Ministerio Fiscal, que no debe ser a propuesta cerrada de un partido y que no sea de una mayoría,
sino del Estado.
Esto es a efectos de una pequeña modificación; seguramente si se hubiera hablado antes, no con los sindicatos amigos sino sobre el pacto general político, tendríamos hoy una ley de modernización del sistema fiscal que quizá
hubiera resuelto algunos de los problemas reales de funcionamiento interno con un resultado más moderno, más eficaz y más apto para las funciones que el Ministerio Fiscal tiene y debe tener en España en el comienzo del siglo XXI.
Muchas gracias,
señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Molas.
Corresponde a continuación la defensa de la propuesta de veto número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario mantiene una propuesta de veto al proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; igualmente, presenta 32 enmiendas que expresan un
texto alternativo a la ley; en el Congreso de los Diputados lo presentamos como tal, pero en esta Cámara reglamentariamente no es posible; por tanto, nuestras enmiendas, repito, son la expresión de ese texto alternativo.
Hemos hablado de reforma
de la ley, del Estatuto de 1981. Cuando se produce la reforma de una ley, a mi juicio, en ocasiones se puede caer en el error de manifestar un cierto desprecio hacia la ley reformada. Hoy quiero decir que el Estatuto de 1981 era y es una buena
ley, porque lo que estamos tramitando es una pequeña reforma, que produjo una importante modernización de la institución; naturalmente, han pasado muchos años; se ha construido en España un Estado de las Autonomías; han sucedido muchas cosas y es
necesaria otra adaptación. Pero sin duda alguna, insisto, es una buena ley.
Señorías, la primera reflexión que podemos plantear es la que nos hacía el senador Molas hace unos días en el seno de la Comisión de Justicia y, además, suscribo
íntegramente su discurso con ese tono «azañista» que ha sabido imprimir en un sentido de Estado que no siempre aparece en nuestras intervenciones.
Se preguntaba entonces el senador Molas cómo era posible que, después de que se hubiera firmado un
Pacto de Estado para la Justicia --hace relativamente poco tiempo--, se presentaran cuatro vetos a la modificación de la regulación de una institución fundamental en el sistema democrático, como es el Ministerio Público, uno de los cuales, el que
ahora estoy defendiendo, ha sido presentado por un promotor del Pacto de Estado por la Justicia y, al mismo tiempo, firmante de aquél. ¿Cómo es posible esa situación? Señorías, estamos hablando de una situación realmente difícil de entender para
un observador que se encuentre
fuera del ámbito de la política. Y en nuestra opinión esta situación obedece a una serie de razones.
En primer lugar, mi grupo considera que el Gobierno ha renunciado a una reforma global del Ministerio Fiscal. La reforma fue presentada
en su programa de 1996. La entonces señora ministra de Justicia, en sesión celebrada en esta Casa el 26 de junio de 1996, en la que fue la primera comparecencia del primer responsable de Justicia del Gobierno del Partido Popular, presentó, como es
lógico, una propuesta programática de entrada de dicho Gobierno. Y la señora Mariscal de Gante decía: Para lograr la efectividad del modelo constitucional de Justicia ... --eso es lo que ofertaba: adaptar la Justicia a la Constitución
Española--... es preciso un reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal frente al Poder Ejecutivo.
Como pueden ver, la ministra se manifestaba con gran vehemencia, incluso yendo más allá de lo razonable, ya que el Ministerio Fiscal en
principio no está contra nadie, no está frente al Ejecutivo; está a favor del principio de legalidad desde una posición de imparcialidad.
Esa era la oferta programática que se ofrecía. Al mismo tiempo se ofrecía diálogo y consenso con la
oposición, y se decía que dicho diálogo se mantendría incluso para la revisión del sistema de nombramiento del fiscal general del Estado. Hasta ese extremo se llegó en aquella oferta de consenso.
Pues bien, el Gobierno ha renunciado a esa reforma.
Lo decimos nosotros, lo dicen también otros grupos parlamentarios --es evidente, no hay más que hojear el texto de la reforma--, y el propio Consejo General del Poder Judicial indica que con este proyecto de ley el Gobierno renuncia a reformar en
profundidad el modelo del Ministerio Fiscal.
En segundo lugar, ésta no es sólo una reforma parcial, limitada, del modelo del Ministerio Fiscal, sino que en ella se plantea todo lo contrario de lo que se ofertó en su día; es decir, es una reforma
contra la propia oferta programática del Partido Popular. Así son las cosas. En contra de lo que entonces decía la ministra, no se refuerza la autonomía del Ministerio Fiscal, sino que ésta disminuye claramente. Repito que es lo contrario de la
oferta hecha por el Partido Popular en su programa, y que fue explicitada durante la comparecencia de la responsable del área de Justicia tanto en esta Casa como, por supuesto, en el Congreso.
Por esa razón, pensamos que ni siquiera se trata de la
reforma del Partido Popular. Tampoco sabemos --no se dice en ninguna parte-- si esta renuncia es definitiva, o queda pendiente la verdadera reforma de la institución.
Señorías, la reforma no se corresponde tampoco con el pacto de Estado para la
Justicia. El pacto de Estado, en la misma línea que la primitiva oferta programática del Partido Popular, decía que era preciso adaptar a la Constitución el modelo del Ministerio Fiscal. Ese es, en definitiva, el planteamiento del pacto de Estado.
La reforma parcial y limitada que tenemos sometida a nuestra consideración lo que hace es alejar la institución del Ministerio Fiscal del modelo constitucional. Así es.
Señorías, ello es así también porque en el proyecto se aumenta el número de
fiscales de nombramiento discrecional sin exigir motivación para estos nombramientos y se mantiene el mecanismo de libre remoción de los fiscales jefes, a pesar de que se ha puesto un plazo para su mandato, con lo cual se les somete no a un control,
que siempre lo han tenido, sino a un doble control.
El proyecto, en definitiva, persigue una doble finalidad. Por un lado, el reforzamiento de la figura del fiscal general del Estado. Su mandato no está sujeto a término, y no entendemos por qué
se somete a término el mandato de otros fiscales y el del fiscal general del Estado no. Estamos sometidos a término los que estamos aquí en este momento porque tenemos un mandato marcado por la ley, está sometido a término el propio presidente del
Gobierno de la nación --lo está el Ejecutivo y lo está el Legislativo-- y no entendemos por qué, en este caso, se somete a término el mandato de otros fiscales y no el del fiscal general del Estado. Se trata de eso, de reforzar la figura del fiscal
general del Estado.
Señorías, no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado en aquellos casos en que se trata de procedimientos que pueden afectar a miembros del Gobierno. Y ello es necesario,
señorías, porque no se trata del Gobierno actual. Lo decía antes el senador Molas --por eso hablaba yo del tono azañista de su intervención-- al referirse a pasar por encima de la circunstancia concreta.
Estamos regulando el ministerio público de
España, y cuando se regula una institución de esta envergadura, que es básica en el Estado de Derecho, tenemos la obligación moral y política de pasar por encima de la realidad circundante, no tenemos más remedio.
Señorías, por eso estas medidas,
que pueden garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado y de la Fiscalía en estos casos, son imprescindibles, y habla un senador que pertenece a un grupo que está de acuerdo con el principio de jerarquía y de unidad en el Ministerio
Fiscal, pero eso no quiere decir que no se pueda, porque se puede, garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado y de la institución en su conjunto.
La sociedad española lo ha visto últimamente en supuestos como los del señor Piqué o el
señor Matas, y ha resultado chocante, no cabe ninguna duda.
En segundo lugar, señorías, la reforma persigue el debilitamiento de las fiscalías especiales, y en este asunto se ha llegado muy lejos. Se ha llegado, diría yo, extraordinariamente
lejos, limitándose la investigación a un plazo de seis meses. La prórroga establecida depende del fiscal general del Estado, además, de una manera absolutamente discrecional, sin siquiera necesidad de motivación, porque la prórroga no se regula.
Se dice que se podrá pedir prórroga, pero no se articula, no se regula un procedimiento de prórroga, sino que simplemente se establece la posibilidad de la existencia de esa prórroga.
Señorías, en realidad estamos ante un determinado
posicionamiento ante las fiscalías, pero claro, se establece un plazo de seis meses para la investigación penal, se constriñe la investigación penal a un período de tiempo determinado, con la gravedad que tiene esta decisión, y esto supone un
determinado juicio hacia las fiscalías. Si realmente se
piensa, señorías, que en la Fiscalía se están produciendo dilaciones injustificadas, dígase y tómense las medidas que el Gobierno y el fiscal general del Estado tienen en su mano, y que van desde la acción disciplinaria interna hasta la
propia querella. Si de verdad existen dilaciones injustificadas --no digo ya maliciosas--, actúese, pero no se perjudique a la institución entera. Como creemos --que no mi grupo-- que existen dilaciones injustificadas, nos llevamos por delante a
la institución: esto es lo que se está haciendo, señorías.
Bastaría con que hubiera un retraso en el envío de una documentación de un órgano de la Administración que se pudiera sentir investigado para que se produjera el problema del plazo. Esta
desconfianza, señorías, perjudica a la institución, algo que no nos extraña cuando se produce en un determinado ambiente. Este ambiente de desconfianza existe contra la discrepancia en general, y no sólo en el caso de los fiscales. Se ha producido
hace sólo unos días en relación con el fiscal jefe de Madrid simplemente porque ha dicho lo mismo que hemos dicho todos, lo mismo que han dicho las organizaciones de operadores jurídicos que intervienen en el mundo de la justicia y lo mismo que ha
dicho este senador desde esta tribuna. La senadora doña María Antonia Martínez presentó hace poco una moción en la que brillantemente expuso este problema, el de que no hay medios suficientes para los juicios rápidos. Y eso mismo es lo que ha
dicho el fiscal, motivo por el que se le coloca en una situación de rebeldía e incluso se lanza una acusación de malicia.
En definitiva, señorías, desde esta mentalidad de recelo y desconfianza se monta la reforma del Ministerio Fiscal, lo cual no
es bueno para lograr algo que es fundamental: organizar un elemento tan importante en el sistema democrático como el ministerio público, que necesariamente tiene que funcionar desde la imparcialidad, porque, de lo contrario, no podría cumplir las
funciones que la Constitución le asigna.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Marín Rite.
En turno en contra tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Bonilla.
La señora BONILLA DOMINGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo una importante reforma relativa al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, una pieza clave para el funcionamiento de nuestra justicia. Se trata de una
reforma enmarcada en el conjunto de medidas que está impulsando el pacto de Estado para la reforma de la justicia a fin de actualizar y modernizar el marco jurídico en el cual se desenvuelve al servicio de los ciudadanos.
En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, anuncio que van a ser votados en contra los vetos presentados al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, por entender que la
reforma presentada es, en primer lugar, una necesidad fruto de un largo diálogo iniciado mucho antes de que este texto fuera simplemente un borrador y porque, sobre todo, como ahora explicaré, con él se pretende contribuir, dentro del marco
constitucional, a la modernización de nuestra justicia en beneficio de nuestro ciudadanos.
Señorías, nuestra Constitución de 1978 incorporó en su artículo 124 un modelo de la institución del Ministerio Fiscal, que es el que enmarca este proyecto
que hoy estamos debatiendo. Las materias objeto de modificación legal se han determinado a partir de los contenidos del Pacto de Estado por la Justicia y desde un profundo análisis de la experiencia del funcionamiento de esta institución.
La
crítica fundamental de los grupos que han presentado veto se centra en lo que se denomina un desprecio por parte del proyecto de ley al Estado de las Autonomías, sobre todo por no aceptar la creación de la figura de los fiscales generales de las
comunidades autónomas. Este argumento debe ser rechazado por cuanto que la figura del fiscal jefe de los tribunales superiores de justicia se encuentra ya regulada en el estatuto y, además, culmina la organización del Ministerio Fiscal en el ámbito
de cada comunidad autónoma, que viene así a conformar la singularidad de esta figura.
La introducción de modificaciones en esta materia solo induciría a un error en cuanto a la propia configuración. El Ministerio Fiscal, señorías, es una
institución del Estado, por lo que solo debe responder en su actuación ante las Cortes Generales, siendo en todo caso estas las únicas que pueden requerirle para informar sobre cualquier asunto. La Constitución, señorías, no prevé la existencia de
los fiscales generales de las comunidades autónomas, y hemos afirmado --y yo insisto en ello-- que esta reforma está dentro del marco de lo previsto en nuestra Constitución, y ésta no prevé esta figura. Además, la introducción de este tipo de
modificaciones podría perturbar los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica que ordena el funcionamiento de la institución del Ministerio Fiscal.
En cuanto al sistema de nombramiento del Fiscal General del
Estado, está regulado también en la propia Constitución, correspondiendo esta competencia exclusivamente al Gobierno, sin perjuicio de que, como acto político, que lo es, esté sujeto con carácter general a las Cortes Generales. El nombramiento y el
cese del Fiscal General del Estado, como decía, corresponde constitucionalmente al Gobierno, por lo que, por vía de ley ordinaria, no podemos establecer mecanismos que modifiquen estas cuestiones. Esto supondría poner límites, que no existen, a las
potestades que ya reconoce la Constitución al Gobierno.
Señorías, nos acusan de no ajustarnos a los principios contenidos en el pacto de Estado, y como ven, esta reforma consiste en desarrollar precisamente el modelo constitucional, adoptando la
organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal a las nuevas responsabilidades, incorporando plenamente principios constitucionales y democráticos como los de la temporalidad en el desempeño de los cargos, los criterios de mérito,
especialización y formación para el ejercicio de determinadas responsabilidades, así
como el fortalecimiento del papel que le corresponde al Consejo Fiscal.
El propio Pacto para la Reforma de la Justicia ya destacó la importancia de incorporar criterios de mérito, especialización, rendimiento y calidad de trabajo, junto con
el criterio de la antigüedad, para la promoción en el seno de la carrera fiscal.
Por otro lado, se refuerza la actual capacidad legal del Fiscal General del Estado para el nombramiento de los responsables de dos de sus órganos colaboradores más
directos: la Secretaría Técnica y la Inspección Fiscal.
Efectivamente, se aborda una modernización y adaptación de la Secretaría Técnica como órgano de apoyo al Fiscal General del Estado. También se amplía el tradicional cometido de la Secretaría
Técnica, atribuyéndole el ejercicio o, en su caso, la coordinación de aquellas funciones que nuestras leyes imponen al Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial También se han establecido mecanismos temporales de expiración del término en
el que aquellas jefaturas son ejercidas por los mismos. Un ministerio fiscal que pretenda convertirse en una estructura orgánica moderna y capaz ha de saber dar respuesta a lo que la sociedad demanda de él, y esto es incompatible con el carácter
vitalicio de las jefaturas.
Otra de las cuestiones y propuestas alegadas o solicitadas por sus señorías es la relativa a la posición del fiscal como instructor en todo lo que suponen nuestros procesos jurisdiccionales. Como sus señorías saben, el
propio pacto de Estado, en su punto 9, entiende que hay que tomar una decisión al respecto. Es un asunto que está pendiente y que hoy mismo es motivo de debate en el seno del pacto de Estado, y sobre el que yo no afirmo si la opción es correcta o
incorrecta, pero sí que en todo caso hemos de ser respetuosos con el procedimiento acordado por unanimidad en el propio pacto, que dice que esta cuestión debe ser objeto de una propuesta concreta y específica de una comisión de expertos. Esto es,
por unanimidad de los grupos parlamentarios, se encomendó el estudio de esta cuestión a una sección especial de la Sección de Enjuiciamiento Criminal de la Comisión General de Codificación. Por tanto, señorías, entendemos que lo correcto es
respetar este acuerdo y no adoptar en este asunto propuestas unilaterales.
Señorías, la reforma que presenta el Gobierno, junto a la modernización que supone, respeta --insisto-- el modelo constitucional del Ministerio Fiscal, supone una concreción
y un desarrollo de ese modelo, proporcionando a los fiscales mejores instrumentos para servir a los ciudadanos. Todos compartimos la idea de que a los fiscales hay que darles más medios, hay que mejorar su remuneración, hay que estimular su
especialización, su dedicación, su mérito y su capacidad, dándoles, por supuesto, un marco que les permita desarrollar su especialidad, que es lo que pretende el Gobierno, señorías, con este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Bonilla.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hemos escuchado con atención las razones que aquí se han dado por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en contra de unos vetos, planteados por cierto con
mayor o menor fortuna de discurso, con mayor o menor acentuación en determinados aspectos, aunque en su argumentación han coincidido de forma extraordinaria todos los portavoces: el del Grupo Parlamentario Socialista, el de la Entesa Catalana de
Progrés y quien ahora les habla, la portavoz de Eusko Alkartasuna, coincidiendo también con las aportaciones que figuran por escrito en el veto presentado por mis compañeros de Izquierda Unida dentro del Grupo Mixto.
Esos argumentos contrarios a
los utilizados en la defensa de los vetos nos están diciendo que con esta modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal se intenta contribuir, dentro del marco constitucional y a partir del Pacto por la Justicia, a esa necesaria reforma. Lo que
aquí ha quedado patente al menos es que la interpretación de ese Pacto de Estado por la Justicia es diferente. Creemos que el compromiso de adaptación al Estado autonómico a que se hace referencia en el Pacto de Estado por la Justicia no se cumple
en esta reforma que ahora se plantea y, desde luego, creemos que ese argumento dentro del marco constitucional es cuando menos falaz, al tiempo que es el que preside determinadas defensas que en ocasiones se hacen de la Constitución desde una visión
estrictamente unilateral.
Decía la portavoz popular que con la creación de unos fiscales en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas se podrían quebrar los principios constitucionales que debe regir el Ministerio Fiscal y
que hacen referencia a la unidad de actuación y a la dependencia jerárquica. Yo creo que la Constitución en absoluto impide la existencia de un fiscal general de las comunidades autónomas siempre que se salven de alguna manera estos principios.
Desde luego, en las enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna proponemos que la figura del fiscal general de las comunidades autónomas debe estar bajo la dependencia del fiscal general del Estado. De esta forma, ni se quiebra la unidad de acción
ni tampoco esa dependencia a que se hacía referencia. Pero es que además proponemos que el nombramiento del fiscal general de la comunidad autónoma se lleve a cabo por el fiscal general del Estado a partir de una terna presentada por el Parlamento
autonómico respectivo --ésta es la propuesta de Eusko Alkartasuna, se puede hacer cualquier otra--.
Por tanto, insisto en que no es verdad que con ello se estén quebrando los principios constitucionales a que se ha hecho referencia. Lo que
nosotros proponemos es tan constitucional como los argumentos que aquí se han dado desde una visión estrictamente centralista tanto de este como de los demás aspectos de la Constitución por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por
tanto, hay que tener cuidado con esos argumentos que, además,
se reiteran, y al final, a fuerza de repetirlos incluso ustedes se los llegan a creer cuando resulta que no son verdad. Yo le he demostrado que nuestra propuesta respeta la unidad de actuación y también la dependencia jerárquica. Por otra
parte, lo que creo que ha quedado patente aquí es la coincidencia por parte de todas las administraciones competentes de las comunidades autónomas respecto del acuerdo de 18 de octubre de 2002 al que yo he hecho referencia y que también ha citado el
portavoz del Grupo de Entesa, senador Molas.
También ha quedado patente la coincidencia de los argumentos planteados desde esta tribuna por todos los portavoces de la oposición defensores de los vetos. Igualmente, ha quedado claro que, como decía
el senador Molas, los pactos se cumplen cuando se respetan, tal y como reza el adagio romano «pacta sunt servanda». Efectivamente, así es.
Nuestra interpretación es que con su planteamiento se incumple el Pacto de Estado por la Justicia, o al
menos su espíritu, no solamente en este tema, sino en la necesaria modernización del Ministerio Fiscal. Por cierto, insistimos en que el Parlamento no interviene en su nombramiento, con lo cual la imparcialidad necesaria de esa figura se quiebra
por su excesiva dependencia del Ministerio Fiscal, que viene reforzada, precisamente, por el aumento de la posibilidad de discrecionalidad de sus decisiones.
Tengo que insistir en que las comunidades autónomas que han defendido el planteamiento que
en este momento tengo el honor de defender, en nombre de Eusko Alkartasuna, pertenecen a todos los colores políticos, incluido el Partido Popular, como también decía el senador Molas. En este sentido, señorías, debo decir que no me han convencido
los argumentos en contra de los vetos. Desde mi punto de vista, la reforma conlleva una mayor discrecionalidad, una excesiva dependencia jerárquica y una falta de independencia del Ministerio Fiscal; supone, además, la frustración de las
expectativas sobre la necesaria modernización, por su no adaptación a los tiempos y a la territorialidad del Estado español.
Como ya se ha dicho desde aquí, se ha perdido una buena ocasión para, con el consenso de todos --al que apelaba la portavoz
del Partido Popular--, conseguir la modernización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Con ello no quiero decir que la Ley de 1981 sea mala, pero, transcurridos más de 22 años desde su aprobación, resulta necesaria una nueva norma.
Nada
más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta y Piedra.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Denegaciones.) No consume el turno.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra
el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos respecto a un proyecto de ley ciertamente importante. No en vano estamos
hablando de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pieza clave para un correcto funcionamiento de la administración de justicia en tanto que se trata de una institución que tiene como misión promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés general.
En consecuencia, no estamos ante
un proyecto de ley cualquiera, sino ante un proyecto que, por la materia que regula, como pocos el mayor consenso posible. Así lo entendió desde un principio la formación política a la que pertenezco y represento; precisamente por ello, pese a no
llenarnos en demasía el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes Generales, decidimos, en última instancia, no presentar una enmienda a la totalidad en la creencia de que con ese gesto podía y debía resultar más sencillo adentrarnos en
un debate más sereno de las enmiendas parciales y así alcanzar, por la vía del diálogo, el deseado acuerdo.
Cuando el señor ministro de Justicia, con motivo del debate de totalidad celebrado en el Congreso, manifestaba --y leo textualmente--:
nuestra herramienta es el diálogo, nuestro instrumento es el diálogo y nuestro objetivo es modernizar la Justicia, pensamos que este nuestro planteamiento había sido más que acertado.
Coincidiendo, como coincidimos, en ese objetivo de modernizar la
Justicia y participando, como participamos, de que la herramienta y el instrumento debe ser siempre el diálogo, parecía que la puerta estaba abierta, que la voluntad de acercar posiciones entre todos era real y que la posibilidad de llegar a
acuerdos con todos existía.
Sin embargo, este nuestro deseo y primera impresión fue poco a poco desvaneciéndose en la medida en que los sucesivos trámites parlamentarios no fueron todo lo fructíferos que cabía esperar tras escuchar al señor
ministro. Tan es así, que a la llegada del proyecto de ley a esta Cámara nos volvimos a plantear la conveniencia o no de presentar, en este caso, una propuesta de veto.
A la vista está que no lo hicimos. No lo hicimos por mantener una posición de
coherencia con la decisión adoptada al inicio, y no lo hicimos fundamentalmente porque queríamos seguir pensando que aún era posible, con voluntad, acercar posiciones y ahondar en el acuerdo por esa vía de las enmiendas al articulado.
Lo hemos
intentado, con toda honestidad, presentando 25 enmiendas. Pero de poco --de muy poco-- ha servido nuestro empeño y machaconería. La realidad a día de hoy, lamentablemente, es la que es. A punto de culminar la tramitación parlamentaria, y salvo
sorpresas que ojalá se dieran, podemos decir, coloquialmente, que todo el pescado está vendido. Como otros muchos proyectos de ley, éste por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal va a pasar por esta Cámara sin pena ni gloria y
va a aprobarse siguiendo un procedimiento que yo calificaría de cuasi urgencia, y aprobándose además prácticamente en los mismos términos en que fue remitido por el Congreso de los Diputados. Prácticamente, es verdad, en los mismos
términos, tal y como lo demuestra el hecho de que de un total de 197 enmiendas presentadas tan sólo 4 --han escuchado bien-- han merecido el honor de ser incorporadas; por cierto, dos de ella del propio grupo mayoritario. El resto de las
enmiendas, incluidas por supuesto las 25 presentadas por nuestro grupo, han sido, al menos hasta la fecha, inexorablemente rechazadas.
Decía además que, siguiendo un procedimiento de cuasi urgencia, porque pese a ser éste un proyecto de ley no
declarado urgente a efectos de tramitación, se ha puesto un indudable empeño en cerrar cuanto antes su aprobación en esta Cámara. Hemos notado, y lo decimos, una cierta prisa para acabar cuanto antes este trámite. No se entiende, si no, el porqué
de la solicitud expresa por parte del Gobierno de su inclusión en la sesión plenaria de hoy, cuando hasta al 21 de mayo todavía existía plazo para su tramitación parlamentaria. Siquiera por curiosidad, nos gustaría saber el porqué de esa urgencia
no declarada, pero sí impuesta en la práctica por el uso que el Gobierno ha hecho legítimamente, sin ninguna duda, del artículo 71 del Reglamento de la Cámara.
En todo caso, y dejando a un lado esta cuestión, debemos confesar con tristeza,
desilusión y alguna dosis de frustración, que el resultado final, el texto que parece que va a ser finalmente aprobado, no es ni con mucho el que esperábamos.
Debemos también manifestar que, dígase lo que se diga, la verdad es que no se ha hecho,
por parte del grupo mayoritario, un especial esfuerzo en la búsqueda del consenso. Podrá decir el señor ministro, como lo hizo en el Congreso de los Diputados, que el texto merece el apoyo mayoritario de la Cámara, pero lo cierto es que la Cámara
Baja vio la presentación de hasta cuatro enmiendas a la totalidad --dos de ellas con texto alternativo--, y hoy aquí también se han visto hasta cuatro propuestas de veto y, señorías...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Zubia, le ruego vaya concluyendo.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente, señalo desde ahora que sabré resarcir a la Cámara, en todo caso, en el segundo turno de defensa de las enmiendas.
Decía que cuatro propuestas de veto es realmente mucho en un proyecto de ley de
la trascendencia del que nos ocupa; por lo demás, una de ellas presentada por el grupo mayoritario de la oposición.
Podrá también decir el señor ministro --como lo hizo en el Congreso-- que esta reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal
viene enmarcada en el conjunto de medidas que está impulsando el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, pero lo cierto es que varios de los que suscribieron ese pacto de Estado rechazan ahora con su propuesta de veto este proyecto de ley y
lo hacen porque, según ellos, la reforma del Gobierno no se corresponde precisamente con lo acordado en dicho plan.
Por consiguiente, señor presidente, señorías, llegados a este momento de la tramitación parlamentaria y viendo y analizando lo que
ésta ha dado de sí, tenemos que ser forzosamente críticos con la reforma; críticos con una reforma que no aborda ni de lejos la tan necesaria modernización del Ministerio Fiscal y una reforma que se centra en lo estructural y en el régimen
estatutario de la carrera, pero no toca los aspectos funcionales.
Una reforma, por tanto, parcial de una ley con más de 20 años de vigencia --como han recordado anteriores intervinientes-- y que consagra un modelo de Ministerio Fiscal que requiere
una urgente adecuación a los tiempos actuales.
Nuestras 25 enmiendas iban --y van todavía en cuanto que están vivas-- tratando de avanzar en esa dirección de adecuar y modernizar la institución del Ministerio Fiscal. No me detendré ahora en ellas,
tan solo diré para finalizar, señor presidente, que con nuestras enmiendas coincidimos con los que han presentado vetos en que no se observa la menor voluntad de garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, sino más bien lo contrario. Coincidimos
con ellos en que se perpetúa un modelo de Ministerio Fiscal vinculado al Poder Ejecutivo y con nula participación parlamentaria. Coincidimos con ellos en que no se profundiza en los elementos de objetividad ni en los mecanismos necesarios para
garantizar la independencia e imparcialidad que deben presidir las actuaciones de una institución. Coincidimos con ellos en que sigue sin introducirse la temporalidad para el cargo de Fiscal General del Estado, así como posibles causas de su cese.
Coincidimos con ellos en que la temporalidad de los fiscales jefes y posibles sucesivos nombramientos tiene su vertiente oscura en la medida en que con ello, y siguiendo criterios de mera confianza política, se puede perpetuar a quien les interese y
a la vez eliminar a quienes pudieran resultar incómodos. Y coincidimos finalmente con ellos --y lo he dejado intencionadamente para el final, señor presidente-- en que el texto actual del proyecto pasa olímpicamente del modelo de Estado que la
propia Constitución establece.
En ese sentido, hacemos nuestro íntegramente el voto particular presentado en su día por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, don Alfons López Tena. ¿Dónde quedan, señor presidente, en este proyecto de
ley las proclamas del Pacto del Estado para la reforma de la Justicia? Son proclamas ciertamente importantes, proclamas que suscribimos, pero nosotros, como don Alfons López Tena, por mucho que hemos buscado no hemos sabido encontrar ninguna
adaptación del Ministerio Fiscal al Estado de las Autonomías. Sin duda estábamos y estamos ante una proclama del pacto de Estado demasiado bonita para ser realidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Solamente diré unas breves palabras porque no tengo motivo de rectificación de afirmaciones anteriores; es más, quizá sólo formule un interrogante.
En su intervención la senadora Bonilla ha hablado de que es una ley que está enmarcada en el pacto de Estado. Mi pregunta es --porque yo lo desconozco--: ¿se habló con alguno de los firmantes del pacto de Estado sobre esta ley? ¿Se han
cumplido las concreciones que existen en el texto escrito del pacto de Estado en esta ley? Yo creo que no, pero a lo mejor se habló con alguien.
Ha dicho que era fruto de un largo diálogo. Mi pregunta es también por desconocimiento: ¿con quién
se dialogó? A lo mejor ha sido un lapsus y quería decir que era fruto de un largo soliloquio, porque, desde luego, si hubo diálogo no sé con quién, tampoco se ha dicho.
El tercer comentario, breve también y entrando más en el fondo de la cuestión,
es la lectura del artículo 124 de la Constitución, puntos 2 y 3. Punto 2: El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo
caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Punto 3: La ley regulará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Por tanto, desde el punto de vista constitucional, manteniendo estos principios que yo defiendo, que mantengo y que no discuto, y
manteniendo el criterio de que ha de ser hecho por ley el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, es perfectamente no sólo posible, sino constitucional y además adaptado a la realidad de lo que hemos construido en España, establecer un estatuto
orgánico del Ministerio Fiscal que tenga en cuenta que en España existen comunidades autónomas, cosa simplísima. Yo no digo que si no se tiene en cuenta a las comunidades autónomas sea inconstitucional. Podría decirlo, pero no arrojo la
Constitución a la cabeza de nadie nunca.
Lo único que digo es que lo que yo he manifestado del deseo y la conveniencia de que la estructura orgánica del Ministerio Fiscal se adecue a la realidad de lo que es el Estado español hoy, no sólo es
perfectamente constitucional, sino más ajustado, en mi opinión, al espíritu y a la letra de la Constitución que no hacerlo. Simplemente es una afirmación de principios. A lo mejor usted no está de acuerdo con ella. Yo creo que siempre hay que ver
la realidad para intentar que la realidad no nos caiga encima a todos. Es bueno y es un consejo, iba a decir que de la Jefatura Superior de Tráfico, pero me limito a decir que es bueno para la prudencia de la política. La realidad es la realidad y
conviene que el Estado integre la realidad en su propio ser para que el Estado pueda ser no sólo funcional, sino integrador y, por consiguiente, adecuado a la sociedad a la cual los titulares de sus órganos estamos sirviendo.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor presidente.
Si bien es cierto que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tal como puso de relieve en la Comisión de Justicia, coincide con los más o menos aciertos que
han expuesto los diversos proponentes de los vetos que se han defendido en este acto, no es menos cierto que ya en el Congreso de los Diputados optó --como ha puesto de manifiesto el senador Zubia respecto de su grupo-- por la mejora del texto. No
es ni será la única ocasión en la que mi grupo opta por presentar enmiendas para mejorar el texto, y en más de una ocasión lo ha logrado. Algunas de las enmiendas que ha presentado mi grupo fueron aceptadas en aquella Cámara y durante el debate en
el Senado han sido aceptados. Por consiguiente, y en coherencia con nuestra posición en el Congreso de los Diputados, mi grupo no va a apoyar los vetos presentados por los diversos grupos parlamentarios en este debate.
(El señor presidente ocupa
la Presidencia.) Quisiera hacer una pequeña referencia en cuanto a la limitación de la duración de la investigación por parte de la Fiscalía. Creo que se ha vertido demasiada tinta en contra de la decisión de limitar la intervención del Ministerio
Fiscal en la práctica de estas diligencias perjudiciales. Es cierto que la Ley 7/1988 incorporó en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la facultad investigadora, facultando al Ministerio Fiscal para instar dicha investigación en
cumplimiento de sus obligaciones institucionales como signo de identidad, fijándose incluso en la circular 1/1989, de Fiscalía General del Estado, las características de esta facultad de práctica de diligencias e investigación o informativas como
una actuación preprocesal del fiscal distinta a la instrucción judicial. Su objetivo era y es localizar y asegurar las pruebas como actos preparatorios sin valor probatorio para empezar la instrucción judicial mediante la oportuna denuncia o
querella.
Ante las críticas que se han expuesto, entendemos que aunque no se trate de un proceso penal, del resultado de las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal sí se puede articular la oportuna denuncia o querella criminal,
precisamente basándose en el resultado de las pruebas practicadas en estas diligencias informativas, hasta el extremo de que quede incorporado en el artículo único, apartado tercero, párrafo tercero del texto del proyecto que hoy debatimos la
modificación del artículo 5 de la Ley 50/1981, que establece que todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique bajo su dirección gozarán de la presunción de autenticidad.
Se critica asimismo la intervención de letrado en la práctica de
dichas diligencias, tal como preceptúa el artículo único, apartado tercero, párrafo quinto del proyecto, y el hecho de que se ponga a disposición de todo lo actuado al sospechoso y a su letrado; se dice que con dicho texto se da al traste con las
diligencias de investigación o diligencias informativas de Fiscalía. Nada más lejos de la realidad, máxime en un Estado de Derecho. En primer lugar, es justo que el sospechoso sujeto a investigación declare ante el fiscal, asistido de su abogado,
y que pueda tener acceso al contenido de las diligencias practicadas. Por consiguiente, las críticas dirigidas a este extremo no tienen ninguna base jurídica y menos en un Estado de Derecho como España.
El párrafo cuarto del comentado precepto del texto que debatimos sostiene que los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa, inspirarán la práctica de esas diligencias. Sólo faltaría que el fiscal pudiera llevar a término la
investigación, obteniéndose pruebas sin las debidas garantías constitucionales, máxime cuando se les atribuye la presunción de autenticidad. Debe existir esa posibilidad de contradicción, de proporcionalidad y de defensa en la práctica de dichas
diligencias.
Se ha dicho que el límite temporal de la duración da al traste con estas diligencias. Nosotros entendemos que no, que seis meses de duración durante los cuales se puedan practicar esas diligencias y con facultad de prórroga, es decir,
un año --porque el texto dice, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado por el fiscal general del Estado--, es suficiente para poder buscar pruebas o indicios suficientes de criminalidad. No es justo que así fuera, es decir, que las
diligencias fueran ilimitadas, pero menos justo es que lo pida algún cargo de Fiscalía, algo que en un proceso, aunque no sea de instrucción penal, no debe tener aplicación. Hasta ahora las diligencias de investigación e informativas, como he dicho
antes, no tenían ningún límite de duración.
Nos preguntamos si es justo que un simple sospechoso sea sometido a los antojos de Fiscalía y que encima se vayan filtrando a los medios de comunicación las diligencias que se vayan practicando ¿Es justo
que se produzca un juicio social mediático paralelo, al son de las diligencias informativas que vaya practicando Fiscalía? Y ello, ¿hasta cuándo? No es más justo poner un límite: seis meses con posibilidad de prórroga de otros seis meses; es
decir, un año. ¿No es suficiente? Si en un año no consiguen pruebas, ¿no será que en realidad no existen tales indicios de criminalidad? Al margen de ello, creemos que a Fiscalía siempre le cabe interponer la querella criminal, como a cualquier
otro ciudadano cuando interpone querellas criminales o denuncias ante el juzgado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Marín Rite. (Pausa.) Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Bonilla.
La señora BONILLA DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero ratificar todos los argumentos expuestos con anterioridad. Agradezco su actitud a los grupos que no han presentado veto, y también agradezco, por
supuesto, el trabajo de todos, pero también de los grupos que han presentado el veto, porque no cabe la menor duda de que todos, y especialmente yo, nos hemos enriquecido con su estudio y con su profundización.
Una vez dicho esto, simplemente
quiero matizarles a todos que en democracia la discrepancia es absolutamente legítima y que no siempre discrepar es romper el pacto o salirse del marco constitucional. Yo, senador Molas, jamás he tirado ni tiraría la Constitución a la cabeza de
nadie, en ningún momento hemos dicho que sus posturas sean inconstitucionales. Tampoco le diría jamás, senadora De Boneta, que la interpretación de la Constitución que ustedes hacen es falaz. Respeto profundamente la interpretación que hacen
ustedes, tanto de la Constitución como del Pacto de Estado por la justicia, y respeto también, y estoy convencida de que es legítimo, que ustedes, si hubieran tenido que legislar este proyecto, hubieran ido probablemente más allá y lo habrían hecho
de otra forma, pero igual que respeto esto, también pido su respeto. Yo no puedo consentir que ustedes nos digan que hacemos una interpretación falaz o que hemos roto un pacto que respetamos profundamente. Repito, nosotros, dentro del marco
constitucional, dentro del pacto de Estado y dentro de un objetivo muy claro, que no es político sino de mejorar la justicia, hemos respetado, hemos trabajado y, en definitiva apoyamos un proyecto que entendemos va en beneficio de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las propuestas de veto, al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
En primer lugar, sometemos a
votación la propuesta de veto número 1, presentada por la señora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 55; en contra, 120; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 53; en contra, 121; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 53; en contra, 123; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 53; en contra, 123; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Iniciamos el debate de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas presentadas por la senadora De Boneta y Piedra que, a tenor de su intervención anterior, entiendo que las da por defendidas. (La
señora De Boneta y Piedra hace gestos afirmativos.) Quedan retiradas las enmiendas números 15 a 20, originariamente presentadas por el senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Asimismo, entiendo que han sido dadas por defendidas
las enmiendas números 79 a 112, originariamente presentadas por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 54 a 78. Para su defensa, tiene la palabra
el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado 25 enmiendas a este proyecto de ley, pero soy consciente de que en mi intervención anterior me he excedido del tiempo reglamentario y, por ello, he
prometido que ahora sería muchísimo más breve, y me gusta cumplir con mis promesas. En consecuencia, sólo me voy a referir a aquellas enmiendas que consideramos fundamentales y, en todo caso, con mucha brevedad.
En primer lugar, un número
importantísimo de estas enmiendas, concretamente las números 55, 59, 60, 61, 62, 66 y 78, precisamente tratan de corregir lo que el proyecto evita: atender a criterios de adaptación de la Justicia al Estado de las Autonomías.
La mención a las
comunidades autónomas que se contiene en el proyecto es mínima, señorías, lo que no se ajusta a un Estado de las Autonomías ni al reparto competencial que opera entre el Estado y las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de
Justicia. Con nuestras enmiendas, tratamos de garantizar una presencia, aunque sea mínima, de las comunidades autónomas en la institución del Ministerio Fiscal, atendiendo a las funciones que a la misma se atribuye y de conformidad con la cláusula
subrogatoria de los estatutos de autonomía y las competencias de tales comunidades autónomas. Una buena parte de ellas tiene que ver con los acuerdos alcanzados en la undécima reunión de la Comisión de coordinación de las comunidades autónomas con
competencias en materia de Administración de Justicia, celebrada en el mes octubre en Barcelona. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Un segundo bloque de enmiendas, concretamente las números 56 y 57, no pretenden otra cosa
que sustituir la actual redacción del proyecto por las propuestas recogidas en el propio informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial, algo tan poco sospechoso como eso. Hacemos nuestras las propuestas que hacía en su informe el
Consejo General del Poder Judicial porque entendemos que son más completas.
De igual manera, también solicitamos mediante la enmienda número 58 que se acepte la propuesta recogida en el informe de la propia Fiscalía General del Estado, por
entender, como hace esta, que la mención que hace el proyecto a las leyes, tratados y convenios internacionales debe ser mucho más amplia, por lo que debe ser sustituida por la expresión «ordenamiento jurídico» dado que no faltan casos en los que el
deber de prestar auxilio judicial internacional se deriva de instrumentos normativos del Derecho de la Unión Europea que no siempre se pueden encajar entre las categorías convencionales que enumera el precepto en su redacción actual.
Por otro lado,
presentamos también dos enmiendas que queremos resaltar, que son las números 69 y 70, con la pretensión de crear un nuevo artículo 27 bis y de modificar el actual artículo 28.
Mediante la primera --a ello se ha referido también en su intervención
el senador Marín Rite-- pretendemos evitar posibles connivencias de la Fiscalía General del Estado con el Gobierno, al que debe su nombramiento, para lo que introducimos una regulación sobre eventuales procesos penales contra miembros del Gobierno.
Mediante la segunda enmienda, la número 70, introducimos elementos de objetividad para el mejor cumplimiento de las funciones que constitucionalmente también tiene encomendado el Ministerio Público en todos los supuestos, pero singularmente en
aquellos en que sean parte miembros del Gobierno.
Dos apuntes más tan solo, señor presidente, que serán los últimos para no hacer interminable mi intervención, para señalar que a través de nuestras enmiendas números 63 y 64 pretendemos dos
modificaciones en el artículo 18 ter introducido, como sus señorías saben, por la Ley 10/1995, que modifica la Ley 50/1981 y que crea la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
La primera de las
enmiendas, la número 63, pretende normalizar la relación de esta Fiscalía especial con el fiscal general del Estado, poniendo fin a un sistema que no guarda semejanza alguna con el modo en que es concebida en el estatuto orgánico la relación del
Fiscal General del Estado con todas las fiscalías, ya especiales, ya territoriales.
Basta para ello --y así lo proponemos en nuestra enmienda-- que se modifique el párrafo primero del artículo, de manera que la Fiscalía especial intervenga
directamente en procesos penales de especial transcendencia, sin que esta especial transcendencia tenga que ser apreciada, como recoge el texto vigente, por el fiscal general del Estado. En suma, tan solo proponemos la supresión de esa referida
expresión «apreciada por el fiscal general del Estado».
Y todavía muchísimo más lógica se nos antoja nuestra enmienda número 64, que tiene tan solo una pretensión, y es adecuar las competencias de esta Fiscalía especial al tenor literal del Código
Penal vigente de 1995. Como quiera que el Código Penal de 1995 se aprobó después de la creación de esta Fiscalía especial para represión de delitos económicos, resulta que ni las denominaciones del Código Penal se compadecen ya con las referencias
que se hacen en esa Ley vigente. Nos parece lógico que se ajuste, cuando menos, a la propia terminología del Código Penal vigente.
Termino señalando que el resto de enmiendas hasta las 25 las damos por defendidas, pese a su importancia, en sus propios términos, por cuanto queremos ser responsables con lo anunciado.
En consecuencia, simplemente me resta agradecer su
atención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Zubia.
Las enmiendas números 21 a 53, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, han sido dadas por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas números 146 a 148,
150 a 186 y 188 a 195, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió comparte ampliamente la necesidad de modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, lo apoyamos en
general, aunque, como ya he dicho antes, no sea ésta la ley a que aspirábamos, pero como en otras iniciativas presentadas con las que tampoco estábamos de acuerdo, intentaremos reformar lo que podamos. Aspiramos y somos optimistas, como ha dicho el
senador Zubia, de que de aquí a la votación final nos sean aceptadas algunas enmiendas, optimismo que hasta última hora no descartamos de intentar transaccionar alguna de las enmiendas presentadas.
La posición de nuestro Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió se base en la defensa de estas 49 enmiendas. Las que he citado antes, la 149 y la 187, fueron aceptadas en la Comisión de Justicia e incorporadas al dictamen.
En definitiva, lo que se persigue es la introducción
de la figura del fiscal superior de las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario Popular parece ser que no comulga con ello, pero nosotros debemos insistir porque este es el espíritu de lo que se ha argumentado en mis anteriores intervenciones
y también en las enmiendas que presentamos en su día en el Congreso de los Diputados.
Se propugnan también modificaciones que ayudarían a la adaptación de la estructura del Ministerio Fiscal al Estado autonómico; otras van a reforzar el equilibrio
del Ministerio Fiscal y otro punto de gran importancia y objeto de varias enmiendas de nuestro grupo es la necesidad de dar más relevancia e incidencia al Consejo Fiscal. Esta es la razón de la gran cantidad de enmiendas presentadas a este
proyecto.
Podemos distribuir estas enmiendas en dos grandes bloques. El primero está formado por las enmiendas relativas a lo que hemos denominado adaptación del Ministerio Fiscal al Estado autonómico que, a su vez, podemos dividirlas en dos
secciones. La primera sección integra una serie de enmiendas que pretenden la modificación del Capítulo IV, Título Primero de la ley relativa a la relación del Ministerio Fiscal con los poderes públicos; se persigue la creación de esta figura del
fiscal superior de las comunidades autónomas, la adaptación de la estructura del Ministerio Fiscal al Estado de las Autonomías para que, en definitiva, se escuche a las comunidades autónomas con derecho propio para conocer sus necesidades y
problemas. En este sentido van dirigidas las enmiendas número 148, 150, 151, 152, 153 y 154.
La introducción de la figura del fiscal superior de las comunidades autónomas precisa reformular la relación de éste con los distintos órganos del
Ministerio Fiscal. En este sentido van dirigidas las enmiendas 150, 151, 152, 153 y 154 a los artículos 9, 10, 11, 12 del proyecto de ley, por entender que la Memoria del fiscal del tribunal superior de Justicia de las comunidades autónomas debe
trasladarse al Gobierno pero también a la Asamblea legislativa y asimismo debe haber una colaboración de los miembros del Ministerio Fiscal con las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. Este es un planteamiento
que no es rupturista, sino de sentido común, de respeto al Estado de las Autonomías, que establece el Título VIII de nuestra Constitución, que permite una mejor adaptación del Ministerio Fiscal y una mejor comunicación con el conjunto de las
comunidades autónomas que constituyen el Estado español. En este sentido va, incluso, propuesto en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal.
Otro tema son las competencias e intervención del fiscal superior de las comunidades autónomas, a las que se
presentan las enmiendas números 158, 159, 161, 163, 164, 165, 168, las 170 a 172, la 173, 176, 185 y 192.
Vamos a describir de una forma breve cada una de ellas. La 158 establece que los miembros de la Fiscalía del ámbito territorial de las
comunidades autónomas serán nombrados por el fiscal general del Estado a propuesta del fiscal superior de las comunidades autónomas.
La 159 propone que el Consejo Fiscal pueda convocar a los fiscales superiores de las comunidades autónomas que no
sean miembros electos a las reuniones del mismo con la finalidad de que puedan ser oídos y puedan tomar conocimiento directo de aquellos asuntos que afecten de una forma directa a sus competencias en su territorio; la facultad de los fiscales
superiores de las comunidades autónomas en materia de nombramientos y ascensos en su territorio y la participación, sobre todo, de tres de estos fiscales superiores en el Consejo Fiscal.
A la materia de organización, modificación y competencias van
dirigidas las enmiendas que, a continuación también vamos a describir de forma sucinta y breve. Por ejemplo, la facultad de proponer destacamentos temporales o permanentes según las necesidades del territorio que supongan un incremento de
plantilla, ya que es el fiscal superior de las comunidades autónomas quien mejor conoce el volumen, complejidad y necesidades de su territorio. A ello van dirigidas las enmiendas 163 y 164.
La 165 detalla los cargos que puede ostentar el Fiscal
Superior de las comunidades autónomas, entre otros, la Jefatura Superior de la Fiscalía de los respectivos tribunales superiores de justicia y la representación del Ministerio Fiscal en el territorio de las comunidades autónomas.
La 168 proporciona la creación de juntas autonómicas para la unificación con criterios y posiciones respetando siempre los derechos propios del derecho común.
Las números 170 a 172 pretenden que el fiscal superior de las comunidades
autónomas tenga análogas facultades que los fiscales jefes de cada órgano de su ámbito territorial.
La número 173 introduce un nuevo Capítulo I.bis en el que se justifica la creación del fiscal superior de las comunidades autónomas, su nombramiento
y cómo se integra en la estructura orgánica del Ministerio Fiscal.
La 176, de acuerdo con el principio de equiparación de las carreras judicial y fiscal, el fiscal superior de las comunidades autónomas ha de reconocérsele la categoría equiparada al
presidente del tribunal superior de Justicia.
La 185 prevé la participación del fiscal superior de las comunidades autónomas en la remoción de los fiscales jefe de los órganos de la respectivas comunidades autónomas en lógica coherencia con la
participación del fiscal superior en las propuestas de nombramientos de dichos cargos.
La 192 propugna que el Fiscal Superior de las comunidades autónomas tendrá opinión en las sanciones a fiscal jefe, ya que podrán ser, a propuesta de aquel, como
representante del Ministerio Fiscal en las respectivas comunidades autónomas.
La enmienda 182 hace referencia al reconocimiento de la lengua y derecho propio de las comunidades autónomas como mérito. Esta cuestión también la recogen otros grupos
parlamentarios que han defendido las enmiendas que han mantenido vivas en este acto.
También se hace referencia a la necesidad de territorialización de las pruebas de acceso para el ingreso en la carrera fiscal, lo que es necesario para la
adaptación del Ministerio Fiscal a la organización del Estado de las Autonomías, recogido en nuestra enmienda 186.
El segundo gran bloque de enmiendas es el que pretende dar virtualidad a los órganos colegiados del Ministerio Fiscal, Consejo Fiscal
y a la Junta de Fiscales de Sala.
La enmienda 154 detalla los órganos e introduce la figura del fiscal superior de las comunidades autónomas.
El propio Libro Blanco del Ministerio Fiscal pretende matizar la posición del fiscal general del Estado
en relación con el Consejo Fiscal diciendo que cuando el fiscal general del Estado se aparte de un criterio cuasi unánime del Consejo Fiscal por lo menos debiera motivar su propuesta.
Nuestro grupo querría que el voto del Consejo Fiscal tuviese una
incidencia superior que, al menos, haga falta un tercio de ese apoyo en materia de política de ascensos y de nombramiento y si se aparta se le exija la motivación.
Dado el alto número de nombramientos de libre designación que se introducen en el
proyecto de reforma se hace necesario limitar el arbitrio del fiscal general del Estado que podría llegar a convertirse en arbitrariedad, que es lo que propugna la enmienda número 155.
Para ello, se proponen dos medidas: una, que cuente al menos
con cuatro de los doce votos del Consejo Fiscal para los nombramientos discrecionales y, dos, que el ascenso a la primera categoría sea conforme a los informes favorables del propio Consejo Fiscal. Se desarrollan distintas enmiendas en busca de
este equilibrio, que son las que van de la número 156 a la 161.
Otras enmiendas que estructuran el Ministerio Fiscal para que sea acorde y permita el desarrollo de las competencias del fiscal superior de las comunidades autónomas y, a su vez, la
adecuada evolución del Estado de las Autonomías, son las números 165 a 168 y la 170.
La enmienda número 169 plantea la convocatoria de juntas extraordinarias para casos urgentes y que no se dependa de las juntas ordinarias. Lo importante en este
punto es agilizar el proceso.
Las enmiendas números 174 a 185 describen las categorías, destinos, nombramientos y el cubrimiento de vacantes.
Para terminar, voy a hacer referencia a alguna enmienda genérica que consideramos importante para la
mejor redacción del proyecto de reforma, como la número 162, que introduce una mejor adecuación de las competencias de la Fiscalía especial de represión de los delitos económicos al vigente Código Penal; la número 193, que busca la inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado de una partida específica de presupuestos del Ministerio Fiscal; la enmienda número 194, que introduce una nueva disposición adicional, que incluye el acceso de las personas discapacitadas con objeto de lograr una
mejor integración de las personas con dicha discapacidad en el empleo público, enmienda que también es defendida por otros grupos parlamentarios de esta Cámara.
Para terminar, quiero agradecer, como he dicho anteriormente, la inclusión en el texto
de nuestras enmiendas números 149 y 187.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Capdevila.
A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas números 113 a 145, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra el
senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, el hecho de que en el Senado se discutan los vetos en la misma sesión en la que se debaten las enmiendas tiene la ventaja de no tener que repetir los argumentos generales, cosa que
no ocurre en el Congreso de los Diputados, donde la enmienda de totalidad se presenta con anterioridad y en ocasiones se repiten las argumentaciones.
Por tanto, sin más, voy a pasar a la defensa de las 32 enmiendas que presenta mi grupo
parlamentario, dándolas todas ellas por defendidas aunque no las mencione, porque haré referencia solamente a algunas.
En primer lugar, la enmienda número 113 es fundamental para nosotros porque supone un cambio importante en el texto alternativo
que presentamos, en el modelo de Ministerio público que nosotros defendemos.
Señorías, se postula al fiscal como director de la investigación penal y efectivamente es un cambio importante. Sin duda, se trata de un avance.
Este modelo es más
acorde
con lo prescrito por nuestra Constitución, que consagra el principio acusatorio; está en la línea de evitar una judicialización de la vida social; supone mejorar el control de los mecanismos de resolución extrajudicial y, además, tiene la
ventaja de ejercerse por un órgano que de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución es una pieza fundamental en la arquitectura del Estado de Derecho. En esta enmienda se insiste igualmente en la defensa de los intereses colectivos y difusos
del Ministerio Fiscal en la línea de la más moderna legislación española y europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
La enmienda número 115 pretende evitar lo que a nuestro juicio constituye el elemento más negativo de este
dictamen, cual es la sujeción a plazo de la iniciativa investigadora del Ministerio Fiscal.
Nuestro amigo el senador Capdevila ha hecho en su intervención una crítica a determinadas declaraciones formuladas en algún caso fuera de esta Cámara. Pues
bien, quisiera decirle que no estamos de acuerdo con la excepción de la defensa letrada, por ejemplo, en las diligencias preprocesales. Señoría, consideramos que cuando se llama a una persona al despacho del fiscal para pedirle declaración debe
estar asistida de letrado. Por tanto, no participamos de su posición.
Y tampoco estamos de acuerdo, señor Capdevila, con la limitación de la investigación penal por un plazo determinado. Esa es una decisión incomprensible desde las propias
posiciones programáticas anunciadas por el Partido Popular. Además, creemos que esa decisión tiene nombre y apellidos; como decíamos antes, se trata de debilitar las fiscalías especiales. Sin embargo, si realmente se tiene la sospecha de que se
producen las dilaciones a las que usted ha hecho referencia --no digo que existan, pero así lo ha afirmado, en uso de su legítimo derecho--, consideramos que hay medios más que suficientes para evitarlas sin necesidad del constreñimiento de la
actividad investigadora del Ministerio Fiscal. Pero lo más grave no es que se pongan nombre y apellidos a esa decisión, sino que ésta se lleva por delante ni más ni menos que la facultad investigadora del Ministerio Fiscal. Y eso sí que es
realmente grave. No quiero insistir en ello, porque ya lo hemos hecho durante nuestra intervención en defensa del veto.
En cuanto a las enmiendas números 116 y 117, tratan de resolver lo que en nuestra opinión es una asignatura pendiente. Por un
lado, está la relación del Ministerio Fiscal, y fundamentalmente del fiscal general del Estado, con las Cortes Generales. Es verdad que existe una cierta regulación en esa materia, pero también lo es que se han producido discrepancias a ese
respecto. Por ello, a través de nuestra enmienda, y aprovechando que estamos reformando el estatuto del Ministerio Fiscal, pretendemos articular un sistema de relación con el fin de evitar esas discrepancias. Y no otra cosa propone nuestra
enmienda, porque en algunos casos ha habido incluso importantes discusiones sobre la forma y el modo de comparecer del Ministerio Fiscal en las Cortes. Y eso no es bueno en absoluto. Repito, pues, que con nuestra enmienda tratamos de resolver ese
problema.
Por otro lado, se trata de articular la relación del Ministerio Fiscal con las comunidades autónomas, cuestión a la que se han referido prácticamente todos los portavoces. Nuestro grupo ha intentando hacer un esfuerzo de mediación, ya
que sobre este punto hay tres posiciones. Por un lado, se defiende la exclusiva relación del fiscal general del Estado con las Cortes Generales. Por otro, se mantiene que las comunidades autónomas son Estado y que el Estado se ha articulado, como
decía el senador Molas --no hay nada que lo impida en la Constitución--; de ahí que algunos grupos parlamentarios hayan planteado la necesidad de crear una especie de fiscal general de las comunidades autónomas. Y la posición del Grupo
Parlamentario Socialista ofrece una vía intermedia, consistente en que exista una cierta relación que venga establecida por la comparecencia del fiscal jefe de los tribunales superiores de Justicia ante las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas para explicar y debatir, en su caso, la correspondiente Memoria.
Pues bien, tampoco se admite esta posición. Como he dicho, hemos intentado adoptar en esta materia una posición de mediación, una posición constructiva, al parecer sin
éxito.
A través de la enmienda número 119 se pretende la introducción de una serie de modificaciones en la composición del Consejo Fiscal. Por un lado se introducen criterios de proporcionalidad en la elección de sus miembros y se incrementan sus
competencias en el informe de los ceses.
También se establece que cuando la propuesta de que se trate sea informada negativamente por dos tercios del Consejo Fiscal, el fiscal general del Estado, para poder proponer el nombramiento, deberá
solicitar nuevo informe al Consejo Fiscal.
En relación con los delegados de jefatura, nos parece que esta figura es muy interesante. Estamos a favor de los delegados de jefatura, pero entendemos que no deben configurarse, como se hace en el
proyecto, como una especie de cargos de confianza del fiscal jefe. Creemos que deben dotarse de una cierta autonomía de manera que no dependan en cuanto a la duración de su mandato del mandato del fiscal jefe porque nos parece que eso les dotaría
de una mayor autoridad. Esta autoridad vendría de una cierta autonomía que nosotros pretendemos darles.
Hemos sido siempre cautelosos con los nombramientos de los fiscales especiales, y antes de apoyar la creación de una fiscalía especial lo hemos
pensado detenidamente. Esta figura de los delegados de jefatura puede servir para evitar en muchos casos la creación de esos fiscales especiales. Nosotros proponemos delegados en todas las jefaturas que coordinen, por ejemplo, la violencia de
género y el medio ambiente. De esta manera los delegados de jefatura están, en cierta forma, impidiendo la necesidad de la creación de esas fiscalías especiales.
A continuación, nuestro grupo mantiene un grupo de enmiendas destinadas a mejorar la
garantía de imparcialidad del Ministerio Fiscal, pilar fundamental de la institución, como decía antes, sin la cual no puede cumplir sus fines constitucionales.
Estas garantías son especialmente necesarias cuando se trata de procesos en los que
pueden verse implicados
miembros del Gobierno, y es razonable, sea cual sea el Gobierno que esté en el poder, que surjan dudas, que los ciudadanos se pregunten cómo es posible que no se establezcan este tipo de garantías, por ejemplo en el caso de la sustitución de
los fiscales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Cuando estamos en un proceso en el que puede resultar implicado un miembro del Gobierno y se sustituye al fiscal, es razonable que los ciudadanos se hagan preguntas y surjan dudas, y
nosotros no decimos que no se puede hacer esa sustitución. Nosotros lo que decimos es que esa sustitución hay que hacerla por escrito, hay que motivarla cuidadosamente y, además, hay que oír al interesado. Ese es, en definitiva, el contenido de la
enmienda.
Asimismo, mantenemos que cuando el que inicia las diligencias es el fiscal general del Estado, tratándose de un nombramiento plenamente gubernamental, dicho fiscal general del Estado debe abstenerse, de la misma manera que cuando se trata
de la denegación del permiso para proceder contra un miembro del Gobierno. Esa decisión no puede ser absolutamente discrecional porque se le está denegando el permiso de proceder contra un miembro del Gobierno, y en ese caso nosotros decimos que
puede hacerse, que está en la línea del principio de jerarquía, pero se toman unas cautelas, se establecen unas garantías de imparcialidad y se establece que esa decisión de denegación del permiso para proceder debe motivarse, debe oírse a la Junta
de fiscales de sala y debe remitirse inmediatamente al Gobierno y a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se provocaría una comparecencia, porque es muy grave denegar el permiso para proceder, y esa denegación no puede hacerse
discrecionalmente y sin motivación alguna como hasta ahora ocurría. Por eso, señorías, se trata de una serie de enmiendas que, en definitiva, tratan de garantizar la imparcialidad.
Por otra parte, mantenemos que el nombramiento del fiscal general
del Estado debe someterse a plazo igual que los demás; que debe hacerse tras una comparecencia previa en la Comisión de Justicia del Congreso, y que el fiscal general del Estado no podrá pertenecer a partidos políticos ni a organizaciones en las
que existan vínculos de obediencia, sencillamente porque ello también iría en contra del principio de imparcialidad. Se reducen los nombramientos discrecionales, se aumenta la incidencia de las pruebas selectivas y se elimina la remoción sin causa
de los fiscales.
En la enmienda número 139 tratamos de trasladar al proyecto las normas que para plazas de discapacitados se mantienen en la Función Pública.
Sabemos que ésta es una aspiración largamente sentida y defendida por las organizaciones
dedicadas a la representación y defensa de las personas con discapacidades. Por otra parte, y dado que ello existe en el resto de la Función Pública, es razonable y lógico que se mantenga también en el Ministerio Fiscal.
La enmienda número 142,
señorías, propone introducir una disposición transitoria nueva consecuencia de nuestra posición en relación con el fiscal como director de la investigación. Naturalmente ésta es una cuestión que no puede resolverse sólo en el estatuto del
Ministerio Fiscal, sino que requiere la modificación de otras leyes, y fundamentalmente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, motivo por el que lo introducimos en una disposición transitoria en el sentido de que, hasta que no se produzcan esas
modificaciones legales, evidentemente no puede llevarse a la práctica la figura del fiscal como director de la investigación penal.
En definitiva, señorías, este conjunto de enmiendas trata de garantizar esa imparcialidad y de enviar a los
ciudadanos el mensaje de que, por encima de la circunstancia concreta de cada gobierno, la Cámara está preocupada por crear un Ministerio Fiscal cuya imparcialidad esté garantizada por las leyes, pues, de lo contrario, nunca tendremos un Ministerio
Fiscal que tenga credibilidad y que, en definitiva, sea en todo momento lo que la Constitución pretende.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Bonilla.
La señora BONILLA DOMINGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto de las enmiendas presentadas y anunciar que van a ser rechazadas todas aquellas que
se mantienen vivas. Debido a que algunos de los portavoces de distintos grupos parlamentarios han dado por defendidas sus enmiendas y al extenso número de ellas me he permitido agruparlas y contestar y fundamentar nuestro rechazo según los grandes
temas que entendemos son los más relevantes, sin que, por supuesto, desmerezcamos con ello ninguna de las que probablemente no mencionemos.
Respecto de las enmiendas relativas a la modificación del sistema de nombramiento y limitación del mandato
del fiscal general del Estado, debo decir que rechazamos todas dado que esta posibilidad no está prevista en la Constitución de 1978 y supone, tal y como decía anteriormente, establecer límites a las potestades reconocidas por la Constitución al
gobierno. El sistema de nombramiento del fiscal general del Estado está regulado en la Constitución, correspondiendo la competencia en esta materia al gobierno, sin perjuicio de que dicho nombramiento, como acto político que es, esté sujeto, por
supuesto, al control de las Cortes Generales.
Una vez nombrado el fiscal general del Estado puede ser llamado a comparecer ante las Cortes, que son las únicas que pueden requerir su presencia y que pueden solicitar explicaciones sobre sus
actuaciones. El nombramiento y cese del fiscal general del Estado corresponde constitucionalmente también al gobierno, y por vía de ley ordinaria no podemos establecer mecanismo alguno que restrinja esta competencia.
Asimismo, hemos de rechazar
todas las enmiendas presentadas respecto de la creación de la figura del fiscal general de la comunidad autónoma, pues la Constitución no
contempla la existencia de esta figura. La figura del fiscal jefe de los tribunales superiores de justicia ya se encuentra regulada en los preceptos del estatuto y culmina la organización del Ministerio Fiscal en el ámbito de cada comunidad
autónoma, lo que viene a conformar la singularidad de esta figura.
La introducción, como también decía antes, de modificaciones en este precepto sólo puede inducir a error en cuanto a la propia configuración de la figura. El Ministerio Fiscal es
una institución del Estado, por lo que su deber es el de responder exclusivamente ante las Cortes Generales.
Además, la aceptación de estas enmiendas podría resultar muy peligroso porque podría perturbar los principios constitucionales de unidad de
actuación y de dependencia jerárquica que ordenan el funcionamiento del Ministerio Fiscal.
Respecto a las enmiendas que solicitan la atribución de instrucción al Ministerio Fiscal, la existencia, como también decía antes, por acuerdo unánime de
todos los grupos, de una comisión para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está estudiando este tema, requiere, por prudencia y por respeto al propio acuerdo, que no nos pronunciemos en este proyecto sobre este asunto.
Respecto a la
intervención sobre la Fiscalía especial para la prevención y represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, las enmiendas también deben ser rechazadas por cuanto debe ser apreciado que, en todo caso, es el fiscal general del
Estado, el fiscal jefe, el que debe pronunciarse sobre qué cuestiones y en qué asuntos deben intervenir las fiscalías especiales. La Fiscalía Anticorrupción, a diferencia de otras, no está vinculada a órgano judicial alguno, por lo que si el fiscal
general del Estado no tuviera intervención en la decisión podría producirse una colisión de criterios, por ejemplo, entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ya que ambos podrían considerar que un
determinado asunto es de su competencia. Teniendo en cuenta el principio de jerarquía que rige en la institución, la decisión sólo puede recaer en el fiscal general del Estado. Esa Fiscalía especial debe responder al mismo principio de actuación
que el resto de las fiscalías como garantía, además, para todos los ciudadanos. Por otra parte, no es objeto de esta reforma ampliar las competencias de la Fiscalía especial para la prevención y represión de los delitos económicos relacionados con
la corrupción.
Respecto a los fiscales del Tribunal Supremo, también todas las enmiendas deben ser rechazadas. Aceptar lo que se propone supondría la promoción a la categoría de fiscal de sala por mandato de ley para todos los fiscales del
Tribunal Supremo. La promoción a la primera categoría debe hacerse conforme a los principios de mérito y orden, y, además, deben concurrir a esta posibilidad todos los de la categoría segunda y no sólo los fiscales de segunda destinados en el
Tribunal Supremo. Aceptar esta posibilidad iría en detrimento de los fiscales de segunda categoría destinados en otros lugares.
Respecto a las enmiendas presentadas sobre el Consejo Fiscal, también han de ser rechazadas todas aquéllas relativas a
la exigencia de un mayor número de votos del Consejo Fiscal para determinados nombramientos, así como las relativas a que los ascensos de categoría en la carrera fiscal deban producirse con el informe favorable del Consejo Fiscal. El Consejo
Fiscal, como sus señorías saben, es un órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado, muy especialmente en cuanto a la valoración de méritos de los candidatos. La exigencia de un número determinado de avales desnaturalizaría esta función,
puesto que podría darse el caso absurdo de considerar avalado a un candidato a cuyo nombramiento se oponga un mayor número de miembros del Consejo Fiscal. Un candidato no tiene la idoneidad por el hecho de que sea apoyado por una minoría del
Consejo Fiscal frente a la mayoría. La función del Consejo Fiscal debe limitarse a valorar los méritos de los candidatos y a formular propuestas motivadas sobre su idoneidad o no para acceder al puesto. El control de la discrecionalidad de la
decisión del fiscal general del Estado vendrá determinado no tanto por el número de avales que obtengan, sino precisamente por la motivación de la decisión, debiendo centrarse la intervención del Consejo Fiscal en este punto. Por otra parte, si
para que se proponga el ascenso es preceptivo el informe favorable del Consejo Fiscal, será este órgano el que tenga la capacidad para promover los cargos, desapoderando así de una competencia que corresponde al fiscal general del Estado.
Finalmente, respecto a la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, todas las enmiendas que la reivindican también son rechazadas por cuanto la singularización presupuestaria del Ministerio Fiscal sería de gran complejidad, porque muchos de
los gastos que genera el mantenimiento de edificios, funcionamiento de infraestructuras, fiscalías, etcétera, es común a la de los juzgados y tribunales. Por otra parte, los gastos son compartidos en muchos casos entre el Estado y las comunidades
autónomas, y técnicamente resultaría de extraordinaria complejidad su individualización sin que, por otra parte, se aprecie la bondad de la medida.
En líneas generales, señorías, ésta es la motivación del rechazo de las enmiendas que --repito-- se
rechazan, agradeciendo no obstante su presentación porque nos han enriquecido a todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entramos en turno de portavoces.
¿Desea
hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Bonilla.
La señora BONILLA DOMINGUEZ: Señor presidente, simplemente quiero agradecer el tono empleado por todos los grupos parlamentarios, así como el esfuerzo que han realizado sus señorías en el estudio y elaboración de este proyecto de ley. En
definitiva, creo que todos debemos felicitarnos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En
primer lugar, sometemos a votación las enmiendas números 1, 7 y 9, de la senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 63; en contra, 109; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 4, 5, 6, 8, 12 y 14, de la senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 14; en contra, 109; abstenciones, 50.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 2, 3, 10, 11 y 13, de la señora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, ocho; en contra, 111; abstenciones, 54.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el senador Cámara. En primer lugar, las números 81, 88, 89, 91, 93, 97, 101 y 110.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 56; en contra, 110; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del mismo senador números 82, 84, 87, 92, 98, 100, 102, 108 y 109.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, nueve; en contra, 156; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el senador Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, siete; en contra, 110; abstenciones, 56.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos la número 58.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, 62; en contra, 110; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 63, 65 y 67 a 77.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, 57; en contra, 110; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 78, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 62; en contra, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 62, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 14; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 66, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, ocho; en contra, 160; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 54, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, siete; en contra, 110; abstenciones, 57.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 64, del mismo Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, siete; en contra, 110; abstenciones, 56.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 55, 56, 57 y 59 a 61, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 15; en contra, 109; abstenciones, 49.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. Votamos las enmiendas números 35 y 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 171; a favor, 61; en contra, 108; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 57; en contra, 108; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 146, 147, 153, 159, 166, 167, 174, 179, 181, 182, 186 a 189, 191, 193, 194 y 195.
Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 64; en contra, 107; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del mismo grupo parlamentario números 154 a 158, 160 a 165, 168 a 172; 176, 178, 180, 185, 192 y 196.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 13; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 171; a favor, 13; en contra, 109; abstenciones, 49.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Socialista, números 127 y 139.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 63; en contra, 108; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 57; en contra, 107; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, sometemos a votación el dictamen en un solo bloque.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 115; en contra, 51; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.