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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 899, de 17/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 899
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 120
celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Para facilitar el acceso a las ayudas públicas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia y catástrofes. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002151.) ...
- Por la que se insta al Gobierno a cubrir las plazas vacantes de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la comarca de L'Anoia, mientras no se produce el despliegue de la policía de Cataluña.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002012.) ... (Página 28489)
- Relativa a la isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002263.) ...
(Página 28490)
- Sobre la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete (Jaén). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/002024.) ... (Página 28493)
- Sobre intensificación del control fronterizo de Ceuta con Marruecos y ampliación del Centro de estancia temporal de inmigrantes (Ceti) de Ceuta. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002294.) ...
- Para la construcción de un nuevo edificio en el que se integre la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, en el municipio de Motril (Granada). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002073.)
... (Página 28500)
- Sobre la modificación del reglamento de armas, en el sentido de que las armas de imitación, simulados detonadores o de fogueo, se adquieran en armerías y sitios especializados y con las mismas condiciones que las armas auténticas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/002080.) ... (Página 28502)
- Sobre el funcionamiento de la oficina de fronteras de la base naval de Rota (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002114.) ... (Página 28505)
- Relativa a la sustitución de las garitas de vigilancia del centro penitenciario de Fontcalent (Alicante) por un sistema electrónico.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002249.) ...
- Para debatir las medidas extraordinarias y urgentes que es necesario adoptar con carácter inmediato para combatir el grave y reiterado incremento de la criminalidad que se está produciendo en Madrid.
Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/002234.) ... (Página 28508)
- Relativa al archivo de los expedientes sancionadores incoados por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña a diferentes vecinos y vecinas del barrio coruñés de Os Castros como consecuencia de las protestas realizadas contra los problemas
sanitarios ambientales producidos por las descargas de carbón y coque efectuadas por diferentes empresas en el puerto de A Coruña. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002051.) ...
- Por la que se insta al Gobierno a que para una mayor seguridad vial adopte, con carácter urgente, las medidas oportunas que permitan que las farolas de las intersecciones y salidas de las autovías permanezcan encendidas en horas nocturnas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001773.) ... (Página 28514)
- Relativa a la firma de un convenio bilateral de reconocimiento recíproco y de canje de los permisos de conducción entre España y Venezuela.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/002320.) ... (Página 28516)
- Por la que se insta el traslado de las instalaciones de la comisaría de policía de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002084.) ...
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS AYUDAS PÚBLICAS EN ATENCIÓN A DETERMINADAS NECESIDADES DERIVADAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/002115.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES DE AGENTES DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMARCA DE L'ANOIA, MIENTRAS NO SE PRODUCE EL DESPLIEGUE DE LA POLICÍA DE CATALUÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002012.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Comenzamos la sesión correspondiente al día de hoy, y en primer lugar quiero comunicar a las señoras y señores diputados que el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado un escrito retirando la
proposición señalada en el orden del día con el número 8. Por tanto, de acuerdo con el escrito presentado, no se debatirá.
Por lo demás, el orden del día seguirá el establecido, con algunas precisiones. Las dos proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por encontrarse su portavoz en otras tareas parlamentarias, pasarán a ser
debatidas en último lugar. La número 3 se debatirá inmediatamente antes que las dos últimas, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). El orden del día, por tanto, quedará de la siguiente manera: se debatirá la primera la número 1, después la
número 12 (que éste sí es un cambio), y a partir de ahí, la 2, la 4, la 5, la 7, la 9, la 10, la 11, la 13, la 15, la 3, la 6 y la 14.
Así que, sin más dilación, pasamos al debate. (El señor Pedret y Grenzner pide la palabra.)
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: He creído entender que había un escrito del Grupo Mixto retirando la iniciativa número 8, pero no hay ningún escrito respecto a la número 1. No estando presente en la sala ningún representante del Grupo Mixto,
sugeriría a la Presidencia, por aquello de la cortesía parlamentaria, que pudiéramos dejar también la número 1 para el final, por si aparece el Grupo Mixto en la sala y que así pueda tener ocasión de defenderla, si S.S. lo considera oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muy bien, dadas las alteraciones que se producen en el orden del día, entendemos que... (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, señor presidente, atendiendo a lo que propone el señor Pedret, por si en ese momento el Grupo Catalán no estuviera presente, quiero afirmar ante la Comisión nuestro apoyo a esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto en el turno de fijación de posiciones, porque probablemente, si se altera el orden y va en otro momento, nuestro grupo no estará presente. Por tanto, de no decaer ahora, nosotros sí que queremos manifestar, para que conste en el
'Diario de Sesiones', que compartimos los objetivos que plantea esta proposición no de ley, en el sentido de instar al Gobierno a cubrir las plazas vacantes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comarca de L'Anoia. Por
tanto, si en el momento de defender la proposición el Grupo Mixto nosotros no estamos presentes, pido que conste nuestro voto favorable a la misma y nuestro posicionamiento también favorable a tal iniciativa. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Señora Rodríguez Callao?
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Al Partido Popular le parece un poco irresponsable que el Grupo Mixto proponente, es decir, el señor Puigcercós, ante el hecho de estar convocados hoy a la Comisión a las nueve de la mañana y siendo su
proposición no de ley la primera, no esté presente ni haya presentado ningún escrito alegando su retirada del orden del día. Para nosotros es una irresponsabilidad total y absoluta de una persona que está representando a una parte del pueblo
catalán aquí en el Congreso de los Diputados de España.
Desde el Partido Popular nosotros consideramos que esta proposición no de ley se tiene que debatir en el foro de esta Comisión. No nos posicionaremos al respecto si no se trata la misma, pero quiero reiterar la indignación por la falta de
responsabilidad del grupo proponente y especialmente del señor Puigcercós, como representante de la comarca de L'Anoia, y me parece que su electorado deberá quedar muy disgustado y le tendrá que pedir responsabilidades cuando sea oportuno. Nada
más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Debo entender, señora Rodríguez Callao, que no considera usted conveniente que se posponga el orden del día en el debate de que estamos hablando?
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: No, no señor, porque los demás miembros de esta Comisión también
tenemos que estar atendiendo otras comisiones en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La verdad es que los cambios del día acaecidos en cuanto a las otras proposiciones no de ley fueron planteados a la Presidencia en el día de ayer y en razón de eso se tomó la decisión.
Da la impresión de que el señor Puigcercós no va a estar, y por tanto yo creo que ante la posición de los distintos grupos, tenemos que dar la iniciativa por decaída.
El señor AYMERICH CANO: Señor presidente, si me permite puedo llamar un minuto a la secretaría del señor Puigcercós. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pero la verdad es que... Yo creo que las posturas han estado claramente...
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Perdone, señor presidente, es que son las nueve y veinte de la mañana, y este punto estaba previsto que se debatiera a las nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pido por favor al señor Aymerich, ya que está aquí, que consulte si el señor Puigcercós en este momento está ocupado en otra cosa, y que nos lo transmita cuanto antes.
(Pausa.)
El señor AYMERICH CANO: Dice el señor Puigcercós que la habían retirado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La verdad es que no consta en la Mesa que haya sido retirada, pero es evidente que el debate no se va a producir.
- RELATIVA A LA ISLA DE LAS PALOMAS EN TARIFA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002263.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos por tanto al segundo punto del orden del día, que sería la proposición no de ley fijada con el número 12, que es relativa a la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz). Es una iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Se trata de una proposición no de ley relativa a la isla de las Palomas, que se encuentra ubicada en Tarifa.
Este es un lugar de un gran valor medioambiental, paisajístico y turístico que es propiedad del
Estado, que hasta hace unos años albergaba un acuartelamiento militar y que, tras algunas reformas, ha pasado a ser dependencia de atención a los extranjeros irregulares que son detenidos al intentar cruzar el Estrecho de Gibraltar cuando intentan
entrar ilegalmente en España. Lo cierto es que, a pesar de las reformas que se han hecho en el antiguo acuartelamiento destinado para centro de internamiento de inmigrantes, quizás por la antigüedad de la dependencia, aun éstas habiendo mejorando
notablemente y siendo unas dependencias que pueden atender durante 24 ó 48 horas, adolecen de las carencias necesarias para atender con toda la dignidad que se merecen a las personas cuando están más de ese período que acabo de decir, porque en
invierno combate mucho el frío en aquella zona, porque es una isla, y por tanto está cerca el mar, y porque en definitiva, incluso informes de instituciones tan acreditadas como la Cruz Roja española en Tarifa han denunciado hace poco públicamente
la situación en la que se encuentran los extranjeros indocumentados, e incluso llegan a calificar la situación de infrahumana.
De lo que no cabe duda ante la realidad del fenómeno migratorio que está ocurriendo en el Estrecho, y especialmente en la zona aquella de Tarifa, Barbate y Algeciras, es que es preciso que el Estado se plantee la necesidad de construir un
centro de internamiento de estancia temporal de inmigrantes en unas condiciones dignas. De hecho, el Gobierno intentó años atrás poner en funcionamiento un CETI cerca de Algeciras, en Marchenilla, y distintas circunstancias que no vienen ahora al
caso imposibilitaron la entrada en funcionamiento de ese centro. Por tanto, es una realidad que se necesita ir planificando a corto plazo, a muy corto plazo, que esa zona del Campo de Gibraltar, que es el lugar fundamental de entrada de la
inmigración ilegal, disponga de un centro de internamiento de inmigrantes. Esta situación en muchas ocasiones, y además lo hemos visto todos en los telediarios, desgraciadamente, se agrava porque tampoco dispone la comisaría de Algeciras de unas
instalaciones acordes para cuando se producen llegadas masivas de inmigrantes: tienen que ser trasladados a otras dependencias, también antiguos acuartelamientos, y se ocasionan colapsos y situaciones no deseadas.
Además de este hecho, que es fundamental y muy importante, hay otra circunstancia: que, como he descrito antes, la isla de las Palomas, que es un lugar medioambiental, turístico de gran valor, si se le diera ese carácter, no podría ser
usado como tal, porque está cerrado, puesto que se tiene que atender a los inmigrantes cuando llegan allí. Eso está privando al término municipal de Tarifa de unas posibilidades de llegar a un acuerdo con el Gobierno para que isla de las Palomas
pueda ser desafectada o cedida para dar impulso turístico a un municipio que necesita un relanzamiento en esta materia. No cabe duda de que Tarifa es un lugar que en los últimos años ha adquirido unas connotaciones
de turismo internacional muy importantes, pero el que tenga en su término un paraje como aquel obviamente le impulsaría mucho más hacia ese importante ámbito que es el turismo.
Se debería intentar desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, con el ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de la nación, al menos que se posibilitara un acuerdo que permitiera que se pudiera hacer uso de ese
lugar, isla de las Palomas, para un impulso medioambiental turístico, en definitiva de creación de empleo, y a la vez el Ayuntamiento de Tarifa, cuyo alcalde así me lo ha transmitido, estaría dispuesto a ceder término municipal de Tarifa para que el
Gobierno de la nación pudiera planificar un nuevo centro de estancia temporal de inmigrantes o un centro de primera acogida a los inmigrantes para planificar a medio plazo lo que debe ser una atención digna a los inmigrantes que cruzan el Estrecho,
porque, aunque he dicho anteriormente que ha mejorado bastante el de isla de las Palomas, aún le queda.
En primer lugar, nuestra proposición no de ley solicita que desde el Ministerio del Interior se inicien las gestiones oportunas para que Tarifa disponga de un centro permanente, estable, digno para albergar temporalmente a los inmigrantes
que llegan a las costas gaditanas tras cruzar el Estrecho de Gibraltar. En segundo lugar, que desde el Ministerio del Interior o desde otras instancias ministeriales, como puede ser el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se inicien gestiones
con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Tarifa para que isla de las Palomas pueda ser desafectada o cedida, al objeto de que desde el ayuntamiento se pueda hacer uso de esas instalaciones, lo que sin lugar a dudas redundarían en un
impulso al desarrollo turístico que está persiguiendo la ciudad desde hace años. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Buenos días a todos, señorías. Una apreciación para el Grupo Parlamentario Socialista: el ministerio responsable de la isla de las Palomas es el Ministerio de Medio Ambiente, no es el Ministerio del Interior;
el Ministerio de Medio Ambiente lo tiene cedido al Ministerio del Interior.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se dice que en la isla de las Palomas, en Tarifa, el edificio que anteriormente albergaba un acuartelamiento militar está siendo
destinado para la atención a extranjeros detenidos en la provincia de Cádiz cuando intentan entrar ilegalmente en España, y que dichas instalaciones, a pesar de la reforma llevada a cabo, no reúnen las condiciones necesarias para dispensar un trato
digno a los inmigrantes.
Tenemos que recordar que hasta hace cuatro días eran los soldados españoles los que estaban allí destacados; a partir de ahí también hay que reseñar que estas instalaciones ubicadas en los terrenos que fueron entregados por el Ministerio de
Defensa a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras albergan en su mayor parte dependencias que se destinan a la custodia temporal de los inmigrantes interceptados entrando ilegalmente en España hasta que son posteriormente entregados al
Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, esas instalaciones cumplen con las mismas funciones que el resto de dependencias que la Guardia Civil emplea para la custodia de detenidos.
En las instalaciones de la isla de las Palomas se han realizado una serie de obras de acondicionamiento, efectuándose una inversión importante, más de 600.000 euros, lo que ha supuesto un gran esfuerzo económico que ha servido para dar
respuesta a las necesidades planteadas de acogida, salubridad y seguridad por el tiempo que duran las actuaciones referidas que anteriormente he dicho de custodia de los inmigrantes ilegales interceptados que puedan demorarse en un período máximo de
24 horas hasta que se produce su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.
Señorías, quiero dejar bien claro que esta crítica de falta de dignidad y trato infrahumano ha sido vertida por el Partido Socialista y también por dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista, pero la realidad es que, una vez que fue
visitada la isla de las Palomas por miembros destacados del Partido Socialista, de la mano del subdelegado del Gobierno, no hubo ni una sola crítica -eso fue el 26 de septiembre, no hace tanto tiempo- sobre que faltase algún tipo de requisito
indispensable para atender dignamente a los inmigrantes ilegales. Además, existe una previsión de gasto durante el próximo año 2004 para la mejora y ampliación del centro de la isla de las Palomas para una capacidad de 130 plazas más, por un
importe de 835.000 euros.
La Guardia Civil cumple en dichas instalaciones con la atención humanitaria oportuna. A este respecto existe un protocolo de la Guardia Civil con Cruz Roja Española: se firmó el 3 de septiembre de 2003, para la atención de aquellos
extranjeros que precisan atención médica inmediata, la cual se efectúa en el lugar de desembarco, el ingreso en el centro de salud o en el servicio de urgencia hospitalaria si fuera preciso, o la atención en el módulo del centro de la isla de las
Palomas.
La Guardia Civil, señorías, presta a estos efectos y en estos casos la cobertura de seguridad precisa. También en este sentido se ha firmado el pasado 12 de noviembre de este año 2003 un acuerdo entre la Guardia Civil y la Cruz Roja
Española por el que se establece un sistema integral de asistencia a los inmigrantes en las costas de Andalucía, con el objetivo de reforzar con nuevos medios y un sistema completo de coordinación la atención humanitaria que se presta a los
inmigrantes que llegan en pequeñas embarcaciones. El acuerdo prevé la creación de un centro de coordinación en Sevilla que va a permitir, mediante un número único de teléfono, dar
respuesta a todas las demandas de actuación urgente ante la llegada de inmigrantes. Igualmente están previstos cinco equipos de atención humanitaria situados en Almería, Málaga, Barbate, Motril y Tarifa, así como la ampliación del catálogo
de medios con 14 personas y 18 vehículos, entre ellos dos embarcaciones, así como numeroso material sanitario, alimenticio, informático y de comunicaciones. El departamento de Interior va a aportar casi 900.000 euros en orden a llevar a cabo un
plan de actuación urgente de aquí a final de año. Este acuerdo tendrá su continuidad en el año 2004, estando ya la partida presupuestaria para su financiación prevista en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración. Asimismo, en Algeciras en el año 2002, rebatiendo las afirmaciones del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos que decir que se iniciaron las obras de adecuación de la antigua prisión provincial. El coste efectivo de la primera
anualidad fue de más de 800.000 euros y en el año 2003 el coste de la segunda anualidad ha sido de más de 760.000 euros, habiéndose procedido a la apertura del centro de internamiento de extranjeros de Algeciras el pasado 19 de junio de este año.
Por otra parte, con relación a las gestiones que en 1999 inició el Ayuntamiento de Algeciras y la Diputación Provincial de Cádiz, según la proposición no de ley que acaba de comentar el diputado señor De la Encina se analizaba que en unos
terrenos ubicados en Algeciras denominados Marchenilla, a los que se alude en el preámbulo de la proposición y al que también ha hecho referencia en su exposición el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, se albergara un CETI, un centro de
estancia temporal para inmigrantes que pudiera dar solución a la llegada permanente de inmigrantes a través del Estrecho de Gibraltar.
Tenemos que significar que no se puede hacer el convenio porque estos terrenos no estaban calificados como
urbanizables; estos terrenos carecían de un adecuado acceso desde la carretera N-340 y tenían problemas también legales de acometida de agua y de luz. Por eso no se llevó a efecto ese convenio.
Todo ello no impide considerar la mayor prioridad que tiene la creación de plazas del centro de internamiento de extranjeros, debiendo recordarse el esfuerzo que viene realizando el Ministerio del Interior en orden a la mejora de las
infraestructuras de los centros de internamiento de extranjeros existentes y en la creación de otros nuevos, así como en su mantenimiento, si bien este esfuerzo no siempre ha encontrado la colaboración de otras administraciones públicas a la hora de
facilitar los terrenos para construir nuevas instalaciones: me estoy refiriendo con ello a la Junta de Andalucía, que es responsable también de atender a los inmigrantes y que prácticamente nunca tiene un espíritu colaborador con la Administración
del Estado.
En el texto analizado que acabamos de comentar se propone que desde el Ministerio del Interior se inicien las gestiones oportunas para que en Tarifa se disponga de un centro permanente, estable y digno para albergar temporalmente a los
inmigrantes que llegan a las costas gaditanas tras cruzar el Estrecho de Gibraltar. A este respecto, señorías, se señala que actualmente en Algeciras existe y está en pleno funcionamiento -lo he dicho anteriormente- el referido centro de
internamiento de extranjeros de Algeciras, cuya capacidad permite dar respuesta adecuada a la problemática diaria que se produce en toda la zona en cuanto al acceso de inmigrantes en situación ilegal al territorio español. Está plenamente
garantizada la condición idónea de permanencia de los extranjeros internos en el mismo; se realiza la ejecución de las repatriaciones de éstos, en el caso de los ciudadanos marroquíes a través de la vía marítima, cuyo inicio se efectúa en el puerto
de Algeciras, que además está próximo a este citado centro de internamiento de extranjeros.
Las inversiones previstas en 2003 en el centro de internamiento de Algeciras ascienden, como dije anteriormente, a más de 760.000 euros; asimismo existe una previsión de gasto durante el año 2004 para la ampliación del centro de la isla de
las Palomas, quiero referirlo de nuevo, porque tiene una capacidad actual de 100 plazas y después de la ampliación tendrá una capacidad de 130 plazas más.
En consecuencia, en las circunstancias actuales el Grupo Parlamentario Popular no considera oportuna la construcción de un nuevo centro en Tarifa para albergar temporalmente a los inmigrantes ilegales interceptados. Esto respecto a lo que
es ese centro de internamiento de inmigrantes ilegales.
Respecto a la cesión, como propone el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos que decir que hace muy poquito, el 10 de mayo de 2001, hubo una moción institucional en el Ayuntamiento de Tarifa donde el Partido Socialista votó en contra de la
desafectación de la isla de las Palomas.
La votación la perdieron por un voto, pero todos los integrantes de la institución municipal tarifeña estaban allí, incluidos responsables importantes del Partido Socialista. Así que tenemos que decir que
si votaron en contra de esa desafectación, de todas maneras el anterior alcalde con el equipo de gobierno estuvo reunido con el Ministerio de Medio Ambiente y también estuvo reunido con la Junta de Andalucía, pero en nombre de la Junta de Andalucía,
la viceconsejera de Medio Ambiente no quiso saber nada, de manera que se excluía, y ha excluido la Junta de Andalucía, la isla de las Palomas del parque del litoral, el parque de borde litoral. Por lo tanto, la Junta de Andalucía no cree, ni mucho
menos, en este proyecto; ya les digo que ha desafectado este enclave natural, que además justificaba en sus orígenes el proyecto del parque litoral, y a la hora de la verdad lo han excluido porque no quieren conveniar con el Gobierno central o
porque no quieren tratarlo, o porque el anterior alcalde resulta que no era del Partido Socialista.
La realidad es que se están oyendo comentarios por responsables socialistas en la zona para tratar y conveniar que la isla de las Palomas tenga infraestructuras turísticas, se hagan hoteles. Son situaciones que nos preocupan, señorías,
porque la realidad es que, si este tema quisiésemos tratarlo de una forma seria, al ayuntamiento no se puede revertir porque él solo no tendría capacidad de mantener la isla. Es decir, aquí de lo que habría que hablar, si queremos de verdad tratar
este tema en serio, sería de no hacer un brindis al sol como hace el Grupo Parlamentario Socialista, sino de hacer un convenio en que las distintas administraciones -la central, la autonómica, la local-, primero digan qué se quiere hacer con la isla
de las Palomas, qué uso se le quiere dar, qué tema medioambiental o de cualquier otro tipo que sea educativo o las distintas actuaciones que se puedan hacer en la isla, pero sin lugar a dudas ese diálogo se tiene que favorecer desde una proyección
de la isla como un valor turístico para Tarifa y no como un uso especulativo como algunos nos tememos.
- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE ALCAUDETE (JAÉN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002024.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete (Jaén).
Para su defensa tiene la palabra su portavoz.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señorías, en el año 1991 se desplomó una parte de la techumbre de las antiguas dependencias del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Alcaudete, en la provincia de Jaén, que tuvo una rápida respuesta de la
corporación de este municipio, poniendo a disposición del Ministerio del Interior locales municipales para la ubicación de la oficina y dependencias que permitieran el servicio de la Guardia Civil en la localidad y en la carretera N-432 hasta que se
subsanaran los desperfectos del acuartelamiento. Posteriormente, en el año 1994, ante la situación tan precaria del inmueble, se declaró por decreto la ruina del edificio de la casa cuartel de la Guardia Civil.
Hasta esta fecha, diciembre de 2003,
es decir, casi diez años desde su declaración de ruina, unas dependencias cedidas por el ayuntamiento que no reúnen las características adecuadas del servicio de un cuerpo de seguridad y que tenían un carácter de provisionalidad se han convertido en
fijas por la falta de respuesta de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior.
Ante la flagrante desidia del Gobierno del Partido Popular, destaca el tesón de la corporación de este municipio para que se construyera una nueva casa cuartel en esta localidad. Son numerosos los acuerdos plenarios, los escritos, los
informes y la petición de entrevistas a la Dirección General de la Guardia Civil y al propio ministro del Interior para que se afrontara la construcción de un nuevo acuartelamiento en Alcaudete que posibilitara que la Guardia Civil contara con unas
dependencias dignas en el desarrollo del servicio que se presta, como lo comentaba anteriormente, en este municipio y en la nacional N-432.
Si destacable es el retraso que acumula la construcción de una nueva casa cuartel en Alcaudete, no es menos importante el convenio que la Dirección General de la Guardia Civil quiere imponer al ayuntamiento de esta localidad en la
realización de la obra, mediante la firma de un protocolo remitido en el año 2002. El referido protocolo, al margen de la cesión del ayuntamiento de los terrenos y de una aportación económica que determinará el propio Ministerio del Interior, le
exige al ayuntamiento la elaboración del proyecto, la contratación y la ejecución de la obra de construcción, financiando la totalidad de la misma hasta que el Ministerio del Interior se la abone en cuatro anualidades.
En cambio, el Ministerio del Interior, gobernando el Partido Popular, ha construido otras dos nuevas casas cuartel en la provincia de Jaén, concretamente en los municipios de La Carolina y de Cabra de Santo Cristo, donde las condiciones
difieren considerablemente de las planteadas al Ayuntamiento de Alcaudete. La aportación de estos ayuntamientos ha sido la cesión de los terrenos y la aportación de una cantidad al total del presupuesto de la obra, asumiendo el Ministerio del
Interior la elaboración de los proyectos, la contratación y la financiación de la obra, a excepción de los certificados de obra, que se corresponden con el importe de la aportación o cofinanciación de los municipios de La Carolina y de Cabra de
Santo Cristo ¿Sabría explicarme la diferencia, señor García, entre estos distintos convenios propuestos por el Ministerio del Interior a estos municipios de nuestra provincia? Yo le diría una: esto es un ejemplo más de la clara discriminación y
del agravio comparativo que ejerce el Partido Popular entre unos municipios y otros de nuestra provincia, basados en el color político de sus gobernantes locales, porque la única diferencia que hay es que los gobiernos municipales de La Carolina y
de Cabra de Santo Cristo son del Partido Popular, mientras que el Gobierno municipal de Alcaudete es del Partido Socialista. No creo, señor García, que usted pueda darnos otra justificación distinta de la expuesta. Señoría, los socialistas no nos
inventamos nada; tienen a su disposición los documentos que testimonian lo que estamos diciendo de esta clara discriminación, que avalan las críticas que hacemos del doble rasero al Partido Popular, dependiendo del color político y donde queda más
que claro la desigualdad que quiere imponer este Gobierno.
Señorías del Partido Popular, le voy a destacar un párrafo del protocolo remitido al Ayuntamiento de Alcaudete para la construcción de la casa cuartel, que
dice textualmente: El principio constitucional -y le resalto esto de principio constitucional- de colaboración entre las distintas administraciones públicas que integran el Estado, así como los de eficacia y eficiencia que deben presidir la
actuación de las mismas, implica poner a disposición de cualquier de ellas los medios que precisen para el mejor ejercicio de sus funciones.
A tenor de lo expuesto, en referencia a la cita constitucional del anterior párrafo, le pediría que aplicaran también el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que propugna como uno de nuestros valores superiores la igualdad. El Ayuntamiento de
Alcaudete pone a su disposición los terrenos y está dispuesto a aportar un 10 por ciento del coste total de la obra de construcción, hasta un máximo de 75.000 euros, como principio constitucional de colaboración entre administraciones públicas.
Ahora queda que por su parte apliquen también el principio de igualdad para que no haya discriminación entre unos municipios y otros de la misma provincia.
El Ayuntamiento de Alcaudete ha manifestado a las distintas instancias del Gobierno que quiere convenir su casa cuartel en las mismas condiciones que los dos municipios de la provincia de Jaén donde se han construido unas nuevas casas
cuartel, sin que haya obtenido respuesta a su propuesta por ningún estamento competente en la materia. La última propuesta se la envió al Ministerio del Interior el 31 de marzo; aún están esperando respuesta.
Consideramos desde mi grupo parlamentario que con la iniciativa que estamos hoy debatiendo se consigue dar una solución ante la falta de respuesta del Gobierno del Partido Popular, por lo que le pedimos su voto favorable a la siguiente
propuesta: Primera: que en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta iniciativa se inicie la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil de Alcaudete, ante el retraso que acumula y la situación de provisionalidad y precariedad con
que cuentan las dependencias actuales de este cuerpo de seguridad ciudadana. Este período de tiempo es suficiente para la realización de la tramitación administrativa, si hay voluntad política para realizarla. No podemos dilatar más su
realización. Es hora de que se comprometa de una vez por todas este Gobierno después de tantos años de abandono de los efectivos que realizan su trabajo en este municipio y en la carretera N-432.
También le pedimos, segundo punto de nuestra proposición no de ley, que se acuerden con el Ayuntamiento de Alcaudete las mismas condiciones que se han convenido con los ayuntamientos de La Carolina y de Cabra de Santo Cristo, limitándose
exclusivamente su contribución a la cesión de los terrenos y a la aportación económica que se considere por ambas partes.
En definitiva, se trata de que se solucione la precariedad en su trabajo de los efectivos de la Guardia Civil que prestan sus
servicios en la localidad y en la carretera
N-432. Se trata, en definitiva, de que no existan agravios comparativos entre unos municipios y otros de la provincia; se trata, en definitiva, de que no se discrimine por el color político de sus regidores; se trata también de que no se
hipotequen las inversiones durante cuatro años del Ayuntamiento de Alcaudete, asumiendo unas competencias que no le corresponden: una cosa es colaborar y otra que le resuelva al Ministerio del Interior su responsabilidad y su escasez presupuestaria
en materia de seguridad ciudadana.
Señorías del Grupo Popular, votando a favor de esta iniciativa resuelven uno de los muchos problemas que tiene la provincia de Jaén en materia de seguridad ciudadana, que no son otros que el 70 por ciento de las casas cuartel de la provincia
de Jaén está en mal estado y próximo a la ruina, y que también en la provincia de Jaén haya disminuido considerablemente el número de efectivos de la Guardia Civil en 327 agentes. Ante esta situación de falta de medios y de efectivos, no es de
extrañar que las infracciones penales en la provincia de Jaén se hayan incrementado en un 48 por ciento desde el año 1996 al 2002 en el medio rural, todo un récord de una provincia que no destacaba por su índice de criminalidad. Con ustedes, todo
es posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCIA GÓMEZ: Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cuartel de la Guardia Civil de Alcaudete en la provincia de Jaén.
He presentado en nombre del Grupo Parlamentario Popular una enmienda, de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo texto es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Apartado 1: Continuar el diálogo con el
Ayuntamiento de Alcaudete con vistas a la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil teniendo en cuenta la capacidad presupuestaria del ayuntamiento y de la Guardia Civil; apartado 2: Que una vez adoptado el acuerdo, se realicen en el
mínimo tiempo posible los trámites administrativos y la construcción del convenido cuartel.
Estas mis primeras palabras, evidentemente, no tienen por qué obviar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, su exposición de motivos, su acuerdo y la intervención de su ponente en esta Comisión.
En primer lugar me
quedo perplejo, sorprendido, cuando en el año 2003 se pide en esta sede parlamentaria con toda rapidez y urgencia solucionar un problema de una localidad, Alcaudete, de mi provincia, que como bien dice la exposición de motivos de la proposición no
de ley se remonta al año 1991. Quiero recordar que en aquel año y sucesivos, hasta 1996, más de cinco años, el que decidía en el gobierno de España era el Partido Socialista Obrero Español y no tomó ninguna decisión.
Era obvio: desde el Gobierno central en esa fecha, el PSOE estaba cerrando cuarteles de la Guardia Civil por toda España, mucho más en mi provincia.
El director general de la Guardia Civil en esa época estaba en otros menesteres, no muy
lícitos precisamente, y además el Partido Socialista tenía la intención de disolver la Guardia Civil, hecho éste corroborado por el actual secretario general hace pocas fechas, y rectificadas al día siguiente. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señores diputados, por favor, guarden silencio.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Hasta aquí evidentemente es la historia, y la historia es contundente. Señoría, en el año 2002 se vuelven a tomar negociaciones sobre este asunto: concretamente con fecha 10 de abril de 2002 fue remitida al alcalde
de Alcaudete una propuesta de protocolo de convenio que había convenido con el asesor de Infraestructura de la Guardia Civil y por el que dicho ayuntamiento ofrecía parcela, proyecto de obra y la posibilidad de abonar su coste con la devolución del
importe por la Guardia Civil en cuatro anualidades. Esta fórmula de financiación fue decisión del alcalde de dicha localidad, y actualmente la Dirección General de la Guardia Civil está abierta, sigue abierta a todo tipo de negociación. Desde el
año 2002, en que mueve ficha la Dirección General de la Guardia Civil, hasta febrero de 2003, en que vuelve a mover ficha la Dirección General de la Guardia Civil, la única respuesta del ayuntamiento ha sido una moción del grupo municipal socialista
como consecuencia y como respuesta a otra del grupo municipal popular. Según tengo entendido, hace pocos días y coincidiendo con la proximidad del debate de esta proposición no de ley, parece ser que el alcalde se ha puesto en contacto con el
director general de la Guardia Civil para seguir hablando de este asunto.
Entiendo que no todos los convenios que se firman de lo que sea tienen que ser idénticos, ya que las circunstancias varían evidentemente de un lugar a otro. Por tanto, en cuanto a sus manifestaciones de favorecer a ayuntamientos gobernados
por el Partido Popular, creo que es un error mayúsculo, o bien le ha traicionado el subconsciente y cree que los gobiernos del Partido Popular actúan igual que los del Partido Socialista, es decir, apoyando a los suyos y despreciando al resto. Les
voy a dar varios ejemplos de que no se deja abandonado a nadie.
Concretamente con el municipio de Alcaudete existe en este momento una importante inversión en la variante de Alcaudete que, para conocimiento de todos, va a buen ritmo. Otro ejemplo
importante es la inversión que desde el Gobierno central se ha hecho de más de 2 millones de euros, aproximadamente 400 millones de pesetas, en escuelas-taller y talleres de empleo en los últimos seis años, últimos seis años de Gobierno del Partido
Popular.
Existen, evidentemente, como he dicho, diferencias a la hora de realizar las cosas, existen diferencias a la hora de conveniar. Concretamente la Dirección General de la Guardia Civil tiene convenios firmados con diferentes diputaciones
provinciales en Andalucía; con unas sí y con otras no; tiene convenios firmados con las diputaciones provinciales de Cádiz, de Málaga, de Granada, de Almería, con diferentes aportaciones por parte de estas distintas diputaciones; y no tiene
convenios firmados con Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva. Por lo tanto, hay una diferenciación. No podemos hablar de lo que están haciendo unas administraciones cuando hay otras que hacen lo mismo o peor, porque ¿quién está haciendo los colegios en
Andalucía actualmente? (Varios señores diputados: La Junta. Eso está claro.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señores diputados, por favor.
El señor GARCÍA GÓMEZ: ¿Quién paga esos colegios actualmente en Andalucía? (Varios señores diputados: La Junta.) Por lo tanto, el sectarismo de que se nos acusa en esta proposición no de ley está totalmente fuera de lugar.
Para finalizar, señor presidente, señoría, estando seguro de que la Dirección General de la Guardia Civil está dispuesta a llegar a un acuerdo trabajando sobre el protocolo de convenio que está encima de la mesa, y teniendo conocimiento de
que el alcalde se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Guardia Civil, es por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre he presentado esta enmienda.
Espero que en aras al diálogo y a la concordia el Grupo
Parlamentario Socialista admita esta enmienda. Si no fuera así, tendría que votar en contra de los dos apartados, entre otras cosas por la casi imposible realización del punto primero y por otra porque entendería que desde el Grupo Socialista se
hace una mala oposición política, y que realmente lo único que le interesa es la confrontación por la confrontación y no encaminar su actividad política hacia el interés general.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Quirós, a los efectos de manifestar su opinión sobre la aceptación o no de la enmienda.
El señor QUIRÓS PULGAR: El Grupo Parlamentario Socialista no vamos a aceptar la enmienda porque es más de lo mismo; es decir, es dilatar en el tiempo, estar en negociaciones permanentes. Simplemente una aclaración al señor García: que
contabilice desde 1994, cuando fue declarado de ruina el cuartel. Los demás años, pues acháqueselo usted. Nosotros también tenemos responsabilidad esos dos años, hasta que ustedes gobernaron, pero ustedes llevan más tiempo. Aquí se trata de
buscar soluciones, no de echarnos la responsabilidad de unos a otros, y si no se quiere...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Quirós, ya sabemos cuál es su opinión sobre la enmienda. Siguiente punto del orden del día relativo a la construcción del nuevo edificio en el que se integre la comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía del municipio de Motril. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, una cuestión previa: hay una proposición no de ley cuya defensa correspondería a un diputado del Partido Popular y que por lo visto le coincide con otras dos comisiones más, y al portavoz del
Grupo Socialista le ocurre exactamente igual. Por mi parte no habría ningún inconveniente en que se adelantara y tomara en mi lugar, en vez de defender esa propuesta, si a S.S. no le parece inconveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): El deseo es que las cosas se desarrollen de la forma más cómoda dentro de lo posible. ¿Cuál es exactamente la iniciativa de que se trata?
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Un centro de acogida en Cádiz, en Ceuta. Está firmada en el orden del día como número 13, señor presidente.
- SOBRE INTENSIFICACIÓN DEL CONTROL FRONTERIZO DE CEUTA CON MARRUECOS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL DE INMIGRANTES (CETI) DE CEUTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002294.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): De acuerdo.
Señor De la Encina, cuando tenga usted ocasión efectúe la defensa.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Quisiera agradecer también a SS.SS. la generosidad por este cambio, que nos va a permitir al portavoz del PP y a mí, que estamos además conjuntamente llevando otras iniciativas en otras comisiones, estar algo
más tranquilos.
Efectivamente esta proposición no de ley trata, por una parte, de analizar la situación difícil que vive desde hace unos años la Ciudad Autónoma de Ceuta como consecuencia de la inmigración irregular. La Ciudad Autónoma de Ceuta, por su
situación geográfica en el norte de África se ha convertido en un lugar de estancia y/o de tránsito de inmigrantes irregulares, especialmente marroquíes, subsaharianos y argelinos.
Esta situación -lo tengo que decir aquí, en Comisión de Justicia y de Interior y lo digo públicamente cada vez que puedo- está conllevando importantes esfuerzos en materia policial y de control fronterizo con Marruecos. No voy a hacer una
crítica fácil, porque conozco la ciudad y conozco la dificultad, como se diría en términos militares, del terreno, diciendo que no se está haciendo nada. Pero dicho eso, tengo que decir que todavía hay que hacer mucho más; y por tanto hay que
intensificar el control fronterizo con Marruecos. No lo digo yo: es que los propios jefes de Estado que se han reunido hace un par de semanas en Marruecos, han visto la necesidad de intensificar los controles fronterizos entre España y Marruecos.
Ceuta está en la puerta de entrada de Marruecos, y es necesario ese aumento de control, porque la realidad está demostrando que todavía existe una gran vulnerabilidad en los sistemas de impermeabilización del perímetro fronterizo y fundamentalmente
que existen unas grandes carencias en los recursos humanos, y también materiales, de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en Ceuta. Esto está imposibilitando a ambos cuerpos que puedan abordar
mejor el creciente fenómeno migratorio.
Recientemente, durante el pasado verano, el propio delegado del Gobierno en Ceuta reconocía públicamente en un medio de comunicación que existían en torno a 3.000 inmigrantes en el norte de Marruecos que estaban a la espera de poder entrar
ilegalmente en España. Además de eso, se da una circunstancia que está generando una noticia permanente muy negativa para la ciudad de Ceuta, que intenta hacer una campaña turística, pero que se le viene abajo desde el momento en que están en todos
los medios de comunicación siempre el fenómeno de la inmigración irregular y los problemas con la inmigración, y quién va a querer ir a un lugar que es noticia permanente relacionada con este tema. Por tanto, la mejor campaña turística de Ceuta
sería no tener estos problemas con la inmigración que llevan muchos años produciéndose. Buena prueba de ello es que fuera del CETI de la ciudad, que se construyó hace unos años, montó un campamento Médicos sin Fronteras, institución de reconocido
prestigio en el ámbito humanitario, porque estaba desbordado el CETI. Eso, a su vez, ha supuesto que los inmigrantes fueran trasladados de ese campamento tercermundista, como el que se ve en las imágenes de países de África donde las personas viven
en tiendas de campaña malas deambulan sin ningún control y duermen a la intemperie. Esta situación se ha producido recientemente de nuevo, y quiero aprovechar esta sesión de la Comisión para denunciar que la situación está siendo tan desbordante,
que el delegado del Gobierno, de una manera unilateral, sin tener en cuenta no digo la legalidad pero sí la normalidad entre administraciones, está trasladando a centenares de inmigrantes desde Ceuta a otros puntos de Andalucía. Y lo está haciendo
sin contar con la Junta de Andalucía, que creo que algo tiene que decir sobre el tema puesto que los inmigrantes se están trasladando a Andalucía. Tengo que confesar que ayer mismo me llamó el presidente de Algeciras Acoge para decirme
que estaba indignado porque se habían acercado a su sede una decena de inmigrantes irregulares que habían sido puestos de patitas en el barco, tras cruzar el Estrecho, en el puerto de Algeciras, y se habían dirigido, con una mano delante
-perdón por la expresión- y otra atrás porque no tenían absolutamente nada, a la sede de Algeciras Acoge para ver si les podían ayudar.
¿Es esa la manera de coordinar entre administraciones un problema, que lo hay en Ceuta, y que hay que solucionar? ¿Que el delegado del Gobierno ponga a los inmigrantes que tienen abiertos sus expedientes de repatriación o expulsión y van a
tardar cinco o seis meses en un barco que cruza el estrecho en Algeciras y ahí se las ventilen? Esa situación conllevó que ayer Algeciras Acoge empezara a buscar a las diez de la noche una mala pensión donde meter, porque no tienen tampoco
recursos, a estos inmigrantes, para ver si mañana les buscan un billete de autobús y deambular después por cualquier lugar de España. ¿Esa es la manera de hacer unos traslados? Desde el Partido Socialista llevamos años denunciando la falta de
control fronterizo ante la dejación del Gobierno.
Además, para colmo, el señor delegado del Gobierno en Ceuta, don Vicente Moro, acusa a la Junta de Andalucía de deslealtad y de falta de cooperación. ¡Pero hasta dónde hemos llegado en la
desfachatez! Eso no se puede permitir; es un trato anómalo entre administraciones, que tienen que dialogar, e injusto e indigno para la situación del inmigrante, sobre la que, por muy ilegal que sea, algo tendrá que decir un país como España,
moderno, para darle una solución hasta que se les repatríe, evacue o expulse, y no trasladarle de un lugar a otro poniéndolo en una situación que luego puede ser motivo de delitos, etcétera, como ha pasado en alguna que otra ocasión. Por tanto, yo
creo que el problema no se soluciona llevándoles de un sitio a otro, sin más, para trasladar de un lugar a otro los problemas.
El problema se trata abordando soluciones como las que planteamos aquí. La primera, que se intensifiquen y mejoren las actuaciones del control fronterizo de Ceuta con Marruecos, a la vez que se incrementen los efectivos de los cuerpos de
seguridad del Estado, porque mientras no haya un control real de la frontera de Ceuta con Marruecos, seguiremos teniendo inmigrantes y seguiremos teniendo intentos de llegada a España.
Por tanto, mientras que esa situación no mejore, seguiremos
teniendo el problema de la inmigración en Ceuta, que está incrustada en el norte de África y tiene frontera con Marruecos. Y el Gobierno del Partido Popular saca pecho imperial en sus medidas de la Ley de Extranjería, pero luego no pone ningún
control, por lo que la frontera de El Tarajal entre España y Marruecos en Ceuta se ha convertido en un coladero.
En segundo lugar pedimos que se exploren -y, fíjese, lo pedíamos ya durante el verano, y se ha empezado a hacer ahora-, conjuntamente entre los cuerpos de seguridad de España y Marruecos las zonas de mayor paso fronterizo de inmigrantes
irregulares. Esto, lo decíamos hace meses y lo hemos venido repitiendo durante años, parece que ahora, en la cumbre hispanomarroquí de hace una semana, se ha acordado que se lleven a cabo medidas policiales conjuntas hispanomarroquíes. Ya era
hora. Vamos a ver si de la palabra del acuerdo se llega a la realidad de los hechos y no queda en papel mojado algo que es normal en las relaciones de España con Portugal y por qué no puede serlo con Marruecos, que es de donde de verdad surgen los
problemas del fenómeno migratorio.
En tercer lugar nos parece importante que cuando se dan situaciones, como la que he contado anteriormente, de desbordamiento de la inmigración irregular en Ceuta, que es un lugar pequeño, cerrado, puesto que hay una frontera y un estrecho
por delante y una frontera por detrás, se posibilite, para abordar el fenómeno del desbordamiento de la inmigración, al delegado del Gobierno en Ceuta para que tenga cualquier medio supletorio que le permita acoger a los inmigrantes en ámbitos
higiénicos, sanitarios y alimenticios mínimamente dignos. Porque tengo que decir aquí, señorías, que el Defensor del Pueblo, en su memoria anual de 2002, ha condenado la situación en la que se encuentran los inmigrantes en Ceuta. Ya he dicho que
hasta que no se repatríen o evacuen a la península, tienen que ser atendidos en condiciones de dignidad humana, porque además no se puede esperar otra cosa de un país como España, que es un país desarrollado, pero, desgraciadamente, en Ceuta, las
situaciones que se viven fuera del CETI que he relatado anteriormente, de tiendas de acampada, etcétera, dan una imagen tercermundista y dañan a la ciudad.
Por último, sé que este tema es polémico, pero ante el fenómeno de desbordamiento de la inmigración no se pueden tapar los ojos, como hace el Gobierno del Partido Popular en Ceuta. Por eso hemos pedido solamente que se estudie, no que se
haga, un proyecto técnico sobre la viabilidad y la necesidad de ampliar, o no, que diría el señor Rajoy, el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta. Alguien dice que eso es fomentar la inmigración; no, fomentar la inmigración es no
tener controlada la frontera; fomentar la inmigración es no hacer nada ante un fenómeno creciente como el que se da en Ceuta. Y no conozco a ningún inmigrante del mundo que diga que se va a Ceuta porque tiene un CETI mejorado con más capacidad.
La gente no se va a Ceuta porque haya más capacidad o menos en el CETI, se van huyendo de la miseria y de muchas cosas que SS.SS. ya saben, y no porque el CETI tenga más o menos plazas.
Mientras se dé la circunstancia que se da en Ceuta de tener
un CETI que tiene 450 plazas aproximadamente, cuando hay dos o tres veces más inmigrantes fuera, algo habrá que hacer, y no solamente lo que ha hecho el delegado del Gobierno en Ceuta, que ha sido trasladarles por las bravas a Andalucía sin contar
con los alcaldes de los lugares adonde van ni con la
Junta de Andalucía, sin saber cómo, cuándo y a dónde van esos inmigrantes irregulares. Por tanto, lo que planteamos en nuestra propuesta es que se estudie la necesidad de futura ampliación como una fórmula hasta que se resuelva o aminore el
fenómeno de la inmigración irregular en Ceuta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, con carácter previo yo voy a hacer una reflexión o, mejor dicho, una puntualización respecto a la exposición de motivos de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. He de decir
que en el tercer párrafo de la exposición de motivos existe una inexactitud al afirmar que tan sólo un día después de que la policía levantara el campamento de El Jaral, montado por Médicos sin Fronteras en Ceuta para atender a los inmigrantes sin
papeles, y ser trasladados sus ocupantes al CETI, medio millar de personas aparecen durmiendo a la intemperie.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Hay un error ahí. Perdón, antes de que continúe, quiero decirlo: hay un error de mi secretaria al pasarlo. Es medio centenar, 50 personas, y ha puesto medio millar, efectivamente.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: De todas formas, rectificamos el número, no hablamos de medio millar, hablamos de 50, pero sigo haciendo otra matización respecto a ese hecho en concreto, y es que todos, absolutamente todos, fueron integrados
dentro del centro de estancia temporal, salvo 34 personas de origen argelino, que no tenían cabida en dicho centro y fueron invitados a hospedarse en un hostal de la ciudad de Ceuta, como hicieron al día siguiente, por cierto. Quiero dejar
constancia de esto porque da la sensación de que cuando se instalan en un campamento esto es permanente, y todos hemos vividos situaciones que se han ido mejorando, afortunadamente, y no voy a negar los esfuerzos que se hicieron con anterioridad al
Gobierno del Partido Popular en este sentido, pero también tengo que recordar que los esfuerzos son realizados sobre la base de un programa, de unos proyectos, y se desarrollan en un tiempo. Me voy a retrotraer a octubre de 1995, cuando,
desgraciadamente para Ceuta y para España, se emitieron en el mundo entero unas imágenes que quedaron grabadas en las retinas de todos aquellos que pudieron verlas y que fueron las de aproximadamente 800 personas (en este caso, inmigrantes
irregulares subsaharianos) en una revuelta popular, como si estuviéramos en Sierra Leona, personas que tuvieron que ser reprimidas por la Policía Nacional y por parte de la población, como consecuencia de no tener ningún centro de estancia temporal
y estar en aquello que se denominaba campamento de Calamocarro, que sí que era absolutamente tercermundista y que, por cierto, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que lo desmontó, lo que no era responsabilidad nuestra porque no estábamos en
el Gobierno en aquel entonces. Aun así, he de reconocer que realizaron esfuerzos y se llevó adelante el proyecto del centro de estancia temporal, y hoy por hoy tenemos la situación que tenemos: que la presión migratoria cada vez es más fuerte, y
no vamos a crear centros de estancia temporal permanentemente, ya que espero que sea aceptada la enmienda que hemos presentado, porque el reconocimiento inicial del señor De la Encina es que se está mejorando la situación, se está trabajando para
mejorarla, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo un esfuerzo en este caso sobrehumano y no porque mandemos allí muchísimos más policías o guardias civiles va a mejorar la situación.
Aquí estamos hablando de dos situaciones:
la de la inmigración irregular y la atención que hay que tener con estos inmigrantes irregulares, y el ejercicio de la preservación de las fronteras ante la presión de la inmigración irregular.
Voy a hacer cinco o seis apreciaciones que creo que son estrictamente necesarias. Soy consciente de que el señor De la Encina está jugando un papel, y con esto le reconozco, lógicamente, su capacidad de parlamentario y sus conocimientos,
que nadie va a negar. Pero al jugar un papel a veces hay que olvidarse de las realidades y dar sensación de ignorancia para intentar justificar alguna afirmación. Hay algo que está en la ley y que creo que tiene que quedar muy claro. Y como está
en la ley y está muy claro, no se puede decir lo que se ha dicho. Señores del Partido Socialista Obrero Español, señores del Grupo Socialista, cuando a un inmigrante irregular se le da la orden de expulsión y la tiene en la mano, durante cuarenta
días, según la ley, puede estar en el país de origen, es decir, de donde va a ser expulsado, libremente, cuarenta días.
Con el papel de expulsión recorre el país libremente, y, que yo sepa, Ceuta y Andalucía son del mismo país, salvo que las tesis
del Partido Socialista sean las mismas que las de su asesor Máximo Cajal, que dice que hay que devolver Ceuta a Marruecos. Yo estoy seguro de que en ningún momento el señor De la Encina ha manifestado eso ni lo piensa, ni mucho menos, pero quiero
dejarlo claro, porque hablar de Andalucía como algo distinto a la realidad nacional de Ceuta me parece que es excesivo. Lo primero que hay que hacer es tener conocimiento de la ley, y la ley dice que cuando un inmigrante irregular tiene en sus
manos la orden de expulsión, durante cuarenta días puede circular libremente, hasta que se proceda a su expulsión, en el país que va a proceder a su expulsión. Eso en primer lugar.
En segundo lugar está el principio de solidaridad. Parece que el pacto que se acaba de realizar en otra autonomía española implica de alguna manera insolidaridad generalizada, porque cuando son detenidos en
las playas de Andalucía inmigrantes que arriban a sus costas, afortunadamente, los que llegan, y no, desgraciadamente, los que se quedan en aquellas aguas frías del estrecho de Gibraltar, ¿por dónde se devuelven a Marruecos? Se devuelven,
obviamente, por la frontera de Ceuta. Y la frontera de Ceuta tiene un problema añadido, y es que las autoridades marroquíes, de 100 inmigrantes devueltos a su país, a lo mejor admiten solamente 40, y los otros 60, desgraciadamente, se tienen que
quedar en territorio español, en este caso en territorio de Ceuta, y no estamos quejándonos de que no se queden en Andalucía. Somos solidarios a pesar de la grave reducción de espacio físico que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta, que, como ustedes
bien saben, tiene 19 kilómetros cuadrados y la presión migratoria se nota muchísimo más que en los campos extensos de esa Andalucía maravillosa que todos queremos.
Quería decir estas dos cosas porque si no se dicen, quizá no se puede entender exactamente qué es lo que está pasando. No se trata de comunicación o no comunicación; no se trata de que el delegado del Gobierno -ningún delegado del
Gobierno, por supuesto- incumple la ley, sino precisamente de que la cumple, y cuando a una persona se le da la orden de expulsión, a partir de ese momento, con ese documento, esa persona puede circular libremente por el territorio nacional, y, por
lo tanto, al tener la libertad de circular por el territorio nacional, en ningún momento hay que comunicar nada, porque puede hacerlo en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, y por lo tanto no se puede hacer ningún seguimiento de los
inmigrantes para ver cuándo cogen el barco o cuándo lo dejan de coger. Por lo tanto, difícilmente alguna autoridad puede ser consciente o hacer un seguimiento de lo que en realidad es libertad de circulación en un país a pesar de tener en sus manos
una orden de expulsión. Quería decir estas dos cosas porque creo que son fundamentales para entender la problemática. No quiero dejar de reconocer que Andalucía tiene también sus problemas. Todo lo contrario.
Yo, como representante en el
Parlamento nacional, en este Parlamento, de la ciudad de Ceuta, tengo que decir que la ciudad de Ceuta se solidariza, sin ningún género de dudas, con la problemática que tenemos en nuestro país, especialmente en las costas de Andalucía,
especialmente las personas que están realizando grandísimos esfuerzos en las costas de Andalucía, en Tarifa, en las costas de Cádiz, y que reciben a aquellas personas que, efectivamente -coincido con el señor De la Encina-, huyen de la miseria, del
hambre, del dolor y de la guerra. Pero no por eso tenemos que transformar la realidad y contar las cosas de una forma sesgada. Hay que contarlo todo. Y cuando se cuenta todo, la realidad es mucho más perceptible, mucho más real, si cabe la
redundancia.
Dicho esto, he de añadir que los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años han sido extraordinarios. Las inversiones que se han hecho desde el Estado hacia la Ciudad Autónoma de Ceuta, como a la Ciudad Autónoma de Melilla
-como también me consta que ha habido acuerdos y firmas entre las administraciones central y de la Junta de Andalucía- están mejorando sustancialmente. Por eso apelo a la sensatez del Grupo Socialista, y en concreto a la sensatez que ha demostrado
en muchas ocasiones el señor De la Encina, conocedor, como no puede ser de otra forma por ser vecino, aunque separados por una franja de mar, en este caso de este diputado que les habla, él desde Cádiz, en la ciudad de Algeciras, y yo desde Ceuta,
en el norte de África, para que sea aceptada la enmienda que presenta el Grupo Popular, porque el no reconocimiento de que se vienen realizando esos esfuerzos y también el reconocimiento por parte del Grupo Popular de que hay que seguir haciendo
cosas, implica precisamente el texto que nosotros hemos presentado como alternativa a la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. Pido al Grupo Socialista que se sensibilice con la situación; ya está sensibilizado, pero le pido que
se sensibilice más todavía y haga un reconocimiento expreso, a través de su proposición no de ley, aceptando nuestra enmienda, para que todos al final, unidos, consigamos que la situación de Andalucía, la situación de Ceuta, la situación de la
inmigración y la situación de las condiciones de los inmigrantes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mejoren con el paso del tiempo y con las acciones que estamos llevando a cabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A los efectos solamente de manifestar su opinión sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Efectivamente, se ha presentado una enmienda en la que se pide que se continúe teniendo en cuenta las características del hecho inmigratorio de Ceuta con vistas a continuar los esfuerzos, etcétera. Nosotros la
vamos a aceptar porque sabemos que la inmigración es un fenómeno muy difícil que la política del Gobierno del Partido Popular está convirtiendo en un problema, y le vamos a ayudar siempre que podamos a solucionar el problema que ha creado con la
inmigración. Si es necesario decir que se continúen los esfuerzos, como dice la enmienda del PP, así lo haremos. Pero eso no quita para que aclare algunas cuestiones en relación...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor De la Encina, no es el turno de hacer eso, como usted sabe. Si no, reabrimos el debate.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: No voy a reabrir el debate, pero como he interrumpido al portavoz del PP cuando manifestaba que en la exposición de motivos se indicaba medio millar de personas para aclarárselo, permítame que lo amplíe y diga
que, efectivamente, hubo un error que fue aprovechado por algún
medio de comunicación próximo, según parece, al Gobierno del Partido Popular, para hacer de eso la noticia, cuando la noticia es el problema de la inmigración, y una vez más el Partido Popular aquí lo quiere repetir. Se dijo ya que había
sido un error, pero la realidad es que hoy no hay medio millar, sino más, un millar de inmigrantes deambulando. Y, señor portavoz del Partido Popular, por favor, ¿qué mayor solidaridad que la de la Junta de Andalucía con Ceuta para todo el ámbito
sanitario? ¿A dónde van los ciudadanos de Ceuta cuando tienen un problema sino a la Junta de Andalucía? Lo que yo he pedido no es solidaridad, que la está demostrando permanentemente la Junta de Andalucía; lo que yo he pedido es que el señor
delegado del Gobierno levante simplemente el teléfono y comunique que se puede...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor De la Encina, ha planteado usted un argumento que está fuera de la aceptación o no de la enmienda.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: O bien me he expresado mal, cosa que dudo, o no se ha enterado el portavoz del Partido Popular, y es que nunca hemos dicho que no lleguen los inmigrantes, sino que se coordinen las Administraciones, y en este
sentido que el delegado del Gobierno no haga los traslados a la brava, simplemente. No es insolidaridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Yo creo que está clara su posición.
Señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, no quiero reabrir el debate, sino simplemente decir que no son traslados sino que lo que se produce es el libre ejercicio de la circulación como consecuencia de que, a pesar de tener en la mano un
documento que implica la expulsión del país, tienen derecho a la libre circulación durante cuarenta días. Y la solidaridad debe ser por parte de todos: territorio nacional, Ceuta y Andalucía.
- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO EN EL QUE SE INTEGRE LA NUEVA COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, EN EL MUNICIPIO DE MOTRIL (GRANADA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002073.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al debate de la iniciativa relativa a Motril. Previamente quiero decir que la hora prevista para la votación será la una de la tarde.
Señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Hoy es un día especialmente satisfactorio para esta diputada, y supongo que para todos los ciudadanos de Motril, porque durante cuatro años he realizado diferentes iniciativas, preguntas escritas, preguntas orales
en la Comisión y, finalmente, esta proposición no de ley que se presentó en marzo de este año precisamente porque no obteníamos una respuesta del Gobierno sobre cuál era la situación de la comisaría de Motril. Esta diputada se trasladó en
diferentes ocasiones a la comisaría, la visitó y puso de manifiesto ante los medios de comunicación y a través de las informaciones que nos llegaron desde los sindicatos de policía cuál era la situación de la comisaría. La comisaría de Motril es
muy antigua, no reúne las necesidades que requiere la localidad de Motril y, por supuesto, tampoco reúne las condiciones que los ciudadanos de Motril requieren.
Hay que poner de manifiesto que fundamentalmente en los años 2002 y 2003 obtuvimos respuesta del Gobierno en el sentido de que la comisaría de Motril estaba ubicada en un edificio que era insuficiente pero que no tenía mayor problema, aunque
sí obligaba a mantener en alquiler un local adjunto en el que se hallaban dependencias policiales en las que se tramitaba el DNI. En octubre de 2003 obtuvimos la última respuesta del Gobierno, por la que nos adelantaban únicamente que el Ministerio
del Interior estaba pensando redactar un proyecto básico para la construcción de una comisaría en Motril. Pero debo decirle a S. S. -y felicito en este caso al Gobierno- que no me voy frustrada de este Parlamento. Llevo cuatro años trabajando para
que Motril tenga una comisaría digna, en un edificio que de verdad reúna todas las necesidades que tiene esta población que tiene más de 50.000 habitantes. Esta comisaría es la única que hay en más de 100 kilómetros desde las costas de Málaga hasta
las costas de Almería, que se ha convertido en un nudo comercial muy importante en la costa granadina y que además, como he puesto de manifiesto en otras ocasiones, es un centro de llegada de muchos inmigrantes, por lo que hay que tener en cuenta
las necesidades que se están produciendo y a las que hay que hacer frente. Igual que otras veces he dicho que me parecía incomprensible la actitud del Gobierno, en este caso debo manifestar que, de una forma clara y contundente, el Gobierno, aunque
sea por dar la lata esta diputada, ha decidido la construcción de una nueva comisaría en Motril.
Según informaciones de prensa, el día 10 de diciembre de 2003, don Felipe del Pozo, que es el director general de Recursos, presentó el proyecto en la ciudad de Motril. Pero también debo decir que ayer a última hora de la tarde pude ponerme
en contacto con el Ministerio del Interior, donde me confirmaron que efectivamente se había producido ya el encargo para la redacción del proyecto a don Antonio Cortés Minguel, que es un arquitecto de Granada, y también me adelantaron que la
voluntad del ministerio era hacer la adjudicación de las obras en el primer semestre del año 2004.
También me adelantó el señor Del Pozo la
posibilidad -o por lo menos así lo había determinado provisionalmente el Ministerio del Interior- de que se solicitase la licencia de obras del Ayuntamiento de Motril, así como un compromiso que parecía que no se había meditado el día en que
se hizo la presentación el 10 de diciembre en la ciudad de Motril, y es que la ejecución de la obra se realice en 18 meses.
Por lo anteriormente expuesto, aunque la petición que hizo esta diputada cuando presentó nuestra proposición no de ley, en la que se solicitaba que se acordara la construcción de un nuevo edificio en el que se integrara la comisaría de forma
inmediata y se iniciaran todos los trámites para la construcción en este ejercicio presupuestario, no se ha podido cumplir en este ejercicio presupuestario, el ministerio se compromete a que sí sea posible al menos la adjudicación de la obra y se
inicie el procedimiento de contratación de las obras en el año 2004, y el Grupo Popular me presenta en el día de hoy una enmienda que propone que se inste al Gobierno a continuar con las actuaciones dirigidas a la construcción de un nuevo edificio
de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Motril, tal como se está haciendo, una vez que se cumplan todos los trámites administrativos preceptivos. Esta diputada no tiene ningún inconveniente en aceptar la enmienda, pero creo que es acorde
con la petición que se hacía en la proposición no de ley y que de alguna manera también responde a los compromisos que públicamente y de una manera personal, como decía, ayer a última hora de la tarde, anunciaba a esta diputada el ministerio. Por
tanto, vamos a aceptar la enmienda, y espero que se cumpla la petición que se hacía al Grupo Popular, que era la de admitir dicha proposición no de ley y admitir, lógicamente, las necesidades que hemos puesto de manifiesto en distintas ocasiones y
que hace mucho tiempo que se vienen exponiendo por las administraciones en Motril, pues los terrenos se pusieron a disposición del ministerio hace diez años. Me parece que la necesidad es evidente y urgente, por lo que, lógicamente, con la
respuesta que nos da el ministerio, sería una temeridad que esta diputada no aceptara esa enmienda. Por tanto, vamos a aceptar la enmienda y espero que el Grupo Popular vote de forma favorable la proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvión García): Señora Fernández de Capel, para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, también el Grupo Popular, como no podía ser menos, se felicita con todos los ciudadanos de Motril, que ya están contentos desde hace tiempo porque conocen, por haberse hecho público en
diferentes ocasiones, el compromiso público de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior para solucionar una serie de problemas ancestrales que la provincia de Granada tiene, como tantas deficiencias que ha tenido toda España
durante algunos años en lo que respecta al Ministerio del Interior y que, naturalmente, el Gobierno del Partido Popular tiene que solucionar porque gobernar es también solucionar problemas que se han ido acrecentando con el paso de los años, ya que,
como muy bien ha dicho la señora López, durante diez años se ha hablado de estas deficiencias, que no se generan de la noche a la mañana. Afortunadamente, por una gestión decidida de la Dirección General de la Policía y del Ayuntamiento de Motril,
sabemos ya desde hace varios meses que el proyecto básico estaba redactado, que además ya se ha concedido y se ha registrado la preceptiva licencia de obra y que, como ya se había publicado incluso por los medios de comunicación en la provincia de
Granada, para el primer semestre de 2004 la obra se iniciará, y hay aproximadamente un plazo de dos años y medio para poder atender a las necesidades que este nuevo edificio requiere. Además sabemos que es un edificio que no se ha hecho de una
manera precipitada, sino que el proyecto contempla las mejores calidades y está diseñado para un solar cedido en un sitio muy céntrico, muy cercano a donde se va a edificar el edificio de Hacienda, el nuevo conservatorio de música y una serie de
edificios importantes para la ciudad de Motril, pero que también tiene la ventaja de tener un acceso fácil a los ciudadanos.
El edificio que se va a hacer consta de una serie de estructuras diseñadas en aras del funcionamiento. Es decir, presenta una planta baja con dependencias para tramitación de documentación, pasaportes, acceso al área de denuncias, y una
superficie construida con otras dependencias en la primera planta para jefatura de Policía, área de apoyo y gestión; una segunda planta para dependencias de otro tipo y para las necesidades de una jefatura de esta naturaleza, y una planta de sótano
construida sobre 1.085 metros cuadrados, con instalaciones para detenidos, área de extranjeros y garaje. Se considera que en total va a tener una superficie construida de 2.374 metros cuadrados aproximadamente. En este momento sabemos que además
está prevista la instalación de la plantilla adicional del Ministerio del Interior por la creciente oferta de empleo público que en todo el territorio nacional se está produciendo para paliar las deficiencias de la escasez de empleo público en otros
momentos. Y no solamente existe este edificio en el ánimo, sino que también se ha firmado el proyecto, como conoce la opinión pública porque se ha hecho público con compromiso de altos cargos del Ministerio del Interior y por la voluntad decidida
del director general y de todas las personas que en ello han participado.
También queremos decir que gracias a la coordinación del ayuntamiento se ha conseguido acelerar todo el proyecto. Y en este momento sabemos también que, aparte de que el edificio va a ser una realidad, porque ya lo está siendo -y la señora
López me permitirá que le haga este recuerdo-, es difícil intentar hacer
un proyecto dentro de un ejercicio cuyo presupuesto ya está aprobado. El presupuesto de 2003 estaba aprobado previamente en 2002, y los presupuestos de la Administración son presupuestos anuales previamente hechos. Pero la aceleración y la
voluntad de contar con las mejores instalaciones para la provincia de Granada y para el Ministerio del Interior ha sido la norma general del Gobierno en este sentido.
Nosotros nos felicitamos también de que la ciudad de Motril, y por ende también todo lo que hay en proyecto en la provincia de Granada, lleve un ritmo adecuado y se vayan viendo cumplidos los plazos. Sabemos que hay ya una voluntad decidida
con los trámites preceptivos, que son trámites de la Administración y de la contratación previa, pero sabemos también que en este momento el proceso de la nueva comisaría de Motril es ya rápido e imparable. Y con la buena voluntad que une a
cualquier grupo parlamentario que lucha por su provincia, felicitamos al Gobierno.
Consideramos que en cierta medida también ha sido útil dar la lata, como ha dicho la señora López, lo que corresponde a la función más digna del diputado, pero si no
hay voluntad de arreglar las situaciones, éstas se alargan en el tiempo, y por eso no solamente hay que dar la lata, que es la más justa y la más digna de las actitudes del diputado, sino que también es preciso que haya una clara y decidida voluntad
de la Administración de escuchar los requerimientos de los ciudadanos a través de sus representantes, que son los diputados, cualquiera que sea el grupo. En este caso la coordinación ha sido fundamental, porque todos y cada uno de los diputados, de
los representantes municipales, territoriales, las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en las provincias luchan todos por el mejor desarrollo y por la culminación de los deseos y las necesidades de los ciudadanos, que en este caso vemos
totalmente acogidas por el Ministerio del Interior.
Quiero agradecer a la señora López su amabilidad y decirle que estamos de acuerdo con ella en que nuestra enmienda es razonable puesto que estamos pidiendo lo obvio y lo que ya se está haciendo, afortunadamente, y generosamente.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ARMAS, EN EL SENTIDO DE QUE LAS ARMAS DE IMITACIÓN, SIMULADOS DETONADORES O DE FOGUEO, SE ADQUIERAN EN ARMERÍAS Y SITIOS ESPECIALIZADOS Y CON LAS MISMAS CONDICIONES QUE LAS ARMAS AUTÉNTICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/002080.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al debate de la siguiente iniciativa, sobre modificación del reglamento de armas, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora
Moreno Sirodey.
La señora MORENO SIRODEY: No es la primera vez que traemos temas relacionados con la regulación de las armas, en este caso una proposición no de ley relativa sobre todo a las armas de imitación.
Ya con fecha 4 de marzo se debatió en esta misma Comisión una proposición no de ley relativa a la regulación del tráfico y adquisición de armas de fuego, así como la venta y adquisición de armas simuladas de fogueo, que presentó el Grupo
Socialista. Fue un debate amplio en el que, aunque no lo vamos a repetir porque ya quedó lo suficientemente claro en su momento, alertamos del uso que se estaba haciendo de las armas de fogueo y de imitación para atracos e intimidación de personas,
actividades para las que, por supuesto, no se había previsto su uso puesto que las armas simuladas eran un elemento puramente decorativo. Se presentó además otra proposición no de ley posteriormente en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a
la no inclusión en publicidad de las armas detonadoras, de fogueo e imitaciones en catálogos de juguetes y de fácil acceso para los más jóvenes, proposición que también presentó mi grupo, y en aquel momento también tuvimos ocasión de manifestar que
en los catálogos de juguetes, junto a ositos de peluche, junto a los trenes y junto a las Barbie, se exhibían -aquí tengo los catálogos, y se han vuelto a reproducir, lo que es peor, en estas fechas- las armas y todo tipo de armas de imitación con
el consiguiente peligro y la incitación que se hace a los más jóvenes a comprarlas. Es cierto que en dichos catálogos se dice que no son juguetes, pero si no lo son nos preguntábamos en aquella Comisión de Sanidad y Consumo qué hacían referenciados
y publicitados ahí. Se llegó al acuerdo con una enmienda in voce que hacía el Grupo Popular, y se aprobó de manera unánime.
Hoy traemos otra iniciativa relacionada con el tema porque nos preocupa muchísimo que este tipo de armas se sigan comprando o vendiendo en cualquier sitio; ya puse incluso suficientes ejemplos en los debates anteriores de que se podían
adquirir en cualquier tienda de juguetes, en cualquier tienda de deportes o incluso en tiendas de todo a cien, como demostré con documentación que no voy a reiterar -repito una vez más- hoy, porque ya consta en el 'Diario de Sesiones' de todos los
debates que ha habido al respecto. Hoy traemos esta proposición no de ley como consecuencia y como un paso más adelante de las que, como he expuesto anteriormente, se han debatido ya. Es imposible identificar si estas armas son auténticas o no
incluso por especialistas y están siendo causa de graves delitos que se cometen en la calle o en cualquier otro lugar.
Hemos tenido conocimiento de atracos de todo tipo con estas armas, como ya expresé, y precisamente en la fecha en la que se
presentó esta proposición no de ley hubo un atraco a un club con un arma que luego resultó ser
simulada y que se saldó con la terrible desgracia de dos personas muertas.
Vemos que estas armas se utilizan cada vez con más frecuencia como si fuesen auténticas, por su dificultad para reconocerlas incluso por los especialistas, no digamos ya por personas desconocedoras del tema, que es la inmensa mayoría de la
población. La evidencia de esta práctica cotidiana nos dice que se están utilizando como si fuesen armas auténticas para cometer todo tipo de delitos e intimidación y en algunos casos con resultados fatales, como he expuesto anteriormente, incluso
para los propios atracadores.
Presentamos esta proposición porque, una vez visto el reglamento de armas y la respuesta que me da el Gobierno en fecha de enero de 2003 a algunas de las preguntas relativas a este tema, que me preocupa enormemente y nos preocupa a todos,
comprobamos que sobre las armas de imitación dice el artículo 5.2 del reglamento que queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio como objeto de adorno para colección, con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 107, salvo
si es para decoraciones y demás, de imitaciones de armas de fuego que, por sus características externas, puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego.
Igualmente, respecto a las
imitaciones, se dice en ese reglamento: Los interesados en adquirir estos productos deben ser titulares -en cuanto a la venta- de un libro de registro de coleccionistas diligenciado por la Intervención de Armas y Explosivos, en el que se anotarán
las altas y las bajas. Pero en relación con las armas de imitación, el reglamento no contempla restricción alguna para su distribución en comercios, por lo que se pueden vender en cualquier establecimiento que reúna los requisitos fiscales
establecidos para este tipo de ventas. Estoy leyendo literalmente la respuesta que se me da con fecha 24 de enero de 2003.
Incluso se dice que si se trata de armas que son imitaciones de armas de fuego, no está prohibida la comercialización de
tales objetos, por lo que únicamente cabe sancionar la infracción consistente en su tenencia por particulares fuera de domicilio. En la mencionada Comisión de Sanidad y Consumo expuse el caso de un niño de nueve años que la había adquirido en una
tienda de todo a cien y, desconociendo el peligro y a espaldas de sus padres, que no le habían dado permiso para comprarla, estaba jugando en un parque, un policía municipal le vio, y como la tenencia está prohibida, se multó al niño, por estar
jugando con lo que él creía que era un juguete, siendo un arma de imitación, y a los padres con una multa de 50.000 pesetas. Con esto quiero decir que la reglamentación no está acorde con las necesidades, con la realidad y con el uso indebido que
últimamente se está dando a estas armas de imitación, por lo cual ha presentado el Grupo Socialista esta proposición no de ley, en la que proponemos que este tipo de armas no se venda, tal como el reglamento prevé, sin restricción ninguna para su
distribución, por lo cual se puede vender en cualquier establecimiento que reúna los requisitos fiscales establecidos para este tipo de armas, e instamos al Gobierno a que las armas que, por sus características externas, puedan generar confusión con
armas reales, que son todas, sean incluidas en el reglamento de armas y que solamente se puedan publicitar, vender y comprar en armerías y establecimientos especializados y con las mismas condiciones y requisitos que las auténticas, puesto que se
están utilizando como si fueran auténticas, y no precisamente para decoración sino para cometer todo tipo de delitos y tropelías, con peligro real, como hemos dicho anteriormente, para la vida de las personas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: El objetivo de la proposición no de ley que viene a ocuparnos esta mañana es, sin duda, modificar el reglamento de armas a fin de que las armas de imitación y los detonadores simulados o de fogueo sean
adquiridos en armerías o establecimientos especializados y con las mismas condiciones que las armas auténticas. Eso es lo que vengo a entender y a extraer de su proposición no de ley.
Permítame, señoría, que comience con una reflexión, y es que observo que entrelaza en su proposición no de ley el concepto de seguridad ciudadana con la modificación del reglamento de armas. Sin embargo, no entiendo que entre un extremo y
otro exista una absoluta y estrecha relación, pongamos que una relación determinante. Creo entender que S. S. ha elegido un hilo argumental en el que bucea y desciende en un caso práctico muy desagradable (una trágica cuestión que finalizó con dos
muertes de seres humanos), y aunque no es mi intención emitir juicio de valor alguno sobre ello, sí me resulta poco creíble que su señoría opine que quien atraca o roba a punta de pistola, simulada o no -en este caso simulada-, sea ajeno al simple
pensamiento o la simple probabilidad de que, además de perseguir robar intimidando, pueda terminar exponiéndose a un riesgo que incluso puede ser determinante para poner en peligro su propia vida.
Efectivamente, señoría, el animus no se puede
regular; sí se puede enjuiciar. Pero no le sorprenda a usted, señoría, porque únicamente estoy haciendo referencia al caso práctico que su señoría ha mencionado en la misma exposición. Quizá S. S. opine que quien empuña un arma simulada no es
consciente del riesgo que conlleva, al menos para su persona, y que jugar con pistolas de agua en un parque, circunstancia ésta que en modo alguno vengo a justificar, pueda ser lo mismo que atracar un club con una pistola simulada en mano.
Sabe S. S. también que existe una variada y amplísima casuística al efecto que influye directamente sobre
determinados aspectos a valorar, como el dolo eventual, o también en este caso acerca de la teoría de la probabilidad. Por lo tanto, comprenda S.
S. que, al margen de toda cuestión técnica, desde el Grupo Popular entendamos que se hace una
afirmación que no viene a dejar duda alguna respecto a su hilo argumental: establece una relación directa entre la comisión de delitos con la utilización de armas simuladas como elemento intimidatorio. Y quiero recordarle, señoría, que también es
un elemento intimidatorio, por ejemplo, un cuchillo de cocina, que no precisa, sin embargo, adquirirse en un establecimiento específico, cosa distinta de la que usted misma ha reconocido hace un momento en relación con las armas simuladas, y que
este tipo de cuchillos de cocina podemos encontrarlo en las mismas tiendas de todo a cien a las que también hacía referencia en otra proposición no de ley, a excepción, naturalmente, de aquellas que sí vienen reguladas en el reglamento de armas en
cuanto al concepto como tal de determinados cuchillos con un número de centímetros determinado.
No obstante lo dicho, señoría, para no negarle la mayor, cierto es que en atención a su distinto perfil -y en esto no me voy a extender, puesto que ya ha hecho una exposición muy sucinta usted misma-, en cuanto a las armas que sí pueden
causar la muerte, no quita, por lo tanto, que éstas no vengan, sin embargo, a estar incluidas dentro del reglamento de armas.
Ha citado los artículos 54.6 y 56 en cuanto a una categoría específica, pudiendo ser adquiridas tan sólo en armerías y
establecimientos deportivos, previo control del DNI o acreditación similar, quedando los datos registrados en los libros del establecimiento vendedor, limitando igualmente su exhibición o uso, y también incluso a portarlas fuera del domicilio o del
lugar estimado por las autoridades. En cuanto a las imitaciones, se refiere al artículo 5.2 del reglamento de armas, prohibiendo expresamente la tenencia de tales imitaciones cuando sus características externas induzcan a confusión, estableciendo
obligatoriamente un libro registro en el que se inscriba el propietario, si bien será mayor de edad. Por lo tanto, entendemos que existe una regulación al respecto. El problema, desde luego, está en el ánimo de la utilización de las mismas, y
también en poder adquirirlas en determinados establecimientos no apropiados ni permitidos. Luego habrá, por lo tanto, que extremar el control; y a ese respecto se producen habitualmente expedientes de control y expedientes sancionadores a lo largo
del año.
Por lo anteriormente expuesto, y centrando el asunto para que S. S. pueda entender quizá de una forma más clara o más contundente nuestra posición, que es tan sensible como la suya, quiero recordarle que en sesión de 4 de marzo de este año
el grupo proponente presentó una proposición no de ley de idéntico contenido al hoy debatido. En aquel momento mi grupo fijó su posición de la mano de la diputada señora Torme, ofreciéndole una transaccional que no fue aceptada por S. S. Aquella
transaccional pretendía encontrar un punto de convergencia, ahondando aún más en la protección a un sector de la población especialmente vulnerable como son los menores. (La señora Moreno Sirodey: No, no.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Moreno, le ruego que no intervenga cuando está interviniendo la representante de otro grupo parlamentario.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Pero la proponente no estuvo en ese momento especialmente sensible, aunque sí interesada. Y no estuvo, como digo, especialmente sensible a nuestro ofrecimiento y declinó aceptarla, a pesar de constatar que
quizá hubiera sido otra instancia más apropiada para hablar de prevención y protección del menor en cuanto a publicidad y en cuanto a juguetes a modo de imitación de armas simuladas se refiere.
Sin embargo, nos quedamos con la mano tendida,
señoría, y con el ofrecimiento hecho, sin que por su parte se pudiera reconsiderar la posibilidad de orientar su iniciativa a través siquiera de otro cauce.
Pues bien, en este caso, conocedor mi grupo de su interés, volvemos a presentarle de nuevo aquella transaccional, con algunos matices, apelando esta vez no solamente a su interés sino también a su reconocida sensibilidad, para que de esta
manera podamos encontrar un punto de coincidencia que entiendo que nos une. Porque debe usted comprender que no se trata de prohibir lo ya prohibido, sino que se trata de controlar.
Y como todo es mejorable, habrá por lo tanto que andar y
establecer los cauces adecuados que ya están establecidos para continuar en ese control exhaustivo. Porque también S. S. hablaba hace un momento de pedagogía, pero una pedagogía que alcanza no solamente al marco que S. S. está defendiendo, sino
también al marco publicitario y sobre el que el pasado 29 de abril se pronunció esta Comisión, precisamente a través de una transaccional presentada por mi grupo a un texto que S. S. presentó también. Por lo tanto, el problema habrá que cifrarlo
fundamentalmente en el control, y no en modificar o en introducir algo que ya está regulado.
Y este es motivo por el que venimos a ofrecerle la siguiente transaccional: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas
orientadas a seguir perfeccionando el vigente sistema de control respecto a los diferentes establecimientos que vienen a estar relacionados directamente con las actividades relativas a todo tipo de armas, incluidas también las imitaciones.
¿Por qué le ofrecemos esta transaccional? Porque en este sentido, efectivamente, se han iniciado ya, y se iniciaron desde tiempo atrás, los correspondientes controles por la autoridad competente, ya en el año 2002 la incoación de casi 900
expedientes sancionadores, además de más de 19.000 inspecciones. Por lo tanto, no cabe la impunidad y no cabe tampoco regular lo que ya
está regulado. Le ofrecemos, por tanto, la transaccional a la que acabo de dar lectura.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En cualquier caso, esta Presidencia no puede admitir la transaccional porque, de acuerdo con el artículo 114.3 del Reglamento, al no existir una enmienda anterior, no cabe la posibilidad de
transaccionar con nada. Por tanto, se quedará en los justos términos la iniciativa. (La señora Moreno Sirodey pide la palabra.)
Señora Moreno, el debate ha terminado; no hay enmienda, no hay transaccional.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Hemos emitido, efectivamente, nuestro juicio a través de una transaccional que hacemos en este momento in voce y que ofrecemos a S. S.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Seller, al no haber una enmienda previa, no es posible dar curso a la transaccional. (La señora Moreno Sirodey pide la palabra.)
Señora Moreno, no cabe más debate sobre el asunto porque está suficientemente debatido. Usted ha tenido su turno de intervención, el Grupo Parlamentario Popular el suyo, y no cabe reabrir el debate, el Reglamento es así de restrictivo.
-SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FRONTERAS DE LA BASE NAVAL DE ROTA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002114.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la iniciativa relativa a la base naval de Rota, sobre el funcionamiento de la oficina de fronteras. Es una iniciativa del Grupo Socialista, y
para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: En principio quería aclarar que se está debatiendo una proposición no de ley ya en la Comisión de Defensa y la siguiente es la mía, por lo que voy a intentar ser lo más breve posible.
La proposición no de ley que traemos hoy a esta Comisión, que espero que también sea para su debate y aprobación, viene referida al servicio de control de fronteras de la base naval de Rota. Hay que decir que en el año 1991 se crea en esta
base naval una oficina policial denominada servicio de control de frontera, con la función de aplicar unos determinados sistemas de verificación, control y seguimiento de las entradas, permanencia y salidas del territorio español de todas las
personas amparadas jurídicamente por el Convenio bilateral entre España y Estados Unidos y que han sido destinadas a nuestro país en las diferentes modalidades o estatus contemplados en aquél, pero también se controlaba a aquellas otras personas no
acogidas al Convenio bilateral que, como jubilados militares norteamericanos, entran o salen por dicha base naval en calidad de turista. Esta oficina empezó a cubrirse con cinco plazas de escala ejecutiva; además se habilitaron unas dependencias
en el interior del recinto militar, más concretamente en el aeropuerto en la zona norteamericana, dotando a la oficina de medios y equipos. Hay que dejar claro que este servicio se prestaba las 24 horas del día ininterrumpidamente desde octubre de
1991 hasta finales del año 1996, en que se cerró. Actualmente sólo se limita su apertura al momento de la entrada y salida de dos vuelos semanales civiles, normalmente en horas de madrugada, y ese control además lo realiza un solo policía que está
en la comisaría de Rota a cargo del módulo operativo. Si se mantiene ese servicio, hay que decir que es más bien por la buena voluntad de este policía que por la obligación de hacerlo. Se puede afirmar, por tanto, que en la base de Rota no se
están controlando los numerosos vuelos que proceden de Estados Unidos y de otros países no pertenecientes al espacio Schengen. Cabe resaltar que hay vuelos militares que son utilizados por personal civil norteamericano relacionado con el
Departamento de Defensa de Estados Unidos que no tienen control de su llegada y su salida de la base naval. Asimismo, en estos vuelos militares no se revisa la orden de destino que traen, donde se indica la temporalidad de la permanencia en la
base. Esta situación es grave dado que, al no existir un control, sobre todo en época estival, muchos ciudadanos norteamericanos entran por esta vía como turistas, en territorio nacional sin tener relación ninguna con el convenio bilateral y, por
tanto, son personas que entran en España y permanecen sin control temporal alguno. Si tenemos en cuenta que la base de Rota es considerada frontera exterior, el que no exista un control efectivo y personal directo de las entradas y salidas por la
misma tiene gran incidencia en la Unión Europea, ya que cualquier persona que entre por esta base naval puede pasar a otros países europeos sin identificarse, al suponerse que ya han sido identificados y controlados en dicha base.
Con estos datos se puede afirmar que el Gobierno español no tiene ningún control real y efectivo sobre las personas que entran tanto por avión como por barco en la base de Rota. No lo decimos nosotros; lo dicen los mismos agentes de
policía que están en la comisaría de Rota. Las estadísticas de frontera que realiza la Dirección General de Policía están basadas en los listados de vuelo y de personal que la Marina norteamericana tiene a bien dejar en un casillero. En la
actualidad la oficina de fronteras no figura en el catálogo de puestos de trabajo; se encuentra desabastecida de personal y, por lo que se ve, no parece previsible que el Ministerio del Interior tenga previsto reanudar esta actividad. También
tenemos constancia de que el Ministerio de Defensa tiene un especial interés en reanudar este servicio,
algo que ha requerido por vía oficial al Ministerio del Interior en varias ocasiones sin que su petición haya tenido resultado positivo.
Hemos de decir también que tanto los sindicatos policiales como los propios agentes de la comisaría de Rota demandan la apertura de esta oficina y la dotación de funcionarios suficientes para llevar a cabo esta importante labor. A esta
petición nos queremos sumar desde el Grupo Parlamentario Socialista, considerando un hecho grave que esta oficina no esté funcionando las 24 horas del día ininterrumpidamente, ya que supone que no se puedan llevar a cabo con las debidas garantías
las labores de control e identificación efectivas de las personas que entran y salen a través del aeropuerto de Rota. De ahí nuestra petición para que vuelva a funcionar la oficina de fronteras de la Dirección General de la Policía de la base
naval, como venía funcionando antes de finales de 1996, con un servicio ininterrumpido de 24 horas diarias con personal necesario para la realización de las funciones que dicha oficina tiene encomendadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Yo también lo hago con brevedad y posiciono al Grupo Parlamentario Popular.
Señora Sánchez, permítame que le diga a estas alturas de la legislatura, que no me extraña nada, pero que hay iniciativas que me llaman la atención. En efecto, la base naval de Rota, a la que le es de aplicación el convenio entre España y
Estados Unidos, contaba con una oficina policial denominada servicio de control de fronteras y dotada con determinados funcionarios. En el año 1995 el Gobierno socialista, en la era socialista de don Felipe González, elaboró el catálogo de puestos
de trabajo y mire usted por dónde, eliminó los puestos de trabajo de esta oficina. Año 1995. De los funcionarios que estaban allí destinados, unos se jubilaron y otros pidieron el traslado a otro destino. Lo que me llama la atención es que lo que
desmanteló el Gobierno socialista en el año 1995, hoy vengan ustedes a pedir que el Gobierno Popular lo reponga. Si por ustedes hubiera sido, una vez desmantelado este servicio no se hubiese seguido prestando. Sin embargo, yo quiero decirle para
su tranquilidad que este servicio se ha seguido prestando a través de los funcionarios que están adscritos a la comisaría de Rota. En efecto, en el aeropuerto se controla físicamente a los pasajeros que utilizan los dos vuelos que semanalmente
llegan, denominados OB o vuelos civiles, siempre en horario nocturno, que transportan personal civil destinado a la base de Rota; igualmente se controlan los vuelos que entran en días laborables en horarios de 18.00 a 20.30 horas. Cualquier otro
vuelo que tenga prevista su entrada, previo aviso, es igualmente controlado. En el puerto igualmente se controlan todos los barcos civiles, previo aviso del consignatario. Por tanto, el servicio que ustedes desmantelaron en el año 1995, el
Gobierno del Partido Popular ha seguido prestándolo durante estos años, no con una oficina permanente, sino con el personal adscrito a la comisaría de Rota.
Como curiosidad quiero decirle que creía que S.S. iba a autoenmendarse.
Ayer presentó el Grupo Socialista su programa electoral sobre seguridad y precisamente le reserva a la Guardia Civil el control de fronteras, sin embargo, veo que en
su proposición no de ley de hoy se reserva a la Policía Nacional este servicio de control de fronteras. Es una simple curiosidad y no una contradicción.
Nuestro grupo va a votar en contra porque, aunque ustedes desmantelaron el servicio en el año 1995, el Gobierno del Partido Popular lo ha seguido prestando a través de la comisaría de Rota. Nada más.
- RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE FONTCALENT (ALICANTE) POR UN SISTEMA ELECTRÓNICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002249.)
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, he llamado a la diputada que lleva la siguiente proposición no de ley, la señora Delia Blanco, que está en camino. Si S.S. no quiere retrasar la Comisión y dado que las dos diputadas de la
siguiente iniciativa están presentes, podrían resolverlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Así lo haremos. Para el debate de la iniciativa relativa al centro penitenciario de Fontcalent en Alicante, tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señorías, esta diputada, junto con sus compañeros diputados del Grupo Socialista, ha visitado la cárcel de Fontcalent a lo largo de esta legislatura en tres ocasiones, y lo que hemos constatado en ellas es que hay una
evidente carencia de recursos materiales, de recursos humanos y algo que es mucho más grave y que convierte esa carencia en algo más importante: que en este momento la citada cárcel presenta un hacinamiento peligroso. Si su capacidad es de 450
presos, en la visita que realizamos en julio pasado había 900 y en el día de ayer, fecha en la que confirmé el dato, ascendían a 930. El hacinamiento ha sido una de las constantes de la cárcel de Fontcalent. Otra de las cuestiones que constatamos
es que había unas instalaciones bastante indignas para los tiempos de ocio entre turnos de trabajo de los miembros de la Guardia Civil destinados en este centro, hasta el punto de que, si tienen lugares donde sentarse es porque los
propios miembros de la Guardia Civil, como nos contaron en julio, se habían llevado los muebles y las sillas de su casa; algunas de esas sillas, bastante deterioradas, pertenecían al mobiliario de su casa que habían considerado inservible.
Nos parece indigno que en un centro penitenciario de la España del siglo XXI los guardias civiles tengan que llevarse sus propios muebles.
Aunque la formulación de la proposición no de ley habla de las garitas, tiene dos partes, y una de ellas es precisamente que las instalaciones para el tiempo de descanso de los miembros de la Guardia Civil deberían arreglarse. Es verdad que
el tema central es el de las garitas: son impresentables, tienen un deterioro muy importante y total; en invierno hace muchísimo frío y en verano muchísimo calor; el acceso -lo constatamos porque subimos a ellas- es peligroso y han quedado
obsoletas, porque cuando se construyó el centro penitenciario de Fontcalent no era para los fines a los que está dedicado desde hace unos años, un centro de prisión. Podríamos decir, por tanto, que las quejas que recibimos de la Guardia Civil eran
ciertas.
A la vista de que esta proposición no de ley podría tener unos meses de retraso y de que incluso no estábamos muy seguros de que se pudiese debatir en esta legislatura, formulamos también una pregunta al Gobierno con fecha 23 de septiembre
de 2003, sobre las condiciones del arreglo de estas garitas y qué es lo que pensaba hacer el Gobierno al respecto. La respuesta del Gobierno, de 14 de octubre de 2003, tal y como consta en el 'Diario de Sesiones', habla de que efectivamente hay que
dotarlas de mejores condiciones de habitabilidad y seguridad y de que se van a hacer mejoras tales como repintar, poner cristales nuevos (carecen de cristales). Por otra parte, van a hacer un estudio para ver si es posible sustituir este tipo de
vigilancia fija en las garitas por una vigilancia dinámica. Si el citado estudio demostrase que no es posible hacer esto, entonces se acometerían proyectos de remodelación.
La proposición no de ley que hoy debatimos, aunque han pasado unos cuantos meses, es de plena actualidad porque cuando ayer volvimos a recabar datos, nos encontramos con que estas garitas siguen siendo impresentables, siguen teniendo un
acceso peligroso y todavía están sin cristales. Es verdad que el Gobierno prometió que se iba a corregir este deterioro, pero lo único que ha hecho es poner unas placas de calefacción que, curiosamente, tampoco funcionan. De manera que nos
encontramos con que es una proposición no de ley razonable. Consideramos que la Guardia Civil destinada a este centro penitenciario no debería estar en las condiciones en que se encuentra en este momento y, después de tanto tiempo, siguen
existiendo motivos para sus quejas. De ahí que nuestra proposición no de ley inste al Gobierno a que sustituya las garitas de vigilancia del centro penitenciario de Fontcalent por un sistema electrónico que sería más eficaz y más seguro, y que al
mismo tiempo realice todos aquellos arreglos que considere necesarios y oportunos para que las instalaciones que usa la Guardia Civil destinada a este centro recuperen la dignidad y la eficacia laboral que nunca deberían haber perdido.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: He atendido con mucho esmero la proposición no de ley que presenta S.S., porque siempre le he reconocido el interés que suscita cualquier asunto que esté relacionado con la provincia que compartimos, y
naturalmente aquellos que están vinculados a los asuntos más delicados -entre comillas- de la sociedad, algo en lo que le reconozco que es usted también una experta. Al tiempo que alabo su interés, he de decirle que su proposición no de ley vene a
debatirse un poco tarde y quizás no obedece a la realidad en los términos en que S.S.
lo expresa, porque al igual S.S. se ha personado en la prisión de Fontcalent, también lo ha hecho esta diputada que les habla, quien ha tenido ocasión de ver
directamente algunos de los aspectos mencionados.
Habla S.S. de carencia de medios materiales y recursos humanos de la Guardia Civil, carencia que, si pudiera reprochársele al Gobierno, vendría a estar directamente relacionada con el estado de las garitas o incluso con el estado de la zona
del cuerpo de mando. He de decirle, tras visitarlas, que estamos de acuerdo en que efectivamente existen 8 garitas, una de las cuales solamente observa las condiciones adecuadas en cuanto a accesibilidad y visión, no el resto. Pero, como bien dice
S.S., es algo que no se ha construido de la noche a la mañana y que obedece a un tipo de centro distinto al de una prisión tradicional, tal como viene funcionando en estos últimos años. Su origen fue diferente. No quiero hacerles un reproche a
SS.SS., pero cuando ustedes gobernaban pudieron darse cuenta de que efectivamente aquellas garitas no servían para el fin que la prisión tenía en ese momento. No fue así. El reproche se le hace a este Gobierno. He de adelantarle que el reproche
es absolutamente injustificado porque, como he comentado al principio, llega tarde su proposición no de ley puesto que la remodelación del estado de las garitas en el centro penitenciario de Alicante está incluida en el plan de actuaciones de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por lo que se están evaluando las deficiencias existentes para abordar las actuaciones necesarias con arreglo a la disponibilidad presupuestaria. El interés que tiene el Gobierno es, sin duda, el
de acometer las reformas necesarias a fin de ofrecer mayores garantías de accesibilidad y visión de las garitas para permitir un mejor movimiento de la Guardia Civil, que es quien tiene estas competencias.
Hace S.S. una valoración, a mi modesto juicio, poco adecuada a las circunstancias. Ciertamente durante años la Guardia Civil tuvo en su puesto de mando unas instalaciones con un cierto deterioro y una gran incomodidad,
situación que durante años se prolongó, pero si S.S. ha acudido últimamente a la prisión de Fontcalent habrá podido observar que efectivamente esas reformas se han acometido y que se van a acometer, tal y como el director de la prisión
viene a expresarnos en las solicitudes y los expedientes. Por otra parte S.S. hace también referencia, en ese mismo recinto, a que el mobiliario está desgastado y no reúne las condiciones necesarias. He de decirle, señoría, que hace muy poco se
habilitó una partida y se ha modificado esa situación a la que usted hace referencia. Si tiene ocasión de visitarla podrá comprobar que efectivamente ese mobiliario ha sido repuesto y que ya tienen esa calefacción de la que durante años no pudo
gozar el cuerpo de mando. He tenido la ocasión de constatarlo hace muy pocos días en mi visita a la prisión.
Partiendo de la base de que todo es mejorable y de que mi intervención no pretende ser un reproche al Gobierno socialista por su pasividad en cuanto a las acciones que pudo haber acometido en la prisión de Fontcalent, he de reiterar la
manifiesta voluntad del Gobierno en cuanto al plan de actuaciones al que he hecho referencia anteriormente para abordar las necesarias reformas de las garitas, que es el objeto principal de esta proposición no de ley. Sólo me resta que añadir que
nuestro voto va a ser en contra, dado que efectivamente la proposición no de ley llega tarde.
- PARA DEBATIR LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES QUE ES NECESARIO ADOPTAR CON CARÁCTER INMEDIATO PARA COMBATIR EL GRAVE Y REITERADO INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN MADRID.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002234.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa al orden público en Madrid.
Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y para su formulación, tiene la
palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Esta iniciativa se ha presentado en varias ocasiones, en esta Comisión, en Pleno; incluso fue debatida en una Diputación Permanente el 29 de julio de 2003. Ustedes han votado siempre en contra. Vamos a intentar
volver a exponer los datos y las propuestas que mi grupo parlamentario tiene.
Madrid es una ciudad próspera -lo digo en su boca, señorías del Partido Popular, los que están gobernando ahora tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento-, que crece, crisol de culturas y no sé cuántas cosas más.
Tras ocho años de
Gobierno, nos encontramos con que esta ciudad tiene a día de hoy, cuando prácticamente está finalizando el año, 92 homicidios, es decir, casi un 65 por ciento más que hace cuatro años. Los delitos de violencia sexual se han incrementado un 12 por
ciento y todo el conjunto de la criminalidad se ha incrementado un 3 por ciento respecto al año pasado. Tenemos algunos récords, que ustedes no los sacan en el telediario, por supuesto: somos el segundo país de la Unión Europea en consumo de
cocaína; un récord, realmente, lo han logrado. La Dirección General de la Policía y las policías en Madrid tienen un 13 por ciento menos de efectivos que hace cuatro años: faltan 2.000 policías en la calle. A pesar de todo esto, ustedes se han
sacado de la manga distintos planes que los han llamado de forma muy peculiar, algunos con números, otros con letras: el plan 6x6, el plan 10x10, el propagandístico -porque fundamentalmente ha sido propaganda- plan Policía 2000, y últimamente uno
que parece mucho más amplio de miras, el Plan Focus. Pues todos ellos han sido un auténtico fracaso. Y no reconocen que la inseguridad en Madrid es un tema importantísimo que afecta muchísimo a los ciudadanos, que hay barrios y zonas de esta
ciudad donde la gente tiene verdaderamente miedo a salir a la calle. Ustedes no sólo niegan la mayor, sino que cuando planteamos determinadas acciones, las rechazan. Y no solamente las rechazan, sino que con los nuevos gobiernos, tanto del
Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad, han convocado hace diez días sin ningún resultado a la Junta Local de Seguridad Ciudadana, pero no quieren convocar el Consejo Local de Seguridad. Es más, el alcalde Gallardón -este hombre que ustedes
pusieron ahí como un barco que fuera a conseguir todos los gobiernos de España y del mundo mundial, de parte de Europa y del extranjero- ha anunciado que la seguridad privada va a estar en los edificios municipales, van a sacar a la Policía
municipal y a la Policía Nacional de los edificios municipales y van a poner seguridad privada.
Por otra parte, ustedes han venido anunciando esto de la seguridad privada porque tenemos que recordar que el delegado del Gobierno de Madrid, después
de unos asesinatos bastante espantosos y que crearon mucha alarma social, dijo que quien quisiera seguridad se la pagara.
No me voy a alargar mucho. Solamente le voy a decir que con fecha de 26 de septiembre, el ayuntamiento montó un patrullaje policial intensivo en La Florida; en La Florida sí hay patrullaje. En La Florida hay patrullaje por la mañana, por
la tarde y por la noche, pero no en otros barrios de Madrid. Ahí sí, ahí los vecinos se fueron a ver al alcalde, le contaron cuánto sufrían, a pesar de pagar su seguridad privada, que además de la privada necesitaban la pública, y se pusieron
rápidamente a ello mandándoles patrullas de mañana, tarde y noche. En La Florida sí, señorías, porque en La Florida deben vivir ustedes, sus amigos, sus novias, sus padres y otros aledaños y no quieren que les pase nada. Será que viven ahí, digo
yo; que viven ahí todos, hacinados.
Pero además ustedes no quieren hablar jamás de cuáles son las motivaciones distintas que han llevado a hacer de Madrid una ciudad enormemente insegura. No quieren hablar de causas para nada. Ustedes han desmontado en la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil las unidades de investigación de los delitos más graves. Las han desmontado: de la UCRIF no queda prácticamente nada. Todos los delitos que tienen que ver con mafias organizadas, mafias de extranjeros y
nacionales organizadas, de crimen organizado, están campando por sus respetos. Pero eso sí, se dedican a hacer redadas sobre los inmigrantes trabajadores que nada tienen que ver con las mafias. Una cosa son los extranjeros mafiosos, que no viven
normalmente en zonas peligrosas, que tienen alto poder adquisitivo, que operan con total impunidad, y otra cosa son los trabajadores inmigrantes. Ustedes han metido a todos en un saco y las noticias incluso se dan de forma distinta si quien ha
ejecutado determinados delitos es extranjero o no lo es. ¡Eso sí!, la lucha contra las mafias, las unidades, las pocas que había de investigación, las han desmontado. Faltan 2.000 policías en la calle, no quieren hablar de las causas ni de la
bolsa de marginación que hay en Madrid, pero a nosotros sí nos importa hablar de las causas. Y las causas es que Madrid es una ciudad cada vez con más dicotomías sociales, con más diferencias. Porque ustedes han hecho una clase muy rica, han
compuesto una situación de pelotazo urbanístico, de grandes superficies, de comprar el suelo al mejor precio y al mejor postor. Todo ha valido en Madrid. Todo ha valido; lo hemos visto, en luz y color. Lo hemos visto durante todo el verano,
lamentablemente.
Eso sí, Junta Local de Seguridad Ciudadana, nada; Plan de seguridad ciudadana para el municipio de Madrid, nada; coordinar en cada uno de los distritos la actuación conjunta de las policías de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía y de
barrio de la Policía municipal, tampoco; celebración obligatoria, durante un día por lo menos cada mes, de la junta y el consejo de Seguridad de cada uno de los distritos municipales policiales de Madrid, tampoco les gusta; potenciación del Grume,
del Grupo de Menores de la brigada de Policía judicial, que es absolutamente fundamental en la ciudad de Madrid, tampoco; coordinar las actuaciones de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, por supuesto que tampoco. Cuando hemos
propuesto esto a nivel de todo el Estado lo que ustedes nos han dicho es que queremos hacer desaparecer a la Guardia Civil, porque ustedes son maestros. Eso sí, maestros en no sintetizar, yo diría minimizar, jibarizar el mensaje del Partido
Socialista y convertirlo en un eslogan que se vuelva contra nosotros de inmediato.
¿Pedimos mando único, pedimos coordinación entre ambos cuerpos? Ustedes dicen: 'Los socialistas quieren hacer desaparecer la Guardia Civil', para que cada vez que
nos encontremos con un miembro de la Benemérita, a los que admiramos profundamente, nos digan: 'Ustedes nos quieren hacer desaparecer'. De verdad es tremendo. Hemos pedido la creación urgente de cuatro nuevas comisarías de distrito del Cuerpo
Nacional de Policía en Usera, Vicálvaro-Valdebernardo, Barajas y Aravaca. Nada. Dotación de 2.000 agentes más del Cuerpo Nacional de Policía, nada. En fin, ¡qué quieren que les diga! Estamos ya terminando la legislatura. Yo creo que ustedes en
marzo se van a ir, porque ustedes no pueden pactar con nadie, no pueden hablar con nadie, ustedes están solos, solos aquí metidos en Madrid, agazapados, bien en el Gobierno de la nación, en el Parlamento, pero ustedes están solos. No gobiernan
Castilla-La Mancha, no gobiernan Andalucía, no gobiernan Cataluña; en fin, no gobiernan. Gobiernan aquí y a hierro. Eso sí, gobiernan a hierro. Ustedes se van a ir en marzo y estoy segura de que van a votar en contra, pero nosotros no vamos a
hacer lo que ustedes cuando afirman que hace ocho años los gobiernos socialistas... Nosotros no queremos volvernos a acordar del señor Aznar, no lo volveremos a mencionar jamás; le llamaremos el ínclito ex presidente. Nunca volveremos a mencionar
al señor Aznar, porque no nos da miedo, como a ustedes otras cosas. Así que en marzo resolveremos finalmente esta situación. Lo cierto es que los ciudadanos de Madrid no se merecen los gobiernos local, autonómico y de la nación. Como es la Corte
y aquí vivimos todos tenemos que sufrir los tres gobiernos. Pero en marzo lo plantearemos de otra manera.
Ustedes seguirán votando que no, por supuesto. A lo mejor en ese caso consideran que hay más Madrid que La Florida y que no van a meter tanta patrulla nocturna, diurna, de tarde y de mediopensionista sólo en La Florida.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Bardisa, tiene la palabra.
El señor BARDISA JORDA: En primer lugar, quiero decir que estamos respaldados por diez millones de votos, que ya es suficiente y es una mayoría de los españoles. Si los demás pactan con Esquerra Republicana o con otros partidos
nacionalistas más radicales, no tenemos la culpa.
Tenemos el apoyo de diez millones de votos y esa es la credibilidad democrática que tenemos, que nos está criticando y cuestionando la señora diputada. No es cuestión de venir a la Comisión de
Justicia a criticar y a decir que no tenemos credibilidad democrática. Es muy grave y con eso se contesta la intervención del Grupo Socialista.
En cuanto a Madrid, la señora diputada se ha trasladado a los años ochenta, o noventa cuando gobernaba el Partido Socialista, cuando había patrullas vecinales, cuando un dirigentes socialista decía: 'A colocarse'. Por eso, a lo mejor, hay
tanto consumo de cocaína, porque fueron ellos lo que lo potenciaron. No es cierto el panorama que nos ha dibujado de Madrid. Lo que verdaderamente le molesta al Partido Socialista es que en Madrid tenemos mayoría absoluta en la Comunidad,
tenemos mayoría absoluta en el Ayuntamiento y tendremos mayoría absoluta en las próximas generales. (El señor Villarrubia Mediavilla y la señora Blanco Terán: ¡Compradas!) No, compradas no.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señores diputados, silencio porque la intervención de la señora Blanco ha sido seguida con el silencio del Grupo Popular.
El señor BARDISA JORDA: Les iba a dar unos datos del Ministerio del Interior, una serie de actuaciones que se están haciendo en Madrid con el Plan de lucha contra la delincuencia, a través de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pero
creo que los datos le sobran al Grupo Socialista, porque hace un discurso cada vez más radical y no acepta lo que se está haciendo en Madrid, no acepta las soluciones que se están dando.
La proposición no de ley del Grupo Socialista tiene mucha literatura, pero no aporta nada. Aporta muy poco para solucionar un problema que existe, pero no tiene la gravedad que pretende el Grupo Socialista. No se quieren acordar de su
pasado porque lo hicieron muy mal y no puede dar lecciones quien no ha sabido solucionar el problema. No puede resolver algo quien nunca ha sabido hacerlo. El Partido Socialista carece de credibilidad en Madrid para dar recetas sobre seguridad
ciudadana. Cuando un partido político ya ha gobernado y ha demostrado su incapacidad para resolver el problema, no puede dar lecciones a nadie. Ustedes con su política crearon las cotas más altas de inseguridad ciudadana en los años en que gobernó
el Partido Socialista, de lo cual no quieren acordarse. Desde el año 1982 hasta 1986 los datos se dispararon, incrementándose la delincuencia en un 160 por ciento, pasando de 616.000 infracciones penales, en el año 1982, a 1.600.000 en 1985.
Aquella época en que gobernaban la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior era la época en que mayor delincuencia hubo en Madrid, era la época en la que no se podía salir a la calle, era la época en que había patrullas vecinales porque los
socialistas eran incapaces de dar seguridad a los madrileños. Para mejorar la seguridad de los madrileños todos sabemos las recetas que hay que dar. Siempre hay que mejorar, en eso estamos de acuerdo, porque es un problema que afecta a los
madrileños; mucho menos que en años anteriores, pero afecta. Por tanto, hay que mejorar los medios materiales de que disponen los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso el Ministerio del Interior va a llevar durante el año 2004 un
plan específico para dotar de medios materiales a la Policía y a la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Madrid, a través de la creación de más comisarías no las que dice el Partido Socialista, porque hay que hacerlas en todos los distritos de
Madrid y no solamente en cuatro; más medios informáticos; más medios de comunicación; mejores coches patrulla y mejores medios. Lo que sí hay que hacer es incrementar las plantillas de la Policía Nacional. Por eso en los próximos tres años va a
haber un incremento de 20.000 nuevos policías en toda España. El Ministerio del Interior va a formalizar un convenio con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid para que 3.000 nuevos policías patrullen las calles de la capital, con especial
atención a la protección de los comercios y a la pequeña delincuencia.
En cuanto a la colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se están haciendo las actuaciones necesarias en este sentido. Con expresa referencia a Madrid, el Ministerio del Interior firmó el 17 de octubre del pasado año un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la capital en el que se recogen los principios básicos del convenio marco, tratando de reforzar la colaboración y coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía municipal de Madrid en
materia de seguridad ciudadana. En él va a haber un intercambio de formación y documentación entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid; va a haber un mejor acceso a la información; va a haber una interconexión de bases de
datos; va a haber una interconexión de salas de comunicaciones, una potenciación de la utilización conjunta de instalaciones de oficinas de denuncias y de atención al ciudadano; se va a crear una comisión en la que se procederá a elaborar un
catálogo donde se concreten y delimiten los distintos servicios que integran las funciones operativas y territoriales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía municipal de Madrid y, sobre todo, se va a crear una comisión técnica dentro de la
propia Junta Local de Seguridad. En definitiva, señorías, la seguridad ciudadana en Madrid es un problema que el Gobierno afronta, aunque no tiene los índices que tenía en los años en que gobernó el Partido Socialista y cuando quieran los señores
diputados podemos ir a ese debate. El Partido Socialista no nos puede dar ninguna receta sobre este tema, porque lo que pide en su proposición no de ley es la actuación de una serie de órganos que no deben tener ninguna función y que no son
eficaces. Ellos lo que no quieren es eficacia. El Partido Socialista no quiere eficacia, lo que quiere es que haya más inseguridad ciudadana, la que hubo en los años en que gobernaron en Madrid. (Protestas.)
Señorías, lo único que podían hacer en esta Cámara no lo hacen (La señora Blanco Terán: ¿Te quieres callar?) Ustedes han podido hablar y han hecho una proposición no de ley. Le ruego, señora diputada, que no me vuelva a interrumpir. Yo
no la he interrumpido durante su intervención. Déjeme hablar, que ya nos ha criticado la democracia de diez millones de votos.
Nos ha cuestionado que estamos solos aquí. No, señor; estamos con diez millones de votos y en Madrid con una mayoría
en el Ayuntamiento y en la Comunidad y eso es lo que les molesta.
Le voy a decir lo que no han hecho. Hay que hacer reformas legislativas para combatir la inseguridad ciudadana;
hay que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con los juicios rápidos; hay que reformar la Ley de extranjería. (La señora Blanco Terán: ¡Más!)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco, por favor.
El señor BARDISA JORDA: Y hay que reformar lo que ustedes no quieren reformar, el Código Penal de 1995, que es un elemento imprescindible para luchar contra la delincuencia y aumentar la seguridad ciudadana. El Código Penal de 1995, que
fue el último aprobado por el Grupo Socialista presidido por don Felipe González y que fue totalmente ineficaz... (El señor Pedret Grenzner: ¡Por las Cortes Generales!)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret.
El señor BARDISA JORDA: Señorías, les ruego que me dejen hablar porque me han interrumpido diez veces ya.
El Código Penal de 1995 fue un texto ineficaz para combatir el delito y la delincuencia. En la reforma aprobada en el Congreso votaron en contra, a pesar de que ha sido una importante reforma para luchar contra la delincuencia; se ha
modificado el tratamiento de varios delitos, como la violencia doméstica, la pornografía infantil, el acoso sexual, el blanqueo de capitales, el narcotráfico y falsificación de moneda entre otros. Se ha introducido la reincidencia delictiva como
agravante cualificada, la cual es importantísima para combatir los delitos de hurto y de violencia doméstica que son los que más afectan a la seguridad ciudadana, a las faltas y a los delitos que se cometen diariamente. A eso ustedes han votado en
contra; es el Código Penal que durante todo este tiempo han tenido que utilizar los jueces y la policía, y lo único que ha hecho ha sido elevar el índice de inseguridad ciudadana. Lo único que debían hacer aquí, que es una reforma legislativa, no
lo hacen. Por eso, señores socialistas, ustedes no nos van a dar lecciones sobre seguridad ciudadana. Los ciudadanos lo saben. Por eso no les votan, ni les creen.
Hay una encuesta de El Mundo que dice que el Partido Popular resuelve mejor que
ustedes los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna credibilidad. Porque ustedes proponen en un sitio una cosa y en otro otra, como están haciendo ahora en el País Vasco, en Cataluña en todo eso que reparten y para lo que se unen.
Eso es lo que hacen. La patada en la puerta la hicieron ustedes con Corcuera, con Vera, con los ministros de Interior y los escándalos de corrupción hicieron que ustedes salieran del Gobierno en el año 1996. Por eso, señorías, ustedes no nos van a
dar ninguna lección sobre seguridad ciudadana. Nosotros vamos a seguir trabajando en este tema. En Madrid también estamos trabajando en él. Hemos creado una consejería de Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid, se van a crear unas brigadas
especiales en todos los pueblos de Madrid y vamos a combatir la inseguridad. Y esto los ciudadanos lo reflejarán con su voto en las próximas elecciones generales; si no, ya lo veremos, señorías. Esa será la democracia, cuando vayan a votar.
- RELATIVA AL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES INCOADOS POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA A DIFERENTES VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO CORUÑÉS DE OS CASTROS COMO CONSECUENCIA DE LAS PROTESTAS REALIZADAS CONTRA LOS PROBLEMAS
SANITARIOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LAS DESCARGAS DE CARBÓN Y COQUE EFECTUADAS POR DIFERENTES EMPRESAS EN EL PUERTO DE A CORUÑA. presentada por el grupo parlamentario mixto. (Número de expediente 161/002051.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quisiera agradecer al señor Aymerich, a la señora López y a todos los diputados su colaboración en el día de hoy en la ordenación de los
trabajos de la Comisión, que nos permite cumplir nuestro orden del día con una cierta flexibilidad.
A continuación, vamos a debatir la proposición no de ley relativa al archivo de los expedientes sancionadores incoados por la subdelegación del Gobierno en A Coruña, a cuyos efectos tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: No es la primera vez que los problemas derivados de las descargas de carbón en el puerto de A Coruña, en general las descargas de graneles sólidos y, sobre todo, los problemas de carácter sanitario y ambiental que
provocan en importantes zonas de la ciudad, en concreto en el barrio de Os Castros, llegan a esta Cámara. En noviembre del año pasado se debatió ya, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, la posibilidad de que por parte de la Cámara se
instase al Gobierno a suspender las descargas de carbón, de coque verde y de otros graneles sólidos que se hacían a cielo abierto en el puerto de A Coruña, mientras no se adoptasen las prevenciones, las cautelas y los mecanismos que impidiesen, de
acuerdo con la legislación vigente, la producción de esos problemas sanitarios y ambientales; en aquel entonces la iniciativa fue rechazada por el Partido Popular. Hoy esta proposición no de ley en cierto modo trae causa de aquella a la que me
acabo de referir. Lo que estamos solicitando es que no se sancione a una asociación de vecinos, Oza-Gaiteiros-Os Castros de A Coruña, que no hicieron más que ejercer un derecho constitucional, el derecho de reunión, de acuerdo con lo establecido en
la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión, sustituyendo la
falta de diligencia de la Administración del Estado, de la Administración autonómica y de la propia Administración municipal en A Coruña.
Desde los años noventa en el puerto de A Coruña se vienen produciendo estos problemas. Se realizan descargas a cielo abierto de carbón, de coque verde, es decir, de derivados por el petróleo, de azufre, de graneles sólidos como cereales,
soja, etcétera, que recurrentemente crean graves problemas. En el año 1995 el alcalde de A Coruña, el señor Paco Vázquez, dijo que no iba a tolerar que el puerto de A Coruña se convirtiese en un puerto carbonero. Ocho años después, no es que sea
un puerto carbonero, es que es uno de los principales tráficos y por parte del Ayuntamiento coruñés no se ha hecho absolutamente nada para evitarlo.
De hecho, muchas de esas actividades ni siquiera cuentan con la preceptiva licencia municipal de
actividades nocivas, insalubres y peligrosas. Las protestas vecinales se vienen repitiendo, pero, en especial, desde septiembre del año 2002, fecha en la que la asociación de vecinos, apoyada por numerosos colectivos ciudadanos, sindicales y
políticos, convocaron todos los jueves a las ocho de la tarde una concentración en la rotonda de Os Castros, en la confluencia de la avenida del General Sanjurjo, y la avenida do Exercito -por cierto, a ver cuando Paco Vázquez cambia estos nombres-.
En esta rotonda, con total tranquilidad y ejerciendo este derecho cívico dentro de un clima pacífico, los vecinos lograron lo que las administraciones no habían logrado. Una vez más, se hizo cierto aquello de que las manifestaciones pueden cortar
las calles, pero abren las puertas. Y es que estas manifestaciones, esta ejemplar protesta vecinal, cívica y pacífica, logró que acabase la descarga a cielo abierto de coque verde y que una de las sociedades, la Compañía General de Carbones,
tuviese que suspender esas actividades, instada por una autoridad portuaria, acuciada y presionada por los vecinos. Estas protestas lograron que la Autoridad Portuaria de A Coruña y la empresa Unión Fenosa acelerasen y por primera vez presentasen
planes y calendarios concretos y ciertos de la construcción de la denominada Medusa, pomposamente llamado palacio de carbón, que no es más que un sistema cerrado para la descarga de carbón. No se logró que Unión Fenosa no siga descargando el carbón
a cielo abierto; que en este momento el recinto donde se descarga el carbón, con unas pantallas de 12 metros de altura, el carbón no sobrepase en más de tres metros la altura de esas pantallas; que en los días de viento esa carbonilla no vuelva a
provocar los problemas a los que antes hice referencia y tampoco se logró por ahora que los camiones cargados de carbón dejasen de atravesar el barrio de Os Castros. Aquí habrá que citar algún retraso del Gobierno del Partido Popular porque si
estuviese construida esa conexión entre el puerto de A Coruña y la N-VI y la N-550, que está pendiente -las obras aún no han empezado- desde el año 1999 los vecinos no tendrían que soportar las molestias causadas por el tráfico pesado de camiones
cargados de carbón por su barrio.
Esta es la consecuencia de las protestas. Pensamos que esta acción sustitutiva de los vecinos de lo que las administraciones debían hacer y no hicieron no mereció, como sería normal, el saludo, el aplauso y la felicitación del Gobierno del
Partido Popular sino más bien, todo lo contrario: la intimidación y la sanción. La subdelegación del Gobierno en A Coruña abrió hasta seis expedientes sancionadores a particulares y a la asociación de vecinos de Oza-Gaiteros-Os Castros,
expedientes sancionadores que ascienden a un total de 4.600 euros. Hay que mencionar la forma en que estos expedientes se tramitaron, con visitas coactivas de la policía al domicilio de algunos vecinos, instándoles a no participar en las protestas
y manifestaciones. Esta especial diligencia sancionadora de la subdelegación del Gobierno en A Coruña contrasta con la negligencia y dejación absoluta de funciones que esta misma dependencia gubernamental realiza en relación con el flagrante
incumplimiento de la normativa ambiental y de la normativa sanitaria de la autoridad portuaria de A Coruña, que también es un organismo que depende de la Administración del Estado. Este tiempo prenavideño y de final de legislatura -estamos en una
Comisión que de alguna forma es una Comisión escoba, lo que estamos haciendo en esta sesión es recoger todas las proposiciones no de ley pendientes e intentar no sólo tramitarlas de una forma rutinaria, sino (espero que esa sea la voluntad del grupo
mayoritario) darles solución-, por lo que pensamos que es un buen momento para pasar página. Hay que reconocer que ni la Administración del Estado ni la Administración autonómica ni el Gobierno municipal de A Coruña ni el señor Paco Vázquez
estuvieron especialmente lúcidos en lo que se refiere a la problemática del barrio de Os Castros, a los problemas sanitarios y ambientales creados a los vecinos de Os Castros. Fue esta movilización vecinal la que logró solucionar, aunque sólo sea
en parte, y concienciar a las administraciones para que, aunque fuese tarde, hiciesen lo que debían hacer, cumpliesen con su deber y exigiesen el cumplimiento de la legislación. Esta actuación, que se realizó cumpliendo todos los trámites y
solicitando todos los permisos y autorizaciones requeridas por la normativa reguladora del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, no merece ningún tipo de sanción. Esperamos que esté en el ánimo del grupo mayoritario, sobre todo porque
no hay ningún diputado o diputada gallego, siquiera sea de la circunscripción de A Coruña, que vaya a defender la posición del Gobierno, sino que será -hay que señalarlo y con todos los respetos- un diputado de Ciudad Real, esperamos, digo, que está
lejanía haga que el asunto sea visto con algo más de objetividad. Desde Ciudad Real la problemática del barrio Os Castros se ve muy lejana, pero quizá se pueda ver con algo más de objetividad, y se constate que efectivamente un barrio no tiene por
qué soportar la incuria y las consecuencias de la falta de diligencia de la Administración del Estado. Todo el mundo puede cometer errores y éstos se cometieron. Es cierto que ahora están en trance de ser solucionados, pero es lógico que
los vecinos que protestan por este mal funcionamiento de los servicios públicos, en concreto de la Administración del Estado y de la Autoridad Portuaria de A Coruña, no sean sancionados. Hay que lamentar la ausencia de diputados del Grupo
Socialista. Se echa de menos a la señora diputada Carmen Marón, que intervino en debates anteriores y que, como concejala del Ayuntamiento de A Coruña y ex responsable de medio ambiente, algo tendría que decir en este tema. Supongo que tendrá
ocupaciones más importantes, que otros asuntos requerirán su interés y que pesarán más para ella que el interés de algunos de sus convecinos del barrios de Os Castros.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias por estas palabras de bienvenida, señor Aymerich.
En primer lugar, la diputada gallega que tenía que llevar este asunto está en un tema bastante más interesante que éste, y ahora le diré por qué creo que no es interesante alguna manera de plantear la oposición política en esta Cámara. En
segundo lugar, quiero recomendarle que se lea la Constitución española y decirle que, mal que le pese, usted es tan diputado de Ciudad Real como yo soy de La Coruña. La soberanía nacional ya sabe usted en quién reside y que es indivisible. De la
misma manera que podemos ser representantes en las listas y en las candidaturas, tengo el mismo derecho, y además el deber, de representar al interés general, y es el interés general lo que estamos representando aquí una y otra vez, no los intereses
particulares, ni siquiera satisfacer el oído de una persona que le haya podido decir que ha entrado coactivamente la policía en su casa recabando no sé qué cosas para un expediente sancionador.
Usted va a quedar de maravilla con ese vecino y va a
decir: 'Majete, has salido en los papeles del Congreso de los Diputados, enhorabuena'.
Nosotros nos vamos a ir de aquí muy contentos diciendo que no a su iniciativa porque indudablemente nada tiene que ver con el interés público. (La señora
vicepresidenta, Del Campo Casasús, ocupa la Presidencia.)
Yo creo que lleva usted razón en que hay que ver este tema con objetividad y con lejanía, la lejanía de mil kilómetros que da irse desde la Mancha hasta el barrio coruñés que nos trae aquí hoy; y esta objetividad la podíamos llevar mucho
más lejos para no entender exactamente qué están diciendo ustedes aquí. Sus palabras han sido muy clarificadoras en cuanto a que tienen una cruzada emprendida por este tema con un supuesto problema de carácter medioambiental y ahora lo van a trufar
con una especie de denuncia de carácter administrativo. Señoría, en cuanto a la lejanía se podría ir todavía más lejos de Ciudad Real. En el mundo del derecho hay una figura, que es la del jurista persa, que es a la que se le encomienda el papel
de decir: Evalúe usted, que viene de Persia y no conoce para nada el ordenamiento jurídico español, cómo puede esta ley resolver este problema. Si cogiera su iniciativa diría: ¡Pero madre mía, qué es esto! ¿Que hay un señor que lleva al
Parlamento español, al Poder Legislativo que le diga al Ejecutivo, que está tramitando un expediente administrativo, que perdone a unos señores? No se basa en ninguna prueba, porque todas las fuentes de los demás son malas. Aquí todo el mundo es
malo, todas las administraciones: el Ayuntamiento de La Coruña, el señor Paco Vázquez, el Ejército que tiene una avenida, nosotros que somos Administración autonómica. Yo no sé de dónde arranca su fuente para decir todo esto. ¿De dónde viene su
fuente? ¿De la denuncia de algunos vecinos? Yo no sé si estarán bien puestas o mal puestas las sanciones, porque, como usted dice, soy de Ciudad Real.
Yo no sé si una persona física o una persona jurídica se ha sobrepasado en el derecho de
reunión. El ejercicio del derecho de reunión tiene su ley orgánica y por eso se abre un expediente administrativo. Mire usted, si la Administración se equivoca tendrá que venir la justicia administrativa, el orden contencioso-administrativo, a
poner esto en su orden. ¿Pero qué pinta en este asunto el Parlamento español interesándose en una especie de perdón o de ejercicio de derecho de gracia? A lo mejor llevan razón estos señores. Pues bien, si no es en vía contencioso-administrativa
se les dará la razón. Luego, todo eso lo mezcla usted, dando en el mismo clavo con distintos martillos, con el problema que tiene este barrio, sin aludir a otras fuentes que las suyas propias, su discurso en esta zona y supuestas anomalías sobre
ello.
Nosotros nos hemos informado, entre otros los diputados gallegos, en la Autoridad Portuaria, en el Ayuntamiento de La Coruña y en la Xunta de Galicia y, efectivamente, muchas de las cuestiones que usted dice están en el debate público, pero
también están en el debate público las soluciones. En relación con la prohibición de la descarga de carbón cuando la velocidad del viento supera los 36 kilómetros y sopla en determinada dirección, las condiciones meteorológicas desfavorables -se
dice- ya no están limitadas por una velocidad de viento determinada, sino que en todo momento se considera necesario se adopten las medidas precisas para que no se produzca la dispersión del producto. En cuanto a la altura de las barreras del
muelle, está claro que las normas aprobadas relativas al carbón y al coque establecen un límite de altura para las pilas de diez metros. La normativa se está cumpliendo, lo dicen todas las administraciones. En segundo lugar, también en relación
con el muelle de San Diego, que parece ser que lo ha llevado usted en otras propuestas, las normas reseñadas establecen el muelle centenario como zona destinada para la realización de embarque
de carbón y coque que se realizan con apilamiento sobre la superficie a cielo abierto. La Autoridad Portuaria está abordando muchos proyectos, el del puerto exterior, junto a otros organismo públicos; proyecto Medusa, cuya ejecución de
obra está planificada para una duración de 30 meses; y las instalaciones fijas de almacenamiento de carbón y coque en el muelle de San Diego, que dada esa problemática y las exigencias de la Autoridad Portuaria para dicha instalación, la empresa
que ocupa dichos terrenos abandonó las instalaciones. Por lo que se refiere a las descargas de azufre, los datos que se tienen es que en los últimos cinco años la media de operaciones es menor a una mensual. Ha habido otra serie de cuestiones a
las que no quiero referirme para no ocupar más tiempo, pero me gustaría hacerle un último llamamiento al grupo proponente. Siendo la autoridad gubernativa en este caso, ¿verdaderamente llevarían a cabo el punto número uno de su proposición? ¿En
función de qué? Estamos en un Estado de derecho, ¿en función de qué? Francamente, no lo entendemos. De ahí se justifican muchas cosas, entre otras, el transmitir a los vecinos tranquilidad, porque a lo mejor algunas fuerzas políticas están en la
labor de decir que siempre será mejor si hay un problema medioambiental en esa zona y en ese puerto. Pues bien, a los vecinos -lo dicen el ayuntamiento y todas las administraciones implicadas- hay que transmitirles tranquilidad, otra sensación. La
tranquilidad empieza por decir aquí que no, porque sería tanto como decir, primero, que se sobrepase el derecho constitucional a la reunión y manifestación y, en segundo lugar, aceptar que no se está dando ninguna solución al problema cuando S.S.
sabe en primera persona, seguramente mejor que yo, que así es. (El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): ¿Señor Aymerich, a qué objeto?
El señor AYMERICH CANO: Deseo intervenir muy brevemente por alusiones.
Señor Belda, yo no cuestiono su legitimidad para hablar de este tema, pero ya que del ministerio le pasan unos papeles para leer podrían haber sido algo más exhaustivos y decirle por qué se imponen estas sanciones. Usted nos ha preguntado:
¿Si fuesen ustedes la autoridad gubernativa aplicarían el punto primero de su proposición no de ley? Claro que sí, pero es que nosotros ni siquiera hubiésemos iniciado los expedientes sancionadores sin causa. La asociación de vecinos solicitó los
permisos preceptivos para realizar las concentraciones. ¿Por qué se le abre un expediente sancionador a la asociación de vecinos, cuando al mismo tiempo la propia subdelegación del Gobierno mira hacia otro lado ante las irregularidades manifiestas
en la Autoridad Portuaria de A Coruña? Usted acaba de hacer referencia a las normas de suspender las descargas cuando haya viento de más de 36 kilómetros por hora, etcétera, pero seguramente lo que no le contarán desde el ministerio y usted no
sabrá porque está en Ciudad Real a mil kilómetros es que todo esa normativa la aprueba el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña después de las protestas. Por tanto, señor Belda, a ver si somos objetivos. Tampoco venga
aquí a decir qué pinta el Poder Legislativo. Por la misma razón, ¿qué pinta el Gobierno inmiscuyéndose en la justicia? No nos venga usted ahora con falsas virginidades y con falsas inocencias. Archiven el expediente sancionador si quieren, es un
expediente sancionador político.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Aymerich, por favor, concluya.
El señor AYMERCICH CANO: Las protestas de los vecinos no eran cómodas para el Gobierno e intentaron ustedes pararlas. Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Con toda brevedad. Lo único que aquí hay de político es esta iniciativa en vísperas de la finalización del período de sesiones y la proximidad de las elecciones. Además S.S. no ha tenido ningún empacho en
criticar tanto al Partido Popular como a aquel partido que en su zona le puede quitar más votos para estas elecciones, el Partido Socialista. Por tanto, está muy claro que la iniciativa es política.
Este Gobierno va a actuar siempre basándose en la legalidad. Todo el procedimiento administrativo sancionador ha cumplido a rajatabla esas condiciones; por tanto, pretender que el Parlamento actúe de perdonavidas en La Coruña, Ciudad Real
o Persia es una barbaridad
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PARA UNA MAYOR SEGURIDAD VIAL ADOPTE, CON CARÁCTER URGENTE, LAS MEDIDAS OPORTUNAS QUE PERMITAN QUE LAS FAROLAS DE LAS INTERSECCIONES Y SALIDAS DE LAS AUTOVÍAS PERMANEZCAN ENCENDIDAS EN HORAS NOCTURNAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001773.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Pasamos a la proposición no de ley número 15, del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Señorías, voy a ser breve porque esta proposición de ley no trata de medidas
coactivas, represivas, sanciones, inseguridad ciudadana, cuestiones que se tratan habitualmente en esta Comisión, a la cual yo no pertenezco, aunque en este momento defiendo esta proposición no de ley.
El tema de esta proposición no de ley es muy navideño, puesto que en las navidades se iluminan todas las ciudades y la proposición no de ley pretende que se restablezca la iluminación nocturna en las intersecciones y salidas de las autovías.
Esta proposición no de ley lleva rondando en esta casa un año y, según palabras del señor Gil Lázaro pronunciadas en esta Comisión, parecía que un duende la había estado llevando de acá para allá, de una comisión a otra y al final ha terminado en
ésta, a la que lógicamente le correspondía. Si bien es verdad que la competencia en la iluminación de las autovías depende de Fomento, la proposición no de ley que defiendo pone de manifiesto que la supresión de la iluminación de las intersecciones
y de las salidas de las autovías produce una inseguridad vial. Esto es competencia de la Dirección General de Tráfico que depende del Ministerio del Interior y estamos hablando en la Comisión oportuna.
Así fue clasificado por la Mesa y aquí
estamos. Aunque la proposición no de ley sea poco trascendente en cuanto a los objetivos, SS.SS. tienen que pensar, dada la cantidad de accidentes en carretera que padecemos en España, que una mayor seguridad vial puede ser fruto de una mejor
iluminación nocturna de las autovías. Además de esperar que SS.SS. voten a favor de la proposición no de ley, también espero, a la vista de los chaparrones que he oído en otras intervenciones, que no nos acusen a los socialistas de que hemos ido
apagando las bombillas, porque ya sería el colmo. Volviendo a la seriedad y al contenido de la proposición no de ley, cuando hubo protestas del sector de los transportistas, de los ayuntamientos y de los automovilistas porque se apagaron por orden
del Ministerio de Fomento las luminarias en las autovías, hubo una respuesta del ministro de Fomento -está en las hemerotecas- que decía que no hacía falta iluminar las autovías puesto que para eso los coches tenían faros y con ellos se iluminaban
las carreteras.
Yo no sé, señorías, si esta medida ha sido fruto de que no existe dinero para pagar la luz, yo creo que no, porque estamos con déficit cero, probablemente con superávit, según dice el ministro de Hacienda, y no es que no haya dinero para
pagar la luz. Tampoco creo que sea un gasto excesivo en energía eléctrica que nos pueda producir un apagón tipo California, no es esta la cuestión, porque si no no iluminaríamos en Navidad las ciudades. Por tanto, señorías, no encuentro
explicación del porqué se han apagado las luces en las autovías. Quiero subrayar que no se han apagado las luces en todas las autovías de España. Este diputado que ha viajado en coche con motivo de encuentros parlamentarios o reuniones familiares
ha comprobado, por ejemplo, que en Asturias no están apagadas las luminarias de las intersecciones y en el País Vasco tampoco, por supuesto. Sí lo hemos encontrado en Cantabria, en Castilla y León e incluso en Madrid. Esto me deja todavía más
perplejo: por qué se apagan las luminarias en unas comunidades y en otras no. Cuando se dice que ya se tiene luz en los coches, por lo tanto, es suficiente, uno piensa que los anteproyectos de construcción de las autovías, que los realiza el
propio Ministerio de Fomento, obligan a que la empresa que luego va a ejecutar el proyecto ponga luminarias en las intersecciones, pero no el Ministerio de Obras Públicas anterior, sino el actual Ministerio de Fomento. En las nuevas autovías que se
están construyendo hay puntos de luz que luego no se encienden; por lo tanto, mi perplejidad llega más allá: por qué se hacen los proyectos con luminarias si luego el criterio es que no se enciendan; no lo entiendo. En otros países de la Unión
Europea las autovías y las autopistas, las intersecciones, las entradas y salidas a los municipios y ciudades todas tienen iluminación. ¿Por qué España va a ser diferente? No entiendo por qué se produce este apagón de las autovías en unas
comunidades sí y en otras no.
He dicho anteriormente que esto es un problema de seguridad vial. No les tengo que recordar algo que preocupa a todos los españoles: la cantidad de muertes y de accidentes en carretera que tenemos, sobre todo los fines de semana y en
vacaciones. La Asociación española de carreteras dice que el riesgo de tener un accidente durante la conducción nocturna es casi un 3 por ciento más alto que en la conducción diurna. Esto en condiciones normales, es decir, en condiciones de
iluminación de intersecciones.
Cuando se produce este apagón por orden del ministerio el riesgo aumenta y por eso estamos discutiendo un problema de seguridad vial que, aunque parezca menor, a nuestro grupo le deja perplejo al no conocer los
motivos por los que se produce dicha situación. Espero que el Grupo Popular nos lo aclare y espero que se vuelva a restablecer la situación anterior de principios de 2002, cuando las autovías eran una delicia porque se viajaba de noche con
iluminación, además de la luz de los faros de los coches.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carabel.
La señora CARABEL PEDREIRA: Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta iniciativa que ha defendido el señor Blanco. Será una intervención muy breve y me gustaría dejar claras algunas
consideraciones.
Como saben SS.SS. la acción de gobierno exige compatibilizar distintos intereses que muchas veces pueden colisionar. Ante uno de estos casos nos encontramos ahora. Por un lado, es necesario cumplir las directrices de política energética
para mantener todas las teorías de crecimiento sostenible y, por otro lado, velar por la seguridad vial. Es por este motivo que se han realizado actuaciones en diferentes infraestructuras a fin de aunar
los dos intereses divergentes. Para ello se ha estudiado cada uno de los supuestos independientemente; creo que con esto doy contestación a lo que preguntaba el señor Blanco de por qué en unas infraestructuras están las luces encendidas y
en otras están apagadas. El criterio no es ni por comunidad autónoma ni por provincias sino porque se ha estudiado cada uno de los casos detalladamente y según la influencia que tenía sobre la seguridad vial se ha actuado o no en esa carretera,
autovía o autopista, y se ha seguido el criterio fundamental de mantener en todo caso las condiciones adecuadas de seguridad vial. De este análisis se ha llegado a la conclusión de que no es necesaria la iluminación en el tronco de las autovías en
los tramos interurbanos así como en las vías de aceleración y desaceleración y siempre y en todo caso en franjas horarias nocturnas en las que se observaban los niveles más bajos de circulación. Por el contrario, sí es necesario, y por eso se ha
mantenido, en las intersecciones con carreteras en cada enlace además de en la zona de aproximación a dicha intersección. Igualmente se ha mantenido en los tramos urbanos de autovías, en los tramos singulares como son túneles e intercambiadores
entre autovías, así como en las carreteras convencionales que disponen de iluminación ya instalada. Por tanto, se han conjugado políticas de ahorro energético y, por supuesto, de seguridad vial sin que en ningún caso las primeras puedan suponer un
mínimo riesgo para ese objetivo tan importante que es el fomento de la seguridad vial. Por ello, aunque mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa, no quiero terminar esta intervención sin destacar que en esta misma Comisión en el día de ayer
se aprobó un informe, por cierto con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, en el que el Grupo Popular y resto de grupos parlamentarios presentaban gran número de propuestas tendentes al fomento de la seguridad vial. Concretamente
recomendaba nuestro grupo en el epígrafe dedicado a infraestructuras que es necesario continuar impulsando la iluminación durante la noche de puntos y vías conflictivas en las carreteras y aledaños de las ciudades.
Por tanto, concluyo diciendo que
es nuestro interés y estoy segura que el de todas las señorías que nos encontramos hoy aquí el seguir fomentando la seguridad vial, seguir trabajando todos conjuntamente por la seguridad vial, como hemos venido haciéndolo en este Parlamento a través
de la subcomisión creada en esta Comisión para seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, y poder cumplir ese objetivo que se ha marcado la Unión Europea de reducir la accidentabilidad al 50 por ciento en el año 2010. Creo que este es el
objetivo de todos, el objetivo que debemos mantener, que debe mantener también el Grupo Socialista, que como digo votó en contra, al contrario que el resto de grupos parlamentarios, del informe de ayer de propuestas que se elevarán al Gobierno para
tratar de mejorar la seguridad vial. (El señor Blanco García pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Sí, señor Blanco, brevísimamente.
El señor BLANCO GARCÍA: Muy breve, señora presidenta.
En primer lugar, cuando oigo decir que nos ha tocado a Cantabria no tener puntos negros en las carreteras dudo mucho porque están todas apagadas.
En segundo lugar, haremos un balance desde que se produjo el apagón en septiembre o noviembre
de 2002 a ver cuál es el efecto sobre la seguridad vial de esta directriz de ahorro energético que se está compatibilizando con la seguridad vial. Lo haremos en la próxima legislatura.
Muchas gracias por la explicación, pero sigo estando disconforme; qué le voy a hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Carabel.
La señora CARABEL PEDREIRA: Solamente quiero reiterar que se ha analizado detalladamente cada uno de los sitios donde se ha actuado sobre las infraestructuras, y según los estudios e informes de los técnicos no está mermada la seguridad
vial en aquellos tramos en los que se producen suspensiones de iluminación en horario de franja nocturna.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Pasamos al debate de la proposición no de ley número 6, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (El señor Bueso Zaera pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Sí, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Por una cuestión de orden, señora presidenta. Quedan por dilucidar los puntos 6 y 14 y la diputada que lleva el punto 6, que está en este momento en una votación, ha venido lo menos cuarenta veces a la Comisión para
ver cuándo se votaba. Por esta variación de los puntos rogaría que se iniciase el punto 14 para que mientras tanto pueda venir la diputada, si S.S. no tiene inconveniente.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): De acuerdo, señor Bueso.
- RELATIVA A LA FIRMA DE UN CONVENIO BILATERAL DE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y DE CANJE DE LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN ENTRE ESPAÑA Y VENEZUELA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente
161/002320)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Proposición no de ley número 14, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, señora presidenta, Convergència i Unió presentó en su momento, en octubre de este año, esta proposición no de ley relativa a la firma de un convenio bilateral de reconocimiento recíproco y de
canje de los permisos de conducción entre España y Venezuela. Es una iniciativa que hay que situar en el marco legal vigente, artículo 30 del Real Decreto 732/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de conductores y donde
se regulan los permisos válidos para conducir en España y el canje de los mismos cuando estos hubieren sido expedidos en países no comunitarios. Es una norma que supone, por otro lado, la traslación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
comunitaria de 29 de junio de 1991, que establece que los permisos de conducción expedidos en países no comunitarios no podrán canjearse por un permiso español si no existe acuerdo bilateral entre España y el país correspondiente.
En el marco de esta ordenación legal Convergència i Unió ha venido insistiendo en diversas ocasiones, en diversas iniciativas parlamentarias en el marco del Senado y también del Congreso de los Diputados, acerca de la necesidad de promoción
por el Gobierno español de convenios bilaterales con países de origen de los actuales flujos migratorios.
Estamos convencidos de que la integración laboral de muchas personas que vienen a España a trabajar provenientes de esos países a menudo
encuentran dificultades precisamente en esa ausencia de convenio bilateral para el reconocimiento recíproco y canje de permisos de conducción, especialmente para personas trabajadoras de origen extranjero cuya actividad profesional requiere
precisamente la conducción de su propio automóvil para trasladarse de su casa a su puesto de trabajo. Yo mismo he tenido a menudo encuentros con comunidades de ciudadanos extranjeros que reiteradamente plantean discusiones acerca de la necesidad de
avanzar en ese reconocimiento de los carnés de conducir, no tan sólo en países latinoamericanos, sino también con Marruecos, por ejemplo, donde nos consta que el Gobierno hace tiempo que tiene cerrado un convenio de estas características, pero la
ruptura de relaciones diplomáticas de estos últimos años ha impedido su aprobación. También nos ha llegado la preocupación de una comunidad significativa como es la de personas de origen venezolano, que reclamaban de Convergència i Unió una
iniciativa parlamentaria destinada a impulsar la elaboración de ese convenio. Hoy según los datos que nosotros manejamos -es posible que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular me corrija en positivo, y si es así será fantástico- los países,
los Estados con los que España tiene convenio bilateral para reconocimiento del carné de conducir son Suiza, Andorra, Japón, Corea, y se han incorporado a esa lista más clásica Bulgaria, Argentina, Colombia y Ecuador. Es significativa la
incorporación de Argentina, Colombia y Ecuador en la medida en que se han convertido en países de los más importantes de generación de flujos migratorios. Sería necesario hacer un esfuerzo para que España y Venezuela alcanzasen ese acuerdo que
permitiese a la comunidad de ciudadanos venezolanos presentes en España disfrutar con normalidad de sus posibilidades de conducir bajo el imperio de la ley con el pleno reconocimiento de su carné de conducir. Todo ello en el marco de una política
global del Gobierno orientada precisamente a facilitar estas medidas como estrategia, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad vial que hace un momento se debatía y además para garantizar la plena incorporación de las personas de origen
extranjero al mercado laboral en plenas condiciones de igualdad y con las máximas oportunidades posibles.
Yo estoy seguro de que planteamos una iniciativa cargada de sentido común, y hoy vamos a encontrar la manera de aprobarla en esta Cámara con
el apoyo de todos los grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Carabel. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
La señora CARABEL PEDREIRA: Intervengo de nuevo para fijar la posición del Grupo Popular ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Su portavoz en esta Comisión ya ha hecho una
exposición clara y detallada de los problemas que supone para los inmigrantes que se instalan en nuestro país, no sólo para su incorporación laboral e incluso su integración social, sino porque una vez que llegan a nuestro país, después del periodo
reglamentario de seis meses que tienen desde que adquieren la residencia, se pueden encontrar un nuevo escollo al no poder seguir conduciendo porque no existe un convenio firmado entre España y su país de origen.
El Gobierno también es consciente de esta situación y por ello en los últimos tiempos y en concreto desde 1996 se han firmado -y el representante de Convergència i Unió tenía los datos correctamente- convenios con Andorra, Bulgaria, Corea,
Japón, Suiza, Argentina, Colombia y Ecuador, pero también están en marcha otros convenios con los países de Uruguay, Israel, Polonia, Yugoslavia, Venezuela, Rumania, Croacia, Filipinas, Argentina, Perú e Irán. Esta serie de convenios de canje de
permisos de circulación están en diferentes trámites administrativos y se supone que en el futuro irán hacia delante.
En el caso concreto que nos ocupa, que es el convenio de canje de permiso de circulación con el país de Venezuela, se iniciaron las negociaciones en el
año 2001 para la firma de este convenio de reconocimiento recíproco, que en este momento está en fase de información. La embajada de Venezuela comunicó a la Dirección General de Tráfico que aún no se había aprobado el reglamento de la ley
de tránsito y transporte terrestre de Venezuela, informando que una vez que se aprobase este reglamento lo remitirían a la Dirección General de Tráfico ya que el mismo podría afectar al convenio de canje del permiso de conducir. Por tanto,
señorías, nos encontramos en este momento en fase de trabajo y de intercambio de información entre ambos países. Me gustaría destacar, porque hemos hablado anteriormente de seguridad vial y también el representante de Convergència ha hecho alusión
a la misma, que se trata de que el Gobierno de España se asegure de que en los países de origen de estos inmigrantes, en concreto de Venezuela, se exigen los mismos requisitos teóricos y prácticos para acceder al permiso de conducir que los
requeridos en la legislación española, de forma que no estemos canjeando permisos de conducción sin garantizarnos unos mínimos de formación en aras de mejorar y mantener esta seguridad vial.
Por todo ello y por la política que está llevando el Gobierno a lo largo de las dos últimas legislaturas, es por lo que el Grupo Popular ofrece una enmienda de modificación al Grupo de Convergència i Unió justificada en razones técnicas, ya
que creo que este texto que nosotros hemos redactado se adapta mejor a la situación actual en la que se encuentra el convenio. Esa enmienda la tienen los miembros de la Mesa y también el representante de Convergència y paso a leerla. Dice: El
Congreso de los Diputados, en aras de favorecer la integración al mercado laboral y a la sociedad de los inmigrantes llegados a España, insta al Gobierno a continuar impulsando la firma de convenios de reconocimiento recíproco y canje de permisos de
conducción con países de América Latina y a agilizar en la medida de lo posible el acuerdo bilateral entre el Reino de España y Venezuela, preservando en todo caso el valor de la seguridad vial.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, a los efectos de aceptación o no de la enmienda propuesta por el Grupo Popular.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: La enmienda del Grupo Parlamentario Popular es acertada, responde a la cuestión de fondo que planteaba Convergència i Unió, que es la de llegar a ese acuerdo con Venezuela; por tanto, aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz.
La señora MONZÓN CABRERA: El Grupo de Coalición Canaria va a apoyar esta proposición no de ley y valora la aportación de la enmienda que presenta el Grupo Popular. En Canarias este tema supone una preocupación que se ha manifestado en
diferentes iniciativas tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso y en el Senado por nuestro grupo. En concreto, en 1999 se aprobó una resolución en el Congreso de los Diputados y en diciembre de 2000 en el Parlamento de Canarias se
instaba al Gobierno a que solicitara el cumplimiento de la resolución aprobada en el Congreso en 1999. Posteriormente, en 2001 se aprueba otra proposición no de ley en el Parlamento canario orientada a facilitar, mediante programas formativos, la
obtención del permiso de conducir a los emigrantes retornados, en la línea que comentaba la portavoz del Grupo Popular, por la necesidad de facilitar a estos emigrantes la obtención de ese permiso.
En 2001, tal como recoge la exposición de motivos de esta proposición no de ley que hoy debatimos, se debatió una moción, que se aprobó en el Senado a instancias del Grupo de Coalición Canaria, además de un sinfín de preguntas orales y
escritas tanto en el Senado como en esta Cámara.
Por tanto, no voy a entrar a valorar la importancia de esta iniciativa porque ya se ha hecho en reiteradas ocasiones y a lo largo de este debate, quiero manifestar simplemente que el Grupo de
Coalición Canaria apoya, como no podía ser de otra manera, esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posiciones, señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Señor presidente, le aseguro que seré breve, aunque a veces no sea mi característica, pero voy a ser enormemente breve en esta ocasión para manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente
la proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió, tal y como ha sido enmendada por el Grupo Popular y aceptada por el grupo proponente.
Se trata de un asunto que no es baladí. Uno de los aspectos importantes de la integración laboral de los trabajadores inmigrantes en España pasa por la posibilidad de realizar un trabajo, no sólo el de transporte por carretera, sino otros,
en los que es absolutamente necesaria la utilización de vehículo propio. Por ello, las facilidades que podamos dar para que esta conducción de los vehículos sea de acuerdo con la normativa española a través de iniciativas como las que en este
momento estamos debatiendo creemos que son buenas para la integración social de la inmigración. Es buena también para mantener la seguridad vial como debe mantenerse; por ello, votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Aceptación de enmiendas transaccionales, brevedad por parte del señor Pedret, llega ciertamente la Navidad.
- POR LA QUE SE INSTA EL TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE POLICÍA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002084.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6, que es una proposición no de ley presentada también por el Grupo Parlamentario Catalán.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco que sepamos combinar la ironía y el sentido del humor con la Navidad, cosa que a veces es realmente difícil. Convergencia i Unió presenta esta iniciativa -tuvo entrada en el registro de la Cámara en
abril del presente año- orientada a reclamar un mayor compromiso del Gobierno del Estado español por lo que hace referencia a las instalaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en mi ciudad, en Vilanova y la Geltrú. Desde una honda
preocupación sobre las condiciones materiales en las que los funcionarios de este cuerpo de seguridad deben realizar sus funciones, aún hoy la policía nacional tiene responsabilidades en materia de seguridad ciudadana en Vilanova y la Geltrú y en la
comarca del Garraf, pedimos que esas instalaciones sean adecuadas para atender a aquellos ciudadanos que se dirigen a la policía nacional a resolver cuestiones relacionadas con las competencias de este cuerpo. Además, y creo que con buena
colaboración con el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, en un primer momento un gobierno de minoría de Convergencia i Unió y posteriormente un gobierno de coalición del PSC-Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, desde el Grupo
Parlamentario Catalán hemos venido colaborando con la acción municipal en aras a buscar lo que desde hace ya tiempo en Vilanova y la Geltrú es de sentido común: el traslado de las dependencias de la comisaría de la policía nacional. Desde hace
tiempo en Vilanova y la Geltrú, las fuerzas políticas y la ciudadanía compartimos esa necesidad, y por lo que nos consta los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía también la comparten. En un contexto de despliegue del cuerpo de los Mossos d'
Esquadra en esa comarca en un futuro inmediato, y por tanto, de repliegue del Cuerpo Nacional de Policía, nos parecía que ese período de transición no podía ir acompañado de una dejación de las responsabilidades del Estado en ese ámbito, y por tanto
era necesario no esperar a que los Mossos d´Esquadra se desplegasen en el Garraf y en Vilanova y la Geltrú para garantizar que esas dependencias reuniesen las condiciones necesarias.
Decía que lo hemos seguido a lo largo de esta legislatura con intensidad.
En junio del año 2000, en una pregunta escrita el Gobierno respondía que las dependencias de atención al público de la referida comisaría han sido mejoradas desde
diciembre del año pasado como consecuencia de las obras de reubicación en la calle Collegi número 28 de la oficina de documentación. La iniciativa fue buena porque permitió el traslado de todo lo relacionado con la expedición del carnet de
identidad y del pasaporte a otras ubicaciones, dejando de cargar sobre aquel edificio viejo en malas condiciones y sobre el que no se destinaban recursos esa parte de atención al público. Pero en la misma respuesta se nos decía que durante el
presente ejercicio no estaban previstas otras actuaciones en la comisaría de Vilanova y la Geltrú. Dos años más tarde, insistiendo en esa misma cuestión, observamos, más allá de ese traslado que se había hecho a la calle Collegi, que no se ha
avanzaba en la solución del problema. En una nueva respuesta parlamentaria, esta vez el Gobierno iba más allá. Se afirmaba que los locales en los que se ubica la comisaría de Vilanova y la Geltrú carecen de la debida adecuación a las necesidades
que presenta dicha comisaría. Por otro lado, la configuración arquitectónica de dichas instalaciones no permite la realización de obras de reforma y ampliación que mejoren dicha adecuación. Se reconocía, por tanto, que la comisaría no tenía las
características que permitían dar respuesta a las necesidades que se derivaban de los servicios de seguridad en su ámbito de responsabilidades, y que las características del edificio no permitían abordar una remodelación a fondo. Se reconocía en la
respuesta parlamentaria que se habían hecho obras de reforma y mantenimiento, especialmente referidas al ámbito de la discapacidad, por valor de 29.000 euros, pero nosotros entendíamos que la cuestión de fondo continuaba pendiente, que es el
traslado de la comisaría a otro espacio.
En este período, el gobierno municipal de Vilanova y la Geltrú, y yo mismo tuve ocasión de acompañar al alcalde, el socialista Sixte Moral, mantuvimos reuniones de trabajo con el Ministerio de Interior,
participando de la idea de hacer un planteamiento común con la actual casa cuartel de la Guardia Civil para poder desplegar en su propio espacio o en un espacio compartido los dos cuerpos de seguridad del Estado en la comarca del Garraf con la
perspectiva de que la Guardia Civil continuaría en Vilanova y la Geltrú, porque seguían teniendo responsabilidades en las materias que la competen. Todo ello nos llevó a entender que era bueno, necesario y oportuno que la Comisión de Justicia e
Interior debatiese ese asunto para dar un empuje político a una necesidad que, insisto, compartimos todos en Vilanova. Estoy seguro que el grupo municipal del Partido Popular también comparte, que comparte el actual gobierno local y lógicamente
Convergencia i Unió, y es el traslado de la comisaría de policía nacional a unas instalaciones dignas, suficientes y adecuadas para los funcionarios, para las personas que deben acercarse a estas instalaciones y para el cumplimiento de las
competencias que en materia de seguridad ciudadana aún
tiene la policía en Vilanova. Esto en un contexto de preocupación de mi grupo parlamentario -no es objeto de esta proposición no de ley, pero creo necesario insistir en ello- de la necesidad de que el catálogo de puestos de trabajo de la
Dirección General de la policía en Vilanova y la Geltrú para 2002, se cumpla en 2003. La dotación de ese catálogo en 2002 nos indicaba que Vilanova i la Geltrú necesitaba 60 agentes. Hoy son 45 funcionarios activos, y el Gobierno aprobó a
principios de este año un concurso general de méritos para incorporar diez nuevos policías a esta comisaría; en todo caso, nos situaríamos en 55 personas, lejos aún de la dotación del catálogo para 2002. Vilanova y la Geltrú tiene problemas de
seguridad y tiene necesidad de un compromiso del Estado en ese ámbito. Si aprobamos hoy ese mandato al Gobierno para continuar trabajando con el ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú para solucionar esa cuestión, daremos un paso adelante hacía ese
objetivo: que el Estado cumpla las competencias en seguridad en Vilanova y la Geltrú en plenitud de condiciones.
Espero que podamos aprobar esa iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para defensa de la misma tiene la palabra la señora Martín Vivas.
La señora MARTÍN VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esa honda preocupación que ha manifestado el señor Campuzano por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es compartida por nuestro grupo, por el Ministerio del Interior, y creo que por todos. En esa línea es
en la que venimos trabajando desde hace tiempo, como ha explicado muy bien el señor Campuzano. Por ello hemos presentado esta enmienda a fin de que pueda aprobarse por el grupo proponente.
Voy a hacer un poco de historia sobre lo que ha pasado en esta comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vilanova y la Geltrú ocupa desde el año 1978 y en régimen de cesión de uso, unos locales
que están sitos en la planta primera de un edificio de vecinos, con una superficie construida de 342 metros cuadrados, más una terraza descubierta de 141 metros cuadrados. La configuración de la construcción y su adecuación funcional son en estos
momentos insatisfactorias, lo que obligó hace tiempo, como ha expuesto el señor Campuzano, al traslado de los servicios de documentación a otros locales cedidos por el ayuntamiento, sito en la calle Collegi, número 25.
Desde hace algo más de un
año, la Gerencia de infraestructuras y equipamiento de la Seguridad del Estado dependiente del Ministerio del Interior, viene manteniendo contactos con el ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú en Barcelona, con el fin de reubicar las actuales
dependencias de la Dirección General de Policía en la citada localidad. Una de las opciones que se contemplan es la de que tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía compartan la parcela que actualmente ocupa la casa-cuartel de la
Guardia Civil, en la que se ubicarían las dependencias de los dos cuerpos de Seguridad del Estado; esta es una de las propuestas. Continuando con las negociaciones emprendidas, y al efecto de considerar un eventual traslado, ha tenido lugar una
reunión entre el alcalde de la localidad de Vilanova i la Geltrú y representantes del Ministerio del Interior hace muy pocos días, a principios de este mismo mes de diciembre. En este momento, por parte de este departamento, se están estudiando
esas diferentes alternativas para ver cuál es la que aporta mejores condiciones para el traslado de las dependencias. Por todo esto, creemos queda claro el interés y la intención del ministerio de trasladar las dependencias policiales a una
ubicación más idónea para poder realizar sus funciones.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta proposición, que esperamos sea aceptada, como muy bien ha dicho el señor Campuzano. La enmienda dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar los contactos con el
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú en vías a promover un traslado de las instalaciones de la Comisaría de Policía de Vilanova i la Geltrú a unas nuevas dependencias adaptadas al cumplimiento de sus funciones.
El señor PRESIDENTE: El señor Pedret, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor PEDRET I GRENZNER: Estamos debatiendo una cuestión en la que parece hay acuerdo de voluntades, cuestión importante como lo demuestra la nutrida representación de comisionados y comisionadas, que seguro siguen el debate, sea
directamente o a través del circuito cerrado de televisión.
Señor presidente, en absoluto voy a intentar ilustrar al diputado señor Campuzano sobre su ciudad, porque quien más la conoce de los que estamos aquí es el señor Campuzano, pero sí deseo indicar algunos datos que nos preocupan y que nos
hacen coincidir en la búsqueda de soluciones al tema.
El señor Campuzano ha hecho una referencia. El problema que plantea la distinta temporalidad del despliegue de los Mossos d'Esquadra es un tema recurrente en esta Comisión, en muchas ocasiones
planteado por el mismo portavoz que habla en este momento. Siento insistir en los temas, pero mientras no estén resueltos creo que nuestra obligación es insistir en ellos. Lo cierto es que, según mis noticias, en el plan de despliegue actualmente
vigente no va a llegar el cuerpo de Mossos d'Esquadra a la comarca del Garraf hasta el año 2007. No se trata, por tanto, de intentar salvar unos meses hasta que haya una proporción de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado completamente
distinta, sino una cuestión temporalmente larga, aparte de las competencias que siempre le van a quedar al
Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con la ley y las transferencias realizadas, y que necesitan un local en condiciones para los funcionarios y para los ciudadanos. Piensen ustedes, señoras y señores comisionados, que nos encontramos con
un caso en que el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía al que se ha aludido anteriormente sufrió una importante rebaja, desde los 90 puestos que tenía en el catálogo anterior hasta los 60 que ha dicho el señor Campuzano que tiene el catálogo de
2002. La única discrepancia que tenemos con la exposición del señor Campuzano es el hecho de que no coinciden nuestros números respecto al número de agentes y funcionarios presentes. De acuerdo con las informaciones que he recabado del
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, la presencia real es de 35 funcionarios y no de 45, lo cual, con los turnos, vacaciones, libranzas, etcétera, supone una presencia policial realmente escasa, en una ciudad de unos 60.000 habitantes, capital de
una comarca con unos 100.000 habitantes aproximadamente, en que la única otra presencia policial, aparte de las policías locales existentes, es una casa-cuartel en Vilanova i la Geltrú, puesto que hace un tiempo se cerró la casa-cuarte de Sitges,
otra importante ciudad de la comarca. Ello nos da una situación de centralidad absoluta de esta obsoleta comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que ha sido descrita acertadamente por los intervinientes anteriores, y por tanto sobre ello no me
voy a extender.
Nosotros creemos que es necesario llegar al acuerdo. Como se ha dicho en la Comisión, el gobierno municipal de Vilanova i la Geltrú, encabezado por el alcalde socialista, está en trámites de buscar la solución de común acuerdo con la otra
administración afectada en este caso, el Ministerio del Interior. Existen avanzadas esperanzas de posibles recalificaciones de terrenos para conseguir cierta concentración, también funcional, del cuartel de la Guardia Civil y de la comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía y porque todos estamos en la misma línea de resolver este real problema existente en Vilanova i la Geltrú, vamos a votar a favor, tanto de la proposición original, en el caso de que el señor Campuzano no admitiera la
enmienda, como de la enmienda si es admitida por parte del señor Campuzano.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra a efectos de la aceptación o no de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo va a aceptar la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo que esta necesidad de continuar los contactos entre la Administración municipal y la del Estado no deben de suponer una
demora sine die de esa necesidad perentoria.
Llevamos ya demasiados años con una comisaría en malas condiciones y es urgente que el Estado tome las medidas adecuadas para hacer efectivo ese traslado. Me consta que la actitud del Ayuntamiento de
Vilanova i la Geltrú es absolutamente positiva a fin de encontrar una solución factible para todos los intereses que están en juego.
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, queda ultimado el debate y habiéndose anunciado al principio de la sesión que las votaciones tendrían lugar a partir de la una, se suspende la misma durante unos minutos a efectos de proceder a dar
cumplimiento a lo señalado. (Pausa.)
Vamos a reanudar la sesión. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, para una cuestión previa, si me lo permite, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, yo creo que deberíamos proceder a las votaciones y después hacer las cuestiones previas por medidas de orden, seguridad y demás.
Comenzamos las votaciones. La primera iniciativa que figuraba en el orden del día estaba decaída; por tanto vamos a proceder a la votación de la segunda proposición no de ley. Había una enmienda del Grupo Popular que no ha sido aceptada y
por tanto se votará en sus propios términos la proposición no de ley que figura en el punto número 2 del orden del día sobre la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete (Jaén).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación la que figura en el punto número 3 del orden del día, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al archivo de los expedientes sancionadores incoados por la subdelegación del Gobierno en A Coruña a
diferentes vecinos y vecinas del barrio coruñés de Os Castros como consecuencia de las protestas realizadas contra los problemas sanitarios ambientales producidos por las descargas de carbón y de coque efectuadas por diferentes empresas en el puerto
de A Coruña.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación la que figura en el número 4 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para la construcción de un nuevo edificio en el que se integre la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el
municipio de Motril (Granada). A dicha proposición no de ley existía una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que parece
ser ha sido objeto de aceptación por el grupo proponente. Por tanto, votamos dicha proposición de acuerdo con la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 5 del orden del día -señor Gil Lázaro, nos vamos acercando al espíritu navideño-, otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación del reglamento de Armas, en el sentido de que las armas de imitación,
simulados detonadores o de fogueo, se adquieran en armerías y sitios especializados y con las mismas condiciones que las armas auténticas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, diez; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La que figura en el punto 6 del orden del día es una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán por la cual se insta el traslado de las instalaciones de la comisaría de Policía de Vilanova i la Geltrú, a la cual hay una enmienda
transaccional del Grupo Popular que ha sido objeto de aceptación por el grupo proponente. Votamos dicha iniciativa de acuerdo con la transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación la que figura en el punto 7 del orden del día, proposición no de ley sobre el funcionamiento de la oficina de fronteras de la Base Naval de Rota (Cádiz).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las que figuran en los puntos 8 y 9 del orden del día habían sido retiradas, por lo que procedemos a votar la proposición no de ley que figura en el número 10, para debatir las medidas extraordinarias y urgentes que es necesario adoptar con
carácter inmediato para combatir el grave y reiterado incremento de la criminalidad que se está produciendo en Madrid.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la que figura en el orden del día con el número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la sustitución de las garitas de vigilancia del centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante, por un sistema electrónico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la que figura en el punto número 12 del orden del día, relativa a la isla de las Palomas en Tarifa, en la provincia de Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21; abstenciones cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la que figura en el punto número 13 del orden del día, sobre intensificación del control fronterizo de Ceuta con Marruecos y ampliación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. A dicha iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha sido objeto de aceptación por el grupo autor de la proposición no de ley.
Por tanto, procedemos a la votación de la iniciativa de acuerdo con la transacción aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación la que figura como punto número 14, proposición no de ley relativa a la firma de un convenio bilateral de reconocimiento recíproco y de canje de los permisos de conducción entre España y Venezuela, presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán, a la cual también existía presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, igualmente aceptada por el grupo que había presentado la proposición no de ley.
Procedemos a votar en los términos señalados.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, votamos la que figura con el número 15 en el orden del día, por la que se insta al Gobierno a que para una mayor seguridad vial adopte, con carácter urgente, las medidas oportunas que permitan que las farolas de las
intersecciones y salidas de las autovías permanezcan encendidas en horas nocturnas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, antes de dar el turno de palabra a los portavoces que lo habían solicitado, quiero decirles que, como ustedes saben, hoy es la última sesión que en el área de Interior celebra esta Comisión de Justicia e Interior, dado que, como
bien saben SS.SS., el día 23 se celebrará otra sesión, dedicada en este caso al área de Justicia, que contará con la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial que por vez primera comparecerá en esta Cámara en el mismo año en
que es presentada oficialmente la memoria. En todo caso, hoy es la última sesión del área de Interior.
De forma breve quiero expresar a todas SS.SS., en primer lugar, el reconocimiento más sincero y más profundo por la colaboración que este presidente ha tenido -ha sido escasamente un año, pero muy intenso-, y quiero hablar no sólo en mi
nombre sino en el de la Mesa, y agradecer la labor de los portavoces y de todos los miembros de la Comisión. El intensísimo trabajo que han realizado permite poner de relieve que esta Comisión de Justicia e Interior ha batido por sí misma todos los
récords de celebración de sesiones. Si en las legislaturas anteriores esta Comisión de Justicia e Interior había celebrado -doy los datos- 63, 64, 84, 82 y 84 sesiones, este año, con la que hoy celebramos llegamos a la número 120. Por tanto, si la
media de sesiones de las demás comisiones es poco más de 40 ó 42 sesiones a lo largo de una legislatura, en esta Comisión, tan compleja y tan difícil por muchas cosas, pero tan importante, como bien saben todos ustedes, el trabajo de ustedes avala
esas cifras, que desde luego no se deben al mérito de esta Mesa sino, repito, al trabajo legislativo que se ha tenido, al trabajo de control y de impulso que ustedes han hecho.
Por tanto, en nombre de la Mesa les reitero la felicitación y el agradecimiento por la colaboración prestada en todo momento. Ha sido para mí un honor ser su presidente, aunque haya sido escasamente un año.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Efectivamente hoy terminan los trabajos en esta legislatura del área de Interior y tanto como portavoz, como a título personal, y recogiendo el sentir de todos mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, quiero
expresar nuestra valoración, nuestro reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por el trabajo realizado. Creo que todos juntos hemos sabido estar a la altura de nuestra responsabilidad y cumplir con nuestro deber. Más allá incluso de ese
reconocimiento y de esa valoración quiero expresar a todas SS.SS.
tanto mi sentimiento personal de afecto como el de todos mis compañeros.
Creo que por encima de los guiones políticos, por encima de los debates políticos, por encima de la
controversia hay algo que siempre queda, que son las personas y los sentimientos. Desde luego, para los miembros del Grupo Parlamentario Popular ha sido un honor trabajar en esta Comisión con las señoras y señores diputados representantes de todos
los grupos parlamentarios y les guardamos y les guardaremos siempre nuestro reconocimiento y nuestro más profundo afecto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero agradecer las palabras del señor presidente dirigidas no sólo a todos los miembros de la Comisión, como así lo ha hecho, sino también a los miembros del Grupo Socialista. Siento mucho que
esta mañana no esté aquí el portavoz titular, el señor Mayoral, que es el que ha sufrido y sostenido esta portavocía durante esta legislatura.
Me gustaría agradecer al presidente y a toda la Mesa su talante. Quisiera manifestarles que mostramos todo nuestro agradecimiento ante todo el trabajo y todas las iniciativas que se han debatido en esta Comisión y el Grupo Socialista, se
encuentre en la posición en la que se encuentre a partir de marzo de 2004, siempre va a cumplir con su obligación, que es trabajar y mantener lo que hemos hecho durante estos cuatro años y lo que va a ser el futuro. Intentaremos gobernar este país
porque somos una alternativa de Gobierno. Si es así y tenemos la posibilidad de hacerlo a partir de marzo, nuestra actitud en esta Comisión seguirá siendo la misma, que es la del trabajo, la de la lealtad y la de trabajar con rigor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora López, casi reabre el turno de réplica.
Particularmente le doy las gracias en nombre de esta Mesa.
Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: En nombre propio, pero sobre todo en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Catalán de Convergència i Unió, y también del portavoz en la Comisión de Interior, Jordi Jané, que por estar en otra comisión no puede
estar aquí, quisiera agradecer sus palabras. En esta última sesión, quiero sumarme a las palabras de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra en los típicos agradecimientos y quiero tener un agradecimiento muy especial para todos
los servicios de la Cámara, para los letrados y el resto de servicios que quizá hacen un trabajo que es menos visible que el nuestro, que es más agradecido, porque ahí queda el 'Diario de Sesiones', pero justamente sin su trabajo todo esto no sería
posible. También quiero dar las gracias al presidente, y por extensión a toda la Mesa y tener un recuerdo afectuoso para el anterior presidente, para el señor Romay Beccaría, que fue también, como el presidente señor López-Medel, un magnífico
presidente de esta Comisión. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios
el trabajo y el talante personal que todos hemos tenido que ha hecho que hayamos podido hacer un trabajo tan intenso y tan extenso, como bien ha señalado el presidente de la Comisión.
Aunque este es un momento de despedida, de agradecimiento y de reconocimiento, no quiero desaprovechar que tengo el uso de la palabra para, justamente incidiendo en este tema de tantísimo trabajo, volver a poner sobre la mesa una propuesta
política de mi grupo parlamentario, que es la creación de una comisión permanente específica en todo el tema de seguridad vial. Creo que de alguna manera esto descargaría el trabajo de esta Comisión y daría una relevancia y luz propia a un tema que
es tan importante y en el que todos los grupos políticos estamos empeñados.
Nada más. Quiero despedirme y decirles a todos Bon Nadal, feliz Navidad, feliz fin de legislatura a todas y a todos los diputados y a todos los servicios de la Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, todos los grupos y todos los miembros de la Mesa asumimos, tanto las referencias al anterior presidente por su grandísima labor y trayectoria, José Manuel Romay, como a todos los servicios de la Cámara.
Señora Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Simplemente quería sumarme a todos los agradecimientos y felicitaciones que están haciendo todos los grupos, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y, en especial, de nuestro portavoz, Luís
Mardones, que está saltando entre tres comisiones en estos momentos. Que conste que aquí estamos y que les felicitamos igualmente.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Con toda brevedad, me sumo a las palabras de todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, deseándoles a todos que el año que viene sea venturoso y que todos saquemos los mejores resultados
posibles. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aymerich.
En todo caso, que sean previamente venturosas las listas electorales.
Que pasen un feliz año y muy feliz Navidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Justicia e Interior, del miércoles, 17 de diciembre de 2003, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.