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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 755, de 07/05/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 755
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles, 7 de mayo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley - Relativa a la factoría Izar-Fene. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000733.) ...
(Página 24096)
- Relativa a la participación de la comunidad científica, en especial los investigadores y centros de investigación gallegos, en la resolución de la crisis del Prestige. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente
161/001892.) ... (Página 24101)
- Relativa a un plan de investigaciones marinas para paliar la catástrofe del Prestige. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002106.) ... (Página 24101)
- Relativa a la adopción de las medidas necesarias para la simplificación del procedimiento de solicitud y concesión del abono social del servicio telefónico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001982.) ... (Página 24108)
- Sobre realización de un programa de alfabetización digital para las mujeres discapacitadas, con especial atención a las que viven en el medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002039.) ...
(Página 24110)
- Para que se incremente el gasto público en investigación y desarrollo (I+D). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002041.) ... (Página 24113)
- Relativa a un plan de acción en el contexto del espacio europeo de investigación (ERA). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002116.) ... (Página 24116)
- Relativa a las grandes instalaciones científicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002117.) ... (Página 24119)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión siguiendo el orden del día previamente fijado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA FACTORÍA DE IZAR-FENE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000733.)
La señora VICEPRESIDENTA: Debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley: punto primero, relativa a la factoría de Izar-Fene, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Aunque estamos tratando un tema recurrente no lo hacemos por un principio de repetición, sino por un principio de urgencia, de matización y de clarificación de algo que para la economía gallega es muy importante,
y además lo hacemos con una continuidad en el tiempo que se inicia en 1996, desde que llegamos a este Congreso de los Diputados. El tema de Izar-Fene, antes Astano, fue un tema objeto de debates parlamentarios en múltiples ocasiones, incluidos los
plenos de la Cámara, tanto a través de proposiciones no de ley y de mociones como de iniciativas de control oral y por escrito.
Con ocasión de la situación provocada por la catástrofe del Prestige fue la primera vez que el Gobierno por lo menos estuvo dispuesto a escuchar de una forma aparentemente positiva las demandas que veníamos planteando, como he dicho, en este
Parlamento desde 1996 y en la Cámara gallega desde hacía muchos años más. El resultado es que últimamente se aprobaron varias iniciativas pidiendo al Gobierno que incluyese entre sus prioridades la solicitud a la Comisión Europea para que levantase
las restricciones que pesan sobre Izar-Fene, ya que tiene prohibido construir barcos, único y paradójico caso de astillero en el mundo. El Gobierno, después de estos últimos debates, contestó por escrito a este diputado que pretendía cumplir lo
aprobado por el Congreso de los Diputados e incluso decía que coincidía con lo que figuraba en el Plan Galicia aprobado por el Consejo de Ministros de 24 de enero de 2003, a pesar de que lo que se había aprobado en el Consejo de Ministros era una
frase suficientemente ambigua, contradictoria y no referida específicamente al caso de Izar-Fene. Lo grave es que, en respuesta a este diputado de 21 de abril de 2003, el Gobierno sigue mareando la perdiz y poniendo múltiples pretextos para no
enfrentar el problema de manera urgente e inmediata, y así dice que se están realizando gestiones para solicitar a la Comisión Europea el levantamiento de las restricciones a la construcción de buques sobre las instalaciones de Izar-Fene, antigua
Astano. Dice, sin embargo, que la solicitud será presentada en el momento en que se considere más idóneo, y lo condiciona a que otras acciones en curso evolucionen positivamente, en concreto la autorización por la Comisión de la modificación del
Real Decreto 442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval, para trasponer al ordenamiento jurídico español el Reglamento 1.177/2002, mecanismos
de defensa temporal, y la decisión 2002/634.C, por la que se aprueba el nuevo acuerdo sobre créditos a la exportación de buques en la OCDE, así como la solución de las dificultades existentes en el sector por la competencia desleal coreana.
El Gobierno acaba concluyendo, por tanto, que la vuelta de Izar-Fene a la construcción de buques requiere como condición necesaria la autorización expresa de la Comisión Europea, y no puede prever cuándo se obtendrá dicha autorización, ni siquiera
puede establecer un pronóstico de carácter temporal sobre la consecución de esta medida, como dije, derivado de que hay otros actos en curso que, según el Gobierno, no quiere que sean perjudicados.
Como ven, con este tipo de política queda retrasada sine die la ejecución, o por lo menos el intento político de lograrlo, pero es nuestro objetivo demostrar hoy aquí, por lo menos, de la forma más rápida posible, que los argumentos del
Gobierno no dejan de ser más que pretextos, simplemente por una cuestión que ellos mismos han aclarado en distintas respuestas a preguntas parlamentarias, y una de esas respuestas hace referencia a la trasposición de los reglamentos y de las
iniciativas de la Comisión para que se pudiesen dar ayudas temporales al sector de la construcción naval mientras dure la competencia coreana. Así ya en noviembre del año 2002 el Gobierno reconocía que iba a proceder a modificar el Real Decreto
442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval, con el objeto de adaptarlo a lo dispuesto en el reglamento C del Consejo sobre un mecanismo temporal de ayudas al sector de la construcción naval, con el fin de que se puedan conceder
ayudas directas a la producción de hasta el 6 por ciento a los segmentos de mercado contemplados en el mencionado reglamento, y también lo iba a modificar a fin de adaptarlo al nuevo acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques de la
OCDE, y para esto no tenía en absoluto que contar con el visto bueno de la Comisión Europea, puesto que la modificación de una normativa de rango estatal era derivada de unas decisiones comunitarias. Por tanto, llama la atención que se busquen
pretextos que nada tienen que ver en una relación de causa efecto con las medidas que nosotros proponemos, que son medidas paralelas y en absoluto concatenadas desde ningún punto de vista.
Por otra parte, todos ustedes saben -porque ya lo debatimos en muchísimas ocasiones y no es cuestión de reincidir en el tema, pero sí de aludir someramente- que estamos ante el caso de un astillero que fue expulsado de la construcción naval
convencional, según los datos del propio Gobierno, desde el año 1984 por imposición del ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, a cambio de que se pudieran recibir ayudas para los astilleros públicos, que estaban en unas gravísimas
dificultades. Esta situación se volvió a rubricar mediante carta de fecha 6 de agosto de 1997 para que pudiese ser aprobado por la Unión Europea el Plan estratégico de competitividad, con lo cual se lograban ayudas para los astilleros públicos,
menos para Astano, a cambio de que Astano siguiese cerrado sine die. De todas maneras, la propia carta de 1997 para dar legitimidad al Plan estratégico de competitividad español reconocía que, en todo caso, pasados cinco años, es decir, en el año
2002, y en atención a la situación de la oferta y la demanda en el mercado, se podría volver a replantear la apertura de las instalaciones que habían sido cerradas a la construcción naval convencional. El propio Estado español reconoce en sus
respuestas que hay una limitación de producción para los astilleros públicos españoles, a cambio precisamente del plan estratégico que aprobó la Unión Europea, que posibilitaba las ayudas públicas a estos astilleros, y que esta producción está
limitada a una capacidad de 210.000 TRBC. Las propias respuestas del Gobierno reconocen a través de unas series plurianuales que tal capacidad productiva nunca se llegó a alcanzar totalmente, excepto en algún año, pero el conjunto quedó bastante
por debajo. Lo cual hace que ni siquiera la cuota de producción que se le asigna al Estado española no esté siendo utilizada debidamente. Es más curioso que el Gobierno diga textualmente que el permiso de la Comisión decidirá, teniendo en cuenta
el equilibrio que existe en estos momentos a nivel mundial entre la oferta y la demanda, y también si están previstas ayudas para la reapertura de las instalaciones. El Gobierno dice que no se precisarían ayudas públicas para la reapertura de
Izar-Fene, ya que nunca se cerraron físicamente, sino que se han venido utilizando para la construcción de unidades flotantes off shore. Por lo tanto, señorías, existe la decisión teórica política del Gobierno a favor. Está la instancia de los
parlamentos, tanto gallego como español, en este caso unánimemente favorables. Lo que no se puede es poner disculpas absurdas que no se justifican desde ningún punto de vista, a no ser que se quiera postergar sine die para deteriorar mucho más al
astillero de Izar-Fene, que SS.SS., especialmente las que son de Galicia, saben que está pasando por un momento de gravisima crisis, hasta el extremo de que para no cerrarlo definitivamente o para no tener que hacer regulaciones de empleo están
trasladando las plantillas a trabajar a Izar-Ferrol, el centro próximo. Por todo esto, esta iniciativa que hemos autoenmendado para actualizar debidamente pide que se realicen urgentemente por parte del Gobierno las gestiones oportunas ante la
Comisión Europea, siguiendo el mandato del Congreso de los Diputados, expresado en varias ocasiones, para que se levanten las restricciones que pesan sobre Izar-Fene, de forma que pueda competir en condiciones de igualdad con el resto de los
astilleros de la Unión Europea.
Respecto al segundo punto, lo dejamos igual, pero matizamos, porque pensamos que es necesario para que quede perfectamente clarificado, que se estudie una nueva agrupación de factorías de Izar. En la práctica,
por la vía del traslado de plantillas, se está reconociendo que una de las fórmulas sería utilizar la capacidad tecnológica de los dos astilleros de la ría de Ferrol y compartir la carga de trabajo. Lo grave es que se está haciendo por la
desubicación de la plantilla y, por lo tanto, el práctico colapso del astillero de Fene. Para utilizar bien las sinergias horizontales y verticales, lo bueno sería tener un conglomerado de la industria civil y militar en la vía de Ferrol y agrupar
de otra forma distinta a los actuales centros de Izar, de tal manera que Izar-Fene estuviera agrupado con Izar-Ferrol y no precisamente con Cartagena.
Las respuestas del Gobierno sobre inversiones en los astilleros demuestran que el astillero de Fene, en relación con su capacidad productiva y la plantilla, no es precisamente de los que goza de mayores inversiones reales en el período
2001-2002 y 2002-2005, que está en proyecto. Por eso pedimos que se tenga en cuenta no dejarlo deteriorar, desde el punto de vista tecnológico, y actualizarlo debidamente. Pedimos también que mientras duren las actuales circunstancias, se
comprometa a dotar a Izar-Fene de carga de trabajo propia; no como hasta ahora, que son subcontratas o contratos que se consiguen directamente en el mercado y hacen, a lo mejor, partes de un buque, sin que se reconozca nunca oficialmente a efectos
empresariales, fiscales o de política mercantil.
Por lo tanto, si es que se dijo que iba a estar destinado a las plataformas off shore y a las reparaciones, que se le posibiliten contratos en el mercado, y no como ahora que los FPSO también se
construyen en otros astilleros. El objetivo de la proposición no de ley es urgir al Gobierno a que cumpla con lo prometido, sin ambigüedades, sin dilaciones y sin períodos temporales, que no se especifican ni se constriñen de una forma que lo hagan
creíble. Por lo demás, aceptamos la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que reincide en nuestro punto número cuarto, vinculándolo también a acuerdos de carácter sindical.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas dos enmiendas. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: El tema que presenta el Bloque Nacionalista Galego es recurrente, pero está sin resolver y es urgente y preocupante para la comarca de Ferrol-Terra y para Galicia en su conjunto. En Galicia, en concreto en Astano, del
grupo Izar, existen unas instalaciones navales con gran capacidad, existe tecnología, existe personal especializado para construir cualquier tipo de barcos y artefactos navales. En Ferrol existen centros de formación especializados en construcción
naval y también personal en paro capacitado para incorporarse de inmediato al proceso productivo en los astilleros. La reconversión del sector naval, siguiendo directrices de Bruselas, desplazó al astillero de Astano en Fene a la construcción de
plataformas off shore para extracción y almacenamiento de petróleo en el mar. Recordemos que el último barco construido en Astano es del año 1985, el barco Sofía, que hacía el número 255. El Parlamento, primero en la Comisión de Economía y después
en ésta, aprobó por unanimidad instar al Gobierno a demandar de la Unión Europea la autorización para que Astano pueda fabricar todo tipo de buques sin restricción. El tema figura también como compromiso del Gobierno en el denominado Plan Galicia,
pero hoy no vemos los resultados, ni se sabe que el Gobierno haya tramitado este acuerdo parlamentario. En todo caso, no tenemos noticias de lo que se pueda estar haciendo en estos momentos. La realidad es preocupante. En Astano-Fene no hay carga
de trabajo y parece que hay una estrategia que lleva a la desaparición paulatina de esta factoría.
La hipotética carga de trabajo potencial se resume en finalizar los trabajos del gasero NC-28, 32.000 horas para construir un cuerpo de proa para Sevilla y 250.000 horas subcontratadas como industria auxiliar de Izar-Ferrol, con el traslado
de 300 operarios de Fene a Ferrol. Es necesario aclarar que la participación en los trabajos de montaje de la fragata F-100 fuera de Astano, en Bazán, incumpliría el convenio actual.
Incumpliría también el acuerdo SEPI-sindicatos y suplantaría el
trabajo de la industria auxiliar, con la consiguiente pérdida de empleo en la zona, que se estima en mil trabajadores más. Por todo ello, es urgente conseguir proyectos propios para garantizar la continuidad de Astano y también para evitar que pase
a ser un nuevo centro auxiliar del resto del grupo Izar o se camine hacia su cierre progresivo por inanición. O hay integración real, de la que hablaba el señor Rodríguez Sánchez, o hay carga de trabajo diferenciada. En Galicia nadie entiende,
cuando a raíz del desastre del Prestige el señor Fraga lanzó aquello tan inoportuno o, si se quiere, tan novedoso de que no hay mal que por bien no venga, el anuncio de que se iba a potenciar Astano con la vuelta a la construcción naval
convencional, comprometiendo al Gobierno a favorecer la construcción de buques anticontaminación y a medio plazo la construcción de buques de doble casco para mercancías peligrosas. Estas promesas, que se reiteran en el Plan Galicia, no se han
cumplido ni se ven visos de que se puedan cumplir. Hoy la realidad parece que apunta a otra cosa. En primer lugar, el Gobierno no ha solicitado tal medida de la Unión Europea, por ello, Astano no está aún autorizada a la construcción naval
convencional. Recuerdo que días pasados el señor Rajoy, en una de sus visitas de inspección por el tema Prestige a Galicia, no quiso contestar o esquivó esta pregunta. En segundo lugar, la prometida carga de trabajo de buques anticontaminantes,
buques de doble casco, plataformas, etcétera, se está esfumando o no hay nada de momento. En tercer lugar, SEPI incumple el acuerdo marco, en el
punto octavo, en potenciar la contratación de trabajo y permite que una plataforma apalabrada por Izar-Fene se la lleve la empresa Dragados. En cuarto lugar, la medida pretendida de trasladar 300 trabajadores de Astano a Bazán no va a
paliar la subactividad de Astano y tiene todas las trazas de esconder el desmantelamiento de Astano. Además, esta medida conlleva unas consecuencias de conflictividad que a nadie pueden escapar porque, si la industria auxiliar tiene problemas para
trabajar en Astano, el traslado de trabajadores va a impedir que la industria auxiliar, que en Ferrol es muy importante, colabore con Bazán y va a enviar al paro a bastantes trabajadores, con lo cual se va a materializar un conflicto social entre
trabajadores de la industria auxiliar y trabajadores de Astano forzado por una decisión que consideramos que se podía evitar.
Estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro.
En definitiva, hay una situación real que nos dice que Astano no tiene carga de trabajo, que se está trabajando poco para garantizarla en el futuro y una situación que además incumple acuerdos tomados con anterioridad entre los sindicatos y
la SEPI. Por esto, respetando el texto propuesto por el grupo proponente, nosotros añadimos una enmienda que pide que el Gobierno garantice el cumplimiento del acuerdo marco SEPI-sindicatos del año 2001, que otorga a los centros, en este caso a
Fene, la carga de trabajo necesaria para su continuidad y futuro. Es un tema importante y en estos temas no vale echar balones fuera sino que hay que enfrentarlos con realismo y con firmeza. Los compromisos parlamentarios y los públicos del
Gobierno están bien, pero en este caso lo que se pide es que se materialicen.
La señora VICEPRESIDENTA: Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Es una autoenmienda.
La señora VICEPRESIDENTA: Se da por defendida en la exposición que usted ha realizado.
Para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señorías, los temas recurrentes lo son precisamente porque son importantes, por tanto, en absoluto podemos minimizar la proposición no de ley que hoy se presenta a debate en esta Comisión por el hecho de que ya
hayamos hablado en múltiples ocasiones sobre este tema.
Recordando a SS.SS. cuál fue la génesis de toda esta problemática, les diré que las actividades de off shore y reparaciones que puede realizar Izar en las instalaciones de Fene se enmarcan, como el portavoz del Grupo Mixto ha recordado, en
los condicionantes particulares relativos al Plan Estratégico de Competitividad, un acuerdo que se tomó, señor Díaz, en el año 1984, es decir, antes de que España formase parte de la entonces Comunidad Económica Europea y basándose en unas razones
en principio aparentemente objetivas. Entiendo que eran razones objetivas que afectaban al conjunto de la construcción naval. Se tenía en cuenta la disminución de la capacidad que era preciso abordar en el conjunto de los astilleros públicos como
consecuencia de la reducción de la demanda mundial de buques y en consonancia con lo hecho en los países constructores, Japón y varios países europeos en particular. En segundo lugar, se tenían en cuenta las posibilidades que ofrecían las
instalaciones, tecnología y personal del astillero -que como S.S. ha mencionado son muy importantes- pero debidamente mejoradas, para introducirse en un nuevo mercado muy importante que en aquellos momentos ofrecía prometedoras expectativas de
futuro. Hay que recordar que de la factoría Izar-Fene en aquel momento Astano iba a beneficiarse de importantes ayudas, tanto en reestructuración como en funcionamiento, vía compensación de sus pérdidas.
Señorías, desde el punto de vista de una cuestión metodológica, me voy a referir a los tres últimos puntos de la proposición no de ley y al quinto, con enmiendas, para dejar para el final el primero. En el punto segundo se insta al Gobierno
a que estudie una nueva agrupación de las factorías de Izar, que tenga en cuenta la capacidad tecnológica y la posibilidad de transferencia de carga de trabajo de las ubicadas en la ría del Ferrol, de forma que las sinergias horizontales y
verticales puedan ser en este caso las adecuadas. En la enmienda se pide que se conforme un conglomerado de industria naval militar y civil. Para reforzar competitivamente Izar, SEPI diseñó un plan industrial, cuya vigencia se extiende de los años
2001 a 2005, y que respeta el plan que en su día se había aprobado para la antigua Bazán en marzo de 1999 y respeta los acuerdos suscritos por SEPI con los sindicatos con representación en el sector naval (Comisiones Obreras, UGT, CAT, ELA y CIGA)
en diciembre de 1998 y marzo de 2000. El 14 de marzo de 2001 SEPI y las federaciones minerometalúrgicas o del metal (Comisiones Obreras, UGT, CAT, CIGA, ELA y USO) suscribieron el acuerdo sobre la aplicación del Plan industrial de Izar, un plan que
se ha venido cumpliendo sin problema, y el Gobierno garantiza su cumplimiento como garantizan las partes que lo han suscrito. Los ejes principales de este plan se basan en una estrategia industrial centrada en la dualidad de los astilleros civil y
militar -con esto doy respuesta al punto segundo de la enmienda que formula el Grupo Mixto- que impregna el conjunto de la estructura organizativa de la nueva compañía y la focalización por habilidades de las diferentes unidades de negocio. Desde
esta nueva perspectiva, la previsión es que Izar tenga cuatro líneas de negocio con una dirección que defina la estrategia general de cada unidad y coordine el conjunto de factorías y centros. Así, la construcción naval se desarrollará
en los astilleros de Fene, Cartagena, Sestao, Puertorreal, San Fernando, Sevilla, Ferrol y Juliana; la división de propulsión y energía en Cartagena, Ferrol y Manises; el sistema de armas en San Fernando y Cartagena y las reparaciones en
Cádiz, Cartagena, Ferrol, Fene y San Fernando. La agrupación de unidades de actividad de Izar ha venido determinada por las capacidades tecnológicas de cada centro y las posibilidades de transferencia de carga de trabajo y obedece a las sinergias,
tanto horizontales como verticales, que se puedan producir entre todos los centros de la nueva empresa Izar, que no tienen que ir ligadas necesariamente a una mayor o menor proximidad geográfica. El astillero de Fene ha quedado englobado, como se
ha dicho, en la división de buques de actuación oceánica y el astillero de Ferrol, junto con el de Gijón, en la división de buques de intervención.
Respecto del punto tercero -tener en cuenta el astillero Izar Fene dentro del Plan industrial de Izar a la hora de realizar inversiones para mantenerlo con capacidad operativa desde el punto de vista tecnológico-, tengo que decirles que el
Plan industrial de Izar contempla importantes inversiones a realizar en el período de 2001-2005, por un importe global de algo más de 125.000 millones de las antiguas pesetas. Estas inversiones van destinadas a mantener y mejorar la capacidad
operativa y tecnológica de todos los centros de Izar, por tanto, también del centro de Fene.
Respecto del cuarto punto, considerar a Izar-Fene como el astillero de referencia para todos los contratos off shore, diré que, como ya se ha señalado, dentro de la estructura de Izar, el astillero de Fene mantendrá su acceso al mercado off
shore ya que parece lógico que este astillero, por su probada experiencia en la construcción de unidades flotantes, obtenga nuevas contrataciones en la próxima y esperada recuperación del mercado. Sus señorías saben que este mercado tiene un
carácter cíclico y los máximos y mínimos se producen con un retraso de al menos un año con respecto a la evolución de los precios del crudo, pero, dentro del plan industrial de Izar, está previsto que el astillero de Fene sea el astillero de
referencia para los contratos off shore.
En relación con el punto primero, tengo que recordar a SS.SS. que esto ya lo hemos debatido en otras ocasiones y no voy a cambiar los argumentos hoy. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno comparten la idea de que
Astano no tiene por qué estar definitivamente cerrado para la construcción naval. Las actividades off shore y reparaciones que se pueden realizar en las instalaciones de Fene se enmarcan en los condicionantes generales derivados de la aprobación
por la Comisión Europea de las ayudas para la reestructuración de los astilleros públicos de la división de construcción naval de la SEPI, vinculadas con el Plan Estratégico de Competitividad. El plan finalizó su estrategia en el año 1999, pero
persiste esta limitación hasta el año 2007, salvo que haya una autorización expresa en contra de la Comisión Europea. El compromiso de solicitar de la Comisión Europea el levantamiento de la restricción fue formulado claramente por el Gobierno -y
de ninguna manera se solicitó de una manera ambigua, como se ha señalado aquí, sino que se hizo de forma clara y contundente- en el Consejo de Ministros que se celebró el 24 de enero en María Pita, en La Coruña. Por tanto, el Gobierno adquirió un
compromiso y este Gobierno tiene por norma cumplir sus compromisos y desarrollar la actividad necesaria para dar cumplimiento a estos compromisos. Ustedes lo saben y por eso insisten en que se solicite de inmediato, en que las acciones se acometan
de inmediato, en que se obvie cualquier estrategia que pueda favorecer la consecución del objetivo. Les da igual. Ustedes quieren que el Gobierno se presente ante la Comisión Europea y simplemente exija que el astillero Izar-Fene pueda volver a la
construcción naval, importándoles muy poco el éxito de otras acciones o la globalidad de las acciones que el Gobierno desarrolla en esta materia. En ningún caso podemos consentir que se vea perjudicada la evolución de otras acciones.
Señorías,
señor Rodríguez, los informes que a usted le ha dado al Gobierno son los mismos que me da a mí y tenemos que planificar esta estrategia de modo que no se perjudique de ninguna manera la modificación del Real Decreto 442/1994, sobre primas y
financiación a la construcción naval, para la trasposición del Reglamento 1177/2002, relativo a los mecanismos de defensa temporal, o la Decisión 2002/634 de la Comisión Europea, por la que se aprueba el nuevo acuerdo de la OCDE sobre créditos a la
exportación de buques. Además, existen una serie de dificultades en el ámbito de la competencia desleal coreana a las que hay que dar solución.
No se preocupen, señorías, que el Gobierno va a plantear, como se ha comprometido, el levantamiento de las restricciones a la construcción naval convencional para el astillero de Izar y estoy seguro de que SS.SS.
no se van a sorprender
cuando se logre el objetivo, pero no se va a conseguir porque SS.SS. lo hayan pedido, sino porque el Gobierno, Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular están en esa línea y lo han estado siempre. Por tanto, no vemos razón alguna para tomar
en consideración la proposición no de ley que SS.SS. plantean esta mañana.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rodríguez para la aceptación o no de la enmienda presentada.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Primero, reafirmamos no sólo nuestra convicción, sino la demostración con los propios papeles del Gobierno de que no hay relación de causa-efecto entre la aplicación de los reglamentos comunitarios al derecho
español y el problema de Astano. Esto tiene que quedar claro.
Segundo, el señor portavoz del Grupo Popular sabe que desde 1996 estamos defendiendo estas propuestas y solamente empezaron a ser escuchadas a partir de hace un año.
La señora VICEPRESIDENTA: Discúlpeme, señor Rodríguez, pero le concedía la palabra a efectos de la aceptación o no de la enmienda. ¿La acepta o no? Porque a esta presidencia no le ha quedado claro.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, es una autoenmienda y, por tanto, la aceptamos, igual que la aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.
- RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA, EN ESPECIAL LOS INVESTIGADORES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN GALLEGOS, EN LA RESOLUCIÓN DE LA CRISIS DEL PRESTIGE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente
161/001892.)
- RELATIVA A UN PLAN DE INVESTIGACIONES MARINAS PARA PALIAR LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002106.)
La señora VICEPRESIDENTA: Los dos puntos siguientes del orden del día se debatirán conjuntamente. El número 2 es la proposición no de ley, relativa a la participación de la comunidad científica, en especial de los investigadores y centros
de investigación gallegos, en la resolución de la crisis del Prestige, y el número 3 es la proposición no de ley relativa a un plan de investigaciones marinas para paliar la catástrofe del Prestige.
Antes de conceder la palabra a SS.SS. quiero decirles que, por acuerdo de la Mesa, la votación no será antes de las doce, a fin de facilitar las votaciones en otras comisiones que también se están celebrando en estos momentos.
Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, en marzo de 1978 un petrolero, el Amoco Cadiz, provocó una marea negra en la costa bretona con las 223.000 toneladas de crudo que llevaba a bordo. Al día siguiente de la catástrofe el Gobierno francés
encargo un estudio, bien dotado financieramente, para evaluar el impacto de la contaminación, estudio en el que participaron los diversos organismos públicos de investigación existentes en la zona, y lo que quedó de esta catástrofe fue que Francia,
y en concreto Bretaña, lideran la investigación sobre contaminación por hidrocarburos. Se creó un centro, el CEDRE, desconocido hasta el día 13 de noviembre del año pasado, en que eran precisamente las informaciones del CEDRE, junto con las del
Instituto Oceanográfico portugués, las que permitían conocer de forma fiable dónde estaban las manchas y no desde luego las facilitadas por el Gobierno español o por los medios públicos españoles. Como digo, los franceses aprovecharon esta
catástrofe para establecer un hito, para avanzar en el camino de la investigación de la contaminación marina por hidrocarburos. De hecho, la experiencia del Amoco Cádiz sigue utilizándose hoy para intervenir científicamente frente a la marea negra
provocada por el Prestige. Podríamos hablar de otras experiencias, el Exxon Valdez, en 1989, también sirvió para establecer, como mínimo en el ámbito norteamericano, un punto y aparte en lo que se refiere a la intervención técnica, pero también en
la regulación legal de la contaminación marina por hidrocarburos. Igualmente la catástrofe del Erika, en 1999, provocó una reacción similar, los famosos paquetes Erika 1 y Erika 2, en el ámbito europeo.
Yo me pregunto qué va a quedar después de la catástrofe del Prestige.
Desde luego, la catástrofe del Prestige no va a pasar a la historia como una catástrofe -y eso también es culpa del Gobierno español- en la que se haya aprovechado la
desgracia para avanzar y convertir al Estado español, y en concreto a Galicia, en una referencia mundial en el ámbito de las ciencias marinas, que ya lo es, y, sobre todo en el ámbito de la intervención científica en la contaminación por
hidrocarburos. Parece que la catástrofe tampoco va a servir para, de una vez, reformar el marco legal estatal, europeo e internacional en un sentido tal que impida o dificulte, o como mínimo que permita una reparación económica satisfactoria, una
reparación integral de los daños causados por este tipo de catástrofes. Más bien parece que, como dijo un científico británico, un prestigioso oceanógrafo británico en la revista Science, en el mismo número en el que aparecía una carta firmada por
450 científicos gallegos y españoles, es difícil de imaginar una cadena de acciones peor que la que se llevó a cabo. Yo creo que la catástrofe del Prestige pasará a la historia por esto, pero estamos aquí para analizar qué es lo que se hizo y para
proponer qué es lo que desde nuestro punto de vista se debe hacer.
La actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en lo que es la primera catástrofe que sucede después de la creación del mismo, no ha sido una reacción ágil y eficaz, una reacción que haya marcado la diferencia respecto de lo que
sucedió en las, por desgracia, muy numerosas mareas negras anteriores que sufrió Galicia.
La Comisión científica asesora, a la que luego me referiré, se crea el 9 de diciembre. No hay ninguna participación de la comunidad científica en las decisiones que están en el origen de la catástrofe, como la decisión
de alejar el barco o la decisión posterior de variar el rumbo noroeste por un rumbo sur. El primer informe del CSIC es del día 19 de diciembre -más de un mes después de la catástrofe- y el plan de acción, que en este momento no se sabe en
qué grado de ejecución se encuentra, es del día 13 de diciembre. Por tanto, estamos ante una actuación ineficaz, una actuación lenta y una actuación que ha merecido la repulsa unánime de la comunidad científica gallega, española y también
internacional.
Desde nuestro punto de vista, es exigible que las decisiones políticas en el ámbito del medio ambiente estén fundamentadas en criterios científico técnicos y que para poder aplicar esas decisiones se cuente con los medios adecuados, cosa que
no pasó en este caso. Y cuando la actuación es como la que se ha descrito, las consecuencias son las siguientes. En primer lugar, se utiliza la ciencia y los científicos no como guía de la acción sino como justificación a posteriori de decisiones
ya adoptadas.
(El señor vicepresidente, Lissavetzky Díez, ocupa la presidencia.) Se intenta que ciertos profesores de la Escuela de Náutica de A Coruña, que por cierto luego se desdijeron de lo que el Gobierno dijo que habían dicho, justifiquen la
decisión de alejar el barco. Se trae a una experta norteamericana -la trae el Ministerio de Fomento y no el Ministerio de Medio Ambiente- para decir que era imposible que el fuel que sale del Prestige llegase a la costa porque antes de llegar se
disuelve y se degrada en el mar, cuando informes emitidos ya desde el Erika, con un fuel muy similar al que llevaba el Prestige, demuestran -está en el acervo científico y debería haber sido utilizado por el Gobierno- que menos del 10 por ciento de
estos fueles pesados se disuelve o se degrada en el mar. Se aprovechan las iniciativas de intervención científica -el plan de trabajo y la creación de la Comisión científica asesora- no sólo para justificar ex post actuaciones políticas que se
están demostrando absolutamente erróneas sino también para consolidar carreras académicas y carreras administrativas, es decir, posiciones de poder en el marco de la universidad y en el marco de los organismos públicos de investigación, y a las
pruebas me remito.
El señor Lora Tamayo, nombrado a dedo por el Gobierno presidente de esa Comisión científica asesora como el resto de sus miembros, fue ascendido después a director del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Este diputado desconoce
las razones del ascenso porque las conclusiones de la Comisión científica asesora no fueron seguidas. Parece que el Gobierno, después de darle bastante tiempo para trabajar, hasta el día 13 de febrero, prefirió la solución de Repsol, quizá porque
Repsol lo hace gratis, o por lo menos es lo que se dice.
Consecuencias de esta actuación: Desprestigio del conjunto del sistema científico; los científicos gallegos y los científicos españoles están diciendo que no pongan sus manos sobre ellos, que ellos no tienen la culpa, que las decisiones
las tomaron ustedes y que ellos en ningún momento fueron consultados. Descoordinación, no sólo entre las universidades y los organismos públicos de investigación dependientes de la Xunta o dependientes del ministerio sino entre los diferentes
organismos públicos de investigación estatal, por ejemplo, los que dependen del Ministerio de Agricultura y Pesca, los que dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, e incluso entre organismos públicos de investigación dependientes del propio
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si el objetivo de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología era coordinar los diferentes OPI, el balance y la nota no pueden ser más negativos.
Las decisiones, a casi seis meses de la catástrofe, se siguen adoptando sin ningún tipo de base científica. Se abren zonas a la pesca y al marisqueo. ¿Con qué informes? Después de la apertura de estas zonas a la pesca y al marisqueo
aparece un informe de fecha 24 de marzo del Instituto de Estudios Oceanográficos en el que se dice que en el 80 por ciento de los lances de arrastre el aparejo sale con fuel y que el 70 por ciento de las capturas no es apto para el consumo. Por
ejemplo, en lo que se refiere a los efectos de ese fuel en la salud humana, no hay ningún tipo de actuación, ningún tipo de proyecto de investigación, ningún tipo de seguimiento epidemiológico de las personas que participaron en las operaciones de
limpieza y tampoco -se demostró de una forma muy grave con resultado de muerte el día 21 de abril- ningún tipo de seguimiento y ningún tipo de control para que las personas contratadas por las empresas constructoras españolas o por TRACSA para la
limpieza del litoral respeten ciertas prevenciones mínimas como, por ejemplo, si están limpiando las rocas con maquinaria de agua a presión que tengan máscara, calzado adecuado, etcétera. O, por ejemplo, en lo que se refiere al plan para la
eliminación o neutralización del pecio se cuenta únicamente con un documento elaborado por Repsol, sin ningún tipo de base científica, prescindiendo absolutamente del trabajo realizado por la Comisión científica asesora, por tanto, algo de razón
habría cuando denunciamos que la Comisión científica asesora no destacaba precisamente por su rigor técnico y sí más bien por su claro tinte político. Cuando se habla de la comercialización de pescado y de marisco hay que decir que existe un
informe de la Universidad de Santiago bastante preocupante, donde se dice que los controles alimentarios oficiales se centran en análisis organolépticos que no detectan metales pesados y se dice que incluso hay ciertas especies -los equinodermos-
para los que aún hoy, a seis meses de la catástrofe, no hay fijados límites legales de contaminación por hidrocarburos y por metales pesados. O por ejemplo las operaciones de limpieza en la costa. ¿Es adecuado limpiar con agua a presión las rocas?
¿No provocará esto, como está denunciando la comunidad científica, esterilizar estas rocas por años y
años? Esto es lo que está sucediendo a seis meses de la catástrofe. Y hay otros ejemplos. Sigue llegando el fuel a las costas gallegas. Esta misma semana llegó a las costas bretonas, y al día siguiente de haber llegado allí se analiza el
fuel y se concluye que ese fuel procede del Prestige.
El fuel llega todos los días a la costa gallega y el Gobierno, sin ningún tipo de análisis, por lo menos sin ningún tipo de análisis que se haya hecho público, sostiene que ese fuel procede del
limpiado de sentinas de buques en alta mar. Ni se controla el limpiado de sentinas de buques (a seis meses de la catástrofe no hay mecanismos para controlar esas famosas unidades de la Armada que pomposamente se llevaron a Galicia y que parece que
ahora están ya rumbo a Irak), ni al parecer hay laboratorios que permitan -y eso se puede hacer en un día- certificar de dónde procede ese fuel.
Cuando los informes científicos molestan, o bien se fabrican otros, como el que se va a fabricar ahora con el Nereus, o bien se manipulan, o bien se impide el acceso público a los mismos, o bien, como en el caso de la limpieza de los fondos
de las islas atlánticas, se cierra la zona a los buceadores, se cierra la zona a los investigadores y se declara el monopolio del Ejército en esas operaciones de limpieza.
Podríamos seguir hablando del desprecio no sólo a la ciencia en general sino en particular a un ámbito científico en el que Galicia, a pesar del Partido Popular, aún es una potencia en el ámbito de las ciencias marinas, y a las pruebas me
remito. Los beneficiarios de las ayudas concedidas en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica son en su gran mayoría grupos de investigación gallegos, en los que intervienen las universidades y los OPI ubicados en Galicia,
pero en el caso de las constructoras se desprecia lo autóctono y se beneficia lo foráneo, porque las que están participando en la limpieza son en el 90 por ciento foráneas. Se traen investigadores de todas partes, se traen pseudoexpertos de todas
partes y la experiencia acumulada en la intervención científica, por ejemplo en la catástrofe del Mar Egeo no se aprovecha y se utiliza a estas personas y a estos centros como simples curritos y como simples trabajadores a las órdenes de esos
expertos de Madrid, de Baleares o de Valladolid, es decir, de esos expertos que han sido contratados por el Gobierno se supone que para consolidar -como digo- carreras académicas.
El Bloque Nacionalista Galego está interesado en revertir esta situación.
Por tanto, en nuestra proposición no de ley proponemos un nuevo plan de intervención científica en el que se colabore con las comunidades autónomas afectadas, en
particular con la comunidad autónoma gallega, en el que se le dé una participación decisiva a los científicos, a los centros de investigación y a las universidades gallegas y en el que se contemplen al menos tres cuestiones. En primer lugar,
medidas que permitan solucionar, de forma definitiva, la amenaza que representan las 50.000 toneladas de fuel, que en este momento se dice que son 37.000, que aún permanecen en el pecio. Desde luego, el proyecto presentado por Repsol, que es un
informe realizado en Power Point sin demasiada fundamentación y sin demasiado apoyo científico y técnico, no nos parece el más adecuado ni por el tiempo ni por su viabilidad. En segundo lugar, que este plan contemple también medidas para remediar y
minimizar los efectos de la marea negra sobre el mar y el litoral afectados. Se abren las zonas a la pesca y al marisqueo con el efecto de sobreexplotar las pocas zonas que habían quedado salvaguardadas de la marea negra, en vez de, como están
diciendo los expertos y la comunidad científica, crear viveros, arcas de Noé o zonas reservadas que actuando como semilleros permitan después colonizar con especies las zonas más degradadas y más afectadas por la marea negra. En tercer lugar, que
se acometa también una evaluación económica y urgente de los daños causados por esta catástrofe en bienes públicos y privados para permitir la indemnización integral y rápida a los afectados por esta catástrofe y no a través de la promoción de una
acción penal inmediata que retrasaría la indemnización a los afectados. El segundo punto de la proposición no de ley insta a que se promuevan las modificaciones presupuestarias precisas para adoptar económicamente estas actuaciones. Antes el señor
Pérez Corgos hablaba del Consejo de Ministros en A Coruña, pero ante el milagro de los panes y de los peces del señor Aznar al decir que no era necesario modificar los presupuestos para acometer un plan de inversiones calculado por el Gobierno en
más de 12.000 millones de euros, aunque luego vienen las rebajas, nos gustaría que alguien nos explicase cómo se realizan este tipo de milagros.
El tercer punto, que se coordinen de forma efectiva los diferentes centros de investigación y los diferentes recursos científicos, como los buques oceanográficos dependientes de la Administración del Estado en la evaluación científica y en
la lucha contra los efectos de la marea negra, porque no se trata de hacer planes de trabajo de carácter notarial, no se trata de volver a investigar lo que ya está investigado, ya se sabía cuáles eran las corrientes y cuáles eran los vientos
dominantes en esas zonas en el litoral gallego en ciertas épocas del año, sino que se trata de hacer biología de intervención, un plan de actuación rápido. Por ejemplo, aprovechar los equipos de las universidades gallegas en el ámbito de las
ciencias marinas para establecer puntos cero, es decir, esos semilleros o viveros de los que hablé antes; aprovechar los equipos de pesca de los centros costeros del Instituto Español de Oceanografía en Galicia para trabajar en estos puntos cero o
los equipos dependientes del CSIC, dedicados a la biotecnología y ubicados también en Galicia, para establecer y aplicar ya planes de biorremediación; aprovechar los técnicos de la Xunta de Galicia dedicados al estudio de los recursos vivos en el
mar; aprovechar la experiencia de las organizaciones
sectoriales de productores, cofradías, organizaciones ecologistas, etcétera, y desde luego, el equipo de contaminación marina del centro costero de Vigo, que es un grupo de referencia a nivel internacional en su ámbito, porque es el grupo
que participó en la biorremediación y en la intervención científica cuando la catástrofe del Mar Egeo y que ha sido absolutamente obviado y puesto al margen por el Gobierno del Partido Popular.
En el punto cuarto pedimos que se respete la dignidad y los derechos fundamentales de los investigadores y de los profesionales que prestan sus servicios en los centros de investigación dependientes de la Administración del Estado, en
concreto el derecho a expresarse libremente; que acaben esas órdenes de prohibido hablar con la prensa, prohibido hacer públicos estos informes, cuando resulta que estos informes deberían estar colgados en Internet al día siguiente.
En el punto quinto planteamos que se modifique el Plan estatal de I+I+D 2000-2003, y esta es otra muestra del desinterés que existe en el Estado español por cuestiones que para Galicia son vitales; que se incluyan como áreas prioritarias,
que no lo están, la seguridad del transporte marítimo, la lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos y el estudio de dicha contaminación sobre la salud humana, porque son cuestiones que no están consideradas como áreas prioritarias en
este plan estatal.
Por el punto sexto se crea una nueva comisión científica asesora, transparente, plural, respetada por la comunidad científica y en la que se tenga en cuenta el peso y la importancia de los investigadores y los científicos marinos en Galicia.
En el punto séptimo se insta a que se restaure el buen nombre de la ciencia española y gallega haciendo constar claramente que la decisión de alejar el buque y de conducirlo a lo largo de la costa atlántica no contó con apoyo o asesoramiento alguno
de la comunidad científica, antes que la sentencia del Juzgado de Corcubión lo haga constar también, pero de otra manera. Por último, que desde luego se depuren las responsabilidades políticas a que haya lugar derivadas de esta desastrosa gestión
de la catástrofe realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Empecé hablando de cómo en otros países se aprovecharon las catástrofes para avanzar, de cómo en Francia y en Estados Unidos, las catástrofes marinas y las mareas negras supusieron puntos y aparte e hitos en la intervención científica
respecto a las mismas en cuanto a la organización administrativa de los recursos que tienen que intervenir en este tipo de catástrofes, la elaboración de planes de contingencia y la regulación legal de la responsabilidad por contaminación. Sin
embargo, ni en el caso del Prestige, ni en el caso del Mar Egeo ni en el caso del Casón ni en el caso del Urquiola ha sucedido nada parecido. Desde luego, tenemos que concluir que el problema es que a pesar de haber sido Galicia el país europeo que
en los últimos 30 años sufrió más catástrofes marinas y más mareas negras, tiene la mala suerte de formar parte de un Estado al que estos temas no le interesan en absoluto.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): A continuación, para defender la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un plan de investigaciones marinas para paliar la catástrofe del Prestige, tiene la palabra
don Manuel Ceferino Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Los socialistas no somos neutrales en la catástrofe del Prestige, nos duele y queremos minimizar sus efectos presentes y las hipotecas futuras. Por eso presentamos esta proposición no de ley que complementa en cierto
modo la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por el BNG. Para nosotros, la catástrofe del Prestige, desde el momento en que se impuso un paro forzoso a la flota artesanal del litoral y a los productores de marisco, debiera haber
sido una oportunidad para preparar estos elementos de la actividad para afrontar un futuro complejo, al tiempo que se pusieran las bases y los medios para superar lo antes posible las consecuencias de la catástrofe y construir un futuro con más
seguridad y calidad de vida. Esto pasaba y pasa por despejar incertidumbres y por, aprendiendo de la desgraciada experiencia de la marea negra, tender puentes para construir ese nuevo futuro; pero para avanzar hay que conocer y por eso hay que
investigar. Hoy no conocemos cómo va afectar esta marea negra a los recursos pesqueros, marisqueros, acuícolas y a sus nutrientes, tanto en lo que tiene que ver con su reproducción como con su mortalidad, como con la desaparición de algunas
especies, o como el comportamiento de las que sobrevivan a la marea negra, tanto en lo que se refiere a su reproducción como a su movimiento. Los últimos datos nos dicen que algunas especies ya cambiaron de hábitat y van a requerir otros modelos de
recogida que no siempre van a ser compatibles con la recogida artesanal que se practicaba hasta ahora. Estos cambios si terminan siendo importantes van a llevar también a cambios sociales y de producciones que hay que prever. En todo caso, lo
primero es conocer y para ello -repito- hay que investigar.
Tampoco está evaluado el impacto de la catástrofe en las playas, en las zonas de producción de bivalvos fundamentalmente en la Costa da Morte, el área más afectada. No sabemos el tiempo que estos arenales tardarán en recuperar su hábitat
anterior o una mínima normalidad que permita la fijación de las especies marisqueras que anteriormente vivían en ellos.
No conocemos lo que nos deparará el futuro con respecto a las rocas contaminadas, los fondos marinos, su limpieza, el estado en
que quedarán y si será posible a corto, medio y largo plazo la fijación de las especies que habitaban en ellos antes de la catástrofe. La limpieza en que está empeñada el Gobierno, la política de playas esplendorosas y rocas blanqueadas, no tiene
por
qué garantizar la recuperación de los ecosistemas. El problema no es limpiar playas y rocas. Lo importante es extraer el fuel dañando lo menos posible el ecosistema y eso parece que no se está haciendo así. Se puede de aprender de otras
experiencias, pero los ecosistemas no se repiten y hace falta investigar y estudiar para responder a los problemas planteados en cada caso concreto. De todos modos, recuerdo que estos temas no debieran cerrarse por decreto ni aún teniendo mayoría
absoluta, y que llevará tiempo descifrar todos los interrogantes planteados. Ahí se deben implicar todas las administraciones y hay que aprovechar el potencial de investigación de equipos científicos que existen en Galicia y también en otras
comunidades de la cornisa cantábrica para hacer un uso racional de los medios y acometer los estudios que nos lleven a una mejor planificación de futuro. También hay que contar con el sector productor, pescadores y mariscadores, grandes conocedores
del medio, que pueden y deben colaborar con los investigadores para enseñar, para aprender y también para superar desconfianzas que se generaron en el pasado y que no se disiparon en esta catástrofe.
Por otra parte, en estos momentos hay que realizar inversiones en investigación biológica y geológica minera porque se contempla un trabajo que está pendiente de recuperación de combustible del Prestige que está en el fondo del mar. Esta
recuperación va a requerir nuevas tecnologías que deben ser aprovechadas, a nuestro entender, en beneficio colectivo y especialmente por los nuevos investigadores, para permitir la formación de especialistas en los medios mecánicos y ambientales que
permita la explotación y exploración de los fondos profundos gallegos que representan hasta 200 millas naúticas, tres veces superior a la superficie de Galicia, y españolas en general. A nivel mundial estos fondos que están entre 3.000 y 5.000
metros constituyen la mayor parte de los fondos oceánicos y están escasamente explorados. Es una gran ocasión para que de la desgracia se pueda sacar -entre comillas- algún beneficio.
Además, si partimos de que las especies de aguas profundas
provienen de ecosistemas muy frágiles que casi nunca tienen alteraciones, la investigación en este tema tiene que ser muy rigurosa para facilitar que en el futuro la explotación racional de estos recursos de evolución muy lenta se haga con cautela y
garantizando que sea de manera racional.
Para afrontar los problemas presentes y para preparar mejor el futuro, que no se presenta fácil para el sector, hay que implicar de forma realista, planificada y efectiva a la comunidad investigadora. Por ello presentamos esta proposición
no de ley que resumo brevemente. En primer lugar, para preparar el futuro aprendiendo del presente proponemos establecer y coordinar en colaboración con todos los organismos públicos y privados autonómicos, estatales e internacionales y el propio
sector pesquero afectado un plan de seguimiento del comportamiento de las especies marinas de interés comercial y de toda su cadena alimentaria para averiguar cómo afecta la contaminación generada por el Prestige a su reproducción, crecimiento,
mortandad, mutaciones, abundancia y distribución de especies. Proponemos un plan, señorías, no una suma de investigaciones aisladas, que es la respuesta que está dando el Gobierno, es decir, proponen un concurso y les dicen ustedes investiguen y
nosotros financiamos. Un plan de investigaciones aisladas pensamos que no es la solución, sino que tiene que haber un plan coordinado que marque claramente objetivos y dirigido a una finalidad concreta.
En segundo lugar, para paliar la desaparición temporal o no de determinadas especies y las caídas en la producción de otras, proponemos, a través de las instituciones científicas dependientes del Gobierno y de la Xunta en Galicia y en el
Cantábrico, la realización de estudios de investigación y desarrollo para optimizar los recursos existentes e introducir nuevos cultivos, como el pulpo, el lenguado, el besugo, los crustáceos, la utilización de jaulas, de sistemas long-line,
etcétera.
Nosotros creemos que las zonas afectadas van a perder una serie de especies y es necesario la introducción racional de otras, pero para eso hay que investigar sobre su adaptación y saber en cada tiempo y lugar cuáles son las especies más
adecuadas.
En tercer lugar, en aras de diversificar y garantizar el futuro de la población hoy dependiente de la pesca, consideramos que es necesario promover líneas de investigación para el mejor aprovechamiento de los recursos o subproductos
procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura que se extraen hoy y que se puedan extraer en el futuro.
En cuarto lugar, para impulsar nuevas líneas de investigación proponemos que en las condiciones de los concursos de licitación de las empresas que construyen los robots o submarinos que actúen sobre el Prestige -no creemos que la
construcción de robots y el trabajo de Repsol nos vaya a salir gratis- pueda existir la posibilidad de que becarios de investigación puedan adquirir conocimientos en las distintas tecnologías que confluyen en esa actividad, ya que es una actividad
nueva y nos parecería importante aprovechar este tema para que de aquí saliera personal técnico especializado que trabajara en el futuro.
En quinto lugar, para aprovechar todas las experiencias que fuerza la catástrofe del Prestige, pedimos que se redacte un plan de investigación en aguas profundas. Como anteriormente decía, las aguas profundas son aguas con pocos cambios,
son aguas donde hay reservas marinas de evolución muy lenta, son aguas muy sensibles y es necesario investigarlas con cuidado para después garantizar y estudiar su explotación futura. Por eso, pensamos que como se va a trabajar a una importante
profundidad sería interesante reforzar esta línea de investigación.
Por último, para dar continuidad a un área de investigación, que creemos que se debe potenciar, pensamos que se debe crear una junta de ampliación de estudios de las Universidades de Galicia -Vigo, Santiago, A Coruña-, de Asturias, de
Cantabria y del País Vasco, que seleccione estudiantes y planes para la articulación académica, que debe confluir también con el sector empresarial interesado en el estudio de fondos marinos, y también, coaliciones europeas, españolas, autonómicas y
locales para dotar un sistema de formación e investigación con fórmulas prácticas aplicadas a las empresas. Esta junta, entre otras cosas, debería impulsar enseñanzas en tecnología de uso y explotación de fondos profundos en sus vertientes de
investigación y utilización industrial. El objeto de nuestra propuesta es dirigir el conjunto de formación aplicada y de investigación a la explotación de los fondos marinos. Queremos que una catástrofe como la del Prestige sirva para sacar
enseñanzas, para profundizar en áreas de investigación que, en concreto, ya existían de forma avanzada en instancias gallegas y en otras del Cantábrico. Creemos que hay que trabajar más en esa línea y dotarla de más fondos, de cuya carencia se
quejan hoy día los investigadores, para que esta investigación se aplique realmente a la recuperación del litoral afectado por la catástrofe y también a la recuperación económica de la zona afectada. Pensamos que el Ministerio de Ciencia y
Tecnología tiene que hacer algo más que hacer concursos de proyectos, implicándose en la planificación de la investigación para la recuperación del medio y la recuperación socioeconómica de un entorno muy afectado por una catástrofe que nunca debió
producirse.
Nosotros sabemos que el Grupo Parlamentario Popular no va a aprobar nada de esto. Nos pueden contar que lo están haciendo, pero nosotros nos podemos remitir a múltiples respuestas del Gobierno a preguntas que le formulamos por escrito, en
las que se nos decía que se van a hacer concursos y dar becas, pero todo ello fuera de un plan y de dos realidades importantes: estudiar con rigor la catástrofe, pues es necesario estudiar con rigor la recuperación medioambiental de las zonas
afectadas, y planificar con rigor la salida de la crisis económica y social en la que están inmersas las zonas afectadas y las zonas limítrofes; porque el entramado del mar en Galicia tiene múltiples ramificaciones que van mucho más allá de la
simple actividad extrativa.
Espero que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno siga reflexionando y no impulse demasiado tarde un plan de investigación y actuación sobre estas zonas que quedaron afectas por una catástrofe que nunca debió tener lugar, pero que
ocurrió.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Para fijar posición sobre estas dos proposiciones no de ley, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo brevemente para manifestar la posición de nuestro grupo, indicando que nuestro voto será negativo para la proposición del Grupo Parlamentario Mixto y positiva para la proposición del Grupo Parlamentario
Socialista. A continuación, pasaré a justificar nuestra posición.
Estamos de acuerdo en la participación de los científicos en el estudio de la catástrofe ya que se sacarán consecuencias positivas de cara al futuro, pero entendemos que la propuesta del BNG es dispersa y presenta en su conjunto -aunque la
finalidad es absolutamente aceptable, por lo que mi grupo no deja de ser sensible a la propuesta- aspectos discutibles. No creemos que técnicamente corresponda a un grupo de científicos incluir en la propuesta la valoración económica de los daños
objeto de la catástrofe del Prestige. Aparte de la justificación que ha dado el portavoz en la exposición de sus motivos, entendemos que hay una mala redacción en lo que respecta a la libertad de los científicos, pues se pone en duda de antemano su
actuación y ataca los derechos fundamentales de los mismos, en cuanto a sus consideraciones y conclusiones. Entendemos que hay que respetar la libertad de actuación de los científicos y creemos que ésta se ha conculcado en esta acción.
También
sería incorrecto cambiar el Plan de I+D+I para el año 2003, cuyas acciones están prácticamente terminadas, sino que deberíamos plantear la continuidad del mismo en un plan 2004-2007. Teniendo en cuenta que el Plan 2000-2003 no afectaba en su inicio
a la catástrofe del Prestige, habría que recrear un nuevo plan para el futuro. Tampoco nos queda clara la posición de la comisión asesora, pues no sabemos si se constituye solamente para tratar el asunto del Prestige o si tiene un mayor alcance,
dentro del espíritu de la propuesta del BNG para buscar una solución de cara al futuro. Entendemos que se ha hecho en este sentido, pero no queda claro en la propuesta que ellos nos hacen.
Nos gustaría que los puntos 7 y 8 de su propuesta fueran incluidos en la exposición de motivos y no en conclusiones o proposiciones no de ley que, en definitiva, son elementos recurrentes que obligan a hacer propuestas al Gobierno y que
proponen su aprobación a esta Comisión, con un componente más de tipo político -dentro del espíritu disperso de esta proposición que propone el BNG-, desvirtuando el espíritu científico, o al menos de programación científica de cara al futuro que
nos hubiera gustado oír aquí para darle nuestro apoyo.
La proposición del Grupo Parlamentario Socialista, a la que ya he anunciado que daremos nuestro apoyo, presenta un plan de investigación coherente que hay que tener en consideración y al que nuestro grupo va a dar soporte. Entendemos que
puede haber una posible corrección respecto al plan de aguas profundas, pues
dudamos si sería necesario un segundo plan. Nos hubiera gustado que este plan formara parte de la base del plan de seguimiento y que no se centrara sólo en la evaluación del plan del Prestige, sino que, al mismo tiempo, fuera del Prestige y
de las aguas profundas, porque es una propuesta coherente y, en definitiva, tiene unas indicaciones positivas al Gobierno, que dejan libertad de actuación, tal y como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, reitero nuestra posición negativa al plan del BNG y positiva a la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre estas dos proposiciones no de ley, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Hemos asistido a la presentación de dos proposiciones no de ley, en cuya defensa hemos encontrado elementos verdaderamente interesantes.
El señor Aymerich ha comenzado y finalizado su intervención con un ¡Vive la France! y con una loa a la buena acción de los Estados Unidos de América -cuya generosidad de juicio será agradecida por la Administración norteamericana-, para
criticar toda la acción del Gobierno español. Nos ha dicho que tenemos una buena comunidad científica gallega en el ámbito de la investigación marina, pese al Partido Popular. Yo creo que se olvida de que el Partido Popular gobierna en Galicia
desde el año 1990 y, por lo tanto, algo tendrá que ver en la bondad de la investigación marina en Galicia. También se ha mostrado asombrado por el milagro económico. Yo ya sé que el grupo al que representa el Bloque Nacionalista Galego está
asombrado, le estamos asombrando constantemente con la eficacia que desde el Partido Popular estamos manifestando, ya que estamos haciendo gala de la misma en todas nuestras acciones.
El señor Díaz ha sido en algunos casos mucho más coherente y yo participo con él de algunas de las manifestaciones que ha hecho. Nos ha dicho que se trata de una gran ocasión para sacar de la desgracia beneficios, que es lo mismo que había
dicho el presidente Fraga sólo que con otras palabras, que el señor Aymerich había criticado. Efectivamente, es una gran ocasión y el presidente Fraga lo formuló de otra manera, dijo que no hay mal que por bien no venga. Señorías, es cierto,
estamos ante una gran ocasión. Comparto por lo tanto las palabras del señor Díaz y, por supuesto, las palabras del presidente Fraga, cuya interpretación no puede ir en otro sentido que el que tenían las del señor Díaz.
También nos ha dicho que estamos inmersos en una campaña de playas resplandecientes y rocas limpias y que lo importante no es limpiar las playas o limpiar las rocas. Yo creo, señor Díaz, que lo importante es todo, lo importante es limpiar
las playas, limpiar las rocas, mantener el equilibrio del ecosistema en aguas profundas, y en aguas menos profundas y estoy de acuerdo con usted también en algo que ha dicho, que hace falta tiempo. Bueno, no nos ha llevado mucho tiempo limpiar las
playas, limpiar las rocas, no nos ha llevado mucho tiempo reabrir la pesca en determinados caladeros. Ayer podíamos ver en todos los telediarios cómo los barcos llegaban al puerto cargados con abundante pesca, una pesca de sardina muy importante, y
el poner en duda la calidad alimentaria de estos productos provoca lo que ha dicho S.S., que no podamos superar las desconfianzas. Por eso le digo al señor Aymerich que poner en duda la seguridad alimentaria de los consumidores lo que hace es
perjudicar a todos estos sectores, y no duden SS.SS. que ni el Gobierno de la Xunta de Galicia ni el Gobierno del Reino de España van a poner en peligro la seguridad alimentaria de los españoles.
A todas las manifestaciones que SS.SS. han hecho a mí me corresponde contestar con cifras y con datos. Voy a contestar conjuntamente a ambas proposiciones no de ley. Respecto al punto sobre el nuevo plan de intervención científica o a un
plan de investigaciones marinas, tengo que decirles, que se ha elaborado un plan de intervención científica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que ustedes conocen, que ha coordinado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que
participan, además del Instituto Español de Oceanografía, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, grupos de investigación de las universidades, etcétera. Con el fin de poner en marcha este plan, ya en
diciembre de 2002 se concedió, entre otras, una acción especial a la Universidad de Vigo por importe de 6 millones de euros. Hay que señalar que la comisión de coordinación de la acción estratégica sobre actuaciones de I+D contra vertidos marinos,
en el marco del convenio entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Vigo, ha asignado ya hasta el momento 1.194.000 euros para la realización de nueve proyectos de investigación.
En relación con el plan de intervención científica, se ha puesto en marcha una acción estratégica sobre actuaciones de I+D contra vertidos marinos accidentales, lo pueden comprobar ustedes en el Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de
este año, que ya incluye las áreas identificadas en las iniciativas parlamentarias que ustedes nos plantean: el estudio de la problemática asociada al pecio, la distribución y dinámica del fuel-oil en los ecosistemas afectados, incluyendo estudio
de los métodos de limpieza, impacto sobre las especies marinas, evaluación del impacto socioeconómico y otras. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo ocupa la presidencia.)
El Instituto Español de Oceanografía está desarrollando diversos proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones y el sector acuicultor, ya que se
cuenta también con los sectores para la mejora técnica del cultivo, así como para desarrollar el cultivo de nuevas especies marinas. Dentro de estos proyectos de investigación que desarrolla el Instituto Español de Oceanografía en
acuicultura se incluyen algunos dedicados a nuevas especies susceptibles de ser cultivadas, como el caso del pulpo, el lenguado o la centolla. Existe ya, señorías, una estructura de planes nacionales de investigación y desarrollo que cubren los
aspectos de acuicultura, tecnología de los alimentos y recursos naturales y, por tanto, también sería innecesario el punto 4 de la proposición no de ley que plantea el Grupo Mixto, en el sentido de modificar el Plan nacional 2000-2003. Además, en
el momento actual se está redactando el nuevo plan nacional de I+D+I 2004-2007, en el que se potencian los objetivos relacionados con el estudio de los fondos marinos, la acción sobre los vertidos marinos accidentales, la mejora del procesamiento de
productos de la pesca, las tecnologías marinas y la introducción de nuevas especies en acuicultura, lo que se acompañará de un incremento de la dotación económica de los planes y en especial en la inversión en investigación, desarrollo e innovación.
En segundo lugar, respecto de la coordinación efectiva entre los diferentes centros de investigación y recursos científicos -estamos hablando de los buques oceanográficos que se incluyen en el punto 3 de la proposición no de ley del Grupo
Mixto-, se han tomado las siguientes medidas: Por Orden ministerial de 13 de marzo de 2003, se creó la Comisión de coordinación y seguimiento de actividades de los buques oceanográficos, a través de la cual se realiza la planificación de las
campañas oceanográficas, permitiendo así una óptima utilización de estos buques en beneficio de nuestros grupos de investigación. Se ha establecido una unidad mixta entre el CSIC y el Instituto Español de Oceanografía para el impulso y mejor
coordinación de la investigación de tecnologías marinas, una medida que SS.SS. conocen porque está incluida en el Plan Galicia, que se aprobó el 24 de enero de 2003.
En tercer lugar, respecto de la creación de una nueva comisión científica asesora, punto 6 de la proposición no de ley del Grupo Mixto, consideramos que es absolutamente innecesario. El Comité científico asesor, constituido a instancias de
la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha cumplido ya sus funciones de proponer recomendaciones para minimizar el vertido del buque hundido y la solución definitiva para el buque. De
hecho, las actuaciones para aplicar una solución definitiva ya se han puesto en marcha, tal y como anunció el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros de 4 de abril de este año. Además, parece un contrasentido recomendar que los miembros
de esta nueva comisión sean escogidos por su excelencia y rigor científico y, al mismo tiempo, que participen en él de una forma decidida investigadores gallegos. Señorías, la excelencia y el rigor científico exigen una elección en función de esa
excelencia y competencia y no en función de la procedencia territorial.
Estoy seguro de que habrá muchos investigadores gallegos que reúnen esas condiciones de excelencia y competencia y, por tanto, podrán formar parte de esa comisión. Pero tengo
que decirles que a lo largo del tiempo se ha demostrado que los miembros del comité fueron elegidos por su probada cualificación, experiencia y competencia. En cualquier caso, quiero señalar la presencia de la ciencia gallega en el comité a través
de sus miembros permanentes, don Antonio Figueras, director del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, y don Francisco Javier del Moral, catedrático en la Politécnica de Ferrol. Los investigadores gallegos han colaborado en grupos de trabajo
creados por el comité en distintas materias, grupos de trabajo de la Universidad de Santiago sobre modelización térmica y de la Universidad de Vigo sobre estudio de la corrosión del pecio. Por otra parte, también han podido colaborar investigadores
gallegos en la propia elaboración del plan de investigación científica, científicos fundamentalmente de las universidades de Santiago y Vigo, y varios grupos de investigación gallegos ya están interviniendo y van a intervenir, de acuerdo, como les
decía, con su experiencia y competencia, en los proyectos apoyados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en relación con este accidente.
Señor Aymerich, usted pedía que se le explicara cómo se iba a realizar el milagro de los panes y los peces, y tengo que decirle, y usted lo sabe, que en los Presupuestos Generales del Estado se contienen ya mecanismos para hacer frente al
coste de cuantas acciones concretas sean necesarias a lo largo de este año 2003 para hacer frente a los efectos del vertido del Prestige, tal y como hemos venido demostrando a lo largo de estos meses.
Por lo tanto, señorías, comparto que tenemos un buen sector de investigación científica en Galicia. Sé que en función de su competencia y excelencia van a poder formar parte de los diferentes comités y comisiones que se vayan creando, que
no van a estar formados exclusivamente por investigadores gallegos, sino por investigadores españoles y también por investigadores extranjeros, si es necesario. Y, repito, comparto las palabras del señor Díaz en cuanto a que estamos ante la
oportunidad de sacar beneficios de una desgracia.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y CONCESIÓN DEL ABONO SOCIAL DEL SERVICIO TELEFÓNICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001982.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley relativa
a la adopción de las medidas necesarias para la simplificación del procedimiento de solicitud y concesión del abono social del servicio telefónico.
Para la exposición y defensa de la misma, tiene la palabra la portavoz socialista, señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: El objeto de esta proposición no de ley que presenta mi grupo parece paradójico que se pueda presentar aún en el siglo XXI, y es que pidamos a la Administración central que agilice y actúe para que de verdad
la era de las telecomunicaciones sirva de beneficio a los ciudadanos. Pero la realidad es tozuda, y la proposición no de ley de mi grupo va en ese sentido.
La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración Pública debiera tener un efecto inmediato, que es la simplificación administrativa de los trámites que tienen que realizar los ciudadanos con esa administración. El
objetivo de nuestra proposición no de ley no es otro que el de facilitar la tramitación que los ciudadanos tienen que realizar con las administraciones públicas y también con las empresas que, al final, son prestadoras de servicios públicos básicos
como el de la telefonía. El caso que nos ocupa es la solicitud por parte de un colectivo del abono social del servicio telefónico, normalmente un colectivo de renta baja y jubilados, un grupo de personas a las que debiera facilitárseles, las
tramitaciones burocráticas cuando estamos en la era Internet. Pues no es así, señorías. En el caso de este colectivo, solicitar el abono social del servicio telefónico o renovarlo supone un conjunto de actuaciones, de tramitaciones, de petición de
documentos que les ocasiona trastornos, sobre todo, tratándose de jubilados, que en muchos casos tienen problemas de movilidad y en otros les faltan conocimientos para hacer este tipo de tramitación. El tipo de documentación que se les solicita
para la concesión y la renovación anual del abono social de Telefónica requiere, por ejemplo, el certificado de empadronamiento familiar, la acreditación, si no la tienen, de ingresos por parte del solicitante y del resto de los miembros de la
unidad familiar, y en el caso de los pensionistas, el certificado de la pensión, entre otros muchos documentos. Todo esto se agrava porque el envío no se puede hacer si no es a una dirección postal porque, como saben SS.SS. y el conjunto de los
ciudadanos españoles, desde hace mucho tiempo Telefónica ya no dispone de oficinas presenciales de atención directa al ciudadano. Todas estas gestiones y documentos que se les requieren no cabe la menor duda de que se podrían sustituir por una
buena gestión informática y una buena administración electrónica, y eso es lo que pretende mi grupo. Lo pretendemos porque en muchos de estos casos se está solicitando de forma reiterada documentación de la que ya se dispone por parte de la
Administración, y sobre todo si atendemos los reiterados anuncios y las operaciones de cierto marketing del Gobierno en el sentido de que en España disponemos de un magnífico nivel de desarrollo de la Administración electrónica. Señorías,
aprovechemos la ocasión, hagamos realidad esto que es muy importante para el colectivo que solicita la intervención y el apoyo de la Administración, también, por tanto, de la operadora telefónica, para disponer de un abono social.
Nuestra proposición no de ley insta al Gobierno para que adopte las medidas necesarias que permitan la simplificación de ese procedimiento de solicitud y de renovación del abono social del servicio telefónico y lo sustituya por la simple
comunicación del interesado y que la Administración se encargue de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la concesión y los remita a la operadora.
Entendemos que esta es una proposición no de ley, como decía al
principio, que no debería plantearse, es un problema que debiera estar resuelto; pero tenemos claro que el Partido Popular debe apoyarla porque este colectivo que utiliza el abono social necesita que la aplicación tecnológica sea real y se les
facilite la tramitación de cualquier solicitud que se haga a la Administración. Por tanto, esperamos el voto afirmativo del partido que apoya al Gobierno. Otra cosa sería, como siempre, una operación de marketing y decirnos que todo va bien cuando
la realidad es bien distinta.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo muy brevemente para manifestar nuestra posición favorable a esta propuesta del Grupo Socialista y nuestro voto positivo a la misma porque entendemos que se intentan mejorar las condiciones objetivas de esta
prestación; no se trata de cambiarlas sino de buscar administrativamente que unas condiciones objetivas de prestación de una determinada ventaja social se puedan resolver en beneficio estos colectivos que, estoy absolutamente de acuerdo con la
señora Pleguezuelos, son de gente mayor, jubilada, con alguna discapacidad o con falta de movilidad. Pensamos que estas facilidades que se les dan para utilizar el servicio telefónico -recordemos la teleasistencia, que para algunos ciudadanos es
una necesidad imperiosa-, deben darse de la forma más rápida posible. También creemos, dadas las condiciones de concesión que se han dado al inicio, que la revisión difícilmente pueden cambiar y, lógicamente, si hablamos de la necesidad de revisar
la documentación debe hacerse con la misma eficacia con la que para la gente mayor se hace la renovación del carnet de identidad o cualquier otro documento, en los que ya se considera que no habrá cambios y por ello no se les exigen revisiones que
muchas veces entendemos que no vienen al caso.
También corresponde a la Administración hacer más fácil el servicio a los administrados, y es por ello
que entendemos que este voto favorable tiene que acelerar unas vías de revisión administrativa que hagan que la comprobación del cumplimiento de estos requisitos sea lo más fácil posible, sobre todo para el administrado, y que, en
definitiva, desde esta Cámara rindamos un servicio a este colectivo que tanto lo necesita.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: El denominado abono social telefónico fue establecido en 1980 por el Gobierno de la UCD. Hasta la aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos del 20 de diciembre de 2001 hubo diferentes
regulaciones.
En el año 2001, en la Comisión delegada citada, se aprobaron los precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal de telecomunicaciones. Posteriormente hubo distintas regulaciones, pero en diciembre de 2001 fue cuando el
Gobierno del Partido Popular amplió el ámbito personal de aplicación del abono social, incluyendo a todos los jubilados y pensionistas cuya renta familiar no excediese del salario mínimo interprofesional. El beneficio consiste en una reducción del
70 por ciento en la cuota de alta del servicio telefónico fijo disponible al público y una reducción del 95 por ciento en la cuota de abono mensual del mismo servicio. Asimismo, establece que el operador designado podrá requerir de modo fehaciente
a dichos abonados, con una periodicidad no inferior a un año, para que acrediten las circunstancias que dan derecho a este tipo de abono y las verifiquen, pudiendo suprimir la reducción del 95 por ciento en la cuota mensual de abono al servicio si
no se hubieran justificado dichas circunstancias en un plazo de dos meses desde que el abonado hubiera sido fehacientemente requerido.
El responsable del procedimiento de solicitud y concesión del abono social es Telefónica de España, en su calidad de operador designado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones, y no un órgano de la Administración, por
lo que no es posible dirigirse al Gobierno, a la Administración central, como ha dicho la ponente, para pedirle que elimine los requisitos de acreditación y justificación establecidos en la norma, que son determinantes para la concesión de este
beneficio.
Nosotros compartimos los buenos deseos de la ponente de esta proposición no de ley y de nuestro colega de Convergència i Unió. ¿Cómo no lo vamos a compartir, si fue nuestro Gobierno el que concedió esos beneficios? Por todo lo dicho, no
cabe duda que no es posible votar por nuestra parte de forma favorable esta proposición no de ley.
- SOBRE REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LAS MUJERES DISCAPACITADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS QUE VIVEN EN EL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002039.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre realización de un programa de alfabetización digital para las mujeres discapacitadas, con especial atención a las que viven en el medio
rural, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la exposición de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: La proposición no de ley que debatimos hoy pretende aunar las ventajas de la ciencia de la información y ponerla a disposición del colectivo de los discapacitados y, dentro de ellos, a quienes sufren de manera más
importante una triple discriminación: discapacidad, ser mujer y vivir en el medio rural.
La sociedad ha tendido tradicionalmente a aislar a las personas discapacitadas, a pesar de que hay artículos en la Constitución, como el 9, el 14 y el 39.1, que señalan a los discapacitados iguales ante la ley, con derecho a lo que los
poderes públicos le aseguren protección social, económica y jurídica y, además, mencionando que esos mismos poderes han de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de cualquier individuo sean reales y efectivas, removiendo esos
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos en los distintos ámbitos de la vida.
Es cierto que cada vez más las instituciones están elaborando políticas de inclusión social de los discapacitados, pero éstas están demostrando que no son suficientes. Desde mi grupo parlamentario ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones
la necesidad de aumentar el gasto que España dedica a la protección social y situarlo en la medida de nuestros socios europeos, pero queda mucho por hacer para mejorar la situación de las personas con discapacidad y, sobre todo, hay que hacer un
mayor esfuerzo dirigido a la inclusión social de las mujeres discapacitadas. De los tres millones y medio de discapacitados que hay en España más de la mitad son mujeres y la mayoría se encuentra en una lamentable situación de exclusión. Señorías,
son estas mujeres las que sufren de forma mayoritaria el desempleo, perciben salarios inferiores, tienen menos posibilidades de acceso a los servicios de salud, grandes carencias educativas y de formación y encuentran grandes dificultades para
acceder a los programas y servicios dirigidos a mujeres en general. Por todo ello, se encuentran en una
situación de clara desventaja económica, educativa, profesional y, por tanto, social.
Analizando algunos datos podemos decir que de las mujeres discapacitadas que se encuentra en edad de trabajar, sólo el 15,86 están trabajando, el 7,85 por ciento están paradas y el resto jamás se han planteado la posibilidad de acceder a un
puesto de trabajo. En cuanto a la formación de mujeres con discapacidad, el 12,44 son analfabetas, el 16,6 tiene estudios primarios y sólo el 1,56 por ciento tienen estudios profesionales superiores o universitarios. Con estos datos podemos
afirmar que las mujeres con discapacidad tienen pocas posibilidades de acceder al mercado de trabajo y no tienen la oportunidad de competir en condiciones de igualdad ni de aprovechar las oportunidades que sí pueden tener otras personas.
Dentro del grupo de mujeres discapacitadas también nos encontramos con aquellas que viven en el medio rural, quienes tienen otra dificultad añadida ya que se encuentran con la lejanía de lo servicios de información, asesoramiento y
participación que, por el contrario, sí tienen más próximos las mujeres discapacitadas de los núcleos urbanos.
Aquí es donde podemos aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, el desarrollo de los servicios de información y
ponerlas a disposición de las mujeres con discapacidad y, en especial, de aquellas que se encuentran lejanas físicamente de los centros urbanos donde se ofrece un mayor número de servicios. La información, el asesoramiento, la formación, incluso la
comunicación con otras personas, son valores que estas mujeres discapacitadas podrían conseguir a través de las tecnologías de la información y que les aportaría un instrumento de movilidad social. Estas nuevas formas de aproximarse al mundo les
daría, además, posibilidades de promoción y de acceso al ámbito laboral, facilitando la igualdad de la integración social de las mujeres discapacitadas, en especial las que viven en el medio rural.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos que se elabore en el plazo de tres meses, en colaboración con comunidades autónomas, un programa de alfabetización y de acceso a las nuevas tecnologías destinados a las mujeres
discapacitadas, repito, con especial atención a las mujeres que viven en zonas rurales. Dicho programa debe contemplar, por un lado, convenios con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para desarrollar planes específicos en cada
territorio ya que el colectivo al que va dirigido el programa necesita la participación de estas instituciones por ser más cercanas a la ciudadanía y, además, necesitan también la colaboración del operador dominante para garantizar el acceso en
todas las zonas geográficas en las que aún existe la tecnología TRAC. Por otro lado, el programa debe contemplar el equipo y la dotación informática, el desarrollo de los contenidos específicos que facilite el acceso de las mujeres con distintos
tipos de discapacidades, físicas, psíquicas y sensoriales, tanto a los recursos humanos de formación como a la asistencia a aquellas personas que necesiten ayuda para el desplazamiento.
Señorías, es necesario hacer un esfuerzo importante para que las mujeres con discapacidades se enganchen al tren de la sociedad y de la modernidad y la aprobación de esta proposición no de ley podría ser un paso en la contribución a una
política enfocada a apostar por la inclusión social de las mujeres discapacitadas.
La señor VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Señora presidenta, quiero manifestar nuestro apoyo a la propuesta del Grupo Socialista y anunciar nuestro voto positivo a esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Febrer Santandreu.
La señora FEBRER SANTANDREU: La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene que ser abordada por distintos departamentos ministeriales con competencias en esta materia; en concreto, el Ministerio de
Ciencia, a través de la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico y, en especial, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante diferentes convenios y planes de actuación que se están llevando a cabo.
En primer lugar, señorías, esta proposición no de ley parte de la constatación de la situación de especial precariedad en que se encuentra este colectivo de mujeres y propone la elaboración, en el plazo de tres meses y en colaboración con
las comunidades autónomas, de un programa de alfabetización y acceso a nuevas tecnologías, así como la dotación informática y el desarrollo de los contenidos específicos que facilite el acceso de las mujeres con distintos tipos de discapacidades y
los recursos humanos necesarios de formación y asistencia. En la realización de programas de este carácter no podemos olvidarnos de diversos artículos de la Constitución, que establecen el principio de igualdad y la no discriminación por razón de
sexo. Tampoco podemos obviar los programas que se están llevando a cabo y que van mejorando la situación de los colectivos más desfavorecidos.
Para tratar con buen criterio esta iniciativa, tenemos que conocer el informe de conclusiones del grupo de trabajo creado en el Consejo de Europa, que ha recomendado el desarrollo de políticas dirigidas a la eliminación de las causas que
producen la doble discriminación de las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado de trabajo. Si nos fijamos en la legislación española sobre políticas de empleo y formación profesional, la norma reguladora del plan de formación e inserción
profesional considera prioritario al colectivo
al que se refiere la proposición no de ley. Por otra parte, cabe decir que el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité español de representantes de minusválidos, suscrito el 22 de diciembre de 2002, se hace eco
de la doble discriminación que sufre este colectivo. En él se asume, entre otros compromisos, el de incorporar de forma prioritaria a mujeres con discapacidad en los programas que contemplen todas las etapas de inserción laboral. El acuerdo
contiene también una serie de compromisos en materia de formación profesional ocupacional, considerando que las acciones de formación en nuevas tecnologías de la sociedad de la información son esenciales para tratar de incorporar al mundo laboral a
muchas mujeres con discapacidad.
Si especificamos más en esta materia y nos referimos a las normas de accesibilidad y nuevas tecnologías, el Imserso está llevando a cabo actuaciones para interiorizar las pautas de la web Accesibility iniciative y el test de accesibilidad de
la web. Estas actuaciones indican lo siguiente. Para las niñas y mujeres con discapacidad auditiva se están promoviendo mecanismos para asegurar la accesibilidad a la web y a las tecnologías de las información y la comunicación a través de
subtítulos, lenguaje de signos y formación. Para las mujeres con discapacidad visual se debe asegurar el acceso dotando a las tecnologías del apoyo correspondiente. Para las mujeres con discapacidad física se debe asegurar la accesibilidad a los
contenidos, servicios, tecnologías y entornos. Por fin, a las mujeres con discapacidad intelectual se les debe proveer de los sistemas de comprensión y facilitación de uso nuevas tecnologías. Según las conclusiones del centro estatal de ayudas
técnicas del Imserso, las mayores restricciones para el uso generalizado de Internet residen en la falta de accesibilidad y manejo de las web, la falta de provisión de ayudas técnicas, la no adecuación de los contenidos a las expectativas de los
usuarios y las lagunas de formación tanto en el uso como en el mantenimiento de los sistemas. Para resolver estos problemas es necesario continuar con las estrategias del diseño para todos.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer participa activamente en la ejecución del IV Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres 2003-2007, en el que se contemplan algunas acciones dirigidas a este colectivo, como por ejemplo el
desarrollo de programas específicos para mujeres con discapacidad, con especial atención a las deficiencias psíquicas y sensoriales. Un dato a tener en cuenta es que durante el año 2002 se han puesto en marcha 13 centros de teleservicios en
colaboración con las entidades locales, con las que se han suscrito los correspondientes convenios, con el fin de proporcionar un espacio físico al que pueden acceder de forma gratuita las mujeres que deseen obtener formación en nuevas tecnologías
en la modalidad de teleformación y no dispongan de ordenador propio o de conexión a Internet.
Para analizar mejor esta proposición no podemos dejar de mencionar el Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad, celebrado en Valencia a finales del mes de febrero de este año, donde se puso de manifiesto que la actual sociedad de la
información introduce un nuevo paradigma de la discapacidad aportando facilidades para la integración y participación social plena de las mujeres con discapacidad. Esto se puede traducir en un mayor grado de autonomía, aumento de las posibilidades
de elección, flexibilidad de horario, mayor acceso a la información, pero también conlleva nuevas barreras y problemas de accesibilidad. Para evitarlos, las nuevas tecnologías deben ser accesibles, asequibles, adecuadas, aceptadas y aprovechadas
por y para mujeres con discapacidad. En el Consejo de Feira de junio de 2000, todos los Estados decidieron acelerar el paso a una sociedad basada en la información y en el conocimiento y aprobaron el plan de acción e-Europe que contiene 64
objetivos concretos así como un nuevo método más sistemático para abordarlos siendo el objetivo prioritario que la sociedad de la información nos llegue a todos.
Para abordar los retos en materia de accesibilidad el Ministerio de Ciencia y Tecnología firmó en 2001 un convenio con el Comité español de representantes de minusválidos y la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de
personas con minusvalía, con el fin de integrar a las personas con discapacidad en la sociedad de la información. Por otro lado el Ministerio de Ciencia y Tecnología diseñó el programa Internet para todos para acercar la red a todos los ciudadanos
mediante cursos de alfabetización básica de 15 horas de duración, familiarizándose así los ciudadanos con el uso de las principales posibilidades que ofrece Internet. Otra iniciativa llevada a cabo durante este ejercicio es el convenio suscrito
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la entidad pública empresarial Red.es, que una vez analizadas las conclusiones de la comisión de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información, permitirá abordar nuevas estrategias para la
acción Internet para todos. Continuando con las políticas del Partido Popular, en ayuda a los sectores de población más desfavorecidos se implantó durante el ejercicio 2002 como una medida complementaria al programa Internet para todos el programa
de alfabetización digital para la adquisición de 1900 ordenadores portátiles a fin de ser empleados para la formación de distintos colectivos.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Febrer, vaya concluyendo en la medida de lo posible.
La señora FEBRER SANTANDREU: El objetivo de esta línea era garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de las ventajas de la sociedad de la información poniendo a su disposición la capacidad mínima que se requiere. Otro
programa importante fue
la alfabetización digital en el programa Internet rural, programa dirigido a los municipios rurales. Desde el Ministerio de Agricultura se ha ido desarrollando un conjunto de aplicaciones software con contenidos específicamente orientados
al sector agrícola y ganadero, que se ofrecerán de forma gratuita en todos los centros rurales.
Desde el Partido Popular queremos dejar constancia de que se comparte una preocupación, igual que en el Grupo Parlamentario Socialista, por la accesibilidad de las personas discapacitadas a las nuevas tecnologías, especialmente mujeres
discapacitadas, pues coincide plenamente con los objetivos del Gobierno demostrándose con políticas que se están llevando a cabo actualmente desde los diferentes ministerios. Por tanto nuestro grupo parlamentario votará en contra de esa proposición
porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología, juntamente con otros ministerios, ha puesto en marcha distintas iniciativas cuyo objetivo es facilitar el acceso de las personas discapacitadas, tanto hombres como mujeres, de acuerdo con criterios de
igualdad material, a la sociedad de la información. En este mismo sentido se orientan las recomendaciones realizadas por la comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información, entre las que se señala expresamente que
la sociedad de la información es para todos y no puede permitirse un desarrollo que no promueva la cohesión social y territorial. Entre dichas recomendaciones destaca la de aprovechar las posibilidades que ofrece la sociedad de la información como
vehículo para integrar colectivos mediante el lanzamiento de proyectos concretos y enfocados a segmentos desfavorecidos. Desde nuestro grupo parlamentario apostamos por que el Gobierno continúe avanzando con las políticas que viene realizando para
discapacitados, que es lo que está demostrando al día de hoy. Por tanto nuestro voto será en contra de esta proposición.
- PARA QUE SE INCREMENTE EL GASTO PÚBLICO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002041.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto sexto del orden del día, proposición no de ley para que se incremente el gasto público en investigación y desarrollo (I+D). Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la misma,
tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señoría, quiero comenzar esta intervención con una reflexión diciendo que la escasez de inversión española en investigación no podrá paliarse sólo, ni siquiera principalmente, con un mayor esfuerzo de las empresas
privadas, algo que viene sosteniendo el Partido Popular.
Un informe de la revista EMBO Report, publicado en febrero de 2003, revela que el retraso español no es sólo imputable a la falta de inversión de la industria en investigación y desarrollo,
sino sobre todo a la pequeñez del gasto público en ese mismo concepto, que sitúa a España en el penúltimo lugar de la Unión Europea, sólo por delante de Irlanda.
El objetivo que se ha fijado la Unión Europea para 2010 es que todos los países
miembros dediquen a investigación y desarrollo el 3 por ciento de su producto interior bruto, un porcentaje comparable al que exhiben sus dos principales competidores, Estados Unidos, que destina el 2,7 por ciento, y Japón, que destina casi el 3 por
ciento. El promedio de la Unión Europea es de sólo el 1,9 por ciento, lejos por tanto de esa marca, pero España se sitúa mucho peor que el promedio, 0,97 por ciento. Todo esto es ya bien conocido. Ante esta situación, el Gobierno del PP sostiene
que la responsabilidad de aumentar esa cifra recae sobre todo en las empresas. Recientemente, un medio de comunicación recogía unas declaraciones del ministro de Ciencia y Tecnología en las que insistía en que el esfuerzo que el mundo empresarial
español hace en I+D está por debajo de donde debería estar, no sólo en términos absolutos sino en términos relativos. Es más, el señor Piqué añadió que tenemos que ser capaces de movilizar a nuestras empresas y al sector privado porque en este
terreno el sector público está haciendo mejor los deberes que el privado. Esas fueron las afirmaciones. Sin embargo, en el análisis que hace esta revista científica internacional, da la razón al ministro en lo que toca al sector privado, pero se
la quita absolutamente en lo referente al sector público. El gasto total español, público más privado, es bajo, pero la fracción de él que es aportada por la industria es del 49,7 por ciento; por más que sea claramente inferior a la de los mejores
países como Alemania, por ejemplo, donde es del 66,9 por ciento, es bastante similar a la media de la Unión Europea, que es del 51,8 por ciento. En lo que sí destaca España -y es mucho- es en el abismo que separa el gasto público actual en I+D del
que debería alcanzar en 2010 para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea. En esa fecha el gasto total, público más privado, debería ser del 3 por ciento del PIB y ese objetivo se debería descomponer así: un 1 por ciento aportado por el
sector público y un 2 por ciento por el privado. Pues bien, como decía antes, en el gasto público España es de los países que está más lejos de alcanzar esa marca del 1 por ciento en toda la Unión Europea. Sólo los sectores públicos de Austria,
Finlandia, Holanda y Suecia cumplen hoy esa marca del 1 por ciento del PIB; los demás gobiernos europeos, entre los que se encuentra nuestro país, deberán hacer los deberes -por usar la expresión de Piqué- de aquí a 2010.
Nuestro gasto en I+D es del orden de la mitad del de la Unión Europea y menor si se descuentan partidas que figuren en otros capítulos, como es el de la compra de material militar, que no está incluido en otros países.
La apatía y la desidia con que el Gobierno del PP afronta el problema contrasta con la preocupación de nuestros socios europeos frente a una situación mucho menos grave. Los sectores públicos de los países europeos dedican en promedio el
0,81 por ciento del PIB a investigación y sólo tendrán que añadir otro 0,19 por ciento de aquí al año 2010. El sector público español está ahora en el 0,49 por ciento y por tanto tendrá que añadir el 0,51 por ciento. La deficiencia española en
gasto público en I+D da cuenta por sí sola del 22 por ciento del total europeo.
Recientemente el comisario de Investigación de la Unión Europea ha propuesto a los gobiernos una serie de medidas para cumplir el mandato de la cumbre. Para el sector
privado ha propuesto ventajas fiscales para las empresas que inviertan en investigación, junto con el aumento de la flexibilidad en la transferencia de conocimiento y tecnología entre países de la Unión y también entre centros de investigación y
empresas.
En el sector público lo que se plantea es un aumento neto sostenido por parte de los gobiernos, cifrado en un 6 por ciento anual del presupuesto de I+D hasta el año 2010. Desde hace ya muchos años no se progresa en nuestro país en esta
materia. El Partido Popular maquilla las cifras, cambia el nombre de las partidas usando el mismo dinero para nuevos programas y con un ministerio sin apenas recursos y con una gestión ineficaz. El aumento del 6 por ciento anual sostenido de forma
conjunta con otros países de la Unión, aunque no nos acercaría a la media europea, supondría un impulso considerable y una mejora de nuestra penosa situación actual. Nuestro futuro depende, entre otros factores, de que se tomen medidas enérgicas en
un campo que no ha recibido suficiente apoyo de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Las medidas propuestas por la Comisión Europea deberían ofrecer la ocasión de cambiar el rumbo.
Por todo ello traemos hoy aquí esta proposición no de ley
en la que se insta al Gobierno a incrementar el gasto público de modo sustancial en I+D el próximo año, de cara a conseguir la convergencia científica y tecnológica con la Unión Europea, así como para acercarnos al objetivo marcado por la Unión
Europea para el año 2010.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco Vicente Murcia Barceló. (El señor Grau Buldú pide la palabra.)
Discúlpeme, señor Grau, porque no tiene perdón. Créame que en modo alguno quiero ignorar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ha sido un despiste. Por favor, le ruego que me disculpe. Tiene la palabra el señor Grau, por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GRAU BULDÚ: No lo considero así en absoluto, por favor. Solamente intervengo para fijar la posición respecto a esta propuesta que nuestro grupo entiende que tendría que ser perfectamente asumible por el Gobierno. Respecto a la
exposición de motivos, quisiera matizar que no es suficientemente correcta, contiene algunas inexactitudes que quisiera precisar, así como algunas informaciones dudosas de la intervención que ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Entendemos que la inversión en España es bastante inferior a la irlandesa, porque Irlanda hace una apuesta realmente bastante superior incluso a la de Italia. España solamente supera a Portugal y Grecia, pero Irlanda supera ampliamente
tanto a España como a Italia. También entendemos que el objetivo del 3 por ciento para el año 2010, que es realmente deseable, es poco práctico e inalcanzable dada la fecha en la que estamos actualmente, el año 2003, por lo que España realmente
tendría que fijarse el objetivo del 2 por ciento para el año 2010 como objetivo posible y alcanzable en las proporciones que plantea la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. España tiene que hacer un esfuerzo muy grande en
investigación y especialmente en el nivel privado; por tanto, tenemos que propiciar acciones de este tipo y por ello nuestro voto será favorable. La proposición del Grupo Parlamentario Socialista plantea una convergencia con la Unión Europea con
un plazo suficiente como para llegar a alcanzarla. Por tanto reitero nuestro voto favorable a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Grau, le pido disculpas por este lapsus, pero las variables externas temporales no tienen nada que ver.
Tiene la palabra el señor Murcia Barceló.
El señor MURCIA BARCELÓ: Señorías, voy a ser breve y quisiera realizar una explicación más que nada filosófica y del comportamiento que está teniendo el Gobierno en relación con esta materia, porque cuando se habla de cifras de una forma
aislada estamos tratando de establecer una comparación en un ámbito que no es el general y global y entonces se desvirtúa la realidad. Cuando se habla de investigación y desarrollo sobre todo, si nos comparamos con otros países, incluso el propio
Gobierno ha reconocido que efectivamente la inversión en esta materia no es la deseable, debe ser muy superior, pero es cierto que cuando se habla de cifras no se tienen en cuenta otros parámetros, como los que se han tenido que utilizar para
convergir con Europa y que hoy han dado un resultado extraordinario, como puede ser el empleo, cosa que ustedes niegan evidentemente. Hoy estamos generando empleo por encima de la media europea y se ha hecho con políticas -como digo- globales, que
no pueden sencillamente partir de decir voy a invertir en este o en otro ministerio. Por tanto hay que tener la necesaria coordinación administrativa y en particular tener en
cuenta las condiciones presupuestarias. Por ello no digo en absoluto que no sea necesario -y se ha reconocido- que la inversión en investigación y desarrollo sea fundamental. Al hilo de esto quería decir que efectivamente las políticas de
ciencia y tecnología que se practican tienen dos objetivos: uno, fortalecer la investigación y, dos, que las empresas se vayan incorporando progresivamente a la cultura de la innovación. En definitiva, ¿a quién va dirigida la investigación? En sí
es importantísima, en sí es el futuro, pero la investigación está dirigida a la sociedad y son los empresarios los que van a obtener unos mayores beneficios de una forma directa o indirecta. En los últimos años se ha estado realizando un importante
esfuerzo, porque también hay que hablar de dónde se parte, no basta decir dónde estamos. A mí no me ha gustado nunca mirar hacia atrás con el fin de criticar a nadie, pero hay que saber de dónde se parte, dónde se está y adónde se quiere llegar.
Como digo, en los últimos años se está realizando un auténtico esfuerzo, lo cual ha contribuido a fortalecer el sistema de ciencia y tecnología.
Este esfuerzo se realiza en dos vertientes: una, mediante una serie de políticas dentro del
programa-marco de investigación y desarrollo de la Unión Europea y, otra, dentro del plan nacional de investigación científica. Dentro del programa-marco comunitario entendemos que la consecución de sus fines supera la propia política nacional en
esta materia. Por ello se están haciendo esfuerzos importantes dentro de la Unión Europea con el fin de conseguir que la investigación, el desarrollo y la innovación sean punteras para poder competir con otros países como pueden ser Japón o Estados
Unidos
Dentro del plan nacional de investigación hemos visto que los diferentes departamentos ministeriales han hecho un esfuerzo con el fin de conseguir mejoras dentro de este ámbito. Como digo, se hacen en planes plurianuales prudentes y
realistas, porque contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. No es lo que quiere hacer el Gobierno en este caso, sino que el Gobierno tiene que dar lo que puede, hacer una política global, con el fin de poder atender no sólo a la política
de investigación, sino a todas las políticas de su Gobierno. Estamos hablando de responsabilidad. La responsabilidad la tiene quien la tiene. A uno le gustaría dar mucho más, pero no siempre que se invierte se hace bien. Hemos tenidos ejemplos
al respecto. Por la forma en que se han hecho determinadas inversiones -y no digo que la política científica no sea la mejor-, posiblemente hayan sido un fiasco. Decíamos que se ha hecho un importante esfuerzo y ello viene reflejado en el gasto
público en investigación más desarrollo. En la función 54 de los presupuestos aparece una subida importantísima entre 1999 y 2003, de un 1,81. Yo no voy a entrar en datos que ustedes han tenido posibilidad de obtener por medio del ministerio y que
el propio ministro ha facilitado.
Hay algo que quisiera corregir, por cuanto se ha dicho que el ministerio ponía la pelota en el tejado de las empresas privadas a la hora de paliar o de invertir en investigación y desarrollo. No es cierto. Lo que sí es cierto es que tanto
el Gobierno como las empresas deben hacer una mayor aportación en inversión en esta política de investigación, por dos razones, y lo decía antes. Efectivamente, los últimos destinatarios de esta política investigadora y de desarrollo son las
empresas, y no se dice que sean ellas las que deban tener todo el peso, pero sí se ha dicho en la reunión celebrada en Barcelona que deberían ser las empresas las que aportaran un tercio para la consecución de ese 3 por ciento. O sea, que no es el
Gobierno español, sino el Consejo Europeo de Barcelona y los Jefes de Estado los que así lo determinan.
Cuando se dice que la aportación de las empresas privadas es bastante mejor que la aportación pública del gasto no estamos en desacuerdo, pero tampoco podemos decir que ese sea un objetivo simple. Lo que dijo el ministro es que tenemos que
seguir invirtiendo y que hay que hacer las políticas necesarias para que las empresas privadas tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Sencillamente con otra serie de políticas que no son sólo la inversión, sino que pueden ser ventajas fiscales,
como las que ya se han puesto en marcha, y otra serie de medidas que pueden facilitar muy mucho la posibilidad de que la empresa privada pueda acceder con mayores garantías a este campo. El hecho de invertir y de gastar muchas veces produce lo que
en Europa se llama la paradoja europea, es decir, que la inversión no se traduce en productividad y competitividad de nuestras empresas ni en crecimiento económico ni en la mejora de la calidad de los ciudadanos.
Entendemos por tanto -y voy finalizando- que para garantizar un aumento en el gasto hay que lograr también la necesaria coordinación administrativa y, en particular, hay que tener en cuenta los condicionantes presupuestarios como obligación
y punto de partida. Además la convergencia con la Unión Europea no se resuelve con gastos puntuales, sino con gastos que se tienen que hacer en determinados ejercicios y mediante un esfuerzo permanente orientado a un plazo que permita que esos
programas se enfoquen debidamente y consigan los objetivos pretendidos.
Por tanto, si bien es cierto y ha sido reconocido por el propio Gobierno que no sólo hay que hacer un esfuerzo mayor sino que hay poca inversión, no es menos cierto que el
hecho de pedir -y es su obligación- que haya un mayor gasto no quiere decir que sea la solución del problema, entre otras cosas porque es imposible atender a todos los gastos en el momento que se pretende, aparte de los elementos que le he
determinado ya.
Se dice que tenemos que hacer más deberes que los demás. No hay que hacer más deberes, hay que hacerlos y hay que hacerlos bien. Muchas veces el hecho de hacer los deberes no implica esa competencia de estar
uno por encima del otro. Quizás en ese sentido no se hayan tenido en cuenta otra serie de circunstancias que hoy permiten a España estar en una situación francamente en alza y razonablemente buena e incluso estar en el camino de que la
investigación y el desarrollo tengan el lugar que se merecen, pero de una manera realista y no simplemente voluntarista.
Por tanto, entendiendo que efectivamente tiene que hacerse en plazos determinados -como ya se está haciendo en los últimos
cuatro años-, con el fin de conseguir el objetivo de estar en el 3 por ciento de aportación por parte del Gobierno y de la empresa privada en el año 2010; entendiendo que este debate no es de hoy, que es un debate que está abierto y en el que ha
habido posibilidades de explicar las distintas posturas; entendiendo que no sería conveniente ni posible hacer una mayor aportación en este momento sin dejar de tener en cuenta en una política global de todos los ministerios este aumento sustancial
que se pretende y siguiendo en el intento de aumentarlo de una manera paulatina, sosegada, clara y realista, vamos a votar desfavorablemente su proposición.
- RELATIVA A UN PLAN DE ACCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002116).
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto séptimo del orden del día: proposición no de ley relativa a un plan de acción en el contexto del espacio europeo de investigación (ERA). Para la presentación y defensa de la misma, tiene la
palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señorías, tengo el honor y la satisfacción de presentar hoy ante esta Comisión de Ciencia y Tecnología una proposición no de ley muy oportuna; digo oportuna porque va a permitir al Gobierno presentar los
esfuerzos y actuaciones desarrollados desde la etapa de la presidencia española de la Unión Europea hasta ahora para profundizar en la apertura de programas nacionales en el contexto del proceso de aprobación del VI programa marco de I+D para la
construcción del espacio europeo de investigación, ERA en sus siglas en inglés. Con esta proposición no de ley, una vez aprobado el VI programa marco, con las primeras convocatorias de creación de redes del espacio europeo de investigación
-ERA.net- en marcha, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular es instar al Gobierno a que tome la iniciativa, informando de las acciones en marcha y presentado un plan de acción que posicione de la mejor manera posible, de cara precisamente a
esta apertura de programas que he mencionado antes, los planes nacionales y regionales de I+D+I españoles.
Respecto a las actuaciones desarrolladas en el periodo de la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2002 se realizaron las siguientes en relación con ERA.net. En primer lugar, en enero de 2002 se elaboró una nota
propuesta por la presidencia española sobre la apertura mutua y progresiva de los programas nacionales de investigación y desarrollo tecnológico como base para un debate ministerial sobre el tema. En la nota y sobre la base del trabajo previo en el
comité CREST, liderado por el delegado español, se establecían los criterios del proceso de apertura siendo estos los siguientes: la voluntariedad, la reciprocidad, la implantación progresiva, la neutralidad financiera y que fuera abierto a todas
las áreas del conocimiento sin prioridades preestablecidas. En la nota se daban también los pasos a seguir en el proceso de puesta en red y apertura mutua de los programas nacionales como elementos para la coordinación de las políticas nacionales
de I+D en el contexto del ERA. Durante el seminario informal de ministros de Investigación en S'Agaró, en Girona en febrero de 2002 los ministros acordaron refrendar los principios propuestos por la presidencia española remarcando la importancia de
avanzar en el proceso de apertura progresiva de los programas nacionales a través del intercambio de información y el estímulo de la cooperación transfronteriza. Se encargó al comité CREST el seguimiento del proceso de apertura de los programas
nacionales. Durante la reunión de CREST, en marzo de 2002, la presidencia española propuso dos iniciativas. La primera iniciativa se refiere al establecimiento de redes de representantes de los organismos gestores y financiadores de los programas
nacionales de investigación y desarrollo tecnológico, IDT, para intercambiar información sobre estrategias de I+D de los Estados miembros, procedimientos, convocatorias e instrumentos, mecanismos de evaluación y selección, seguimiento de programas y
proyectos, procedimientos de transferencia de tecnología, información completa sobre proyectos e identificación de evaluadores. La segunda iniciativa se refiere a la agrupación a posteriori de proyectos financiados en los distintos programas
nacionales relacionados temáticamente. Las delegaciones aprobaron estas iniciativas acordándose también la selección de áreas concretas para el establecimiento de estas redes, en concreto cinco: ciencias marinas, genómica de plantas, complejidad y
sistemas complejos, química y astrofísica. En junio de 2002, bajo la presidencia española, se consiguió la aprobación del VI programa marco incluyendo, en el bloque de reforzar el ERA en el área de coordinación de políticas nacionales de I+D, la
iniciativa ERA.net destinada a fomentar la cooperación y coordinación de actividades de investigación realizadas a nivel nacional y regional en los Estados miembros y Estados asociados, a través de la puesta en red de actividades
de investigación conducidas a nivel nacional o regional y la apertura mutua de programas nacionales o regionales de I+D.
Llegados a este punto, ¿cuál es la situación actual? En la actualidad los equipos de investigación españoles están participando en las iniciativas CREST de apertura de programas nacionales en las cinco áreas seleccionadas siendo probable
que todas o al menos algunas de ellas acaben conformando propuestas ERA.net. En el nuevo plan nacional 2004-2007, ahora en preparación, se estimulará la apertura de programas nacionales en el marco de la coordinación de políticas a nivel nacional,
ERA.net, e internacional, EUREKA, COST, ESF, etcétera. Señorías, se espera así de esta manera facilitar y aprovechar la apertura de los programas nacionales y regionales de las comunidades autónomas españolas en el ERA y es por lo que espero que
todos los grupos parlamentario aquí presentes apoyen el texto de esta proposición.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra al señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, quiero decir que nosotros hemos leído con interés esta proposición no de ley y la prueba de ello es que hemos presentado una enmienda. Sin embargo, al leerla nos ha producido una cierta sorpresa
por lo que propone, que es algo obvio. Esto tiene que hacerlo el Gobierno y por tanto, si me permiten utilizar la frase o el concepto de un conocido sociólogo, él hablaba de la penosa elaboración de lo obvio, o como decía Francisco Fernández
Ordoñez, diputado de todos de alguna manera, la solemnidad de lo obvio. Esto es lo que yo aprecio aquí, una proposición no de ley que se puede decir que es obvia. Es obvio que todos estamos de acuerdo en la creación del espacio europeo de
investigación, el PSOE lo está y estamos a favor de cualquier medida que favorezca su desarrollo. Estamos a favor del VI programa marco europeo que contempla estas posibilidades y lo hemos votado todos en el Parlamento Europeo; es decir, estamos
trayendo aquí a debatir y a votar una iniciativa que ya está votada a otros niveles y que ha tenido una aceptación global dentro del propio Parlamento Europeo. En este sentido, nos genera sorpresa, una sorpresa que se agranda porque parece que el
Grupo Popular empieza con una prioridad que no contrasta, a mi modo de ver, con las prioridades reales. En la anterior proposición no de ley se ha dicho que España gasta en I+D la mitad que la media de la Unión Europea y somos el tercer país por la
cola de la Unión Europea. ¿Por qué no proponen un incremento del gasto en I+D o por qué se va a votar en contra de la otra proposición? ¿No sería más lógico proponer que se pudiera romper el auténtico cuello de botella del sistema, que son los
recursos humanos, donde España ocupa un lugar similar por la cola en la Unión Europea? ¿Es lógico que se creen en el CSIC, por ejemplo, el año pasado 60 plazas de investigadores, cuando se jubilan en torno a 50, lo que supone un crecimiento neto
escaso, mínimo? ¿No sería más lógico proponer que se avanzara en eliminar la precariedad de los jóvenes investigadores? ¿No sería más lógico proponer que se arreglara la pésima gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología que denuncian miles de
investigadores en las distintas revistas científicas, en los medios de comunicación o en esta Comisión, sin que reciban respuesta de ustedes, por los datos que yo tengo? ¿No sería más lógico que se arreglara el agujero de los fondos FEDER, de 173
millones de euros, casi 29.000 millones de pesetas, debido a la inadecuada gestión del ministerio, como ha reconocido el secretario de Estado en esta Comisión? ¿No sería más lógico que se evitaran los retrasos en la adjudicación de las
convocatorias de proyectos o de infraestructuras, que siguen evaluándose permanentemente, cuando se metió prisa a las universidades y todavía están en la fase de evaluación? Creo que hay cosas mucho más lógicas y más prioritarias, sobre todo tener
una política científica, cosa que su Gobierno, señores del Grupo Popular, no tiene en absoluto, una política científica real. De ahí la sorpresa. Creo sinceramente que para construir el espacio europeo de investigación lo fundamental es que cada
país, entre comillas, cumpla sus deberes, y hemos de saber que, por ejemplo, el VI programa marco europeo, si no me confundo, viene a suponer el 5 por ciento de lo que se gasta en I+D por los 15 países de la Unión Europea.
Es decir, el 95 por
ciento es la suma de lo que hace cada país. ¿Por qué no cumplimos nuestros deberes y hacemos nuestras cosas bien? Con cumplir el plan nacional, cosa que no se ha hecho, ya me daría yo por satisfecho.
Por tanto, el primer paso para hacer que
exista un espacio europeo de investigación es que cada país de la Unión Europea, incluida España, cumpla sus deberes, pero no lo han hecho. Ante todo esto ustedes plantean una proposición no de ley que a mí me suena a música celestial, a pajaritos
y flores, si me permiten la expresión, a obviedades y a generalidades. Evidentemente, es bueno que se abra esta convocatoria del plan nacional. Sería absurdo votar en contra. Vamos a votar a favor, aunque ustedes no acepten nuestra enmienda, pero
yo les pediría que la aceptaran, porque a la música celestial le podíamos poner letra, no sé si celestial o no, es decir, compromiso, añadir algo más concreto. Nuestra enmienda propone: Este plan contemplará y detallará una financiación adicional
y extraordinaria de las áreas seleccionadas para no perjudicar a los investigadores españoles que trabajan en las mismas. O sea, medidas pero con financiación, no un canto al sol. Lo digo por unos datos y voy terminando.
¿Saben ustedes que sólo se financia el 40 por ciento de los proyectos que se presentan a las convocatorias del plan nacional? Es decir, de cada 100 proyectos que
se presentan, 60 se deniegan, sólo 40 son financiados. ¿Pero saben ustedes que de ese 40 por ciento que se financia sólo se financia, aproximadamente, en un 55 ó 57 por ciento? Pocos grupos españoles financiados y en cantidades
insuficientes. Esa es la foto actual de nuestro sistema, una foto que, evidentemente, no es positiva, como hemos venido diciendo reiteradamente: retrasos, incompetencias, dejadez, escasez de fondos, desprecio de los investigadores, descontento en
el sector privado, pero obviamente no es ese el motivo de esta proposición no de ley. Decimos, por tanto, que haya una financiación adicional en esas áreas que se han elegido y como imagino que se aprobará esta proposición no de ley, espero que en
ese plan de actuación se justifique la elección de las mismas y no de otras. ¿Por qué sólo esas cinco, por qué no otras? Si en esas áreas ya los fondos son escasos, por los datos que daba anteriormente, lo serán lógicamente más si existe una
concurrencia competitiva de investigadores de otros países. Esto es lógico. Estamos de acuerdo con la filosofía de apertura de los programas nacionales y de trabajar en red, pero, repito, con financiación.
Sinceramente creo que es una buena
oportunidad para no hacer una vez más un brindis al sol. Adquiramos compromisos sólidos y vayamos a lo lógico, que es que todo ello vaya acompañado de una financiación para no perjudicar a los grupos de investigación españoles. Creo que haríamos
un favor a los investigadores y a la sociedad en su conjunto.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo para fijar nuestra posición sobre la propuesta del Grupo Popular. De acuerdo a su presentación, entendemos que el grupo está cada vez más interconectado, que la competitividad de nuestros centros de
investigación en la mejora de transferencia de conocimientos para su aprovechamiento socioeconómico debe trascender las fronteras estrictamente estatales y europeas y que hemos de reforzar la política de cooperación científica y tecnológica
internacional de nuestro sistema científico conjunto, público y privado, buscando la sinergia en materia de relaciones exteriores y en el campo de la investigación científica y tecnológica.
La política europea de investigación constituyó el núcleo de la reunión informal de los ministros de Investigación, celebrada el 20 de mayo de 1999, confirmándose el interés en el Consejo de Investigación el 2 de diciembre del mismo año. La
Comisión, en su comunicación sobre el área de investigación europea al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, propuso que se debía progresar en la dirección de una mejor organización de la investigación europea. Esta
propuesta fue aprobada en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Lisboa en marzo del año 2000.
En base a los principios manifestados por la Comisión Europea, nueve instrumentos deben realizarse para proceder a la construcción del espacio europeo, de los que quiero entresacar tres: el establecimiento de una red de centros de
excelencia científica, el enfoque común de las necesidades y medios de financiación de las grandes infraestructuras y el incremento activo de Europa respecto de los investigadores del resto del mundo. Hay una segunda fase en la cual yo quiero poner
énfasis y es la segunda dimensión de este espacio, la regional, que también tiene una gran importancia en el logro de los objetivos del ERA. De hecho, la Comisión Europea ha dedicado una comunicación a cada una de las dos dimensiones, la regional y
la internacional, de la European Research Area.
En la primera de ellas, la Comisión considera la forma en que la dimensión regional encaja en el marco general creado en Lisboa, adoptando un método abierto de coordinación de los esfuerzos nacionales y evaluación comparativa de las
políticas con objeto de hacer de Europa una sociedad basada en el conocimiento. En esta comunicación, la Comisión destaca el importante papel que las regiones pueden desempeñar en la movilización de los esfuerzos de investigación para acelerar el
acceso de Europa a la economía del conocimiento. El Comité de las Regiones subrayó especialmente la importancia del papel que pueden desempeñar los poderes locales y regionales en la formación, el apoyo a los laboratorios y a las iniciativas de sus
seguidores y el establecimiento de vínculos con las expectativas locales. Este organismo llegó a señalar incluso que los programas comunitarios dedicados a la investigación deben coordinarse con las políticas regionales para promover proyectos de
desarrollo de la investigación lo más próximos posibles al ciudadano.
Por ello, nuestro grupo propone una enmienda in voce de adición al texto para que la propuesta a votar fuera la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presenten un plan de acción para la apertura de las áreas de
investigación y desarrollo tecnológico que se estimen oportunas del nuevo Plan nacional de I+D+I, -aquí añadimos- en colaboración con las comunidades autónomas. El resto sigue igual que la propuesta. De todas formas, nuestra posición es favorable
a la propuesta del Gobierno y esperamos que se vote por unanimidad de la Comisión.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Pérez-Hickman, a los efectos de aceptación de la enmienda presentada por el señor Lissavetzky, del Grupo Socialista, y la enmienda in voce presentada por el señor Grau, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Brevemente. Siempre que presenta el Grupo Parlamentario
Popular una proposición no de ley, para el Grupo Socialista es algo obvio; ha hecho incluso referencia a algún autor que habla de la penosa elaboración de lo obvio y la solemnidad de lo obvio. Yo le preguntaría al Grupo Socialista si el
Grupo Parlamentario Popular no puede proponer instar al Gobierno a que haga cosas que este grupo considera interesantes. Yo creo que sí, pero el señor Lissavetzky siempre deriva estas cuestiones a algo que le interesa mucho, porque lo saca cada dos
por tres cuando se debate cualquier proposición no de ley, es el tema referido a los recursos humanos, ya le hemos explicado en diversas ocasiones que no van a sufrir ningún perjuicio.
En cuanto a que pongamos letra al plan de acción, yo creo que lo he explicado, pero se la pongo ahora mismo si quiere. El texto de la proposición no de ley hace referencia a la indicación de las acciones efectuadas hasta el momento y,
lógicamente, el plan recogerá también las que se considere que deba desarrollar. De todas formas, en relación con la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista, yo no conozco una acción que se produzca sin movimiento y tampoco un plan
que no esté dotado financieramente, sin lo que no podría haber acción. Su enmienda va de suyo, por lo que no la vamos a aceptar.
En cuanto a la enmienda in voce que propone el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, también va de suyo en el texto de la proposición la colaboración con las comunidades autónomas porque es un plan nacional y lógicamente se
tendrán que establecer convenios con instituciones y administraciones para poder desarrollarlo. No obstante, al final de mi intervención yo dije que, de esta forma, esperábamos facilitar y aprovechar la apertura de los programas nacionales y
regionales de las comunidades autónomas españolas en el ERA. Por tanto, como también va de suyo, tampoco la vamos a aceptar.
- RELATIVA A LAS GRANDES INSTALACIONES CIENTÍFICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002117.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto octavo del orden del día: proposición no de ley, relativa a las grandes instalaciones científicas, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa y exposición tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición no de ley relativa a grandes instalaciones científicas.
Señorías, las grandes instalaciones científicas constituyen un elemento imprescindible para posibilitar a los investigadores españoles la realización de una ciencia experimental de carácter básico y aplicado; son un elemento clave para que
en España las ciencias experimentales den el definitivo salto de calidad que las homologue con las de los países avanzados de nuestro entorno. Por su singularidad, las grandes instalaciones científicas suponen un polo de atracción para los grupos
de investigación, lo que significa que generan en su entorno grupos de excelencia, en general pluridisciplinares, que, en un mundo de ciencia de global, son un motor de internacionalización y constituyen auténticos puntos de encuentro donde trabajan
de manera conjunta y coordinada grupos de expertos españoles y extranjeros.
La valoración de las grandes instalaciones científicas no se limita a su existencia y utilidad, sino que trasciende ambas, puesto que tienen para cualquier país, en este caso el nuestro, un valor estratégico que nos permite posicionarnos en
el conocimiento científico y tecnológico; en consecuencia, nos otorga independencia y capacidad para desarrollar competitividad y alcanzar posiciones ventajosas frente a futuras necesidades.
Finalmente, las grandes instalaciones científicas en un país industrializado como el nuestro no son sólo un elemento generador de ciencia, sino que actúan como catalizadores del desarrollo industrial en áreas de tecnología de vanguardia que,
por necesidad, se desarrollan en el entorno de las grandes instalaciones, y que luego proyectan su saber hacer hacia aplicaciones industriales, que generan riqueza y, a su vez, impulsan nuevas aplicaciones. Por ello, frecuentemente las grandes
instalaciones científicas juegan el papel de elemento dinamizador del sector industrial de un país.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular considera esencial que, en la planificación de las futuras acciones en el campo de la ciencia, se preste una especial atención, diferenciada de otras también necesarias, a las GIC, tanto a
las ya existentes como a los proyectos de aquellas que vayan a ser necesarias para el progreso científico y tecnológico en España. Dicha atención asegurará no solamente la construcción, sino la actuación progresiva de los instrumentos y
equipamientos que las componen, en el marco de una política que debe proyectarse como un mecanismo básico para mantener nuestra competitividad científica. Por todo ello, consideramos necesario establecer en el marco del próximo Plan nacional de
I+D+I un conjunto de medidas que permitan optimizar el uso y operación de las grandes instalaciones científicas, que favorezcan su participación en el programa de infraestructuras del VI programa marco de la Unión Europea, y que fomenten su
internacionalización, para lo cual se presenta la siguiente proposición no de ley.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore y presente una propuesta de actuación en relación con las grandes instalaciones científicas, que
especifique los estudios de viabilidad que se van a iniciar para analizar la conveniencia de acometer la construcción en nuestro país de nuevas grandes instalaciones científicas y complementarias, para incorporar a nuestro país en las
iniciativas internacionales ya en marcha.
La propuesta contendrá los tipos de ayudas y mecanismos de financiación que va a poner al alcance de las grandes instalaciones para mantener al día su capacidad científica y tecnológica, así como las que considere necesarias para asegurar el
acceso a las mismas a los investigadores nacionales y, en régimen de reciprocidad, también extranjeros, cuyo fin posibilite la realización de proyectos científicos de calidad contrastada y facilite su acceso a los fondos del VI programa marco de la
Unión Europea. Finalmente, la propuesta contendrá un programa de becas y ayudas de movilidad y contratos de formación que permitan formar y mantener a los técnicos que las operen e incrementen la masa crítica de sus investigadores.
Señorías, la planificación y apoyo de las grandes instalaciones científicas es un elemento de primer orden en la elaboración de la política científica y tecnológica del Gobierno, con una visión de ésta en el contexto internacional que
conlleva un incremento cuantitativo esencial para la ciencia y la tecnología. El Gobierno ya ha manifestado la prioridad que otorga a esta cuestión tomando medidas muy relevantes en este sentido. Se han hecho mejoras en infraestructuras y en
equipamientos científicos tales como el gran telescopio de Canarias, el laboratorio de luz Sincrotron o el proyecto ITER, un proyecto de fusión nuclear que contempla una inversión de 4.500 millones de euros, no de pesetas, y la posibilidad de
incrementar 30.000 puestos de trabajo.
Sin más, yo espero que los grupos apoyen esta iniciativa porque sin duda alguna va a contribuir a fortalecer el mapa científico español.
La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Esta proposión no de ley también la hemos leído con interés. En el debate de la otra proposición no de ley, el anterior interviniente se preguntaba si el Grupo Popular podía proponer o no. Por Dios, cómo no va a
poder proponer el Grupo Popular o el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del Grupo Popular. Yo no voy a entrar en eso. Evidentemente, la autonomía de los grupos queda reflejada en estas iniciativas. Lo único que tienen que saber, y
se lo digo a mi buen amigo Reguera, es que, igual que el Grupo Popular puede proponer, el Grupo Socialista puede criticar. El que propone avanza cosas, pero también puede recibir críticas, aunque se vaya a votar a favor de esta proposición no de
ley. En la anterior no se nos ha dado ni las gracias por decir que íbamos a votar a favor aunque no se aceptara la enmienda.
Estoy convencido de que el señor Reguera agradecerá luego el voto positivo aunque no admita la enmienda que hemos
presentado.
El interés de esta proposición no de ley también se ha mezclado con algo que dije la otra vez, con sorpresa. Lo que pasa es que en este caso la sorpresa es mayor, porque estamos hablando de grandes instalaciones científicas y habrá que
medir qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular desde que gobierna, desde el año 1996. Antes hablábamos del espacio europeo de investigación, pero hay que partir del año 2000 y es un período menor. Estamos hablando de grandes instalaciones
científicas y se está pidiendo algo que el Grupo Socialista viene reclamando insistentemente en esta Comisión, que haya una planificación en el diseño y en la gestión de las grandes instalaciones científicas. Por lo tanto, nos ha causado sorpresa.
Algo que reconocemos es que son ustedes valientes al plantear este tema porque, sin consumir turno en el sentido de tener que presentar una iniciativa -hemos presentado varias-, dan una oportunidad al Grupo Socialista de poder decir lo que pensamos,
que el Gobierno lo ha hecho muy mal. Intentaré demostrarlo con algunos datos, rápidamente; no son sólo anécdotas lo que voy a decir sino que esa suma de anécdotas se convierte en una categoría y es que no ha habido una política de planificación ni
de gestión de las grandes instalaciones desde que ustedes gobiernan. En relación con lo que podríamos llamar oceanografía, hace unos dos años, el buque Hespérides partió dos días antes de que se reuniera el comité de gestión encargado de decidir el
destino del buque. Aquí se trató esta cuestión, lo calificamos de buque fantasma y nos dijeron que no; la explicación fue penosa, miren ustedes el 'Diario de Sesiones'. Si seguimos con la oceanografía, el 9 de enero, el señor Pique, ministro de
Ciencia y Tecnología, dijo que, con motivo de la catástrofe del Prestige, se iba a hacer un buque anticontaminación, un buque medioambiental. El mes pasado, ante preguntas de este diputado al secretario de Estado, respondió que no era cierto, que
el ministro se había confundido y que ese buque no se iba a hacer, que se va a hacer otro buque oceanográfico que se había prometido (ahí están las actas taquigráficas, y las he repasado) en el año 1997. Estamos en el 2003 y ahora dicen que ese
buque oceanográfico recurrente se va a hacer.
Esperemos. Respecto al Sincrotrón, hemos presentado numerosas iniciativas. Ha habido un retraso porque aquí se prometió por el señor Marimón, el anterior secretario de Estado, que se tomaría una
decisión en mayo o en junio de 2001. En el debate de los presupuestos para 2003, presentamos una enmienda aquí en el Congreso, que ustedes votaron en contra, para que se creara una partida específica
y hubiera una dotación. Al final, el Grupo Popular rectificó en el Senado y se hizo lo que había propuesto el Grupo Socialista, que hubiera una partida específica y hubiera una dotación. Al final, el Grupo Popular rectificó en el Senado y
se hizo lo que había propuesto el Grupo Socialista, que hubiera una partida específica y una dotación. Podíamos hablar de la red Iris, que es otra gran instalación. También lo hemos traído aquí. Se tardó un año en recibir a los trabajadores, que
habían enviado un escrito al ministerio para que se estufiara una nueva forma de gestión, una nueva dependencia para permitir una mayor flexibilidad y que fuera una red mucho más útil a los investigadores. Afortunadamente, este tema se ha tomado en
serio desde hace un cierto tiempo, desde que se trajo aquí, y hemos aprobado una proposición para que en un cierto plazo de tiempo -me parece que eran tres o cuatro meses- pueda haber ese plan de actuación específico respecto a la red Iris. Aquí
refiriéndonos a sincrotrones, hemos hablado de geometría variable. No se ha explicado nuestra participación con Francia en el Sincotron Soleil ni con el Reino Unido en el Sincotron Diamond. No sabemos qué nos van a dar los franceses o los
británicos respecto a esto. Quedan muchas dudas y sería interesante que hubiera ese plan de actuación.
En cuanto al proyecto ITER -lo ha tratado el señor Reguera-, el Grupo Socialista lo apoya sin fisura, y lo hemos dicho. Ahora, yo no pasearía este tema demasiado, pues más vale pájaro en mano que ciento volando.
Espero que no sea así, pero
si no se le concede a España, pues está en el alero todavía, no se quejen de que digamos que han ido presumiento de algo que no se ha conseguido. Ojalá venga. No hago más comentarios sobre esto.
Siendo todo esto anécdotas, lo más grave es un dato que a lo mejor no conocen, que el comité asesor de grandes instalaciones ha estado prácticamente entre cinco y seis años sin reunirse. Durante la primera legislatura no se reunió ni una
sola vez. Se reestructuró en el año 2001, a instancias de este grupo en un debate en esta Comisión y, a partir de 2001, empezó a emitir algún informe. Por eso le digo que nos dan la oportunidad, que les agradecemos, de volver a hablar de estos
temas que hemos traído recurrentemente y de reconocer algo que hemos venido demandando también, un plan de actuación. Claro que es necesario, pues la planificación es fundamental en este campo. Habría que saber qué grandes instalaciones queremos y
de qué: oceanografía, astronomía, materia condensada, física de partículas, redes de cálculo, biotecnología, Sincrotron. Si uno entra en la página web de la Asamblea Nacional Francesa, encuentra toda la información posible sobre sincrotrones, de
qué tipo, dónde están situados, etcétera. Aquí, en este Congreso, los parlamentarios no tenemos desgraciadamente esa asistencia. En ese sentido, que venga un plan de actuación nos parece bien.
Voy terminando. Ustedes proponen primero que haya un plan de actuación, lo cual a mi modo de ver es el reconocimiento de un error, de un fracaso; si ustedes piden que haya un plan de actuación es porque no existe y le puedo asegurar que no
existe ese plan de actuación. Nunca es tarde si la dicha es buena. Después, proponen una serie de ayudas, un mecanismo de financiación para el mantenimiento, para el reconocimiento. Tengo un dato, por ejemplo, que solamente el 3 ó 4 por ciento de
las becas Marie Curie vienen a España, una cantidad ridícula. Bienvenidas sean esas ayudas y esos mecanismos de financiación, etcétera. Aparte del sonrojo que se le puede causar al Gobierno (cuando digo al Gobierno no tiene por qué ser el equipo
actual sino el conjunto del Gobierno del Partido Popular, porque aparte de los cambios ésta es la realidad y no exagero nada), lo que les pido es que atiendan la enmienda que presentamos porque es sensata. Hemos dicho hasta la saciedad que sí
estamos a favor de las grandes instalaciones científicas con criterios, con planificación y con métodos de gestión adecuados, pero lo que también venimos diciendo es que no vaya en detrimento de la financiación del resto de los grupos de
investigación españoles que están funcionando y que no trabajan en esas grandes instalaciones científicas, es decir, que una cosa no quite fondos a la otra.
¿Cuál es nuestra enmienda de adición? Que se contemple esa posibilidad, que esta propuesta de actuación no significará disminución alguna de los fondos competitivos, es decir, de las convocatorias del plan nacional, destinados a la
financiación del sistema de ciencia y tecnología en España, que deberán incrementarse en el futuro, en las líneas recomendadas por la Unión Europea. Es una enmienda sensata, que no implica un grado de compromiso tremendo. A mí me gustaría
sinceramente, desde el punto de vista de que no parezca que el trabajo que se hace en el Parlamento no vale para nada y siempre se dice que no, etcétera, que tengan ustedes una cierta generosidad con una enmienda de estas características, pues se
dice que, aunque no se acepte, se va a votar positivamente la proposición no de ley. La enmienda plantea unos datos que suponen tener los pies sobre el terreno: sí a las grandes instalaciones científicas, sí a la planificación, sí a mejora de la
gestión, sí a las ayudas, pero por favor que no vaya en detrimento de los fondos destinados a otro grupo de investigación. Dénnos esa seguridad. Lo que planteo es sensato y me gustaría que ustedes aceptaran la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muy brevemente. Intervengo para hacer una propuesta de enmienda in voce con el fin de instar al Gobierno para que lo hiciera en colaboración con las comunidades autónomas. Sin embargo, entendemos también que esta
proposición debe tener nuestro apoyo porque es positiva para los proyectos científicos del Estado español. Dejamos abierta esa posibilidad
de inclusión, de esa expresión, pero de todas formas, sea cual sea la posición que adopte el Partido Popular, nuestro voto será favorable a esta propuesta porque entendemos que apoya iniciativas muy importantes para el Estado español, como
el sincrotrón, como el telescopio de Canarias, como el proyecto ITER, que necesitan todo el apoyo parlamentario de los grupos para que el Estado español tenga la mayor fuerza posible en foros internacionales a la hora de considerar necesarias estas
instalaciones para nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA: Finalizadas las intervenciones de defensa de enmiendas, tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Ya que han anunciado los portavoces de los diferentes grupos su voto favorable, se lo agradecemos como no podía ser de otra manera.
Nosotros creemos que las enmiendas que ustedes han presentado sobran, porque el espíritu en definitiva es el mismo. En una ocasión afirmaba a una portavoz del Grupo Socialista respecto al sincrotrón, que su defensa era similar a la del
Partido Popular, que parecía una enmienda del Partido Popular o una proposición no de ley del Partido Popular, porque en aquella ocasión la política que nosotros planteábamos era de apoyo al sincrotrón. No sé si lo recordará la señora portavoz del
Grupo Socialista, pero sí es cierto que en aquella ocasión se modificó la partida presupuestaria con respecto al sincrotrón.
En cuanto a la enmienda del Grupo Catalán, quiero decir que, si estamos hablando de grandes instalaciones científicas que van a estar en las comunidades autónomas, como en el caso del sincrotrón, me consta, y estoy seguro de que a SS.SS.
les consta también, que existe una relación directa en cuanto a las actuaciones y decisiones con respecto a esas grandes instalaciones en los diferentes lugares.
La aprobación de esta proposición no de ley beneficia la planificación y ordenación de las grandes instalaciones científicas, sobre todo se conseguirían mayores recursos económicos. Una de las cosas que perseguimos, con esta proposición no
de ley, aparte de las partidas que se vienen incrementando permanentemente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es aumentar los recursos para las grandes instalaciones. Como decimos, queremos que se contemplen becas, que se contemplen ayudas
de movilidad, que se contemplen partidas para nuevas construcciones, etcétera.
El señor Lissavetzky hablaba de la foto. Yo creo que antes había una foto en negro y ahora, a partir de la aprobación de esta iniciativa del Grupo Popular, hay una foto en color de las grandes instalaciones científicas en España.
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a interrumpir dos minutos para que los portavoces de los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo respecto a las enmiendas presentadas. (Pausa.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, vamos a reanudar la sesión para proceder a las votaciones de los diferentes puntos del orden del día que han sido debatidos.
Punto primero del orden del día, proposición no de ley relativa a la factoría de Izar-Fene, del Grupo Mixto, con las enmmiendas incorporadas que fueron aceptadas en el debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 16; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el punto segundo del orden del día, proposición no de ley relativa a la participación de la comunidad científica, en especial los investigadores y centros de investigación gallegos, en la resolución de la crisis del Prestige.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 17.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto tercero del orden del día, proposición no de ley relativa a un plan de investigaciones marinas para paliar la catástrofe del Prestige.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 16.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto cuarto del orden del día, proposición no de ley relativa a la adopción de las medidas necesarias para la simplificación del procedimiento de solicitud y concesión del abono social del servicio telefónico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 16.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto quinto del orden del día, proposición no de ley sobre realización de un programa de alfabetización digital para las mujeres discapacitadas, con especial atención a las que viven en el medio rural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 16.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto sexto del orden del día, proposición no de ley para que se incremente el gasto público en Investigación y desarrollo (I+D).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 16.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto séptimo del orden del día, proposición no de ley relativa a un plan de acción en el contexto del Espacio Europeo de Investigación (ERA).
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Perdón presidenta, para una cuestión de orden.
Antes de pasar a la votación del último punto del orden del día, querría hacer una aclaración mi compañero Reguera.
La señora VICEPRESIDENTA: El señor Reguera tiene la palabra.
El señor REGUERA DÍAZ: Yo no sé si antes quedó claro que en esta proposición no de ley nosotros perseguimos mayores recursos para las grandes instalaciones científicas. Como quiera que la enmienda del Grupo Socialista no rompe lo que
nosotros proponemos, que es aumentar recursos y que no se detraigan de otras partidas del Ministerio, vamos a aceptarla.
La señora VICEPRESIDENTA: Sometemos a votación el punto octavo del orden del día, proposición no de ley relativa a las grandes instalaciones científicas, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada por el
portavoz del Grupo Popular señor Reguera.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Dando las gracias a los servicios de la Cámara, se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.