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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 78, de 11/04/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 78
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 18
celebrada el jueves, 11 de abril de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución: - Informe de fiscalización de los resultados de la aplicación del Plan estratégico de competitividad (PEC) 1995-1998 en la sociedad estatal Astilleros Españoles, S.A. (AESA). (Número de expediente Congreso
251/000035 y número de expediente Senado 771/000016) ... (Página 1800)
- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 1998. (Número de expediente Congreso 251/000082 y número de expediente Senado 771/000072) ... (Página 1802)
- Informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la sociedad estatal Empresa Nacional de Celulosas, S.A. (ENCE) en los ejercicios de 1996 y 1997. (Número de expediente Congreso 251/000037 y número de expediente
Senado 771/000021) ... (Página 1803)
- Informe de fiscalización de las áreas de inmovilizado y existencias de la sociedad estatal Infoinvest, S.A., ejercicio 1997. (Número de expediente Congreso 251/000039 y número de expediente Senado 771/000019) ...
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos: - Moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos.
(Número de expediente Congreso 251/000097 y número de expediente Senado 773/000006) ... (Página 1805)
- Informe de fiscalización de los resultados obtenidos por la sociedad estatal Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (Mayasa) en sus diferentes áreas de actividad durante el ejercicio 1997. (Número de expediente Congreso 251/000040 y número
de expediente Senado 771/000022) ...
(Página 1810)
- Informe de fiscalización selectiva de los principales conceptos de la cuenta de explotación de la sociedad estatal Explotaciones Agrícolas Andaluzas, S.A. (Expasa), ejercicios 1995, 1996 y 1997. (Número de expediente Congreso 251/000041
y número de expediente Senado 771/000023) ... (Página 1813)
- Informe de fiscalización de la gestión de inmuebles para su uso propio por Correos y Telégrafos. (Número de expediente Congreso 251/000043 y número de expediente Senado 771/000025) ... (Página 1814)
- Informe de fiscalización del arrendamiento de la nueva sede central de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. (Número de expediente Congreso 251/000061 y número de expediente Senado 771/000044) ...
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD (PEC) 1995-1998 EN LA SOCIEDAD ESTATAL ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A. (AESA) (Número de expediente Congreso 251/000035 y número de expediente
Senado 771/000016)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesión número 18, y mientras se ponen de acuerdo los portavoces que van a intervenir en el punto 1, empezamos por el punto 2
del orden del día: Informe de fiscalización de los resultados de la aplicación del Plan estratégico de competitividad 1995-1998 en la Sociedad Estatal Astilleros Españoles S.A. A este informe se han presentado propuestas de resolución. En primer
lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Suárez para la defensa de la correspondiente a su grupo.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor presidente, intervengo brevemente para defender esta propuesta de resolución, en línea con lo que fue nuestra intervención en la anterior reunión de esta Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de
Cuentas en lo relativo al informe de fiscalización de los resultados de aplicación del Plan estratégico de competitividad 1995-1998 de los antiguos Astilleros Españoles. El plan de competitividad de esta empresa al que se refiere este informe fue
suscrito en el año 1995, con una vigencia hasta el año 1998, y a la finalización del plan buscaba lograr una cuenta de resultados equilibrados de esta empresa.
Ello demandaba mejorar la productividad de la empresa, reducir los plazos de
construcción de los diversos buques que iba contratando, reducir sus costes de aprovisionamiento, redimensionar su plantilla por centros y por niveles operativos, reducir los gastos financieros y acometer un conjunto de inversiones que mejorasen la
capacidad tecnológica de la empresa y optimizasen los procesos productivos. Ello estaba necesitado de una
serie de programas dirigidos fundamentalmente a esos objetivos: a mejorar los procesos integrales en materia de ingeniería, a desarrollar productos más competitivos, a optimizar los procesos de producción, a mejorar los aprovisionamientos,
a incrementar el potencial y la capacidad tecnológica de las factorías de Astilleros Españoles, Sociedad Anónima, o a lograr unas mejores relaciones laborales. Todo ello en un contexto de necesarias ayudas públicas, en consonancia con las que venía
autorizando la OCDE.
Las ayudas públicas que se previeron fueron en torno a los 180.000 millones de pesetas.
Todo el mundo valoró entonces, y siguió valorando luego, que los objetivos que se contemplaban en este plan y las medidas para lograrlo eran los correctos y los adecuados. En estos momentos, puestos a analizar cuál ha sido el grado de
aplicación de este plan, que es a lo que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas, está claro que del plan se han cumplido, y eso se destaca con claridad en el informe del Tribunal de Cuentas, diversas medidas, sobre todo las referentes al
tamaño de la plantilla -se redujo la plantilla de la empresa-, las referentes a la política comercial o las referentes a la autorización de ayudas. Pudo haber habido retrasos en la percepción de estas ayudas, pero las mismas se autorizaron. Hay
otros aspectos importantes del plan, fundamentales para que el plan lograse su objetivo final de equilibrar sus resultados, que no se cumplieron. Hubo un retraso importante en la firma del nuevo convenio, casi año y medio después de suscrito, el
cual buscaba, entre otras cosas, además de la congelación salarial, mejorar las relaciones laborales en la empresa y optimizar los recursos humanos. No se redujeron los costes de aprovisionamiento de la empresa, no se realizaron las inversiones
extraordinarias previstas, que eran básicas para incrementar la capacidad tecnológica de esta empresa, y optimizar sus procesos productivos. Es más, la tasa de ejecución de las inversiones previstas no llega al 50 por ciento. Por lo tanto, en los
resultados negativos que la empresa siguió teniendo al finalizar el plan, en el año 1998, algo tendrán que ver estos aspectos importantes del plan mal, incorrecta o escasamente gestionados: los relativos a inversiones, a reducción de costes de
aprovisionamiento y a la optimización de los recursos humanos.
Por lo tanto, está claro que ahí hay una clara responsabilidad de la empresa. Es cierto que ha habido factores externos que influyeron también sobre la cuenta de resultados de la
empresa, como puede ser en este caso la clara competencia desleal hacia la industria de construcción naval europea de los astilleros o la industria de construcción naval del sureste asiático, sobre todo los coreanos, pero está claro que esta no
puede ser la razón fundamental a la hora de llegar a la conclusión de que hay incumplimientos en aspectos importantes de este plan. Esos incumplimientos tienen un peso muy importante en el hecho de que no se haya logrado el objetivo final,
consistente en modernizar estos astilleros, hacerlos más competitivos e incrementar su potencial tecnológico. Por tanto, nuestra propuesta de resolución va en la dirección de que por parte del Tribunal de Cuentas se proceda con un nuevo informe,
ampliando el que existe, a delimitar las responsabilidades que se consideren oportunas como consecuencia del incumplimiento de aspectos importantes del Plan de competitividad de Astilleros Españoles entre los años 1995 y 1998.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: A mi grupo le sorprende la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista sobre todo si lo pongo en relación con lo que acaba de manifestar su portavoz, que ha llegado a decir que el plan se ha cumplido.
Nosotros no vamos a apoyarla, sobre todo porque una de las cosas que propone es delimitar las responsabilidades de los directivos de la empresa y de los organismos públicos por su deficiente gestión, y resulta que acaba de decir que lo han cumplido.
Prácticamente se han cumplido todos los objetivos del Plan estratégico de competitividad. Dicho plan establecía que todos los centros continuarían abiertos y así ha sido, han continuado abiertos, aunque ahora bajo una nueva denominación:
empresa Izar. Asimismo, se ha cumplido la reducción de capacidad de los astilleros. El importe total de las ayudas autorizadas por la Comisión de la Unión Europea ascendió a 318.000 millones de pesetas y al finalizar la vigencia del plan se habían
recibido en su totalidad. También el plan incluía inversiones para la mejora de la productividad y la reducción de costes de los astilleros por importe de 10.000 millones de pesetas, que igualmente han sido realizadas en su totalidad. El Plan
estratégico definía una plantilla para cada astillero para hacer posible su viabilidad estable, lo que suponía una reducción neta de la plantilla global de casi 4.000 personas, reducción que se ejecutó totalmente. Se aplicó el programa de
prejubilaciones y se superó el compromiso de incorporación de personal -250 nuevos trabajadores- para el refuerzo de la gestión. Asimismo, el plan preveía lograr un importante aumento de la productividad, un 35 por ciento, mediante la implantación
de un conjunto de actuaciones para la mejora de la competitividad y contemplaba la reducción de un 40 por ciento de los plazos de entrega de las nuevas construcciones.
En general se puede afirmar que al finalizar el período de vigencia se había producido un avance en todas las mejoras anteriores: un aumento de la contratación en 1997, que alcanzó un récord -el aumento de facturación fue de 79.000 millones
de pesetas en 1994 y de 150.000 millones en 1998, casi el doble- y una reducción de los plazos de construcción en la medida prevista, excepto en los casos de productos nuevos, en
los que ha sido necesario incorporar nuevas experiencias, destacando a este respecto algún retraso en Puerto Real y en los buques de pasaje en Sevilla. Vuelvo a decir que la productividad en nuevas construcciones, medida por la ratio
tonelada de registro bruto por persona activa, ha crecido notablemente en todos los astilleros, desde el año inicial del plan, en 1994, hasta la finalización del mismo, en 1998. Y los costes financieros ascendían a 2.593 millones de pesetas en el
último año de vigencia del plan, lo que, frente a una facturación de 145.000 millones, representa el 1,8 por ciento, conforme con las previsiones del plan. El único objetivo no conseguido del todo fue el económico, ya que se preveía en el plan una
reducción progresiva de las pérdidas de los astilleros públicos hasta situarse en el punto de equilibrio a finales de 1998. El incumplimiento de este objetivo de viabilidad fue debido a diversas causas externas e internas de las que pueden
destacarse las siguientes: la evolución, diferente de la prevista inicialmente en el plan, del mercado de construcción; la tendencia a la baja en los precios de los buques en el mercado mundial; la no ratificación final del acuerdo de la OCDE, lo
que trasciende totalmente de las posibilidades de la gestión de los responsables de los astilleros; el retraso en la aprobación por la Unión Europea del plan y su puesta en marcha completa, en particular, del nuevo modelo de gestión de proyectos;
el retraso en lograr el acuerdo con los sindicatos sobre el convenio colectivo y su aplicación, que además no respondió a las expectativas iniciales ni se ha aplicado totalmente; y las mayores dificultades que las previstas inicialmente en el plan
para la construcción de los buques de alto valor añadido y, por lo tanto, más complejos. Estas mayores dificultades sin duda fueron puestas de manifiesto incluso por las autoridades comunitarias en los informes de seguimiento del plan estratégico.
Es curioso porque en la decisión de la Comisión Europea publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de fecha 21 de noviembre de 1997, por la que se autorizaron ayudas para la reestructuración de los astilleros españoles de
titularidad pública, se estableció un sistema de seguimiento del plan de reestructuración y de sus ayudas que se basaba en los informes trimestrales que las autoridades españolas tenían que presentar a la Comisión y en los informes semestrales que
ésta a su vez debía presentar al Consejo de Ministros. Por parte española se cumplió puntualmente con la presentación de los informes trimestrales, en total se presentaron 9 informes, que junto con las informaciones adicionales facilitadas con
ocasión de las visitas de inspección realizadas por la Comisión, acompañada del constructor elegido para el seguimiento del plan, sirvieron de base para que la Comisión emitiera sus sucesivos informes semestrales al Consejo.
El cuarto, y último informe, fue presentado en el Consejo de Industria, de 9 de noviembre de 1999, siendo sus conclusiones bastante favorables para España. Dice así: Según la información de que se dispone, la Comisión ha podido comprobar
que hasta la fecha se están cumpliendo las condiciones fijadas en la decisión de la Comisión, salvo la posible superación del volumen de ayuda autorizada en relación con los créditos fiscales. Todos los demás tipos de ayuda han sido utilizados por
los astilleros según lo dispuesto. También puede afirmarse que el plan de reestructuración se ha llevado a cabo realmente y que se han cumplido casi todos los objetivos previstos. No obstante, es evidente que a pesar del esfuerzo realizado los
astilleros no han vuelto a la situación viable. Dicho esto por la Comisión Europea, no por la compañía ni por el Gobierno español, se pone de relieve que el plan se ha cumplido, por lo que pedir la responsabilidad de los directivos de Astilleros
Españoles por incumplimiento del plan, como se ve, no cabe sino en una mentalidad totalmente partidista y en una actitud torticera que, desde luego, no conduce a nada y que no responde en absoluto a la más mínima equidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 1998. (Número de expediente Congreso 251/000082 y número de expediente Senado 771/000072)
El señor PRESIDENTE: Al punto 1 del orden del día, que habíamos aplazado por decisión de los señores portavoces que iban a intervenir, se habían presentado en primer lugar propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, para cuya exposición tiene la palabra la señora portavoz, doña María Teresa Costa.
La señora COSTA CAMPI: Muy rápidamente, porque nada más tenemos que señalar la defensa de las propias recomendaciones y las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas y de acuerdo también, tanto con el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que después lo ratificará, como con los portavoces de los otros grupos, retiramos la propuesta número 2 en aras de dar una mayor coherencia al debate de esta tarde, dado que la moción la va a presentar el presidente del Tribunal de Cuentas,
por lo que en todo caso reservamos esta propuesta de resolución para la presentación de las que correspondan a la moción que se presentará en el segundo turno de la sesión de esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Efectivamente, la razón por la que nuestro grupo parlamentario no ha presentado ninguna propuesta de resolución al informe de partidos políticos es precisamente por la presentación en el día de hoy de
la moción sobre financiación de los partidos políticos. Se trataba
de evitar la realización de un trámite, si se quiere absurdo, de algo que ya viene ocurriendo desde hace algunos años. Es decir, la presentación del informe sobre la financiación de los partidos políticos nos llevaba a presentar a todos los
grupos parlamentarios propuestas que eran incompletas, por cuanto necesitaban de la presentación de la moción y de una modificación legislativa por parte del Gobierno en relación con lo que, en todo caso, lucían como diferencias de interpretación
del actual marco normativo sobre financiación o como lagunas existentes en la propia normativa de financiación. Nos parecía que la segunda de las propuestas de resolución presentada por el Grupo Socialista no tenía que ver con la moción, por lo que
hemos solicitado que retiraran esta cuestión para un momento posterior que era cuando había que llevarlo a efecto.
Efectivamente, ha sido aceptada por el Grupo Socialista y nosotros se lo agradecemos.
En cuanto a la primera propuesta de resolución nosotros la votaremos a favor, aunque no era necesario por cuanto el informe de fiscalización de los partidos políticos, como todo el mundo conoce, sabe y reconoce y los propios partidos
políticos lo ponen de manifiesto en el informe de fiscalización, es remitido en varias fases a los partidos políticos, por tanto, no era necesario. Obviamente, no está de más que esta Comisión haga ese ejercicio, aunque sea duplicado, de enviar el
informe de fiscalización. En todo caso, porque lo que abunda no daña, nuestro grupo no va a dejar de votar a favor de esa cuestión.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL LLEVADA A CABO POR LA SOCIEDAD ESTATAL 'EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S.A.' (ENCE) EN LOS EJERCICIOS DE 1996 Y 1997. (Número de expediente Congreso 251/000037 y número de expediente
Senado 771/000021)
El señor PRESIDENTE: Pasamos el punto 3: Informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Celulosas, S.A.
En primer lugar, ha presentado propuesta de resolución el Grupo Parlamentario Popular, para lo cual tiene la palabra su portavoz el señor Tortosa.
El señor TORTOSA RUIZ: Al informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la entonces Sociedad Estatal ENCE, hoy sociedad de naturaleza privada tras su privatización por SEPI en julio de 2001, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado tres propuestas de resolución que tienen por objeto corregir la principal limitación que ha tenido el Tribunal para llevar a cabo la fiscalización y que no es otra que la carencia de los oportunos informes y
estudios oficiales por parte del organismo competente en la materia. Estos estudios hubieran permitido conocer con un mayor grado de certeza el impacto ambiental, tanto de las emisiones gaseosas como de los efluentes líquidos resultantes de la
actividad industrial de ENCE, fundamentalmente en su factoría de Huelva, tal y como recoge el informe en sus conclusiones.
Estas propuestas, aunque distintas en su estructura y en su tenor literal, participan de los mismos criterios y objetivos que la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que nuestro sentido de voto será favorable a esta.
También me gustaría añadir, señorías, que, a pesar de las limitaciones anteriormente reseñadas y de algunos incumplimientos puntuales detectados, del informe de fiscalización se desprende que ENCE fue durante el período fiscalizado una empresa
respetuosa con el medio ambiente y escrupulosa en el cumplimiento de la legalidad medioambiental vigente con unos altos niveles de autoexigencia que le llevaron a la consecución de unos objetivos medioambientales que superaban las exigencias
legales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: En este turno hago la defensa de la única propuesta de resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al informe de fiscalización de la Empresa Nacional de Celulosas. En esta propuesta de
resolución pedimos algo que por obvio debe figurar así y es que se remitan tanto a la Comunidad Autónoma de Galicia como de Andalucía las recomendaciones que realiza el Tribunal en este expediente. Las conclusiones son bastante positivas, pero hay
algunas irregularidades que se deben corregir. Al ser las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía las competentes en la mayoría de ellos, entendemos que se deben remitir esas recomendaciones para que se subsanen lo antes posible. Esto me da
pie para entrar en las tres propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Popular y decir que no sé si ha sido por olvido o por qué, pero las tres propuestas de resolución exclusivamente hacen referencia a la Junta de Andalucía. No sé si es
que al señor portavoz del Grupo Popular en esta materia se le ha olvidado que hay una factoría en Pontevedra y que tiene exactamente los mismos problemas que detecta el Tribunal de Cuentas. Para demostrarles lo que les estoy diciendo, les voy a
leer lo que dicen ustedes en la propuesta de resolución número 3: La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas entiende necesario que la Junta de Andalucía realice los oportunos estudios que permitan determinar el impacto
medioambiental de los efluentes líquidos vertidos por la factoría ENCE Huelva. En la página 4 del informe del Tribunal de Cuentas dice textualmente: No se ha podido disponer de estudios
oficiales sobre el impacto en el medio acuático de los vertidos de efluentes líquidos realizados por ENCE a la ría de Pontevedra. No sé si el portavoz del Grupo Popular ha leído esto, pero están en la misma situación. Evidentemente, con
esta carencia, que no quiero pensar que sea debida a un tinte político que se quiera dar en función del partido que gobierna cada una de estas dos comunidades autónomas, el Grupo Socialista no puede votar favorablemente estas tres propuestas de
resolución y nos abstendremos en la votación de las mismas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS DE LA SOCIEDAD ESTATAL 'INFOINVEST', S.A., EJERCICIO 1997. (Número de expediente Congreso 251/000039 y número de expediente Senado 771/000019)
El señor PRESIDENTE: Pasamos sin más dilación al punto 4 del orden del día: Informe de fiscalización de las áreas de inmovilizado y existencias de la sociedad estatal Infoinvest.
Han presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: A pesar de las numerosas alegaciones presentadas por Infoinvest al informe de fiscalización pretendiendo rebatir muchas de las cuestiones que en el mismo se presentaban, queremos suponer que, dado el tiempo
transcurrido desde el informe -prácticamente dos años hasta la fecha-, en algo habrá hecho caso Infoinvest a las recomendaciones del Tribunal. Como no tenemos elementos de juicio para valorar si esto ha sido así o no, hemos presentado tres
propuestas de resolución basadas en las recomendaciones del Tribunal. En la primera instamos a Infoinvest a que establezca un organigrama adecuado para su actividad y también a que establezca un archivo en condiciones que permita controlar todas
sus operaciones. En la segunda le instamos a que efectúe las correspondientes tasaciones periciales, algo que es imprescindible para cualquier operación que pretenda realizar, así como para conocer la situación contable en cualquier ejercicio. En
la tercera le instamos a que establezca un plan comercial para evitar los estancamientos de las existencias que se vienen observando en el informe de fiscalización.
Como esto prácticamente coincide con lo que propone la propuesta del Grupo Popular resumido en una sola, votaremos a favor la propuesta de resolución presentada por dicho grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señorías, durante la celebración de la pasada sesión de esta Comisión tuvimos la oportunidad de escuchar la exposición que se nos hizo del informe de fiscalización de Infoinvest. Tras esto, tanto el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista como yo misma coincidimos en resaltar lo llamativo de la constancia documental -más bien archivo- de algunas operaciones inmobiliarias anteriores a 1996.
Afortunadamente -y esto sí que nos consta por las razones que
más tarde expondré-, Infoinvest ya viene aplicando en su gestión diaria todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, recomendaciones que por otro lado se refieren en su mayor parte a cuestiones sobre las que continuamente deben incidir las
empresas, mejorándolas, para conseguir una positiva adaptación a las fluctuaciones económicas y del mercado y a los avances tecnológicos.
Por ello, este grupo parlamentario, aún sabiendo que Infoinvest ya ha tomado estas medidas, propone a esta Comisión una resolución que anime a esta sociedad, que la haga seguir mejorando la definición de su organigrama, los sistemas de
archivo, los procedimientos y el control interno. Como bien dice el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, esta propuesta de resolución viene a resumir en una sola las tres que su grupo ha presentado. Creo que tendríamos que quedarnos con la
presentada por este grupo parlamentario, porque no tiene ningún sentido aprobar cuatro propuestas de resolución distintas cuando todo el contenido se subsume en una.
Para finalizar, quiero destacar -y esta es la razón por la que es obvio que Infoinvest viene aplicando ya todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas- que desde hace varios años esta sociedad está haciendo una eficaz gestión de activos
inmobiliarios que han permanecido improductivos durante muchos años, está desmantelando y eliminando restos de las viejas industrias y ahora mismo está desarrollando un plan que extiende a una superficie total de alrededor de ocho millones de metros
cuadrados para convertir en polígonos industriales, por ejemplo en Sagunto, en Avilés, en Bilbao y en Cantabria, todos estos inmuebles que estaban improductivos.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las distintas propuestas de resolución que se han presentado.
En primer lugar, procedemos a la votación de la propuesta de resolución número 1, al informe de fiscalización de los partidos políticos, puesto que la propuesta número 2 ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al punto número 2, informe de fiscalización de los resultados de la aplicación del Plan Estratégico de Competitividad (PEC) 1995/1998.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Popular al punto número 3, informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevado a cabo por la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Celulosas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 4, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, por último, la propuesta de resolución al punto número 4, informe de fiscalización de las áreas de inmovilizado y existencias de la Sociedad Estatal Infoinvest. (El señor Alegre Escuder pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Como la portavoz del Grupo Popular ha hecho la petición de que votásemos su propuesta porque, de alguna forma, englobaba la nuestra -personalmente preferiría que hubiese sido al revés, pero ha sido ella la que ha
lanzado el envite-, no tengo inconveniente alguno en que se vote solamente la propuesta que ha presentado el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se retira la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista y, en ese caso, procedemos a la votación de la propuesta de resolución del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, vamos a interrumpir la Comisión hasta que se presente el presidente del Tribunal. Adelanto a los señores portavoces que si el presidente del Tribunal no tiene inconveniente, dada la petición de muchos portavoces, trataremos en
primer lugar el punto 9 del orden del día. Por eso ruego a los portavoces que van a llevar este tema que estén atentos, porque al comenzar la sesión empezaremos con ese informe.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- MOCIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE FINANCIACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PARTICOS POLÍTICOS. (Número de expediente Congreso 251/000097 y número de expediente Senado 773/000006)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión. Como anuncié antes de suspenderla, vamos a empezar con el punto número 9 del orden del día, moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y
fiscalización de los partidos políticos. Como es costumbre en esta Comisión, doy la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, al que en este momento cedo la palabra para la exposición de dicho informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
La moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, realizada a iniciativa de esta Comisión Mixta, fue aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2001. De
acuerdo con lo solicitado, la moción ha tenido por objeto contemplar las posibles modificaciones normativas que serían necesarias para eliminar ciertas lagunas y dificultades de interpretación de la normativa actual sobre la financiación de los
partidos políticos, lo que, en última instancia, debería favorecer una mejora del proceso de rendición de sus cuentas.
Esta moción tiene su antecedente en los sucesivos informes de fiscalización aprobados por el Tribunal sobre las contabilidades ordinarias y electorales de los partidos políticos. En estos informes se ha dejado constancia del significativo
avance registrado por la práctica totalidad de formaciones en la llevanza de la contabilidad y en la rendición de sus cuentas. No obstante, los mismos informes han señalado también las deficiencias e irregularidades detectadas, así como las
carencias e insuficiencias observadas en el marco regulador. La moción sistematiza precisamente estas carencias, constituyendo un conjunto ordenado y coherente de recomendaciones para su subsanación. Su principio orientador es impulsar un nuevo
marco jurídico que ofrezca suficientes garantías de que las actividades ordinarias y electorales de las formaciones políticas se adecuan a los
criterios de regularidad, transparencia y publicidad. Del conjunto de consideraciones y propuestas de la moción, seguidamente resumimos las más relevantes.
A juicio del Tribunal, resulta necesario que la normativa regule de forma específica el procedimiento fiscalizador de los partidos políticos, ya que sus características diferenciadoras dificultan la aplicación directa de las normas que
regulan la actividad fiscalizadora ordinaria del Tribunal, referida a las entidades del sector público. Asimismo, se estima necesario que la normativa delimite de forma precisa el ámbito objetivo y subjetivo de la fiscalización de los partidos. En
opinión del Tribunal, lo que debe ser fiscalizado es el conjunto de toda la organización territorial o institucional del partido político, concebido como única realidad económico-financiera. En esta misma línea, convendría que se regulara la
existencia de fundaciones creadas por los partidos y la participación mayoritaria de éstos en el capital social de sociedades mercantiles.
La Ley Orgánica 3/1987 delimitó de forma taxativa los recursos económicos que integran la financiación pública de la actividad ordinaria de los partidos. Pese a ello, posteriores disposiciones legislativas o meros acuerdos parlamentarios
han previsto la concesión de dotaciones económicas y subvenciones por las corporaciones locales y por algunos gobiernos autonómicos. Estas vías de financiación no están previstas en la citada Ley Orgánica 3/1987, que pierde así su originario
carácter delimitador unitario de la financiación pública de los partidos. Resulta necesario, por tanto, revisar la normativa para regular de forma explícita y taxativa las distintas fuentes posibles de financiación pública, los requisitos exigibles
y los mecanismos de control pertinentes.
Por lo que se refiere al control de la financiación pública de la actividad electoral, el Tribunal considera necesario armonizar las distintas normativas reguladoras de las campañas electorales, así como introducir criterios precisos de
definición de los gastos electorales y de sus límites. También se estima oportuno que se considere si permanecen las circunstancias que fundamentaron la implantación de sublímites para los gastos de publicidad exterior, en prensa periódica y en
emisoras de radio de titularidad privada. Si se estimara conveniente mantener esos sublímites, el Tribunal recomienda dotarlos de una regulación más precisa. Asimismo, se considera oportuno que se evalúe la eficacia de los envíos personales y
directos de propaganda, que reciben una subvención diferenciada cuya regulación convendría precisar.
En relación con la financiación privada, el Tribunal considera necesario uniformar los requisitos exigibles y los límites establecidos para la financiación electoral y para la actividad ordinaria, ya que la mayor limitación establecida para
la financiación electoral puede convertirse, en la práctica, en una restricción formal fácilmente eludible. También se considera necesario dotar de una regulación más precisa a las aportaciones no dinerarias y regular la limitación del uso de
operaciones de carácter especulativo. De manera especial, el Tribunal considera necesaria una regulación expresa que, de forma definitiva, autorice o prohiba las condonaciones de deuda convenidas con entidades de crédito y con proveedores.
En cuanto a las obligaciones de los partidos políticos en materia contable, el Tribunal considera que la regulación contenida en la citada Ley Orgánica 3/1987 es insuficiente para garantizar la transparencia de la actividad y la
representatividad de los estados contables. En este sentido, el Tribunal recomienda la aprobación de una adaptación para los partidos políticos del Plan General de Contabilidad. Además, considera que, en consonancia con el concepto antes señalado
del partido como única realidad económico-financiera, formada por el conjunto de su organización territorial e institucional, los estados financieros deberían presentarse debidamente consolidados.
La obligación de rendir la contabilidad de la actividad ordinaria está restringida en la actualidad a las formaciones representadas en el Congreso de los Diputados. El Tribunal propone ampliar este ámbito subjetivo, de forma que se vincule
la obligación de rendir cuentas a la participación del partido en los correspondientes procesos electorales.
Ello dejaría abierta la posibilidad de que se pudieran fiscalizar también las formaciones sin derecho a subvenciones públicas.
Otro aspecto en el que el Tribunal estima conveniente introducir una regulación más precisa es el de la colaboración y aportación de información de terceros. En concreto, convendría que se regularan de forma más precisa las consecuencias
que pudieran derivarse del incumplimiento de estas obligaciones, con objeto de que la actividad fiscalizadora no resulte limitada por la falta de información, como ha ocurrido en numerosas ocasiones.
Por último, el Tribunal considera necesario que se regule adecuadamente el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de la normativa. Esta recomendación no debe interpretarse como una pretensión de que le sean asignadas al
Tribunal competencias sancionadoras, ya que ello supondría desvirtuar el ejercicio de la actividad fiscalizadora. Por el contrario, lo que se pretende es afianzar el principio de seguridad jurídica, atendiendo a los criterios establecidos al
respecto en la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ GALBIS: En nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio quiero dar la bienvenida a esta Comisión al presidente del Tribunal de
Cuentas y felicitarle de nuevo por este informe de fiscalización, por la calidad y el rigor de la moción que hoy nos presenta relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos.
Quiero hacer algunas consideraciones muy generales, no tanto pedir aclaraciones al presidente del Tribunal de Cuentas sobre aspectos concretos del informe, que creo que es muy claro, coincidente y reiterativo en relación con anteriores
posiciones del Tribunal de Cuentas en el tema que nos ocupa. Haré dos o tres comentarios de naturaleza general. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, quiero reiterar la posición de mi grupo parlamentario en relación con este tema,
teniendo en cuenta la posición que adoptamos en anteriores debates en esta Comisión. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que en los dos años que llevamos de legislatura hemos tenido ocasión de manifestarnos al respecto y que cada
grupo político ha podido defender sus posiciones, yo creo que coincidentes en el tema central de la financiación de los partidos políticos. Por tanto, lo que quiero era reiterar la posición de mi grupo parlamentario en relación con esa necesidad
imperiosa, creo yo, de una nueva ley de financiación de los partidos políticos. Yo creo que pierde valor la constante reiteración de este planteamiento pero todavía estamos a tiempo de conseguir ese consenso, aunque la mayor responsabilidad sobre
la iniciativa política corresponde y seguramente va a corresponder al Gobierno, y en todo caso hacer mía la frase que incorpora la moción en la página 14 cuando dice que se considera necesario, para una mayor seguridad jurídica, una regulación
explícita y taxativa de las diferentes fuentes a través de las cuales las formaciones políticas pueden acceder a la financiación pública y los requisitos exigibles. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas, en su moción, reitera una y otra vez las
reformas necesarias que deben introducirse en esta legislación, ya sea para mejorar algunos aspectos de la legislación o simplemente para cubrir esas lagunas que todos coincidimos en que existen y que a veces no hacen viable el trabajo de las
personas responsables de cada uno de los partidos a la hora de gestionar la contabilidad de los mismos y de sus grupos parlamentarios.
Mi grupo está de acuerdo en la mayoría de los planteamientos que contiene esta moción, aunque con algunos matices que se traducirán en planteamientos políticos concretos a la hora de presentar las correspondientes propuestas de resolución a
la moción en la próxima sesión de esta Comisión. Por ejemplo, en cuanto a la armonización de la normativa electoral mi partido se ha manifestado en contra desde una cierta soledad en esta Comisión, pero nos vamos a reiterar en ello en la próxima
sesión. También creemos que hay dificultades reales en los planteamientos que hace el Tribunal de Cuentas en relación con la necesidad de presentar estados financieros consolidados de toda la organización territorial e institucional. Creemos que
este es un buen planteamiento, pero dudo que haya muchos partidos y muchos grupos parlamentarios que tengan los medios suficientes en el año 2002 para poder hacer un único estado financiero de todas y cada una de las organizaciones hasta el ente
local. Todos sabemos hasta donde llegamos y va a ser muy difícil hacer realidad esto, haciendo bien las cosas y todos a la vez.
En cuanto a las fundaciones, yo creo que están muy reguladas las fundaciones ligadas a los partidos. Como entidades privadas tienen que dar cuenta a aquellas administraciones públicas de las que reciben financiación pública. Hay algunos
aspectos que ya tendremos ocasión de hablar en su momento.
Para no alargarme más, debo reiterar esa felicitación y expresar el deseo de que todos los grupos parlamentarios podamos llegar finalmente a ese acuerdo que todos deseamos con el fin de que las finanzas de los partidos sean lo más
transparentes posibles y que obedezcan a lo que la gente pide de nosotros y lo que requiere un Estado de derecho, para que de esta manera los partidos podamos hacer lo que hacemos con las máximas garantías y controles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Bienvenido a esta Comisión, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Mi intervención, en nombre de mi grupo, va a ser muy rápida. De hecho, el proceso de elaboración de esta moción y el trámite legislativo que va a continuar va a permitir introducir todas aquellas consideraciones que podamos tener sobre este
tema. En todo caso, es importante recordar aquí que esta moción es el resultado de la solicitud que hizo en su día la Comisión Mixta al Tribunal de Cuentas para que éste estableciera cuáles eran los criterios oportunos, en una futura legislación,
sobre la financiación de partidos políticos en relación con temas sustanciales, muy importantes, como el control de los ingresos y gastos de los partidos políticos y la mayor rigurosidad en todos los sistemas contables, para asegurar la
transparencia y credibilidad del sistema democrático con la aplicación de instrumentos legislativos más rigurosos y a la vez más eficaces.
Sólo me resta señalar que toda nueva ley de financiación de los partidos políticos para nosotros, y así lo hemos manifestado, debe ser el resultado de un amplio consenso porque el sistema democrático y de partidos así lo aconsejan. Con ello
se superarán las lagunas legales que en este momento podemos encontrar y entendemos que el Tribunal de Cuentas, en la moción que hoy ha presentado, así lo recoge y abre el camino para su debate en la Cámara en el posterior proceso legislativo.
Bien entendido que todas las consideraciones que sobre esta cuestión cabe hacer no solamente estarán recogidas en la propuesta de resolución sino en el trámite al que me he referido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Nuestro grupo quiere comenzar por felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas por el trabajo que ha realizado.
Cuando nuestro grupo presentó la solicitud de moción, que fue secundada por el resto de los grupos parlamentarios, para que se introdujera el Tribunal en la necesaria labor de presentar recomendaciones a los grupos parlamentarios para que
diera luz sobre cuestiones que hasta el momento no la han tenido, pensamos que esta era una labor que precisamente el Tribunal de Cuentas podía hacer con cierta lucidez. Vemos en este momento -lo vimos cuando recibimos el informe señor presidente-
que ha sido así, y nuestras perspectivas se han cumplido por completo. En la moción del Tribunal han quedado de manifiesto todas las cuestiones que realmente están encima de la mesa y sobre las que tenemos que profundizar los partidos políticos.
Se han puesto sobre la mesa las cuestiones relacionadas con las lagunas normativas que hacen que de la fiscalización de las cuentas presentadas por los partidos haya diferencias tanto interpretativas como en cuanto a la solución de problemas que se
producen cuando los partidos políticos presentamos y rendimos cuentas al Tribunal de Cuentas. Los ciudadanos necesitan percibir que los partidos políticos nos comportamos con nuestras cuentas del mismo modo que lo hacen ellos.
Por tanto, que sigan
existiendo lagunas normativas y dificultades de interpretación entre lo que pensamos los partidos políticos acerca de cómo han de rendirse nuestras cuentas y lo que piensa el Tribunal de Cuentas o las instancias que están llamadas a controlar a los
partidos políticos significa que no hemos cumplido como formaciones políticas nuestro objetivo, que no es otro que el que los ciudadanos confíen razonablemente en lo que nosotros hacemos con el dinero que ellos nos asignan para poder realizar todos
los días nuestra labor política. Como ese objetivo no se ha conseguido habrá que hacer algo para lograrlo. Por ello creo que es un instrumento extraordinariamente válido la moción presentada por el Tribunal de Cuentas en el día de hoy.
En contra de lo que ha manifestado algún portavoz en la mañana de hoy, mi grupo considera que, aparte de las lagunas normativas y de las dificultades de interpretación, transcurrido un tiempo desde la aprobación de las leyes que están
relacionadas con la Ley de financiación, hace falta que todos los que organizan los procesos electorales en España, como las comunidades autónomas y otro tipo de organizaciones territoriales, estén en armonía. Esta es una cuestión que también se
debe debatir, en relación con la cual sólo se debe llegar a una conclusión cuando exista un consenso entre las fuerzas políticas.
Porque lo que no parece razonable es que en algo tan concreto, tan delicado y tan precioso como es el régimen
electoral y lo que significa de cara a la democracia española es que haya diferencias entre territorios que puedan considerarse difíciles de aceptar. En tanto en cuanto se puedan enjugar esas diferencias, la democracia española ganará.
La semana pasada mi grupo puso de manifiesto una serie de temas a los que se quiere referir en este momento. Mi grupo tenía la oportunidad en el día de hoy, con ocasión de la presentación del informe de contabilidad de los partidos
políticos que se hizo en la sesión anterior, de haber hecho una propuesta de resolución relativa a la cuestión planteada sobre Batasuna. Esto está siendo debatido ahora mismo por la opinión pública española y nosotros consideramos, como ya dijimos
el otro día, que Batasuna o como se quiera llamar no es una formación política, sino que es y seguirá siendo desde la legalidad o desde la ilegalidad un instrumento de extorsión y de dolor en el País Vasco, por lo que no merece el calificativo de
partido político. Mi grupo acabará por presentar, ya sea a través de la modificación de la Ley de partidos políticos, una iniciativa planteada por el propio presidente del Gobierno, o a través de otras mociones, la opción para que definitivamente
grupos políticos, mal llamados políticos como Batasuna, dejen de cobrar una sola peseta del erario público. Este es un compromiso con el que mi grupo va a ser inflexible. Grupos políticos como Batasuna no deben percibir ni una sola peseta para
seguir ejerciendo como instrumento de extorsión y de dolor en el País Vasco o en cualquier otra zona de España, precisamente porque si algo no son es una formación política, y a mi grupo parlamentario le repugna la idea de ir como formación política
en la misma lista que alguien que no cuenta con esa condición.
En relación con otros aspectos que el presidente ha puesto hoy de manifiesto, mi grupo no quiere pasar de puntillas por ellos, ya que se precia de haber estudiado la moción con detenimiento, como con toda seguridad habrán hecho las restantes
formaciones políticas. Esta es una magnífica ocasión no para discutir sobre determinadas cuestiones, sino para ponerlas en común con el presidente del Tribunal de Cuentas. En cuanto a la financiación pública de los partidos, hay que conseguir una
cosa bien simple pero difícil. Todos los ciudadanos consideran de forma individual que el ejercicio de la acción política ha sido un instrumento fundamental para el progreso social. Sin embargo, los españoles en general -puede decirse así- no ven
a los partidos políticos como los instrumentos que mejor representan sus intereses o sus apetencias. Es
decir, los partidos políticos somos instrumentos criticados por la opinión pública, entre otras cuestiones porque existe una cierta separación entre lo que realmente hacemos los partidos políticos, lo que al final acaba siendo el fruto de la
acción política, y lo que los españoles perciben sobre esta cuestión. Puede ser una razón cómo nos financiamos y en qué nos gastamos los dineros los partidos políticos y el hecho de que la financiación pública esté resuelta correctamente puede ser
un elemento para poder prestigiar nuestra actividad dentro de los partidos. Como desde hace algún tiempo han ocurrido cosas en España en relación con la financiación de los partidos políticos, los españoles en todo caso siguen percibiendo estas
organizaciones como algo perfectible, como cualquier otra actividad humana. Cuando las fuerzas políticas nos presentamos a las convocatorias electorales, los españoles perciben una suerte de afloración de medios económicos y de todo tipo, tanto en
los medios de comunicación como en la calle, a través de la actividad exterior y de la publicidad exterior, que todos los que estamos aquí podremos convenir en que no es bien recibido por los ciudadanos en general. Nuestro grupo está perfectamente
sensibilizado con esta situación -así como el resto de los grupos-, por lo que los grupos parlamentarios y los partidos políticos debemos debatir sobre esta cuestión. ¿Es razonable que cada vez que hay una convocatoria electoral todos los españoles
recibamos tantas papeletas electorales como formaciones políticas hay? ¿Lo podría hacer esto el Estado? Esta es una pregunta que lanzo al aire. Todas las pancartas, todas las vallas publicitarias de España y toda la acción exterior que
desplegamos los partidos políticos, ¿es percibido de forma satisfactoria por parte de los españoles? Todas estas cuestiones, en cierto modo de forma más técnica, son puestas de manifiesto por la moción del Tribunal de Cuentas, pero realmente son
las cuestiones sobre las que los partidos políticos debemos de reflexionar; sobre cuáles son los gastos electorales que verdaderamente resultan útiles a los efectos de que los españoles se sientan bien representados por las formaciones políticas.
En definitiva, este es el objeto de la Ley de financiación de los partidos políticos, que los partidos políticos estemos financiados de forma que podamos dar correctamente y de forma coherente el resultado que los españoles necesitan, que estén
representados, en instituciones públicas del modo que necesita la opinión pública y la sociedad española.
En relación con la financiación privada, que es otra de las cuestiones tocadas por la moción del Tribunal de Cuentas, también debemos hacer una reflexión los grupos políticos. ¿Es razonable o no que las formaciones políticas reciban
condonaciones de deuda por las entidades financieras? En la legislación no está previsto que a los partidos políticos se les perdonen -en términos comprensibles por todos- las deudas pendientes con las entidades bancarias. ¿Es razonable o no?
Estas son cuestiones que debemos plantear con total sinceridad. ¿Es razonable o no que los partidos políticos participen en actividades financieras en las que realmente existe un riesgo comprobado con respecto a los fondos en los que participan y
que están en el mercado financiero? Efectivamente, estas son las cuestiones que los españoles perciben como mejorables y perfectibles dentro de la financiación de los partidos políticos y que estamos llamados a cumplir para responder a las
expectativas que existen en este momento en la sociedad española; si no lo hiciéramos, sencillamente estaríamos cerrando los ojos a una realidad. Precisamente en este momento estamos presentes las tres formaciones políticas que hemos acreditado
durante años nuestra satisfacción -porque ciertamente no están las que mantienen mayores índices de insatisfacción- con respecto a la rendición de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas. Lo cierto y verdad es que el Tribunal de Cuentas en todos
sus informes de fiscalización ha puesto de manifiesto la existencia no tanto de incumplimientos y de irregularidades como de otras cuestiones que hacen posible decir que las formaciones políticas en general hacen un ejercicio algo más que aseado de
la rendición de sus cuentas. Lo que hace falta es que de una forma definitiva los españoles lo perciban así, y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que sencillamente no es así.
Por tanto nuestro grupo se compromete desde aquí -y hace extensivo este ofrecimiento al resto de formaciones políticas de esta Cámara y de fuera de ella-, a intentar perfeccionar esta realidad, primero, modificando aquellos aspectos
sustanciales de la normativa relacionada con la financiación política de los partidos políticos (ayer hubo un pequeño debate relacionado con esta cuestión, en concreto con la Ley de partidos políticos), que permita que esa percepción de los
españoles cambie y se adecue a la realidad de lo que es la operativa ordinaria de los partidos políticos y que esa brecha que existe ahora mismo entre lo que los españoles piensan y lo que los partidos hacemos varíe. En definitiva, con esto
lograríamos no sólo rendir un servicio a los ciudadanos sino también a nuestras propias formaciones políticas. No estará de más que hagamos todos los esfuerzos que sean posibles para conseguirlo, desde luego guardando el consenso que en estas
materias ha de primar en cuanto a la solución de aspectos que han sido puestos de manifiesto.
Para finalizar, nuestro grupo reitera nuestro agradecimiento al Tribunal por haber dejado claro en un papel cuáles son las cuestiones, entre otras de carácter no tan jurídico-técnico, sino de carácter más político, que van a ser abordadas
por las formaciones políticas.
El señor PRESIDENTE: Para concluir tiene la palabra el señor presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, quiero agradecer la felicitación a la institución que represento por esta moción que, como ya se ha dicho, responde a una petición de esta Comisión Mixta y que
contiene una serie de propuestas basadas en consideraciones y criterios que se han ido poniendo de manifiesto sucesivamente en la presentación de informes de fiscalización aprobados por el Tribunal y presentados a esta Comisión. En ellos ha cabido
siempre destacar -justo es reconocerlo- el avance significativo que se ha ido registrando en casi todas las formaciones políticas, por no decir en todas, en materia de rendición de cuentas y llevanza de contabilidad, pero también se ha querido poner
de manifiesto una serie de insuficiencias detectadas y que aparecen sistematizadas en esta moción.
La moción, salvo una sistematización y una coherencia en el tema, no añade mucho más nuevo a lo que se ha venido presentando en sucesivos informes.
El Tribunal estima que la corrección de estas insuficiencias, mediante las oportunas modificaciones normativas, contribuiría a disponer de un marco jurídico más adecuado para reforzar la regularidad y la transparencia en la financiación de las
formaciones políticas, y sobre todo visto desde el ángulo del control externo que le corresponde a la institución Tribunal de Cuentas. No cabe la menor duda de que todo lo que sea transparencia y regularidad en la rendición de cuentas se traduce no
solamente en una mayor credibilidad en el ámbito de las formaciones políticas, sino que también la propia institución, que tiene esta competencia fiscalizadora, necesita disponer de los medios adecuados para que la eficacia de la fiscalización
redunde también en una credibilidad de una institución que tiene el encargo de controlar todo el sector público y todo el gasto público. Frente al ciudadano es muy importante que la institución tenga credibilidad en sus funciones fiscalizadoras en
todos los ámbitos.
Muchas gracias -repito- por la felicitación a la institución por este trabajo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA SOCIEDAD ESTATAL MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A. (MAYASA) EN SUS DIFERENTES ÁREAS DE ACTIVIDAD DURANTE EL EJERCICIO 1997. (Número de expediente Congreso 251/000040 y número
de expediente Senado 771/000022)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día: Informe de fiscalización de los resultados obtenidos por la sociedad estatal Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA), en sus diferentes áreas de actividad durante el ejercicio
1997.
Para la presentación de dicho informe tiene la palabra el presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe sobre los resultados obtenidos por la sociedad estatal Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. -abreviadamente MAYASA- en sus diferentes áreas de actividad durante el
ejercicio 1997 se aprobó por el pleno el 31 de mayo de 2000.
El objeto tradicional de MAYASA ha sido la actividad minero-siderúrgica del mercurio, pero las dificultades en el desarrollo de esta actividad llevaron al Estado a encomendar a la entidad la elaboración de un plan de reconversión económica
de la comarca de Almadén, con el fin de promover su desarrollo económico y social. De acuerdo con las previsiones del plan, MAYASA había de llevar a cabo un proceso de diversificación de nuevas actividades que permitieran el mantenimiento de las
condiciones económicas y laborales de sus trabajadores. Las nuevas áreas de negocio se han materializado fundamentalmente en las actividades de prestación de servicios relacionados con la minería, sondeos y geología, el área agroalimentaria, la
realización de obras y explotación de un centro comercial. El informe señala que la realización de estas múltiples actividades para paliar las dificultades del negocio tradicional del mercurio no garantizan su viabilidad a largo plazo, pues la
mayoría de ellas han sido fuentes de pérdidas. La cuenta de pérdidas y ganancias de 1997 presentaba unas pérdidas de explotación de 960 millones de pesetas, cifra inferior en 503 millones a la del ejercicio anterior; los resultados financieros
fueron negativos en 47 millones y los resultados extraordinarios también negativos en 170 millones. En conjunto, el ejercicio presentó pérdidas por 1.177 millones de pesetas, con una reducción del 36 por ciento frente al precedente. La actividad
de minería y metalurgia del mercurio fue, con 199 millones, la que proporcionó mayores resultados positivos en 1997, aunque no parece previsible que pueda garantizar a la sociedad un nivel elevado de ingresos de manera continuada, debido a la
inestabilidad del mercado internacional del mercurio y al previsible agotamiento a medio plazo de los yacimientos. El informe destaca también debilidades en el control de las existencias de mineral. La actividad de prestación de servicios
relacionados con la minería aportó en 1997 la mayor facturación de la sociedad, originando en conjunto unos beneficios de explotación de 41 millones de pesetas, aunque los resultados de las distintas explotaciones fueron muy dispares y tan sólo una
de ellas proporcionó beneficios relevantes. La actividad de ejecución de obras afrontó un proceso de reordenación, con el fin de paliar las elevadas pérdidas que originaba, y se redujo la contratación de obras nuevas. En 1997 las pérdidas de esta
área se elevaron a 340 millones, a los
que hay que añadir 154 millones de resultados extraordinarios negativos.
La actividad del área agroalimentaria desarrollada en una finca del Patrimonio del Estado tampoco alcanzó resultados positivos en 1997, a excepción de la ganadería
ovina. Uno de los problemas del área es el elevado saldo de clientes con créditos vencidos y de gran antigüedad. A partir de 1997 se comenzaron a adoptar medidas para conseguir su cobro o regularización.
El informe recomienda con carácter general que la sociedad evalúe las posibilidades de realizar actuaciones que aseguren el futuro de su actividad minero-metalúrgica y la rentabilidad de las áreas de negocio alternativas para mejorar sus
resultados, elaborando planes y programas de actuación más detallados, tratando de utilizar sus recursos inactivos y en especial dando empleo a sus trabajadores en situación de subactividad. Asimismo se recomienda establecer procedimientos de
control adecuados sobre las existencias, reducir riesgos en nuevos contratos de presentación de servicios de minería y formalizar por escrito todos los contratos para la subcontratación de trabajos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) pasa una situación difícil; ya lo dice el propio Tribunal de Cuentas en este informe. Es cierto que en el ejercicio 1997 los resultados mejoraron, pero la situación tanto en
1997 como en estos mismos momentos es muy complicada. Hay muchas personas de la comarca de Almadén, en Ciudad Real, que viven precisamente de esta industria. Por tanto, mi grupo no va a entrar a hacer valoraciones sobre el informe del Tribunal
porque no podría rebatir ninguna de las cuestiones que aquí se dicen, ya que son totalmente ciertas. Sí querríamos hacer hincapié en algo que el propio ministro de Hacienda anunciaba ayer en el Pleno del Senado, el acuerdo que existe para llevar
adelante un plan en MAYASA, firmado por SEPI y por los representantes sindicales de los trabajadores. En él se establecen las condiciones en las que se va a realizar el cambio de dimensión de la empresa, la línea de actividad de MAYASA, las
inversiones que deben efectuarse y las actuaciones para la reactivación industrial de la comarca de Almadén. Creemos que esto es lo importante y mi grupo apoya este plan, porque, repito, hay muchas personas que están dependiendo de que esta empresa
continúe su actividad. También anunciamos que no vamos a presentar a este informe ninguna propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señorías, señor presidente del Tribunal de Cuentas, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere felicitar al Tribunal por la iniciativa que tuvo en su día de que se fiscalizaran las cuentas de MAYASA.
Estamos ante un tema verdaderamente traumático. Han pasado prácticamente 20 años desde que se hizo el primer plan de reconversión de la cuenca minera de Almadén, son muchas las familias que dependían de la minería y, como bien ha explicado
el presidente del Tribunal, de alguna manera había que dar una salida a todas esas familias y a esa cuenca, totalmente dependientes de las minas de Almadén, que, como usted también ha dicho, ha ido totalmente en decremento, tanto en producción como
en venta del mercurio. Desde el Grupo Parlamentario Popular anunciamos que no vamos a presentar propuesta de resolución, porque entendemos que el Gobierno ha hecho sus deberes; también está colaborando bastante la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en la resolución de los problemas de una reconversión que, a lo largo de todos estos años, lo único que ha originado son pérdidas y más pérdidas.
Entrando concretamente en el informe de fiscalización, quiero destacar que no ha habido ningún tipo de obstáculo por parte de la empresa hacia los responsables del Tribunal que tenían que hacer este informe de fiscalización, como no podía
ser de otra manera. Es una empresa estatal al 100 por cien.
Hay que destacar que, con relación al ejercicio anterior, ha habido una reducción de las pérdidas del 36 por ciento, que, concretamente, en el año 1996 fueron de 1.840 millones. Pero también habría que destacar que éstas no son las únicas
pérdidas ni lo único que le cuesta al Estado y nos cuesta a todos los españoles. Lógicamente, habría que incrementar la parte de financiación del Estado de los excedentes de plantilla que en el año 1997 asciende a 650 millones, en un informe ya
definitivo. En principio era 612 millones y al final ascendieron a 650 millones, después de que la Intervención General de la Administración del Estado reconoce que había que pagar y por tanto subvencionar la parte de esos excedentes laborales que
en su día se comprometió el Estado que iba a compensar de alguna manera, para el mantenimiento de la plantilla y de todas esas familias. Estaríamos hablando de una cifra que superaría los 1.789 millones de pesetas, que es lo que al final a todo el
conjunto de los españoles nos cuesta el mantenimiento de esas 457 personas en el año 1997. Bien es cierto que ha ido reduciéndose la plantilla con un plan de prejubilaciones, liquidaciones, etcétera.
El informe en general es bastante positivo, puesto que se ha reducido un poco, en la medida de lo posible, la morosidad. A pesar de eso, la empresa, en su momento, tiene una actividad principal y se dedica a otra actividad, la
agroalimentaria, con producción de queso, ganadería. Busca la salida, con una huida hacia delante, para sacar adelante a todas esas familias, dedicándose a ciertos servicios, por ejemplo obras, con
unas cantidades bastante importante. Precisamente, gracias al Tribunal y gracias a la empresa, con su contabilidad analítica, se puede ver y detectar dónde y en qué líneas de negocio y actividad se producen pérdidas y en qué líneas de
actividad se producen beneficios. Pérdidas y beneficios o beneficios y pérdidas. Y en el servicio de obras es donde se detectan más pérdidas. Pero todo esto ha venido resolviéndose poco a poco, porque el propio Tribunal, en el informe de
fiscalización, más que criticar las irregularidades, que prácticamente no las hay, trata una pequeña salvedad en las valoraciones de inventario de lo que es producto terminado y el tema de la contratación. En las subcontratas no ha habido la
suficiente publicidad y concurrencia a la hora de subcontratar las obras que la empresa venía realizando. El informe en lo que es la parte técnica, está muy bien. Al Gobierno, al Estado, a las administraciones públicas, como la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha junto con el Estado, el informe les ha servido para buscar soluciones que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo de muchas familias de una comarca como la de Almadén, que durante siglos ha vivido de la industria
minera.
No voy a entrar en más valoraciones sobre el informe, porque creo que es muy claro y conciso. Al final, propone una serie de recomendaciones que son las que se están llevando a cabo. Después del fracaso del plan de reconversión, el llamado
Plan Preca, que se suscribe en 1981, al Gobierno le ha parecido oportuno buscar una salida en esa línea de negocio en la que se tenía que centralizar la actividad principal de la cuenca minera.
La actividad de reciclado de productos contaminados
con mercurio, que en un momento determinado pensó iniciar MAYASA, ya se realiza en Europa con tecnología de difícil competencia. Algunas de esas actividades, como la obra civil, geología y complementarias, carecen de condiciones para competir en
solitario en el mercado. Por ello, dentro de la labor de saneamiento y consolidación que SEPI desarrolla en las empresas de su grupo, SEPI ha definido un plan para MAYASA, cuyo objetivo fundamental es conseguir la rentabilidad de la compañía en el
menor plazo posible, con un impacto social asumible en el entorno. El plan, como todas las actuaciones que desarrolla la SEPI, ha sido objeto de negociación con los trabajadores. El día 12 de marzo de este año la SEPI, las federaciones de minería
de UGT, Comisiones Obreras y la confederación de cuadros, suscribieron el acuerdo sobre el plan de empresa, que contempla las condiciones en que se realizará la necesaria reducción de plantilla en las líneas de actividad de MAYASA, las inversiones a
realizar y las actuaciones que se llevarán a cabo para la reactivación industrial de la comarca de Almadén. Se contempla, además, la creación de una comisión de seguimiento de acuerdos suscritos. Para conseguir los objetivos previstos en el plan,
separa las actividades con potencial de continuidad de aquellas que no lo tienen y plantea un procedimiento para tratar los problemas conexos. De esta forma, los que se consideren negocios centrales, como puede ser el mercurio y dehesas, que tienen
sentido económico por sí solos y una posición competitiva viable, son considerados el núcleo principal o central de la actividad futura de MAYASA y liberado de cargas de estructura y actividades complementarias, que no les son propias, como las que
ha enumerado el presidente del Tribunal. Los negocios complementarios, los que son sondeos, minería externa, seguridad e higiene, que resultan actividades nacidas a lo largo de años del desarrollo de funciones conexas a los negocios centrales, se
mantendrán en tanto en cuanto se demuestre su viabilidad económica, solos o con socios de acompañamiento.
Se mantienen las denominadas actividades paliativas, lo que sería remediación, cierre de minas, rehabilitación de un hospital, rehabilitación de túnel, en definitiva, reforzar el patrimonio histórico de carácter no mercantil, con las que se
llevan a cabo los necesarios trabajos medioambientales derivados del cierre de la actividad minera y metalúrgica. Se mantiene asimismo el patrimonio histórico de la compañía para usos museísticos y de turismo. Estas actividades, además de generar
actividad y empleo a lo largo del plan, contribuyen a fomentar la regeneración del tejido económico en estas zonas industriales, turísticas, ambientales y de salud, y colaboran con iniciativas de la comunidad y municipios con los instrumentos
disponibles. El plan contempla inversiones por un importe, nada desdeñable, de 22 millones de euros, de los cuales 3 millones de euros se dedican a mejoras productivas en los negocios centrales, 10,2 millones de euros a remediación medioambiental y
el resto a otras actividades paliativas y actuaciones orientadas a la vertebración industrial de la comarca de Almadén. La consecución del objetivo de rentabilidad precisa de un redimensionamiento de la empresa y por tanto de la plantilla que, como
es habitual, en las acciones de reestructuración que desarrolla la SEPI se llevará a cabo sin medidas traumáticas. Así, la reducción de plantilla se llevará a cabo mediante jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas y recolocaciones.
Para ello,
y como apoyo a la ejecución del plan, la SEPI pondrá en marcha actuaciones, reactivación industrial de la zona de Almacén, cuyos objetivos son la creación de empleo en Almadén y su comarca para paliar la pérdida de empleo consecuencia del plan.
Estas actuaciones están desarrolladas en tres apartados. Por una parte, la actividad inversora realizada a través de Sodicaman, la sociedad de desarrollo regional de Castilla-La Mancha, participada mayoritariamente por SEPI. Se realizará una
ampliación de capital de Sodicaman por importe de 12.585.541 euros, de los cuales 6.010.601 euros se destinarían a hacer frente a los compromisos singulares de inversión en Almadén. De otra parte, a través de las actuaciones de promoción que
realiza la Oficina de Promoción de Inversiones de SEPI, la
OPI, analizará las posibilidades de inversión en Almadén para desarrollar una política activa de promoción industrial en la zona con carácter prioritario. Y por último, para no cansar, a SS. SS. realizará actuaciones para el desarrollo
del suelo industrial para garantizar el futuro de hasta 90.000 metros cuadrados mediante acuerdos entre SEPI, MAYASA y el Ayuntamiento de Almadén en la que Infoinvest, empresa inmobiliaria de SEPI, actuará como asesora.
Perdón por la extensión, pero era importante reseñar que el Gobierno ha hecho sus deberes. Desde el año 1997 para acá, después de la evolución durante los últimos 20 años, con grandes cantidades de déficit, estas medidas que se van a
adoptar, que ya están suscritas y firmadas con los sindicatos y demás, van a garantizar -y el señor Camacho y yo estaremos muy contentos- , el futuro de esa comarca.
El señor PRESIDENTE: Nos unimos a su contento, señoría.
Para concluir, tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): No tengo nada que decir.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ANDALUZAS, S.A. (EXPASA), EJERCICIOS 1995, 1996 Y 1997. (Número de expediente Congreso 251/000041
y número de expediente Senado 771/00023)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VI del orden del día, relativo al informe de fiscalización selectiva de los principales conceptos de la cuenta de explotación de la Sociedad Estatal Explotaciones Agrícolas Andaluzas, S.A.
Tiene la palabra de nuevo el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización selectiva de la actividad relacionada con los ingresos y gastos de la Sociedad Estatal Explotaciones Agrícolas Andaluza, S.A (EXPASA), correspondiente
a los ejercicios 1995, 1996 y 1997, fue aprobado por el Pleno el 31 de mayo de 2000. Su objetivo fue el análisis selectivo de la cuenta de explotación de los ejercicios citados, ya que la sociedad había venido presentando pérdidas de explotación, a
pesar del importante valor de sus activos y de su patrimonio neto.
EXPASA tenía en el período fiscalizado un valor medio de sus activos totales de 11.500 millones de pesetas, mientras que su cuenta de pérdidas y ganancias presentó un unas pérdidas de explotación que oscilaron entre 86 millones en 1995 y 61
millones en 1997. Sin embargo, la sociedad obtuvo unos resultados positivos de las actividades ordinarias de entre 60 millones en 1995 y 63 millones en 1997 gracias a los ingresos financieros obtenidos, entre 145 y 124 millones de pesetas, en
dichos ejercicios, como rendimiento de sus inversiones en renta fija, que mantenían un saldo próximo a 2.000 millones. En conjunto, EXPASA obtuvo resultados positivos de 11, 20 y 27 millones en cada uno de los sucesivos ejercicios fiscalizados. En
los resultados negativos de la explotación influyeron tanto los ingresos como los gastos. Los ingresos, porque, si bien los precios percibidos fueron en general comparativamente positivos, los rendimientos obtenidos por las fincas fueron bajos,
pese a que se incrementaron en el período. Y los gastos porque fueron superiores comparativamente a los del sector, especialmente los de personal.
Entre las fincas de producción agrícola hubo márgenes positivos en las vitivinícolas y en las herbáceas, aunque en estas últimas, como consecuencias de las subvenciones percibidas, que ascendieron a unos 140 millones de pesetas de media
anual. Las fincas de frutales, sin embargo, obtuvieron márgenes negativos, debido a los bajos rendimientos y a los elevados gastos, sobre todo de personal. En las fincas de producción ganadera hubo márgenes positivos en las de porcino y negativos
en las de ovino. Se produjeron márgenes negativos en la finca El Suero, explotación orientada a mantener las cualidades genéticas del caballo cartujano y no a su venta en el mercado, sin que los escasos ingresos existentes cubran los gastos que
ocasiona la actividad de la yeguada del Bocado del Hierro.
En el aspecto contable cabe señalar que EXPASA no amortizó los reproductores del ganado porcino y ovino y los de ganado equino, solamente desde 1994. Aunque esta circunstancia no afectó significativamente a la representatividad de las
cuentas aprobadas en el período, el Tribunal recomendó que se procediera a su dotación. También recomendó mejorar los rendimientos mediante la realización de inversiones productivas y reducir gastos, en especial de personal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición y muy brevemente pasaré a valorar, después del estudio y lectura del informe que nos ha sido presentado, lo que en él se contiene. Valoramos
positivamente los aumentos de la producción en las fincas agrícolas y similares porque son también muy parecidas a las que se dan en el sector, aunque, como marco general, tenemos que pensar que todas las empresas públicas, además de sus objetivos
económicos, tienen un fin social. De ahí la existencia y la justificación de las subvenciones recibidas también por otras empresas. Ello no quiere decir
que no sea preciso evaluar sus resultados, pero insisto en el marco de su finalidad social.
Apoyamos, por eso, la dinámica de transformar las fincas para nuevos cultivos más adecuados y más rentables, pero echamos de menos mayor inversión en la dotación de medios y equipamientos agrícolas del dueño de las empresas, que es el
Estado. Nos gustaría que hubiera un esfuerzo suplementario para dotar las explotaciones con nuevas tecnologías agrarias, por ejemplo, modernización de regadíos y otros equipamientos.
También sería oportuno que en los sistemas de venta de los
productos se aclarara si se hace solicitando ofertas o si se hace en unos casos sí y en otros, no, si se utilizan otros procedimientos del mercado. Debe quedar la necesaria constancia de esos contratos de venta. Faltaría, además, se deduce de la
lectura del informe, precisar qué tipos de arrendamientos, a quienes se concede esos arrendamientos por parte de la empresa y los plazos de duración de los mismos así como determinadas condiciones de los contratos que hubiera concertado.
Se desprende de las conclusiones que hay una gran disparidad en los resultados de explotación de las diferentes fincas de EXPASA, según los criterios con que se midan, por lo que es difícil valorar la rentabilidad absoluta de los mismos o la
incertidumbre que producen determinadas actividades que están sujetas a oscilaciones del sector correspondiente.
Coincidimos con las recomendaciones del informe en que se debe aumentar la inversión productiva también en el sentido que antes
apuntábamos de mejora de equipamientos, pero mostramos nuestras cautelas en lo que a reducción de gastos de personal se refiere, por la tentación que puede suponer de mandar al paro un determinado número de trabajadores de EXPASA en una zona donde
el índice de paro es elevado. Según el informe, en las alegaciones que presenta la empresa se habla de que se aprecia un diferencial negativo en los gastos de personal que puede responder a una falta de adecuación de la estructura productiva de
alguna de nuestras fincas con los agregados estadísticos utilizados. Por tanto, habría que aclarar eso antes de cargar sobre el personal las culpas de la baja rentabilidad o de las pérdidas. Nos parece que, por su singularidad, requiere un
tratamiento especial la conservación y el mantenimiento del ganado equino, por la finalidad que persigue, que es la de la mejora de las cualidades genéticas de los caballos cartujanos, una de las señas de identidad del ganado equino andaluz. En
definitiva, y para finalizar, en las propuestas de resolución que en su momento presentaremos a esta Comisión, creemos que EXPASA debe ser un modelo de empresa agrícola, también por su rentabilidad y con las nuevas tecnologías aplicadas a la
producción y debe evitarse la tentación privatizadora al modo que ha hecho el Gobierno en estos últimos tiempos con otras empresas públicas, y no hacer una liquidación de las mismas por derribo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Ciertamente esta mercantil, que con una actividad eminentemente agrícola y ganadera y con ciertas peculiaridades a destacar, se puede decir que presenta una llevanza de cuentas ejemplar, pues, de entre las cuatro
recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas a EXPASA, sólo una y de poca entidad hace referencia a errores en soportes o datos contables de la mercantil. Esto me parece que es bastante importante. Sí es también resaltable que los resultados
medios de explotación de la sociedad han sido negativos durante los tres ejercicios fiscalizados, aunque es importante tener en cuenta que, si se excluyen los datos de la planta de alcohol que no estaba en funcionamiento, no tenía ninguna actividad,
y los de la yeguada, los resultados habrían sido positivos en 24.000 pesetas hectárea.
No quiero extenderme mucho, ya que me consta, porque he llamado al presidente de EXPASA, cuyo teléfono aparece en la página de alegaciones que obra en el informe, que la superficie que tiene EXPASA actualmente ha sido reducida de 7.000
hectáreas a unas 3.500 y que ya sólo cuenta con 70 trabajadores, porque todos los demás salieron se puede decir que alegremente con el beneplácito de los sindicatos y que algunas de las fincas han sido vendidas y sus trabajadores han estado de
acuerdo con estas ventas, siguiendo la lógica política de privatizaciones que tanto bien ha hecho a este país desde que gobierna el Partido Popular. Por lo que estoy diciendo, sólo nos vamos a detener en lo que es la finca La fuente del Suero, en
la que tiene su instalación la yeguada del Bocado del Hierro, si no equivoco el nombre, explotación que no está orientada a la venta y comercialización sino a la mejora de las cualidades genéticas de los caballos cartujanos; finca ésta y actividad
sobre la que este grupo parlamentario cree que resultará interesante detenerse y resolver en la próxima sesión presentando resoluciones en apoyo a esta actividad y a esta finca.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): No tengo nada que decir.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INMUEBLES PARA SU USO PROPIO POR CORREOS Y TELÉGRAFOS (Número de expediente Congreso 251/000043 y número de expediente Senado 771/000025)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA SEDE CENTRAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS. (Número de expediente Congreso 251/000061 y número de expediente Senado 771/000044)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos 7 y 8, que debatiremos conjuntamente, tanto en la exposición
del presidente como supongo que en el turno de portavoces. Informe de fiscalización de la gestión de inmuebles para uso propio por Correos y Telégrafos, e informe de fiscalización del arrendamiento de la nueva sede central de la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos.
Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 31 de mayo de 2000 el informe de fiscalización de la gestión de inmuebles para uso propio de Correos y Telégrafos, ejercicios 1995 a
1997.
En el periodo fiscalizado, Correos y Telégrafos no disponía de un registro único comprensivo de toda la información sobre los inmuebles gestionados por el organismo. Tampoco disponía de un registro único y actualizado de sus viviendas que
recogiese de manera fiable su ubicación territorial, título jurídico y destino. Por otra parte, al finalizar los trabajos de campo no existía un documento aprobado por la dirección del organismo que contemplase la planificación a largo plazo de sus
necesidades de inmuebles.
El informe pone de relieve numerosas deficiencias en la tramitación administrativa del arrendamiento de la sede central de Correos y Telégrafos, contratado en 1992 y vigente durante el periodo fiscalizado.
Dicha tramitación se llevó a cabo
sin ningún estudio previo sobre la necesidad de tal arrendamiento ni sobre las opciones alternativas de construcción o compra. Tampoco consta la existencia de solicitudes de precios, ni de estudios técnicos sobre las necesidades de obras de
adaptación, ni existen actas del consejo rector en las que se analice el contrato o se proceda a su aprobación. El arrendamiento de las oficinas de la sede central supuso para Correos un desembolso que al menos en los dos primeros años llegó casi a
duplicar el precio de mercado. Por otra parte, la renta pactada por el alquiler de las oficinas entre 1992 y 1998 se aproximó más al que era habitual en 1992 al precio máximo de mercado que hubiera debido pagarse por su compra.
El informe destaca también la existencia de catorce inmuebles propiedad de Correos y Telégrafos sin ninguna utilización prevista en el corto plazo, la ausencia de análisis de eficiencia sobre los gastos de mantenimiento de los inmuebles y la
infravaloración de espacios, de acuerdo con los estándares propuestos por el propio organismo.
En el ámbito de la utilización de las viviendas propiedad de Correos y Telégrafos, se aprecia falta de información fiable y homogénea sobre dichas viviendas, el incumplimiento en muchos casos de la normativa interna, que a partir de 1993
restringían su uso por parte del personal del organismo y la inexistencia de planes de actuación tendentes a determinar el destino de las viviendas desocupadas.
Finalmente, respecto a las relaciones entre Correos y Telégrafos y Caja Postal se destaca que el acuerdo-marco de arrendamiento de inmuebles entre ambas entidades, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, no fue aprovechado por Correos para
evaluar la necesidad de mantener la utilización de inmuebles de Caja Postal, plantearse la compra de los que se encontraban en buen estado y prescindir de los que presentaban problemas de conservación. Se aprecia también un deficiente control sobre
los gastos en los que Correos mantenía la posición de arrendatario respecto de Caja Postal y no consta la existencia de documentos sobre el proceso de negociación que condujo a la compra por Correos de veinte inmuebles de dicha entidad. Por último,
el informe recomienda a Correos la actualización de su inventario de inmuebles; la implantación de un mecanismo de planificación de sus necesidades inmobiliarias; el reforzamiento de los controles sobre los gastos de mantenimiento de los
edificios; la regularización del uso y disfrute de las viviendas utilizadas por personal de la entidad; y la revisión de los vínculos comerciales con Caja Postal, encauzándolos con criterios de mercado.
Por lo que se refiere al informe sobre el arrendamiento de la nueva sede central de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, aprobado por el pleno en septiembre de 2000 y que complementa el que acabo de exponer, tuvo su origen en
que, en el curso de los trabajos de éste, se tuvo conocimiento de que Correos había alquilado en 1998 un edificio destinado a albergar su nueva sede, mediante una operación que podía presentar deficiencias similares a las reflejadas en el informe
relativo al alquiler de la sede anterior. El informe concluye que, aun cuando se incumplieran el preceptivo principio de publicidad y las normas de contratación de correos, la renta inicial pactada se situó por debajo de los valores de mercado. El
contrato preveía una actualización de la renta conforme al IPC y un procedimiento de adaptación del alquiler al valor de mercado cada tres años. Por último, el informe señala que de forma simultánea al contrato de alquiler, Correos suscribió con el
arrendatario un contrato de opción de compra del inmueble y que renunció en el contrato de alquiler a los derechos de tanteo y retracto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición de mi grupo parlamentario con referencia a los informes de fiscalización que debatiremos agregadamente sobre gestión de inmuebles para
uso propio por Correos y Telégrafos y sobre arrendamiento de la sede central de esa entidad pública empresarial.
Quiero hacer constar que, si bien hay una identidad de destinatario de la fiscalización y una coincidencia temporal, tanto en la fecha de elaboración como en la
del período fiscalizado por los informes, no existe un nexo común o una identidad de causa en los mismos. Si el primero de los informes se centra en el análisis o en el procedimiento seguido para cada modalidad de utilización propia de los
inmuebles y su posterior gestión y administración así como la evaluación de la eficiencia en la gestión de los mismos, el segundo se centra en el contrato de arrendamiento suscrito por la entidad para la ubicación de su sede central; es decir, en
la fiscalización concreta de un procedimiento contractual sobre el que pesan, a nuestro entender, así se hizo constar en su momento, y así se señala en el propio informe del Tribunal, serias dudas en torno a su legalidad. Partiendo de esta
diferenciación previa que quiero manifestar una vez más, pasaré a analizar el informe de fiscalización de la gestión de inmuebles para uso propio por Correos.
Es preciso hacer referencia en este sentido a las principales objeciones que ha advertido el Tribunal en el informe de fiscalización y que vienen a resumirse fundamentalmente, en nuestra opinión, en tres aspectos que merecen ser destacados
por encima del resto: en primer lugar, la ausencia de un sistema integrado de control registral de los inmuebles que gestionaba la entidad; en segundo lugar, la ausencia de instrumentos objetivos de planificación global de sus necesidades
inmobiliarias; y en tercer lugar la falta de transparencia en las relaciones comerciales mantenidas entre Correos y Telégrafos y Caja Postal, en lo referente a las operaciones de arrendamiento o compraventa de inmuebles entre ambas entidades.
Sobre estas deficiencias advertidas se cimenta el informe de fiscalización que en sus recomendaciones finales esboza las líneas básicas de corrección de esas deficiencias en el período objeto de fiscalización 1995-1997.
Lógicamente a este diputado le es difícil tener acceso a la información referente a la corrección de las anomalías detectadas y plantearía en primer término al señor presidente si tiene conocimiento el Tribunal, más allá de lo enunciado en
este sentido en las alegaciones, de si ha habido una corrección global de las deficiencias advertidas en la materia fundamentalmente por su importancia valorativa de control registral de los inmuebles gestionados por la entidad. Parece razonable
entender que sin ser un instrumento dotado de fiabilidad absoluta, por las diferentes causas que se enuncian en el informe, la relación de inmuebles de inventario, elaborado a instancias del Tribunal puede servir de base a la creación de un registro
único en el que se subsanen las deficiencias advertidas en el informe.
En lo relativo a la planificación de los centros de la entidad objeto de fiscalización y a la idoneidad de su existencia, el informe hace referencia a una pluralidad de documentos elaborados con este propósito en el periodo 1992/1995,
echándose en falta un documento global que respondiera a la previsión mencionada. Así se expresa el propio informe, no como un documento global que recoja esta filosofía. A este respecto sería interesante conocer cuál es la opinión del tribunal
acerca de la utilidad que para este fin podría haber tenido el documento elaborado por la Subdirección general de Red, bajo el título Avance en un modelo de Red, por encima de la valoración del mismo que hizo el nuevo equipo directivo de la entidad
en mayo de 1997, según se refiere en la página 17 del informe.
En lo referente a la gestión de inmuebles para uso propio por el organismo se hace hincapié en la tramitación administrativa del arrendamiento de la sede central de Correos en Madrid, en la calle Aduana, así como a las deficiencias
advertidas en el proceso de contratación. En este capítulo sería interesante conocer la opinión del Tribunal acerca del proceso global de contratación y si el procedimiento fue o no ajustado a la normativa vigente en ese momento.
También se centra el informe en la gestión de las viviendas desocupadas y en la inexistencia al término del periodo objeto de fiscalización, 1997, de un plan de actuación tendente a determinar el destino de las viviendas desocupadas, que
alcanzaban un importante volumen según se desprende en diversos apartados del informe. Aunque es preciso coincidir en la existencia de situaciones de necesaria corrección no lo es menos reconocer que durante el periodo objeto de fiscalización se
pueden encontrar indicios de que la dirección del ente trabajaba en la resolución de estos problemas advertidos en la fiscalización. Así, sería preciso mencionar la circular interna de 1993, en la que se dictaban las normas precisas para tender
hacia la restricción en el uso de las viviendas por parte del personal de la entidad. Es cierto que no se procedió al cumplimiento del pertinente desalojo, tal y como se señala, de las viviendas ocupadas sin título habilitante, circunstancia que se
extendería a todo el periodo objeto de fiscalización y sobre el que hay una interesante reflexión en las alegaciones elaboradas por el entonces director general de Correos, señor Egusquiza, cuando hace referencia a la dificultad para solucionar una
situación que por consolidación del tiempo ha devenido en jurídicamente compleja, como es la del desalojo de quienes han ostentado el título de posesión de una vivienda sin justa causa durante un periodo tan largo de tiempo; una herencia, sin duda,
que ha estado presente en la Administración pública española durante muchos años y que tiene una difícil reconducción en un periodo de tiempo muy breve.
Por tanto, partiendo de la existencia de supuestos concretos que merecen una opinión más o
menos negativa en la fiscalización, es preciso reconocer el esfuerzo hecho para corregir situaciones que tienen una larga tradición histórica en organismos públicos de la naturaleza de Correos y Telégrafos en nuestro país. Así pues, anuncio que las
propuestas de resolución de mi grupo irán en la dirección de corregir en el menor plazo de tiempo las deficiencias advertidas en la fiscalización
y que a la fecha pudieran subsistir en el organismo objeto de esta fiscalización.
Un análisis totalmente distinto es preciso realizar, a nuestro entender, de la segunda fiscalización, que tiene por objeto la entidad pública empresarial de Correos y que se analiza en la tarde de hoy. Una distinción que se fundamenta en
razones metodológicas por cuanto aquí no analiza el tribunal una gestión global o formal en un marco temporal más o menos dilatado sino una cuestión concreta, un negocio jurídico conciso pero de enorme trascendencia para la entidad como es el
contrato de arrendamiento de la sede central del organismo, suscrito el 28 de mayo de 1998 entre la entidad y una sociedad privada.
Para realizar un breve relato de los hechos, partiríamos de la fecha de 1997, cuando se inicia la búsqueda de terrenos en los que ubicar la nueva sede de la entidad. Por las mismas fechas, la sociedad a la que se adquirirán los terrenos
finalmente un año después compra los mismos en la zona del Campo de las Naciones, después de que los terrenos en cuestión fueran objeto de un proceso de recalificación que habría finalizado un mes antes (un periodo excepcionalmente rápido) fruto de
la cual se duplicó la superficie edificable de 8.000 a 16.000 metros cuadrados, casualmente la superficie requerida por la entidad en esos momentos. El 24 de abril de 1998 se aprueban las normas de contratación por el organismo público Correos que
habrían de regir dicha actividad por parte de la entidad en adelante, un esfuerzo por alcanzar una normativa en la que se recogieran todas las actuaciones públicas que hiciera Correos en adelante. El 28 de mayo se suscribe el contrato con el
propietario de los terrenos, después de que un mes y medio antes el subdirector general de Compras y la directora del área de Finanzas y Correos y Telégrafos desaconsejaran la firma del contrato por considerarlo muy perjudicial para Correos,
realizando hasta 25 observaciones en total al contrato.
Después de este relato fáctico no debe de extrañar a nadie el tono del informe elaborado por el Tribunal y los términos en que se expresa cuando se hace referencia a esta operación inmobiliaria, sobre la que, en nuestra opinión, repito,
existen serias dudas de legalidad. En este sentido, es preciso analizar cuál ha sido la práctica seguida en el trámite de alegaciones y estudiar las respuestas facilitadas por el Tribunal a las mismas y que han sido insertadas en el informe, una
sistemática, en nuestra opinión, es tremendamente positiva a la hora de enjuiciar las alegaciones formuladas por las partes a las que se alude en el informe y su correcta inserción en el mismo para una interpretación más global y de la opinión de
quienes tuvieron responsabilidad de administración en el periodo objeto de fiscalización.
En primer término, el Tribunal considera que se vulneran las normas de contratación dictadas por el propio consejo de administración de Correos en fecha 24 de abril de 1998. De la lectura del informe se deduce que si la entidad hubiera
procedido a la contratación bajo el tenor de lo estipulado en dicha normativa, la compra de los terrenos para la futura sede de Correos se habría hecho bajo la sujeción de las cautelas pertinentes en nuestra normativa administrativa general. Así,
cuando la fase de adquisición de los terrenos para la sede central de una entidad y la discusión en torno al sistema de contratación que imperará en la misma en adelante se yuxtaponen en el tiempo, parece razonable entender que en el ánimo del
consejo estaría presente la intención de extender la vigencia de la normativa contractual aplicable al supuesto práctico más importante para la entidad, como la adquisición de terrenos en los que ubicar su nueva sede central. Entendemos que sería
razonable la interpretación de que se estaría dictando una normativa de control interno que tendría su primera oportunidad de aplicación en el caso concreto de la adquisición de terrenos para la sede de ese organismo.
Lejos de esta lógica, el consejo de administración presidido por el director gerente de la entidad, señor Esteruelas, aboga por buscar la entrada en vigor de la citada normativa interna a partir de mayo de 1998, buscando dejar fuera de la
cobertura prestada por la misma a la operación sobre la que traía causa la presente fiscalización, y así lo manifiesta directamente en el trámite de alegaciones, en el que busca un apoyo a esta tesis, justificada por otra parte en una cuestión para
nosotros puramente anecdótica, encabezar la citada normativa con la alusión en la carátula de la misma a una fecha nada concreta y que supondría todo un ejemplo de inseguridad jurídica: mayo de 1998, sin más precisión, pese a que en su descuido,
generado por la adopción de semejante decisión, olviden modificar el pie de página de toda normativa interna, que figuraría bajo el epígrafe de abril de 1998; un dato en nuestra opinión muy importante a la hora de enjuiciar este informe.
El Tribunal, acertadamente, y como no podía ser de otro modo, entiende que la normativa de contratación de la entidad habría entrado en vigor en abril de 1998 y no en mayo, durante la reunión del consejo de administración de 24 de abril,
frente a la tesis del alegante de que tal entrada en vigor se habría producido, como digo, un mes después. Ante tal circunstancia, la segunda de las alegaciones, que se centraría en la falta de rango de la normativa contractual interna de la
entidad, vendría a refrendar el principio de que se está cometiendo una ilegalildad menor y no amparable en norma jurídica de aplicación general. Curiosa forma de reconocer la inutilidad de la normativa interna que se da todo un consejo de
administración: se busca precisamente escapar de las cautelas que ellos mismos marcan sobre la base de que es un incumplimiento menor o de menor importancia que si se tratara de la normativa general. Con estas salvedades, el director gerente
pretende escapar a la necesidad de configurar un pliego de condiciones sobre el que realizar el expediente de contratación, a la de delegar en la comisión delegada la
competencia para la aprobación de la operación, establecer el procedimiento de adjudicación y disponer la publicidad del mismo, cautelas todas ellas, como digo, predicables en todo sistema de contratación pública de nuestro ordenamiento
jurídico.
Para escudar los citados incumplimientos, se manifiesta que Correos contactó con diversos organismos públicos y agencias inmobiliarias para ponerles en conocimiento de su propósito de adquirir o alquilar un edificio para una nueva sede
central, sin que estos contactos cumplan, según el informe, las exigencias del principio de publicidad. Además, según señala acertadamente el Tribunal, la mera concurrencia de ofertas no presupondría dar cumplimiento al principio de publicidad.
A la hora de valorar el coste económico de la operación de arrendamiento, es preciso volver a mencionar una vez más los reparos que formulan en el contrato diversos órganos técnicos de Correos, lo que nos lleva a una total coincidencia en
cuanto a los términos en que se redacta el contrato, que en nuestra opinión podrían darle el carácter de leonino, para el organismo público contratante, tal y como se reconoce implícitamente por el Tribunal cuando se hace referencia a la
incongruencia de varios aspectos del contrato. No podría explicarse de otro modo que a los 543 millones de coste que supone para la entidad el primer año de vigencia de arrendamiento en el ejercicio de 2000 se añadan otros 850 millones de pesetas,
abonados por la entidad, por los contratos complementarios de obras de adecuación del edificio a las necesidades de Correos, así como por diversos suministros necesarios para efectuar el traslado desde la anterior sede. No consta la elaboración de
un estudio económico que razonara las ventajas que para la entidad podría suponer la alternativa del arrendamiento, sencillamente porque no existían y así se ha verificado con el transcurso de los años. Sin enbargo, donde las sospechas de oscuro
proceder se hacen más notorias es cuando en la reunión del consejo rector, de 18 de julio de 1997, se plantea la posibilidad de adquirir una parcela concreta, situada en el parque empresarial Juan Carlos I, y construir en ella la sede. Casualmente,
en ese mes se adquiere dicho solar por parte del futuro arrendador del mismo en una subasta convocada por el Ayuntamiento de Madrid. Como digo, todo un ejemplo de transparencia y de respeto a la legalidad vigente. De todo ello no cabe deducir, por
las manifestaciones del Tribunal en cuanto a la falta de valoración del resto de ofertas presentadas a la concurrencia, o porque la ausencia de motivación de la adjudicación careciera de total trascendencia práctica, a la vista de la coincidencia en
los plazos, sino que ya se tenía localizado el terreno en el que ubicar la nueva sede central de Correos. En definitiva, la decisión estaba clara.
Termino, señorías, haciendo referencia a una cuestión sobre la que me gustaría que se hiciera una aclaración por parte del señor presidente. Me refiero a si se ha incidido en una materia que a nosotros particularmente nos puede resultar
interesante para clarificar definitivamente el objeto de esta fiscalización, como es el análisis de las posibles incompatibilidades en que pudieron incurrir tanto la sociedad con la que se contrata como quienes en ese momento ostentaban la
representación en Correos y Telégrafos y que hicieron práctica esta adjudicación, que en nuestra opinión, repito, carece de las más mínimas cautelas de legalidad y de respeto a la normativa administrativa aplicable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, muchas gracias por su comparecencia, así como por la acogida que a esta Comisión dispensó ayer el Tribunal.
Entrando en el tema objeto del informe de fiscalización sobre Correos y Telégrafos y la gestión de inmuebles para uso propio, hemos de recordar que en 1992 se constituyó como organismo autónomo. Se elaboraron numerosos documentos entre 1992
y 1995 para mejorar la red de centros, pero todo quedó en la intención, pues en 1995 no se ha había hecho absolutamente nada, ni siquiera existía un documento global que respondiera a lo que, al constituirse en organismo autónomo, se puso de
relieve, esto es, la urgencia de un llamado programa de reestructuración de la red de centros. Quizá lo más llamativo fue la tramitación administrativa del arrendamiento de la sede central de Correos y Telégrafos, en Madrid, contratado en el año
1992. La contratación se hizo sin ningún estudio previo sobre la necesidad de ese inmueble y sin estudiar otras opciones, como podría ser la construcción o la compra, pero lo más grave, y eso sí que es importante, es que el precio del arrendamiento
se aproximó más a lo que era el precio máximo de mercado, pero no de arrendamiento, señorías, sino de compra, es decir, que se pagó un alquiler a un precio similar al precio máximo que el mercado tenía en aquel momento establecido para la compra del
inmueble. Correos y Telégrafos, que ha presentado numerosas alegaciones al estudio, defendiendo siempre la gestión de los inmuebles, como es lógico, dice que en el anteproyecto que le remitió el Tribunal se refleja el cumplimiento de la legalidad
vigente, salvo -dice Correos y Telégrafos- en lo relativo al arrendamiento de la sede central, sita en Madrid, en la calle de la Aduana, números 29 y 31, respecto al cual no puede realizarse ninguna observación adicional a las que ya constan en el
anteproyecto. Eso dice en sus alegaciones la propia entidad Correos y Telégrafos. Todo esto que les he relatado hace que en torno a este tema del arrendamiento por parte de Correos y Telégrafos, sito en la calle de la Aduana, aletee el fantasma de
la corrupción tan prodigado en aquellos años.
Esta situación que acabo de describir contrasta con lo que se vino a hacer por la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en el inmueble arrendado para la sede de la nueva central el 28 de mayo de 1998. En el informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas, a juzgar por la información que le proporcionó el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, se manifiesta que la renta inicial pactada en mayo de 1998 para el año 2000 se situó por debajo de los
valores de mercado. Si por razones de urgencia y de oportunidad de mercado se prescindió de algunos requisitos administrativos, que además en este caso son de dudosa aplicación, puesto que la propia entidad de Correos dice que para ellos es
aplicable la legislación del año 1992, mientras que el Tribunal estima que era aplicable una nueva legislación -la discrepancia es sobre si en mayo ya había entrado en vigor o no la nueva legislación, una discrepancia de interpretación jurídica- no
cabe comparar que se adquiera; defendiendo los intereses de Correos y Telégrafos, un inmueble en tan ventajosas condiciones, con el derroche que significa, que es lo que se hizo en el año 1992. Solamente cabe compararlo por parte del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista desde una interpretación muy torticera y muy partidista. Ahí no hay nada que ocultar, ahí se han defendido con gran rigor y con gran elegancia los intereses de Correos y Telégrafos -los intereses públicos- frente a la
situación anterior donde sí que aparece un contrato muy desfavorable para los intereses públicos.
Respecto a la gestión de los inmuebles en general que ha explicado el presidente en el primer informe, es evidente que hubo mucho desacierto.
En 1993 se establecieron unos estándares de oficinas-tipo y, sin embargo, el informe del Tribunal
de Cuentas al comparar esos estándares con la realidad, comprueba que están muy alejados. Por ejemplo, el 59 por ciento de las oficinas examinadas tenían una superficie superior al triple del valor estándar y en el 11 por ciento incluso lo
superaban en cinco veces.
Esto es una etapa larguísima, porque estamos hablando desde 1992 a 1997.
La corrección de anomalías de tantos años es el objeto fundamental de los actuales gestores de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos y
es a lo que se dedican, lo que sin duda alguna quedará mejor reflejado en un sucesivo informe al que estamos discutiendo ahora.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a algunas cuestiones, tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Realmente aquí sólo ha habido algunas cuestiones por parte del señor Perea.
Pregunta de si ha habido alguna corrección global o de deficiencias, esto es imposible conocerlo si no
hay una nueva fiscalización. La fiscalización se refiere a un periodo, después del cuál sería necesario hacer otra fiscalización.
En cuanto a la planificación mobiliaria, cita las páginas 16, 17 y 18 del informe y la opinión del subdirector general. Esto es lo que figura ahí y el Tribunal está de acuerdo con esta manifestación.
Para terminar, respecto a la pregunta relativa al contrato del año 1998, sobre el análisis de legalidad y la posible incompatibilidad de sociedades el informe no ha detectado estas incompatibilidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Intervengo solamente con fines aclaratorios. ¿Que no se ha entrado a valorar la posibilidad de incompatibilidades o que del análisis sencillamente no se han detectado?
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Que no se han detectado.
El señor PEREA CORTIJO: Que no las han detectado.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, quiero darle las gracias, en nombre de toda la Comisión, por la acogida, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ayer en el Tribunal dió a la Comisión y en la que desgraciadamente
no pude estar presente por razones familiares, así como también por la comparecencia del día de hoy.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.