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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 63
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 15
celebrada el viernes, 21 de diciembre de 2001, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de las inversiones realizadas por el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),
ejercicios 1995-1996 (corresponde al número de expediente 251/000094
de la VI Legislatura) (Número de expediente del Congreso 251/000022 y
número de expediente del Senado 771/000089.) ... (Página 1414)
- Informe de fiscalización especial del Fondo de Investigación
Sanitaria y de perceptores de subvenciones concedidas por dicho Fondo
(volúmenes I, II y III) (corresponde al número de expediente 251/
000096 de la VI Legislatura) (Número de expediente del Congreso 251/
000024 y número de expediente del Senado 771/000007.) ...
(Página 1415)
- Informe de fiscalización de los efectos económicos de la extinción
en 1997 del contrato regulador de los servicios de comunicaciones
marítimas de interés nacional, suscrito entre el Estado y la Compañía
Trasmediterránea, S. A. (corresponde al número de expediente 251/
0000101 de la VI Legislatura) (Número de expediente del Congreso 251/
000029 y número de expediente del Senado 771/000011.) ... (Página 1417)
- Informe anual, ejercicio de 1998, relativo a los secretos públicos
autonómico y local. (Número de expediente del Congreso 250/000009 y
número de expediente del Senado 770/000008.) ... (Página 1417)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización del Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, ejercicio 1996. (Corresponde al número de
expediente 251/000102 de la VI Legislatura) (Número de expediente del
Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000012.)
... (Página 1419)
- Informe de fiscalización de la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología en el período 1995-1996. (Número de
expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000013.) ... (Página 1422)
- Informe de fiscalización de la Biblioteca Nacional, ejercicio 1997
(corresponde al número de expediente 251/000104 de la VI Legislatura)
(Número de expediente del Congreso 251/000032 y número de expediente
del Senado 771/000014.) ... (Página 1423)
- Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por la
sociedad estatal de Altos Hornos del Mediterráneo, S. A. (AHM)
después del cese de su actividad siderúrgica y su situación a 31 de
diciembre de 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000034 y
número de expediente del Senado 771/000017.) ... (Página 1428)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR EL
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EL AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE),
EJERCICIOS 1995-1996 (Corresponde al número de expediente 251/000094/
0000 de la VI Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000022
y número de expediente Senado 771/000089)
El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días a todos.
Antes de nada quiero disculparme y disculpar a la Mesa y a los
portavoces por no haber encontrado otra fecha, pero ha sido imposible
dadas las circunstancias del mes de diciembre tan complicadas que
hemos vivido, entre presupuestos y otras leyes. Por tanto, no ha
habido posibilidad de buscar otra fecha más propicia que la del día
de hoy. En cualquier caso, vamos a comenzar la Comisión con el primer
punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de las
inversiones realizadas por el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía, ejercicios 1995-1996. Las votaciones se
realizarán cuando se finalice el debate de los cuatro puntos.
Se han presentado propuestas de resolución de Izquierda Unida, que no
está y, por tanto, decaen, y del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para lo cual tiene la palabra su portavoz.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Perdón, señor presidente. Nosotros también
hemos presentado propuestas de resolución.
El señor PRESIDENTE: Sí, el Grupo Socialista también, pero como es
por orden de presentación, intervendrá después del Grupo Popular.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Buenos días a todos y feliz Navidad.
En primer lugar, quiero hacer llegar a la Mesa y al resto de los
miembros de la Comisión que retiraremos la primera de las propuestas
de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, porque,
como saben, por razones técnicas el plan de ahorro y eficiencia
energética está prácticamente ejecutado en diciembre del 2001. En
aras de instar al Instituto a continuar adoptando las medidas
necesarias para mejorar la gestión, como se ha venido haciendo en los
últimos tiempos desde 1995-1996, cuando se hizo el informe de
fiscalización, presentamos las otras dos propuestas de resolución,
que ayudarán a que esta gestión se haga de una manera más eficaz y en
orden a salvaguardar los intereses públicos.
En cuanto a las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, ya que han decaído las que ha presentado el Grupo Federal
de Izquierda Unida, aceptaremos la que presentan como segunda
propuesta de resolución. A la tercera y a la cuarta hemos presentado
una transaccional que haremos llegar a la Mesa. La tercera quedaría
redactada de la siguiente manera: Instamos al IDAE a continuar la
realización de campañas más amplias y más incisivas para dar a
conocer a ayuntamientos, a industriales y a otros sectores
profesionales los servicios que puedan prestar y las posibilidades
que tienen de colaboración con el Instituto. La cuarta quedaría
redactada como sigue: En el campo de las energías renovables tiene el
Instituto la posibilidad y la obligación de incidir, por esto
instamos al IDAE para que siga considerando, de una manera
prioritaria, intervenir y colaborar en la ampliación y uso de
energías renovables en todos aquellos ámbitos en que sea oportuno,
además del ahorro energético, en mayor respeto al medio ambiente.
Consideramos que esta redacción es más real puesto que, desde esa
fecha en que se ha producido el informe de fiscalización que hoy
debatimos, esas actuaciones ya se están realizando, por lo que es
mejor instar a continuar realizando esas medidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: En primer lugar, en este mismo acto quiero
retirar la primera propuesta de resolución que habíamos presentado.
Aceptamos las enmiendas transaccionales a las propuestas de
resolución tercera y cuarta, cuya redacción ha leído anteriormente la
portavoz del Grupo Popular y mantenemos la segunda propuesta de
resolución.
Nosotros creemos que el IDAE tiene que seguir potenciando y ampliando
los acuerdos con las corporaciones locales. Se puede conseguir un
gran ahorro energético si ponemos en relación esta segunda propuesta
de resolución con la cuarta, en la cual instamos al Instituto a que
incida en el campo de la energías renovables.
Últimamente se ha establecido una buena relación entre el IDAE y la
Federación de Municipios y Provincias, se ha llegado a acuerdos e
incluso se ha redactado y se ha propuesto por parte del IDAE un
modelo de ordenanza municipal para la captación solar de usos
térmicos que puede ser muy efectiva. Insistimos en que se incida en
ese campo.
Por lo demás, señor presidente, respecto a la tercera y la cuarta,
aceptamos las enmiendas transaccionales que se han propuesto.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA Y DE PERCEPTORES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR DICHO FONDO
(VOLÚMENES I, II Y III) (Corresponde al número de expediente 251/
000096/0000 de la VI Legislatura) (Número de expediente del congreso
251/000024 y número de expediente del Senado 771/000007)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
informe de fiscalización especial del Fondo de Investigación
Sanitaria y de perceptores de subvenciones concedidas por dicho
fondo.
Han presentado propuestas el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida -sigo sin ver a su portavoz, y por tanto decae-, el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado tres propuestas de resolución al informe de fiscalización
del Fondo de Investigaciones Sanitarias. En la primera de ellas se
insta al Gobierno a que remita a las Cortes un informe anual sobre el
gasto público en investigación biomédica, con objeto de valorar la
desviación sobre el objetivo del 1 por ciento de los presupuestos,
establecido en el artículo 109, apartado a) de la Ley General de
Sanidad.
Una de las conclusiones más llamativas del informe, dentro del
capítulo dedicado a la planificación de la investigación, es la de
que el Gobierno carece de información elaborada de la cifra del gasto
total en investigación sanitaria en el país. En este momento, hay
varios ministerios invirtiendo en esta materia, el de Sanidad, el de
Educación y el de Ciencia y Tecnología, y dentro de ellos, a su vez,
hay diferentes organismos autónomos que financian proyectos o algún
tipo de actividad en el campo de la biomedicina.
Cuando pedimos que el Gobierno remita información elaborada, queremos
decir que hace falta, en primer lugar, que tal información haga
constar las diferentes fuentes de financiación -Plan nacional de I+D
o Programa marco de la Unión Europea-, que comprenda
los objetivos generales en que se encuadran los proyectos que se
financian, y que mantenga una separación nítida entre los gastos de
asistencia sanitaria y los de investigación, de modo que se puedan
separar ambas cosas, tal como indican las conclusiones del informe.
Esto implica un desarrollo de la contabilidad analítica de los costes
de los Fondos de Investigación Sanitaria que no existe hasta ahora, o
al menos a mí no me consta que exista. Por fin, la información debe
ser fiable; es decir, que debe proceder fundamentalmente de la
liquidación de los presupuestos, que son, en última instancia, los
que nos dicen de forma inequívoca el gasto llevado a cabo en materia
de investigación.
La segunda y la tercera están estrechamente vinculadas, y tienen como
origen la integración del Fondo de Investigación Sanitaria en el
organigrama del Instituto de Salud Carlos III, que procede -como
todos sabemos- del Real Decreto 1415/1994, aunque sus presupuestos se
integraron en el ejercicio de 1997. Para hacer una valoración
correcta de estas dos propuestas de resolución hace falta tener en
cuenta, en primer lugar, el mapa sanitario que se implantará en este
país como consecuencia de la culminación del proceso de
transferencias de las competencias en asistencia sanitaria de la
Seguridad Social a las 10 comunidades que las tienen pendientes. A
partir de ahí, se comprenderá que el Consejo Rector, que es el máximo
órgano del Carlos III, debe tener un carácter mucho más resolutivo
del que tiene en la actualidad.
En este sentido hay una competencia básica que es la que se recoge en
el apartado segundo de nuestra propuesta de resolución número 3, al
objeto de que el consejo rector incluya entre sus competencias la
aprobación de las líneas prioritarias de investigación financiadas
por el Fondo de Investigación Sanitaria. Quien haya leído el Decreto
375 del presente año, que regula las nuevas funciones y el
organigrama del Instituto Carlos III, verá que el consejo rector
tiene competencias para conocer, pero en ningún momento para aprobar,
salvo las que se deriven de la participación en sociedades
mercantiles. Me parece que esta es una competencia básica dentro del
mapa sanitario que se va a poner en funcionamiento a partir de la
conclusión del proceso de transferencias. En el informe que estamos
fiscalizando se hace una clara constancia de que en el Fondo de
Investigación Sanitaria se da en este momento una doble función; por
una parte es un organismo planificador, gestor y controlador de la
investigación externa pero, al mismo tiempo, se autoconcede ayuda y
sería bastante conveniente que se profundizase en la separación de
ambas competencias. Eso exigiría, en nuestra opinión, que las
comisiones técnicas sigan siendo nombradas por el director, toda vez
que esto resultaría mucho más operativo, pero deberían ser los
consejos científicos los que asumieran una mayor competencia en la
supervisión de las funciones de las comisiones técnicas, que están
llenas de errores como claramente
se pone de manifiesto en las conclusiones 2.8, 4.2, 4.13 y en la 4.14
y que, por razones de tiempo, no considero oportuno leer.
Estamos, por tanto, ante dos propuestas de resolución que están
íntimamente unidas; en última instancia, pretenden llevar a cabo una
reforma que permita que las conclusiones y las recomendaciones que el
informe de fiscalización nos propone se lleven a efecto, por
consiguiente, que no seamos reiterativos con las conclusiones sino
operativos y pongamos en marcha algunas soluciones que puedan superar
los problemas y las deficiencias que se han observado.
Estas propuestas no son onerosas y, por tanto, su ejecución es
simplemente una cuestión de voluntad política.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, la
señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ LÓPEZ: El Grupo Popular ha presentado cuatro
enmiendas y, aunque se están teniendo en cuenta nuestras propuestas
en la mayoría de los casos, creemos que hay que insistir en su
desarrollo y cumplimiento y, por ello, mantenemos las cuatro. La
primera insta al Gobierno a continuar profundizando e impulsando el
desarrollo de unas políticas de investigación en biomedicina y
ciencias de la salud para todo el Sistema Nacional de Salud
determinando las prioridades en las líneas de investigación. También
se insta al Gobierno a continuar impulsando medidas para completar
los remanentes que existan tras la finalización de las actividades de
investigación subvencionadas. En otro sentido, se insta al Gobierno a
que continúe garantizando el control interno de gestión y a
proporcionar objetividad y equidad en el reparto de las subvenciones.
En la última, se insta al Gobierno a continuar impulsando las medidas
para asegurar un control eficaz de la valoración, seguimiento y
resultados científicos de los proyectos financiados.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
aceptamos la número 2; no obstante, queremos recalcar que hay que
completar esta información con la inversión que en biomedicina y
ciencias de la salud realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Aceptamos, asimismo, la número 3 resaltando, de igual modo, que se
está trabajando en modificar la normativa correspondiente. La número
4 no se puede aceptar dado que las líneas de investigación
financiadas con cargo al CIS están incluidas dentro del plan nacional
y corresponde a la comisión interministerial de Ciencia y Tecnología
su propuesta y, en último caso, al Consejo de Ministros su
aprobación. No obstante lo anterior, el Instituto de salud Carlos III
informa a su consejo rector de las líneas de investigación
prioritarias que se propone financiar y recoge las propuestas por él
realizadas.
Entiendo que las enmiendas presentadas por CiU también decaen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: El portavoz del Grupo Catalán (Convergencia
y Unió) me pidió que, en su nombre, las diéramos por defendidas. No
decaen.
El señor PRESIDENTE: Se mantienen y se dan por defendidas. Puede
manifestarse usted, señora Rodríguez, respecto de las enmiendas del
Grupo Catalán.
La señora RODRÍGUEZ LÓPEZ: Las números 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18 y 19 ya están en proceso de realización. La número 13 no la
aceptamos porque el Instituto de Salud Carlos III es un órgano de
apoyo científico-técnico de todo el Sistema Nacional de Salud y la
investigación financiada por el FIS se proyecta a todas las
comunidades autónomas primando los criterios de calidad científica y
resaltando que Cataluña tiene una media histórica, por convocatoria
de fondos concedidos, de un 30,8 por ciento del total de fondos
disponibles.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE EXTINCIÓN EN
1997 DEL CONTRATO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA COMPAÑÍA
TRANSMEDITERRÁNEA S. A. (Corresponde al número de expediente 251/
000101 de la VI Legislatura.) (Número de expediente del Congreso 251/
000029.) (Número de expediente del Senado 771/000011.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto tercero del
orden del día, informe de fiscalización de los efectos económicos de
la extinción en 1997 del contrato regulador de los servicios de
comunicaciones marítimas de interés nacional, suscrito entre el
Estado y la Compañía Transmediterránea S.A., que no tiene ninguna
propuesta de resolución.
- INFORME ANUAL, EJERCICIO DE 1998, RELATIVO A LOS SECTORES PÚBLICOS
AUTONÓMICO Y LOCAL. (Número de expediente del Congreso 250/000009.)
(Número de expediente del Senado 770/000008.)
El señor PRESIDENTE: En ese caso pasamos al punto cuarto, informe
anual del ejercicio de 1998 relativo a los sectores públicos
autonómico y local.
Las enmiendas de Izquierda Unida decaen al no ser defendidas. Se
mantienen las del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa
tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muy brevemente para fijar la posición de
nuestro grupo parlamentario con relación a la propuesta de resolución
que hemos presentado, así como a las propuestas de resolución que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una única propuesta
de resolución, en la línea de la intervención que ya hice en la
anterior sesión de la Comisión, donde solicitamos que el Tribunal de
Cuentas elabore un informe comparativo de la situación, no solamente
de los expedientes que analiza el propio Tribunal de Cuenteas, sino
de aquellas comunidades autónomas que tienen su propio órgano de
control externo, con una idea fundamental, que esta Comisión tenga
una visión global sobre la situación y el desarrollo de las cuentas
públicas en las diferentes comunidades autónomas. Ese es el motivo
por el que hemos presentado esta resolución, que va en la línea de lo
manifestado por el propio presidente del Tribunal en esa misma
reunión.
En cuanto a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Popular, vamos a apoyar las cinco primeras, las números 6, 7, 8, 9,
10 y 11 y nos abstendremos en la número 12.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Voy a ser muy breve.
Respecto a las propuestas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, en las dos primeras reiteramos al Tribunal de Cuentas que
cumpla lo solicitado en mociones del 8 de noviembre de 2000 y del 22
de mayo de 2001, referidas tanto a las corporaciones locales, como a
las comunidades autónomas, con una serie de detalles.
En cuanto a la número 3, solicitamos también del Tribunal de Cuentas
un informe que examine el cumplimiento de las principales normas
estatales referentes a la actividad económico-financiera de las
comunidades autónomas, y lo mismo en la número 4, pero referido a las
haciendas locales, en función de los diversos tipos de corporaciones
y tramos de población, como hemos venido solicitando en esta Comisión
Mixta en resoluciones relativas a los informes anuales del sector
local de los últimos ejercicios.
La número 5, que es la número 10 de las generales, solicita del
Tribunal de Cuentas la remisión de informes de fiscalización de la
gestión de los principales servicios públicos descentralizados, tanto
en el sector público autonómico como en el local.
Las números 6 y 11 de numeración general solicitan del Tribunal de
Cuentas la remisión a esta Comisión de informes de fiscalización de
la gestión económicofinanciera de las sociedades mercantiles, tanto
en el sector público autonómico como en el local.
En la séptima solicitamos del Tribunal de Cuentas que remita a las
Cámaras una fiscalización de la organización de la actividad
económico-financiera y de la gestión del conjunto de las
universidades públicas, en el marco de la normativa vigente y de los
principios de eficiencia y economía para la prestación del servicio
público de la educación superior que les corresponde. Estas son
nuestras propuestas.
Por lo que respecta a la propuesta de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista, la aceptamos en sus propios términos y
sobre las de Izquierda Unida, como no han sido defendidas, decaen y
por tanto no tenemos nada que manifestar.
El señor PRESIDENTE: Señorías, debatidos los puntos correspondientes
a las propuestas de resolución, vamos a proceder a las votaciones.
Comenzamos con las votaciones del informe de fiscalización del
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular números 3 y
4.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, la transaccional presentada por el Grupo
Popular a la número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la transaccional que se ha presentado a la número 8 del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de las propuestas de resolución del informe de
fiscalización del Fondo de Investigación Sanitaria.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos,
en primer lugar, las números 2 y 3.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular números 5,
6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, pasamos a la votación de las propuestas de resolución que
se han presentado al informe anual del ejercicio 1998, relativo a los
sectores públicos, autonómico y local.
Votamos, en primer lugar, la propuesta número 5 presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas de resolución números 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 12, del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Tengo la sensación de que, en cuanto al
Instituto de investigación sanitaria, la propuesta número 3 no se ha
votado. ¿Se ha votado por mayoría que no?
El señor PRESIDENTE: La 2 y la 3 han sido votadas favorablemente de
forma conjunta porque el portavoz del Grupo Popular manifestó que
votarían a favor de la 2 y la 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitaría a la portavoz del Grupo Popular, señora Rodríguez, que
hiciera llegar a la mesa las transaccionales que hemos aprobado,
presentadas a las propuestas de resolución del Grupo Socialista.
Señorías, vamos a levantar la sesión por espacio de dos minutos para
recibir al presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR
SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES, EJERCICIO 1996 (Corresponde al número de
expediente 251/000102/0000 de la VI Legislatura). (Número de
expediente Congreso, 251/000030 y número Senado, 771/000012)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos los trabajos de esta
Comisión.
Damos la bienvenida, una vez más, al presidente del Tribunal de
Cuentas, que comparece hoy para dar cuenta de cuatro informes. Sin
más dilación, vamos a comenzar con el punto 5.º del orden del día
relativo al informe de la fiscalización del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del ejercicio de 1996,
para lo cual tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Buenos
días y muchas gracias, señor presidente.
El informe de fiscalización del Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, ejercicio 1996, se aprobó por el pleno en
diciembre de 1999. Sus principales resultados son los siguientes. El
organismo no registra en su cuenta el valor de los bienes muebles
adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1987 y de los
incorporados del organismo autónomo de la Filmoteca española. Por
otra parte, mantiene como saldo en inmovilizaciones inmateriales, 509
millones de pesetas en concepto de derechos de explotación de 28
películas cinematográficas, cuando dicho saldo debería ser nulo al
cierre del ejercicio 1996 al estar vencido en algunas de ellas el
plazo de cesión y haberse cedido gratuitamente en las restantes la
gestión de los derechos de explotación. En las ayudas otorgadas por
el instituto para la amortización de largometrajes, el hecho de que
no esté regulada adecuadamente la forma de hacer compatible la
cuantía de dichas ayudas con las limitaciones de las disponibilidades
crediticias del instituto origina que este reconozca el derecho a su
percepción a todos los solicitantes que reúnen el resto de las
condiciones requeridas, con independencia de la existencia o no de
crédito, traspasando a ejercicios posteriores los importes que no
pueden ser atendidos con los créditos disponibles. El Tribunal
recomienda que se realicen los cambios normativos oportunos, para que
no se produzcan los desajustes entre ayudas a la amortización de los
largometrajes y disponibilidades crediticias del instituto.
Con posterioridad a la aprobación de este informe, la Ley 55/1999, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, incorporó una
disposición transitoria a la Ley 17/1994, de Promoción y Fomento de
la Cinematografía, en la que se consagró para el año 2000 el derecho
de todos los productores de películas españolas de largometraje
estrenadas comercialmente en España hasta el 31 de diciembre de dicho
año a percibir las ayudas a la amortización, y se estableció que en
caso necesario a partir del año 2001 el Gobierno podría limitar los
porcentajes de ayuda establecidos. Con respecto al control interno,
se observan deficiencias en el control de los ingresos gestionados
por la Filmoteca española de las subvenciones concedidas y del
inventario del inmovilizado. A diferencia de lo que sucede con los
museos de titularidad estatal y de las bibliotecas públicas, no
existe un reglamento que regule entre otros aspectos los registros
que ha de llevar el instituto para el control de sus fondos fílmicos,
situación ya puesta de manifiesto en el informe de fiscalización de
la Filmoteca Nacional, ejercicios 1979 a 1983. Las deficiencias de
registro observadas y la falta de espacio para el almacenamiento
determinan que parte de los fondos fílmicos no visionados se
encuentren sin ordenar y apilados, lo que ha impedido la realización
de pruebas de comprobación de la existencia física de los materiales
no visionados. La Filmoteca española ha venido admitiendo todos los
materiales ofrecidos en depósito con lo que cerca de la mitad de los
fondos fílmicos en custodia corresponde a depósitos de terceros, que
por falta de medios personales y materiales en una parte importante
se encuentran sin visionar. El Tribunal recomienda la elaboración de
un reglamento y su desarrollo mediante normas internas que aborden el
tratamiento y el control de los fondos y que se dote al instituto de
los medios personales y materiales necesarios para su gestión
eficiente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para fijar la
posición en torno al informe de fiscalización del Instituto del Cine
y las Artes Audiovisuales. El informe de fiscalización se estructura
en diversos apartados, objeto de análisis por el Tribunal y genera
unas conclusiones específicas, según la división sistemática
realizada por el propio Tribunal en la fiscalización. Así se
distingue entre el análisis de la representatividad de las cuentas
anuales del organismo y los sistemas de control interno y el
cumplimiento de la legalidad en el desarrollo de la actividad que
corresponde al Instituto del Cine. Respecto al primer aspecto objeto
de fiscalización, cabe señalar que en términos generales, según
manifiesta el propio Tribunal, se constata que las cuentas anuales
son representativas de la situación financiera y patrimonial de la
sociedad a fecha 31 de diciembre de 1996, con expresa mención -esto
es cierto- de algunas salvedades apreciadas por el Tribunal en el
informe, que hacen referencia a la incorrecta determinación en el
inmovilizado inmaterial particularmente, al no haber dado de baja en
tiempo a un deudor que devino insolvente con consecuencias en las
cuentas de patrimonio y, por último, en lo relativo a la falta de
registro de la anulación de derechos correspondientes a las
cantidades aplazadas con vencimiento en los ejercicios 1997 y 1998
con una resolución de aplazamiento de pago dictada en el ejercicio
1996.
Desde nuestro punto de vista hay un cumplimiento formal por parte del
Instituto del Cine -y de ello queremos dejar constancia- de la
normativa contable aplicable emanada del Plan general de contabilidad
pública, y que se reconoce públicamente en el informe de
fiscalización. Aún así podemos compartir que las salvedades señaladas
por el Tribunal en este cumplimiento global de la normativa contable
debieron ser objeto de corrección, sin que en todo caso quepa aplicar
una calificación severa al proceso de rendición de cuentas anuales
analizado. En cuanto a los sistemas de control interno y cumplimiento
de legalidad se han apreciado deficiencias que se ciñen
exclusivamente a la ausencia de nombramiento de cajeros pagadores, a
la falta de supervisión por el subsecretario del departamento en las
subvenciones en los casos en que correspondía su dictamen y a la
ausencia de claridad o concreción en la negociación de las
obligaciones recíprocas que suscribe el organismo con alguna entidad
financiera para la creación de un fondo de garantía complementaria.
También se señala como deficiencia más notable en la concesión de
subvenciones para la producción de largometrajes la inexistencia de
un control presupuestario sobre la disponibilidad de crédito del
instituto, aunque en la práctica esta situación quizá está influida
por lo loable del objetivo, que es fomentar el apoyo a los nuevos
realizadores, tal y como se establece no sólo en el informe sino
también en las alegaciones al mismo. Quizá lo deseable sería que
hubiera una mayor disciplina presupuestaria en cuanto a la
disponibilidad en la concesión de las ayudas a estos nuevos
realizadores
generalmente en la producción de largometrajes. En la práctica se ha
estado concediendo las subvenciones siempre que se ha cumplido con
los criterios establecidos para su concesión. Probablemente aquí
entra en juego la necesidad de establecer una mayor disciplina
presupuestaria.
Por último, en referencia a los sistemas de control de fondos
bibliográficos fílmicos, museo del cine y fototeca, así como a la
política de adquisiciones, depósitos y restauraciones se pone de
manifiesto la inexistencia de un reglamento interno que regule estas
cuestiones; algo que también sería deseable puesto que estamos
hablando de un material sujeto al deterioro con el paso del tiempo;
por tanto, debería tener una normativa clara igual que aquellas por
las que se rigen el resto de instituciones similares de archivo y
conservación de documentos que por su valor histórico o documental
deben ser objeto de protección. Eso está fuera de toda duda. Se
destaca que hay deficiencias en el almacenamiento de los fondos
fílmicos y en el registro de los mismos. Considero que es necesario
volver al cuerpo de las alegaciones formuladas por los responsables
del instituto durante el período objeto de fiscalización, las cuales
se ciñen una y otra vez a la falta de personal y a la falta de
medios, al igual que a la necesidad de establecer mecanismos de
almacenamiento en formatos más simples y más acordes con el momento
actual dado, que la mayor parte de los materiales por el formato en
el que se conservan en el instituto ofrecen mayores dificultades para
su almacenamiento.
Por último, sería deseable que en el futuro, dado que se desprende en
las alegaciones del responsable del segundo y tercer trimestre de
1996 en el servicio del Instituto del cine, se mejorara este aspecto,
reiterando una vez más la necesidad de enfocar los materiales que se
encuentran en el Instituto de la cinematografía desde el punto de
vista de su conservación como documento histórico, como documento
cultural. Por tanto, sería deseable avanzar en esa línea.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Tortosa Ruiz.
El señor TORTOSA RUIZ: Me gustaría empezar la valoración del informe
de fiscalización haciendo mención a una serie de características de
la propia institución fiscalizada. El Instituto de Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales es un organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Educación y Cultura, cuyos principales objetivos son la
difusión de la producción cinematográfica y del material audiovisual
español, la investigación, la recuperación y la conservación del
patrimonio cinematográfico, así como la realización de las
actividades encaminadas a acercar la cultura cinematográfica a los
ciudadanos. Sus fondos recogen retazos e imágenes de nuestra propia
historia y forman
parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. En gran parte de
los casos se trata de piezas únicas, cuyo extravío o deterioro
constituirían en sí mismos una pérdida irreparable. Me permito hacer
esta observación a SS.SS. -innecesaria por otra parte- para que todos
seamos aún más conscientes, si cabe, de la necesidad de que esta
institución, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, sea gestionada y administrada de forma eficaz y
diligente y así poder alcanzar sus objetivos en el mayor grado
posible. No le cabe la menor duda a este diputado que el informe de
fiscalización que nos ocupa, por riguroso, profundo y exhaustivo, ha
conseguido detectar e identificar las deficiencias y carencias
fundamentales de su gestión y ha constituido una herramienta de
trabajo útil y determinante para que su actual dirección arbitre las
medidas correctoras necesarias. Sin duda, el informe de fiscalización
realizado supone un nuevo punto de partida para el instituto y marca
un antes y un después en la gestión y administración del organismo
que le permitirá un mayor éxito en la consecución de sus objetivos.
Por todo ello y por el trabajo realizado le doy mi más sincera
felicitación al señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Entrando ya más de lleno en la valoración de lo que es la
fiscalización del organismo, podemos dividir el informe fiscalizador
en dos grandes apartados. El primero sería la auditoría financiera,
la cual, del examen de las cuentas anuales, pone de manifiesto
diversas deficiencias observadas y su efecto sobre la
representatividad de los estados financieros que integran dichas
cuentas. Estas deficiencias suponen incumplimientos e
interpretaciones erróneas de la normativa contable que afectan
básicamente a las cuentas de inmovilizado, de deudores y de
patrimonio y a los derechos reconocidos en el presupuesto de
ingresos. Además el órgano fiscalizado detecta incumplimientos de la
legalidad y fallos en el sistema de control interno en lo relativo a
ingresos, tesorería, gestión de las subvenciones y vicios en la
contratación administrativa, apuntando como causa directa de estos
defectos la falta de una normativa que regule de forma adecuada estos
conceptos en la fecha de la fiscalización.
A pesar de las salvedades aquí reseñadas, el Tribunal de Cuentas
concluye que las cuentas anuales del organismo fiscalizado a 31 de
diciembre de 1996 expresan adecuadamente su situación financiera y
patrimonial, y hace dos recomendaciones expresas referidas a este
apartado. En la primera de las recomendaciones recoge la necesidad de
que en los convenios que firme el organismo en el futuro para el
establecimiento de la línea de financiación para la producción
cinematográfica se seleccionase la entidad financiera a través de
concurso. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas recomienda la
necesidad de realizar los cambios normativos oportunos para que no se
produzcan desajustes entre las disponibilidades crediticias y los
compromisos adquiridos por ayuda a la amortización de películas de
cada ejercicio. En este mismo sentido, con el ánimo de enriquecer y
actualizar, si es que es posible, el informe de fiscalización llevado
a cabo para el ejercicio de 1996, la Dirección General del Instituto
de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ha seguido
escrupulosamente estas recomendaciones y se ha adaptado a la nueva
legislación vigente, que son el Real Decreto 81/1997, de 24 de enero,
el Real Decreto 10/1999, de 27 de junio y, fundamentalmente, la Ley
15/2001, de 9 de julio, en la que se estipula, por ejemplo -haciendo
referencia a una de las recomendaciones del propio Tribunal-, que los
convenios que ha de firmar el organismo lo hará directamente con el
ICO y nunca con entidades privadas. De la misma manera, se ha
procedido a corregir las deficiencias contables detectadas por el
Tribunal de Cuentas en su informe fiscalizador adaptándose a la
normativa contable contenida en el Plan general de contabilidad
pública e instrucción de la contabilidad de la administración
institucional del Estado, así como a la implantación de una nueva
aplicación informática más moderna y eficaz.
En el segundo gran apartado, la evaluación de los sistemas de control
y seguridad de los fondos fílmicos que el Tribunal ha realizado, nos
ponen al descubierto una situación un tanto caótica y cuando menos
preocupante de las condiciones en las que se encuentran los
materiales pertenecientes a la Filmoteca española, museo de cine,
fototeca y fondos bibliográficos. La falta de espacio, dotación
económica y de medios han conducido a esta situación. Se detectan
deficiencias en el registro de los materiales, pues existe material
mal registrado y material sin registrar, disfunciones y
contradicciones en el registro manual y la base de datos,
deficiencias en el almacenaje de los materiales que ponen en riego su
integridad y deficiencias en el registro de movimientos de
materiales, ausencia de inventarios periódicos y un largo etcétera.
El apartado séptimo del informe de fiscalización el Tribunal de
Cuentas establece una serie de conclusiones de las que podíamos
destacar dos en concreto. Se pone de manifiesto la carencia de un
reglamento interno que regule los registros, las salidas de material
y la falta de espacio para almacenar el material en condiciones
idóneas. Según estas conclusiones, el propio Tribunal hace dos
recomendaciones como son la elaboración de un reglamento en el que se
contemple con detalle el tratamiento administrativo y técnico de los
fondos y la dotación al instituto de los medios materiales y
personales necesarios. En el mismo informe de fiscalización se señala
que ha habido una mejora sustancial respecto a la actuación
fiscalizadora relativa a los ejercicios 1979-1983 para esta misma
institución, pero que ha sido insuficiente a tenor del resultado del
presente informe. La administración actual, haciendo suyas las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas, tomó una serie de medidas
que paso a resumir a SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, por favor.
El señor TORTOSA RUIZ: Voy terminando, señor presidente.
Se procedió a elaborar un reglamento pionero puesto que la Filmoteca
Nacional no lo tiene, con lo que el tratamiento administrativo y
técnico de los fondos ha mejorado sustancialmente; se tomó la
decisión de rehabilitar el Palacio de Perales, con una superficie
aproximada de 7.000 metros cuadrados, como sede definitiva de la
Filmoteca Nacional y actualmente se está realizando el traslado a
este edificio, cuya inauguración está prevista para marzo de 2002;
igualmente el edificio proyectado para la Ciudad de la Imagen se
mantiene como centro de conservación de negativos y obras de nuevas
tecnologías y de restauración, se ha realizado el proyecto y está
previsto el año próximo la celebración del concurso. Consciente de la
falta de dotación presupuestaria, desde 1996 hasta el ejercicio
actual ha crecido alrededor del 20 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Tribunal de Cuentas ¿quiere
añadir algo?
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muy poco
puesto que todas las intervenciones han coincidido en lo que es el
informe. Hay unas deficiencias de control, hay una falta de espacio y
de medios; no obstante, las cuentas reflejan la imagen fiel,
naturalmente con salvedades, y lo más destacable es la recomendación
sobre los cambios normativos del informe.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE METEOROLOGÍA EN EL PERÍODO 1995-1996 (Corresponde al
número de expediente 251/000103 de la VI Legislatura) (Número de
expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000013.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día: Informe
de fiscalización de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología en el período 1995-1996.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En la
fiscalización realizada de la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología en el período 1995-1996, aprobada por el
pleno de diciembre de 1999, se ha puesto de manifiesto lo siguiente.
La limitación encontrada de carecer de un presupuesto por objetivos
ha impedido analizar el grado de cumplimiento del programa
presupuestario en meteorología, y la inexistencia de un inventario
detallado
y valorado de los elementos del inmovilizado y de información
alternativa suficiente han impedido determinar su valor. En
consecuencia, el instituto no podía conocer el coste unitario de los
servicios que prestaba ni determinar con exactitud el precio de los
productos y servicios que ofrecía. Aunque la Orden del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, de 10 de diciembre de 1990,
fijó por primera vez los precios por el suministro de información
meteorológica a los medios de comunicación social, el instituto
continuó prestando este servicio de forma gratuita. (El señor
vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.) La Orden de
1995, que sustituyó a la anterior, fijó como objetivo recuperar a
través del precio un porcentaje de los costes correspondientes, pero
estableció precios muy bajos, aduciendo el instituto razones de
interés público. El Tribunal no estima admisible este argumento y
señala que puede atenderse a dichas razones diferenciadas, según las
normas por destinatarios y no reduciendo de forma generalizada todos
los precios. Por otra parte, se ha constatado que con determinados
medios de comunicación social no se había firmado contrato alguno
regulador del suministro de información meteorológica para su
difusión al público, situación discriminatoria respecto de otros
medios con los que se suscribió el pertinente contrato y que además
supone el incumplimiento de lo dispuesto en la orden ministerial de
1995. A requerimiento del Tribunal el instituto se ha dirigido a los
medios con los que no existía contrato, instando al pago de las
cantidades pendientes y advirtiendo de la interrupción del plazo de
prescripción de las deudas.
En tesorería la cuenta que registraba las operaciones derivadas del
contrato suscrito por la Organización Meteorológica Mundial no ha
podido ser fiscalizada al no disponer del registro auxiliar ni de la
totalidad de los extractos bancarios del ejercicio 1995, así como de
los justificantes de los pagos realizados con cargo a la misma. El
interventor general del Estado remitió en 1998 a la sección de
enjuiciamiento del Tribunal el resultado de la inspección monográfica
realizada por la Inspección general de servicios de Medio Ambiente
sobre la citada cuenta. La sección de enjuiciamiento, a la vista de
la documentación recibida, dictó auto de inicio de procedimiento
jurisdiccional de reintegro por alcance. El Tribunal recomienda al
instituto fortalecer el control interno y establecer una adecuada
presupuestación por objetivos y al Ministerio de Medio Ambiente
replantear el tratamiento contable, económico, legal y contractual de
los ingresos que obtiene el instituto.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmedrail): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: No creemos necesariopedir ninguna aclaración
al señor presidente del
Tribunal de Cuentas, porque está todo bastante claro, pero sí
queríamos destacar algunas de estas deficiencias que aparecen en el
informe de fiscalización del Instituto Nacional de Meteorología, las
más llamativas por lo menos, y todo ello con mucha brevedad. Como ha
dicho muy bien el señor presidente del Tribunal de Cuentas, existe la
falta de un inventario de los bienes utilizados; el inadecuado
control de los inmuebles -de 36 de los que utilizan se desconoce su
estado, no se sabe si son propiedad del instituto o son alquilados,
no hay documentación alguna sobre ello, y esto representa un 26 por
ciento de los utilizados-; alguna cuenta bancaria de recaudación sin
conciliaciones periódicas y cuyo saldo no se refleja en el estado de
situación de la tesorería; deficiencias en la imputación de gastos al
analizar la ejecución presupuestaria, incumpliendo el artículo 63 del
texto refundido de la Ley general presupuestaria; pagos efectuados
con muchísimo retraso, generando intereses en contra, en un caso de
28 millones y en otro de 16 millones de pesetas de la cuota que
debería pagarse en su momento al Eumetsat; viviendas utilizadas por
el personal del instituto sin que hubiese norma alguna que regulara
esta utilización, alguna de ellas utilizada por personal jubilado al
que hubo que desahuciar de la vivienda; pago de alquileres que
podíamos calificar de desorbitados, concretamente en las
instalaciones de Zaragoza, puesto que desde 1991 hasta 1997 estaban
pagando la cantidad de 1.633 pesetas por metro cuadrado y en 1997 se
rebajaron a 1.150, lo que indica que si unos años después hubo una
rebaja tan importante esa cuota pagada en 1991 era altísima;
servicios prestados, como ha dicho muy bien el señor presidente del
Tribunal de Cuentas, de forma gratuita, a pesar de haber establecido
los precios correspondientes, y con el agravante que resaltamos
también de que a algunos medios sí se les facturaba y a otros no. No
queremos entrar a hablar de las deficiencias en el área informática,
que son muy graves y que son incomprensibles en un organismo que debe
basar forzosamente todo su trabajo, toda su actividad, en una
inmejorable gestión informática. Todo esto, que no es más que una
repetición de lo que ha expuesto el señor presidente del Tribunal de
Cuentas, lo decimos porque suponemos que los responsables actuales
del instituto estarán pendientes del trámite en Comisión de este
informe y queremos que conozcan nuestra preocupación por estas
deficiencias, cuando es un trabajo de tantísima difusión pública y
con una proyección tan importante para lo que supone la seguridad
tanto en la navegación aérea como marítima.
Nosotros creemos que el trabajo del Instituto es bueno, aciertan,
tiene credibilidad, pero deben mantenerla y cuidarla corrigiendo
todos estos detalles, todas estas deficiencias que aparecen en el
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea Pabón.
El señor ALBENDEA PABÓN: No voy a ser reiterativo, el presidente del
Tribunal de Cuentas ha resumido el informe con mucha claridad y el
portavoz socialista también se ha hecho eco. Es evidente que hay una
ausencia de control interno y no sé si se habrá corregido, pero, si
no, sin duda alguna habrá que corregirla. En cuanto a la auditoría de
los gastos, también se ha revelado una serie de deficiencias grandes,
en los ingresos lo mismo. En tesorería llama la atención que incluso
las cuentas bancarias no se reflejen siquiera en el estado de la
situación de tesorería. Por lo que se refiere a la informática
suponemos que desde 1995 habrá habido una mejora sustancial en cuanto
a la dotación de medios y a la formación y calidad de los equipos
informáticos.
Como el Tribunal en su informe hace una serie de recomendaciones que
ponen de relieve la necesidad de una mejora sustancial en cuanto a
todas estas disfunciones que se reflejan en el informe, en las
propuestas de resolución que formulemos para la próxima Comisión
quedarán reflejadas esas recomendaciones del Tribunal.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Veo que
no hay observaciones y que coinciden los portavoces en las
deficiencias de funcionamiento del control interno, en la falta de
esa contabilidad analítica sin la cual no se puede facturar con rigor
y determinar los precios, y también en la necesidad de que se regulen
contractualmente las prestaciones de todos los servicios a los
grandes clientes y que se mejore la gestión informática.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, EJERCICIO 1997
(Corresponde al número de expediente 251/000104/0000 de la VI
Legislatura) (Número de expediente del Congreso 251/000032 y número
de expediente del Senado 771/000014)
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Pasamos al punto séptimo
del orden del día: informe de fiscalización de la Biblioteca
Nacional, ejercicio 1997.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El
Tribunal, en el informe de fiscalización de la actividad económico-
financiera del organismo autónomo Biblioteca Nacional,
ejercicio 1997, aprobado en enero de 2000, destaca lo siguiente. Las
comprobaciones realizadas sobre las cuentas anuales de la Biblioteca
Nacional en dicho ejercicio permiten concluir que representan
adecuadamente su patrimonio, situación financiera y resultados, salvo
por las siguientes limitaciones y salvedades: el organismo no dispone
de inventarios de todos los elementos que integran la cuenta de
«Inmovilizado material», ni se reflejan en contabilidad las bajas
producidas. En la cuenta «Otro inmovilizado material», destinada al
registro de los fondos bibliográficos, no se reflejan los fondos
preexistentes anteriores a 1991, ni los recibidos a título gratuito
sobre los que no existe un control contable propiamente dicho. Los
fondos bibliográficos que forman parte de los bienes del patrimonio
histórico, artístico y cultural se registran contablemente con las
restantes adquisiciones de lotes bibliográficos en la cuenta de «Otro
inmovilizado material» y se les aplica una amortización que no
corresponde a los fondos de patrimonio bibliográfico. En el saldo de
tesorería no se reflejan los importes de todas las cuentas corrientes
que el organismo mantiene abiertas en instituciones bancarias. Por
otra parte, se ha comprobado que no existe un seguimiento de los
objetivos incluidos en el presupuesto por programas, lo que demuestra
la escasa eficacia de dicha presupuestación en la Biblioteca
Nacional.
En relación con la distribución y venta de publicaciones, la
Biblioteca suscribió en 1994 un contrato con una sociedad anónima
para, a continuación, autorizar la cesión del mismo a favor de otra
empresa distribuidora. Como consecuencia del deficiente control
interno sobre las entregas de fondos bibliográficos a la empresa
distribuidora y a las posteriores liquidaciones, existía una deuda
pendiente de esta sociedad con la Biblioteca Nacional, no
contabilizada a 31 de diciembre de 1997, que alcanzaba al menos la
cantidad de 20 millones de pesetas.
El informe aborda también la situación de catalogación informatizada
de los fondos bibliográficos (sistema Ariadna), destacando el
desequilibrio existente entre el volumen de ingresos de dichos fondos
y el personal disponible para la ejecución de las tareas de
catalogación. La magnitud media de desfase entre los títulos
ingresados y títulos catalogados es de 41.000 al año, lo que supone
aproximadamente un 49 por ciento del número de los títulos ingresados
anualmente.
En lo que se refiere al control de los fondos, el tratamiento que
debería aplicarse a la Biblioteca Nacional en materia de registros y
recuentos, es el dispuesto en el reglamento de bibliotecas públicas
del Estado del sistema español de bibliotecas, aprobado por Real
Decreto 582/1989, de 22 de mayo. El Tribunal ha constatado el
incumplimiento del artículo 7 del citado reglamento en lo que se
refiere al recuento total y periódico de los fondos y recomienda la
elaboración de una norma específica para la Biblioteca Nacional que
atienda
al carácter singular de esta organización, que tiene más de 11
millones de piezas en sus depósitos. El Tribunal, dadas las
especiales características de los millones de piezas que integran los
fondos del organismo y la dificultad de su valoración, ha señalado
asimismo la conveniencia de que la Intervención General de la
Administración del Estado apruebe una adaptación del plan al caso de
la Biblioteca Nacional y al de las bibliotecas del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa Campí.
La señora COSTA CAMPÍ: Bienvenido, señor presidente del Tribunal de
Cuentas.
Nos satisface decir, en primer lugar, que nos encontramos con un
informe que realiza una exposición detallada y rigurosa de la
situación económica y contable del organismo que analizamos. Es un
documento de buen nivel, que ha sido muy útil para el trabajo
parlamentario de control. Antes de entrar en el contenido del
informe, quiero señalar que somos conscientes de que la gestión de
las instituciones culturales sufren las consecuencias negativas
derivadas de los escasos fondos públicos que reciben y del frecuente
desconocimiento de sus gestores de la legislación contable y
administrativa. Sin embargo, estos aspectos deben ser subsanados y,
con los responsables especializados en cuestiones culturales, deben
colaborar expertos en gestión contable y administrativa, a fin de
evitar los desórdenes que pone de manifiesto el informe.
Señor presidente, yo le voy a formular bastantes preguntas. Comprendo
que no será posible que las responda en la sesión, dado que no creo
que disponga de toda la información detallada, pero le solicito
formalmente que, las preguntas que no pueda contestar aquí, las
responda por escrito en un plazo razonable para que podamos formular
en su momento las propuestas de resolución.
Las cuentas de la Biblioteca Nacional del ejercicio 1997 presentan
grandes irregularidades que llegan a afectar, como dice el informe, a
su función principal: la de controlar sus fondos bibliográficos. La
gestión realizada incumple ampliamente el Plan general de
contabilidad pública y la Ley de Contratos del Estado, y abre
interrogantes sobre el control de los fondos públicos y sobre la
correcta realización de las actividades que le son propias. Las
salvedades apreciadas por el Tribunal de Cuentas en su informe
constituyen el contenido central de este y podrían apuntar a la
exigencia de responsabilidades a quien o quienes permitieron que se
llegara en 1997 al desorden en los procedimientos contables
y administrativos al que se llegó en la Biblioteca Nacional.
Me voy a referir a los tres aspectos que he señalado;en primer lugar,
a la no aplicación del Plan de contabilidad
pública. La Biblioteca Nacional no conoce los elementos que integran
la cuenta de su inmovilizado material, tal como ha recordado el señor
presidente del Tribunal de Cuentas en su presentación, al no
contabilizarse las bajas ni el precio de adquisición de cada bien.
Igualmente se detecta que no se registran las adquisiciones menores,
y aquellos departamentos que han procedido a ello por propia
iniciativa -por ejemplo, el de informática- lo hacen dos veces y con
números identificativos distintos. Tampoco se realizan recuentos de
bienes, o estos se contabilizan en partidas equivocadas. El Tribunal
afirma que el sistema de control contable de los bienes
inventariables -cito textualmente- es inoperante. Le pregunto, señor
presidente: ¿sabe el Tribunal de Cuentas si la Biblioteca Nacional,
siguiendo las recomendaciones que se dan en el informe, está
aplicando ya el Plan general de contabilidad, rectificando de ese
modo las prácticas que refleja el documento que ha elaborado el
Tribunal?
Tampoco se registran los fondos bibliográficos que recibe el
organismo como regalo pero que, indiscutiblemente, pasan a formar
parte de los fondos bibliográficos de nuestra Biblioteca Nacional; de
este modo, los fondos no se incorporan al balance al desconocerse su
valor contable y, en un extremo de desidia, no se apunta ni siquiera
su procedencia. A esto se suma un sinfín de errores, algunos tan
llamativos -me van a permitir entrar en algún comentario relacionado
con el humor- que son surrealistas, como el de las amortizaciones de
los fondos bibliográficos. Yo me preguntaba cuando leía el informe
¿qué hacen cuando amortizan todos los fondos bibliográficos?
¿Persiguen los contables a los bibliotecarios para que los destruyan,
desaparezcan y así puedan funcionar bien las cuentas de los activos
inmovilizados? Yo creo que, por suerte, el sentido común de los
bibliotecarios hará que no incurran en estos desmanes derivados de
los errores contables. ¿Conoce el Tribunal si han sido subsanados
estos extremos?
La irregularidad contable de mayor gravedad afecta al saldo de
deudores presupuestarios. Sorprendentemente no se reconoce todo el
importe pendiente de cobro a la empresa que gestiona la distribución
y venta de publicaciones. Al no existir albaranes de entrega a esta
empresa tampoco se sabe el movimiento real de las ventas, situación
que pudiera ir más allá del deterioro administrativo contable que el
Tribunal ha podido constatar. A esta merma para la Hacienda pública
se suma la renuncia graciosa de no cobrar el IVA en los servicios de
reproducción. Señor presidente, le formulo diversas preguntas al
respecto, dada la importancia que tiene esta cuestión. Primera, ¿han
sido pagados ya a la Hacienda pública los 20.954.000 pesetas que esa
empresa adeuda? En segundo lugar, en el caso de que no se haya
pagado, ¿ha procedido el Tribunal a controlar y establecer los
procedimientos adecuados para que la Administración pública, la
Hacienda pública, no
pierda esos ingresos? ¿Ha indagado el Tribunal acerca de las razones
por las que a dicha empresa no se le ha retirado la concesión, si es
que ha sido así? Y, en ese caso, ¿ha reclamado el Tribunal a la
Biblioteca Nacional la elaboración de una relación de ventas, de
transacciones entre la Biblioteca y esa empresa que reproduzcan los
volúmenes y cantidades que se han transaccionado con la empresa para
su publicación y venta y que deberían haber sido registradas en los
albaranes pertinentes y, como no los hay, se ha procedido a hacer una
especie de sustitución en el procedimiento para conocer realmente la
deuda, más allá de la estimada a través de la documentación
pertinente? Por último, ¿sabe el Tribunal si la Biblioteca Nacional
ha decidido aplicar la normativa que rige en este país desde el año
1986 respecto al IVA?
La tesorería también presenta problemas; de nuevo se trata de la
administración y el control realizados por el entonces director de la
Biblioteca Nacional -hoy secretario de Estado de Cultura-, don Luis
de Cuenca. Hubiéramos agradecido que se hubiera mantenido toda la
vida en el mundo de la poesía y no hubiera dado un paso hacia la
gestión; espero que su experiencia en la Biblioteca Nacional le haya
servido para rectificar respecto al alejamiento de los problemas
relacionados con la ordenación contable y administrativa y que, por
tanto, no aparezcan en la Secretaría de Estado de Cultura los
desórdenes tan tremendos que aparecen bajo su dirección en la
Biblioteca Nacional.
El Tribunal descubre en su fiscalización cuentas bancarias no
registradas en el saldo de la cuenta de tesorería, bailan sin ningún
registro contable 6.772.000 pesetas. ¿Puede decirnos, señor
presidente, si el Tribunal conoce los movimientos de la cuenta
corriente descubierta en el informe de fiscalización? ¿De dónde
procede este saldo? ¿Qué razones, suponemos que una vez más asociadas
al desorden, explican que en la contabilidad de la Biblioteca
Nacional no se tuviera información de que ésta tenía una cuenta
corriente a su nombre en el Banco de España y con este saldo?
Siguiendo con los problemas de tesorería, me voy a referir a una
página concreta que supongo que es uno de los casos a los que tendrán
que responder por escrito. En la página 16 del informe se señala que
la conciliación bancaria presenta una diferencia de 187.379.000
pesetas entre los extractos bancarios y la contabilidad de la
Biblioteca Nacional, cantidad a la que debe restarse el
reconocimiento de un pago de 47.457.000 pesetas, que está realizado
en enero de 1998, pero que la Biblioteca Nacional lo contabiliza a
efectos del ejercicio de 1997. Pues bien, ¿podría, señor presidente,
aclarar qué ocurre con esa diferencia de los datos que ofrece el
Banco de España de la contabilidad de la Biblioteca Nacional y esa
imposible, en realidad, conciliación bancaria?
En segundo lugar, me referiré al incumplimiento de la legislación en
materia de procedimiento administrativo y dos son las cuestiones que,
señor presidente,
entendemos que deberían ser, como mínimo, estudiadas por el fiscal
del Tribunal por si hubiera que depurar responsabilidades. Resulta a
todas luces irregular el procedimiento de contratación seguido para
la realización de los servicios de distribución y venta de
publicaciones. Según relata el informe de fiscalización, se contrata
una sociedad anónima y después se autoriza la cesión del servicio a
otra. Tal cesión, como señala el propio informe, supone el
incumplimiento de la Ley de Contratos del Estado. Señor presidente,
le pregunto: del informe no se desprende que se haya procedido a la
fiscalización de este contrato, ¿nos puede aclarar si ha sido así o
no, señor presidente? Y le pregunto en el caso de que sí se haya
fiscalizado: ¿cuál fue el procedimiento seguido respecto a la
sociedad anónima? ¿Fue de concurso? ¿Lo ganó la sociedad anónima? ¿Se
hizo otro concurso para esa otra empresa? ¿Quién cedió los derechos
en la explotación de los servicios? ¿La sociedad anónima a esa
empresa en una subcontratación, pero que no puede aplicarse al caso
de la Biblioteca Nacional? Agradeceríamos que nos aclarara esos
extremos, porque son muy importantes para las propuestas de
resolución. ¿Cuál es la razón social, señor presidente, de la
sociedad anónima? Quisiéramos saber los datos de la razón social y
qué relación hay entre la primera y la segunda empresa, que además,
recordemos, es deudora morosa de Hacienda. Le solicitamos -y ya voy
acabando-, y se lo agradecemos de antemano, que nos amplíe la
información de forma documental. Creemos que si el Tribunal no ha
investigado a fondo esta cuestión, debería proceder a ello y así se
lo proponemos.
En relación con el tema de la Ley de Procedimiento Administrativo,
también se detectan irregularidades en la contratación
administrativa. Es sorprendente y muy preocupante, como señala el
informe del Tribunal, que no se sepa la cifra exacta de contratos
adjudicados. Por otro lado, de la muestra no aleatoria realizada,
sistema que creo que el Tribunal de Cuentas debería corregir ya que
no es representativo del total del universo de contratos, se
desprende que del 34 por ciento de contratos estudiados, que es la
muestra, en cinco casos las ofertas están hechas en fecha anterior a
la elaboración del pliego de condiciones técnicas. Le pregunto, señor
presidente, si se han fiscalizado dichos contratos y si el Tribunal
se propone ampliar la muestra a la vista de que cinco contratos sobre
una muestra de 34 es un porcentaje elevado.
Por último me referiré a lo que el Tribunal llama el cumplimiento de
las actividades típicas de la Biblioteca Nacional. El Tribunal de
Cuentas pone de manifiesto que también en este ámbito se han
producido disfuncionalidades. De nuevo las alarmas se disparan, como
ha señalado en su presentación el presidente, al conocerse que no
están catalogados todos los fondos de que dispone la Biblioteca
Nacional y que además de forma creciente se va produciendo una
brecha, en la medida
en que el 40 por ciento de los fondos que entran en la Biblioteca no
pueden ser catalogados en el año. Se señala en el informe que la
inestabilidad y escasez del personal funcionario impiden a la
Biblioteca Nacional realizar adecuadamente las funciones que le
conciernen. Creo que la Biblioteca Nacional es un buen ejemplo de lo
que ocurre cuando hay un recorte presupuestario que acaba impidiendo
al organismo cumplir con los objetivos que son su razón de ser.
La reducción patrimonial y de las inversiones y el fuerte aumento de
los acreedores a corto plazo, que es el cien por cien del pasivo
exigible, durante el año 1997, han hecho de la Biblioteca Nacional un
organismo más pobre, más vulnerable financieramente y menos eficaz
para el usuario, aunque le hayan supuesto mejoras en su cuenta de
resultados. Es un buen ejemplo de que para los organismos públicos no
sirven los indicadores de eficiencia que sirven para el sector
privado.
Quiero finalizar volviendo a subrayar la utilidad del informe.
Transmita al consejero-ponente la satisfacción de nuestro grupo por
la calidad y el nivel del documento. También quiero transmitir mis
mejores deseos de felicidad para la Navidad y para el próximo Año al
presidente del Tribunal y a todos los miembros del Tribunal de
Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Después de escuchar este informe
tremendista de la portavoz del Grupo Socialista realmente ya no sé si
hemos leído el mismo informe del Tribunal de Cuentas o es que
arrastra informes de la Expo 92.
En esta Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas
me corresponde, en nombre del Grupo Popular, hacer, en primer lugar,
unas consideraciones sobre el informe de fiscalización de la
Biblioteca Nacional, ejercicio 1997, aprobado por el pleno de este
Tribunal en su sesión del día 26 de enero de 2000.
Hay que tener muy en cuenta que por el Real Decreto 1581/1991, de 31
de octubre -escuchen bien, de 31 de octubre de 1991-, se aprueba el
estatuto de la Biblioteca Nacional por el que se transforma en
organismo autónomo que tiene personalidad jurídica propia y capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines. Dicha transformación va
unida a la gran remodelación que ya está prácticamente terminada en
estos momentos y que ha supuesto convertir los 34.000 metros
cuadrados útiles anteriores en los 52.000 metros cuadrados actuales y
todo ello se ha hecho sin cerrar al público los servicios de la
Biblioteca Nacional.
Posiblemente por estas dos razones en este ejercicio 1997, y en los
ejercicios anteriores, desde 1991 hasta 1997, se crearon en un
principio algunas disfunciones y desajustes, como figura en el
informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas del ejercicio 1997. También refleja el
informe que las cuentas fiscalizadas expresan, excepto por lo
comentado en los párrafos de limitaciones al alcance y otras
salvedades, la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial
de la Biblioteca Nacional a 31 de diciembre de 1997 y el resultado de
sus operaciones y liquidación presupuestaria de acuerdo con los
principios y criterios contables de aplicación a los organismos
autónomos del Estado. Por ello y por el conjunto de alegaciones y
justificaciones que presentó el propio organismo autónomo de la
Biblioteca Nacional, en siguientes ejercicios fueron corregidas la
mayoría de las salvedades también con un funcionamiento bastante
correcto en la actualidad, aun con las limitaciones de personal, que
todavía persisten, ya que la mayoría de las plazas vacantes ofertadas
no se cubren porque así lo deciden libremente los potenciales
aspirantes a las mismas.
Sin ánimo de cansar a SS.SS. con números y cifras, quiero dar a
conocer a los miembros de esta Comisión algunos datos que nos ofrecen
una visión de lo complejo y la amplitud de fondos materiales que
albergan las distintas instalaciones dependientes de la Biblioteca
Nacional. Esta Biblioteca Nacional posee, entre otras, una colección
de más de 11 millones de piezas, 1 millón de carteles, infinidad de
planos, dibujos y grabados. Para ordenar y clasificar todo cuenta con
288 kilómetros de estanterías, es decir, puestos en hilera, de Madrid
a Zaragoza.
Termino, señor presidente, expresando la opinión de nuestro grupo
parlamentario de que la Biblioteca Nacional en estos momentos ha
corregido las salvedades a que hacía referencia el informe de
fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas y, lo que
todavía es más importante, presta un aceptable servicio a los
ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el
presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En
primer lugar, quería hacer una aclaración. El presidente del Tribunal
de Cuentas presenta aquí un informe con los resultados de una
fiscalización, donde existe un ámbito temporal y un ámbito objetivo;
naturalmente, son los resultados de una fiscalización, es decir, el
Tribunal de Cuentas no es ni mucho menos el gestor. A este respecto
les tengo que decir que hay otros modelos. Precisamente con motivo de
una reciente visita a Londres para la reunión de los presidentes de
los tribunales de cuentas de la Unión Europea, asistí al Parlamento,
donde el auditor general de la NAO iba acompañado del gestor. Creo
que es al gestor al que hay que dirigirle muchas de estas preguntas,
con el tono que se merece. Este presidente hace lo que puede y lo que
debe.
Voy a intentar contestar a las preguntas que me han formulado aunque,
cuando estas preguntas se deslizan con una mezcla de debate político,
creo que es mejor contestarlas por escrito para que queden más
diferenciadas. ¿Conoce el Tribunal de Cuentas si la Biblioteca está
aplicando el plan o si se ha rectificado? Esto es lo que el informe
dice hasta el año 1997, a partir de esa fecha no puedo avanzar más
porque tendríamos que traer la información del propio Tribunal.
En cuanto a la amortización de fondos, a todos nos choca que se
amorticen con un 2 por ciento los fondos bibliográficos del
patrimonio, pero eso no quiere decir que se pueda sacar la conclusión
de que para ejecutar la amortización se tenga que destruir. Supongan
ustedes que para llevar a cabo el proceso de amortización de este
edificio se destruyan los despachos de los señores diputados uno por
uno. Es el valor en su conjunto el que sufre esa amortización, pero
no hay proceso de destrucción. ¿Han sido pagados a la Hacienda
pública los 20 millones? Lo que le puedo decir es que, después de que
esto se ha hecho, me he preocupado de recoger la información, pero el
Tribunal de Cuentas no es la Agencia Tributaria ni tiene vía
ejecutiva; todo lo contrario, el Tribunal de Cuentas transmite todos
estos informes para que los respectivos reglamentos y procedimientos
se apliquen. Traigo información, también relacionada con otras
preguntas, porque pregunto: Y esto que se dice en el informe, ¿cómo
está hoy? Y me dicen lo siguiente: Que, con posterioridad a la
aprobación del informe de fiscalización por el Pleno, se han recibido
en el organismo diversos documentos referentes a la situación de la
relación de la Biblioteca Nacional con la empresa distribuidora de
publicaciones y con las cantidades abonadas indebidamente a un
funcionario, que son los dos temas que había destacado la fiscalía.
Se ha notificado a la empresa Bibliolibrería S.A. la resolución del
contrato de distribución y venta de publicaciones de la Biblioteca
Nacional, suscrito en 1994, previo dictamen favorable del Consejo de
Estado. La deuda reclamada por vía ejecutiva ya no es de 20 millones,
sino que llega a 36.164.418 pesetas, habiéndose remitido la
documentación correspondiente a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria para que la cobre por vía de apremio. En
cuanto a los pagos indebidos al funcionario citado anteriormente,
también por procedimiento administrativo, se le ha reclamado una
deuda, que está en la Agencia Tributaria, para reclamársela por vía
de apremio. Ésta es la situación actual, sobre la que me pareció que
debía traer información por si se interesaban por ella, como veo que
ha sido.
Aplicación del IVA. Según las alegaciones, parece que lo que se
desprende del informe es que se está regularizando, pero no hay otra
información que la que da el informe. Sobre todo lo que se refiere a
las relaciones y extractos de cuentas, el presidente no tiene
información. Los contratos son los que se reflejan en el
informe, aunque también se pueden hacer fiscalizaciones específicas
de los mismos. Yo no tengo otra información que la que da el informe
y lo que se puede hacer es pedir una fiscalización específica.
Por lo demás, salvo esa predisposición de siempre a aclarar todo lo
que viene en el informe y todo lo que provoca un informe, porque
puede suscitar y dar lugar a que se tomen unas u otras resoluciones,
creo que lo mejor es, si la señora diputada no ha quedado satisfecha,
pedirlo por escrito y concretarlo, porque después hay que pasárselo
al ponente y éste, si lo estima oportuno, lo pasa otra vez al Pleno.
Pero me parece bien que en informes como éste se tengan todas las
aclaraciones y no quede ninguna duda, e incluso se pueden completar
con otras fiscalizaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Muchas gracias, señor
presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD ESTATAL ALTOS HORNOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. (AHM) DESPUÉS
DEL CESE DE SU ACTIVIDAD SIDERÚRGICA Y SU SITUACIÓN A 31/12/1997.
(Número de expediente Congreso, 251/000034 y número expediente
Senado, 771/000017)
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Terminado el punto 7.º
del orden del día pasamos al 8.º y último: Informe de fiscalización
de las actuaciones realizadas por la sociedad estatal Altos Hornos
del Mediterráneo, S.A. (AHM) después del cese de su actividad
siderúrgica y su situación a 31/12/1997.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La
fiscalización de las actuaciones realizadas por la sociedad estatal
Altos Hornos del Mediterráneo, S. A., después del cese de su
actividad siderúrgica y de su situación a 31 de diciembre de 1997,
aprobada por el Pleno en marzo de 2000, recoge esencialmente los
siguientes resultados: Desde que en 1984 se inició el proceso de
liquidación de hecho de la sociedad, no se ha realizado en ningún
momento un plan ordenado de liquidación impulsado y controlado por el
accionista. Durante todo este período no se ha tomado ningún acuerdo
social de disolución de la sociedad ni se ha puesto de manifiesto la
voluntad del accionista de establecer como objetivo prioritario de
Altos Hornos del Mediterráneo culminar el proceso de su extinción en
un período de tiempo razonable, llegándose incluso a iniciar nuevas
actividades atípicas. Estas actividades se desarrollaron desde 1987
hasta 1995, produciendo unas pérdidas de explotación de 114 millones
de pesetas y su liquidación originó un coste
de 24 millones de pesetas. Los principales activos y pasivos
residuales de la sociedad, una vez abandonada la actividad
siderúrgica e incorporados a la sociedad Siderurgia del Mediterráneo,
los viables, consistían en más de siete millones de metros cuadrados
de terreno situados en el puerto de Sagunto y en los compromisos
asumidos por la plantilla excedente que en ese momento superaba las
2.000 personas.
Las actuaciones desarrolladas hasta 1997 por la sociedad dieron lugar
a la enajenación del 68 por ciento de los terrenos, en su práctica
totalidad al sector público. Una parte de los terrenos fue adquirida
por una sociedad estatal inmobiliaria, pero, aunque esta sociedad se
constituyó expresamente para la compra de terrenos de Altos Hornos
del Mediterráneo, no se le vendieron todos los que ésta mantenía en
su activo, por lo que tal circunstancia no sirvió para que se
produjera sin más demora la definitiva liquidación de Altos Hornos
del Mediterráneo en lo que se refiere a sus activos. Sin embargo, de
las plusvalías que originó la parcelación y venta a particulares de
los terrenos se benefició la nueva sociedad Ingruinsa y no Altos
Hornos del Mediterráneo.
Respecto a la liquidación de los compromisos con el personal pasivo,
Altos Hornos del Mediterráneo no se planteó hasta el final del
período analizado la suscripción con entidades financieras públicas o
privadas de los convenios necesarios para su exteriorización,
circunstancia que habría facilitado la definitiva liquidación de la
sociedad. Desde 1984 hasta el 31 de diciembre de 1997, Altos Hornos
del Mediterráneo recibió aportaciones de recursos públicos por
importe de 76.030 millones de pesetas. Además, el coste estimado al
finalizar 1997 de la culminación del proceso de liquidación fue de
11.323 millones de pesetas. Por su parte, las pérdidas patrimoniales
del accionista por reducción del capital efectuadas ascendieron a
19.311 millones de pesetas. En cuanto a los procedimientos de gestión
y contables de la empresa en el período 1984-1997, el Tribunal
destaca que el proceso de liquidación se inició sin que formalmente
se tomaran los correspondientes acuerdos sociales ni se elaborase un
inventario y un balance previo; que no se contó con un plan de
reconversión elaborado por la empresa, aunque era obligatorio; que no
se tuvieron en cuenta los principios de prudencia valorativa,
claridad y devengo, ni se adoptó una contabilidad propia de
liquidación.
Dada la situación actual de la empresa y el tiempo transcurrido desde
que cesó en la actividad para la que fue creada -más de 15 años-, en
el informe se recomendó que se procediera a su disolución en el más
breve plazo posible, arbitrando las fórmulas precisas para realizar
sus activos y para que sus pasivos quedaran garantizados sin
necesidad de que la definitiva liquidación de la sociedad se
condicionara al vencimiento de las obligaciones pendientes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Romeu i Martí.
El señor ROMEU I MARTÍ: Señorías, quiero agradecer también la
presencia y la comparecencia del presidente del Tribunal para dar
cuenta de las fiscalizaciones últimas tratadas y, entre ellas, ésta
que afecta a la sociedad estatal de Altos Hornos del Mediterráneo.
En primer lugar he de manifestar que este informe se realiza al cese
de la actividad siderúrgica y de su situación a 31 de diciembre del
año 1997, aunque el informe viene firmado en Madrid a 29 de marzo del
año 2000. El informe, después de tratar los antecedentes de la
sociedad y su evolución, cita en su punto tercero los resultados de
la fiscalización, estableciendo en primer lugar el cese de la
actividad siderúrgica y la aplicación de diferentes planes de
reconversión industrial, planes laborales, inversiones aprobadas de
recursos públicos y planes financieros que establecían ampliaciones
de capital, créditos y avales del INI y aportaciones también de los
Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, en el año 1985 el
Consejo de Ministros autorizó a la sociedad Altos Hornos a constituir
una nueva sociedad estatal que se denominó Siderurgia del
Mediterráneo, con un capital de 17.824 millones de pesetas. Esta
constitución presenta ciertas anomalías contables y pérdidas en los
valores de patrimonio neto traspasado como manifiesta el informe en
su página 8.
Desde 1984 todas las actuaciones liquidadoras de Altos Hornos del
Mediterráneo, según el informe, han tenido liquidaciones irregulares
importantes como no realizar inventarios ni balances, confusión de
devengos con estimaciones de gastos e ingresos, ajustes directos de
los saldos, consideración de las subvenciones como ingresos
extraordinarios, inclusión incorrecta en la cuenta de resultados
extraordinarios derivados de la liquidación de gastos estimados por
promoción de nuevas actividades. Las cuentas anuales no aportan
tampoco información sobre qué desviaciones corresponden al resultado
de la liquidación respecto a las previsiones y cuáles a los ajustes
de las estimaciones de gastos e ingresos futuros. Según el informe,
desde el año 1990 las cuentas ya se presentan de acuerdo con el
formato establecido en el Plan General de Contabilidad, aunque
criterios de imputación contable no se modifican hasta el año 1995, y
las cuentas anuales de los ejercicios 1990-1994 aportan más
información que las anteriores, aunque en el año 1996 se volvió a
cambiar el criterio de registro de los resultados de la liquidación,
con lo que el informe concluye que los estados financieros elaborados
durante el período de liquidación de actividades hasta el 31 de
diciembre de 1997 no se han elaborado de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
El informe relata la situación de la compra-venta relacionada con los
terrenos de la propiedad de Altos Hornos del Mediterráneo, tanto los
correspondientes a la cuarta planta siderúrgica integral como los
correspondientes a la fábrica integral, enfatizando que no consta que
se realizasen estudios, valoraciones o tasaciones con objeto de
establecer el precio de compraventa de esos terrenos. Por otra parte,
se establecen en el informe las actuaciones relacionadas con la
plantilla de trabajadores, previsiones de reducción neta de la
plantilla y expedientes a tramitar, recogiéndose una serie de
incorrecciones y errores en la estimación de objetivos y medios,
cambiando de criterios u omitiendo la estimación de los complementos
sociales. El 11 de junio de 1987 se acordó modificar los estatutos
sociales para dar cabida a nuevas actividades desarrolladas por Altos
Hornos del Mediterráneo después de 1984 distintas de las de la
liquidación de la empresa. Así, en 1988 se inician actividades,
girando la empresa bajo la denominación de Servisa.
En las conclusiones se establecen detalladamente las irregularidades
percibidas relatadas por anualidades y que finalizan en la
recomendación de disolver y liquidar definitivamente en el más breve
plazo posible la empresa en cuestión y que se arbitren las fórmulas
precisas para realizar sus activos en el modo más conveniente, como
también ha manifestado ahora el presidente del Tribunal. Ante esta
recomendación final yo quisiera trasladar al presidente algunas
cuestiones derivadas de esa fiscalización y de las propuestas
emitidas al mismo. El informe, aunque firmado en el año 2000, es del
año 1997 y me gustaría saber si existe algún informe de fiscalización
posterior fundamentalmente a la hora de establecer también este
diputado las propuestas de resolución oportunas, en el que se
finalice la gestión y la contabilidad de esos últimos años, desde
1997 hasta ahora, porque prácticamente han transcurrido cuatro años.
Finalmente, señor presidente, este diputado quiere preguntar si hay
alguna posibilidad de que se realice algún otro tipo de actuación que
permita la mejora, la dinamización y la correcta fiscalización de la
empresa y que, dentro de los parámetros de la economía de mercado,
pueda superar la situación apuntada o si realmente es esta la única
vía, la disolución y la liquidación. Asimismo quiero preguntar por
las empresas que se constituyen a través del acuerdo de junio de
1987, por el que se modifican los estatutos para realizar otro tipo
de actividades; si sigue en vigor, como por ejemplo la empresa
Servisa, a la que he hecho referencia, si esta empresa ha sido
fiscalizada, si tiene algún tipo de fiscalización o de recomendación.
A la hora de establecer las propuestas de resolución, este diputado
cree importante saber qué tipo de actuaciones se han realizado desde
el año 1997 hasta ahora, saber cuáles son los temas que se han ido
tratando y si se ha intentado proceder definitivamente en estos
últimos años a esa conclusión
que apunta el Tribunal. Porque, realmente, si desde el año 1997 se ha
empezado ya con actuaciones que definitivamente pretenden la
liquidación y la disolución de la sociedad, obviamente las propuestas
de resolución irán en un sentido o en otro.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juan Sanz.
El señor JUAN SANZ: Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar
al Tribunal de Cuentas por el informe detallado y cualificado, que se
enmarca dentro de un proceso social de gran repercusión como fue el
de la reconversión del sector siderúrgico, de especial incidencia en
la Comunidad Autónoma Valenciana y en Sagunto. Sobre ese aspecto
social y humano, que tuvo tan grave repercusión y que todavía está en
la mente de los valencianos, con relación al cese de la actividad
siderúrgica en Sagunto, vemos que, según el informe de fiscalización,
la situación social creada por las actuaciones de liquidación de
Altos Hornos del Mediterráneo es realmente grave, ya que se ha hecho
rematadamente mal, por decirlo de manera suave. Hay un dato muy
significativo y es que precisamente los años más importantes de
actividad son de 1984 a 1988, aproximadamente; en el propio informe
de fiscalización se dice que a partir de 1990 empiezan a darse todas
las actuaciones importantes, que no conducen a la liquidación, pero a
partir del año 1992 ya no hay apenas actividad, a pesar de que se
mantiene el consejo de administración hasta julio de 1996.
Siguiendo las conclusiones y dada la explicación clara y concisa del
señor presidente, que ya he dicho que agradezco, voy a tratar de
hacer mi exposición lo más breve posible, aunque es difícil por la
cantidad de datos que tenemos en un informe de un período tan largo y
con tan graves deficiencias. En primer lugar vemos que se señala
reiteradamente la falta de un plan ordenado de liquidación impulsado
por la sociedad. Esto se reitera a lo largo del informe y es origen
de muchas de las deficiencias que, si se hubiera hecho en su debido
momento, se podían haber corregido y haber dado solución a lo que
ahora ya es imposible, por el paso del tiempo y porque las
actuaciones producidas son las que son y a ellas vamos a referirnos.
Ese plan ordenado de liquidación que exige el real decreto-ley va a
ser realizado por las previsiones de los acuerdos de consejos de
ministros que traen gravísimas consecuencias de desfases y de
estimaciones que llaman la atención en todos los sentidos, como es el
caso del proceso de estimación en la venta de terrenos. Vamos a
intentar agruparlos, para hacerlo más breve, en cuatro grandes
aspectos: uno sería la falta de acuerdos sociales de disolución de
las sociedades, la planificación; otro, las actuaciones en la
liquidación de los principales activos y pasivos; un tercero sería
las desviaciones iniciales del
año 1984 con lo que en realidad ha ocurrido y, finalmente, los
reparos y la situación de los procedimientos de gestión y contables.
En el primer aspecto no hay ni siquiera acuerdos sociales que den
lugar a una planificación, falta un plan financiero y un plan
laboral, porque no existe un acuerdo en una comisión de seguimiento,
que es la base de la negociación en un problema tan grave social y
humano como es el que se planteaba en Sagunto con el cese de la
actividad siderúrgica de Altos Hornos del Mediterráneo. Por esa falta
de acuerdo, por esa falta de negociación entre Administración,
empresa y centrales sindicales no se hizo ese plan de liquidación y
fueron los acuerdos de los consejos de ministros los que, con un
inicio de 20.000 millones de pesetas en 1983, se pasa a 50.990
millones en 1984 hasta los 76.000 millones de pesetas más los 11.000
y pico, como muy bien ha señalado el señor presidente, que
prácticamente era la estimación hasta la total liquidación de los
activos y de los pasivos. Por tanto, han sido las previsiones que
iban marcando los diferentes acuerdos de consejos de ministros lo que
ha dado lugar a ese proceso de liquidación.
Señalaré algunos aspectos. Se establecen una serie de reparos en
relación con la liquidación de los principales activos y pasivos
porque efectivamente se producen unas enajenaciones. Estamos hablando
de una importante masa patrimonial, de la que ni siquiera se dispone
de un inventario contable en el que consten debidamente identificadas
y valoradas todas las fincas, máxime tratándose de enajenaciones
entre entidades de carácter público, y sin que se señale tampoco una
valoración que dé una cierta estimación objetiva puesto que realmente
no es la contrapartida de la oferta y la demanda la que marca el
precio. Ello da lugar a situaciones curiosas. Por ejemplo, a través
del informe se aprecia que, del convenio que se establece con la
Generalitat Valenciana relativo a 6.980.000 metros cuadrados, al
final son sólo 5.000.000 los que se enajenan realmente, por un precio
de alrededor de 6.961 millones de pesetas; además, al no hacerse la
cuarta planta prevista, los antiguos propietarios ejercen el derecho
de reversión y sólo por el pago de ese derecho constan 1.628,5
millones de pesetas. Ahí ya vemos que hay unas diferencias en cuanto
a las valoraciones, lo que hace que no coincidan unos datos con
otros. Es evidente que, al no haber una valoración, no podemos sacar
una estimación objetiva de esa enajenación. Estamos hablando de
arreglos de la planta siderúrgica, pero es que en los
correspondientes a la fábrica integral, que eran más de 616.000
metros cuadrados, Ingruinsa, como ha señalado el señor presidente y
consta en el informe, se queda con 534.594 metros cuadrados, para los
que se establece un precio de 1.500 millones de pesetas, después de
efectuar una revalorización puesto que el precio inicial era de poco
más de 1.000 millones de pesetas. Esa falta de valoración está
llevando a unos desajustes y a una falta de estimación real pues nos
consta, y así se señala en el propio informe, que se produce una
expropiación forzosa por parte del Ministerio de Obras Públicas de
57.443 metros cuadrados, por un importe de 201 millones de pesetas.
Haciendo una simple regla de tres, si el equivalente al 10 por ciento
del total son 201 millones de pesetas y lo que se percibe son en
principio 1.000 millones de pesetas, el 10 por ciento sería sobre 100
millones de pesetas, con lo cual está pagándose casi el doble por una
expropiación. Es un dato más que refuerza esa falta de control y de
estimación real de lo que se está produciendo en Altos Hornos del
Mediterráneo. No hay voluntad de hacer las cosas bien y además la
realidad es que todos los datos avalan esa actuación irregular y yo
diría que negligente.
En el tema de las estimaciones -lo he enunciado al principio-, desde
los 20.000 millones de 1983 estamos pasando a los 76.030 millones que
quedan contabilizados como aportación de recursos públicos. En ese
procedimiento de gestión que se analiza, leyendo textualmente el
informe, dice que no se sigue procedimiento contable que sea fiel
reflejo de la realidad económica financiera, principio básico que,
acompañado de otros de falta de prudencia valorativa, de falta de
claridad, es muy reprochable en cualquier sociedad, muchísimo más, yo
diría intolerable e impresentable, en una empresa que está en un
proceso de liquidación que está costando muchos miles de millones de
pesetas y que está produciendo un grave drama social en la comarca
del Camp de Morvedre, en Sagunto concretamente. El consejo de
administración sigue en esos años básicos de 1983 a 1988 con la
creación de una empresa, Servisa, y no tiene ninguna explicación ni
justificación, en un proceso de liquidación, en el que lo que hay que
hacer es liquidar la sociedad, que se creen nuevas actividades que no
tienen nada que ver con el objeto social ni con la actividad habitual
de la empresa Altos Hornos del Mediterráneo y que además producen
pérdidas por 114 millones de pesetas. Se produce también un acuerdo
muy atípico, o por lo menos muy curioso, en el Consejo de Ministros,
que en realidad son los acuerdos que van desarrollando el proceso de
liquidación a falta del acuerdo social de la propia sociedad, y el 4
de diciembre de 1985 se autoriza la constitución de una nueva
sociedad, Sicmet, que aporta todos los activos a Altos Hornos del
Mediterráneo por un valor neto contable, también sin estimaciones, de
17.824 millones de pesetas. Inmediatamente todas las acciones de esa
empresa las adquiere Ensidesa por 4.000 millones de pesetas. La
diferencia son 13.824 millones de pesetas sin valoración, sin
justificación. En definitiva, hay una falta de estimaciones, una
falta de valoraciones, una falta de procedimiento contable que avale
todas estas actuaciones. Como decía al principio, si hubiéramos
podido atajar esto en su momento se podría haber corregido. Hoy es de
imposible solución, puesto que ya todo ha sido realizado desde hace
mucho tiempo.
En el personal pasivo, en la plantilla de la empresa, tenemos otros
datos que avalan esa falta de negociación, esa falta de acuerdo
social, esa total imprevisión para abordar un tema tan delicado como
era el de las personas que se veían afectadas por esta reconversión,
por esta liquidación, que se pone de manifiesto porque de los 5.620
millones de pesetas previstos en 1984 pasamos a 15.994 millones de
pesetas. Es una desviación de 10.374 millones de pesetas, que salen
del bolsillo de los contribuyentes pero que van destinados a paliar
la situación delicada y angustiosa de la plantilla de Altos Hornos
del Mediterráneo, por hablar exclusivamente del tema que nos afecta,
porque esto repercutió realmente en toda una comarca, en muchas
personas, en muchos comerciantes, en muchos negocios, y es un tema
que recordamos todos los que somos bastante mayores, y los que son
jóvenes, porque esto se irá pasando y será difícil que se olvide pues
supuso la ruina de un pueblo. Afortunadamente, y volviendo al tema
actual, por los planteamientos que se hacen en las recomendaciones,
poco había que liquidar a partir de 1992. Prácticamente todo lo que
había que hacer estaba ya hecho, como hemos señalado y como se pone
de manifiesto reiteradamente en el informe de fiscalización, muy mal,
de manera incomprensible, por decirlo de una forma que podamos
entender, porque es difícil de entender. En estos momentos Sagunto es
otra cosa distinta. Afortunadamente las tasas de desempleo lo
señalan: de casi el 50 por ciento de desempleo que teníamos entonces
estamos en torno al 9 por ciento, prácticamente la liquidación. Se
han hecho esos convenios que se decía que se empezarían a realizar al
final del período y que hoy son una realidad. Ya está todo
completamente zanjado. El desarrollo de las naves y de los terrenos
que en su momento se reparcelaron para crear nuevas empresas ya es
una realidad.
Quiero señalar que es un tema desde luego muy doloroso para el
diputado que les habla, pero al cabo de 17 años prácticamente lo que
ha ocurrido está aquí para los anales de la historia y, en todo caso,
en la próxima reunión tomaremos las medidas de cara a las
resoluciones oportunas.
Muchas gracias y feliz Navidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el
presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En
cuanto a la primera pregunta del señor Romeu Martí, sobre si existe
algún otro dato posterior al informe, en efecto, se me informa que
sigue la liquidación, según la cuenta del año 1999, sin que la
situación haya variado sustancialmente respecto a lo que se señala en
el informe, y que todavía no se han rendido las cuentas del año 2000.
También hay una pieza separada -a petición del abogado del Estado-
abierta por el departamento correspondiente para esos 24 millones por
actividades realizadas por la sociedad después del cese de su
actividad y que debía de asumir el comprador.
En cuanto a las posibilidades de mejora, la viabilidad, comprenderá
que esa es una pregunta que difícilmente puede contestar este
presidente, incluso el propio Tribunal. Es un problema de gestión la
viabilidad de dos posibilidades además de la liquidación. En cuanto a
si siguen en vigor otras empresas, el caso de Servisa, no tengo otra
información que la que dice el informe.
Por lo que se refiere a otras intervenciones, se ha hecho un análisis
del informe y, en síntesis, podemos decir que es un informe que
revela una falta de control societario en cuanto que no ha habido
acuerdos de solución ni de extinción, y una falta también de control
financiero interno. Las cuentas que se han rendido no son
representativas de la realidad de la liquidación. Naturalmente, el
control registra esta falta de documentación. Se han vendido
inmuebles sin tasaciones, sin valoraciones, sin ofertas, sin
expedientes, pero esto es incidir en el expediente, que es lo que ha
hecho el señor Sanz haciendo un resumen del mismo. No tengo más
observaciones que formular, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Muchísimas gracias,
señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia.
Señorías, les deseo una muy feliz Navidad y un excelente 2002.
Se levanta la sesión.
Eran las once y treinta y cinco minutos de la mañana.