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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 73, de 13/03/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 73
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 13 de marzo de 2002,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), ejercicio 1996. (Número de expediente del Senado 771/000030 y número de expediente del Congreso 251/000046.) ... (Página 1665)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Valencia, ejercicio 1996.
(Número de expediente del Senado 771/000053 y número de expediente del Congreso 251/000065.) ... (Página 1667)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), ejercicio 1997. (Número de expediente del Senado 771/000058 y número de expediente del Congreso 251/000069.) ... (Página 1670)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de León, ejercicio 1997.
(Número de expediente del Senado 771/000093 y número de expediente del Congreso 251/000091.) ... (Página 1672)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Tibi (Alicante), ejercicios 1994, 1995 y 1996. (Número de expediente del Senado 771/000092 y número de expediente del Congreso 251/000092.) ... (Página 1674)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toro (Zamora), ejercicio 1998. (Número de expediente del Senado 771/000091 y número de expediente del Congreso 251/000093.) ... (Página 1676)
Debate sobre:
- Solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, para que recabe del dicho Tribunal una fiscalización específica del Instituto Balear de Desarrollo Industrial
dependiente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con el objeto de aclarar el uso ilegal de fondos públicos en la promoción electoral, como el sucedido en el llamado 'caso Formentera', y con el objetivo de depurar las eventuales
responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos examinados.
(Número de expediente del Senado 772/000010 y número de expediente del Congreso 253/000011.) ... (Página 1680)
- Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, a la Comisión Mixta para las relaciones del Tribunal de Cuentas, para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). (Número de expediente del Senado
772/00001 y número de expediente del Congreso 253/000012.) ... (Página 1681)
- Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, para que recabe de dicho Tribunal la fiscalización del Ayuntamiento de Cabrerizos (Salamanca).
(Número de expediente del
Senado 772/000012 y número de expediente del Congreso 253/000013.) ... (Página 1683)
Comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 1998. (Número de expediente del Senado 771/000072 y número de expediente del Congreso 251/000082.) ... (Página 1685)
- Informe de fiscalización de los resultados de la aplicación del Plan Estratégico de Competitividad (PEC) 1995-1998 en la Sociedad Estatal 'Astilleros Españoles, S. A.' (AESA). (Número de expediente del Senado 771/000016 y número de
expediente del Congreso 251/000035.) ... (Página 1689)
- Informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la Sociedad Estatal 'Empresa Nacional de Celulosas, S. A.' (ENCE) en los ejercicios de 1996 y 1997. (Número de expediente del Senado 771/000021 y número de
expediente del Congreso 251/000037.). ... (Página 1691)
- Informe de fiscalización de las áreas de inmovilizado y existencias de la Sociedad Estatal 'INFOINVEST, S. A.', ejercicio 1997. (Número de expediente del Senado 771/000019 y número de expediente del Congreso 251/000039.) ...
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
El Señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, la sesión número 17, que espero -aunque el propio Presidente, sin ningún inconveniente, tenga que pagar la factura- sea con agua y café.
Antes de entrar en el desarrollo del orden del día, quiero decirles que hay una solicitud por parte del Grupo de Izquierda Unida de que se posponga el punto número 7 de dicho orden del día, relativo a la solicitud para recabar un informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas al Instituto Balear de Desarrollo Industrial, dependiente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El señor Albendea tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor Presidente, hace casi un año se planteó por parte de Izquierda Unida esta misma solicitud. No se presentó el portavoz y decayó. Accedimos a que inmediatamente lo presentara otra vez. Ya es la segunda vez
que esto ocurre. Por nuestra parte no estamos de acuerdo, no podemos estar con ese tema permanentemente y, por tanto, me opongo a que se modifique el orden del día.
El señor PRESIDENTE: La señora Costa, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señor Presidente.
Dada la importancia del tema, no se nos escapa el proceso que está siguiendo esta cuestión tanto en los medios como en el ámbito judicial, entendemos que es oportuno acceder a la solicitud de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El Señor ALBENDEA PABÓN: Señor Presidente, según el Reglamento requiere la unanimidad de la Comisión, por lo que la decisión la tiene su señoría.
El señor PRESIDENTE: Si hay oposición de un grupo parlamentario, está claro que no se pospone el punto del orden del día. Queda el orden del día constituido tal y como figura en la convocatoria.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (CANTABRIA), EJERCICIO 1996. (Número de expediente del Senado 771/000030 y número de expediente del Congreso 251/000046.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto primero del orden del día: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Santander. Ha presentado propuesta de resolución, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a hacer una intervención breve para defender la propuesta de resolución que hace el Grupo Socialista sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Santander por el Tribunal de Cuentas, que contiene dos apartados: En uno de ellos
lo que se pide es que haya una nueva fiscalización para los ejercicios del año 1999 y 2000, y la basamos en que tenemos la evidencia de que no se han respetado las recomendaciones del propio Tribunal. Así cuando el Tribunal dice que el Ayuntamiento
debe dotarse de procedimientos adecuados de control en las operaciones que realiza, nosotros nos encontramos no solamente con que no se ha dotado de ningún control, sino que el informe -por poner un ejemplo- de la Intervención General en los
presupuestos generales de este año, para el año 2002, dice que los ingresos no son seguros y que se puede conducir, por lo tanto, a una situación en que los gastos previstos no se puedan llevar a la práctica o bien que se produzcan, como se viene
produciendo, remanentes negativos como en años anteriores.
Otra de las recomendaciones que hace el Tribunal es no adquirir compromisos de pago en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos y esto, como he dicho antes, se realiza anualmente; se entra en déficit,
se entra en remanentes negativos que este año, en la última liquidación de presupuestos, han alcanzado nada menos que la cifra de 3.384 millones de pesetas, es decir, 24,3 millones de euros.
Por no seguir comentando muchos otros aspectos de las recomendaciones que no se están cumpliendo, quiero decirles a sus señorías que hay una recomendación muy concreta en lo que se refiere a contratación, en la que el Tribunal de Cuentas
dice que se evidencian defectos en la redacción de los proyectos, con el consiguiente incremento final del gasto en las obras, a pesar de lo cual el Ayuntamiento no está exigiendo las responsabilidades pertinentes, revelando nuevamente una falta de
control sobre las mismas.
Dice, asimismo, que hay que controlar la elaboración de los proyectos y evitar las imprevisiones, las imprecisiones e incorrecciones al objeto de minimizar las posibles modificaciones, así como vigilar la ejecución de la obra.
Pues bien, señorías, en la actualidad se están llevando a la práctica, por hablar de tres ejemplos concretos, obras en tres edificios; el mercado del Este, el pabellón de exposiciones y el palacio de deportes, por un importe total, al
inicio de salida de la licitación, de 3.900 millones de pesetas, en cifras redondas. Estas obras se adjudicaron en 1999 y, a la par que no se
están cumpliendo los plazos de ejecución, el costo de las obras en la actualidad no va ya sólo por los 3.900, sino por los 7.500 millones de pesetas, es decir, 3.500 millones de pesetas más, lo que va en contra de las propias recomendaciones
del Tribunal de Cuentas. Con estos ejemplos creo que queda suficientemente demostrado que las recomendaciones hechas por el propio Tribunal no se han llevado a la práctica. Por eso pedimos el voto favorable para que se realice esa fiscalización de
los años 1999 y 2000.
Hay también un segundo punto en la resolución, por el que se insta al Tribunal de cuentas a que remita el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Santander del ejercicio 1996 a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a los
efectos jurisdiccionales que procesa, si no lo hubiese hecho de oficio. Y decimos esto porque, el propio Presidente del Tribunal, en su comparecencia en esta Comisión hace quince días, ya dijo -y leo textualmente el 'Diario de Sesiones'- lo
siguiente: en cuanto a las responsabilidades contables, tanto la Fiscalía como el Servicio Jurídico del Estado se han interesado por varios supuestos de posibles responsabilidades contables.
Por tanto, no merece la pena que me extienda mucho más en estas consideraciones. Creo que las propias palabras del Presidente del Tribunal justifican este apartado de la propuesta de resolución que presentamos.
Muchas gracias, Presidente, y gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blanco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vallines.
El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía yo, en mi pasada intervención en la última reunión de esta Comisión, que el Grupo Parlamentario Socialista llevaba veinticinco años de oposición en el Ayuntamiento de Santander y, desde luego, con estas técnicas, se están preparando el
camino para seguir otros veinticinco años más. No es manipulando ni las conclusiones del Tribunal de Cuentas ni las propias palabras del Presidente del Tribunal de Cuentas en esta Comisión -como han hecho tanto el portavoz, señor Blanco, en esta
ocasión como los portavoces Cuesta y Martínez en intervenciones ante los medios de comunicación- como se hace una oposición responsable y como se gana el aprecio de los ciudadanos; pero, en fin, ése es un problema de ellos y yo me limito a
constatar lo que hacen.
Yo detallé, con ocasión de la Comisión anterior, que el equipo de Gobierno había asumido, incluso antes de la presentación de las conclusiones -recordaba que el estudio duró dos años, exactamente veinticinco meses, desde que se inició la
inspección hasta que se cumplió el informe-, determinadas sugerencias que el propio Tribunal de Cuentas establecía.
Después de ser emitido el informe se implementaron algunas de las sugerencias, e incluso hoy todavía se están desarrollando algunas
de ellas, porque requerían un proceso administrativo más lento, como es el caso, por ejemplo, del inventario de inmuebles, que se adjudicó a una empresa que lo está realizando y ya lo lleva muy avanzado.
Por tanto, decir que no se ha hecho caso a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no sólo es falso, sino que además es inútil, y esto se encuadra en esa posición infructuosa que va a tener el Grupo Parlamentario Socialista en el
Ayuntamiento de Santander.
Pero es que, además, es enternecedora la preocupación que demuestra el Grupo Parlamentario Socialista por la deuda del Ayuntamiento de Santander. ¿Cuándo le ha preocupado al PSOE de Cantabria, y de España entera, el endeudamiento? ¿Cuándo
le ha preocupado el déficit? Si ahora dice que el Gobierno del señor Aznar y el Señor Aznar tienen obsesión por el déficit, ¿cómo le preocupa precisamente ahora el déficit del Ayuntamiento de Santander? ¿Cómo le preocupa, si no es capaz ni de
apoyar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno de la Nación, precisamente para eso, para corregir las deudas de estas instituciones: los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas? Ahora le preocupa, y es enternecedora
esa preocupación por el Ayuntamiento de Santander.
Por eso decía yo que con oposiciones así el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander tiene asegurados otros veinticinco años. Espero que no cambien mucho. Por tanto, la primera de las peticiones, es decir, que se abra otra nueva
fiscalización de las cuentas en el Ayuntamiento de Santander, me parece absolutamente fuera de lugar.
Con relación a la segunda de sus peticiones, que es instar al Tribunal de Cuentas a que informe a la Sección de Enjuiciamiento, si no lo ha hecho ya, también han manipulado las palabras del Presidente del Tribunal de Cuentas, para poder
salir a los medios de comunicación, al preguntarle, creo que deliberadamente, en la sesión anterior, si había habido interés por parte de la Fiscalía o la Asesoría Jurídica del Estado en estos procedimientos, cuando actúan de oficio y forman parte
del propio Tribunal de Cuentas tanto la Fiscalía como la Asesoría Jurídica del Estado. Pero si la materia más importante por la que se interesó el Grupo Parlamentario Socialista fue la referida a esa gran obra de la segunda fase del Palacio de la
Magdalena, por cierta cuantía, y ya la llevó el Grupo Parlamentario Socialista a los tribunales de justicia, y allí los tribunales de justicia dijeron que estaba bien, ¿por qué quieren ahora judicializar nuevamente este asunto?
Insisto -y termino- en que con la oposición y con las manipulaciones que efectúan los señores portavoces Costa, Martínez, Blanco y Sota en el Ayuntamiento de Santander, los populares de Cantabria están tranquilos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallines.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, EJERCICIO 1996.
(Número de expediente del Senado 771/000053 y número de expediente del Congreso 251/000065.)
El señor PRESIDENTE: El punto segundo del orden del día es el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Valencia, al que presenta propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Socialista, para lo cual tiene la palabra el señor Romeu.
El señor ROMEU MARTÍ: Muchas gracias, señor Presidente.
Atendiendo al contenido del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Valencia, del año 1996, y que se trató en la anterior Comisión Mixta, el Grupo Parlamentario Socialista presenta cinco propuestas de resolución que giran en torno a
tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es conocer exactamente, después de 1996, cuál es el estado real y actual de la contabilidad del Ayuntamiento, y saber si se siguen cometiendo o no todas las irregularidades que se denuncian,
explícita, clara y reiteradamente en el informe del Tribunal, y que recogen las conclusiones y en las recomendaciones del mismo. Para ello solicitamos, además, que la Intervención General del Estado nos facilite sus informes y análisis de la
situación económica y patrimonial del Ayuntamiento de Valencia.
El segundo objetivo es instar al ayuntamiento a que simplemente cumpla la ley, por extraño que parezca; algo tan obvio y básico dentro de un sistema democrático y de Derecho se le tiene que recordar al Gobierno que dirige la alcaldesa Rita
Barberá, a tenor de las recomendaciones y conclusiones del Tribunal. Asimismo, instamos a que, en cumplimiento de la legalidad vigente, el ayuntamiento constituya el inventario municipal.
Finalmente, el tercer objetivo es la demanda de responsabilidades por la gestión discrecional, adjudicaciones, sin que se cumpla el procedimiento previo establecido, eliminación de la pública concurrencia, incumplimiento de la normativa
reguladora del suelo, subastas, permutas, etcétera, por lo que solicitamos instar al Tribunal a enviar a la Sección de Enjuiciamiento el informe de fiscalización para el análisis detallado de las prácticas irregulares que se denuncian en el mismo.
Señor Presidente, respecto de la sorprendente propuesta de resolución presentada por el Partido Popular, he de manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra, porque esta propuesta, además de la ambigüedad que presenta, es
genérica, y evita así el PP centrar su atención en los ayuntamientos considerados por el Tribunal, y en este caso en concreto en el Ayuntamiento de Valencia.
Esta moción no discrimina e impide responsabilidades concretas, por lo que entendemos la necesidad de poner de manifiesto las responsabilidades de los ayuntamientos y de sus equipos de gobierno concretamente, y en este caso el del Partido
Popular y el de Rita Barberá en Valencia.
Esta propuesta de resolución, señorías, abre muchos interrogantes sobre las actuaciones irregulares que están en manos del fiscal, como el caso de Estepona y de Marbella. Esta moción es poco clara, oscura y oportunista para impedir que en
las próximas elecciones -y ahora que entramos prácticamente en el período preelectoral- o quede en evidencia la errática y mala gestión del Partido Popular allá donde gobierna, tres o veinticinco años.
Señorías, en democracia hay que actuar con transparencia, y todo lo que lo impida no será aceptado por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay que actuar. (Rumores.)
Si no están de acuerdo, ya llegará su turno para intervenir.
En democracia -repito- hay que actuar con transparencia, y todo lo que la impida, como esta propuesta de resolución, no será aceptado por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay que actuar con convicción, aceptando aciertos y errores y no
camuflando con textos de buenas intenciones las irregularidades que reiteradamente expone el Tribunal en sus informes y cuya gravedad en el Ayuntamiento del Partido Popular de Valencia, que es de cuyo informe se está tratando y no del conjunto de
las corporaciones locales, son exclusivamente reiteradas y defendidas por el Gobierno del PP, con su alcaldesa a la cabeza.
Señorías -y termino- esto no es la Federación Española de Municipios y Provincias, ésta es la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, y los informes son concretos para cada una de las entidades que se presentan en los informes. Hay que ser
respetuosos con los errores que uno comete, hay que ser responsables de aquello que establece el Tribunal y, sobre todo, más que intentar camuflarlo, hay que adoptar las medidas necesarias para que se cumpla la ley y para no defraudar la confianza
depositada por los ciudadanos, y no con textos de buenas intenciones que, al final, sólo redundan en algo que es poco claro y que, además, levanta sospechas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romeu.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor Presidente.
Me permito solicitarle que dividamos nuestro tiempo entre mi compañero, José Luis de Juan, y yo. Defenderé la propuesta de resolución que presenta el Partido Popular, y José Luis de Juan fijará nuestra posición respecto a las propuestas que
presenta al Partido Socialista.
Esto no afecta sólo al Ayuntamiento de Valencia. Se ha colgado de él como de una percha, como se podía haber colgado de cualquier otro. Esto afecta a todos los ayuntamientos, no sólo a los que hoy son objeto de debate en la Comisión, sino
a todos los que, a lo largo de su historia, venimos analizando la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Nuestra propuesta está alejada de cualquier oportunismo electoralista, y lo que hace es seguir la recomendación o la petición que hizo en la pasada sesión el propio Presidente del Tribunal de Cuentas, instando a que presentáramos una moción
en este sentido. Lamento que el Grupo Parlamentario Socialista, que fue invitado a tiempo para sumarse a esta propuesta, no lo quisiera hacer. Voy a leerla y a justificar su fundamentación. Dice lo siguiente:
Se insta al Tribunal de Cuentas a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de su ley orgánica, elabore y eleve a las Cortes Generales una moción en la que, recogiendo las deficiencias reiteradamente manifestadas en anteriores
informes de fiscalización sobre entidades locales, que afectan especialmente a las áreas de control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación, se analicen las causas que las han podido originar y se formulen las
correspondientes propuestas para su corrección, sugiriendo las modificaciones que se estimen necesarias en relación con su propia organización interna y, si así se considerase oportuno, sobre la vigente legislación reguladora de la actividad de las
corporaciones locales.
Señorías, la lectura de los informes de las corporaciones locales presentados a la Comisión Mixta el pasado 19 de febrero permite confirmar una conclusión ya alcanzada como consecuencia del análisis de los informes anuales del Tribunal de
Cuentas en lo referente al sector público local y de los resultados recogidos en otros informes de auditoría de este mismo sector.
Los informes que el Tribunal de Cuentas ha remitido a esta Comisión han permitido conocer las carencias en la organización de las corporaciones locales y la insuficiente regulación en muchos aspectos de su actividad como consecuencia de las
deficiencias que en dichos informes se describen y que, con ligeras variaciones, llegan a ser comunes en todas las entidades, lo que no ha de ser óbice para que se exijan las correspondientes responsabilidades cuanto en el examen de una actuación
concreta se hayan observado comportamientos indebidos.
El examen sosegado de estos informes, circunscrito a su contenido técnico y no alterado por planteamientos partidistas, ha de conducir a diferenciar gestiones y a evaluar adecuadamente la importancia de las deficiencias encontradas y las
consecuencias que de ellas pudieran derivarse.
En este planteamiento de responsabilidad política, preocupado más por la incorporación de medidas de mejora en la gestión pública que por la utilización partidista de las deficiencias encontradas, comunes por otra parte en la gestión de las
diferentes opciones políticas, se considera más acertado contar con la opinión fundamentada del Tribunal de Cuentas, proponiendo medidas organizativas o legislativas a través de una moción, en virtud de lo previsto en el artículo 12 de su ley
orgánica, a semejanza de otras elaboradas en referencia a otras materias que han sido de gran utilidad para esta Comisión y para el Parlamento.
Por otro lado, la adopción de una resolución en el sentido indicado es más respetuosa con la autonomía reconocida del Tribunal, no alterando excesivamente su programa de trabajo y con las competencias que tiene atribuidas, evitando su
instrumentalización política y permitiendo que su función vaya dirigida directamente a la prestación de un mejor servicio por parte de las entidades locales.
De los antecedentes mencionados se deduce que las deficiencias más habituales afectan a las cuatro áreas siguientes: control interno, llevanza de la contabilidad, gestión del personal y contratación, en las que las deficiencias y carencias
más frecuentemente observadas hago gracia a sus señorías de relatarles.
Esta mera secuencia de deficiencias reconocidas en la mayor parte de las entidades locales obliga a dar prioridad a su subsanación mediante la adopción de las medidas legales y organizativas que se estimen precisas, frente a su reiteración
en nuevas fiscalizaciones que pudieran llevarse a cabo.
Por lo tanto, se considera que es más oportuno solicitar del Tribunal de Cuentas su opinión sobre las medidas que deben adoptarse en relación con las áreas mencionadas, recogida en la oportuna mención, como se plantea la propuesta de
resolución presentada, en lugar de solicitar nuevas fiscalizaciones que entorpecerían la actividad programada del Tribunal, que difícilmente añadirían nueva información sobre la situación conocida por los antecedentes ya disponibles y que, en
definitiva, supondrían posponer la adopción de las medidas necesarias para la mejora de los servicios públicos. En consecuencia, no se apoyará cualquier propuesta que vaya encaminada a la solicitud de nuevas fiscalizaciones de las corporaciones ya
auditadas.
Igualmente, no podemos suscribir ni apoyar ninguna resolución que inste al Tribunal de Cuentas a iniciar e impulsar procedimientos jurisdiccionales en relación con las actuaciones fiscalizadas por cuanto dicha resolución supondría prejuzgar,
desde un punto de vista de control parlamentario, actuaciones que deben dirimirse en otro ámbito y, por otra parte, representaría una indebida intromisión en las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, para las que la legislación
vigente tiene previstos unos mecanismos y reconocidas unas competencias que, en el caso de que hubiesen detectado algún supuesto de responsabilidad, habrán originado el inicio del oportuno procedimiento.
Ésta es nuestra postura, señorías, y en coherencia con esta posición que acabo de mantener, anticipo -ya lo confirmará luego del portavoz que va a hacer uso de la palabra, el señor Martínez Maíllo- que en el Ayuntamiento de Toro, que es el
único en el que hemos presentado resoluciones, vamos a retirar las propuestas números 6 y 7, en coherencia con lo que acabo de manifestar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.
Para agotar el tiempo del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor de Juan.
El señor DE JUAN: Muchas gracias.
Señorías, es evidente que de la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista se deduce claramente lo que él ha manifestado: que estamos en período preelectoral, seguro que para el Partido Socialista, porque, a tenor de
sus palabras y tal y como voy a expresar, estamos ante cosas absolutamente distintas de lo que es la realidad.
Yendo a un símil de nuestra tierra, que está en fallas, lo que se ha expuesto por el representante del Grupo Parlamentario Socialista no
es una de esas hermosas mascletás que estamos teniendo estos días en nuestra tierra, sino que es pólvora mojada, y lo voy a demostrar con los hechos del informe de fiscalización.
En primer lugar, a través de la petición que hicimos en la intervención anterior, haciendo un exhaustivo repaso en la misma línea que el informe del Tribunal de Cuentas de todas y cada una de las conclusiones y recomendaciones, se veía y se
ve con claridad que no hay y no se detecta ninguna irregularidad grave ni ninguna responsabilidad contable. Eso es lo que dice exactamente el informe de fiscalización. Sí que hay salvedades que ya expusimos entonces y que repetimos ahora. En el
Ayuntamiento de Valencia, con la clara intención de perfeccionar cada vez más los ayuntamientos y sobre todo los de las características del de Valencia, de una enorme complejidad, y dotarlos de unos cimientos que presten mayores servicios al
ciudadano, de cercanía al ciudadano, se está perfeccionando lo que realmente soluciona esas salvedades apuntadas.
Ya dijimos entonces que se había aplicado el sistema de gestión patrimonial que da respuesta a las salvedades apuntadas; también se han perfeccionado diferentes módulos informáticos, así como una serie de medidas que ya se están aplicando y
otras en vías de aplicación. Pero, además, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su intervención respecto a la resolución que presentamos, eso refuerza aún más esa voluntad clara de perfeccionar, de mejorar, de
adecuar los ayuntamientos frente a toda esa complejidad que dimana de ofrecer mayores servicios y mayor volumen y dimensión en el funcionamiento de los mismos.
Quiero hacer especial referencia a determinadas circunstancias que apuntaba el ponente del Grupo Parlamentario Socialista como fundamentales en dicho informe y en correspondencia con lo que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia
realizó a través de una serie de recursos interpuestos ante la vía judicial ordinaria. Esas cuestiones planteadas, como decíamos en la anterior intervención, como son ausencia de cobertura presupuestaria, modificaciones y obras complementarias
injustificadas, insuficiencia de proyectos técnicos, anulación de saldos de dudoso cobro del Impuesto de solares, todas ellas han sido llevadas a la vía judicial mediante la interposición de recursos presentados por el Grupo Parlamentario
Socialista, y todas ellas han sido desestimadas según sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Es decir, la justicia ordinaria ha fallado dando la razón a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Valencia y
desestimando absolutamente todas las demandas y reparos presentados por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero insisten en llevarlo a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a través de su resolución número 1. Nos parece que la
ausencia de irregularidades graves no adecua esta pretensión pero, además, es repetir lo que ya se ha visto en una vía jurisdiccional. Esto en la práctica jurídica es un uso exagerado, por no decir un abuso, de las vías judiciales. Incluso
aplicando el principio de non bis in idem, es repetir un tema y, por lo tanto, vamos a votar en contra por las razones apuntadas. De la misma manera que vamos a votar en contra de las resoluciones 4 y 5 por lo que decíamos anteriormente de las
medidas ya adoptadas y a tenor de la resolución presentada por nuestro Grupo Parlamentario.
En la resolución número 2 quiero hacer una especial reflexión.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya abreviando.
El señor DE JUAN SANZ: En esta resolución estamos hablando de una situación ya analizada, fiscalizada y clarificada suficientemente. Por tanto, más que insistir en ejercicios del mismo ayuntamiento, como en el caso del Ayuntamiento de
Valencia, que ya se han visto suficientemente, dado ese carácter escrupuloso de la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista, y a tenor de que precisamente hay un representante, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de una
circunscripción como la de Barcelona, yo les solicitaría -ya lo apuntaba en otra ocasión-, ya que tienen la convicción de que lo están haciendo tan bien y de que el Grupo Parlamentario Popular en donde gobierna lo hace tan mal, que dieran el ejemplo
de solicitar que se fiscalice el ayuntamiento de Barcelona para tener datos comparativos.
Incidiendo en esta votación, yo creo que por coherencia el Grupo Parlamentario Socialista va a votar lo mismo que nosotros, en contra; de la misma manera
que lo hizo en el año 1991 en una sesión de esta Comisión el Tribunal de Cuentas con referencia al ejercicio de 1986, en la que precisamente una auditoría realizada al Ayuntamiento de Valencia, gobernado entonces por el Partido Socialista,
detectó gravísimas irregularidades con una repercusión social importantísima y, sin embargo, en Comisión se rechazó la propuesta de fiscalización. Coherentemente con esa propuesta que entonces hicieron de rechazar la fiscalización, seguramente para
no recargar al Tribunal de Cuentas y que pudiera hacer otros en otros ayuntamientos, yo estoy convencido de que votarán, al igual que el Grupo Parlamentario Popular, en contra de fiscalizaciones de otros años, puesto que ya tenemos suficientemente
analizado el año 1986 y tenemos una visión global y clarificada de esa situación.
En definitiva, por estas razones, también vamos a votar en contra de la resolución número 3, y espero que ustedes voten en consecuencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. (LA RIOJA) (Número de expediente del Senado 771/000058 y número de expediente del Congreso 251/000069.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Logroño. Ha presentado una propuesta de resolución, el Grupo Parlamentario Socialista, para la cual tiene la palabra el señor
Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta sesión no pretende incidir en los argumentos ya expuestos el pasado 19 de febrero por parte de don Ubaldo, con ocasión del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Logroño, en el que se hacía una valoración muy crítica del
funcionamiento económico y normativo de la capital riojana; además, no es el momento, toda vez que el señor Bermejo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la anterior sesión reconoció palmariamente que muchas de las cosas que se decían en
aquel informe tenían razón.
Con el fin de aclarar exactamente el contenido del informe, delimitar responsabilidades, mejorar en el futuro y colaborar a esclarecer en todo momento la plena información sobre las cuentas públicas de la capital riojana, proponemos las
siguientes propuestas de resolución, que sus señorías conocen y que paso a defender brevemente, toda vez que oyendo al señor Albendea cuál va a ser posiblemente el destino de las mismas, por lo menos quedará mi defensa en el 'Diario de Sesiones'
para el conocimiento de los ciudadanos de este país que quieran saber lo que pasó en esta Casa.
En el primer punto pedimos que se envíe a la sección de enjuiciamiento para un minucioso análisis. En la página 6 del informe de fiscalización que firma el señor Presidente, señor Nieto, se dice que en el control interno existen
debilidades. Pero, las debilidades, como las del mundo de la carne, suelen ser grandes, pequeñas, regulares. Alguien dirá hasta qué punto son importantes o no. Por eso pido en el primer punto que alguien analice las debilidades que el señor Nieto
pone en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Logroño. Yo no sé si son contrarias o no a Derecho. En esta Comisión algunos se han convertido en juez y parte.
Yo estoy aquí como político, no como juez. Alguien tiene que determinar si
las debilidades son importantes o no, pero el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas tanto en la página 6, como en la 7, en la 15, en la 20, en la 21, en la 23, en la 30 -el informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas, no el Grupo
Parlamentario Socialista- habla de incumplimiento de determinados artículos de una y otra ley y de uno y otro real decreto, cuando se habla de funcionamiento interno, de las adjudicaciones, etcétera. Pero como yo soy lego en esta materia y mi Grupo
también, y doctores tiene la santa madre Iglesia, me gustaría que alguien determinase si efectivamente las debilidades son grandes, pequeñas, regulares o de tamaño mediopensionista.
Por eso, con todo el ánimo constructivo y sin pretender meter más el dedo en el ojo, que algunos parecen que lo tienen muy sensible, lo que pedimos en el punto 1 es que el Tribunal de Cuentas, a través de su sección de enjuiciamiento, lo
analice. No pedimos nada más. No se llamen a engaño sus señorías, no buscamos tres pies al gato.
En el segundo punto pedimos que se amplíe la fiscalización al resto de los años. El señor Albendea no quiere, ni en el de Logroño, ni en el de Toro, ni en el de Miura. Debe ser, señor Presidente, que ahora como resulta que tienen mayoría
en muchos ayuntamientos, no quieren que se analicen determinadas cosas. Pero en la ciudad de Logroño, de acuerdo con el informe de fiscalización del año 1997, se dicen cosas muy importantes del sistema de contratación, sobre todo de obra pública, y
después del año 1997 ha habido muchas contrataciones, concretamente una obra emblemática en la ciudad de Logroño que acabamos de inaugurar, que es el nuevo campo de fútbol del logroñés -una obra magnífica que invito a todos a visitar para ver un
partido de segunda división b- que ha tenido una desviación en el gasto del 152 por ciento con un cúmulo de irregularidades de todo tipo.
Sería bueno, para quedarnos todos tranquilos, que el Tribunal de Cuentas investigase también las cuentas de los años 1998 a 2001, sin ánimo de ofender, como dicen los de Goma Espuma.
En tercer lugar, solicitamos, a través de una recomendación en el punto tercero, entendiendo y respetando la autonomía local, que esta Comisión Mixta diga al Ayuntamiento de Logroño lo que señalaba el señor Bermejo e indica el Tribunal de
Cuentas, que el Ayuntamiento cubra, a la mayor brevedad posible, la plaza de tesorero que está pendiente y vacante; que centralice los pagos, que se conozca toda la realidad y de una forma unificada, que no parezca que el Ayuntamiento, por las
unidades, es una especie de tribu al mando del Concejal de turno; que sea eficaz en la administración de sus bienes y recursos, que los inventaríe eficazmente y conforme a la Ley. Le pedimos que sea un buen propietario porque, si no ¿con qué
autoridad nos va a exigir a los vecinos que estamos en esa ciudad que seamos fieles cumplidores de la propia legalidad? Que empiece el Ayuntamiento, como lo estamos pidiendo en esta propuesta. Y pedimos que el control de las contrataciones de las
obras se haga eficaz y limpiamente.
Señor Presidente, todas estas propuestas, como no podía ser de otra forma -usted que me conoce-, son constructivas, son razonables pensando en mejorar la calidad de los servicios y de la Administración municipal de la ciudad de Logroño, no
como, al parecer, hacen otros cuando hablan mis compañeros, que piensan que hay una tercera o cuarta derivada de intenciones. No. Lo que pedimos es transparencia, que, en democracia, se analicen sin problemas las cuentas públicas, por eso entiendo
que son propuestas muy razonables que estoy convencido de que el Partido Popular, desoyendo lo que ha afirmado el señor Albendea, votará afirmativamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, querido portavoz y compañero anteriormente en las lides municipales allá en el año 1979, en el primer Ayuntamiento democrático de la ciudad de Logroño, es verdad que en el anterior Informe del Tribunal de Cuentas reconocí que
algunas cuestiones eran deficiencias o debilidades, como decía el Tribunal de Cuentas, pero lo que no se ha dicho aquí por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es que, posteriormente a ese año de fiscalización, se fueron remediando todas
esas debilidades en el Ayuntamiento de Logroño, incluso le dio un parámetro numérico del 80 por 100 de solución a esas cuestiones que había calificado el Tribunal como debilidades.
No obstante, le voy a decir una serie de cuestiones contestando a sus recomendaciones. En primer lugar, usted, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, dice que la Comisión Mixta insta al Tribunal de Cuentas a enviar a la Sección de
Enjuiciamiento el informe de fiscalización para el análisis detallado de las prácticas irregulares que se deriven del mismo.
No habría problema alguno volver a enviarlo. Se lo puedo asegurar.
Además, la Sección de Enjuiciamiento ya conoce el informe de fiscalización y no ha encontrado en ninguna actuación motivo de enjuiciamiento. La propuesta, dado que la Sección de Enjuiciamiento tuvo conocimiento de la misma, plantea dudas,
creo yo, sobre la profesionalidad de dicha Sección al cuestionar su actuación o su falta de actuación.
En cuanto a la segunda que usted plantea, la Comisión Mixta insta al Tribunal de Cuentas a ampliar la fiscalización del Ayuntamiento en los años 1998, 1999, 2000 y 2001. ¿Por qué no ha dicho de 1991 a 1995, que eran cuando gobernaban
ustedes, cuyo reflejo tuve yo en el año 1997?
El Tribunal de Cuentas tiene conocimiento de las actuaciones municipales, puesto que el Ayuntamiento -usted lo sabe- ha rendido en plazo la cuenta general aprobada todos los años por unanimidad en el Ayuntamiento pleno.
Igualmente, se
remite al Tribunal el resumen de los contratos que superan ciertos límites, según el criterio del Tribunal.
El proponente, don Ángel Martínez Sanjuán, igualmente pretende minusvalorar al Tribunal de Cuentas proponiéndole como un órgano de fiscalización interno del Ayuntamiento que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales otorga a la intervención
municipal.
Finalmente, dice que insta al Ayuntamiento de Logroño a cubrir, a la mayor brevedad, por ejemplo, la plaza de tesorero municipal. Supongo que estarán en ello. Es una situación de carácter interno.
Asimismo, instar al Ayuntamiento a realizar los cambios administrativos oportunos para centralizar en un único reparto el concepto de pagos que realice.
Debo decir que usted desconoce que, en virtud del principio de unidad de caja, la Tesorería municipal ya realiza esa labor centralizadora respecto a todos los pagos que efectúa el Ayuntamiento. Por otra parte, eso que usted plantea no se
dice en ningún caso en el informe de fiscalización.
Creo que se confunde la recomendación sobre el registro central de facturas con esta afirmación.
Respecto al registro de facturas, aunque pudiera dar más control, no sería capaz de cubrir los casos de facturas remitidas por proveedores fuera del plazo de cierre ni de las facturas sin crédito. No obstante, la recomendación del Informe
del Registro Central de Facturas no manifiesta la existencia de retraso en el pago a proveedores porque, en general, no lo hay, pagándose con regularidad a menos de dos meses a fecha de factura.
Otra de las cuestiones que insta al Ayuntamiento es llevar a la práctica y a precios actualizados el inventario de su patrimonio separado del inventario del suelo. El proponente otra vez vuelve a confundir los términos de la Ley, porque
prevé un único inventario y la existencia de un patrimonio municipal del suelo separado del resto del patrimonio pero no a efectos de inventario.
No hay que olvidar que el patrimonio municipal del suelo es una actividad empresarial municipal sujeta, por lo tanto, a otro tipo de controles, como es el de la inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que, por las
fechas del informe al Ayuntamiento, superó, sin levantamiento de acta alguna, una inspección por IVA.
Dice también que insta a registrar todas las propiedades del Ayuntamiento.
En ningún párrafo del informe se deduce que el Ayuntamiento no lo haya hecho en 1997 ni en ningún otro año.
Realizar contrataciones de obras y servicios, así como su seguimiento de forma más transparente y eficaz, es otro de los extremos a los que insta al Ayuntamiento.
Del informe no se deduce que estos contratos se realicen de forma poco transparente. En todo caso, el Tribunal y cualquier grupo municipal han tenido acceso a ellos, y la eficacia de este requerimiento es una meta permanente.
Para finalizar, debo decir que estoy de acuerdo con el planteamiento de la moción que el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha señalado anteriormente, porque considero que muchas de las cuestiones convergen -como él ha indicado-:
Personal, contratación, etcétera.
Por lo tanto, señor Martínez Sanjuán, representante del Grupo Parlamentario Socialista, votaremos en contra de sus propuestas de resolución y a favor de la presentada por mi Portavoz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermejo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, EJERCICIO 1997.
(Número de expediente del Senado 771/000093 y número de expediente del Congreso 251/000091.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto cuarto del orden del día, Informe de fiscalización del Ayuntamiento de León. Se han presentado tres propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de resolución sobre el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de León siguiendo estrictamente las recomendaciones del Informe del Tribunal de Cuentas, que ha sido además
presentado y defendido por el propio Presidente del Tribunal.
Mi Grupo Parlamentario quiere hacer un especial hincapié en esta cuestión, y es que el Grupo Parlamentario Socialista hace suyo lo que son las propuestas concretas del propio Tribunal.
En ese sentido, nosotros solicitamos que se inste al Ayuntamiento de León, en primer lugar, a llevar a la práctica, y a precios actualizados, el inventario de su patrimonio y separado del inventario del suelo; registrar todas las
propiedades del Ayuntamiento; realizar contrataciones de obras y servicios, así como su seguimiento de forma transparente, con concurrencia, publicidad, sin cláusulas de privilegio y con eficacia; incorporar las mejoras necesarias en el servicio
de recaudación, incorporar las mejoras necesarias en la contabilidad municipal, revisar el convenio del personal de aguas, presentar ágilmente los presupuestos del Ayuntamiento y controlar la deuda municipal.
Señorías, asimismo, mi Grupo Parlamentario presenta una segunda propuesta de resolución porque estas cuestiones por las que instamos al Ayuntamiento de León, a propuesta del propio Tribunal de Cuentas, tenemos la constancia de que no sólo
afectan al año 1997, es que, además, se prolongan en los años sucesivos y, a fecha de hoy, año 2002, no han sido corregidas. Además, queremos que se amplíe la fiscalización del Ayuntamiento de León a los ejercicios posteriores, a los años 1998,
1999, 2000 y 2001.
Y queremos, además, hacer especial hincapié en dos cuestiones: Una, las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de León, los procedimientos que ha utilizado, a quiénes se han adjudicado dichas obras y lo que el propio Informe del Tribunal de
Cuentas llama actuaciones de privilegio en beneficio de determinados contratistas.
La segunda de las cuestiones sobre la que queremos que se haga hincapié en la fiscalización que proponemos para los años 1998, 1999, 2000 y 2001 se refiere a los gastos personales del Alcalde de León, señor Mario Amilibia, que provocaron un
auténtico escándalo no sólo en la opinión pública leonesa sino en la opinión pública de toda España, puesto que cargaba efectos personales y gastos referidos a la higiene personal a la cuenta del Ayuntamiento.
Señorías, no votar -y esto es un llamamiento muy claro que hago al Grupo Parlamentario Popular- a favor de las propuestas que se recogen en la resolución del Grupo Socialista nos llevaría a una conclusión: Ustedes lo que proponen es un
escandaloso afán de ocultamiento. Impedir que se fiscalice la actividad del Ayuntamiento de León de los años 1998 a 2001 única y exclusivamente estaría motivado por el afán de ocultamiento de una gestión gravísima que es responsabilidad única y
exclusivamente del Partido Popular, aunque también de un Alcalde que ha estado en el ojo del
huracán y en la crítica de la opinión pública leonesa y nacional y que se llama Mario Amilibia.
Además, señorías, solicitamos que el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sea remitido ya, sin más, a la Sección de Enjuiciamiento, porque es imprescindible que lo que el propio Informe del Tribunal ha tildado de caos en la
gestión, de serios incumplimientos, de irregularidades gravísimas, de situaciones de privilegio y favor para determinados contratistas, sea revisado por la Sección de Enjuiciamiento.
Todo ello, señorías, a más abundamiento, porque una de las cuestiones que se contiene en el Informe del Tribunal de Cuentas ya está en los Juzgados de León. Me refiero al llamado caso matadero. Ese caso ya está en los Tribunales a petición
del Fiscal Jefe y ha sido admitido a trámite porque hay indicios gravísimos de corrupción.
Por eso, señorías, si el propio Informe del Tribunal habla de gravísimas irregularidades, no entenderíamos que el Grupo Parlamentario Popular impidiese con su mayoría absoluta que el Informe del Tribunal de Cuentas fuese remitido a la
Sección de Enjuiciamiento en su totalidad.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valcarce.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora García
La señora GARCÍA ARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía en mi intervención del 19 de febrero en esta Comisión, el Informe aprobado por el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el Ayuntamiento de León ejercita su actividad municipal dentro de unas coordenadas de
normalidad, a la vez que señala una serie de deficiencias observadas en su gestión; deficiencias que, sin excepción, son comunes a la mayor parte de las Administraciones locales en las cuales todas las formaciones políticas pueden estar
desarrollando actividades de oposición en uno o en otro momento.
Para subsanar estas deficiencias, en el caso concreto de este Ayuntamiento, se proponen una serie de recomendaciones que, citando textualmente al Presidente del Tribunal de Cuentas, hacen referencia al control interno y al sistema contable,
a la representatividad de las cuentas y otros aspectos de la gestión económico-financiera, así como a la contratación.
Hay que decir claramente que dichas recomendaciones se están cumpliendo a lo largo de los años posteriores, como reconoce el propio Informe del Tribunal, y contribuirán, sin duda, a mejorar su gestión.
Si una fiscalización es examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por la Ley, en el caso del Ayuntamiento de León el Tribunal de Cuentas no ha reconocido ningún supuesto de responsabilidad
contable -todos los gastos están justificados-, ni tampoco ningún supuesto de irregularidad.
Se ha hablado aquí de supuestos concretos, como de las obras del matadero de León. Pues bien, no es indiferente aquí comentar que dicho proceso de contratación ha tenido una amplia participación política en el Ayuntamiento de León, que no
ha contado con ningún voto en contra emitido por ningún grupo político y que ha habido dictámenes favorables y unánimes en todas las fases de contratación: Mesas, comisiones informativas y órganos administrativos. Ha habido toda la información y
toda la participación política posible. Posteriormente, el Partido Socialista presentó una denuncia ante el Fiscal y dicho asunto se encuentra sub iudice, y lo lógico coherente no es hacer juicios paralelos.
En relación con otras obras en las que el Grupo Socialista establece discrepancias, olvida éste sus propios actos y denuncia lo contrario a lo que manifestó en su momento, la falta de urgencia en la finalización de unas obras que ellos
reclamaron o propuestas en relación con la adjudicación de obras que ellos propusieron a las Mesas de Contratación, como en las obras del río, que fueron aceptadas unánimemente por todos los grupos políticos y por ello el equipo de Gobierno -y
consta en actas- fue felicitado por el Grupo Socialista.
Es cínico y moralmente criticable que cuando el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias formales en aquellas decisiones, el Grupo Socialista no asuma su propia responsabilidad y ejerza una oposición corrosiva.
En relación con la fiscalización de los gastos del Alcalde, permítame que le devuelva sus adjetivos de la sesión anterior. Es patético, tragicómico y ridículo políticamente lo que pretenden. Es algo ajeno a la realidad y sólo responde a
objetivos de hacer daño personalmente. Ustedes saben que en aquella campaña de difamación mintieron mezclándolo todo deliberadamente: Cirio de San Isidoro, gastos Ronda de Jesús, sueldo de los Concejales, gastos publicidad del Ayuntamiento,
etcétera, y buscaron más el daño personal que un fin político.
Pensábamos, o al menos eso han manifestado sus líderes reiteradamente, que habían abandonado estos planteamientos. Por eso creemos que ustedes van por libre u otros mienten, o bien que estamos a un año de las elecciones y hay que hacer de
todo, y es que ésta es la clave del asunto que hoy debatimos. Los que pretenden la fiscalización permanente del Ayuntamiento de León, olvidando que ya se hace internamente por mandato legal, pretenden basar su oposición estrictamente en lo que diga
el Tribunal de Cuentas.
La oposición, a nuestro juicio, debe controlar al Gobierno, pero debe ser también constructiva, y la que aquí se quiere hacer es un esperpento de la realidad.
Por tanto, el Grupo Popular va a votar en contra de las tres propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Socialista para el caso concreto del Ayuntamiento de León, y va a votar en contra de la primera y segunda propuestas de
resolución, como ya se ha
comentado anteriormente, por una parte, porque el Informe de fiscalización de León año 1997 ya ha pasado a la Sección de Enjuiciamiento, señores del Grupo Socialista, así que respeten ustedes la autonomía, capacidad y supremacía
fiscalizadora reconocida en la propia Constitución al Tribunal de Cuentas, que en este caso se ha expresado, además, a través de la opinión mayoritariamente compartida.
Por otra parte, creemos que el camino de fiscalización de forma concurrente y reiterada en los mismos períodos y en las mismas entidades sólo servirá para colapsar un poco más al Tribunal, y entendemos que el control de la labor municipal es
más propio de los controles internos o incluso de los controles que hacen los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas, máxime en el caso de este Ayuntamiento, cuando en una fiscalización ordinaria del año 1997 el Tribunal de Cuentas
encuentra deficiencias comunes a la mayoría de las Administraciones locales y propone una serie de recomendaciones generales que se están llevando a cabo en los años subsiguientes.
Por esta razón vamos a votar en contra de la tercera propuesta de resolución. El Ayuntamiento de León, según la información emitida por la Intervención municipal, órgano de control interno de fiscalización propio, ha contratado, con fecha 4
de mayo de 1999, el inventario; dispone de un nuevo sistema informático que tiene la financiación aceptada en todos los estados exigibles de la cuenta general; ha incorporado las mejoras necesarias en el servicio de recaudación y contabilidad,
sobre todo en dotación de personal, en lo que hacía especial hincapié el Informe del Tribunal de Cuentas, contando con un nuevo Vice-interventor y cuatro administrativos; tiene una deuda de 17.000 millones a largo plazo -no 22.000 millones-, un 103
por 100 de los recursos ordinarios; ha eliminado de las contrataciones de obra las cláusulas de privilegio atendiendo a las indicaciones del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Contratistas, etcétera.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular considera que esa Comisión no tiene que instar al Ayuntamiento de León a que realice algo que ya está haciendo en la actualidad.
El Grupo Parlamentario Popular, en definitiva, va a aceptar el Informe del Tribunal de Cuentas para León, y ustedes deberían ser coherentes y asumir que las conclusiones son distintas y distantes de las que ustedes deseaban. Sería muy
bueno, para demostrar lo contrario, que ustedes optaran a la fiscalización del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, tercero en habitantes en la provincia de León, o Diputación Provincial en la época en la que ustedes la gobernaron, porque
estamos convencidos de que ustedes ven sólo lo que les interesa.
Finalmente, yo les animo a que hagan oposición en León y ante los ciudadanos de León, no aquí con estos métodos; que tengan ustedes la elegancia política y moral de respetar las instituciones, sin cacerías personales, y de hacer políticas
en los foros adecuados. Eso es lo que pide el Grupo Parlamentario Popular, y creo que coincide con lo que les pide el pueblo de León.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI (ALICANTE), EJERCICIOS 1994, 1995 Y 1996. (Número de expediente del Senado 771/000092 y número de expediente del Congreso 251/000092.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día sobre las propuestas de resolución que se presentan al Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Tibi (Alicante).
Presenta propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Socialista, para lo cual tiene la palabra su Portavoz el señor Franco Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta tres propuestas de resolución a partir del Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas. La primera pide que se dé traslado a este expediente y la documentación pertinente de la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a los efectos oportunos. La segunda insta al Tribunal de Cuentas para que amplíe el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Tibi a los ejercicios 1997-2001. Y la tercera está ligada a lo que el Tribunal
recomendaba, instar al Tribunal de Cuentas a que proceda a realizar un Informe de fiscalización complementario para los ejercicios 1994 a 1996 en el que se tengan en cuenta algunos aspectos, fundamentalmente de tipo urbanístico y de endeudamiento.
Lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista con esta propuesta de resolución es que, enviada al Tribunal de Enjuiciamiento, éste pueda comprobar con más detenimiento el conjunto de irregularidades de comportamientos que nosotros
consideramos que pueden incidir en responsabilidades contables o, en su caso, penales. Es simplemente una posibilidad para velar por algunos aspectos que el informe plantea y que dejan sobrecogidos a los que lo leen, tanto en el aspecto urbanístico
como en el aspecto de endeudamiento del funcionamiento interno del Ayuntamiento. No creemos que sea un eximente el que sea un Ayuntamiento pequeño, porque no sólo ampliaron la plantilla, como era conveniente, sino que lo que hicieron fue una
liquidación por acoso y derribo de los funcionarios que estaban en esos momentos, 1994-1996 -y que ya eran incómodos-, en funciones en dicho Ayuntamiento.
Consideramos que con el comportamiento de este Ayuntamiento se ha causado un grave perjuicio a las
arcas públicas y a los ciudadanos, entre otras cosas porque este Ayuntamiento se negó a pagar un plan para el cual no tenía dinero y después se negó a cobrar las contribuciones especiales, pero se negó por las querellas internas entre los
Concejales, que provenían todos del mismo tronco, y que en un momento se escindieron en dos partes, instalándose entre ellos no el diálogo sino el odio y el rencor, hasta tal extremo, que la prohibición de que se cobrasen las contribuciones
especiales en la urbanización -a lo que haré mención posteriormente- dejaba al Ayuntamiento endeudado, deuda que a fecha de hoy supera los 150 millones de pesetas.
En segundo lugar, queremos que se amplíe la investigación a los años 1997 a 2001 porque creemos que los defectos encontrados en los años anteriores no sólo se corrigen sino que se amplían, hasta tal extremo de que el actual Alcalde está
acusado por parte del Fiscal de prevaricación y está en estos momentos incurso en un proceso judicial.
Desde el punto de vista urbanístico, ni se ha ejecutado el plan aprobado por el Ayuntamiento ni se han desarrollado el resto de los planes.
Hablábamos de un pueblo pequeño con gran voracidad urbanística, que tiene 500 hectáreas de planes
parciales aprobados, en el que se construye de forma sistemática viviendas sin ningún tipo de planeamiento, con graves perjuicios para las arcas del Ayuntamiento, porque no cobra ni plusvalías ni IBI ni la cesión de los terrenos, que le competen al
10 por 100, y estamos hablando de 500 hectáreas.
Solicitamos que se investigue esta segunda fase porque la actual Corporación ha paralizado las licencias de obras en el único plan aprobado de la finca denominada 'Terol', que tiene 200 hectáreas, y ha suspendido las licencias sólo aquí
porque en el resto de los planes parciales siguen construyendo y siguen dando licencias, a propuesta de un ciudadano del pueblo que emite una carta al municipio, al señor Alcalde, que éste lee en el Pleno del Ayuntamiento y que más o menos viene a
decir: De acuerdo con la conversación mantenida en tal sitio, te ruego suspendas licencias en el Plan Terol por... etcétera. El señor Alcalde y la Corporación deciden la suspensión de las licencias en ese mismo acto hace dos años, alegando lo que
tuviesen que alegar. El caso es que esto deriva en una querella de la Fiscalía de Alicante por presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Tibi. Pensamos que siguen los mismos métodos en el Ayuntamiento, tanto en la policía urbanística, en el
control de las obras, en el cobro adecuado como en el propio funcionamiento de endeudamiento del mismo. Por eso creemos que es importante para velar por la transparencia de los intereses públicos, para velar por el cumplimiento de la Ley, y por
parte de aquellos que tienen la obligación fundamental de cumplir la Ley, que en este caso es el Alcalde y la mayoría de este grupo municipal, y sobre todo porque creemos que está causando no sólo un daño a las arcas públicas sino un notable daño a
los ciudadanos particulares, a aquellos que, siendo propietarios de parcelas de estas urbanizaciones, no pueden desarrollar su derecho a tener una vivienda, o aunque les conceden la licencia lógicamente no gozan de las más elementales condiciones ni
desde el punto de vista urbanístico ni desde el punto de vista sanitario.
Los responsables del Grupo Parlamentario Popular fijaron su campaña fundamentalmente en la transparencia, en la defensa de los intereses públicos, en el cumplimiento de la Ley, y esperamos que en este caso faciliten una nueva investigación y
una nueva ampliación de la investigación en este municipio, para que, desde los pequeños a los grandes, todos sepan que están sometidos al imperio de la Ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Franco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que tal y como se ha visto a lo largo de esta mañana, los principales problemas que tienen las entidades locales y que, por tanto, hay que hacerlo extensible al Ayuntamiento de Tibi, son, sobre todo, los concernientes al
área de gestión y al control interno, y dentro de él a temas de personal, de endeudamiento o problemas urbanísticos.
Les adelanto que no vamos a aprobar las propuestas de resolución que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, y se lo voy a explicar.
En primer lugar, cuando solicita que se traslade el expediente y la documentación para que se estudie -según palabras textuales del Portavoz socialista- con más detenimiento, yo le tendría que decir que, si le parece poco detenimiento que
desde el año 1995, cuando se produce un cambio en el Gobierno en el mes de julio, cinco meses después, a solicitud del nuevo Alcalde y por unanimidad de todos los Concejales del Ayuntamiento, se solicita una fiscalización a la sindicatura de
cuentas, me parece querer estudiar exhaustivamente por parte de los propios miembros de la Corporación una auditoría interna de dicho Ayuntamiento.
Además, tengo que decir que en las actuaciones previas 131/1997 ya se indicaba la inexistencia de responsabilidad contable y que en el expediente del Tribunal de Cuentas el Fiscal informó de que la demanda por alcance no procedía.
En segundo lugar, señorías, por relacionar los puntos segundo y tercero de las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, tengo que manifestar la falta de coherencia y de contradicción en la que cae dicho Grupo,
porque no parece muy coherente que, por un lado, se solicite la ampliación del Informe de fiscalización a años posteriores que son hoy objeto de debate y que, por otro lado, en la tercera propuesta
únicamente se solicite comprobar que el Ayuntamiento de Tibi está realizando las recomendaciones que en su día estableció el Tribunal de Cuentas.
Me pregunto por qué desea el Grupo Parlamentario Socialista ampliar esa fiscalización, ¿es porque no se han encontrado irregularidades en los años fiscalizados por el Tribunal de Cuentas? ¿O porque en los años posteriores ha gobernado el
Partido Popular y ha demostrado que lo hace con arreglo a los intereses de todos los ciudadanos de Tibi? El Grupo Parlamentario Socialista, si continúa con esta política, va a estar varios años en la oposición. (Risas.)
Por otro lado, he de decir que no solicita que se inste al Ayuntamiento de Tibi a realizar determinadas actuaciones para regularizar esa situación, porque al Portavoz socialista le consta y sabe que ya se están realizando las recomendaciones
que en su día estableció el Tribunal de Cuentas. Y se lo voy a explicar.
En cuanto al tema urbanístico, usted sabe que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el 28 de diciembre pasado la modificación y la homologación a la Ley reguladora de la Actividad Urbanística de la Generalitat Valenciana de las normas
subsidiarias en el Ayuntamiento de Tibi. Y no sólo es esto, con respecto al endeudamiento financiero existente en aquel momento no solamente se han amortizado los distintos préstamos sino que lo que queda pendiente se encuentra en negociaciones con
entidades financieras.
También quiero recordarle que no ha existido un acoso y derribo de funcionarios, sino que en los expedientes y en todos los trámites plenarios constan informes de los técnicos municipales en los que se indica la mejor manera de proceder para
regularizar todos los expedientes.
Por tanto, al Portavoz socialista he de decirle que no vamos a aprobar sus propuestas de resolución, sobre todo por la falta de coherencia y de contradicción en la que cae entre los puntos segundo y tercero, y porque entendemos que el
primero ha sido ya resuelto por el Tribunal de Cuentas.
El Ayuntamiento de Tibi, por consiguiente, está intentando regularizar todas esas situaciones y siempre en beneficio de todos los ciudadanos de la ciudad.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA), EJERCICIO 1998. (Número de expediente del Senado 771/000091 y número de expediente del Congreso 251/000093.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toro, presentado por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular.
En primer lugar, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, me voy a referir a las dos propuestas de resolución de mi Grupo Parlamentario y a las restantes del Grupo Parlamentario Popular, porque su Portavoz ha anunciado que retira la sexta y la séptima.
En primer lugar, en línea con lo ya manifestado en la comparecencia del Presidente del Tribunal, he de decir que el municipio de Toro tiene menos de 10.000 habitantes y aquí he oído hablar de municipios como el de Valencia con
aproximadamente 800.000 habitantes con un presupuesto y unos medios, como es lógico, bien diferentes. Este contexto es necesario para entender las propuestas de resolución de mi Grupo Parlamentario.
Un segundo dato previo se ha empleado con reiteración por el Grupo Parlamentario Popular, y puesto que son Ayuntamientos en los que gobierna hasta ahora el Partido Popular su argumento de autoridad consiste en afirmar que seguirán
gobernando; esto le da la razón en cuanto al contenido de los Informes correspondientes del Tribunal de Cuentas.
En el caso de Toro he de decir que el Partido Popular no ganó las elecciones y que hay un grupo minoritario de Concejales; un grupo independiente que tiene los mismos Concejales que el Grupo Parlamentario Socialista y que hoy gobierna
después de las elecciones que perdió.
Estamos hablando por tanto de un Alcalde tránsfuga apoyado por el Partido Popular, lo que tiene mucho que ver con el contexto de las posiciones de ese Grupo. Repito, es un Alcalde tránsfuga con todos los componentes que acompañan a ese
adjetivo; se presentó por un partido político, después se pasó al Partido Popular, y ahora gobierna y es Alcalde del mismo.
En cuanto al contenido de las propuestas de resolución, he decir que efectivamente el Grupo Parlamentario Popular ha constatado algunas deficiencias formales, con algún elemento interpretativo con el que no coincido, como por ejemplo en el
caso de registrar operaciones posteriores al momento de la fiscalización porque está demostrado suficientemente, incluso en el propio Informe, que no se trata de cambiar las operaciones sino de un defecto en la informatización del Ayuntamiento que
ha sido ya puesto suficientemente de relieve. En ese sentido, mi Grupo Parlamentario propone una propuesta de ampliación de la fiscalización.
Con respecto a la valoración de los puestos de trabajo, he de decir que tal como se constata en el propio Informe existe una oferta pública para 1997 que se prorroga en 1998.
También tengo que decir que, como está suficientemente demostrado, los pagos al arquitecto no tienen
que ver con el contrato que se hace con éste, y se ponen ejemplos concretos: El arquitecto realiza algunos encargos de un Ayuntamiento, por ejemplo, en Valladolid, y finalmente éste se los paga. No hay más.
En cuanto a las dos facturas a que se hace referencia en la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular por un importe de 1.100.000 pesetas, he de decir que, como contrasta el propio Informe, es evidente que se refieren a un
convenio de obra social y corresponden a un gasto que no llegó a realizarse y, por tanto, no hubo un salida de fondo alguno. Y esto es todo.
Con respecto a la segunda propuesta de mi Grupo Parlamentario de ampliación de fiscalización a los años 1999 y 2000, tengo que decir que es perfectamente lógico que dentro de la racionalidad de este tipo de fiscalizaciones se lleve a cabo
una fiscalización posterior que compruebe que efectivamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se han cumplido, y me consta que no es así. Por tanto, sería interesante una ampliación de esa fiscalización, sobre todo desde el punto de vista
práctico. No sé si el propio hecho de que este Alcalde, insisto, es un tránsfuga tiene que ver con la posición final del Grupo Parlamentario Popular con respecto a esta materia. Pero el hecho de que se produzca un hecho de transfugismo en la vida
política es grave, y así ha sido reconocido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista.
Por tanto, no entiendo que se quiera quitar importancia a un hecho relevante como éste.
Me alegro de que el Grupo Parlamentario Popular haya retirado las dos propuestas de resolución sexta y séptima, pero me gustaría pedirle que no fuerce los argumentos, como hizo en la anterior comparecencia. Y pondré un solo ejemplo para
finalizar: El otro día se comentó como algo gravísimo que para una plaza de arquitecto se había valorado el aspecto físico de éste. Fíjense ustedes lo gravísimo de esto. Lo que se valoraba era la presencia física en el municipio del arquitecto.
Por tanto, rogaría al Grupo Parlamentario Popular que no fuerce los argumentos para proteger a un tránsfuga que, por cierto, además de proporcionar al Grupo Parlamentario Popular argumentos tan valiosos como éste para defenderlos aquí, ya en los
inicios de la fiscalización presentó una denuncia en el Juzgado con los papeles que recibió del Tribunal de Cuentas y que después presenta fuera de plazo.
Ese es el interés de este Alcalde tránsfuga por la fiscalización de su Ayuntamiento. (Protestas desde los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Se lo explicaré con más detalles, señorías: Se presentó por la Unión Centrista, ustedes lo
han fichado, y ahora es del Partido Popular.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor CUADRADO BAUSELA: Es difícil ocultar una realidad como ésta hablando del aspecto físico del arquitecto y confundiéndolo con su presencia física en el municipio.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cámara Rodríguez: Cristina Almeida es una tránsfuga. Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Maillo.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que uno se queda atónito al oír ciertas expresiones ¿Saben lo que sucede? Que cuando hay informes por escrito se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, como dice el refrán castellano.
Voy a comenzar por el final de la intervención del señor Cuadrados, es decir, por la mención al aspecto físico, leyendo literalmente lo que señala a ese respecto el informe del Tribunal de Cuentas, que me imagino que no miente. Dice así:
La selección del adjudicatario se realiza vulnerando el principio constitucional de igualdad al valorarse en nueve de 36 ofertas la presencia o aspecto físico del candidato.
Creo que esto es suficientemente esclarecedor. Además, cuando uno comienza mintiendo, continúa mintiendo, y finaliza mintiendo. (Algunos señores Diputados y Senadores desde los bancos del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!)
En segundo lugar, no existe la figura del tránsfuga en el Ayuntamiento de Toro. Lo que se ha dicho es falso porque, aunque es cierto que esa persona se presentó como independiente, también lo hizo todo un grupo político, que posteriormente
se incorporó como afiliado al Grupo Popular.
Es decir, no cambió el Gobierno del Ayuntamiento de Toro, sino que, como digo, todo ese grupo se incorporó al Grupo Popular. Así pues, no hubo ningún cambio ni se produjo ninguna modificación en la
estructura del Ayuntamiento. Repito que no existe esa figura del tránsfuga, como literalmente se ha dicho.
Realmente admiro la capacidad del señor Cuadrado de tratar de desviar la atención; entre otras cosas, porque alguna responsabilidad debe tener en esta cuestión. Comprendo que el Grupo Parlamentario Socialista no sepa que en la época en que
se produjo esa fiscalización el señor Cuadrado era Secretario General del Partido Socialista en Zamora; además, ese era uno de los pocos ayuntamientos de Zamora gobernado por el Partido Socialista -por cierto, cada vez son menos, y si siguen así,
todavía serán menos-.
Por eso digo que alguna responsabilidad debe tener en este asunto. Y entiendo que no quiera explicar esa responsabilidad, pero se la vamos a exigir tanto a él como a los que todavía siguen haciendo oposición en el
Ayuntamiento de Toro sin tener legitimidad alguna a la hora de criticar,
por haber tenido comportamientos superiores en cuanto a la ilegalidad o alegalidad se refiere. (La señora Costa Campi: ¡Léete la Constitución!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guardémonos respeto.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Decía que en el informe del Tribunal de Cuentas han quedado claros ciertos comportamientos, como para tratar ahora de criticar la actuación del equipo de gobierno del Partido Popular. Porque lo que nosotros
planteamos en nuestras propuestas de resolución, señor Cuadrado, es que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Toro continúe con esas recomendaciones -y utilizamos expresamente la expresión 'continúe'- ya que desde que gobierna allí ha comenzado a
cumplirse la Ley. ¡Por fin! ¡Válgame Dios! en este caso no había un problema de irregularidades, como yo he oído decir de otros ayuntamientos, sino, sencillamente, que no había ley. A la ley se le cerraron las puertas en el Ayuntamiento de Toro.
(Rumores y protestas desde los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) Y lo que digo se puede concluir del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Yo prácticamente he leído todos los informes que han pasado por esta Comisión, y les puedo asegurar que no hay ninguno de ellos que concluya tantas cosas como ese informe del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Toro, en el que se
indica claramente que la ley no se cumplió en absoluto. Y no me refiero al aspecto físico -porque, eso sí, en ese caso se cumplió la voluntad arbitraria del alcalde en aquel entonces, que contrató a la persona que más le agradó por su aspecto
físico-, sino a que, como dice el Tribunal de Cuentas y se menciona en nuestra segunda propuesta de resolución, hubo una falta absoluta de control interno. Señorías, no se trata ya de que hubiera una contabilidad más o menos ajustada a Derecho o
que no se cumpliera en todo la ley, sino de que no había contabilidad. (El señor Cámara Rodríguez Valenzuela: ¡Claro! Como en Marbella.) Es muy sencillo: como no había contabilidad, no se sabe nada. Y por eso el Tribunal de Cuentas no puede
determinarla con fiabilidad.
Está clarísimo: si no hay contabilidad, ¿cómo va a haber fiabilidad? No existe. Sin embargo, ustedes tratan de escudarse en esa conclusión del Tribunal de Cuentas.
Tampoco hubo cuenta general durante los años 1995, 1996 y 1997; no se aprobaron, porque ni siquiera se habían elaborado. No hubo contabilidad, ni la rendición de los estados financieros que conforman aquélla. Por eso, en el punto tercero
de nuestra propuesta indicamos que, como consecuencia de esa ausencia de instrumentos contables, se ha permitido registrar en ejercicios sucesivos -fíjense, en ejercicios sucesivos hasta la intervención del Tribunal de Cuentas, después de cinco
años- operaciones que se han imputado a años anteriores con dichas fechas, circunstancias éstas, como es lógico, que contravienen los principios de contabilidad.
Pero tampoco existía oferta pública de empleo -¿para qué? Contratamos al que más nos apetece, y punto- ni un sistema ordinario de contratación de personal. No había habilitados de carácter nacional; ni el secretario, ni el interventor, ni
el tesorero... Y el propio Tribunal de Cuentas dice que la contratación administrativa podría estar perfectamente predeterminada. Por otro lado, en un Ayuntamiento como el de Toro sólo se contrataron dos obras en un año -¡para premio!-; además,
ambas tenían el mismo adjudicatario. Pero, no se lo pierdan: de todas las ofertas presentadas la única que estaba fuera de plazo era la adjudicada ¡Absolutamente fantástico! (Risas desde los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Y eso consta en
este informe del Tribunal de Cuentas, al igual que lo que se refiere al aspecto físico y la presencia física del candidato.
Creemos, pues, que existen las suficientes irregularidades como para llegar a consolidar todas las propuestas de resolución que hemos presentado. Y esperamos que el Grupo Socialista se sume a las mismas, porque, en definitiva, lo que
queremos con estas propuestas es constatar lo que indica el propio Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, hemos retirado las dos últimas propuestas de resolución, es decir, la sexta y la séptima. ¿Por qué lo hemos hecho? Por algo que comprendo que el Grupo Socialista no entienda: por coherencia. Es difícil que ustedes
entiendan este término, porque coherencia significa decir y hacer lo mismo. Y nosotros decimos y hacemos lo mismo. Así, cuando el portavoz o cualquier otro miembro del Grupo Parlamentario Popular dice una cosa, hacemos lo que creemos que debemos
hacer pero en función de la coherencia y de una armonía interna, cosa que, repito, resulte difícil de entender al Grupo Socialista. Y precisamente por coherencia retiramos esas dos propuestas de resolución, una de las cuales se refiere a que se
proceda a la fiscalización de los años 1995, 1996, 1997 y 1999.
En cuanto a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, aplicando esa misma coherencia, vamos a votar en contra de la primera de ellas, porque, si no solicitamos la fiscalización de los años anteriores, tampoco vamos a pedir la de los
años posteriores, algo que, por otra parte, no tendría ningún sentido, ya que es a partir de 1999 cuando se empieza a cumplir la legalidad, es decir, cuando se empieza a hacer la contabilidad.
Por lo que respecta a la segunda propuesta de resolución del Grupo Socialista, no entendemos por qué el señor Cuadrado se refiere a una serie de puntos que han quedado lo suficientemente claros. Por ejemplo, se solicita que por parte del
Tribunal de Cuentas se proceda a elaborar un informe complementario de la retribución
del personal. ¡Claro!, como no había contabilidad, no se conocía la retribución. No había siquiera nóminas; y si se elaboraban, eso se hacía dependiendo del momento.
También se habla de la informatización de los puestos de trabajo. En este sentido, se ha llegado a decir en la pasada sesión de la Comisión del Tribunal de Cuentas que el problema en el Ayuntamiento de Toro es que había errores
informáticos. Por eso ahora se pide que se informatice.
Pues bien, no se preocupe, señor Cuadrado; nada más llegar al Ayuntamiento de Toro, el Partido Popular instaló unos ordenadores muy buenos, con los que ya se ha solucionado el problema
informático.
Asimismo, se ha mencionado la oferta pública de empleo. Pero, señorías, es que no existía tal oferta -ustedes hablan de la prórroga de la oferta pública de 1997-, y así lo dice expresamente el Tribunal de Cuentas, como ocurre con el aspecto
físico del candidato.
En cuanto al último punto de dicha propuesta de resolución, relativo a un millón cien mil pesetas del convenio de obra social de Caja España, dice usted que corresponde a un gasto que no se ha llegado a realizar, no produciéndose salida de
fondo alguno. Por supuesto, no está justificado.
Sinceramente, no sé lo que pretende usted, pero no se quede sólo en eso: ya que pide algo importante, pida muchas cosas que se pueden dilucidar en este trámite.
Y le voy a poner varios ejemplos: De los 27 expedientes de gasto que ha informado el Tribunal de Cuentas ha encontrado que existían irregularidades en 27, es decir, en el cien por cien; hay 10 expedientes que no figuran contabilizados en
los registros municipales -no sabemos lo que habrá pasado-; en 18 expedientes no consta la autorización del gasto; en 10 expedientes las facturas corresponden a ejercicios anteriores -y esto es para nota-; en 19 expedientes las facturas no
figuran anotadas; en 10 expedientes las facturas presentan evidentes deficiencias, y lo que es más importante, en 15 expedientes los mandamientos de pago son manuales y uno de ellos tiene fecha del año 2000. ¡Claro, como existían problemas
informáticos los expedientes se hacían manualmente! Muy lógico, señorías.
Quiero insistir en el hecho de que en 1999 dejaron de gobernar en el Ayuntamiento de Toro; pero, como digo, el expediente tiene fecha del año 2000, aunque el pago se realizó en 1998 y está firmado por el alcalde que cesó en su cargo en
1999. Este último mandamiento se justifica, que es lo más grave, con la misma factura que se acompaña a otro idéntico de 1998, con lo que no puede concluirse si éste se emitió por duplicado por extravío o error informático, o si se abonó dos veces.
Pero esta cuestión se obvia y se pone el caso concreto de una subvención de Caja España tratando, como siempre, de confundir o tergiversar las cosas. Así pues, señorías, pedimos al Grupo Socialista que tenga un gesto de responsabilidad y apoye las
propuestas de resolución, pues lo único que hacen es concluir, al igual que hace el Tribunal de Cuentas -y lo reproducimos íntegramente-, y sobre la base de esa coherencia nosotros retiramos las dos últimas.
Para finalizar, y aunque el señor Martínez Sanjuán no está presente -se lo pueden transmitir ustedes-, quisiera simplemente responder a una de sus intervenciones en la que habló del Ayuntamiento de Toro y utilizó el término 'miura'. Imagino
que habrá sido un lapsus, pues no sé si habrá muchos Miuras en Toro, pero el toro como animal no se caracteriza precisamente por lo que él dijo. Pido a su señoría un poco de respeto a la hora de expresarse sobre una localidad como Toro, que no se
caracteriza por los toros, aunque sí por sus vinos.
Espero que se sumen al resto de mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular de Zamora -y con ello echo también un capote al Grupo Parlamentario Socialista- para que podamos invitar a los miembros de esta Comisión a un vino, y no al estilo
'botellón', sino en los lugares adecuados que existen al efecto para que vean ustedes que no se trata de una cuestión de toros sino de vinos, que es lo más importante de Toro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Maillo. Esta Presidencia acepta su invitación. (El señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)
¿Sobre qué base pide usted la palabra, señor Cuadrado?
El señor CUADRADO BAUSELA: Creo estar en el derecho de utilizar un breve turno por alusiones, pues cinco veces me ha llamado mentiroso el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y considero que merezco 15 segundos....
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, para que pueda comprobar usted cuál es la magnanimidad de este Presidente, dispone usted de un turno de 30 segundos.
El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Cinco veces me ha llamado mentiroso el portavoz del Grupo Parlamentario Popular porque he llamado tránsfuga al alcalde de Toro, algo que voy a explicar con brevedad, y creo que también claridad, para que la Comisión tenga conocimiento de
ello.
El actual alcalde de Toro se presentó a las elecciones por un partido político llamado Unión Centrista. Tras permanecer en dicho partido se pasó al Partido Popular con armas y bagajes, algo a lo que en mi tierra, que efectivamente es una
tierra de buen vino, se denomina ser un tránsfuga y a observar ese comportamiento transfuguismo. Reitero, y rogaría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que lo entienda, que esta cuestión no pueda ser calificada de mentira.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Maillo, dispone usted de otros 30 segundos para responder.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera intervenir simplemente para puntualizar que cuando yo hablo de mentira no me estoy refiriendo a la persona sino que estoy utilizando una expresión con la que estoy aludiendo fundamentalmente a aquello a lo que mencionaba el
arquitecto, al aspecto físico, que es, como digo, a lo que me estaba refiriendo fundamentalmente cuando utilicé esa expresión, pues consta documentalmente la razón por la que se contrató a un arquitecto de una u otra forma. En cualquier caso,
reiteramos que no existe transfuguismo porque era independiente y todo el Grupo se cambió de forma conjunta al Grupo Parlamentario Popular; no hubo modificación o cambio de alcalde ni de equipo de Gobierno.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Maillo. (La señora Costa Campi pide la palabra.)
¿Para qué desea intervenir, señora Costa?
La señora COSTA CAMPI: Señor Presidente, quisiera puntualizar una aclaración respecto de una alusión hecha a esta Diputada y al ámbito de competencia de la Ley antes de proceder a las votaciones, pero me da igual hacerlo ahora que después,
señoría.
El señor PRESIDENTE: ¿A qué punto del orden del día está referida tal aclaración?
La señora COSTA CAMPI: A los puntos que hemos debatido anteriormente, aunque no he querido interrumpir el debate.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha presentado la defensa de las propuestas de resolución de Valencia ha hecho referencia a esta Diputada, que no ha intervenido, así como a la votación llevada a cabo hace unos años en
relación con un informe de fiscalización para el Ayuntamiento de Barcelona.
Quisiera simplemente señalar que sería necesario ver cuál es la normativa vigente al respecto, porque hay un error de planteamiento...
El señor PRESIDENTE: Señora Costa, no tiene usted la palabra. Su señoría está planteando la posibilidad de que esta Presidencia le conceda la palabra para responder por alusiones, pero no entre usted en el debate sin que se la haya
concedido.
En esta Comisión nos pasamos de tiempo, se conceden de forma excesiva los turnos de palabra, pero he estado muy atento durante toda la mañana y no creo sinceramente que la alusión haya sido en absoluto ofensiva ni haya atentado contra el
decoro de su persona o de su Grupo Parlamentario.
La señora COSTA CAMPI: Sí, señor Presidente, pero ha habido una utilización equivocada de cuál es el ámbito de competencia de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y de la de Valencia.
El señor PRESIDENTE: Señoría, no creo que proceda un turno por alusiones; no obstante, si lo desea, dispone usted de 30 segundos para hacer una precisión.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quisiera señalar que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña tiene competencias totales para fiscalizar los municipios, en tanto que el órgano de control externo de la Comunidad Valenciana sólo las tiene para fiscalizar
transferencias y subvenciones de la Generalitat.
Por tanto, es a esta Comisión a la que corresponde plantear la fiscalización de este segundo ayuntamiento.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Costa.
¿Desea el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacer alguna puntualización?
El señor DE JUAN SANZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para decir que en ningún caso he hecho referencia al ayuntamiento de Barcelona como fiscalizador, sino que he dicho, y estará perfectamente recogido en el 'Diario de Sesiones', que el ayuntamiento que había
sido objeto de una posible fiscalización era el de Valencia en 1991, no el de Barcelona. Lo que sí he pedido es que si se estaba pretendiendo ese buen ejemplo por parte del Grupo Parlamentario Popular, se pusiera como objeto de fiscalización el
ayuntamiento de Barcelona; ésa es la única referencia que he hecho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juan.
- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL INSTITUTO BALEAR DE DESARROLLO INDUSTRIAL
DEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS CON EL OBJETO DE ACLARAR EL USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS EN LA PROMOCIÓN
ELECTORAL, COMO EL SUCEDIDO EN EL LLAMADO 'CASO FORMENTERA', Y CON EL OBJETO DE DEPURAR LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS EXAMINADOS. (Número de expediente del Senado 772/000010 y número de expediente del
Congreso 253/000011.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto séptimo del orden del día.
Me ha parecido entender que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista asumía la defensa de dicho punto. ¿Es eso cierto? (Pausa.) Tiene la palabra la señora
Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para defender la solicitud que presenta Izquierda Unida, coincidente con la que fue presentada en su día por nosotros, respecto de la fiscalización del Instituto Balear de Desarrollo Industrial que depende de la Comunidad de
las Illes Balears. Insisto en algo que he señalado anteriormente: la alarma social que este tema ha creado en las Illes Balears, así como el proceso judicial abierto justifican que se proponga al Tribunal de Cuentas la fiscalización.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor Presidente.
Este tema resulta ya recurrente. El Grupo proponente de Izquierda Unida lo planteó en la sesión del pasado día 7 de julio de 2001 y decayó por incomparecencia de su portavoz, pues nadie la defendió. Aceptamos que se volviera a plantear, e
incluso incorporarlo en el orden del día de hoy pese a no estar dentro de los temas que cronológicamente correspondía incluir en el mismo. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vuelve a no comparecer hoy, siendo la señora Costa, a la
que supongo se lo agradecerán enormemente, quien trata de defenderlo.
Vamos a rechazar esta solicitud por las mismas razones que en su día rechazamos la del Grupo Parlamentario Socialista. La primera de estas razones es la de que los gastos electorales de las elecciones autonómicas de las Illes Balears fueron
ya fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, y en esta Comisión debatimos y aprobamos el informe. En virtud del elemental principio jurídico non bis in idem no sería lógico repetir la fiscalización. No se puede utilizar al Tribunal de Cuentas como
arma arrojadiza entre los partidos, ello no sería lógico.
La segunda razón es que el asunto que mueve a los señores de la oposición se encuentra sub iudice en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, lo que hace inconveniente e innecesaria la fiscalización que pretenden.
La tercera razón es que ya el Parlamento de Baleares fiscalizó lo que ustedes proponen a través de una Comisión técnica asesora, que es el órgano que, en tanto se constituyan allí definitivamente las estructuras de cuentas, viene ejerciendo
esa función. Incluso se creó una Comisión de investigación específica respecto a la Cámara real.
Por todas esas razones, una vez más, vamos a rechazar esta propuesta de solicitud.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.
- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS (TOLEDO). (Número de expediente del Senado
772/000011 y número de expediente del Congreso 253/000012.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto octavo del orden del día.
Solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una
fiscalización del Ayuntamiento de Torrijos, Toledo.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Llegado este punto, me gustaría pedir al señor Presidente algo que no está establecido en el Reglamento, pero, dada la casuística concreta de este tema, creo que es lo más oportuno.
Estamos hablando de un expediente que ya debatimos en esta misma Comisión el día 7 de junio, y en esa sesión el portavoz del Partido Popular, el señor Albendea, manifestó -leo textualmente el 'Diario de Sesiones'-: 'Estas manifestaciones
que ha hecho el portavoz socialista tengo que decir, sinceramente, que no las conocía. Por tanto, no estoy en disposición de pronunciarme ni a favor ni en contra. En esta ocasión me pronunciaré en contra provisionalmente. Vamos a pedir opinión al
Tribunal de Cuentas para ver por qué ha interrumpido la fiscalización y, una vez que tengamos esa opinión, con mucho gusto, si lo vuelve a plantear el Grupo Parlamentario Socialista, votaremos a favor'.
Hemos vuelto a presentar esta solicitud y me gustaría conocer el pronunciamiento del Grupo Parlamentario Popular en este sentido, más que nada por no repetir los mismos argumentos dados en esa Comisión del día 7.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camacho.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a dar una sorpresa al Grupo Parlamentario Socialista, al decirle que, no solamente hemos recabado información de lo ocurrido en este expediente, sino que hemos encontrado una resolución judicial. Una resolución judicial declara
culpable al recaudador de contribuciones por malversación de caudales públicos y el auto de la Audiencia Provincial de Toledo, a instancias de la denuncia presentada por el entonces Alcalde de Torrijos, le declara como responsable único de lo
ocurrido.
Por tanto, no parece conveniente que el Tribunal de Cuentas analice una cuestión debatida suficientemente por la Audiencia Provincial de Toledo, y ésa es la razón por la que ha podido sorprender la respuesta del Partido Popular. Pero es que
existe una resolución judicial que exime de responsabilidad al Alcalde de Torrijos, que actualmente es Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, y quiero recordárselo a sus señorías para que vean cuál es el interés del Partido Socialista.
Es decir, el único ánimo que mueve al Partido Socialista en esta cuestión es una pequeña cacería política pero, desde luego, nuestro Grupo no va a colaborar para que esto sea así.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cámara.
Señor Camacho, tiene la palabra.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo que decirle al portavoz del Partido Popular que se equivoca de plano. Si lee mi intervención del día 7 de junio, verá que eximo de toda responsabilidad al Alcalde de Torrijos e incluso manifiesto que su actuación en este tema concreto
fue muy correcta. Es exactamente lo mismo que lo que dice la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
Lo que ocurre es que el propio Tribunal de Cuentas decide iniciar el expediente por propia iniciativa, pero no lo hace ni a instancia del Partido Socialista ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad Autónoma. Es el Tribunal de Cuentas el que
inicia el expediente y, sin dar ningún tipo de explicación, paraliza la revisión de las cuentas del Ayuntamiento de Torrijos del año 1991 al año 1995, después de haber iniciado la revisión de las cuentas del Ayuntamiento de Torrijos. Esto produce
en este Ayuntamiento una situación de intranquilidad, puesto que no se entiende por qué, una vez que se ha iniciado esa revisión de las cuentas, se paraliza.
Esto es totalmente independiente de la sentencia que se produce por parte de la Audiencia Provincial de Toledo, que efectivamente condena al recaudador por haberse apropiado de 96 millones de pesetas. Eso ha quedado muy claro y nadie está
responsabilizando al entonces Alcalde del Ayuntamiento de Torrijos, actual Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, que haya hecho nada raro.
Simplemente, lo único que se pide es que los ciudadanos de Torrijos y la corporación municipal de Torrijos puedan tener la tranquilidad de que las cuentas, durante el período en que el recaudador defraudó 96 millones de pesetas, se han
llevado correctamente. Le aseguro que no hay ningún ánimo de caza política y, además, le adelanto algo por si acaso no lo sabe.
El Presidente de la Diputación ha anunciado ya que se retira de todo esto; por lo tanto no es ningún objetivo del Partido Socialista ir en contra del actual Presidente de la Diputación de Toledo.
En definitiva, queremos que ese expediente que inició el Tribunal de Cuentas, a instancia propia, se termine. Eso es lo único que se pide por parte del Ayuntamiento de Torrijos y de los ciudadanos de esa población toledana.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.
Señor Cámara, tiene la palabra.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Siento tener que reiterar, cuando vamos tan apretados de tiempo por la cantidad de intervenciones y la duración de las mismas, lo que he dicho antes, pero es que a ver si no es suficientemente expresivo para el Tribunal de Cuentas, como para
todos los miembros de esta Cámara incluidos ustedes, que se declare único responsable de aquella cuestión al recaudador de contribuciones por malversación de caudales públicos.
A lo mejor las Administraciones Públicas debían entender que con que actúe una es suficiente en algunas ocasiones, sobre todo cuando actúan en el ámbito de sus competencias. Nuestro Grupo Parlamentario está tranquilo por la existencia de
una resolución judicial que ustedes también aceptan y creo que, legítimamente, los habitantes de Torrijos también pueden estarlo.
La Administración de Justicia ha actuado correctamente, y ustedes mismos entienden que su actuación ha sido correcta y esclarecedora. Lo más probable es que el Tribunal de Cuentas haya tomado esa decisión, precisamente, para no incluir en
un exceso de medios, dado que la cuestión ha quedado suficientemente debatida. (El señor Camacho Sánchez hace signos negativos.) Ésa es nuestra opinión, señor Presidente, y por lo tanto votaremos en contra.
Pero, además de esta cuestión, hay alguna otra de carácter formal que nos hace posicionarnos en contra, y me voy a referir a la segunda fiscalización de la que
habla el Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro Grupo no considera que sea el ámbito del Tribunal de Cuentas, aunque prejuzguemos cuál es el procedimiento de trabajo del Tribunal de Cuentas, asistir a todas las peticiones que le presenten
los grupos parlamentarios. Un grupo municipal, por grande o pequeño que sea, está legítimamente capacitado para hacer este tipo de peticiones, pero no siempre éstas deben ser resueltas a través del Tribunal de Cuentas, más aún cuando una instancia
judicial, en este caso la Audiencia Provincial, ya ha intervenido.
Sencillamente, por una cuestión tan simple como no querer seguir intentando mordisquear el dobladillo de los pantalones de todo aquel cargo público que tiene que ver poco con los colores de quien patrocina las proposiciones, como la del día
de hoy, nuestro Grupo, desde el punto de vista formal y material, no está de acuerdo con estas proposiciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE SE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS (SALAMANCA).
(Número de expediente del
Senado 772/000012 y número de expediente del Congreso 253/000013.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto noveno del orden del día.
Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que se recabe de dicho Tribunal la fiscalización
del Ayuntamiento de Cabrerizos, Salamanca.
Tiene la palabra la señora Costa, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora COSTA CAMPI: Muchas gracias, señor Presidente.
Como se señala en la propuesta de fiscalización que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, el Pleno del Ayuntamiento de Cabrerizos en la sesión celebrada el 15 de noviembre del año 2001 adoptó por unanimidad de todos sus miembros, es
decir, por acuerdo de todos los grupos políticos: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular y otro Grupo independiente, solicitar al Tribunal de Cuentas que procediera a esa fiscalización.
Como el propio Ayuntamiento carece de iniciativa para solicitar el ejercicio de esa función fiscalizadora al Tribunal de Cuentas, el Grupo Parlamentario Socialista tramitó esta solicitud que proviene, insisto, del Pleno del Ayuntamiento y
cuenta con el respaldo unánime de todos los grupos.
Quiero insistir en un aspecto que, aunque conocido, no quiere ser reconocido en las diferentes intervenciones que ha habido esta mañana.
Proponer que el Tribunal de Cuentas proceda a una función de fiscalización no es sino exigir el
cumplimiento de nuestro marco normativo en las tareas de control externo de esta institución. En absoluto esto significa utilizar al Tribunal de Cuentas como instrumento arrojadizo dentro de la batalla política. (Un señor Diputado: Yo creo que
sí.)
Es más, lo que se está haciendo en estos momentos y a lo largo de toda la mañana es evitar que el Tribunal de Cuentas proceda a las tareas fiscalizadoras, al aceptar únicamente que se pueda enviar de oficio a la sección de enjuiciamiento
aquellos informes que el propio Tribunal considere oportuno. No aceptar que la propia Comisión Mixta pueda hacer esta propuesta es no querer entender cuáles son las reglas del juego que establece la ley que regula el Tribunal de Cuentas y sus
competencias, y supone incluso negar la propia existencia de esta Comisión Mixta.
Insisto en que este Ayuntamiento de Cabrerizos se presenta en la Comisión Mixta por solicitud de todos los grupos que constituyen el Pleno de dicho ayuntamiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Actúo en nombre de mi grupo parlamentario como comisionado, no como comisionista, de momento, señorías, porque me parece que todavía las retribuciones no llegan a este punto. Quiero recordar, señora Costa, que nosotros dependemos como gran
parte de los españoles de un salario, no de las comisiones por asistir. Por lo tanto, comisionados, no comisionistas.
Quiero decir que prácticamente con la intervención del señor Albendea y la que hice con anterioridad podría quedar resuelta esta cuestión. En la mañana de hoy es mucho decir que el Grupo Parlamentario Socialista no tenga interés en utilizar
los instrumentos del Tribunal de Cuentas como arma arrojadiza de tipo político. Me parece que a la vista de lo ocurrido esta mañana, incluidas faltas de instrucción política obvias para un comisionado que interpretaba transfuguismo con cosas que no
lo son, realmente lo que se está haciendo es una utilización espúrea de un órgano constitucional. Si a todos nos mereciera el respeto que al Grupo Parlamentario Popular le merece una alta institución del Estado, como es el Tribunal de Cuentas,
seguramente pensarían en las necesidades que de verdad tienen los ayuntamientos españoles, que no son las necesidades
particulares de algún grupo en sus pendencias políticas en el territorio de España. En España hay 8.000 ayuntamientos, y si a esta Comisión vinieran los 8.000 cada vez que tienen una cuestión de carácter, aparentemente financiero, que es un
elemento de discusión política en todos los ayuntamientos de España, y esta Comisión tuviera que resolver las cuestiones políticas de las corporaciones locales, muy a pesar de que haya sido el Pleno de la corporación por unanimidad quien lo haya
aprobado, sencillamente estaríamos bloqueando no sólo la actuación del Tribunal de Cuentas, sino también la propia de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Por esta razón, aunque sólo sea por ésta, nuestro Grupo no está de
acuerdo en que se aborten las posibilidades de esta Comisión y del Tribunal de Cuentas para hacer su trabajo, tal y como requieren el interés público, la sociedad española y, fundamentalmente, los ayuntamientos.
La propuesta que defendió el señor Albendea precisamente trata de evitar estas cuestiones. Que se pueda efectuar un diagnóstico de tipo horizontal de cuáles son las deficiencias que de modo general se vienen deduciendo de los informes de
fiscalización, es realmente lo que necesita la sociedad española. Puede resultar mucho más interesante para el Ayuntamiento de Cabrerizos, el de Torrijos o para cualquier ayuntamiento de España de los 8.000, que el Tribunal de Cuentas intervenga en
las disputas políticas de cada una de las corporaciones locales, pero ésta no es la misión, señorías, ni de la Comisión Mixta ni del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, nuestro Grupo seguirá insistiendo en que las iniciativas de esta Comisión más
útiles, pertinentes y eficaces para poder resolver los problemas que de verdad tienen los ayuntamientos españoles son proposiciones, como la que ha defendido con anterioridad el señor Albendea, y ésas son las que nuestro Grupo defenderá y no otras,
con toda probabilidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Señorías, agotados los primeros nueve puntos del orden del día vamos a proceder a la votación de los mismos. Dado que en las intervenciones de sus señorías no he apreciado peticiones de votación separada, vamos a votar agrupadas todas las
propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios.
En ese caso, votamos la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista relativa al Ayuntamiento de Santander.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: A favor, 12; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución para el Ayuntamiento de Valencia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución para el Ayuntamiento de Valencia presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución que se presenta al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Logroño por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución presentada al informe de fiscalización del Ayuntamiento de León por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución presentada al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Tibi, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución presentada al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toro, Zamora, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución al mismo Ayuntamiento de Toro presentada por el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta que se han retirado las
propuestas sexta y séptima, que son la octava y la novena a efectos de presentación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para recabar de dicho Tribunal la fiscalización específica del Instituto Balear de Desarrollo Industrial dependiente de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y asumida por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que dicho Tribunal recabe la fiscalización del Ayuntamiento de Torrijos, Toledo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la solicitud para recabar informe de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas para el Ayuntamiento de Cabrerizos, Salamanca.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, agotada esta primera parte del orden del día, vamos a suspender la Comisión por espacio de tres minutos para recibir al Presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 1998. (Número de expediente del Senado 771/000072 y número de expediente del Congreso 251/000082.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto décimo del orden del día: Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos del ejercicio 1998.
En primer lugar, quiero agradecer su presencia en esta Comisión al señor Presidente del Tribunal de Cuentas, a quien cedo la palabra para la presentación del informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor Presidente.
El informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos del ejercicio 1998 fue aprobado por el Pleno del Tribunal el 22 de febrero de 2001.
El informe presenta los resultados de las comprobaciones efectuadas sobre los estados financieros de catorce formaciones políticas que, al alcanzar representación en el Congreso de los Diputados, percibieron directamente subvenciones
estatales para funcionamiento ordinario, previstas en la Ley Orgánica 3/1987, sobre Financiación de los Partidos Políticos. Además, las comprobaciones se han extendido a la fiscalización de los estados financieros de cuatro partidos políticos que
recibieron un importe significativo de las subvenciones cobradas por las anteriormente citadas formaciones políticas, al formar parte de coaliciones o federaciones.
La fiscalización ha tenido como objetivos principales la comprobación de que los estados financieros se ajustan a los principios del Plan General de Contabilidad, así como la evaluación de los sistemas de control interno exigidos en el
artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1987 y el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. También se ha verificado la integración de la contabilidad de los procesos electorales autonómicos celebrados en 1998 en las cuentas anuales de los
partidos, según la información de los Informes de fiscalización aprobados por el Tribunal o por los órganos de control externos de las respectivas Comunidades Autónomas.
Todas las formaciones políticas incluidas en el ámbito de la fiscalización han presentado los estados financieros anuales del ejercicio 1998, si bien las cuentas anuales de una de ellas y los estados correspondientes al ámbito regional y
provincial de otra formación, con implantación en todo el territorio nacional, fueron presentadas fuera de plazo. En nueve formaciones políticas no se incluyó la memoria del ejercicio entre los documentos que integran las cuentas anuales.
La mayoría de las cuentas anuales presentadas no recogen la actividad económica y financiera completa de la organización y grupos de cargos electos en las corporaciones locales, en especial en lo referente a las cuotas recaudadas en dicho
ámbito. Por otra parte, en la mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo no figura incluida la contabilidad de la representación parlamentaria.
Según las informaciones remitidas, en 1998 la financiación pública para funcionamiento ordinario
alcanzó el importe de 20.409 millones de pesetas, del que 8.934 millones procedieron del Gobierno estatal; 7.189 millones, de las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas a los grupos parlamentarios; 500
millones, del Gobierno del País Vasco a las formaciones con representación en el Parlamento de dicha Comunidad; y, 3.786 millones, de las corporaciones locales. Como se ha señalado en informes anteriores, estos dos últimos recursos no están
incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987.
Por otra parte, las subvenciones electorales recibidas en 1998, correspondientes a diversos procesos electorales, ascendieron a 533 millones de pesetas.
En relación con las operaciones de endeudamiento, se han puesto de manifiesto deficiencias en el registro contable y control interno: carencia de algunas pólizas; falta de conciliación en determinadas operaciones entre los importes
contabilizados y los comunicados por las entidades financieras; falta de contabilización de operaciones concertadas o de los intereses devengados (especialmente los correspondientes a operaciones vencidas). Además, existen operaciones que no han
sido objeto de amortización en los plazos vencidos; operaciones que afectan a siete formaciones políticas, con una deuda pendiente de, al menos, 4.859 millones de pesetas.
Tres formaciones políticas han obtenido la condonación parcial de sus deudas, en, al menos, 1.148 millones de pesetas, fundamentalmente correspondientes a intereses. Además se han producido regularizaciones de saldos acreedores comerciales
en tres formaciones políticas por, al menos, 278 millones de pesetas, sin haberse aportado la documentación justificativa que ha motivado la no exigibilidad de la deuda. El informe destaca que la condonación de deudas financieras y comerciales no
está incluida entre las fuentes de financiación previstas en la Ley Orgánica 3/1987.
El informe termina con la reiteración de varias recomendaciones encaminadas a la superación de deficiencias detectadas y a dotar de la oportuna regulación para determinados supuestos no contemplados expresamente en la Ley Orgánica 3/1987 o
insuficientemente regulados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.)
Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como vamos muy apretados de tiempo, les agradecería que se ciñeran estrictamente a los diez minutos de que disponen.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Romeu.
El señor ROMEU MARTÍ: Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El informe de fiscalización de contabilidad de los partidos políticos del año 1998 que hoy se trata, se extiende, como ha dicho el Presidente, a las formalizaciones políticas que percibieron durante ese año subvenciones estatales para su
funcionamiento ordinario y, considerando también con buen criterio, a las coaliciones electorales que también percibieron subvenciones públicas y que, por tanto, tienen que justificarlas en este caso.
Se ha analizado un total de 18 formaciones políticas, atendiendo a la obligatoriedad, tal como recoge la Ley Orgánica 3/1987. Los objetivos analizados, como concreta el informe, son el de comprobar los estados financieros rendidos al
Tribunal de Cuentas y que reflejan la situación financiera y patrimonial de las diferentes formaciones políticas, verificar el ajuste de los registros de contabilidad al Plan General de Contabilidad, analizar y evaluar los sistemas propios de
control interno y determinar el cumplimiento de las obligaciones legales y, en concreto, las fuentes de financiación privada, las subvenciones públicas, donativos, y, entre otros, las amortizaciones de las operaciones de crédito.
Del análisis del informe presentado y vistas las consideraciones realizadas por el Tribunal respecto a cada una de las 18 formaciones, se reseñan las recomendaciones -y, además, reiteradamente en otros informes tanto de fiscalización de
procesos electorales como de partidos políticos en otros ejercicios-, las deficiencias generales y las particulares de cada formación, destacando la necesidad de adecuar la contabilidad de algunas de éstas a los principios rectores establecidos en
el Plan General de Contabilidad.
Es cierto que se aprecia, en comparación con otros informes presentados y analizados en esta misma Comisión, un mayor cumplimiento de la normativa legal y una mayor y mejor adecuación de los partidos a las directrices técnicas del Plan
General de Contabilidad para la fiscalización anual. De todos modos, se reiteran ciertas deficiencias que el informe recoge en su primera conclusión y que ya se reiteran en otros informes anteriores, estableciéndose la necesidad explícita de
regular el marco normativo básico de financiación de los partidos políticos y, por tanto, la necesidad de acometer de forma armonizada y precisa la regulación de la financiación y la contabilidad para que haya una mayor claridad y sea perfectamente
exigible el cumplimiento de los principios normativos que den mayor confianza en el propio sistema de partidos, en su estructura económica y en sus fuentes de financiación.
A lo largo de esta legislatura se han analizado otras fiscalizaciones referentes tanto a la financiación de partidos políticos como de procesos electorales -como he mencionado- y siempre se concluye con la misma
apreciación de la necesidad de regular concreta y específicamente la financiación de los partidos para que aumente la certeza, la garantía y la convicción en el propio sistema de contabilidad de los propios partidos y la adecuación, por
tanto, al marco democrático.
En el sentido de lo expuesto en esta misma Comisión, se instó al Tribunal de Cuentas a través de una moción, que, si no recuerdo mal, presentó el señor Cámara en aquella ocasión, a que se remitiera a esta Comisión y a los grupos un compendio
de objetivos técnicos necesarios que entendiera el Tribunal a su criterio que serían necesarios y convenientes tener en cuenta a la hora de acometer un futuro desarrollo normativo concreto que regulara con precisión el sistema de financiación de los
partidos políticos.
Y aprovecho, esta intervención, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, para solicitar la información sobre el estado en que se encuentra esta moción sobre estos criterios que a los partidos nos vendrán bien a la hora de establecer las
propias iniciativas legislativas que conlleven a esa regulación de la financiación de los partidos políticos.
Creo que todos coincidimos en la necesidad de acometer una legislación clara al efecto para la regulación de la financiación pública y privada de los partidos políticos, la obligatoriedad de aportar y facilitar información acreditativa, la
regulación de las aportaciones privadas y las donaciones y para establecer de forma explícita el órgano y el procedimiento a seguir en el régimen sancionador y la exigencia de las responsabilidades por incumplimiento, todo ello sobre la base de la
necesaria transparencia que los ciudadanos exigen a los partidos políticos y como garantía de confianza en el sistema democrático y de partidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romeu.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Prácticamente mi intervención podría considerarse mimética de la que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación a que las cuestiones que vienen siendo debatidas con asiduidad en esta Cámara cada vez que se pone de
manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas merecen fundamentalmente de los dos grupos mayoritarios, a los que los españoles conceden su confianza, las mismas consideraciones.
Es cierto que hay que seguir profundizando en cuáles son las cuestiones que los partidos políticos a la hora de reflejar sus operaciones financieras han de considerar de modo que se adecuen no sólo a la legislación vigente sino también a los
criterios de contabilidad, es decir, a la imagen fiel de la situación financiera patrimonial que le merece al Tribunal de Cuentas. Y esto, a la vista del informe del año 1998, todavía sigue produciendo diferencias de todo tipo, las cuales, aunque
no sean importantes desde el punto de vista técnico ni puedan producir preocupación a los españoles en cuanto al modo en que los partidos políticos nos dirigimos a la hora de reflejar en nuestras cuentas el resultado de nuestras operaciones
contables, es cierto que pueden provocar una imagen diferente de la realidad entre los españoles a luz del informe del Tribunal de Cuentas, puesto que aparecen en sus conclusiones como puntos débiles, irregularidades, etcétera.
De nuevo, muchas de ellas se deben a la existencia de lagunas legales y por eso sigue siendo pertinente -y en este sentido agradezco las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- el que el Tribunal de Cuentas aporte en la
medida de sus posibilidades las conclusiones referidas a la moción de la que ha hecho mención el señor Romeu, aquélla que, efectivamente, tuve el honor de proponer en su día.
Esto nos ayudará a todos los grupos parlamentarios y a los partidos políticos a proponer un mejor estado de la cuestión en cuanto a la posibilidad de eliminar lagunas legales que en este momento puedan originar cuestiones como que el
Tribunal, efectivamente, siga reflejando en sus informes que las aportaciones que los partidos políticos a través de sus organizaciones fundamentalmente territoriales hacen a los grupos municipales realmente siguen siendo ilegales porque no tienen
cobertura legal. Y aprovecho también la ocasión para referirme al caso concreto, si me permiten sus señorías, del País Vasco, porque en estos días se está debatiendo la necesidad de hacer aportaciones con la finalidad de poder proteger expectativas
más allá de lo que son las expectativas económicas de los concejales y de los miembros de las corporaciones locales. Y estamos hablando de un principio por encima de cualquier otro referido a la economía, que es el relativo a la propia libertad y
seguridad personal. Por tanto, es una cuestión debatida y determinada por la existencia de una laguna legal.
En otros casos existen diferencias de interpretación de los textos legales. El Tribunal de Cuentas considera legítimamente que algunas cuestiones no están suficientemente acreditadas por parte de los partidos políticos y, sin embargo, los
partidos año tras año siguen reflejando en sus alegaciones, excepto alguna formación política, que se trata de criterios diferentes a los de las formaciones políticas.
No obstante, señorías, si es cierto que hay debilidades que creo que los grupos parlamentarios debemos reconocer que deben dejar de existir. Por ejemplo, aunque sólo sea testimonial, sigue habiendo formaciones políticas -no es el caso del
Grupo Parlamentario Socialista ni del Grupo Parlamentario Popular- que tardan en entregar las memorias al Tribunal de Cuentas o que lo hacen de forma deficiente. Y eso debe dejar de
existir. Es decir, en el juego democrático, si queremos acreditar seriedad entre los españoles respecto a las formaciones políticas debemos hacer las cosas que tienen que ver con los dineros -también de los españoles porque de ellos nos
nutrimos todas las formaciones políticas- con seriedad. Y como siguen existiendo puntos débiles que no tienen que ver ni con diferencias de interpretación ni con lagunas legales, creo que sería justo que, al menos, el Grupo Socialista y el Grupo
Popular, aunque no sea nuestro error, representando a las formaciones políticas de España, digamos que puede haber cuestiones en las que todavía las formaciones políticas debemos seguir ahondando para mejorar la presentación de nuestras cuentas. No
obstante, insisto en que fundamentalmente se trata de las dos cuestiones a que he aludido con anterioridad.
Realmente, las deficiencias que afectan a la representatividad, excepto en el caso de una formación política, no son relevantes. Pero nuestro grupo va a estudiar si las circunstancias en las que esta formación política queda afectada en la
representatividad de las cuentas públicas merece la presentación de alguna propuesta de resolución en concreto, si bien, en todo caso, nos reservamos esta cuestión para una posterior ocasión.
Mi grupo se suma a la petición hecha por el Grupo Parlamentario Socialista en relación a conocer cuál es el estado de tramitación de aquella moción.
Sé que es una época difícil porque ha habido un cambio en el Tribunal de Cuentas y
probablemente haya habido un parón en la marcha de los trabajos, pero sí sería bueno conocer en qué estado de tramitación se encuentra la moción que esta Comisión debatió en su día.
Lamento tener que finalizar con una cuestión que no ha sido objeto de presentación prácticamente nunca, a excepción de una ocasión en esta Comisión -que no suele tener una aceptación relevante desde el punto de vista mediático- en la pasada
legislatura, y que está relacionada con la contabilidad de los partidos políticos.
Señorías, considero injusto en líneas generales que siga habiendo una formación a la que se sigue denominando política que continúa apareciendo con subvenciones concedidas para el funcionamiento ordinario de su actividad mal llamada
política. Como consta en la página 7 del informe de fiscalización, Herri Batasuna sigue percibiendo 210 millones de pesetas de los contribuyentes españoles para su actividad, para su actividad delictiva, lo digo con toda rotundidad. Herri Batasuna
no es un partido político que deba estar en el mismo cuadro que el Partido Popular, que la Unión del Pueblo Navarro, que el Partido Nacionalista Vasco o que el Partido Socialista. De ninguna manera. Nuestro grupo parlamentario quiere dejar
constancia de que nos parece una villanía que los españoles sigamos aportando impuestos para que gente como los miembros de Batasuna sigan formando lo que después se convierte en los cuerpos de ETA, en el funcionamiento habitual de ETA. Batasuna es
la filial, y no estamos de acuerdo en que el equipo filial de ETA siga siendo subvencionado con el dinero de los españoles.
Nosotros presentaremos una propuesta de resolución en la misma línea en que se está debatiendo estos días, con motivo del Pacto Antiterrorista, sobre cuáles han de ser las vinculaciones financieras que debe tener el Estado, las
administraciones públicas, con relación a actividades semiterrorista socapa de actividad política, porque, insisto, de ninguna manera nuestro grupo parlamentario cree que Batasuna deba considerarse como una formación política, sencillamente porque
es un grupo ligado a un grupo terrorista en España. En tanto en cuanto eso sea así, ofende verdaderamente seguir viendo cómo algunas administraciones siguen aportando subvenciones a grupos afines a ETA -no es el caso del Estado-, unas cifras que
suponen el 1 por ciento de las aportaciones que en general reciben los partidos políticos de España. Los partidos políticos en España reciben para su funcionamiento ordinario 20.000 millones de pesetas, cifra que puede parecer abultada, pero mucho
más abultado resulta que un 1 por ciento se destine a actividades relacionadas con ETA. Y, señorías, desde nuestro punto de vista esto es intolerable.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Tiene la palabra el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, lamento mucho tener que decir que esa moción está en esta Comisión Mixta desde octubre de 2001. Es decir, tan sólo está pendiente de tramitación por esta Comisión; incluso quizá hubiese sido oportuno unirla a este informe.
Pero al estar ya resumidas las cuestiones más importantes que en él contienen, por ejemplo, esas deficiencias que vienen repitiendo financiación pública no regulada por la Ley Orgánica, condonación de deudas, créditos y proveedores o ausencia de
integración de la contabilidad, esta Presidencia no ha querido repetirlas por considerarlo redundante con respecto a lo que en esa moción ya se viene tratando, no solamente en relación con este punto sino con todos los demás. Repito que esa moción
se aprobó en el último Pleno del Tribunal de Cuentas, en el mes de octubre, y fue remitida posteriormente a esta Comisión. Por tanto, no es cuestión de repetirla, pero en ella se recogen los resultados de fiscalizaciones de todos estos años, tanto
las ordinarias como las electorales, y todas esas deficiencias y propuestas que se hacen de modificaciones legislativas.
También quiero aprovechar para informarles de que la contabilidad de los partidos políticos del año 1999
está ya auditada y pendiente de que se envíen las alegaciones. La de 2000 se está fiscalizando y en cuanto a la de 2001, se iniciará dentro de este mismo año cuando se presenten las cuentas. Quizá resulte también oportuno decirles que con
motivo del cambio del Tribunal también ha cambiado la Ponencia que lleva la cuestión de los partidos políticos. Esto ya se les ha comunicado a todas las organizaciones. Ha habido una renovación de los miembros, como sus señorías saben, pero eso no
ha dado lugar a que se retrasara ningún proceso y menos éste, ya que hasta que no se ha producido ese cambio este Presidente era uno de los ponentes y no había razones para que esto se alargara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD (PEC) 1995-1998 EN LA SOCIEDAD ESTATAL ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. (AESA) (Número de expediente del Senado 771/000016 y número de expediente
del Congreso 251/000035.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización de los resultados de la aplicación del Plan Estratégico de Competitividad 1995-1998 en la Sociedad Estatal Astilleros Españoles Sociedad Anónima.
Tiene la palabra para su presentación el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor Presidente.
El informe de fiscalización de los resultados de la aplicación del Plan Estratégico de Competitividad (PEC) 1995-1998 en la Sociedad Estatal Astilleros Españoles, Sociedad Anónima (AESA), fue aprobado por el Pleno en marzo de 2000.
El análisis de implantación del Plan ha puesto de manifiesto que en su período de aplicación, de acuerdo con las previsiones establecidas, se mantuvieron las factorías de AESA existentes al comienzo y las respectivas actividades, que
evolucionaron, en general, hacia la fabricación de productos de características más complejas. Para conseguir la reducción global de capacidad programada, se procedió en 1997, en las factorías de Sestao y Sevilla, al cierre de instalaciones y a
reducciones de personal en torno a la cifra global programada.
En 1997 se redujeron las cifras de capacidad de las factorías de AESA en las cuantías programadas, situándose al final del ejercicio en los niveles de participación que se habían fijado para 1998. La producción en 1997 y 1998 estuvo por
debajo de los límites máximos de capacidad disponible en los astilleros de nuevas construcciones de acuerdo con el compromiso adquirido con la Comisión Europea. Por el contrario, la productividad de los astilleros en su conjunto no alcanzó en el
período la mejora del 35 por ciento establecida como objetivo global promedio para la División. Por factorías, los resultados fueron dispares, superando la mejora programada los centros de Puerto Real y Sevilla.
El objetivo de reducción del plazo de construcción en un 40 por ciento estuvo muy lejos de alcanzarse y se produjeron aumentos generalizados en lugar de disminuciones.
En cuanto a los resultados en el área de personal, al final del período de aplicación del Plan la empresa había ajustado su plantilla operativa en línea con el objetivo programado. Sin embargo, no se consiguió el objetivo de congelación
salarial ni el de mayor flexibilidad laboral.
En relación con la reducción del coste de los aprovisionamientos, se han puesto de manifiesto diversas reducciones de costes de materiales como consecuencia de medidas puntuales, pero no se ha podido constatar la consecución del objetivo, ya
que la empresa no contaba con datos sobre su evolución con arreglo al indicador establecido.
En el período de ejecución del Plan se produjo un considerable descenso del nivel de endeudamiento como consecuencia, fundamentalmente, de las ayudas públicas autorizadas y de la evolución favorable de los tipos de interés.
Consecuentemente, los costes financieros de la empresa se situaron en general por debajo del 4 por ciento de la cifra de negocios programada como objetivo.
En materia de inversiones extraordinarias no se cumplió el objetivo de 6.450 millones de pesetas. Las inversiones realizadas en los centros gestionados por AESA ascendieron a 2.910 millones de pesetas, lo que representó una ejecución del 45
por ciento.
En relación con el área comercial hay que señalar que la fuerte presión de los competidores de los países de Extremo Oriente originó que en 1998 descendieran los niveles de contratación respecto a los del ejercicio anterior y sólo se
registraran un contrato de nuevas construcciones en la factoría se Sestao y otro de transformaciones en la factoría de Cádiz.
Las acciones de carácter comercial se dirigieron a una política de productos orientada a construcción de alto valor
añadido y una de clientes dirigida a la selección y mantenimiento a largo plazo de clientes de primera línea en el mercado internacional.
En síntesis, hay que señalar que el objetivo básico del Plan, consistente en alcanzar al término de su aplicación la rentabilidad de centros de la División de Construcción Naval, no se consiguió en ninguno de los astilleros gestionados
directamente por AESA, constituidos
en unidades de negocio independientes. Así, frente a unos resultados ordinarios positivos programados en conjunto para 1998 de 334 millones de pesetas en los centros de Puerto Real, Sestao, Sevilla y Cádiz, se obtuvieron unas pérdidas de
15.336 millones de pesetas.
Con independencia de las variables de carácter externo, que en general afectaron negativamente al desarrollo de la actividad del sector en el ámbito nacional, fundamentalmente el exceso de oferta a nivel internacional y la caída de precios
por la competencia de las empresas de Extremo Oriente, los resultados adversos de las distintas factorías, con excepción de la de Sestao, fueron causados por los elevados costes de producción, que en todos los casos superaron de forma significativa
las correspondientes cifras de resultados del ejercicio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, el Plan Estratégico de Competitividad de Astilleros Españoles, suscrito entre esta empresa, la dirección de Construcción Naval y
las organizaciones sindicales, a finales del año 1995, buscaba alcanzar al final del año 1998 -tres años después- una cuenta de resultado equilibrada en Astilleros Españoles, Sociedad Anónima, mejorando la productividad -las previsiones eran
mejorarlas en un 35 por ciento-, reduciendo plazos de construcción -las previsiones eran de un 40 por ciento-, reduciendo los costes de aprovisionamiento en un 8 por ciento, ajustando las plantillas de los centros, tanto en cada uno de ellos como a
nivel operativo, limitando los gastos financieros y acometiendo, cómo no, un conjunto de inversiones extraordinarias en los diversos centros de Astilleros Españoles.
Para ello se concretaron, se acordaron, en el Plan Estratégico de Competitividad una serie de programas en lo relativo al diseño de los procesos integrados de ingeniería, al desarrollo de productos más competitivos, a la mejora de los
procesos productivos, a la mejora de los aprovisionamientos, para fortalecer la acción comercial o simplificar los circuitos operativos de la empresa, para mejorar, cómo no, las relaciones laborales o para incrementar la innovación tecnológica.
Todo ello iba acompañado de una previsión de ayudas públicas importante, en consonancia con la autorización de la OCDE, creo que por importe de, aproximadamente, 180.000 millones de pesetas.
Este Plan, suscrito por los responsables de la empresa y las organizaciones sindicales a finales del año 1995, no fue cuestionado, ni en sus objetivos ni en sus medios, por los nuevos responsables de la empresa, y fue asumido por éstos tras
las Elecciones Generales del año 1996.
Pasado un tiempo, y a partir del análisis realizado por el Tribunal de Cuentas del Plan Estratégico de Competitividad de Astilleros Españoles, se establecen algunas conclusiones en el informe, que serán las que determinen, fundamentalmente,
las propuestas de resolución que nosotros presentemos.
Está claro que en determinados aspectos el Plan se cumplió bien en lo relativo al tamaño de la plantilla, a la política comercial, a la autorización de ayudas, a gastos financieros y a algunos otros aspectos.
Pero, frente a este hecho, el
informe constata que hay programas del Plan que o bien no se aplicaron o se hicieron en parte o con retraso. La congelación salarial y el incremento de la flexibilización laboral se retrasó bastante. El convenio se suscribió casi dos años después,
en el año 1997, del acuerdo del Plan Estratégico de Competitividad. Tampoco se redujeron los costes de aprovisionamiento en el 8 por ciento previsto y, desde luego -el señor Presidente del Tribunal de Cuentas hizo mención expresa de ello-, no se
realizaron las inversiones extraordinarias previstas en un porcentaje importante, en torno al 55 por ciento, y eran básicas, tanto para incrementar la capacidad tecnológica de los diversos astilleros de Astilleros Españoles, como para reducir los
costes unitarios de esta empresa.
Nadie va a poner en duda -y no puede hacerse- que han repercutido también factores externos como los relativos a la competencia desleal, al dumping de los astilleros del sureste asiático, sobre todo los de Corea del Sur.
Este problema,
sigue acuciando en estos momentos a la industria de la construcción naval europea, entre ella a la española, y sigue estando ahí, lo que provoca la caída de los precios, colocando en una situación de difícil competitividad a los astilleros europeos
y a los españoles. En estos momentos la Unión Europea sigue discutiendo no sólo la presentación de una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio contra los astilleros de Corea del Sur, sino también la puesta en marcha de un mecanismo
temporal de ayudas, mientras se resuelve esta denuncia, por parte de los Estados miembros de la Unión Europea hacia sus astilleros.
Pero, al margen de constatar esta realidad que se mantiene, es decir, la competencia desleal de los astilleros surcoreanos y las consecuencias que ello tiene sobre la competitividad de nuestros astilleros, está clara la ausencia del objetivo
final que se perseguía con este Plan Estratégico de Competitividad, que era que los astilleros no tuviesen unos resultados negativos al final de 1998. También entendemos que es un componente muy importante la falta de ejecución o la ejecución
tardía de aspectos importantes del Plan Estratégico de
Competitividad, como puede ser, por poner un ejemplo, el relativo a las inversiones, ejecutadas en un 45 por ciento, y en ello tiene bastante que ver los responsables de la empresa y los de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.
En línea con esta valoración irán las resoluciones que nosotros presentemos en la próxima reunión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor Presidente.
Primero quiero dar la bienvenida y agradecer, una vez más, la comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas. Quiero decir que el Plan Estratégico de Competitividad elaborado en el año 1995, y no me duelen prendas en reconocerlo, era
un buen plan, y quiero recordar que en aquellos años en los que se elaboraba el plan el panorama era verdaderamente sombrío. El riesgo de cerrar los astilleros en España estaba ahí latente y creo que el plan ha contribuido a salvar al sector,
aunque ha habido bastantes incumplimientos respecto al plan, incumplimientos que vienen derivados -lo ha subrayado también el portavoz socialista-, entre otros motivos, de la situación del mercado, de la fuerte presión de los competidores,
fundamentalmente los competidores japoneses y de Corea del Sur, que, favorecidos por las devaluaciones de sus respectivas monedas, tiraban los precios del mercado y así era imposible competir. Ha habido aspectos positivos en el cumplimiento del
plan, como es la mejora de la productividad o la considerable disminución del nivel de endeudamiento. Efectivamente, ha descendido el endeudamiento por las ayudas europeas y estatales y también como consecuencia de que los tipos de interés,
afortunadamente, en este período experimentaron una evolución muy favorable, verdaderamente impensable cuando se elaboró el plan. Es verdad que no se ha cumplido el objetivo propuesto en las inversiones extraordinarias, pero también es cierto que
esas inversiones extraordinarias hay que acompasarlas a la evolución de los pedidos y, como he dicho antes, el mercado no estaba para muchas alegrías, y en ese sentido se ha notado que las inversiones extraordinarias fijadas en el plan no han
alcanzado el ritmo previsto. Simplemente quiero decir que el plan ha sido bueno, que se ha cumplido en algunos aspectos razonablemente, que no se ha podido cumplir en otros y que gracias al plan no ha habido que cerrar todos los astilleros públicos
en España.
Evidentemente, presentaremos nuestras propuestas de resolución.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.
¿Quiere hacer el Presidente alguna matización?
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): No, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL LLEVADA A CABO POR LA SOCIEDAD ESTATAL EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S. A. (ENCE), EN LOS EJERCICIOS DE 1996 Y 1997. (Número de expediente del Senado 771/000021 y número de
expediente del Congreso 251/000037.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto duodécimo del orden del día: Informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Celulosas, S. A. Para su presentación, tiene la palabra
el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor Presidente.
El Pleno del Tribunal, en su sesión de 26 de abril de 2000, aprobó el Informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Celulosas, S. A. (ENCE), en los ejercicios 1996 y 1997.
Los objetivos de la fiscalización se han concentrado en la verificación del cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental, incluyendo la aplicación de los convenios suscritos con la Junta de Galicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, al
tener sus fábricas en Pontevedra y Huelva, y el análisis de las inversiones con repercusión medioambiental, especialmente las dirigidas al control y reducción de las emisiones de contaminantes.
Las limitaciones encontradas hacen referencia a la inexistencia en el período fiscalizado de estudios oficiales sobre el impacto de contaminantes en el medio acuático, en este caso en la ría de Pontevedra y en las aguas de la zona de Huelva,
por los vertidos de efluentes líquidos realizados por ENCE.
Las principales conclusiones del informe hacen referencia a que la sociedad carecía de licencias municipales para mantener los vertederos de residuos en las fábricas de Pontevedra y Huelva, como exige la Ley 42/1975, sobre Recogida y
Tratamiento de Desechos Sólidos y Residuos Urbanos.
En la fábrica de Huelva en los años 1996 y 1997 se detecta que en el foco 'Hornos de cal' se sobrepasaron
sistemáticamente los niveles máximos de emisión de ácido sulfídrico establecidos por el Decreto 833/1975, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Por otra parte, en el denominado foco 'Disolvedor' de la Caldera de Recuperación II se
registraron en 1996 incumplimientos de los niveles máximos de emisión de ácido sulfídrico y de compuestos reducidos de azufre fijados por la Junta de Andalucía. Asimismo, en el foco Caldera de Recuperación III se registraron en 1997 algunas
mediciones de contaminante Partículas que superaban los niveles máximos establecidos legalmente.
También en la fábrica de Huelva se sobrepasó el nivel máximo de emisión autorizado por la Junta de Andalucía del contaminante Demanda Química de Oxígeno, presente en los vertidos líquidos a la zona marítimo-terrestre en dos meses del período
fiscalizado.
Con respecto a las inversiones de la empresa en este campo, entre los años 1990 y 1997 ENCE invirtió 28.741 millones de pesetas, lo que le permitió introducir las más adecuadas mejoras técnicas y prácticas medioambientales disponibles,
consiguiendo una importante mejoría de los efectos medioambientales en los últimos años de dicho período.
Como inversiones de carácter estrictamente medioambiental, dirigidas a corregir y controlar las emisiones de contaminantes al exterior, sin finalidad productiva directa, los fondos empleados por la sociedad se estiman del orden del 10 por
ciento del total importe invertido en el referido período, sin que se haya podido verificar sin exactitud al carecer ENCE de la correspondiente contabilidad analítica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para analizar el Informe de fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Celulosas en los ejercicios 1996 y 1997. Para empezar, he de decir
que es un informe muy técnico, como es lógico, porque analiza una serie de parámetros bastante complicados para alguien que no es ni químico ni biólogo, pero, por lo menos, vamos a intentar analizar el contenido del informe, y hay que empezar
haciendo una breve reseña de qué es ENCE. La Empresa Nacional de Celulosas (ENCE), se constituyó en el año 1968, teniendo por objeto social la fabricación y comercialización de pastas celulósicas y derivados de éstas. En la fecha a la que se
refiere la fiscalización hecha por el Tribunal de Cuentas, la sociedad disponía de fábricas en Pontevedra y en Huelva, como ha manifestado el Presidente del Tribunal, donde producía pasta blanqueada mediante proceso químico. Posteriormente, ENCE ha
adquirido otra fábrica de producción de pasta. ENCE está participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que actualmente tiene una participación del 51 por ciento. La actividad de fabricación que desarrolla ENCE es
potencialmente contaminadora de las aguas y del aire, entre otros elementos del medio ambiente, por lo que sus emisiones de efluentes líquidos y gaseosos están limitados por la normativa legal existente. Dada la importancia y magnitud de los
elementos contaminantes que pueden emitir sus fábricas, la Xunta de Galicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, como manifestaba también el Presidente del Tribunal, tienen establecidos sendos convenios con ENCE, que fijan en algunos casos unos
límites de emisión de los principales contaminantes más estrictos incluso que los contemplados en la legislación aplicable.
Del estudio de la documentación aportada se deduce que ambos centros industriales, Pontevedra y Huelva, disponían de un adecuado sistema de control de la gestión medioambiental. Además, las comprobaciones efectuadas en la fiscalización, que
incluyeron el examen de una muestra de la compleja documentación que soporta todo el Sigma, permiten concluir que el citado sistema de control de la gestión medioambiental era correcto y que se cumplía. Hay que destacar que la producción de ENCE
era enteramente de pastas y gracias a las inversiones realizadas en la transformación de estas fábricas a lo largo de los ejercicios 1989 a 1995 se eliminó por completo el blanqueo con cloro de gas. Las pastas producidas por ENCE son las de más
alta calidad del mercado, tanto por los procesos productivos empleados como por la materia prima empleada, y se utilizan en la fabricación de papeles de alta calidad.
Todo esto nos lleva a las dos primeras conclusiones que plantea el Tribunal en su informe. La primera dice que, en términos generales, ENCE ha alcanzado un alto grado de cumplimiento de la legislación aplicable en materia de medio ambiente
en los años 1996 y 1997 en sus fábricas de Pontevedra y Huelva.
La segunda, dice que la sociedad tenía unas metas y objetivos medioambientales que superaban las exigencias impuestas por las leyes y normas sobre contaminación del medio ambiente, y un compromiso de mejora continuada de sus resultados
medioambientales, mejora cuyo cumplimiento se ha comprobado en los años 1996 y 1997, así como el logro de la mayor parte de las metas y objetivos medioambientales establecidos por la sociedad.
Leídos y vistos los antecedentes expuestos en el informe, poco más habría que decir, pero la lectura del apartado tercero de las conclusiones, vuelvo a repetir que visto por alguien que ni es químico ni biólogo ni experto en esta materia, sí
nos produce cierta inquietud que nos gustaría que el Presidente del Tribunal de Cuentas
nos aclarara, es decir, qué alcance pueden tener esas observaciones o estas conclusiones que realiza el Tribunal sobre los incumplimientos de la normativa aplicable en estas dos fábricas de Pontevedra y Huelva por parte de ENCE. Eso es lo
que nos preocupa, y en ese sentido también realizaremos alguna propuesta de resolución dirigida fundamentalmente a la Xunta de Galicia y a la Comunidad Autónoma de Andalucía para que vigilen que estos parámetros se cumplan.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camacho.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tortosa.
El señor TORTOSA RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para analizar la actividad medioambiental llevada a cabo por la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Celulosas, en los ejercicios 1996 y 1997, la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se ha centrado en dos grandes objetivos: En
primer lugar, verificar el grado de cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, en las dos plantas que posee ENCE, en Pontevedra y en Huelva, y, como segundo objetivo, analizar las inversiones realizadas por ENCE dirigidas a reducir las
emisiones de contaminantes.
Con referencia al primer objetivo de la fiscalización, podemos afirmar, como se recoge en las conclusiones del informe, que ENCE ha alcanzado un alto grado de cumplimiento de la legislación aplicable en materia de medio ambiente en los años
1996 y 1997. Durante estos ejercicios la sociedad estatal desarrolló y culminó la implantación de un sistema de gestión medioambiental que le permitiera acogerse voluntariamente al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. En
1998, las factorías de Pontevedra y Huelva fueron registradas oficialmente como cumplidoras del Reglamento comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría. Esto significa que los dos centros disponían de un adecuado sistema de control de la gestión
medioambiental, que era correcto y que se cumplía.
Con respecto al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contaminación atmosférica, el informe de fiscalización concluye que la sociedad tenía unas metas y objetivos medioambientales que superaban las exigencias impuestas por las
leyes y normas sobre contaminación del medio ambiente. El nivel de autoexigencia establecido por ENCE en su factoría de Pontevedra posibilita que los niveles de emisión registrados en los distintos focos emisores de gases a la atmósfera sean
inferiores a los legalmente establecidos. En la factoría de Huelva, durante los ejercicios de 1996 y de 1997 se superaron los niveles máximos de emisión de ácido sulfídrico y otros componentes, procediendo entonces ENCE a la reforma de los focos
emisores y a confeccionar programas de autocontrol de las emisiones, que dieron como resultado la corrección de estas deficiencias en 1998.
Sin embargo, según el informe fiscalizador, de lo anteriormente expuesto no puede deducirse, de forma absoluta, la correcta calidad del aire de la zonas de influencia de ambas factorías, ya que, en el caso de Huelva, no existe una red de
estaciones medidoras de los parámetros indicativos de la calidad del aire, ni se dispone de evaluaciones de la Junta de Andalucía sobre el impacto ambiental de las emisiones gaseosas. Sí existe la red de estaciones medidoras en el área de
influencia de la planta de Pontevedra, aunque éstas sólo dan mediciones para el punto en que están instaladas. La misma o similar limitación ha tenido el órgano fiscalizador a la hora de evaluar el impacto de los vertidos en el medio acuático, al
no existir estudios oficiales sobre el mismo.
En Pontevedra se realizan análisis de los vertidos diariamente por parte de ENCE. Estos análisis son contrastados con los realizados por una entidad colaboradora de las Administración en materia de medio ambiente, y de este contraste se
deduce que las concentraciones de elementos contaminantes están por debajo de los niveles legalmente exigidos.
Con respecto a la gestión de los residuos sólidos generados en los procesos de producción, el informe destaca el hecho de que la mayor parte de los mismos se valorizan por parte de ENCE y el resto se entrega a gestores externos autorizados,
y concluye que la gestión tanto interna como externa de los residuos sólidos puede considerarse adecuada y acorde con la legislación establecida, con la salvedad de que en ninguna de las dos fábricas contaban con las preceptivas licencias
municipales para mantener los vertederos en los ejercicios objeto de la fiscalización.
En relación con las inversiones realizadas por ENCE, dirigidas a reducir el impacto ambiental de su actividad, el informe de fiscalización refleja que en el período 1990-1997 la sociedad invirtió la mayor parte de sus fondos disponibles en
la mejora y modernización de sus instalaciones en Pontevedra y en Huelva, provocando una mejora sustancial en los resultados y permitiendo el saneamiento financiero de la sociedad. El importe estimado del coste de gestión medioambiental de ENCE en
1997 equivale al 2,6 por ciento de sus ingresos medios correspondientes a los ejercicios 1996 y 1997, que es fiel reflejo del esfuerzo llevado a cabo por la empresa para reducir y mejorar sus efectos medioambientales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tortosa.
Tiene la palabra el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor Presidente.
Realmente las sugerencias del señor Camacho ponen de manifiesto unos incumplimientos puntuales que deben de corregirse, y en cuanto a la aplicación de cada control administrativo, depende de estos controles, de las licencias municipales,
etcétera. Pero hay que decir también que esto no desvirtúa la opinión general favorable en cuanto al alto grado de cumplimiento de la normativa medioambiental que se desprende del conjunto de informe.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS DE LA SOCIEDAD ESTATAL INFOINVEST, S. A., EJERCICIO 1997. (Número de expediente del Senado 771/000019 y número de expediente del Congreso 251/000039.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto trece y último del orden del día, relativo al informe de fiscalización de las áreas de inmovilizado y existencias de la Sociedad Estatal Infoinvest, S. A., ejercicio 1997.
Para su presentación, de igual forma, tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor Presidente.
El informe de fiscalización de las áreas de inmovilizado y existencias de la Sociedad Estatal Infoinvest, S. A., ejercicio 1997, fue aprobado por el Pleno en abril del año 2000.
En el informe se aprecia una serie de deficiencias e irregularidades, entre las que destacan las siguientes: Al finalizar 1995, Infoinvest adquirió a la Sociedad Estatal del Grupo SEPI, Babcock & Wilcox Española, unos terrenos y naves en
Sestao, por 2.644 millones de pesetas, conservando Babcock & Wilcox Española la propiedad plena y exclusiva de los terrenos, con todos los derechos y obligaciones que corresponden al propietario, hasta el otorgamiento de la escritura pública.
Infoinvest entregó 700 millones de pesetas en el momento de celebración del contrato privado, como primer pago, quedando Babcock & Wilcox encargada de la limpieza del terreno y de operaciones de urbanización posterior. Hasta la fecha de redacción
del presente informe, el único efecto producido ha sido la entrega por Infoinvest de 700 millones de pesetas, sin que el suelo se haya incorporado a su patrimonio. Por ello, el informe considera cuestionable cuál es la realidad económica a la que
corresponde el referido contrato, pese a que se calificara como compraventa.
Se cuestiona, igualmente, el contenido del contrato entre Infoinvest y la Sociedad Anónima de Tecnología Naval (Satena), del Grupo SEPI, de fecha 31 de diciembre de 1991, para la adquisición de locales y plazas de garaje en la calle Padilla,
de Madrid. En enero de 1992 se estipularon cláusulas complementarias que lo convirtieron en un contrato de prestación de servicios, por lo que Infoinvest promovía, por cuenta y cargo de Satena, la venta a terceros de dichas fincas. A pesar de
ello, Infoinvest incluye en su inmovilizado material estas fincas por importe de 869 millones de pesetas.
También se resalta la adquisición en 1994 a Initec, del grupo SEPI, de 18 fincas urbanas en Madrid por 1.300 millones de pesetas, posteriormente arrendadas a la propia Initec, operación que parece diseñada más para atender las necesidades
financieras de Initec que para el desarrollo del objeto social de Infoinvest.
De igual manera, el informe se refiere a la compra en 1994 de unas naves en Torrejón de Ardoz a la Sociedad Estatal Ceselsa, en 800 millones de pesetas, y su posterior arrendamiento a la vendedora por un período de diez años, reconociéndose
a Ceselsa una opción de recompra por 671 millones de pesetas, opción que fue ejercida en 1998.
Por otra parte, Infoinvest compró a Iveco-Pegaso en 1992 una parcela en Madrid por 7.125 millones de pesetas, operación previa a la privatización de la vendedora y que realizó pagando un importante sobreprecio sobre el valor de mercado. El
informe destaca, al respecto, la opinión del Director de Servicios Corporativos del INI, en un informe de 20 de julio de 1992, en el que se pone de manifiesto, además, que el uso industrial de los terrenos adquiridos impide considerar viable la
promoción inmobiliaria y su posterior comercialización, por lo que pueden producirse minusvalías contables.
Los procedimientos de control interno en la gestión de inmovilizado y la existencia son claramente insuficientes, los expedientes son incompletos, la información se encuentra dispersa y su salvaguarda es deficiente.
El informe se refiere, asimismo, a la sobrevaloración del inmovilizado financiero y de las existencias en 183 y 2.061 millones de pesetas, respectivamente, y que la provisión dotada para la depreciación de existencias es genérica por importe
de 7.791 millones de pesetas.
La carencia de tasaciones impide pronunciarse sobre la razonabilidad y suficiencia. El Tribunal recomienda la mejora de los procedimientos internos, el uso previo de tasaciones para la realización de adquisiciones de activos y la
realización de una planificación comercial a medio y largo plazo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Presidente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Gracias, señor Presidente.
En relación con Infoinvest, además de lo que ha dicho el señor Presidente del Tribunal de Cuentas, y coincidiendo con él en alguna de sus apreciaciones, quisiéramos destacar ese control interno insuficiente, que la sociedad tenía un manual
de procedimiento y control interno que no estaba operativo y que, además, fue derogado en 1996, prácticamente seis meses después de su aprobación.
Los expedientes sobre las operaciones inmobiliarias, como también ha dicho el señor Presidente del Tribunal de Cuentas, además de incompletos, no tenían toda la información precisa referente a los mismos y, además, ésta se encontraba
totalmente dispersa.
Faltan autorizaciones del accionista único SEPI en operaciones inmobiliarias, y cuando las hay los expedientes están incompletos. Esto en cuanto a las inversiones en activos inmobiliarios, porque para las desinversiones de esos mismos
activos no ha habido un sólo caso con autorización.
Existen importantes diferencias de valoración, efectivamente, como ha dicho el señor Presidente del Tribunal, concretamente 183 millones en el caso del inmovilizado financiero en sobrevaloración y de 2.061 millones también en sobrevaloración
en las existencias. Por contra, el inmovilizado material está minusvalorado en 30 millones. Hechos los oportunos ajustes, hace que los resultados sean en lugar de positivos como declaraba la sociedad por 685 millones, negativos por 1.529 millones,
algo desde luego verdaderamente llamativo.
La sociedad no facilitó un informe preciso para realizar un análisis de las importantes minusvalías de los activos y esto, de alguna forma, enlaza con la provisión de 7.791 millones a la que ha hecho referencia el señor Presidente del
Tribunal.
Por último, quisiéramos destacar que la sociedad carece de iniciativa propia, que era el accionista único SEPI la que ordenaba las adquisiciones y que, además, limita sus ingresos al arrendamiento de los inmuebles que determina también el
accionista.
Dicho esto, nos llama la atención poderosamente la insistencia y en algunos casos la rotundidad con la que Infoinvest intenta desmontar en sus alegaciones todo o casi todo el informe del Tribunal, y aunque es bien cierto que el Tribunal, con
su autoridad y en las notas que aparecen numeradas al pie de las páginas contradice todas las alegaciones que presenta la sociedad, sí nos gustaría conocer la impresión o cómo ve el Tribunal todo este importante paquete de alegaciones que presenta
la sociedad. Presenta alegaciones genéricas, ocho sobre las conclusiones y 27 específicas sobre todo el informe. No sé si intentan llevarnos a la confusión y por eso quisiéramos conocer la impresión que pueda aportar el Presidente del Tribunal de
Cuentas sobre esta situación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alegre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Espinosa tiene la palabra.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante este informe de fiscalización que, referido al ejercicio 1997, y de las áreas de inmovilizado y existencias de la Sociedad Estatal Infoinvest, analiza profusamente ejercicios anteriores -y esto ha de quedar claro:
analiza profusamente ejercicios anteriores-.
El historial de esta sociedad no parece una cuestión superflua a la hora de analizar el informe del Tribunal de Cuentas. Para la mejor comprensión de esta situación es por lo que resaltaré que esta sociedad se constituyó en Madrid en 1984
con un capital social de 2.000 millones de pesetas, que en 1992, y hasta 1996, estuvo participada al 100 por ciento por Teneo, y que en 1996, tras la disolución de esta última, fue cuando la SEPI se hizo con el 100 por ciento de su capital social.
A partir de 1997, la actividad de esta sociedad se modifica y se limita al área inmobiliaria, y aunque el Informe, repito, se refiere, en principio, al ejercicio de 1997, las comprobaciones, en muchos casos, se han extendido a ejercicios anteriores.
Realmente, el informe del Tribunal de Cuentas constata que la Sociedad Estatal ejercita su actividad desde su constitución, y hasta 1997, dentro de unas coordenadas de anormalidad, a la vez que señala importantes deficiencias en los
procedimientos de control interno, en los sistemas de registro, archivo y salvaguarda de documentación, faltan expedientes, existen deficiencias en los procedimientos de autorización de operaciones, inversión y desinversión, y existen deficiencias
en la contabilidad de inmovilizado y en la existencias.
En particular -y no nos vamos a alargar mucho-, hoy sólo resaltaremos que los procedimientos de autorización y formalización de las operaciones de inversión y desinversión, a las que también se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, presentan irregularidades. Son compras llevadas a cabo en 1995, 1994 y 1992.
Los procedimientos de control interno, desde luego, presentan importantes carencias, a algunas de las cuales las calificaría casi de aberrantes.
Esto viene a demostrar cómo estas carencias y estas irregularidades, que se dan siempre antes
de 1996, año en el que se forma el primer Gobierno del Partido Popular, denotan ya la gestión que hasta entonces se desarrollaba en las sociedades estatales.
No nos vamos a extender más hoy, ya que durante la próxima reunión de esta Comisión formularemos las oportunas propuestas de resolución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Espinosa.
Para responder tiene la palabra el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias.
Realmente no ha habido más que esta consideración del señor Alegre sobre las alegaciones del cuentadante.
Las alegaciones del cuentadante son analizadas, valoradas, ponderadas convenientemente por la ponencia, por los órganos del Tribunal, la Sección de Fiscalización y el Pleno, y algunas veces se rectifican algunas cosas, otras veces se
matizan, pero todo se traduce después en el informe que presenta el Tribunal y, una vez elaborado el informe, ya no se puede entrar a valorar más que lo que dice el informe, lógica forma de proceder en estos procedimientos, que son contradictorios,
pero lo que dice el informe es lo definitivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Presidente, por esta comparecencia y señorías, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cuarenta minutos.