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DS. Senado, Pleno, núm. 96, de 19/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2002 VII Legislatura
Núm. 96
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 19 de junio de 2002
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para subsanar la situación de abandono y degradación en que se encuentran las instalaciones en
desuso de los puntos fronterizos de España, desde la entrada en vigor en 1998 del Acuerdo de Schengen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente
680/000796).
--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las explicaciones que ofrece el Gobierno acerca del contenido de la carta remitida por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid a las empresas en relación
con diversos extremos sobre la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000821).
--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno suficiente la dotación policial existente en la ciudad de Burgos, para hacer frente a fenómenos delictivos como los que se han manifestado
recientemente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000831).
--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Policía 2000. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17
de junio de 2002). (Número de expediente 680/000832).
--De Dña. MARTA CID PAÑELLA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las actuaciones que actualmente lleva a cabo el Gobierno con relación a adoptar reformas legales destinadas a garantizar la represión efectiva en España
de la mutilación genital femenina en todas sus manifestaciones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002).
(Número de expediente 680/000829).
--De D. RAMON ALEU I JORNET Y D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Gobierno para regular la obligación de las empresas de reflejar en las pantallas de los cajeros
automáticos las comisiones de las operaciones realizadas en los mismos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002).
(Número de expediente 680/000830).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los aspectos económicos y sociales más importantes del compromiso que tiene previsto obtener la Presidencia española de la Unión Europea en el
próximo Consejo Europeo de Sevilla, a favor de las regiones ultraperiféricas (RUP). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000798).
--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de dar un nuevo enfoque a la política hacia Guinea Ecuatorial, tras el juicio celebrado en Malabo contra miembros de la oposición al
régimen de Teodoro Obiang Nguema. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000805).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha en la que el Gobierno pretende formular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar su declaración de no aceptación
de los procedimientos previstos en la Sección 2 de la Parte XV, en relación con la resolución de las controversias relativas a la delimitación de las zonas marítimas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000826).
--De D. FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el estado actual de las obras de construcción de tres enlaces y ramales de conexión en la carretera nacional N-145, entre La
Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000820).
--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los motivos por los que el Gobierno autorizó unilateralmente la revisión de las tarifas aéreas en los vuelos interinsulares de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000827).
--De D. GABRIEL RODADO FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación administrativa o técnica en que se encuentra la futura autovía que unirá la ciudad de Ciudad Real y Puertollano (Ciudad Real). (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002).
(Número de expediente 680/000843).
--De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno de los trabajos de regeneración de diversas playas de la provincia de Granada, ante el impacto y consecuencias para la flora y fauna de las
mismas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000835).
--De D. JOSE MIGUEL CAMACHO SANCHEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para la regulación del río Alberche, en el tramo correspondiente a la provincia de Toledo, dentro del marco del Plan Hidrológico
Nacional (PHN). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000836).
--De D. ANTONIO CALLADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en que se encuentra el proyecto de dragado y limpieza del embalse de Almansa (Albacete), contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002).
(Número de expediente 680/000837).
--De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea celebrada en Palma de Mallorca (Illes Balears) los días 25
y 26 de mayo de 2002. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000841).
--De D. ALBERTO FERNANDEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que, en el cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional (PHN), tienen las obras del canal que discurre por las comarcas de La Segarra y Les
Garrigues, en la provincia de Lleida. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000844).
--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, Del Grupo Parlamentario de Senadores de Nacionalistas Vascos, sobre las medidas económicas adoptadas por el Consejo de Ministros del día 14 de junio de 2002 en relación con la Cumbre Mundial de
Medio Ambiente sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo (Sudáfrica). (Número de expediente 680/000847).
--De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de las repercusiones que el recorte de las prestaciones por desempleo va a tener sobre las mujeres de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000833).
--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que el Gobierno ha recortado los derechos laborales de los trabajadores dedicados a la hostelería y al sector turístico de la Comunidad
Valenciana. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000834).
--De D. MIGUEL RAMON PAMPIN RUA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000838).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la intención del Gobierno de resolver la situación relativa a la integración en el grupo A del colectivo de maestros que habían obtenido
plazas en los equipos de asesoramiento psicopedagógicos (EAPS). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000823).
--De Dña. INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno de establecer convalidaciones a los alumnos de formación profesional superior para su acceso a los distintos ciclos universitarios.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002).
(Número de expediente 680/000828).
--De D. ALBERTO TERAN MOLLEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance que hace el Gobierno después de un año de funcionamiento del nuevo Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar
(Cantabria). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000839).
--De Dña. ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del estudio estadístico «Las cifras de la Cultura en España», en el período 1990-2000. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000840).
--De D. JOKIN BILDARRATZ SORRON, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la opinión del Gobierno acerca de la constitución en el Senado de una ponencia que estudie la aplicación de la futura Ley de Calidad de la
Educación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000845).
--De D. MIGUEL BARCELO PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que tiene la «Cuenta satélite del turismo en España» para profundizar en el conocimiento del sector. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 680/000842).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en la protección de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Histórico y la ausencia de respuesta ante los casos de posible
expoliación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente 670/000141).
--De Dña. MONTSERRAT DUCH PLANA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa desarrollar el Gobierno para el reconocimiento del carácter pluricultural de España, especialmente en el desarrollo de las
diversas culturas, la promoción y uso de sus lenguas y el fomento y valoración de la diversidad cultural. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente
670/000142).
Tercero
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 160, de fecha 31 de mayo de 2002). (Número de expediente S. 610/000160) (Número de expediente C. D. 110/000167).
Cuarto
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se convoque la Comisión Mixta para la aplicación del artículo 32 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen
especial de las Illes Balears, y a la regulación de la figura del trabajador fijo discontinuo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente
662/000221).
Quinto
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 69, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000069) (Número de expediente C. D. 121/000076).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 70, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000070) (Número de expediente C. D. 121/000077).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 71, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000071) (Número de expediente C. D. 121/000078).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 72, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S.
621/000072). (Número de expediente C. D. 121/000079).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 73, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/00073) (Número de expediente C. D. 121/000080).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 74, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000074) (Número de expediente C. D. 121/000081).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 75, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S.
621/000075) (Número de expediente C. D. 121/000082).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 76, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000076) (Número de expediente C. D. 121/000083).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 77, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000077) (Número de expediente C. D. 121/00084).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 78, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S.
621/000078) (Número de expediente C. D. 121/000085).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 79, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000079) (Número de expediente C. D. 121/000086).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 80, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000080) (Número de expediente C. D. 121/000087).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 81, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S.
621/000081) (Número de expediente C. D. 121/000088).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 82, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000082) (Número de expediente C. D. 121/000089).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 83, de fecha 14 de junio de 2002). (Número de expediente S.
621/000083) (Número de expediente C. D. 121/000090).
Sexto
Votación de las siguientes mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, adopte las medidas necesarias para fomentar y aumentar el número de donaciones de órganos en España a través
de campañas de información. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Debatida en la sesión plenaria del martes, 18 de junio de 2002) (Número de expediente 662/000223).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para que remita al Senado, con carácter previo a su aprobación, el borrador del proyecto de ley de coordinación sanitaria para su estudio y debate en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 453, de fecha 17 de junio de 2002). (Debatida en la sesión plenaria del martes, 18 de junio de 2002). (Número de expediente
662/000222).
Quinto (bis)
Dictámes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso a extranjeros a la condición de militar
profesional de tropa y marinería. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 67, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000067) (Número de expediente C. D. 121/000066).
--De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 68, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente S. 621/000068) (Número de expediente C. D. 121/000067).
--De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la Proposición de Ley de modificación del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 4, de fecha 17 de junio de 2002). (Número de expediente S. 624/000003). (Número de expediente C. D. 122/000098).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
PREGUNTAS (Página 5701)
De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para subsanar la situación de abandono y degradación en que se encuentran las instalaciones en desuso
de los puntos fronterizos de España, desde la entrada en vigor en 1998 del Acuerdo de Schengen (Página 5701)
El señor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Xuclà i Costa. En turno
de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).
De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las explicaciones que ofrece el Gobierno acerca del contenido de la carta remitida por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid a las empresas en relación con
diversos extremos sobre la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002 (Página 5702)
El señor Cámara Fernández formula su pregunta.
En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En
turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).
De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno suficiente la dotación policial existente en la ciudad de Burgos, para hacer frente a fenómenos delictivos como los que se han manifestado
recientemente (Página 5703)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno
de dúplica, lo hace el señor
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).
De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Policía 2000 (Página 5705)
El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En
turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).
De Dña. MARTA CID PAÑELLA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las actuaciones que actualmente lleva a cabo el Gobierno con relación a adoptar reformas legales destinadas a garantizar la represión efectiva en España de
la mutilación genital femenina en todas sus manifestaciones (Página 5706)
La señora Cid Pañella formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Cid Pañella. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro
de Justicia (Acebes Paniagua).
De D. RAMON ALEU I JORNET Y D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Gobierno para regular la obligación de las empresas de reflejar en las pantallas de los cajeros
automáticos las comisiones de las operaciones realizadas en los mismos (Página 5708)
El señor Espasa i Oliver formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor España i Oliver. En turno de dúplica, lo hace
la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los aspectos económicos y sociales más importantes del compromiso que tiene previsto obtener la Presidencia española de la Unión Europea en el
próximo Consejo Europeo de Sevilla, a favor de las regiones ultraperiféricas (RUP (Página 5709)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).
De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de dar un nuevo enfoque a la política hacia Guinea Ecuatorial, tras el juicio celebrado en Malabo contra miembros de la oposición al
régimen de Teodoro Obiang Nguema (Página 5710)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha en la que el Gobierno pretende formular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar su declaración de no aceptación de
los procedimientos previstos en la Sección 2 de la Parte XV, en relación con la resolución de las controversias relativas a la delimitación de las zonas marítimas (Página 5712)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).
De D. FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el estado actual de las obras de construcción de tres enlaces y ramales de conexión en la carretera nacional N-145, entre La
Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra (Página 5713)
El señor Marimon i Sabaté formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro
de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marimon i Sabaté. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los motivos por los que el Gobierno autorizó unilateralmente la revisión de las tarifas aéreas en los vuelos interinsulares de la Comunidad
Autónoma de Canarias (Página 5714)
El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. GABRIEL RODADO FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación administrativa o técnica en que se encuentra la futura autovía que unirá la ciudad de Ciudad Real y Puertollano (Ciudad Real)
El señor Rodado Fernández formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno de los trabajos de regeneración de diversas playas de la provincia de Granada, ante el impacto y consecuencias para la flora y fauna de las
mismas (Página 5716)
El señor Díaz Sol formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díaz Sol. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. JOSE MIGUEL CAMACHO SANCHEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para la regulación del río Alberche, en el tramo correspondiente a la provincia de Toledo, dentro del marco del Plan Hidrológico
Nacional (PHN) (Página 5718)
El señor Camacho Sánchez formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Camacho Sánchez. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. ANTONIO CALLADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en que se encuentra el proyecto de dragado y limpieza del embalse de Almansa (Albacete), contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN)
El señor Callado García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Callado García. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea celebrada en Palma de Mallorca (Illes Balears) los días 25 y
26 de mayo de 2002 (Página 5729)
El señor Sopeña Velasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. ALBERTO FERNANDEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que, en el cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional (PHN), tienen las obras del canal que discurre por las comarcas de La Segarra y Les
Garrigues, en la provincia de Lleida (Página 5721)
El señor Fernández Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández Díaz.
De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, Del Grupo Parlamentario de Senadores de Nacionalistas Vascos, sobre las medidas económicas adoptadas por el Consejo de Ministros del día 14 de junio de 2002 en relación con la Cumbre Mundial de Medio
Ambiente sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo (Sudáfrica) (Página 5722)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gatzagaetxebarría Bastida.
De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de las repercusiones que el recorte de las prestaciones por desempleo va a tener sobre las mujeres de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Página 5723)
La señora Aburto Baselga formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).
De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que el Gobierno ha recortado los derechos laborales de los trabajadores dedicados a la hostelería y al sector turístico de la Comunidad Valenciana
(Página 5723)
El señor Arnau Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arnau Navarro.
En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez)
De D. MIGUEL RAMON PAMPIN RUA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social (Página 5726)
El señor Pampín Rúa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la intención del Gobierno de resolver la situación relativa a la integración en el grupo A del colectivo de maestros que habían obtenido
plazas en los equipos de asesoramiento psicopedagógicos (EAPS) (Página 5727)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.
En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De Dña. INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno de establecer convalidaciones a los alumnos de formación profesional superior para su acceso a los distintos ciclos universitarios
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. ALBERTO TERAN MOLLEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance que hace el Gobierno después de un año de funcionamiento del nuevo Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar
(Cantabria) (Página 5729)
El señor Terán Molleda formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De Dña. ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del estudio estadístico «Las cifras de la Cultura en España», en el período 1990-2000 (Página
5730)
La señora Vallejo de Miguel formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. JOKIN BILDARRATZ SORRON, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la opinión del Gobierno acerca de la constitución en el Senado de una ponencia que estudie la aplicación de la futura Ley de Calidad de la
Educación (Página 5730)
El señor Bildarratz Sorron formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bildarratz Sorron. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. MIGUEL BARCELO PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que tiene la «Cuenta satélite del turismo en España» para profundizar en el conocimiento del sector (Página 5732)
El señor Barceló Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
INTERPELACIONES (Página 5733)
De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en la protección de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Histórico y la ausencia de respuesta ante los casos de posible
expoliación (Página 5733)
El señor Lago Lage realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
Vuelve a intervenir el señor
interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
De Dña. MONTSERRAT DUCH PLANA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa desarrollar el Gobierno para el reconocimiento del carácter pluricultural de España, especialmente en el desarrollo de las
diversas culturas, la promoción y uso de sus lenguas y el fomento y valoración de la diversidad cultural (Página 5740)
La señora Duch Plana realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Vuelve a intervenir la señora interpelante. Cierra el debate la señora
Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5746)
Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 5746)
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
(El debate de este punto del orden del día aparece con posterioridad al de la moción que se discute a continuación.)
MOCIONES (Página 5747)
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se convoque la Comisión Mixta para la aplicación del artículo 32 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen
especial de las Illes Balears, y a la regulación de la figura del trabajador fijo discontinuo (Página 5747)
El señor Cámara Fernández defiende la moción. El señor Ruiz Rivero consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de
Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Sesmilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Socías Puig, por el Grupo Socialista, y Ruiz Rivero, por el Grupo Popular. Los
señores Cámara Fernández, Socías Puig y Ruiz Rivero intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
(La votación de esta moción aparece junto con la de las mociones ya debatidas en la Sesión Plenaria del martes, 18 de junio de 2002).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 5754)
Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Continuación) (Página 5754)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Morales Montero, por el Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5756)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5757)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5757)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5757)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5757)
El señor Fernández Otaño, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta los dictámenes de los quince proyectos de ley, para los que se abre un turno de portavoces de carácter general, en el que hacen uso de la palabra las señoras Morales
Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, así como los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y González Pons, por el Grupo Popular.
Se abre debate pormenorizado de cada uno de los proyectos de ley.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5765)
En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Fernández Díaz, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5766)
El señor Quintana González defiende la propuesta de veto del Grupo Mixto.
El señor Mera Rodríguez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Lago Lage,
por el Grupo Socialista, y Mera Rodríguez, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto por 9 votos a favor, 220 en contra y 5 abstenciones.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5771)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y Fernández
Sánchez, por el Grupo Popular. Los señores Galán Pérez y Fernández Sánchez intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5774)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Alonso García, por el Grupo Socialista, y Sánchez Díaz, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5775)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Gómez Morante, por el Grupo Socialista, y el señor Vallines Díaz, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5776)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Pérez Sáenz, por el Grupo Socialista, y Soto García, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5778)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Martínez García, por el Grupo Socialista, y el señor Pérez Ruiz, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5779)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Ferrer Roselló, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5781)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Catalá Pardo, por el Grupo Socialista, y Senao Gómez, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5783)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores López Carrasco, por el Grupo Socialista, y Pardo Gabaldón, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5784)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Curbelo Curbelo, por el Grupo Socialista, y Macías Santana, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5786)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Suárez Hurtado, por el Grupo Socialista, y Sánchez Cuadrado, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5787)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Socías Puig, por el Grupo Socialista, y Gamero Mir, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5789)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra las señoras Almeida Castro, por el Grupo Socialista, y Alvarez-Arenas Cisneros, por el Grupo Popular.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5790)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Castro Rabadán, por el Grupo Socialista, y García Avilés, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5792)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 138 en contra y 19 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5792)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 65 votos a favor, 133 en contra y 21 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5792)
Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 135 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5792)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 135 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5792)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 134 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5793)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 133 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5793)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 136 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5793)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 136 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5793)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 136 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5794)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 136 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5794)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 135 en contra y 23 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5794)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 136 en contra y 23 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5794)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 135 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5794)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 136 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5795)
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 136 en contra y 22 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
VOTACION DE LAS SIGUIENTES MOCIONES, CUYO DEBATE TUVO LUGAR EN SESION PLENARIA DEL MARTES, 18 DE JUNIO DE 2002 (Página 5795)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, adopte las medidas necesarias para fomentar y aumentar el número de donaciones de órganos en España a través
de campañas de información (Página 5795)
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 148 votos a favor, 1 en contra y 72 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para que remita al Senado, con carácter previo a su aprobación, el borrador del proyecto de ley de coordinación sanitaria para su estudio y debate en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas (Página 5795)
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 72 votos a favor, 135 en contra y 15 abstenciones.
VOTACION DE LA MOCION DEBATIDA EN ESTA SESION PLENARIA (Página 5795)
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se convoque la Comisión Mixta para la aplicación del artículo 32 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen
especial de las Illes Balears, y a la regulación de la figura del trabajador fijo discontinuo (Página 5795)
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 86 votos a favor y 136 en contra.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 5795)
De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso a extranjeros a la condición de militar
profesional de tropa y marinería (Página 5795)
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
Se da por decaída la propuesta de veto número 2, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto. El señor Aleu i Jornet defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor González
López defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista. La señora Alvarez-Arenas Cisneros consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés;
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y González López, por el Grupo Socialista, así como la señora Alvarez-Arenas Cisneros, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 53 votos a favor, 146 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista, por 56 votos a favor, 143 en contra y 7 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
Decaen las enmiendas números 1 a 3, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto. El señor González López defiende las enmiendas números 4 a 15, del Grupo Socialista. La señora Alvarez-Arenas Cisneros consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Acosta Padrón, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y González López, por el Grupo
Socialista, así como la señora Alvarez-Arenas Cisneros, por el Grupo Popular.
(La votación de las enmiendas al articulado de este proyecto de ley aparece en el «Diario de Sesiones» número 97.)
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5807)
El señor Conde Bajén, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate del articulado.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 3. Se dan por decaídas las enmienda números 16 a 25, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto. Se anuncia la retirada de las
enmiendas números 4 a 15, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 33 a 35, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 51 a
56, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Sesmilo i Rius defiende las enmiendas números 26 a 32, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 36 a 50, del Grupo Socialista.
Las señoras Do Campo Piñeiro y Martín Mendizábal consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición
Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Romero Calero, por el Grupo Socialista, y la señora Martín Mendizábal, por el Grupo Popular. El señor Rodríguez Díaz y la señora Martín Mendizábal intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.
(La votación de las enmiendas al articulado de este proyecto de ley aparece en el «Diario de Sesiones» número 97.)
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la Proposición de Ley de modificación del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
(Página 5815)
El señor Conde Bajén, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Espasa i Oliver retira la enmienda número 1, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Sesmilo i Rius defiende la enmienda número 3, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Flores Fernández defiende
las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Socialista. La señora Fernández Pacheco consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Sesmilo i
Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Flores Fernández, por el Grupo Socialista, y Lasheras Meavilla, por el Grupo Popular.
(La votación de las enmiendas al articulado de este proyecto de ley aparece en el «Diario de Sesiones» número 97.)
Se suspende la sesión a las veintitrés horas.
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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON JORDI XUCLË I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SUBSANAR LA SITUACION DE ABANDONO Y DEGRADACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES EN
DESUSO DE LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE ESPAÑA, DESDE LA ENTRADA EN VIGOR EN 1998 DEL ACUERDO DE SCHENGEN (680/000796).
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas. Primera pregunta, del excelentísimo señor don Jordi Xuclà, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno
para subsanar la situación de abandono y degradación en que se encuentran las instalaciones en desuso en los puntos fronterizos de España, desde la entrada en vigor en 1998 del Acuerdo de Schengen.
Tiene la palabra el senador Xuclà i Costa.
El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, uno de los hechos más importantes que se han producido hasta el día de hoy en el proceso de integración económica de Europa ha sido la
supresión de las fronteras interiores que ha permitido la libre circulación de personas, capitales y mercancías.
Esta decisión crucial del proceso europeo, que sólo encuentra una comparación de magnitud parecida con la entrada en circulación de la
moneda única, deja sin utilidad los puntos fronterizos interiores dentro de los Estados miembros de la Unión. Los Acuerdos de Schengen acabaron de perfilar este espacio único europeo.
A pesar de haber transcurrido más de un lustro desde la puesta
en funcionamiento de este acuerdo, en la actualidad aún existen físicamente estos puestos fronterizos interiores que se encuentran en situación de abandono. Además, se trata de instalaciones situadas en lugares importantes para conformar una
primera impresión de España al encontrarse en los puntos de entrada por carretera del Estado.
La reacción del Gobierno ha sido la Orden Ministerial del Ministerio del Interior de 5 de febrero del año 2001, después de la aprobación de los Acuerdos
de Schengen del año 1998.
La pregunta de este senador es para interesarse sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para hacer frente a esta situación de degradación.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor senador. Voy a tratar de sistematizar las actuaciones del Gobierno en relación con estas
instalaciones que están en desuso, los puestos fronterizos en España, por las razones a las que usted acaba de referirse, en función del régimen jurídico de cada inmueble.
En primer lugar, si estas instalaciones son propiedad del Estado, se
comunica la no utilización del inmueble a la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad, que llevará a cabo la tramitación oportuna ante el patrimonio del Estado, quedando a su disposición y decidiendo su posible utilidad por otro
organismo del Estado. Si no se decidiera la utilización por otro organismo, se procede a su venta a través de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado. En este sentido, existen 78 inmuebles puestos a disposición de la citada
Gerencia entre las fronteras portuguesa y francesa, de los que 11 ya han sido enajenados o se encuentran en fase de enajenación física o jurídica y los restantes están en fase de desafectación, en cualquier caso, con procedimiento de máxima
urgencia.
En segundo lugar, si el inmueble está en régimen de arrendamiento, se comunica a la Dirección General de Infraestructuras para que a través de Patrimonio del Estado se oferte a otros organismos, y en el caso de que no se decida ofertar se
procederá a la rescisión del contrato de arrendamiento.
En tercer lugar, si el inmueble se encuentra en régimen de cesión de uso, se devolverá al órgano cedente.
La verdad es que tiene usted razón en que se podían haber hecho las cosas con mayor
agilidad con la que se han hecho, pero el hecho de que usted me plantee esta pregunta servirá sin duda para que seamos más ágiles a la hora de abordar este asunto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el senador Xuclà.
El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin duda, es un buen despertar parlamentario saber que el Vicepresidente Primero del Gobierno manifiesta que fruto de esta medida de control al Gobierno se podrá acelerar el
desmantelamiento de unas infraestructuras que desde el año 1998 han dejado de tener su utilidad. La reacción del Gobierno, como se ha reconocido, ha sido tardía, a partir del año 2001, aunque ahora el Vicepresidente del Gobierno exprese la máxima
urgencia y celeridad.
Quiero subrayar la importancia del factor de la primera impresión que a veces pueden tener muchos turistas que llegan al Estado español por transporte por carretera. Por citar un ejemplo, diré que concretamente por el punto
fronterizo
de La Junquera llegan 16 millones de visitantes al año que se encuentran con unas instalaciones degradadas, fuera de uso, que ofrecen muy mala imagen del conjunto del Estado.
El 8 de octubre de 2001 se debatió en la Comisión de Interior del
Senado una moción en esta línea y ya entonces se anunciaron medidas urgentes para solucionar esta cuestión. Estoy absolutamente convencido de la buena voluntad y de la predisposición del Gobierno.
Seguro que en estos momentos el Vicepresidente del
Gobierno y Ministro del Interior tiene otras ocupaciones y preocupaciones con la perspectiva de mañana y pasado mañana, pero permítame, para terminar, poner un ejemplo concreto respecto al tema de las infraestructuras del Estado.
Si usted pide
información sobre el punto fronterizo de Coll d'Ares, en la demarcación de Girona, lo encontrará abandonado, con las puertas forzadas, con material de la policía, con colchones amontonados y con algunos otros enseres relacionados con la anterior
función de control de fronteras. Sin duda esto no es lo propio de un Estado que debería haber reaccionado con agilidad después de los acuerdos de Schengen de 1998.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor senador.
En cualquier caso, tengo a su disposición la situación en la que están todos y cada uno
de estos puestos en las provincias de Huelva, Cáceres, Zamora, Ourense, Navarra, Guipúzcoa y Huesca. En cuanto a los de la provincia de Girona, supongo que usted tendrá un mayor interés por ellos.
Las instalaciones de Camprodón se encuentran en
desuso y sin utilidad policial futura, y será a Aduanas a la que corresponda determinar su destino, ya que su titularidad pertenece a esta Dirección General.
En cuanto a Port Bou, también se encuentra en desuso y sin utilidad policial futura y, en
este caso, al estar sujeto el inmueble a la fórmula de cesión de uso, será devuelto al órgano cedente.
En Puigcerdà existen unas casetas utilizadas en su momento para el control fronterizo --es un tema bastante menor--, y la Dirección General de la
Policía ya ha decidido la retirada de estas instalaciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS EXPLICACIONES QUE OFRECE EL GOBIERNO ACERCA DEL CONTENIDO DE LA CARTA REMITIDA POR LA BRIGADA PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MADRID A LAS EMPRESAS EN RELACION
CON DIVERSOS EXTREMOS SOBRE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2002 (680/000821).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las explicaciones que ofrece el Gobierno acerca del contenido de la carta remitida por la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Madrid a las empresas en relación con diversos extremos sobre la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002.
Tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, conoce usted perfectamente el contenido de la pregunta.
Está redactada literalmente con respecto a la carta que se envió por la policía a varias empresas de
determinadas provincias, como Madrid, y la pregunta es muy sencilla: ¿Qué tiene que ver la policía con los servicios mínimos o con el posible seguimiento de la huelga en las empresas? ¿Sabe usted las consecuencias que eso tiene en las relaciones
entre los empresarios y los trabajadores en cuanto a la presión y la coacción que eso supone para cortar la posible huelga en esa empresa al intervenir la policía en estos extremos? Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor senador.
En principio, la carta que ha sido remitida por la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Madrid a determinadas empresas tenía por objeto recabar información sobre la presencia de servicios de seguridad privada en las mismas y, a resultas de dicha información, proceder en consecuencia para distribuir los efectivos necesarios
de dicha Brigada de la forma más adecuada a la circunstancia. Por tanto, responde a la mera actividad cotidiana de los profesionales policiales y se basa exclusivamente en criterios de experiencia y de prevención a la hora de establecer los
servicios del próximo 20 de junio.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
No me ha contestado al fondo de la cuestión. La policía no pregunta a las empresas simplemente por lo que usted ha dicho. No me ha contestado qué tiene que ver la policía con la
información que quieren de los empresarios para
que le informen, primero, sobre los servicios mínimos que deben establecerse por esa empresa. Pregunto: ¿Qué tiene que ver la Policía? Segundo, sobre el posible seguimiento de la huelga por los trabajadores.
O sea, hay empresas que han
preguntado a los trabajadores. Por cierto, algún empresario se ha dignado despedir a alguno; la gente no sabe qué tiene que responder, y hay empresarios que creen que tienen que preguntar al trabajador si va a ir a la huelga o no. ¡Elemento
coactivo! (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡No se rían, por favor! Ustedes no saben nada de eso. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nada, no saben nada, ni su Ministro tampoco posiblemente. Hay otras
cosas sobre las que preguntan: Seguridad propia de la empresa, medios técnicos y humanos; puntos estratégicos de la propia empresa, tanto públicos como privados; puntos vulnerables. ¿Se preparan ustedes para una guerra? Le vuelvo a preguntar:
¿Qué tiene que ver la policía con preguntar a los empresarios cuánta gente va a ir a la huelga en sus empresas? Conteste usted a esto, por favor. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con los servicios mínimos? No me conteste a otra cosa, señor
Ministro. Respóndame a esta cuestión. A ver si es usted capaz de contestarme.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Vicepresidente y Ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor senador.
Cuando se produce una circunstancia de estas características, una convocatoria de huelga
general en España o en cualquier otro país del mundo, en cualquier momento de la historia y sea en el país que sea, lógicamente no se está ante un día normal. Por tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado tienen que tomar medidas en dos
direcciones: en primer lugar, garantizando el derecho de huelga de los trabajadores y, en segundo lugar, garantizando el derecho al trabajo de quien quiera trabajar ese día. (El señor González Príncipe pronuncia palabras que no se perciben.) Esas
son las obligaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La señora PRESIDENTA: Senador González Príncipe, haga el favor de guardar silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Y mire usted, señoría, a partir de ahí parece lógico que la policía recabe información puesto que habrá lugares en los que haya más posibilidades de que
alguien quiera impedir el derecho de huelga a los trabajadores o de que, por el contrario, alguien quiera impedir el derecho al trabajo que todo ciudadano tiene. Por tanto, es bueno que la policía esté informada, porque si en un determinado lugar
se dice que la huelga la van a seguir todos los trabajadores, no parece lógico que estén allí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si a través de una información se sabe que puede haber piquetes en un sitio determinado, parece lógico que
se desplacen hasta allí las Fuerzas de Seguridad del Estado. (El señor Cámara Fernández: ¡Sistema policial! ¡Pero bueno!...--Fuertes rumores.) Señoría, ¡pero si eso es lo que se hace en cualquier país del mundo! ¿Conoce usted algún país o algún
gobierno del mundo en que ante una circunstancia de estas características la policía... (El señor Cámara Fernández: ¡En un país democrático no!--Fuertes rumores impiden oír las palabras del orador.) Mire, señoría, nada tiene que ver la democracia
con la existencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Fuertes rumores.), porque la esencia de la democracia es la existencia de los mismos para garantizar los derechos de los ciudadanos, entre otros el derecho de huelga y el derecho a la
libertad. Y lo demás, son discursos que en mi opinión pertenecen a otra etapa de la historia. Lo siento mucho, pero es así.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO SUFICIENTE LA DOTACION POLICIAL EXISTENTE EN LA CIUDAD DE BURGOS, PARA HACER FRENTE A FENOMENOS DELICTIVOS COMO LOS QUE SE HAN MANIFESTADO
RECIENTEMENTE (680/000831).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno suficiente la dotación policial existente en la ciudad de Burgos para hacer frente a
fenómenos delictivos como los que se han manifestado recientemente.
Tiene la palabra el senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en Burgos tenemos una cierta sensación de desproporción.
La gente piensa que el Gobierno se cuida mejor a sí mismo que a los ciudadanos.
A comienzos de este año
se celebró allí un Consejo informal de Ministros de Trabajo y en la ciudad se pudo contemplar un despliegue policial que recordaba a la película «Blade Runner», y eso que el entonces Ministro de Trabajo no anunció el «decretazo» sino sólo pleno
empleo y un menú de productos de la tierra.
A lo largo de todo este semestre la ciudad ha contemplado en primer lugar un incremento de la delincuencia e incuso algunos casos dramáticos. Yo sé que usted ha preguntado, y yo también lo he hecho, qué
pasa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Burgos. Pues le voy a decir exactamente cuál es la versión que yo he recibido.
En primer lugar, que no hay dotaciones policiales; en segundo lugar, que no hay investigación y prevención de los delitos; en tercer lugar, que la respuesta que da el Gobierno a una ciudad compleja en un cruce de caminos de 166.000
habitantes es completamente insuficiente.
Yo le pido, señor Ministro, que me dé una respuesta para saber si en el futuro se va a prever un incremento de las plantillas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
Como usted sabe, en los últimos diez años se ha producido una reducción de efectivos
policiales del Cuerpo Nacional de Policía en toda España, principalmente como consecuencia de bajas por pase a situación de segunda actividad y por unas ofertas de empleo público que no fueron todo lo elevadas que hubiéramos querido. Lógicamente,
todo esto ha afectado al conjunto de España y también a la Comisaría de Burgos.
No obstante, como he referido en anteriores intervenciones, el Gobierno inició actuaciones concretas encaminadas a incrementar los efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía. En 2001 convocamos 3.150 plazas, en los últimos ocho o diez años se convocaban 1.000 plazas por año, y este año se han convocado 4.275 plazas y el que viene y los siguientes seguiremos en la misma línea a fin de invertir la tendencia de
pérdida de efectivos que se venía produciendo. Además, hemos establecido cambios normativos en la regulación de la segunda actividad.
En este sentido, aunque en las circunstancias en las que estamos la dotación de Burgos es razonable, lógicamente
se beneficiará también del incremento de plantillas. Actualmente, prestan servicio en Burgos 210 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría, a los que se añadirán 19 más, procedentes del último concurso general de méritos, a lo
largo del mes de junio y 23 funcionarios en situación de segunda actividad con destino. Creo que esta dotación, dadas las circunstancias a las que antes me referí, permite hacer frente a las necesidades de esta ciudad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Senador Laborda, tiene la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, creo que lo que usted anuncia es completamente insuficiente, se lo digo sinceramente. La impresión que tienen los funcionarios y los responsables policiales de
Burgos es que entran muchos menos de los que salen a segunda actividad y que, a pesar de que existe buena cooperación entre la policía municipal y la nacional, en los tres graves incidentes ocurridos (un parricidio, un homicidio en lugares de
discutible reputación y los famosos incidentes del primer fin de semana del mes de junio en la zona del centro de la ciudad contigua a la catedral) la policía nacional llegó con posterioridad y sin medios para hacer frente a esas nuevas situaciones
delictivas.
Lo que dicen los policías es que durante el día patrullan en Burgos, como mucho, tres coches zeta, a veces con un solo funcionario, y que por las noches patrullan dos coches zeta. No se crea usted lo que le dice el subdelegado del
Gobierno, que se ha hecho famoso al hacer un comentario sobre los disturbios que hubo a comienzos del mes de junio, respecto a que la solución es que la gente no tome copas y sea correcta.
Textualmente dijo que la gente fuera educada, porque así no
sería necesario que hubiera policías. (Rumores.) Lo que le quiero decir, señor Ministro, es que hay nuevas formas de delincuencia. Los disturbios de comienzos del mes de junio, aunque a usted no se lo hayan dicho, se producen porque una
conocidísima familia con nombre y apellidos ha ido prosperando a ojos de buena parte de la ciudadanía burgalesa por el tráfico de drogas y, efectivamente, apareció en el entorno donde los jóvenes toman copas, produciéndose, primero, un altercado
entre ellos y, después, un desgraciado incidente con la policía que acudió allí.
Señor Ministro, la gente tiene la sensación, y la seguirá teniendo probablemente el próximo jueves cuando de nuevo le Gobierno vuelva a protegerse a sí mismo, de que
sólo en momentos excepcionales hay una correcta respuesta policial y gubernativa en Burgos y que el resto de los días la ciudadanía está desprotegida. Le pido que se tome esto en serio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente y Ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Laborda, como ya le he dicho en la primera parte de mi intervención, tanto el año pasado como éste hemos hecho un
esfuerzo importante a fin de incrementar la oferta de empleo público de policía nacional, que ha de completarse en los próximos años. Lógicamente, estas personas están ahora en la escuela de Avila y todavía tardarán un tiempo en incorporarse a la
actividad policial.
Por tanto, aumentar en este momento la plantilla en la comisaría de Burgos más de lo que acabo de señalar supondría, lógicamente, restar efectivos de otros lugares. Puedo afirmar, porque tengo que hacer un planteamiento de
conjunto y no desde una circunscripción electoral, que la evolución de la delincuencia en Burgos en comparación con otros lugares españoles es bastante razonable. Es decir, en 1999 decrecieron los hechos delictivos un 0,78 respecto a 1998, en el
2000 lo hicieron un 4,4 respecto a 1999, y en el 2001 han vuelto a disminuir un 4,36 respecto al año 2000. También hay que decir que hubo un aumento, y por
eso ha sido eficaz el Cuerpo Nacional de Policía, de las infracciones esclarecidas y del número de detenidos, exactamente un 19,5 por ciento más en el 2001 que en el año 2000.
A partir de ahí, se ha referido usted a un reciente incidente
delictivo, que entiendo que fue el que tuvo lugar en el casco antiguo de Burgos en la madrugada del sábado 1 de junio, al producirse una pelea entre jóvenes que consumían bebidas alcohólicas. Los vecinos avisaron a la policía local y al llegar los
efectivos se vieron atacados por un grupo de jóvenes que, además, causaron daños en mobiliario urbano y bienes privados. Después, se personaron los miembros del Cuerpo Nacional de Policía con materiales antidisturbios y en una acción conjunta con
la Policía Local, con la que hay una buena relación, procedieron a restablecer el orden deteniendo a seis personas y poniéndolas a disposición judicial e identificando a otras como responsables de los hechos. Desde entonces, tanto el Cuerpo
Nacional de policía como la Policía Local han establecido dispositivos en la zona durante la noche los fines de semana, sin que hasta ahora se hayan repetido incidentes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DEL PLAN POLICIA 2000 (680/000832).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Policía 2000.
Tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los mismos términos que ha leído su señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
El balance de los programas y planes que se extienden durante un cierto período de tiempo, implican directamente a
organizaciones y a medios y recursos humanos de importancia, como es el caso del programa Policía 2000, es más exacto cuando ha pasado cierto tiempo desde el inicio de su implantación. El factor tiempo hace que las valoraciones sobre el
cumplimiento de objetivos sean más exactas, objetivas, imparciales y acordes con la realidad.
Teniendo en cuenta tales circunstancias, en este momento la valoración de dicho programa es positiva pues su finalidad primordial era la de llevar a cabo
un importante proceso de modernización del Cuerpo Nacional de Policía, con el objeto de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos. En este sentido, se han sentado las bases para continuar con dichos objetivos de una forma más acorde con las
necesidades y demandas de la sociedad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro, pero me temo que la visión de ambos sobre este plan Policía 2000 no es coincidente.
El plan Policía 2000 se puso en marcha en la primavera del año 1999 por
su antecesor, señor Mayor Oreja, y se presentó como el desafío estratégico más importante en materia de policía.
Usted mismo, en la comparecencia de abril de 2001, en el Congreso de los Diputados --porque en el Senado se niega usted a comparecer--,
declaró que el plan Policía 2000 se hizo para bajar la criminalidad, para ilusionar a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y para aumentar la satisfacción de los ciudadanos. Pues bien, hoy día la realidad ha puesto de
manifiesto que todos estos objetivos han fracasado de forma estrepitosa: han subido los índices de criminalidad y la desmoralización de la policía y la confrontación con los cargos políticos del Ministerio es mayor que nunca.
El plan Policía 2000,
el más ambicioso del Gobierno del señor Aznar, ha fracasado en todas las ciudades de España; primero, en el 6 x 6 y, después, en el 10 x 10. No ha mejorado el servicio, ha aumentado la descoordinación, ha convertido las comisarías en departamentos
estanco, desmantela unidades de investigación, genera agravios sociales, no figura en los presupuestos y, en definitiva, ha sido una operación de imagen que se ha vuelto en contra de ustedes; es decir, un auténtico fiasco.
Es un hecho objetivo,
indiscutible a estas alturas, que bajo el Gobierno del Partido Popular la criminalidad en España ha alcanzado las cifras más altas nunca conocidas en nuestro país, que la criminalidad --tanto de tipo tradicional como la organizada-- se encuentra en
los niveles más altos, nunca antes alcanzados en España y que, por primera vez en nuestra historia, hemos alcanzado la tasa de cincuenta delitos y faltas por cada mil habitantes.
A finales del pasado mes de mayo se produjo una manifestación de
10.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, encabezada por los comisarios.
Una empresa en la que los trabajadores se manifiestan con sus jefes a la cabeza implica que en ella algo está funcionando muy mal, pero ustedes no se quieren dar por
enterados.
La tasa de homicidios en España es de 2,61 por cada 100.000 habitantes; es decir, la más alta de toda Europa. Esto pone de manifiesto que el plan Policía 2000 lo único
que ha traído es eficacia cero, y por si acaso estos datos y argumentos no le convencen, permítame que utilice el último boletín de opinión editado por el CIS, de enero a abril del año 2002, en el que cuando se pregunta a los ciudadanos por
las cuestiones que pueden empeorar en ese año 2002, se señala que la inseguridad ciudadana alcanza un 41 por ciento, incluso por encima del terrorismo, por encima de la sanidad, por encima del medio ambiente y por encima de la vivienda. Estas son
las preocupaciones de los ciudadanos a las que ustedes no están atendiendo por mantener un plan que ha fracasado estrepitosamente a la vista de todo el mundo menos a la vista de los responsables del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Barranco.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta y muchas gracias, señor senador.
El proceso de modernización y adaptación a las necesidades actuales del Cuerpo Nacional
de Policía, a través del programa Policía 2000, se ha asentado sobre varias líneas básicas.
En primer lugar, racionalización de las estructuras organizativas; se ha producido una importante descentralización de los servicios policiales, a fin de
conseguir una policía cada vez más próxima al ciudadano. En segundo lugar, se han reorganizado las estructuras operativas para afrontar los nuevos retos de la delincuencia organizada. Desde otro punto de vista, se ha producido una innovación de
los sistemas y procedimientos de trabajo; se han implantado nuevos sistemas de denuncia por teléfono e Internet, que han tenido una positiva acogida por parte de los ciudadanos, y se han implantado avanzadas aplicaciones informáticas, que han
permitido acelerar la tramitación de denuncias, establecer análisis de incidencia delictiva, lo que permite un aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con mayor eficacia y eficiencia, y aplicarlas a tramitaciones burocráticas de interés
para los ciudadanos: documento nacional de identidad, pasaporte, etcétera.
También se ha introducido el sistema de dirección por objetivos, incorporando una gratificación que varía en función de la consecución de metas establecidas, que ha
supuesto un incremento aproximado de retribuciones del 13 por ciento. Desde otro punto de vista, ha supuesto la incorporación de recursos: se han adquirido cerca de 8.000 nuevos vehículos y motos, 3.000 transmisores, más de 11.000 ordenadores y
5.300 impresoras. Se han realizado importantes inversiones para mejorar las instalaciones policiales, particularmente las oficinas de denuncia, remodelándose la mayor parte de ellas, por importes que han superado los 13.500 millones de pesetas.
En
cuanto a la actividad delictiva, hay que decir que, a pesar del importante incremento de la población en España y la mayor presencia de marginalidad, que en la mayor parte de los casos está producida por la inmigración ilegal, la incidencia de
nuevas formas delictivas y la disminución del personal del Cuerpo Nacional de Policía durante los últimos años, la implantación de este programa ha supuesto lo siguiente: Primero, que aflorasen delitos que antes no se conocían, dadas las
facilidades para denunciar; se estima que la llamada cifra oscura o desconocida del delito es de un 7,63 por ciento. Segundo, la tasa de delitos por mil habitantes ha disminuido del 47,78 al 47,08 por ciento, y quiero dar un dato importante:
según los últimos datos publicados por la Comisión Europea somos el undécimo país de la Unión en cuanto a nivel delictivo por mil habitantes (el primero es Suecia y el segundo es Dinamarca), lo cual no quiere decir nada porque sin duda alguna es un
tema sobre el que hay que seguir haciendo un gran esfuerzo, pero es bueno que todos seamos conocedores de ello.
Ha supuesto también que aumentase la eficacia policial, porque el índice de esclarecimiento de delitos aumentó un 3,3 por ciento en el
2001 con respecto al 2000, y que aumentase el nivel de detenciones que, al fin y a la postre, es lo que lógicamente cabe exigir a la policía y a la Guardia Civil, y el número de detenciones a lo largo del año 2002, de lo que va de año, ha aumentado
de manera espectacular con respecto al año 2001; bien es vedad que en muchas ocasiones se detiene a personas decenas de veces y se les seguirá deteniendo en el futuro, pero creo que juzgar en justicia la actuación de la policía y de la Guardia
Civil requiere ver qué delitos son capaces de esclarecer y cuál es el número de detenciones que se produce, porque otras responsabilidades ya no corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE DOÑA MARTA CID PAÑELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ACTUALMENTE LLEVA A CABO EL GOBIERNO CON RELACION A ADOPTAR REFORMAS LEGALES DESTINADAS A GARANTIZAR LA REPRESION EFECTIVA EN ESPAÑA
DE LA MUTILACION GENITAL FEMENINA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES (680/000829).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, de la excelentísima señora doña Marta Cid Pañella, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, sobre las actuaciones que actualmente lleva a cabo el Gobierno en relación a adoptar
reformas legales destinadas a garantizar la represión efectiva en España de la mutilación genital femenina en todas sus manifestaciones.
Tiene la palabra la senadora Cid Pañella.
La señora CID PANELLA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro. Por situar un poco la cuestión, diré que el día 23 de mayo del año 2001 esta senadora ya formuló una pregunta, desde el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, en referencia a las medidas a tomar
para impedir estas prácticas de mutilación genital sufridas por niñas y adolescentes. En ese momento la respuesta fue asumida por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y, evidentemente, coincidimos en muchas cosas, sobre todo en la necesidad de
un trato global de esta cuestión, y por eso también compartimos un acuerdo del Congreso de los Diputados, de fecha 19 de junio del año pasado, que instaba toda una serie de medidas judiciales, sociales, etcétera.
Pero centrándonos en la pregunta de
hoy, desde el punto de vista de la iniciativa judicial, ha aparecido una noticia durante este mes de junio sobre el archivo de una investigación en un juzgado de Girona referente a cuatro hermanas que había sufrido mutilación de los órganos sexuales
femeninos, cuya familia vive en España desde hace más de trece años y ellas son españolas. Evidentemente, esto ha hecho que creamos interesante retomar la cuestión donde la dejamos. Por tanto, desde el punto de vista de las iniciativas judiciales,
nos gustaría saber cuál es la situación de las actuaciones que su Ministerio se comprometió a impulsar en su momento sobre esta cuestión.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, independiente del caso concreto de una resolución judicial en la que, lógicamente, ni usted ni yo podemos entrar, sino sólo respetar; en términos
de aclaración, lo cierto es que nuestro Código Penal recoge en estos momentos como delito grave la ablación, ya que se encuentra dentro del ámbito del artículo 149 como lesión que afecta a un órgano principal.
No obstante, en estos momentos, como
seguramente su señoría conoce, estamos haciendo una revisión global del sistema de penas. Encargamos a una comisión de expertos que realizase esos trabajos, porque el Código Penal es una estructura jurídica que necesita la proporcionalidad como
elemento básico a la hora de regular las penas, y no se puede hacer modificaciones aisladas que provoquen una desproporción en el propio sistema porque va en contra de la eficacia, que es lo que se pretende.
Por tanto, en esta revisión global
estamos trabajando sobre la materia por la que su señoría pregunta para llevar a cabo las reformas precisas, en su caso, y que un delito que atenta de manera tan grave contra la dignidad de la mujer sea sancionado de forma proporcionada a tal
gravedad, adaptándolo a las nuevas necesidades que se plantean en nuestra sociedad.
Todo ello sin perjuicio de la proposición de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, que fue una iniciativa de esta Cámara, y es un
aclaración del ámbito de aplicación del propio artículo 149 del Código Penal, al que antes hacía referencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Cid.
La señora CID PAÑELLA: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro, por la respuesta.
Es cierto que el 21 de junio de 2001 esta Cámara impulsó una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que
hacía referencia a esa reforma del artículo 149 del Código Penal. Se trasladó al Congreso de los Diputados y en estos momentos está en tramitación. Por la información de que dispongo, hay una enmienda del grupo mayoritario con fecha de noviembre
de 2001, y me consta que ahí se paraliza el archivo de esta cuestión. Era uno de los temas que precisamente esperaba que hoy usted pudiera aclararnos.
De todas formas, dentro de esta reforma, nuestro grupo parlamentario retiró ese día una
proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tenía que ver con la extraterritorialidad.
Nosotros no ponemos en duda la decisión que se ha tomado de archivar ese caso, ni de muchos otros, porque es cierto que no hay
potestad para actuar si se demuestra que esa mutilación no se produce en el territorio español. En definitiva, nuestra pregunta quería reflejar nuestra preocupación por este tema, puesto que esta Cámara lleva un año esperando su actuación. En esos
mismos medios de comunicación se apuntaba que el Ministro de Justicia encargó a una comisión de expertos juristas el estudio de una posible modificación del Código Penal, y que esos trabajos, aseguraban en el Ministerio, ya estaban concluidos. Por
lo tanto, lo que pretendía nuestra pregunta era saber la situación actual de este asunto, y reiterar nuestra preocupación porque se están produciendo hechos como los apuntados, y seguramente muchos otros, que no pueden quedar fuera del interés de
las Cortes Generales.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Cid.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.
La preocupación es común y compartida. La tramitación en el Congreso de los Diputados es responsabilidad de la Cámara y del Parlamento y no del Gobierno,
más cuando se trata de una proposición de ley de todos los grupos parlamentarios y no de una iniciativa del Gobierno. Sí lo es la reforma del Código Penal, y he explicado por qué; es una reforma del sistema de penas en su conjunto, y yo creo que
es ahí donde tenemos que encuadrar --y en eso estamos trabajando-- el delito tan grave por el que su señoría pregunta. Pero no sólo desde el ámbito penal, sino que, como decía antes usted, esto se está abordando desde el Gobierno, desde el Grupo
Parlamentario, desde un punto de vista global. Para erradicar estas prácticas es necesario, y se está llevando a cabo, una acción coordinada
de los distintos sectores implicados, ratificando los instrumentos internacionales para hacerlas desaparecer.
Seguramente su señoría conoce el trabajo que está realizando el Instituto de la Mujer, tanto en lo que se refiere a acciones
informativas y a programas dirigidos a combatir este problema, como en lo que se refiere a la convocatoria de ayudas y subvenciones para realizar programas de cooperación y voluntariado social. El Ministerio del Interior también tiene un programa
de atención especial a la mujer, y el propio Ministerio de Sanidad y Consumo ha recordado que todo el personal sanitario que tenga noticia de estos hechos tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, juez de instrucción o
funcionario de policía a los efectos legales pertinentes. Es decir, se trata de una acción global, para permanentemente ir dotándonos y mejorando nuestro ordenamiento jurídico y que la persecución de un delito tan grave sea lo más eficaz posible.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON RAMON ALEU I JORNET Y DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA REGULAR LA OBLIGACION DE LAS EMPRESAS DE REFLEJAR EN LAS PANTALLAS DE LOS CAJEROS
AUTOMATICOS LAS COMISIONES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LOS MISMOS (680/000830).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de los excelentísimos señores don Ramón Aleu i Jornet y don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Gobierno para regular la obligación de las
empresas de reflejar en las pantallas de los cajeros automáticos las comisiones de las operaciones realizadas en los mismos.
Tiene la palabra el Senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo no sé si la señora Ministra es partidaria de las duchas escocesas, pero a nosotros nos la proporcionó el 14 de abril cuando, primero en los pasillos y después en respuesta a
la interpelación de los Senadores Aleu y yo mismo, sustanciada por el Senador Aleu, dijo taxativamente que iban a solucionar inmediatamente el problema que planteábamos: que en las pantallas de los cajeros automáticos apareciese el coste de los
servicios que el usuario iba a realizar, retirada de efectivo o cualquier otra operación. Nos las prometíamos muy felices, no para nosotros sino para el conjunto de los españoles, pero hete aquí que, a la semana siguiente, el Grupo Parlamentario
Popular vota en contra de la moción. Por tanto, desde la perplejidad, le preguntamos a la señora Ministra ¿con quién hemos de estar, con usted o con su Grupo Parlamentario? La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la
señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Esa no era la pregunta, pero estoy encantada de contestarla. Estoy con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular, porque, además,
decimos lo mismo.
Efectivamente, el 24 de abril, con motivo de su interpelación anuncié que el Gobierno estaba trabajando en esta norma, lo cual justifica plenamente el voto del Grupo Parlamentario Popular, puesto que la norma se estaba
desarrollando y se está terminando de desarrollar en estos momentos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Señora Ministra, al final se dice lo que se puede decir, pero la moción simplemente pedía al Gobierno que elaborase la norma, y no se entendió en aquel momento --y continuamos sin entenderlo-- que el Grupo
Parlamentario Popular votase en contra, de hecho la senadora que intervino lo tuvo bastante difícil para justificar tanto su intervención oral como el voto final del grupo. Usted vuelve hoy a reafirmarse en que el asunto, que es lo que al fin y al
cabo nos interesa --las pequeñas o grandes incongruencias del Grupo Parlamentario Popular son un problema del Grupo Parlamentario Popular--, va a llegar a buen puerto, esperemos que sea así. El hecho de reiterar la pregunta simplemente se debe a la
importancia del tema.
Han aparecido otras noticias en prensa donde se dice que es facilísimo, desde el punto de vista técnico, introducir esta variable en el funcionamiento de los cajeros automáticos. En países de economía liberal y de mayor
respeto a los consumidores en este terreno, como puede ser Estados Unidos, todos los cajeros automáticos funcionan con previo anuncio del coste del servicio que se va a utilizar, y aquí se podría hacer lo mismo. Usted dice que lo van a hacer.
Simplemente queremos reiterar nuestro interés y nuestra petición de que sus palabras no se queden otra vez en otra ducha escocesa. Espero que pueda ser más precisa en la réplica y pueda decir en qué tiempo se compromete a poner en marcha este
importante servicio para los consumidores españoles, de modo que sepan lo que pueden y deben pagar por el servicio de un cajero automático antes de su utilización.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Espasa.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo no veo ninguna incongruencia entre la posición del Gobierno y la posición del Grupo Popular. Si usted tiene algún problema con el portavoz del Grupo Popular no me utilice a mí de «sparring» porque, sinceramente, me parece agotador para
usted y para mí. En cualquier caso, se agotaría usted antes que yo, entre otras cosas porque hago prácticas de ducha escocesa, que es buenísima para la circulación.
No obstante, una norma de esa naturaleza requiere un tiempo de elaboración, como
usted sabe, porque hay unos trámites que cumplir. Esta Orden Ministerial lo que pretende es perfeccionar la información y el conocimiento de los ciudadanos acerca del uso de su tarjeta, pero tampoco podemos dar la sensación de que en España no hay
ninguna norma que regule el derecho a la información del usuario de la tarjeta en el cajero automático. Lo que pretendemos es perfeccionar la norma, es decir, que el ciudadano tenga una información veraz e inmediata en el momento en que realiza esa
operación, lo que sí presenta muchos problemas técnicos, pero no porque sea complejo debemos abandonar su desarrollo.
En este momento se está en el trámite de consultas a los órganos que según la legislación es obligado realizar, pero esté usted
seguro, señoría, de que será una norma adecuada. Lógicamente, está implicado en ello de una forma absolutamente directa el Ministerio de Economía. Será una norma que garantice esa transparencia para el ciudadano y lo será una vez transcurrido el
tiempo en que se hayan finalizado los procedimientos a que está sometida en estos momentos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LOS ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES MAS IMPORTANTES DEL COMPROMISO QUE TIENE PREVISTO OBTENER LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNION EUROPEA EN EL
PROXIMO CONSEJO EUROPEO DE SEVILLA A FAVOR DE LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS (RUP) (680/000798).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los aspectos económicos y sociales más importantes del compromiso que tiene
previsto obtener la Presidencia española de la Unión Europea en el próximo Consejo Europeo de Sevilla en favor de las regiones ultraperiféricas.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro.
Durante la Presidencia española de la Unión Europea se ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de lograr una declaración muy positiva en el
próximo Consejo Europeo de Sevilla a favor de los intereses de las regiones ultraperiféricas, cuyo tratamiento específico está contemplado en el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam y que ha quedado matizado en aspectos sociales tras el acuerdo
de Schengen, no suscrito aún por todos los países pertenecientes a la Unión Europea.
En esta misma línea de lo que se pretende en Sevilla, en una reunión de trabajo celebrada en Canarias en el mes de febrero del presente año entre España, Francia y
Portugal, con participación de la Comisión Europea, se hizo pública una declaración realizada por los Secretarios de Estado de los tres países, que ratificaron el compromiso de apoyo a estas regiones ultraperiféricas.
El próximo reto de la
ampliación, que desplazará el centro de atención de la Unión Europea hacia el Este, sitúa la renta per cápita de estas regiones ultraperiféricas --entre ellas, Canarias-- en el 75 por ciento de la media de la Unión Europea como tope máximo para los
objetivos tipo 1. Se requiere la adquisición de un compromiso de protección específico de las regiones ultraperiféricas, cuyos problemas básicos son estructurales y no transitorios; tanto económicos como sociales, dada la elevada tasa demográfica
--en el caso de Canarias-- y escasez de territorio, compromiso que podría concretarse en el próximo Consejo Europeo de Sevilla, que pone fin a la Presidencia española de la Unión Europea.
Por todo ello, señor Ministro, ésta es la pregunta concreta
que le formula este senador: ¿Cuáles son los aspectos tanto económicos como sociales más importantes del compromiso que pretende obtener la Presidencia española en el próximo e inmediato Consejo Europeo en Sevilla en favor de las regiones
ultraperiféricas? Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señoría.
Como conoce bien, el Gobierno español procura impulsar la aplicación del artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam
prácticamente desde los inicios y recurrentemente hemos ido introduciendo una referencia a la necesidad de implementarlo y, por tanto, de favorecer a las regiones ultraperiféricas en prácticamente todos los consejos europeos que se han celebrado en
los últimos años.
Como es natural, en el Consejo de Sevilla tenemos la pretensión de incluir en las conclusiones un texto específico referido a las regiones ultraperiféricas, con la debida prudencia, porque de lo que se trata es de limitar las
regiones ultraperiféricas y no contemplar la posibilidad de que pueda haber referencias también a regiones montañosas o a regiones insulares; por lo tanto, dejando específicamente bien delimitado el tema en el apoyo a las regiones ultraperiféricas.
Como usted bien ha dicho, lo estamos coordinando con Francia y Portugal y nuestra intención es que en
las conclusiones de Sevilla podamos ir un poco más allá, en el sentido de que haya un tratamiento común a todas las regiones ultraperiféricas, con independencia de sus niveles de renta, que podamos profundizar en la aplicación del artículo
299.2 y que preparemos el terreno de cara a la aplicación de la política regional, en el sentido de que ésta se pueda aplicar a las regiones ultraperiféricas como excepción a las normas generales de aplicación de los fondos estructurales. Por
tanto, espero que esas conclusiones puedan ser aprobadas en Sevilla y, en principio soy optimista al respecto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Ministro.
Si a 48 horas sólo me puede decir eso, me preocupa mucho. Pensé que usted iba a ser un poco
más explícito, y le invito a ello.
Ayer, en el Congreso de los Diputados, el Subsecretario de Estado habló de un reconocimiento --entre comillas--lo suficientemente bueno; yo creo que usted por lo menos debería haber hablado de uno lo
suficientemente óptimo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente, le diría a su señoría que no se preocupara, pero creo que entenderá que, por razones de elemental prudencia, ya que son
conclusiones que se tienen que debatir en el Consejo Europeo, simplemente le pida a su señoría paciencia durante 48 horas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE DAR UN NUEVO ENFOQUE A LA POLITICA HACIA GUINEA ECUATORIAL, TRAS EL JUICIO CELEBRADO EN MALABO CONTRA MIEMBROS DE LA OPOSICION AL
REGIMEN DE TEODORO OBIANG NGUEMA (680/000805).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta de don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de dar un nuevo enfoque a la política hacia Guinea Ecuatorial, tras el juicio celebrado en
Malabo contra miembros de la oposición al régimen de Teodoro Obiang Nguema.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, yo creo que coincidiremos en el hecho de que ese juicio ha sido una farsa espantosa, con muchas personas torturadas, con una extravagancia tal como que a un líder
de la oposición, que no figuraba en los autos ni fue procesado ni, por supuesto, tuvo defensor, al que los fiscales le pidieron pena de muerte, posteriormente ha sido condenado a 20 años de cárcel.
La nota de la Unión Europea, que supongo que ha
capitaneado España, en los medios de la oposición guineana, entre esa gente que pide auxilio en castellano en Guinea Ecuatorial, resulta insuficiente. No basta con que se diga que la Unión Europea está preocupada con lo que está sucediendo allí.
Creo, señor Ministro, que hay un fracaso de la política española en relación con Guinea Ecuatorial. Me parece que parte de la causa de ese fracaso está en que hay dos centros decisorios --lo sabemos los que hemos tenido algún contacto con esa
realidad--: uno es usted y otro está en Moncloa. Pónganse de acuerdo. Es urgente.
Considero que la política de condescendencia que originó esa foto espantosa de Obiang con el Rey de España debe cesar, así como la teoría de creernos que hay un
proceso democrático, como sucedió hace pocos meses cuando estuvo Obiang en España y prometió al Presidente del Gobierno español el proceso de democratización, la defensa de los derechos humanos, y la suscripción del Convenio contra la tortura. Todo
ha sido mentira; ha sido reírse a la cara de todos nosotros.
Por tanto, señor Ministro, le pido sinceramente acciones claras en búsqueda de resultados, porque aunque, efectivamente, las penas han sido rebajadas y hay 77 personas absueltas, en mi
opinión, ninguno de los delitos que se les imputan han podido ser probados por el régimen. Me parece que lo que hay es un proceso de destrucción sistemática de cualquier alternativa democrática al régimen de Teodoro Obiang, ante lo cual, España
tiene que capitanear una posición común, dura y exigente de la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
La política exterior de España con Guinea Ecuatorial no es de ahora, viene de hace muchos años, incluidas visitas de Estado, y visitas oficiales, y
siempre ha estado dominada por tres principios, y creo que así debe seguir siendo. Hay un principio claro, que es el de la cooperación con los ciudadanos guineanos, lo que creo que anticipa nuestra
respuesta a ese juicio que yo también calificaré. Es una cooperación destinada, fundamentalmente, al reforzamiento de las instituciones políticas democráticas, por tanto, de ayuda a los partidos políticos de la oposición, pero también
dirigida a sectores tales, como sanidad y educación. Usted y yo estaremos de acuerdo en que eso debe mantenerse en beneficio de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, que no son responsables de los desmanes de su Gobierno.
En segundo lugar, tenemos
una obligación específica con Guinea Ecuatorial, que es la de preservar los lazos con un país que por razones de historia, por razones de cultura y por razones de lengua está tan próximo a España, y eso es algo que debemos preservar con
independencia de la coyuntura política, como sucede con otros países que también tienen dictaduras pero con los que tenemos unos lazos evidentes, como pueda ser el caso de Cuba.
En tercer lugar, la guía de la política exterior hacia Guinea
Ecuatorial es procurar que haya un proceso democrático, que se respeten los derechos humanos y que se avance en la línea adecuada. Y eso se hace a través del diálogo crítico, permanente, constante y, a veces, con resultados dispares.
Realmente
respecto al último proceso, con sentencias ya producidas, yo comparto el calificativo de que ha sido una farsa y un auténtico escándalo. Así se lo hemos transmitido al Gobierno de Guinea Ecuatorial a través de la troika comunitaria y así lo hemos
dicho también en la nota oficial de la Unión Europea.
A partir de ahí, usted me pregunta qué es lo que podemos hacer. Con independencia de reflexiones que podríamos también hacer en cuanto a la lógica --no es una lógica occidental respecto a lo
que sucede en Guinea Ecuatorial, porque responde a otro tipo de lógica que usted conoce perfectamente--, en principio va a haber otra gestión a nivel de troika antes de que acabe la Presidencia española, por lo tanto, en los próximos días, para
reiterarles que eso no se puede tolerar y que hay que corregir esa situación, por la vía del derecho de gracia o por lo que sea, para que no se vuelva a repetir. No descarto que pueda haber una visita a muy alto nivel por parte del Gobierno español
a dicho país a lo largo del próximo mes de julio.
Ahora tendremos que delimitar dos cosas --y con esto termino, señora Presidenta--: hasta qué punto nosotros podemos ejercer acciones bilaterales, que no pueden pasar por la cooperación, por lo que
antes he mencionado, porque creo que sería un error y un perjuicio para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial; y qué es lo que podemos hacer en el ámbito multilateral en el marco de los acuerdos de Cotonú y, por lo tanto, de acuerdo con los
diferentes compromisos que tenemos con los países ACP en cuanto al diálogo político y a la protección de los derechos humanos. Eso es algo que vamos a suscitar en el ámbito correspondiente, y cuando tenga resultados tendré mucho gusto en
transmitírselos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El senador Laborda tiene la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo celebro que el señor Ministro de Asuntos Exteriores comparta la visión que tenemos
los que hemos seguido los acontecimientos y los que tenemos además, por razones culturales, una proclividad a entendernos con Guinea Ecuatorial y a promover su desarrollo democrático.
Señor Ministro, yo hubiera esperado más contundencia en su
respuesta, lo digo sinceramente. Todos sabemos que es previsible el viaje del Presidente del Gobierno, al menos una escala, a Guinea Ecuatorial, pero la cuestión de fondo es que ya, desde este mismo momento y antes de que termine la presidencia
española de la Unión Europea, tenemos que enviar señales inequívocas al régimen de Teodoro Obiang en el sentido de que es inadmisible lo que está sucediendo allí; la paradoja de una constitución aparentemente pluripartidista y democrática que se
convierte en una trampa espantosa para cualquiera que se la crea. Esa es la situación que hay.
En primer lugar, señor Ministro, me parece que hay que meter este tema de Guinea Ecuatorial en la Agenda del final de la Presidencia española.
Segundo,
hay que apretar: viaje de la troika, mensajes, el Gobierno en su conjunto tiene que actuar. Unifiquen la política. Deberían unificar la posición de Moncloa con la posición de Exteriores, y lo digo sinceramente porque eso también viene de lejos en
la política exterior española, y todos sabemos de qué estamos hablando en este tema.
Por otra parte, hay altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang, que son parte de su familia, que han sido acusados directamente en el juicio de haber practicado
ellos personalmente la tortura, que tienen propiedades en España e hijos estudiando en España, y hay una política de visados y hay algún aviso que se les puede enviar a estas personas, porque me parece deleznable que las aceptemos en nuestro suelo.
Le voy a comentar una cosa muy concreta: Radio Exterior de España, señor Ministro, puede hacer mucho más. Guinea Ecuatorial hace unos años se paraba a las cinco de la tarde cuando Radio Exterior de España emitía a favor de los procesos
democráticos en Guinea Ecuatorial. Reanuden eso. Yo sé que al régimen --voy a decirlo coloquialmente-- le cabrea muchísimo este asunto, pero creo que es bueno que el régimen sepa que somos exigentes. Es decir, la misma exigencia que se ha tenido
con otros países muy próximos, que también hablan español, por ejemplo Cuba, la pido para Guinea Ecuatorial.
Por último, ayúdenos también en el Parlamento, porque aquí hemos estado a punto, y usted lo sabe, de enviar una delegación de observadores
y desde Moncloa se recomendó, porque no había que bilateralizar el conflicto, que paráramos esa delegación. Yo creo que el Gobierno puede encontrar la cooperación en el Parlamento con la exigencia de que se respeten los derechos humanos y que ese
país cumpla los mínimos estándares de garantías judiciales y democráticas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Laborda.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Gracias, señora Presidenta, por su flexibilidad.
Voy a ser muy breve. Compartimos las mismas reflexiones, señoría. Otra cosa es que después la responsabilidad de aplicar las
medidas le corresponda al Gobierno y lo deba hacer desde la prudencia y desde la búsqueda de la máxima eficacia, y no simplemente para actuar de cara a la galería.
Como sabe, hemos seguido el proceso tan de cerca que la Embajada española ha estado
presente en todas y cada una de las sesiones, y desde ese punto de vista la presencia de observadores en los juicios ha tenido alguna utilidad.
Vamos a trabajar en las líneas que le he mencionado, y yo estoy dispuesto a considerar algunas de las
ideas que usted ha puesto encima de la mesa porque comparto plenamente su preocupación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA FECHA EN LA QUE EL GOBIERNO PRETENDE FORMULAR A LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR SU DECLARACION DE NO ACEPTACION
DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA SECCION 2 DE LA PARTE XV, EN RELACION CON LA RESOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA DELIMITACION DE LAS ZONAS MARITIMAS (680/000826).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha en la que el Gobierno pretende formular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar su declaración de no aceptación de los procedimientos previstos en la sección 2 en relación con la resolución de controversias relativas a delimitación de zonas marítimas.
Tiene la palabra el senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo quiero decirle a la Cámara que no tengo fijación con el señor Ministro de Asuntos Exteriores; lo digo por la reincidencia que supone presentar hoy dos preguntas seguidas. La
pregunta anterior estaba vinculada al Pleno anterior, y, por circunstancias especiales, hubo que posponerla y, por otra parte, la situación geográfica de Canarias exige reiteradamente relaciones de contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Hecha esta salvedad, voy a formularle la pregunta. En estos momentos se encuentra en fase de trámite parlamentario en el Senado --la vamos a ver a lo largo del día de hoy-- una declaración sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982) y el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 23 de mayo pasado, ha conseguido la autorización
solicitada por el Gobierno y prevista en el artículo 94.1 de la Constitución para que el Estado pueda prestar el consentimiento para obligarse por medio de dichas declaraciones. Mediante esta declaración pretende añadir España el Tribunal
Internacional del Derecho del Mar como opción para recurrir en caso de que otros países demanden delimitaciones especiales marítimas.
Hasta ahora, España únicamente podía acceder a la Corte Internacional de Justicia para dirimir disputas relativas
a la interpretación o aplicación de la Convención del Mar. La segunda parte de esta declaración indica que España no acepta los procedimientos previstos en la sección 2, parte XV, para la solución de las controversias relativas a la interpretación
o aplicación de los artículos 15, 74 y 83, concernientes a la delimitación de las zonas marítimas o las relativas a bahías y títulos históricos.
Quiero hacer una aclaración, y es que el artículo 15 se está refiriendo a la equidistancia mediana; el
74 a la zona económica exclusiva y el 83 a la plataforma continental. Dado que esto se tramita por la vía de urgencia, la pregunta concreta es en qué fecha pretende el Gobierno formular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar esta declaración.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, no sienta ninguna inquietud, para mí es un placer contestarle a todas las preguntas que quiera y ésta se la puedo contestar con muchísima
rapidez: tan pronto como lo autoricen las Cortes, y si mi información es correcta, sólo falta la autorización del Senado, prevista para hoy mismo, cuando termine esta sesión de control. Eso es lo que le puedo decir.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Usted verá que la pregunta no es inocente. La urgencia viene dada --y hay que hacer una aclaración--, vinculada a un proceso en el que ya llevamos tiempo, respecto de las aguas archipelágicas canarias --y esto es un
paso importante-- y también a la autorización que se ha hecho a Repsol en relación con las prospecciones petrolíferas. Coalición Canaria se alegra de que se haya dado este paso importante. Rectificar es de sabios, porque hay ya otros países que lo
habían hecho desde un primer momento y creo que estamos en el camino de revindicar nuestra propia soberanía.
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Intuía efectivamente que su pregunta no era inocente, pero debo decirle que
su interpretación no es del todo correcta aunque es cierto que se puede aplicar al caso de las Islas Canarias. Pero la razón por la cual el Gobierno ha adoptado la doble decisión de aceptar primero la jurisdicción del Tribunal Especial del Derecho
del Mar y, al mismo tiempo, hacer una declaración por la que no asume los procedimientos es porque otros países ya lo han hecho y, por lo tanto, estamos en condiciones de igualdad jurídica con ellos, pero sobre todo para evitar que ese tema se pueda
suscitar por parte del Reino Unido en relación con el contencioso sobre las aguas de Gibraltar. Esa es la causa fundamental. Otra cosa es que, además, eso pueda tener consecuencias que, desde mi punto de vista, también son beneficiosas, se mire
por donde se mire, para Canarias.
Gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRES ENLACES Y RAMALES DE CONEXION EN LA CARRETERA NACIONAL N-145, ENTRE
LA SEU D'URGELL (LLEIDA) Y ANDORRA (680/000820).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francesc Xavier Marimon i Sabaté, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el estado actual de las obras de construcción de tres enlaces y ramales de conexión en la
carretera nacional N-145, entre La Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra.
Tiene la palabra el Senador Marimon i Sabaté.
El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señor Ministro.
Me interesaría conocer las previsiones de su Ministerio respecto a la construcción de estos tres enlaces exactamente en los puntos kilométricos
2.200; 8.250 y 9.000, de la provincia de Lleida, carretera que va de La Seu d'Urgell a Andorra. Se trata de una carretera que tiene un altísimo nivel de tránsito, y son zonas de alta siniestralidad. Cierto es que lo que se suelen producir son
golpes entre coches, y, afortunadamente, no ha habido accidentes mortales. Pero sí hay un conjunto de pequeños pueblos, que es lo que motiva mi intervención, como pueden ser, en el primer punto, el pueblo de Anserall; en el punto 8.250 hay un
conjunto de pequeños pueblos como La Farga de Moles, Ars, Civís, Asnurri, Argolell, Sant Joan Fumat, Farrera dels llops --nombre antiguo y bonito--, Arduix, etcétera, que tienen el acceso en esta zona y que en estos momentos es dificultoso. Aparte
de que también hay un camping de una cierta importancia que genera un cruce de la vía complicado.
Reconozco que no es tanto una responsabilidad actual, porque esta obra fue prevista en la década de los ochenta y se tenía que realizar conjuntamente
con la rotonda de La Seu d'Urgell, que hace muchos años que está en funcionamiento. No conozco las causas por la cuales no se lleva a cabo en su momento, pero sí parece que se incluyo, al menos esta es la noticia que dio el subdelegado del Gobierno
a los ayuntamientos de la zona, en el Programa de seguridad vial del año 2001. Interesaría a nuestro grupo, y muy especialmente a los alcaldes de estos pequeños pueblecitos, conocer las perspectivas y calendarios si es posible de realización de
estas obras.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Marimon.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, muchísimas gracias por su pregunta. Lo que me extraña es la escasa ambición de su contenido, porque hablar de la conexión entre La Seo y
Andorra y referirnos a reformar tres rotondas, dada la situación actual, me sorprende la enorme modestia de su planteamiento. Por lo tanto, quiero tranquilizarle sobre lo principal. Esta conexión entre La Seo y Andorra ni siquiera figuraba en las
actuaciones de las vías de conexión como carreteras convencionales en el PDI 1993-2007, y hoy es una de las prioridades del Ministerio. Por consiguiente, no solo le anuncio que ese proyecto de reforma de rotondas sigue en la programación de
actuaciones de emergencia, sino que en estos momentos está en marcha el proyecto de actuación integral para mejorar la conexión de La Seo con Andorra.
No es una decisión que se justifique estrictamente por razones de tráfico, que lo es --y su
señoría ha detallado los problemas que tienen estos enlaces que afectan a las poblaciones de Anserall, Arcavell y Civís--, sino que, además, en estos momentos estamos a punto de cerrar las negociaciones para construir un aeropuerto internacional
conjunto hispano--andorrano en el territorio de los municipios cercanos a La Seo.
Comprenderá su señoría que hablar de un aeropuerto internacional hispano--andorrano en territorios cercanos a La Seo y olvidarse de la conexión por carretera entre
Andorra era algo que en el ámbito del Ministerio de Fomento no había pasado desapercibido.
Por lo tanto, le agradezco su pregunta, le confirmo que todo esto forma parte de un proyecto programado en actuaciones de emergencia sobre puntos negros, que
atenderemos en el momento; entre otras cosas, en que sea adaptado a euros, porque era un viejo proyecto que estaba durmiendo el sueño de los justos, pero sobre todo le quiero anunciar la actuación integral para mejorar las conexiones entre La Seo y
Andorra que es lo que España y Andorra en estos momentos exigen para poder desarrollar una concepción
integral de transporte conjunto, incluido el aéreo, entre los dos Estados.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Marimon.
El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta.
Evidentemente, mi pregunta es modesta y tengo que decirle que los alcaldes me dijeron: Marimon, el Ministro te va a contestar exactamente lo que usted me acaba de responder, lo cual
es una buena noticia para la zona y llena de contento a todos. No le voy a negar lo contrario. En todo caso, la modestia de mi planteamiento puede serlo en cuanto al conjunto global, pero usted comprenderá que para estos pequeños pueblos no lo es
sino que tiene gran interés.
Usted me dice que las obras están previstas y que se van a llevar a cabo, de lo cual me alegro, pero tranquilizaríamos a los alcaldes y residentes de esa zona. Si pudiéramos dar una cierta concreción al respecto,
puesto que con la nota enviada por el subdelegado del Gobierno diciendo que en 2001 se incluiría --dijo que se incluiría no que se realizaría--, la percepción que tuvieron los ciudadanos es que esta obra tenía un cierto carácter inmediato. Como va
transcurriendo 2002 y nadie les ha comunicado nada, de ahí viene esta modesta pregunta, que agradezco haya contestado a este modesto senador.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marimon.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Las preguntas no las suele hacer la oposición en beneficio del Gobierno, por lo menos hasta ahora. Por lo tanto, parto de la base de que una pregunta de estas características tiene
siempre un coste para el Gobierno. Me va a permitir que el posible coste de reconocer que ese proyecto llevaba varios años pendiente de su incorporación en la programación económica de licitaciones lo compense ahora con un anuncio que no se había
hecho nunca. En ninguna de las anteriores etapas de programación de carreteras se había anunciado la prioridad de la conexión entre La Seo y Andorra.
Permítame que entre una cosa y otra le demos la información correcta a todos. Comenzaremos por
una obra modesta pero plantearemos una gran obra de conexión entre La Seo y Andorra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO AUTORIZO UNILATERALMENTE LA REVISION DE LAS TARIFAS AEREAS EN LOS VUELOS INTERINSULARES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (680/000827).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es la de don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los motivos por los que el Gobierno autorizó unilateralmente la revisión de las tarifas
aéreas en los vuelos interinsulares de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palabra el senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro. En su intervención ante este Pleno el pasado 19 de diciembre usted reiteraba su convicción del carácter coyuntural de los efectos del 11 de septiembre sobre
el transporte aéreo e incluso ahondaba en los efectos, paradójicamente positivos, para las compañías aéreas.
En la Comisión Mixta del pasado 19 de febrero, sus representantes se comprometieron a presentar un informe que abordara no sólo la
justificación de posibles subidas de tarifas sino también mejoras en los servicios.
Sin embargo, en el Boletín Oficial de 1o de este mes su Ministerio aprueba, de forma unilateral, una importante subida de las tarifas en las rutas de obligación de
servicio público sin abordar las necesarias mejoras en dicho servicio. Bien al contrario, en estos últimos días se han sucedido noticias sobre diferentes problemas del servicio como la insuficiencia para el transporte de carga de mensajería
urgente.
Por ello, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Por qué el Gobierno autorizó la revisión de las tarifas aéreas en los vuelos interinsulares en Canarias de forma unilateral sin consultar previamente a la Comisión Mixta de
Transportes Canarias-Estado? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Rodríguez.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor senador.
La publicación de la Orden relativa a la subida de las tarifas máximas --voy a añadir el adjetivo «máximo» porque su señoría se ha olvidado de él, lo
cual quiere decir que puede subir las tarifas o no la compañía Binter-- es siempre una decisión unilateral porque, para bien o para mal, la tiene que firmar el ministro de Fomento. La Comisión Mixta se ha reunido en varias ocasiones. En todas
ellas sin acuerdo y la decisión era inaplazable.
Quiero, señor senador, recordarle algunos de los fundamentos de esta decisión. En primer lugar, la subida de tarifas máximas comporta el mantenimiento de las bonificaciones del 33 por ciento para
todos los billetes entre península e islas Canarias o en los vuelos intrainsulares.
Por tanto, sigue existiendo esa bonificación sea cual sea el importe de la tarifa fijada.
En segundo lugar, como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre, los billetes aéreos en Canarias, en el resto de España y en el resto de Europa, y de acuerdo con las ayudas acordadas por la Unión Europea, comportan una
subvención de 1,26 euros por pasajero con cargo al consorcio de seguros. Por lo tanto, se ha hecho en este tiempo un esfuerzo de bonificación.
Les recuerdo que entre 1998 y 2001, mientras las tarifas aéreas reales subieron en la península el 22
por ciento, en ese conjunto de billetes que afectan a los ciudadanos de Canarias subieron el 13,5 por ciento. Por lo tanto, el balance de la política de precios en el transporte aéreo que afecta a los ciudadanos de Canarias es enormemente
beneficioso en el saldo comparado con el resto de los ciudadanos españoles que no tienen modificaciones y que su subida de tarifas para las compañías aéreas ha sido en estos años nueve puntos superior a las tarifas de Canarias.
En este contexto las
obligaciones de servicio público que se aprobaron en el año 1998 contienen un apartado que dice: En caso de subida anormal, imprevisible y ajena a los transportistas, Fomento podrá modificar la tarifa máxima en proporción a la subida de los costes
experimentados. Y ésta es la razón por la que el Ministerio de Fomento no ha tenido más remedio que reconocer que, a pesar de la subvención acordada por la Unión Europea en concepto de ayudas al impacto de los seguros, quedaba todavía un tramo de
los seguros que afectan a la compañía Binter que, al no ser asumida por el consorcio, había que repercutir en los billetes.
Le doy el dato de que la compañía Binter antes de los acontecimientos del 11 de septiembre que han revisado los costes de
los seguros en el mercado, pagaba por esos conceptos 90.000 euros al año y ahora tiene que pagar 7,6 millones de euros por los mismos conceptos, que son los que justifican la repercusión de 3,47 euros adicional al IPC que ha reconocido el Ministerio
de Fomento en su orden ministerial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le ruego que repase su intervención del pasado 19 de diciembre ante esta Cámara . Puede ser muy interesante que usted recuerde algunas de las cosas que dijo
porque puede que estén en contradicción con lo que ha manifestado hoy aquí. De todas formas, esa subida que usted explica no supone ni mucho menos una explicación suficiente para justificar la que se ha producido a lo largo de este año y
específicamente esta última del 1 de enero.
Usted no puede conceder casi todo lo que le pide Binter sin exigir a cambio mejoras básicas en los servicios: frecuencias, aumento de plazas --recuerde que ya se ha sobrepasado el 80 por ciento de
ocupación en estos vuelos después del pequeño bajón que se produjo y en Canarias no tenemos otra posibilidad de transporte útil y ágil entre las islas--, aumento de la capacidad de carga, etcétera. Además, le recuerdo que el Gobierno se comprometió
a presentar un informe previo en la Comisión Mixta, antes de la subida de tarifas, que abordara otros aspectos de mejora.
Señor Ministro, con todos mis respetos, pienso que usted, como la mayoría de los ministros y de los gobiernos de España, no ha
entendido la problemática del hecho insular y archipelágico de Canarias.
Para terminar, señoría, le iba a pedir que retirara el decreto, pero como ya está en vigor, le ruego que lo modifique y lo negocie en la Comisión Mixta; sabemos que es su
derecho y su obligación poner su firma y que tiene capacidad legal para ello. Pero hay un compromiso explícito de negociarlo en la Comisión Mixta. Modifíquelo y negócielo en esta Comisión, se lo ruego.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Ministro, aunque ha agotado su tiempo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.
Señor senador, comprendo que la literatura y los eufemismos lo aguantan todo. Usted está pidiendo que el Ministerio de Fomento acepte las exigencias del
Gobierno de Canarias; durante un año se ha estado negociando, se ha explicado todo lo que estaba sucediendo, y durante todo ese tiempo han ocurrido acontecimientos como los del 11 de septiembre. Su señoría puede decir que quiere que Canarias sea
la excepción europea a la asunción de los costes inherentes a los sucesos del citado 11 de septiembre; pienso que no es razonable porque la singularidad de Canarias está reconocida en el sistema de obligaciones de servicio público, que ya supone
una ventaja, porque fija precios máximos, así como en el 33 por ciento de subvención en los billetes para todos los residentes en Canarias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON GABRIEL RODADO FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACION ADMINISTRATIVA O TECNICA EN QUE SE ENCUENTRA LA FUTURA AUTOVIA QUE UNIRA LA CIUDAD DE CIUDAD REAL Y PUERTOLLANO (CIUDAD REAL) (680/000843).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente pregunta de don Gabriel Rodado Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación administrativa o técnica en que se encuentra la futura autovía que unirá
la ciudad de Ciudad Real y Puertollano.
Tiene la palabra el senador Rodado.
El señor RODADO FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, una vez más tengo la satisfacción de dirigirme a usted, pues ya tuve ocasión de hacerlo en su anterior comparecencia en este hemiciclo, a fin de formularle una nueva pregunta y estoy seguro de que su respuesta podrá
transmitir tranquilidad a muchos miles de ciudadanos que sienten lógica impaciencia por ver iniciada una obra de tanta importancia y necesidad para la provincia de Ciudad Real, y de forma muy especial para la ciudad de Puertollano y su comarca.
Se
trata de una importante infraestructura cuyos trámites y gestiones para la adjudicación del estudio informativo se iniciaron justo cuando el Partido Popular asumió por decisión de los ciudadanos responsabilidades de Gobierno en 1996; hasta entonces
sólo se habían producido declaraciones de buenas intenciones y promesas incumplidas.
Es cierto que la carencia de una vía de comunicación de esta naturaleza condiciona en gran medida el desarrollo de la zona, como ha manifestado algún responsable
político del gobierno municipal socialista, pero también es cierto que nunca antes se quisieron dar cuenta de esta realidad ni adoptaron medidas alternativas.
Señor Ministro, nadie le puede acusar de algo que viene demostrando, que es su
preocupación y compromiso y naturalmente su claridad y transparencia respecto a este importante proyecto. En su última visita a Puertollano, atendiendo amablemente nuestra invitación, manifestó entre otras cuestiones, que respecto a los trámites
cumplidos en el proyecto era muy difícil que alguien pudiera reprochar algo al Gobierno del Partido Popular en relación con su tramitación, ya que se había hecho de forma diligente y en los límites exigidos por la Ley, tanto en el caso de la
variante norte, de la cual hablamos en la anterior comparecencia, como de la autovía Puertollano-Ciudad Real; también afirmó que es mejor prometer poco y cumplir mucho, justo lo contrario que habían hecho otros.
Señor Ministro, los ciudadanos de
Castilla-La Mancha, y en particular los de Ciudad Real y Puertollano, confiaron mayoritariamente en marzo del año 2000 en el Partido Popular porque sabían y saben que el Gobierno de José María Aznar cumple sus compromisos, sin necesidad de que le
tengan que montar plataformas reivindicativas que merecen todo nuestro respeto cuando demandan algo que no está programado, pero que carecen de sentido en proyectos como el que nos ocupa.
No nos cabe duda de que usted conoce y es consciente del
hecho de que desde hace muchos años Puertollano y su comarca vienen demandando con toda justicia al Gobierno de España la mejora de sus vías de comunicación, por la gran cantidad de tráfico que genera, pues una gran parte del mismo lo constituyen
vehículos lentos que transportan mercancías peligrosas desde la petroquímica de Repsol YPF.
Por todo ello, señor Ministro, y rogándole que en el marco de la legalidad vigente acelere los trámites en la medida de lo posible, tengo a bien formularle
la siguiente pregunta: ¿En qué situación administrativa o técnica se encuentra en estos momentos la futura autovía Ciudad Real-Puertollano y cuándo piensa que su ministerio pueda sacar el proyecto a licitación? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Rodado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor senador.
Empiezo por el final. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 figura el compromiso del Ministerio de acometer los tres proyectos en
los que se divide el corredor Ciudad Real-Puertollano, para lo cual está consignada una partida de 162 millones de euros. Si las oficinas técnicas que tienen encargados estos proyectos los finaliza a tiempo para su supervisión, le anuncio que
alguno puede licitarse en el año 2002 para iniciar las obras.
El Ministerio o mantiene sus plazos o los adelanta. Hasta ahora no ha incumplido sus plazos, y le anuncio la posibilidad de que podamos anticipar alguno de ellos para que en el año 2002
se puedan licitar las obras.
Para que esto no parezca una decisión arbitraria o discrecional debo decirle que, efectivamente, el recorrido que ha hecho su señoría es muy importante. En el año 1996 no había estudio informativo; en el año 1998 este
estudio informativo se aprobó provisionalmente, se envió al Ministerio de Medio Ambiente y se obtuvo la declaración de impacto ambiental en octubre de 2000; en esa declaración de impacto ambiental se impusieron unas correcciones en la zona de la
Laguna Blanca en Argamasilla de Calatrava que obligaron a un nuevo estudio informativo complementario que fue aprobado, remitido al Ministerio de Medio Ambiente y aprobada la nueva declaración de impacto ambiental en enero de 2001.
(El señor
Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Es en ese momento, con la declaración de impacto ambiental aprobada, cuando el Ministerio de Fomento licita los tres proyectos: Miguelturra-Poblete, Poblete-Argamasilla y Argamasilla-Puertollano,
de 9.5, 16.6 y 10.4 kilómetros respectivamente, que deberían terminar a finales de este año.
Si alguno de ellos --y yo espero que alguno de ellos-- puede adelantar su realización técnica y puede ser supervisado a tiempo, además de disponer de los
proyectos en el año 2002 le anuncio la posibilidad de licitar alguno de los tramos para iniciar las obras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Fomento.
--DE DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LOS TRABAJOS DE REGENERACION DE DIVERSAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA, ANTE EL IMPACTO Y CONSECUENCIAS PARA LA FLORA Y FAUNA DE LAS
MISMAS (680/000835).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La siguiente pregunta es del Excelentísimo señor don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno de los trabajos de regeneración de diversas playas de
la provincia de Granada ante el impacto y consecuencias para la flora y fauna de las mismas.
Tiene la palabra el senador Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted sabe se han venido realizando una serie de aportes de áridos en las playas de la provincia de Granada procedentes de las obras de la presa de Rules sobre el
río Guadalfeo. Estas aportaciones han creado algunas situaciones que han provocado protestas por parte de sectores que se han visto afectados, y es por lo que le hago la pregunta sobre cuál es la valoración de su Ministerio sobre estas obras.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, la valoración que hacemos de los trabajos es satisfactoria y, además, entiendo que el escrito remitido por la Delegación Provincial de Granada, de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, también corrobora esa labor satisfactoria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Medio Ambiente.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Señor Ministro, no sé cuál es el escrito al que hace alusión usted. Yo tengo noticias de actuaciones de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente paralizando las obras precisamente por la forma de actuación.
Se
han aportado áridos en zonas que no son de la influencia del río Guadalfeo, como en la playa de Carchuna, del municipio de Motril, que no tiene en su dinámica histórica como playa ninguna relación con los áridos o con la granulometría que aporta el
río Guadalfeo históricamente.
Ahí se han producido aportes de unos áridos que no han sido lavados, que han elevado el nivel de turbiedad de las aguas de forma importante y que han afectado a colonias de bivalvos que han visto colmatadas sus
branquias. Como usted sabe, los bivalvos filtran el agua y, al tener un gran aporte de sedimento fino, se han visto afectados y ha habido gran mortandad. Alguna piscifactoría ha presentado incluso denuncias sobre temas de contaminación por metales
y se han realizado análisis por parte del Seprona que decían que no eran importantes pero sí había un nivel más alto de lo normal de mercurio en las aguas después de estos aportes.
Además, se ha producido una alteración en la configuración de esa
playas.
No ha habido ningún control sobre el tamaño de los áridos que se han aportado, con lo que de alguna forma se ha producido también un efecto contrario al beneficio que suele producir el turismo ya que los ciudadanos estaban acostumbrados a
que esas playas tuviesen una granulometría determinada, pero ésta se ha aumentado con unas piedras que a veces obligan realmente a que uno se tenga que bañar casi con botas de montañero puesto que son piedras de un tamaño impresionante las que allí
se han vertido. Señor Ministro, incluso su propia Dirección General paralizó las obras al ver lo que estaba pasando.
Yo le rogaría que estas actuaciones estuvieran mucho más controladas, que se hicieran previamente unos estudios de dinámica
litoral más serios ya que se va a actuar en uno de los puntos de mayor interés ecológico de la zona, el Cabo...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Díaz Sol.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor DIAZ SOL: Prefiero que me presida la señora Presidenta. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Seguramente tiene su señoría toda la razón, pero el Reglamento está para cumplirlo. (Risas.--Fuertes rumores.--El señor Díaz Sol pronuncia palabras que no se perciben y hace signos negativos.) Tiene
la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou) Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, quiero decirle que todas las actuaciones de la Dirección General de Costas se hacen con las asistencias técnicas de seguimiento de todos los
parámetros medioambientales de la obra, asegurando de esta forma la ausencia de impactos sobre la fauna y flora del litoral en que se actúa.
Por tanto, no creo que sea justo que diga su señoría que estos estudios no son serios. Son estudios serios
y están hechos por técnicos, por profesionales. Además, señoría, la prueba del nueve es el informe de la Junta de Andalucía, que usted parece desconocer, en el cual se habla precisamente de la contaminación a la que usted se refiere. En él se dice
al final lo siguiente: Se descarta la existencia de este tipo de contaminación.
En cualquier caso, las inversiones que se han hecho son muy importantes: aprovechamiento de los áridos en la playa de Salobreña, 3,5 millones de euros; en las playas
de Almuñécar, 3,3 millones de euros; en la playa de Carchuna, Motril, 60.000 euros; en la playa de El Sotillo-Gualchos, 270.000 millones de euros. Y en este momento se encuentran en ejecución las siguientes obras: aportación de arena a la playa
de El Pozuelo en Albuñol, y regeneración de las playas de Motril por importe de 3,6 millones de euros. También está ya adjudicada la obra denominada Remodelación de defensas de la playa de Torrenueva, primera fase, Motril, por más de dos millones
de euros.
Señoría, recojo su petición en relación con que estos estudios contemplen todas esas actuaciones, pero le puedo garantizar que sí las contemplan puesto que, repito, son serios al estar hechos por profesionales. Por otra parte, creo que
hemos hecho una labor de regeneración de playas en Granada muy importante con la inversión que le acabo de explicitar a su señoría.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor ministro de Medio Ambiente.
--DE DON JOSE MIGUEL CAMACHO SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA REGULACION DEL RIO ALBERCHE, EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA DE TOLEDO, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN HIDROLOGICO
NACIONAL (PHN) (680/000836).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don José Miguel Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para la regulación del río Alberche en el tramo correspondiente
a la provincia de Toledo dentro del marco del Plan Hidrológico Nacional.
Tiene la palabra el senador Camacho.
El señor CAMACHO SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado día 28 compareció en la Comisión de Medio Ambiente el secretario de Estado de Aguas y Costas, y a una pregunta similar a ésta sobre la regulación del río
Alberche, manifestaba lo siguiente: El Ministerio de Medio Ambiente ha realizado una serie de estudios a lo largo de los últimos años que permiten identificar con precisión cuál es la alternativa o alternativas más adecuadas para resolver las
necesidades de abastecimiento que se encuentran situadas alrededor de esta cuenca, y ha optado en este momento por la construcción de una presa en el alto Alberche para optimizar las posibilidades de regulación del río.
Por eso, señor Ministro, le
pregunto en este momento cuáles son las previsiones de su Ministerio con respecto a la regulación del río Alberche en la provincia de Toledo dentro del Plan Hidrológico Nacional y de acuerdo con los acuerdos con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le ruego que si da una información la dé completa. Voy a leerle textualmente lo que le dijo el Secretario de Estado. Primero, «No hay ningún
documento escrito», al que usted ha hecho referencia; segundo, «Yo no he hecho referencia a ninguna comunidad autónoma en la construcción de esta infraestructura»; tercero, «Tampoco he hecho referencia al nombre de ninguna presa. No he dicho que
no se va a construir la presa de La Marquesita.» Todo esto se lo ha dicho él, por lo tanto creo que hay que añadir esta información a la que usted aporta.
Entonces, permítame que le diga que no es cierto lo que usted está diciendo sobre el alto
Alberche. En cualquier caso, con todo el respeto del mundo tengo que recordarle que usted ha rechazado estos proyectos al votar en contra de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. (Varios senadores del Grupo Parlamentario Socialista hacen gestos
negativos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el senador Camacho Sánchez.
El señor CAMACHO SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo no le he preguntado absolutamente nada de lo que usted me acaba de contestar. Ha cogido la comparecencia del Secretario de Estado y ha leído una serie de
cuestiones que yo no le estoy planteando en este momento.
Le he preguntado muy claramente cuáles son las previsiones de su Ministerio en cuanto a la regulación del río Alberche en la provincia de Toledo, y a eso no me ha contestado. No le he
hablado de la presa de La Marquesita, de ninguna comunidad autónoma ni de la provincia de Avila.
Señor Ministro, en esa comparecencia el Secretario de Estado --no sé si se equivocó o no, pero el «Diario de Sesiones» lo dice muy clarito-- anunció
que el Ministerio había decidido regular la parte alta del río Alberche. Lo dice el Secretario de Estado, no el senador que le habla.
Por lo tanto, supongo que será una decisión compartida de su Ministerio regular el río Alberche en su parte alta,
provincia de Avila.
Dice usted que no hay ningún documento firmado con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y puede que sea cierto, pero sí existen documentos de su Ministerio, por tanto con el membrete de Medio Ambiente, donde aparecen una
serie de inversiones a realizar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; inversiones a las que contesta --y digo yo que será por algo-- el propio Consejero de Obras Públicas en el fax que le remite el día 29 de enero solicitando que se
modifiquen algunas de esas inversiones. Por cierto, hace alusión explícita a la del río Alberche; en el primer documento aparecía regulación en el alto Alberche, y el Consejero solicita que se modifique y que desaparezca el añadido de alto
Alberche para que la regulación se realice en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Sé que en este momento su papel es un poco complicado, pero más que defender la postura y las palabras de su Secretario de Estado en sede parlamentaria, en
esta misma Casa, lo que está haciendo es darle un balón de oxígeno al
Partido Popular de la zona de Talavera de la Reina. Eso lo entiendo, desde el punto de vista político, pero creo que tenemos que ser más serios y asumir los compromisos a los que ha llegado su propio Ministerio. No eche balones fuera
diciendo que este senador ha votado en contra del Plan hidrológico, porque este senador presentó, junto con otros senadores, una enmienda a ese...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Camacho.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, lo único que he hecho ha sido leerle la segunda parte de la contestación porque usted la ha ocultado. En la segunda parte de la contestación
dada por el Secretario de Estado le aclara que, si usted está diciendo que se va a construir y que la decisión está tomada --repito, si usted lo está diciendo--, es falso. Se lo digo claramente, es falso. La obra aprobada en el Plan Hidrológico
Nacional es la regulación del río, pero no está tomada la decisión sobre dónde se va a realizar, de hecho aún se están haciendo los estudios. Estos son los hechos y no otros.
Si en este momento usted tiene interés en decir que el Ministerio de
Medio Ambiente ya se ha pronunciado en favor del alto Alberche, espero que esta pregunta sirva para rectificar. Puede decir eso, señoría, pero es absolutamente falso porque la decisión no está tomada. El propio Secretario de Estado le corrigió en
la réplica, diciéndole que las afirmaciones que usted hacía eran falsas. Lo único que le pido es que, si lee la primera parte de la respuesta, no esconda la segunda parte, donde el propio Secretario de Estado le aclara sus contradicciones.
Yo no
tengo la culpa de que ustedes muestren estas contradicciones ni de que hayan votado en contra de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional con el fin de atender, probablemente, a las necesidades del Partido Socialista en Cataluña y
en otros lugares de España. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Ustedes han votado en contra y si, por su voto hubiera sido, estas obras no se podrían realizar.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ANTONIO CALLADO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE DRAGADO Y LIMPIEZA DEL EMBALSE DE ALMANSA (ALBACETE), CONTEMPLADO EN EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (PHN) (680/000837).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Antonio Callado García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en que se encuentra el proyecto de dragado y limpieza del embalse de Almansa (Albacete), contemplado en el Plan Hidrológico
Nacional.
Tiene la palabra el senador Callado.
El señor CALLADO GARCIA: Buenos días, señora Presidenta.
Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los mismos términos expresados por la señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Callado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, desde hace tiempo se ha venido contemplando la posibilidad de construcción de infraestructuras de regulación en el río Alberche y, en este
momento, se está tramitando el pliego de bases para la contratación de una asistencia técnica para la redacción del proyecto y del estudio ambiental en estos trabajos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el senador Callado.
El señor CALLADO GARCIA: Señor Ministro, le recuerdo que le he preguntado por el pantano de Almansa, no por el Alberche. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Bien, en ese caso, vamos a volver a empezar por el momento en que el senador Callado dio por formulada su pregunta. (Risas.) Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Perdón, señora Presidenta, pido disculpas.
Efectivamente, en este momento está redactada la memoria resumen de la evaluación de impacto ambiental, que se presentó en Almansa el 11 de
junio y que está pendiente de alegaciones.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el senador Callado.
El señor CALLADO GARCIA: No tiene importancia.
Señor Ministro, quiero comentar que aun cuando usted lleva dos años en el Ministerio, la historia de la limpieza del pantano de Almansa es larga, se inició en el año 1994. En ese momento, el
Ayuntamiento encargó a la Confederación Hidrológica del Júcar que hiciera el proyecto, que se llevó a cabo en el año 1994, pero en el año 1995 --que es lo importante--, se llegó a un acuerdo entre la Comunidad de Regantes, el Ayuntamiento, la
Confederación Hidrográfica del Júcar, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente.
Los compromisos que adquirieron cada uno de ellos son los siguientes: los regantes, cedían la titularidad del pantano al
ayuntamiento --y así se hizo--; la Confederación,
hacía el proyecto --como así se hizo--; la Junta de Comunidades, se comprometió a poner en marcha un programa de lucha contra la erosión en la cuenca y a repoblar por un importe de 200 millones de pesetas --y así se hizo--; por tanto, sólo
están pendientes los compromisos del Ministerio.
A partir del año 1996, hemos tenido muchas reuniones y muchas entrevistas con el Ministerio de Medio Ambiente; se han publicado muchas cosas sobre el pantano de Almansa y le puedo decir que incluso
los diputados del Partido Popular dijeron públicamente que el pantano lo limpiaría el PP. A mí no me gusta esta expresión y supongo que, en todo caso, será el Gobierno del Partido Popular quien se encargue de la limpieza.
Asimismo, la Ministra
Tocino, en una fecha anecdótica y curiosa, cuatro días antes de las elecciones municipales y autonómicas, fue a Almansa y dijo que el pantano lo iba a limpiar el Gobierno del Partido Popular, al menos lo dijo bien.
Mi sorpresa radica en que cuando
esa obra se incluye en el Plan Hidrológico Nacional y espero que la Confederación Hidrográfica del Júcar venga a presentar el proyecto y el estudio de impacto ambiental, el 16 de mayo llegan los técnicos responsables, hacen una rueda de prensa y
presentan en el ayuntamiento el proyecto con la cronología que le voy a indicar a continuación, para ver si la asume.
Con esta cronología incluso se elabora un cuadernillo que compromete al Ayuntamiento, a la Junta de Comunidades, a la
Confederación y al Ministerio de Medio Ambiente, y dice que la memoria resumen de impacto ambiental estará en abril de 2002; la participación pública se hará en 2002, en junio; el estudio de impacto ambiental y proyecto, en noviembre de 2002; la
información pública a continuación, la declaración de impacto ambiental el año 2003 y el comienzo de las obras el año 2004. Y dice la memoria: mantenimiento y entrega del pantano al municipio a continuación.
Por eso le pregunto, señor Ministro,
¿cómo un proyecto que hace la Confederación para la misma obra en 1994, ahora dicen que no vale y hay que hacerlo nuevo? Al mismo tiempo le pregunto si asume esta cronología que nos da la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su visita a
Almansa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Callado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo creo que usted hace una lectura de la historia que probablemente es objetiva y en la que yo no tengo nada que añadir. Por tanto, en este
sentido no le puedo llevar la contraria. Lo que sí le puedo decir es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para intentar solucionar el problema. Ha cambiado la legislación medioambiental desde 1994; de entrada, afortunadamente, los
proyectos exigen de unas declaraciones de impacto ambiental y de un proceso administrativo de carácter medioambiental de los que antes carecían. Yo creo que esto es un logro para el medio ambiente del que todos tenemos que estar contentos y
orgullosos, no sólo para estas infraestructuras, sino también para todas las infraestructuras del Estado.
En estos momentos --yo creía que era el 11 de junio, pero igual estoy equivocado-- hemos presentado la memoria resumen para la evaluación de
impacto ambiental, y ahora lo que la ley nos exige es que abramos un período de sugerencias, de participación pública, y es el momento procesal en el que estamos. Espero que podamos, como es nuestro deseo, cumplir los plazos y que,
independientemente de los retrasos que se hayan podido producir, podamos sacar este proyecto adelante. En el convenio aportará un 70 por ciento la Confederación, el 25 por ciento la Junta y el 5 por ciento el Ayuntamiento. Este es nuestro
compromiso y vamos a llevarlo adelante.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JAVIER SOPEÑA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA REUNION DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNION EUROPEA CELEBRADA EN PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) LOS DIAS
25 Y 26 DE MAYO DE 2002 (680/000841).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, de don Javier Sopeña Velasco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrada en
Palma de Mallorca.
Tiene la palabra el senador Sopeña.
El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, es un hecho que durante la Presidencia española de la Unión Europea han sido muchos e importantes los logros conseguidos en materia de protección medioambiental,
siendo probablemente el más notable haber impulsado definitivamente la ratificación del Protocolo de Kioto.
Hoy, afortunadamente, es amplia la legislación europea en materia de protección, tanto de agua como de la atmósfera, pero es indudable que
la protección de los suelos es una de sus grandes carencias, obviando su papel como asentamiento de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres. Teniendo en cuenta que éste es uno de los problemas de suma importancia para nuestro país, no en
balde España es uno de los países europeos más afectados por uno de los más graves problemas de los suelos, como es la desertización, quisiéramos conocer, señor Ministro, cuál es la evaluación que hace el Gobierno sobre la reunión de Ministros de
Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrada en Palma de Mallorca, donde se ha logrado introducir
en la agenda medioambiental europea la política de protección de suelos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el tema central del Consejo informal fue --y era una de las prioridades de la Presidencia española-- la introducción de una política integrada
de gestión de la calidad del suelo.
A nuestro juicio, en la Unión Europea existe hoy una política integrada de gestión de calidad del aire --básicamente los compromisos de Kyoto--, una política integrada de gestión de la calidad del agua y una
directiva marco reciente en materia de agua; pero existiendo medidas aisladas en cuanto a la política del suelo, no existe una política integrada de gestión de la calidad del suelo. Y eso es lo que conseguimos en el Consejo informal, cuyo tema
central fue poner la semilla para que fuera la Presidencia española la que consiga que en el futuro exista esa política integrada, problemas que afectan al suelo y las agresiones a las que se ve sometido este medio natural.
¿Cuál es el objetivo?
Era avanzar hacia una política armonizada dentro de la Unión Europea. Impulsar esta política que, además, partió de una comunicación que pedimos a la Comisión que realizara. La Comisaria presentó una comunicación en esta reunión de Ministros, que
se titulaba Acción, estrategia, temática para la protección del suelo. La mayor parte de los países de la Unión Europea están afectados, en mayor o menor medida, por la erosión, 27 millones de hectáreas y, probablemente, la región mediterránea es
donde más incidencia tiene este fenómeno por las elevadas temperaturas, pendientes, lluvias torrenciales, etcétera. Para la protección del suelo, para evitar su degradación, la erosión y la desertificación, es por lo que España lanza una política
comunitaria para la protección integrada de la calidad del suelo que, además, va a tener ya una aprobación formal en el próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que se va a celebrar en la Unión Europea, insisto, a modo de comunicación.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ALBERTO FERNANDEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA IMPORTANCIA QUE, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (PHN), TIENEN LAS OBRAS DEL CANAL QUE DISCURRE POR LAS COMARCAS DE LA SEGARRA Y LES
GARRIGUES, EN LA PROVINCIA DE LLEIDA (680/000844).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don Alberto Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que, en el cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional (PHN), tienen las obras del canal que
discurre por las comarcas de La Segarra y Les Garrigues, en la provincia de Lleida.
Tiene la palabra el senador Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la semana pasada usted colocó la primera piedra de las obras del canal Segarra-Garrigues, en la provincia de Lleida. Esta obra es una vieja aspiración de las
comarcas de La Segarra, Noguera, Pla d'Urgell, comarca de Urgell, Les Garrigues y la propia Segrià; aspiración que será una realidad gracias a las actuaciones que, vinculadas al Plan Hidrológico Nacional, permitirán transformar 70.000 hectáreas de
secano en regadío.
Por ello este Grupo Parlamentario Popular le formula la siguiente pregunta: ¿Qué importancia tienen esas actuaciones en el contexto del Plan Hidrológico Nacional? Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández Díaz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, éste es un proyecto emblemático dentro del Plan Hidrológico Nacional porque siempre hemos defendido que dicho plan prioriza las actuaciones
que garantizan que aquellas tierras y comarcas que tienen agua y no la han podido disfrutar hasta hoy, porque no han recibido las inversiones necesarias, puedan recibirlas de forma prioritaria para poder disfrutar del agua para su propio desarrollo
y beneficio, y así garantizar el desarrollo territorial de estas zonas, en este caso de esta comarca tan importante en la provincia de Lleida, de modo que sus gentes y ciudadanos puedan vivir en esa tierra en base a sus propios regadíos y no tengan
necesidad de abandonarla.
Estamos hablando de una inversión total de casi 200.000 millones de pesetas, que va a afectar a las comarcas de La Segarra, de La Noguera, de Urgell, de El Pla d'Urgell, Les Garrigues y el Segrià, todas ellas en Lleida.
Se trata de poder transformar en riego una parte importante de esta comarca, aproximadamente 80.000 hectáreas. Las inversiones a realizar por el Estado van a ascender a 324 millones de euros aproximadamente. Las obras que hemos iniciado son la
ejecución de la primera fase, impulso y conexión de la presa de Rialp al canal Segarra-Garrigues, que, sobre todo, demuestran que la priorización y la voluntad del Plan Hidrológico Nacional es conseguir que todas estas comarcas puedan disfrutar de
esta transformación en riego para su propio beneficio, desarrollo y para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Ministro.
Quiero agradecerle que en su respuesta y en su intervención por un lado, haya refrendado la apuesta catalana del Gobierno de España y, por otro, aunque no lo haya dicho, haya dejado
en evidencia al Partido Socialista Obrero Español, que en su día se opuso a que el Estado afrontara estas inversiones y estas actuaciones que usted ha referido cuando rechazó la declaración de interés nacional en el Congreso de los Diputados, cuando
gobernaba el PSOE, evidentemente, y que era precisamente lo que justificaba esta inversión y esta actuación del Estado en el canal Segarra-Garrigues atendiendo a que la misma era una competencia inicial del Gobierno de la Generalitat. Es más, el
antecesor en su cargo, el Ministro socialista Josep Borrell dijo literalmente que con él de Ministro nunca se ejecutarían ni se iniciarían las obras del canal Segarra-Garrigues. Y tenía razón, ha tenido que ser una vez más con un Gobierno del
Partido Popular cuando esta actuación, como decía, tremendamente ambiciosa e importante para las comarcas de Lleida sea una realidad. Yo creo que es evidente, nuevamente, que hay grupos parlamentarios, y ¡cómo no!, el Grupo Parlamentario
Socialista, a los que molesta que el Gobierno del Partido Popular haga realidad ese compromiso con Cataluña, impulsando en la provincia de Lleida las mejores inversiones de la historia contemporánea, incluso superior a la etapa de los juegos
olímpicos, haciendo realidad, por ejemplo, que la alta velocidad se ejecute al final de año, que se haya desbloqueado el Cervera-Igualada y que el túnel de Viella o el aeropuerto de la Seo de Urgell tengan ya un futuro próximo en su ejecución, y que
faltaba únicamente el canal Segarra-Garrigues que hoy nuevamente usted ha refrendado en cuanto a su ejecución, su calendario y su abasto. Lo debemos recordar ahora que el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, no depende de la
aritmética parlamentaria, no dependemos de la imposición, como en su día se decía por parte de algún grupo parlamentario, y que expresa ese compromiso en Cataluña, esa convicción catalana del Gobierno de España.
Por tanto, queremos felicitarle,
expresamos nuestra satisfacción y le invitamos a seguir perseverando en estas inversiones vinculadas al Plan Hidrológico Nacional, que es una garantía de futuro y de progreso para la provincia de Lleida y para el conjunto de las tierras del Ebro.
(Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Fernández Díaz. Su señoría ha conseguido la unanimidad de la Cámara.
¿El señor Ministro desea intervenir? (Pausa.) --DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS ECONOMICAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2002 EN RELACION CON LA CUMBRE MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE QUE TENDRA LUGAR EN JOHANNESBURGO
(SUDAFRICA) (680/000847).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas económicas adoptadas por el Consejo de Ministros del 14 de junio de
2002 en relación con la Cumbre Mundial de Medio Ambiente sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo (Sudáfrica). Esta pregunta, señorías, sustituye a la que se había formulado en primer lugar, por haber sido objeto de un
acuerdo del Consejo de Ministros el pasado viernes.
Tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, como usted ha leído, a nosotros lo que nos preocupa es la posición que el Gobierno español y la Unión Europea van a tener en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible que va a tener lugar en Johannesburgo, cuáles son los planteamientos políticos, las directrices y los parámetros por los cuales Europa se presenta ante la comunidad mundial en aras a propiciar un desarrollo sostenible en la
comunidad internacional.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, en cualquier caso, permítame que recuerde que el Consejo de Ministros del pasado 14 de junio aprobó una contribución voluntaria del Gobierno
de España para ayudar a la organización de esta cumbre mundial, tal como me pidió personalmente el Ministro Musa en la reunión del PNUMA, en Cartagena de Indias.
En cualquier caso, respondiendo concretamente a su pregunta, estamos trabajando,
efectivamente, desde la Unión Europea, en preparar su posición común durante este semestre para poder asegurar el éxito y su posición firme en esta Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible.
La última reunión preparatoria del tramo ministerial ha
sido la que hemos celebrado en Indonesia después de las tres «precoops» que se habían celebrado con anterioridad. En Indonesia la reunión ha girado en torno a la preparación de un plan de acción que, por parte de la Unión Europea, contenía las
siguientes propuestas: erradicación de la pobreza, protección de los recursos naturales, gobernanza para el desarrollo sostenible, globalización sostenible, cambios en los modelos de producción y consumo no sostenibles, salud e iniciativas para
Africa, para pequeñas islas, así como para otras zonas geográficas del planeta.
También se ha debatido una serie de iniciativas para la implementación de este plan de acción. Estas iniciativas
entre Estados, organizaciones internacionales y no gubernamentales, empresas y entidades locales se refieren a acciones concretas, con objetivos, programas de financiación, calendarios y sistemas de evaluación.
En la Cumbre de Johannesburgo
está prevista la aprobación del plan de acción y de las iniciativas para su ejecución, al tiempo que se prevé la adopción de una declaración política. El Gobierno de Sudáfrica considera que la celebración de la Cumbre tendrá un gran impacto sobre
el desarrollo y, fundamentalmente, sobre la erradicación de la pobreza, que es un objetivo prioritario de la misma, por lo cual va a ser un gran reto para todos.
Lo que nosotros hemos pretendido a lo largo de estos seis meses ha sido conseguir
--insisto-- una posición común centrada en estos temas y en la elaboración de un plan de acción para demostrar, sobre todo a los países en vías de desarrollo, que la Unión Europea va a liderar ese proceso de acciones concretas, de actuaciones
concretas, de métodos de implementación concretos, naturalmente basados en apoyos financieros como el que se decidió en la Cumbre de Monterrey. Quiero recordar que la Unión Europea, bajo Presidencia española, es el mayor donante, es decir, son sus
Estados los que más aportan a las ayudas al desarrollo. Y, sin duda, va a ser importante que la Presidencia danesa de la Unión Europea pueda recoger el testigo de la labor realizada durante la Presidencia española y conseguir entre todos que estos
objetivos que se han plasmado desde la Unión Europea puedan constituirse en un acuerdo en la Cumbre de Johannesburgo y, por tanto, conseguir realmente que la Cumbre sea eso, un éxito para el desarrollo sostenible mundial.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo también deseo que la Cumbre de Johannesburgo sea un éxito.
Si hacemos un examen de conciencia sobre qué es lo que ha pasado durante los últimos diez años, desde la
Cumbre de Río, podemos observar que se han producido avances importantes. Por ejemplo, en lo que se refiere al cambio climático, se puso en marcha el convenio relativo a esta materia, el Protocolo de Kioto, el Convenio sobre Biodiversidad, los
principios de la Declaración de Río.
No obstante, hay que hacer una autocrítica profunda, señor Ministro, sobre el Programa XXI, un programa que tenía una visión interdisciplinar de los recursos naturales, del agua, de las energías, de la
atmósfera, pero sobre el que los distintos Estados han llevado a cabo diferentes políticas para su ejecución. Por tanto, tenemos la obligación moral de hacer un examen de conciencia sobre cómo ha funcionado el Programa XXI.
El señor Ministro hacía
referencia a una serie de temas tratados en las reuniones preparatorias de esta Cumbre, como son los relativos a recursos naturales o a la salud para Africa, una cuestión enormemente preocupante.
¿Qué está pasando con las licencias para los
medicamentos, la comercialización y las patentes de los medicamentos para enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el sida? Este es el tema esencial.
Se refería usted también a la erradicación de la pobreza. La semana pasada tuvo lugar en
Roma la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. De los países desarrollados, asistió Aznar, obligatoriamente, como Presidente de la Unión Europea, y Berlusconi, obligatoriamente, como anfitrión. Ningún Presidente ni Jefe de Estado de los países de
la Unión Europea estuvo en la Cumbre de Roma.
Sin embargo, en la actualidad hay 800 millones de pobres. Desde la anterior Cumbre sobre la Alimentación, celebrada en el año 1996, hasta la actual no se ha avanzado lo suficiente. En el mundo, cada
día mueren de hambre 22.000 personas.
Señor Ministro, los europeos debemos tener un compromiso ético. Ese objetivo de la reunión de Bali relativo a la erradicación de la pobreza es el elemento nuclear que ha de inspirar la Cumbre de Johannesburgo.
En Africa --también en Asia, pero usted ha centrado su intervención respecto de Africa-- falta cohesión social, falta protección medioambiental, pero, sobre todo, falta desarrollo y crecimiento económico y los europeos tenemos la obligación moral,
el compromiso ético ante la humanidad de mostrar solidaridad y generosidad.
Señor Ministro, los compromisos de las Naciones Unidas sobre el 0,7 por ciento del producto interior bruto no se están cumpliendo. La ayuda a la cooperación al desarrollo
en España se ha reducido por lo que se refiere al Gobierno del Estado. Se mantiene el tipo gracias a la ayuda descentralizada.
El Director General de la FAO dice que se necesitan 24.000 millones adicionales para erradicar la pobreza y desarrollar
programas de producción alimentaria. Ese es el gran objetivo de la Cumbre de Johannesburgo. Los europeos hemos exportado capital humano. La conciencia cristiana europea y española viene permitiendo aportar un enorme capital humano, trabajadores
de los diferentes segmentos de las religiones católicas trabajan en la prestación de servicios con voluntariedad, con generosidad.
Señor Ministro, todo eso está muy bien y, además de servir de ejemplo para la humanidad, requiere de un compromiso
financiero, que es simplemente el cumplimiento del compromiso ético que tenemos los europeos y el mundo cristiano hacia el mundo subdesarrollado, el tercer mundo, que es la obligación moral que ha de guiar la acción política en nuestros días.
Nada
más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
--DE DOÑA MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS REPERCUSIONES
QUE EL RECORTE DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO VA A TENER SOBRE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA (680/000833).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta de la excelentísima señora doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de las repercusiones que el recorte de prestaciones
por desempleo va a tener sobre las mujeres de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tiene la palabra la Senadora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro.
Supongo que empieza usted a comprender --o yo lo espero, por lo menos-- que la reforma de la prestación por desempleo supone un recorte de los
derechos de los ciudadanos españoles. Eso es lo que cree mi Grupo, así como que afecta especialmente a Andalucía porque es allí donde se concentra el 90 por ciento del subsidio agrario y porque muchos de los empleos fijos discontinuos también se
concentran en el sector hostelero, que tiene un gran peso económico en nuestra comunidad.
Asimismo, afecta especialmente a las mujeres porque le recuerdo que la tasa de actividad femenina en España sólo es del 40 por ciento, frente al 54,8 por
ciento en la Unión Europea. Además, tenemos que cumplir unos objetivos para el año 2010, y es que la tasa de empleo femenino alcance el 60 por ciento.
Dicho recorte de los derechos de los ciudadanos nos aleja de la cohesión social y de la
protección social en Europa.
El 60 por ciento del subsidio agrario andaluz corresponde a mujeres, que toda su vida han trabajado en el campo jornadas muy largas, además de atender a su familia porque la conciliación familiar todavía no está muy
avanzada en España.
Estas mujeres fueron reconocidas mínimamente en su dignidad por parte de los gobiernos socialistas, cuando empezaron a cobrar el subsidio agrario que, al fin y al cabo, solamente es de 22.000 pesetas al mes, pero que, junto con
el PER, ha cambiado la fisonomía y el nivel de vida de los pueblos andaluces. Con la supresión de este subsidio agrario y del PER los jóvenes y las mujeres tendrán que abandonar los pueblos, que acabarán por desaparecer. No sé si usted se
acordaría de estas mujeres cuando habló de la indolencia de los andaluces. Espero que no, señoría.
Para que disponga de otra panorámica de nuestra indolencia, le recordaré que en una comparecencia anterior, en la sesión de control en el Congreso
de los Diputados, una diputada de su grupo le dijo que las mujeres creaban el 24 por ciento de las nuevas empresas. En Andalucía estas empresas creadas por mujeres suponen más del doble, y tienen una supervivencia mucho mayor que el resto. Estas
empresas se mantienen.
Pero, ¿qué va a ser de estas empresas mantenidas, repito, gracias al esfuerzo de estas mujeres y, por supuesto, a la ayuda del Gobierno Socialista andaluz cuando los pueblos desaparezcan? Si, como ustedes dicen, hay
superávit en el Inem, ¿por qué no se aprovecha, por ejemplo, para aumentar la cobertura social, el acercamiento con Europa, o para mejorar la productividad, que es el problema fundamental del trabajo en España, rebajando las cotizaciones de los
trabajadores, de los autónomos y de las pequeñas empresas que en su gran mayoría son creadas por mujeres? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Aburto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora Presidenta, señorías, nadie duda de la necesidad de mantener un sistema especial, en este caso para los trabajadores y trabajadoras temporales agrarios en Andalucía.
Prueba de ello es que en el Real decreto se contempla su conservación íntegra para todas cuantas personas --también mujeres, evidentemente-- hayan podido verse beneficiadas del mismo en estos tres últimos años.
Ciertamente, creo que se abren unas
expectativas que, de cara a las mujeres andaluzas, pueden resultar extraordinariamente interesantes. Me permito recordar que también resultará mucho más atractiva la contratación de mujeres de manera estable a través de dos programas, especialmente
el de apoyo a esa conciliación a la que hacía referencia, a ese poder ejercer libremente un empleo y poder ejercer libremente la maternidad.
En cualquier caso, el Gobierno va a seguir trabajando en la misma línea que ha permitido que el paro en
Andalucía --sirva como ejemplo a la hora de hablar de mujeres-- haya descendido en más de 100.000 personas y más de ocho puntos.
Muchas gracias, señora Presidenta. (La señora Aburto Baselga pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Senadora Aburto no tiene tiempo disponible porque lo consumió en su primera intervención.
--DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO HA RECORTADO LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEDICADOS A LA HOSTELERIA Y AL SECTOR TURISTICO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (680/000834).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que el Gobierno ha recortado los derechos laborales de los trabajadores dedicados a la hostelería y al sector
turístico de la Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra el senador Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Trabajo, mi pregunta se refiere a la Comunidad Valenciana, pero podría aplicarse también a Baleares, a Andalucía, a las zonas costeras y a toda España, y versa en
concreto sobre la hostelería ligada al turismo de temporada, que ocupa a 12.000 trabajadores fijos discontinuos en la Comunidad Valenciana, pero podría relacionarse también con otros 100.000 trabajadores fijos discontinuos en dicha Comunidad
ocupados en los sectores citrícola, turrón, helado, juguete, transporte, enseñanza y conservas vegetales.
¿Por qué, señor Ministro, el Gobierno recorta los derechos laborales de estos trabajadores? Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Arnau.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, sabe --espero que, además, mucho mejor que yo desde un punto de vista técnico puesto que es Inspector de Trabajo-- que cada
contrato laboral se rige por la normativa existente en el momento de su celebración.
Si alguna de las predicciones o profecías que su señoría señala hubiese sido cierta ya se hubiese producido en este último año, puesto que lo que ahora se realiza
no es sino una integración y adecuación de norma. Me sorprende una afirmación de este tipo y ciertamente me alegra que ya no hable de las cifras iniciales que consideraban de más de 200.000 personas y que reconozca que no va a tener ninguna
trascendencia.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el senador Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Con el respeto que usted sabe que me merece, el hecho cierto es que el Decreto-ley 5/2002 modifica el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social en lo que se refiere a
la situación legal de desempleo.
La consecuencia, en términos asequibles, es que donde se decía que todos los fijos discontinuos tendrán prestación por desempleo, se dice ahora que sólo unos cuantos van a tener derecho a esta prestación, es decir,
los trabajadores fijos discontinuos no periódicos del artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. Quedan fuera los periódicos o llamados también de llamada cierta.
Si la voluntad del Gobierno era que quedan con protección los de llamada
cierta, como usted acaba de decir, con contrato anterior a la Ley 12/2001, debiera haberse dicho en el Decreto-ley, y, sin embargo, nada se dice en dicho Decreto-ley. Usted sabe perfectamente, porque lleva ya mucho tiempo en estas lides del Derecho
del Trabajo, que la legislación laboral está repleta de disposiciones transitorias, y es que lo que usted dice, eso de que un contrato se rige por la normativa de la fecha de su suscripción, está muy bien, pero hay que reflejarlo en el Decreto-ley,
porque no se presume. Si no se dice, señor Aparicio, la ley posterior deroga a la ley anterior. Es así, señor Aparicio.
Ocurre, señor Ministro de Trabajo, que la presión de la calle les ha obligado a dar marcha atrás. Coloquialmente me decía
ayer un experto en Derecho Laboral: Han metido la pata y están rizando el rizo.
Esto no es un interpretación, la que usted hace del Decreto-ley, sino que es realmente, señor Aparicio, un invento, un invento que en definitiva viene a ser el primer
éxito o el primer resultado positivo de la huelga convocada para mañana.
Si se me permite, diré que de sus palabras se deduce el reconocimiento positivo de las leyes socialistas de protección del desempleo, porque usted dice que esas leyes son las
que se están manteniendo respecto a los contratos fijos discontinuos que estaban en vigor antes de la Ley 12/2001.
En cualquier caso, señor Aparicio, si fuera cierto lo que usted dice, aunque fueran sólo 6.000 los perjudicados, la nueva regulación
quiebra el modelo, quiebra el cuadro de protección de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos. Trabajadores en situaciones similares van a ser tratados de modo diferente. No me extraña que el INEM no sepa a qué atenerse en cuanto a la
concesión de las prestaciones y el subsidio de desempleo. Trabajadores fijos discontinuos de carácter periódico se verán abocados a optar entre la estabilidad sin protección y la eventualidad protegida, lo que perjudica tanto a estos trabajadores y
trabajadoras como a los sectores afectados.
Lo curioso, señor Ministro, y termino, es que a esto se le llama mejora de la «ocupabilidad». Palabra que, por cierto, no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Se mejora la
«ocupabilidad»...
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Arnau. Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
No hemos considerado oportuna la protección al desempleo preexistente. Me permito recordarle dos ejemplos. Desde el primer momento nos
ocupamos de que tuviesen protección por desempleo contratos que no lo tenían: el contrato a tiempo parcial, que aprobó su señoría, o los contratos de aprendizaje hasta muy avanzada edad, que también, sin duda, recuerda su señoría.
Es evidente que
el Inem no es quien fija las condiciones del contrato ni la naturaleza del mismo. Espero que sus importantes conocimientos en materia laboral le permitan reconocer que son el empresario y el trabajador quienes deciden
si se realiza un contrato de carácter fijo discontinuo o no. Resulta igualmente evidente que, a pesar de sus sutilezas, los contratos realizados con normativa anterior se van a mantener en sus términos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que
no cabe hacer lo que ustedes han hecho: intentar intimidar de muy mala manera. Por cierto, se equivocan hasta en la cifra en más de 200.000 personas. Y digo en más de 200.000 personas, aunque sólo haya 140.000 en la EPA, lo cual realmente es un
prodigio de intimidación. Pero permítame que le diga que posteriormente se han metido en una batalla de cifras, no digo ya de conceptos, que me parece que no tienen claros, porque pretenden hacer válido y oficial un papel del Gobierno que habla de
6.000, a sabiendas de que es falso, y saben que ese papel con 6.000 perjudicados no tiene nada que ver con su afirmación anterior de que eran más de 200.000 personas las que corrían peligro. El único peligro es que les entiendan o les atiendan.
Ese es el único peligro que realmente tienen, sobre todo, el segundo.
Con toda franqueza le tengo que decir que no se altera la protección. Y por cierto, ya que habla de la protección al trabajo a tiempo parcial, me permito recordarle que la
protección al trabajo a tiempo parcial fue acordada con las centrales sindicales y no se ve alterada --permítame que se lo diga-- la contratación de fijos discontinuos. Ya sé que a usted le gustaría lo contrario, pero lo más positivo de esto es que
se van a ver ustedes en una situación muy semejante a la que vivimos cuando se dijo que todos los pensionistas españoles debía estar enormemente preocupados, puesto que iban a tener unos importantes recortes en sus prestaciones.
Hoy, quienes
incluso convocan esta huelga reconocen que todas las pensiones existentes en el sistema español de pensiones han mejorado. Le señalo también otro detalle que quizá sea interesante. Sigan ustedes poniendo afirmaciones en nuestra boca que no hemos
pronunciado. Es la mejor manera de que todo el mundo se convenza de que no hay credibilidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON MIGUEL RAMON PAMPIN RUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA EVOLUCION DE LA AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL (680/000838).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Miguel Ramón Pampín Rúa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social.
Tiene la palabra el Senador
Pampín.
El señor PAMPIN RUA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, como ustedes bien saben, en el mes de mayo la Seguridad Social ha alcanzado un récord histórico: 16.154.714 ocupados.
Esto quiere decir que seguimos
creando empleo, además, en un momento especial de dificultades, de desaceleración económica mundial, y cuando los países vecinos están en una recesión o cercanos al crecimiento cero.
Este crecimiento récord de afiliación a la Seguridad Social
demuestra que las políticas económicas de empleo y de Seguridad Social que ha venido desarrollando el gobierno son adecuadas y, por tanto, debemos seguir insistiendo en ellas. Son políticas que nos han permitido estar a la cabeza de los países de
nuestro entorno, ya que el crecimiento sostenido de la afiliación por encima del tres por ciento es superior al crecimiento económico y a la previsión de creación de empleo. Pero aún más, los datos del registro de afiliados ponen de manifiesto la
buena evolución del empleo femenino que continúa a buen ritmo, recordando el desequilibrio estructural que en la población ocupada española tradicionalmente ha mantenido el colectivo femenino frente al masculino.
El número de mujeres inscritas es
de 4,81 por ciento, el doble que el de los varones que fue del 1,94 por ciento.
Asimismo, el incremento de la afiliación en el pasado mes de mayo ha permitido el aumento de la relación cotizantes-pensionistas, que pasa del 2,38 por ciento en abril
al 2,40 en mayo, cuatro décimas por encima del dos a uno que garantiza la estabilidad del sistema de pensiones. Y desde que este Gobierno del Partido Popular tomó las riendas en el año 1996 ha habido más de 3.800.000 personas ocupadas. Ante todo
esto, señor Ministro, mi pregunta es: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la afiliación a la Seguridad Social? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pampín.
Tiene la palabra señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, nuestra valoración tiene que ser positiva porque, ciertamente --y ése es el punto de arranque-- estamos ante muchas más personas
que adquieren derechos sociales que antes no tenían, derechos de presente, como pueden ser los derechos de desempleo, y derechos de futuro como son las expectativas de una pensión digna. Y tiene que ser positiva porque se están cumpliendo los
objetivos que nos marcamos, especialmente los objetivos marcados para un año difícil, desde el punto de vista del contexto económico, como es 2002. Pues bien, a 31 de mayo de 2002 la cifra de afiliados supera los 16.154.000 personas. Es un nuevo
registro histórico y, por tanto, siempre debe ser una buena noticia para todos. En el régimen que soporta --por decirlo de alguna manera-- la mayor carga del funcionamiento económico, como es el régimen general, también las cifras son altamente
alentadoras, ya que se superaron los 12 millones, un registro desconocido; del mismo modo, en el régimen especial de trabajadores autónomos se alcanza una cifra hasta ahora no conocida de 2.658.000 personas.
En resumen, y como citaba su señoría, desde marzo de 1996 más de 3.800.000 personas han podido incorporarse a los beneficios del sistema de Seguridad Social y dar una carga de tranquilidad a quienes son pensionistas, puesto que la relación
que en este momento existe entre cotizantes y pasivos se situaría ya en 2,40. Si además esta evolución se corresponde con necesidades de fondo de nuestro mercado laboral, como es que crezca más y en este caso con más intensidad la afiliación
femenina, esto se está produciendo: un 4,81 de tasa de crecimiento respecto a mayo del año anterior, más del doble de la tasa de crecimiento masculina que alcanza el 1,94, y dando cabida de manera ordenada e integrando socialmente a muchas personas
de terceros países. En este momento tenemos ya en nuestros registros más de 761.000 personas extranjeras afiliadas al régimen de la Seguridad Social. El incremento en el último año ha sido altamente significativo, un 25 por ciento. Creo que esto
contrarresta las imágenes de no incorporación, de no integración, incluso de integración desordenada. Yo pienso que estamos ante uno de los procesos más significativos y sin duda alguna positivos que vive la sociedad española.
Son todos ellos
datos favorables y, permítame, datos que avalan que frente a los debates de juicios de intención, de presunción por parte de las actuaciones del Gobierno y sobre todo de presunciones negativas, lo que se está generando es más empleo, mejores
derechos y extendiendo derechos a más personas, afortunadamente.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA INTENCION DEL GOBIERNO DE RESOLVER LA SITUACION RELATIVA A LA INTEGRACION EN EL GRUPO A DEL COLECTIVO DE MAESTROS QUE HABIAN
OBTENIDO PLAZAS EN LOS EQUIPOS DE ASESORAMIENTO PSICOPEDAGOGICOS (EAPS) (680/000823).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la intención del Gobierno de resolver la situación relativa
a la integración en el grupo A de los colectivos de maestros que habían obtenido plazas en los equipos de asesoramiento psicopedagógicos.
Tiene la palabra el senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, en el artículo 45 de la Ley de Acompañamiento de este año se aprobó que las administraciones educativas competentes podrán promover un concurso-oposición, en turno
especial, para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los funcionarios del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en Psicología o Pedagogía, ocupan plazas con carácter definitivo en los servicios de orientación
educativa y psicopedagógica. Esta medida no ha sido aceptada por ese colectivo de profesionales por considerar que lesiona sus intereses. Algunos de estos profesionales que, como usted sabe, llevan ejerciendo como orientadores desde hace más de 25
años, accedieron a su plaza por concurso público de méritos, y más de 700, en la actualidad de 850, tienen reconocida su pertenencia al grupo A por sentencia firme, algunas sentencias ya desde el año 1995, o sea, que es un problema que viene de
lejos.
Ante esta propuesta de acceso que les ofrece la Ley de Acompañamiento, se han visto obligados a pedir a los tribunales de justicia de las distintas comunidades que obligue a la administración educativa a ejecutar las sentencias en sus justos
términos, es decir, el reconocimiento de su pertenencia al grupo A a todos los efectos, no sólo económicos, que ya los tienen reconocidos, sino también administrativos y, como usted sabe, los tribunales les están dando la razón. Este hecho está
creando una situación confusa y desigual porque estos autos de ejecución son de obligado cumplimiento. Pero, ¿qué va a ocurrir con el 10 por ciento de estos profesionales que no tienen sentencia firme o fueron rechazados o que no acudieron a los
tribunales? Por eso pedimos al Gobierno que solucione definitivamente el problema de este colectivo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Varela.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, como usted seguro sabe, mediante el artículo 45 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, el Gobierno ya ha regulado la situación de este grupo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
El senador Varela tiene la palabra.
El señor VARELA I SERRA: Señora Ministra, yo le agradezco su respuesta, pero no es satisfactoria. Este colectivo no acepta esta solución. Es un tema que viene de muy lejos. El mismo Grupo Parlamentario Popular, en el año 1995, pedía la
integración automática de este colectivo.
Posteriormente también se llevaron a cabo acciones en ese sentido, que fueron aprobadas en el Parlamento, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. La situación no está resuelta. Queda ese
10 por ciento del colectivo, que continúa sin saber cómo resolver los problemas. El Gobierno debería buscar, pactando con ellos y con las comunidades autónomas, una solución que, de manera definitiva, solventase este problema que dura hace
demasiado
tiempo. Insisto en que ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, ya pedía en el año 1995 la integración automática de este colectivo en el grupo A.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Varela.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias.
El Gobierno entiende que hay una regulación que es la más adecuada, y quiero recordarle más detenidamente en qué consiste esa solución.
Decía antes que el
artículo 45 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 27 de de diciembre, regulaba los problemas que planteaba este grupo y les daba una solución. Pues bien, este precepto establece que las administraciones educativas
competentes podrán convocar un concurso-oposición, en turno especial, para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Psicología y Pedagogía, en el que solo podrán participar los funcionarios del Cuerpo de Maestros
que, con titulación de licenciados en Psicología o Pedagogía, ocupen plazas con carácter definitivo en su ámbito de gestión, obtenidas por concurso público de méritos, en los servicios de orientación o asesoramiento psicopedagógico. El
concurso-oposición deberá ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos docentes y la adquisición de la condición de catedráticos. En la fase del concurso se valorará
especialmente el tiempo de servicio en los destinos que ocupen, y quienes superen el procedimiento selectivo quedarán destinados en la misma plaza que venían ocupando.
Realmente el número de condiciones específicas y vinculadas a este grupo que se
establece en este procedimiento para resolver la situación es tal que entendemos que esta solución debería ser satisfactoria y el caso debería haber quedado suficientemente resuelto. Esta es la posición del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE ESTABLECER CONVALIDACIONES A LOS ALUMNOS DE FORMACION PROFESIONAL SUPERIOR PARA
SU ACCESO A LOS DISTINTOS CICLOS UNIVERSITARIOS (680/000828).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno de establecer convalidaciones a los alumnos de formación profesional superior para su acceso a los
distintos ciclos universitarios.
Tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Presidenta. Señora Ministra, buenos días.
La situación que sirve de base a la pregunta que se plantea es la siguiente. Los
titulados de formación profesional superior pueden acceder a la Universidad, bien a través de la selectividad, bien desde determinadas titulaciones, a ciertos ciclos de diplomatura o de licenciatura. Sin embargo, a pesar de la consideración laboral
y en ocasión social que tienen estas titulaciones, no da ningún derecho a la convalidación de estudios, ni siquiera para estudios, asignaturas o créditos; tienen que partir de cero. Por eso planteo la pegunta sobre si prevé establecer algún
sistema de convalidaciones que valore estos títulos de formación profesional superior cuando sus titulares acceden a la Universidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora Presidenta, señoría, en relación con esta pregunta es muy importante no olvidar nunca el punto de partida, y es que la formación profesional y la Universidad son
niveles educativos diferentes, que los ciclos formativos de grado superior tienen unos contenidos mínimos iguales en todas las comunidades autónomas, lo que no ocurre con los estudios universitarios, y de ahí se deriva que sea imposible establecer
una tabla de convalidaciones. Eso no es viable y, por tanto, no se puede hacer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, entiendo que usted está planteando que, al no existir una uniformidad en la Universidad, no se puede establecer ninguna tabla.
Me parece absolutamente kafkiano
puesto que se puede establecer esa tabla a partir de las diferencias y el estudio de las distintas situaciones. De hecho, las Comunidades Autónomas del País Vasco, de Cataluña, me parece que Murcia y Andalucía, están estudiando en algunos casos un
sistema de convalidaciones que, al parecer, la señora Ministra no conoce. En este sentido en el País Vasco lo están haciendo con materias como la fabricación mecánica, la electricidad y la electrónica, que son los sectores punteros en nuestra
economía, y que además en algunos casos cuentan con la aceptación de más de un 50 por ciento del alumnado, por ejemplo en Vizcaya, donde se matriculan en estas titulaciones como primera opción y donde algunos de los alumnos tienen hasta un 9,2 de
nota media. Esto explica la alta consideración social que tienen estos estudios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y no es normal que tengan que partir de cero, ni se desprende ninguna lógica de la contestación de la señora Ministra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Si las Comunidades que dice usted lo están estudiando, el foro idóneo para plantear esas cuestiones es el Consejo de Universidades, donde se produce el ámbito de
coordinación en materia universitaria, donde están representadas las comunidades autónomas además de los rectores, o la Administración del Estado, o los miembros elegidos por las Cámaras y por el propio Gobierno. Ahí no se ha producido ninguna
manifestación en este sentido, sino que, por el contrario, la posición en el ámbito de coordinación universitaria, que es el Consejo de Universidades, está en la orientación y en la línea que yo he manifestado. Si hay alguna iniciativa de esta
naturaleza por la que se pudieran reconsiderar estas actitudes, yo creo que estas comunidades lo que deben hacer y hay que sugerirles es que lo planteen en el ámbito del Consejo de Universidades.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON ALBERTO TERAN MOLLEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL BALANCE QUE HACE EL GOBIERNO DESPUES DE UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE ALTAMIRA, EN SANTILLANA DEL MAR
(CANTABRIA) (680/000839).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Alberto Terán Molleda, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance que hace el Gobierno después de un año de funcionamiento del nuevo Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria).
Tiene la palabra el Senador Terán.
El señor TERAN MOLLEDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, el día 17 de julio de 2001 Sus Majestades los Reyes de España inauguraron la réplica de las Cuevas de Altamira, el Centro de Investigación en Prehistoria y el
nuevo Museo Nacional de Altamira.
La mejor valoración del éxito de estos proyectos está en las palabras de su Majestad la reina doña Sofía, que calificó el museo como el mejor del mundo en su especie. Esta expresión también fue el mejor
reconocimiento hacia el consorcio creado para la realización de estos proyectos, consorcio formado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la
Fundación Marcelino Botín. Sin lugar a dudas, estas inversiones tienen para Cantabria una gran significación como centro cultural y como foco de atracción turística.
Señora Ministra, ha pasado escasamente un año, once meses exactamente, no exentos
de dificultades para alcanzar un buen funcionamiento de las instalaciones y para avanzar en la puesta en marcha de nuevas ideas que hagan más atractiva la visita a Altamira. Un año no es mucho tiempo para hacer una evaluación precisa, puesto que ha
sido necesario realizar un gran esfuerzo de funcionamiento, de organización y de promoción, pero quizá sea el momento de saber si se cumplen las expectativas previstas con estos proyectos.
Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
valoración hace el Gobierno después de un año de funcionamiento del nuevo Museo Nacional Altamira y del Centro de Investigación en Prehistoria? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo me alegro de que haya formulado esta pregunta, entre otras razones porque tengo la oportunidad de expresar el grado de
satisfacción, con fundamento, que tienen tanto el Gobierno como el Ministerio ante el desarrollo de esta iniciativa, de este Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. La satisfacción viene determinada por varios factores. En primer
lugar, porque el proyecto en sí mismo es excelente, tanto la calidad de reproducción de la llamada neocueva como los fondos del nuevo museo constituyen logros de una altísima calidad y están siendo reconocidos por los expertos de todo el mundo.
Además, y usted lo ha subrayado, el método con que esta iniciativa se ha llevado adelante es también muy estimulante; se trata de un consorcio compuesto por el Ministerio, por la Comunidad Autónoma, por el Ayuntamiento y por una Fundación privada
que han trabajado conjuntamente poniendo todo lo mejor de sí mismos para desarrollar este gran museo. Los resultados avalan sobradamente al día de hoy el nivel y la calidad de esta iniciativa.
Altamira es un éxito tanto cuantitativa como
cualitativamente por las impresionantes cifras de visitantes y por los comentarios y opiniones que se han podido recoger de los mismos.
Los 350.000 visitantes registrados vienen a coincidir con la máxima afluencia de público anunciada en las
previsiones realizadas con anterioridad a la apertura del museo, y tengo que decirle que éste ha cubierto su aforo máximo durante más de 100 días.
También es muy importante señalar que el museo ha recibido ya una serie de premios y menciones
internacionales, nacionales y autonómicas que han incidido en el carácter innovador, así como en la alta calidad del proyecto, hoy realidad, de Altamira.
Por último, esa evaluación positiva queda igualmente reflejada en los múltiples requerimientos
que se están formulando al director, a los conservadores y a quienes están gestionando
Altamira para que, de alguna manera, transfieran su experiencia de gestión y los contenidos de su proyecto en distintos foros, tanto nacionales como internacionales.
Por tanto, en síntesis, un año después de inaugurarse Altamira, no cabe
sino estar muy satisfecho y, sobre todo, utilizar esta satisfacción como estímulo para seguir impulsando, una vez más, el nivel de este museo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DEL ESTUDIO ESTADISTICO «LAS CIFRAS DE LA CULTURA EN ESPAÑA», EN EL PERIODO 1990-2000 (680/000840).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente pregunta de doña Esther Vallejo de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del estudio estadístico «Las cifras de la Cultura
en España» en el período 1990-2000.
Tiene la palabra la senadora Vallejo.
La señora VALLEJO DE MIGUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señora ministra. Recientemente, el Ministerio que usted preside ha publicado un importante estudio titulado «Las cifras de la Cultura en España, estadísticas e
indicadores».
Señora Ministra, es evidente que la cultura es un hecho complejo y el mejor exponente del grado de desarrollo de un país. En ella se implican elementos artísticos o creativos, así como otra serie de componentes muy diversos, entre
los que se incluyen los económicos.
En esta publicación, junto al estudio de los sectores culturales, bibliotecas, archivos, museos, teatro, cine, etcétera aparece el estudio de otras magnitudes transversales que sin ser específicamente culturales
se derivan de esa misma cultura, como pueden ser el empleo, el gasto público, el comercio exterior, la enseñanza o la propiedad intelectual; todo ello con una gran cantidad de datos, cifras y gráficos, lo que refleja la seriedad del estudio
realizado.
Señora ministra, quiero preguntarle qué valoración hace el Gobierno de este estudio estadístico, «Las cifras de la Cultura en España».
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, en efecto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó el pasado día 7 un informe sobre «Las cifras de la cultura en
España» en el período 1990-2000, como usted ha subrayado; en él se analiza la situación de la cultura en la última década, especialmente a partir del año 1991; a lo largo de todos esos años se muestra un balance muy positivo.
La cultura es desde
luego un sector pujante, con un enorme potencial de crecimiento. Y hay algunas cifras muy notables y muy expresivas para subrayar: en primer lugar, de 1994 a 2000 la ocupación en profesiones culturales se ha incrementado en un 76,5 por ciento, lo
que confirma que la cultura es, podríamos denominarlo así, un importante yacimiento de empleo.
En segundo lugar, el incremento del gasto público en cultura de la Administración General del Estado entre 1991 al año 2000 ha sido de un 64,3 por
ciento.
En tercer lugar, el incremento del comercio exterior de bienes culturales ha sido espectacular: en estos diez años nuestras exportaciones culturales han crecido un 266,8 por ciento; el saldo neto de las importaciones-exportaciones es
positivo, 92 millones de euros y con Iberoamérica llega a ser extraordinariamente favorable, 299 millones de euros.
En la década de los noventa ha habido una gran mejora de las bibliotecas, su número ha crecido en un 40 por ciento; sus fondos en
un 94,8 por ciento; el personal con dedicación completa en un 61,7 por ciento y los gastos ordinarios han aumentado en un 226,2 por ciento.
Gracias a este desarrollo, al que han contribuido todas las administraciones, las cifras de ciudadanos que
utilizan estos servicios públicos gratuitos casi se han triplicado, representando un 149,3 por ciento, y actualmente suponen más de trece millones de personas las que utilizan estos servicios.
Este dato, desde luego, es un apoyo y un estímulo al
Plan de fomento de la lectura, que es uno de nuestros objetivos importantes en política cultural.
En lo que se refiere a las cifras de artes escénicas y musicales, cabe destacar el incremento de espectadores en los cuatro últimos años, como indican
los datos aportados por la Sociedad General de Autores y Editores. Este hecho, a mi entender, viene claramente a respaldar la política del INAEM de acercamiento de las artes escénicas al público.
Igual ocurre con el sector cinematográfico. Los
espectadores han aumentado más del 70 por ciento y el número de salas ha crecido un 93,8 por ciento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON JOKIN BILDARRATZ SORRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CONSTITUCION EN EL SENADO DE UNA PONENCIA QUE ESTUDIE LA APLICACION DE LA FUTURA LEY DE CALIDAD DE LA
EDUCACION (680/000845).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don Jokin Bildarratz Sorron, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la opinión del Gobierno acerca de la constitución en el Senado de una ponencia que estudie la aplicación de la futura ley de calidad de la educación.
Tiene la palabra el senador
Bildarratz Sorron.
El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señora Ministra, el único objetivo que pretende la siguiente pregunta es la búsqueda del consenso como leitmotiv del procedimiento de trabajo en la futura ley de calidad.
Hay una serie de principios fundamentales compartidos que hacen que nos obliguemos a buscar el acuerdo en un proyecto tan delicado y sensible como el que dentro de unos meses vamos a tener entre manos.
Esos principios fundamentales pueden ser, por
ejemplo, que la educación es un ámbito que preocupa a todos los presentes, que todos tenemos el objetivo de mejorar la calidad del sistema de enseñanza potenciando, por ejemplo, la disminución del fracaso escolar o la mejora del ambiente escolar, es
decir, tenemos elementos que nos unen.
Sobre esa base nuestra idea es que trabajemos, planifiquemos, desarrollemos, dialoguemos y legislemos con la ambiciosa idea de que es mejor, por encima de las diferencias políticas, conseguir acuerdos que no
hipotequen la educación, o que la política educativa no vaya dando tumbos sobre la base del partido que pueda sustentar al Gobierno en un momento o en otro.
La finalidad de la pregunta es conocer la opinión de la máxima responsable del Gobierno en
temas educativos en relación con la opinión que le merece que se genere desde ya un ámbito de reflexión en el Senado cuyo eje prioritario de trabajo sea la ley de calidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora Presidenta, señoría, ni al Gobierno ni al Ministerio les parece oportuno que haya una ponencia de este tipo. El Ministerio ha abierto todas las puertas, ha
ofrecido todas las mesas y ha puesto a disposición todas las horas para que durante meses podamos discutir el anteproyecto de ley de calidad, y así lo va a seguir haciendo. Cuando venga a esta Cámara estoy segura que su señoría y su grupo
colaborarán arduamente para que se pueda desarrollar un debate de esa naturaleza en la institución parlamentaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Al menos no podré decir que no ha sido clara.
De todas maneras tampoco podemos obviar que hay dudas, que hay preocupación y que, además, eso es positivo. Hay dudas en cuanto
al contenido, a los aspectos competenciales, curriculares, y el ambiente que se percibe yo creo que no gusta a nadie, y puedo poner como ejemplo lo acontecido en el Consejo Escolar del Estado o la profunda división que pudimos ver todos en la
Comisión General de Comunidades Autónomas.
Por parte de los responsables educativos existe una preocupación generalizada, y mi grupo entiende que es importante reconducirla, es decir, no es suficiente con reuniones porque, además de las mismas, hay
que intentar acordar y mantener una posición y un talante positivo.
En la Comisión General de Comunidades Autónomas usted planteaba que tenía la sensación de que en los foros de encuentro no existían unas diferencias tan grandes, y también decía
que los mejores foros son los que se dan en torno a un debate sereno, poco alumbrado --dijo textualmente-- por otros escenarios. Y en ese ámbito estamos en estos momentos nosotros lanzando nuestra demanda de reflexión, y nos sorprende que desde el
ámbito educativo, desde el Gobierno, se nos diga que toda esa reflexión no es oportuna en estos momentos porque ya se está dando o ya se va a dar, cuando este Senador ve que esa realidad no existe y para todos, incluido el mundo educativo, sería
totalmente interesante.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, creo que no hay que confundir el que alguien no esté de acuerdo con el tipo de reformas que se quieren hacer por pensar que
las cosas en conjunto están bien, con que no haya habido debate. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que no haya acuerdo y que haya una posición contraria a una reforma procedente de este Gobierno, y otra distinta es que no haya habido todo
tipo de oportunidades para debatir.
Pues bien, señoría, las oportunidades para debatir han sido y son extraordinarias, como no las había habido nunca. Lo que ocurre es que no se puede pedir debate y a la vez negar ese debate levantándose de los
foros y marchándose de ellos. No se puede decir en el Consejo Escolar que hay que debatir y que a continuación se levanten de él una serie de personas. Y hay que decir que allí también había representantes de otras instituciones que estaban
asimismo en desacuerdo con otro tipo de reformas, pero esas personas no se levantaron para irse. Por ejemplo, cuando en el Consejo Escolar se han debatido otras reformas, algunas de ellas se han aprobado en el propio Consejo Escolar con menos votos
de los que ha sido aprobado el dictamen de esta última reforma, pero repito que todas esas personas ni se levantaron ni se fueron. Cada vez que se producía una situación en la que no había acuerdo con lo que pensaba una mayoría de
ese foro, no todo el mundo se levantaba y se iba sino que continuaban en ese foro.
En resumen, eso no puede ser. Es una contradicción pedir debate para negarlo después levantándose de los ámbitos en que hay que debatir el correspondiente
asunto.
Señoría, insisto. Oportunidades ha habido y hay; y a los efectos de futuro desarrollo reglamentario de la norma, que espero aprueben las Cámaras en su momento, las seguirá habiendo. El Ministerio siempre ha estado abierto a ese diálogo y
siempre va a seguir estándolo, pero desde la responsabilidad con que tiene que mirar los problemas: de frente sin marear la perdiz ya que eso es no responder a la confianza de todos los ciudadanos españoles, no solo de los electores del Partido
Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON MIGUEL BARCELO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA «CUENTA SATELITE DEL TURISMO EN ESPAÑA» PARA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR (680/000842).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Miguel Barceló Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la importancia que tiene la «Cuenta satélite del turismo en España» para profundizar en el conocimiento del sector.
Tiene la palabra el senador Barceló.
El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, en la Conferencia Internacional de Turismo celebrada en Niza en 1999 se tomó la decisión de elaborar una «Cuenta
satélite del turismo en España». Esa cuenta es un instrumento de medición y análisis que integra diferentes perspectivas y diversas fuentes estadísticas del turismo tanto desde la demanda como desde la oferta, y que permite obtener una visión
global de su importancia macroeconómica a partir de indicadores como la aportación del turismo al PIB de la economía en capacidad de generar empleo, su contribución al equilibrio exterior, la estructura productiva de las propias empresas, etcétera.
Sólo a través de la cuenta satélite es posible tener un concepto valorativo del papel que representa esta actividad, no ya sólo dentro de nuestro país sino en el contexto internacional. En el primer análisis realizado por el Instituto Nacional de
Estadística se confirma sin duda que el turismo es la primera industria nacional al haber aportado en 1999 el 12,1 por ciento del PIB de la economía española mostrando, además, un crecimiento continuado de un punto porcentual en el período de tres
años, que son los que se analizan.
La relevancia del turismo en el período considerado por la cuenta satélite 1996-1999 se basa en el dinamismo del consumo turístico receptor, que pasa de 23.318 millones de euros en 1996 a la nada despreciable
cifra de más de 33. 600 millones de euros en 1999.
Otra información relevante que facilita la cuenta satélite del turismo es la importancia que también tiene en España el consumo turístico interno, cuya aportación al producto interior bruto es
ligeramente menor que la del consumo del turismo receptor.
La importancia de la actividad turística no queda reducida sólo a la contribución al producto interior bruto o al equilibrio exterior, sino que se extiende además a otro elemento del
entramado productivo a través del denominado efecto multiplicador. Tanto es así que, por ejemplo, debido a ese efecto multiplicador los más de 860.000 trabajos directos ocupados en esa actividad se convierten en cerca de un millón y medio de
puestos de trabajo, convirtiendo al turismo en uno de los sectores económicos que contribuyen en gran medida al empleo.
El efecto de la actividad de la industria turística no sólo se ciñe a lo que se entiende como tal sino que también tiene un
efecto de desarrollo directo o indirecto, el generado a las empresas que suministran bienes y servicios directamente a los visitantes, que impulsan, a su vez, el desarrollo de otras empresas del tejido económico.
Hoy podemos congratularnos de todo
ello, porque estamos proporcionando...
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Barceló. Concluyó su tiempo.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente, el turismo supone la primera industria nacional española. Pero es
bueno recordar que en este momento somos la segunda industria turística mundial, a pesar de que competimos con países como Estados Unidos y Francia, considerablemente más ricos que nosotros en muchos sectores y con poblaciones muy superiores.
En
ese sentido, es básico que una industria de estas dimensiones y de esta importancia para la economía nacional cuente con estadísticas fiables que permitan, tanto a las administraciones públicas como a los profesionales de la industria, poder tomar
decisiones basadas en datos reales. De ahí que no sólo en España sino en toda la comunidad internacional se haya planteado la necesidad de mejorar las estadísticas turísticas, de manera que los profesionales pero también las administraciones
públicas tengan bases ciertas para tomar decisiones.
Por ello, el Instituto de Estudios Turísticos, el INE, y el Banco de España comenzaron a trabajar juntos a comienzos de 1998 en el diseño y puesta en marcha de un programa de renovación del
sistema de estadísticas turísticas. En ese sentido, se ha desarrollado la nueva estadística de gasto turístico, que completará la información sobre ingresos y pagos por turismo de la balanza de pagos del Banco
de España y de la propia cuenta satélite, a la que hace referencia su señoría.
La cuenta satélite, como muy bien ha dicho su señoría, nos permite hacer un análisis macroeconómico de los efectos del turismo. Su señoría ha mencionado varios,
como la importancia del efecto multiplicador del turismo o de su repercusión en el empleo, pero también hemos de tener en cuenta que somos pioneros en Europa, ya que somos el primer país que está cumpliendo la aplicación de este tipo de
estadísticas.
Siguiendo con la perspectiva europea, también me parece relevante que bajo la Presidencia española se haya conseguido la primera resolución de una institución europea, concretamente del Consejo, sobre el turismo europeo. Creo que es
importante porque supone el respaldo a la industria turística europea, y por tanto a la española, por parte de las autoridades europeas.
Su señoría ha expresado los datos de la cuenta satélite del turismo, que indudablemente se trata de un sector
no sólo importante sino con un gran dinamismo. Como muestra del consumo turístico receptor, baste decir que hemos pasado de los poco más de 23.000 millones de euros de 1996 a los más de 33.000 de 1999. Es importante, como ha dicho su señoría, que
el consumo turístico interno se sitúe al mismo nivel que el turismo receptor extranjero.
No quiero más que subrayar la voluntad del Gobierno de continuar desarrollando herramientas de análisis del sector y nuevos proyectos.
Asimismo, creo que el
portal de turismo que el Gobierno pondrá en marcha en las próximas semanas será otro de los instrumentos que posibiliten la modernización de la industria turística española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES:
--DE DON LUIS ANGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN LA PROTECCION DE LOS BIENES INMUEBLES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO HISTORICO Y LA AUSENCIA DE RESPUESTA ANTE LOS CASOS DE POSIBLE
EXPOLIACION (670/000141).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación de don Luis Angel Lago Lage, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en la protección de los bienes inmuebles que forman
parte del Patrimonio Histórico y la ausencia de respuesta ante los casos de posible expoliación.
Para exponer su interpelación, tiene la palabra el senador Lago Lage.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, ante todo tengo que manifestar mi sorpresa por la decisión del Gobierno de que sea usted, señor Vicepresidente, quien responda a esta
interpelación, a pesar de tratarse de un tema específicamente cultural y encontrarse presente en la Cámara la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte. Espero que no se deba a que le falte tiempo para la protección del patrimonio al estar
sumergida en esa contrarreforma educativa del Partido Popular.
Por otro lado, tengo que agradecer su presencia porque es de suponer que en estos días previos a la huelga general, convocada por los sindicatos de trabajadores contra la política
social del Gobierno del Partido Popular, usted debería estar muy ocupado y está aquí para responder a esta interpelación.
En todo caso, quiero mostrar mi satisfacción porque, en el supuesto de que se reincorpore la señora Ministra, tendré la
oportunidad de dirigir mi interpelación a dos miembros del Gobierno, a dos ministros que, en el caso del de Economía, tiene que ver con esta interpelación a través de Turespaña por las obras del parador de turismo de Monforte y, en el caso del de
Educación, por su garantía última de protección del patrimonio histórico español. Por eso, deseo que la señora Ministra tenga a bien incorporarse pronto al hemiciclo porque entiendo que sería un paso importante para lo que es el fin último de esta
interpelación: la salvaguarda del patrimonio histórico español.
Voy a centrar mi argumentación en dos grandes líneas, una jurídica y otra documental, para hacer posible la intervención del Gobierno ante una posible o supuesta --y quiero recalcar
estas palabras-- alteración, irregularidades o expoliación, según su nombre técnico, del patrimonio histórico español en dos edificios y el conjunto histórico de Monforte de Lemos.
La Constitución Española, en diferentes artículos --44, 46 ó 149--,
señala muy claramente la competencia de los poderes públicos para garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, así como la competencia exclusiva del Estado para la
defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación.
Asimismo, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español consagra una nueva definición de patrimonio histórico en la que quedan
comprendidos los bienes inmuebles, que son la base de esta interpelación. En este sentido, el patrimonio histórico español está constituido, por ley, por todos aquellos bienes de carácter histórico, cultural, científico y técnico que conforman la
aportación de nuestro país a la cultura universal. La citada Ley 16/1985 marca un ámbito competencial de la Administración general del Estado, regulado por la propia Constitución.
En torno a esta constitución de patrimonio histórico español se
precisa la intervención del Estado para su protección, frente a la posible expoliación y se define la palabra expoliación como la acción u omisión que ponga en peligro la pérdida o destrucción, total o parcial, de bienes que integran nuestro
patrimonio.
Según la Ley del Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado, con independencia de las propias competencias de gestión que correspondan a las comunidades autónomas, en cualquier momento puede interesar del departamento
autonómico competente la adopción de medidas urgentes conducentes a evitar esa expoliación, si se estuviera produciendo. En todo caso, la expoliación de bienes histórico-patrimoniales --y quiero recalcarlo-- es competencia reservada del Estado, a
través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene asignada esta función de protección del patrimonio; y, precisamente, es en el seno del patrimonio histórico
español donde adquiere un valor singular de protección y tutela la categoría de BIC, bien de interés cultural, categoría que incluye a uno de los casos que hoy nos trae aquí: el castillo, muralla y fortaleza de Monforte de Lemos (Lugo), cesión y
legado de la Casa de Alba y que goza la categoría de bien de interés cultural, con código RI-51-8911. Con la denominación de monumento en el apartado de inmuebles, como dice la propia Ley de Patrimonio Histórico, gozará de singular protección y
tutela, como acabo de señalar. El artículo 18 de esta ley dice que un inmueble declarado como bien de interés cultural, como es el castillo, muralla y fortaleza de Monforte de Lemos, es inseparable de su entorno y los elementos que lo componen
tienen, asimismo, la condición y protección de BIC.
Un real decreto posterior a la Ley de Patrimonio, el 64/1994, que modificó el anterior 111/1986, de 10 de enero, marcaba específicamente la competencia estatal --y me importa mucho incidir en la
competencia estatal, por el tema del carácter plurinacional y pluricompetencial de las Administraciones territoriales del Estado-- sobre la expoliación: la potestad de la Administración general del Estado se ejercitará cuando otros poderes públicos
no adopten medidas suficientes para evitar la posible expoliación de los bienes históricos. Hay acuerdos internacionales que van en la misma línea: Carta internacional sobre conservación y restauración de los monumentos y sitios, Carta de Venecia
de 1964; las aportaciones de todas las épocas, patentes en la reedificación de un monumento, deben ser respetadas; los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armónicamente en el conjunto; se deben evitar los
falsos históricos.
Carta del Restauro de 1972, cuyo artículo 6 dice: se prohíben para todas las obras de arte remociones, reconstrucciones, traslados o emplazamientos distintos al original. El Anexo b) 3 habla de no alterar la secuencia de
recorridos internos. El Anexo b) 4 habla de un estudio precedente al monumento para hacer su restauración. Estoy incidiendo sobre todo en aquellos aspectos que pueden, de alguna forma, estar en la documentación, que posteriormente daré, referida a
las obras del parador.
(El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) La Carta europea del patrimonio arquitectónico, Declaración de Amsterdam, de octubre de 1975, dice asimismo que el patrimonio arquitectónico es un capital
irreemplazable, valor espiritual, cultural, social y económico, que este tesoro ha sido construido a través de los siglos, y que la destrucción de cualquiera de sus partes nos empobrece, ya que ninguna cosa nueva que se cree, por muy buena que sea,
conseguirá evitar la pérdida sufrida. Hasta aquí mi aportación jurídica a esta iniciativa para ambientar la petición que, posteriormente, dirigiré al Gobierno.
Para la parte documental nos tendríamos que situar en una obra de competencia de su
ministerio, a través de Turespaña, como son las obras de construcción del parador de turismo. Con fecha junio de 2000, a través de Turespaña, se contratan las obras de construcción del parador de turismo de Monforte de Lemos, en la provincia de
Lugo. Este parador, esta construcción se realiza sobre dos edificaciones históricas cedidas en su día por diferentes organismos de Galicia y el Patronato de la Casa de Lemos al Estado para tal finalidad, procedentes del legado de la Casa de Alba,
conocidos como el monasterio de San Vicente del Pino y el palacio de los Condes de Lemos, ambas edificaciones de indudable valor histórico y patrimonial. Estas edificaciones podrían considerarse, en un sentido amplio de la consideración de bien de
interés cultural, como integrantes en su conjunto de lo reseñado anteriormente: el castillo, muralla y fortaleza de Monforte de Lemos, o cuando menos se debe considerar como entorno y colindantes con dicho bien de interés cultural. Además, las
últimas noticias acrecientan esta sensación de que se debían incorporar a esa declaración en el sentido de que, en junio de 2002, hace unos días, se apunta la inclusión de la torre del homenaje --que es la catalogada como bien de interés cultural y
que goza de máximo nivel de protección-- en las obras de reforma y dentro de los servicios del futuro parador de turismo. Esta es una novedad que aparece estos días.
Por todo, quiero dejar bien claro en mi intervención, antes de nada, que en
ningún caso --ni hay ninguna motivación oculta-- se puede entender o prejuzgar la intencionalidad de esta iniciativa parlamentaria como una cuestión de la necesidad de construcción de este parador nacional o de la idoneidad de su emplazamiento.
Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo con el Gobierno. Bien al contrario, nuestra iniciativa busca solamente alcanzar el máximo respeto al patrimonio histórico, que viene a representar, entendemos, un indudable valor añadido a la propia función
social, turística y cultural de la construcción del parador.
La Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia, en el informe de 1999 sobre las demoliciones previas y la construcción del parador, señalaba algo que me gustaría repetir, porque de
alguna forma sería el cauce ideal para el respeto del patrimonio: Se respetarán las tipologías estructurales de circulaciones y escaleras; los nuevos edificios y pabellones respetarán la lectura del edificio histórico; se mantendrá el sistema
tipológico estructural en formas, disposición, en el uso de materiales, huyendo de los forjados de hormigón; los materiales en las carpinterías y cubiertas serán los tradicionales en las formas y los materiales; el proyecto arqueológico deberá
contemplar la excavación de todas las zonas afectadas. Se informa favorablemente el proyecto inicial básico, siempre y cuando el proyecto de ejecución contemple las cautelas señaladas, se elabore el correspondiente proyecto arqueológico y se
contemple la excavación
de todas las zonas afectadas a la obra. Este es el informe de la Xunta de Galicia --entendemos que riguroso-- sobre el proyecto básico en 1999.
Como representante de mi Grupo y como ciudadano de la provincia de Lugo, tengo la sospecha --y
así se la quiero manifestar al Gobierno aprovechando la presencia de la señora Ministra; mi satisfacción es doble por tener a los dos responsables de este materia-- de que el control y las catas arqueológicas exigidas por nuestra legislación y por
el informe de la Xunta solamente se realizaron en el patio del palacio y en el antiguo cementerio, y que podrían ser insuficientes a todas luces para la obra en su conjunto. Eso se deduce porque en los escombros acumulados en el entorno es fácil
ver restos de primitivas construcciones. Durante la ejecución de estas obras han sido muchas y continuas las denuncias públicas, a título personal, de asociaciones e, incluso, institucionales, sobre posibles --remarco posibles-- o supuestas
expoliaciones cometidas o a punto de cometerse en estas edificaciones de singular interés histórico. La ejecución del proyecto financiado por Turespaña parece a todas luces desnaturalizador, ciertamente destructivo, y que no salvaguarda ni respeta
la autenticidad de los elementos constructivos de este conjunto histórico. Este proyecto adolece de una seria investigación histórica, bibliográfica, iconográfica y archivística, que sería fundamental, y viene recogido en mucha documentación
internacional y del Estado español, para el estudio del monumento, previo a la redacción del proyecto.
Es significativo también que desde el comienzo del año 2002 y cuando se intensifican las denuncias públicas, los trabajos de construcción del
parador se aceleran y se cierran las obras a cal y canto. No sé si esto tiene que ver con que esas obras tengan algo que ocultar. Personalmente tuve la posibilidad -- después de alguna incidencia irrelevante-- de visitar las obras, acompañado por
el director de Turespaña, en el mes de abril. En ese sentido, tengo también un conocimiento, aunque no profundo porque no soy técnico en la materia, de lo que allí se hacía y pude observar lo que se me explicó.
En todo caso, en el Ayuntamiento de
Monforte el Grupo Municipal Socialista solicitó una comisión municipal, que se acaba de constituir en mayo de 2002, pero que todavía no se ha puesto en funcionamiento. También se anunciaron actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía, que
aparecieron en la prensa de la provincia. En un comunicado público de la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Patrimonio se manifestó, en diciembre del año 2001, que la capacidad de decisión sobre el
desarrollo del proyecto de la obra correspondía a la Administración del Estado, al incidir sobre el conjunto monumental de Monforte, que es un bien de interés nacional. Este es un argumento más que viene a justificar la oportunidad y necesidad de
que esta iniciativa parlamentaria se tramite en el Senado, y se le pida esa responsabilidad al Gobierno. El propio Turespaña, que depende del Ministerio de Economía, dice en su memoria explicativa que el objetivo primordial es mantener los
elementos arquitectónicos significativos restaurados y debidamente protegidos y que, en todo caso, el proceso de la rehabilitación de inmuebles histórico-artísticos para paradores de turismo debe prevalecer sobre los criterios económicos o de costes
de obras.
Hasta aquí en la teoría todos de acuerdo. A partir de aquí viene la práctica y mi preocupación --aunque no fundamentada técnicamente, y por eso pido la intercesión del Gobierno-- sobre las posibles expoliaciones o irregularidades
cometidas en el conjunto histórico-artístico, desde el año 1973, de San Vicente del Pino y Palacio de los Condes de Lemos. La construcción de un edificio auxiliar del parador en el lugar que ocupaban las caballerizas del monasterio ha supuesto,
según todos los indicios, la posible destrucción de un tramo de la muralla medieval datada en torno a los siglos XIII-XVI y también de la cerca monástica, del siglo XVIII.
Cuando menos en las excavaciones de este edificio auxiliar cercano a la
primitiva muralla y cerca monástica deberían haberse realizado, y no hay constancia de ello, las oportunas comprobaciones arqueológicas.
En el Monasterio de San Vicente del Pino, la escalera principal o de honor, que data del año 1796, siglo XVIII,
constaba de tres tramas sobre los que se asentaban los escalones de una sola pieza de granito. Fue desmontada, y en su lugar irá la caja del ascensor y la escalera de servicio que la rodea. No existe, al parecer, justificación porque podría haber
otra ubicación posible para el propio ascensor.
El arco de piedra que daba acceso a esta escalera, del año 1796, fue tapiado. La escalera recibía luz a través de tres ventanales escalonados.
Actualmente, los ventanales, que eran accesibles desde
la escalera, se encuentran cortados y emparedados por rampas de hormigón de la escalera de servicio. A nuestro entender, esta escalera debería ser un elemento protegido porque es primordial en esta construcción.
La escalera del refectorio, que se
puede situar en torno al año 1669, de tres tramos, realizada en nogal y piedra granítica, fue sustituida por rampas de hormigón y ladrillo. Fue destruida la escalera original de madera y cantería y se pretende enmascarar con un falso...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría Lago Lage, le ruego vaya concluyendo.
El señor LAGO LAGE: Voy a intentar concluir, si me permite nada más que unos minutos.
Igualmente hay en otros elementos arquitectónicos, como la escalera de acceso al coro y sala capitular, la sacristía vieja y la oratoria abacial, la sala
capitular y recreo, el claustro y las celdas monásticas, el archivo del monasterio, las cubiertas del monasterio, la cisterna exterior, etcétera. El edificio de construcción anexo, según acta notarial levantada el 5 de marzo de 2001, afectó a otro
edificio, como es la iglesia monasterial de San Vicente del Pino, del siglo XVI. En el propio palacio condal hay seguramente --no está certificado, por eso también pedimos la intervención del Gobierno-- un arco supuestamente prerrománico. Quiero
solamente señalar esto para terminar mi intervención primera, insistiendo en que este arco y el muro posiblemente sean anteriores al siglo
XII, posiblemente del IX o X, constituyendo seguramente el elemento arquitectónico más antiguo de este conjunto monumental. Aquí hubo una destructiva intervención, en el sentido de que quedó emparedado el arco por rampas y muros de la nueva
escalera, fue rasgado, recortado y cortado por una placa de hormigón, perdiendo cualquier parecido con el original; arco doblado del siglo XII, restos de una torre de la primitiva fortaleza del siglo XV y XVI, pinturas murales que desaparecieron de
finales del siglo XVIII...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, le ruego concluya.
El señor LAGO LAGE: Termino, señor Presidente. Solamente quería dar testimonio de lo que podríamos entender como supuesta expolición.
Acabo diciendo que lo que persigue nuestra interpelación es que se haga el parador --por supuesto
estamos de acuerdo sobre su necesidad y ubicación--, que se acepte todo lo que pueda ser aportación del Patrimonio Histórico, porque le da un valor añadido al propio parador, pero también queremos tener la garantía y la seguridad de que la
protección del patrimonio sólo la puede garantizar el Gobierno de España.
Queremos tener esa garantía y esta interpelación se dirige al Gobierno para que nos diga de qué forma va a garantizar o está garantizando que el patrimonio histórico español
no tenga ningún tipo de posibilidad de afectación o irregularidad, como es el caso de la construcción del parador de Monforte.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Lago Lage.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor senador.
Entiendo que su señoría no plantea, por lo que ha señalado al final de su
intervención, que el Gobierno detenga las obras de construcción del parador. (El señor Lago Lage: Eso lo verá el Gobierno.) El Gobierno verá lo que tenga que ver, pero digo lo que su señoría plantea. Y entiendo que su señoría no lo plantea.
En
segundo lugar, lo que su señoría plantea en su interpretación es que un bien histórico-artístico, si es un bien propiedad del Estado, su protección corresponde al Estado. Tengo que decir a su señoría que, según los informes jurídicos de la
Administración General del Estado, esa interpretación no es correcta; sólo corresponde al Estado la protección de aquellos bienes de su propiedad que están adscritos a servicios públicos y que, por lo tanto, en este caso, los paradores al no
considerarse un servicio público la protección de este bien está adscrita a la comunidad autónoma.
En ese sentido, no es que no quiera responder a las preocupaciones de su señoría que, por otra parte, en muchos casos me han parecido más bien una
enumeración de las sin duda valiosas características histórico--artísticas que existen en Monforte de Lemos, pero en ningún caso ha aducido que se estuvieran perjudicando. Ahora bien, según la legislación vigente en nuestro país, que como es
natural las Cámaras pueden variar, el Gobierno de la nación estará en este caso a lo que diga la comunidad autónoma en cuanto a la protección del patrimonio histórico-artístico.
Dicho esto, una vez que el Gobierno entiende que en este caso no está
reservada a la Administración del Estado la defensa del patrimonio histórico-artístico, puedo pasar a enumerar algunas de las decisiones que ha ido adoptando la Administración con referencia a este parador, cuya necesidad entiendo que su señoría
comparte.
En este sentido, hemos de tener en cuenta que en Monforte de Lemos no hay ningún bien de interés cultural declarado individualmente y que sólo está declarado el conjunto histórico-artístico de la ciudad. Así, los inmuebles aludidos
estarán protegidos en el Plan especial de protección que elabora el Ayuntamiento y que es aprobado por la comunidad autónoma.
¿Cuál es el procedimiento de tramitación y ejecución de un proyecto de parador en cualquier caso, en éste como en
cualquier otro? Una vez que se llega a un acuerdo inicial sobre su construcción entre Turespaña y las instituciones interesadas --en este caso, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma--, el Ayuntamiento del lugar en que está ubicado el parador
inicia el proceso correspondiente para resolver la casuística urbanística. Turespaña redacta el proyecto de parador, que somete, como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento, y solicita la licencia municipal de obras. Esta es emitida por el
Ayuntamiento y representa la garantía de que el proyecto cumple las exigencias urbanísticas y, en su caso, de patrimonio histórico, previo informe favorable requerido por el Ayuntamiento a las autoridades competentes, en este caso, a la comunidad
autónoma.
La ejecución de las obras, una vez que se superan todos estos trámites en edificios que están inventariados como parte del patrimonio histórico, se produce con el seguimiento y tutela de la Comisión de Patrimonio de la comunidad autónoma
correspondiente, a fin de garantizar que dicha ejecución se ajusta a los criterios.
Según la información elaborada por los servicios técnicos de la Secretaría General de Turismo y de Turespaña y los informes técnicos de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, las obras de construcción del parador a que hace referencia su señoría en Monforte de Lemos se han ajustado estrictamente a la legalidad. Incluso hay un documento firmado por técnicos de la Xunta de
Galicia, que se ha remitido al fiscal de la Audiencia de Lugo, en el que esto se manifiesta expresamente. No sé cuál será la capacidad que tenga su señoría para discutir los informes técnicos sobre estas cuestiones pero yo, desde luego, no tengo
ninguna. (El señor Lago Lage hace signos negativos.) Si no tenemos ninguna ni su señoría ni yo, seguimos adelante.
¿Cuál ha sido el proceso de elaboración del proyecto en este caso? Los primeros contactos institucionales entre la Xunta y la Secretaría General de Turismo vienen del año 1993. Por tanto, llevamos un proceso de nueve años. En 1995,
exactamente el día 29 de junio, se visitan los inmuebles por los técnicos de la Secretaría General de Turismo y de la Secretaría General de Turismo de la Xunta, se aprecian las complejidades y dificultades de habilitar determinados inmuebles en el
parador de turismo con el nivel y oferta de servicios, así como la funcionalidad y operatividad necesarias para la red de paradores y, dada la estructura de reducida dimensión de los dos inmuebles y la distancia existente entre los mismos, se adopta
la decisión de construir el parador con el fin de dinamizar turísticamente la zona de Monforte de Lemos, con algunas modificaciones, para tratar de superar estas dificultades.
En julio de 1995 se remite a la Secretaría General de Turismo de la
Xunta, para que lo considere, el primer estudio de implantación elaborado por el arquitecto de la Secretaría General de Turismo de la Administración General del Estado, y por el que el jefe de servicio de contratación y supervisión de proyectos, a
su vez, se remite, con fecha 26 de septiembre de 1995, un informe. Al mismo tiempo, los servicios técnicos del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la comunidad autónoma emiten un informe con fecha 8 de enero de 1996 que
se traslada a Turespaña.
Fruto del estudio de implantación y de los informes que acabo de citar, se elabora un proyecto de modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, promovido
por la corporación, que es informado favorablemente por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta en 1998, recogiendo los criterios generales de actuación, así como las construcciones anexas al monasterio de los pabellones y
habitaciones y servicios necesarios, dado, como he dicho antes, el problema de tamaño de los dos inmuebles, el llamado monasterio y el palacio, que estaban destinados a ser parador.
El proyecto estructura el futuro parador en dos edificios, que ya
existen: el Monasterio de San Vicente del Pino, de buena factura arquitectónica, pero de muy reducidas dimensiones, y el Palacio de los Condes de Lemos, que, supuestamente, es de más modesta construcción y que se encuentra en una situación bastante
deteriorada, según los informes.
Además, se plantean dos anexos al monasterio: uno, destinado a completar la oferta de habitaciones y, otro, a los servicios internos del parador.
El edificio del monasterio se destina a la oferta de servicios más
importante del establecimiento, es decir, recepción, la mayor parte de las habitaciones, las «suites», el comedor principal, etcétera. Y el del palacio de los Condes de Lemos se sitúan los salones de reuniones, convenciones, banquetes, etcétera.
El pabellón de habitaciones, situado en la parte posterior del monasterio, está separado de éste, pero tiene un acceso a través de una galería acristalada, en la que se sitúan 18 habitaciones en tres plantas. Y hago gracia a la Cámara sobre el
pabellón de servicios.
¿Cuáles han sido los criterios de rehabilitación y conversión de inmuebles de interés histórico-artístico, que ha seguido Paradores en su historia? La restauración y rehabilitación de inmuebles de carácter monumental para
convertirlos en paradores, se lleva a cabo compatibilizando los criterios de restauración, con la adaptación de inmuebles a las exigencias legales, funcionales y operativas de un establecimiento hotelero.
Por tanto, es imprescindible, y así lo hace
Paradores, cumplir con las normativas hoteleras contra incendios, de evacuación, etcétera, lo que, necesariamente, lleva a cambios de uso y modificaciones, que pueden ser, más o menos significativas, en parte o en la totalidad de los inmuebles.
En
todo caso, siempre prevalecen los criterios de restauración en los inmuebles histórico-artísticos, hasta el punto de que, en el caso de que no se puedan compatibilizar las exigencias que acabo de describir, no se acuerda ni se hace el proyecto del
parador. Durante todo el proceso se subordina el criterio económico de los dos inmuebles, a los de restauración.
Respecto a la situación de partida del Monasterio de San Vicente del Pino y del Palacio de los Condes de Lemos, es, según los informes
de Turespaña, que estaban en una de deterioro. En el palacio estaban afectados los elementos estructurales, es decir, la cubierta, los forjados, los muros, así como el resto del inmueble, incluidos los elementos patrimoniales más significativos, es
decir, pinturas y artesonados. Una parte de lo que su señoría ha descrito se encontraba deteriorado cuando comienza el proceso de actuación de Turespaña de Paradores, según la información que se me ha remitido.
Sin embargo, en el Monasterio de San
Vicente, aunque el deterioro también era importante, sobre todo en muros y forjados, había sufrido ya modificaciones en los años sesenta en su adaptación a residencia, destacando entre ellas, según información de Turespaña, una cubierta de uralita
pintada, la loseta hidráulica colocada sobre el pavimento de madera de la planta primera del claustro y el pavimento de sintasol colocado sobre el antiguo de madera de la planta segunda del claustro.
La Ley de 1985, de Patrimonio
Histórico-Artístico, establece en su artículo sexto la competencia de la comunidad autónoma, en este caso de la gallega, a través de la Dirección General del Patrimonio de la Xunta de Galicia, respecto a la aprobación y autorización de proyectos de
estas características.
A lo largo de todos estos años hemos tenido numerosas reuniones, entre Turespaña y la Xunta de Galicia y el Instituto Gallego de Restauración, etcétera, y se han hecho las siguientes actuaciones: El 8 de enero de 1996, un
informe de los servicios técnicos del Instituto de Restauración y Conservación de Bienes culturales, que da fruto a un primer estudio de implantación de mayo de 1996; un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta, de
febrero de 1998, sobre el proyecto de modificación puntual de las normas subsidiarias, al que ya he hecho referencia; una resolución del director general de Patrimonio Cultural de la Conseillería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo de la Xunta de Galicia, de 2001, que autoriza a un arqueólogo para la realización del control y excavación del proyecto arqueológico; un escrito del director general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia,de marzo de 2001, en la que se recogen los criterios de rehabilitación y restauración del Convento del Pino y del Palacio de Alba para convertirlos en paradores del turismo; una resolución de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, también de la misma Consejería de la Xunta de Galicia, de octubre de 2001, en la que se autoriza la ubicación de los aseos generales del parador con las medidas cautelares correspondientes de protección y
conservación, y por último, el informe de los arquitectos de los servicios técnicos, de 15 de mayo de 2002, emitido a solicitud de la fiscalía de la Audiencia provincial de Lugo, al que también he hecho referencia.
Las actuaciones de la Dirección
General de Patrimonio Cultural han supuesto modificaciones significativas al proyecto inicial con un importante incremento de costes que son, principalmente, el incremento de la estructura de madera, el traslado del aparcamiento y la piscina desde
una zona que tenía una cierta riqueza arqueológica a otra zona, la modificación de la volumetría y la reconstrucción y restauración del horno de pan.
La ejecución de las obras de construcción del parador que ha llevado a cabo Turespaña se han
venido realizando siguiendo los criterios establecidos por la Dirección General de Patrimonio de la Xunta y cumpliendo las directrices de los técnicos del Instituto Gallego de Restauración y Conservación de Bienes Culturales y respetando
escrupulosamente el procedimiento de tramitación y ejecución que acabo de describir.
¿Cuáles son los elementos supuestamente dañados, según la información que tiene el Gobierno? Ha habido iniciativas de varios grupos parlamentarios y también en la
prensa. Ahí se habla, primero, de una denominada escalera neoclásica que había sido modificada sustancialmente en los años sesenta al dedicarse el monasterio a escuela residencia, con la inserción de un tramo con losa de hormigón armado. Eso es lo
que los técnicos de Turespaña informan al Ministerio que se encuentran cuando comienzan estos trabajos y, según constaba en el proyecto autorizado por la propia Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta, se ha procedido a su
reconstrucción.
En segundo lugar, la llamada escalera del refectorio, de finales del siglo XIX, según la información que nosotros tenemos, al ser de madera y estar en muy mal estado su estructura, se procedió al desmontaje y almacenamiento de
aquellos elementos aprovechables, como las barandillas, que requieren una restauración para su posterior colocación.
Por lo que respecta a la antigua sacristía, el nuevo uso dado, aparte de la nueva sacristía, es conocido y está autorizado por la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta, así como los sistemas empleados para salvaguardar los elementos protegibles. Al existir un solado de valor arqueológico, se ha protegido especialmente, mediante una lámina de plástico y una capa
de arena, para que los elementos de tabiquería en ningún modo la dañen, pudiéndose en un futuro desmontar dichos elementos sin daño alguno para el citado solar.
La situación actual de las obras del parador de Monforte de Lemos es que creemos que
estará terminado antes del plazo contractual de mayo de 2003.
La oferta de servicios del parador es importante, la inversión está aproximadamente en 7.500.000 euros, más un amueblamiento de 1.800.000 euros.
¿Cuál ha sido la política informativa?
La política informativa ha sido variada y su señoría el 29 de abril de este mismo año asistió, acompañado de otros senadores y de otras personas, a un acto sobre el particular y luego declaró: Las impresiones positivas en el sentido de lo realizado
pueden estar justificadas, aunque sigo diciendo que soy un profano en la materia. (Risas.) En ese sentido no voy a explicar a la Cámara la importancia que tiene este parador para el entorno, desde el punto de vista económico y cultural.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Creo que la historia y la tradición de paradores en la rehabilitación de 85 establecimientos de carácter histórico y
monumental en toda España es conocida. En Galicia existe un número muy alto de paradores, que se elevan a nueve.
Termino con la lectura de lo que los técnicos han remitido a la Fiscalía, que está firmado, pues me parece importante, ya que su
señoría y yo nos declaramos legos en esta cuestión. Dicen los técnicos en un escrito firmado a la Fiscalía: Aunque los inmuebles de referencia tengan únicamente el grado de protección de los edificios inventariados, puede entenderse que las obras
ejecutadas podrían cumplir en lo fundamental los criterios de intervención en los monumentos declarados bienes de interés cultural, que cuentan con un mayor grado de protección.
Por lo tanto, los técnicos indican a la Fiscalía que las obras se han
llevado a cabo con un grado de protección superior al que demandaban los edificios.
En segundo lugar, dicen: Independientemente del mayor o menor grado de intervención en los edificios, según las necesidades del proyecto, puede concluirse que la
obra ejecutada se encuentra dentro de las determinaciones que la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia indica para edificios con el grado de protección de bienes inventariados como los presentes, estimándose que no se han realizado actuaciones que
supongan su destrucción o expolio de patrimonio cultural.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.
Tiene la
palabra el Senador Lago Lage.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Vicepresidente, los noto algo descentrados últimamente, y con esta interpelación también, porque en ningún momento aparece en la misma nada que pida la paralización de ninguna
obra. Era una interpelación --por eso me sorprendía su presencia-- dirigida a la protección de bienes inmuebles del patrimonio histórico y a la ausencia de respuesta en caso de posibles expoliaciones. No hablaba de paralización de ningún tipo de
obras que dependan del Ministerio de Economía. Otra cosa es que ésta esté fundamentada en ciertas obras o posibles irregularidades.
No soy técnico en la materia, claro que no. A un representante del pueblo no se le puede exigir ser técnico en
todo. Es un representante del pueblo y debe hablar de todo. Pero sí tengo responsabilidad civil y política, responsabilidad civil como cualquier ciudadano y como lo marcan las leyes de patrimonio que exigen a cualquier ciudadano español que ponga
en conocimiento de las autoridades competentes los supuestos o posibles casos de expoliaciones o exportaciones ilegítimas de arte, y en este caso estoy cumpliendo con mi obligación de ciudadano; y tengo también responsabilidad política porque, como
miembro de esta Cámara, creo que es legítimo y es mi responsabilidad demandar del Gobierno la máxima garantía, como máximo guardián que es del patrimonio histórico español.
No hay ningún BIC. Creo que hay que aclarar este tema. No le voy a decir
que es mentira, pero de la documentación oficial del Ministerio de Cultura he recogido la siguiente anotación en la lista de BIC del Estado español: Castillo, muralla y fortaleza de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, cedido por el Ayuntamiento
de Monforte a la Casa de Alba, goza de la categoría de bien de interés cultural BIC, referencia RI5100089110000, con la denominación de monumento, en el apartado de inmuebles. Aquí hay algún error. Yo espero que lo clarifique el propio Gobierno y
que diga si realmente existe un BIC con carácter de monumento y de inmueble en Monforte o no, como usted bien dijo.
Yo no le hice una enumeración de posibles cuestiones artísticas o patrimoniales o arqueológicas que había en estos edificios. Le
hablé de posibles irregularidades. El tiempo manda y no pude enumerarle las irregularidades. Le puedo enumerar --como dije-- algunas, como que fueron destrozados arcos de indudable valor arqueológico. En la visita que yo hice no consta que se
recuperara la escalera en el sitio original, sino que primero se depositó fuera y después se reconstruyó en otro sitio y en el lugar de la escalera se puso un ascensor. Usted habla de la sacristía.
Yo no sé si el mejor método para conservar el
patrimonio es ocultarlo. A lo mejor es una nueva moda del Gobierno del Partido Popular. Cuando hay un patrimonio que conservar se oculta debajo de un plástico y de arena y encima se construyen --permítame que se lo diga-- unos retretes. Eso es
realmente lo que se ha hecho. Yo no soy técnico en la materia. No soy nadie para decir si está bien hecho o no, pero, por eso, interpelo al Gobierno para que me diga si él da la máxima garantía de que se está protegiendo adecuada y legalmente el
patrimonio histórico como en este caso.
En cuanto a que el Estado no tiene que intervenir yo enumeré varios principios jurídicos desde la Constitución hasta la propia Ley del Patrimonio y algún Reglamento y le voy a decir lo que dice --usted
también lo ha dicho-- el Gobierno de la Xunta, y usted fundamenta su intervención en muchos documentos del Gobierno de la Xunta.
Le voy a decir lo que dice el Gobierno de la Xunta: Patrimonio investiga daños en el conjunto monumental por la zona
del parador, diciembre de 2001. La Xunta no puede actuar directamente debido a que el Monasterio de San Vicente es de titularidad estatal y la Xunta de Galicia no tiene potestad para mucho más que informar de lo que está sucediendo. No lo dije yo.
Lo dijo el conselleiro de Cultura, Dirección General de Patrimonio, de la Xunta de Galicia.
La competencia exclusiva del Estado, que está presente en todas las leyes es el control de la posible expoliación por acción o por omisión. Si hay o no
expoliación lo tienen que decir ustedes, es competencia exclusiva del Estado. No sé si hay necesidad de hacer catas arqueológicas o no, no soy técnico, pero sí hay constancia de que la Xunta decía que había que hacer una cata arqueológica, un
proyecto arqueológico en todo el recinto, en toda la ocupación, y solamente hay constancia de que existiera en dos puntos, como he dicho.
Lo que pedimos con esta interpelación, se lo voy a señalar muy claramente, es que el Gobierno, a través del
Ministerio de Cultura, como su competencia es la de patrimonio, ponga en marcha una Comisión de expertos de todo tipo: historiadores, arquitectos, arqueólogos, restauradores, y que realice un informe exhaustivo de lo que se ha hecho y de lo que se
va a hacer y que nos digan ellos y el Ministerio de Cultura se responsabilice si realmente se garantiza la protección del patrimonio histórico. Si realmente se garantiza, sepa que voy a ser el primero en felicitar al Gobierno por esa actuación. Si
no, exigiré al Gobierno --también es mi responsabilidad como ciudadano y como representante político-- que haga cumplir la legalidad, restaurando lo que se pueda restaurar y pidiendo responsabilidades políticas, si las hay, o responsabilidades
jurídicas, si hubiera lugar a ellas.
En cuanto a la fiscalía, reconozco que usted ha dicho que hay una investigación abierta, que hay unos informes, pero no sé en qué quedará.
En todo caso, yo hablé de posibles irregularidades en lo que es el
tratamiento del Patrimonio. En los minutos que me quedan le voy a señalar algunas.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Lago, no le queda tiempo, señoría. Termine, por favor.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor Presidente, sólo un minuto.
No le voy a enumerar los monumentos arquitectónicos que hay, sino las posibles irregularidades: una muralla medieval, que puede ser del siglo XIII-XVI, fue destruida y la
cerca monástica del siglo XVIII también; la escalera principal, que usted dice que se ha restaurado, es del año 1796, fue desmontada y en su lugar irá la caja del ascensor; la escalera del refectorio, a la que usted se refería, fue sustituida
por rampas de hormigón y ladrillo, y era de nogal y piedra granítica, del siglo XVII. En cuanto al Palacio Condal me interesa saber --no está investigado y por eso pido que se investigue-- si es realmente un arco prerrománico o no, ya que
se cortó un trozo y se tapió otra parte del arco. Por eso pedimos que se investigue y que los técnicos y el propio Ministerio digan si está todo bien hecho, o no.
En último caso, quiero agradecerle su presencia, aunque siento mucho que no esté
presente la señora Ministra de Educación y Cultura. De todas formas, supongo que la coordinación entre ustedes será excelente y podrán trabajar conjuntamente. Quiero pedirles, uno por omisión y otro por acción...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Lago Lage, le ruego que concluya, señoría.
El señor LAGO LAGE: Quiero pedirles que tomen cartas en el asunto y den garantías al pueblo de Monforte y a los ciudadanos de la provincia de Lugo de que esas obras están bien. Cuanto antes se garantice eso y se acaben las obras del
Parador mucho mejor, y tendrán las felicitaciones de este senador.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señor senador, yo puedo reiterarle los datos que obran en poder de la Administración General del
Estado y reiterarle una vez más que la protección del patrimonio histórico artístico, aunque sea propiedad del Estado, aquel que no está adscrito a servicios públicos corresponde a las comunidades autónomas.
Su señoría me plantea que ese criterio
no se siga en este caso, si entiendo bien a su señoría. Pero comprenda su señoría que no puede ser un criterio caprichoso. Es decir, si el servicio jurídico del Estado informa de que la competencia es de la comunidad autónoma, estoy convencido de
que su señoría no pretenderá que el Gobierno vulnere las competencias de una comunidad autónoma. En cualquier caso, no tengo ningún inconveniente en pedir a los técnicos del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Estado de Turismo que vuelvan
a estudiar de quién es la competencia en este caso, junto con el Ministerio de Cultura. (El señor Lago Lage pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría, no; el Estado de las autonomías no es mirar para otro lado, y parece mentira que lo
tengamos que decir en esta Cámara. Las competencias de las administraciones no suponen que el resto de las administraciones miren para otro lado, suponen que hay un principio de atribución de competencias que una administración debe respetar
respecto a otra. Que su señoría quiera tener este debate aquí porque a su señoría políticamente le interesa es legítimo, pero aunque el interés político de su señoría sea tener el debate aquí, por mucho interés que tenga su señoría, las
competencias de las administraciones públicas no las fijan los intereses ni de su señoría ni los míos.
En ese sentido, yo le reitero que la posición de la Administración General del Estado es que, al no ser un bien adscrito al servicio público, la
competencia de todo lo que preocupa a su señoría es de la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma la ha ejercido, porque acabo de relatarle a su señoría todos los trámites que hemos seguido con ella.
En cualquier caso, pediré a los servicios
jurídicos del Estado que vuelvan a analizar si en este caso la competencia es nuestra o de la comunidad autónoma. Pero tiene que comprender su señoría que yo no puedo vulnerar las competencias de las administraciones territoriales sólo para
satisfacer el deseo de su señoría, ni creo que su señoría me lo pida.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.
--DE DOÑA MONTSERRAT DUCH PLANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA POLITICA QUE PIENSA DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CARACTER PLURICULTURAL DE ESPAÑA, ESPECIALMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS
DIVERSAS CULTURAS, LA PROMOCION Y USO DE SUS LENGUAS Y EL FOMENTO Y VALORACION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL (670/000142).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a la siguiente interpelación, de la excelentísima señora doña Montserrat Duch Plana, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa desarrollar el Gobierno
para el reconocimiento del carácter pluricultural de España, especialmente en el desarrollo de las diversas culturas, la promoción y uso de sus lenguas y el fomento y valoración de la diversidad cultural.
Para exponer la interpelación, tiene la
palabra la senadora Duch.
La señora DUCH PLANA: Muchas gracias, señor Presidente, señora Ministra, senadores y senadoras.
Voy a empezar diciendo cosas que son obvias, que están reconocidas en nuestra Constitución. España es una realidad pluricultural y
plurilingüe, reconocida en la Constitución de 1978, después de largos períodos históricos de negación de las realidades nacionales y culturales de España.
Dos décadas de democracia, altamente fructíferas y positivas para el desarrollo de nuestro
país, conducen a la necesidad de avanzar en la consolidación y profundización del actual Estado autonómico. A su vez, el proceso de construcción europea conlleva la existencia de nuevas situaciones
y escenarios que compartimos y vivimos con otros países de Europa.
El reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de España, basado en una concepción más abierta de una España consciente y orgullosa de su propia diversidad,
requiere políticas activas --repito: políticas activas-- para preservar y promover el sentido más profundo de las identidades diversas y complementarias, así como su aportación a la convivencia y a la solidaridad. Sin duda, la lengua es la
principal seña de identidad que ha mantenido en España la existencia de realidades socioculturales diversas que se corresponden con las nacionalidades históricas a las que alude la Constitución.
Más allá de definiciones competenciales --y acabamos
de asistir a una interpelación que se ha movido por esos caminos-- existe para nosotros un deber moral y político del Estado de incorporar a su patrimonio todas las culturas y todas las lenguas de España. Por ello, las cuatro lenguas habladas: el
castellano, el catalán, el vasco y el gallego, han de ser protegidas por el Estado. Nos parece que es imprescindible emprender una acción pública compartida en tres niveles: el que corresponde al ámbito de los gobiernos autonómicos, el que implica
la cooperación entre las autonomías y las actuaciones propias del Gobierno de España, y el del Gobierno del Estado consecuente con la pluralidad de España.
En seis de las diecisiete comunidades autónomas se afirma la cooficialidad de otra lengua.
Todas ellas, es conocido, han adoptado políticas al respecto y han elaborado legislación linguïstica, si bien los resultados conseguidos son muy distintos seguramente por el prestigio social de la lengua, su nivel de conocimiento y uso, así como al
apoyo institucional que recibe.
En España, los censos y encuestas lingüísticas del CIS 1993-1998, bajo la dirección del profesor Siguan, indican que en, las comunidades de lengua latina, al menos el 90 por ciento de sus habitantes entiende la
lengua de la Comunidad, y más de la mitad son capaces de hablarla. En las comunidades de lengua vasca, las proporciones son menores, pero sustanciales. Con vistas al futuro --y vamos a hablar de él-- se puede prever la continuidad de la situación
actual; el peso social del castellano se expande como lengua de comunicación internacional, y es previsible un aumento del número de personas que conocen dos lenguas en España e incluso de las que se declaran bilingües.
Señora Ministra, a
propuesta de mi grupo, y defendida por el Senador Molas, se aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno a emprender una línea multilateral de cooperación, de convenios entre Comunidades, con el objetivo de que, en este caso el catalán,
pudiera ser considerado crédito variable o asignatura optativa en los currículos de educación secundaria obligatoria y universitaria. Nos gustaría saber, señora Ministra, cuál ha sido el impulso otorgado por el Gobierno sobre la base de esa moción
aprobada por el Senado, que instaba justamente a profundizar en la enseñanza y en el conocimiento, en este caso del catalán, en el marco de la Conferencia de Educación, en el marco del anterior Consejo de Universidades, actualmente Consejo de
Coordinación Universitaria. Ese prodría ser un primer nivel de nuestra interpelación.
La pluralidad de España, producto de la historia y promesa de discordia o de convivencia para el futuro --depende--, es una constatación sociológica e histórica
así como una necesidad política. España, dicen los expertos, es el segundo país multilingüe de Europa y es, además, la construcción política con la base cultural más heterogénea entre los países más desarrollados del mundo.
España no fue una
nación sino un imperio o una monarquía compuesta hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX avanza el nacionalismo español; asimismo y de forma paralela nacieron otros denominados nacionalismos periféricos --la periferia siempre se define respecto de
un centro.
Podemos constatar que el caso español, y lo demuestra la sociología --usted, señora Ministra, lo sabe perfectamente--, de acuerdo con el modelo de la Constitución de 1978, sería quizá un ejemplo arquetípico de eso que Edgar Morin ha
denominado como identidades concéntricas.
Hablamos, por todo ello, de nación de naciones, de España como patria común de los españoles; nación de naciones que, en palabras de Javier Tusell, implica desde el punto de vista histórico, Estado
compuesto y federal en el pasado, débil nacionalización en el siglo XIX y persistente pluralismo, resuelto de manera definitiva, nos parece a nosotros, hasta el momento presente.
España es asimismo entrañable para todos. En esta definición yo creo
que entra como legítima la existencia de conciencias nacionales con diversas gradaciones, que permitan, por ejemplo, la superposición de lo español y lo catalán, o un grado de conciencia de catalanidad que la puede convertir en exclusiva por
completo. Esta definición pretende, pues, partir de un principio de complejidad y de reconocimiento mutuo.
Estoy haciendo quizás un poco de discurso. Probablemente, en la segunda parte podremos ver aspectos concretos en los que plasmar ese paso
adelante respecto del reconocimiento de la pluriculturalidad. Sabemos que toda sociedad liberal y democrática es plural, pero no todas ellas perciben a menudo ese rasgo de pluralismo como un factor positivo, extremadamente fecundo.
Se puede
concebir la pluralidad, la diversidad, hasta la pura y simple tolerancia. Puede existir ese umbral --nos parece insuficiente--, pero nosotros pensamos que debemos más bien apostar por considerar esa pluralidad como una riqueza para el conjunto. En
sociedades tan plurales como la española, pensamos que sólo es posible esa última actitud, por eso los socialistas de Cataluña, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, hemos hablado a menudo de perspectivas de desarrollo federal,
pluricultural de España.
De ahí, señora Ministra, el objeto de nuestra interpelación, de ahí la necesidad, con medidas concretas, con políticas activas, de promover de manera cotidiana --y desde esa perspectiva es absolutamente congruente que la
respuesta por parte del Gobierno sea asumida por su persona-- de ahí la necesidad --digo-- de promover una política cultural y educativa que vaya cultivando ese patriotismo de la España plural.
España ha realizado en los últimos veinticinco años --estos días estamos de celebración-- una transición de un Estado profundamente centralista a un Estado descentralizado, pero nos parece que tenemos todavía una asignatura pendiente que es
la pedagogía de lo plural. Mi Grupo, Entesa Catalana de Progrés, reclama esa pedagogía de lo plural, por lo menos debemos intentarlo, y nos parece que todavía no se ha desarrollado en absoluto con todas sus potencialidades. Esa pedagogía implica,
evidentemente, sensibilidad y una actitud moral, que debería ser compartida, de respeto a lo diferente en la base de la política cultural y educativa, esencialmente.
Hace unos días, en el Pleno del Senado discutíamos una moción que pretendía
contribuir a lo que fija el artículo 149.2 de la Constitución sobre la comunicación entre las diversas culturas españolas. Nos parece que sólo podremos avanzar en ese proceso de reconocimiento de la diversidad y de cooperación si intentamos superar
un estadio que ha sido lo que ha caracterizado estos veinte años, fundamentalmente marcado, dicen los expertos, por el bilateralismo, es decir por la relación directa, bilateral, entre Comunidad y Estado, y ensayamos la creación y la adopción de
mecanismos flexibles, adecuados, en las relaciones intergubernamentales, sea en la perspectiva de conferencias de educación, de cultura, de manera más estable, sea por la vía de la promoción de convenios entre el Gobierno de España y las comunidades
autónomas. Eso es lo que justamente queremos plantear a partir de este debate que iniciamos en el Senado. Creemos que éste, en la medida en que es definido como Cámara de representación territorial, podría ser un marco útil, y con ello
probablemente dinamizaría su actividad que en este momento, desde nuestro punto de vista, se encuentra bastante desvanecida; por tanto, podríamos intentar que el Senado se constituyera en el marco útil para construir un diálogo que permita crear
consenso en torno a la pedagogía de la pluralidad, en torno a la pedagogía del patriotismo de la pluralidad.
Pensamos que el éxito de la transición, el período más largo en democracia en la España contemporánea, permite dar unos pasos adelante, ser
ambiciosos en esa pedagogía, en esa escenografía, en ese reconocimiento simbólico y concreto de la pluralidad de España.
No tiene ningún sentido una confrontación acerca de la legitimidad de sentimientos de identidad, ni convertir éstos en
excluyentes; seguramente lo óptimo sería buscar nuevas formas de encaje que sirvan a todos y que en la medida de lo posible no ofendan a nadie.
Entrando en cuestiones más concretas, sugiero una que probablemente propongamos como moción
consecuencia de interpelación. Es extraño el hecho de que algunas empresas españolas, y multinacionales, en el dominio lingüístico catalán, aunque también más allá, hayan introducido con normalidad en sus páginas web las lenguas cooficiales en
España; no digo que sea éste un instrumento que deba llegar a las cuatro lenguas desde el punto de vista de la información, pero como mecanismo de navegación inicial parece algo fácil y posible, extraordinariamente pedagógico y fecundo;
seguramente no es necesario llegar hasta el último estadio de navegación, los documentos pueden estar en su idioma original.
Por tanto, repito, nos planteamos cómo es posible que empresas multinacionales o privadas de alto nivel --aunque no se
trata de hacer publicidad, debemos reconocerles el esfuerzo en este sentido y nombrar a Telefónica, Mediamak, Winterthur o IBM, por citar algunas grandes empresas en campos diversos-- hayan realizado ese esfuerzo y, en cambio, cuesta muchísimo que
la web del Senado sea óptima, y no digamos lo que sucede en el caso de los Ministerios.
Este sería un esfuerzo pequeño, absolutamente simbólico, que permitiría además reconciliar con el uso de las nuevas tecnologías esa pedagogía de la diferencia,
esa perspectiva de la pluralidad que queremos reclamar hoy en el Senado. He suscitado esta cuestión respecto a la enseñanza optativa en el caso del catalán en la enseñanza obligatoria y posobligatoria, y ahora lo hago respecto de los elementos de
comunicación digital.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría. En realidad, su interpelación ha versado sobre dos temas concretos, el primero lo ha planteado al inicio de
su intervención y se refiere a los convenios, y el segundo se refiere al esfuerzo que se debe realizar en temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, concretamente las páginas web. Creo que éstas son sus dos
propuestas específicas, aunque luego ha hecho una reflexión más genérica.
Voy a hacer un repaso de aquellas cuestiones en las que, a mi modo de ver, se manifiestan expresamente todas las posibilidades que se abren, tanto desde el punto de vista de
nuestro sistema normativo, como desde el punto de vista de las acciones específicas y las políticas del Gobierno, para desarrollar de manera razonable la posibilidad de expresión de los diferentes elementos de naturaleza pluricultural,
plurilingüística, etcétera.
Pues bien, un primer elemento sería el sistema educativo, que no debemos olvidar, porque nos encontramos en una situación en la que hay abierto un marco para el desarrollo, el conocimiento y la expresión de las
manifestaciones y de las biografías específicas en múltiples aspectos de cada una de las comunidades que no tienen muchos sistemas educativos en países en los que existe una diversidad cultural y lingüística como la nuestra.
Las leyes que regulan
el sistema educativo español, y las normas que de carácter básico para todo el Estado desarrollan dichas leyes, incorporan múltiples elementos cuya finalidad es el conocimiento y difusión de esas lenguas y esas culturas.
Asimismo, a través de los objetivos de los diferentes niveles y etapas educativas, se promueve el conocimiento y el respeto de todos los escolares hacia las diversas lenguas y culturas de España, tanto en los aspectos generales o comunes
como en los específicos: las lenguas cooficiales y las formas específicas culturales de las diversas comunidades autónomas, de las diversas regiones y nacionalidades de España.
Entre las áreas y asignaturas que comprenden los diferentes currículos
figura la historia de España, con constantes referencias a sus manifestaciones en los diferentes ámbitos territoriales. Igualmente, en los programas de lengua y literatura se han incorporado contenidos relativos al conocimiento de las diferentes
lenguas, tanto de su estructura como de sus obras literarias más representativas.
La normativa básica prevé, asimismo, la incorporación del estudio de cualquier lengua en cualquier comunidad autónoma, tanto a través de su establecimiento como
materia optativa en los centros educativos, como en calidad de enseñanzas ordinarias en las escuelas oficiales de idiomas, siempre que exista una mínima demanda, obviamente, que lo justifique.
Por otra parte, y esto es muy importante, las leyes
educativas responsabilizan a las comunidades autónomas de una parte de los currículos que incorporan al estudio, una parte tan importante que supone un porcentaje tal que en aquellas comunidades en las que hay una lengua propia es el 45 por ciento
del contenido curricular de la materia --fíjese su señoría de lo que estamos hablando--, y allí donde no hay lengua propia el 35 por ciento. Es decir, que para el desarrollo de la parte específica de la comunidad hay un 45 por ciento allí donde hay
lengua propia, mientras que en la parte común, los contenidos mínimos son del 55 por ciento. Creo que éste es un dato a tener en cuenta.
Por otra parte, el anteproyecto de ley orgánica de calidad de la educación, que ahora estamos debatiendo antes
de que venga al trámite parlamentario, en su artículo 6, dedicado a los programas de cooperación territorial, establece que éstos tendrán como finalidad favorecer el conocimiento y el aprecio de la riqueza cultural de España por todos los alumnos,
así como contribuir a la solidaridad interterritorial.
Estos programas de cooperación territorial serán desarrollados y gestionados por las comunidades autónomas, de acuerdo con las competencias que les corresponden, mediante los convenios que a
estos efectos suscriban con la Administración del Estado.
Por otra parte, en la actualidad el Ministerio dispone de una red de 27 centros en el exterior que han atendido en el curso 2000-2001 a un total de 8.923 alumnos de diferentes niveles
educativos. Los países en los que se están impartiendo otras lenguas distintas del castellano --el otro día lo decía también en esta Cámara-- son el Principado de Andorra, que cuenta con nueve centros de titularidad española, ocho de primaria y el
instituto español de enseñanza secundaria, y el Reino Unido.
En el marco de las relaciones entre España y Andorra, ambos gobiernos firmaron un convenio el 11 de enero de 1993 con la finalidad de regular la acción educativa española en Andorra. La
lengua catalana se imparte desde la educación infantil y a lo largo de la primaria como lengua de aprendizaje tres o cuatro horas semanales, dependiendo de cada colegio.
En la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato se estudian lengua y
literatura catalana tres horas semanales como asignatura curricular obligatoria y la asignatura de catalán administrativo como asignatura optativa.
Por otro lado, y concretamente en los centros de titularidad del Estado español en el extranjero, se
están llevando a cabo diferentes acciones en relación con las distintas lenguas oficiales de las comunidades autónomas, como por ejemplo un convenio con la Junta de Galicia para introducir los estudios de lengua y literatura gallega en los centros
españoles en el extranjero.
Este comienzo de colaboración entre la Administración autonómica y la del Estado pretende ser ampliado a otros centros de la red educativa en el exterior. En este sentido, el pasado día 4 de diciembre, en el marco de la
Conferencia de educación, se celebró una reunión de la Comisión de programas internacionales donde se reiteró el ofrecimiento de facilitar la enseñanza de lenguas cooficiales de España en los centros de titularidad del Estado español en el exterior.
Esta Comisión está concebida como un órgano de cooperación de carácter permanente entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y permite el intercambio de información, así como la puesta en marcha de acciones y proyectos
entre ambas partes.
Aquí entramos en el tema del convenio. En concreto se ofreció a las comunidades autónomas, en esa Comisión, precisamente a partir de lo debatido en el Senado, la posibilidad de suscribir convenios, los cuales contemplarían
aspectos tales como la inclusión de las asignaturas de lengua y literatura de las lenguas oficiales con carácter optativo en aquellos currículos de los centros que expresamente lo solicitaran en atención a la existencia de un número suficiente de
alumnos que opten voluntariamente por cursar estas enseñanzas, así como la impartición de las mismas por profesores especialistas en la lengua y la literatura correspondiente. Es decir, este tema se ha planteado y ahora son las comunidades
autónomas las que deberán tener las iniciativas. El Ministerio no puede decirles a determinadas comunidades autónomas que hay que llegar a un convenio de este tipo; por el contrario, lógicamente tendrá que haber una iniciativa que parta de
aquellas que quieran desarrollar ese tipo de convenios junto con otras, y el Ministerio, en la medida en que tenga alguna capacidad de intervención, facilitará esa mediación, pero repito que serán unas comunidades autónomas las que les planteen esa
posibilidad a otras.
Por otro lado, en el ámbito de las relaciones multilaterales quiero destacar la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias, ya que se trata de un proyecto promovido por el Consejo de Europa, destinado a proteger y
promover las lenguas regionales o minoritarias en su aspecto de patrimonio cultural europeo en peligro. Dicha Carta fue firmada en 1992, con la adhesión de España, y entró en vigor en 1998, contando con la ratificación española, que se
produjo en el mes de agosto de 2001. Asimismo, quiero subrayar las gestiones que se están llevando a cabo ante el Consejo de Europa para tramitar la traducción al catalán del documento marco europeo de referencia para las enseñanzas de las
lenguas.
Por otra parte, como saben sus señorías, para el Instituto Cervantes no es una mera circunstancia, sino una convicción, el que España posea un extraordinario patrimonio lingüístico. De esta manera creo que queda reflejada en toda su
literalidad la existencia de cuatro lenguas, con literaturas en unos casos de mayor desarrollo que en otros, pero todas ellas de enorme interés.
Como sabe su señoría, el Instituto Cervantes, del que ahora estamos hablando, se creó por ley para
difundir la lengua española. Pero la voluntad y la convicción de que la suma de las lenguas castellana, catalana, gallega y vasca es un patrimonio de España, ha llevado a organizar desde siempre clases de todas ellas, simplemente porque se parte de
la convicción de que en cultura siempre es mucho mejor sumar que restar.
Por otro lado, el Instituto Cervantes establece, como es conocido, programas de actuaciones de colaboración con las instituciones representativas de cada una de las lenguas
españolas, con el fin de darlas a conocer, promocionarlas en todo el mundo y poner de relieve que España es quizá la nación --o al menos una de las naciones europeas-- con mayor riqueza lingüística y cultural. Esa voluntad del Instituto, que nace
de un concepto integrador de la cultura, ha sido reconocida expresamente por muchas personas e instituciones; por ejemplo, por Pere Gimferrer , Premio Nacional de las Letras Españolas y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fruto de esa
convicción y de esa voluntad es la constante y asidua colaboración que el Instituto Cervantes mantiene con las comunidades autónomas. Por ejemplo, a partir del curso 1999-2000 se ha trabajado estrechamente con la Generalitat de Catalunya, con la
Xunta de Galicia, con el Gobierno vasco, con la Generalitat de Valencia y con el Institut Catalá de la Cultura Mediterránea, entre otros. La actuación del Instituto Cervantes, respetuosa hacia el cumplimiento de lo encomendado a esa institución por
el legislador, fomenta la promoción y difusión de la lengua española en el exterior, y siempre ha tenido y tiene presente en su programación la rica variedad cultural y lingüística de España, sin olvidar el importante acervo cultural de
Hispanoamérica, que lógicamente también debe tener en cuenta el Instituto.
Pero para suscitar el interés por una lengua, nada mejor que conocer su pulso creativo y su proyección cultural. En este sentido, el Instituto Cervantes viene procurando,
desde su creación, ofrecer una variada programación con la presencia de autores que escriben en todas las lenguas que hay en España.
Podríamos continuar hablando del papel del Instituto en diversos ámbitos y hacer múltiples manifestaciones sobre el
tratamiento inclusivo e integrador de la cultura común y de las culturas con dimensiones específicas presentes en España, incluyendo sus lenguas, que --como usted decía al inicio de su intervención-- son las que expresan y sintetizan la presencia y
potencialidad de las diferentes culturas.
Por otro lado, quiero subrayar que en todas las convocatorias de ayudas y subvenciones que otorga la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
contempla la presencia de las diversas lenguas oficiales en España. En este sentido, se gestiona específicamente una ayuda para el fomento de la traducción y edición en las lenguas oficiales de distintas obras y autores, lo cual permite que los
escritos en lengua catalana, vasca o gallega sean divulgados y editados en otras lenguas españolas.
Igualmente, desde dicha Dirección General se promociona la difusión de las literaturas catalana, vasca y gallega mediante el conocimiento de sus
autores clásicos y de la creación literaria de nuestros días.
Además, en todas las actividades de promoción dependientes del Ministerio de Educación y Cultura se presta la correspondiente atención proporcional a las creaciones en todas las lenguas
oficiales de España; esta actuación puede observarse en los jurados de los premios nacionales, en la presencia exterior, en las ferias del libro, en los festivales cinematográficos, etcétera.
Día a día el Gobierno cumple la normativa de naturaleza
general y las leyes básicas que permiten el desarrollo de todas estas dimensiones culturales y lingüísticas y con sus políticas demuestra, tanto dentro como fuera de España, su extraordinario respeto a la diversidad cultural y lingüística que
nuestra Constitución reconoce. En este sentido, es el respeto y la protección de la riqueza cultural española en sus plurales manifestaciones lo que guía nuestra gestión.
Creo que ya he respondido al tema de los convenios que usted ha planteado.
En cuanto al ejemplo que ha puesto sobre la conveniencia de hacer algunos avances o de al menos dar la posibilidad de que determinadas informaciones o contenidos de Internet aparezcan no solamente en castellano sino también en otras lenguas,
considero que se puede estudiar y valorar en qué medida es razonable llevarlo a la práctica pero no hay que olvidar que también hay que hacerlo a la inversa. A mi modo de ver, eso es lo razonable. Se trata de que aquellas comunidades que utilizan
una lengua ampliamente difundida...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora Ministra, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Termino ya.
Como decía, recíprocamente, en una comunidad con una lengua ampliamente asentada se tendría que garantizar que la información también se difunde en las
otras lenguas que utilizan algunas de las personas que habitan en esa zona geográfica. Desde esa perspectiva, entenderíamos todo mejor y buscaríamos mejores vías de avance.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Tiene la palabra la senadora Duch.
La señora DUCH PLANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, tengo que manifestarle mi profunda decepción por su respuesta. En su interpretación descriptiva manifiesta que el Gobierno y, concretamente, su Ministerio están
cumpliendo la legislación y muestran respeto a la variedad cultural y lingüística de España, por ejemplo en las políticas de promoción exterior, pero eso es insuficiente.
Cuando se plantea una interpelación, que no es más que un mecanismo de
control de control al Gobierno, se pretende acentuar la insuficiencia de una política concreta.
Nosotros somos conscientes de que nuestro planteamiento es complejo y que no se puede hacer todo de hoy para mañana, pero partiendo de la realidad que
supone la profunda transformación de España en los últimos años, estamos planteando un avance, un impulso. Se ha favorecido un proceso de descentralición y de creación de estructuras políticas nuevas, de asunción de competencias, de desarrollo
importante en términos de cultura política, etcétera y ahora, esa experiencia avala la posibilidad de que podamos ser más ambiciosos y podamos plantear impulsos en el interior de España desde esa perspectiva de pedagogía de la pluralidad y también
desde la perspectiva de la promoción exterior.
Usted me dice que las convenios se tienen que firmar en el marco de la moción que aprobó el Senado ante una iniciativa de las comunidades autónomas, pero todos sabemos que hay posibilidades para que el
Ministerio no sólo tenga una función mediadora sino también estimuladora.
Así, dice que el sistema educativo actual es absolutamente respetuoso y no me queda más remedio que contestarle: ¡faltaría más! La senadora socialista que le habla conoce
bastante en profundidad el desarrollo del sistema educativo y espera que la futura ley de calidad no modifique esas condiciones, en cualquier caso, debemos tener memoria.
A veces, los socialistas y los federalistas nos encontramos con que son dos
nacionalismos los que se estimulan mutuamente. Por ejemplo, en el debate sobre las humanidades, se debatió sobre si habíamos provocado la creación de diecisiete subsistemas y se dijo que eso era lo que pretendía resolver el decreto pero, ¿no sería
esto más productivo que alentar determinados informes de la Real Academia de la Historia o divulgarlos en un momento determinado? No quiero centrarme en el pasado pero, justamente, el debate fue el arquetipo contrario de lo que nosotros pretendemos
con esta interpelación; es decir, el reconocimiento de experiencias comunes y plurales. No se trata de alentar la agitación nacionalista, que es lo que muchas veces se esconde detrás de muchas políticas de Gobiernos autónomos de carácter
nacionalista, pero el problema es que, algunas veces el Partido Popular estimula lo que calificamos como neonacionalismo español.
Señora Ministra, de los cinco modelos culturales y lingüísticos existentes en Europa relativas a la promoción o
reconocimiento de la diversidad, somos conscientes de que España se encuentra en un término medio. Afortunadamente, se ha superado la etapa de la típica perspectiva del estado-nación decimonónico, de defensa del monolingüismo.
Por otro lado,
existe otra visión consistente en pasar de una cierta tolerancia a mecanismos tímidos de protección, que es el caso de Gran Bretaña con la cultura galesa.
Como decía, España está situada en un estadio intermedio: la autonomía lingüística. El
modelo de autonomía lingüística implica que las lenguas son cooficiales, se reconoce la diversidad, etcétera.
Sin embargo, existen perspectivas de avance superior, como es el caso de la realidad cultural lingüística en Suiza, Bélgica o Canadá, que
son países con federalismo cultural y lingüístico. Por tanto, a nosotros nos parece que, en la medida en que se superen las lógicas bilaterales, hay mecanismos para ir ensayando --sin modificar los estatutos ni la Constitución-- perspectivas de
mayor implicación en la pedagogía y en el reconocimiento simbólico de esa pluralidad.
Finalmente, existen otras realidades, como la de Finlandia, Irlanda o Luxemburgo, en las que se produce una situación de bilingüismo institucional.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Duch, le ruego que concluya.
La señora DUCH PLANA: Ya termino, señor Presidente.
Señora Ministra, su respuesta no agota las posibilidades y nos ha parecido descubrir una actitud conformista en el sentido de que está bien el punto al que hemos llegado, pero nosotros
aspiramos a más y pensamos que hay que hacer un esfuerzo importante en la medida en que lo permiten las nuevas tecnologías, etcétera.
En el Senado tiene que ser posible que una intervención de estas características pueda ser planteada, en todo o en
parte, en otra lengua que no sea la castellana; nosotros pensamos que, desde el punto de vista del audiovisual, hay que generar mecanismos de estímulo a la producción en otras lenguas. Seguramente el Instituto Cervantes o el Ramón Llull son una
cobertura interesante en la medida en que son plataformas institucionales de promoción cultural, pero que seguramente es necesario dedicarles más recursos para que esa pluralidad sea mucho más perceptible.
También pensamos que es posible, e
incidiremos en la moción en ese sentido...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Duch, le ruego concluya, por favor. Ha terminado su tiempo, y lleva ya dos minutos de más su señoría.
La señora DUCH PLANA: Termino ahora mismo, señor Presidente.
Nosotros vamos a sugerir la creación de un consejo de las culturas o por lo menos la posibilidad de que haya un marco de estudio sobre ese tema.
Por último, la cuestión de la
coparticipación de las autonomías en las decisiones de gasto del 1 por ciento cultural.
Ese es un elemento distinto, no es lingüístico, pero tiene que ver con la conservación, el patrimonio y el conocimiento conjunto del patrimonio cultural.
Muchas gracias, y le ruego me perdone, señor Presidente, por el exceso de tiempo.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Duch.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, realmente en su intervención es difícil --por el tiempo de que disponemos para dar respuesta-- ir acotando, porque se han
mezclado muchas cuestiones: desde la reforma de las humanidades hasta otra serie de temas que la sistematización de una respuesta y de una intervención abocan a que no se pueda desarrollar en el plazo que tenemos para ello, porque ha habido una
mezcla excesiva de asuntos en su respuesta a mi intervención. Por tanto, voy a dejar el tema de las humanidades, que es largo y en el que me parece que hemos procedido como se debería. Lo que hemos intentado ha sido que esa parte común que tienen
que estudiar todos los niños en España esté bien racionalizada, bien ordenada; eso es lo que hemos pretendido y en virtud de las competencias que tiene la Administración del Estado para garantizar los elementos básicos de la enseñanza, lo hemos
desarrollado y creo que con todos los requisitos para hacerlo de una manera impecable; se lo digo como realmente lo creo.
Usted me dice que yo hago una manifestación descriptiva, y yo lo que hago es un relato de hechos que sustentan mis
afirmaciones, porque, ¿qué significa si no todo lo que estamos hablando? Habrá que repasar de qué manera concreta las normas, por un lado, preexistentes y existentes cuando un gobierno actúa, y, por otro, las políticas específicas que desarrolla un
gobierno como propias suponen un desarrollo razonable que permite, en este caso, la expresión, la manifestación, el conocimiento de las diversas historias, biografías, culturas y lenguas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Yo,
lógicamente, tengo que hacer un repaso. Tengo que decir qué hace el Instituto Cervantes, tengo que decir qué se hace en las escuelas en el extranjero, tengo que decir qué se hace en el sistema educativo, porque todo eso es lo que permite concluir
si lo que se está haciendo es suficiente, aunque a usted le puede parecer insuficiente y a nosotros nos puede parecer razonable. Probablemente siempre va a ser así, pero en todo caso tengo que basar mi intervención en una descripción de datos
empíricos que son los que avalan mi conclusión, que es que estamos haciendo un desarrollo razonable de esta materia.
Dice usted: es que el Gobierno además tiene que llevar... Aquí hay unas responsabilidades compartidas, hay una distribución
competencial y las comunidades autónomas pueden perfectamente en materia de convenios plantearlo y encontrar el apoyo y la mediación del Gobierno, pero yo todavía no conozco una comunidad autónoma que haya planteado a otra la posibilidad de
desarrollar un convenio de esa naturaleza y que el Gobierno haya mantenido una actitud reticente. ¿Dónde están todos esos ejemplos que son los que tienen, en último término, que fundamentar las afirmaciones? Porque nos podemos pasar toda la vida
hablando sin que tenga ninguna sustentación lo que estamos afirmando. Yo creo que esto es muy importante.
De manera que concluyo manifestando que desde el Gobierno se está haciendo un desarrollo razonable de todas las oportunidades para permitir
espacios de difusión. Y vuelvo al final de mi intervención. El pluralismo no sólo es en un ámbito, sino en todos; el pluralismo cultural y lingüístico tiene que ser también en todos los ámbitos geográficos y políticos. Todo lo que sean
propuestas para difundir y desarrollar en otras lenguas cualquier manifestación o información desde la Administración del Estado, tiene que ser compartido y tener, lógicamente, un desarrollo homólogo en el interior de otros ámbitos geográficos y
políticos. Entonces, en esa perspectiva de interrelación, efectivamente todavía podría tener un mayor desarrollo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DECLARACIONES SOBRE LA ADMISION DE LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR (CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, MONTEGO BAY, 10 DE DICIEMBRE DE 1982). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (S. 610/000160) (C. D.
110/000167).
La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982), que se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.) Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de las declaraciones
citadas.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, DE ACUERDO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS, SE CONVOQUE LA COMISION MIXTA PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 30/1998, DE 29 DE JULIO, DEL REGIMEN
ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS, Y A LA REGULACION DE LA FIGURA DEL TRABAJADOR FIJO DISCONTINUO (662/000221).
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se convoque la Comisión Mixta para la aplicación del artículo 32 de la Ley 30/1998,
de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears, y a la regulación de la figura del trabajador fijo discontinuo.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, esta moción se refiere a una pequeña parte de las reformas del seguro de desempleo, que en estos momentos son polémicas y que mañana tienen su momento álgido con una
huelga. Es una pequeña parte de esta reforma, pero no por ello menos importante --igual que las demás cuestiones--, ya que afecta a alrededor de unos 250.000 trabajadores en todo el Estado, y a través de la figura del trabajador fijo discontinuo en
sus diferentes modalidades a unos 60.000 trabajadores en Baleares. Por tanto, es una cuestión que preocupa esencialmente en mi comunidad autónoma. De hecho, históricamente esa preocupación se ha venido manifestando a través de los agentes
sociales, de las patronales y de los sindicatos --como luego explicaré brevemente--, y fue motivo de la introducción en la Ley 30/1998, de 29 julio, sobre el Régimen Especial de las Islas Baleares, del artículo 32, que trata sin más de crear una
comisión mixta, Gobierno central y comunidad autónoma, con el fin de buscar un acuerdo definitivo en una figura contractual esencial y fundamental en nuestra economía en Baleares, por ser una economía fuertemente estacional. Por lo tanto, empresas
de todo tipo tienen que ajustarse a esa estacionalidad. Vaya por delante esta moción, que tiene una autoenmienda mía en el sentido de que se convoque a la Comisión Mixta, que se creó en el año 2000, y que desde entonces no ha tenido ninguna
reunión. Al finalizar el mes de octubre de este año, y con él la temporada turística, la primera autoenmienda que yo planteo es con el fin de que antes de que finalice el mes de septiembre se reúna la Comisión Mixta y se proceda a la aplicación del
artículo 32.
Si no hubiera terminado en toda su dimensión, que al menos se proceda a la aplicación de ese artículo 32 del Régimen Especial de Baleares.
La segunda cuestión es que con carácter general se regule la figura del fijo discontinuo para
el conjunto del Estado, especialmente en lo que concierne a las prestaciones y subsidios por desempleo tanto para los de tiempo cierto como incierto, vocabulario que se emplea esencialmente en la ley, en el Estatuto de los Trabajadores y en el
Decreto promulgado por el Gobierno para diferenciar unos fijos discontinuos de otros fijos discontinuos.
Señorías, le decía hoy al senador Ruiz, que creo que me va a responder después en el turno en contra, que ésta es una moción suave, que insta
al Gobierno --ni tan siquiera planteo cómo tiene que ser la contraprestación a los trabajadores fijos discontinuos en su concreción--, a que se regule este extremo en el futuro en el trámite parlamentario posterior. Es un problema muy difícil, muy
complejo pero intentaré explicarlo brevemente.
En primer lugar, hay que decir que el reconocimiento de una significativa parte de lo que hoy conocemos por trabajadores fijos discontinuos nace fundamentalmente de los acuerdos de carácter social
entre patronal y sindicatos hace ya un montón de años; nace de la relación contractual de los convenios colectivos y se va insertando fundamentalmente en las leyes posteriores. Y nace porque hay empresas y empresarios que tienen interés en que así
sea porque son, para entendernos, empresas --insisto, de economía estacional-- que empiezan y terminan normalmente en fechas ciertas. Existen otras empresas que en función del producto de la actividad que desarrollen --aunque la actividad nace en
unas fechas determinadas-- pueden ser movibles como, por ejemplo, el caso de la enseñanza o de la hostelería.
Por lo tanto, existe un acuerdo por parte de los propios empresarios de contar con trabajadores cualificados, profesionalmente buenos,
conocedores de su trabajo porque tienen que atender esencialmente, por ejemplo, en la hostelería, a un sector que requiere una profesionalización. Interesa al empresario, interesa a los trabajadores y se crea la figura del fijo discontinuo, que no
puede ser sustituida por el contrato eventual o por el contrato a tiempo cierto de cualquiera de sus modalidades de carácter eventual, porque sería ilegal, porque para ello hoy existe en la ley el trabajador fijo discontinuo.
Señorías, el decreto
que se nos ha puesto encima de la mesa dice textualmente --lo digo de memoria pues lo conozco muy bien y lo he leído muchas veces-- que sólo tendrán derecho a una prestación por desempleo exclusivamente aquellos fijos discontinuos acogidos al
artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, queda fuera el artículo 12.3 de dicho Estatuto que en la reforma de marzo del año pasado plasmó de una forma mucho más clara al fijo discontinuo de tiempo parcial anual. Sin modificar
la Ley Básica de Empleo ni proceder a la reforma de las prestaciones por desempleo, a través de disposiciones internas se iban pagando --como por ejemplo el año pasado-- las prestaciones por desempleo a los trabajadores fijos discontinuos, como
siempre había sucedido cuando terminaba la temporada turística, por ejemplo, en la hostelería. Pero a partir de ahora, al decir exclusivamente, se produce un hecho muy grave, y es que miles de trabajadores
quedan sin protección y tienen que acumular a veces dos temporadas para tener derecho a cuatro meses por desempleo.
Saben ustedes que en ciertos puestos relacionados con la actividad turística se trabaja exclusivamente seis meses, de manera
que hace falta trabajar dos temporadas para tener derecho a cuatro meses y al subsidio se acogerán los que tengan cargas familiares en el año que no tengan esa prestación por desempleo. Esa es la naturaleza, en primer lugar, de la reforma y, en
segundo lugar, de la cuestión de fondo.
Hay doctrina más que reiterada en todo tipo de tribunales y de sentencias que deja perfectamente clara la diferencia entre un trabajador fijo discontinuo y otro de llamada cierta que es la inmensa mayoría de
los trabajadores, por ejemplo, en la enseñanza y en la hostelería.
Por tanto, debemos tener en cuenta la naturaleza de la relación laboral en sí misma, que claramente nos indica que nos encontramos ante una relación fija discontinua cuando se
produce la forma que antes comentaba, dada la necesidad de contratar servicios de los afectados si esto se reitera periódicamente. Es un tema complejo pero que se contempla en la propia Ley y en la propia doctrina y, por tanto, no hay la menor duda
al respecto.
Es el caso de la prestación de servicios en una actividad ordinaria de la empresa cuando, dada la naturaleza de los servicios prestados, no es necesaria la contratación de manera permanente durante todo el año sino en una parte del
mismo. Está ya en la Ley y es en ese tipo de empresas donde se produce el fijo discontinuo.
Por tanto, hay dos figuras, como decía antes: aquélla relativa a la contratación para realizar trabajos fijos y periódicos respecto del volumen normal de
la actividad de la empresa y aquélla relativa a la contratación para realizar trabajos que tengan el carácter de fijo discontinuo y no se repitan en fechas ciertas en referencia al volumen normal de la actividad de la empresa. Pongamos el caso de
algunas empresas conserveras, por ejemplo, del tomate en Murcia.
Así pues, existe el fijo discontinuo que no tiene fecha cierta para su inicio ni para su conclusión. En otros sectores, como es el caso de los docentes, del personal de cocina, del
de limpieza, son fijos discontinuos con unos meses al año en que no trabajan pero han de tener derecho a una prestación por desempleo, ya que se presta el desempleo de carácter contributivo cuando pudiendo trabajar físicamente el trabajador no puede
hacerlo por razones de la actividad. Así figura en la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, lógicamente, en esos casos el trabajador fijo, periódico, que pudiendo trabajar no puede hacerlo por razones de periodicidad y es fijo en una
empresa, ha de tener prestación por desempleo. Tengo muy poco tiempo para explicar toda la doctrina pero ustedes me están entiendo perfectamente.
¿De qué se trata? Si una economía es estacional, si un sector es estacional, si una empresa es
estacional en su actividad ordinaria, esos trabajadores son fijos en la empresa y prestan sus servicios algunos meses: ocho, siete, seis meses mínimo en el caso de la hostelería. Pero es curioso que mientras los sindicatos mejoran...
La señora
PRESIDENTA: Señoría, vaya concluyendo, por favor.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Voy concluyendo, señora Presidenta.
Es curioso que mientras los sindicatos mejoran lo concerniente a los convenios colectivos y hacen un llamamiento favorable a que no se produzca el finiquito porque no hay
ruptura de la relación laboral, es más, si no se llama a ese trabajador para la temporada siguiente y se causa el despido puede interponer demanda por despido, ya que es un trabajador fijo pero con ese carácter, resulta que el legislador o los
gobiernos retroceden y empeoran esa situación para este tipo de trabajadores.
La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, después tendrá otro turno.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino, señora Presidenta, pidiendo reflexión respecto a esta gran cantidad de trabajadores. En mi comunidad autónoma es imprescindible que, bien mediante la legislación que se haga a este respecto en la materia
o bien por el artículo 32 del Régimen Especial de Baleares, podamos solucionar este problema. Pero como no soy insolidario, y además de Baleares hay otras comunidades autónomas y otros sectores en esta situación, creo que es necesario regularlo
para el conjunto de España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.
El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo en este turno para defender la postura del Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción presentad por el Grupo Parlamentario Mixto y que ha defendido el senador
Cámara, y lo voy a hacer lamentando, en principio, la incorporación de esa autoenmienda porque considero que sólo aleja posturas, empeora el texto, nos confirma nuestra postura en contra y en ningún momento va a modificar el sentido de nuestro voto.
Entrando en el análisis de los distintos puntos que el senador Cámara ha planteado en su moción, empiezo, como no puede ser de otra manera, por el primero.
Se nos solicita que instemos al Gobierno central a que, coordinadamente con la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, convoque la Comisión Mixta, a la que se refiere el artículo 32 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial, dentro de su capítulo IV, que hace referencia a la diversificación económica, y más concretamente
al título tercero, que hace referencia especial a la desestacionalización, que, como ustedes saben, señorías --ha hecho referencia el senador Cámara--, afecta de manera notable a un colectivo laboral muy destacado, de especial relevancia en nuestra
comunidad, como son los fijos discontinuos.
Senador Cámara, la propuesta puede ser interesante si no se empeorara por la fijación de esos plazos, que consideramos que lo único que hacen es incomodarla. Aunque también es interesante que se destine al Gobierno del pacto de progreso en
nuestra comunidad. Y le voy a explicar el porqué.
En primer lugar, el acuerdo del Consejo de Gobierno de nuestra comunidad, de 10 de septiembre de 1999, aprobado por el Pacto de Progreso, hace efectivos los nombramientos de aquellos miembros que,
en representación de la comunidad autónoma, tenían que participar en esas comisiones mixtas, a las que hace referencia el Régimen Especial de Baleares. Hasta ahí, todo correcto.
Días después, hay un nuevo acuerdo de dicho Consejo, que hace
efectiva la ampliación de esa representación de las distintas comisiones mixtas para dar cabida, justamente, a miembros del Partido Popular que, estando en la oposición, fueron verdaderos impulsores y los que, en definitiva, aprobaron el Régimen
Especial de las Baleares, pero con un error, senador Cámara, que hace tres excepciones, en referencia a tres comisiones mixtas distintas: Primera, la Comisión Mixta que tiene que dar cuenta de lo relacionado con la energía. Segunda, que tiene que
hacer referencia al transporte, tanto marítimo como aéreo de mercancías. Y, tercera, la que nos afecta hoy, que es la que tiene que dar cuenta de asuntos laborales en materia de trabajo, como no puede ser de otra manera, y que se tiene que ocupar
de manera especial de los fijos discontinuos de nuestra comunidad.
Convendrá conmigo, senador Cámara, que no es la manera óptima de facilitar la participación de las distintas partes. Entiendo que hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero se
confirma, además, a partir del momento en que desde la Consejería de Hacienda y Presupuestos de nuestra comunidad se solicita a lo largo de 2000 y 2001 al Ministerio de Administraciones Públicas que inste a los distintos departamentos a convocar a
las distintas comisiones mixtas, de las que el Régimen Especial de Baleares habla. Pero en ningún momento, senador Cámara, habla de esa comisión mixta de asuntos laborales, que tiene que hablar del mercado laboral en nuestra comunidad autónoma.
De
esa manera, y hasta febrero del año 2001, no llega ninguna notificación al Ministerio de Administraciones Públicas, excepto una que incluye la relación de los distintos representantes de la comunidad autónoma, que tienen que participar en dicha
Comisión y empezar a trabajar. Efectivamente, el Ministerio de Administraciones Públicas añade los representantes del Gobierno central para que, a partir de ahí, se desarrollen todas las labores encomendadas a la comisión mixta.
Por tanto, senador
Cámara, le repito que el envite es interesante, pero también se tiene que dirigir a la comunidad autónoma, que debería haber mostrado otra sensibilidad, otra actitud y otro interés en torno a esa comisión mixta.
En cuanto al segundo punto, que
consideramos el más importante, senador Cámara, y al que creo que afecta de manera especial la enmienda que ha presentado hoy aquí, que, por supuesto, lo único que hace es alejar posturas respecto al Partido Popular --no sé por qué su sorpresa de
que votemos en contra--, nos preocupa especialmente. Señoría, en su moción autoenmendada nos propone usted que se regule la figura del fijo discontinuo tanto en los de tiempo cierto, como en los de tiempo incierto. Senador Cámara, yo tengo que
anunciarle --lamento que esto lo ignore-- que desde hace más de un año la figura del fijo discontinuo, llamada cierta, no existe; esa figura a la que usted se ha referido aquí no existe; esa figura contractual del fijo discontinuo, la llamada
cierta, senador Cámara, no existe. Se ha saltado usted un año de reformas laborales, senador Cámara, y eso a este grupo le preocupa.
Creo que no puede entender la reciente reforma laboral, senador Cámara, si usted no diferencia todavía entre lo
fijo discontinuo, que es un trato indefinido que se repite en fechas inciertas, de aquellos trabajos indefinidos que se repiten a fecha cierta y que, por supuesto, van a tener su regulación en el marco jurídico laboral, que son los del trabajo
indefinido a tiempo parcial y que vienen tratados en ese artículo, que usted mismo ha dicho, 12, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, pero que en ningún momento va a ser asimilable la figura contractual de los fijos discontinuos, que hace
un año, senador Cámara, se reformó --y usted lo sabe-- con la reforma de trabajo del mes de marzo del año pasado.
¿Cuál es esa regulación que usted nos pide que se haga, y que nosotros, senador Cámara, no podemos aceptar porque, efectivamente, la
regulación existe y además es exhaustiva? Primero, y hablando de las modificaciones más cercanas, como usted ha comentado, la del Real Decreto 5/2001, de 2 de marzo y, luego, la Ley 12/2001, que incluye todo ese Real Decreto, que lo que hace es
justamente modificar la legislación básica laboral, más concretamente el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 15, apartado número 8, para operar exactamente una distinción entre el fijo discontinuo, por un lado, sacándolo de la submodalidad
de contrato a tiempo parcial, que venía siendo hasta la fecha, y los contratos indefinidos a tiempo parcial en función de si la llamada es incierta, como en el primero de los casos, o es cierta, como en el segundo de los casos. Pero esa regulación,
que no es nueva, senador Cámara, que, como le digo, tiene más de un año, no habla en ningún momento de los fijos discontinuos de llamada cierta.
Para cerrar el círculo de esa regulación, que usted dice que tendríamos que hacer y que, insisto,
nosotros consideramos que está hecha y, además, es de reciente creación, la figura del contrato fijo discontinuo con la aprobación del Real Decreto 5/2002, como usted sabe, aprobado el 24 de mayo de este año, se introduce la actualización del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 208, apartado 1, punto 4, y, además, esa modificación hace efectiva, en referencia al Real Decreto de marzo del año pasado, la incorporación o la remisión de ese nuevo concepto que se
define del fijo discontinuo.
Por lo tanto, y para acabar, senador Cámara, y ante esta regulación exhaustiva, insisto, de la figura del fijo discontinuo, no nos queda más remedio que votar en contra de su moción, puesto que los argumentos que usted
ha expuesto aquí la hacen absolutamente imprecisa e innecesaria.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Ruiz Rivero.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Ruiz, está claro que ha hablado usted con poca gente del Gobierno y, desde luego, no ha hablado con el señor Chozas ni con los asesores de la patronal de hostelería de
Baleares, por ejemplo, con el señor Sedano?, que tuvieron una reunión con el señor Chozas hace muy pocos días en Madrid. Usted no ha hablado con los que entienden del tema de la figura del fijo discontinuo.
He mencionado la reforma del año pasado
que, como sabe usted, nosotros estuvimos en contra y también los sindicatos, y que no se convocó ninguna huelga, pero vimos en su momento que el caso que nos ocupa era un tema que debíamos solucionar. He mencionado aquí que mientras no se
modificaba el año pasado el tema de la prestación por desempleo, a pesar de que es una ley del mes de marzo, terminada la temporada del 2001, los trabajadores fijos discontinuos --insisto-- de nuestra comunidad autónoma cobraron, los que tenían
derecho, prestación por desempleo. ¿Sí o no, señor Ruiz? Si usted dice que han desaparecido, ¿por qué cobraban desempleo trabajadores fijos? Lo he explicado y usted no ha escuchado porque tiene una lección aprendida y ha tirado por la calle de
enmedio de una forma increíble.
Señor Ruiz, el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores se limita a señalar --entre comillas-- sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior --otro tema que no viene a cuento--, el contrato a tiempo
parcial, porque he dicho que si se asimila al tiempo parcial, se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos: concepto del fijo discontinuo. Y, por tanto, desaparece el término «fijo
discontinuo», pero en toda la legislación, en las sentencias del Tribunal Supremo y en todo anteriormente a la reforma de marzo se hablaba de fijo discontinuo a tiempo parcial, y lo único que pasa es que se le pone el tiempo parcial anual porque
antes el tiempo parcial no era anual; tiempo atrás era semanal, mensual y diario. La legislación se ha ido modificando afectando a esta figura contractual. Entérese usted. Y, por tanto, los trabajadores de la temporada turística del año pasado
cobraron prestaciones. Y ahora con la reforma se dice que exclusivamente cobrarán prestación por desempleo los del 15.8. ¿Por qué dice la reforma eso, le pregunto a usted? Espero que me pueda responder. Lo cobrarán exclusivamente los del 15.8,
pero hasta este momento la cobraban los del 12.3. Es por esto que dice que exclusivamente la cobrarán aquellos del 15.8, aquella figura contractual que antes a usted le he señalado. Por lo tanto, afecta a aquellos trabajadores de la hostelería o
de la enseñanza que hasta ahora han cobrado las prestaciones por desempleo que fuesen esencialmente fijos y periódicos dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. Eso es lo que define a un fijo discontinuo. Esto es así.
Y termino.
Señor Ruiz, no he pretendido alejar posturas. De verdad que no. Lo que pasa es que ustedes --permítaseme que se lo diga-- están también en el piquete. Ustedes están con unos piquetes que te mueres, de todo tipo, esta mañana con lo de la policía
se ha visto . Están con los piquetes. El Gobierno en pleno está con los piquetes. Por ejemplo, la Directora General del Inem, el señor Chozas, y el Gobierno que ha dicho --lo han dicho los del Partido Popular en Baleares-- que no se preocupe
nadie, que en Baleares todos los fijos discontinuos, también los del convenio colectivo que están como fijos discontinuos, todos, a tiempo cierto o incierto, cobrarán prestación por desempleo. Y yo digo que si hay voluntad política lo importante es
que no sea graciable, que se modifique la ley. Presentaremos en su momento una enmienda que quite básicamente la palabra «exclusivamente» y la referencia al 15.8 para decir que todos los trabajadores fijos periódicos dentro de la actividad normal
de la empresa tengan el derecho a la prestación por desempleo y así solucionamos este litigio. En su momento lo presentaremos. Mientras tanto, insto al Gobierno a que reflexione respecto de ese hecho que afecta --insisto-- a 250.000 trabajadores
en todo el Estado y a 60.000 en mi comunidad autónoma.
Es esto y no otra cosa. No he pretendido alejar ningún tipo de posturas.
Permítame que le diga dos cosas respecto del tema del Régimen Especial de Baleares. Es el colmo. Ahora va a resultar
que la responsabilidad es de la comunidad autónoma, que aunque sea una ley corta es interesante para nuestra comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya concluyendo, senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Concluyo, señora Presidenta, si me permite un minuto.
Es algo que nos interesa. Además, aquí he presentado una iniciativa en su momento. El señor Posada, por ejemplo, ha dicho que admitía que había funcionado
mal. Hablamos de una ley del año 1998. El señor Múgica dice, en su último informe, que encuentra incumplimientos graves en la aplicación del Régimen Especial de Baleares por parte del Gobierno central, aunque luego el señor Múgica ha salido en el
momento previo a la huelga, no sé mandatado por quién, diciendo lo contrario a lo que dice su informe, que fue un informe escrito y presentado. Algo serio. Y el Defensor del Pueblo habla sobre el grave incumplimiento de una ley. Pero el Gobierno
de la comunidad autónoma desesperado --porque el Gobierno central hace caso omiso al desarrollo de esa ley, lo que tiene que dar vergüenza, ya que fue una ley auspiciada por todos los agentes sociales y políticos cuando gobernaba el Partido Popular,
al menos a mí, señor Ruiz, y a lo que yo he representado y mucha gente más, y se propone no cumplirlo y la responsabilidad es del Gobierno central--, como decía, el Gobierno autónomo, desesperado, planteó que a los representantes del Gobierno
autónomo les acompañase alguien
del Partido Popular para facilitar la negociación y los acuerdos con el Gobierno central. Ni eso ha servido, a pesar de que tenemos un Ministro, el señor Matas, que está en el Gobierno central, que es de Baleares y que posiblemente sea
candidato para las futuras elecciones. Ni eso ha servido. Pasaremos factura, políticamente hablando se entiende.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cámara.
Turno del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, desde nuestro punto de vista hay muy poco que hablar en esta moción. Pero está claro que hay que cumplir las leyes. Se supone que las leyes se aprueban para cumplirlas, y la
Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares, establece la creación de una Comisión Mixta, formada por miembros del Gobierno de la nación y del Gobierno de la comunidad autónoma, que estudiará las circunstancias del mercado
balear con especial referencia a la situación de los trabajadores fijos discontinuos, proponiendo la adopción de medidas que permitan una mayor atención a la problemática. Por lo tanto, que se cumplan las leyes.
Ha habido cuatro años para convocar
esta Comisión Mixta y no hay nada más que hablar sobre esto desde nuestro punto de vista.
Hay otro aspecto diferente, y es la situación de los fijos discontinuos, que es mucho más complejo que la simple convocatoria de una Comisión Mixta, y lo que
nosotros creemos que hay que hacer es convocar esa Comisión Mixta y que dicha Comisión, tal cual recoge la ley, proponga la adopción de las medidas que crea oportunas. Por consiguiente, en función de estas dos premisas fijaremos nuestra posición en
el momento oportuno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
La verdad es que nosotros no vamos a prejuzgar relaciones que puede haber entre las Islas Baleares y el Estado porque somos desconocedores de cuál es esa situación, pero de
entrada, y viniendo de uno de los grupos que está en el Gobierno de las Islas Baleares, entendemos que la reivindicación que hace de que se siente en la Comisión Mixta es, en principio, razonable y creemos que no debiera suponer ningún problema al
Partido Popular para aceptarlo, porque sentarse es necesario, es bueno y es la vía que todos hemos planteado, que se resuelvan las cuestiones mediante el diálogo. Por lo tanto, que se aplique este artículo nos parece absolutamente razonable y no
tenemos nada en contra, independientemente de que --como decía antes-- no prejuzgamos lo que pueden ser las relaciones, el juego político que se esté dando allí entre el Estado y la comunidad, etcétera. Nosotros vemos razonable la petición que se
hace y vamos a apoyarla.
El segundo punto, que sí puede ser más general y que puede complicar la postura en este caso del Partido Popular, nosotros creemos que entra dentro de la situación y del contexto que estamos viviendo estos días e
independientemente de lo que se quiera plantear sobre los conceptos que existen o no, yo pienso que lo que aquí hay es una cautela y una petición clara de que el recorte de prestaciones no exista, que los derechos subjetivos de los trabajadores sean
respetados. Entendemos perfectamente el planteamiento, independientemente de que pueda estar mejor o peor expresado. Desde ese punto de vista, y como creo que nos une a todos en este momento la necesidad de que esos derechos subjetivos sean
respetados, nosotros vamos a apoyarles también.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Aurrekoetxea.
No hay intervención por parte del Grupo de Entesa Catalana de Progrés.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Cámara, hoy, y sin que sirva de precedente, vamos a votar a favor la moción. En primer lugar, porque el primer punto para nosotros no tiene ninguna duda y no voy a
insistir en los argumentos que se han ido dando porque me parece clarísimo. En segundo lugar, el Gobierno y el Partido Popular saben que nosotros queremos negociar también el tema de los fijos discontinuos porque no nos parece adecuado tal como
figura en el decreto.
También --hay que decirlo-- creo que el Gobierno está dispuesto a negociar este apartado. Nos lo ha dicho. En cambio, tal y como usted la plantea, sobre todo a partir de la autoenmienda, que ya no se fija en una parte del
territorio sino que lo amplía a todos los sectores y a todo el Estado, no vemos por qué el Senado no pueda pronunciarse a favor de su iniciativa. Por tanto, nosotros vamos a votar la moción favorablemente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Socías.
El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, después de cuatro años de la aprobación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears, que en su día fue el gran invento que se sacaron de la
chistera los ejecutivos del Partido Popular en el Gobierno del Estado, y en aquellos momentos también en el Gobierno autónomo, ante la inminencia de las elecciones
autonómicas y a la vista del sentir general del maltrato fiscal que sufría la comunidad por parte del Gobierno central, después de cuatro años --repito-- el invento se ha esfumado. Ya nadie cree en la voluntad del Gobierno del señor Aznar
de aplicar ese régimen especial que tenía que solucionar los problemas provocados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por la insularidad y la falta de financiación. Y no lo dice este senador; lo dice el último informe del día 11 de
junio de 2002 del Defensor del Pueblo. Las comisiones mixtas no se han reunido después de cuatro años. Algunas se han constituido, pero no se han reunido. La mayoría de los ministerios consultados por la Oficina del Defensor del Pueblo no han
hecho los deberes y, en muchos casos, ni siquiera han respondido al requerimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo. No es extraño que con este panorama la Administración autonómica haya tenido que recurrir al mismo Defensor del Pueblo para
encontrar una vía que dé respuesta a las numerosas solicitudes del Govern balear.
Lo peor de todo es la sensación que queda en el ambiente --llámenme mal pensado, si quieren-- de que si en las Illes Balear hubieran gobernado los populares, esas
dificultades por parte del Gobierno central no habrían existido. Si no es así, es que al final tendremos razón los que en su momento pensábamos que el Régimen Especial de las Illes Balears fue solo un «bluff» electoralista más del ahora Ministro
Matas.
Y es que la moción del senador Cámara es un reflejo claro de lo que he expuesto con anterioridad. El artículo 32 del REB, englobado en el capítulo tercero, que está dedicado a la «desestacionalización», dice al hablar del ámbito laboral que
una comisión mixta, formada por miembros del Gobierno de la nación y del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, estudiará las circunstancias del mercado balear, con especial referencia a la situación de los trabajadores fijos
discontinuos, proponiendo la adopción de medidas que permitan una mayor atención para la problemática de estos trabajadores. Después de cuatro años no se ha hecho nada, y supongo que esta vez no podrán echar la culpa a gobiernos anteriores sin que
eso signifique un ejercicio de cinismo político, claro. No haber avanzado un solo paso en esta cuestión, que por la estructura económica de las Illes Balears, basada fundamentalmente en el turismo, afecta a un colectivo importantísimo de
trabajadoras y trabajadores --más de 60.000, nos recordaba el senador Cámara-- no sólo del sector de la hostelería sino de muchos otros sectores relacionados con él, es muy grave, pero aún lo es más cuando diferentes reformas legislativas han
empeorado el cuadro de dichos trabajadores. Nosotros no queremos que ningún trabajador fijo discontinuo quede sin cobertura social o pierda derechos adquiridos. Apoyaremos la moción más aún después de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
ya que el convocar la Comisión Mixta para antes de finales de septiembre serviría para intentar mejorar la situación laboral de este colectivo antes de que finalicen sus contratos, si no, habremos perdido otro año, y el que viene volveremos a estar
hablando de lo mismo. Probablemente, como se acercarán unas elecciones autonómicas y después unas generales, entonces sí que empezaremos a ponernos las pilas, pero creo que no se trata de eso y que hay que mantener una cierta --diríamos-- relación
institucional normalizada. Y lo digo también para que la regulación sea urgente y con carácter general, que es la segunda parte de la moción del senador Cámara, ya que nosotros no queremos privilegios especiales para nuestros ciudadanos sino que se
beneficien los de todo el Estado, que recoja el respeto de los derechos subjetivos de esos trabajadores, especialmente las prestaciones y subsidios por desempleo.
Por todo ello, nosotros nos sumamos a la moción e instamos al Gobierno del señor
Aznar a que retome la senda de la lealtad institucional y reúna las comisiones mixtas previstas en el REB, no sólo ésta sino muchas otras, ustedes saben que la de carreteras no se ha reunido, que no se dejan construir según qué tipo de carreteras en
Baleares porque es Baleares y, en cambio, el mismo tipo de carreteras se están construyendo en la provincia de Alicante, y ustedes lo saben, y, si no, les puedo enseñar los proyectos de las carreteras de Alicante, los de la carretera de Manacor,
exactamente idénticas, con rotondas, con desviaciones, con accesos desde fincas particulares, y en un sitio donde gobierna un amigo y compañero habitual del señor Matas y del señor Aznar en las partidas de paddle, sí se pueden construir, y, en
cambio, en Baleares, como no jugamos al paddle no se pueden construir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por favor, que el Gobierno del señor Aznar deje de
maltratar y despreciar a la Comunidad de las Illes Balears y a las mujeres y hombres que viven y trabajan en ellas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Socías.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ruiz Rivero.
El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Socías, ¡por el amor de Dios, lo que hay que escuchar en esta Cámara! Eso de que el Partido Popular se sacó de la chistera el Régimen Especial de las Baleares y que ustedes
defienden ahora con tanto interés en su papel de mártires, es porque huelen ya las urnas electorales, senador Socías, porque es eso lo que les incita a ustedes en su actividad política, las urnas. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Senador Socías, el Partido Socialista votó en contra de la toma en consideración del Régimen Especial de las Baleares. Ustedes que defienden ahora con tanto interés el Régimen Especial de las Baleares querían impedir que
esa tramitación se llevara a cabo; o sea, que no me venga ahora a defender el Régimen Especial de las Baleares cuando ustedes ni tienen fe ni creen en ello, sólo cuando el uso es electoral, senador Socías.
Que venga aquí a hablar de carreteras el
senador Socías, representante de un partido que está gobernando, que también
es el partido del Presidente, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleares, que tiene bloqueados 56.000 millones para ejecutar carreteras en nuestra comunidad autónoma, que se firmó un convenio y lo tienen ustedes absolutamente
bloqueado, y que diga que el Partido Popular no tiene en cuenta a la Comunidad Autónoma de Baleares es que es de circo, senador Socías, es de circo. (El señor Socías Puig: ¿Y el payaso dónde está?) Usted sabrá dónde está el payaso.
Aquí no se
puede venir a decir ese tipo de cuestiones que resultan del todo impresentables, senador Socías, hay que ser más serios.
Paso al debate con el senador Cámara, que me parece mucho más gratificante, a pesar de nuestras discusiones, y voy a obviar
cuestiones de este estilo que me parecen más propias de un circo que de una Cámara como ésta.
Senador Cámara, efectivamente, un contrato fijo discontinuo sujeto al 12.3 no puede tener las prestaciones por desempleo en fijo discontinuo porque los
contratos del 12.3 no son fijos discontinuos, senador Cámara, los del 12.3 no son fijos discontinuos desde hace un año. (El señor Cámara Fernández: Ya está aclarado.) Por tanto, hay que ser mucho más certero en ese tipo de apreciaciones.
Yo
quiero pensar que no acaba de entender la reforma y que no es voluntarioso ese desconocimiento, senador Cámara. Yo quiero pensar que no ha acabado de entender y que hay algo que desvirtúa su mensaje, a lo mejor intencionadamente. (El señor Cámara:
No lo entiendo así.) Después de todo el debate mantenido, lo que yo creo es que los mensajes deben ser absolutamente claros para no colaborar en la confusión que algunos, con muy mala intención, han venido provocando, sembrando de manera falsa el
desasosiego, el desconcierto y la angustia de muchas familias de mi comunidad, que también son conciudadanos míos, senador Socías, no sólo son de usted o del senador Cámara, también son conciudadanos míos y también tienen mi sensibilidad. Por
tanto, y como consecuencia de todo lo debatido aquí, y a efectos del reconocimiento de las prestaciones y subsidios por desempleo en los trabajadores fijos discontinuos, que es lo que a ustedes les preocupa, tendrán esa consideración y protección
todos los trabajos de contrato de fijos discontinuos, dejando bien claro, senador Cámara, que los contratos de fijos discontinuos celebrados a partir del 4 de marzo del 2001 deberán estar a lo establecido en el artículo 15 en su apartado número 8
del Estatuto de los Trabajadores, y los contratos de fijos discontinuos celebrados con anterioridad al 4 de marzo del 2001 continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su celebración, senador Cámara.
Por eso mismo, considerar
que la reforma del sistema implica la desprotección de los trabajadores contratados como fijos discontinuos resulta absolutamente erróneo y, además, muy alejado de las pretensiones clarificadoras y de ajuste pleno a la legalidad, así como del
mantenimiento de la protección de estos trabajadores que se pretende con este Real Decreto. Así, para dar algunos datos estadísticos que suponga su tranquilidad, señorías, he de decir que la protección por desempleo de los fijos discontinuos que
con carácter general se ha dispensado durante el año 2001 se va a mantener durante el año 2002, exactamente en las mismas condiciones, Senador Cámara, cuestión importante, alcanzando de forma estimada la cifra de 145.000 beneficiarios, con 35.000
millones de pesetas de gasto en todo el Estado.
En conclusión, las noticias sobre la desprotección del colectivo son erróneas, ya que conforme a lo antes expuesto, tanto los contratos fijos discontinuos celebrados con anterioridad al 4 de marzo
como los celebrados con posterioridad, seguirán igualmente protegidos.
Además, los estudios realizados por distintos sectores sobre las circunstancias y realidad de los fijos discontinuos en Baleares, así como los distintos informes del Instituto
Nacional de Empleo al respecto, son coincidentes en la apreciación de que en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares este colectivo reúne los requisitos de la definición de fijos discontinuos contemplada en el artículo 15, en su apartado número
8, del Estatuto de los Trabajadores, independientemente de la fecha de la firma del contrato.
La validez de esa apreciación resulta de hecho avalada por las dos circunstancias siguientes: primero, en los registros del Instituto Nacional de Empleo
este colectivo aparece caracterizado por su condición de estar sujeto a llamamiento para poder iniciar su actividad y, segundo, en la última campaña de dicho Instituto Nacional de Empleo se reconoce la protección por desempleo al 99 por ciento, casi
la totalidad, de los solicitantes pertenecientes a este colectivo.
Por tanto, para terminar, a partir de este debate quien siga defendiendo la pérdida de las prestaciones y subsidio por desempleo de los fijos discontinuos en Baleares, señorías, ya
no podrá alegar ignorancia o desconocimiento de esa realidad, porque si se actúa así lo único que tendrá que justificarse es el porqué de su mala fe, el porqué de la frivolidad y el porqué de la voluntad de engañar.
Muchas gracias, señorías.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. (Los señores Socías Puig y Cámara Fernández piden la palabra.) Senador Socías, senador Cámara, esta cuestión está ya suficientemente debatida. No ha habido alusiones personales sino
respuestas a sus señorías.
Senador Cámara, dispone usted de un minuto.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Sólo quiero intervenir para responder al senador Ruiz que, al margen de no estar de acuerdo con él, en ningún caso puedo tener una actitud de mala fe y usted ha mencionado en esta
tribuna que quien diga lo contrario de lo que usted ha expuesto tendrá mala fe.
Quiero pedirle que retire esas palabras porque, además, sigo pensando de forma distinta a la suya. Simplemente he solicitado que retiren lo que hace referencia a
«exclusivamente para un tipo de fijo discontinuo» en una modificación de la ley o del decreto en su momento, y usted no me ha respondido a esto. En cualquier caso, se puede tener dureza en el debate político pero no se puede insultar diciendo que
hay mala fe al presentar o defender una posición, ahora, durante o después.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Socías, por un minuto de tiempo.
El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
Intentaré no consumir el minuto del que dispongo. Senador Ruiz, cuando nosotros nos manifestábamos respecto al régimen especial de las Islas Baleares es porque nos temíamos que sucedería
lo que ha sucedido; efectivamente, ganó un Gobierno que no era el suyo y en cuatro años no se ha reunido. Me dice que no hable de carreteras; que hay un convenio bloqueado. No es cierto. Lo que ocurre es que cuando se presenta un proyecto
ustedes quieren matizarlo. No respetan la voluntad de las comunidades autónomas y es porque no creen en el Estado de las Autonomías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Ruiz Rivero.
El señor RUIZ RIVERO: Gracias, señora Presidenta.
Senador Socías, usted tiene capacidad adivinatoria de lo que va a suceder y yo no. Si usted tiene esa virtud, aprovéchela y explótela. Quizá ser senador se le queda corto y tenga la
posibilidad de montar algo y sacar un dinero.
Senador Cámara, atendiendo a su sensibilidad, yo no he dado ningún nombre cuando he hablado de mala fe. Si usted considera que hablaba de usted, lo lamento mucho. En cualquier caso, entiendo que hay
mucha mala fe circulando por ahí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señorías, tanto la votación de esta moción como de las mociones que se debatieron ayer se hará esta tarde después del debate de las diversas leyes de financiación de comunidades autónomas.
Previamente, y en torno a
las cinco y media --la hora no se puede precisar--, se votará previsiblemente el veto a la ley de financiación de la Comunidad Autónoma de Galicia. Después se debatirán las demás y, cuando se voten, se votarán también las mociones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
(Continuación.)
--DECLARACIONES SOBRE LA ADMISION DE LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR (CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, MONTEGO BAY, 10 DE DICIEMBRE DE 1982. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (S. 610/000160) (C. D.
110/000167). (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Parece ser que por problemas en el seguimiento del orden del día el senador Ríos no había podido intervenir en relación con el Tratado Internacional que acabamos de aprobar con anterioridad a esta moción.
Si quiere
hacer alguna consideración puede hacerla ahora y trataremos de reflejarlo en el «Diario de Sesiones» en su momento.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta, por su amabilidad.
También quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios porque, de alguna manera, han aceptado esta pequeña intervención mía ya que ha habido un malentendido con
respecto al orden del día de este largo Pleno que estamos teniendo. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, este Pleno tiene alguna referencia con
respecto a una pregunta que le he formulado al Ministro de Asuntos Exteriores.
Creo que tiene mucha importancia y por eso mi deseo de intervenir, aunque tiene un claroscuro perfectamente definido.
Por un lado tiene un oscuro --voy a empezar por
él-- en el sentido de que una vez más no se ha cumplido el Estatuto de Autonomía de Canarias ni otros estatutos de autonomía, como el vasco, el catalán o el gallego.
Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 38 --y de una forma similar se dice
en los estatutos de autonomía citados--, dice lo siguiente: La Comunidad Autónoma de Canarias será informada en el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos, así
como en los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materias de su específico interés. Recibida la información --y esto es lo importante en este Estatuto de Autonomía de Canarias--, el órgano de gobierno de la comunidad autónoma
emitirá, en su caso, su parecer. Eso significa que tiene que haber un plazo determinado al dar la información. Una vez más no ha ocurrido.
Recordarán sus señorías que a lo largo de esta legislatura, y también en la anterior, estamos persiguiendo
un sistema por el cual sean consultadas las comunidades autónomas en aquellos tratados internacionales y convenios que les afecten directamente, y no hay duda que este afecta directamente a la Comunidad canaria. Incluso lo ha aceptado hoy el
Ministro en la pregunta que le he formulado en cuanto indicó que una de las peticiones fundamentales afectaba a Canarias y al Estrecho de Gibraltar.
La razón fundamental, y esta es la parte clara de ese claroscuro, es que creo que es un paso
adelante. El Estado español está rectificando sus posiciones primeras con respecto a este Convenio del mar, está asimilándose sobre todo a Portugal, que ha hecho sus advertencias y sus circunstancias especiales, concretamente en cuanto a los tres
famosos artículos de esta Convención, que es el artículo 15, que se refiere a la equidistancia cuando están enfrentados dos Estados con respecto a las aguas; el artículo 74 en relación con la delimitación de la zona económica exclusiva y, por
último, el artículo 83 en relación con delimitación de la plataforma continental.
Desde este punto de vista, en nombre de Coalición Canaria felicito al Gobierno por haber dado este paso, aunque exclusivamente no sea para favorecer a Canarias, pero sí estamos en la línea de un obstáculo menos para llegar a la soberanía
española de las aguas del archipiélago.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Gobierno somete a la consideración de la Cámara, por estar preceptuado en el artículo 94 de la Constitución, una serie de declaraciones relativas a la
Convención sobre el Derecho del Mar. En la primera Declaración lo que se pretende es ampliar la jurisdicción a un organismo, que es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto en la Convención pero que no se ha puesto en marcha hasta
hace bien poco y respecto del cual España no ha tenido representación porque no habíamos reconocido la jurisdicción de dicho Tribunal. Ha intentado, a través de negociaciones diplomáticas con otros Estados, que hubiera un juez español en el
Tribunal Internacional del Mar, pero la legitimidad española estaba muy capitidisminuida cuando decían: Oiga usted, si no asume la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ¿a cuento de qué viene que pida usted tener un juez
internacional? Por tanto, ése ha sido un problema. ¿Y qué se ha logrado? Que en este procedimiento de negociación diplomática expertos españoles en Derecho marítimo puedan participar como árbitros especializados en Derecho del Mar pero como
organismos auxiliares del Tribunal propiamente dicho, no como acceso directo al Tribunal con presencia directa de un juez de nacionalidad española. Así pues, se ha admitido la posibilidad de que haya personalidades españolas que puedan operar como
árbitros asesores del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
Por tanto, la ampliación de la jurisdicción nos parece bien. Además de los procedimientos previstos en el artículo 287, el arbitraje ordinario y el especial, ya estaba reconocida la
sumisión a la Corte Internacional de Justicia, y ahora se admite la jurisdicción, y expresamente se admite la sumisión judicial al Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo.
La segunda parte de la Declaración ya suscita una
mayor contradicción porque, ¿qué es lo que dice el Gobierno? Dice lo siguiente: nosotros planteamos como representantes del Reino de España que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar asuma competencias para juzgar controversias relativas a
la aplicación o interpretación de la Convención del Derecho del Mar. Pero a continuación dice: Exceptuamos de la competencia del Tribunal interpretaciones y controversias relativas a determinados preceptos, que son los que decía el senador Ríos:
la delimitación del mar territorial, la delimitación de la zona económica exclusiva y la delimitación de la plataforma continental en Estados marítimos adyacentes o que estén frente por frente unos de otros.
Es decir, si hay una controversia de ese
tipo, ¿quién la soluciona? La Corte no, el Tribunal no y tampoco un arbitraje. No se acaba de entender la incoherencia argumental de que, admitiéndosele la jurisdicción expresamente al Tribunal, luego se le diga: a todos los efectos menos a
éstos. Pero hasta ahora no se había producido esa excepción de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, la cual podía conocer de cualquier controversia internacional relativa a la determinación de la línea bisectriz, por ejemplo con
Francia --el conflicto está delimitado en el Golfo de Vizcaya--, o con Francia en su zona mediterránea. ¿Por qué si la Corte hasta ahora podía conocer de estas controversias no va a poder conocer de ellas el Tribunal Internacional del Mar? No
consta ninguna justificación en el expediente ni en la documentación que el Gobierno ha enviado a la Cámara referente a por qué no se acepta, a por qué se hace esta excepción. Y es que es bueno que si hay una controversia en la materia, se pueda
acudir a cualquiera de las posibilidades que a España se le daban antes: arbitraje ordinario, arbitraje especial, Tribunal Internacional o Corte. ¿Por qué se exceptúan ahora todas ellas? Queremos conocer la razón de fondo que ha llevado a eso;
repito que hay en ello una cierta incoherencia.
¿Por qué ahora España pretende exceptuar y quitar de la escena internacional en caso de conflicto a un tribunal con la envergadura y prestigio que tiene la Corte Internacional de Justicia --o el
recientemente creado-- si no se tenía confianza en el anterior? Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Morales.
El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Gatzagaetxebarría, usted sabe que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre, dio opción a los países que aceptaban esta Convención
para que, a través de sus órganos jurisdiccionales, pudieran elegir cualquiera de los siguientes tribunales: el propio Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Internacional de Justicia --por la que optó España en su momento--, un
Tribunal Arbitral General o un Tribunal Arbitral Especial.
España ratifica la Convención el 15 de enero de 1977 y opta en aquel momento por la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero, tras el fiasco que se produce en la
jurisdicción pesquera frente a Canadá, España se declara incompetente y se da cuenta de que no le sirve de mucho estar en la Corte Internacional de Justicia. Entretanto, 24 países han optado por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
En
este momento España cree que es conveniente y oportuno aceptar la competencia del TIDM sin renunciar a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, por lo
que se mantendrá la aceptación de los dos Tribunales. Esto es lo que traemos hoy a conocimiento del Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Morales.
Como la Cámara ya había dado su autorización, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000069) (C.
D. 121/000076).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000070) (C. D. 121/000077).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000071) (C. D. 121/000078).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000072) (C. D. 121/000079).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANTABRIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/00073) (C. D. 121/000080).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (621/000074) (C. D. 121/000081).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000075) (C. D. 121/000082).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000076) (C.
D. 121/000083).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000077) (C. D. 121/00084).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA?LA MANCHA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000078) (C. D. 121/000085).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000079) (C. D. 121/000086).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000080) (C. D. 121/000087).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARES Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000081) (C. D. 121/000088).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000082) (C.
D. 121/000089).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000083) (C. D. 121/000090).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictámenes de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación con los proyectos de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a quince comunidades autónomas.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces adoptado en el día de ayer, 18 de junio de 2002, el turno de portavoces
correspondiente al primero de los proyectos de ley, que será de 10 minutos, tendrá carácter genérico, y en el mismo se podrán defender las enmiendas presentadas a todos los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades
autónomas.
Seguidamente se debatirá el veto al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, con un turno a favor y otro en contra, y un
turno de portavoces. Después se votará el veto.
A continuación, habrá un turno de portavoces de cinco minutos para el citado proyecto de ley y para cada uno de los restantes. Al final se votarán las enmiendas y los dictámenes de cada uno de los
proyectos de ley.
En primer lugar, procede la presentación de los dictámenes de estos proyectos de ley.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vicepresidente de la Comisión General de las comunidades autónomas, senador Ferrández Otaño.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en sustitución del Presidente de la Comisión General de las comunidades autónomas, quien ha debido ausentarse por razones de urgencia motivadas por una cuestión de
tipo familiar.
Estos proyectos de ley fueron remitidos por el Congreso de los Diputados el 31 de mayo de 2002. La Mesa del Senado acordó entonces encomendar su dictamen a la Comisión General de las comunidades autónomas y abrir un plazo para la
presentación de enmiendas, que finalizó el 4 de junio.
Se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista a cada uno de dichos proyectos de ley, salvo al proyecto de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, al que se han presentado tres enmiendas por parte de dicho grupo parlamentario, y al proyecto de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, al que se han presentado una propuesta de veto por parte del señor Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, y dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.
La Comisión se reunión para designar las ponencias que habían de informar estos proyectos de ley el día 6 de junio del presente año. Dichas ponencias quedaron constituidas por los siguientes señores y señoras senadores: Jaume Cardona
i Vila, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; Joaquín Jesús Galán Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista; Inmaculada Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Isidre Molas i Batllori, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista; Jesús Vicente Sánchez Cuadrado, del Grupo Parlamentario Popular, y Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, también del Grupo Parlamentario Popular.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Las ponencias acordaron rechazar tanto la propuesta de veto como todas las enmiendas presentadas a estos proyectos de ley.
La Comisión se reunió para dictaminar los proyectos de ley el 11 de junio de 2002, acordando aceptar como dictamen el texto propuesto por las ponencias.
Señorías, los proyectos de ley que hoy se traen a debate en este Pleno hacen referencia
a un aspecto de singular trascendencia para todas y cada una de nuestras comunidades autónomas, como es el relativo a la cesión de tributos del Estado, que por incidir de forma directa en su futuro nos responsabiliza de forma especial.
En
consecuencia, es para mí un honor presentar estos proyectos de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a sus señorías.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tal como ha indicado el señor Vicepresidente, senador Prada, el debate de estos quince proyectos de ley se hará siguiendo los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces. Comenzamos, pues,
el primer turno de portavoces genérico acordado de diez minutos.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición favorable del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria a los proyectos de ley que se presentan hoy para su aprobación
en Pleno. Estos quince proyectos de ley constituyen la concreción del artículo 156 de la Constitución, por un lado, artículo en el que se señala que las comunidades autónomas deben tener la autonomía financiera que les permita desarrollar con
garantía las competencias a ellas atribuidas, y por otro lado, del proyecto de ley orgánica de modificación de la LOFCA, aprobado el día 17 de diciembre en esta Cámara y el 27 de ese mismo mes en el Congreso de los Diputados.
Me gustaría aprovechar
mi intervención para resaltar el importante consenso alcanzado sobre el nuevo modelo de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en sesión celebrada el día 27 de julio de 2001
y ratificado posteriormente por las distintas comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas en las que se han aprobado los acuerdos de modificación de los tributos cedidos, así como el alcance y condiciones de dicha cesión.
Debido a este consenso,
del que también ha participado la Comunidad Autónoma de Canarias, pues entendemos que con la aprobación de estas leyes avanzamos hacia una mayor autonomía financiera de las comunidades autónomas, lo que supone un mayor autogobierno por parte de las
mismas y un aumento de su capacidad normativa y de gestión a través de las nuevas figuras tributarias transferidas, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar a favor de los proyectos de ley que se traen hoy a debate.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Morales.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a hacer uso de este turno de portavoces para trasladar al conjunto de la Cámara su posición
respecto de los proyectos de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a quince comunidades autónomas, así como de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
El día 27 de diciembre de 2001 se aprobó en el seno de esta Cámara el
proyecto de ley orgánica de modificación de la LOFCA, así como el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Con
carácter previo se había llegado a un acuerdo unánime el día 27 de julio en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre las comunidades autónomas y la Administración central en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica.
Todos reconocíamos entonces que se trataba de un buen modelo, algo que, a nuestro juicio, es importante y fundamental para las comunidades autónomas, pues el mismo permite la suficiencia financiera necesaria para el desarrollo del nivel de
autogobierno que cada Comunidad Autónoma desea desarrollar dentro del marco de su respectivo estatuto de autonomía; valoración positiva que fue hecha en esta Cámara por parte de todos los grupos parlamentarios e incluso de los representantes de las
comunidades autónomas presentes en el seno de la Comisión General de las comunidades autónomas.
Sin embargo, el nuevo modelo, así como las medidas fiscales y administrativas de acompañamiento para su desarrollo daban capacidad normativa a las
Comunidades autónomas, proporcionándoles estabilidad en el sistema de financiación autonómica y planteando un sistema de corresponsabilidad fiscal y financiera. El nuevo modelo incluye medidas tales como que exista una cesión de gestión y
recaudación de impuestos a las propias comunidades autónomas; la vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo del nuevo modelo de financiación autonómica; el establecimiento de tres fondos distintos --el fondo general, el fondo de renta
relativa y el fondo para paliar distintas situaciones de excepcionalidad--; el incremento de la autonomía financiera, la corresponsabilidad y los distintos procedimientos de financiación --entre ellos, la cesión de tributos--; y, por otro lado,
los nuevos tributos que iban a pasar a ser gestionados --en parte o en su totalidad-- por las comunidades autónomas, así como el fondo de suficiencia y, aunque en ese momento fueron considerados aspectos positivos, todos podemos recordar que en la
tramitación de los proyectos de ley surgieron sus más y sus menos.
Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se criticó la actuación de la Administración
central en relación con esos proyectos de ley por haber adoptado de forma unilateral la implantación del Impuesto sobre Hidrocarburos con carácter finalista para la financiación de la sanidad.
Por otro lado, el debate y la tramitación del
nuevo modelo de financiación autonómica y, por tanto, de la reforma de la LOFCA y de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, de alguna forma también se utilizó, como todos recordarán, para vincular la aplicación del nuevo modelo de
financiación autonómica a la aceptación de la transferencia de sanidad que, en este momento, se estaba debatiendo.
En cualquier caso, a pesar de las dos salvedades que, de alguna forma, pudieron cuestionar el nuevo modelo de financiación
autonómica, creemos que es altamente positivo para el conjunto de las comunidades autónomas porque los proyectos de ley que hoy tramitamos en esta Cámara, que corresponden a quince comunidades autónomas de régimen general, de alguna forma
desarrollan la inevitable formulación técnica y jurídica necesaria para poder llevar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica, sobre todo en lo referente a uno de los procedimientos de financiación que hemos comentado, el de los tributos
cedidos.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos entiende que las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista suponen una salvaguarda que evita que se produzcan las situaciones de imposición que hemos comentado
anteriormente y que, en el futuro, se adopten las decisiones gracias al diálogo, al consenso y no por la vía de la imposición o que esté supeditado a que el nuevo modelo de financiación autonómica siga vigente o no, en función de la actuación del
Gobierno de cada comunidad autónoma.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Mixto, a través de su representante del Bloque Nacionalista Galego, presenta un veto al proyecto de ley de cesión de tributos de la Comunidad Autónoma de Galicia por
considerar que el modelo de financiación al que se llega por ese sistema no es el que debería tener la citada comunidad autónoma. Se discrepa desde una concepción distinta de cómo tendría que ser el modelo de financiación; un modelo de
financiación que otorgara mayores cotas de autogobierno y mayor capacidad normativa en materia fiscal, tal y como se recoge incluso en la propia exposición de motivos de dicho veto.
No se plantea la nacionalidad histórica con ánimo diferenciador
sino como un reconocimiento de la pluralidad, así lo entendemos en el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y una pluralidad solidaria con el resto de comunidades autónomas.
Como portavoz de mi grupo parlamentario y, al margen de
las matizaciones que acabo de hacer desde esta tribuna, tengo que reconocer que hay acuerdo con las comunidades autónomas y, por tanto, respetando las decisiones que hayan podido adoptar éstas en sus relaciones con la Administración central, así
como la voluntad de las mismas --como no podría ser de otra manera--, votaremos a favor del conjunto de los proyectos de ley que estamos debatiendo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la señora la senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, la posición del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés es la de votar favorablemente este proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado, en
primer lugar a la Generalidad de Cataluña, y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión; asimismo, votaremos a favor de los otros proyectos, correspondientes al resto de las comunidades autónomas de régimen común, en lo que a
financiación se refiere, acumulados en este trámite parlamentario. No obstante, a pesar de esta posición, vamos a votar también a favor de las tres enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, coincidiendo con el contenido
de las mismas y con la justificación que las sustenta.
Quisiera señalar en primer lugar, señorías, que en la medida en que esta ley --y me refiero con ello a los quince proyectos-- desarrolla un aspecto concreto del nuevo sistema de financiación,
voy a ceñir mi intervención exclusivamente a dicha ley, y en particular a su contenido, evitando repetir debates anteriores relativos al sistema de financiación en su conjunto o a otros aspectos parciales. También quisiera señalar que la ley llega
a esta Cámara con un amplio apoyo parlamentario en su tramitación en el Congreso de los Diputados, y con el acuerdo de las Comisiones Mixtas de todas las comunidades autónomas.
Estos proyectos de ley desarrollan, como decía, un aspecto fundamental
del nuevo sistema, que es el que hace referencia a la modificación del contenido de la cesión tributaria. Esta modificación significa, a nuestro juicio, la profundización en la cesión de tributos y sobre todo que se crean condiciones suficientes
para el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad fiscal. Del contenido de estos proyectos de ley, de menor a mayor relevancia, quisiera destacar que, en el caso de los tributos anteriormente cedidos, se produce un cambio que es de tipo
cualitativo, al ampliarse el campo de las competencias normativas.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el cambio es cuantitativo, puesto que se aumenta el porcentaje de cesión, y también cualitativo, al incrementarse las
facultades normativas. En tercer lugar, el cambio de mayor relevancia es claramente el de los nuevos impuestos indirectos cedidos. Al incluirse impuestos de gran capacidad recaudatoria, como es el IVA, con un porcentaje del 35 por ciento, e
impuestos especiales armonizados en un 40 por ciento, se produce un cambio notable en la composición de la recaudación por tributos cedidos.
Se equilibra el peso respecto al total de los impuestos directos e indirectos, y se evita la fuerte
dependencia del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se había producido en el quinquenio anterior. Por tanto, señorías, se ha introducido el criterio de cesta de tributos, reclamado por los expertos desde
siempre,
diría yo, y propuesto en la anterior reforma por el Partido Socialista.
Con la aprobación de esta ley, en aplicación del nuevo sistema, se da un nuevo paso adelante importante en la autonomía financiera y en la corresponsabilidad fiscal de
las comunidades autónomas, y con ello se alcanza una madurez en el sistema de financiación autonómica que España ha venido desarrollando, en paralelo a la descentralización de competencias y gasto en las comunidades autónomas, en los últimos veinte
años y que ha contribuido decisivamente al funcionamiento eficaz del Estado de las Autonomías a lo largo de este período de tiempo.
Hablaba en primer lugar de mayor autonomía. Supone mayor autonomía financiera, puesto que se reduce la dependencia
de las transferencias estatales, y se amplía la estructura tributaria de las comunidades autónomas. La ampliación de la cesión tributaria y el aumento del porcentaje de cesión del IRPF hacen disminuir el peso global de las transferencias en el
sistema de financiación. En el caso de Cataluña, por referirme a la primera ley y que corresponde a la Comunidad Autónoma que en nombre de mi grupo represento, su financiación por la recaudación de tributos pagados por los ciudadanos catalanes en
el territorio se situará en un 86 por ciento, y tan sólo el 14 por ciento procederá de transferencias estatales.
Con la ampliación de la estructura tributaria se corrige lo que ha sido una falta de sincronía entre el proceso de descentralización
del gasto y el proceso desarrollado por el sistema de financiación autonómica, que ha ido con un cierto retraso respecto al primero. Es un paso en la autonomía financiera y en la corresponsabilidad y, en segundo lugar, por tanto, se aumenta el
grado de corresponsabilidad fiscal, puesto que amplía parcialmente las competencias normativas en el IRPF y en el resto de los impuestos cedidos, con excepción de los armonizados. También hay que señalar que se eliminan las garantías sobre la tasa
de crecimiento del IRPF, puesto que la diversificación de los impuestos cedidos reduce la necesidad de esa garantía, ya que los ingresos serán menos dependientes del comportamiento de un determinado tributo.
En definitiva, consideramos que con esta
ley se avanza en el autogobierno de las comunidades autónomas y se amplía así su margen de decisión y actuación, para gestionar las competencias que tienen encomendadas y poder proporcionar a los ciudadanos servicios públicos eficaces y de calidad.
Estas son las valoraciones que realiza mi grupo parlamentario, y por todo ello vamos a votar favorablemente los quince proyectos de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Aroz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en relación a la tramitación del proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. A la vez, con esta intervención fijaremos la posición de nuestro grupo en referencia a la totalidad de los proyectos que, como éste, van a tramitarse para
las demás comunidades autónomas del régimen común, además ayudados por la fortuna de que sea el primer proyecto el que afecta directamente a Cataluña.
Nuestro voto naturalmente va a ser favorable y mi posicionamiento va a ser muy breve y conciso,
porque el debate político se sustanció ya a lo largo del segundo semestre del pasado año en esta Cámara. Desde que se produjo el acuerdo de 27 de julio de 2001 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se han producido en esta Cámara, sea en
la Comisión General de las comunidades autónomas o en este mismo Pleno, diversos debates en referencia a un nuevo modelo de financiación autonómica y nuestra posición siempre ha sido favorable, porque consideramos que este modelo ha significado un
avance importante en un asunto tan sensible e importante para nosotros, como es la financiación autonómica.
Por tanto, como este proceso legislativo que hoy llevamos a cabo en el Senado es la culminación legislativa de este nuevo modelo, nuestro
posicionamiento no puede ser más que favorable. Insisto, no creo que sea el momento de repetir la totalidad del debate político que en torno a esta materia se ha suscitado. De una forma muy breve y resumida, diré que nuestro apoyo a este modelo se
basa fundamentalmente en que este nuevo sistema mejora la financiación de las comunidades autónomas y, muy en particular, de la que nos afecta directamente, que es Cataluña.
Incrementa la autonomía financiera, puesto que como acaba de citar la
senadora Aroz, el cambio es muy importante. El hecho de que con este nuevo modelo, en el caso concreto de Cataluña, el 86 por ciento de los ingresos de las comunidades autónomas lleguen a ser ingresos tributarios directos, es un cambio cualitativo
y cuantitativo muy importante, ya que sólo el 14 por ciento restante serán transferencias del Estado. Es importante por lo que significa a partir del primer año, pero sobre todo mucho más importante por lo que supone en la evolución de los años
posteriores. Que las comunidades autónomas puedan financiarse y avanzan en sus recursos, en virtud de su propia situación económica y no de otros índices por los que evolucionaban las transferencias, es de una gran importancia para la mejora del
sistema financiero de esas comunidades y, además, significa un paso decisivo en cuanto a la autonomía financiera y a la dependencia de la propia actividad económica de la comunidad.
También quiero resaltar, como es lógico, lo que significa la
participación autonómica en una importante cesta de impuestos. A nosotros nos hubiera gustado que la participación hubiera sido en la totalidad de los impuestos, es decir, en los trece impuestos de recaudación o pago directo por parte de los
ciudadanos de Cataluña, pero entendemos
que el que sea en once constituye una mejora muy importante y el paso es muy positivo.
Asimismo, se ha hecho mención por parte de los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra de que a pesar todos los cambios se mantiene un
modelo solidario, el fondo de suficiencia es ilustrativo de este hecho. Por último, debo resaltar, que también ha sido comentado por mis antecesores y por todos los grupos a lo largo de los muchos debates que se han producido sobre esta cuestión,
el incremento de la capacidad normativa en lo concerniente a autonomía y soberanía por parte de los Parlamentos de las distintas comunidades autónomas.
Es evidente --y también lo hemos mencionado en repetidas ocasiones en los distintos trámites
parlamentarios y en declaraciones de destacados miembros del Govern de la Generalitat-- que nuestros objetivos en cuanto a la revisión del modelo de financiación autonómica eran más amplios, más ambiciosos, pretendíamos un modelo más homologable con
los sistemas vigentes en las comunidades autónomas de régimen foral, pero entendemos que en el acuerdo político hay que ceder por todas partes y que, por lo tanto, este modelo para el año 2002 hasta el 2007 es positivo. Además, lo valoramos aún más
si cabe de esta forma, teniendo en cuenta el entorno en que se ha producido, en una legislatura de mayoría absoluta, con un consenso y acuerdo de todos los gobiernos, comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas aquí representadas.
Dado
que en las experiencias anteriores los acuerdos sobre los nuevos modelos de financiación no se produjeron con este nivel de consenso, nosotros particularmente valoramos muy positivamente que haya sido así, porque a partir de ahí se habían hecho
lecturas e interpretaciones sobre lo que significaban los nuevos modelos de financiación en virtud de la situación política y dependencia o no del Gobierno del Estado respecto a Convergència i Unió. Entendemos que en esta ocasión, con mayoría
absoluta y con un consenso de todos no se van a producir y, sin duda, los avances de este modelo son realmente mucho más importantes de lo que lo fueron los anteriores en los que se criticó tanto la posición de Convergència i Unió.
Además, este
acuerdo del nuevo modelo de financiación autonómica ha sido, desde nuestro punto de vista, uno de los mejores hechos de esta legislatura. Quizá nos hubiera gustado que otras cuestiones también importantes que se han tratado posteriormente --como
por ejemplo uno muy cercano al que estamos hablando que también afecta directamente a la autonomía financiera de las comunidades autónomas como ha sido la Ley de Estabilidad--, se hubieran podido llevar a cabo con este mismo grado de consenso.
Por
lo tanto, hemos de felicitarnos por lo que ha sido el modelo de financiación, culminamos aquí el proceso legislativo de esta materia y vamos a votar favorablemente tanto a este proyecto de ley que nos ocupa como a los catorce siguientes que
tramitaremos esta tarde en el Senado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señora Presidenta, subo a la tribuna para valorar con carácter general el
conjunto de los quince proyectos de ley de cesión de tributos a las diferentes comunidades autónomas de régimen común que hoy vamos a analizar en esta Cámara en su último trámite en el Senado.
Quiero empezar diciendo que, al igual que han opinado
los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, nuestra valoración de ese acuerdo unánime en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio, que es la base y el fundamento del nuevo modelo de financiación autonómica, no puede
ser más que una valoración positiva. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Estamos ante un nuevo modelo, asumido voluntariamente por todas las comunidades autónomas, votado unánimemente también en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera por todas ellas y que realmente supone, a mi juicio de manera innegable, un incremento de la suficiencia financiera, un incremento de la autonomía de las distintas comunidades autónomas, un incremento de la corresponsabilidad
fiscal y, desde luego, en absoluto ninguna disminución de los mecanismos de solidaridad que igualmente deben estar presentes en la valoración del sistema. Por tanto, es un sistema de financiación, a mi juicio, negociado con voluntad política de
llegar a un pleno acuerdo que realmente plasma en leyes posteriores de reforma de la LOFCA y en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas complementarias de la misma y que hoy culmina con estas quince leyes de cesión de tributos a las distintas
comunidades autónomas.
No voy a reiterar análisis que han realizado la Senadora Morales, la Senadora Loroño, la Senadora Aroz o el Senador Cambra, porque coincido plenamente con ellos, y por eso nuestro Grupo va a posicionarse afirmativamente en la
votación del conjunto de todos y cada uno de los proyectos.
Dicho esto, quiero explicitar por qué mantenemos nuestro voto particular con dos enmiendas en cada uno de los proyectos y tres específicamente en el de Andalucía. La enmienda peculiar
referida a Andalucía la dejaré para el debate específico de ese proyecto de ley de cesión de tributos a mi Comunidad Autónoma, y fundamentalmente me voy a referir al significado que tienen esas dos enmiendas.
Quiero empezar diciendo que, a mi
juicio, el que tenga presente el debate que se produjo en esta Cámara con la presencia en el Pleno del Ministro de Hacienda, señor Montoro, puede entender perfectamente la inspiración a la que responden esas dos enmiendas que hoy mantenemos. He
sentido una cierta desazón cuando he leído el «Diario de Sesiones» de la sesión correspondiente de la Comisión General de comunidades autónomas porque me da la impresión de que entre el senador Pérez Sáenz y el senador Sánchez se produce en buena
medida un diálogo de sordos o diálogo de besugos, donde uno dice una cosa y el otro contesta con otra que no tiene absolutamente nada que ver.
Realmente hay que centrarse en lo que era el acuerdo de 27 de julio para entender la evolución posterior
y el sentido
de nuestras enmiendas. En ese acuerdo se dice expresamente que todas las comunidades autónomas con el nuevo modelo de financiación incrementan sus recursos para la financiación de los servicios asumidos y aquellos susceptibles de asumir
--lo dice en la página 17-- y se distinguen tres bloques de financiación: Primero, un bloque de competencias comunes financiado por la tarifa autonómica del IRPF, por los tributos cedidos sobre patrimonio, sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, sobre sucesiones y donaciones, sobre el juego, así como las tasas de los servicios transferidos afectas a los mismos; segundo, un bloque para financiar los servicios sanitarios de la Seguridad Social --es la principal
novedad del nuevo modelo, donde se recoge la tesis de los expertos sobre los impuestos que ya habíamos propugnado el Grupo Parlamentario Socialista en el año 1996-- y a esa financiación, a ese segundo bloque, se vincula el 35 por ciento de la
recaudación por IVA, el 40 por ciento de los impuestos sobre cerveza, vino, bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos, labores del tabaco, etcétera, y el cien por cien de la recaudación del impuesto sobre
electricidad y el impuesto especial determinados medios de transportes; por último, un tercer bloque pacífico, que hace referencia a la financiación de los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social.
Es evidente que desde la lectura del
conjunto del acuerdo y de la definición que hace el acuerdo de los bloques de financiación, no parece que exista ninguna dificultad técnica para la aplicación del nuevo sistema de financiación, tanto en las comunidades autónomas que tienen asumidas
las competencias sanitarias, como las que no o que, en un momento determinado pudieran no asumir su negociación. Bastaría con no atribuir a éstas el bloque b) de financiación.
Por tanto, es claro que el traspaso completaría las previsiones del
sistema para las comunidades autónomas que asumieran las competencias sanitarias, pero, en modo alguno hay dificultad sustancial para aplicar el nuevo modelo de financiación, aunque alguna comunidad autónoma no hubiera llegado al pleno acuerdo en su
comisión mixta bilateral para aceptar dichas competencias.
Tampoco se vuelve a tratar esta materia en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se pactan algunas modificaciones al acuerdo inicial de 27 de julio, me refiero a
las sesiones plenarias de los días 6 y 22 de noviembre, aprobadas aquí por mayoría, no unanimidad.
Curiosamente, después del debate en esta Cámara, en la Comisión General, al aprobar el dictamen de esas dos leyes, la reforma de la LOFCA y la
complementaria, es cuando se introducen modificaciones sustanciales en los artículos 6, 7 y 16, y en las disposiciones derogatoria y final segunda, que vinculan la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación a la asunción, no ya de las
competencias sanitarias, sino de todas las susceptibles de ser financiadas por el nuevo sistema.
Nos parece que ese subterfugio se realizó --como ya he calificado en otra ocasión-- con nocturnidad y alevosía, en el último momento del trámite, sin
tiempo para que los portavoces reaccionáramos y utilizando torticeramente la posibilidad de las enmiendas transaccionales, cuando saben perfectamente los señores del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión General y los portavoces de esta Cámara
que el artículo 115 del Reglamento del Senado no puede posibilitar ni amparar la introducción de modificaciones sustanciales, que no acercan posiciones entre dos enmiendas, ni siquiera entre dos enmiendas idénticas, como eran la del Grupo
Parlamentario Popular y la del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, con el texto de la ley, sino que introducen una novedad absolutamente diferente. Realmente nos parecía grave, sencillamente un mecanismo de «ucase», de imposición
para forzar la aceptación de los traspasos sanitarios de la Seguridad Social, lo cual no quiero volver a tratar. Los traspasos se han producido en las comisiones bilaterales, con plena libertad de las partes. No voy a decir que una comunidad
autónoma ha tenido que aceptar a la fuerza nada de eso, sino que todas las comunidades autónomas españolas tienen un sentido de la responsabilidad y un grado de autonomía suficientes como para saber lo que aceptan, y todas han aceptado tanto el
sistema de financiación como los traspasos de medios y servicios de las competencias sanitarias de la Seguridad Social, lo que no puede ser más que un motivo de felicitación para todos nosotros y más para los senadores miembros de esta Cámara
territorial.
Señorías, que se ha creado un mal precedente, que se ha aplicado al menos desviadamente un artículo importante del Reglamento de la Cámara y que es bueno aprovechar esta ocasión o cualquier otra para desfacer el entuerto, entre otras
cosas porque el entuerto ha dejado de tener virtualidad. Es una espada de Damocles que está ahí, pero que ustedes saben perfectamente que ni el Gobierno del señor Aznar, ni un futuro gobierno de otro color que pudiera haber después va a aplicar
porque una comunidad autónoma se niegue a aceptar las competencias en políticas activas de empleo o se niegue a aceptar los traspasos en materia de asistencia del Instituto Social de la Marina o cualquiera otra, o de los flecos en los distintos
estatutos que quedan por traspasar.
Ha sido sencillamente una oferta. Aprovechen ustedes esto, y estaremos más cerca para, en una posterior derogación de la disposición adicional dos de la Ley 21/2001, poder retirar un recurso de
inconstitucionalidad que nuestro Grupo parlamentario ha presentado, que tardará los años que tarda habitualmente el Tribunal Constitucional en resolverlo y decidirlo, que posiblemente cuando lo resuelva a lo mejor ya no tiene ninguna virtualidad,
pero que pudiera resolverlo más pronto de lo habitual y crear un problema gravísimo, porque yo tengo la impresión, señorías, y se lo digo con absoluta sinceridad, que ese recurso de inconstitucionalidad lo va a perder el Gobierno del señor Aznar y
lo van a ganar los 50 diputados que han efectuado el recurso. Sencillamente éste es el sentido de estas dos enmiendas.
Quiero conocer su opinión sobre esa oportunidad de ponernos de acuerdo, más temprano que tarde, para evitar
problemas y derivaciones imprevisibles de lo que puede ser una sentencia judicial.
Dicho esto, no quiero que se mezclen los temas, no quiero que haya ningún tipo de intoxicación, no quiero que nadie interprete nada. Nosotros votamos en
contra de los proyectos de ley en la Comisión General de las Comunidades Autónomas exclusivamente porque no se nos había contestado.
Decíamos: Nos duele mucho la cabeza. Y contestaban ustedes: Pues nos toca el sábado Corea. No tiene nada que
ver. Era el diálogo de besugos o el diálogo de sordos de la revista satírica de hace quince años.
El sentido de nuestras enmiendas es que queremos saber si ustedes están dispuestos a poder llegar a una solución en este tema; creemos que merece la
pena que aquí se voten y que cada grupo se pronuncie sobre las dos, pero en modo alguno el resultado de esa votación va a vincular nuestro apoyo decidido, sincero, leal a las quince leyes de cesión de tributos, que es una pieza esencial de un nuevo
sistema de financiación autonómica que compartimos, que hemos negociado, que apoyamos y al que deseamos la mejor fortuna en el futuro.
Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este pleno de hoy tiene --ya ha sido resaltado-- especial significación para quienes consideramos que el desarrollo autonómico de España es un instrumento indispensable
para su progreso y un vehículo insustituible para avanzar en el porvenir.
Vamos a debatir y, tal como se han producido las intervenciones de los portavoces, estoy convencido de que a aprobar quince proyectos de ley que completan la autonomía
política de nuestras comunidades con su correspondiente autonomía financiera; quince proyectos de ley cuya entrada en vigor supondrá un nuevo impulso para la España plural con la que todos nosotros nos identificamos; quince proyectos de ley que
consolidan un nuevo sistema de financiación autonómica, que hoy por hoy es sinónimo de futuro, de redistribución de riqueza, de madurez en la capacidad de gestión política de los gobiernos regionales y de los gobiernos de nuestras nacionalidades y
que, además, son quince proyectos de ley que permiten que cada uno de nuestros gobiernos autonómicos sea corresponsable con el Gobierno central de las políticas que ejercen; quince proyectos de ley, señorías, que hace unos pocos años eran
deseables, pero inimaginables. Por eso, esta Cámara no puede dejar pasar los textos que se tramitan esta tarde sin que se oiga alta, clara, y tan extenso como sea necesario, la voz de sus miembros.
Ya sabemos que el acuerdo sobre este asunto en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera fue unánime. Ya sé que en el Congreso de los Diputados estos proyectos se tramitaron en lectura por Comisión con competencia legislativa plena y, además, que se aprobaron por unanimidad.
Ya sé, por tanto,
que tales antecedentes pueden hacer reiterativo cualquier discurso que se haga desde esta tribuna, reiterativo en términos argumentales, claro. Ahora bien, los parlamentarios no decimos nuestras cosas --lo saben sus señorías-- sólo para aportar
algo nuevo, como hacen los científicos, o para rebatir una causa o defender otra como hacer los letrados. Los parlamentarios hablamos para insistir en aquello que ya se sabe, pero que a fuerza de repetido se hace más verdad y se fortalece.
El
parlamento en ocasiones como ésta, el Senado, Cámara de representación territorial, es también el lugar adecuado para que con la solemnidad requerida se haga constar en el «Diario de Sesiones» la doctrina política que inspira los pies de foto que
ilustran la historia de España.
Hoy vamos a estar todos, prácticamente todos, de acuerdo en todas las leyes, Grupo a Grupo, comunidad autónoma a comunidad autónoma, representantes de comunidad autónoma a representantes de comunidad autónoma. Las
discrepancias van a ser mínimas, tan mínimas que no pensaba referirme a ellas en esta intervención de portavoces para no hacer de las diferencias el centro de la intervención principal de mi Grupo parlamentario, pero me obliga la intervención del
Senador Galán a hacer una siquiera breve mención, ya que nos ha contado que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de las quince leyes en Comisión porque no recibieron respuesta sus enmiendas, y nada más fácil para mi Grupo parlamentario
que dar una respuesta y con ello ganar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno de la Cámara.
No creo que sea oportuno hacer de las mínimas diferencias el centro del debate en el turno de portavoces, porque es mucho más lo
que nos une hoy que lo que nos separa. Ahora bien, le diré que las razones por las que mi Grupo parlamentario no va a aceptar sus enmiendas están derivadas de la aceptación de los acuerdos íntegros del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el
respeto a los textos tal y como han venido siendo tramitados hasta el día de hoy. Creemos que el acuerdo está suficientemente cerrado y que modificarlo a estas alturas no haría más que enervar una polémica que en este momento no necesita ser
enervada.
Yo comprendo las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista presenta estas enmiendas. Son razones que tienen que ver con la tramitación y la historia de la negociación de este acuerdo de financiación autonómica. Las comprendo
y las respeto, pero no las comparto, porque una vez un proceso de financiación ha terminado todos debemos aceptar el resultado, sumarnos a ese resultados y no hacer de las querellas parciales que se produjeron durante la tramitación la causa de una
posible discrepancia en el futuro.
Creo que el Tribunal Constitucional no fallará a favor del recurso presentado por los diputados socialistas. En todo caso, con el máximo respeto para la Alta Institución sí digo que espero, por el bien político
del sistema aprobado con el consenso de todos, también del Grupo Parlamentario Socialista, que el Tribunal Supremo falle a favor del texto y de los textos que hoy vamos a aprobar. Además, no
voy a insistir más en este asunto para que el Senador Galán y yo, que somos viejos amigos, no incurramos en otro diálogo de besugos porque nosotros de besugos no tenemos nada y si algún pez se nos ha aparecido alguna vez, aún siendo
mamífero, siempre ha sido el delfín por nuestras aspiraciones y nuestros muchísimos méritos. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Las comunidades autónomas, los grupos políticos y el Gobierno han participado en el último
año de forma dialogada en el diseño de este nuevo sistema de financiación y, hay que decirlo, el resultado ha sido francamente bueno. Realmente se ha conseguido un acuerdo que da lugar a un sistema de financiación que resultaba imprescindible y
que, por otro lado, permítanme que lo adjetive con extensión, es suficiente, es solidario, es corresponsable, es estable y es transparente.
Lo hemos hecho bien entre todos. Con el nuevo modelo de financiación autonómica que entró en vigor en enero
de 2002 --ya se ha dicho--, son tres las grandes fuentes de recursos para los gobiernos de las nacionalidades y regiones: por un lado, los tributos cedidos, por otro lado, los tributos propios, los nuevos tributos y, además, el fondo de suficiencia
que complementa las necesidades de ingreso de cada comunidad.
Es decir, señorías, que cuando hablamos de suficiencia presupuestaria estamos hablando de tributos cedidos y, además, de nuevos tributos, pero también estamos hablando de un fondo de
suficiencia, estamos hablando también de igualdad y estamos hablando también de reparto de oportunidades, porque el sistema que hemos construido --insisto-- entre todos posibilita que los servicios se presten de manera homogénea y en paridad de
condiciones, al margen de cuál sea la comunidad a la que pertenecen los ciudadanos que los reciben.
Además, hemos elaborado, mediante el diálogo, un sistema solidario y eficaz en sus resultados porque es más generoso con las comunidades que tienen
menos capacidad de generar recursos por sí mismas y porque resultan beneficiadas --si alguna resulta beneficiada-- aquellas comunidades que tienen un menor potencial de recursos propios. El Partido Popular está plenamente comprometido con todo
método de recaudación y de distribución de fondos públicos que no provoque diferencias injustificables o indeseables entre las distintas comunidades autónomas.
Para nosotros es obligatorio garantizar prestaciones públicas equiparables en toda
España, y es completamente prioritario eliminar cualquier tipo de marginación territorial. Nuestro compromiso con nuestra manera de entender el Estado de las autonomías nos obliga siempre a imaginar una Administración descentralizada tanto cuanto
sea posible, pero también una Administración para la que la descentralización en ningún caso suponga desigualdad o menoscabo en las oportunidades de nadie.
El diálogo, el diálogo entre todos, señorías, nos ha permitido alcanzar una deseable
corresponsabilidad financiera entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, porque con este nuevo sistema de financiación que hoy termina de completarse se incrementa el grado de decisión presupuestaria autonómica hasta --permítaseme la
expresión-- hacerlo mayor de edad, hasta hacerlo consecuente, maduro, hasta hacerlo capaz de responder de sus propios actos y, por lo tanto, se afianza la condición democrática de los gobiernos autonómicos hasta hacerlos aptos para dar cuenta de
cualquiera de sus decisiones presupuestarias ante sus propios ciudadanos. Se ha dicho hasta la saciedad que no existe verdadera autonomía sin autonomía financiera, sin una completa autonomía presupuestaria, que las comunidades sin responsabilidades
en los ingresos constituyen tan solo haciendas de gasto.
Aunque se ha dicho menos, también es verdad que sin responsabilidad en la captación de ingresos públicos, no hay ni puede haber verdadera responsabilidad democrática. Los antiguos decían que
no puede haber impuestos si no hay representación, que no puede haber recaudación si no hay Parlamento, que no puede haber nadie que preste un servicio público si no hay consentimiento. Y es verdad. Quien no decide los ingresos, mal puede
responsabilizarse de los gastos. Quien no sabe lo que cuestan las cosas, mal puede decidir en qué se gasta el dinero, al menos en un sistema democrático. Pues bien, estas leyes hacen corresponsables a las Comunidades Autónomas con el Gobierno
central en la recaudación de tributos, en la recaudación de medios, en la recaudación de dinero, para luego hacerlas corresponsables, como debe ser en auténticas instituciones de descentralización política y democrática, en la gestión de esos
recursos para destinarlos al servicio público a los ciudadanos.
Señorías, estamos hablando de algo más que de números y de algo más que de ciencia económica. Hablamos de historia, de convicciones políticas profundas. Estamos hablando, señorías,
de un proyecto, que es la España autonómica, que avanza; nuestro proyecto de vertebración de España, un proyecto de todos. Con la reforma del sistema de financiación autonómica, con las leyes que vamos a aprobar esta tarde, vamos a conseguir
complementar y estabilizar el sistema autonómico dado por la Constitución de 1978.
Es verdad que hemos necesitado mucho diálogo; es verdad que las dificultades del diálogo han provocado, por ejemplo, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista; es verdad que ha habido momentos en los que la ruptura ha estado muy cerca; es verdad que algunas rupturas han durado mucho tiempo. Pero también es verdad que hoy el acuerdo se ha conseguido; también es verdad que hoy coincidimos
todos en un modelo de financiación; también es verdad que hoy sostenemos todos un mismo modelo de Estado autonómico y un mismo modelo de financiación de ese Estado autonómico; también es verdad que hoy podemos celebrar un acuerdo, 15 acuerdos, 17
acuerdos más los de las ciudades autónomas si queremos incluirnos todos, y también es verdad que eso se ha hecho con la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que están presentes.
Señorías, entre todos protagonizamos un proyecto en el que
convergen muchas ilusiones y muchos deseos de progreso; probablemente las ilusiones y los deseos de progreso que dormían en los sueños de los senadores que en 1977, hace 25 años, hicieron la Constitución actual desde estos bancos. Pues bien,
clausuremos con honores otro
curso más en la vertebración de nuestro proyecto de una España plural, diversa, de una España con un Estado que se enriquece por la diversidad, un curso más desde 1977.
Han pasado 25 años, 25 años en los que el diálogo y la colaboración han
sido términos constantes; 25 años en los que los intereses de los ciudadanos han estado siempre al final por encima de las siglas, al final por encima de los colores y al final a la altura de las propias ideas.
Pero también --y quiero decirlo
aquí-- 25 años en los que no se han agotado ni nuestra imaginación ni nuestra vocación democrática; 25 años que el contemplarlos hacia atrás no debe empujarnos hacia la nostalgia, sino darnos ánimos para seguir trabajando en el mismo curso. No
podemos volvernos viejos sólo con 25 años. Por eso hoy tenemos que celebrar este acuerdo, por eso hoy tenemos que celebrar las leyes que vamos a aprobar, porque contemplan un sueño que tiene ya 25 años, pero sobre todo porque nos permite soñar
otros tantos más.
Señorías, es verdad que excepto la contestación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que era absolutamente necesaria para que el Grupo Parlamentario Socialista votara a favor de estas leyes, es verdad que el resto
de mi discurso era completamente prescindible; es verdad que me lo podía haber evitado y, sobre todo, se lo podía haber evitado tanto a mi secretaria que lo ha mecanografiado como a todas sus señorías, y es verdad que podía haber dejado que lo
obvio imperase en el silencio y que la prisa nos comiera. Pero --permítanme-- es verdad también que en política, como en la vida, dar por supuestas algunas cosas muy importantes puede provocar equívocos, malentendidos y profundas incomprensiones;
es verdad que en política, como en la vida, una palabra agradable y de aliento de más nunca sobran, ni siquiera esta tarde.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador González Pons.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000069) (C.
D. 121/000076).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Finalizado este turno de portavoces de carácter general, corresponde, en primer lugar, la intervención de los portavoces, por tiempo de cinco minutos, en el proyecto de ley de régimen de cesión de
tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa.) El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Fernández, tiene la palabra.
El señor
FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señorías, yo quisiera centrar la intervención de mi grupo en este punto del orden del día desde una doble vertiente: en primer lugar, desde el contexto en que será aprobada esta ley y los propios contenidos de la
misma, y todo ello con la obviedad de que esta ley deviene de un acuerdo de financiación autonómica sin el cual hoy no habría sido posible el refrendo de esta ley de cesión de tributos del Estado a la Generalitat de Catalunya. Un acuerdo unánime
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ya se ha dicho, pero sobre todo un acuerdo positivo para Cataluña, un acuerdo de Estado, y por tanto también catalán, derivado de este acuerdo político e institucional amplio.
Quiero destacar el
contexto en el que se aprueba y afronta esta cesión de tributos; una mayoría del Partido Popular, y si me lo permiten, una mayoría absoluta del Partido Popular, que ha demostrado que con su actitud dialogante es factible este acuerdo dialogado,
acuerdo que fue calificado desde Cataluña como el mejor acuerdo de financiación autonómica de la historia, lo que evidentemente comparte el Partido Popular; un acuerdo al margen de aritméticas parlamentarias; un acuerdo de financiación autonómica
que deja atrás aquellos discursos de formaciones políticas que con ocasión de la aprobación del anterior modelo apelaban a que algunos grupos pasaban por el aro, o que se les daba la vuelta a sus planteamientos como un calcetín, etcétera; un
acuerdo que deja atrás aquellos discursos de formaciones parlamentarias que acusaban al Partido Popular de haber vendido España a precio de saldo a los nacionalistas, o que sus correligionarios catalanes, llevando una vez más la contraria a su
propio partido en España, acusaban al Partido Popular de impulsar un negocio ruinoso para Cataluña.
Pero es evidente que rompería con el tono de esta sesión parlamentaria si refiriera aquel contexto en el que se aprobó el modelo de financiación
autonómica, aunque creo importante recordar el contexto en el cual este modelo de financiación autonómica verá hoy la luz, vio en su día la luz, y esta cesión de tributos será hoy una realidad porque demuestra precisamente esa convicción, ese
refrendo del proceso autonómico en permanente fortalecimiento desde la perspectiva del Partido Popular.
Y si éste es el contexto en el que esta ley será aprobada, bueno es también recordar algunos de los contenidos de la misma que extiende el
sistema de financiación autonómica. Por un lado, se confirma que el modelo aprobado supone un verdadero cambio del sistema; se confirma que este modelo es, además, un auténtico salto cuantitativo, al representar más ingresos para las comunidades
autónomas, y también un verdadero salto cualitativo, al otorgar a las comunidades autónomas y, por tanto, al Gobierno de la Generalitat, más capacidad de decisión en los impuestos con carácter normativo, así como con la correspondiente cesión de
impuestos indirectos.
Por consiguiente, estamos ante más ingresos que deben permitir nuevas y mejores políticas sociales; estamos ante una mayor autonomía financiera, que es la verdadera garante de la autonomía política y de la corresponsabilidad,
y desde esta última deberemos hacer realidad en todas y
cada una de las comunidades autónomas que más ingresos deben ir parejos a mejores políticas de gastos.
En el caso de Cataluña esta mayor autonomía financiera es notable. Con el anterior modelo se fijaba la autonomía financiera en un 33 por
ciento; con el nuevo modelo, con la cesión de tributos que hoy haremos realidad, la autonomía financiera y, por tanto, también la autonomía política de Cataluña alcanzará el 86 por ciento de sus recursos, que se conseguirán a través de fuentes
tributarias propias y acercando este modelo de financiación a las haciendas forales, atendiendo a que la dependencia de las transferencias del Estado se reduce a sólo un 14 por ciento.
Pero no sólo hay más ingresos y mayor autonomía financiera,
sino que también habrá mayor capacidad de decisión para gestionar desde Cataluña los impuestos de los catalanes; para ratificar por primera vez una filosofía novedosa, imprescindible para aquellos que apostamos por defender y profundizar en el
autogobierno. Y es que Cataluña participa en el conjunto de los impuestos y, por tanto, este nuevo modelo de financiación, esta cesión de tributos a las comunidades autónomas y a la Generalitat de Cataluña, que hoy será ratificada con el respaldo
de los distintos grupos parlamentarios, representará sin ningún género de dudas el mayor avance del autogobierno de Cataluña de los últimos años; el mayor avance de autogobierno de los últimos años, sin precisar reformas constitucionales y sin
apelar a discursos anclados en la reivindicación, cuando no en la cultura de la queja o el agravio.
En definitiva, señorías, un sistema integrado, dialogado, estable, corresponsable, que financia los servicios de forma suficiente...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Fernández, le ruego concluya.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Termino, señor Presidente.
... y que transfiere las potestades fiscales a la Generalitat para seguir trabajando por el progreso económico de Cataluña, por su bienestar social en el conjunto de una España solidaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000070) (C. D. 121/000077).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a continuación al dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, que se tramita por el procedimiento de urgencia.
A este dictamen se ha presentado una propuesta de veto por el Grupo Parlamentario Mixto que procedemos a debatir.
En turno a favor tiene la
palabra el senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no he intervenido deliberadamente en el turno de portavoces previo a la discusión de cada uno de los proyectos de ley no sólo para no ocupar una cuota mayor de su paciencia
con mi intervención en ese apartado y ahora en el veto, sino también como demostración patente de que el Bloque Nacionalista Galego no tiene nada que objetar a los acuerdos que las diferentes comunidades autónomas, las diferentes fuerzas políticas
hayan tomado respecto del modelo de financiación que consideren más oportuno para sus respectivos territorios en connivencia y en perfecta comunión con lo que el Gobierno Central, representante particularizado de los intereses del Estado, pudiera
acordar en su momento.
No es, por lo tanto, esa nuestra pretensión con la presentación del veto que ahora defiendo y desearía que este aspecto quedara claro, como claramente lo remarco ahora.
En las intervenciones que en ese primer apartado se
sucedieron se hablaba de mayor capacidad normativa para las comunidades autónomas, de mayor autofinanciación, de mayor suficiencia financiera, de una administración fiscal autonómica y, por lo tanto, de la suficiencia y mejora que el sistema iba a
suponer para todas y cada una de las comunidades autónomas, y recogiendo esas afirmaciones, plasmándolas en la comunidad autónoma de Galicia --de la que yo actúo aquí como uno de sus representantes--, tengo que manifestar que ninguno de esos
conceptos tiene una plasmación práctica que pueda defenderse con datos fehacientes si los referimos a Galicia.
Fíjense sus señorías que, si hablamos de capacidad normativa para la comunidad autónoma, en el caso de Galicia, en virtud del sistema que
se aprobó en su momento, sólo podrá ejercer capacidad normativa sobre el 21 por ciento de los recursos que administrará.
A alguien le podría parecer éste un porcentaje nada desestimable, pero tengo que aclarar que con el sistema anterior Galicia ya
tenía capacidad normativa sobre el 19,5 por ciento de los recursos que administraba. Por lo tanto, este sistema tan loado en esta Cámara, para Galicia en este aspecto supone la inmensa mejoría de un 0,5 por ciento.
Si hablamos de autofinanciación,
tengo que contrastar las palabras de júbilo expresadas aquí por el conjunto de los representantes que subieron a esta tribuna con los datos reales que la autofinanciación, en virtud de este sistema, representa para Galicia.
Para Galicia el nuevo
sistema significará una autofinanciación, en el mejor de los casos, del 40 por ciento. Con este mismo sistema algunas comunidades autónomas tendrán el cien por cien de autofinanciación y, según la media
presentada por el Gobierno, el sistema representa para el conjunto de las comunidades autónomas una autofinanciación próxima al 68 por ciento mientras que, repito, para Galicia sólo el 40 por ciento.
Si hablamos de suficiencia financiera,
tengo que recordar que el conjunto del Parlamento gallego, que aprobó en su mayoría el nuevo sistema, una vez que el sistema fue aprobado definitivamente y se pudieron comprobar los significados de su aplicación en Galicia, tuvo que emitir un juicio
crítico respecto de la suficiencia financiera que el nuevo sistema implicaba para Galicia, puesto que se evidenciaba que este sistema no iba a reportar los recursos necesarios para cubrir todos los servicios que hoy Galicia tiene transferidos y las
competencias que en exclusiva tiene que ejercer.
El sistema evidencia la imposibilidad de una administración fiscal autonómica. Aun cuando las comunidades autónomas pasen a ser destinatarias de la cesión de importantes porcentajes de determinados
impuestos, seguirá existiendo lo que nosotros hemos llamado en más de una ocasión falta total de posibilidad de administración fiscal autonómica.
Por ejemplo, con el nuevo sistema no se impedirá el establecimiento por parte del Gobierno de
modificaciones fiscales unilaterales que incidan sobre los ingresos de las comunidades autónomas, y se excluyen impuestos tan importantes, desde el punto de vista de la planificación de la actividad económica, como el Impuesto sobre Sociedades. Por
si fueran pocos los argumentos que podemos argüir en relación con Galicia, el nuevo sistema va a suponer también una reducción de la dotación real del Fondo de compensación interterritorial, cuestión fundamental y clave para Galicia que, desde
luego, en este caso no supone ninguna mejora.
En definitiva, señorías, desde nuestro punto de vista, para Galicia el sistema perpetúa las características definidoras de un sistema de financiación homogéneo y, precisamente por serlo o a pesar de
serlo, es generador de importantes desigualdades.
Por lo tanto, presentamos el veto, no por estar en contra de la proposición de ley que hoy se somete a consideración, que no deja de tener el encaje técnico jurídico propio y lógico después de la
aprobación del sistema de financiación autonómico, sino que lo hacemos precisamente para manifestar nuestra disconformidad con el sistema aprobado en su día.
Esto no menoscaba nuestro apoyo a todas aquellas comunidades autónomas que consideren
oportuno, necesario, lógico y congruente aplicar este sistema en su territorio. En el caso de Galicia, los datos que acabo de resaltar evidencian, desde nuestro punto de vista, que el sistema, siendo homogéneo, no es igual para todos y las
consecuencias tampoco son las mismas. Por eso, desde el Bloque Nacionalista Galego seguiremos proponiendo un nuevo sistema de financiación que parta de la consideración de su carácter asimétrico, no discriminatorio; asimétrico, porque la realidad
del Estado no es homogénea, es plural y, por lo tanto, precisa de matizaciones al respecto.
Defendemos un sistema que contemple la territorialización completa de los tributos que componen el sistema fiscal y dote de capacidad normativa a la
Comunidad Autónoma Gallega para que pueda ejercer dicha capacidad normativa de acuerdo con sus particularidades específicas. Un sistema que propicie un cambio normativo y signifique la efectiva tributación en la hacienda gallega de todas las
manifestaciones de capacidad económica generadas por actividades desarrolladas en nuestra comunidad; un sistema que signifique la creación de una administración tributaria propia y un mecanismo de redistribución interterritorial vinculado a la
renta relativa, que sirva de verdadero elemento de reducción de las actuales diferencias.
Esta sustancia del modelo de financiación que nosotros propusimos en su día fundamentó nuestra critica al sistema de financiación --y hoy lo volvemos a dejar
patente--, pero nada tenemos que objetar al mecanismo jurídico que establece el proyecto de ley para la cesión de los tributos a las comunidades, dado que, en la medida que ha sido aceptado por los responsables públicos de algunas comunidades, lo
apoyamos y aprobamos.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el que se produce la misma circunstancia, a pesar de que el Bloque Nacionalista Galego representa un porcentaje significativo de la población de Galicia, en el Parlamento
gallego no existió en su momento la posibilidad de llegar a un acuerdo común a este respecto que propiciara una negociación de nuestra comunidad con la Administración del Estado, lo que seguramente nos hubiera colocado en otra disposición y quizá
hoy pudiera desde esta tribuna unirme al júbilo general que se está manifestando y que yo remito al resto de las comunidades autónomas, aunque matizo para el caso de Galicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Quintana.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Mera.
El señor MERA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es lamentable que el señor Quintana sea la única voz discrepante en estos momentos en el hemiciclo al manifestar que apoyará todos estos proyectos de ley --resaltando lo
beneficiosos que son para otras comunidades autónomas--, presentando, en cambio, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Como ya expresé hace unos días en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que el señor Quintana no pudo asistir, este veto es el mismo que se presentó en el Congreso de los
Diputados cuando dicho proyecto de ley se debatió en la Cámara Baja. Por otro lado, los argumentos que entonces se utilizaban para la justificación de la enmienda a la totalidad son los mismos que los empleados en este caso.
Pues bien, debo decirle, señor Quintana, que este proyecto de ley viene a completar de alguna forma la aprobación del sistema de financiación acordado el mes de julio pasado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como es conocido,
dicho acuerdo se vio apoyado por todas las comunidades autónomas, y en el mismo están representados, no sólo los grandes partidos, Popular y Socialista, sino también los partidos autonomistas: Convergència i Unió, Coalición Canaria, etcétera, e
incluso otros partidos políticos que apoyan a distintos gobiernos --hay que considerar que el citado acuerdo no se produjo entre partidos políticos sino entre distintos gobiernos, que, como en el caso de Baleares, está apoyado por diversos
partidos--. Por tanto, este ha sido un acuerdo unánime.
Como ya he dicho, lo que en estos momentos se modifica es algún artículo de la LOFCA y el régimen de medidas administrativas y fiscales con objeto de poner en funcionamiento el nuevo sistema
elegido.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Galicia en su disposición adicional primera relaciona los tributos cedidos a la comunidad autónoma y las condiciones y alcance de la cesión de los mismos, tributos que, en virtud de este nuevo
proyecto de ley, deben ser adaptados al nuevo sistema de financiación aprobado a través de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
Asimismo, la disposición adicional segunda del Estatuto de Galicia permite el acuerdo entre el Gobierno y la citada
comunidad autónoma para la materia objeto de este proyecto de ley.
El presente proyecto viene a perfeccionar el nuevo marco de financiación en lo que al modelo de cesión de tributos de esta comunidad autónoma se refiere, siendo por tanto un trámite
especial para que sea de aplicación lo dispuesto en la LOFCA y en la Ley 21/2001, de cesión de tributos a la comunidad autónoma. Así lo dispone además la disposición transitoria sexta de esta ley, cuando regula un régimen transitorio de aplicación
del sistema de cesión de tributos basándose en la normativa anterior hasta que la presente ley específica de la Comunidad Autónoma de Galicia esté aprobada.
Pero debo resaltar lo siguiente: el Bloque Nacionalista Galego no presenta una enmienda a
la normativa jurídica en sentido estricto, sino que enmienda su filosofía. Es decir, tal y como se manifiesta en su exposición, la enmienda no va en contra de la necesidad de la promulgación de la ley --que no se discute--, sino más bien de la
filosofía de este nuevo sistema de financiación autonómica. Considero que lo primero que uno debe plantearse es la falta de adecuación de sus observaciones en tiempo y forma, pues la enmienda presentada sólo tiene sentido en tanto se dirija a las
normas ya aprobadas, como son la ley orgánica que modifica la LOFCA y la nueva ley que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación autonómica.
No obstante lo anterior, debo hacer las siguientes precisiones
respecto del veto presentado por el Bloque Nacionalista Galego: En el reciente acuerdo se logra incluir por primera vez los diferentes sistemas de financiación que venían conviviendo, como son el sistema LOFCA o de competencias comunes y el sistema
sanitario de Seguridad Social; asimismo, se logra unificar los plazos de vigencia, y lo que es más importate, se consigue aplicar una misma lógica a problemas de similar naturaleza. Se ha ganado en estabilidad, que se asienta en el principio de
acercar o vincular el modelo de financiación a la capacidad recaudatoria de cada territorio; este principio se plasma en la capacidad de autofinanciación de esta comunidad autónoma, que pasa de un 15 por ciento a prácticamente un 50 por ciento de
los ingresos, salto cuantitativo y cualitativo de enorme trascendencia.
Con el nuevo modelo de financiación las comunidades autónomas pasan a compartir, en distintos grados, la práctica totalidad de las figuras tributarias, como son, por ejemplo,
el 33 por ciento del tramo del IRPF, en el que se incluye la capacidad autonormativa con la salvedad de que se conserven los mismos tramos que la tabla del Estado; el 40 por ciento de los impuestos especiales; el 35 por ciento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, así como el cien por cien sobre impuestos como el de la electricidad. Hay, pues, un incremento significativo respecto del incremento de la autonomía financiera y de la corresponsabilidad fiscal, y ello es así debido al
otorgamiento de la nueva capacidad normativa de algunas figuras y espacios, tal y como se recoge en estos proyectos de ley.
Creo, por tanto, que no sólo Galicia, sino también todas las comunidades autónomas van a tener una mayor capacidad normativa
sobre una serie de impuestos, van a poder decidir sobre sus impuestos, pues, tal y como decía nuestra portavoz, hasta ahora solamente gastábamos, pero ahora, insisto, podremos decidir sobre nuestros ingresos con mayor capacidad de la que teníamos
hasta el momento de la promulgación de estas leyes, aprobadas en diciembre. No comprendo por qué el Bloque Nacionalista Galego se opone a estos proyectos, aunque entendemos que éste concibe un modelo de Estado que no coincide necesariamente con el
del Partido Popular ni con el del resto de las fuerzas políticas del Estado, y quizá sea ése el motivo principal de su oposición.
Evidentemente vamos a votar en contra de este veto, tal y como ya lo hicimos en el Congreso de los Diputados. Creemos
que, a partir de este momento, Galicia va a contar con muchos más ingresos para poder hacer frente a sus necesidades, y asimismo, va a tener mayor capacidad normativa para regular parte de sus impuestos. Creo que este modelo mejora en general
nuestra capacidad económica y que este nuevo proyecto de ley es muy importante para Galicia.
No obstante, si dispongo de tiempo, quizá en el turno de portavoces pueda facilitarles algunos datos más sobre algunos temas que ha comentado su señoría en
su intervención.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Mera.
En turno de portavoces tiene la palabra el senador Quintana por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Es una pena que yo tenga que consumir tiempo ahora y que sus señorías tengan que escucharme, pero ello es precisamente producto de nuestra actividad parlamentaria. En todo caso, señor
Mera, pienso que sería una pena todavía mayor que en una Cámara de representación territorial como ésta no utilizáramos la representación autonómica que todos ostentamos, usted, yo mismo y todos los que aquí estamos, para hacer una lectura
territorial y autonómica de un proyecto de ley para todo el Estado, pero que tiene unas consecuencias territoriales y autonómicas diferentes según el territorio de que se trate. Así, pues, la pena sería no utilizar nuestra presencia aquí para, de
una forma democrática y constructiva, hacer las matizaciones que, desde nuestro punto de vista, debemos hacer en relación con Galicia respecto de este proyecto, por lo menos desde el Bloque Nacionalista Galego así lo entendemos. Y con la misma
lógica, no aplicamos esas matizaciones en el caso del resto de las comunidades autónomas porque si los representantes políticos de las mismas consideran acertado el proyecto de ley que les afecta, nosotros no tenemos nada que decir.
En cualquier
caso, tengo que decir a mi compañero y amigo el senador Mera, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que desde la representación de Galicia no vale con repetir las estadísticas y los datos que establece el sistema recogido en el proyecto de ley
de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Galicia, porque todos sabemos el porcentaje de IRPF que se cede y todos sabemos los tributos que se ceden, que están marcados en la ley. Sin embargo, estamos obligados a hacer la lectura de las
repercusiones que tendrá para Galicia y los tributos que se ceden en esta ley que, mientras a algunas comunidades les concede una capacidad normativa muy amplia, la capacidad normativa de Galicia se establece en un 21 por ciento sobre los recursos
disponibles. Antes teníamos el 19,5 por ciento, ahora vamos a tener el 21 por ciento --es decir, el 0,5 por ciento más--; si eso representa para ustedes un gran éxito para Galicia, nos uniremos al aplauso, pero creo que podemos ser sensatamente
optimistas y, al mismo tiempo, lógicamente críticos.
Los tributos que ahora se ceden van a significar para otras comunidades una autonomía financiera del cien por cien, como antes escucharon decir a los representantes de Cataluña, pero si aplicamos
el mismo sistema a Galicia, significará un 40 por ciento de autonomía financiera.
Según el propio Gobierno, la aplicación de este sistema va a suponer a las comunidades autónomas, por término medio, un 68 por ciento de autonomía financiera, ¿tengo
que estar contento y tengo que aplaudir que Galicia, siendo nacionalidad histórica, se quede en el 48 por ciento mientras otras comunidades autónomas llegan al 100 por cien y la media se establece en el 68 por ciento? Me gustaría unirme a este
alborozado aplauso, pero me resulta difícil desde la perspectiva de Galicia y, precisamente por eso, he presentado este veto.
No se trata de que no esté de acuerdo con el aspecto jurídico o técnico de este proyecto de ley para la cesión de
tributos, sino que es una cuestión de coherencia porque lo que hoy se va a aprobar es el último apartado de un sistema de financiación que, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego y su visión de Galicia, no podemos considerar oportuno.
Posiblemente, para aquellos que ostentan la representación de Galicia --tan legítima como la mía--, pero que hacen sus análisis desde la perspectiva estatal pueda ser beneficioso, pero a nosotros no nos ocurre lo mismo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Quintana.
¿Desea intervenir el portavoz de algún grupo parlamentario? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lago.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor Presidente.
El senador Quintana ha presentado un veto al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a Galicia y los argumentos manejados en su defensa hacen hincapié en una serie de consideraciones
que, en algún caso, mi Grupo Parlamentario comparte. Sin embargo, diferimos completamente con su finalidad última --y podríamos hablar del mensaje oculto que contiene--, en relación con el concepto territorial, político y financiero del Estado de
las Autonomías; por algo usted representa al Bloque Nacionalista y nosotros al Partido Socialista.
Le voy a dar un dato en relación con su argumentación porque, por ejemplo, cuando se habla del 100 por cien de recursos del Estado en Galicia, usted
sabe muy bien que si su comunidad autónoma tuviera el cupo vasco, con el cálculo totalizado, en este momento alcanzaría el 40 por cien de su gasto, y por eso hay que hablar de otro sistema de financiación. Usted lo sabe muy bien, y ahí está quizá
la llave de todo ese discurso.
Estamos ante un sistema que apunta, aunque no todo lo que desde el Partido Socialista desearíamos, a los principios de suficiencia financiera, autonomía, solidaridad y responsabilidad, y que cuenta --aunque de un modo
poco reglado, entendemos-- con la aceptación del Gobierno de Galicia, el Gobierno en este momento legítimo de Galicia.
El nuevo modelo y sus acuerdos contiene resoluciones que hay que valorar, que en parte trataré de dejar claros, pero con algún
que otro reparo de los que desde el Partido Socialista queremos también dejar constancia.
Uno de ellos es la configuración de una cesta de impuestos, de potencia recaudadora, que debe dar estabilidad a los recursos y que, aunque algunos de ellos ya
existían en forma de participaciones e impuestos propios de las Comunidades Autónomas, así como en Galicia, hoy se configura una cesta con tres impuestos importantes --el IRPF, el IVA y los impuestos especiales--. En nuestra pretensión estaba
conseguir una cesta de impuestos que abarcara todos los que pagan los ciudadanos en Galicia: Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sociedades, primas de seguros, IBI, IAE; pero habrá que esperar seguramente a otra próxima negociación, en el
año 2007, para poder alcanzar esa totalidad de impuestos. Sin embargo, aunque aumenta la cesta
de impuestos, no aumenta la autonomía tributaria, y es lógico, porque se basa sobre todo en cesión de impuestos indirectos, donde su margen es muy limitado a la hora de la autonomía tributaria.
En este sentido, quisiera hacer una referencia
muy importante --porque es fundamental-- al acuerdo previo a la negociación del nuevo sistema de financiación, que se alcanzó en el Parlamento de Galicia sobre una consideración de mínimos y hacia un nuevo modelo gallego de financiación, entre el
Partido Popular y el Partido Socialista. Se buscaba un sistema de financiación autonómica que constituyera un instrumento decisivo para la concepción del modelo de Estado y para el desarrollo del autogobierno en Galicia.
En junio de 2001, previo a
ese Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio, el Parlamento gallego procedió al debate y aprobación de una serie de propuestas de resolución sobre el sistema de financiación autonómica para Galicia. Esa aprobación mayoritaria entre
el Partido Popular y el Partido Socialista de una serie de propuestas de resolución de financiación sanitaria, suficiencia financiera, garantías del modelo, equilibrio territorial solidario, autonomía financiera, que avanzaron significativamente en
el camino de buscar ese modelo gallego consensuado de financiación autonómica, que sirve de alguna forma de marco de referencia al proyecto de ley que hoy se debate.
Principios como el de igualdad para garantizar a todos los ciudadanos la
prestación de servicios esenciales en igualdad de condiciones, donde tenía que haber, además de los impuestos, el Fondo de Nivelación o de Solidaridad, que es necesario que aparezca en este proyecto de ley, desde el Grupo Parlamentario Socialista
creemos que no es suficiente.
Los recursos cedidos, en este caso, deben distribuirse con criterios de convergencia, y hay datos que así lo atestiguan; por ejemplo, la convergencia de Galicia y España en términos de paridad del poder adquisitivo
con la media de la Unión Europea. Mientras en Galicia el aumento es del 2,2 entre los años 1995 y 2000, en España aumentó casi el doble, el 4,2. Que fuera un sistema no discriminatorio que garantizara la igualdad de ingresos entre diferentes
fórmulas del régimen común o foral; se avanza algo y esperamos que se siga trabajando en ese camino. Que consistiera en un equilibrio territorial y solidario, a base de los fondos de nivelación y el Fondo de Compensación Interterritorial. Este
Fondo queda con la misma dotación y sin cambiar el sistema de reparto.
Creemos que se debería actualizar la dotación, según la tasa de crecimiento de las inversiones públicas, y con una gestión más flexible por parte de las comunidades autónomas.
Nosotros habíamos propuesto en los debates previos a este sistema que se incluyera alguna fórmula específica que permitiera dar un carácter cuantificado a los fondos de nivelación, según los supuestos de cada comunidad. El principio de suficiencia
financiera que garantice la financiación de los servicios que presta en este caso Galicia, sobre la base de tributos compartidos, y tomando como referencia además de la población, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la misma. Los
criterios que se utilizaron dan poca relevancia a estas variables, tan importantes para una Comunidad Autónoma como la gallega, donde la mitad de los núcleos de población del Estado español se encuentran en Galicia y donde hay, en este sistema, una
escasa ponderación de la población mayor de 65 años, que sabemos también todos que es mayoritaria en Galicia. La lealtad fiscal, en un marco estable de financiación autonómica, donde el Estado deba hacer frente a repercusiones derivadas de
modificaciones unilaterales. Ese compromiso tendría que haber avanzado también.
En cuanto a la autonomía financiera --ya lo dijo el señor Quintana--; mientras la media en España es del 68 por ciento, en Cataluña se aproxima al 86, y en Galicia
sólo es del 40 por ciento. Los pasos fueron muy tímidos y nuestra intención era que esa autonomía financiera creciera mucho más para Galicia.
En autonomía tributaria creemos que se ha perdido una buena oportunidad para llegar más lejos en
coparticipación de las comunidades autónomas en la gestión tributaria. A la capacidad normativa también se refirió el señor Quintana ampliamente con el dato del 21 por ciento, que nos parece muy escaso y que poco mejora la situación anterior.
Quisiera resaltar dos nuevos elementos, uno es la consideración del déficit cero al que de alguna forma se obliga a las comunidades autónomas, mientras que a nivel del Estado se permite un déficit cero superado en el 0,5 para el año 2003, en el 0,4
para el 2004 y el 0,3 para el 2005. Si ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, se permiten esos déficit del 0,5, 0,4 y 0,3 para el Estado, esa flexibilidad no existe para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Otro principio
que no se ve reflejado en este informe, a pesar del cual votaremos en su conjunto a favor, es la financiación local y autonómica que, de alguna forma, debería ir aparejada en las propias negociaciones del sistema de financiación.
En todo caso, el
proyecto de ley aunque no es el mejor deseable por nuestra parte, no resulta especialmente lesivo para los intereses de Galicia porque le permite disponer de mayores ingresos, le confiere mayor capacidad normativa fiscal y permite incrementar, en
definitiva, su autogobierno. Por eso hemos presentado dos enmiendas importantes, que ya fueron reflejadas en el primer debate. Y apelamos al sentido común, a la flexibilidad y al talante negociador del Grupo Parlamentario Popular, para que sean
admitidas y evitar cualquier tipo de roce o fleco que pueda quedar pendiente en la mayoría que se va obtener en la votación de esta tarde. Apoyaremos el sistema de financiación, en este caso de cesión de tributos a Galicia, entre otras cosas porque
en el caso de Galicia tiene sus orígenes en el acuerdo del Parlamento gallego de junio del año 2001, y también porque se fundamenta en el acuerdo legítimo entre el Gobierno del Estado y el de la Xunta de Galicia.
No estamos totalmente conformes en
que se hubieran desfigurado los principios alcanzados en el Acuerdo de julio de 2001 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, alterados unilateralmente por el Partido Popular. En nuestro Grupo creemos que a pesar de los defectos y timideces, la
aplicación de esta ley va a comportar a Galicia mayor autonomía financiera, más autosuficiencia de recursos, más corresponsabilidad fiscal; en definitiva, vamos a aumentar en niveles de autogobierno. Por eso no compartimos el hecho
de presentar un veto a esta ley, aun desde el respeto total a cualquier grupo o senador para decidir su propia estrategia política. No vamos a dar nuestro apoyo al veto presentado y sí a este proyecto de ley, porque con su aplicación y a
través de su aprobación vamos a dar un paso importante, aunque no todos los que se deberían dar --seguiremos trabajando por ello y esperemos que en el futuro se den-- en la mejora de la autofinanciación de Galicia. En todo caso, votaremos en contra
del veto por responsabilidad política, por lógica de futuro y por coherencia institucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Gracias, senador Lago.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Mera.
El señor MERA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Quintana, quisiera decirle que el conjunto de elementos que han diseñado el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado entre el Gobierno y las comunidades autónomas,
respeta el equilibrio entre el principio de autonomía financiera y el de solidaridad, al contener mecanismos de equilibrio interterritorial, sin olvidar que los recursos obtenidos del sistema sean los adecuados. Por contraposición, la filosofía del
modelo que propugna el BNG se basa en esencia en la capacidad tributaria de cada territorio, con la totalidad de la potestad normativa y gestora. Dicho modelo pone en serias dudas la viabilidad general del sistema, y está constatado lo pernicioso
que sería para nuestra comunidad autónoma, empezando porque no se cubrirían sus necesidades básicas de financiación. Además, es bien sabido que esa capacidad tributaria no es la misma en cada territorio y no evoluciona de la misma manera, ya que
depende de muchos factores exógenos a la propia comunidad autónoma. En la medida en que la tendencia consolida comportamientos recaudatorios más favorables en unas comunidades autónomas que en otras, la situación de desequilibrio se iría
profundizando, poniendo en serias dudas los niveles de cohesión necesarios.
Por lo que respecta a la creación de una administración tributaria propia, es la solución más contraria a la eficacia deseable en la gestión de los ingresos públicos. Todo
apunta a la conveniencia de caminar hacia mecanismos más integradores, en donde tengamos las comunidades autónomas capacidad de tomar decisiones en cuanto a la política general de gestión tributaria, solución a la que se está llegando a través de la
participación en la Agencia Tributaria.
Pero, al mismo tiempo, como colofón quisiera darle algunos datos, que evidentemente en nada coinciden con los que yo dispongo. La Comunidad Autónoma de Galicia se ve claramente beneficiada por este nuevo
sistema.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Galicia pasa a obtener el 50,2 por ciento de sus recursos a través de fuentes tributarias; es decir, consigue una autonomía financiera del 50,2 por ciento mientras que en el período 1996-2001
su autonomía era del 15,2 por ciento.
Incrementa considerablemente su corresponsabilidad fiscal o su capacidad de determinar cambios normativos en sus tributos. El nuevo sistema amplía las competencias normativas sobre todos los tributos cedidos.
La Comunidad se beneficia de la mayor ponderación que se le otorga a algunas variables, como son la de población en el nuevo sistema. Así, recibe, por ejemplo, el 7,2 por ciento de los recursos que se reparten en función de esta nueva variable.
Igualmente, en Galicia, debido a su extensión superficial --un dato que usted tampoco aportó-- se beneficia de la variable de superficie al haberla introducido, correspondiéndole de esta forma un 6 por ciento más del total.
La variable dispersión,
que también es muy importante en nuestra tierra, en Galicia, nos beneficia claramente, ya que se obtiene más de la mitad, en este caso el 50,8 por ciento de todos los recursos asignados a esta variable del Estado corresponden a Galicia.
Galicia se
beneficia también de algunos de los mecanismos de suficiencia y solidaridad del sistema como son, por ejemplo, que recibe el 13 por ciento del Fondo de la renta relativa que se otorga a las comunidades autónomas cuya población relativa supera a su
renta relativa. Igualmente se beneficia de las modulaciones al crecimiento establecidas para comunidades con renta inferior al 70 por ciento de la media, de manera que garantiza que sus recursos crezcan al menos un 20 por ciento por encima de la
media.
Señor Quintana, evidentemente, mis datos y los de usted no coinciden, pues creo que los suyos son un poco fruto de la buena voluntad pero no coinciden con la realidad.
Esperemos que usted sea más sensato ante estos planteamientos como lo ha
sido con el resto de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Mera. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, vamos a votar el veto presentado por el senador Quintana al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, nueve; en contra, 220; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y DE FIJACION DE ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000071) (C. D. 121/000078).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Por acuerdo de la Junta habrá un turno de portavoces.
¿Grupos que
desean hacer uso de dicho turno? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, si van a abandonar la sala háganlo en silencio. No se puede oír al senador Galán y tenemos un orden del día por delante larguísimo.
Puede continuar, senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
No voy a reiterar nada en relación a las cuestiones de carácter general que se han debatido en el primer turno de portavoces. (Rumores.) Voy a cumplimentar mi compromiso de defender la
enmienda número 3 a este proyecto de ley que hace referencia a establecer una disposición adicional única que prevea que la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de nuestra Comunidad Autónoma relativa...
La señora
PRESIDENTA: Señorías, si tienen que hablar salgan fuera de la sala.
Cuando quiera, senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias.
Indicaba, señora Presidenta, que la enmienda particular que aparece en este proyecto de ley de cesión de tributos hace referencia al establecimiento de una disposición adicional única, de la que la Ley de
momento carece, y que se limita a decir que la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el quinquenio 1997-2001 se realizará con arreglo a los criterios que se adopten para esta
Comunidad Autónoma por acuerdo de su comisión mixta, haciendo luego las referencias tradicionales a dónde tiene que ubicarse ese crédito para proceder a la liquidación correspondiente.
Todos ustedes saben, señores senadores, señoras senadoras, que
Andalucía viene recibiendo su financiación mediante unas entregas a cuenta del 98 por ciento de lo que la correspondería en función de la prórroga del sistema previsto para el quinquenio 1992-1996, igual que sucedía con las Comunidades Autónomas de
Extremadura y de Castilla-La Mancha, que no aceptaron el sistema de financiación aprobado en el año 1996.
Estas comunidades autónomas que no aceptaron el sistema del año 1996 quedaron fuera del modelo de liquidación del período 1997-2001, han
venido funcionando con entregas a cuenta en relación con su participación en los ingresos del Estado y no han tenido los mínimos garantizados establecidos para aquellas Comunidades Autónomas que sí formaban parte del sistema de financiación.
Nos
encontramos, por tanto, en una situación en la que, a partir del año 2001, con el nuevo modelo de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas están dentro del sistema. No queda ninguna extramuros del sistema. Por tanto, procede
abordar la liquidación definitiva de esos cinco años del quinquenio para las comunidades autónomas que se han quedado fuera durante dicho tiempo del sistema de financiación del año 1996.
No existe especialmente problema sobre la fórmula de
liquidación. Es más, la comunidad autónoma que aquí represento entiende perfectamente que la falta de cálculos precisos y definitivos para los ejercicios de los años 2000 y 2001 justifica que en esos dos años no se proceda todavía a la liquidación.
Pero lo que evidentemente debe liquidarse son los ejercicios de 1997, 1998 y 1999, que sí tienen ya cifras definitivas.
La señora PRESIDENTA: Senador Galán, perdone que le interrumpa pero nos hemos obligado todos a ser estrictos con los tiempos dado el orden del día que tenemos.
El señor GALAN PEREZ: Voy a terminar.
Quiero resaltar, señorías, que esa liquidación que Andalucía reclama se ha efectuado ya respecto a las comunidades autónomas de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Por tanto, ninguna razón jurídica
puede existir para que tres comunidades autónomas que han estado absolutamente en la misma posición, fuera del sistema de financiación durante cinco años, tengan un tratamiento diferenciado en cuanto a la liquidación definitiva de esos tres
ejercicios.
Entiendo, por tanto, que la única razón real es la cuantía tan importante que supone la liquidación para Andalucía, en contraste con la que representan las otras dos.
La señora PRESIDENTA: Senador Galán, me veo obligada a pedirle, por favor, que concluya.
El señor GALAN PEREZ: Termino, señora Presidenta.
Evidentemente, la razón única que la Administración del Estado da para no efectuar la liquidación es que carece de habilitación legal. Pretendemos cubrir esa falta, si es que existe, pero
no nos parece razonable, puesto que la liquidación a Extremadura y a Castilla-La Mancha se ha producido.
Creo que exigirlo es, sencillamente, hacer que un discurso tan importante, como el realizado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
esta Cámara, se traduzca en datos y hechos reales y no sólo en bellas palabras, que quedan muy bonitas en el «Diario de Sesiones» y en los periódicos, pero que se contradicen a diario por las actuaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intentar ser muy breve.
Señor Galán, creo que usted, como andaluz, conoce el paño perfectamente, como el que suscribe, por dos razones: una, porque al principio de su intervención dijo dos frases importantes, es decir,
diálogo de besugos --que se le contestó muy bien-- y diálogo de sordos. Es verdad que no hay peor sordo que el que no quiere oír y creo que en estos momentos usted no sabe oír el importante acuerdo al que se llegó en el pacto por parte de todos los
grupos políticos.
Se trae aquí lo que se dijo y lo que se acordó, pero, además, usted puede decir que la Consejera de la Junta de Andalucía, doña Magdalena Alvarez, señaló que significa una mayor financiación y, por tanto, mejorará la prestación de
los servicios públicos asumidos por la Junta, que supone 40 puntos de avance en autonomía financiera, y supone situar a Andalucía en la Andalucía real al aplicar el censo actual de población, como bien ha manifestado el señor ministro de Hacienda.
Por tanto, señor Galán, creo que su enmienda está perfectamente contestada. Se le ha dicho que es la comisión que al efecto se nombre.
Está perfectamente tipificada. En consecuencia, creo que hacer valoraciones por su parte sobre algo tan
importante para nosotros, los andaluces, como es el avance que se ha dado, sería sacarlo de contexto y, de alguna manera, querer aparentar que Andalucía es sólo de vosotros y es de todos los que estamos aquí, de todos los andaluces y de los que
estamos hablando en este momento en la tribuna.
Señor Galán, le voy a decir algo importante, que usted ha omitido.
Andalucía se ve claramente beneficiada por ese nuevo sistema. Es lo que hay que decir desde aquí a los andaluces, no darles otras
lecturas. Hay que decirles que va a pasar a obtener el 50,7 por ciento de sus recursos a través de fuentes tributarias, que se incrementa considerablemente su corresponsabilidad fiscal porque usted sabe que en el período 1996 a 2001 no pudo ejercer
esa capacidad normativa y, sin embargo, ahora lo va a tener. También hay que decir a Andalucía que, debido a su gran extensión superficial, se ve claramente en una variable de superficie mucho más importante que otras comunidades autónomas, que
también es cierto.
Por tanto, creo que es importante transmitir a los andaluces aquí y ahora el nuevo papel que recibe Andalucía, con un 52,4 por ciento de fondos de reservas relativas. Lo demás son lecturas, posiblemente, del señor Galán, que
pueden ir adornando un poco su pase negativo a haber votado que no en la Comisión. Es la lectura cierta que tenemos que dar aquí. Usted hablaba que el votar que no era debido a un diálogo de sordos y de besugos. Le ha dicho mi portavoz que ni de
sordos ni de besugos. El diálogo ha sido coherente. Se le ha dicho que no porque se entiende que hay una comisión mixta que interpretará en su momento cuando se va a pagar esa financiación de los años que han precedido y que usted quiere. Pero,
lógicamente, lo que significa el decir a los andaluces que un no por un no es un problema que tendrán ustedes que solucionar. Ustedes dijeron que no en los años precedentes. No olvidemos, señor Galán, que si Andalucía no estuvo en el sistema no
fue por nuestra culpa, sino de que ustedes no quisieron el sistema de financiación de la Junta de Andalucía, porque fueron negando siempre el pan y la sal a los andaluces desde esta financiación autonómica.
Por tanto, creo que la lectura hay que
hacerla aquí y en este momento y debe decirse el grado de cesiones, no con grandes discursos ni halagos, sino por qué no se ha hecho. Asimismo, hay que decir a Andalucía en lo referente a la financiación de su competencia sanitaria, que pasa a
introducir una variable de población mayor de 65 años, que también es cierto. Dígase todo, señor Galán, no haga discursos, de alguna forma cortados, a medias, que muchas veces dan lugar a situaciones que crean violencia en este auditorio y, sobre
todo, usted, que es un veterano senador en esta materia, debe saber perfectamente lo que significa para ustedes y para nosotros los andaluces. Posiblemente, no haya mucha credibilidad porque veo a pocos andaluces en los escaños y eso significa que
no ha sido muy creíble su versión.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Galán Pérez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Senador Galán, con el respeto y el cariño que le tengo, le pediría, por favor, que no haga uso de esta petición de palabra porque nos crearía un precedente y tenemos por delante trece leyes.
El señor GALAN PEREZ: Por el artículo 87.
La señora PRESIDENTA: Senador Galán, le estoy diciendo que no me lo pida.
Si su señoría me lo pide, le concedería un minuto por el artículo 87.
Tiene la palabra el senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Señora Presidenta, el senador Fernández en su intervención no me ha contestado por qué no se liquida definitivamente esos tres ejercicios. Está solicitada la Comisión Mixta, a la que hace referencia el senador. ¿Por
qué no se convoca? ¿Por qué se le da a Andalucía un trato distinto del de Extremadura y del de Castilla-La Mancha? No tiene ninguna explicación, y no me venga con milongas de que aquí hablemos de todos los beneficios del nuevo sistema. Ya lo
hemos explicado y no tiene nada que ver.
La señora PRESIDENTA: Su señoría se ha explicado con toda claridad.
Tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Galán, se le ha dicho hasta la saciedad, hay una Comisión Mixta que tendrá que hacerlo. Pero no pregunte usted en la Cámara, pregúnteselo a doña Magdalena Alvarez, que
es la Consejera de Hacienda de la comunidad, no a nosotros, y usted lo sabe.
El papel que usted ha hecho hoy, desgraciadamente --permítame que se lo diga por el respeto que le tengo--,
no ha sido muy afortunado. Ha querido usted mezclar una cosa con la otra, y como no tiene usted salida alguna, ha dicho, quiero que se contabilice y se cite la Comisión. ¿Dijo usted lo mismo en el año 1992 cuando no se aplicaba este
sistema de financiación en Andalucía? ¿Por qué no querían entonces ustedes el dinero? Ahora quiere usted todo: lo que tenemos, más lo que me deben. Sea usted coherente con Andalucía, que lo hacemos desde allí y desde aquí.
Muchas gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(S. 621/000072) (C. D. 121/000079).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al debate del proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Alonso García.
El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, no voy a entrar, por supuesto, en las cuestiones que entró ya mi compañero el senador Galán, referida a las dos enmiendas que presentamos a la ley de cesión de tributos
del Principado de Asturias.
Quisiera, simplemente, hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto esta cesión de tributos. Cuando a los socialistas nos preguntan hacia dónde orientamos nuestra acción política, sin duda alguna tenemos que responder
que nuestra acción política se orienta siempre a favor de las libertades y a favor también de lo que denominamos el Estado social. Los socialistas hemos apoyado el acuerdo del 27 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera; hemos sido
coherentes con el espíritu del acuerdo del 27 de julio, pero en absoluto manifestamos nuestro acuerdo cuando por parte del Partido Popular se pretende condicionar la cesión de tributos a tener que asumir las competencias en materia de sanidad.
Decíamos que no estábamos de acuerdo en aquella cesión de tributos porque éstos tenían que orientarse principalmente a financiar los pilares básicos del Estado del bienestar como son la sanidad, como es la educación, como es la protección social, y
que el Partido Popular está erosionando, está dinamitando las bases de esos pilares que configuran el Estado del bienestar.
Si nos referimos a la cesión de tributos a Asturias y, más concretamente, a la sanidad, en primer instancia la oferta que se
nos hace a los asturianos es asumida por el Grupo Parlamentario Popular, teniendo que negociar con posterioridad hasta alcanzar un acuerdo. Aquello que el Partido Popular quería transferir a los asturianos en materia de sanidad suponía tener que
renunciar por parte de nuestra comunidad autónoma a 13.000 millones de pesetas. Es decir, que si Asturias hubiese recibido la sanidad en los términos que proponía el Partido Popular los asturianos y las asturianas, el conjunto de la ciudadanía de
nuestra comunidad autónoma, verían mermados los recursos que había que destinar a la sanidad en 13.000 millones de pesetas.
Y hablando de este pilar básico del Estado del bienestar, este senador que les habla preguntó al Gobierno por escrito en qué
situación recibíamos nosotros la sanidad y curiosamente la respuesta que obtengo es que se nos transfiere en la mejor de las circunstancias. Nunca se caracterizó por la más mínima conflictividad. Jamás había habido ni estaba pendiente ninguna
cuestión en los tribunales de lo social, y, curiosamente, nada más recibir la sanidad, cuando apenas llevamos seis meses de transferencia, cuando aún no se aprobó la ley de coordinación, tenemos una huelga de sanidad en Asturias y el Partido
Popular, que está imputando al Partido Socialista ser el convocante de la huelga del 20 de junio, está animando en Asturias al colectivo de profesionales sanitarios a que mantengan una huelga con carácter indefinido y, además, una huelga selectiva.
Miren ustedes, tuvieron seis años para dar respuesta a las reivindicaciones que en esa materia están planteando los sanitarios o los profesionales de la sanidad en Asturias y, sin embargo, curiosamente nada más recibir esa transferencia el Partido
Popular está animando a una huelga contra la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma.
El Partido Popular sabe que en Asturias de nuestro producto interior bruto estamos dedicando a la sanidad bastante por encima de la media que se dedica en el
ámbito del Estado. Y, sin embargo, está animando, después de haber transferido esta competencia al ámbito del Principado de Asturias, a una huelga que va dirigida sólo y exclusivamente contra el conjunto de la ciudadanía.
Hay que respetar, por
supuesto, el derecho constitucional de cualquier profesional del ámbito que sea a ese derecho de huelga. Pero no cabe duda de que en Asturias ustedes, señores del Partido Popular, saben y son conocedores de que el planteamiento que se está
realizando ahora mismo en esa materia es erróneo.
La señora PRESIDENTA: Le ruego, senador Alonso, que concluya.
El señor ALONSO GARCIA: Concluyo, señora Presidenta.
¿Qué decir del resto de los pilares básicos del Estado del bienestar? ¿Qué decir de la Ley de Ordenación Universitaria? ¿Qué decir de la ley de la calidad de la enseñanza? Pero donde
se percibe el principal ensañamiento del Partido Popular contra los pilares básicos del Estado del bienestar radica precisamente en lo que es la protección social.
¿Dónde está en el Partido Popular el espíritu que animó los acuerdos del año 1997?
¿Por qué la reforma laboral del año 2001? ¿Por qué con posterioridad la Ley de Pensiones? ¿Por qué ahora el «decretazo»? Porque quieren
desmantelar el Estado social, porque quieren orientar su opción política a favor de los poderosos, porque quieren que el modelo de reparto de la riqueza que lidera la Unión Europea se adecue sólo y exclusivamente al autoritarismo y a la
posición política que les caracteriza.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Alonso.
El señor ALONSO GARCIA: Concluyo. Un segundo, señora Presidenta.
Por eso, señores del Partido Popular, mañana y en esta misma materia ustedes se encontrarán con una muy contundente respuesta. Moderen ese tono triunfalista, recuperen lo
que es consustancial a la propia democracia que no es otra cosa que el diálogo con los agentes sociales.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez.
El señor SANCHEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, salgo a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la cesión de tributos a Asturias. La intervención del señor Alonso me deja perplejo y muy sorprendido
porque creía que iba a felicitarnos por el gran esfuerzo que habíamos hecho por llegar al pacto de financiación autonómica, pacto único con 17 comunidades, pacto de consenso, y que iba a analizar y desgranar cada uno de los aspectos positivos que
significa esta cesión de tributos para Asturias: suficiencia financiera, madurez para las comunidades del 143, creación de una ilusión nueva sobre nuestra autonomía con grandes posibilidades. Y también eso que dijo la portavoz del Partido
Socialista en Asturias --no lo dijo usted-- de que era un pacto extraordinario, y tampoco transmitió la satisfacción del Gobierno del Partido Socialista en Asturias. Fue más a un debate fuera del tiempo.
Y permítame, señor Alonso, que ahora que
celebramos los 25 años de las primeras elecciones, le diga que usted se ha quedado en el primero, en 1977, y nos larga aquí un discursos sobre solidaridades absolutamente trasnochado, y eso a mí, en el año 2002, me da pena. Me da pena saber que
todavía hay senadores que siguen mirando hacia atrás y que no son capaces de evolucionar en el tiempo ni de comprender el significado del esfuerzo, de la negociación, del pacto y del diálogo. Porque eso que usted dice de la transferencia, no sólo
de los tributos sino de las competencias en materia de sanidad, sabrá que también fue fruto de un acuerdo con nuestra comunidad autónoma y con todas las comunidades autónomas de España, y que cierra el techo competencial al que aspirábamos desde el
momento mismo en que nos constituimos.
La incapacidad de su Gobierno no debe transmitírnosla usted a nosotros.
Si después de haber hecho las transferencias son incapaces de gestionarlas, no será culpa del Partido Popular. ¿O es que el Partido
Popular, en el debate sobre la huelga de la sanidad, tiene tanto poder como usted nos dice? ¿Tenemos capacidad para manipular a la UGT en Asturias? No lo sabía. Se lo agradezco. ¿También tenemos capacidad para manipular a Comisiones Obreras?
Pues esos son sindicatos que están reivindicando esa huelga, una huelga, por otra parte, de incompetentes.
Lo que usted nos manifiesta aquí es que son una banda de incompetentes.
Ni saben gestionar la sanidad ni saben gestionar la educación.
Simplemente gestionan el conflicto y la confrontación permanente, y no en estos asuntos, sino en todos. ¿Por qué no pregunta al SOMA y a Comisiones Obreras de la Minería por qué se llegó al pacto de financiación de los fondos mineros? ¿O por qué
se logró prorrogar la vida útil de Hunosa, que usted preveía, según dijo aquí, que nunca duraría más allá del año 2005? Y esas consecuciones del Partido Popular con los sindicatos mineros, ¿qué le parecen? Sólo gestionan donde no tienen
competencias porque son unos incompetentes, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-- Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Gracias.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/00073) (C. D. 121/000080).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la cesión de tributos a Cantabria.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gómez Morante.
La señora GOMEZ MORANTE: Gracias, Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, va a votar favorablemente, como está previsto, la ley de cesión de tributos para la comunidad. Y lo vamos a hacer, entre otros motivos, porque
se incrementa la corresponsabilidad fiscal, porque da una mayor autonomía fiscal a la comunidad, por el hecho de que la firma unánime y la aprobación de todas las comunidades autónomas da un cierto sentido de estabilidad a este proyecto, y
posiblemente también una mayor garantía de funcionamiento en un futuro.
No voy a entrar a hacer ninguna valoración sobre las enmiendas, porque es algo suficientemente bien defendido por el portavoz socialista. Sí creo, como decía el senador
González Pons, que, en política, el diálogo es posible y hay que hacerlo posible. El diálogo, a veces, lleva a acuerdos posibles, pero en ocasiones, también en política existen desacuerdos, y éstos son sanos, en ocasiones incluso necesarios en
política. Pero ese diálogo que es posible en política, en Cantabria no lo ha sido, y lo lamentamos. En el momento en que se producía la negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nosotros, los socialistas de Cantabria,
queríamos saber cuáles eran los números, esas cifras referidas a la financiación autonómica, estando de por medio, además, la asunción de las transferencias de sanidad, un capítulo y un proyecto verdaderamente importantes, incluso un modelo de
sociedad que nosotros defendemos y que es diferente del suyo. Para ello
presentamos una interpelación y una moción, y pese a aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo el 27 de julio, hasta el mes de marzo de 2002 no hemos tenido acceso a unas cifras. Unas cifras que nos parecían
necesarias y que son esenciales para conocer la gestión que quiere realizar un Gobierno y el control y seguimiento que, en ese caso como oposición, debemos hacer.
Voy a poner simplemente dos ejemplos porque tengo poco tiempo y no quiero pasarme.
Si este nuevo sistema debe garantizar lo mejor en la prestación de los servicios públicos, no entendemos los socialistas por qué el pasado fin de semana el Consejero de Sanidad de la comunidad de Cantabria manifestaba su preocupación por la
situación del Hospital Marqués de Valdecilla, un hospital que todos, al menos los cántabros, queremos que siga siendo referencia nacional. En el mes de febrero el Consejero de Economía de mi comunidad decía que la suficiencia económica de esa
transferencia era suficiente para todo, para las obras en marcha, las que estaban pendientes, los problemas con el personal, los servicios, la calidad de los mismos o el plan director. Eso nos preocupa. Quizás habiendo conocido con antelación las
cifras hubiéramos podido aportar criterios diferentes, enriquecedores en esa materia. O cuando el Consejero de Economía de mi comunidad da el visto bueno en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aplicación del Impuesto sobre
Hidrocarburos y al día siguiente manifiesta que en Cantabria ese impuesto no se aplicará, pero lo que sí es cierto es que todos los cántabros que llenamos el depósito de gasolina, de combustible pagamos cuatro pesetas más por litro y tampoco
entendemos --y necesitamos decirlo-- que en ese sentido no hayamos obtenido ningún beneficio por esa no aplicación.
Queríamos conocer esas cifras para debatir en torno a la posición del Gobierno de la comunidad sobre la política de ingresos,
conocerlas exactamente, no las hemos conocido hasta marzo de 2002, y la política en función de las necesidades del gasto que se deseaba financiar. No ha sido posible y nos hubiera gustado ese diálogo, en el que sí creemos en política y que sí es
necesario que sigamos aumentando. Se nos ha hurtado en parte un debate y la aportación de unos criterios que deben ser enriquecedores porque estamos hablando de la cuantía para el año 2000 de la tarifa autonómica del IRPF, la cuantía del porcentaje
cedido el IVA, los impuestos especiales, el fondo de suficiencia, el Imserso, la Seguridad Social, es decir, estamos marcando las líneas de futuro en una comunidad en la que Gobierno y oposición deben tener la responsabilidad y al menos el espacio
para poner de manifiesto nuestros criterios. Como en política es posible, nosotros seguimos demandando un diálogo que debemos hacer posible.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Gómez Morante.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Vallines.
El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Se culmina con esta ley de régimen de cesión de tributos del Estado a Cantabria un proceso de desarrollo autonómico que para mí es una satisfacción personal especial, porque fui
elegido en las primeras elecciones autonómicas en el año 1983. Con esta ley de cesión se termina la implantación normativa en esta cesión de tributos, pasando la autonomía financiera de Cantabria al 55 por ciento actual, frente al 16 por ciento que
tenía; el 36 por ciento del IRPF; el 35 por ciento del IVA; el 40 por ciento de impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos y el cien por cien de los impuestos de electricidad, matriculación y minoristas sobre hidrocarburos.
No he
entendido la intervención de mi compañera y amiga Gómez Morante porque recientemente se han publicado las estadísticas y Cantabria es donde se vende más barata la gasolina de todo el territorio nacional. Por tanto, algo habrá que produzca esa
situación. Las cuatro pesetas que ella paga más de gasolina, yo no las pago. Se incrementa la responsabilidad fiscal por incrementar la capacidad normativa y en esa capacidad normativa, señora Gómez Morante, el Gobierno de Cantabria dice que no va
a aplicar la capacidad normativa para incrementar la libertad que tiene de subir el tramo minorista en el Impuesto de Hidrocarburos. Esa es la capacidad normativa, esa es la corresponsabilidad fiscal. En otras autonomías se pone una ecotasa; en
Extremadura se pone un impuesto para los depósitos bancarios, pero en Cantabria no se pone un impuesto en el tramo minorista a los hidrocarburos. Esa es la corresponsabilidad fiscal.
Por otra parte, en esta ley de cesión de tributos se tiene en
consideración la pequeña dimensión de Cantabria, se tiene en cuenta la sanidad y se la financia especialmente por la condición especial de sanidad y la especial singularidad del hospital nacional Marqués de Valdecilla. También se tiene en cuenta el
fondo de renta negativa por la desfavorable situación de Cantabria en cuanto a su renta en condición nacional y con eso se tiene en cuenta la solidaridad colectiva, solidaridad que es uno de los principios de esta ley de cesión de tributos junto con
la suficiencia, la autonomía y la responsabilidad.
Nosotros nos parece que dichos principios auguran un horizonte de estabilidad para este sistema, estabilidad que nosotros deseamos, esperamos y confiamos conseguir. Desde Cantabria damos nuestra
valoración positiva a este acuerdo general, fruto del diálogo y del consenso, igual que lo hace el Grupo Parlamentario Popular, al que represento en este momento.
Muchas gracias.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000074) (C. D. 121/000081).
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Vallines.
A continuación, pasamos al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pérez.
El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a consumir mi turno con cuatro reflexiones. Estoy convencido de que no va a haber problema respecto a la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de La Rioja porque no vamos a entrar
en demasiada polémica. Pero sería bueno que no provocáramos la utilización continua del artículo 87, como solicita con responsabilidad la Presidenta.
La primera reflexión es una conclusión a la que deberíamos llegar. En esta Cámara se produce
continuamente un debate por el que se afirma lo bien que le va a cada una de nuestras comunidades con el nuevo sistema de financiación. Se ha cantado suficiente a dicho sistema, estamos de acuerdo con él en términos generales; no quiero hacer
ningún elemento de particularidad con respecto a la Comunidad Autónoma de La Rioja, aunque en algunas cuestiones saben que he destacado algún tipo de inconvenientes. Pero puedo decir que este sistema no afecta por igual a todas las comunidades
autónomas ; estamos de acuerdo en que se puede aumentar la corresponsabilidad fiscal, pero no va a afectar del mismo modo a todas las comunidades autónomas, y desde ese punto de vista se puede decir que en algunas funcionará mejor que en otras.
La
segunda reflexión es respecto a las enmiendas; posiblemente este asunto no sea nuevo pero es necesario repetirlo, porque se ha vuelto a exponer el argumento de que no se pueden aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista porque con
ello se modificaba el acuerdo de financiación de las comunidades autónomas; y la cuestión es que no acabo de entender por qué; nuestra argumentación es precisamente que aquella cláusula, aquella enmienda modificó el acuerdo y, por tanto,
defendemos precisamente que dicho acuerdo quede como está, con la introducción de esas enmiendas.
La tercera reflexión es que la primera intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se podía calificar --voy a utilizar este término-- de
buenas intenciones. Me van a permitir que lo haga ya que al menos digo que tiene buenas intenciones y además me refiero al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Una vez dicho esto, se ha presentado un problema, y es que, después de afirmar que
este modelo de financiación ha sido un camino de voluntades de todos los grupos parlamentarios, he observado que cada vez que interviene un portavoz del Grupo Parlamentario Popular le rompe el discurso al portavoz señor González Pons, quien ha
introducido elementos de consenso y considero que cada vez que se producen estas intervenciones vamos por el camino contrario.
La última reflexión es que posiblemente el sistema de financiación aumenta la capacidad, la suficiencia financiera y la
autonomía política de las comunidades autónomas, pero el trabajo en el Senado lleva el camino contrario; recortamos la autonomía de las comunidades autónomas...
La señora PRESIDENTA: Senador Pérez, termine, por favor.
El señor PEREZ SAENZ: Ya he terminado, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Soto.
El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Obviamente no voy a romper el discurso a mi portavoz ni tampoco le voy a provocar a usted, señor Pérez.
Simplemente voy a analizar lo bondadoso del nuevo sistema de financiación
para mi comunidad autónoma, que es la suya, La Rioja.
En La Rioja estamos contentos y satisfechos con la aprobación de este nuevo sistema porque desde una comunidad autónoma pequeña --La Rioja es la más pequeña, como usted sabe-- es fundamental la
capacidad de decisión financiero-fiscal.
Esta capacidad es imprescindible en esa difícil unión entre las economías de escala de una comunidad pequeña y la calidad de los servicios que lógicamente nos demandan nuestros ciudadanos.
En La Rioja
estamos orgullosos de llegar a las mismas posibilidades de autogobierno que el resto de las comunidades autónomas, cuestión ésta que no era fácilmente perceptible en mi comunidad hace apenas seis años.
Y sobre todo estamos esperanzados por el hecho
de que el nuevo sistema de financiación derive a esa mayor cohesión económica y social.
Señor Pérez Sáenz, evidentemente que algunas comunidades autónomas van a aprovechar mejor que otras el sistema de financiación, pero ahí está la autocapacidad
que tiene cada comunidad autónoma con este sistema para mejorar y aprovechar al máximo sus propias capacidades.
El sistema de financiación es bueno para todas las comunidades, y especialmente para La Rioja, por ser un sistema y un modelo definitivo
y estable.
En el nuevo sistema es verdad que hay cuestiones que tienen un especial interés para La Rioja, como ese concepto de mínimos asegurados, lo que permite gestionar mejor y con suficiencia los servicios, lo que va a favorecer a aquellas
comunidades autónomas uniprovinciales, o la variable de población protegida que contempla el sistema porque resulta muy adecuada para las necesidades de nuestra comunidad.
Además hay dos hechos paralelos a la aprobación del sistema que dibujan un
panorama muy positivo para el futuro en nuestra comunidad autónoma y usted, señor Pérez, lo conoce muy bien.
Por un lado, un hecho competencial clave para La Rioja, como es la asunción de la nueva transferencia en materia de sanidad procedente del
Insalud. La Rioja partía de una clara desprotección financiera en esta materia, y tras una negociación compleja y rigurosa, que nos hubiera gustado que hubiera contado con el apoyo de su grupo en
La Rioja, se ha llegado a un acuerdo ordenado y satisfactorio.
Con esta transferencia sanitaria se ha dado un contenido real y práctico al nuevo sistema de financiación.
Por otro lado, hay un dato objetivo que es especialmente importante
para La Rioja. Observamos desde nuestra comunidad autónoma, de un modo muy esperanzador, el fin del contencioso entre nuestra comunidad autónoma y el País Vasco sobre las denominadas vacaciones fiscales.
La aprobación del concierto económico para
el País Vasco estoy seguro que completará las expectativas que al menos los riojanos tenemos sobre la lealtad fiscal entre todas las comunidades.
En definitiva, nuestro apoyo incondicional desde La Rioja al nuevo sistema de financiación de las
comunidades autónomas y al presente proyecto de ley desde la satisfacción, desde el orgullo y, sobre todo, desde la esperanza.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION ( S.
621/000075) ( C. D. 121/000082).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del proyecto de ley de cesión de tributos a la comunidad autónoma de Murcia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, Presidenta.
Realmente, a la altura del debate que estamos abordando, y con el número de leyes que todavía quedan por delante, es evidente el contenido y el interés del mismo. Los señores y señoras
senadoras no hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre el sistema de financiación autonómica, que es lo que se está haciendo aquí, y no de forma específica sobre las leyes de cesión de tributos, ya que este sistema de financiación fue aprobado
dejando fuera la participación de esta Casa.
He tenido la oportunidad, aunque después de haber sido aprobado el sistema de financiación, que incluía también esta serie de impuestos cuya cesión estamos debatiendo hoy, de intervenir en la sesión de
la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se celebró el pasado 10 de septiembre del año 2001. Y tuve la oportunidad, como digo, de expresar mi opinión sobre la repercusión y el efecto que el sistema de financiación en su conjunto tenía
para la comunidad autónoma de la Región de Murcia.
Doy por reproducidas en el debate de hoy las consideraciones que hice allí, ya que la posterior aprobación de la Ley 21/2001 no vino a despejar las dudas que en ese momento expresé sino que, por el
contrario, las ratificó. Las dudas y preocupaciones que le suscita a esta senadora, y al resto de socialistas de la Región de Murcia, la aplicación del sistema en su conjunto vienen dadas por la restricción inicial del sistema, por ese cheque en
blanco inicial con el que parte la comunidad autónoma para poner en marcha la aplicación de este sistema de financiación, y no precisamente por la cesión de los tributos que hoy estamos debatiendo ni por su alcance o régimen jurídico.
Sin duda,
estas medidas posibilitarán la profundización y ampliación de la propia autonomía financiera de la comunidad autónoma y el aumento de su corresponsabilidad fiscal, pero cuando pasen los períodos electorales la Comunidad de Murcia, como otras, tendrá
que hacer un buen uso de esa capacidad normativa y proceder a aumentar los impuestos, ya que de otra forma será difícil sacar adelante el ejercicio de las competencias y la mejora de los servicios públicos que la región está demandando.
Ya sé que
mi Presidente, como todos los demás, ha dicho que no va a hacer uso de esa capacidad para subir los impuestos, pero como somos jóvenes y nos seguiremos viendo, ya comprobaremos cómo termina todo esto. Como sus señorías, deseo para mi comunidad y
para el resto de comunidades autónomas lo mejor.
Ahora, como entonces, esa restricción inicial me suscita la misma preocupación. A estas alturas sigo pensando que, tal como se contempla el sistema de financiación en la Ley 21/2001, hace falta
profundizar en esta materia y el Senado y la Comisión General de las Comunidades Autónomas sería un buen foro. Insisto en que es necesario para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia seguir profundizando en una actualización y «reponderación»
efectiva de la población, ampliando y modificando los límites que nos constriñen. Realmente, va a ser difícil aplicar en la Región de Murcia el artículo 15 de la LOFCA, tal y como ha quedado en su nueva redacción.
Como consecuencia de todo esto,
señorías, será necesario aplicar esa capacidad normativa, y no lo digo yo. En un magnífico artículo que aparece en el último número de la revista «The Economist», realizado por consultores de las administraciones públicas con las cifras de los
Presupuestos Generales del Estado de 2002 para cada una de las comunidades autónomas, queda patente que la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con menor gasto y menor inversión por habitante. Repito que no lo digo yo, está en esa
revista e invito a sus señorías a que lo lean.
Sé que estoy consumiendo mi tiempo pero con esto termino, señora Presidenta. El debate va poniendo de manifiesto que no es tan real ese discurso inicial que con tanta grandilocuencia ha hecho el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque un discurso no debe estar cargado únicamente de buenas intenciones y de obviedades. Hace falta que sus señorías repitan que estamos viviendo un momento histórico con la aprobación, no de un sistema
de financiación, que ya está aprobado, sino con la cesión de tributos, entre otras cosas porque ustedes están empezando a hacer historia. Si fueran ciertas la mitad de las cosas que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido
desmentido en las intervenciones posteriores de los
portavoces que están actuando en nombre del Grupo Parlamentario Popular...
La señora PRESIDENTA: Senadora Martínez, le ruego concluya.
La señora MARTINEZ GARCIA: Para hacer efectivo ese discurso, sería bueno que tuvieran un poco más de respeto al Grupo Parlamentario Socialista y al resto de los grupos parlamentarios, que también están y vienen haciendo historia desde hace
algunos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez.
El señor PEREZ RUIZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, acabamos de escuchar la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Martínez, y obviamente su intención es clara: pretende convencerles de
que todos los portavoces de las distintas leyes vamos a contradecir la voz de nuestro portavoz. Creo que una mentira, por mucho que se repita, no se convierte en realidad, a no ser que practiquemos técnicas goebbelianas, que hace mucho tiempo que
ya no se practican.
Es obvio y claro que la ley de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión beneficia de forma ostensible a la comunidad que representamos y
que estamos de acuerdo con la ley, aunque tengo mis dudas tras la intervención de mi compañera la señora Martínez, senadora por la Región de Murcia.
Realmente, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sido importantísimo lo ocurrido el
pasado 27 de julio, cuando asistimos a un momento decisivo en la construcción del Estado de las Autonomías al aprobar unánimemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo sistema de financiación. Digo esto, porque tener la posibilidad
de regular esos quince nuevos impuestos significa un antes y un después.
Así, hemos pasado de tener en el período anterior sólo el 16 por ciento de autonomía financiera a poder contar ahora con el 58 por ciento de los recursos de las fuentes
tributarias.
Con el nuevo sistema todos esos impuestos se podrán gestionar con mucha más facilidad. Sin embargo, la portavoz del Grupo Socialista, a pesar de considerar que los impuestos se van a poder gestionar y que eso va a ser mucho mejor para
la Región, y estando de acuerdo en líneas generales, sigue insistiendo en que cuando pase el período electoral subiremos los impuestos. Pues bien, senadora Martínez, el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo dos bajadas de impuestos a nivel
nacional. En la Región de Murcia los impuestos no han subido. No van a subir, y si hiciera falta aumentarlos, daremos la cara, como siempre hemos hecho en todas y cada una de nuestras actuaciones. Por tanto, no hable de algo que todavía no se ha
producido, porque ni el Gobierno ni el Presidente de nuestra comunidad autónoma tienen intención --cuando la tengan lo plantearán donde corresponda-- de subir los impuestos. Así pues, por mucho que usted insista en ello, eso no será una realidad
hasta que el Gobierno de la Región de Murcia, con esta autonomía financiera, y con la corresponsabilidad fiscal que proporciona la ley que vamos a aprobar, lo crea conveniente.
Por otro lado, le ruego que al hablar de las inversiones que se llevan
a cabo en la Región de Murcia lo haga en sus justos términos. Si hojeáramos la revista citada tendríamos que considerar el tiempo en que se realizaron, qué es lo que en ella se valora, etcétera. Además, usted conoce perfectamente las inversiones
que se han efectuado puesto que fue Presidenta de nuestra querida Región de Murcia.
Creo que este sistema beneficia ostensiblemente a la Región de Murcia y a todos sus ciudadanos. Usted tuvo la oportunidad de escuchar en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas la clara respuesta del Consejero de Hacienda de nuestra comunidad a este respecto, que valoraba de una forma muy positiva el nuevo sistema de financiación, el poder tener esa autonomía. Y el hecho de que se pase a gestionar el
58 por ciento de los recursos es muy importante para una comunidad uniprovincial, en la que, como bien conoce, se contemplan singularidades diferentes a las que se planteaban con anterioridad; por ejemplo, los factores de población o inmigración.
Usted sabe que eso beneficia a la Región de Murcia, que ha tenido que soportar una cantidad ingente de inmigrantes sin tener ningún recurso para ello. Pero con esta nueva ley los tendrá.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000076) (C.
D. 121/000083).
La señora PRESIDENTA: En relación con la ley de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como ya es sabido, vamos a votar a favor del régimen de cesión de tributos a la Comunidad Valenciana. Pero me gustaría añadir alguna otra cosa que considero importante.
En primer
lugar, este nuevo sistema nace, en su presentación por parte del ministro, con vocación de permanencia. De hecho, así figura en sus textos, al no aparecer en ninguna parte la época de revisión. Sin embargo, debo poner una objeción a esa vocación
de permanencia, porque me parece recordar que fue el portavoz de Convergència i
Unió quien dijo en el Congreso que a partir de 2007 llegaríamos a la revisión. Por tanto, da la impresión de que la vocación de permanencia, al menos para los socios del Gobierno, no es tan importante.
Por otro lado, en esta cesión de
tributos hay que destacar algo que todos ustedes conocen perfectamente: a lo largo de su tramitación, y pese a la reiterada aceptación en las comisiones mixtas de transferencias, ha habido modificaciones muy importantes en el sistema, y
especialmente en los acuerdos. La más importante de ellas ha sido, sin duda, la creación de un nuevo impuesto de forma precipitada; un nuevo impuesto sobre determinados hidrocarburos que ha condicionado la visión que de las comunidades autónomas
tienen los ciudadanos del Estado, pues las ha convertido, merced a la actitud del Gobierno, en responsables de una subida de impuestos con la que ellas no tienen nada que ver. Y ya lo irán notando, porque es evidente que en las primeras ocasiones
no se atreven a aplicarlo --algunos incluso han negado la posibilidad de hacerlo--, pero, como es natural, cuando la financiación les vaya ahogando, tendrán que recurrir a él. De hecho, ya se nota la importante subida de impuestos que se ha
producido con esta nueva figura tributaria que ha lanzado sobre las comunidades autónomas esa sensación de gasto desmesurado, en tanto que el Gobierno, que es quien realmente ha subido los impuestos, ha quedado libre de dicha acusación.
Ustedes
saben perfectamente quién es el responsable y para qué ha servido dicha subida de impuestos, que no ha sido precisamente para financiar la Sanidad, sino para exonerar las plusvalías de las empresas públicas privatizadas, lo que supone muchos cientos
de miles de millones de pesetas --hoy euros afortunadamente--. Ciertamente ésa ha sido la principal vocación de esa acción.
Por lo demás, el nuevo sistema tiene otra implicación muy importante. De alguna manera, y aunque aquí estemos haciendo
cantos permanentes a lo que ha subido la financiación desde el punto de vista de la descentralización de impuestos, ustedes, quienes han seguido esos temas, saben que eso no es verdad. Simplemente nos hemos limitado a poner otro nombre a lo que
antes se llamaba participación en los ingresos del Estado, pero eso no es en realidad ningún tipo de descentralización. La participación en los ingresos del Estado se denomina hoy, por ejemplo, un porcentaje sobre el IVA o un porcentaje sobre
cualquier otro impuesto, pero no es un porcentaje sobre un impuesto que uno vaya a gestionar, sino que es un porcentaje que se aplica según un supuesto de consumo o de ingreso en tu comunidad, que ni siquiera sabes si responde o no a la realidad.
Por tanto, como digo, no hemos descentralizado nada, y además repito lo dicho al principio: con vocación de continuidad. Se llama cesión de impuestos, pero ello no se corresponde con la realidad. Se acusa a las comunidades autónomas de ser
responsables de la subida de impuestos, se las acusa de voracidad, se permite que el ciudadano crea que esto supone mayor gasto, pero ello no tiene nada que ver con la realidad.
Asimismo, y entrando concretamente en la cesión de impuestos a la
Comunidad Valenciana, me gustaría añadir que no tenemos demasiado margen para votar; podríamos votar a favor --y lo vamos a hacer-- pero, ¿por qué votaremos a favor? ¿Porque nos deja en buena posición? No, porque lo contrario de esta aceptación a
la ley, al régimen de cesión de tributos a las comunidades autónomas no es un nuevo sistema de financiación diferente al propuesto por el Gobierno o al que se ha aceptado en las comisiones mixtas, que no tenían más remedio que aceptarlo. Lo
contrario de la aceptación del sistema es la arbitrariedad de la Administración central, de ahí que ese canto cotidiano que estamos acostumbrados a oír habitualmente en cada cesión de impuestos no se corresponda con la realidad. No existe una
alternativa diferente que votar; o votamos eso o nos quedamos con la arbitrariedad. Esa es la situación.
Quiero decir una cosa muy concreta a los señores senadores que van a votar esta cuestión. Creo que ellos, al igual que yo, no van a votar
con ilusión, como tampoco creo que el Gobierno de la Generalidad tenga ilusión; y les diré por qué. Desde el primer momento del sistema de financiación autonómica y transferencias relativas al coste efectivo de los servicios trasferidos, nosotros,
como es bien sabido, tenemos una infradotación, no ya de financiación, sino de esos servicios trasferidos.
El Estado nos trasfirió lo que podía porque es lo que tenía, pero en el caso de nuestra comunidad era ciertamente bien poco. A partir de
entonces, hemos seguido con esa trasferencia sistema tras sistema, y el Partido Popular ya lleva dos...
La señora PRESIDENTA: Por favor, senador Lerma, le ruego que concluya.
El señor LERMA BLASCO: Concluyo, señora Presidenta.
Es posible que en otros casos se nos puedan exigir responsabilidades, pero ésta y la anterior es su responsabilidad.
Teniendo vocación de permanencia, no tiene ninguna explicación que
una comunidad que no es la que tiene la mayor renta per cápita en toda España, tenga la menor financiación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: A diferencia del senador Lerma, debo confesarles, señorías, que soy un hombre feliz.
Este proyecto me hace feliz porque me da la honrosa oportunidad de compartir debate con un President de la Generalitat, hoy
senador de esta Cámara. Además, me proporciona la felicidad de recordar a la Cámara que el modelo de financiación que hoy vamos a aprobar fue, en su origen, el modelo Zaplana.
Fue el President de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, quien
impulsó el debate nacional que dio origen al modelo de financiación que hoy apoyamos con la aprobación de estos proyectos lo que, como valenciano, supone para mí una enorme satisfacción. Además, acredita la voluntad
del Gobierno de la Generalidad Valenciana de contribuir a la consecución de los grandes objetivos nacionales y de hacerlos compatibles con los objetivos propios de nuestra comunidad autónoma, porque los valencianos estamos absolutamente
convencidos de que nuestro progreso está íntimamente ligado al de España.
También me hace muy feliz porque los valencianos estamos apasionadamente enamorados de nuestras libertades políticas y de la autonomía de nuestro Gobierno. El hecho de que
seamos habitualmente unos amantes discretos no debe mover a engaño, porque los valencianos estamos firmemente comprometidos con nuestra autonomía política.
El presente proyecto, le demos las vueltas que le demos, supone un avance histórico en
nuestra autonomía económica y financiera y, por tanto, un avance histórico en nuestra autonomía política, lo que, repito, también me hace feliz.
Tengo que confesarles que llevo meses oyendo voces en esta Cámara que afirman que milito en una
formación política que ampara algún oscuro proyecto contrario al desarrollo y al avance del Estado autonómico; llevo meses oyendo voces en esta Cámara que dicen que apoyamos a un Gobierno que propicia una oscura conspiración de carácter
centralista. Sospecho que esas pícaras voces sólo pretendían llevar la turbación a mi alma y el hecho de aprobar este proyecto de ley contribuye a serenarla, señorías, porque un Gobierno no puede estar inmerso en una oscura operación de chantaje
político a las comunidades autónomas o alguna oscura operación centralizadora y, al mismo tiempo, aprobar proyectos que suponen avances históricos para la autonomía y, muy especialmente, para la autonomía de mi comunidad, en este caso la valenciana.
Señorías, el voto de todos ustedes es, por tanto, muy importante para mí y no me duele reconocer que sus señorías tienen la bendita virtud de hacerme feliz algunas veces, aunque no siempre. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000077) (C. D. 121/000084).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Ferrer.
Para debatir el proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene la palabra el senador Catalá, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CATALA PARDO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, creo que a estas alturas del debate ha quedado clara la posición del Partido Socialista en relación con estos proyectos de ley y, por tanto, también está clara nuestra posición
por lo que respecta al de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, no es fácil decir algo original o exponer un argumento distinto y, por ello, quiero hacer mías las palabras de los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que han intervenido
en la defensa de las enmiendas.
Estas enmiendas son la consecuencia lógica de las novedades que, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, introdujeron en la ley del 27 de diciembre, con respecto al complicado consenso que se había logrado
en el acuerdo de 26 de julio de ese mismo año. Las dos novedades se refieren, fundamentalmente, a la exclusión del sistema de financiación de aquellas comunidades autónomas que no suscribieron el traspaso sanitario el 1 de enero de 2000, así como
la introducción de un nuevo impuesto cedido, como era el que gravaba la venta minorista de hidrocarburos. La filosofía de la primera ha sido después llevada a este proyecto de ley, y por tanto estas enmiendas lo que intentan hacer es reconstituir
de nuevo el consenso, que ustedes rompieron, del día 26 de julio. Pero es que además demuestra también esa actitud que ustedes entienden de una manera bastante curiosa: la cooperación, uno de los principios que deberían regir las acciones del
conjunto de Administraciones, cooperación que debería englobar necesariamente la confianza mutua y la buena fe, y otro principio que es el de la lealtad institucional, porque ésta es su gran asignatura pendiente como gobierno y también en el propio
sistema de financiación.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista hemos pedido en numerosísimas ocasiones --y no nos han hecho ni caso-- que hubiera algún tipo de compromiso sobre las actuaciones unilaterales del Gobierno de
la nación que afecten a ingresos y gastos de las comunidades autónomas, porque esto afecta directamente a la suficiencia del sistema y a la autonomía financiera, y si el Gobierno no respeta esa lealtad institucional, señorías, el sistema no será
viable, y le voy a poner algún ejemplo: La Ley del Menor, que modificó al alza los gastos que las comunidades autónomas tenían que realizar en el ejercicio de sus competencias, sin ningún tipo de compensación; o la actual reforma del IRPF, sin
aprobar, pero curiosamente publicitada, que por ejemplo para Aragón va a suponer una merma de cerca de 3.000 millones de pesetas; o las exenciones que han introducido en el Impuesto sobre el Patrimonio, que supondrán otros 3.000 millones de pesetas
de ingresos que dejará de percibir la Comunidad Autónoma de Aragón; o las exenciones que han establecido ustedes en la cancelación de hipotecas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que supondrán 600 millones de pesetas a la Comunidad
Autónoma de Aragón. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que es complicado, muy complicado que ustedes puedan decir que este sistema es estable, porque nadie nos va a garantizar su estabilidad.
Señorías, ustedes quieren afirmar que este
sistema es definitivo, y ojalá que lo sea, pero para conseguir la estabilidad del sistema deberían haber introducido mecanismos de flexibilidad. Podríamos haber visto, cada cinco años, si los impuestos que se transmiten son o no suficientes, porque
un sistema que no es flexible no puede ser definitivo,
y si cambia la realidad, por mucho que nos empeñemos, no va a ser fácil que se pueda adaptar este sistema.
Señorías, me da la sensación de que todos estos errores responden fundamentalmente a no saber metabolizar adecuadamente la mayoría
absoluta; se creen en posesión de la verdad, y la verdad, la razón, no la tiene nadie; uno tiene razones, pero también las tenemos los adversarios políticos, y ustedes se han empeñado en no admitir las sugerencias que les hacemos. Lo decía el
otro día, muy gráficamente, Cándido Méndez, Secretario General de UGT...
La señora PRESIDENTA: Senador Catalá, le ruego que concluya, por favor.
El señor CATALA PARDO: Termino, señora Presidenta.
Decía Cándido Méndez: o nos quieren como palmeros, o no nos quieren. Y es que, en definitiva, señorías, con esa actitud ustedes lo que han conseguido es enfrentarse con los estudiantes,
catedráticos, rectores, magistrados, jueces, sindicalistas (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), trabajadores, parados, inmigrantes; enfrentarse con la mayoría de los aragoneses...
La señora PRESIDENTA: Senador Catalá, concluya, por favor.
El señor CATALA PARDO: Termino ya, señora Presidenta. Y con casi toda España, mañana día 20. Yo le rogaría que aceptara las enmiendas porque unas gotas de humildad les vendrían bien, a ustedes y al Gobierno de este país.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Catalá.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Senao.
El señor SENAO GOMEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el consenso y el acuerdo presiden el nuevo marco de financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón, señor Catalá, a pesar de que yo creo que ha sido bastante beligerante.
El nuevo modelo de financiación es un modelo ampliamente consensuado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera lo acuerda por unanimidad, con fecha 27 de julio de 2002, no el día 26, como usted dijo. La Comisión Mixta de Transferencias,
Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 13 de enero de 2002, aprobó el acuerdo de modificación de los tributos cedidos, así como el acuerdo de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
El Consejero de Economía y Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón, señor Bandrés Moliné, del Partido Socialista, en su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de 10 de septiembre de 2001, manifestó el voto
afirmativo del Gobierno de Aragón al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que iniciará su vigencia en el año 2002, y que en su opinión un aspecto muy positivo del nuevo modelo es la creación de un fondo para las comunidades
autónomas con escasa densidad de población.
Aragón pasa a obtener el 67 por ciento de sus recursos a través de fuentes tributarias, es decir, consigue una autonomía financiera del 67 por ciento, mientras que en el período 1996-2001 era del 25 por
ciento.
Con este sistema Aragón accede, entre otras cosas, al 33 por ciento del IRPF, al 35 por ciento del IVA, al 40 por ciento de los impuestos especiales y al cien por cien de otros impuestos. Incrementa considerablemente su corresponsabilidad
fiscal o su capacidad de determinar cambios normativos en sus tributos. El nuevo sistema amplía las competencias normativas sobre todos los tributos cedidos, tanto los tradicionales como los nuevos.
El proyecto de ley contempla el nuevo sistema de
financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón, y cuando analizamos el fondo general observamos la existencia de fondos diferentes. Hay que tener en cuenta que el bloque de competencias en sanidad se distribuye en función de variables básicas. El
fondo general se distribuye en función de la población de cada territorio, de su superficie y de la dispersión de su población. Y es aquí, señorías, donde la Comunidad Autónoma de Aragón obtiene una importante participación de estos fondos, en las
variables de superficie, de dispersión y escasa densidad de población y en la de población mayor de 65 años.
Aragón, con una gran extensión superficial, pues dispone de 47.669 kilómetros cuadrados, se beneficia claramente de la variable superficie,
y así le corresponde el 9,7 por ciento del total que se distribuye por este concepto, siendo la cuarta comunidad que más recibe de este fondo después de Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha. También Aragón se ve beneficiada por algunos
de los mecanismos de suficiencia y solidaridad del sistema. Y así, con una población que supera por muy poco 1.200.000 habitantes, una escasa densidad de población, va a recibir el 49 por ciento, prácticamente la mitad del total de los recursos
repartidos por el fondo destinado a paliar la escasa densidad de población.
Por todo lo ya apuntado, la suficiencia financiera abre una puerta de futuro, una puerta de corresponsabilidad en la financiación del Estado español. Y tengo que añadir
que en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el mismo momento de la aprobación de este proyecto de ley incrementará notablemente sus recursos, puesto que el Estado cede a la comunidad un catálogo amplio de impuestos. Es por ello, señora
Presidenta, que Aragón va a contribuir con esta ley a mejorar los servicios de los aragoneses, pero también de manera solidaria a mejorar los servicios y la manera de vivir de todos los españoles, como siempre se ha hecho solidariamente desde
Aragón.
Para terminar, señora Presidenta, he de decir que el Grupo Parlamentario Popular dará su voto afirmativo al proyecto de ley que se presenta, y no aceptará las enmiendas que ha defendido el señor Catalá, en la confianza y el deseo de que se
abra en Aragón una nueva etapa que estoy seguro va a redundar en beneficio de todos los aragoneses, al menos a medio y largo plazo...
La señora PRESIDENTA: Le ruego, senador Senao, que concluya, por favor.
El señor SENAO GOMEZ: Termino, señora Presidenta.
A corto plazo, señor Catalá, va a depender de la agilidad que demuestre el actual Gobierno de Aragón en gestionar bien los medios que contempla este proyecto de ley. Algo a lo que, desde
nuestra óptica, no nos tienen acostumbrados y sí, en cambio, a utilizar de manera muy generosa la demagogia.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Senao.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000078) (C. D. 121/000085).
La señora PRESIDENTA: Para debatir el proyecto de ley de cesión de tributos a Castilla-La Mancha, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador López Carrasco.
El señor LOPEZ CARRASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Hoy estamos debatiendo y valorando una consecuencia necesaria del nuevo modelo de financiación autonómica, que en el caso de Castilla-La Mancha fue aprobado el pasado 11 de
febrero en el seno de la Comisión mixta de transferencias.
Estamos tratando un asunto de especial trascendencia social, económica y política y estamos discutiendo sobre la raíz financiera de la estructura territorial que en su día los españoles
otorgamos al Estado a través de nuestra Constitución.
Señorías, cuando se utiliza el camino del diálogo y se llega al acuerdo en esta cuestión fundamental para la estructuración y vertebración del Estado, se llega a esta tarde en la que en la
Cámara nos felicitamos por haber llegado a una posición unánime.
El éxito no está en haber conseguido más o menos en esa negociación. El éxito está en que ha habido consenso, en que ha habido acuerdo, en que todos han defendido sus posiciones,
unos han cedido, otros también y de la cesión de todos se ha llegado al acuerdo. Hoy aquí hay que felicitar a todos fundamentalmente por el acuerdo.
En ese sentido, esta lección debe servir al Gobierno para que en políticas fundamentales, como son
las de agua y las de bienestar social, busque el camino del consenso.
Desde Castilla-La Mancha resultaba irrenunciable para aceptar su aplicación que la financiación de las comunidades autónomas se distribuyese de acuerdo con los criterios marcados
por la LOFCA; es decir, utilizando las variables objetivas que definen su artículo 13, respetando los principios constitucionales de suficiencia, equidad y solidaridad interterritorial. Y hoy, fruto de ese diálogo y de ese consenso entre todos
contamos con un sistema de financiación autonómica que aplica variables más solidarias, incrementa los recursos del sistema, establece los instrumentos adecuados, como son la cesta de impuestos, no centra la recaudación exclusivamente en el IRPF y,
además, salda las cuentas pendientes, en el caso de Castilla-La Mancha, entre el Gobierno central con la comunidad autónoma castellano-manchega.
Sin duda el resultado es económicamente positivo para Castilla-La Mancha, porque hemos pasado a una
asignación de 2.704 millones de euros; es decir, 450.000 millones de pesetas.
¿Cómo se entiende mejor ese avance? Castilla-La Mancha tenía una asignación por habitante y año de 238.000 pesetas.
La señora PRESIDENTA: Senador López Carrasco, le ruego que concluya.
El señor LOPEZ CARRASCO : Gracias, señora Presidenta. Voy a resumir mi planteamiento.
Hoy hemos pasado a 260.000 pesetas por habitante y año. Se ha dado un paso en el avance de la corresponsabilidad fiscal y Castilla-La Mancha quiere
ejercitar esa participación de la corresponsabilidad fiscal de forma activa, participando en la coordinación de la Agencia Tributaria y gestionando con eficacia los tributos propios.
Quiero manifestar que el acuerdo es bueno para Castilla-La Mancha
y que lo va a cumplir y vamos a exigir que el Gobierno también lo cumpla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador López Carrasco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pardo.
El señor PARDO GABALDON: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, tras las últimas transferencias, una vez acordadas cuáles son las funciones y responsabilidades que deben corresponder a la Administración central y cuáles deben corresponder a
las administraciones autonómicas, se hacía imprescindible fijar los instrumentos financieros para hacer frente a este reparto.
Para ello, en primer lugar, se dialogó sobre el volumen de recursos suficientes y, en segundo lugar, sobre las fuentes de
ingresos más apropiadas, y hubo acuerdo. El Gobierno pactó con las quince comunidades autónomas de régimen común, incluida Castilla-La Mancha, el nuevo modelo de financiación autonómica.
Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley y en
contra de las enmiendas y lo va a hacer por varias razones.
En primer lugar, porque, como se ha repetido en este debate --y agradezco sinceramente las palabras del senador López Carrasco--, este modelo es fruto del consenso. El Gobierno no ha necesitado de su legítima mayoría absoluta para sacar
esto adelante y lo ha conseguido con el consenso de las quince comunidades autónomas y de todos los grupos políticos.
En segundo lugar, porque este proyecto de ley es beneficioso para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Este fue
precisamente el argumento que utilizó nuestra Consejera de Economía y Hacienda para señalar que estaba de acuerdo con el modelo de financiación.
En tercer lugar, porque avanza en los principios constitucionales de equidad, suficiencia financiera,
autonomía y solidaridad interterritorial. Castilla-La Mancha consigue una autonomía financiera del 48,3 por ciento, frente al 13,4 por ciento anterior.
En cuarto lugar, porque Castilla-La Mancha incrementa notablemente sus recursos participando en
una amplia cesta de impuestos, lo que le va a permitir una mayor diversificación y estabilidad en sus fuentes de financiación, al tiempo que un alto grado de corresponsabilidad fiscal y capacidad normativa, lo que es una novedad, puesto que
Castilla-La Mancha no aceptó el anterior modelo de financiación. Así, por ejemplo, Castilla-La Mancha podrá hacer lo que recientemente ha hecho la Comunidad de Valencia y podrá, por ejemplo, reducir el tipo impositivo del 0,5 por ciento al 0,1 por
ciento del Impuesto sobre actos jurídicos documentados en las adquisiciones de las primeras viviendas habituales.
Así pues, Castilla-La Mancha avanza en su autogobierno y alcanza una madurez fiscal de la que antes carecía, cuando simplemente nos
limitábamos a recibir transferencias de la Administración central. Desde ahora vamos a poder ampliar o reducir tipos, aplicar deducciones y demostrar a nuestros ciudadanos que tenemos conciencia social, que creemos en las políticas sociales y que
sabemos gastar nuestros recursos porque ya sabemos lo que cuesta ingresarlos.
Por último, puesto que Castilla-La Mancha ha alcanzado su mayoría de edad respecto de los ingresos públicos, también nos gustaría que alcanzase esta misma mayoría de edad
en cuanto a los gastos. Y si los ingresos los va a percibir con suficiencia, equidad, autonomía y solidaridad, debe trasladar estos mismos principios cuando los deba de repartir internamente a las corporaciones locales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000079) (C. D. 121/000086).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.
En primer lugar, tiene la palabra la senadora
Morales en nombre del Grupo de Coalición Canaria.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En mi anterior intervención ya hice referencia a los aspectos positivos que tienen en su conjunto los proyectos de ley que estamos debatiendo. En particular, para nuestra
comunidad, se obtiene una mayor financiación, una mayor autonomía financiera, una mayor capacidad normativa y de gestión a través de la transferencia de figuras tributarias, etcétera. En este momento me gustaría hacer hincapié en el proyecto de ley
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Hay algunos aspectos que me gustaría resaltar, como que este proyecto de ley es respetuoso con la disposición adicional tercera de la Constitución Española y en él se
contemplan, por tanto, las especificidades del archipiélago canario, respeta también el régimen económico y fiscal de Canarias y posibilita competencias normativas a través del Impuesto General Indirecto Canario, del IGIC, en relación con las
obligaciones formales del impuesto a los tipos de gravamen.
Quiero hacer hincapié también en el respeto del nuevo sistema de financiación al estatuto de autonomía y, en especial, a la disposición adicional segunda, punto 2, que prevé la posibilidad
de modificación a través de un acuerdo entre el Gobierno y la comunidad mediante un proyecto de ley.
Por último, por respeto a los acuerdos conseguidos en la Comisión Mixta de Transferencias, Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en sesión plenaria celebrada el 21 de febrero de 2002.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Curbelo.
El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para indicar cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista, pero haciendo unas reflexiones generales, que nos permitan hacer
una introducción sobre los tipos de requerimiento que había de cumplir el proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Por una parte, los
requerimientos comunes con el resto de las comunidades autónomas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LOFCA y adecuando, por tanto, el contenido del apartado uno de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía
de Canarias al nuevo régimen general de cesión de tributos o, mejor, de tributos cedidos, que se contempla en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales
y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
De otra parte, el proyecto de ley debía ser respetuoso con los requerimientos derivados del régimen
económico y fiscal de Canarias, que establece, entre otras cosas, una aplicación especial y distinta de gran parte de la imposición indirecta estatal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En efecto, en Canarias no se aplica el IVA, como saben sus
señorías, sino una figura singular del impuesto general indirecto canario, que es el IGIC, ni los impuestos especiales sobre las labores del tabaco y los hidrocarburos y tiene un régimen distinto la aplicación del impuesto especial sobre el alcohol
y bebidas derivadas y la cerveza, en tanto que el impuesto especial sobre determinados medios de transporte está considerado recurso del régimen económico y fiscal de Canarias y su recaudación, al igual que la del IGIC, la comparten la Comunidad
Autónoma de Canarias y las corporaciones locales de Canarias, tanto cabildos como ayuntamiento.
Ambos requerimientos en general y el que deriva de la especialidad canaria son cumplidos por el proyecto de ley. Por tanto, nuestra posición coincide
con la general del Grupo Parlamentario Socialista, que acepta a los proyectos de ley con carácter general, razón por la que, no sólo en este caso, sino en los restantes, tal y como ha señalado nuestro portavoz, vamos a votar a favor.
Pero la
disposición introducida en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, mediante la que una comunidad autónoma que discrepara sobre la transferencia de un servicio quedaría excluida del sistema de financiación, creo que debe ser considerada por sus señorías
en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, norma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, hago un apunte muy breve sobre la consideración final que nos merece la aplicación del nuevo sistema de
financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Canarias. En primer lugar, la financiación autonómica, «stricto sensu», en la medida en que salvaguarda el régimen económico y fiscal, sin quebranto económico para Canarias, y con financiación
suficiente de las competencias comunes, al Grupo Parlamentario Socialista le parece bien. Ahora bien, también hay que señalar algunos aspectos relativos al estado de bienestar, que se pone en peligro con esta cláusula, porque todos sabemos que al
Partido Popular le gusta mucho los decretos y si tiene la posibilidad por ley de dejar a alguna comunidad autónoma fuera, que se sepa que la sanidad en Canarias es muy importante. La financiación sanitaria ha incrementado los recursos como
consecuencia del incremento poblacional, experimentando en Canarias el mayor crecimiento que se ha producido en España.
La señora PRESIDENTA: Senador Curbelo, le ruego que concluya, por favor.
El señor CURBELO CURBELO: Concluyo, señora Presidenta.
Creo que hay que señalar que el Gobierno tiene una asignatura pendiente en materia de sanidad con nuestra comunidad autónoma, como consecuencia de los incrementos que nuestra comunidad
autónoma está aportando permanentemente. Como veo que algún senador del Partido Popular quiere morir de felicidad por el voto favorable que ha anunciado el Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría que esa felicidad continuara cuando el Partido
Popular tenga la tentación de dejar a alguna comunidad autónoma fuera cuando discrepe de alguna financiación, sea sanitaria o la futura de inmigración, que afecta a nuestra comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Curbelo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Macías.
El señor MACIAS SANTANA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, senadora Morales, senador Curbelo, muchas gracias. Me dirijo a ustedes especialmente por ser los portavoces que han intervenido y por ser canarios como yo.
El proyecto
de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias tiene su fundamento, como para el conjunto de comunidades autónomas, en el acuerdo unánime --repito unánime-- alcanzado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, del 27 de julio de 2001, sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, aplicable desde el 1º de enero de 2002. Pero considerando que este nuevo modelo incide de forma imputable en la profundización del Estado de
las Autonomías y en el incremento de la participación de ésta en el conjunto de los recursos de Estado, también es cierto que nuestra comunidad autónoma parte de una posición diferente con un régimen especial y diferencial.
En este sentido,
señorías, desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la consecución de un acuerdo en cuanto al nuevo modelo a aplicar, era fundamental, y así se hace, que este nuevo sistema de financiación respetase el régimen fiscal canario
actualmente vigente.
Este nuevo sistema ha supuesto un hito histórico en la financiación de los entes territoriales, ya que ha sido la primera vez que un sistema de financiación se aprueba con el 100 por ciento de los votos de las comunidades
afectadas. No es de extrañar, señoría, que se produjese esta unanimidad en su aprobación, considerando que este nuevo sistema, aún siendo continuista con el vigente hasta el momento, introduce nuevos principios fundamentales de estabilidad,
generalidad, suficiencia, solidaridad e incremento en la corresponsabilidad fiscal, de forma que cada comunidad autónoma pueda llevar a cabo su propia política fiscal dentro de un modelo que es de aplicación idéntica y generalizada para todas las
comunidades autónomas.
En este sentido, el proyecto de ley que ahora se propone es el último trámite para que el nuevo régimen de cesión de tributos sea plenamente aplicable y efectivo en las comunidades autónomas. Este nuevo sistema garantiza el
mejor futuro en la prestación de servicios públicos, estimula la iniciativa y la corresponsabilidad, y reconoce las diferencias de las prestaciones a todo el territorio español.
Para la Comunidad Autónoma de Canarias, la introducción de variables,
como la insularidad, reconocida en el
propio Tratado de Amsterdam, era fundamental, más considerando la gran distancia existente entre la península y Canarias. Pero también son importantes otras variables, introducidas en el nuevo sistema y que inciden de manera notable en el
cálculo definitivo de esta participación, como la relativa a la evolución dinámica demográfica.
La Comunidad Autónoma de Canarias se ve claramente beneficiada por este nuevo sistema ya que pasa a obtener el 27,5 por ciento de sus recursos a través
de fuentes tributarias estatales, mientras que en el período 1996--2001 era del 21 por ciento. Este incremento de autonomía financiera debe valorarse en conjunción con los recursos de los que ya disponía la comunidad autónoma, derivados de los
tributos del régimen fiscal especial.
El caso de nuestra comunidad es especial, puesto que ya posee impuestos indirectos propios y no se ve afectada por la cesión de todos los incluidos en el nuevo sistema. Así Canarias accede al 33 por ciento de
IRPF, al 40 por ciento de los Impuestos especiales sobre alcohol, bebidas derivadas, cerveza, y al cien por cien del Impuesto sobre Electricidad.
La señora PRESIDENTA: Senador Macías, por favor, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MACIAS SANTANA: Voy terminando, señora Presidenta.
Incrementa su corresponsabilidad fiscal o su capacidad de determinar cambios normativos. El nuevo sistema amplía las competencias normativas sobre todos los tributos cedidos. En
su competencia sanitaria recibe el 77 por ciento del total derivado del reparto de esta variable, incrementada sustancialmente. Canarias se ve beneficiada también de alguno de los mecanismos de solidaridad del sistema, así participa en el fondo de
renta relativa que se otorga a las comunidades autónomas cuya población relativa supera su renta sobre el 1 por ciento de todo este fondo y en el Fondo de Compensación Interterritorial.
En definitiva, señoría, el nuevo modelo supone un importante
avance en la corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y estabilidad, más si consideramos que se trata de un modelo positivo para Canarias ampliamente consensuado y basado en un acuerdo unánime del conjunto de las comunidades autónomas y que
refuerza el fondo de autonomía de esta comunidad autónoma.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Macías.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000080) (C. D. 121/000087).
La señora PRESIDENTA: Para debatir el proyecto de ley de régimen de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene la palabra el senador Suárez en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SUAREZ HURTADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores senadores, vamos a apoyar este proyecto de ley, como ya anunciamos en el debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas; y lo apoyamos con el
convencimiento de que el proyecto supone un muy importante avance para la puesta en práctica del sistema de financiación autonómica que fue negociado y consensuado por la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Gobierno de la nación.
Este es un
motivo muy importante para apoyar el proyecto de ley, ya que es fruto del acuerdo, lo cual es positivo dados los antecedentes que obran con el anterior sistema de financiación. Y lo valoramos positivamente porque coinciden con los planteamientos
que en Extremadura se venían haciendo respecto de que los ingresos de las comunidades autónomas los conformaran una cesta de impuestos capaces de compensar la merma del nivel de autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de otras
regiones.
En efecto, el nuevo modelo parte de la cesión del grueso de las figuras tributarias del sistema fiscal del Estado, erigiendo así la base financiera de las comunidades autónomas sobre los pilares de una importante participación de éstas en
casi todos los tributos del Estado.
Esto para nosotros supone en la práctica el abandono de las tesis que proponían basar la financiación autonómica solamente en la evolución del IRPF.
Así, este proyecto de ley concreta el acuerdo de financiación
autonómica y recoge los términos esenciales que se venían reclamando desde Extremadura, ya que garantiza, al menos, que la comunidad autónoma tendrá a su disposición más recursos para atender los servicios públicos de sus competencias, cuando menos
bastantes más de los que les proporcionaba el anterior modelo impuesto por el Gobierno.
Si valoramos estos elementos positivos del nuevo sistema, también he de señalar que no es el mejor de los posibles como creen desde el Gobierno.
No es el que
hubiéramos hecho los socialistas y no lo es porque hay asuntos que no se cierran adecuadamente. Este sistema, señorías, consagra distintos niveles de autonomía financiera, así como ya ha sido expresado aquí, mientras unas comunidades autónomas
pueden alcanzar niveles de autonomía próximos al cien por cien, otras como Extremadura ni con mucho pueden alcanzar ese porcentaje.
No es tampoco el de Extremadura, pese a sus aspectos positivos tanto por el modo en que articula la suficiencia
financiera como por el escaso esfuerzo que dedica a promover la igualdad entre comunidades, entre otras cosas, porque no prevé mecanismos que garanticen la adaptación de nuestros recursos a la evolución del gasto derivado de los servicios que se
prestan.
Por si fuera poco el nuevo modelo tampoco contempla soluciones que permitan la progresiva nivelación de los servicios públicos en todo el Estado. En definitiva, el sistema pretende dar mayor autonomía a las comunidades autónomas para llevar
a cabo las políticas de sus competencias. Tanto el modo como lo está aplicando el Gobierno como las decisiones en materia tributaria adoptadas desde la firma del acuerdo tienden a anular esa autonomía porque limitan los recursos de las comunidades
autónomas mediante modificaciones en los tributos que surten las haciendas regionales --hoy el IRPF como ayer lo fueron los impuestos de patrimonio y transmisiones--, porque limita la capacidad de endeudamiento mediante las leyes de estabilidad
presupuestaria, porque impugna, asimismo, sistemáticamente los tributos que crean las propias comunidades autónomas en el ejercicio de su autonomía fiscal y porque arrojan sobre las comunidades autónomas como Extremadura la realización de políticas
que el Gobierno decide, pero que éstas tienen que costear como es el caso de la Ley del Menor o el Decreto de Humanidades.
Por lo tanto, señorías, este sistema de financiación es mejorable, pero también hay que reconocer que supone un avance
sustancial respecto del anterior, sobre todo, para Extremadura, ya que el Gobierno no aplicó ningún sistema al no aceptar el anterior. Y visto como las gasta este Gobierno más vale pájaro en mano que ciento volando.
Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Sánchez Cuadrado tiene la palabra.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Señora Presidenta, señorías, tengo que empezar agradeciendo la intervención de don Federico Suárez, senador por Extremadura, que ha despejado bastante mis preocupaciones sobre el asunto que estamos debatiendo,
porque con el voto negativo en la Comisión del Grupo Parlamentario Socialista el otro día, realmente me quedé muy preocupado. Creo que el susto no nos lo dieron a nosotros, sino al gobierno de Extremadura y a otros gobiernos que, efectivamente, han
pactado por unanimidad, el 27 de julio del año 2001, este sistema de financiación y, sin embargo, se encuentran con dudas, reticencias, votos en contra, etcétera, por parte de los grupos parlamentarios socialistas, tanto del Congreso como del
Senado, lo cual llama la atención. Se justifica diciendo que es un voto simbólico, pero causa cierta preocupación, como he dicho. Hoy, el senador que me ha precedido en el uso de la palabra me ha tranquilizado porque ha dicho que es un sistema que
favorece a Extremadura. Creo que el Gobierno de Extremadura ha sabido lo que hacía y, por lo tanto, ha aceptado un sistema que favorece a esa comunidad en muchos sentidos. No tengo tiempo para explicar aquí todas las ventajas de este sistema,
aparte de insistir en que se ha aprobado con la unanimidad de todos los gobiernos y de todas las fuerzas políticas de España, y eso ya, de por sí, debe ser un aval importante para este sistema.
Sólo voy a decir que sus señorías deben tener en
cuenta que para Extremadura uno de los elementos nuevos que introduce el sistema es el de fondo de renta relativa, y Extremadura representa algo más del 2 por ciento de la población de España, pero sólo aporta al valor añadido bruto el 1 por ciento
de ese valor, con lo cual el fondo de renta relativa va a beneficiar a este tipo de regiones, al igual que el fondo de densidad de población.
Por lo demás, sólo deseo referirme a Extremadura respecto a lo que ha dicho el señor Suárez relativo a que
se producía una merma en la financiación. Creo que una de las ventajas que supone este sistema para Extremadura es que hayamos podido salir del pozo en que nos hemos encontrado durante cinco años, desde 1997 hasta 2001, en que por no haber adoptado
Extremadura el sistema que se pactó en 1996, estuvo a punto de perder miles de millones de pesetas como se vio por la evolución del sistema si Extremadura lo hubiera aceptado. Al final, este asunto se ha arreglado porque el nuevo sistema parte de
la restricción inicial de la liquidación que se tenía que haber hecho del anterior modelo, que no fue aceptado por Extremadura y, en definitiva, se ha arreglado el tema. Luego se ha sabido pactar.
La señora PRESIDENTA: Senador Sánchez Cuadrado, le ruego que concluya, por favor.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Termino, señora Presidenta, diciendo que nosotros vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, este proyecto de ley que culmina todo un proceso de un nuevo sistema de financiación autonómica. Por otra parte,
nos congratulamos por el cambio del voto del Grupo Parlamentario Socialista y de que hoy podamos votar todos un sistema pactado unánimemente por todos los gobiernos y por todos los partidos de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Sánchez Cuadrado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DE FINANCIACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (621/000081) (C. D.121/000088).
La señora PRESIDENTA: Para la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Socías.
El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta, señorías.
Es evidente que hoy estamos debatiendo la cesión de tributos a las comunidades autónomas de una forma un
tanto extraña al hacerlo comunidad por comunidad, cuando, al ser una cesión uniforme, podría haberse hecho de forma conjunta, y no es por dar un mayor contenido territorial a esta Cámara, cosa que ya se ha visto sobradamente que no está en
la voluntad del Partido Popular ni del Gobierno del Estado, sino para mantener la duración del Pleno hasta mañana, día de la huelga general, con lo que una vez más el Legislativo se ha subordinado a la voluntad del Ejecutivo, y esta sí que es una
actuación política. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Hecha la anterior precisión, la cesión de tributos a la Comunidad de las Illes Balears, aunque mejora la situación existente, no es ninguna panacea y sigue dejando a
nuestra comunidad en el furgón de cola de la financiación autonómica.
Nuestra población ha aumentado un 20,95 por cien desde 1988, pero ese aumento no se ha traducido en mayor financiación; al contrario, la regla de modulación que asegura que
ninguna comunidad perderá financiación, a pesar de haber perdido población, hace que nuestra autonomía deba devolver --entre comillas-- entre 70.000 y 80.000 millones al año de lo que recauda con la cesión de los tributos, en nuestro caso
especialmente el IVA al ser una comunidad esencialmente basada en el sector servicios, debido a una solidaridad que respetamos con otras regiones y comunidades autónomas, aunque pensamos que esas compensaciones debería asumirlas el Gobierno del
Estado y no unas pocas autonomías.
Por otro lado, está prevista otra rebaja del Gobierno, o al menos esto es lo que anuncian en una carta pagada no sabemos por quién y que firma el ministro Montoro. La primera tuvo un efecto de alrededor de
800.000 millones menos sobre las finanzas autonómicas. Aparte hay otras rebajas que ya se han comentado en el Impuesto sobre Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados que no aseguran un suelo firme en la financiación autonómica.
No quiero olvidar
tampoco cómo en la transferencia sanitaria a las Illes Balears nos han mantenido con el farolillo rojo y cómo durante las negociaciones se entremezclaron los diferentes procesos negociadores con una actitud absolutista. Frases como aquella de que
fuera del sistema hace mucho frío han quedado grabadas en la mente de muchos de nosotros como muestra de un talante que creíamos desterrado en nuestro país hace 25 años.
A pesar de todo, votamos a favor de la cesión de tributos en aras de aumentar
nuestro autogobierno, sin que ello signifique que no vamos a seguir luchando por lo que creemos justo para nuestros ciudadanos desde la lealtad institucional y con la voluntad de que el diálogo y la comprensión del hecho insular marquen el camino.
Estoy seguro de que en ese camino encontraremos al senador Gamero, que no me cabe ninguna duda de que también quiero lo mejor para Baleares.
Gracias. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Socías.
En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Gamero.
El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular deseo agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo que han
manifestado a este proyecto de ley y en especial quiero agradecerle al Grupo Parlamentario Socialista y al senador Socías que haya manifestado su apoyo, puesto que, como se ha dicho antes, nos preocupó la actitud del Grupo Parlamentario Socialista
en el trámite parlamentario en Comisión.
Le agradezco, desde el respeto y aprecio personal que le profeso, ese apoyo manifiesto.
Se lamenta el senador Socías del tratamiento individualizado de los proyectos de ley. Yo creo que es adecuado y es
justo que los representantes territoriales en esta Cámara podamos debatir sobre esta cuestión. El hace una valoración negativa del nuevo sistema y, no obstante, va a votar a favor de él, lo que le agradezco, pero entra en contradicción con lo que
dijo el Consejero de Hacienda del Gobierno autónomo, que valoró muy positivamente este acuerdo alcanzado para el nuevo sistema de financiación.
Yo quería destacar alguno de los aspectos positivos que para las Illes Balears tiene el nuevo sistema de
financiación, que es consecuencia de un acuerdo unánime. Con el nuevo modelo de financiación la comunidad autónoma de las Illes Balears contará con tres procedimientos de financiación que son los tributos cedidos, los nuevos tributos y el fondo de
suficiencia, y cabe destacar también que se incorpora el Impuesto sobre el Valor Añadido. La negociación del sistema ha sido laboriosa, ha sido compleja, pero sobre todo ha sido transparente. Significa que la comunidad autónoma de las Illes
Balears cuente con recursos propios suficientes para hacer efectivas sus competencias como consecuencia de la configuración del Estado de las autonomías.
Resumiendo, podemos decir que el nuevo sistema de financiación de las Illes Baleares es un
sistema integrado y que financia todos los servicios, incluyendo la sanidad y el Imserso; es un sistema corresponsable porque la comunidad será más responsable de la obtención de recursos, para lo cual tiene una mayor potestad sobre la política
fiscal y consecuentemente responderá de ello ante los ciudadanos.
Con este modelo se da un paso adelante en la España autonómica de forma que quede claro al ciudadano cuáles son los servicios que presta cada Administración y de dónde salen los
recursos. Con el nuevo sistema, la comunidad balear obtiene recursos suficientes y estables, además de disponer de una amplia capacidad normativa.
En definitiva y para concluir, he de decir que la comunidad autónoma de las Illes Balears se ve
claramente beneficiada con este nuevo sistema de financiación, que pasa a obtener un cien por cien de los recursos a través de fuentes tributarias, es decir, consigue una autonomía financiera del cien por cien; esta financiación mediante tributos
permite a Baleares beneficiarse de un mayor dinamismo en sus ingresos.
Igualmente he de decir que el nuevo sistema de financiación autonómica permite a Baleares hacer más visible su solidaridad, ya que debido a su alta capacidad fiscal
aporta recursos al Fondo de suficiencia que después reparte entre el resto de las comunidades. También se incrementa considerablemente la corresponsabilidad fiscal y su capacidad de determinar el cambio de tributos. Se procede igualmente a
realizar una adecuación de los valores variables y debido al carácter insular la comunidad autónoma de las Illes Balears con este nuevo sistema de financiación percibe el 16,19 por ciento de las necesidades a financiar por la variable de población y
por esta misma razón percibe un 22,65 por ciento de la totalidad de las necesidades a financiar por la variable para gestionar la asistencia sanitaria de la comunidad balear...
La señora PRESIDENTA: Senador Gamero, le ruego concluya, por favor.
El señor GAMERO MIR: Concluyo, señora Presidenta.
Por todo ello, votaremos a favor de este proyecto de ley que consideramos altamente beneficioso para nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000082) (C.
D. 121/000089).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de cesión de tributos a la comunidad de Madrid.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores senadores, la verdad es que nos ha asombrado que este proyecto de ley que estamos hoy debatiendo haya despertado un entusiasmo tan grande, incluso el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular nos llamaba a celebrarlo. Tengo la impresión de que estamos celebrando una boda cuando ya podíamos estar celebrando un bautizo porque ya ha pasado más de un año desde que se aprobó este concierto en la Comisión
territorial, además de forma unánime, y nos gustó ese consenso alcanzado aunque todas las partes tuvieran que ceder algo.
Ahora estamos modificando una ley cuando el sistema ya está en vigor desde enero de 2002 y decimos que lo vamos a apoyar e
incluso, si hay que entusiasmarse, entusiasmarnos, y si a algún senador del Grupo Parlamentario Popular le va a dar la tranquilidad del alma, pues que le dé la tranquilidad del alma. Pero lo único que hemos conseguido es estar aquí toda la tarde en
un Pleno larguísimo, como ha dicho el Senador Socías, que nos supone que mañana jueves, en lugar de participar si lo deseamos en una huelga general , tengamos que venir a esta Cámara, aunque no creo que ésa sea la intención de este Pleno.
Nosotros
también hemos estado discutiendo esta cuestión en la Comunidad de Madrid y quiero decir que a este proyecto de ley le sobra algo; le sobra el tufillo autoritario; le sobra lo que las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista pretende
sustituir, porque se produjo un acuerdo de consenso unánime entre todas las comunidades, excepto en lo que pedimos que se sustituya, que es la amenaza de que quien no apruebe una transferencia se queda fuera del sistema. Recuerdo que en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas discutimos esta cuestión con las transferencias de sanidad y Cantabria y Asturias sufrieron dicha amenaza porque se opusieron , ya que no pensaban que las transferencias estaban bien calificadas.
Nosotros
pensamos que a una ley de consenso le sobra ese tufillo autoritario. Estamos celebrando el 25 aniversario del consenso surgido en el año 1977 para elaborar nuestra Constitución y hoy me alegro de que estemos celebrando la profundización en el
Estado de las Autonomías desde un punto de vista igualmente de consenso.
Por tanto, rogaría al Grupo Parlamentario Popular que aceptara la enmienda en el sentido de retirar esa amenaza existente para todas las comunidades autónomas en el caso de
discrepar por una transferencia, y lo digo porque en Madrid estamos tratando las transferencias de justicia, que pueden concluir satisfactoriamente, pero también puede haber alguna queja, y ello no debería significar que nos tuviéramos que quedar
fuera del sistema.
Me parece que el sentido autoritario y la ruptura del diálogo lo único que llevan es a situaciones como la que hoy estamos viendo, que donde había diálogo social había paz social y donde hay autoritarismo hay una crisis de
confianza de la sociedad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Almeida.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Alvarez-Arenas.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señora Presidenta, señorías, después de esta intervención apasionada y mitinera de la señora Almeida, voy a intentar justificar el porqué de la importancia que decía nuestro portavoz respecto a esta
tramitación de los proyectos de ley.
Quiero agradecer a la Mesa de la Cámara y a la Junta de Portavoces que hayan permitido que intervengamos uno a uno en estos proyectos de ley, en mi caso, en representación de la Comunidad de Madrid como senadora
por dicha comunidad.
Señorías, voy a justificar, además, el porqué del motivo de satisfacción en el ámbito de la Comunidad de Madrid, señora Almeida, porque a usted no se lo he oído reconocer.
Con este nuevo sistema Madrid pasa a obtener el 104
por ciento de sus recursos a través de las fuentes tributarias, es decir, consigue una autonomía financiera del 104
por ciento. Pasa de una autonomía del 33 a una autonomía del 104 por ciento.
Además, señorías, con este sistema Madrid va a beneficiarse de un mayor dinamismo en sus ingresos y de un beneficio por encima de la media nacional.
El nuevo
sistema permite a Madrid hacer más visible su solidaridad, señora Almeida. Madrid, que es una comunidad autónoma con una alta capacidad fiscal, va a aportar una parte importante de los recursos al Fondo de suficiencia financiera, lo que va a
permitir que los madrileños tengamos la satisfacción de poder estar financiando escuelas en Extremadura, carreteras en Andalucía o allí donde ese principio de solidaridad constitucional del artículo 2 se deba hacer efectivo, y para nosotros es un
orgullo y una satisfacción que queremos que quede claramente establecidos en el «Diario de Sesiones» y que sea conocido por todos los madrileños.
Además, señorías, el nuevo sistema de ponderación de la variable de población también es otro elemento
que beneficia sustancialmente a Madrid, como es lógico, y pasa a ponderar del 64 al 94 por ciento en este nuevo sistema.
También incrementamos la corresponsabilidad fiscal ampliando considerablemente las competencias normativas para todos los
tributos cedidos y, además, recibiendo la cesión de dos nuevos tributos, como es el de patrimonio y el de juego.
Asimismo, el sistema de transferencias de sanidad nos permite tener una financiación de las competencias sanitarias que beneficia
claramente a Madrid, tanto en la introducción de la población de mayores de 65 años como variable del reparto del gasto sanitario como de la existencia del fondo de desplazados, algo que en el caso de una comunidad autónoma como Madrid, que presta
con orgullo unos servicios sanitarios de calidad al conjunto de personas que vienen de otras comunidades autónomas, supone indudablemente una carga muy importante que viene asegurada por el Estado con el abono de las cantidades gastadas. Por lo
tanto, señorías, entendemos que el acuerdo que alcanzó el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera conjunta con las comunidades autónomas y en la Comisión Mixta de Transferencias del 2 de febrero del
año 2002 de manera independiente entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, es altamente positivo para dicha comunidad.
Conviene recordar, señorías, que ese acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, alcanzado
por unanimidad, trae causa-efecto a continuación, señora Almeida --usted que es jurista lo sabe mucho mejor que yo-- en la modificación de la LOFCA y en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y, por lo tanto, se ha tenido que ir
haciendo una serie de acuerdos y modificaciones legislativas para que el marco sea adecuado. No basta decir que hace un año que ya está y que deberíamos estar en un bautizo; no, señora Almeida, porque no se había consumado el matrimonio. Es hoy
cuando se va a consumar, y se lo voy a demostrar, porque da la casualidad de que sin esta ley, señora Almeida, en la Comunidad de Madrid todavía hoy, aunque el sistema está en vigor, no hay competencias normativas para modificar los tramos de los
tributos que se nos han transferido.
La señora PRESIDENTA: Senadora Alvarez-Arenas, le ruego que vaya concluyendo.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Voy a terminar inmediatamente, señora Presidenta.
Señora Almeida, no está plenamente en vigor. Nos falta un elemento sustancial para nuestra autonomía financiera, para nuestro autogobierno, que es poder
establecer tramos superiores o inferiores en aquellos tributos en los que nos parezca más conveniente para nuestros ciudadanos.
Por lo tanto, señora Presidenta, queremos manifestar nuestro voto en contra de esas enmiendas. De aceptarlas, señorías,
con la número 1 estaríamos modificando el tenor de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y hurtando su aplicación a las comunidades autónomas. Sin embargo, señorías, la Ley 21/2001 recoge perfectamente en su exposición de motivos, concretamente en
los párrafos cuarto del apartado II y final del apartado VIII, lo que se pretende cambiar ahora con esas enmiendas. Y la enmienda número 2, atenta claramente al principio de seguridad jurídica, por lo que tampoco la vamos a aceptar.
En cualquier
caso, vuelvo a ratificar nuestra satisfacción por la aprobación de esta ley, que va a convertir a nuestra comunidad en una comunidad plenamente responsable ante los ciudadanos, no solamente de lo que gasta sino también de lo que recauda y de cómo
utiliza los impuestos de los ciudadanos de Madrid.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Alvarez-Arenas.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000083) (C. D. 121/000090).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, ésta es la última intervención que tiene lugar sobre los proyectos de ley de cesión de tributos, y en este caso se refiere a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Como ya se ha dicho, se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Una de ellas para suprimir la disposición introducida en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que una comunidad autónoma, si llegara a
discrepar en el futuro sobre alguna transferencia, quede fuera del sistema de financiación. Esa norma está recurrida en el Tribunal Constitucional, porque no tiene sentido común y sí un carácter coactivo sobre la libertad de negociación, siendo un
ataque al principio de autonomía de toda comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León.
Las enmiendas socialistas van en la dirección de prever que no se vuelvan a repetir imposiciones desde el Gobierno central como la que se observó en esta
Cámara cuando, por enmienda de la mayoría, se dispuso dejar fuera de cualquier modelo mínimamente reglado a las comunidades autónomas que no aceptaran la transferencia de sanidad.
La enmienda referida a la disposición derogatoria única pretende
que, en el supuesto de falta de acuerdo en el futuro sobre alguna transferencia de servicios, en ningún caso deje de tener efecto el nuevo sistema de financiación. Tratar de unir que la aceptación del sistema de financiación de las comunidades
autónomas y la oposición a cualquier tipo de negociación posterior suponga un quebranto del propio sistema, no es de recibo y menos hoy cuando las comunidades autónomas, en este caso Castilla y León, han asumido las transferencias sanitarias.
La
norma que hoy se quiere imponer definitivamente a las comunidades autónomas es coactiva y pretende dejar fuera del sistema, con el que estamos de acuerdo, a cualquier comunidad autónoma que tenga alguna disparidad en cualquier tipo de negociación
sobre transferencias.
Señorías, al margen de las enmiendas presentadas, tengo que decir que todo este debate es una sinrazón. Hoy hemos discutido quince veces la misma cuestión, no con el ánimo de encontrar acuerdos desde la mayoría para la mejora
de los proyectos sino para alargar y ganar tiempo con un debate obvio y esperpéntico que degrada al Senado, tratando de boicotear la participación en la huelga de los senadores de la oposición y de los trabajadores de la Cámara que así lo quieran,
en la legítima huelga que los ciudadanos y trabajadores mañana ganarán en la calle.
Ustedes, señores de la mayoría que apoyan al Gobierno, desean tener hibernada a esta Cámara y pretenden que esta situación se contagie al resto del país. Pero no,
España está viva y activa a pesar de sus intenciones. Podrán imponer el debate y ganar las votaciones parciales o totales, pero no convencerán porque para convencer antes hay que persuadir y, para ello, hay que tener razón, y ustedes sólo conocen
la razón de la fuerza de la mayoría y no la fuerza de la razón del buen sentido, con el que nosotros sí estamos de acuerdo. Por eso, a pesar de todo, votaremos a favor de este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Castro Rabadán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora García Avilés.
La señora GARCIA AVILES: Gracias, señora Presidenta.
Senador Castro, en ningún momento sobra este debate en esta Cámara. Creo que todos estaríamos fuera de nuestras casillas si obviásemos un debate tan importante como el del sistema de
financiación de las comunidades autónomas en la Cámara de representación territorial que es el Senado.
Nos encontramos ante el último trámite para desarrollar el acuerdo de financiación que fue aprobado el pasado año. Sólo a través de estos
proyectos de ley el nuevo régimen de cesión de tributos será plenamente aplicable y efectivo a las comunidades autónomas.
El nuevo sistema de financiación refuerza los principios de suficiencia, autonomía, solidaridad y responsabilidad de las
comunidades autónomas, contando por primera vez, como ya se ha señalado, con el apoyo de todas las comunidades autónomas.
Uno de los grandes avances del nuevo sistema de financiación es la profundización en el principio de corresponsabilidad
fiscal, que ha tenido su consecuencia en la ampliación de las capacidades normativas de las comunidades autónomas en los impuestos cedidos. Lógicamente, para Castilla y León, al igual que para el resto de las comunidades autónomas, este sistema ha
supuesto claramente un gran beneficio, que se traduce en una consecución de autonomía financiera del 55 por ciento, mientras que en el período 1996-2001 dicha autonomía era del 16 por ciento. Con el nuevo sistema Castilla y León accede al 33 por
ciento del IRPF, al 35 por ciento del IVA, al 40 por ciento de los Impuestos Especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos, y al cien por cien de los Impuestos sobre Matriculación e Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos. Asimismo, incrementa
considerablemente su capacidad de determinar cambios normativos en sus tributos, tanto en los tradicionales, como eran los Impuestos sobre Patrimonio, de Sucesiones, de Trasmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados y Juego, como en
los nuevos: IRPF, Impuestos sobre Matriculación e Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos.
Por otra parte, le corresponde el 6,65 por ciento del total de las necesidades a financiar por la variable de población, el 19,29 por ciento por la variable
de superficie, y el 10,41 por ciento por la variable de dispersión.
En definitiva, el nuevo sistema de financiación garantiza el mejor futuro de la prestación de los servicios públicos, estimula la iniciativa y corresponsabilidad de las comunidades
autónomas y su capacidad normativa, y a su vez reconoce las diferencias y asegura la equiparación de las prestaciones y los servicios públicos en todo el territorio español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora García Avilés.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000069) (C.
D. 121/000076).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a pasar a votar los proyectos de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas.
En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 64; en contra, 138; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
¿Puede aprobarse el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000070) (C. D. 121/000077).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora las enmiendas presentas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 133; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Galicia.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000071) (C. D. 121/000078).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 135; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.621/000072) (C. D. 121/000079).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000073) (C. D. 121/000080).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 64; en contra, 134; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000074) (C. D. 121/000081).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 133; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000075) (C. D. 121/000082).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000076) (C.
D. 121/000083).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Valenciana.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000077) (C. D. 121/000084).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000078) (C. D. 121/000085).
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
¿Puede entenderse aprobado el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000079) (C. D. 121/000086).
La señora PRESIDENTA: Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Votación de las enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
¿Puede aprobarse por asentimiento el dictamen de Canarias? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
621/000080) (C. D. 121/000087).
La señora PRESIDENTA: Comunidad Autónoma de Extremadura. Pasamos a votar las enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 136; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
¿Puede aprobarse por asentimiento el dictamen de Extremadura? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000081) (C. D. 121/000088).
La señora PRESIDENTA: Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Votación de las enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 64; en contra, 135; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
¿Puede aprobarse por asentimiento el dictamen de las Illes Balears? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000082) (C.
D. 121/000089).
La señora PRESIDENTA: Comunidad Autónoma de Madrid.
Votación de las enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
¿Puede aprobarse por asentimiento el dictamen de la Comunidad Autónoma de Madrid? (Asentimiento.) Queda aprobado.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000083) (C. D. 121/000090).
La señora PRESIDENTA: Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Votación de las enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 136; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
¿Puede aprobarse por asentimiento el dictamen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Por tanto, quedan definitivamente aprobados todos los proyectos de ley de
cesión de tributos a las comunidades autónomas que hemos señalado anteriormente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) VOTACION DE LAS SIGUIENTES MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FOMENTAR Y AUMENTAR EL NUMERO DE DONACIONES DE ORGANOS EN ESPAÑA A TRAVES
DE CAMPAÑAS DE INFORMACION (662/000223).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar ahora la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas, adopte las medidas necesarias para fomentar y
aumentar el número de donaciones de órganos en España a través de campañas de información.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 148; en contra, uno; abstenciones, 72.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE REMITA AL SENADO, CON CARACTER PREVIO A SU APROBACION, EL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE COORDINACION SANITARIA PARA SU ESTUDIO Y DEBATE EN LA COMISION GENERAL DE
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (662/000222).
La señora PRESIDENTA: Votamos, a continuación, la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que remita al Senado, con carácter previo a su aprobación, el borrador del proyecto de ley de coordinación
sanitaria para su estudio y debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 135; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, DE ACUERDO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS, SE CONVOQUE LA COMISION MIXTA PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 30/1998, DE 29 DE JULIO, DEL REGIMEN
ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS, Y A LA REGULACION DE LA FIGURA DEL TRABAJADOR FIJO DISCONTINUO (662/000221).
La señora PRESIDENTA: Finalmente, votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se convoque la Comisión Mixta para la aplicación del
artículo 32 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen especial de las Illes Balears, y a la regulación de la figura del trabajador fijo discontinuo.
La moción no tenía enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 86; en contra, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
--DE LA COMISION DE DEFENSA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE REGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL OBJETO DE PERMITIR EL ACCESO A EXTRANJEROS A LA CONDICION DE MILITAR
PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERIA (S. 621/000067) (C.
D. 121/000066).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al debate del dictamen de la Comisión de Defensa, en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de
permitir el acceso a extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería.
No hay presentación del dictamen, y por tanto pasamos a las propuestas de veto. La propuesta de veto presentada por los Senadores Cámara Fernández y
Cabrero Palomares decae, puesto que no están presentes.
Pasamos a la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés presenta veto al proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas
Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de tropa y marinería, a partir de una doble reflexión: primero, el propio modelo de las Fuerzas Armadas y, segundo, la integración de los inmigrantes en la sociedad española.
(Rumores.) La ley que hoy modificamos fue consecuencia del trabajo que realizó la Ponencia conjunta sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, Ponencia en la que se produjo un importante consenso, aunque con modelos distintos en el número
de miembros que debían componer el Ejército... (Rumores.) La señora PRESIDENTA: Senador Aleu, espere un momento, por favor. Ruego un poco de silencio. Les ruego que, si tienen que tener reuniones, las tengan fuera del hemiciclo, porque no se
puede escuchar al orador.
Continúe, señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Digo que el consenso importante que se produjo tenía diferencias claras, fundamentalmente en el número de miembros que deberían componer el Ejército, y una visión distinta sobre el régimen transitorio. Pero
básicamente había un acuerdo, y nuestro grupo no quiere separarse de él; no quiere separarse del consenso que hubo en aquel momento, a pesar del veto que presentamos hoy.
Ahora bien, la primera modificación de la ley parece no tener en cuenta cómo
se está produciendo el proceso de incorporación de tropa y marinería profesional, cuáles son los efectivos que realmente se están incorporando y cuan lejos estamos de aquella horquilla de 120/140.000 soldados de tropa y marinería.
Esto debería
llevarnos a una reflexión conjunta de todos los grupos sobre la incidencia real que este hecho tiene sobre la conclusión de la Revisión Estratégica de la Defensa, y sobre el modelo de Fuerzas Armadas, todo ello teniendo presente la experiencia de
los últimos tiempos en el proceso de profesionalización, las previsiones presupuestarias y las proyecciones sobre la demografía de nuestra sociedad. Ambas reflexiones deberían realizarse desde una perspectiva de integración del Ejército en unas
Fuerzas Armadas de la Unión Europea, como único camino para abordar con éxito las futuras necesidades que la defensa europea y el mantenimiento de la paz requieren y demandan. La convicción de que solamente en este escenario tendrá sentido el
futuro del Ejército, nos lleva a presentar este veto.
Somos totalmente conscientes de que el planteamiento de unas Fuerzas Armadas de la Unión Europea no está maduro en el conjunto de la Unión. Y tenemos, además, el convencimiento de que los
avances que se puedan producir en esta dirección serán lentos y difíciles. Sabemos que existen en el seno de las Fuerzas Armadas de cada país miembro de la Unión razonamientos legítimos que justifican las reticencias a un avance más decidido en la
construcción del Ejército de la Unión Europea. Y sabemos también que algunos gobiernos de la Unión son muy poco entusiastas de la sola idea de este Ejército. Pero Europa debe plantearse y decidir cuál es su papel en el mundo, y si quiere o no
aceptar como una fatalidad, o un chollo, que otra potencia dicte las normas en las relaciones internacionales con unos criterios que, por lo que vemos últimamente, mayoritariamente no son aceptados ni por los ciudadanos europeos, ni por la mayoría
de los gobiernos de la Unión.
Es precisamente en este trámite cuando nosotros manifestamos el convencimiento de que debemos dar pasos para conseguirlo. Hemos perdido una ocasión buena para plantear: Unión Europea tenemos que modificar el régimen
del personal de las Fuerzas Armadas. ¿En qué dirección debemos hacerlo para afrontarlo ya en la perspectiva de un Ejército común? En el debate de ayer en el Pleno sobre los avances que se han producido en la consideración de la pena de muerte, y
hoy respecto de la cesión de tributos, dijimos que los avances siempre son lentos y muchas veces más lentos de lo que se desearía, pero debemos dar los pasos en este sentido.
Sabemos también que en este convencimiento de la necesidad de un futuro
Ejército europeo no estamos solos dentro del Parlamento español. Esta voluntad la compartimos con la mayoría de los grupos parlamentarios, y no le echamos en cara a ninguno la falta de voluntad para avanzar; sencillamente manifestamos que se ha
desaprovechado una buena ocasión.
¿Valía la pena plantearlo a los demás países de la Unión Europea? Nosotros pensamos que valía la pena y no se ha hecho. Se nos puede contestar, y tendremos que aceptarlo, que las probabilidades de éxito eran
mínimas, pero son mucho más pequeñas si no se plantean.
El debate que se ha ido produciendo desde que se presentó el proyecto de ley y durante su tramitación en el Congreso de los Diputados nos hace pensar que la propuesta que hoy debatimos obedece
más a una urgencia, a una necesidad perentoria, que a un planteamiento fundamentado en la reflexión sobre las necesidades de futuro de la Europa que queremos. Por ello, no entendemos que se haya procedido a la presentación de este proyecto de ley
sin la finalización del estudio de Revisión Estratégica de la Defensa, y sin integrarlo dentro de un modelo de necesidades
de las futuras Fuerzas Armadas europeas. Y esta es una de las razones por las que hemos presentado el veto.
Por otra parte, cada vez está más abierto el debate sobre la integración de los inmigrantes en la sociedad española. Y creemos que
la admisión de determinados ciudadanos extranjeros, por razón de su concreta nacionalidad en determinados puestos y unidades de las Fuerzas Armadas, traerá consecuencias no buscadas tanto en el colectivo de inmigrantes como en las propias Fuerzas
Armadas y en el conjunto de la sociedad española.
Es un proyecto de ley que limita los derechos y con una importante carga de indefiniciones que no resuelve los grandes interrogantes: ¿cuántos?, ¿quiénes?, ¿en qué puestos? Además, no
compartimos los criterios expuestos en la exposición de motivos del proyecto en el sentido de que esta propuesta de incorporar inmigrantes a las Fuerzas Armadas promueva por sí sola una mayor integración de los mismos en la sociedad española. Son
necesarias otras medidas para afrontar con garantías de éxito esta integración.
Pero éste es otro debate, o debería ser otro debate. Si lo traemos a colación es por lo que se relata en la exposición de motivos del proyecto de ley y por el discurso
que el Grupo Parlamentario Popular ha ido desgranando a lo largo de toda su tramitación.
La última consideración que nos lleva a presentar el veto está en la técnica legislativa y en la indefinición que representa. Prácticamente se realiza la
modificación con la adición de un nuevo artículo, el 68 bis, en el que se introducen todos los aspectos sustanciales de la modificación que se pretende realizar: la posibilidad para un extranjero de poder incorporarse a la tropa o a la marinería
profesional; la naturaleza y duración del compromiso; los requisitos para la incorporación; la limitación de plazas, etcétera, muchas de ellas remitidas a un posterior desarrollo reglamentario.
Esta técnica legislativa de regular diferentes
aspectos en un único artículo no nos parece la más adecuada y solamente se explica por la prisa y la precipitación con que se ha presentado.
Entendemos este proyecto de ley como una medida del Gobierno para paliar las deficiencias en el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas, que se está produciendo con unos niveles de calidad y de incorporación de efectivos militares de tropa y marinería por debajo de los previstos inicialmente por el Gobierno y pocos satisfactorios.
Por este
conjunto de razones, nuestro Grupo, Entesa Catalana de Progrés, ha presentado este veto al proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Aleu.
Para la defensa del voto particular número 4, correspondiente a la propuesta de veto número 3, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González
López.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de veto al proyecto de ley que hoy debatimos en el Senado para pedir su devolución.
Quiero comenzar diciendo que
nuestro grupo parlamentario no se opone a la integración de los extranjeros en las Fuerzas Armadas; ni nos hemos opuesto antes, ni lo hacemos ahora, ni nos opondremos en el futuro.
Además, reconocemos que el hecho de que nacionales de otros países
puedan pertenecer a las Fuerzas Armadas no va en contra de la Constitución ni de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y de la Organización Militar. De hecho, es el gobierno socialista el que en el año 1984, al modificar la
Ley 6/1980 y el Reglamento de 1986, deja abiertas las puertas a la posible incorporación de extranjeros a las Fuerzas Armadas.
Asimismo, conocemos los antecedentes históricos, conocemos lo que sucede en los países de nuestro entorno y también hemos
leído el informe del Consejo de Estado, que dice que esta ley no resulta en principio contraria al ordenamiento jurídico ni al comunitario.
También quiero dejar claro que no presentamos una enmienda a la totalidad por un simple ejercicio de
oposición, porque, como saben sus señorías, en todo lo relativo a Defensa y a las Fuerzas Armadas el Grupo Parlamentario Socialista --como ha demostrado en muchas ocasiones, tanto cuando gobernaba como ahora en la oposición-- siempre ha apostado y
apuesta por la búsqueda de un consenso.
En esta misma Cámara, no hace mucho tiempo, hemos debatido dos leyes que tienen que ver con el Centro Nacional de Inteligencia, y entonces se alcanzó un amplio consenso, un consenso que estaba basado en el
convencimiento que tiene el Grupo Parlamentario Socialista de que en Defensa siempre es necesario garantizar la estabilidad y la neutralidad de las Fuerzas Armadas, y la mejor forma de hacerlo es buscando siempre este consenso.
Por tanto, son otras
las causas que nos obligan a presentar este veto.
Nadie que entienda un poco de estos temas y haya seguido en estos últimos años los asuntos de Defensa puede creerse que con esta ley se persigue la integración de extranjeros. La exposición de
motivos de esta ley pretende justificar con la integración lo que no son más que unas medidas de parcheo al fracaso en las previsiones del número de efectivos profesionales de las Fuerzas Armadas.
Decía el Ministro en una comparecencia en el
Congreso de los Diputados para justificar la integración que aproximadamente 2.000 soldados, que es la previsión sobre extranjeros que podían acceder a las Fuerzas Armadas, no es un número muy significativo dentro del objetivo de 102.000 soldados
profesionales que marca la ley.
Pero hay que tener en cuenta que en estos momentos estamos en torno a unas cifras muy similares a las del año 2001 y es muy probable, casi seguro, que no se van a cumplir los objetivos, no ya los relativos a los
102.000 soldados profesionales, que sólo es un objetivo a conseguir, sino los referentes a los 86.000 soldados profesionales para el año 2002, que marcan los Presupuestos Generales del Estado.
Además, conocido ya el reciente informe relativo al cumplimiento de la profesionalización en el año 2001, se ha podido comprobar que el objetivo de 80.000 soldados profesionales se ha quedado en 74.000 y, lo que es todavía más grave, 1.308
soldados profesionales menos que el año anterior, lo que significa que no solamente no aumentamos el número de soldados profesionales en la recluta, sino que cada año perdemos efectivos. Si tenemos en cuenta todos estos datos, aunque es cierto que
2.000 no es un número significativo, desde luego aliviaría la situación tan desalentadora que en estos momentos atraviesan las Fuerzas Armadas por lo que se refiere a la captación de efectivos.
Además, señorías, lo que no se puede admitir es que se
legisle para conseguir fines diferentes a los que marca la letra de la ley. La letra y el espíritu de la ley deben coincidir. De otra forma, estamos haciendo prevaricación, aunque sea legal. No se trata de aprobar y de modificar leyes que de una
forma sibilina pretendan fines diferentes a lo que determina la propia ley. Creo que no se deben usar estos subterfugios. Si lo que persigue la ley es la modificación del número de efectivos de las Fuerzas Armadas para parchear su déficit, dígase
claramente, pero no se niegue la mayor.
También hay una serie de argumentos que ya hemos expuesto y debatido en el Congreso de los Diputados para sustanciar nuestra oposición y nuestro veto.
El primero de ellos es el relativo a su inoportunidad.
En estos momentos, como saben sus señorías, el Ministerio de Defensa se encuentra en pleno debate de la Revisión Estratégica de la Defensa. En este debate se debe abordar el modelo de Fuerzas Armadas nacido del dictamen de la Comisión Mixta
Congreso-Senado. Una revisión de este modelo es la que nos debe aportar modificaciones como la que estamos debatiendo hoy, pero no antes.
Hablamos de una Revisión Estratégica que debe abordar los problemas de las Fuerzas Armadas, los problemas de
la profesionalización, con profundidad, de una forma seria y no superficialmente.
Asimismo, hemos reclamado un estudio previo sobre las consecuencias y las repercusiones de la admisión de extranjeros en las Fuerzas Armadas. No lo reclamamos sólo
nosotros, sino también el Consejo de Estado y el Estado Mayor del Ejército de Tierra. Si este informe no se ha hecho, demuestra una cierta inconsciencia e improvisación y, si se ha hecho, no sabemos el motivo por el que no se ha dado a conocer.
Otra de las razones fundamentales de nuestra oposición a la presentación de este proyecto de ley tiene que ver con las diferencias que mantenemos en cuanto al modelo de Fuerzas Armadas que se quiere alcanzar y que, aunque no son diferencias
conceptuales, sí son diferencias en las formas.
El Gobierno y el Ministerio de Defensa siguen manteniendo el objetivo de los 102.000 soldados profesionales de tropa y marinería, objetivo con el que no estamos de acuerdo, y hemos presentado en el
Congreso una propuesta que se debatirá próximamente.
A pesar de haber flexibilizado y dilatado en el tiempo este objetivo, a pesar de haber rebajado al máximo todos los parámetros de acceso a las Fuerzas Armadas, el Gobierno está cada vez más
alejado de conseguirlo, por lo menos cuantitativamente.
Desde esta óptica y en este contexto, el Gobierno presenta este proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, que no coincide con nuestro modelo, más reducido y basado más en criterios de
calidad que de cantidad.
Esta ley excluye a los extranjeros del acceso a la condición de militar profesional de tropa y marinería con carácter permanente, así como a la de militar de carrera, por la vía de promoción interna establecida para la
incorporación a las escalas de suboficiales. Además, lo justifica por las carencias de permanencia, responsabilidad, conocimientos técnicos y ejercicio de la autoridad, propia de estos casos, lo que viene a decir, más o menos, que se espera que los
extranjeros que ingresen en las Fuerzas Armadas no serán responsables o lo serán muy poco, no tendrán ni podrán adquirir los conocimientos técnicos necesarios ni la autoridad suficiente; es decir, serán prácticamente unos analfabetos, sin ningún
tipo de preparación, sin cultura, con un bajo coeficiente intelectual y en una situación desesperada para ocupar todos aquellos puestos que no quieren los españoles.
Señorías, esto no tiene absolutamente nada que ver con nuestro modelo de Fuerzas
Armadas que, como he dicho antes, está basado en criterios de calidad.
Por último, existen una serie de razones técnicas que también apoyan la presentación de este veto. Estas razones, que hemos incorporado en nuestras enmiendas parciales, tienen
que ver con las indefiniciones, inconcreciones y ambigüedades que plantea el texto. Son muchas las cosas que se dejan al desarrollo reglamentario y que nosotros creemos que debían incluirse en la ley: qué países son los que pueden aportar
extranjeros a las Fuerzas Armadas, la exclusión de los ciudadanos de la Unión Europea, con quién vamos a compartir misiones, ejército común, espacio físico, político y jurídico, nos demuestra en parte el cacao mental que el Grupo Parlamentario
Popular tiene con esta ley. Además, lo que es más grave, demuestra la poca confianza que se tiene en la construcción de una política de seguridad y defensa común en la Unión Europea.
Nada se dice de las unidades a las que van a ir destinados los
extranjeros, aunque todo el mundo sabe que, con toda seguridad, van a ser la Brigada Paracaidista, la Legión y la Infantería de Marina. Qué casualidad que, precisamente, sean las que tienen las misiones más arriesgadas y las tasa de alistamiento
más baja.
Tampoco dice nada el proyecto de ley sobre la situación de los que adquieran la nacionalidad española antes de finalizar el contrato; qué va a pasar con los que no quieran perder la nacionalidad de origen; ¿se les va a expulsar del país
cuando terminen el contrato si no encuentran otro trabajo?, ¿por qué la delimitación del contrato exclusivamente a tres años? Da la sensación, a pesar de toda la parafernalia de la exposición de motivos, de que lo que persigue la ley no es
facilitar la integración de los extranjeros en las Fuerzas Armadas, sino nacionalizar a unos cuantos que sirvan en nuestros ejércitos prácticamente a la fuerza.
Por otro lado, señorías --y hay que tenerlo en cuenta--, abrimos una espita peligrosa para todo el debate de acceso de extranjeros a la función pública, excluyendo ya de antemano a los nacionales de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Senador González López, concluya cuando pueda.
Luego tendrá un turno de portavoces.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Termino. Esta ley no soluciona ninguno de los problemas de las Fuerzas Armadas, ni siquiera mitiga un poco el grave problema del número de efectivos del modelo actual que se empecina en defender el Gobierno.
Tampoco soluciona ninguno de los problemas que tenemos planteados con la inmigración, sino que, por el contrario, abre alguna posibilidad a otros nuevos que hasta ahora no se habían planteado; y, desde luego, con esta forma de entender la
integración, tan limitada, tan parcial, tan plagada de prohibiciones, se consigue resaltar más el carácter desintegrador que el integrador que debiera tener la ley.
En definitiva, señorías, además de inoportuna, en un modelo fracasado, con muchas
deficiencias técnicas, con dudas jurídicas y con muchas lagunas, es una mala ley, y el Grupo Parlamentario Socialista solicita su devolución con la presentación del consiguiente veto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador González López.
Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Alvarez-Arenas.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, buenas noches. Voy a consumir un turno en contra a los vetos que han defendido tanto la Entesa Catalana de Progrés como el Grupo Parlamentario Socialista.
Hay algunos elementos que coinciden básicamente en el planteamiento de los dos vetos y, por ello, me voy a permitir hacerlo de una manera conjunta.
En primer lugar, en el discurso del representante de Entesa hay un elemento que se ha apartado
bastante de lo que es el contexto de la ley que estamos viendo. Nos ha hablado mucho más de una visión global, de lo que puede ser la Revisión Estratégica de la Defensa o de lo que puede ser el modelo de ejército --lo ha denominado modelo de
ejército europeo-- y cariñosamente yo me permitiría decirle que no aluda a un ejército europeo, porque no es eso lo que se persigue, sino que en estos momentos lo que se está persiguiendo en la Unión Europea es la creación de una fuerza de acción
rápida, que es un elemento bastante diferente a un ejército europeo; ahí sí que podemos estar mucho más de acuerdo.
Pero, en cualquier caso y con ese matiz cariñoso que simplemente es una cuestión mucho más técnica que otra cosa, le quiero decir
que no podemos coincidir con las enmiendas, en primer lugar, porque se alude a que hay una indefinición jurídica. Ahí hay un matiz, y después lo veremos en el desglose de las enmiendas parciales, en las que básicamente hay una diferencia técnica
legislativa, que podemos aceptar y comprender. Ustedes plantean que no les gusta un artículo único y que ahí se recojan toda las modificaciones breves que se están haciendo, y prefieren desgranarlo a lo largo de la modificación puntual en todos los
artículos correspondientes de la Ley 17/1999. Son técnicas que se eligen. A nosotros nos parece ésta mucho más acertada, mucho más clara y más concisa. Por lo tanto, hay diferentes visiones, pero nada más.
También es una visión de técnica
legislativa el que se pueda hacer una ley muy reglamentista o menos reglamentista. Los legisladores más puristas siempre dicen que las leyes cuanto menos reglamentistas mejor, y que para eso están los reglamentos que después pueden precisar mucho
más los aspectos. Insisto, esto también son técnicas. A nosotros nos parece que el modelo elegido por el Gobierno es mucho más operativo y mucho más simple.
En el fondo de la cuestión lo que hay que dejar muy claro, señorías, es que no podemos
coincidir con el discurso del Grupo Parlamentario Socialista y tampoco con una pequeña parte de lo que ha dicho el representante de Entesa.
Esta ley, señorías, no es una ley que venga a hacer un nuevo modelo de Fuerzas Armadas, ni que venga,
siquiera, a hacer una revisión del modelo de Fuerzas Armadas establecido por consenso en la ponencia del Congreso de los Diputados. Es una cosa muchísimo más humilde. El representante de Entesa Catalana ha hecho un debate que podría ser
extraordinariamente importante si hablásemos del contenido del sentido de la defensa o del sentido del modelo de seguridad y defensa europeo. Pero no estamos hablando de eso. Las pretensiones de este proyecto de ley son muchísimo más humildes.
Entendemos que hay muchísimas partes del contenido de los vetos que no vienen a colación en el tema que estamos tratando. A lo mejor, en otro debate podríamos entrar o a debatir o a estar o no de acuerdo, pero, le repito, que eso no es el elemento
esencial del proyecto de ley. Esto no es un proyecto de ley para modificar el régimen del personal de las Fuerzas Armadas. Esto es simplemente una pequeña modificación de la Ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas en un aspecto muy
concreto, que es favorecer o permitir la incorporación de los inmigrantes en las Fuerzas Armadas. Voy a repetir exactamente las palabras del ministro para no apartarme de algo que me parece realmente importante dejar claro: Es una incorporación
que trata de integrar, de una manera realista, a quienes con nosotros, de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico, tienen especiales vínculos derivados de la historia común.
Por eso, estamos hablando, señorías, de la incorporación de unos
inmigrantes con unas determinadas características, con unos determinados vínculos históricos, culturales y lingüísticos con España, que están reconocidos, como lo ha dicho también el senador Aleu, en la Constitución e incluso en el Código Civil, que
son los inmigrantes procedentes de Iberoamérica, porque nos parece que esto favorece un proceso de integración de extranjeros que se está produciendo en España. Las Fuerzas Armadas también hacen una contribución a esta integración, pero desde
un principio de racionalidad, de no crear una disfunción en su propio funcionamiento. Por ello entendemos que justamente esos vínculos culturales, lingüísticos, fundamentalmente, e históricos hace que tengan una vinculación de alguna manera
sentimental para incorporarse a lo que es la defensa nacional.
Y por cierto, voy a dejar bien claro, señorías, que este proyecto de ley para nada atenta a lo que es la esencia de la defensa nacional que reside lógicamente en los ciudadanos
españoles; para nada. Esto lo conecto con parte de las enmiendas que vienen a decir que lo que se presupone es una ayuda a esa profesionalización, a un sistema fracasado de profesionalización de nuestros ejércitos. Pues tampoco lo es.
Y no lo es
--lo han dicho aquí-- porque primero no está fijado el número, pero sí que es verdad que el Ministro dijo en el Congreso de los Diputados --consta en el «Diario de Sesiones»-- que no serían nunca más de 2.000 personas. Lo que no es cierto es lo que
se ha dicho de que el Ministro dijo 2.000 personas sobre 102.000. No, digamos las verdades completas. El Ministro --y está también en el «Diario de Sesiones»-- dijo no más de 2.000. Y añadió que en este momento tenemos en torno a los 76.000
efectivos de tropa. El Ministro lo reconoció. Nunca habló de 2.000 sobre 102.000, sino sobre la realidad.
De cualquier forma, es una cantidad mínima, simbólica; es mucho más lo que pretende este proyecto de ley. No pretende solucionar el
problema de la profesionalización, sino que pretende, ampliar este sentimiento de incorporación de los inmigrantes legales en España también a las Fuerzas Armadas con un principio --ya lo he dicho-- de racionalidad y de limitación a esa parte
cultural, histórica y lingüística que tiene Iberoamérica con España.
Por lo tanto, señorías, el proyecto de ley se ajusta perfectamente a lo pretendido y a lo establecido y no a lo que plantean los vetos que han defendido tanto Entesa como el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre todo porque aquí se han hecho alusiones que a mí me han dejado alucinada. Se dice que se va a incorporar a estos futuros profesionales de nuestros ejércitos a las tareas más innobles. Sinceramente, cuando al hablar
de innoble ha aludido a la Infantería de Marina, creo que muchos de los que están en la misma se sentirán muy ofendidos, pues es justamente uno de los Cuerpos de mayor honra y de mayor gloria de nuestros ejércitos y donde cualquier español que
tuviera un espíritu militar querría integrarse en primer lugar, y donde además no todos se pueden integrar.
Es un Cuerpo bastante selectivo y bastante importante. Pero, además, nadie ha dicho que vayan a ir a esos puestos. Nadie lo ha dicho.
Aquí se está presuponiendo. En ningún punto y apartado de la ley se establece que vayan a ir a determinados destinos. Se presupone y entonces se enmienda.
¿Pero cómo se puede enmendar algo que no está en la ley? Lo vamos a ver después en alguna
de las enmiendas, concretamente en la enmienda número 5 que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Por lo tanto, señorías, debemos tener humildad. Este es un proyecto humilde. Es un proyecto sencillo. No es un proyecto que quiera hacer esa
Revisión Estratégica que evidentemente cuando esté podremos hablar, analizar y ver si de esa Revisión Estratégica se plantea la necesidad de hacer algunas modificaciones en la Ley del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas o en cualquier otro
texto legal. Pero la Revisión no está acabada y no hay ni por qué esperar ni por qué circunscribirnos a esa Revisión.
Esto es un proyecto de Ley simple. Por eso, ha buscado el Gobierno una técnica legislativa simple y, además, es un proyecto de
ley, señorías, que viene --insisto-- a dar un contenido social a la incorporación de los inmigrantes a nuestras Fuerzas Armadas.
En cuanto a la oportunidad o no, a la que también se ha aludido aquí, de que se circunscriba y no se permita la entrada
a los ciudadanos de la Unión Europea, les diré que sobre esta cuestión tenemos discrepancias importantes y de fondo, precisamente porque nos parece que estando en debate esa creación de una fuerza de acción rápida en la Unión Europea no nos parece
prudente ni lógico entrar de una manera unilateral a captar ciudadanos de la Unión Europea que pueden perfectamente constituir esa fuerza de acción rápida que se va a crear en el seno de la Unión Europea, cuando, además, no hay ningún país
comunitario que tienen sistemas profesionales con incorporación de extranjero que esté en este momento captando ciudadanos de cualquier otro país miembro.
Por lo tanto, nos parece insolidario y no podemos acceder a ese tipo de cuestiones de una
manera unilateral cuando estamos en una Europa comunitaria y en una Europa en la que estamos llegando justamente a esos consensos entre todos. De ahí que el Gobierno ha buscado esa integración de los inmigrantes precisamente, señorías, porque no
estamos intentando solucionar un problema de número, sino que estamos intentando favorecer a una parte de los inmigrantes que vienen en gran número y medida de una zona cultural, histórica y lingüísticamente unida a España a incorporarse a nuestras
Fuerzas Armadas. El proyecto tiene toda la coherencia desde el principio hasta el final, dentro de la humildad que se plantea y dentro del contexto que está perfectamente expuesto en la exposición de motivos.
Lo que sí quiero rechazar son frases
como que es una medida de parcheo, que demuestra el fracaso en la profesionalización. No demuestra nada de eso y, además, sinceramente, no toca ahora. No es ése el debate.
Estamos en otra cuestión y, por lo tanto, señorías, esta senadora, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, va a proponer el voto en contra de los dos vetos presentados. Lamento que no esté el representante de Izquierda Unida para defender su veto, porque contenía algunas aseveraciones a las que, como han decaído,
no voy a hacer referencia, pero, como se suele decir en el argot normal, me quedo con las ganas de responder a los representantes de Izquierda Unida sobre su veto.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Alvarez-Arenas.
Turno de portavoces.
¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra?
En nombre de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
A mí me cuesta mucho pensar que si los niveles de reclutamiento y de profesionalización fuesen del cien por cien, si estuviésemos en condiciones de rechazar a aquellas personas que no dan
el nivel para entrar en las Fuerzas Armadas, hoy se presentaría este proyecto de ley. A mí me cuesta imaginarlo. No soy nadie para poner en duda las afirmaciones de la Senadora Alvarez-Arenas, que está totalmente legitimada para hacerlas, pero
afirmo que a mí me cuesta imaginar que, con un nivel de reclutamiento alto, teniendo 140.000 españoles de tropa y marinería, se presentase este proyecto de ley. No se presentaría. Me parece que estos pasos para integrar a los inmigrantes, por
humildes que sean, no corresponden a una labor auténtica de integración de los inmigrantes.
Desde nuestro punto de vista, la única razón de esta modificación humilde, lo reconocemos, es única y exclusivamente el poder llegar a unos niveles de
miembros profesionales de tropa y marinería que se acerquen a las cantidades que diseñó el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno y sus socios, no nosotros, en el año 1999. Pero esto es así. Esta es la realidad. Por lo tanto, nosotros
continuamos pensando, que si hay que hacer una modificación se hace porque no nos queda otra alternativa que hacerla para tener, no el número que pretendíamos, sino un número francamente menor. Pero si ya estamos en un nivel de modificación, sería
deseable que esta se produjese después de la reflexión profunda que se está produciendo en la Revisión Estratégica de la Defensa. Seguramente, los miembros del Grupo Parlamentario Popular tienen más conocimiento que nosotros de los niveles en que
se está produciendo esta reflexión, pero por lo que nosotros sabemos, la reflexión se está produciendo con mucha profundidad, y puede implicar muchísimas modificaciones. Hacer una modificación puntual de la ley en este momento nos parece que es
prematuro, es precipitado.
Finalmente, quiero continuar con la reflexión sobre el ejército europeo, y repito: ejército europeo. Sabemos todos que la Unión Europea ha acordado la creación, que, por cierto, debería estar ya prácticamente concluida,
de una fuerza de acción rápida conocida como las actuaciones Petersberg por ser la localidad donde se produjo el acuerdo. Pero yo no me conformo con eso; yo no estoy hablando de eso. Eso es lo acordado hoy, pero ¿eso es lo que soñamos para la
Unión Europea? Yo no; yo creo que debemos apostar por tener más en común y sé que esto está lleno de dificultades, lo sé, pero debemos apostar para ser realmente alguien en el mundo y no tener que callar cuando otra potencia resuelve y decide por
nosotros. Esa es la reflexión que yo he hecho y que mantengo.
De todas maneras, los razonamientos que ha puesto sobre la mesa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora Alvarez-Arenas, son unos razonamientos legítimos, distintos de los
que nosotros hacemos y me parecen razonables. Por lo tanto, nosotros mantendremos nuestra posición en el veto, respetaremos lo suyo e intentaremos continuar la colaboración en un tema en el que es muy importante mantenerla.
Nada más y muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Aleu.
En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señora Presidenta.
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, fue, sin duda, una de las leyes de mayor relieve de la anterior legislatura. Esta ley ha implicado la
profesionalización de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo la supresión del servicio militar obligatorio.
Este cambio singular importantísimo en el planteamiento de la defensa nacional de acuerdo con los requerimientos del mundo actual mucho más
tecnificado, ya no dividido en estos dos grandes bloques antagónicos, implicaba, creemos que de un modo prácticamente imperativo, cambiar estos planteamientos e iniciar la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Quiero recordar, sus señorías lo
conocen, que fue un cambio iniciado por Convergència i Unió y que obtuvo un amplísimo consenso en ambas Cámaras.
En este período de tiempo España y la mayoría de los países de la Europa occidental están llevando a cabo una amplia revisión de la
estrategia común de defensa y de la participación en operaciones de paz. El mapa político, como sus señorías conocen muy bien, es muy distinto, especialmente en Europa, al que podía haber hace 25 años y las estructuras democráticas se han extendido
de norte a sur, de este a oeste de Europa y ante estos planteamientos evolutivos no cabe duda de que la Ley 17/1999 era necesaria. Y es una ley que quizás por su relieve y por su importancia nos ha llevado a un debate de vetos que no se compadecen
con lo que supone el proyecto de ley que en el día de hoy estamos debatiendo. Es decir, es un proyecto de ley mucho más modesto --humilde creo que era la palabra que empleaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Alvarez-Arenas--
y, en consecuencia, los planteamientos que se están formulando desde los grupos de Entesa y Socialista están a un nivel más elevado de lo que es este proyecto de ley. No se trata, como decía la senadora Alvarez-Arenas, a través de este proyecto de
ley de cubrir la totalidad de las plazas --que es cierto que existe algún problema probablemente porque quizás no son suficientemente atractivas--, sino simplemente de dar una oportunidad a aquellos inmigrantes que se encuentran en nuestro país, con
los que existen unos lazos de carácter lingüístico, cultural e histórico.
Por tanto, es muy probable que dentro de algún tiempo la ley 17/1999 requiera un cambio en mayor profundidad en distintos aspectos, y a lo mejor habrá que arbitrar también
otro tipo de medidas para que se cumplan las previsiones del Gobierno para cubrir esas plazas, pero no es lo que afecta al día de hoy; en el día de hoy entendemos, y parece razonable, que hasta un máximo de 2.000 plazas puedan ser cubiertas por
personas que llevan un tiempo de residencia en España; existen lazos importantes como pueden
ser los de los países iberoamericanos y, en consecuencia, parece perfectamente lógico que este proyecto de ley pueda debatirse y aprobarse y que no entremos en una propuesta de veto que implique un mayor nivel de discusión que no es el caso
de hoy, ni en el caso del veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ni en el caso del veto del Grupo Parlamentario Socialista, que entendemos perfectamente justificados.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
va a votar en contra de ambas propuestas de veto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González López.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señora Presidenta.
Quiero hacer alguna precisión a la intervención de la señora Alvarez-Arenas. En primer lugar, el señor Ministro hizo referencia a los 2.000 soldados profesionales que podían acceder a
través de esta ley, y lo hizo siempre basado en un 2 por ciento desde el objetivo último de los 102.000, aunque no creo que este dato aporte mucho al debate en profundidad de esta ley.
La segunda precisión es que en ningún momento he dicho que la
incorporación de los extranjeros a las Fuerzas Armadas sea para realizar tareas innobles en alguna de las tres unidades que he nombrado.
Señora senadora, deje de hacer ningún tipo de arenga patriótica porque lo que he dicho es que son las unidades
más arriesgadas; las unidades que precisamente están cumpliendo en estos momentos con las misiones internacionales; las que salen fuera; las que tienen que acudir donde hay conflictos y las que tienen la tasa más baja de reclutamiento; las que
no quieren los españoles, y no porque sean tareas innobles, sino todo lo contrario. Considero que el trabajo que realizan estas tres unidades, tanto la Infantería de Marina como la Brigada Paracaidista como la Brigada Legionaria es muy noble; son
tres unidades de las más laureadas y la desgracia es que no haya más españoles que deseen integrarse en ellas.
Por tanto, les ruego que rectifiquen porque en ningún momento he dicho que estas unidades realizaran tareas innobles sino, repito, todo
lo contrario.
Por último, quiero decirle que estamos de acuerdo en que se integre a los inmigrantes, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en todos los sectores de la sociedad española. Pero si quieren integrar, háganlo de verdad. No elaboren
una ley que tiene tal cantidad de exclusiones, tal cantidad de prohibiciones, que es tan parcial y limitada que más que integrar está desintegrando, como le he dicho anteriormente.
Estos inmigrantes son personas que van a defender valores, derechos
y libertades que la propia Constitución consagra y, sin embargo, los excluimos de antemano de estos mismos valores, derechos y libertades. Por ello, si este es el concepto que ustedes tienen de integración no me extraña que crean que lo están
haciendo; para nosotros lo que están haciendo es una total desintegración de este colectivo La señora PRESIDENTA: Gracias, senador González López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Alvarez-Arenas.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente. En primer lugar, quiero agradecer al senador Beguer el tono de su intervención en la posición que su grupo parlamentario va a adoptar
respecto a este proyecto de ley.
En relación con el senador Aleu, he de decirle que nos podríamos pasar toda la noche hablando de cuestionar. Usted cuestiona las intenciones pero creo que no nos llevaría a ninguna parte. Prefiero quedarme con la
última parte de su intervención en la que, respetando las diferencias, mantiene el consenso en los asuntos esenciales. Por ese camino es por el que hemos de seguir avanzando, es por el que hemos trabajado y merece la pena que todos sigamos
trabajando por este importante proyecto.
Además voy a contestar al representante del Grupo Parlamentario Socialista diciéndole que si actuamos de esa manera responsable y mantenemos ese tono de consenso en algo tan esencial podremos avanzar en algo
que a todos nos preocupa y que no es objeto de esta ley.
Me refiero al hecho de hacer llegar una nueva cultura de la defensa a nuestros jóvenes para que se incorporen a las Fuerzas Armadas. Y si le ha molestado la referencia que he hecho la retiro
encantada --no tengo ningún pudor parlamentario en hacerlo--. Posteriormente podremos leer el «Diario de Sesiones» y verá que su señoría se ha referido a ello como empleos de menos categoría. También en la Comisión hablamos de por qué no se podían
incorporar --y lo dijo el senador Caballero de una manera que yo no comparto, y así figura en el «Diario de Sesiones»-- a oficiales de complemento, etcétera.
Es verdad que los cuerpos a los que usted se ha referido más que arriesgados --a ver si
llegamos a un consenso-- los llamaría de elite, como la Brigada Paracaidista o la Infantería de Marina.
En cualquier caso, señorías, creo que lo que tenemos que hacer entre todos --y ahí sí me sumo a las últimas palabras del senador Aleu-- es
mantener ese consenso para acercar a nuestros jóvenes y a la sociedad española la necesidad de una nueva cultura de defensa que les haga ver como algo atractivo no desde el punto de vista exclusivamente laboral, sino como una aportación profesional
durante un período de tiempo sustancial de su vida a las Fuerzas Armadas de su país que, además, les va a permitir después tener una salida profesional digna en el contexto de su posterior incorporación a la sociedad civil.
Nada más, señora
Presidenta, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Alvarez-Arenas.
Vamos a votar los vetos presentados al proyecto de ley de modificación de la Ley de régimen de personal de las Fuerzas Armadas para permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería.
El primero de
ellos ha decaído, por lo que comenzamos por la propuesta de veto número 1, correspondiente al voto particular número 3, presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 53; en contra, 146; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos ahora la propuesta de veto número 3, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 56; en contra, 143; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Como para ser aprobado se requiere mayoría absoluta, queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas y votos particulares.
El voto particular número 2 corresponde a los Grupos Parlamentarios Socialista y de la
Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 4 a 15.
(El señor González Pons pide la palabra.) Senador González Pons, puesto que han pasado cinco horas, ¿autorizan la continuación del debate? (Rumores.) Perdón, señorías. El senador González Pons
estaba pidiendo la palabra y creí que quería recordármelo.
(Risas.--Rumores.) Le pregunto a la Cámara si da su autorización.
(Pausa.--Asentimiento.) Gracias, señorías.
Para la defensa de los votos particulares de los Grupos Parlamentarios
Socialista y de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador González López. La Cámara debe agradecer al senador González López que, teniendo 120 minutos, sólo vaya a utilizar diez.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene vivas doce enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Senador González López, un momento.
Lo que quería decirme el senador González Pons es que indicara a sus señorías que, a partir de ahora, las votaciones se posponen para mañana.
Es decir, mañana votaremos el veto al
proyecto de ley sobre informática a eso de las diez y media y acumularemos el resto de votaciones para última hora de la mañana. Por tanto, no votamos hasta mañana a las diez y media.
(Rumores.) Señorías, si tienen que abandonar la sala, háganlo
en silencio. (Pausa.--Rumores.) Señorías, por favor, silencio. (Pausa.) Señoría, intente comenzar su intervención de nuevo.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivas doce enmiendas, las números 4 a 15. La mayoría tienen un marcado carácter técnico y han sido debatidas suficientemente
en la Comisión una a una, por lo que no voy a repetir aquí los argumentos.
Unicamente, queremos reiterar que no estamos de acuerdo con la técnica legislativa que se ha usado, la adición de un único artículo, el 68.bis.
Creemos que en dicho
artículo se regulan aspectos muy diferentes de una naturaleza muy dispar. En un único artículo se regula, por ejemplo, la fijación de los efectivos militares de tropa y marinería profesional, la determinación de plantillas orgánicas y destinos que
pueden ocupar, los requisitos para el ingreso en los centros militares de formación, el acceso a militar profesional de tropa y marinería y la naturaleza, la duración y los efectos del compromiso, entre otras cosas.
Como pueden comprobar y como
dije antes, son aspectos muy diferentes en forma y fondo de una naturaleza muy distinta. Nosotros creemos que lo correcto hubiera sido modificar cada uno de estos artículos, capítulos e incluso títulos, que es donde están contemplados estos
aspectos.
Las enmiendas números 5, 9 y 15, aun siendo de contenido técnico, tienen un carácter más político.
En concreto, la enmienda número 5 propone que la definición de las plantillas de los militares extranjeros se realice de la forma
ordinaria prevista en la Ley 17/1999. En este sentido, consideramos inadecuada, y muy cercana a la discriminación, la pretensión del Gobierno de limitar su posibilidad de ingreso en ciertas especialidades de determinadas unidades, las cuales, como
antes hemos dicho, y se indica en este proyecto de ley, presentan una fisonomía especial con la que puedan sentirse más identificados los extranjeros. Lo cierto es que eso es muy difícil de creer. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la
Presidencia.) No sé por qué los extranjeros se tienen que identificar con esas unidades en concreto. Como ya he dicho, nadie en esta Cámara ignora que la denominación de estas unidades no tiene absolutamente nada que ver con su identificación por
parte de los extranjeros; son precisamente éstas las que tienen una mayor probabilidad de participar en distintas misiones.
La enmienda número 9, al artículo 68 bis, el núcleo de la modificación propuesta por el Gobierno, además de proponer la
supresión de dicho artículo, propone también una nueva regulación de los requisitos para la incorporación de los extranjeros a las Fuerzas Armadas sobre varias bases. Entre ellas, no reiterar requisitos ya previstos y añadir los países nacionales
de la Unión Europea para la admisión de extranjeros. El Grupo Parlamentario Popular ofreció a este respecto una enmienda transaccional que no podemos aceptar, a pesar de que recoge algunos aspectos que proponemos, debido a la globalidad que
pretendemos, basada, repito, en nuestra disconformidad con la técnica legislativa
utilizada. Muchas de las cuestiones que propone este artículo las remitimos al artículo y al capítulo correspondientes de la ley.
Por último, la enmienda número 15 se refiere a algo para nosotros esencial: la adquisición del permiso de
residencia por parte de los extranjeros que hayan accedido a las Fuerzas Armadas. Basamos nuestra argumentación en lo que establece el artículo 32.2 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que prevé lo siguiente
--leo textualmente--: Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada. Se considerará que la residencia ha sido continuada aunque por períodos de vacaciones u otras razones
que se establezcan reglamentariamente hayan abandonado el territorio nacional temporalmente.
Con carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación
con España.
Por otro lado, el Reglamento de ejecución de la citada ley, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, establece que el permiso de residencia permanente también se concederá a los extranjeros que acrediten que se encuentran en
cualquiera de varios supuestos que cita la ley. En concreto, la letra g) se refiere a aquellos extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España o a la proyección de España en el exterior.
Así pues, tanto por lo previsto en la citada ley orgánica, como por lo que establece dicho reglamento, estos militares profesionales deberían tener derecho, una vez que se cumplan los tres años de su relación de servicios con el Ejército, a una
residencia permanente en las Fuerzas Armadas.
Rechazar esta enmienda es una demostración del Gobierno de que el pretexto de la integración de los inmigrantes no se acompaña de medidas concretas que la hagan posible.
La única respuesta que el
Gobierno nos ha dado en los debates previos es la de la vía de adquisición de la nacionalidad, pero, en primer lugar, esto es algo que no facilita absolutamente en nada el proyecto de régimen de adquisición que ya recoge el Código Civil y, en
segundo lugar, la integración no puede ser equivalente a la de los españoles, aunque sea a la de los nacionalizados, sino que es la de aquellos que no pretendan convertirse en españoles. No es necesario dar el permiso de residencia permanente a
estas personas que durante esos años no han solicitado la nacionalidad, sino que se trata de permitir el derecho de residencia en España a aquellos profesionales que, una vez cumplidos los tres años de servicio en las Fuerzas Armadas, no quieren
adquirir la nacionalidad española o perder la de origen, porque ellos han contribuido suficientemente a todos esos méritos a los que se refiere la ley de integración.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador González López.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Alvarez-Arenas.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir brevemente para proponer el voto en contra de mi grupo a las enmiendas parciales presentadas de forma conjunta por los Grupos Parlamentarios de
Entesa Catalana de Progrés y Socialista que van de la número 4 a la número 15.
Tal y como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, las enmiendas números 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 son modificaciones de carácter técnico y a las que ya me he
referido cuando hemos rechazado los vetos presentados. Evidentemente son diferentes concepciones legislativas y no voy a entrar ahora en mayores disquisiciones. La técnica que se propone con las enmiendas es absolutamente aceptable y la respeto,
pero entendemos que éstas no aportan ninguna mejora técnica como se justifica en la presentación de las mismas y, además, e insisto en ello, el modelo elegido por el Gobierno es más sencillo, más claro y más conciso, y por tanto, supone una técnica
legislativa mucho más simple.
Hay algunas cuestiones que me gustaría resaltar. La enmienda número 10, que se sigue manteniendo en este trámite, propone un texto que prácticamente está recogido ya en el punto cuarto del artículo único del texto que
envía el Congreso de los Diputados y que se incluye en el artículo 68 bis). En el Congreso de los Diputados se rechazó una enmienda transaccional que ofreció el Grupo Parlamentario Popular, y que el Grupo Parlamentario Socialista no quiso aceptar.
No obstante, el Grupo Parlamentario Popular incluyó su contenido a través de una enmienda «in voce», pues parte de lo que proponía la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista nos parecía absolutamente positivo. Dado que no estábamos de acuerdo
con el texto completo de la enmienda buscamos una transaccional que no se aceptó, pero lo que nuestro grupo ofrecía con ella fue incorporado al texto, como digo, mediante una enmienda «in voce».
Por tanto, parte de lo que ahora proponen ustedes ya
está incorporado al texto. Así pues, además de decir que es una enmienda de carácter técnico, también quisiera manifestar que tiene un contenido que, por supuesto, ya está incorporado, motivo por el que también la rechazamos.
En cuanto a la
enmienda número 13, que también se encuentra dentro del bloque de enmiendas de carácter técnico, quisiera resaltar que también está incorporado en el proyecto remitido por el Congreso de los Diputados, la incorporación de los extranjeros está
recogida dentro del artículo 68 bis), incluso en lo relativo a firma, efectos y duración del compromiso. Por tanto, aunque también supone una mejora técnica que no aceptamos, parte del contenido de dicha enmienda está recogido en el texto que envía
el Congreso de los Diputados.
Paso, pues, a las enmiendas que tienen mayor sustancia política, según palabras del grupo parlamentario que las ha defendido. Respecto de la enmienda número 5, a la que me he referido también cuando he intervenido en
turno en
contra del veto, debo decir que lo que se plantea en ella es un adelanto de intenciones. Yo no he encontrado en ninguna parte de la ley eso de que van a ir destinados a unidades especiales, etcétera. Yo no lo he leído.
En el artículo 4,
punto 4, no se dice que vayan a ir destinados a ningún sitio en concreto. Entendemos, pues, que con esta enmienda se enmienda algo que no existe, lo que constituye una técnica legislativa nueva que nosotros no podemos compartir y, por tanto,
votaremos en contra de ella.
Quizá la enmienda que más sustancia tiene en cuanto a su contenido es la número 9. Esta enmienda está concatenada con la número ocho, que era de carácter técnico porque lo único que persigue es suprimir el artículo
correspondiente ya que, siguiendo su técnica legislativa, lo incorporan en base a desgranarlo en diferentes artículos de la Ley 17/1999. Aunque no voy a volver a ese aspecto, quiero decir que en el Congreso de los Diputados se aceptó parcialmente
una enmienda similar en aquello que mejoraba, efectivamente, la redacción del artículo 68 bis; por lo tanto, parte lo que ustedes proponen en su enmienda más sustancial, que viene a redactar completamente el artículo 68 bis, queda recogido en el
texto que nos ha enviado el Congreso de los Diputados.
Ustedes mantienen con nosotros una diferencia esencial y han hecho de ello una parte fundamental de su debate: la incorporación de los ciudadanos de la Unión Europea. Entiendo que he
defendido suficientemente este aspecto, que no vamos a aprobar, y ya se han dado suficientes razones para ello, tanto en relación con el dictamen del Consejo de Estado, etcétera.
Además, tampoco podemos aceptar parte de lo que se propone en la
enmienda número 9, como es lo relativo a las pruebas selectivas del castellano, a los efectos de la incorporación de este tipo de inmigrantes. Quizá, dentro del esquema que ustedes plantean tenga su lógica, ya que como proponen que se incorporen
ciudadanos de la Unión Europea deberían existir esas pruebas selectivas de acceso, pero no es ese el caso de nuestro modelo puesto que rechazamos que se pueda producir la incorporación de ciudadanos que no provengan de países iberoamericanos y, por
lo tanto, esa prueba de superación del castellano --que perfeccionarán en los cursos de formación que ya se establecen en el articulado de esta ley-- no es procedente.
Nosotros queremos mantener algo que ustedes rechazan en su enmienda número 9 y
nos parece importante y sustancial, dentro de la simplicidad y sencillez de esta ley: la ausencia de antecedentes penales no solamente en España sino también en su país de origen, en todo aquello que se derive de delitos existentes en nuestro
ordenamiento jurídico. Creemos que eso es algo positivo, que hay que mantenerlo y que es una garantía que debemos consolidar en este proyecto de ley.
Por último, en relación con la enmienda número 15, como le dije al senador Caballero en Comisión,
podríamos estar básicamente con su discurso político --entre comillas-- y nos parece absolutamente loable su planteamiento en relación con el mantenimiento del permiso de residencia permanente, en caso de abandono, por todos los motivos que están
recogidos en la Ley Orgánica de extranjería 4/2000, que fue modificada por la 8/2000, pero entendemos que desde este proyecto de ley no podemos enmendar una ley. Existen otras técnicas legislativas que permiten este tipo de planteamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Alvarez-Arenas, le ruego que concluya, por favor.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor Presidente.
Insisto en que siendo loable el propósito de la enmienda, no nos parece técnicamente aceptable enmendar una ley, a través de una modificación parcial del proyecto de ley de
modificación de la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Creo que con esta intervención he justificado el voto en contra a las quince enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Alvarez-Arenas.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señor Presidente.
La desaparición del servicio militar obligatorio supuso en su momento un avance importante en cuanto a las aspiraciones de los jóvenes, que no entendían la obligación de cumplir el
servicio militar o la prestación social sustitutoria. Como consecuencia, se estableció el sistema de soldados profesionales, pero con el paso del tiempo se ha comprobado que no hay jóvenes suficientes para llenar el cupo que las Fuerzas Armadas
necesitan, máxime si tenemos en cuenta que muchos de estos jóvenes, una vez que finalizan su primer contrato, abandonan el Ejército.
El señor PRESIDENTE (Prada Presa): Senador Acosta, le ruego baje un poquito el micrófono porque observo que las taquígrafas tienen problemas de audición. Así está muy bien. Gracias, señoría.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias.
Por ello, se ha optado por la necesidad de incorporar extranjeros a nuestras Fuerzas Armadas, aunque en unos porcentajes quizá pequeños.
Ante este hecho, el Gobierno se ha decantado por este sistema, que
también tiene sus referencias en otros países democráticos europeos, que presenta una serie de ventajas, aunque también algunos inconvenientes, siendo necesario adecuar la legislación española con el fin de que los nacionales de otros países, que
han de cumplir algunas consideraciones, como poseer vínculos con España, ya sean culturales, históricos, lingüísticos, etcétera, puedan formar parte de las Fuerzas Armadas españolas. En base a ello se
presenta este proyecto de ley. Ya nuestro grupo presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda, que fue aceptada como transaccional, que consideramos supuso una mejora importante en el desarrollo del texto. Por ello, consideramos
adecuado este proyecto de ley y, por tanto, contará con nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Acosta.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo no ha presentado enmiendas, pero sí quiere hacer referencia a las tres que presentó en el Congreso de los Diputados, de las cuales dos fueron transaccionadas, y
respecto a la tercera --que se retiró en base a la promesa del Gobierno, del Ministerio de Defensa de que se está estudiando este tema-- quería mencionarla porque es una enmienda no igual, pero sí de la misma base que la que tenía presentada el
Grupo Parlamentario Mixto, y digo que tenía porque no la ha defendido y lógicamente ha decaído, que era la número 3 y que hacía referencia a los militares de complemento. Era un tema interesante, importante, toda vez que mencionaba a los militares
de complemento, que cesarán el 31 de diciembre de este año, y para los cuales se hacían unas propuestas para que su situación pudiese resolverse, y pudiesen tener una continuidad.
Ya digo que nuestro grupo la retiró, pero en cualquier caso quería
manifestar la conformidad con el sentido básico y el espíritu de lo que el Grupo Parlamentario Mixto había planteado. Como probablemente quedaba fuera de contexto esta enmienda, y, por otra parte, el Gobierno, el Ministerio de Defensa está
dispuesto a estudiarlo, la retiro, pero queremos hacer referencia a un tema que, quedando fuera de contexto de este proyecto de ley, sí se ha estudiado por algunos grupos, entre ellos el Grupo Parlamentario Mixto y el nuestro, y , por tanto,
confiamos en que en su momento el Gobierno estudie este tema para dar una salida a estos militares de complemento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero hacer una precisión, y es que ya que han salido en este debate con frecuencia las unidades a que van a ir destinados los extranjeros que opten a las Fuerzas
Armadas, y en varias ocasiones también la senadora del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que en ningún caso ha leído que la ley contemple que estas unidades van a ser la legión, la infantería y los paracaidistas, le diré, señoría, que en el
debate de la enmienda de totalidad en el Congreso de los Diputados, del día 14 de marzo, es el propio ministro quien lo dice. Se lo leo textualmente: Además, señoras y señores diputados, también el principio de limitación va referido a aquellas
unidades en las que pueden recibirse extranjeros, y que estarán fijadas por el Gobierno, pero anticipo, porque es así de claro, en la exposición de motivos y en las conversaciones preparatorias que hemos tenido, no suficientes para convencer al, por
lo demás siempre atento a estos temas, principal partido de la oposición, que serán las unidades de operaciones especiales, la Legión, que volverá a ser Legión Extranjera, única unidad donde hoy todavía permanecen extranjeros, de acuerdo con las
leyes y el reglamento del Gobierno socialista, en coherencia --nosotros sí , ellos parece que no--, infantería de marina, etcétera. Por tanto, no nos hemos inventado nosotros lo de las unidades porque es el propio Ministro el que lo dice y, además,
de una forma muy clara y nítida en la presentación de la ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Gracias, senador González López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Alvarez-Arenas.
La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco el anuncio de voto favorable al proyecto de ley del representante de Coalición Canaria, senador Acosta. Quiero dejar claro --aunque lo he dicho al resto de los
grupos parlamentarios, no deseo tener la descortesía parlamentaria de no contestar a su señoría-- que este proyecto de ley no pretende solucionar, si los hubiere, problemas referentes a la profesionalización. Es un proyecto de ley que busca una
cuestión completamente diferente, la integración de una parte de los inmigrantes procedentes de unas determinadas zonas del mundo, que es Iberoamérica. Por tanto, dejemos el otro debate, en el que podemos entrar en otro momento, y que quede claro
que la intención del Gobierno y, desde luego, lo que apoya el Grupo Parlamentario Popular no tiene nada que ver con una solución a esos problemas. De todos modos, celebro su voto positivo y la transaccional que se ha alcanzado en el Congreso de los
Diputados.
En cuanto a la intervención del representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, efectivamente se aceptaron dos enmiendas transaccionales y una quedó comprometida. Otras enmiendas no se han podido
defender e, incluso, en el veto se aludía en gran medida a los militares de complemento por los representantes del Grupo Mixto.
Evidentemente, hay un compromiso y sólo quiero decirle con todo afecto, senador Beguer, que usted sabe que ha habido una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que se aprobó el 21 de mayo, en la que se buscaba la mejora sustancial de la situación actual social de los militares de complemento. Pero sobre la cuestión de
qué va a pasar cuando finalicen, en la propia naturaleza de los oficiales de complemento está la temporalidad. Si ellos
quieren perder ese carácter de temporalidad y tener una permanencia deben cambiar de ubicación. Ya no pueden ser profesionales de complemento, sino que tendrán que pasar a ser otra cosa y superar las pruebas correspondientes de acceso.
Este es un debate diferente, señor Beguer. No obstante, celebro que usted retire esa enmienda y que estemos a la espera de lo que decida el Gobierno. Entendemos su preocupación, que compartimos, pero creo que no podemos perder la esencia de lo que
supone el Cuerpo de los militares de complemento en el seno de nuestras Fuerzas Armadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Alvarez-Arenas.
Finalizado el debate, como señaló la Presidenta del Senado, la votación de las enmiendas se pospone para el día de mañana y, en consecuencia, la votación del artículo
único y el preámbulo.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACION GRADUAL Y FLEXIBLE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2001, DE 27 DE DICIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000068) (C. D. 121/000067).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a continuación al dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible,
procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, que se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, en nombre de la Comisión, tiene la palabra el senador Conde.
El señor CONDE BAJEN: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, procedente del Real Decreto-ley 16/2001 de 27 de diciembre, tuvo su entrada en la
Cámara el día 31 de mayo del año 2002.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 4 de junio. Se presentaron un total de 67 enmiendas. La Ponencia se designó en la sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del día 6 junio y se
reunió el día 10 de ese mes, decidiendo aprobar, como informe, el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las modificaciones contenidas en las enmiendas números 57 a 65 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Se debatió por la Comisión en su sesión del día 13 de junio, decidiéndose aprobar como dictamen de la Comisión el texto del informe de la Ponencia con la incorporación de las modificaciones contenidas en las enmiendas números 66 y 67 presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado 7 votos particulares.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Conde.
No habiendo debate de totalidad, pasamos a la defensa de las enmiendas.
En primer lugar, los artículos 1 a 14, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición
transitoria, disposición derogatoria, disposiciones finales primera y tercera y preámbulo, y el voto particular número 2 de la senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 1 a 3.
Para su
defensa, tiene la palabra la senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a este proyecto de ley, con cuyos objetivos coincidimos y valoramos positivamente, hemos presentado, en nombre de Eusko Alkartasuna, tres enmiendas.
La primera de ellas es
de adición de un punto 1 bis al artículo 4, relativo a la reducción de los coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada, estimando que estos beneficios deben extenderse, siempre que se cumplan unos requisitos, a aquellos
prejubilados y jubilados actuales que provienen de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o a los que hayan visto extinguida su relación laboral en virtud
de lo establecido en el artículo 52.c) de dicho Estatuto, siempre que en ambos casos las razones de despido se fundamenten en causas económicas, técnicas o de fuerza mayor.
Pretendemos, pues, que esa prejubilación o jubilación anticipada por causa
no imputable a la libre voluntad del trabajador se extienda también en estos casos. Estimamos que se debe hacer así por una elemental razón de equidad.
La enmienda número 2, de adición de una nueva disposición adicional primera, pretende que no se
olviden en este caso aquellas competencias de las comunidades autónomas y aquellas transferencias que tienen o pueden tener en virtud de lo establecido en los distintos artículos de la Constitución.
La enmienda número 3, de adición a la disposición
adicional segunda, plantea un recordatorio: proceder a la transferencia de las competencias en ejecución de la legislación laboral para aquellas Comunidades Autónomas que lo tengan así previsto en sus Estatutos, de la gestión del régimen económico
de la Seguridad Social, el traspaso de las políticas activas y fondos de formación continua, así como todas las relativas a los aspectos sociolaborales, de acuerdo con el contenido, insisto, de los respectivos estatutos de autonomía. Pretendemos
recordar en este proyecto de ley cuestiones que a menudo se obvian, como consecuencia de que la legislación del Estado no tiene en cuenta el dibujo del Estado al que pertenecemos, un Estado plurinacional que tiene establecido un reparto de
competencias que a menudo se olvidan en éste y en otros proyectos.
En todo caso, debo decir que estamos de acuerdo con el fondo del proyecto y por lo tanto no hemos presentado ninguna otra enmienda.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora De Boneta.
Voto particular número 4, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 16 a 25. ¿Decae?
(Pausa.) El voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 4 a 15, originariamente presentadas por el senador Quintana González, ha sido retirado.
Para la defensa del voto particular número 1, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 33 a 35, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Son tres las enmiendas que hemos presentado a este proyecto. Dos de ellas se refieren al régimen especial del mar, para que figure en el proyecto de ley como tal, y la otra
es relativa al régimen de competencias.
Estas enmiendas ya fueron discutidas en la Comisión. El Grupo Parlamentario Popular nos dijo que también tenía interés en conseguir los máximos beneficios para los trabajadores del mar y que sentía especial
cariño por ellos. Ya les dijimos que a ver si en siete días conseguíamos que ese cariño se transformara en amor de forma que se expresara en el texto, porque obras son amores y no buenas razones. La verdad es que todavía no nos han dicho nada al
respecto pero confiamos en que el Grupo Parlamentario Popular haya reflexionado y admita nuestras dos enmiendas, mediante las cuales lo que pretendemos fundamentalmente es que se prevea la asimilación a lo contemplado en el régimen de los
trabajadores del mar, que, como ustedes saben, pueden jubilarse a los 55 años con el cobro íntegro de la pensión correspondiente. Por tanto, planteamos que se ayude a que puedan permanecer en el sector marítimo titulados náuticos y pesqueros, que
actualmente son muy pocos, por lo que a menudo las empresas se encuentran con falta de personal para su contratación.
Al mismo tiempo, en la enmienda número 35, de modificación, se indica que la aplicación del artículo 112 bis sea aplicable a los
trabajadores del mar que tengan establecidos coeficientes reductores para la jubilación desde el momento de la jubilación correspondiente, pues en otro caso entendemos que la previsión del artículo 112 se aplica únicamente a los trabajadores del mar
que no disponen de coeficientes reductores para la jubilación. La medida igualmente sirve para impulsar la permanencia en el sector marítimo de titulados náuticos y pesqueros, que, como decíamos antes, son escasos.
En definitiva, confiamos en que
sean aceptadas estas dos enmiendas, sabiendo además que la portavoz del Grupo Popular es de La Coruña y participa de esta sensibilidad.
En cuanto al régimen competencial autonómico, como siempre, tratamos de preservarlo e impulsar su desarrollo
pendiente respecto a comunidades autónomas que, a pesar de ostentar títulos competenciales suficientes, no pueden gestionar los programas de políticas activas de empleo que articulan incentivos a través del mecanismo instrumental de las
bonificaciones. Ante esta negativa injustificada de la Administración del Estado para proceder a su traspaso, creemos necesaria esta salvaguarda y por eso añadimos un nuevo artículo 15, de cautela, para preservar el régimen competencial autonómico.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Para la defensa del voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas números 51 a 56, tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré breve en la exposición de nuestras enmiendas. Se hizo ya detalladamente en la Comisión y sería ahora repetir los argumentos.
En general, son enmiendas que vienen a aumentar
el carácter garantista y protector de nuestro sistema de Seguridad Social. En el caso de las prejubilaciones, en la enmienda número 51, eliminando la restricción de tener el carácter de mutualista para estas personas, es decir, de estar cotizando a
la Seguridad Social antes del 1 de enero de 1967. Otras dos enmiendas vienen a proponer elevar la cuantía y, por tanto, mejorar las prestaciones percibidas por reducción en un caso o por aumento en el otro de los porcentajes de cálculo de la base
reguladora, según los distintos supuestos.
La enmienda en la que quería centrarme más porque nos parece la de mayor entidad, aunque compartimos en líneas generales el conjunto del proyecto de ley, es la número 55. En el texto que seguramente se va
a aprobar, si el Grupo Parlamentario Popular no cambia de criterio, se habla de exención de cuotas de la Seguridad Social para determinados supuestos.
Nosotros creemos que esto no debería ser así, sino que se debería hablar de bonificación al cien
por cien, por supuesto, tal como se prevé en el supuesto de la exención, pero con la característica tan importante de que, tratándose de una bonificación, estos fondos deberían volver a la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que provienen
de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, si se produce, como pretende el Partido Popular, vía exención, son unas cotizaciones que, debiendo ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social, ya no lo harán.
Consideramos que es
la enmienda de mayor entidad o de mayor discrepancia con el conjunto del proyecto de ley. Las demás, como he dicho antes, se dirigen a aumentar las garantías o incrementar las cuantías de las prestaciones.
Señor Presidenta, doy por defendidas todas las enmiendas de nuestro voto particular.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espasa.
A continuación, pasamos al voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 26 a
32.
Tiene la palabra el Senador Sesmilo para su defensa.
El señor SESMILO RIUS: Muchas gracias, señor Presidente.
Inicio mi intervención con un doble sentimiento --si no lo digo, hoy no dormiría tranquilo--, en primer lugar, de satisfacción, porque este proyecto de ley ha sido para mí muy
importante y creo que para toda la Cámara, pero que, en parte, ha sido el comodín, como una especie de fantasma aparecido y desaparecido del orden del día y, la verdad, en este momento no me siento especialmente motivado para intervenir.
En segundo
lugar, un sentimiento de total y amplia satisfacción, ya que nuestro principal objetivo, el del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en lo que se refiere a este proyecto de ley fue un tratamiento específico y, a nuestro
criterio, adecuado, para los minusválidos y discapacitados.
No fue posible hallar un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Al llegar al Senado, que es la Cámara de segunda lectura, el Grupo Parlamentario Popular nos podía haber ofrecido algunas
transaccionales respecto a nuestras enmiendas. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las suyas, pero como, en este caso, lo que importa es el resultado y no tanto el procedimiento, queremos manifestar nuestro acuerdo a la sensibilidad que ha
mostrado el Grupo Parlamentario Popular al recoger, a través de sus enmiendas, el espíritu, lo esencial, porque la transacción no es exactamente lo que nosotros queríamos. Incluso se ha hecho el esfuerzo de presentar una enmienda transaccional a su
enmienda número 67, pero que, en realidad, recoge también algo que creíamos muy importante en nuestra enmienda número 27, y a este respecto debo hacer extensivo mi agradecimiento y reconocimiento a todos los grupos de la Cámara que la han firmado.
Por tanto, dado el contexto en que se ha desarrollado la discusión de este proyecto de ley en el Senado y viendo que nuestro principal objetivo ha quedado recogido, en este momento procesal retiramos todas nuestras enmiendas, excepto la número 31,
que pretende un trato específico para los trabajadores por cuenta propia. Es decir, seguimos insistiendo machaconamente en nuestra voluntad de que los trabajadores autónomos de este país, que rozan los 3 millones y en Cataluña son más de 500.000,
tengan un tratamiento adecuado a lo que hoy es nuestra sociedad. La mantenemos, aunque solamente sea como emblema de nuestra posición.
Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el buen trabajo realizado en Comisión y yo, al menos, pienso
que esta sensibilidad final para llegar a esta transacción también se debe a la voluntad de diálogo que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular y, en especial, la senadora Martín Mendizábal, a quien sinceramente se lo agradezco.
Nada más y muchas
gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Sesmilo.
Pasamos al voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 36 a 50.
Tiene la palabra el señor Romero para su
defensa.
El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente, porque ya hemos tenido ocasión de debatir ampliamente en comisión las enmiendas que hemos presentado los distintos grupos parlamentarios a este
proyecto de ley, para defender globalmente, aunque me detendré especialmente en alguna de ellas, las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de jubilación gradual y flexible. Hemos presentado 15 enmiendas. Un
primer grupo, entre la número 36 y 43, dirigidas a lo que, a nuestro entender, supone un perfeccionamiento de los mecanismos de jubilación anticipada. Como bien saben sus señorías, en la legislación actual la jubilación anticipada en nuestro país
está limitada a personas que hubieran cotizado antes del 1º de enero de 1967. Lo que introduce este proyecto de ley es la eliminación de este requisito y una generalización, naturalmente a partir de que se den una serie de condiciones para que se
pueda acceder a la jubilación anticipada. Nosotros introducimos elementos, aportaciones que, a nuestro juicio, mejoran el texto en el sentido de que se establezca una mayor seguridad jurídica para acotar lo que en el texto del proyecto de ley
aparece como una cuestión muy importante, que es el concepto de libre voluntad del trabajador para abandonar la actividad productiva, la actividad laboral. Esa libre voluntad del trabajador se perfila de una manera que, a nuestro juicio, puede
parecer confusa porque se dan circunstancias de expedientes de regulación de empleo que, en principio, están pactados, que son, en teoría, de libre adscripción por parte de los trabajadores, pero que luego en la práctica no resultan de tan libre
adscripción. Nos ha parecido importante introducir ahí elementos de seguridad jurídica que acoten ese término.
Otras enmiendas van dirigidas a que, en línea con lo que prevé el Pacto de Toledo, se amplíe la posibilidad de jubilación anticipada a
los trabajadores autónomos, también, naturalmente, reuniendo una serie de requisitos, pero estableciendo ya identidades entre el régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos.
Hay una enmienda, que nos parece que es de justicia, y
se refiere a la aplicación con carácter retroactivo de los coeficientes reductores que plantea el proyecto de ley a aquellos trabajadores que se han jubilado anticipadamente como consecuencia de haber sido cotizantes antes del año 1967 y haberse
podido acoger a los mecanismos de jubilación anticipada que estaban vigentes hasta la actualidad y que tuvieron en su día coeficientes reductores mayores.
El proyecto de ley establece una cautela que nos parece interesante, que es la obligación de las empresas de financiar un convenio especial con la Seguridad Social en determinados casos para garantizar que, cuando se produzca el acceso a la
jubilación de los trabajadores que están afectados por expedientes de regulación de empleo y que tienen más de 55 años, una vez que cumplan los 61 años van a tener garantizada su correspondiente pensión pública de Seguridad Social. Sin embargo,
quiero que reflexione su señoría porque sólo aproximadamente un 10 por ciento de los trabajadores que por razones de edad son expulsados del mercado de trabajo con más de 55 años, solamente un 10 por ciento, insisto, están incluidos en un expediente
de regulación de empleo, y hay un porcentaje muy amplio de trabajadores que son expulsados del mercado de trabajo por razones objetivas de edad y que no están afectados por ningún expediente de regulación de empleo y, por tanto, no van a ser objeto
de esta protección cautelar que prevé el proyecto de ley. Nosotros creemos que la financiación del convenio especial con la Seguridad Social se debería ampliar.
Por último, también en este mismo orden de cosas de ampliar las garantías, que se
establezca no que el convenio especial con la Seguridad Social se plantee hasta los 61 años y se acote precisamente en los 61 años, sino en la edad posible de acceso a la jubilación anticipada, que puede no ser 61 años, es decir, puede que un
trabajador con más de 55 años esté financiando un convenio especial con la Seguridad Social, hasta los 61 años, tal como prevé el proyecto de ley, pero que cuando cumpla los 61 años no reúna requisitos de período de cotización suficiente para
acceder a la jubilación anticipada, y se debería mantener la financiación del convenio especial con la Seguridad Social hasta tanto se accede a la jubilación y no hasta los 61 años.
Las enmiendas números 44 a 50 plantean que aquellos trabajadores
mayores de 65 años que permanezcan en activo y les sobrevenga una contingencia común que les genere una incapacidad permanente, podrán acceder a la cobertura de estas contingencias en el caso de que se produjeran.
Asimismo, para que sea un
incentivo y sea atractivo jubilarse con más de 65 años se ha de mantener que los coeficientes anuales de incremento de jubilación se amplíen hasta el 4 por ciento. Y, por último, el Senador Espasa ha dicho --y nosotros queremos insistir en ello
porque nos parece muy importante y está en línea con todos los temas de financiación, con la esencia del Pacto de Toledo y con la separación de fuentes de financiación-- que no hay que confundir las bonificaciones con las exenciones de cuotas.
Nosotros pedimos que no se planteen exenciones de cuotas a la Seguridad Social en ningún caso y bajo ningún concepto, sino que sean siempre y en todos los casos bonificaciones, pues si la sociedad española considera que es un bien social mantener en
activo a trabajadores mayores de 65 años y que es bueno mantener unas bonificaciones de cuota de Seguridad Social para que eso ocurra, se debe afrontar, vía Presupuestos Generales del Estado, es decir, vía fiscalidad general, esas exenciones y que
no se exoneren de esas cuotas de Seguridad Social. Por tanto, bonificación versus exoneración de cuotas, nosotros nos decantamos clarísimamente por la bonificación.
Este es el conjunto de enmiendas que hemos planteado a este proyecto de ley que
defendimos en su día en Comisión y ninguna de ellas fue aceptada.
Todas ellas --insisto-- suponen, a nuestro juicio, una mejora del texto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Romero Calero.
A continuación, turno en contra.
La senadora Do Campo tiene la palabra.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular anunciando el turno en contra de las enmiendas que han defendido la senadora De Boneta y el senador Aurrekoetxea, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Respecto de la enmienda número 1 de la Senadora De Boneta voy a volver a reiterar los argumentos que ya hemos dado en el trámite de Comisión. La vamos a rechazar porque consideramos que los
coeficientes reductores se han de aplicar a aquellas jubilaciones anticipadas que tengan lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, a lo que usted se está refiriendo, a aquellas jubilaciones que provengan de regulaciones
de empleo.
Sin lugar a dudas, esta aplicación retroactiva supondría unos efectos importantes respecto del sistema de pensiones y, en este sentido, el Acuerdo Social de 2001, ya en su párrafo tercero, prevé que se estudiará la situación de los
pensionistas que hubiesen accedido a una jubilación anticipada en orden a posibilitar la mejora de la pensión, todo ello teniendo en cuenta las posibilidades financieras de que dispone el actual sistema, por lo que se requeriría un estudio previo
para hacer el cálculo de lo que supondría esa incidencia económica del sistema, con lo cual en este momento no lo consideramos oportuno.
No consideramos oportuna la aceptación de la enmienda número 2, ya que el gran objetivo de este proyecto de ley
que queda enmarcado a través de todo su articulado claramente es el de facilitar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años creándose ese sistema gradual y flexible de jubilación.
Su enmienda número 3 hace más hincapié en el hecho
competencial. Una vez más ustedes pretenden las transferencias a la comunidad autónoma de diversas competencias y, entre ellas, lo que es la gestión económica del sistema de la Seguridad Social. Así pues, el Grupo Parlamentario Popular se ve
obligado a rechazarla ya que la Constitución, en su artículo 149.1.17ª, establece que el Estado tiene competencias exclusivas en la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio, claro está, de la ejecución de esos
servicios por las comunidades autónomas. A este respecto, senadora De Boneta, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el alcance de dicha expresión utilizada en su enmienda y relativa a que el régimen económico de la Seguridad Social
es competencia exclusiva del Estado en la idea de preservar la unidad del sistema español de la Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público único y unitario para todos los ciudadanos y que garantice la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y de los deberes en materia de Seguridad Social. Por tanto, la rechazamos.
Paso a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, defendidas por el senador Aurrekoetxea, en
concreto la número 33.
Como bien sabe usted, en el artículo 14 de este proyecto de ley ya se da una nueva redacción al apartado 3 de la disposición adicional de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de 2001, sobre todo en lo
que se refiere a las bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social para aquellos trabajadores que tienen mayor edad. Esta medida está claramente conectada con el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social y
tiene, sin lugar a dudas, la finalidad de potenciar la actividad para los trabajadores de más edad y así evitar la posibilidad de que puedan salir antes del mercado laboral. Esta ley ya prevé que para esos trabajadores que tengan esa antigüedad de
cinco o más años en la empresa y que tengan 60 años o más de edad, exista esa bonificación en las cotizaciones empresariales del 50 por ciento. En su propuesta usted hace claramente referencia al Régimen Especial del Mar. La bonificación que
ustedes pretenden quieren que comience a aplicarse desde el momento en que estos trabajadores cumplan los 50 años. En estos momentos consideramos que esta propuesta, en concreto en lo que se refiere a este colectivo, que ya tiene establecidos
coeficientes reductores en la edad de jubilación, rompe en cierta medida lo que se acordó respecto a la bonificación de las cuotas, el acuerdo social, además de implicar un coste previsto que en este momento no está contemplado y, por tanto, habría
que estudiarlo.
En la enmienda 35 proponen que la exoneración de las cuotas previstas para estos trabajadores mayores de 65 años y con 35 o más años de cotización se aplique en el momento de la edad de jubilación en función de los coeficientes
reductores. Nosotros consideramos que no corresponde hacerlo ya que en el Régimen General de la Seguridad Social existen ya esos colectivos mayores de 65 años y los que ven reducida la aplicación de determinados coeficientes.
La enmienda número 34
es también estrictamente competencial, con lo cual creo que le vale la contestación que le hemos dado anteriormente.
Senador Aurrekoetxea, usted nos dice que demostramos nuestra sensibilidad en el trámite en comisión respecto a los trabajadores del
mar. Es verdad que su señoría intenta que nosotros plasmemos sus enmiendas, como dice usted, con amor. También es verdad que amor con amor se paga, pero en este caso lo que hace nuestro grupo es plasmar con realidades las propuestas que en cierta
medida se están adoptando. Y lógicamente, yo, que pertenezco a una comunidad donde la actividad pesquera es importante, tengo que dejar claro que sí consideramos que es una actividad dura, que es una actividad que tiene peligrosidad, que la dureza
de los trabajos físicos en el mar y la penosidad la convierten en una actividad poco atractiva para cualquier trabajador, pero sí queremos anunciarle que este Gobierno ya está adelantando una serie de medias en beneficio de esos trabajadores para
que puedan obtener una jubilación anticipada y no deban continuar trabajando con esa penosidad.
En lo que respecta a lo que puede ser un problema, que es la renovación generacional en el ámbito de los trabajadores del mar, este Gobierno seguirá
haciendo esfuerzos tanto por los trabajadores del mar como por los armadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Do Campo.
Para terminar este turno en contra, la senadora Martín Mendizábal tiene la palabra.
La señora MARTIN MENDIZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Comenzaré por el Grupo de Entesa, diciéndole al senador Espasa, si me permite, dado que sus seis enmiendas son iguales, fotocopias, calcadas en su redacción y en su
justificación con las del Partido Socialista, que se las contestará a la vez.
En cuanto al Grupo de Convergència i Unió, quisiera motivar un poco al señor Sesmilo y agradecerle de corazón su capacidad de diálogo por haber llegado a una enmienda
transaccional que, en definitiva, va en beneficio de los minusválidos. Igualmente, se lo quiero agradecer al resto de los grupos que han hecho posible esta transaccional. En relación a la enmienda que deja viva quisiera recordarle que el motivo de
no aceptarla es que este proyecto es reflejo de un acuerdo que trata de extender a más personas la jubilación anticipada cuando ya estaban incluidas en ese régimen que lo tenían previsto. No obstante, reconozco que a lo mejor eso nunca hay que
descartarlo, dado que dentro de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados existe una subcomisión para la convergencia entre el régimen general y el régimen de autónomos.
Yo creo que el Grupo Socialista en general está de acuerdo con el
espíritu del proyecto, aunque introduce matizaciones. Voy a tratar de razonarle por qué no consideramos oportuna la introducción de sus enmiendas. Habla de cuando el trabajo es voluntario o involuntario. En sus enmiendas pretende aplicar el mismo
coeficiente reductor cuando es voluntario o no lo es y yo creo que ésa no es la solución cuando puedan existir dudas. El otro día en Comisión le recordaba que en uno de los casos de las bajas incentivadas el Grupo Parlamentario Popular ha
introducido una enmienda, la número 58, que recoge como involuntarias esas bajas incentivadas. En cualquier caso, usted sabe que la Seguridad Social lo aplica al concepto de involuntarios en los supuestos en que es estrictamente involuntario. Lo
contrario nos llevaría a incentivar jubilaciones anticipadas con la expulsión de personas del mercado de trabajo y es precisamente lo que pretendemos evitar.
Por otra parte, hablaba del convenio especial. Como le decía, de lo que se trata es de
desincentivar las expulsiones
masivas. Esas expulsiones se producen muchas veces por una decisión única a través de un expediente de regulación de empleo de varias personas. Se pretende desincentivarlo a través de la obligatoriedad de abonar este convenio especial
cuando no tengan apuros económicos esas empresas, si me permite la expresión, porque, como le decía, eso es lo que va a evitar que se dé la situación que se produce actualmente con muchos trabajadores, y es que fueron expulsados del mercado de
trabajo, llegaron a una jubilación cuando podían jubilarse y actualmente se ha presentado otra enmienda que dice que a esos trabajadores se les apliquen los coeficientes actuales. Reconociendo la situación en la que se encuentran estos
trabajadores, creo que requiere un estudio más amplio. Hay mucha diversidad en este conjunto de trabajadores. También quiero decirle que dentro del acuerdo del año 2001 existe un apartado en donde se concreta un estudio específico sobre esta
materia.
Me hablaba de los trabajadores autónomos. Le tengo que decir lo mismo que al Grupo de Convergència i Unió. Además, en este momento habría que hacer una consideración más profunda, porque ¿cuándo es imputable o no a un trabajador autónomo
el cese en el trabajo? No obstante, sí quiero recordarle que la jubilación parcial está vigente o reconocida legalmente para el trabajador autónomo y, en cualquier caso, habrá que acudir a la mayor convergencia posible entre régimen general y el
régimen de autónomos.
Me ha hablado de la incapacidad para los mayores de 65 años, pero ustedes proponen volver a la situación anterior y la ley de 1997 está de acuerdo con el Pacto de Toledo, con lo cual no parece procedente. Sin embargo, este
proyecto tiene de positivo que dado que se incentiva al trabajador de más de 65 años para que continúe trabajando es lógico que se reconozca la posibilidad de una incapacidad por accidente de trabajo.
Se ha referido a las exoneraciones y
bonificaciones lo mismo que el senador Espasa. La exoneración significa que no se paga a la Seguridad Social, no paga nadie pero, señoría, cuando un trabajador de más de 65 años deja de trabajar pasa directamente a la situación de jubilación, con
lo cual no sé si será muy correcto técnicamente, pero la repercusión financiera sería para la Seguridad Social; es más, si este trabajador dejara de trabajar nos encontraríamos con que la Seguridad Social no sólo no recibiría cuotas sino que además
tendría que pagar una pensión.
Señorías, esto no es contrario al Pacto de Toledo y no es lo mismo que las exoneraciones a los 40, 45 ó 50 años. Y, efectivamente, de los 60 a los 65 años se prevén bonificaciones porque cuando este trabajador decida
voluntariamente dejar su trabajo pasaría a una situación de desempleo y , por tanto, ocasionaría presupuestaria y financieramente un gasto en el sistema de desempleo.
Creo que le he contestado, pero me gustaría recordar el espíritu del proyecto que
estamos debatiendo que consiste en incentivar para que continúen trabajando las personas con mayores posibilidades de salir del mercado de trabajo y cuando esto no fuera posible que se pudieran jubilar anticipadamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Martín Mendizábal.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA. Gracias, señor Presidente.
Parece que a estas horas los micrófonos se vuelven en nuestra contra a juzgar por el ruido que hacen.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer el tono de la contestación de
las senadoras intervinientes del Grupo Parlamentario Popular y lamentar que estos días de reflexión no hayan surtido el efecto necesario.
Es evidente, señora Do Campo, que cualquier mejora u homologación de un beneficio a situaciones parecidas
cuando se extiende a un mayor número de personas requiere una dotación presupuestaria más elevada; también es evidente que cuando existe voluntad política y sensibilidad social se pretende que situaciones homologables puedan verse recompensadas por
aspectos de justicia y equidad social y naturalmente no es la oposición enmendante la que ha de buscar esos recursos sino el Gobierno que es el que tiene las claves presupuestarias y las posibilidades de aportar fondos quizás de programas o partidas
menos sociales o menos interesantes desde el punto de vista de la equidad y de la justicia social.
Y eso es lo que ustedes plantean en situaciones parecidas y en cuestiones sociales como pueden ser beneficios a familias numerosas, etcétera, en
comunidades en las que no gobiernan; y a diferencia de esto se intenta hacerles caso y buscar esas posibilidades por todos los medios, así como las claves para dar respuesta satisfactoria a la oposición cuando realmente existe esa sensibilidad
social a la que he hecho referencia.
Obviamente soy consciente de que requiere un mayor esfuerzo presupuestario o una distinta distribución de los presupuestos, una distribución más social.
En cuanto al resto de cuestiones, debo decir que tampoco
es nueva su respuesta puesto que hace referencia a sentencias del Tribunal Constitucional en lo relativo a su interpretación sobre las competencias del régimen económico de la Seguridad Social, por citar un ejemplo, sin tener en cuenta que es un
régimen público, único y unitario; me parece que éstas han sido sus palabras en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional pero olvidan otras sentencias posteriores que ponen en cuestión esta definición como la última sentencia relativa a la
formación continua.
Cuando ustedes se refieren a la Constitución citan el artículo 149 en todos sus apartados, pero casi siempre olvidan de que existe un artículo 152 que, por cierto, está de adorno y no explorado.
Lamento que no haya habido
acuerdo total en este proyecto, cuyos objetivos compartimos, y que los beneficios que contempla no hayan podido ser extendidos a otras situaciones homologables. Asimismo, manifestamos el acuerdo con todo aquello que no hemos enmendado y, desde
luego, con el sentido del proyecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, manifestamos nuestra coincidencia con los objetivos globales y con ese espíritu, entre comillas, del que se hablaba de esta ley en discusión, aunque manifestamos también
nuestras diferencias, que no han sido plasmadas con enmiendas como, por ejemplo, en un aspecto que nos parece muy importante --es uno de los más negativos que puede encontrarse en este proyecto-- en el sentido de que a los mayores de 52 años que
cobren subsidio se le extinga al cumplir la edad mínima de pensión de jubilación, o sea, a los 61 años, aunque en esta nueva etapa no cobren más del 50 por ciento de la base de jubilación, lo cual nos parece un retroceso.
Apoyaremos algunas
enmiendas que coinciden con nuestros planteamientos en el sentido de no rebajar derechos legítimamente adquiridos.
Asimismo, apoyamos la transaccional sobre la base de la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Popular. Nos parece un acierto
haber acercado posturas en ese sentido.
En definitiva, nuestra postura va a ser de apoyo a la globalidad de la ley, aunque nos hubiera gustado que se hubiesen aceptado algunas enmiendas que entendemos que hubiesen mejorado sensiblemente el fondo y
la forma de la ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que, aunque no hemos podido llegar a encontrarnos ni hemos logrado introducir nuestras enmiendas a este proyecto y haberlo enriquecido con ellas, aunque creemos que es
suficiente con la voluntad política que usted plasmaba en esa sensibilidad hacia los trabajadores del mar, sobre todo en el ámbito competencial, donde creemos que es más importante que estuviera bien reflejado, a pesar de todo la verdad es que,
aunque a nadie le gusta que no se le acepten estas enmiendas, estamos medianamente satisfechos porque por lo menos el talante que se ha demostrado por su parte ha sido abierto y explicativo de los porqués.
Nos gustaría que este talante fuese el que
imperara en el Partido Popular en el futuro y pudiéramos discutir sobre los proyectos de cada uno.
Vamos a apoyar este proyecto que, con sus más y sus menos, se plantea en las coordenadas del acuerdo del Pacto de Toledo y de los distintos acuerdos
que se han ido produciendo.
Sobre los acuerdos de los que emanan estos proyectos, y en concreto éste, entendemos que sigue siendo necesario sumar al máximo y que hay que hacer todos los esfuerzos para que en los mismos estén el máximo de agentes
sociales, y en tanto no haya otros marcos desarrollados, se cuente también con agentes sociales cuyo ámbito de actuación está limitado territorialmente.
La realidad de los cambios culturales y de mentalidad en el ámbito socio-laboral obliga a no
trabajar con dogmatismo y esquemas cerrados, sino a trabajar con equilibrio y flexibilidad, buscando la riqueza del encuentro intergeneracional y la convivencia entre unas edades y otras, no expulsando prematuramente del mercado laboral a unos
trabajadores por razón exclusivamente de su edad, incluso facilitando un ejercicio de voluntariedad, con la incorporación tan necesaria también de nuevas generaciones, de savia nueva y nuevas formas de hacer.
Porque se sigue sin reconocer la
capacidad de los ámbitos locales más cercanos al ciudadano para conocer mejor las necesidades y promover las soluciones más idóneas para el tejido social al que tenemos que responder, y ya no por razones exclusivamente de competencia, sino además
como instrumentos más dinámicos y más ágiles para prever, diagnosticar y aplicar esas medidas, es por lo que nosotros, como decía antes, nos hemos quedado un tanto frustrados.
A pesar de todo, creo que habría que sacar consecuencias y sin miedos y
con valentía el Estado tendría que saber aprovechar la riqueza de un Estado plurinacional con hechos diferenciales que tienen que ser reconocidos y respetados para conseguir entre todos el bien común.
Nos hemos acercado a este proyecto con talante
abierto, no dogmático, sabiendo que la realidad es cambiante y que algunas de las medidas que hoy se creen plausibles mañana, tras su experiencia, quizá deban ser cambiadas. Así lo hemos visto y así lo vamos a apoyar, y además creemos que en este
día es importante seguir apostando por el diálogo porque las cosas irán a mejor.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Aurrekoetxea.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Romero Calero.
El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente, señorías, para referirme a dos cuestiones a las que amablemente ha contestado la senadora Martín Mendizábal.
El tema del convenio especial con la Seguridad
Social es uno de los puntos sensibles de esta norma. El convenio especial con la Seguridad Social es un elemento clave a la hora de garantizar procedimientos de jubilación anticipada serios y rigurosos. Usted bien sabe que en este momento se
está produciendo lo que en España denominamos, sin duda no acertadamente, jubilación anticipada, que no es más que un despido colectivo que se pacta en unas determinadas condiciones.
Le animo, senadora Martín Mendizábal, a que estudie cómo
se han producido estas situaciones en los últimos años. En muchas empresas ha habido expulsiones en el mercado de trabajo en España por razones objetivas de edad. Las empresas importantes tienen capacidad de negociación a la hora de pactar las
condiciones de los expedientes de regulación de empleo; en todos aparece una cláusula que recoge que el trabajador accederá en la primera edad de jubilación posible a la jubilación pública de la Seguridad Social y entre tanto se firma un convenio
especial con la Seguridad Social que financia la empresa y se incluye en el coste de la rescisión del contrato de trabajo.
A ese procedimiento, que hasta ahora ha sido negociado por las partes, le da carta de naturaleza la norma. Pero le da carta
de naturaleza en unos términos que, a nuestra juicio, son tan limitados que hacen que sigan teniendo acceso a este procedimiento los que ya lo tienen, es decir los que trabajan en empresas que tienen capacidad de negociación, pero los miles de
trabajadores que se ven expulsados del mercado de trabajo por razones estrictas de edad y que no tienen capacidad de negociación no van a verse amparados por la norma. Es decir, el señor de la ferretería de la esquina que es despedido con 55, 56 ó
57 años no va tener acceso a que se le financie un convenio especial con la Seguridad Social.
Sin dejar de reconocer que supone un avance lo que en este momento contempla el proyecto, consideramos que se queda corto y, por eso, hemos presentado
esta enmienda.
El otro tema al que me quiero referir, porque no sé si no se nos ha entendido, es que la bonificación o exoneración de las cuotas de la Seguridad Social es una cuestión de principio. Es decir, no podemos confundir la Seguridad
Social con el Estado, ni éste con aquélla. La Seguridad Social es un elemento concreto que responde a una determinada línea de actuación pero bajo ningún concepto se puede plantear ningún tipo de exoneración de cuotas de la Seguridad Social. La
Seguridad Social siempre debe ingresar cuotas, ya vengan por las cotizaciones naturales de empresarios o trabajadores o porque el Estado transfiere, vía fiscalidad o Presupuestos Generales del Estado, determinadas materias de Seguridad Social para
cubrir determinadas políticas. Por ejemplo, ahí están las bonificaciones de contrataciones.
Dice la señora Martín Mendizábal que, técnicamente, si una persona de más de 65 años siguiera trabajando dejaría de cobrar la pensión. Es verdad.
Pero
alguien debe pagar a la Seguridad Social las cuotas que van a seguir generando las prestaciones futuras de ese trabajador. Nosotros consideramos correcto que al empresario se le exonere del pago de esa cantidad, pero entonces que esas prestaciones
las pague el Estado en su conjunto vía bonificaciones. Esta es la cuestión a la que me quería referir.
En cualquier caso, agradezco a la señora Martín Mendizábal que haya tenido la deferencia de referirse expresamente a las enmiendas que hemos
presentado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Romero Calero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Martín Mendizábal.
La señora MARTIN MENDIZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora De Boneta, en cuanto a las prejubilaciones a las que yo creo que usted se refería --los prejubilados anteriores a haberse aceptado la reducción de los coeficientes
reductores--, quizá no me haya expresado bien, pero repito que en el acuerdo social hay un apartado que hace referencia expresa a la obligatoriedad de realizar un estudio con objeto de que sean aplicables --no sé si ésta o similares-- condiciones
más beneficiosas ante las situaciones que se están produciendo. El Gobierno del Partido Popular fue el que las propuso, y fueron, además, aceptadas por las centrales sindicales y organizaciones empresariales. Por tanto, le pediría un poco de
paciencia, porque dicho acuerdo tiene que desarrollarse.
En cuanto al tema competencial, es materia de legislación básica de Seguridad Social. Estamos hablando de la jubilación y de diferentes vías para su acceso a ésta.
Por lo que se refiere al
senador Aurrekoetxea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, le digo lo mismo: esta es una materia de legislación básica de Seguridad Social, y no creo que tenga nada que ver reconocer la pluralidad con la naturaleza humana, la
jubilación y la fecha en que una persona pueda acceder a una prestación, ya sea de jubilación, de incapacidad temporal o permanente.
En cualquier caso, me gustaría dejar muy claro lo referente al régimen especial del mar. Entendemos que no es
factible que a una persona sujeta al régimen especial del mar, que tiene unos coeficientes reductores porque su trabajo es penoso, insalubre, etcétera, se le diga que se le reduce la edad de jubilación y conteste: si usted me exonera de las
cotizaciones, me puedo quedar más tiempo. Eso es lo mismo que decir: usted me exonera de las cotizaciones, y entonces puedo continuar tragando polvo o trabajando con humedad. No sé si me he explicado bien. Por otro lado, no sería factible decir:
usted me bonifica las cotizaciones, y yo durante estos años no las pago. Y todo ello, lo justifica su señoría diciendo que no hay técnicos titulados para el mar. Pues bien, se reduzcan o no las cotizaciones a partir de cierta edad, no por ello van
a surgir técnicos titulados. De cualquier forma, señoría, siempre estaremos abiertos al diálogo sobre esta cuestión.
Senador Rodríguez Díaz, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, su señoría se refería al ejemplo de un trabajador de 52 años,
con jubilación anticipada, que tiene la posibilidad de jubilarse con el 50 por ciento de la pensión. Permítame que le diga que usted está mezclando distintas cuestiones. Si una persona mayor de 52 años cobra un subsidio y cuando tiene la
posibilidad de jubilarse se queda con el 50 por ciento de la pensión, tiene derecho a hacerlo porque ha estado 15 años cotizando. Eso es una pensión contributiva. Creo que podríamos comentar este
supuesto en otro momento. En cualquier caso, le agradezco su apoyo a este proyecto de ley.
Por lo que respecta al portavoz del Grupo Socialista, el convenio especial supone efectivamente un mantenimiento de derechos; de ahí su
importancia. Su señoría ha reconocido que esto es un avance. Y aunque no quiero referirme a la situación anterior al Pacto de Toledo --no quiero entrar en más debates--, sí le diré que antes cualquier trabajador no tenía esa posibilidad; fuera su
jubilación anticipada y voluntaria o anticipada e involuntaria el coeficiente reductor era el mismo.
Señoría, lo que tratamos de evitar es precisamente el que, a través de acuerdos, empresas que tienen una buena economía y que quieren reducir sus
costes empresariales recortando los de personal expulsen a los trabajadores por una razón objetiva de edad; y en esto tiene usted razón, es una razón objetiva porque la edad es lo más objetivo que hay, pero también es absolutamente
inconstitucional, según la opinión de mi grupo, cuando ésa es la única y exclusiva razón que se argumenta. Eso es lo que se trata de evitar. Y el evitar los despidos improcedentes, que también hay casos, en los que los trabajadores son expulsados
del mercado de trabajo, no digo que no sea algo loable, pero creo que ése no es el camino a seguir en este momento.
Por otra parte me habla usted de bonificación y me dice que hay que diferenciar el presupuesto de la Seguridad Social del
presupuesto del Estado. Estoy absolutamente de acuerdo con ello; pero dentro del presupuesto de la Seguridad Social están las cotizaciones generales o contingencias comunes y una cotización específica para desempleo, y lo que quisiera ponerle de
manifiesto es que, cuando alguien de más de 65 años no se jubila, ya no va a producir un gasto de Seguridad Social, es verdad que no va a haber un ingreso, pero me llama la atención, señoría, que me diga usted que alguien tendrá que pagar a la
Seguridad Social las cuotas de ese trabajador y que proponga que se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. ¿No me está diciendo usted que son cosas diferentes? Pues no las mezcle.
No sé si esto habrá quedado suficientemente
claro, pero, en cualquier caso, quisiera agradecerle sus intervenciones y sus aportaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martín Mendizábal. (El señor Rodríguez Díaz pide la palabra.) ¿Senador Rodríguez, pide usted la palabra por el artículo 87? (Asentimiento.) En tal caso dispone usted de un minuto.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Intervengo muy brevemente para aclarar a la senadora Martín Mendizábal, por si no ha quedado bien claro en mi explicación, que aquellas personas mayores de 52 años que cobren el subsidio de desempleo deberán
renunciar a él obligatoriamente cuando lleguen a la edad mínima para acogerse a la pensión de jubilación, es decir, cuando cumplan 61 años, aunque cobren menos del 50 por ciento de la base. Estas personas no pueden seguir cobrando el desempleo y se
tienen que conformar con esa cifra inferior al 50 por ciento. Eso es así, está recogido en la ley y es el principal punto de discrepancia que nosotros tenemos con el proyecto, aunque, como hemos dicho, vamos a apoyarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Rodrdíguez. (La señora Martín Mendizábal pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Martín Mendizábal durante un minuto por el artículo 87.
La señora MARTIN MENDIZABAL: Gracias, señor Presidente.
Creo que habría que matizar mucho sobre esta cuestión, aunque creo que no es el momento ni la hora apropiada para ello. No obstante, ahora no me salen los cálculos de ese 50 por
ciento de ese caso concreto que usted me plantea, pero cuando usted quiera lo discutimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martín Mendizábal.
Finalizado el turno de portavoces del debate de este proyecto de ley pasamos al siguiente dictamen.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 28 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO
(S. 624/000003) (C. D. 122/000098).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la proposición de ley de modificación del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Para la presentación del dictamen ha sido designado por la Comisión su Presidente, el senador Conde, que tiene la palabra.
El señor CONDE BAJEN: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición de ley de modificación del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
tuvo su entrada en la Cámara el día 10 de mayo de 2002.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 23 de mayo. Se presentaron un total de cinco enmiendas. La Ponencia se designó en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del día 6 de
junio y se reunió el día 10 de ese mismo mes, decidiendo aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Dicho informe se debatió por la Comisión en su sesión del día 13 de junio, decidiéndose aprobar como dictamen de la Comisión el texto del informe de la Ponencia. A este informe se han presentado tres votos particulares.
Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Conde.
No existe debate de totalidad, y por tanto, pasamos a la defensa de las enmiendas, votos particulares al artículo único y al preámbulo.
En primer lugar, voto particular número
2, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a la enmienda número 1.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar que, en este momento, retiramos esta enmienda y votaremos favorablemente el proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a la enmienda número 3.
Para su defensa, tiene la palabra el senador
Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra enmienda pretende garantizar la igualdad de los sexos propiciando que el Gobierno impulsara la revisión del sistema vigente de clasificaciones profesionales. Creo que el
objetivo lo merece, a pesar de que defienda esta propuesta con la boca pequeña, porque quizá el texto no sea muy afortunado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sesmilo.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 4 y 5.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Flores.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
A estas alturas del debate y visto su desarrollo, he estado a punto de decir que las daba por defendidas y que la senadora Fernández Do Campo me dijera que las daba por rechazadas,
porque durante todo el día hemos mantenido un diálogo de sordos y no sé si merece la pena continuar.
En primer lugar, quiero dejar claro que mi Grupo Parlamentario está totalmente de acuerdo con el fondo de la cuestión que plantea la proposición de
ley de modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores porque es una vieja aspiración, no solamente de la izquierda sino de todas las mujeres, el que a iguales trabajos correspondan las mismas retribuciones.
En este caso, tengo que
reconocer que la semántica ha jugado un papel fundamental en contra de las mujeres y, por eso, estamos de acuerdo en modificar aquellos términos que pudieran inducir a error o avalar cualquier resquicio que permitiera algún tipo de discriminación
salarial.
Los textos en los que se ha apoyado el Grupo Parlamentario Popular para justificar esta modificación son, en su mayoría, de la Unión Europea y de su tratado constitutivo; sin embargo, y a pesar de reconocer la importancia que tiene la
modificación del artículo 28, desde nuestro punto de vista nos quedaríamos cortos si nos limitáramos únicamente a cambiar la terminología del mencionado artículo. Por eso, nuestras enmiendas no proponen tanto la modificación del texto de esa
proposición de ley como completarlo; por una parte, el artículo 17 del propio estatuto y, además, añadir una nueva disposición adicional.
Por lo que respecta al artículo 17, nos parecía que si modificábamos el artículo 28, que no es ni más ni
menos que una extensión del primero, deberíamos homogeneizar los dos textos. Si no establecemos un término que nos permita la comparación no podremos estar seguros de que no se pudiera producir algún fraude de ley, aunque fuera de manera
involuntaria. En este sentido, proponemos la adición de tres párrafos que creemos que recogen las directivas de la Unión Europea en las que ustedes se han basado para presentar el texto; en concreto, recogerían el espíritu de la iniciativa 75/117,
en sus artículos 3 y 4, así como de la 76/207 porque, como ustedes saben, la propia Comisión ya propuso en julio que se reflexionara y se modificara la cuestión. A nuestro juicio, es mucho más global y elimina de manera tajante las diferencias que
pudieran producirse en las condiciones de trabajo de mujeres y hombres y aunque sabemos que los Estados miembros tienen hasta el año 2005 para poder aplicarla en sus territorios, nos parecía que era una lástima desaprovechar la oportunidad de que
disponemos al modificar nuestra legislación laboral en aspectos retributivos y no entendemos por qué no se puede ir un poco más allá y aplicar ya la directiva. De todas maneras, apelo al buen sentido del Grupo Parlamentario Popular y de su
portavoz.
En el caso de la segunda enmienda, que sería la adición de una disposición adicional, lo hacemos porque es la propia Comisión la que recomienda que, al revisar la Directiva75/117, se refuerce el cometido de la inspección de trabajo y sus
competencias, en lo que se refiere al tema que nos ocupa, esto es, la igualdad. Por eso a nosotros nos pareció interesante que se creara un órgano específico que se encargara del seguimiento, la vigilancia y el cumplimiento de las normas legales
que afectan al tema.
Creo que tanto la enmienda presentada por Entesa --que acaba de ser retirada-- como las del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sólo pretenden completar el texto inicial que nos proponía el Grupo
Parlamentario Popular, y repito que sería una pena que no pudiéramos profundizar algo más. No nos vale que hablemos sólo de igualdad retributiva, porque nosotros creemos que hay que hablar también de igualdad de oportunidades en la promoción, en el
ascenso; tenemos que hablar de la negociación, de la representación de las
mujeres, y no creemos que sea una injerencia incidir en estos temas, porque si todo lo que se ha hecho en cuanto a la discriminación positiva de la mujer se hubiera considerado como una injerencia, probablemente a estas alturas no estaríamos
hablando de esto, sino que estaríamos algunos pasos más atrás. Como considero que es más lo que nos une que lo que nos separa, vuelvo a apelar al buen sentido del grupo mayoritario de la Cámara para que se puedan aprobar estas enmiendas.
Nada más
y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Flores.
Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Fernández Pacheco.
La señora FERNANDEZ PACHECO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a estas horas de la noche voy a intentar ser lo más breve posible en mi exposición.
El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores consagra el principio de igualdad
de remuneración por razón de sexo, sin embargo su alcance se revela limitado al concepto técnico jurídico de salario, ya sea en su modalidad de salario base o de complementos salariales, dejando fuera de su ámbito de aplicación otras percepciones
económicas que el trabajador pueda recibir con ocasión de su contrato de trabajo.
El Gobierno del Partido Popular es consciente de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, por ello proponemos la modificación del artículo 28 del texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores, a efecto de proceder a la sustitución del actual concepto vigente de igualdad salarial por el de retribución, que hoy pretendemos aprobar en esta Cámara. De esta forma, no sólo se amplía el ámbito de
aplicación material del concepto, sino que además se adecua a la terminología utilizada en el Derecho comunitario. Así sucede en el artículo 141, antiguo artículo 119 del Tratado de la Unión Europea, y en la Directiva 75/117, de la Comunidad
Económica Europea, de 10 de febrero de 1975.
A lo largo del mandato del Gobierno del Partido Popular se ha creado una serie de planes y programas de acción para eliminar ésta y otras discriminaciones, precisamente por ello estamos hoy aquí, y
presentamos esta iniciativa.
Queda claro en la exposición de motivos que he hecho que el objetivo del Gobierno es la igualdad real entre hombres y mujeres. A continuación, paso a contestar a las diferentes enmiendas presentadas, y quiero agradecer
al Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés la retirada de su enmienda y el apoyo a nuestro proyecto de ley. Desde aquí, muchas gracias.
En cuanto a la enmienda número 3, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, si bien es cierto que existe una relación entre los sistemas de retribuciones o estructura salarial y el sistema de clasificación profesional de aplicación en una determinada empresa, dicha relación es tomada en cuenta en lo que
se refiere a la no discriminación por razón de sexo, aunque sea de forma implícita, en la nueva redacción que da la proposición de ley al artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores: «El empresario está obligado a pagar por la prestación de un
trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos
o condiciones de aquélla.» Ahí puede entenderse incluido el sistema de clasificación profesional.
Con todo, la enmienda merece una valoración desfavorable por las siguientes razones que explico a continuación. En primer lugar, debe recordarse que
de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, el sistema de clasificación profesional por medio de categorías o grupos profesionales se establecerá mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores. Tratándose de una materia propia de la negociación no parece ni legal ni acertado, que deba producirse una intervención heterónoma del Gobierno. Y segundo, el Acuerdo Interconfederal sobre negociación colectiva
de 2002, firmado el 21 de diciembre de 2001 por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, CEOE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT, encomienda a su Comisión de Seguimiento realizar durante su vigencia un estudio para analizar
los posibles factores que dificultan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incluso los previos al momento de acceso al empleo; identificar los obstáculos y destacar cuáles pueden ser las prácticas adecuadas para fomentarla, haciendo
hincapié en el papel de los interlocutores sociales.
Ese estudio realizado por los propios interlocutores sociales parece ser el marco más adecuado en cuanto respetuoso con la autonomía colectiva, y no el que se propone en la enmienda. Por lo
tanto, señorías, mi Grupo no puede aceptar dicha enmienda.
Respecto a la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, resulta asistemática, pues no resultaría técnicamente apropiado y además produciría inseguridad jurídica pagar la misma
retribución por un trabajo de igual valor sin discriminación alguna por razón de sexo, que se regulara en términos no coincidentes, en el artículo 17 y en el 28 del Estatuto de los Trabajadores. Materialmente no se acierta bien a comprender la
redacción que la enmienda propone para los apartados cuatro y cinco del artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Llama la atención que la redacción propuesta utiliza de forma genérica la expresión igualdad de trato, es decir, no se vincula al
sexo, de donde se deriva que se refiere a la totalidad de las circunstancias o condiciones de las personas previstas en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores: edad, origen, estado civil, raza, etcétera. Si ello es así, la enmienda se
estaría separando del objeto de la proposición de ley y, además, sería redundante con lo que dice el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho a no ser discriminado, o el propio artículo 17.1 de dicho Estatuto.
Por lo que se refiere
al artículo 17.4, la redacción propuesta incluye conceptos jurídicos indeterminados...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Fernández Pacheco, le ruego termine.
La señora FERNANDEZ PACHECO: Voy terminando, señor Presidente.
Conceptos jurídicos indeterminados que podrían ser fuentes de inseguridad jurídica o incomprensibles, como es el caso de la expresión centro de trabajo, ámbito territorial y
empresa. En efecto, centro de trabajo, ámbito territorial o empresa se exigen acumulativa o alternativamente. Si es acumulativamente, es obvio que si es el mismo el centro de trabajo sobra ámbito territorial y empresa; y si es alternativamente
carece de sentido porque es obvio que las distintas empresas de un mismo ámbito territorial podrán pagar diferentes retribuciones a sus trabajadores.
Por lo que se refiere a la propuesta que hacen de un nuevo artículo 17.5, su redacción presenta un
doble problema; por un lado, transmite la falsa impresión de que la igualdad de trato está subordinada a las facultades organizativas del empresario, cuando lo cierto es que en materia de retribución, definición de los sistemas de clasificación
profesional o de criterios y reglas para los ascensos, el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo tiene un alcance absoluto. Por otro lado, la redacción propuesta es redundante con lo señalado en el artículo 24 del Estatuto de
los Trabajadores.
En cuanto al punto seis propuesto para el artículo 17, es redundante respecto a los efectos propios de la sanción de nulidad, retroacción de los efectos al momento en que se produjo el acto nulo.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, tiene que concluir. Le queda un turno de portavoces en el que su señoría todavía puede intervenir.
La señora FERNANDEZ PACHECO: Para finalizar, quiero responder a la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Por lo que respecta a la creación de una nueva Disposición Adicional única sobre programas de interés estatal de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social con especial interés a la igualdad de trato entre hombres y trabajadoras, la Administración ya viene desarrollando el Plan para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Por otra parte, el
Instituto de la Mujer tiene actuaciones con el objeto de combatir la segregación en el mercado de trabajo. Además dependiendo de dicho organismo autónomo, existe el Observatorio de Igualdad de Oportunidades. Por lo tanto, no podemos aceptar dichas
enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Fernández Pacheco.
Abrimos un turno de portavoces. En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador don Froilán Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos de acuerdo con el fondo y la forma de esta proposición de modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Además, consideramos absolutamente obligatorio llevar
a cabo esta transposición del derecho comunitario y sustituir el principio de igualdad salarial por el de igualdad retributiva.
Al margen de matices, con los que podemos estar de acuerdo con alguno de los enmendantes, nos reservamos la posibilidad
de apoyar alguna de las pocas enmiendas que quedan vivas y anunciamos ya nuestro voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador don Froilán Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Gracias, señor Presidente. Como ya he indicado que no la defiendo con mucho convencimiento, oídas las explicaciones de la senadora Fernández Pacheco, considerando que nuestro texto quizá sea más propio de una
moción y confiando que la Cámara se pronuncie unánimemente, anuncio la retirada de esta enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sesmilo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Flores.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, tengo que pedir disculpas a la senadora Fernández Pacheco porque antes me he dirigido a ella como senadora Do Campo. Le pido disculpas y espero que no lo tome como
una descortesía.
Después de oírla, casi me da ganas de volver a pedirle perdón, pero esta vez por enmendar de esa manera farragosa y asistemática de la que su señoría me ha acusado. Qué le vamos a hacer, no sé hacerlo mejor.
Creo que es una pena
que la cerrazón de su Grupo impida que se produzca una reforma más en profundidad de un texto legal que podía haber salido mejor de lo que va a salir. No le quito el mérito y no le digo que no esté bien, sino que es insuficiente y, además, su
señoría lo sabe.
No hay ninguna razón de fondo en todo lo que usted ha dicho ni un sólo argumento serio para que ustedes se opongan, so pena que el argumento sea que todo lo que viene de la oposición es rechazable en sí mismo por venir de ella. Si
es así, no hay argumentación posible.
A estas alturas, lo que sí debo decírle es que hay que tener cuidado con las políticas de gestos en materia de género. Usted como yo tenemos los datos de la situación laboral de las mujeres y con políticas así
y ciertas normas que ustedes pretenden implantar vía decreto, las mujeres,
como colectivo más desfavorecido, vamos a --y ustedes lo saben, lo nieguen o no--, gozar de muy poca discriminación positiva.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Flores.
Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
La senadora Lasheras utiliza este turno. Tiene su señoría la palabra.
La señora LASHERAS MEAVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, muy buenas noches. Es para nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, un honor defender finalmente la reforma de este artículo, entendiendo además que había partido
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debo agradecer al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria su voto favorable a la reforma de este artículo en los términos en que va a quedar y agradecer también al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió que finalmente haya retirado su enmienda.
A la senadora Flores he de decirle que la lucha por la igualdad no es patrimonio de ningún partido político, no es patrimonio de la izquierda, que la lucha por la
igualdad es patrimonio de las mujeres, y en esta materia las mujeres nos ponemos de acuerdo en las cosas que nos preocupan, que están por encima de un planteamiento político y defienden propiamente a la mujer.
Senadora Flores, no es que no se
acepten sus enmiendas porque vengan de la oposición. No se aceptan porque lo que usted plantea ya lo prevé el Gobierno y se contempla en algunos artículos del propio Estatuto, así como en otros de la normativa que se va a adaptar.
Finalmente, por
lo que se refiere a este artículo en concreto, debemos adaptarnos a la normativa europea, al Tratado de Roma, al Tratado de Amsterdam. Además, ello supone una adaptación de nuestras leyes a lo que viene siendo una realidad plasmada de modo
reiterado en las sucesivas sentencias dictadas en nuestros juzgados y tribunales. Ya hay numerosa jurisprudencia que, adaptándose a esta realidad, recoge lo que ustedes plantean. Esta jurisprudencia sobre la igualdad de remuneración por razón de
sexo a la que se refiere el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, en coherencia con el artículo 14 de nuestra Constitución, no alude al concepto estricto de salario, sino en referencia --y así se denomina-- a lo que se considera como
discriminación retributiva. Este término permite englobar aquellos conceptos que sin ser salario, como usted conoce, sí constituyen percepciones económicas del trabajador en virtud de su relación contractual con el empresario, como quedan
determinados en el artículo 26.2 de este Estatuto. En tal sentido, son de destacar la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 1997 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de septiembre de 1999.
Insisto
en que no sólo es el término «retribución» el que sustituye al término «salario», sino que, al referirse la jurisprudencia al artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, es el propio concepto de «salario» de este artículo 28 el que se halla
ampliado al concepto genérico de «retribución», que abarca las percepciones económicas del trabajador, aquellas salariales y las extrasalariales, al amparo del artículo 14 de la Constitución Española, defendiendo de este modo y como ejemplo la no
discriminación por razón de sexo en relación con la indemnización recibida por la extinción de los contratos de trabajo. También y en tal sentido, entre otras, hay que destacar la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de julio del año 2000.
Finalmente, en lo que se considera el principio de autonomía colectiva, expresamente contemplado en el artículo 37 de la Constitución Española, que dispone que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y de los empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, cualquier norma que proponga la injerencia del Gobierno en el ámbito de los convenios o pactos celebrados entre los empresarios y los trabajadores siempre que
los mismos se adecuen a la ley supone poner en peligro el derecho a la autonomía y a la potestad de la autoorganización de las asociaciones empresariales y sindicales, cuando, en el mejor de los casos, dicha conducta no sea susceptible de ser
declarada inconstitucional.
En cualquier caso, ya he oído, senadora Flores, que usted no comparte que esto sea una injerencia, pero sí lo es, porque las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales tienen la madurez suficiente para
saber qué tienen que negociar y quién les tiene que representar. Por tanto, sería cometer una injerencia.
Insisto, creo que esa lucha por la igualdad, senadora Flores, no es patrimonio de ningún partido político y tampoco es patrimonio de la
Izquierda; es patrimonio de las mujeres, de todas las que creemos en la igualdad.
Y si quiere, puedo hablar de lo que ha sido el acuerdo interconfederal, que apoya lo que usted pide con sus enmiendas. Puedo referirme a algunos puntos del Estatuto
de los Trabajadores, a la Conferencia Sectorial de asuntos laborales. (Rumores.) Si quiere, también puedo hacer referencia a todas aquellas propuestas...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías, por favor.
Senadora Lasheras, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora LASHERAS MEAVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Puedo hacer referencia a todas aquellas propuestas y a todos aquellos proyectos que el Gobierno del Partido Popular ha venido poniendo en marcha desde el año 1996 en favor de las
mujeres: la exención a la cotización de la Seguridad Social en casos de baja por maternidad, el apoyo a las mujeres en aquellas profesiones subrepresentadas, la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, el plan integral de apoyo a la
familia, el plan integral contra la violencia
doméstica. Le podría decir todo lo que el Partido Popular ha hecho en favor de la mujer.
Concluyo diciendo, como se dice en mi tierra --soy de Aragón--, que obras son amores y no buenas razones. Las obras en favor de la mujer las ha hecho
el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Lasheras.
Finalizado el debate de este proyecto de ley, que será votado mañana, conforme se acordó, se suspende la
sesión.
Eran las veintitrés horas.