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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 27, de 07/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 27
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DELEXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 7 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la
Mesa de la Comisión en su reunión de 31 de mayo de 2000 . . .
(Página 364)
Aprobación de la delegación a favor de la Mesa, a la que hace
referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 042/000002.) . . .
(Página 364)
Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Hacienda (De Rato Figaredo) para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su Departamento. A petición
propia. (Número de expediente 214/000007.) . . . (Página 364)
- Las líneas generales de la política de su Departamento. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/
000014.) . . . (Página 364)
- Las líneas fundamentales de actuación de su Departamento en la VII
Legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000030.) . . . (Página 364)
- Prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las
materias vinculadas a dicha Comisión durante la VII Legislatura. A
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 213/000048.) . . . (Página 364)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA
MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 31 DE MAYO DE 2000.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
En esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía y
Hacienda, quiero dar la bienvenida a todos los miembros de la misma y
hoy especialmente al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro
de Economía.
En primer lugar, solicito a los miembros de la Comisión la
ratificación, si es posible por asentimiento, de la celebración de
las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión
de 31 de mayo de 2000. ¿Se ratifica? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA DELEGACIÓN A FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000002.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, solicito la aprobación, en su
caso, de la delegación a favor de la Mesa, a la que hace referencia
la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de
1983, siguiendo los criterios de anteriores legislaturas. Para
delegar en la Mesa, pido también, por asentimiento si es posible, la
aprobación de los miembros de la mesa. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO
DE HACIENDA (DE RATO Y FIGAREDO) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000007.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/
000014.)
- OBJETIVOS DE SU DEPARTAMENTO EN LA VII LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000030.)
- PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS
MATERIAS VINCULADAS A DICHA COMISIÓN DURANTE LA VII LEGISLATURA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 213/000048.)
El señor PRESIDENTE: Hay tres peticiones de comparecencia del señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía a la que,
naturalmente, se acumula la petición que hace el propio
vicepresidente.
Para atender estas peticiones de comparecencia tiene la palabra el
señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato Figaredo): Buenos días a todos.
Ante todo, quiero mostrar mi satisfacción por comparecer ante la
Comisión de Economía del Congreso, saludar a todos sus miembros,
especialmente a aquellos
que forman por primera vez parte de esta Comisión, y agradecerles la
oportunidad que me brindan para presentar las líneas maestras de la
política de mi departamento en la reciente legislatura.
Esta es una comparecencia obligada por parte del Gobierno y además
característica en todos los principios de legislatura. Quiero, de
antemano, pedir disculpas por una cierta extensión en la misma, que
me parece imprescindible para fijar, desde un punto de vista formal y
expreso, la política del Ministerio de Economía en esta legislatura.
Quisiera dividir mi comparecencia en algunas reflexiones, en primer
lugar, sobre la evolución de la economía española, en segundo lugar,
pasar a describir cuál será la evolución futura en los próximos meses
y durante el presente ejercicio de la economía española; en tercer
lugar, describiré también los objetivos principales de la política
económica y, por último, haré, espero que corto, un balance de las
funciones y de los objetivos del Ministerio en sus dos secretarías de
Estado.
Empiezo por mi primera reflexión sobre la evolución reciente de la
economía española que, indudablemente, se refiere a los últimos años
y que me gustaría fijar en cuatro ejes: la política presupuestaria,
la política de reformas liberalizadoras, la política tributaria y la
reforma y modernización del mercado laboral.
Quisiera subrayar que la intención del Gobierno ha sido y continuará
siendo mantener una política presupuestaria creíble y claramente
orientada a la estabilidad; una política de reformas liberalizadoras
más intensas que la media europea y que desregulen a un ritmo intenso
la economía española; una política tributaria que se caracterice por
la flexibilización, modernización de nuestro mercado impositivo y la
recuperación, por un lado, de la elasticidad y, por otro, la
reducción de la presión sobre los contribuyentes, así como por nuevas
relaciones entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes y por
último, pero ni mucho menos la menos importante, la continua
modernización y reforma de nuestro mercado laboral para adaptarlo a
las necesidades de la sociedad española y mantener un intenso ritmo
de empleo en relación al ritmo de crecimiento.
Desde 1997, como SS.SS. saben, la economía española está creciendo
por encima del 3 por ciento, aproximadamente más de un punto superior
a la media de la zona euro, y hemos de tener en cuenta que durante
los años 1998 y una gran parte del año 1999 hemos vivido una intensa
crisis financiera y comercial internacional que de alguna manera ha
puesto a prueba y ha demostrado la viabilidad de nuestro modelo de
crecimiento y de nuestra política económica. Quisiera también
subrayar que este crecimiento superior al 3 por ciento desde 1997 se
ha producido con una traslación al empleo, la más intensa de nuestra
historia más reciente, y sin embargo quiero, al comienzo de mi
intervención, una vez más, también enfatizar que el desempleo sigue
siendo el principal problema de nuestra economía y de
nuestra sociedad. La reducción del déficit público ha sido, sin duda,
la piedra angular de la política económica, con una reducción entre
1995 y 1999 del 6,6 por ciento al 1,1 por ciento del producto
interior bruto, lo cual supone una reducción mucho más intensa que
los 3,6 puntos en la zona euro o los 2,3 puntos en la Europa
a Quince. Al mismo tiempo, la inflación, tanto la general como la
subyacente, se ha reducido de manera notable y se ha alineado con las
de nuestros principales países europeos, teniendo en cuenta nuestros
niveles de convergencia real y también de crecimiento. Y los tipos de
interés, que se han reducido en toda la zona euro, sin embargo lo han
hecho de manera mucho más intensa en nuestro país, en aproximadamente
500 puntos básicos.
Además de esta política de rigor y austeridad, en nuestra opinión
como consecuencia de la misma, se ha generado un aumento del clima de
confianza de los agentes económicos, consumidores e inversores
principalmente, lo cual nos ha permitido, junto con las reformas
estructurales, acceder a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria en el primer momento, es decir, a la creación del euro. En
definitiva, estamos ante un escenario de crecimiento estable,
sostenido e intensivo en creación de empleo. La demanda interna ha
crecido desde 1998 más de un punto y medio por encima de la Europa de
los Once y la inversión también ha crecido en el mismo período
prácticamente cuatro puntos por encima de la media. Como he
mencionado ya en varias ocasiones, el empleo es uno de los rasgos
distintivos del intenso crecimiento de la economía española y del que
podemos sentirnos orgullosos. En ese sentido, podemos constatar que
se ha reducido el paro en casi ocho puntos, hasta situarlo en una
cifra todavía la más alta de la Unión Europea, 15,01 de la población
activa, pero sustancialmente inferior al 23 por ciento que teníamos
hace cuatro años. También la tasa de ocupación se ha incrementado
hasta 5,4 puntos porcentuales y ha aumentado asimismo la relación
entre empleo y crecimiento económico y todo ello a pesar de que la
población activa se está incrementando desde mediados de 1999 y en
estos momentos alcanza una cifra histórica de 16.700.000 personas.
Como sabe la Comisión, desde 1996 -y me remito a los datos
comparativos de los últimos datos EPA- la economía española ha creado
dos millones de empleos, el empleo está creciendo, desde comienzos de
1997, a más del doble que la media europea y junto a ello se ha
reducido el número de desempleados en un millón de personas. Sin
duda, la reforma laboral acometida en el año 1997 mediante los
acuerdos con los interlocutores sociales ha permitido, por un lado,
reducir la temporalidad todavía de manera claramente insuficiente,
que ha pasado del 33,5 por ciento al 31,6 por ciento, y también, sin
duda, ha permitido aumentar el número de mujeres que ha accedido a un
puesto de trabajo.
Desde el punto de vista del sector exterior se ha producido una
verdadera transformación en los últimos
años, tanto por lo que respecta a nuestro aumento en la cuota de
comercio mundial como por lo que respecta a nuestra presencia como
inversores en el conjunto de las economías. En este sentido, creo que
el esfuerzo de estabilidad que se ha realizado en la economía
española, y que también sintoniza con nuestra presencia en el euro,
ha permitido que hayamos sorteado la crisis financiera y comercial
internacional del año 1998 y a principios de 1999 con un coste para
nuestro crecimiento claramente inferior al de otros países de la OCDE
y también al de otros países euro.
La mejora del sector exterior se aprecia en los siguientes rasgos.
Estamos claramente ante una de las economías más abiertas de la OCDE
-por encima de países tan importantes como Francia o Alemania- y
tenemos un grado de apertura del 61 por ciento. Las exportaciones
españolas han crecido en los últimos cuatro años a un ritmo del 10
por ciento de media anual, lo cual ha sido superior al crecimiento
del comercio mundial y nos ha permitido ganar cuota de mercado en
cada uno de los años.
Con los últimos datos disponibles, las exportaciones españolas están
en estos momentos creciendo por encima de las exportaciones de los
principales países europeos. Eso quiere decir que también estamos
ganando cuota de mercado dentro de la Europa de los Once, lo cual es
indudablemente muy importante dado nuestra dependencia geográfica
desde el punto de vista de las exportaciones respecto a esa zona.
Las exportaciones españolas han mejorado su competitividad en 1999 en
un 5,4 por ciento frente a la OCDE, diciembre sobre diciembre, y en
media anual la mejora de la competitividad se sitúa en el 3 por
ciento. El índice de tendencia de la competitividad es en estos
momentos del 81,7 por ciento, que es el más positivo de los últimos
diez años. Frente a la Unión Europea a Quince, la competitividad en
el precio de las exportaciones ha mejorado un 1,7 por ciento en
diciembre de 1999 frente al mismo mes del año 1998, que son los
últimos datos que tenemos. Pero, sin duda, una de las características
más importantes de la presencia económica española en el mundo lo
supone la internacionalización de nuestras empresas en los últimos
años, que se refleja, sin duda, en la mayor inversión española en el
exterior.
Como la Comisión conoce, desde 1997 la inversión directa española en
el exterior supera a la inversión directa extranjera en España, que
tampoco ha decrecido, y en 1999 la inversión española directa en el
exterior alcanzó una cifra histórica de más de 5 billones de pesetas
-exactamente 5,2 billones de pesetas-, lo que representa un 5,4 por
ciento de nuestro producto interior bruto frente a una cifra del 0,5
que representaba en el año 1995. Eso puede indicar hasta qué punto se
ha producido un extraordinario esfuerzo por parte de los inversores
españoles en la internacionalización de la economía.
También es importante constatar que la inversión directa junto con la
inversión en cartera alcanza en este momento los 12,8 billones de
pesetas y registra un aumento del 1.640 por ciento frente a los datos
del año 1995.
En este contexto somos todos conscientes que España se ha convertido
en el segundo inversor en un área tan importante como Latinoamérica,
tan sólo detrás de los Estados Unidos, y esta inversión se está
dirigiendo a sectores de tanta importancia como las
telecomunicaciones, el mundo financiero, el transporte o la energía.
Dentro de nuestra actividad exterior quisiera mencionar, sin duda, el
turismo, que mejora cada año su aportación a la balanza de pagos en
porcentaje del producto interior bruto. En ese sentido también me
gustaría destacar que los últimos cuatro años el turismo español ha
crecido un 28 por ciento frente a un 10 por ciento del turismo
mundial, es decir, prácticamente triplicando el ritmo de incremento
del turismo mundial. El número de turistas ha pasado de 40 millones
en 1996 a 51,7 millones en 1999 y los ingresos por turismo han pasado
de 3,8 billones de pesetas a más de 5 billones de pesetas, lo que
representa un aumento de aproximadamente el 30 por ciento. Todo ello
ha permitido al sector generar un saldo superavitario del 4 por
ciento del producto interior bruto en 1999 frente al 3,6 por ciento
en 1995. En estos momentos me gustaría darles los últimos datos del
primer cuatrimestre del año 2000 en cuanto a las entradas de
turistas, con un incremento superior al 12 por ciento y con una
previsión para el verano del año 2000 con crecimientos que estarán
entre el 5 por ciento y el 6 por ciento, lo cual indicaría que
nuestra industria turística está asentada en una gran capacidad de
competir en el turismo mundial, a lo que haré referencia con más
detalle cuando hable de los planes del Gobierno respecto a este
asunto en la última parte de mi intervención.
La mejor evolución coyuntural de nuestra economía, comparada con la
media europea, ha provocado claramente un ensanchamiento del déficit
comercial y del déficit corriente. Sin embargo -y creo que esto es
muy importante-, no se han generado tensiones en el sector exterior y
únicamente en el año 1999 se ha registrado un déficit por cuenta
corriente y de capital que ha sido aproximadamente del 0,9 por ciento
del producto interior bruto, provocado por el fuerte crecimiento del
déficit comercial que alcanzó el 5,4 del producto interior bruto. El
déficit comercial se ha visto compensado por el superávit turístico y
el buen comportamiento del resto de las sub-balanzas de la balanza de
pagos.
Me gustaría ahora, señor presidente, referirme a las cuestiones
relacionadas con los precios y los tipos de interés. Este elevado
crecimiento económico, especial de nuestra demanda interna, ha sido
posible gracias a un claro control de la inflación. El consejo de
gobierno del Banco Central Europeo considera estabilidad de precios
una tasa de variación del índice de precios
al consumo en el entorno del 2 por ciento. Desde el año 1997 la
economía española fluctúa en torno a dicho límite, aunque, como todos
somos conscientes, en los últimos meses y especialmente a partir del
verano de 1999, estamos asistiendo a un claro repunte de los precios
que esperamos vaya corrigiéndose a lo largo del presente ejercicio.
En efecto el índice general ha alcanzado en el mes de abril el 3 por
ciento, como consecuencia, fundamentalmente, del incremento del
precio del petróleo y de la depreciación de la moneda. En ese sentido
podemos comprobar cómo la inflación subyacente -que como la Comisión
conoce refleja los componentes más estables del índice de precios al
consumo- se sitúa, desde aproximadamente dos años, en un índice del
2,2 por ciento, lo que, en nuestra opinión, representa un nivel
aceptable en comparación con el de otros países europeos.
En términos de diferencial con la Unión Europea -y creo que este es
un tema que interesa a la Comisión y sin duda a la opinión pública,
habida cuenta de que estamos ya inmersos en una misma política
monetaria-, nuestro diferencial se ha estabilizado en torno a un
punto en los últimos dos años. Creemos que esta diferencia debe ser
reducida y, por tanto, es objetivo del Gobierno reducir este
diferencial con la Unión Europea a límites más estrechos. No obstante
-y creo que podríamos convenir todos en ello-, la economía española
va a mantener diferenciales con la Unión Europea a Once como
consecuencia del proceso de convergencia real. No creo que sea
posible especificar cuál puede ser ese diferencial, en nuestra
opinión debe ser inferior a un punto, en el que nos encontramos en
estos momentos y, por lo tanto, planteo ante la Comisión que uno de
los objetivos claros de la política económica del Gobierno será
reducir este diferencial. Lo verdaderamente preocupante, en nuestra
opinión, sería que el diferencial de un punto, que es en el que
estamos instalados desde hace aproximadamente dos años, afectara a la
competitividad de nuestra economía y que esta pérdida de
competitividad afectara al crecimiento y al empleo. En estos momentos
nada parece indicar que se esté ya produciendo esto y también hemos
de ser conscientes de que el funcionamiento del mercado laboral está
permitiendo que la evolución de la remuneración de los asalariados en
España sea similar a la media europea, desde el año 1997, y también,
desde otro punto de vista, el crecimiento de nuestras exportaciones
está siendo superior al de nuestros socios europeos. De hecho, como
ya he dicho antes, España está ganando cuota de mercado, tanto en la
Europa de los Once como en el conjunto de la economía mundial. Sin
embargo -y o quiero dejar de subrayarlo, aunque estoy seguro que los
portavoces de los grupos lo señalarán con tanto o más énfasis que
yo-, el Gobierno debe comprometerse, y se compromete, a una política
que reduzca el diferencial con la Unión Europea en términos de
precios.
Desde el punto de vista de la política monetaria, sin duda el
instrumento básico en la reducción de las tensiones inflacionistas,
durante la pasada legislatura y especialmente a partir del 1 de enero
del año 1999, se ha producido un hecho trascendental en nuestra
historia desde el punto de vista, tanto económico como, sobre todo,
político, que ha sido nuestra cesión de soberanía, en términos de
política monetaria, al Banco Central Europeo como consecuencia de
nuestra incorporación a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. En ese sentido, es importante -habida cuenta de que
llevamos ya más de un año de experiencia de política monetaria común-
analizar que desde la implantación del euro la autoridad monetaria ha
llevado a cabo una política monetaria expansiva, con tipos de interés
real, desde mediados de 1999, cercanos al 1,5 en la zona euro e
incluso inferiores en algunos momentos, lo cual, desde el punto de
vista del interés real, podría llevarnos a compararnos con zonas tan
distintas a la nuestra como Japón.
A esto hay que añadir, y es importante tenerlo en cuenta, la
depreciación de la moneda. No es fácil trasladar de manera automática
cuáles pueden ser, desde el punto de vista de la política monetaria,
los efectos de la depreciación de la moneda, pero varias
instituciones, tanto públicas como privadas, vendrían a indicar que
una depreciación del 10 por ciento equivale a una reducción de 1
punto en los tipos de interés. No quiero, de ninguna manera, avalar
esa posición, pero en estos momentos es la más común en las
instituciones financieras y creo que la Comisión debe tenerla en
cuenta al analizar la política monetaria europea. Esto se ha
traducido, en el conjunto de la Unión Europea, en una muy importante
expansión del crédito al sector privado, tanto a empresas como a
familias, más importante en los países en los que la demanda interna
-como es el caso de España- ya era suficientemente potente. Creo que
también es perfectamente conocido que la preocupación del Banco
Central Europeo -incluso reconocida durante la primavera del año
1999- era la extremada debilidad de las demandas internas de las
economías centrales.
Como he dicho, en estos momentos los agregados monetarios están
creciendo en la zona euro claramente por encima de las previsiones.
El objetivo de crecimiento del 4,5 para el llamado M3, ha sido del
6,5 en abril, siendo en España del 7,8. Por tanto, estamos en una
política monetaria que podríamos calificar de expansiva, lo cual
tiene consecuencias para las políticas que dependen de nuestra
voluntad, como es el caso de la política presupuestaria. En cualquier
caso -y creo que es una conclusión razonable-, hemos de constatar que
España ha entrado en un claro proceso de convergencia real, que ha
coincidido con el proceso histórico de convergencia nominal y la
entrada en el
euro y, por tanto, paso ahora, señor presidente, a analizar cuáles
son las perspectivas de futuro de la economía española en este
contexto.
El diseño de la política económica para los próximos años, que ya fue
anunciado por el presidente del Gobierno en el debate de investidura,
propone continuar en la línea desarrollada en la pasada legislatura y
se centra claramente en el mantenimiento del rigor presupuestario
y en avanzar y profundizar en las políticas de liberalización y
flexibilización de mercados y productos. El objetivo central de esta
estrategia continuará siendo asegurar un marco macroeconómico estable
que posibilite una intensa expansión de nuestra actividad, sin
generar desequilibrios significativos; es decir, el objetivo de esta
legislatura para el Gobierno no es otro que el mantenimiento de un
crecimiento sostenido y sostenible a lo largo de la legislatura. Para
ello, es imprescindible, en nuestra opinión, una adecuada combinación
de los instrumentos de política económica que permita que nuestro
crecimiento se mantenga en torno al 3,5 por ciento a lo largo de la
legislatura. Para ello, y como también la Comisión conoce porque ha
sido anunciado por el presidente del Gobierno, pero también es una
cuestión básica, que debe formar parte de mi primera intervención
como responsable de la política económica, es propósito del Gobierno
acelerar el calendario de consolidación fiscal y anticipar el
equilibrio presupuestario al año 2001, un año antes de la propuesta
planteada en el programa de estabilidad del Reino de España para el
período 1999-2003, que fue debatido por la Comisión de Economía en la
pasada legislatura. En este sentido, el objetivo de la eliminación
del déficit público se centrará en la contención de los gastos
corrientes; sin embargo, el Gobierno tiene compromisos, que mantendrá
a lo largo de esta legislatura, sobre cuestiones que afectan al
crecimiento a medio plazo y al potencial de crecimiento, como es la
inversión en capital fijo, humano y tecnológico, y también a una
reducción del peso de los ingresos y de los gastos públicos en
términos de producto interior bruto.
Si la Comisión me permite, me gustaría decir que el modelo económico
del Gobierno está en una combinación de una fuerte expansión
económica y una decreciente necesidad financiera pública que permita
al sector privado el acceso a los recursos necesarios para continuar
por una senda elevada de creación de empleo en el proceso de
convergencia real al que me he referido anteriormente. Creo que esta
combinación de crecimientos intensos desde el punto de vista del
producto interior bruto y reducciones también intensas desde el punto
de vista de las necesidades financieras públicas ha sido una de las
claves de la legislatura pasada, y es claramente intención del
Gobierno continuar en esa dirección. Por ello, los objetivos de la
política presupuestaria en España no pueden ser exclusivamente los
objetivos de la Administración general del Estado. Quiero subrayar
que el Gobierno ya desde la legislatura
pasada ha establecido acuerdos con las administraciones
territoriales, tanto con las autonómicas como con las locales, para
converger en la reducción y desaparición del déficit público en el
año 2001, siendo, en el caso de la Administración general del Estado,
un año de adelanto sobre el compromiso establecido. Quiero decir que
también, desde el punto de vista de estos compromisos, el proceso de
corresponsabilidad fiscal es de gran importancia, como lo es también
la existencia de normas claras que disciplinen la actividad
presupuestaria. Creo que la pasada legislatura fue un buen ejemplo
con las modificaciones introducidas en la Ley de disciplina
presupuestaria y, como el ministro de Hacienda ya ha anunciado, y
supongo que debatirá en esta misma Comisión, serán objeto de una
nueva ley presupuestaria que remitirá el Gobierno a la Cámara.
Junto a la política presupuestaria, y en un contexto en el que el
Gobierno carece de competencia para actuar sobre la política
monetaria -no sólo el Gobierno, sino el Estado español-, cobran
importancia creciente las políticas de oferta. En ese sentido, el
Gobierno está convencido de que hemos de avanzar en las reformas
estructurales orientadas a la liberalización y flexibilización de los
mercados de bienes, servicios y factores productivos. El objetivo
último perseguido es, sin duda, una mayor eficiencia en la asignación
de recursos y el logro de un entorno económico cada vez más flexible,
dinámico y que a su vez se transforme en un crecimiento duradero y
equilibrado. Las medidas liberalizadoras que el Gobierno ha adoptado
en la pasada legislatura en sectores tan importantes como las
telecomunicaciones, la energía eléctrica y los hidrocarburos han
permitido, por primera vez en nuestra historia, reducciones
constantes de tarifas que en el caso de la electricidad suponen una
caída del 25 por ciento, en términos reales, y en el caso de las
tarifas telefónicas estamos en caídas de media de casi el 17 por
ciento. Esto nos indica que el camino iniciado es, en nuestra
opinión, el correcto y que vueltas a sistemas de mayor intervención o
de mayor protagonismo de la actividad reguladora del gobierno, serían
un error desde el punto de vista de la intervención. Por eso nos
proponemos completar el proceso en fechas próximas presentando
medidas de liberalización y de profundización de la competencia en
los principales sectores de actividad económica y también en sectores
y medidas que afecten a los incentivos al ahorro de las familias y de
las empresas, así como a la internacionalización de la empresa.
Desde el punto de vista de las políticas liberalizadoras, juega un
papel determinante, en nuestra opinión, la defensa de la competencia,
que seguirá siendo una de las principales herramientas utilizadas por
el Gobierno para aumentar la capacidad de la oferta española que
pueda responder a los impulsos de la demanda sin poner en peligro el
crecimiento equilibrado. En esesentido, quisiera subrayar que las
reformas introducidas
en abril de 1999 y que hacían obligatoria la notificación a los
órganos de defensa de la competencia de las operaciones de
concentración han tenido efectos que yo creo que son muy importantes.
Piensen ustedes que en una trayectoria ya extensa de nuestras leyes
de competencia que empieza en el año 1989, en diez años se habían
notificado 70 operaciones de concentración a las autoridades de la
competencia, mientras que en un solo año se han producido más de
cien. Por tanto, estamos ante un fenómeno de gran importancia y creo
que la medida que debatió la Cámara en su momento sobre la obligación
de notificar a los órganos de defensa de la competencia las
operaciones de concentración ha sido de gran importancia.
Estas medidas de aplicación más inmediata que el Gobierno va a
plantear a debate en las próximas semanas vendrán acompañadas también
del proceso de modernización del mercado laboral, que también ha
comenzado a negociar el Gobierno con los interlocutores sociales. En
ese sentido, creo que la experiencia de la reforma de 1997 nos ha
mostrado claramente que el diálogo social es una vía de gran calidad,
podríamos decir que la principal vía, por la que se pueden afrontar
las modernizaciones de un mercado que lo que debe buscar es la mayor
capacidad de creación de empleo y de empleo de mejor calidad. El
Gobierno está convencido de que debemos profundizar en la estabilidad
en el empleo, en la extensión del contrato a tiempo parcial estable,
en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y en una
negociación colectiva que cada vez más acerque los salarios a la
evolución de la productividad.
Por último, no quisiera dejar de destacar, desde el punto de vista
del Gobierno en política económica, la necesidad de incrementar el
nivel de desarrollo tecnológico de nuestro país, lo cual se
manifiesta, por un lado, con el objetivo del Gobierno de aumentar la
participación de investigación y desarrollo en el producto interior
bruto desde el 0,9 en estos momentos al 1,3 y, por otro, desde el
punto de vista de responsabilidades concretas en un Ministerio que,
como ustedes conocen, ha sido una de las novedades del nuevo
Gobierno.
Todas estas cuestiones están perfectamente enmarcadas dentro de la
política europea, creo que es importante destacarlo puesto que
formamos parte de la Unión Europea y el proceso de coordinación de
políticas económicas a que también haré referencia es de máxima
importancia.
Como puede la Comisión constatar, en la cumbre celebrada en Lisboa el
pasado mes de marzo fue precisamente España, junto con el Reino
Unido, el principal impulsor de lo que se conoce ya como el proceso
de Lisboa. Ese proceso marca la obligación por parte de los países
euro de acometer reformas liberalizadoras y ese proceso vendrá
subrayado con el establecimiento de índices concretos que marquen los
objetivos de liberalización en los países euro, como fue acordado el
pasado lunes en la reunión del Ecofin, a petición de España, en las
orientaciones de política económica que aprobará el Consejo Europeo
de Portugal la semana que viene.
Desde el punto de vista de esta legislatura, volviendo al tema del
empleo, quisiera decir que el objetivo del Gobierno es que la
economía española sea capaz de crear 1.400.000 empleos en la próxima
legislatura, lo cual nos permitiría reducir la tasa de paro por
debajo del 10 por ciento por primera vez desde los años setenta
y estaría protagonizada por el aumento del empleo juvenil y femenino.
También haré después referencia a las nuevas previsiones del Gobierno
respecto a la creación de empleo en este ejercicio. Lo voy a hacer
ahora mismo. Pero antes quisiera hacer referencia a nuestra política
europea, que sin duda también forma parte de las responsabilidades de
este Ministerio con nuestra presencia en el Ecofin.
En el año 2002, tras un breve periodo transitorio, se producirá, como
sabe perfectamente la Comisión, la implantación de la moneda única y
la utilización en todos los ámbitos de la vida cotidiana de esta
moneda que, sin duda, será un instrumento básico en el
fortalecimiento del mercado único europeo. En los próximos años, por
tanto, tendremos que avanzar, por un lado, en familiarizar a los
ciudadanos, cada vez con mayor intensidad, con una moneda que será su
única moneda a partir del año 2002 y que ya es utilizada en las
transacciones financieras, y esa familiarización tiene que venir
protagonizada por la sociedad, sobre la que el Gobierno continuará
actuando con los planes de divulgación que la Comisión conoce y que
sin duda serán objeto de información detallada a lo largo de los
próximos meses. Pero, al mismo tiempo, como consecuencia de nuestra
pertenencia a la Unión Europea, se produce la necesidad de una clara
e intensa coordinación de las políticas económicas en el seno de la
Unión Europea. Quiero recordar a la Comisión que en el año 1998 se
estableció la necesidad de que la reunión del consejo Ecofin de los
ministros de Finanzas de la Unión Europea viniera precedida de una
reunión informal, en términos europeos, de los ministros de los once
países que forman el euro, que dentro de muy poco espero que podamos
ser doce con la incorporación de Grecia. Esa reunión informal se está
celebrando ya de manera constante y previa a todas las reuniones del
Ecofin. En estos momentos, como sabe la Comisión, existen posiciones
respecto a la necesidad de profundizar en la eficiencia del Euro 11.
Sin duda, a lo largo de los últimos 12 meses se ha dado un paso muy
significativo, la representación externa del euro, la presencia del
presidente del Euro 11 en todas las reuniones internacionales en las
que esté afectada la moneda, principalmente las reuniones del G-7.
Ese ha sido un proceso importante que continuará en los próximos
meses para robustecer el trabajo del Euro 11, que en mi opinión
tendrá que venir marcado por un comité monetario que prepare de
manera más intensa las reuniones del Euro 11 que se celebran cada
mes.
El proceso de coordinación de políticas económicas está basado en la
consolidación presupuestaria. Quiero recordar a la Comisión que el
pasado lunes, a propuesta de la Comisión Europea, se aprobó por parte
de los ministros que el objetivo general, salvo excepciones
justificadas, será la desaparición del déficit público en el año 2001
en los países euro. El mejor funcionamiento de los mercados de
servicios básicos de capitales y de trabajo, como consecuencia del
proceso de Lisboa al que ya he hecho mención, y la lucha contra el
desempleo, la mejora de la cohesión social y la incorporación de
nuevas tecnologías. Quiero subrayar una vez más que nuestros
objetivos e instrumentos de política económica son plenamente
coincidentes con los que en estos momentos está marcando la Unión
Europea. Eso puede tener especial trascendencia para la Presidencia
española del Consejo de la Unión Europea, que como sabe la Comisión
nos corresponderá en el primer semestre del año 2002. Será la tercera
vez en nuestra historia que seamos presidentes del Consejo de la
Unión Europea. Eso, sin duda, deberá dar lugar a debates
y presentaciones por parte del Gobierno, en esta Comisión y en otras,
para que podamos fijar los objetivos de esa Presidencia. Ese será el
momento en el que tengamos la oportunidad de ejercer la Presidencia
del Euro 11 -entonces Euro 12 a todas luces- y la presencia por tanto
de la Unión Europea en los foros internacionales como el G-7 y otros.
Acontinuación, señorías, voy a plantearles las previsiones del
Gobierno para el año 2000. Me gustaría anunciar a la Comisión la
modificación del cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno
durante el debate de la Ley de presupuestos para el año 2000. En
estos momentos es posible y además necesario modificar el cuadro de
manera que respondamos a las nuevas realidades que se están dando en
la economía española. A todas luces y sin ninguna duda, desde finales
de 1999, como venían indicando las cifras del Instituto Nacional de
Estadística, se está produciendo en España un aumento del crecimiento
que responde a un aumento de su potencial de crecimiento. España,
hoy, es capaz de crecer más sin desequilibrios de lo que podía
hacerlo hace unos años y eso debe plantearnos objetivos ambiciosos de
crecimiento. Además, estamos en un contexto de recuperación de las
economías europeas y de fuerte crecimiento del resto de las economías
de la OCDE (exceptuando Japón) y, por lo tanto, eso nos aconseja
plantear a la opinión pública española una modificación de nuestras
previsiones del cuadro macroeconómico. En ese sentido, el Gobierno
considera que el crecimiento se situará en el año 2000 en el 4 por
ciento, recuperando por tanto la tasa del año 1998, una vez superada
la crisis financiera y comercial internacional; además, la
composición del crecimiento en el
año 2000 será más equilibrada que la del año 1999 con una ligera
desaceleración de la demanda interna y una menor contribución
negativa de la demanda externa al crecimiento. En esto son
coincidentes las previsiones de prácticamente todas las
instituciones. Este crecimiento más equilibrado es una buena noticia
puesto que nos permite establecer calendarios de mayor estabilidad,
con menores tensiones inflacionistas y con una posición creciente de
nuestra capacidad de competir en los mercados exteriores. En resumen,
esto nos indica que podemos crecer más durante más tiempo, lo cual
vendría a coincidir con los objetivos que el Gobierno plantea para
esta legislatura.
En ese sentido y también en la modificación del cuadro
macroeconómico, la evolución de la demanda interna vendrá determinada
por un claro mantenimiento del alto nivel de confianza de los agentes
económicos, con una ligera desaceleración del consumo final de los
hogares, con mantenimiento de las previsiones del consumo público y
también con una formación bruta de capital que va a mantener su
dinamismo en un contexto de buenas expectativas. Me gustaría también
anunciar a la Comisión que en el año 2000 recuperaremos cifras muy
importantes desde el punto de vista de la formación bruta de capital,
que llegará a representar el 25 por ciento de nuestro producto
interior bruto, lo cual creo que es una buena noticia desde el punto
de vista del futuro de la economía española y de su proceso de
modernización.
En cuanto al comportamiento de la demanda externa, tanto la revisión
al alza de las expectativas del comercio mundial como la
consolidación del crecimiento de nuestros principales socios
comerciales hacen claramente previsible un mayor dinamismo del sector
exportador y en consecuencia una menor contribución negativa del
sector exterior al crecimiento. El índice de precios al consumo irá
aproximándose al nivel de inflación subyacente a lo largo del
presente año, y por tanto a los objetivos de inflación que marca el
Banco Central Europeo.
El mercado de trabajo también ha sido objeto de revisión, y dado el
dinamismo del empleo en los últimos meses hemos revisado al alza las
previsiones de población activa y de empleo. El efecto combinado de
estos dos factores determina que la tasa de paro se sitúe a finales
del año 2000 en el 14,2 por ciento de la población activa y en
términos de EPA consideramos que se producirán unos 500.000 nuevos
puestos de trabajo en el ejercicio 2000, lo cual creo es una buena
noticia que nos acerca al objetivo de 1.400.000 empleos en la
legislatura. En términos de contabilidad nacional se prevé que la
ocupación crezca el 3 por ciento, medida en puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo.
La posición financiera exterior de la economía española también
mejorará levemente una décima respecto a lo que habíamos planteado en
el cuadro macroeconómico que acompañaba a los presupuestos y esto
será
como causa de la mejora del sector exterior. En este marco también
entendemos que será posible y necesaria una mayor reducción del
déficit público, y por lo tanto un esfuerzo adicional en
consolidación fiscal; el déficit público del conjunto de las
administraciones públicas se situará claramente por debajo del 0,8
del producto interior bruto.
Paso ahora, señor presidente, a comentar la estructura orgánica del
Ministerio de Economía. La nueva configuración de los departamentos
ministeriales que ha planteado el presidente del Gobierno ha
determinado la existencia de un Ministerio de Economía y de otro
Ministerio de Hacienda, que asumen las competencias que estaban
unidas en la pasada legislatura, pero que también absorben
competencias del ya desaparecido Ministerio de Industria y Energía y
algunas competencias del antiguo Ministerio de Fomento. Creemos
sinceramente que esta división va a permitir responder a los actuales
desafíos de la economía española de manera más eficaz, con la
existencia de dos ministerios separados en el caso de Hacienda y
Economía y también con la asunción por parte de Economía de
importantes responsabilidades del Ministerio de Industria y Energía.
La estructura del nuevo Ministerio de Economía refleja claramente
cuáles son las prioridades de la política del departamento. El
Ministerio de Economía asume el impulso de la liberalización
definitiva de los mercados de bienes, servicios y capitales, la
política de defensa de la competencia y el impulso de política de
pequeña y mediana empresa, así como la presencia española desde el
punto de vista económico en los mercados exteriores y la política
turística. En ese sentido el Ministerio se divide en dos secretarías
de Estado, una la de Economía, Energía y Pequeña y Mediana Empresa
y otra la de Comercio y Turismo. La novedad más importante, sin duda,
es la absorción o la presencia en este Ministerio de la Dirección
General de la Energía y de la Dirección General de Minas, que estaban
en el antiguo Ministerio de Industria, así como el establecimiento,
regulación y control de las tarifas de los servicios de
telecomunicaciones, que estaban atribuidas al Ministerio de Fomento.
Todo ello pretende poner bajo una misma responsabilidad las
cuestiones relacionadas con sectores económicos, que sin duda durante
esta legislatura tienen que avanzar en un intenso proceso de
liberalización y de competencia.
En coherencia con esta decisión, se adscriben al Ministerio de
Economía tanto la Comisión Nacional de la Energía como la Comisión
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, a lo que hay que
añadir la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ya estaba en
el Ministerio de Economía y Hacienda, así como las relaciones con el
Banco de España.Sin duda, la existencia de órganos reguladores con
plena autonomía es una de las grandes transformaciones
que se ha producido en la economía española en los últimos 10 ó 12
años.
Otra novedad de la reorganización del departamento es la creación de
dos nuevas Secretarías Generales, que tendrán bajo su responsabilidad
el desarrollo de dos sectores de actividad administrativa muy claros.
Por un lado, la secretaría general de Política Económica y Defensa de
la Competencia, que tendrá como función principal el desarrollo de
las políticas de liberalización de mercados y defensa de la
competencia, que sin duda constituyen dos de los pilares esenciales
de la política económica de los próximos años, como he venido
repitiendo, y por otro la Secretaría General de Turismo, que viene a
dotar con una mayor capacidad de coordinación y de representación
exterior a la Administración turística del Estado, al integrar por un
lado las áreas de oferta, que antes estaban en la Dirección General
de Turismo, con las áreas de demanda, que estaban en Turespaña.
También quiero subrayar una nueva composición y robustecimiento de
los instrumentos que tiene la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos del Gobierno, que está presidida por el ministro de
Economía y cuyo secretario es el Secretario de Estado de Economía,
que también permitirá -creemos- una más eficaz y más profunda
colaboración y coordinación del conjunto de las políticas económicas
y sectoriales del Gobierno.
Paso ahora a describirles las actuaciones por áreas del Ministerio de
Economía. Respecto a la Secretaría de Estado de Economía, Energía y
Pequeña y Mediana Empresa, tiene como he dicho -y quiero reiterarlo-
el impulso de la liberalización de mercados de bienes y servicios y
de capitales. En ese sentido, en el sector de hidrocarburos sin duda
el objetivo es la profundización en el proceso de liberalización del
sector, tanto a nivel del transporte como de comercialización; y aquí
me gustaría hacer referencia a cinco cuestiones.
Por un lado, la primera, en el sector del transporte vamos a trabajar
haciendo más transparente y más objetivo el acceso a las redes
logísticas. En segundo lugar, en el proceso de comercialización, y en
colaboración con las comunidades autónomas, estamos finalizando el
estudio que va a permitir fijar los criterios para la determinación
del número mínimo de gasolineras por zonas geográficas, estudio que
espero poder remitirlo a la Comisión en breve plazo y sin duda en lo
que queda de año, de manera que podamos no sólo tener un debate sobre
la cuestión, sino trasladar a la opinión pública la diferencia entre
el número de gasolineras que existen en nuestro país y las
necesidades que entendemos son imprescindibles para los próximos
años.
En el proceso de comercialización también vamos a tomar medidas para
que se favorezca la instalación de estaciones de servicio en las
grandes superficies, que es una de las grandes diferencias que
tenemos con otros países en el proceso de liberalización del sector
de comercialización de hidrocarburos. Tenga en cuenta la
Comisión que en España sólo el 3 por ciento de las gasolineras está
en grandes superficies, frente al 53 por ciento en Francia, el 24 por
ciento en el Reino Unido o el 11 por ciento en Alemania. Creemos que
existen razones objetivas para esta cuestión, que esperamos poder
resolver con propuestas que traeremos a la Cámara y que sin duda
exigirán la colaboración de otras administraciones. Además,
pretendemos cumplir con los objetivos de una mayor transparencia e
información de precios y también estamos actuando, como sabe la
Comisión y la opinión pública, sobre la necesidad de modificar los
actuales contratos verticales que están en vigor, con el objetivo de
evitar el uso abusivo en los suministros en exclusiva, también aquí
siguiendo las últimas decisiones de la Comisión Europea.
Respecto al sector del gas, es intención del Ministerio dar un paso
más en la liberalización del sector, dotando de mayor transparencia y
objetividad al uso de las infraestructuras gasísticas e impulsando
especialmente el papel de los comercializadores.
En materia de energía eléctrica, el objetivo prioritario es adelantar
las ventajas de la competencia a las economías domésticas. Como sabe
la Comisión, el próximo mes de julio, exactamente el 1.o de julio,
serán elegibles todos los consumidores que estén en alta tensión, lo
cual es prácticamente la totalidad de la industria española, y con
eso habremos liberalizado el 54 por ciento de la demanda, que como
puede comprobar la Comisión en ese cuadr es sin duda una notable
diferencia con la situación en que se encuentra la directiva europea,
que se situaría en el 28 por ciento, frente al 54 por ciento en
nuestro país. Sin embargo, las previsiones de liberalización del
sector eléctrico están fijadas en el año 2007 para todos los
consumidores, es decir para las economías domésticas, y es intención
del Gobierno plantear próximamente un avance de esa fecha a la
Comisión, y por tanto a las Cortes.
Quiero además recordar que el Gobierno ha fijado recientemente su
criterio sobre el mantenimiento de competencia en nuestro país en
tanto no se culmine el proceso de liberalización de Europa en el
sentido de que no es posible la reducción del número de operadores
eléctricos en nuestro país.
En relación con la minería del carbón, a lo largo de los próximos
años seguiremos aplicando estrictamente el plan de la minería y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que sólo para
fomentar las actividades alternativas al carbón cuenta con una
dotación presupuestaria de 520.000 millones de pesetas a lo largo de
ocho años, y que sin duda es una auténtica oportunidad histórica para
que estas regiones diversifiquen su estructura productiva y se
incorporen al proceso de crecimiento económico que está viviendo
nuestro país.
En relación con los mercados financieros, y con el objeto de
continuar promoviendo su modernización, vamos a elaborar un proyecto
de ley de modernización del sistema financiero que adecuará el marco
normativo a la realidad del euro y permitirá una rápida implantación
de las nuevas tecnologías. En particular pretende favorecer la
negociación de alianzas de nuestras bolsas con otros mercados
europeos e implantar una normativa de prestación de servicios
financieros a través de Internet. También es intención del Gobierno
modernizar el mercado de deuda pública poniendo en marcha un
ambicioso proyecto de colocación de deuda a través de Internet y
agilizando el sistema de subastas.
Durante el próximo año y medio este Ministerio tiene la importante
misión de facilitar la introducción de la nueva moneda euro en su
expresión física, coincidiendo con la Presidencia española de la
Unión Europea en el primer semestre del año 2002. Asimismo durante el
segundo semestre del año 2000 y el primer semestre del 2001, España
deberá presidir el grupo de acción financiera internacional contra el
blanqueo de capitales.
En relación con la política de competencia, me gustaría destacar de
manera clara ante SS.SS. que el Gobierno considera la política de
competencia como parte esencial de la política económica del Gobierno
y que tiene un claro carácter horizontal. Por tanto, el Tribunal de
Defensa de la Competencia es en opinión del Gobierno el órgano que
por ley debe fijar los criterios en todas las áreas en materia de
competencia.
En materia de pequeñas y medianas empresas vamos a continuar con la
política de apoyo iniciada la pasada legislatura, desarrollando el
plan de agilización y simplificación normativa para la competitividad
de las pymes que exige el compromiso con otras administraciones
públicas, y también en el proceso de agilizar y reducir los costes de
las tramitaciones administrativas. En ese sentido, es nuestra
intención impulsar el proceso de ventanillas únicas empresariales en
colaboración con las cámaras de comercio a lo largo de la próxima
legislatura y esperamos que el número, realmente reducido de cuatro
cámaras de comercio que en este momento aplican la ventanilla única
pueda aumentarse a lo largo de los próximos meses. También me
gustaría subrayar, desde el punto de vista de la política de pequeña
y mediana empresa, la financiación de proyectos empresariales
fomentando el capital riesgo y financiando proyectos innovadores
mediante la concesión de préstamos participativos, la titulización de
activos y potenciando algo que ha tenido un gran éxito como es la
línea ICO-PYME, que ascendió a más de un billón 200.000 millones de
pesetas en la pasada legislatura. Dentro de la política de pequeña y
mediana empresa, que representan el 90 por ciento de las empresas
españolas y el 70 por ciento del empleo, estamos hablando de temas de
gran importancia como son la internacionalización de las pequeñas y
medianas empresas y la aplicación y presencia de las pequeñas y
medianas empresas en la nueva economía y la aplicación en ellas de
las nuevas tecnologías.
También me gustaría destacar, como otro de los objetivos de la
Secretaría de Estado de Economía, la potenciación del desarrollo de
la previsión social complementaria a través de la modificación de las
condiciones de los planes de pensiones y seguros colectivos, en
particular la incorporación de la previsión social complementaria a
la negociación colectiva, fomentando fiscalmente la constitución de
fondos de pensiones para los cónyuges sin rentas salariales.
Paso ahora, señor presidente, a describir los objetivos de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. En cuanto a la proyección
de la economía española en los mercados exteriores, quiero comenzar
señalando que los últimos datos disponibles reflejan una
satisfactoria posición comercial en el exterior. Como ya he
comentado, en estos momentos y descontando el efecto de incremento de
los precios energéticos, en términos de volumen nuestras
importaciones se sitúan en el 12,9 y nuestras exportaciones en el 13
por ciento.
En estos momentos el sector exportador español presenta una elevada
concentración de operaciones, más del 71 por ciento de las
exportaciones españolas van dirigidas a los países de la Unión
Europea, y la misma tendencia, en este caso en América latina, es la
que podemos percibir en la inversión española en el exterior, en la
que Iberoamérica representa el 63,1 por ciento del total de la
inversión española en el exterior, con cifras muy importantes, ya que
en el año 1999 el 15 por ciento de la total inversión exterior en
Iberoamérica fue española.
En este sentido, creo que uno de los objetivos de la política
comercial del Gobierno debe ser ampliar las áreas geográficas de
atención de nuestras exportaciones y de nuestra inversión. Creo que
los planes de internacionalización planteados por el Gobierno en la
pasada legislatura han tenido éxito, como lo demuestran las cifras, y
en particular el Plan 2000 para la exportación, que se aprobó en el
año 1997 y que se planteaba el objetivo de dos mil exportadores de
pequeño tamaño en el año 2000. Creemos que debemos continuar con este
plan, potenciando su utilización, ya que las cifras van a ser mejores
de las previstas, el número de exportadores estables de pequeñas y
medianas empresas será de aproximadamente 2.070, y nuestro
planteamiento sería alcanzar al cierre de este ejercicio las 2.200
pequeñas empresas exportadoras y continuar con un nuevo programa de
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.
Además de aumentar la base de las pequeñas empresas exportadoras, en
nuestra opinión, debemos continuar ampliando la red de convenios de
doble imposición internacional, imprescindible desde el punto de
vista de los empresarios en su expansión internacional, y también
plantear y potenciar nuevos planes sectoriales prioritarios y abordar
nuevas áreas de negocio, tales como las nuevas tecnologías en el
sector servicio y el sector de medio ambiente.
Dentro de la política comercial exterior del Gobierno me gustaría
referirme ahora a los instrumentos financieros de cooperación
bilateral, que han recibido un notable impulso durante el período
1996/2000. En ese sentido y como la Comisión conoce, se han suscrito
37 programas financieros con 33 países, lo que ha supuesto suscribir
un importe global de un billón 230.000 millones de pesetas, de los
que 552.000 millones corresponden a créditos concedidos con cargo al
Fondo de Ayuda al Desarrollo, 660.000 millones de pesetas son
créditos comerciales con cobertura oficial de seguro a la exportación
y 18.600 millones de pesetas para la financiación de estudios de
viabilidad de proyectos.
Hasta mayo del año 2000 se han autorizado operaciones con cargo al
Fondo de Ayuda al Desarrollo, de los 552.000 millones suscritos que
he mencionado, por importe de 290.000 millones de pesetas, que ya se
han autorizado, y hay que destacar que más del 20 por ciento de estas
facilidades financieras han sido otorgadas a países que sufrieron
catástrofes naturales, como ha sido el caso del huracán Mitch, el
huracán George o el terremoto de Colombia.
El Fondo de Ayuda al Desarrollo ha permitido también financiar
importantes proyectos educativos, sanitarios, medioambientales y
tecnológicos, que al tiempo que brindan a nuestras empresas una
oportunidad de implantarse en mercados emergentes han contribuido
activamente al desarrollo económico y a la creación de empleo en esos
países y por tanto a la reducción de la pobreza. Es intención de este
Ministerio reforzar este instrumento de cooperación, que es sin duda
muy útil por su efecto multiplicador sobre el comercio y la inversión
exterior, y también utilizar los fondos de asistencia técnica y los
estudios de viabilidad financiados por el Gobierno español que abren
oportunidades de negocio para nuestras empresas y contribuyen a
generar proyectos de interés para los países destinatarios.
Quisiera dedicar especial atención a la salvaguarda de nuestros
intereses a través de las instituciones multilaterales, y en este
sentido tengo que dedicar algún tiempo a describir la situación de la
Organización Mundial de Comercio, en la que se han producido
importantes acontecimientos en fechas muy recientes. Por un lado, yo
creo que el acuerdo suscrito entre China y la Unión Europea plantea
muy buenas oportunidades para nuestras empresas. Con este acuerdo se
han alcanzado sustanciales reducciones arancelarias en 150 productos
en los que la Unión Europea es el principal exportador y se han
logrado importantes éxitos de apertura de China a servicios como
telecomunicaciones y seguros. El acuerdo además ha sido muy
beneficioso para España, dado que los logros conseguidos reflejan las
peticiones que nosotros habíamos planteado a los negociadores
europeos, y especialmente me gustaría subrayar los casos del sector
agroalimentario y del hábitat como los más importantes.
Para evaluar los beneficios de este acuerdo para el conjunto de los
productos españoles baste con indicar que estimamos que el arancel
medio se rebajará del 17,5 al 7,9 para nuestros productos en el
mercado chino. Además, China ofrece inmejorables posibilidades para
un sector como el turístico, en el que España es uno de los líderes
mundiales, y en el que nuestras empresas, por tanto, son
especialmente competitivas. La toma de posiciones de empresas
hoteleras españolas en este mercado se verá consolidado con la
previsible apertura del sector de cada capital extranjero con la
entrada de China en la Organización Mundial de Comercio.
Igualmente, quiero destacar las oportunidades potenciales que para
empresas como las constructoras y de ingeniería supone este acuerdo y
recordar a la Comisión que está prevista una feria en Shanghai sobre
el tema de la construcción española que esperamos pueda producir
efectos multiplicadores en la presencia de nuestras empresas en ese
mercado.
En el seno de la Unión Europea el Gobierno está trabajando para
impulsar cuanto antes una nueva ronda global de negociaciones
comerciales en el seno de la Organización Mundial de Comercio y
lograr con ello los beneficios que se derivan de la liberalización
para que estos beneficios se repartan de manera equitativa entre
todos los países participantes. En este sentido la Unión Europea,
como sabe la Comisión, ha acordado junto con Japón, Canadá y Estados
Unidos, un paquete de medidas que incluyen concesiones unilaterales a
corto plazo a los países en vías de desarrollo. En este marco es
donde a su vez hay que enmarcar la reciente cumbre celebrada entre la
Presidencia de la Unión Europea, en este caso de Portugal, la
Presidencia de la Comisión y la Presidencia de Estados Unidos, en
Portugal el pasado 31 de mayo, en la que se ha hecho una declaración
conjunta donde se manifiesta la necesidad de impulsar en este mismo
ejercicio una nueva ronda global, y creo que es un tema muy
importante, cuyos contenidos deberán ser consultados a los Estados
miembros. Respecto a la consulta de los contenidos de esta ronda
global España entiende que la nueva ronda debe ser completa y global,
no parcializada, y contemplar las necesidades de los países en vías
de desarrollo y de las economías de los países HIPC, que había sido
uno de los problemas a superar de la posición de Estados Unidos en la
reunión de Seattle.
Antes de concluir este capítulo, y ya muy brevemente señor
presidente, quiero hacer mención a las instituciones financieras
multilaterales. Creo que la presencia de España, cada vez con mayor
fuerza en mercados como el iberoamericano, así como los esfuerzos
realizados por el Gobierno español en el ámbito de la cooperación
económica y financiera bilateral, convierten a nuestro país en un
punto de referencia obligado en estas instituciones multilaterales.
Por tanto, es objetivo del Gobierno ir afianzando nuestra presencia
en las mismas
con las dificultades institucionales que muchos de ustedes
conocen. Sin duda, queremos estar e influir en el diseño de la nueva
arquitectura financiera internacional, tanto a través de la Unión
Europea como de nuestras relaciones con los países iberoamericanos y
en la necesaria adaptación de las funciones de las instituciones
financieras internacionales a la llamada nueva economía y al nuevo
contexto económico internacional, así como a las necesidades de los
países en desarrollo. En este sentido, España ha participado
activamente, en algunos casos incluso siendo de los primeros en las
reuniones del Ecofin, en el Fondo Monetario Internacional y en el
Banco Mundial, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo, en
las propuestas más coherentes de reducción de deuda de los países en
peor situación.
En el marco de la iniciativa impulsada internacionalmente por los
países pobres y altamente endeudados, España ya ha contribuido con
100 millones de dólares, a los que hay que sumar los 220 millones de
dólares para otros países del marco del Club de París y condonación
asumida bilateralmente. Este esfuerzo de reducción de la deuda se va
a completar en los próximos años con donaciones adicionales que van a
superar los 730 millones de dólares, de los que 70 millones de
dólares son aportaciones directas.
En este marco de actuaciones multilaterales y con fecha inmediata
como sabe la Comisión, España será nación anfitriona en el próximo
mes de julio en Madrid del grupo de apoyo al plan de paz de Colombia,
y también he informado el pasado lunes al Ecofin y a los socios
europeos sobre esta cuestión.
En materia de comercio interior, quisiera empezar destacando que el
sector de la distribución comercial en España es el segundo en
importancia económica, con una aportación al PIB superior al 13 por
ciento y una ocupación que representa aproximadamente el 17,5 del
total de los trabajadores españoles; por tanto es un sector de máxima
importancia. El Gobierno inició la pasada legislatura una política de
impulso a la modernización del comercio mediante el plan marco de
modernización del comercio interior, que está vigente desde el año
1996 y que hemos decidido prorrogar hasta el año 2003, además de
impulsar otros programas de ayuda y soporte a las empresas
comerciales.
La legislatura que acaba de comenzar va a ser muy importante en
acontecimientos y situaciones de gran trascendencia para la
distribución, por un lado la implantación efectiva del euro como
moneda única y también el desarrollo muy importante de las nuevas
tecnologías de la comunicación, la globalización de la economía y los
cambios estructurales de población y de hábitos de consumo. Por
tanto, creemos que el instrumento del observatorio de la distribución
comercial es un punto de gran importancia, es un punto de encuentro
entre todos los agentes del sector y permitetomar decisiones
consensuadas respecto a sus necesidades.
El creciente desarrollo de las teconologías de las comunicaciones
está produciendo un gran impulso en el comercio electrónico, aún poco
desarrollado en España y en Europa pero que previsiblemente va a
aumentar significativamente en el futuro próximo. Por ello vamos a
apoyar el correcto desarrollo de las nuevas modalidades de venta, de
modo que las nuevas tecnologías supongan una oportunidad al alcance
de todos los comerciantes para diversificar los canales de oferta
y ofrecer un mejor servicio a los consumidores.
Sólo me resta, finalmente, referirme a un sector de importancia
trascendental en nuestra economía como es el sector turístico, y que
ha representado en el año 1999 el 10,7 del producto interior bruto,
que ocupó en ese mismo año a 1.500.000 personas y que generó 70.000
nuevos empleos en la economía española, aproximadamente el 10 por
ciento del total del crecimiento del empleo. Hemos asistido en los
últimos años a una clara transformación del sector turístico, que
comienza probablemente a finales de la pasada década y que se ha
consolidado en los últimos años. Yo pienso que es conocido por la
Comisión que desde finales de los años ochenta España ha pasado a
transformarse en uno de los principales agentes turísticos del mundo
y en estos momentos somos el segundo destino, tanto en número de
turistas como en volumen de ingresos, en el conjunto de la industria
turística mundial. Entre 1995 y 1999 las entradas de turistas
extranjeros aumentaron en 12 millones de personas, lo que supone un
crecimiento del 28 por ciento frente al 10 por ciento del crecimiento
del turismo mundial, cosa que creo que ya les había mencionado. Estas
grandes cifras deben analizarse marcando objetivos para los próximos
cuatro años, y los dos más importantes serían la desestacionalización
y la diversificación geográfica. En el último cuatrienio hemos visto
que se ha producido un incremento en las entradas de turistas
extranjeros de manera más intensa durante los meses de invierno, lo
cual apuntaría a que nuestra industria está siendo capaz de responder
al proceso de desestacionalización y también estamos empezando
a comprobar cómo destinos como el norte peninsular, la España verde y
el Pirineo español son en este momento, junto con algunas áreas del
interior, las áreas más dinámicas del turismo español.
Estos resultados son sin duda el fruto de la modernización que ha
llevado a cabo el sector, que es el gran protagonista al que podemos
apuntar el éxito del turismo en España y creo que las
administraciones públicas, y en esto la Administración general del
Estado comparte muy importantes responsabilidades tanto con las
comunidades autónomas como con las administraciones locales, y entre
todos hemos sido capaces de implantar un sistema de trabajo, de
coordinación y de colaboración que está respondiendo al dinamismo del
sector privado. Pienso, señor presidente, que sería un grave error
para las administraciones públicas españolas y para el sector
turístico en general caer en cualquier
sentimiento de autocomplacencia. El turismo es un sector
abierto, competitivo, mundial, y por tanto las cosas pueden cambiar a
mejor o a peor dependiendo de cómo seamos capaces de hacerlo en los
próximos años. En ese sentido, nuestro sector turístico se encuentra
en un momento crucial, en el que debe aprovechar ventajas
comparativas importantes y una solidez que le sitúa, como he dicho,
en el segundo puesto del turismo mundial.
Muchos de los objetivos que hemos planteado en los últimos cuatro
años siguen vigentes en estos momentos. Son objetivos que tardaremos
muchos años en consolidar, como los que ya he dicho de la
desestacionalización y la desconcentración espacial, pero también
cuestiones relacionadas con la calidad, la educación, la formación y
la diversificación del producto son esenciales. Desde el punto de
vista de los cambios que se refieren a la demanda, estamos asistiendo
claramente a un acortamiento de los períodos vacacionales,
especialmente en Europa, y a una distribución de estos períodos
vacacionales a lo largo del año en las sociedades más modernas que
son nuestros principales clientes, y también la aparición de nuevas
motivaciones y en conjunto a una clara exigencia de mayor calidad y
de mejor relación precio-calidad. Esto exige además tener en cuenta
que están apareciendo destinos nuevos cada más competitivos y más
atractivos; por tanto se está produciendo un claro aumento de la
oferta a nivel mundial. En ese sentido también (y es una modificación
que se está produciendo en el sector turístico que no quiero dejar de
mencionar) las propias empresas del sector están respondiendo a este
proceso de mundialización de la economía y del sector turístico en
particular con operaciones de concentración de operadores en los
principales mercados. Estamos constatando que las empresas españolas
responden a eso con un intenso programa de internacionalización.
Creo que desde el punto de vista de las administraciones públicas
debemos colaborar y coadyuvar a este proceso y a estos desafíos a los
que se enfrenta el sector turístico español fomentando también la
implantación de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas de formación
en este sector. Creemos que los canales de información y de
comercialización se están transformando y que las autoridades
públicas tenemos que contribuir a ello con datos estadísticos cada
vez de mejor calidad.
Existe un aspecto que no quiero dejar de destacar ante la Comisión
desde el punto de vista de la política turística, y es por un lado la
apuesta por la calidad y también por el desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. La calidad debe ser cada vez en
mayor medida el rasgo que diferencie el producto turístico español y
nos estamos refiriendo a un concepto amplio de calidad que comprende
no sólo la calidad del servicio turístico en el sentido estricto -es
decir, la calidadde los hoteles y de los restaurantes-, sino también
la
calidad de los destinos y su conjunto: el entorno medioambiental, los
servicios públicos, las infraestructuras, la seguridad; por tanto
también a la existencia de ofertas complementarias que permitan a las
empresas profundizar en este esfuerzo de calidad y también en los
procesos de formación, mejorando la calidad y aumentando el grado de
la educación turística.
En este sentido quiero anunciar a la Cámara que este año se pondrán
en marcha 29 nuevos planes de excelencia y dinamización que
representan una inversión global de más de 10.500 millones de pesetas
y que la relación calidad-precio va a seguir siendo sin duda una
referencia fundamental de la competitividad del sector turístico. Es
cierto, y creo que todos somos conscientes de ello, que desde el
punto de vista de mejora de la calidad y de su relación con el precio
se está produciendo en amplios sectores de la industria turística
española una mejora en la situación de calidad, pero también es
cierto que los incrementos de precios deben tener en cuenta esos
incrementos de precios a nivel mundial y que el sector turístico
español ha de ser plenamente consciente de la apertura de este sector
y de la competencia internacional si no queremos perder la situación
de liderazgo que tenemos en estos momentos.
Como sabe perfectamente la Comisión no existe ninguna restricción a
la competencia, pero sí existen en estos momentos cuestiones que me
gustaría destacar en las que tenemos que centrar nuestra atención en
los próximos meses desde el punto de vista turístico. Por ejemplo,
restricciones en algunos casos a la actividad hotelera en las
ciudades, como pueden ser las restricciones de suelo, están actuando
como una barrera que impide una respuesta adecuada a la oferta en una
demanda que crece a ritmos cada vez más elevados. En ese sentido,
creo que dentro de la colaboración del Gobierno con autoridades
locales y autonómicas, la profundización en la capacidad de oferta de
suelo con características turísticas que en este momento en muchos
casos están englobadas en características terciarias puede ser una de
las soluciones a estos problemas.
Respecto a la calidad de la formación estamos concluyendo un informe
que remitiremos a la Cámara para analizar y diagnosticar la situación
de la formación en el sector turístico, y entre otras conclusiones,
creo que podremos pronto debatir el informe que defiende la creación
de la titulación superior en materia turística en España.
Respecto al medio ambiente que también he mencionado, no sólo es una
exigencia de la sociedad española sino de todos nuestros clientes
turísticos. También hemos de ser conscientes de que España en estos
momentos tiene el principal patrimonio de ecosistema en la Unión
Europea. El desarrollo turístico y la mejora del medio ambiente no
son ni pueden ser objetivos irreconciliables, sino al contrario. En
ese sentido creo que se han dado pasos en la pasada legislatura en el
año 1998 con la firma por primera vez de un acuerdo entre la
Administración turística del Estado y el Ministerio de Medio
Ambiente. En virtud de dicho acuerdo se han destinado más de 49.000
millones de pesetas a proyectos medioambientales que están
estrechamente relacionados con el turismo. En el año 2000 esta cifra
se va a elevar hasta 80.000 millones de pesetas y de aquí al año 2006
la cifra llegará a 855.000 millones de pesetas, lo que demuestra el
grado de aceptación por parte del sector de tener en cuenta el medio
ambiente como un instrumento básico de la política turística. Quiero
por ello anunciar a la Comisión que en este proceso de incorporación
del medio ambiente a la política turística este año se va a poner en
marcha por primera vez en España el proyecto de municipio verde que
ha afectado ya en el año 1999, cuando se puso en marcha, a 16
municipios y que va a suponer un proyecto de gestión integral en la
calidad medioambiental de los destinos de otros nueve municipios
durante este ejercicio.
El desarrollo del turismo cultural va a estar entre las prioridades
del Gobierno en los próximos años. En ese sentido hemos de ser
conscientes de que con más de 50 millones de turistas extranjeros que
visitaron nuestro país, ésta es una oportunidad sin duda única para
la promoción de la cultura española y para ello es imprescindible dar
pasos significativos en la planificación de los acontecimientos
culturales con suficiente antelación para que haga posible su
incorporación a la oferta de los operadores nacionales e
internacionales; establecer sistemas de comercialización asequibles
tanto a los intermediarios como a los viajeros y facilitar el acceso
a los monumentos y museos y obras del Patrimonio histórico- Artístico
español de los turistas en todos los días de la semana.
Quiero, señor presidente, pedir disculpas a la Comisión por la
extensión de mi informe, de los objetivos del Gobierno en el
Ministerio de Economía y Hacienda, perdón en Ministerio de Economía.
Menos mal que sólo es el Ministerio de Economía (Rumores. Risas.), lo
digo por la extensión del informe, y me pongo a disposición de los
portavoces para contestar a sus precisiones o planteamientos,
agradeciendo una vez a la Cámara la oportunidad que me ha dado para
la presentación de los objetivos del Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente y ministro
de Economía.
Se abre el turno de portavoces. En primer lugar y por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla Segura.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia. Tengo que decir que le he visto leer su discurso con
tal atención y a la Comisión escucharlo de manera tan apasionada que
le invito a que sean más frecuentes, no las lecturas de este
discurso, pero sí sus comparecencias en esta Comisión, y en todo caso
más frecuentes que lo fueron durante la legislatura pasada.
Ha habido momentos en los que me ha recordado que lo que nos estaba
leyendo tenía mucho que ver con el estilo del realismo mágico, es
decir esa combinación de hechos reales con interpretaciones
fabulosas. Sin duda por ello ha dejado al margen algunos
acontecimientos de actualidad, como las manifestaciones que están
teniendo lugar en estos momentos por las calles de Madrid de
agricultores, transportistas, taxistas, que seguramente no comparten
del todo la visión y la explicación que usted ha dado. Claro, eso
hubiera sido entrar en lo que los literatos americanos llaman
realismo sucio y posiblemente no hubiera sido conveniente mezclar los
dos estilos.
Señor Rato, es evidente que la economía española desde 1994 -y no
desde 1996- ha iniciado una fase de crecimiento, de expansión que no
es la primera en su historia ni es el único país en el que está
ocurriendo. Estamos creciendo menos que Irlanda, que Finlandia, que
Holanda, que Portugal o que Grecia; se nos están acercando en cuanto
a tasas de crecimiento Alemania, Francia o Italia; en inflación solo
nos supera Irlanda, dentro de la Unión Europea; en déficit corriente
solo nos supera Austria y Portugal y en déficit público países como
Irlanda, Holanda, Finlandia, incluso Grecia y desde luego Reino Unido
han tenido resultados mejores que los nuestros. ¿Quiere esto decir
que no hemos hecho nada o que no hay que estar satisfechos de las
cosas que han ocurrido? No. Yo creo que el comportamiento global de
la economía española durante este ciclo que arranca en el año 1994 es
positivo, pero quiero decir que compartimos con el resto de países,
desde luego de la Unión Europea y posiblemente de toda la OCDE, una
serie de cambios estructurales que se han producido y hacen que este
sea un ciclo con algunas diferencias importantes respecto al pasado y
que afectan globalmente al nivel de inflación y a las reducciones de
los déficit públicos, aquí y en el resto de países, lo cual quiere
decir que esos cambios estructurales que se hayan podido producir
para justificar ese nuevo modelo de crecimiento trascienden,
afortunada o desgraciadamente, las fronteras de un único país y
trascienden, afortunada o desgraciadamente, las políticas que se
hayan podido aplicar por parte de los gobiernos de cada uno de esos
países. No hay explicaciones milagrosas, hay explicaciones, en todo
caso, racionales y compartidas. Si analizamos hoy, que es cuando lo
estamos planteando, la situación, las perspectivas y los problemas de
la economía española, veremos que hay un amplio consenso en la
detección de dos problemas importantes: el recalentamiento que se
está produciendo en nuestra economía, con un repunte preocupante de
la inflación, y nuestro escaso nivel de productividad, que indica un
modelo de crecimiento mucho más extensivo que intensivo y que puede
tener serias consecuencias
de cara a esa continuidad o estabilidad del crecimiento que
todos deseamos. A esto yo añadiría, quizá sin tanto consenso, que
denoto una definición errónea del objetivo de la política económica
para los próximos años y, en todo caso, una falta de convicción en el
mismo, si es que éste es, como se dice, la convergencia real.
Respecto al recalentamiento, no hay más que leer los periódicos, o el
informe de la OCDE, o el informe del Fondo Monetario, porque todos
los analistas señalan que éste está siendo hoy un problema importante
para nuestra economía, entre otras razones, porque nos devuelve a los
fantasmas de los problemas que hemos tenido en otras fases de
crecimiento similares a ésta. Recalentamiento significa repunte
inflacionista y deterioro de nuestra posición competitiva frente al
exterior, déficit comercial, y por ahí acaban muriendo esos ciclos
expansivos de la economía española. No quiero decir que la historia
se repita exactamente, que necesariamente tenga que volver a ocurrir
lo mismo, pero sí nos debería enseñar que son problemas que están
volviendo a aparecer, que han causado serias dificultades en otros
momentos expansivos de nuestra economía en el pasado y que, por
tanto, merecerían una mayor atención por parte del Gobierno a la hora
de comprometerse a combatirlos, a luchar contra ellos. Eso es lo que
más me preocupa de su intervención. No he sido capaz de detectar que
usted esté preocupado por el proceso de recalentamiento de la
economía española, no he sido capaz de detectar que a usted le
preocupe el alza que se está experimentando en nuestra inflación y
las consecuencias que ello está teniendo ya en términos de poder
adquisitivo, en términos de distribución regresiva de la renta, en
términos de pérdida de competitividad. Le recuerdo datos de su propio
Ministerio. En el año 1999, nuestra competitividad frente a la zona
euro, que concentra aproximadamente el 60 por ciento de nuestros
intercambios, se deterioró en un 1,3. Si, como parece, las
perspectivas de la inflación para este año son menos optimistas de
esa aproximación al 2,2 que usted ha parecido querer anunciar, ese
deterioro será todavía mayor durante este año.
Usted habla, y con razón, de la política monetaria expansiva. Ése es
uno de los problemas que se plantean en cualquier zona monetaria
única. Aquellos países que dentro de la zona tienen un nivel de
inflación más alto, como todos tienen el mismo tipo de interés, sus
tipos de interés real son menores y, por tanto, paradójicamente, allá
donde más falta haría una política monetaria restrictiva es donde es
más expansiva, pero ése es un círculo que se va autoalimentando,
salvo que, a través de otros instrumentos, combatamos esa mayor
inflación. En todo caso, la política monetaria fue muchísimo más
expansiva entre 1996 y 1998 y no sólo no nos preocupó entonces, sino
que eso fue compatible con que la inflación bajara, hasta el punto de
que ustedesllegaron a hacer público en el programa de convergencia
que habían descubierto el movimiento continuo o el crecimiento sin
inflación. Luego, el argumento de la política monetaria expansiva,
aparte de que, insisto, es uno de los problemas de cualquier zona
monetaria única y que se autoalimenta, no debería ser -visto lo que
ocurrió entre 1996 y 1998- explicación suficiente ni, desde luego,
tranquilizadora para quedarnos sin hacer nada a la hora de combatir
estos repuntes inflacionistas que se están produciendo.
Vuelve a hablar del diferencial de crecimiento, diferencial que, por
otro lado, se está reduciendo, pero también es lógico que, como
consecuencia del elevado nivel de integración económica, social y
monetaria que se produce con los países de la Unión Europea y
especialmente con los de la zona euro, es lógico, digo, que los
niveles de crecimiento de aquellos países que están en unos niveles
de renta per cápita más atrasados sean superiores a los de la media
para ir, precisamente, aproximándose a los demás. El problema es que
si aceptamos como un precio inevitable de ese mayor crecimiento el
que exista una mayor inflación, volvemos a entrar en un círculo
vicioso: esa mayor inflación significa pérdida de competitividad,
que, respecto a la zona euro, no se puede corregir como se está
corrigiendo frente a otros países de la OCDE o de la Unión Europea
que no forman parte del euro a través de la depreciación de la
moneda, sino que se traduce necesariamente en menores ventas, mayores
compras, en definitiva, en freno al proceso de crecimiento por encima
de la media, que es el que, al parecer, causa y genera esa mayor
inflación. Por lo tanto, ese es un argumento que tampoco debería
satisfacernos en el sentido de decir: las cosas son así, no podemos
hacer nada, es inevitable que si queremos crecer más que la media de
la Unión Europea, tenemos que aceptar resignadamente que exista de
forma permanente un diferencial de inflación con esa zona de la Unión
Europea, porque eso acaba estrangulando el crecimiento diferencial.
Esas son cuestiones que están relativamente estudiadas en términos
académicos.
Me sorprende, quizá por aquello de no mezclarlo con el realismo
sucio, que no haya hablado del petróleo, que, sin duda, es también
uno de los elementos importantes que están detrás del repunte
inflacionista que se está produciendo en España y también en otros
países, aunque, claro, aquí más que en otros países. El último dato
que ustedes mismos han publicado desde el Ministerio dice que en el
mes de abril los carburantes subieron en España un 140 por ciento más
que en el resto de la Unión Europea, y yo supongo que todas las
petroleras compran el petróleo a los mismos precios o a los mismos
suministradores. Nos lleva esto necesariamente a lo que usted
calificaba correctamente como política de oferta: tenemos que
realizar una actuación necesariamente diferencial respecto a lo que
hacen el resto de nuestros socios comunitarios o de la Unión Europea
en las políticas de liberalizaciones y de flexibilizaciones.
Ahora, si de verdad se lo cree, además de decirlo, hágalo y
hágalo bien. No me puede decir que los descensos de las tarifas que
se han producido en estos últimos años son fruto de la
liberalización, cuando se explican más que de sobra por el descenso
que se ha producido en los costes financieros de las empresas como
consecuencia de la caída de los tipos de interés. Establecer una
relación causa efecto entre dos cosas que, como mínimo, admiten
explicaciones alternativas me parece poco riguroso. Yo creo que una
de las cosas en las que también se está mayoritariamente de acuerdo
es precisamente en lo contrario, en que en estos años se está
reforzando el poder de las grandes empresas en los sectores básicos,
se está reforzando el control de mercado que ejercen estas grandes
empresas y se están reforzando las vulneraciones a la libre
competencia en los sectores básicos. Eso lo reconoció el propio
presidente Aznar refiriéndose a las petroleras y, por lo tanto,
ustedes mismos lo reconocen. Yo les rogaría que hicieran algo más que
reconocerlo y sentarse a esperar, y actuaran en una línea que
efectivamente significara una mayor liberalización, que en el caso
del sector de los hidrocarburos no creo que sea la línea de
incrementar el número de las gasolineras. Eso, sin lugar a dudas,
será necesario y sin lugar a dudas mejorará el servicio a los
consumidores, pero mientras las nuevas gasolineras sigan recibiendo
su producto de las mismas manos, a los mismos precios y en las mismas
condiciones no tenemos garantizado, sino más bien todo lo contrario,
que más gasolineras signifique abaratamiento de precios al
consumidor, que supongo que es el objetivo que se pretende.
Hay otro tema que creo es especialmente preocupante. Una de las
características que están definiendo esto que se denomina la nueva
economía y que la gente no acaba de ponerse de acuerdo respecto a lo
que es, es que ese modelo de crecimiento sin inflación, que desde
luego en España no se está dando todavía, está muy asociado a los
crecimientos de la productividad como consecuencia de la introducción
y difusión de las nuevas tecnologías, y que ese es el cambio
estructural importante que está explicando los nuevos fenómenos de
ciclos más largos, de ciclos con mayor crecimiento, de ciclos con
menor inflación, de ciclos con mayor creación de empleo. Hay serias
dudas de que eso esté ocurriendo en España; hay serías dudas cuando
uno mira que la evolución de la productividad de la economía española
está muy por debajo de lo que fue la evolución de esa misma
productividad en el anterior ciclo expansivo de la economía de 1986 a
1991, y desde luego está muy por debajo del crecimiento de la
productividad de la media de los países de la Unión Europea, por no
hablar de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro
modelo de crecimiento está siendo extensivo y no intensivo, es decir,
estamos creciendo porque estamos incorporando recursos ociosos,no
porque estemos empleando mejor los recursos existentes,
y eso significa que en algún momento ese modelo de crecimiento
extensivo no sólo no va a permitir incorporar los factores positivos
asociados a los incrementos de productividad derivados de las nuevas
tecnologías sino que en algún momento se agotará. Y sobre todo
significa que aquellos factores que inciden sobre el crecimiento de
la productividad, que están bastante estudiados y son perfectamente
conocidos, que tienen que ver con el capital físico, que tienen que
ver con el capital humano, que tienen que ver con el I+D, que tienen
que ver con las políticas de difusión de las tecnologías, no se están
llevando a cabo en España, o al menos no con la intensidad suficiente
como para que surtan aquí los mismos efectos positivos que en otros
países. Y eso es grave. Eso es grave porque ahí sí que nos estamos
jugando no ya sólo la convergencia real, entendida, como usted la
entiende en términos de renta per capita, sino que nos estamos
jugando la sostenibilidad del propio modelo de crecimiento que, como
decía, es uno de los objetivos que creo que compartimos todos. En ese
discurso no me cabe ninguna duda que estamos de acuerdo. Ustedes han
desarrollado una gran capacidad para decir una cosa y hacer otra, por
tanto, usted va a decir que esto es muy importante, muy prioritario,
pero cuando vamos a la aritmética de la política, que son los
presupuestos, no se ve ese reflejo de la prioridad que ustedes
conceden a estas políticas que incentivan la productividad, o cuando
vamos a las reformas del mercado laboral no parece que uno de los
elementos que más está influyendo, según la propia OCDE, en esa falta
de formación de capital humano, que es la elevada rotación de la mano
de obra, el elevado porcentaje de temporalidad que todavía tienen
nuestros trabajadores y que supera en muchísimo la media de la Unión
Europea, sean problemas que les preocupen lo suficiente como para
abordarlos de manera seria.
Y quiero concluir con un objetivo de la política económica, desde mi
punto de vista, mal definido y poco creído. Ustedes dicen, y en ese
sentido dicen bien, desde mi punto de vista, que una vez integrados
en el euro, el objetivo de la política económica tiene que ser
conseguir la convergencia real. Una vez conseguida la convergencia
nominal, una vez demostrado que no había incompatibilidades entre
convergencia nominal y convergencia real, el objetivo explícito de la
política económica debe ser la convergencia real. ¿Definida cómo?
¿Simplemente como aproximación de los niveles de renta per cápita? No
voy a contar el famoso chiste de primero de carrera en Económicas de
que medio pollo per cápita entre dos puede querer decir que uno se lo
come entero y el otro no prueba bocado. La renta per cápita, sin
lugar a dudas, es un indicador que si lo aplicamos retrospectivamente
al caso de la economía española nos diría que en los últimos 25 años
no hemos avanzado nada en convergencia real con la Unión Europea, que
hemos tenido altibajos en cuanto a nuestros niveles de renta per
cápita y que ahora volvemos a estar
situados más o menos donde estábamos en el año 1977. Eso no parece
responder a la realidad social ni económica de este país. Tenemos que
ampliar el concepto de convergencia real. No tenemos que aspirar
solamente a tener la misma renta per cápita que tiene la media de los
países de la Unión Europea, sino el mismo nivel de bienestar. Eso
significa no solo crecer sino repartir.
En esta primera comparecencia, y con idea de aportar algo para lo que
pueda valerle, quizás valdría la pena que definiéramos en torno a una
serie de criterios cómo medimos la convergencia real. Lógicamente,
esos criterios tienen que ver con el PIB per cápita, con la tasa de
paro, con el stock de capital humano, con el stock de capital
tecnológico, con el gasto en protección social en relación al PIB y
con la dotación de infraestructuras; y, fijados esos seis criterios
de convergencia real, que apliquemos un procedimiento parecido al
aplicado para la convergencia nominal: pongámoslos, cuantifiquémoslos
y veamos, año a año, como las políticas económicas y presupuestarias
que aplica el Gobierno nos aproximan o no a ese objetivo de la
convergencia real. Eso definiría mejor cuál debería ser el eje que
vertebrara el conjunto de la política económica, lo haría más
transparente y permitiría medir mejor sus resultados que hacerlo
simplemente en torno a uno de los criterios, como es la renta per
cápita.
Señor Rato, en una comparecencia como esta tengo que referirme a la
reestructuración que han hecho en el Ministerio. Como usted sabe, soy
funcionario de esa casa con algunos trienios, conozco algo como
funciona y me parece un error haber separado el Ministerio de
Economía de Hacienda; un error para el que no encuentro explicación.
Quisiera, si es posible, que me diera alguna razón del porqué de esa
división. También tengo la impresión de que, junto a algunas cosas
que personalmente me parecen acertadas, como la incorporación al
Ministerio de Economía de la tarea de supervisión de las facetas de
liberalización de algunos sectores importantes, en general, la
reestructuración se ha hecho de manera precipitada, está generando
-usted lo debe saber- bastante confusión en el seno del aparato
administrativo, con muchos funcionarios, subdirectores, incluso
directores que no acaban de saber muy bien de quién dependen ni a qué
se van a dedicar; plantea problemas de control democrático en cuanto
a su correspondencia o no con la organización de esta Cámara en la
medida en que hay muchos temas que necesariamente o no, eso tendremos
que decidirlo, se solapan entre varias Comisiones, y eso no es fácil;
plantea problemas en las relaciones con las comunidades autónomas-
supongo que usted es consciente de ello- que mantienen una estructura
distinta en sus gobiernos y desde luego también plantea problemas -no
digo que insuperables- en las relaciones con la Unión Europea,
porque, ¿quién va a asistir al Consejo de Ministros de Industria?
¿Usted?
Para finalizar, le formularé algunas preguntas muy concretas, que
quizás no mantengan el mismo nivel de
generalidad del resto de la intervención pero que son preocupaciones
que tiene mi grupo. No son preocupaciones nuevas, sino que responden
a una cierta intranquilidad social en torno a las mismas. Su
contestación me permitiría aclarar la firmeza de algunas de las
manifestaciones que usted ha hecho. Por ejemplo, ¿cómo se van a pagar
a partir de ahora los complementos de mínimos, los complementos de
las pensiones mínimas? ¿Considera usted que es un gasto no
contributivo y que, por lo tanto, debe ser financiado desde el
presupuesto público o, por el contrario, piensa usted que es un gasto
contributivo y que debe seguir siendo financiado, como lo está siendo
ahora en gran medida, por parte de las cotizaciones sociales? Por
otro lado, la deuda de la Seguridad Social supera los dos billones de
pesetas. ¿Cómo la van a pagar? ¿Tienen pensado algo al respecto? ¿Hay
algún plan previsto para que esa deuda, que es verdad que en gran
parte es con el propio Estado, deje de pesar sobre la estructura
contable de la Seguridad Social? Al final, después de tanto ir y
venir, ¿qué van a hacer con los horarios comerciales? ¿Van a seguir
su primera inspiración de liberalizarlos o van a hacer caso de la
reflexión posterior en boca del secretario de Estado de Comercio de
que de momento lo van a dejar como está? ¿Cuáles son sus ideas al
respecto? Otra cuestión es si van a aplicar la tarifa plana, puesto
que durante estos días algunos diputados de esta Cámara hemos sido
literalmente inundados informáticamente de demandas en ese sentido.
No es un tema nuevo, como usted bien sabe, sino que tiene mucho que
ver con algunos de los compromisos adquiridos en la cumbre de Lisboa
vinculados a la sociedad de la información y a mí me gustaría conocer
también su opinión respecto a este punto.
Termino agradeciéndole, una vez más, su comparecencia e invitándole,
como he empezado, a que su presencia aquí sea más frecuente de lo que
lo fue durante la pasada legislatura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el diputado Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quisiera agradecer en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la
presencia del señor ministro de Economía y vicepresidente segundo del
Gobierno, don Rodrigo Rato, así como también darle la bienvenida a
esta Comisión de Economía y Hacienda en su primera comparecencia.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) coincide con la
valoración que ha hecho el vicepresidente del Gobierno respecto a
cuál ha sido la evolución de la economía española durante estos
últimos años, en el sentido de que es una realidad que la economía
española, a partir de mediados de la década de los noventa y debido
sobre todo al proceso de convergencia
nominal y a la construcción de la UEM, unión económica
y monetaria, impulsada por el Tratado de Maastricht, entra de lleno en
la senda de un nuevo desarrollo económico, un desarrollo económico
basado en la progresiva reducción de los desequilibrios
macroeconómicos, el saneamiento presupuestario y la estabilidad y el
reforzamiento de las propias bases del sistema productivo a partir de
una mayor liberalización e incremento de la competencia en los
sectores claves de nuestra economía. Pero también es una realidad que
la situación actual es fruto asimismo, en buena medida, de la firme
colaboración que el Grupo Parlamentario Catalán inició durante la
última legislatura del Gobierno socialista y prosiguió posteriormente
a lo largo de la anterior legislatura, la del Partido Popular,
permitiendo que la economía española se estabilizara y consolidara su
presencia a partir de enero de 1999 en el grupo de cabeza de la unión
económica y monetaria, con los consecuentes beneficios a nivel de
crecimiento, creación de empleo y credibilidad europea. Es obvio, y
en este sentido resulta explícito, el compromiso por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la modernización y
transformación de la economía española, y no deja de ser un
compromiso real y estable el hecho de que nosotros estemos dispuestos
a mantener durante la presente legislatura, y dentro de nuestras
posibilidades parlamentarias, el mencionado compromiso.
Por otro lado, también resultan igualmente positivas y muy
significativas todas las previsiones de crecimiento a corto y medio
plazo, efectuadas por los diferentes organismos especializados.
Además, este crecimiento económico deberá ir acompañado de la
consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo, así como de la
reducción del paro, que podría quedar situado entre el 12 y el 13 por
ciento de la población activa hacia finales del año que viene, y de
una progresiva corrección de los desequilibrios básicos,
fundamentalmente de la inflación y del déficit público.
Es lógico que todas estas previsiones generen un cierto optimismo e
incluso una razonable satisfacción. Se trata, sin duda, de una
satisfacción justificada. Ahora bien, la buena coyuntura económica
actual no puede hacer de ningún modo que el Gobierno se confíe y deje
de reaccionar ante problemas y riesgos que podrían ir minando los
buenos resultados conseguidos hasta la fecha. Nosotros estimamos que
no nos podemos dormir en los laureles y estamos convencidos de que el
Gobierno reaccionará ante cualquier evidencia que pueda poner en
peligro los buenos resultados obtenidos, así como las buenas
perspectivas económicas durante esta legislatura.
Por este motivo, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
quiere explicitar ante esta Comisión cuáles son los cuatro grandes
objetivos que nuestro grupo parlamentario va a defender, en
coordinacióncon el Gobierno y con los diferentes grupos de la
Cámara, que en un grado importante van a coincidir en el fondo con
las posiciones macroeconómicas que acaba de detallar el ministro de
Economía y vicepresidente segundo del Gobierno.
El primer gran objetivo que va a plantear nuestro Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, desde la vertiente económica, va a ser el de
apoyar y promover todas aquellas medidas que permitan un crecimiento
estable y equilibrado de la economía española. Convergència i Unió
está convencida de que sólo desde la estabilidad y el equilibrio
macroeconómico podremos alcanzar la convergencia real de la Unión
Europea, una convergencia que debe medirse, tal como expresa la
versión actualizada del programa de estabilidad para el período 2000-
2003, tanto en términos de renta per cápita como en términos de
empleo.
En definitiva, debemos ser capaces de desarrollar una economía sana,
estable, dinámica y capaz de responder y afrontar todos los retos que
se presentarán en el futuro. Este primer gran objetivo impulsará
nuestro segundo gran objetivo para esta legislatura desde la
vertiente económica y financiera. Vamos a orientar todos nuestros
esfuerzos en mejorar y reforzar la competitividad de las empresas,
tanto en el ámbito internacional como en el ámbito europeo. Es
necesario tomar medidas sobre la materia, revisando la normativa que
regula la constitución y el funcionamiento de los grupos
empresariales trasnacionales; fomentar y acelerar las negociaciones
para la suscripción de nuevos convenios para evitar la doble
imposición internacional y potenciar y dar apoyo a todas aquellas
políticas orientadas y dirigidas a la investigación, al desarrollo y
a la innovación, para que las empresas españolas sean más
competitivas, no sólo en el presente sino también de cara al futuro
que se nos avecina.
El futuro pasa necesariamente por afrontar con éxito el desafío
tecnológico, ya que será la sociedad del conocimiento y de la
inteligencia la que configurará la economía del futuro. La inversión
que seamos capaces de hacer en I+D+I reflejará nuestro grado de
desarrollo y sobre todo nuestro potencial económico-social y nuestro
liderazgo productivo, científico y tecnológico y también nuestro
compromiso con las generaciones futuras. Es evidente, y así lo ha
manifestado el vicepresidente en su comparecencia, que España se
encuentra todavía muy alejada del promedio de la Unión Europea -menos
de la mitad- y del promedio de los Estados Unidos -menos de un
tercio- y que, por lo tanto, debemos realizar un gran esfuerzo en la
inversión en investigación, desarrollo e innovación. Nuestro grupo
parlamentario va a presentar una serie de iniciativas parlamentarias
para poder conseguir este gran objetivo. Otro aspecto de enorme
transcendencia es el referido a las pequeñas y medias empresas,
pymes, a las que también se ha referido en sus manifestaciones el
vicepresidente del Gobierno, y a los profesionales autónomos que
desempeñan un importantísimo papel dentro de
nuestro tejido empresarial, así como desde la perspectiva de la Unión
Europea. El dinamismo económico de la sociedad española parte de
estos elementos. Como saben SS.SS., más del 90 por ciento de nuestras
empresas son pequeñas y medianas y sólo ellas proporcionan más del 70
por ciento de empleo en España. Apoyar la innovación tecnológica, la
investigación, el desarrollo y el impulso de las pequeñas y medianas
empresas, así como también el de los profesionales autónomos, es
favorecer la creación de empleo, la efectividad y la economía
productiva en un país que lo ha necesitado y que lo seguirá
necesitando en el futuro.
Por ello, desde Convergència i Unió defendemos e impulsaremos la
necesidad de un marco específico para las pequeñas y medianas
empresas y para los trabajadores por cuenta propia. Por un lado,
abogamos por la creación de un estatuto de la microempresa, orientado
básicamente a simplificar la gestión y administración de las pequeñas
y medianas empresas, pero también a adecuar un régimen fiscal y
laboral más favorable a la autoocupación y a las necesidades de las
empresas más pequeñas. Hay que diseñar una política activa de soporte
a las pymes, que facilite la creación de nuevas empresas y el
desarrollo de las ya existentes.
Por otro lado, también estamos interesados en favorecer e impulsar la
creación y el desarrollo del estatuto del empresario emprendedor,
dirigido a facilitar el proceso inicial de la creación de empresas,
orientado especialmente a los jóvenes que se incorporan al mercado de
trabajo, a las mujeres y a aquellas personas que se encuentran en el
paro.
Este es el segundo gran objetivo que nosotros pensamos defender en el
marco de esta legislatura y que va ligado a un tercer objetivo, que
desde Convergència i Unió impulsaremos y que coincide también con
algunas de las manifestaciones y precisiones que ha dicho el ministro
de Economía en el sentido de impulsar básicamente durante estos
próximos cuatro años la creación de empleo. Es evidente que el
balance sobre la evolución del mercado laboral es prometedor, por las
cifras y los datos que todas SS.SS. saben y que han podido observar a
través de la pantalla, pero, al mismo tiempo, somos conscientes de
que no son suficientes y que en este ámbito queda mucho camino por
recorrer. Desde esta perspectiva, nuestro grupo parlamentario abogará
y trabajará para potenciar el diálogo social tendente a aumentar la
estabilidad del empleo y daremos soporte a todas aquellas políticas
laborales que favorezcan la creación de nuevos puestos de trabajo
estables y de calidad, prestando especial atención a los trabajadores
autónomos, pequeños empresarios y también a las mujeres. La condición
necesaria para crear empleo es que exista crecimiento económico
equilibrado y estable, pero la sola presencia del crecimiento
económico no es suficiente para crear empleo. Debemos complementarlo
con medidas importantes desde la vertiente de la legislación laboral
actual. En este sentido
también hay coincidencia con alguno de los planteamientos que ha
realizado el vicepresidente del Gobierno en esta materia. Nosotros
estamos decididos a impulsar medidas de flexibilización y
liberalización del mercado de trabajo que vayan orientadas a
reimplantar el contrato de la nueva actividad para los nuevos
emprendedores, a establecer una regulación laboral específica para
las microempresas y a reformar el mercado de trabajo a tiempo parcial
que tantos buenos resultados dio en la reforma del año 1997,
estableciendo en todas estas vertientes un mayor grado de
flexibilización en el mercado de trabajo.
La generación de empleo es, sin duda, el gran objetivo y una de las
claves para el mantenimiento de las políticas del bienestar social.
Con la creación de empleo entrarán más afiliados a la Seguridad
Social, facilitaremos el saneamiento de las cuentas y podremos
aumentar los fondos de reservas. Más importante aún será que el
aumento de los ingresos sociales redundará en la mejora de las
prestaciones del Estado del bienestar que ofreceremos a los
ciudadanos.
Desde Convergència i Unió, y esperamos contar con la colaboración del
Gobierno y del resto de grupos parlamentarios, abogaremos también
para potenciar, actualizar y revisar desde las Cortes el
planteamiento del Pacto de Toledo. Estamos convencidos de que el
Pacto de Toledo es el foro idóneo que posibilitará el estudio y
discusión de medidas en el campo laboral que la sociedad nos reclama:
el mantenimiento del mercado laboral, por ejemplo, para los mayores
de 65 años, el estímulo y la potenciación de la previsión social
complementaria, el incremento de las pensiones mínimas del sistema y
de las pensiones de viudedad, entre otras. Este es el tercer gran
objetivo que nuestro Grupo de Convergència i Unió impulsará desde los
mecanismos parlamentarios, lógicamente con la colaboración del
Gobierno y del resto de los grupos parlamentarios que aboguen en esta
dirección.
El cuarto y último gran objetivo por el que nuestro Grupo de
Convergència i Unió abogará en esta legislatura es el de afrontar, en
el contexto de la unión económica y monetaria y como consecuencia
lógica de los tres objetivos anteriores, la convergencia real con el
resto de economías de la Unión Europea. En la anterior legislatura
fuimos capaces de alcanzar aquello que tan sólo unos años atrás muy
pocos esperaban, como era conseguir la convergencia nominal. Ahora
nos proponemos un paso más, la convergencia real. A nadie se le
escapa que este va a ser un objetivo muy difícil de alcanzar, pero el
camino a seguir está bien definido y hay que conseguir un crecimiento
de nuestra economía estable y equilibrado, superior a la media de la
Unión Europea. Como hemos podido observar a través de los diferentes
gráficos que nos ha planteado y a través de las manifestaciones del
vicepresidente del Gobierno, va a ser posible crecer por encima de la
media de la Unión Europea, con lo cual nosotros entendemos que
este cuarto objetivo también va a ser posible en el sentido de poder
converger en la economía real del resto de las economías europeas y
comunitarias.
Estos son los cuatro grandes objetivos que nuestro grupo
parlamentario va a plantear y por los que va a abogar a través de los
diferentes mecanismos parlamentarios, y ello conlleva una serie de
compromisos que también el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
quiere hoy explicitar en esta Comisión, como va a ser el compromiso
en la colaboración activa y en el control de la política
presupuestaria que se desarrolle por parte del Gobierno, y
lógicamente desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
también vamos a colaborar activamente en el desarrollo y control de
la política presupuestaria. También tenemos desde Convergència i Unió
el compromiso de avanzar en el saneamiento del déficit público,
garantizando al mismo tiempo la suficiente autonomía financiera de
las diferentes comunidades autónomas y la reducción de la deuda
pública, así como el refuerzo de la inversión pública, como medidas
que la Unión Europea nos reclama.
Por otro lado, también queremos hacer mención a una cuestión que
afecta negativamente a la economía española, quizás es uno de los
pocos puntos negros de nuestra economía, como es la inflación, a la
que también ha hecho mención el vicepresidente del Gobierno, en el
sentido de que la inflación europea de los países miembros de la
Unión se sitúa en una media del 2 por ciento, mientras que en España
todavía estamos en unos límites del 3 por ciento, lo que conlleva
básicamente un diferencial de 1,1 puntos; diferencial que, como es
lógico, afecta negativamente a la competitividad de nuestras
compañías exportadoras, así como también a la demanda interna de
bienes y consumo. Por tanto, entendemos que esta es una cuestión que
el Gobierno tendrá que abordar a través de diferentes iniciativas
y mecanismos y en la que también contará con el respaldo de nuestro
grupo parlamentario. No acabamos de entender cómo es posible que, a
pesar de que ha habido un incremento importante del número de
barriles de petróleo por parte de los países productores, esto haya
afectado positivamente o no haya afectado negativamente en la
inflación de países tan importantes como Alemania, Francia y Suecia,
que han mantenido su inflación dentro de los límites que vienen
manteniendo en los últimos años, y, en sentido contrario, en nuestro
país haya afectado negativamente, subiendo unas décimas los límites
de inflación, llegando hasta el entorno del 3 por ciento. Esta es una
de las preguntas que nosotros queríamos hacer al ministro de
Economía: ¿Cómo es posible que algunos incrementos de producciones de
crudo hayan afectado favorablemente a determinadas economías europeas
y hayan afectado negativamente a la economía española?
Entendemos que el control de la inflación debe apoyarse en el rigor
de la política presupuestaria, en las
medidas liberalizadoras a que usted ha hecho mención en su exposición
y también en una buena práctica y una buena política de la defensa de
la competencia. No es suficiente liberalizar y desregularizar la
economía. Sin duda se trata de una medida necesaria y oportuna, pero
por sí sola no siempre es suficiente y da los resultados apetecidos.
Después de la liberalización debemos asegurarnos que el resultado
final se traduzca en una mayor competencia, es decir, unos precios
más ajustados, más calidad, más innovación. Sólo cuando esto suceda,
cuando el resultado final de las reformas liberalizadoras sea un
incremento real de la competencia y, por tanto, un mejor
funcionamiento tanto de los mercados como de los factores de
producción de los bienes y servicios para el consumo, estaremos en
condiciones de atajar la inflación. Además, también estamos
convencidos de que habremos contribuido positivamente a mejorar el
funcionamiento y la estructura de nuestra economía española.
A pesar de que usted en su intervención no ha sido demasiado
explícito en cuanto a las medidas liberalizadoras que propondría su
Gobierno desde el Consejo de Ministros y desde las correspondientes
condonaciones en el Congreso de los Diputados, le puedo adelantar que
nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, está de acuerdo, de
entrada, en respaldar la liberalización de los sectores de
distribución de carburantes, en el sentido de que sea efectiva la
limitación en el plazo de los contratos de suministro exclusivo entre
las petroleras y estaciones de servicio a cinco años, como nos lo
exige recientemente la Unión Europea, incluso permitiendo el
suministro por parte de cooperativas, siempre que se cumplan las
mismas condiciones de seguridad exigidas de las estaciones de
servicio. También estamos de acuerdo en abogar por la liberalización
e introducción de competencia en los sectores de la energía,
acelerando la liberalización del sector eléctrico, y en el sector de
los hidrocarburos. Es objetivo del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) impulsar y abogar por la liberalización en un
mercado tan importante como es el de las telecomunicaciones.
Estimamos que dichas medidas tienen una importancia vital para el
futuro desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Anuestro
entender, debe procederse a la liberalización de las llamadas urbanas
último tramo, para el que queda por introducir en competencia la
reducción del coste de las llamadas de telefonía móvil y potenciar el
establecimiento de la tarifa plana asequible de Internet en una línea
de elevada velocidad.
Respecto a la liberalización de los horarios comerciales, después de
su exposición entendemos que respetarán las competencias asumidas por
las comunidades autónomas en un aspecto tan importante como es éste.
Si en su turno de réplica quiere ser más explícito en esta cuestión,
dado que en ningún momento se ha referido a la liberalización de los
horarios comerciales, se lo agradeceríamos; si no interviene en esta
dirección,
se entiende que ha ido en la misma línea que en anteriores
legislaturas de respetar las competencias que han asumido las
diferentes comunidades autónomas en este sector tan importante como
es la distribución, el comercio y la liberalización de los horarios
comerciales. En este sentido, es importante por parte de nuestro
grupo parlamentario decir que nos gustaría muchísimo -y en esta
dirección irán dirigidas nuestras iniciativas parlamentarias- la
obligada potenciación de los órganos de defensa de la competencia,
recordando el compromiso de elaborar una nueva ley de defensa de la
competencia a fin de incluir la creación, por parte de las
comunidades autónomas, de los servicios de la defensa de la
competencia en la línea de la más reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Todas estas medidas de liberalización de los
diferentes sectores económicos y financieros entendemos que deben ser
tomadas sin precipitación, con serenidad y tratando de lograr el
máximo consenso de todos los grupos parlamentarios, agentes
económicos y grupos políticos.
Debemos dialogar sobre las medidas liberalizadoras que el Gobierno
quiere proponer. La actitud de Convergència i Unió va a ser la de
siempre, una actitud constructiva, y nos iremos posicionando a medida
que tengamos información puntual del Gobierno.
Para concluir, señorías, señor presidente, sólo me resta reiterar
nuestra apuesta responsable y constructiva para participar en la
formulación de los grandes retos de la economía española, que nos
hemos planteado y también lo ha hecho en su intervención el ministro
de Economía, defendiendo con convicción nuestros objetivos. Nuestra
voluntad, repito, es constructiva y consiste en buscar acuerdos con
el Gobierno y con otros grupos parlamentarios que permitan, desde el
consenso y la responsabilidad de cada uno, proponer iniciativas que
ayuden al efectivo desarrollo y al estable equilibrio de la economía
española, una economía capaz de responder satisfactoriamente ante los
retos que como sociedad tenemos en el horizonte, tanto a nivel
estatal como europeo.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto se dividirá la
intervención entre los señores diputados Puigcercós y Rodríguez. En
primer lugar tiene la palabra el diputado Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Agradezco la presencia del ministro
señor Rato. Voy a empezar mi intervención donde ha acabado la del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, diciendo que hay
comunidades autónomas, es el caso de Cataluña, que tienen competencia
exclusiva en comercio interior -así lo otorga su estatuto-, pero
reiteradamente el Gobierno- el señor Aznar en el discurso de
investidura y usted mismo ha sido recurrente- ha hablado de la
necesidad de flexibilizar los horarios comerciales. Entendemos que
aparte del debate, que es competencia
exclusiva en este caso de muchas comunidades autónomas, en el fondo
subyace la voluntad de este Gobierno de dar otra vuelta más a la
tuerca que está apretando a buena parte del comercio familiar, a la
pequeña y mediana empresa de estructura familiar. Hubo una primera
criba en muchas comunidades autónomas de la estructura del comercio
familiar, del pequeño comercio a partir de la implantación
generalizada -yo diría que sin ningún control y sin ninguna barrera-
de las grandes superficies comerciales. Estamos ante una realidad,
que es la implantación de las grandes superficies, en algunas
comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, se ha superado ya
el millón de metros cuadrados netos de venta de superficie comercial,
y en estos momentos ustedes hablan incluso de dar otra vuelta a la
tuerca flexibilizando los horarios. El pequeño comercio no va a poder
competir con esta nueva fase abriendo domingos y cerrando mucho más
tarde; incluso en sus gráficos aparecía la posibilidad de que las
grandes superficies comerciales pudieran aspirar a ampliar su
capacidad de vender con el suministro de carburantes, en este caso
gasolina y gasóil, todo esto mezclado con la necesidad -que aparece
en su propuesta electoral y que puede ser compartida en algunos
aspectos- de que desaparezca el impuesto de actividades económicas
que va a repercutir sobre los ayuntamientos. En la sesión plenaria
número y se aprobó una moción de Convergència i Unió que apostaba por
eliminar el IAE y buscar una alternativa de financiación para las
entidades locales. Todo esto da un cóctel explosivo porque muchos
ayuntamientos verán en la nueva ampliación de oferta comercial de las
grandes superficies el maná con el que se pueden intentar llenar las
de por sí depauperadas arcas municipales.
Hay un segundo aspecto que gira en torno a la flexibilización de los
horarios comerciales, y es que buena parte de las grandes superficies
comerciales que están en zonas periurbanas se han visto beneficiadas
por la inversión pública: carreteras, rondas y nuevos accesos pagados
con dinero público. Muchos ayuntamientos en esos momentos ejercen una
especie de sobreaplicación de capital en estas zonas periurbanas y en
estas zonas de grandes superficies comerciales. Si se dan medidas de
más liberalización y de mejora de competitividad para las grandes
superficies, el Gobierno habrá de plantearse seriamente crear un
marco fiscal propio para el pequeño comercio. Es una necesidad
reiterada en muchas comunidades autónomas, como en el caso de
Cataluña, crear una especie de estatuto especial para la
microempresa, pero sobre todo para el comercio denominado familiar.
En ese sentido entendemos que en Cataluña -supongo que se habrán
hecho eco de ello- hay una parte más activa y el Gobierno catalán, en
los últimos presupuestos, aprobó una ley de acompañamiento en la que
se creaba la comisión de estudio para la instauración de un impuesto
especial finalista a las grandes superficies comerciales. Quisiéramos
saber
cómo ven ustedes la posibilidad de un impuesto finalista a favor de
los ayuntamientos para mejorar los centros urbanos que, como hemos
visto en otras experiencias europeas -caso francés-, a partir de la
implantación de las grandes superficies en las zonas periurbanas se
han desertizado y se han quedado en una situación urbanística y
social muy depauperada, por el que se ha necesitado otra inversión de
dinero público por los entes locales.
Una segunda cuestión de la que ustedes han hablado -no en el debate
de investidura pero es un tema recurrente en determinados medios de
comunciación de carácter económico- es la posibilidad de abrir el
proceso de privatización de las cajas de ahorros. Quisiéramos que nos
dijera cómo contempla el Gobierno este aspecto.
También se ha referido a la privatización o, como ustedes la llaman,
liberalización de un determinado sector de los mercados de bienes,
servicios y capitales. Es evidente que lo relativo a aeropuertos o a
Renfe compete al Ministerio de Fomento, pero ustedes van a llevar la
dirección del proceso de privatización. Quisiéramos saber en el caso
de los aeropuertos -ente de desarrollo regional muy importante, en
este caso hablamos del aeropuerto de Barcelona pero es extensible a
otras comunidades autónomas- qué aspectos van a primar en este
proceso y el papel que van a tener los posibles operadores regionales
que puede haber en los diferentes ámbitos del Estado. Es evidente que
la concesión de la gestión, por ejemplo, del aeropuerto de El Prat a
determinadas empresas de ámbito estatal puede repercutir en el efecto
crecimiento y en la competitividad con el aeropuerto de Madrid, por
poner un ejemplo. Lo que digo del aeropuerto de Barcelona puede
servir para Valencia y para Sevilla. Respecto a Renfe queremos
conocer también el directorio, la planificación, la agenda que tienen
ustedes en su proceso de privatización.
Finalmente, queremos apuntar, como se ha dicho reiteradamente por los
demás grupos, la necesidad de que el Gobierno opte ya por la tarifa
plana en las telecomunicaciones, porque la llamada así sociedad de la
información, la nueva economía -palabras que se han repetido mucho en
esta Comisión hoy- necesita de un sentido democrático también, que
haya capacidad de acceso para todos, y es evidente que la tarifa
plana en ese sentido es una necesidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sabe el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía que en la anterior legislatura se
mantuvo en este Congreso de los Diputados un amplio debate sobre los
métodos a través de los cuales se estaba logrando la convergencia
denominada nominal, y sabe también que
un sector de la Cámara, en concreto el Bloque Nacionalista Gallego,
siempre estuvo en total desacuerdo con la política de lo que nosotros
consideramos dilapidar gran parte del patrimonio empresarial público
que era rentable para lograr dicha convergencia. Efectivamente, las
arcas del Estado ingresaron prácticamente 5 billones de pesetas, pero
fueron vendidas empresas a un precio de ganga y pudimos comprobar
cómo se revalorizaban en el mercado de valores. Podríamos citar los
ejemplos paradigmáticos de Endesa, Telefónica o Tabacalera para ver
que esta revalorización fue clamorosa. Pero ahora estamos en el
debate de si esa convergencia nominal está conduciéndonos a una
convergencia real, al margen de los problemas de carácter
metodológico o de carácter efectivo que pueda significar esta
convergencia real.
Coincidimos con usted en que estamos en el año 2000 con la tasa de
paro más alta de la Unión Europea, exactamente 5 puntos sobre la
media de la Unión. Cogiendo cifras de Eurostat, tenemos los salarios
que crecen menos de toda la Unión Europea y, en contraste, la
rentabilidad del capital nos lleva a ocupar el cuarto puesto de la
Unión, lo cual indica mucho sobre la manera de repartir en todo caso
este supuesto crecimiento económico. Usted mismo reconoce que el
índice de precios al consumo está creciendo de forma que, aunque en
los salarios no nos estamos homologando a la media europea, sí lo
estamos haciendo en los precios. Por si esto fuera poco, la paridad
del euro con el dólar nos hace sufrir desventajas claras a la hora de
vender o de comprar. Este contexto nos lleva a lo que usted señaló
como un peligro potencial, más que potencial, que es el peligro
inflacionista. Señor Rato, nosotros pensamos que no sería de recibo
considerar que el peligro inflacionista depende de los salarios en el
Estado español. Hay otros elementos más claros como pueden ser, por
ejemplo - aquí ya se indicaron-, las facturas del petróleo y otro
tipo de importaciones. Sin ir más lejos, se puede constatar en los
gráficos que usted nos ofrece que la subida de los precios de los
carburantes es superior incluso al 45 por ciento tomando como punto
de partida más de diez años y que los servicios son también uno de
los causantes de estos repuntes inflacionistas. En concreto, una
parte importante sería la incapaz de meter en vereda las tarifas de
Telefónica y en particular la tarifa plana de acceso a Internet. Todo
esto se produce, además, en un ambiente muy llamativo desde el punto
de vista político. Se produjo una concentración empresarial que, a
pesar de estar sometida a la vigilancia del Tribunal de la
Competencia como elemento regulador, tiene muchísimos aspectos de
política de viejos tiempos, de incidencia de la estructura del poder
político, pero no para mejorar o para controlar legítimamente a esta
concentración empresarial. Me explico. Cuando Endesa compra Fecsa
y Sevillana, ustedes lo aplauden y lo impulsan. Sin embargo, cuando
Fenosa lanza una OPA a Hidrocantábrico nos quieren convencer de que
se trata de mantener
la competencia en el sector eléctrico. Nadie cree que Hidrocantábrico
pueda mantener la competencia en el sector eléctrico en el Estado
español. Sólo hay que ver las cifras de producción para darse cuenta
de que no es el elemento crucial para la competencia en el Estado
español. Sí parece que ustedes benefician la introducción del capital
trasnacional de Texas Utilities, no sé a si cambio de algún tipo de
concesión que se pueda hacer por otra parte en el mercado
iberoamericano. En todo caso resulta errático y no nos pueden
convencer de que es por mantener la competencia en el sector
eléctrico. Curiosamente, en el sector del comercio nada dicen en
contra de la fusión Pryca Continente, y así sucesivamente, y menos en
el monopolio del gas natural, del que después hablaré.
Voy terminando para formular las preguntas. Observamos, al mismo
tiempo, cómo los tipos de interés de toda la zona euro aumentan, con
lógicas consecuencias en la capacidad competitiva de nuestras
empresas y, además, queda un factor que no fue suficientemente citado
y es cómo va a influir la ampliación de la Unión Europea al Este. En
definitiva, si retiran al Estado español los fondos de cohesión y los
fondos estructurales, debido a que nuestra renta media empieza a
coincidir con la media comunitaria, ya que podemos pasar de ser
pobres a ser ricos teniendo en cuenta la integración de todos esos
países, ¿cómo van ustedes a mantener el déficit público a cero? ¿No
tendríamos que recortar también los gastos sociales? Dentro de esta
euforia y de este optimismo hay muchísimas cuestiones que plantean
interrogantes y pensamos que una situación así no se puede llevar a
buen término con flexibilización del mercado, casi siempre el
laboral, y con la eliminación del déficit público actual, porque más
adelante nos planteará problemas en el sentido de rebajar el gasto
público para poder seguir teniendo déficit cero. En nombre de esta
constatación y de estas valoraciones, le formulo las siguientes
preguntas y concluyo.
En primer lugar, piensa de verdad que el Gobierno puede contener el
crecimiento de los precios de los hidrocarburos a partir de una sola
medida concreta y contundente que es el aumento de gasolineras?
Porque lo demás es difícil saber en qué puede consistir o el grado de
contundencia práctica que puede tener la aplicación de otras medidas
eufemísticamente referidas a las grandes petroleras. En segundo
lugar, si la energía y los servicios son los que están generando esta
tensión inflacionista, ¿por qué no se actúa más decidida y
radicalmente por parte del Gobierno? Por ejemplo, ¿va a adoptar
alguna medida para reducir los precios de los servicios telefónicos?
¿Cómo prevé el Gobierno suplir el déficit de ingresos que va a
suponer la desaparición de los fondos comunitarios? ¿Cuáles son sus
planes para las pocas empresas públicas que subsisten aún al proceso
de privatización? Aparte de las que citó el señor Puigcercós, que
efectivamente tienen gran interés porque son infraestructuras básicas
de servicios
públicos, en concreto, ¿va a privatizar los astilleros públicos?
¿Hasta cuándo van a mantener el monopolio de Telefónica en el bucle
de acceso local? ¿Prevén liberalizar el mercado de gas? Y si prevén
liberalizarlo, ¿qué pasa con esa solicitud de autorización
administrativa que se ha planteado al Gobierno, en concreto al
Ministerio de Economía, por parte de una empresa de ámbito gallego
para ubicar una planta regasificadora en Ferrol? ¿Qué opinión tiene
el Gobierno de la evolución del euro en relación con el dólar y sus
repercusiones en el nivel de precios? Es decir, ¿cómo valoran ustedes
este tipo de pérdida de valor de la moneda europea frente al dólar?
¿Qué causas políticas puede tener esto? ¿Existe alguna causa
económica? ¿Qué piensan hacer para corregir el déficit de la balanza
comercial, que está alcanzando, como usted dijo, déficit de carácter
histórico?
Dos últimas cosas. Aunque sea de forma resumida, queremos saber cuál
va a ser al postura del Gobierno en la próxima ronda de la OMC ¿Se va
a tener en cuenta algún sector industrial, como el naval, o algún
sector agrario, como el lácteo? Y por fin, ¿cómo está el proceso de
aprobación del Plan de desenvolvimiento regional que se envió a la
Unión Europea? ¿En qué fase del proceso está y qué tipo de
información se nos va a dar a partir de ahora?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor vicepresidente segundo y ministro de Economía
y, como es natural, discrepar de la política económica que el
Gobierno presenta ante esta Cámara.
A nosotros no nos parece que en el día de hoy se haya hecho un
ejercicio de novela latinoamericana, nos parece que tiene más que ver
con la novela rosa y, teniendo en cuenta la división de la política
económica entre diversos ministerios, nos recuerda la novela rosa de
finales del siglo XIX en que se confundían los cuadernillos y, al
final, no se sabía muy bien en qué capítulo se estaba. En definitiva,
nos parece que la política económica, con esta división ministerial,
con este desbarajuste ministerial, va a ser muy difícil de realizar,
pero más difícil de seguir y de evaluar por los grupos parlamentarios
de esta Cámara si el señor Rato y el resto del Gobierno no nos
aclaran a nosotros y al sector cuál es definitivamente la
configuración de los ministerios, sus responsabilidades y su
coherencia interna, que no alcanzamos a percibir.
El señor Rato ha destacado que el éxito de su política económica se
basa en el compromiso por continuar con el ajuste presupuestario
junto a la liberalización de los sectores económicos: la
electricidad, el gas, los hidrocarburos o las telecomunicaciones.
Esta sería la condición necesaria para abordar con garantías los
nuevos cambios tecnológicos, aumentar la productividad
de la economía y crear sostenidamente crecimiento sin tensiones
inflacionistas. En definitiva, el sueño de cualquier novela rosa de
economista neoliberal. Es además, según esta óptica, el factor
diferencial que explica el milagro americano frente a las economías
europeas, milagro americano que sin embargo se traduce -y eso no lo
dice el señor Rato- en una distribución cada vez más regresiva de la
renta desde el punto de vista social y territorial y cuestionando la
sostenibilidad del desarrollo, que solamente le hemos oído en
relación a la política turística. Por tanto, señorías, no es oro todo
lo que reluce. Siguiendo la argumentación del señor vicepresidente,
el Gobierno español se compromete -y lleva así desde 1996- a seguir
aplicando un programa de reformas estructurales: desregulación,
liberalización, privatizaciones, los famosos bálsamos milagrosos de
la nueva economía. La demagogia de la que ha hecho gala el Gobierno
en esta materia de liberalizaciones es su principal fracaso en
materia económica -hoy está en evidencia en las calles de Madrid con
las movilizaciones frente a los precios de carburantes- porque, hasta
la fecha, las famosas políticas estructurales para aumentar la
competencia en los mercados de bienes y servicios han consistido en
un simple traslado de competencias, pasando las facultades del sector
público al privado. El Gobierno ha confundido liberalización, mayor
concurrencia -con lo que estamos de acuerdo- con desregulación y
privatización. Es el responsable de vendernos una falsa
liberalización y de convertir monopolios públicos en oligopolios
privados. En definitiva, señorías, nosotros pensamos que cuando en un
mercado o sector económico la competencia es pura ficción, como
ocurre en muchos de estos sectores que dice haber liberalizado el
Gobierno, los poderes públicos no pueden abdicar de su capacidad de
participación, intervención y regulación, pero sí deben abdicar de la
interferencia parcial a la que asistimos en las últimas fechas. El
Gobierno es también responsable -y va a seguir siéndolo desde el
Ministerio de Economía- de haber consolidado el desmantelamiento del
sector público empresarial, como ya se ha dicho aquí, a cambio de
entre 4,5 y 5 billones de pesetas, sin una mayor consolidación
industrial y, por supuesto, con una pérdida evidente de empleos, pues
ascienden ya a 50.000 empleos los perdidos como producto del proceso
de privatización.
En relación con el crecimiento económico, nosotros no queremos
plantear una alternativa de novela negra a la novela rosa, pero sí
queremos hacer alguna matización. Que el crecimiento económico es
superior a la media comunitaria es un argumento utilizado por el
Gobierno, y es real, pero no basta para reafirmar la bondad de su
política económica. Este crecimiento económico español no es nada
excepcional. En el período 1996-1999 nuestro PIB ha crecido un 14,5
por ciento, a una tasa media de crecimiento del 3,4 por ciento, y el
de la Unión Europea un 9,7 por ciento, a una tasa media del 2,4 por
ciento; esto es, la tasa
media de crecimiento español ha sido un 42 por ciento superior al de
la Unión Europea. Sin embargo, esto no tiene nada de particular. Por
ejemplo, en el período 1986-1989 España creció también por encima de
la media europea, en un porcentaje superior al 40 por ciento y a unos
ritmos muy superiores -4,7 por ciento de tasa media anual- y en ambos
períodos la inflación española, como ocurre ahora, fue
aproximadamente un 30 por ciento más elevada que la media de la
inflación europea. Señor vicepresidente, no es un hecho espectacular,
pues, que la economía española crezca a un ritmo más elevado que la
de la mayor parte de los países europeos. Es lo que ha ocurrido
tradicionalmente en la mayor parte de las fases alcistas del ciclo
económico español, un ciclo económico en una economía con un tejido
estructural débil. Y la inversa también es cierta: las recesiones en
nuestra economía son más agudas en nuestro país; lo han sido y
tememos que lo vuelvan a ser.
No se trata de entablar una discusión sobre si hay crecimiento o no
lo hay, que es evidente; se trata más bien de rebajar la actitud
complaciente del Gobierno. La pregunta fundamental que no se responde
el Gobierno es si se está aprovechando el potencial de nuestra
economía como condición necesaria para crear empleo de calidad y
reducir sustancialmente las tasas de desempleo, y nosotros, creemos
en este sentido,que al menos en esta materia no ocurre así. No ha
sido así en el empleo, no ha sido así en los salarios, que han
perdido poder adquisitivo, ni en el equilibrio de las rentas, ni
tampoco en la protección social o en el equilibrio territorial. Sí ha
sido así en los importantes beneficios empresariales. En estos
momentos parece que el Gobierno revisa al alza su previsión de
crecimiento económico para el 2000 hasta el 4 por ciento. Nosotros
nos preguntamos si el Gobierno no debería también hacer lo propio con
su previsión de inflación, que estaba en el 2 por ciento y que parece
un objetivo, hoy por hoy, prácticamente inalcanzable.
En relación con el déficit público, que parece la otra gran obsesión
del Gobierno, éste ha adelantado que el déficit de las
administraciones públicas se situará en el 2000 por debajo del 0,8
por ciento previsto y aspira a alcanzar el equilibrio presupuestario
en el 2001. Según el Gobierno, sería otro supuesto éxito económico,
pero la reducción del déficit público, tal y como se plantea, no
debería sorprendernos. El déficit se reduce un 5 por ciento del PIB
en 1996, el 1,4 por ciento en 1999, como también lo hizo en su día un
6,8 por ciento del PIB en 1985 y el 1,4 por ciento del PIB en 1988.
El mejor antídoto contra estos déficit públicos excesivos lo ha sido,
y lo es, el crecimiento económico y la disminución de los tipos de
interés real. Sin embargo, la reducción del déficit en los últimos
años ha contado con evidentes dosis de maquillaje en las cuentas
públicas y se ha beneficiado de un descenso importante del gasto en
inversión
pública, lo que nos preocupa más aún. Ciertamente, cuando la economía
crece, en nuestra opinión, es el momento, como de hecho ocurre, de
corregir desfases presupuestarios excesivos, pero esto no puede
ocultar las necesidades reales de un país. De ahí que pensemos que no
está justificada la acelerada reducción programada del déficit que
propone el Gobierno, salvo como coartada para limitar el gasto
público, abriendo también frentes de desregulación y de
enfrentamiento con las comunidades autónomas y los municipios en la
reforma fiscal que se prevé y en la reforma de la financiación
municipal. Además, a partir de ahora no se contará, en nuestra
opinión, con los abultados ingresos de las privatizaciones ni con los
dividendos de las empresas públicas que eran rentables y será difícil
mantener la inversión pública congelada, como ha hecho el Gobierno.
En estos momentos, pese a la argumentación del Gobierno, la presión
fiscal aumenta ligeramente; la actividad económica dispara los
impuestos que gravan el consumo. La cuestión es que este mayor
volumen de recursos no se ha utilizado para mejorar en un nivel
suficiente, como decía antes, la creación de empleo de calidad, para
mejorar la protección social, el equilibrio y la convergencia
territorial, para mejorar la dotación de infraestructuras y tampoco
para mejorar el capital tecnológico de nuestro país. Las rebajas
impositivas que se propone el Gobierno en los tributos directos y las
que se propone acometer, en nuestra opinión, son tramposas. Cuando la
actividad económica se recupera y el déficit se reduce es cuando se
propone la reducción de los impuestos; ya nadie se quiere acordar de
las medidas que recortaron el gasto social. Así se crean las
condiciones para volver a exigir recortes sociales de todo tipo tan
pronto como cambie -como va a cambiar de nuevo- la coyuntura
económica, el ciclo económico. En este sentido, señor vicepresidente
¿dónde quedó la lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal?
Parece que el Gobierno ha entrado en esa materia en un silencio más
que llamativo.
En relación con el crecimiento del empleo, es cierto, señor
vicepresidente, que se está creando empleo con cierta intensidad,
como corresponde a una etapa de expansión económica y como ha
correspondido a otras etapas de expansión económica. Cuestión
distinta es abordar la promesa del Gobierno de lograr el pleno empleo
a corto plazo. Buena parte del empleo creado en los últimos años es
de tan baja calidad que cabe hablar de subempleo o de paro
encubierto, a pesar del esfuerzo hecho por los sindicatos en la
reforma del mercado laboral. La tasa de temporalidad se resiste a
descender (32,8 por ciento en 1999 frente a 33,14 por ciento en 1998)
y la rotación en la contratación temporal aumenta. Algunas
estimaciones en este sentido afirman que no menos del 70 por ciento
del empleo creado desde 1996 podría desaparecer si se produjera una
nueva fase de recesión económica. Por otro lado, la tasa
de paro sería hoy superior si se hubiesen incorporado activos al
mismo ritmo que en la última etapa expansiva de 1985/1991. En
consecuencia, señor vicepresidente, para nuestro grupo parlamentario
sería el objetivo fundamental traducir en mayor medida el crecimiento
económico en empleo de calidad como contribución a la equidad social,
pero también como contribución a la productividad de nuestra
economía. Mientras se mantenga la actual situación de desempleo y de
precariedad, no solamente habrá injusticia social sino un quebranto
de nuestra productividad.
Por último, señor vicepresidente, en relación con la economía
internacional y con la economía en la Unión Europea, los apologetas
de la unión monetaria fundamentaron gran parte de su discurso en la
conveniencia de tener una moneda fuerte, capaz de competir con el
dólar. Por el contrario, la depreciación del euro ha incrementado la
competitividad de las economías europeas. El saldo, en nuestra
opinión, está siendo positivo en términos de crecimiento económico y
mayores posibilidades de creación de empleo. Por eso consideramos que
sería contraproducente que ustedes o que el Banco Central Europeo
aumentasen los tipos de interés por sus efectos negativos sobre la
actividad económica y, además, pudiendo dar lugar a una medida
ineficaz para fortalecer la divisa europea.
Señor vicepresidente, en los últimos tiempos diversas comunidades
autónomas están criticando la distribución del marco comunitario de
apoyo. Después de la presentación de los programas de desarrollo
regional y de haber realizado campaña electoral en torno a la
importancia de dichos programas, estas comunidades autónomas se
encuentran con que al cocer han menguado, y resulta que el programa
de desarrollo regional no tiene nada que ver con el marco comunitario
de apoyo y que el Gobierno concentra en la Administración central una
buena parte de esos recursos destinados a las políticas regionales.
Por otra parte, después de lo ocurrido en Seattle y en Davos existe
una sensibilidad legítima con los efectos sociales y territoriales,
también con los efectos ambientales, de la globalización. Desde
nuestro grupo parlamentario reclamamos un mayor papel para la
política y para la democracia en el comercio global, también un
control de los flujos financieros internacionales, al tiempo que la
efectiva condonación de la deuda externa a los países empobrecidos
y el incremento de la cooperación internacional, que en su comunicación
ha sido, por decirlo de alguna forma, bastante magro. Nos ha
preocupado de su intervención que sólo haya hecho al principio una
referencia a la sostenibilidad -crecimiento sostenido y sostenible-
y que solamente haya hablado del medio ambiente en materia turística.
Nos hubiera gustado ver la política de sostenibilidad en toda la
política económica y sobre todo, teniendo en cuenta que ustedes
tienen la responsabilidad de la política energética, en la política
energética de su departamento. No lo hemos
visto y nos llama profundamente la atención que se utilice el
criterio de sostenibilidad únicamente para incorporarlo a la política
turística.
Voy a hacerle algunas preguntas, señor vicepresidente del Gobierno.
En primer lugar, cómo nos vamos a orientar en el desbarajuste
ministerial quienes pretendemos seguir su política, por ejemplo, la
política energética o la del carbón; en qué ministerios tenemos que
preguntar, porque cada vez hay mayor distribución y mayor
complejidad. En segundo lugar, ustedes han anunciado medidas de
control de precios en determinados sectores liberalizados; al
parecer, en el sector eléctrico y también en el de las
telecomunicaciones. ¿Cuál es la razón para que ustedes
incongruentemente rechacen los precios máximos en el sector de los
carburantes y no consideren revisar aspectos tan importantes como los
costes de la transición en el sector eléctrico? En relación a los
compromisos de privatización, y dado que su departamento va a dirigir
estas políticas, ¿piensan ustedes arbitrar algún mecanismo para que
esta Cámara participe de los procesos de privatizaciones, al menos
como oyente, o seguiremos enterándonos por los medios de comunicación
de sus políticas de privatización sin que tengamos siquiera la
oportunidad de conocerlas en esta Cámara? En tercer lugar, y en
relación a la participación pública en empresas que compran empresas
españolas, aprovecho esta ocasión para preguntarle qué diferencia hay
entre la participación pública del Estado de Luxemburgo en Aceralia,
que se mantiene y que ustedes no han contestado ni está en las
previsiones de aplicación del acuerdo, con la participación pública
que pretendía el Estado holandés a través de KPN en Telefónica. Nos
gustaría conocer la diferencia porque así sabríamos cómo guiarnos en
lo que nos parece una política arbitraria. En relación a los horarios
comerciales, nos gustaría saber si no sólo van a respetar las
competencias autonómicas sino los acuerdos del sector, que son
generalizados a nivel de todo el Estado: hay acuerdos en el sector
sobre los horarios comerciales. También nos gustaría conocer las
medidas que piensa adoptar el Gobierno, diferentes de las medidas que
nos ha manifestado prácticamente de carácter genérico el señor
vicepresidente en su intervención, para conseguir el objetivo del
pleno empleo en cantidad y en calidad, así como si ese pleno empleo
significa tener una tasa de paro estimado en torno al 10 por ciento;
si eso se considera por parte del Gobierno pleno empleo o es otra la
cifra que ustedes consideran pleno empleo en relación al paro
estimado o al paro registrado. En relación a las listas de espera, ha
manifestado usted en determinado momento que no tenía por qué
producirse un incremento del gasto sanitario. Nosotros creemos que en
España hay un diferencial de gasto público, sobre todo del gasto
social, en relación a la Unión Europea. ¿Piensa el Gobierno
equilibrar ese gasto social con la media europea? Abundando más en la
materia, ¿piensa el Gobierno incrementar el gasto
social al menos de tal manera que no se produzca un deterioro en
relación con el crecimiento del PIB ni en general con la economía
española? En cuanto a las medidas de equilibrio territorial, nos ha
parecido deducir de su intervención con respecto al sistema de
financiación de las comunidades autónomas que nos encontramos ante un
intento de rebajar los mecanismos de solidaridad, del Fondo de
garantía, del Fondo de compensación interterritorial y de un fondo
que ni siquiera han puesto en marcha, que es el Fondo de nivelación.
Nos gustaría saber en qué consiste en realidad ese mecanismo por el
cual ustedes van a lograr reducir el déficit público con el nuevo
sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y qué medidas
adicionales van a arbitrar para equilibrar el territorio en nuestro
país, toda vez que los últimos datos demuestran que la convergencia
entre determinadas comunidades autónomas no es fácil o está
estancada. En relación con los fondos europeos, ya le he preguntado
qué ha pasado con los mismos en el proceso de la programación a los
marcos comunitarios de apoyo y también quisiera saber qué papel vamos
a tener en esta Cámara en cuanto a las políticas de globalización en
las próximas rondas, cómo vamos a participar desde esta Cámara y no
solamente cómo va a participar el Gobierno.
Finalmente tres cuestiones. ¿Cuál es la posición del Gobierno en
torno al incumplimiento clarísimo en materia de producción, de
empleos y de recolocaciones del Plan de la minería? Hay una protesta
por parte de los sindicatos mineros de que este plan se ha incumplido
y nosotros la compartimos, habiendo una reclamación por parte de
dichos sindicatos para que se reúna la Comisión de seguimiento, ya
que lleva sin hacerlo desde principios de año. Por otra parte,
reitero la pregunta con respecto al crecimiento sostenible, sobre
todo en materia energética: ¿Qué piensa hacer el Gobierno en relación
con esta cuestión? Asimismo reitero las preguntas que se han hecho
relacionadas con la tarifa plana. Por último, le pregunto claramente,
ya que ha movido la cabeza cuando le han preguntado sobre la
privatización de las cajas de ahorros, si usted piensa modificar la
Lorca.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), tiene
la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor vicepresidente del Gobierno y
ministro de Economía, quiero aprovechar su comparecencia y mi primera
oportunidad de incorporarme al debate económico para expresarle
a usted el deseo sincero de una acertada gestión de la política
económica, puesto que, después de todo, eso debe traducirse en
mayores niveles de bienestar para todos. Se trata, créame, de un
convencimiento genuino y no de una elemental cortesía parlamentaria,
porque después de todo en un Estado compuesto se requiere del acierto
de todos, a riesgo si no de que las
carencias de algún nivel institucional no puedan ser cubiertas por
otro. Precisamente por ello, el enfoque de la política económica en
el marco institucional va a ser uno de los referentes de mi
intervención.
De la misma manera, agradezco su buena disposición para que en esta
sede quede abierto un debate vivo, en el que yo espero que podamos
desarrollar entre todos un aprendizaje en tiempo real, que quizás es
la única vía para alcanzar propuestas creativas.
En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la existencia de un
amplio acuerdo en relación con las orientaciones generales de la
política económica. Creo que esas zonas de acuerdo, que alcanzan,
cómo no, a algunos importantes aspectos de su discurso de hoy, se
deben a que muchos de los presentes participan, si bien de manera
diferente y con matices propios, de un plan tencia.
A pesar de ello, quiero resaltar, sin embargo, que no por ello
compartimos una misma concepción económica. He venido comprobando que
el presidente Aznar en su reciente debate de investidura y usted en
la comparecencia de la VI Legislatura, y también en su intervención
de hoy, equiparan la liberalización de los mercados -o, como usted
dice, la asignación de recursos en competencia- al crecimiento
económico y a la creación de empleo. Junto a ello, una pertinaz
insistencia victoriana en la frugalidad como remedio de todos los
males configuran una concepción económica näif de manual neoclásico
en la que las conclusiones -crecimiento y empleo- no se siguen de las
premisas -liberalización-. Hace ya muchos años Richard Kahn,
respondiendo a esa vieja receta, preguntó al profesor Hayek: ¿Cree
usted que si voy y me compro una gabardina haré aumentar el paro? Alo
que el economista austríaco le respondió con aplomo, señalando una
pizarra llena de ecuaciones: Sí, pero sería complicado demostrarlo.
Mire usted, créame si le digo que si nos quedamos sin almorzar hoy -y
a estas alturas no me parece una idea muy aconsejable- lo más que
conseguiríamos sería eliminar uno de esos contratos temporales de
duración casi infinitesimal.
Existe un acuerdo bastante extendido entre nosotros contra el
intervencionismo, sobre todo contra el que hemos conocido más de
cerca, pero el ahorro y la competencia no garantizan por sí mismos el
pleno empleo y el bienestar. Los países con larga tradición de
competencia saben que las cosas no son tan fáciles, que las virtudes
victorianas y el capitalismo manchesteriano no evitan por sí mismas
las crisis y las recesiones. Lo que ocurre es que el desmontaje de la
extrema regulación de algunos mercados de bienes, a cuyo desarrollo
problemático luego tendré ocasión de referirme, se está convirtiendo
en una pretendida fuente inagotable de bienestar, una especie de
maná; nunca una política costó tan poco y dio tanto, rendimiento
político quiero decir. Garantizar la competencia y promover el ahorro
no van a resolver los problemas de la economía moderna.
Se precisan actitudes activas y no pasivas. En una economía
empresarial son las decisiones de inversión y las de producción las
que mueven el sistema. Y esto nos conduce a otro cuadro de políticas
y a otras instituciones responsables de su desarrollo.
Alguien quizás se esté preguntando todavía si toda esta cuestión de
las bases económicas de su política tiene, después de todo, alguna
repercusión práctica. Pues en mi opinión la tiene y muy importante,
porque observo que esa fundamentación económica conduce a las
propuestas del Gobierno del Partido Popular a dos tipos de errores de
importancia: por un lado, a una visión enteca de la política europea,
reducida a una fuente de impulso para la desregulación y, por otro, a
una suerte de esquizofrenia en la que después de haber reclamado los
honores para la competencia se apropia torticeramente de un
protagonismo en todo un cuadro de políticas que o bien no desarrolla
o no le corresponde hacerlo de acuerdo con el marco legal vigente.
Estos problemas configuran lo que llamaré el encuadre institucional
de la política económica vigente. Uno de los aspectos que más echo en
falta en esos planteamientos es la mayor relevancia en el tratamiento
de la política económica internacional y particularmente de la
europea. Una vez que se ha puesto en marcha la unión monetaria,
parece que la agenda económica está cerrada y que la política se
enfrenta también a objetivos muy limitados: la reforma de las
instituciones y la ampliación.
Con el nacimiento del euro conjuramos unos evidentes peligros de
inestabilidad que nos afectaron a principios de los años noventa.
Pero, no nos engañemos, esos peligros, más que desaparecer, han
cambiado de escenario, desplazándose de las relaciones del euro con
otras monedas y aunque tienen menores efectos potenciales, tampoco
son desdeñables.
La intensa depreciación del euro se ha visto con absoluta pasividad
por el Gobierno, que sólo reacciona con parches internos ante las
indeseables consecuencias del encarecimiento de productos energéticos
en sectores como la agricultura o el transporte. Su política es
enormemente paradójica, se reclama permanentemente de la
liberalización y la competencia, pero es descaradamente
proteccionista en el marco de la Organización Mundial del Comercio;
confía en el funcionamiento autorregulado del mercado, pero se nutre
principalmente del mejor ejemplo de constructivismo político de ese
mismo mercado, que eso es lo que está siendo la creación del euro.
Detrás de la crisis del euro está la idea imposible de una moneda sin
respaldo de una poder político. La misma imposibilidad que late en la
raíz de las instituciones económicas de la Europa de Maastricht, la
imposibilidad del teorema Mandell-Fleming, que nos dice que no es
posible tener libre movimiento de capitales, política monetaria
autónoma a cargo del Banco Central Europeo y tipo de cambio estable
dependiente del Consejo. Yo vengo observando
una total ausencia de iniciativas en torno a la política del tipo de
cambio, que es su responsabilidad por considerarla una mera
consecuencia de la política del Banco Central Europeo. Incluso a
veces, si no fuera por la pesadilla de los precios energéticos, se
diría que se celebra la depreciación de la moneda por sus efectos en
la competitividad. Sin embargo, el alejamiento de los valores de
referencia de la paridad del poder de compra, la inestabilidad en una
palabra, son a la larga perjudiciales para el desenvolvimiento de las
economías. El actual episodio de inestabilidad, la crisis profunda
del euro es la crisis de una política económica no insertada en un
contexto de poder político, y sólo la comprensión de este fenómeno
por algunos Gobiernos europeos, en particular por el ministro de
Asuntos Exteriores alemán, puede ayudar a recomponer la situación.
Entre tanto, la posición del Gobierno español continúa respondiendo a
la inanidad característica de su concepción europea. Se construyó el
mercado, se construyó la moneda -porque los mercados, señor Rato, son
construcciones políticas y sociales, no un orden natural- pero sólo
como un instrumento a partir del cual forzar las medidas de
desregulación y liberalización. Si Europa no funciona, si Europa no
crece, si el euro se desploma es porque no se avanza en el
planteamientode las dichosas reformas estructurales. Lo que ocurre es
que se trata de un discurso completamente agotado, porque Europa
crece, lo hace España, lo hace el País Vasco -un 4,5 por ciento en el
primer trimestre- y como la inflación es persistente e incluso se
acelera, usted se ve obligado a variar completamente su discurso. En
su comparecencia de hace cuatro años usted decía: El Gobierno está
convencido de que la experiencia propia y ajena nos enseña que no es
la política monetaria la que consigue reducir las presiones
inflacionistas de nuestra sociedad; son la reforma y la
liberalización de los mercados el camino de una economía con
estabilidad de precios. El otro día le escuchaba decir en el Pleno
que la inflación es un fenómeno monetario, y empezaba a entender por
qué el señor Sevilla dice que es usted un experto en decir cada día
una cosa distinta. Vamos a ser serios, por muy estratégicos que sean
el sector energético o el de las telecomunicaciones, su importancia
debe palidecer frente a la gran reforma estructural: la del mercado
de trabajo, que se evita mencionar expresamente. Pues bien, el
comportamiento salarial es, sin duda, el aspecto más positivo de la
evolución de la economía española. A pesar de lo cual los organismos
internacionales le recuerdan permanentemente que ahí está casi todo
por hacer y ustedes cambian por completo de doctrina, abandonan la fe
desreguladora y lo dejan al acuerdo de las partes, lo cual
aparentemente parece muy razonable, pero no tiene que ser
necesariamente positivo. Si hay oportunidad me explicaré más adelante
sobre este punto.
Ya sabíamos que la desregulación no significa crecimiento, ahora
todos convenimos en que tampoco supone estabilidad de precios,
porque, efectivamente, usted está en lo cierto cuando dice que el
crecimiento influye en la inflación, para ser más exactos habría que
decir que es la aceleración del crecimiento la que plantea riesgos
inflacionarios. Pero buena parte de esos problemas tienen su origen
también en la inestabilidad cambiaria. En realidad, la inestabilidad,
la actual crisis del euro es mucho más importante que todo eso.
Déjeme que le recuerde que, como el matrimonio, una unión monetaria
no es necesariamente para siempre, que hubo uniones monetarias en el
pasado en Europa -la Unión latina, la Unión escandinava- y en otras
latitudes y que muchas fracasaron; que el europeísmo que siempre nos
ha caracterizado a los vascos, y creo que también a los españoles, no
responde a esa visión reducida de Europa. Reducida prácticamente a un
mercado que, en caso de consolidarse, conducirá irremediablemente
a la desafección de la ciudadanía. Ayer fueron los políticos los que
pusieron en marcha el motor económico de Europa, hoy nos corresponde
a los economistas decir que se precisa un impulso político y que si
no se lleva a cabo corremos el riesgo de perderlo todo.
Por lo demás, las insuficiencias de su política económica
internacional se reflejan también en la falta de propuestas para
hacer frente a la inestabilidad financiera internacional, que tan
desastrosos efectos ha tenido en amplias partes del planeta. Las
energías del constructivismo político se acabaron con el euro y la
fortaleza europea. Me parece una responsabilidad ineludible del
Gobierno realizar alguna aportación a la construcción de una
arquitectura financiera internacional, que favorezca la estabilidad
no sólo por la solidaridad con los países que en América y en Asia la
han sufrido, sino, por el contrario, por el interés de la estabilidad
del euro.
Cuando pasamos la política interna creo que se comprende mejor la
falta de dimensión europea de su política económica. La falta de
planteamientos de construcción política en Europa no es más que el
trasunto de una voluntad de mantener inalterado el statu quo que
desconoce que el mercado ya no es el mercado español, que ese marco
institucional interno ha cambiado y que busca suplir su falta de
espacio usurpando de hecho el papel de las comunidades autónomas o
negándose a reconocerles lo que inequívocamente les atribuye el marco
legal. Digo todo esto pensando en la realidad de Euskadi, pero más
allá de las indudables asimetrías y especificidades es aplicable a la
generalidad del Estado. Señor Rato, sigue usted siendo el ministro de
la pequeña y mediana empresa, del comercio interior y del turismo.
¿No cree usted que semejantes títulos causarían asombro a un
observador al que se le dijera que este es uno de los Estados más
descentralizados del mundo? Se lo diré de la manera más llana: el
mejor favor que puede hacer usted a la economía española es
dejar de ostentar semejantes títulos. Ya sé que me responderá con las
conferencias sectoriales y con la coordinación. Una cosa es que se
ocupe de la legislación mercantil, pero deje las ventanillas únicas y
la problemática de las pymes en manos de las comunidades autónomas,
aproveche una magnífica oportunidad para adelgazar la Administración,
que supongo que es algo que no le disgusta. Claro que el problema es
que el caso de las pymes no es una excepción, sino una manifestación
de un problema endémico del Estado autonómico.
Oyendo al presidente Aznar hablar en su investidura sus ejes
estratégicos, no salía de mi asombro: la educación, la innovación, el
medio ambiente, la cultura... Me quedé asombrado y pensé: ¿de qué se
van a ocupar nuestro Gobierno vasco y las diputaciones? Creo
sinceramente que debemos ser más realistas en nuestros planteamientos
y asumir plenamente la nueva realidad del Estado y su dimensión
europea. Le pondré un ejemplo que creo que ilustra perfectamente lo
que le estoy diciendo. En el mismo debate de investidura el
presidente Aznar se ha comprometido, y cito literalmente, a llevar a
cabo un ambicioso programa de inversiones que hace una España más
cercana y más unida a Europa, que situará a todas las capitales de
provincia a menos de cuatro horas del centro de la Península, o sea,
de Madrid. Pero, señor Rato, visto desde Euskadi, y desde otras
comunidades, supongo, a los vascos ese programa no nos acerca a
Europa, nos acerca a África, y espero que no entienda mal porque las
comunicaciones con el sur también son importantes. Estamos tan hartos
de este cuento de nunca acabar que es la Y ferroviaria vasca, tan
decepcionados por las decisiones sobre las concesiones de autopistas,
que sólo nos faltaba este viaje al pasado de la España radial del
kilómetro cero.
Pero hablemos de otras políticas económicas, también importantes,
como la innovación, que anuncian como una de las estrellas de esta
legislatura. Ustedes saben perfectamente que el artículo 10.16 del
Estatuto de Gernika atribuye a las instituciones vascas la
competencia de investigación científica y técnica, pero simplemente
no les interesa el cumplimiento de las leyes cuando no se acomoda a
sus intereses. Esa es una manera peculiar que tienen ustedes de
entender la lealtad al bloque constitucional. En Euskadi hemos tenido
que generar por nuestra propia cuenta un sistema propio de ciencia y
tecnología pegado a la realidad de nuestro tejido económico.
Demandamos el título y los medios que en derecho nos corresponden,
pero aún hay más que esto. Usted como responsable económico debiera
ser consciente, como lo son los empresarios, de que ese desarrollo
autónomo de la ciencia y la tecnología es el único que puede promover
un auténtico desarrollo de una de las capacidades de innovación
claves para favorecer el crecimiento y la convergencia real.
No querría terminar sin referirme a la solidaridad, otro campo en el
que se reproducen los mismos errores
de perspectiva que caracterizan toda su política económica. Han dado
en afirmar paladinamente que no hay traspaso de la gestión de la
Seguridad Social, a pesar de saber que están conculcando una vez más
el bloque constitucional. Pero es que no sólo están fuera de la ley,
están fuera de la realidad. Todos sabemos que el régimen de la
Seguridad Social es un mecanismo de aseguramiento mutuo de carácter
contributivo, que las pensiones no contributivas han caído en la
órbita de las administraciones autónomas, bien mediante fijación de
complementos o a través de la legislación contra la exclusión social.
El propio Partido Popular acaba de aprobar en Álava el más generoso
nivel de pensiones no contributivas que existen en el País Vasco.
Vamos a dejar de situar la solidaridad en el lugar equivocado. El
ciudadano debe saber, como yo sé, que con mi contribución no estoy
solidarizándome con no sé qué otro trabajador de otro sector o
régimen cuya situación personal desconozco. La solidaridad sólo tiene
sentido sobre la base del conocimiento cierto de la necesidad del
beneficiario, y eso hoy ha desembocado en el ámbito asistencial de
las comunidades autónomas.
Finalmente, en cuanto al mercado de trabajo no quisiera que
entendiera que no comparto el mecanismo de los acuerdos de las partes
para las reformas -siempre será mejor un acuerdo que el conflicto
abierto-, pero quiero poner sobre esta mesa una cuestión que merece
reflexión. ¿Son por definición los acuerdos de las partes la mejor de
las expresiones de los intereses generales? Con sinceridad, el
sistema actual se basa en un statu quo de mantenimiento de una
determinada rigidez laboral a cambio de un uso desaforado y con
fraude a la ley de los contratos temporales: repostamos en una misma
gasolinera y cada día el precio es más alto y el empleado distinto;
compramos el pan a diario, afortunadamente a un precio más estable,
pero el dependiente o dependienta cambian con una frecuencia
asombrosa. El puesto de trabajo permanece, las personas cambian. Es
posible que esa temporalidad concentrada en el trabajo menos
cualificado no tenga graves efectos sobre el aprendizaje y el
conocimiento, pero impide desarrollar un proyecto de vida. Creo,
señor ministro, que no se puede seguir haciendo la vista gorda ante
el uso inadecuado de los contratos temporales, aunque haya que abrir
el debate del grado necesario de flexibilidad.
Para concluir, tan sólo me queda decirle, señor ministro, que me
hubiera gustado escuchar sus propuestas en relación con la dimensión
internacional de su política económica, su respaldo al euro con todo
lo que ello significa y su firme apoyo a la realidad de las
comunidades autónomas, única realidad desde la que se puede afrontar
la globalidad de un sistema económico. Si apuesta por este camino
tendrá nuestro apoyo, aunque supongo que no será fácil reconducir su
discurso hasta este punto. De lo contrario, el Grupo Vasco mantendrá
una postura de oposición firme, pero constructiva,
puesto que entendemos que nuestro planteamiento es el
coherente en una economía moderna integrada en Europa a las puertas
del siglo XXI.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra diputado señor Mauricio Rodríguez.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Quiero agradecer al vicepresidente
económico del Gobierno su amplia información y pedir a los diputados
que no se angustien, que mi intervención va a ser breve a esta altura
del debate porque si no, efectivamente, nos vamos a quedar sin comer,
como han anunciado otros grupos parlamentarios.
En primer lugar, quería decir que el señor Rato nos ha hecho una
exposición muy amplia, que de nuevo le agradezco, sobre los objetivos
de la política económica. En ese tema no me voy a extender,
simplemente decir que tenemos una coincidencia de fondo con esos
objetivos presentados por el Gobierno porque, en cualquier caso, es
la continuidad para la nueva fase política y la nueva situación
económica de objetivos e instrumentos que han tenido éxito en este
último período. Creo que hay que prolongarlos y hacer una política de
estabilidad, de rigor presupuestario y de equilibrio macroeconómico.
Ha sido el debate que hemos tenido en estos últimos cuatro años y la
experiencia nos demuestra que eso es lo que está haciendo el conjunto
de los países europeos y que esa es la política que corresponde a la
situación económica europea y española actual.
Después de hablar de los objetivos de política económica, el señor
Rato no se ha extendido, supongo que será el señor Montoro el que el
lunes próximo nos lo explique, en los objetivos de política
presupuestaria, aunque sólo sea el gran objetivo de reducción a cero
del déficit público, a mí me parece muy interesante. Sin embargo,
esto me lleva a una serie de reflexiones, a las que supongo que el
señor Rato no contestará hoy, sobre qué margen vamos a tener, porque
el señor Rato no está haciendo una comparecencia para explicarnos los
objetivos de política económica para este año sino un ritual
parlamentario para explicarnos los objetivos de la política económica
para los próximos cuatro años, y ahí se mezclan, en un proceso
complejo y difícil donde va a haber que hacer un esfuerzo de
inteligencia política y de lucidez económica, objetivos políticos y
económicos difíciles de cuadrar.
El señor Rajoy, vicepresidente político, nos trazó el otro día una
agenda del Gobierno, que responde exactamente a los objetivos
planteados en el discurso de investidura y en el programa del Partido
Popular, por la que intenta cerrar los pactos de financiación
autonómica a lo largo del próximo año, los pactos de financiación de
la sanidad -lo que, ni más ni menos, la señoraVillalobos llama hoy el
nuevo Pacto de Toledo de la
sanidad-, es decir, la reforma de la Seguridad Social y los problemas
de cómo mantener su equilibrio, de cómo mantener su no déficit, y al
mismo tiempo conseguir resolver temas como el fondo y los referidos a
los complementos de mínimos que tienen efectos presupuestarios.
Al mismo tiempo, se está hablando -ya sé que no es competencia
directa del señor Rato- del pacto de justicia, y los expertos dicen
que eso cuesta 300.000 millones de pesetas, por dar una cifra. Y
estamos hablando de la Ley de reforma universitaria, y eso tiene un
coste. En definitiva, hemos hablado de la liberalización y de la
privatización de servicios privados y de empresas privadas pero de lo
que no estamos hablando claramente es sobre reformas, modernización y
márgenes que tenemos para los sectores públicos, me refiero
a servicios públicos claves: educación, sanidad, financiación pública,
Administración pública, comunidades autónomas, pacto local. No sé si
el señor Rato tiene posibilidad de hablar de ello, sé que no se puede
extender mucho, pero al menos que nos diga qué margen nos deja esta
política económica para que el próximo año, en que se cierran todos
esos convenios, se haga un proceso de reforma, modernización, pacto y
consenso de los grandes servicios públicos del país, incluyendo la
justicia, la sanidad, la Seguridad Social y la educación.
El segundo tema que ha planteado el señor Rato es la reforma y
modernización de la economía, eso que se llama liberalización, con la
que yo coincido. No se trata de seguir con el programa de
privatizaciones. Poco margen queda ya. Algo queda, en Iberia y poco
más. El problema es que una vez privatizadas esas empresas, de lo que
se trata es de no crear oligopolios en el mercado, sino de privatizar
y desregularizar para que haya competencia y se beneficien los
consumidores. ¿El Gobierno tiene voluntad real, va a aprovechar esa
mayoría absoluta, esa fuerza política que tiene en este momento para
meterse a fondo en la aplicación de un conjunto de medidas que
llevamos 10 años sin poder poner en marcha porque afectan a intereses
corporativos de la sociedad y a intereses de lobbyes económicos muy
potentes? ¿Vamos a avanzar en eso? Eso no es una pregunta del año que
viene, sino de las dos próximas semanas. Como no nos hemos extendido
mucho, supongo que el señor Rato, muy inteligente políticamente, ha
dejado para su respuesta final -si es que va a dar ahora la
respuesta- explicar qué va a hacer con estos procesos que todo el
mundo anuncia del mercado telefónico, del mercado de las
telecomunicaciones, de la energía, etcétera. Simplemente se lo
pregunto.
Me ha parecido muy interesante pero, a pesar de la amplia
intervención del señor Rato, me he quedado insatisfecho respecto a
que, en definitiva, los problemas de la política económica española
cada vez son más los problemas de la política económica europea y que
estamos en el marco europeo. La falta de información que tengo es
hacia dónde evoluciona la política
europea y en qué medida en ese marco tenemos que situar la
política económica en los próximos años. Hemos aprobado el
presupuesto europeo 2000-2006 -la ficha financiera europea- y en ese
terreno están los temas agrícolas, industriales, etcétera. Aquí se ha
planteado que España va a tener pronto un nivel de renta próximo al
85 ó 90 por ciento de la renta media europea y eso puede dejarnos sin
fondos estructurales. De todas maneras, le quiero decir al señor Rato
que mi grupo está muy satisfecho de que consigamos esos niveles de
rentas y de que nos creen ese problema. El problema no es que
tengamos menos fondos, el problema es cómo aprovechamos el
presupuesto del 2000-2006 en las políticas de inversiones, de
infraestructuras y de modernización económica para este período del
2000 al 2006. No lo desaprovechemos, porque en el futuro no vamos a
tener los mismos recursos.
También me ha parecido también muy interesante todo el debate de la
nueva Ronda del Milenio, o como se llame, de la Organización Mundial
de Comercio, del acuerdo de Lisboa el otro día con el presidente
Clinton, el señor Prodi y el presidente de Portugal. Ahí hay un
debate muy interesante. El fracaso de Seattle nos ha planteado
problemas muy importantes sobre globalización, cooperación y
solidaridad internacional. A pesar de que algún portavoz ha dicho que
las repuestas del señor Rato son insuficientes en ese terreno, he
creído ver al menos una cierta preocupación sobre que esos problemas
son básicos en el futuro y que no se puede ir al fenómeno de la
globalización con esa concepción de que es sólo liberalización, e
integración de mercados, sino que es también cómo hacer política en
el terreno de la economía mundial y, por tanto, apoyar programas de
cooperación y solidaridad, que son fundamentales, sobre todo en
America Latina, Norte de África y en el conjunto de África, que nos
afecta de manera tan importante, en particular el Magreb y países muy
próximos del África Subsahariana, que nos están creando problemas en
el terreno de la inmigración. Sólo la cooperación internacional puede
de alguna manera empezar a resolver esos temas.
Por último, le yo felicito por haber hecho una exposición sobre el
turismo. En diversas intervenciones en el Pleno siempre he señalado
que siendo España un líder mundial, en el sector turístico como así
ha dicho hoy el señor Rato, -y el sector turístico no es un sector
menor, es uno de los sectores más importantes de la economía
internacional del siglo XXI-, prestamos muy poca atención a la
política turística. Parece que es un problema que nos viene dado.
Tenemos una magnífica materia prima -la calidad y la belleza de
nuestro país en toda su diversidad, nuestro clima, la calidad de la
sociedad española y sus tradiciones patrimoniales y culturales,
etcétera, todos estos son elementos muy importantes, pero el turismo
está en una encrucijadainternacional muy importante. El señor Rato ha
hablado
de la mejora de calidad, de concentración de los turoperadores. Todo
esto nos lleva a problemas de competencia y si no tomamos medidas en
el próximo futuro un sector no ya importante sino decisivo de la
economía española podría quedarse en peligro.
Termino, señor Rato, diciéndole que estamos de acuerdo en las líneas
fundamentales de la política económica. No sabemos -y no sé si nos va
a contestar las próximas semanas- la valentía que tienen ustedes para
tomar medidas. Ha habido un tiempo en que las minorías nacionalistas
-desde luego no la canaria, por no citar a otras- era un problema
para tomar las medidas necesarias de competencia en la liberalización
de mercados. Ahora tienen ustedes mayoría absoluta y es bueno que
busquen los consensos y los diálogos parlamentarios, pero esa mayoría
obliga a tomar medidas cuando son necesarias para mantener el ritmo
de crecimiento económico. Por último, espero que poco a poco vayan
ustedes diciendo cómo encajar los seis pactos de Estado que nos han
ofrecido con la reducción del déficit público y la financiación de
esos grandes pactos de Estado. Creo que el señor Rato ha tenido una
brillante intervención como ministro de Economía y espero que en la
próxima comparecencia tenga una brillante intervención como
vicepresidente económico, cuando se ponga de acuerdo con el
vicepresidente político y sepamos las políticas globales que tiene el
Gobierno, coordinadas por el señor Aznar, si tiene tiempo en este
período para coordinar las políticas del año próximo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la diputada señora Pisonero Ruiz.
La señora PISONERO RUIZ: Señorías, en primer lugar quisiera unirme a
mis compañeros en la Comisión agradeciéndole su comparecencia y
dándole la bienvenida a esta Comisión que es nueva -es bueno
recordarlo- precisamente a raíz de la modificación que se ha hecho
para acoplarse al nuevo organigrama del Gobierno y por tanto
incorporar ordenadamente en lo que es una Comisión las materias que
ahora son de dos ministerios. Por tanto, bienvenido a esta nueva
Comisión en la que efectivamente tiene su casa, porque como ha podido
comprobar hay materias de sobra para debatir. Creo que una de las
primeras cuestiones sobre la que seremos capaces de ponernos de
acuerdo es para hacer propuestas de orden, en la medida que seamos
capaces, para impulsar un debate que sea fluido y constructivo, y en
ese sentido aprovechemos los procedimientos que ya existen en la
Cámara para que cuando haya una comparecencia informativa,
efectivamente escuchemos y luego intervengamos y no mezclemos debates
como ha ocurrido a lo largo de esta mañana, en la que se han leído
también discursos ajenos a la intervención del vicepresidente. Eso no
facilita ni favorece
el debate fluido que debe caracterizar al Parlamento en esa
combinación de control al Gobierno, pero desde luego de diálogo
constructivo para que tengamos propuestas -efectivamente, esa es la
propuesta del Partido Popular- y seamos capaces de conseguir el mayor
número de consensos, pero eso exige cierto orden en los debates y el
Grupo Parlamentario Popular va a proponer en ese sentido distintas
propuestas que nos permitan acotar el contenido de las comparecencias
y así podamos ceñirnos a lo que hoy era escuchar al vicepresidente,
cosa que desde luego agradecemos, sobre las líneas básicas de su
departamento. Efectivamente, no puede ser en detalle ni en extensión
todo lo que vaya a hacer en los próximos años. Esperemos tener
ocasión de verle a lo largo de estos cuatro años para ir detallando
las iniciativas que se vayan produciendo. A eso le invitaremos, por
supuesto, para que efectivamente seamos capaces de debatir las
cuestiones concretas y no abrirnos en debates muy puntuales y no
ceñidos a lo que era el objeto que eran efectivamente las líneas
maestras de su departamento. A nuestro entender, para el Grupo
Parlamentario Popular ha tenido una intervención claramente ceñida al
objeto de la comparecencia, nos ha explicado cuáles son las líneas
maestras de su departamento, detallando lo que ya es el procedimiento
previo, que es el debate de investidura del presidente del Gobierno,
y recalcando que efectivamente la política que nos ha llevado en ese
balance económico a tener un crecimiento estable, sostenido en
niveles superiores al 3 por ciento, y lo que parece más relevante
desde luego al Grupo Parlamentario Popular que es con un diferencial
positivo respecto de la media de la Unión Europea, cosa que no ha
ocurrido siempre, aunque al Grupo Socialista le hubiera gustado que
así fuera. Efectivamente, en estos cuatro años se ha producido un
crecimiento diferencial sostenido, no con grandes estridencias sino
en un modelo de crecimiento económico, que por eso es distinto, que
no es de estridencias ni de grandes desequilibrios, sino en una senda
predecible y por tanto positiva para la iniciativa privada,
crecimiento que no solamente ha sido estable y sostenido, sino que ha
sido intensivo en empleo y mucho más que en otros ciclos,
produciéndose una traslación de casi el 80 ó el 75 por ciento del
crecimiento económico a crecimiento de empleo.
Hay algunas voces que consideran negativo utilizar los recursos
ociosos y optar por un crecimiento que haga reducir el paro, como me
ha parecido entender al portavoz socialista y considerar negativo
para el crecimiento de la nueva economía que se reduzca el paro o se
utilicen los recursos ociosos. Al Grupo Parlamentario Popular le
parece fundamental la creación de empleo, el mayor posible y así
reducir el paro con los recursos que nunca consideraremos ociosos,
sino que tenemos que ser capaces de canalizar al mercado de trabajo.
Por tanto, esa política que se ha desarrollado en estos cuatro años
es la que vamos a seguir apoyando, apoyo que
desde luego nos llevará a que más allá de las teorías económicas
-efectivamente la productividad se mide de hecho como un indicador en
el que se divide lo que se produce-, de una manera dinámica en un año
y en relación con los recursos utilizados, llegaríamos a la paradoja
de que sería mucho más competitivo el modelo de crecimiento de 1993
en el que la productividad creció de manera brutal, pero porque
aumentó el paro de una manera escandalosa. Yo no quiero ese modelo de
crecimiento y prefiero un modelo de crecimiento como el que se ha
desarrollado en estos años en los que la productividad ha crecido muy
moderadamente, pero hemos conseguido que en España haya 2.000.000 de
empleos más que hace cuatro años.
Tenemos la buena noticia de que eso va a continuar en el año 2000 con
la revisión del cuadro macroeconómico que ha comentado el
vicepresidente económico, con un crecimiento de la economía española
del 4 por ciento, que nos consolida en esa senda de crecimiento
superior a la media europea, con un crecimiento claramente intensivo
en empleo como nos ha avanzado el vicepresidente económico y con un
modelo de crecimiento que parece no se considera su eficacia cuando,
a diferencia de lo que decía el portavoz de Izquierda Unida, por
primer vez en la historia económica española existiendo una crisis
internacional España no sólo no ha caído en su crecimiento sino que
ha seguido creciendo por encima del resto de los países europeos. Lo
que ocurre es que a veces cuando las cosas no se detectan, en la
economía interior parece que no existen; han existido, no es un
realismo mágico sino todo lo contrario, el realismo trágico en el que
parece que todo se hunde, y sin embargo España ha seguido creciendo
por encima del 3 por ciento, a pesar de una crisis internacional que
ha hecho que el comercio mundial apenas crezca. Por tanto, estamos
hablando de un modelo de crecimiento claramente distinto; es el
modelo que, como apuntaba el vicepresidente segundo, el Grupo
Parlamentario Popular va a apoyar para que se siga aplicando en los
próximos años, eso sí, insistiendo y subrayando la importancia de
utilizar los instrumentos de política económica que están a nuestro
alcance, que son los mismos que tienen otros países europeos, pero
que no todos usan con la misma coherencia y con la misma
credibilidad, y eso se constata con los resultados. Creo que no hay
nada peor que insistir en el catastrofismo negando la realidad, yo
creo que eso no les ha dado buenos resultados y diría al Grupo
Socialista que no continúe en esa línea y que intentemos buscar
puntos de conexión para que efectivamente los instrumentos que están
a nuestro alcance, dado que la política monetaria es europea y no de
alguien ajeno sino de un grupo en el que tenemos participación a la
hora de decidir - como ha explicado el vicepresidente segundo a
través del Euro 11 y del Ecofin-, tenemos una mayor representación
internacional y participamos activamente como Estado español en esas
decisiones. Por tanto, el
Gobierno está planteando una política de continuidad en lo que ha
funcionado y de esfuerzo para mejorar lo que efectivamente, lejos de
la autocomplacencia, claramente hay que mejorar para el futuro. El
Grupo Popular va a insistir e incidir en esa mayor liberalización,
que no debe entenderse como algo aislado sino con una liberalización
en el marco de reglas objetivas como la desregulación, que deben
hacerse valer a través de los mecanismos de defensa de la
competencia. En las primeras actuaciones que ha realizado este
Gobierno han indicado claramente que es una prioridad hacer cumplir
las reglas que establece la competencia con las resoluciones que ha
hecho recientemente con motivo de una previsible concentración en el
mercado energético que de esa manera no ha tenido lugar, pero sobre
todo en el comercio interior donde todo hay que incorporarlo en la
política de comercio, al establecer unas condiciones más duras que
las equivalentes al mercado francés en la fusión de Promodés-
Carrefour.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular agradece al
vicepresidente su intervención, apuesta porque efectivamente se siga
insistiendo y quizá con mayor fuerza en el resto de instrumentos de
política económica, en concreto en un presupuesto equilibrado cuya
consecución debe adelantarse al año 2001, y por supuesto con unas
normas claras de disciplina: que seamos capaces entre todos de
conseguir un objetivo que es de todos; el objetivo de déficit público
no es del Estado central en exclusiva sino de todas las
administraciones públicas, y aprovecho para decir, y ejemplos ha
habido, que no pensemos que la consecución de pacto siempre supone
más dinero; los pactos, los acuerdos se hacen para intentar utilizar
lo que existe de mejor manera. No nos asustemos ante la perspectiva
de hacer pactos porque supongan un mayor gasto. Esperemos que el
acuerdo entre partes nos lleve a ser incluso más eficaces en el uso
de los recursos competencia de cada una de las instituciones.
En definitiva, considero que la idoneidad o adecuación de la nueva
estructura del Ministerio la veremos a lo largo del tiempo; creo que
es bastante precipitado, que es prematuro hacer una valoración sobre
el papel, y en ese sentido y a través de esta Comisión tendremos
oportunidad de ir conociendo de mano de los responsables que dependen
del vicepresidente primero las políticas concretas. Iremos conociendo
estas políticas sobre la marcha, se irá clarificando su ubicación y
sabremos de los programas concretos con el detalle propio de los
siguientes niveles de la Administración. El Grupo Parlamentario
Popular está en la dirección de conseguir mayores consensos en
políticas que, en cualquier caso, son fundamentales -en eso hemos
coincidido todos- y sobre todo políticas más constructivas, en las
que empecemos por escuchar lo que se nos dice y no hacer discursos
incoherentes, como me ha parecido que ha sido el caso del Partido
Nacionalista Vasco. Lo incoherente es pretender actuar en solitario y
luego ser partidario
de una política europea; el localismo exacerbado con la política de
apertura es incoherente; ésa es mi posición, lo interesante es una
posición de integración. El Partido Popular, a través de su grupo
parlamentario, está haciendo esfuerzos por apoyar todos los procesos
de integración y apertura en defensa del interés general de los
españoles, que es para lo que estamos en este Congreso de los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Antes de que el señor vicepresidente segundo
pase a contestar las distintas intervenciones de los portavoces, se
suspende brevísimamente la sesión durante tres minutos. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato Figaredo): En primer lugar, quiero
agradecer a los portavoces sus palabras de bienvenida y también el
tono y el fondo de las intervenciones de cada grupo, no
exclusivamente aquellas que coinciden con la posición del Gobierno,
sino en general todas, porque creo que nos permiten augurar debates
importantes sobre política económica en esta Comisión, que serán sin
duda para el Gobierno extraordinariamente útiles desde el punto de
vista de que las críticas, pues independientemente de los matices
políticos son un instrumento muy importante para conocer la realidad.
Por ello agradezco a todos los intervinientes sus posiciones, tanto a
los que han coincidido con el Gobierno como a los que no.
Trataré de seguir el esquema tradicional de contestar individualmente
a cada uno de los intervinientes, aunque es posible que en algunos
casos incorpore intervenciones de otros, pero con ello no trato en
ningún caso de no responder a cada una de las intervenciones.
Empiezo, por tanto, por el señor Sevilla, a quien agradezco una vez
más su tono y su intervención. El señor Sevilla me pide que mis
comparecencias sean más frecuentes. Creo que las comparaciones son
siempre odiosas, pero en términos de comparaciones no creo que haya
habido, ni mucho menos, una falta de control por parte del Gobierno y
en mi caso por mis responsabilidades de ministro, pero como es
natural estoy a disposición de la Comisión para organizar, por el
sistema que le parezca a la Mesa de la Comisión, las presencias no
sólo del ministro en este caso sino también de los secretarios de
Estado, al objeto de que haya la mayor transparencia posible,
independientemente de las iniciativas de los grupos, que como es
natural dependen de la voluntad de los mismos.
Estoy de acuerdo con el señor Sevilla en que no hay explicaciones
milagrosas y creo que una Comisión de Economía es un buen lugar para
decirlo enfáticamente: no hay milagros en economía, sino que hay
realidades, y en ese sentido quisiera subrayar que mi impresión
es que la economía española ha aumentado su potencial de
crecimiento. El señor Sevilla me dice que a otros les ha sucedido lo
mismo, y no sé si es un buen o un mal argumento; quizá sería terrible
que fuera al revés, es decir que nosotros nos hubiéramos quedado
atrás y otros hubieran avanzado. Apartir de ahí me alegro de que a
otros les suceda lo mismo, porque no nos viene mal vivir en una
Europa equilibrada. Probablemente, hace un año, cuando hablábamos de
un problema de deflación en la economía alemana no era para alegrarse
aunque nosotros pudiéramos decir que estábamos mejor. En ese sentido
no creo que ese argumento perjudique al Gobierno. Aunque la
comparación siempre es útil para saber si uno está haciendo las cosas
medianamente bien, el hecho de que en el déficit público,
convergencia real, empleo y exportaciones nos situemos mejor que la
media no es una mala comparación. Su señoría me dirá que en inflación
no es así, y es cierto que en inflación no es así, pero creo que
podemos pensar que tenemos bases para hacer que aquello en lo que
estamos peor que la media podamos mejorarlo -y de eso se trata- y sin
embargo no perder aquellas posiciones en las que estamos mejor que la
media. En ese sentido creo que la comparación es útil, y a partir de
ahí estimo que es muy importante para nosotros, cada vez más, que el
crecimiento europeo sea equilibrado, porque podemos no sólo tener
problemas muy concretos, habida cuenta de la importancia que tiene
Europa para nosotros como clientes, sino también como estamos
comprobando y ha sido objeto de intervenciones de varios portavoces y
también por mi parte porque estamos compartiendo la misma política
monetaria y los crecimientos equilibrados nos benefician a nosotros.
Alguno de ustedes podría decirme: ¿Y cómo vamos a hacer convivir el
objetivo de convergencia real con crecimientos equilibrados de todos?
Yo creo que ésa es una de las grandes cuestiones de la política
económica durante los próximos 4 u 8 años en España si ponemos un
horizonte que el señor Mauricio ha fijado antes, que es el horizonte
de los presupuestos europeos.
He planteado a la Comisión un modelo de crecimiento que tengo que
decir no ha sido objeto de demasiado debate, no sé si porque la
Comisión no ha querido debatir la cuestión crucial de la política
económica del Gobierno o porque coincidimos; no quiero hacer juicios
de valor. Les he planteado que el Gobierno va a buscar con todos los
instrumentos un crecimiento económico intenso, con una reducción de
las necesidades de financiación pública como instrumento básico de
mantenimiento del crecimiento. En ese sentido, como es natural los
grupos son soberanos de manifestarse sobre las cuestiones, pero tengo
que decir que me parece de máxima importancia porque creo que ahí es
donde podemos encontrar explicaciones y posibilidades para que
realmente la economía española avanceen una dirección de progreso.
Tengo que decir, y con ello entro en algunas manifestaciones de la
intervención del señor Sevilla, que cuando hablamos de convergencia
real no hablamos de una cifra. Es muy difícil decir que hay
convergencia real y que sin embargo no se converge en empleo, en
salarios, en sanidad, ni en infraestructuras... Es una cifra agregada
y algo hay detrás. A lo mejor no es fácil introducir la productividad
aparente en la discusión de la convergencia real; de todas maneras,
como el señor Sevilla quiere continuar por ese camino, en estos
cuatro años veremos cómo es capaz de conciliar sus preocupaciones por
la productividad aparente con otras cuestiones.
Dice el señor Sevilla que hay un amplio consenso sobre que España
está en una situación de recalentamiento. No estoy de acuerdo. Nos
dicen que tengamos cuidado de no estar en esa situación, pero nadie
nos está diciendo que estemos en esa situación creciendo al 4 por
ciento, y estábamos creciendo al 4 por ciento en el año 1998. Por
tanto, no creo que nosotros tengamos que aceptar que hemos llegado a
nuestro tope de crecimiento. Es más, al principio de mi intervención
he planteado que se ha producido un aumento del potencial de
crecimiento de nuestra economía y sin duda uno de nuestros desafíos
es que ese potencial de crecimiento no disminuya sino que seamos
capaces de mantenerlo y de que ese 4 por ciento de crecimiento, o
cifras similares del 3,5 por ciento de media en la legislatura como
les he planteado, sea sostenible. En ese sentido, el Gobierno
contempla que la sostenibilidad puede verse afectada por una serie de
factores, de los cuales el más importante está relativamente
despejado y al que SS.SS. han hecho relativa referencia, como es la
política presupuestaria. No cabe duda que hemos avanzado notablemente
en estos últimos años al poder hoy hablar aquí con cierta facilidad
de que vamos a encontrarnos entre los países que tienen superávit
público. Eso nos va a traer otros problemas, sin duda, pero problemas
mejores que los que nos traía la anterior situación. Insisto en esto
porque creo que crecimiento con disminución del peso del Estado y de
las necesidades de financiación pública es clave por lo menos para
estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos, o para proponer una
alternativa distinta en esa dirección, lo cual no quiere decir que el
aumento de los precios en España no sea en este momento causa de
atención del Gobierno y de crítica, que además la considero
absolutamente justificada, lo que pasa es que no podemos hacer esa
crítica abstrayéndonos de nuestra presencia en el euro. Quiero decir
que si este Gobierno se presentase ante esta Cámara con un
crecimiento del 4 por ciento, trasladado el 80 por ciento al empleo,
y no estuviéramos dentro del euro y tuviéramos el 2,8 ó 3 por ciento
de inflación, ni en términos históricos ni en términos OCDE nadie
podría decir que estamos en una mala situación. Cosa distinta -creo
que es un debate que viene del final de la pasada legislatura- es si
el
diferencial de inflación es sostenible o no es sostenible. Ésa es la
cuestión.
Tengo que decir que nosotros tenemos el mismo diferencial de
inflación desde hace dos años, lo cual indicaría -creo que el señor
Sánchez i Llibre lo ha planteado- que la repercusión de los precios
del petróleo para nosotros ha sido igual que para los demás. No hemos
distanciado nuestro diferencial de inflación con la media del euro.
La pregunta, y es una pregunta pertinente, es si podemos o debemos
mantener un diferencial de inflación del 1 por ciento. No es fácil la
contestación. El señor Sevilla ha hecho referencia a estudios
académicos; yo hago referencia al Banco Central Europeo, que me
parece una referencia académica suficiente. No parece que el Banco
Central Europeo considere en sus estudios que ese es un punto de
distancia excesivo. Por ejemplo, la experiencia internacional de otro
mercado de nuestro mismo tamaño y potencial económico como es el de
Estados Unidos tampoco indica que la diferencia entre Estados de un
punto de inflación sea algo que afecte de manera determinante a la
competitividad entre los mismos, y si vamos a los ejemplos españoles
todavía es más obvio que la diferencia en un mercado muy integrado
como es el español, con una experiencia histórica integrada, tampoco
parece demostrarlo. Aun así, coincido con aquellos de ustedes que
exigen al Gobierno la reducción de ese diferencial que radica
principalmente en el sector servicios; no en el sector servicios de
telecomunicaciones, señor Rodríguez, porque las telecomunicaciones
tienen crecimientos negativos de precios. Su señoría podrá decir que
le gustaría que tuvieran crecimientos de precios todavía más
negativos, yo también; pero un 7 por ciento de caída no está mal en
el sector servicios de la economía, el que está más abrigado a la
competencia internacional, en el que tenemos mayores dificultades y
en el que existe un diferencial que es aproximadamente el doble de la
media europea, donde es verdad que se está produciendo una caída
décima a décima cada año (es decir, el año pasado hemos bajado
aproximadamente cinco décimas en el sector servicios) pero en el que
todavía estamos suficientemente lejos. Sin duda las
telecomunicaciones, la energía, el coste del suelo, el mercado
laboral, la simplificación administrativa, todas esas cosas y otras
muchas juegan un papel en la inflación del sector servicios, pero es
ahí donde radican a medio plazo nuestros problemas. No cabe duda de
que nosotros estamos viviendo en estos momentos un fenómeno
coyuntural de precios de la energía que fue extraordinariamente
positivo en el año 1998 y que ha sido relativamente negativo en el
año 1999-2000, al que hay que unir la depreciación de nuestra moneda;
pero el fenómeno coyuntural no debe alarmarnos en exceso. Primero,
porque hemos absorbido un shock de oferta petrolífera similar a la de
1975 con muchos menos costes tanto nosotros como el resto de los
países de la OCDE. Pensemos que hemos absorbido un coste similar
al que tuvimos en los años 1975 o 1991 y sin embargo nuestra economía
ha continuado creciendo y la de nuestros socios se ha recuperado; eso
quiere decir que nuestra eficiencia desde el punto de vista
energético y macroeconómico, y no sólo la nuestra sino la del
conjunto de la OCDE, es distinta y mejor, aunque nos esté creando
relativos problemas a nosotros, al conjunto de los países euro y a
los países de la OCDE. La prueba son las tensiones internacionales
que se producen como consecuencia del precio del petróleo y de los
acuerdos del cartel del petróleo en cuanto a su nivel de producción.
El Gobierno considera imprescindible utilizar otras políticas
económicas para equilibrar los efectos que puedan producirse como
consecuencia de la inflación importada a través del precio del
petróleo, a lo que hay que sumar indudablemente una política
monetaria muy laxa. No se trata de decir que el problema de la
inflación se resuelve con política monetaria; lo que pasa es que ante
una política monetaria neutral y una política monetaria en la que los
intereses reales van cayendo hay notables diferencias, y en eso señor
Sevilla, perdone que se lo diga, no estoy de acuerdo con usted. En
diciembre de 1998, con nuestra inflación más baja en términos
históricos y que seguramente vamos a tardar mucho tiempo en volver a
ver, con el 1,4 por ciento de inflación teníamos un tipo de interés
real del 1,6 y hoy tenemos un tipo de interés real del 0,75. Quiero
decir que la gente se da cuenta de los tipos de interés reales, no
creamos que es sólo una cuestión para economistas. Ya sé que esta
Comisión está llena de economistas, pero al personal de la calle que
se manifiesta hoy delante de las puertas del Ministerio de Economía y
Hacienda, no le hace falta ser economista para darse cuenta de la
diferencia entre el tipo de interés real y el otro, y eso afecta al
consumo, sin ninguna duda. Sin que yo abjure de mis principios de que
la política de estabilidad se consiga a través de la política
presupuestaria -sólo quiero referirme a la caída histórica del
déficit público mientras he sido ministro de Hacienda- no cabe duda
de que una política monetaria expansiva creciente a la que hay que
sumar una depreciación del 20 por ciento de la moneda tiene alguna
influencia sobre la inflación en una economía que está creciendo con
una demanda interna al cinco y pico por ciento.
Me dice el señor Sevilla que es verdad que los precios del petróleo
en España en abril se han comportado mal. Cierto, nosotros no estamos
satisfechos de ello; pero no sé si un mes es relevante para fijar una
política; si fuera un año. En estos momentos seguimos teniendo
precios considerablemente más baratos en carburantes que Europa. Por
ejemplo, la gasolina sin plomo de 139 a 174 pesetas; el gasóleo de
automoción de 112 pesetas en España a 134 en la Unión Europea, y la
fiscalidad es la más baja después de Luxemburgo. A partir de ahí, el
Gobierno tiene que responder a la garantía de la competencia. Y aquí
el señor Sevilla me dice que no fíe mucho en el número de
gasolineras. Es posible, pero
me reconocerá que es un elemento relevante de la competencia, sobre
todo si son de distinta bandera. Es decir, no es malo que España
tenga hoy el doble de gasolineras que hace cinco o seis años, así
como tampoco es malo que el principal operador en España de venta de
gasolina al por menor en vez de tener el 60 por ciento de cuota de
mercado tenga el 40. Yo creo que eso sí incide en la competencia,
como incide también la cuestión de los límites al plazo de los
contratos de suministros, que ha sido planteada por otros
intervinientes, entre ellos creo que por el señor Sánchez i Llibre, y
que nosotros mismos hemos planteado al Tribunal de Defensa de la
Competencia, coincidiendo además con la posición que en estos
momentos plantea la Unión Europea. Incide asimismo lo que debe ser el
proceso de transporte, teniendo en cuenta que estamos hablando de
empresas en algunos casos privadas.
Sin que yo quiera meterme en el debate del Partido Socialista sobre
cómo valorar la herencia del anterior presidente del Gobierno, parte
de eso es una herencia anterior y yo no voy a hacer juicios. Ya lo
dije el otro día en el Pleno, se podían haber tomado otras
decisiones, aunque a lo mejor las que se tomaron entonces eran las
únicas que se podían tomar. Yo creo que se podrían haber tomado
otras, pero de lo que no cabe duda es de que nos enfrentamos con
ellas y que no podemos actuar de la misma manera en red eléctrica que
en otras compañías, aunque es intención del Gobierno que puedan
producirse aumentos claros de competencia en el sector.
Se me dice también que se está produciendo un aumento del poder de
las grandes empresas y eso no es cierto. No es cierto desde ningún
punto de vista, ni desde el punto de vista de las cuotas de mercado
ni desde el punto de vista de las reglas del Gobierno. Es más, por
primera vez en nuestra historia -probablemente nos tocaba a nosotros
hacerlo, no digo que sea ningún mérito- el Gobierno ha puesto límites
a la participación de las empresas de servicios públicos, acaba de
establecer claros criterios sobre cómo debe ser el mercado eléctrico
mientras que sigamos con estas reglas y ha planteado claramente el
debate sobre el buen gobierno de las empresas, que en nuestro país no
se había planteado. Vuelvo a repetir que probablemente nos tocaba a
nosotros hacerlo, porque a cada Gobierno le corresponden las cosas
que le tienen que corresponder y creo que nosotros las hemos hecho.
También hemos planteado, como he puesto de relieve, un control de las
concentraciones que en nuestro país no existía, insistiendo una vez
más en que a lo mejor nos tocaba hacerlo a nosotros y así lo estamos
haciendo.
A partir de aquí se nos pueden plantear más exigencias, sin duda, yo
estoy convencido de ello y lo he dicho en mi intervención con clara
intencionalidad política: la política de competencia es una política
clave para el Gobierno. Y he dicho otra cosa también con clara
intención, que los criterios sobre la competencia
en todos los sectores los debe fijar el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Puede que ahí no coincida con todos los grupos
políticos, pero si realmente queremos garantizar que en cuestiones
que van desde el comercio a la telefonía, pasando por la
electricidad, el mercado financiero y otras, tengamos una verdadera
política de defensa de la competencia, de defensa de los
consumidores, debe ser a través de un Tribunal de Defensa de la
Competencia, que, con todos los respetos a otros órganos reguladores,
es el que fija los criterios de competencia generales, y lo que desde
luego no debemos hacer es convertir al Tribunal de Defensa de la
Competencia en un tribunal que no puede opinar ni sobre teléfonos ni
sobre luz ni sobre electricidad ni sobre gasolina, porque me
parecería un gravísimo error.
El señor Sevilla me plantea que la nueva economía supone un
crecimiento sin inflación. Pues, efectivamente, supone un crecimiento
sin inflación o con una inflación muy moderada que el Banco Central
Europeo fija en torno al 2 por ciento. Esto es, no un cero por ciento
de inflación, sino una inflación moderada en torno al 2 por ciento,
que puede coincidir con las previsiones que hacen otros bancos
centrales sobre lo que debe ser para un país con el grado de
desarrollo de España una inflación que no cree problemas de
sostenibilidad. Ahí el señor Sevilla me plantea su preocupación por
la productividad aparente y su convencimiento de que el hecho de que
en España el empleo esté creciendo al ritmo que está creciendo
demuestra palpablemente que estamos cavando un túnel para el mañana.
Yo tengo que decir que no coincido para nada en esa apreciación.
Primero porque incluso el propio sentido común -y con esto no trato
de meterme con su sentido común- me indica que sería muy difícil que
le dijéramos a los españoles: señores, en España no puede crecer el
empleo porque la productividad aparente se resiente. (Risas.) Usted
se ríe, pero se ríe porque no está pasando. (El señor Sevilla Segura:
Eso es un disparate.) Desde luego que es un disparate, de los gordos,
de los más gordos que he oído yo no ya en economía, sino en política.
(El señor Sevilla Segura: Lo ha dicho usted.) No, yo no lo he dicho;
lo han dicho ustedes en la campaña electoral y hoy no sé si lo ha
dicho pero es lo que le he entendido. Resulta que lo que está
sucediendo en España con la productividad aparente - y esta es una
Comisión llena de expertos profesores de economía- es que hay una
parte del empleo que vemos que seguramente es economía sumergida. Son
empleos que estaban sin cotizaciones sociales y sin pagar impuestos y
que hoy los vemos apareciendo en nuestra economía.
Si nuestra capacidad productiva está creciendo, es decir, si la
formación bruta de capital está creciendo al 10 por ciento, cuatro
puntos por encima de la media europea, algo estarán haciendo las
empresas con las máquinas. Supongo que, además de comprarlas y
contemplarlas, harán algo con ellas. Yo no estoy ahora tratando
de competir con los libros de texto de primero de carrera ni
nada parecido -eso se lo dejo a ustedes-, pero me pregunto: ¿qué
harán todos estos empresarios invirtiendo el 25 por ciento del PIB en
maquinaria? La contemplarán y algo más harán. Ahí es donde yo creo
que el argumento de la productividad aparente nos indica que es una
medida -dicen los economistas- con la que tenemos que tener cuidado.
Sin duda tenemos que tenerla en cuenta, pero España necesita aumentar
la intensidad de relación entre empleo y crecimiento si quiere
realmente llegar a un nivel de convergencia real, medido como quiera
el señor Sevilla. Si en España no tenemos un nivel de empleo similar
al de nuestros competidores, o tenemos una sociedad tremendamente
injusta -en la que el señor Sevilla desde luego estoy seguro de que
no apuesta ni ninguno de los miembros de esta Cámara- o es imposible
que estemos en la convergencia real.
Por lo tanto, si quieren, estamos toda la legislatura hablando de la
productividad aparente, pero no sé si nos servirá, porque nos lleva a
una posición que, al final, ninguno queremos sostener. Como ha dicho
la señora Pisonero, tendríamos que decir que cuanto más deprisa caiga
el PIB, si crece más deprisa el desempleo, tenemos más productividad.
Ese es un mundo que, por mucho que queramos, no podemos salir a la
calle a defenderlo, porque no es que nos den de gorrazos, sino que no
nos toman en serio. ¿Cuál sería en este momento una imagen de pérdida
clara de productividad? Por un lado, una caída importante de nuestra
formación de capital bruto. No se está produciendo; se está
produciendo lo contrario. Nuestros empresarios están invirtiendo de
manera notable, lo cual quiere decir que están haciendo que sus
empresas sean cada vez más competitivas. Y, en segundo lugar, la
posibilidad o no de que nuestras exportaciones sean capaces de
mantener el ritmo y la presencia en los mercados internacionales,
incluso en los mercados europeos en los que no tenemos ventaja desde
el punto de vista de la devaluación de la moneda, y eso también está
pasando. Sería un error por parte del Gobierno decir: como eso está
pasando, no me preocupa un diferencial de un punto de inflación. A mí
me preocupa. Creo que es donde el Gobierno va a recibir -y les
aplaudo porque lo hagan- las mayores presiones, y debemos hacerlo. El
Gobierno debe sufrirlas, porque es su responsabilidad el conseguir
que ese diferencial se reduzca. En estos momentos no podemos decir,
si queremos realmente construir un debate que nos dure cuatro años y
no tener que cambiarlo cada trimestre, que estemos ante una situación
de pérdida radical de competitividad porque no se está produciendo
así.
Dice el señor Sevilla: el modelo de crecimiento extensivo y no
intensivo se agotará. Es posible que se agote. De momento, algunos
portavoces me decían - me parece que era el señor Llamazares- que
definieralo que es el pleno empleo. El pleno empleo es el 6 por
ciento, supongo. Vuelvo a repetir que con esta presencia de
profesores de economía prefiero que lo definan ustedes. O sea, que
nos queda un rato, nunca mejor dicho (Risas.), para llegar a esa
cuestión, que es la que a los españoles les preocupa, por lo menos
desde nuestro punto de vista. Es la de -y con esto paso a la
penúltima cuestión del señor Sevilla- la convergencia real. El señor
Sevilla me dice: está mal definido el objetivo. Yo no lo creo, lo
cual no quiere decir que no se puedan añadir otros. La convergencia
real me parece un objetivo imprescindible. Que nuestra renta per
cápita se acerque a la de la media europea no se va a producir
independientemente de nuestro empleo, de nuestras infraestructuras,
de nuestra competitividad, de nuestra eficiencia. Es imposible,
porque España ha tenido momentos muy brillantes de crecimiento, pero,
como no ha sido capaz de incorporar más personas al mercado laboral,
ha sido incapaz de acortar sus distancias. Ahora S.S. dice que
tenemos que hacer un nuevo catálogo. Bienvenido sea. ¿Qué
introducimos en ese catálogo? Ya he visto que todas SS.SS. quieren
introducir Internet. No cabe duda de que entre el millón de españoles
que utilizan Internet aquí hay una representación notable. Pero,
además de eso, tal vez a las familias españolas les interesa el coste
de las llamadas interprovinciales, el coste de las llamadas
provinciales o la posibilidad de cambiar de operador sin perder el
número. Cosas que, al parecer, a SS.SS., que ya están en la era del
conocimiento y que van liderando la sociedad, no les preocupa tanto,
porque ninguna de ellas se ha interesado por otra serie de
preocupaciones que el Gobierno cree que están en la vida de las
personas. Esto no quiere decir que le quite la importancia que tiene
a Internet, que yo la reconozco, y que considere que la tarifa plana
no sólo beneficia a los que ahora utilizan Internet, sino que
beneficia el uso de Internet y el Gobierno está absolutamente de
acuerdo en que ese uso hay que incentivarlo. Me ha sorprendido
comprobar cómo la Comisión estaba muy centrada en sus propios
problemas. (Risas.)
La estructura del Ministerio. Dice S.S. que la estructura del
Ministerio es un error. No, no estoy de acuerdo, pero claro es una
discusión que -como ha dicho la señora Pisonero- no nos lleva a
ningún sitio, porque el Gobierno tiene derecho a reorganizar sus
ministerios como le parezca que puede cumplir mejor con sus
cometidos. (El señor Sevilla Segura: Pero puedo opinar.) Sin duda,
pero yo también. No se enfade, señor Sevilla, usted opina, pero el
resto de los mortales cuando venimos aquí también opinamos con la
mejor intención. Yo no creo que sea un error, como todo, es
discutible. Creo sinceramente que concentrar los esfuerzos de una
parte de los responsables económicos en cuestiones como las que nos
han ocupado aquí esta mañana va a ser muy importante en los próximos
cuatro años. Desaparecida la empresa pública o en gran parte la
empresa pública como eje de la política industrial y
entrando en una fase de desaparición de monopolios y de aumento de la
competencia, tiene sentido lo que nosotros hemos hecho. Puede tener
sentido otra cosa, sin ninguna duda, porque aquí no estamos ante
ningún dogma, pero yo creo que tiene sentido lo que nosotros hemos
hecho, a lo que hay que añadir el esfuerzo que el Gobierno quiere
plantear en identificar -y aquí la preocupación de SS.SS. por
Internet es plenamente coincidente- las tecnologías y la implantación
de las tecnologías en España como una responsabilidad ministerial. En
ese sentido, hay un reconocimiento por parte del Gobierno de que esa
nueva economía necesita un impulso político de primera magnitud. ¿Que
eso nos obliga a hacer reorganizaciones? Las hemos hecho. ¿Qué las
que hemos hecho tienen sentido? Nosotros creemos que lo tienen y
espero que a lo largo de la legislatura podamos demostrarlo. Yo creo
que no afecta para nada al control democrático. Antes el señor
Llamazares decía, y lo sabía perfectamente: ¿A quién le pregunto
sobre minas? A nosotros, a los del Ministerio de Economía, ya lo
sabe, por eso nos ha preguntado; por tanto, es un recurso retórico.
En cuanto a las comunidades autónomas, lejos estaré yo de meterme con
lo que hacen las comunidades autónomas, pero ellas eligen a sus
consejeros y los cambian cuando quieren. Por lo menos el Parlamento
nacional y el Gobierno de la nación, dentro de su modestia y sin
tratar para nada de involucrarse en las decisiones de las comunidades
autónomas, también tendrán derecho a organizarse como le parezca
conveniente dentro del cumplimiento de las leyes.
Me pregunta concretamente por una serie de cuestiones. La primera son
los complementos a mínimos. No le puedo contestar otra cosa que lo
que está en la ley. La ley indica que el Gobierno tiene que
incorporar los complementos a mínimos a partir del año 2000. Yo creo
que es uno de los temas básicos del Pacto de Toledo, habida cuenta de
que estamos hablando de un volumen de 600.000 millones de pesetas
decreciente de complementos a mínimos, porque somos conscientes de
eso. Y ahora que estamos lejos de las elecciones, y que seguramente
podremos tener un mínimo de acuerdo sobre algunas cuestiones, yo creo
que 600.000 millones de pesetas en la Seguridad Social española son
importantes y tendremos que irlos descargando, pero también teniendo
en cuenta que estamos ante un problema decreciente. Ahí los grupos
parlamentarios y el Gobierno tendrían que encontrar una satisfacción.
Yo no comparto la preocupación de S.S. por la estructura contable de
la Seguridad Social. La estructura contable de la Seguridad Social en
un sistema de reparto es la manifestación de la historia financiera
del Estado, pero no me parece que afecte su estructura contable a la
Seguridad Social, habida cuenta de que el Estado es responsable de la
Seguridad Social en España y yo creo que no hay nadie en esta Cámara
que pretenda lo contrario.
¿Qué podemos hacer con la afloración, por ejemplo, del gasto
sanitario del año 1993? ¿Qué quiere usted que hagamos? No tenemos
nada que hacer a estas alturas de la fiesta; está ahí, está dentro de
la deuda pública española y no veo ningún motivo para ponernos a
discutir en estos momentos entre usted y yo o entre los aquí
presentes por qué el ministro de entonces lo afloró o por qué el
ministro anterior no lo afloró, no le veo ninguna utilidad. Lo que sí
me parece útil es ser consciente de que en estos momentos la
Seguridad Social, aplicando ya el criterio eurostat, que ni siquiera
está en vigor, tiene una situación de superávit y no tiene ningún
desfase desde el punto de vista de los derechos reconocidos y
líquidos, que fue un debate políticamente muy famoso sobre caja
devengo que nunca acabó de cuajar, pero que en estos momentos creo
que ya está superado, por suerte para todos, y todo el mundo se
alegra de que nuestra Seguridad Social esté en una situación en la
que no tiene problemas respecto a lo que van a ser exigencias de
eurostat en los próximos años.
Sobre horarios comerciales -creo que han intervenido el representante
de Convergència i Unió y el de Esquerra Republicana- la ley es muy
clara y en el año 2000 empieza la libertad de horarios. En cuanto a
la preocupación que tienen los partidos políticos sobre las
competencias de las comunidades autónomas, no deben tenerla pero el
Estado también tiene competencias sobre la fijación del marco de
actividad general de la economía y, por tanto, debemos ser todos
respetuosos con nuestras competencias. Ya sé que, desde el punto de
vista de la Administración general del Estado, cuando uno quiere ser
respetuoso con sus competencias tiene que serlo en tono menor y que
son las comunidades autónomas las que pueden siempre sentirse
invadidas, pero nosotros no pretendemos meternos en las competencias
de nadie, sólo pretendemos aplicar las nuestras.
Como he dicho en mi primera intervención, el observatorio de la
distribución nos ha permitido llegar a acuerdos importantes sobre
esta cuestión en un momento en el que la situación del pequeño
comercio es bien distinta de la que era antes, no sólo desde el punto
de vista de la recuperación económica, sino desde el punto de vista
de la tributación. Yo creo que sería injusto que no se reconociera
que ha habido una transformación radical del sistema de módulos,
aparte de la reducción de los impuestos que afectan a los pequeños
comerciantes, como es el impuesto sobre la renta. Por tanto, estamos
en una situación bien distinta, a la que habrá que añadir una
modificación sustancial en esta legislatura, que es la introducción
del criterio de beneficio en el impuesto de actividades económicas.
Pero a partir de ahí, yo creo que en el comercio hay en este momento
desafíos mucho más importantes, como es el de las nuevas tecnologías
y como son las nuevas formas de venta que están apareciendo y que han
estado apareciendo a lo largo de la pasada legislatura, y que -el
señor Llamazares
creo que hacía referencia a ello- el grado de consenso que se
ha establecido y que nosotros hemos podido percibir en el
observatorio de la distribución nos debe permitir avanzar hacia el
respeto y la potenciación de las pequeñas y medianas empresas, hasta
el punto de que forman parte del título del Ministerio, aunque el
representante del PNV considere que violentamos el Estatuto de
Guernica con ello, pero también existen los consumidores y, por
tanto, vamos a ver si conseguimos avanzar en la línea que a todos les
interese de la manera más inmediata.
Sobre las tarifas de Internet y las tarifas telefónicas, el Gobierno
está decidido a avanzar en un proceso de liberalización y de
competencia en el que, sin duda, la situación monopolística de
Telefónica, que es parte de nuestra historia, tiene que compensarse
con la existencia de nuevos operadores que puedan competir. En ese
sentido avanzaremos, y espero que podamos satisfacer la preocupación
específica de todos los intervinientes sobre la tarifa de internet
para que puedan estar satisfechos sobre esa cuestión.
Al señor Sánchez i Llibre le agradezco mucho sus palabras de
bienvenida. Entiendo perfectamente y reconozco la colaboración que
hemos tenido con el Grupo de Convergència i Unió durante la pasada
legislatura, y vuelvo a reiterar algo que he repetido en otras
ocasiones, y es que en lo que nosotros consideramos logros de la
pasada legislatura, Convergència i Unió ha tenido, junto con
Coalición Canaria, una participación importante, igual que durante
mucho tiempo, casi toda la legislatura, el propio PNV.
En este sentido, yo coincido con los objetivos que marca el señor
Sánchez i Llibre para esta legislatura. Creo que el crecimiento
estable y equilibrado es la principal cuestión, es decir, la economía
española tiene que ser capaz de mantener ritmos de crecimiento
importantes, Europa tiene que ser capaz de mantener ritmos de
crecimiento importantes, esa nueva economía que ustedes demandan del
Gobierno sin duda está produciendo cambios sustanciales en los
equilibrios económicos en Estados Unidos que Europa debe ser capaz de
aceptar, de admitir y de incorporar porque producen situaciones de
crecimiento y de empleo desconocidas en los países industriales hasta
esta nueva situación y ni España ni Europa deben renunciar a esa
oportunidad.
Por tanto, que el señor Sánchez i Llibre y su grupo coloquen el
crecimiento estable y equilibrado en el primer puesto, lo comparto, y
que liguen eso con la competitividad de las empresas, también. Creo
que la competitividad de las empresas es una cuestión esencial
porque, al final, el empleo se crea en las empresas. Debemos ser
conscientes de que marcos tributarios, marcos reguladores, marcos de
competencia, marcos de simplificación administrativa, son
imprescindibles si queremos tener empresas competitivas y empresasque
puedan, en todos los tamaños, dar saltos muy
importantes a nivel internacional. En ese sentido, el tratamiento
fiscal del ahorro o de la inversión, de las rentas y de la
internacionalización de las empresas juega un papel determinante. Lo
creemos firmemente y vamos a continuar en esa línea, como creo
también que en el paso que se dio en la pasada legislatura de
aumentar las posibilidades de investigación y desarrollo en nuestras
empresas y de introducir un criterio relativamente complejo, como el
de innovación, para medirlo en términos tributarios, su grupo
parlamentario y otros han tenido una buena participación.
La preocupación de su grupo por las pequeñas empresas la compartimos.
Creemos que hay campos para que las administraciones puedan hacer
cosas, sin tenerse que estorbar unas a otras, por las pequeñas y
medianas empresas. En el marco mercantil, en el financiero, en el
administrativo y en el tributario, fuera de los territorios forales,
tenemos un gran campo de actuación que el señor Sánchez i Llibre ha
mencionado en varios casos, como es el estatuto de la microempresa o
la necesidad de que busquemos fórmulas de dilación del pago de
algunos impuestos para el establecimiento de nuevos emprendedores.
El crecimiento del empleo en nuestro país está muy ligado al
crecimiento del empleo femenino. En ese sentido, se han dado pasos
importantes y esta legislatura debe contemplar pasos sustanciales que
otros ministros explicarán con más detalle porque es su
responsabilidad directa. Pero no quiero dejar de mencionar la
necesidad de continuar en el camino de la conciliación de la vida
laboral y familiar, que fue un hito desde el punto de vista del
planteamiento del aumento del empleo femenino en nuestro país y que
fue, como saben los grupos, aprobado en una ley en esta Cámara, que
es la primera ley en Europa, y que debe continuar con tratamientos
importantes que permitan y que incentiven la contratación de mujeres
después de la maternidad.
Me dice el señor Sánchez i Llibre que no sólo el crecimiento crea
empleo; no hay duda al respecto, pero tampoco cabe duda de que lo
contrario sí que es verdad; por tanto, cuantas más posibilidades y
potenciales de crecimiento tengamos, mejor para la creación de
empleo, aunque haya otras cosas que incluir. El Pacto de Toledo es un
instrumento parlamentario muy importante, que ha sido
extraordinariamente útil, sin el cual probablemente no hubiéramos
podido hacer el saneamiento de la Seguridad Social que hemos hecho,
que fue iniciativa de otra mayoría parlamentaria en la que nosotros
no estábamos -aunque nos sumamos a esa iniciativa- y creo que ahora
están los grupos parlamentarios emplazados a discutirlo. Espero que
lo discutan teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que ha
mencionado el señor Sánchez i Llibre, como son las pensiones más
bajas y las de las viudas que, indudablemente, son un desafío
importante en nuestro país en este momento, con cifras del 45 por
ciento de la renta del cónyuge fallecido.
La convergencia real es, en mi opinión, nuestro gran desafío.
Formamos parte de Europa, pero todavía estamos lejos en muchos temas,
el primero el empleo, la política social y otras cuestiones que nos
preocupan a todos y que han sido manifestadas por los grupos, y en
ese sentido estoy absolutamente de acuerdo.
En cuanto al incremento del precio del crudo, ya se lo he indicado.
Es cierto que en España se ha producido un aumento de la inflación de
un punto a lo largo del último año, pero eso es aproximadamente un
tercio de crecimiento; en cambio, en Francia y en Alemania el
crecimiento ha sido el doble. Es verdad que seguramente no había
ningún responsable económico alemán que estuviera cómodo con un 0,5
de inflación, lo cual demuestra que se puede morir por arriba y por
abajo, pero en estos momentos nosotros debemos incentivar al
Gobierno, en este caso a nosotros, para que la diferencia de
inflación no sea en ningún caso mantenida en un punto.
Me plantea el señor Sánchez i Llibre una lista de liberalizaciones de
sectores en la que, seguramente por un lapsus, no ha incluido el gas.
(Risas.- El señor Sánchez i Llibre: Los hidrocarburos.) Pero no se
preocupe, señor Sánchez i Llibre, que trataremos de abordarlos dentro
de la competencia de las empresas y de la capacidad de hacer cosas
que beneficien a todas las empresas españolas. El señor Sánchez i
Llibre, para ser justos, es el único que se ha preocupado de hablar
claramente de que además de Internet, había tarifas urbanas y otras
cuestiones que preocupaban a los ciudadanos. En cuanto a la ley de
competencia, la sentencia del Tribunal Constitucional nos obligará a
todos a establecer los puntos de interconexión entre las autoridades
de competencia a nivel autonómico y nacional. Creo que ese es un tema
en el que no debíamos tener demasiadas dificultades, con una voluntad
constructiva como la que él me platea.
Paso a contestar al señor Puigcercós en el tema que plantea,
principalmente el centrado en las grandes superficies y el comercio.
Sin duda, las comunidades autónomas tienen una capacidad, con la
segunda licencia, muy clara de limitar el crecimiento de las grandes
superficies. Ahí no seré yo el que plantee un debate sobre las
diferencias de inflación entre las comunidades autónomas, pero a lo
mejor es útil que lo vean ustedes. En cualquier caso, yo pienso que
no debemos sacralizar las cosas. Coincido en que ustedes estén tan
preocupados por las competencias de las comunidades autónomas. El
Gobierno no pretende en ningún caso inmiscuirse en esas competencias,
que están bien marcadas por el Tribunal Constitucional, pero el
Gobierno también tiene sus propias competencias. Por lo tanto, dentro
de un espíritu de colaboración con las autonomías y con el sector,
esperamos avanzar en beneficio del conjunto de la economía española,
tanto de empresarios como de consumidores. Vuelvo a repetir,
cometeríamos un grave error si en el debate sobre el comercio
nos circunscribiéramos a esta cuestión. Hay otras cuestiones tan
importantes o más, que van a surgir en el futuro, por suerte, porque
creo que el tratamiento de los pequeños comerciantes estaba no sólo
ligado a la cuestión de los horarios, que sin duda tiene una gran
importancia, sino también a cuestiones tributarias y financieras que
han cambiado el mapa.
Me preguntan, me parece que el señor Llamazares y usted, por la
privatización de las cajas de ahorros. Que yo sepa, no he dicho eso;
es más, he dicho lo contrario en varias ocasiones, que el Gobierno no
tiene la intención de cambiar la ley de órganos rectores de las cajas
de ahorros y, por lo tanto, lo vuelvo a repetir si ustedes me lo
demandan. En cuanto a los procesos que afecten a empresas públicas,
el Gobierno sigue creyendo que los procesos de liberalización y de
privatización son útiles, y que puede haber casos en los que sea
oportuno discutir sobre ellos. El Gobierno no es partidario de la
privatización de Radiotelevisión Española, ya se lo digo, pero
podemos incorporar competencias, incluso en cuestiones en las que hay
intereses tan concretos como los que ha dicho S.S. y en los que yo
coincido, como es el tema de aeropuertos, en beneficio de los
consumidores y en beneficio de que cada aeropuerto sea un modelo de
crecimiento de su zona. Sin duda que el aeropuerto de Barcelona es
importante, pero también el de Gerona, no lo ha mencionado pero lo
hago yo, y el de Jerez de la Frontera, todos. Pero hay una cosa ahí,
y no digo que S.S. lo haya dicho pero yo sí la quiero esclarecer, y
es que no estoy seguro de que a los viajeros españoles sólo les
interese el aeropuerto de su ciudad. A un señor de Málaga que quiere
ir a París y que tiene que hacer escala en Madrid o en Bilbao o en
Barcelona también le interesa el aeropuerto de Bilbao y es tan suyo
como de los demás. No creo que eso le perjudique nada. Lo importante
es que todos los aeropuertos españoles, y a ser posible los que
tienen más posibilidades, jueguen un papel en la nueva organización
del tráfico aéreo mundial, en el que el aeropuerto de Barajas tiene
grandes posibilidades y el segundo sería el aeropuerto de El Prat,
sin ninguna duda. Lo importante es si estamos invirtiendo lo que
necesita el aeropuerto de El Prat, no si estamos haciendo otras cosas
en otros lugares. Ese debate no nos lleva a ningún sitio. Y no digo
que S.S. lo haya planteado.
El señor Rodríguez me vuelve a insistir en un debate de la pasada
legislatura. Yo le tengo que decir lo mismo. La convergencia nominal
no se consigue con privatizaciones porque no se pueden aplicar a
déficit público, no podemos hacerlo. Como usted ha empezado por ahí,
trato de contestarle. No vamos por ahí. Me plantea -yo coincido con
él, creo que él lo ha dicho, yo también y lo reitero- que nosotros
tenemos todavía un desafío, desde el punto de vista del empleo, muy
considerable. No podemos pensar que una economía con un 15 por ciento
de paro es una economía que
pueda mantener un grado de estabilidad social y económico suficiente.
Creo que el modelo de modernización del mercado laboral de la pasada
legislatura ha sido muy útil -sin duda es criticable como todos los
modelos- y hemos visto un crecimiento importante del empleo estable
que no habíamos visto casi en decenios. ¿Que eso va a compensar la
totalidad de los contratos temporales que tenemos? No, y de hecho
están decreciendo. Pensemos que con un crecimiento de 2 millones de
empleos en una legislatura los contratos temporales han bajado en
términos porcentuales, pero, el Gobierno -ya lo ha dicho en varias
ocasiones- pretende incentivar la contratación estable con los medios
que tiene hasta ahora y con otros más dirigida a sectores concretos
como pueden ser los parados de larga duración sin formación o las
mujeres, y ha tomado medidas y seguirá tomándolas para desincentivar
la contratación temporal, que tiene un lugar en nuestra economía, no
nos cabe ninguna duda.
Dice el señor Rodríguez que el problema de la inflación no es sólo de
los salarios. Es verdad. Este Gobierno nunca ha dicho que la subida
de la inflación estuviera sólo en los salarios; al revés, creo que en
todo lo que llevamos de mañana y prácticamente de tarde los grupos
y el Gobierno están hablando de liberalización y de competencia entre
las empresas, lo cual no quiere decir que los salarios no jueguen un
papel muy importante en esa cuestión y que la moderación salarial no
sea un elemento imprescindible para el empleo, no ya para los
equilibrios macroeconómicos, como lo ha demostrado esta legislatura
sin ninguna duda. España está comportándose -alguien lo ha dicho, no
sé si ha sido el representante del PNV- en temas salariales de manera
bien distinta de cómo se comportaba en legislaturas anteriores y los
efectos han sido muy buenos sobre la economía, lo cual no tiene que
ver exclusivamente con la política del Gobierno, pero en cierto
sentido sí con la credibilidad de algunas políticas del Gobierno.
En cuanto a las diferencias de criterio -también se han planteado
otras sobre el acero, al que haré referencia-, al por qué el Gobierno
tiene una posición distinta, le diré que el Gobierno no tiene una
posición distinta respecto a las empresas eléctricas. Endesa ya tenía
el control de Sevillana y Fecsa: tenía el cuarenta y tantos por
ciento y después pasó a tener el 70 por ciento. Muchas veces los
grupos nos dicen que no creamos que España empieza con nosotros y que
todo lo que pasa en España es gracias a nosotros. Es cierto, somos
muy conscientes. Por ejemplo, los porcentajes que tenía Endesa sobre
Sevillana y Fecsa. ¿Qué quiere que le diga? Era una realidad que
estaba ahí y cuando una empresa tiene el control de otra, el que
simplemente haga una operación contable de su absorción no tiene las
mismas consecuencias sobre el mercado eléctrico que las que tiene la
desaparición de una empresa independiente. A partir de ahí yo acepto
perfectamente las
críticas que me pueda hacer S.S. sobre las decisiones del Gobierno,
pero creo que mi obligación es explicarlas transparentemente, porque
eso es lo importante, que se sepa cuáles son los criterios que
utiliza el Gobierno. Desde el punto de vista del sector eléctrico la
competencia es visible en los costes de la energía. Se está
produciendo una transformación que seguramente esta Comisión y el
Gobierno tendrán que analizar, por ejemplo, el crecimiento de la
energía en relación al crecimiento económico, que está siendo
prácticamente el doble del consumo eléctrico no llega al doble pero
muy cerca. Seguramente tiene que ver con cosas importantes, una de
ellas los precios. Estamos abaratando los precios considerablemente
en el sector eléctrico. ¿Que tendríamos que abaratarlos más, que SS.
SS. deben pedímerlo y que el funcionamiento del pool eléctrico no es
todo lo eficiente que al Gobierno le gustaría? Sin duda, pero creemos
que ha habido un paso sustancial en esa dirección.
Algunas cosas que me ha preguntado ya las he contestado. El Gobierno
está firmemente convencido de que cuanto más eficientes y rentables
sean los astilleros es mejor para sus trabajadores. Es verdad que hay
una competencia internacional desleal que el Gobierno ha planteado en
la Unión Europea y que debe ser objeto de las relaciones entre Corea
y la Unión Europea principalmente. Es más, en la última ley de
acompañamiento hemos introducido algunas disposiciones en esa
dirección. Pero los astilleros en España deben ser rentables, no me
cabe la menor duda, si queremos realmente tener astilleros con futuro
y que puedan mantenerse más adelante en los mercados internacionales.
Soy partidario de la liberalización del bucle local. Lo importante es
que las condiciones sean favorables a los consumidores y a la
competencia.
En cuanto a la regasificadora, que entiendo que se refiere a la
regasificadora del Noroeste, S.A., los datos que yo tengo es que hoy
hay una nueva normativa y la construcción de las instalaciones de
regasificación o almacenamiento de gas ya no están sometidas a
planificación obligatoria ni por parte de la Administración; por
tanto es una decisión de las empresas. Existe al parecer una empresa
interesada en construir esa planta, existe un proyecto que se ha
presentado al Ministerio para conseguir las oportunas autorizaciones
y si el proyecto cumple la normativa en vigor desde el punto de vista
de la ordenación del territorio, medioambiental y condiciones
técnicas y de seguridad, será aprobado sin problemas. De todas
maneras, si S.S. está interesado en mayores detalles yo me presto a
dárselos.
Paso a contestar al señor Llamazares que me plantea si nosotros
estamos buscando un modelo económico como el norteamericano. No. Yo
creo que la sociedad europea y la sociedad española tienen otras
estructuras, otros valores, otras jerarquías, lo que S.S. quiera, y
otros consensos sociales bien distintos. Otra cosa es que seamos
conscientes de que la primera economía
del mundo está creciendo desde hace más de diez años
ininterrumpidamente y eso es lo que ha llevado al pleno empleo. No
hay otro camino; no es fácil por otro camino llegar al pleno empleo
si no es a través del crecimiento económico. En este sentido, sin que
nosotros tengamos ningún tipo de planteamiento en el que nuestra
sociedad, nuestros valores, nuestra cohesión social, nuestros
principios y nuestra cultura tengan que supeditarse a las de nadie,
otra cosa es que no seamos capaces de ver que hay cosas en otros
sitios que pueden ser muy importantes para nosotros, y sin duda esas
tienen que ver con las nuevas tecnología, con la nueva economía y con
los requisitos de la nueva economía, que son muy amplios y que no
sólo afectan a la utilización o no de Internet, que es primordial,
sino que afectan al mercado financiero, al mercado laboral, a la
desregulación de mercados, etcétera. Voy a poner un ejemplo que he
puesto en otras ocasiones. Qué duda cabe que si nosotros hubiéramos
mantenido la posibilidad de que Telefónica fuera un monopolio en
España hasta el año 2002, hoy no estaríamos en las condiciones de
plantearnos una nueva economía como la que podamos tener. Qué duda
cabe que si nosotros hubiéramos mantenido en el cajón la regulación
del cable en nuestro país, hoy no podríamos plantearnos esas
cuestiones. Por tanto, la nueva economía va a acompañada del conjunto
de la economía. No es exclusivamente el señor que tiene un ordenador
en la mesa de su casa o está conectado con Internet el que hace nueva
economía y el señor que vende pan o que mueve un camión está en la
vieja economía. No. La nueva economía trascenderá a toda la economía
si queremos producir realmente el cambio sustancial en nuestras
condiciones de oferta que nos permita crecer durante mucho más tiempo
y sin tensiones inflacionistas, como sucede en estos momentos en
algunos lugares. Creo que ese es el desafío de la Unión Europea, no
sólo el desafío español.
Su señoría me critica, cómo no, por el precio de los carburantes. Le
digo lo mismo que he dicho en ocasiones anteriores. El Gobierno va a
actuar y está actuando sobre los temas de competencia y, sin duda,
estamos absorbiendo un shock petrolífero de grandes dimensiones, con
un coste para la economía española relativo en términos de empleo y
en términos de crecimiento. Hemos actuado -quiero recordarlo sin que
con esto quiera meterme con las expresiones en la calle de los
ciudadanos- formalizando acuerdos públicos con sectores concretos
para que, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con el transporte,
con la amortización de vehículos, o en sectores relacionados con los
módulos, el coste de la energía se tuviera en cuenta -que no se
tenía- para que un coste como el actual pueda no perjudicar a las
relaciones equilibradas entre la Hacienda pública y los pequeños
empresarios. A partir de ahí, todos hemos asistido a un repunte de
los precios del petróleo que ha coincidido con una depreciación de
nuestra moneda, que sin duda no nos puede beneficiar en esa dirección
ni como consumidores ni como empresarios a ningún español.
Me plantea el señor Llamazares que nuestro crecimiento económico no
es nada excepcional. Yo no sé si hay que plantearlo en esos términos.
Es bueno para nosotros. Qué más nos da si es excepcional o no, es
bueno para nosotros. De eso se trata. Si otros lo tienen también,
pues bendito sea Dios, y además nos conviene mucho que lo tengan. Esa
es una de las cuestiones que nos interesa, que va a ser una de
nuestras prioridades: crecer por encima de una Europa que crezca,
porque si no ese crecimiento también sería imposible de mantener. El
señor Llamazares dice que hay que rebajar la actitud complaciente del
Gobierno. Si el Gobierno la tiene, yo estoy absolutamente de acuerdo
en que el señor Llamazares debe rebajarla, porque la actitud
complaciente no nos lleva a ningún sitio.
Creo que hemos dado pasos en relación con el empleo de calidad.
¿Suficientes? Con un 31 por ciento de empleo temporal no podemos
decir que son suficientes. ¿Cómo vamos a decirlo si es el doble de la
media europea? ¿Qué caminos podemos elegir? Yo creo que todavía
tenemos que trabajar sobre el empleo a tiempo parcial porque no está
produciendo los efectos que nos gustaría que produjese. Y sin duda
tenemos que seguir avanzando en la empleabilidad de las personas, en
la formación. Creo que ahí hay un debate abierto muy importante, en
el que la sociedad española no está utilizando, ni mucho menos, los
recursos que tiene. Yo quiero recordar a la Comisión que en el
presupuesto del año 2000 el montante de las políticas activas era de
900.000 millones de pesetas, que es prácticamente el equivalente al
Ministerio de Educación. Ese es un esfuerzo extraordinario que está
haciendo la sociedad española, los contribuyentes españoles. El
Gobierno, las administraciones públicas y los interlocutores sociales
tenemos que estar a la altura de ese esfuerzo y creo que todavía no
lo estamos; lo vemos todos los días en las noticias, en los medios de
comunicación. Sin duda, tenemos que hacer un claro esfuerzo desde el
punto de vista de la formación y la empleabilidad de las personas.
Se han hecho esfuerzos importantes en política social, como es el
crecimiento del gasto sanitario o el cumplimiento de la Logse, pero
¿son suficientes? Seguramente no, pero la dirección es esa. No cabe
duda de que si empezamos a tener crecientes déficit públicos vendrán
los recortes sociales. La pasada legislatura ha sido la primera en
diez años en que no ha habido recortes sociales. Su señoría me podrá
decir que a él le hubiera gustado que hubiéramos hecho más cosas. No
se lo discuto. ¿Eso quiere decir que las anteriores mayorías
parlamentarias disfrutaban haciendo recortes sociales? No. Eso quiere
decir que el déficit público les cogió mucho antes de lo que ellos
esperaban. La peor noticia que podemos tener para la estabilidad de
nuestra
política social es empezar a tener crecimientos crecientes del
déficit público porque, al final, los recortes sociales serán
inevitables gobierne quien gobierne y, por tanto, la mejor noticia
que hay para la estabilidad de las pensiones es que la Seguridad
Social tenga superávit; la mejor. A partir de ahí, acepto todas las
posiciones de SS.SS. respecto a que las pensiones mínimas son
excesivamente bajas, que sin duda lo son, o a que las pensiones de
viudedad son injustas, que también lo son. Pero la garantía de que
podamos avanzar en esa dirección son esos 90.000 millones de pesetas
de fondo de reserva que ya tenemos en la Seguridad Social. Por tanto,
yo no comparto la teoría de que el déficit público nos debe dejar más
tranquilos y creo que, en España, la gente en la calle se está dando
cuenta perfectamente de que las cosas son así.
La inversión pública no ha sido congelada la pasada legislatura,
señor Llamazares, otra cosa es que S.S. me diga que el primer año lo
fue. Sin duda. Hubo que elegir entre inversión pública y pensiones.
No sé lo que S.S. hubiera elegido -tampoco tuvo que elegirlo-; sé lo
que nosotros elegimos. Pero si S.S. coge el conjunto de la
legislatura verá que la inversión pública creció. Las
infraestructuras son, sin duda, uno de los grandes desafíos que
tenemos y el Gobierno está dedicando a ello recursos muy
considerables. En unos presupuestos que crecen del orden del 4 por
ciento, la inversión pública está creciendo el doble y en algunos
casos más. Se está haciendo un esfuerzo equilibrado e importante y lo
principal es que sea mantenido y mantenible en el tiempo y en estos
momentos lo es.
No ha habido ningún incremento de impuestos que graven el consumo.
Otra cosa es que los impuestos crezcan más porque hay más consumo,
pero entre una y otra cosa hay una diferencia notable. Es decir,
nosotros no hemos incrementado los impuestos; es más, hemos reducido
algunos: el IVA de las bombonas de butano, el IVA de las autopistas,
la no revalorización del 2 por ciento en el impuesto de carburantes
este año, aparte de los impuestos directos que gravan a los
empresarios o a las familias. No hemos revalorizado ningún impuesto
sobre el consumo.
Su señoría me pregunta qué sucede con los países que rebajan los
impuestos cuando cambia el ciclo. Eso depende, primero, de si los
impuestos por los que los hemos sustituido son más eficientes o menos
que los demás. Los impuestos no son necesariamente más eficientes
porque sean más altos. A lo mejor son más eficientes porque sean más
elásticos y no hay duda de que hemos ganado en elasticidad. La
elasticidad de los impuestos ha mejorado en estos últimos cuatro
años, ha doblado, lo cual quiere decir que las figuras impositivas
son más justas porque recaudan más. Otra cosa es que las podamos
bajar. Recaudan más y de eso es de lo que se trata en una política
tributaria: de tener impuestos que recauden, no impuestos con los que
podamoshacer discursos; de tener impuestos que recauden y que
permitan al Estado diferenciar la carga. En ese sentido, no es justa
la crítica de S.S. sobre el fraude fiscal porque en estos momentos,
además de que las cifras de fraude indican una mejora en esa lucha,
S.S. sabe que por primera vez en la historia de nuestra Agencia
Tributaria los planes de inspección se van a discutir en la Cámara
anualmente -ya se discutieron la legislatura pasada- y, por tanto, va
a haber un impulso político no sólo del Gobierno, sino de los grupos
parlamentarios, en el diseño de las prioridades de la Agencia
Tributaria, lo cual creo que es un gran paso adelante.
Me plantea el señor Llamazares el escenario europeo. Es verdad que el
euro se ha depreciado -lo sabemos todos- más de un 20 por ciento
desde su nacimiento, y yo creo que las explicaciones no son secretas,
son claras. Hay un diferencial de crecimiento con Estados Unidos muy
importante que tenemos que cerrar, y creo que la cumbre de Lisboa
tiene que ver con el convencimiento de los gobiernos europeos de que
las políticas de oferta son las que nos pueden permitir aumentar la
capacidad de crecimiento de nuestras economías. En ese sentido hay
una apuesta mucho más clara en Lisboa de la que había antes.
Sus señorías echan en falta criterios medibles como los que teníamos
en la convergencia nominal, y yo también. Creo que es algo que en
este momento los gobiernos europeos tenemos que ser capaces de
confeccionar. En eso radican los indicadores a los que se ha
comprometido la Comisión para finales de este año, de manera que
podamos discutir aquí claramente si el Gobierno español de turno, en
este caso el nuestro, o el siguiente está cumpliendo con los
indicadores que marquen la liberalización de sectores concretos. Creo
que eso puede permitir el debate político y, desde luego, va a
permitir un control del Gobierno mucho más estricto en estas
cuestiones, como lo fue la aparición de los criterios de convergencia
nominal en el debate sobre el déficit público en toda la sociedad
europea.
Hay una diferencia entre los marcos comunitarios de apoyo del PDR,
qué duda cabe. Es que el PDR son todas las inversiones de todas las
administraciones, incluida la europea, en una determinada región, por
ejemplo, Asturias, y el marco comunitario de apoyo son las
inversiones que se van a producir a través de los fondos europeos. No
me diga que usted creía que los 29 billones venían de Europa porque
sería el único. En estos momentos no le puedo dar más detalles sobre
esa cuestión. No tengo noticias de que haya diferencias sustanciales
en las negociaciones entre comunidades autónomas Objetivo 1 y el
Gobierno de la nación respecto a la aplicación de los fondos
europeos, que son muy importantes, pero me parece que es una cuestión
que debe seguir la Cámara.
En cuanto a la OMC, yo creo que la participación en la OMC en la
pasada legislatura fue satisfactoria, pero sin duda podemos hacerla
como la Comisión quiera. Hubo comparecencias tanto de la secretaria
de Estado
como del ministro, en este caso yo mismo, para explicar lo que había
sucedido y lo que iba a suceder, hubo un seguimiento de los grupos
parlamentarios, hubo una constante relación con las ONG y con los
exportadores que estuvieron presentes y con briefings diarios en
Seattle. Los trabajos de la Comisión se ordenarán como la Comisión
quiera y el Gobierno estará plenamente dispuesto a informar a la
Comisión o a los parlamentarios, con la fórmula que a la Comisión le
parezca, sobre la evolución de estas importantísimas negociaciones en
las que la posición española es clara en el sentido de que no sólo
tenemos que aceptar una negociación sobre los temas que ya estaban
incorporados, es decir, agricultura y servicios, sino que tenemos que
ir a una discusión más global, sobre más aspectos, desde luego no una
discusión pura y simplemente sobre agricultura sino sobre el efecto
de la política agrícola en el conjunto de la economía, y también
tener una política de mayor apertura de la que se planteaba
inicialmente por Estados Unidos a los países en vías de desarrollo y
sobre todo a los países altamente endeudados. Sobre si los derechos
laborales deben formar parte o no de la discusión de la OMC, nuestra
opinión es que están más residenciados en la OIT, pero esa es una
cuestión en la que, como todos sabemos, hay un gran componente
político desde el punto de vista de Estados Unidos y al final
tendremos que establecer consensos porque puede ser
extraordinariamente conflictiva con los países en vías de desarrollo.
Me pide que hablemos de la sostenibilidad medioambiental. Yo estoy
dispuesto a hacerlo pero quisiera recordarle que nuestro país cumple
perfectamente los requisitos planteados en Kioto. Cuando nuestros
socios europeos vienen a hablarnos de la necesidad de la fiscalidad
sobre la energía para objetivos medioambientales, nosotros siempre
contestamos lo mismo: Nosotros, de momento, estamos cumpliendo los
objetivos ambientales que se establecen en los tratados
internacionales, y algunos de nuestros socios europeos no. Por eso
siempre hemos sospechado nosotros y los gobiernos que nos precedieron
que el debate sobre la fiscalidad de la energía tiene que ver más con
la capacidad productiva y con los costes productivos que con otras
cosas. Yo estoy plenamente dispuesto a plantear debates sobre esa
cuestión. Creo que las reglas medioambientales en España son
exigentes y se cumplen, y son razonables también. Me parece una
cuestión de la máxima importancia. ¿Cuáles son los mecanismos para
seguir los procesos de privatización que el Gobierno pueda plantear?
Durante dos legislaturas ha habido una subcomisión de
privatizaciones, que no sé si la Comisión quiere seguir manteniendo o
no -es una decisión de los grupos, no del Gobierno-, en la que se
podía trabajar con comparecencias periódicas, aparte de los informes
que recibe la Cámara del Consejo de Privatizaciones que, como
sabe S.S., informa a priori de todas las condiciones de privatización
que pueda plantear el Gobierno.
Me preguna sobre los criterios de competencia del Gobierno: por qué
es distinto KPN de Aceralia. El criterio general del Gobierno es que
las empresas privatizadas españolas no deben ser adquiridas por
empresas que estén dominadas por otros gobiernos. Ese es el criterio
general. ¿Debíamos mantener ese criterio general en el acero? ¿El
acero es un mercado como las comunicaciones o nos encontrábamos en un
proceso de reconversión? ¿Cuál es la situación del sector del acero
en el año 1996? Nuestros antecesores nos dejaron una negociación, que
seguramente es la que pudieron hacer, en la cual había que disminuir
el empleo y nosotros encontramos una solución en la que
intercambiando acciones con una empresa que sí tenía capital público
e incorporando empresa privada española hemos convertido una empresa
que no tenía futuro en una empresa que sí lo tiene y que creo que
está creando empleo en Asturias en estos momentos. El Gobierno
entendió que era una excepción, en primer lugar, porque no es lo
mismo aplicar los criterios de reconversión industrial a otros
sectores que no tienen nada que ver con la reconversión industrial,
y, en segundo lugar, porque en estos casos tenemos que aceptar el
debate político, por eso el Gobierno está plenamente satisfecho de
que se nos plantee esa pregunta. Creemos que es una cuestión
completamente distinta a que el principal operador de
telecomunicación de este país (que afecta de manera determinante a
las infraestructuras de telecomunicaciones y de futuro de este país,
que ha sido privatizado por el Gobierno en el año 1997 y que hemos
hecho desaparecer el monopolio al que teníamos derecho en la
negociación europea y hemos anticipado la desaparición del mismo a
diciembre de 1998) pase a estar dominado por una empresa cuyo 44 por
ciento es de otro gobierno. Es discutible. En estas cosas yo acepto
la discusión, pero creo que lo que tienen que hacer otros gobiernos
en Europa en estos momentos es acelerar los procesos de pérdida de
presencia del sector público en la economía. La explicación que le
puedo dar es la que le estoy dando porque no tengo otra.
El señor Azpiazu me plantea que la liberalización no es la panacea
para el empleo y el crecimiento. Es posible, no digo que no. No me ha
dicho cuál es, simplemente me ha dicho que no es la panacea. Lo ha
dicho muy enfáticamente varias veces. Yo creo que contribuye, sin
duda, como contribuye la estabilidad presupuestaria, como contribuye
una política monetaria neutral, como contribuyen muchas cosas, pero
no he podido acabar de entender el argumento de S.S. en esa
dirección. También me ha dicho que la agenda económica europea es muy
pobre. Considera que la ampliación en la reforma institucional es
poco. Pues nada, adelante, señor Azpiazu. Si le parece que ampliar
Europa a las nuevas democracias y adaptar nuestra realidad
institucional a eso es poco, el señor Azpiazu tiene una capacidad
extraordinaria que desde luego necesitamos no en esta Cámara,
sino en el contexto europeo. Yo, sinceramente, lo considero un
desafío histórico de dimensiones trascendentales. Sin embargo, parece
que S.S. cuando va a comprar el pan ya lo tiene solucionado. No digo
que no, cada cuál vale lo que vale. Yo lo considero un desafío
histórico considerable. ¿Su señoría lo considera facilísimo? Pues
adelante. Qué más queremos nosotros que poder llegar a las
discusiones sobre la ampliación con una contribución como la que nos
va a dar S.S. sobre esta cuestión. Sinceramente es histórico, señor
Azpiazu, no me venga con cuentos. Ya sé que S.S. me ha demostrado sus
conocimientos en la historia de la economía hablándome de la unión
mediterránea, etcétera, pero que un año más tarde de la unión del
euro los países europeos se planteen la ampliación a tres o cuatro
países nuevos me parece que sería un proceso de integración europea
del que, sin duda, deberíamos sentirnos orgullosos de formar parte.
¿A qué hemos contribuido? De momento, siendo parte del euro. Eso a S.
S. también debe parecerle muy poco, pero si en vez de estar en un
euro de una sola velocidad como estamos en estos momentos
estuviéramos en el euro de dos velocidades, que era lo que algunos
pensaban que podía suceder no tan lejos como el año 1998, seguramente
hoy la construcción europea sería bien distinta, porque a ver cómo
iba a plantear S.S. la ampliación al Este si ya teníamos una división
institucional dentro de Europa no con 12 países euro y tres fuera
sino con la mitad dentro y la mitad fuera, aparte de las condiciones
económicas y de estabilidad monetaria en las que se encontraría
Europa. Por tanto, eso de considerar las cosas fáciles lo decimos
aquí pero no se lo cree nadie. El proceso de creación del euro es la
operación económica más importante que se ha planteado en Europa,
desde luego en los cien años anteriores, y probablemente no tiene
parangón desde el punto de vista de los esfuerzos que se han
realizado por parte de ninguna integración regional y nos pone a la
cabeza de cualquier integración regional que se esté planteando en
Norteamérica o en Asia. Vamos a no exagerar porque los esfuerzos que
este país y otros han tenido que hacer para incorporarse al euro y
los que vamos a tener que hacer -me gustará saber la opinión de S.S.
cuando se plantee el proceso de ampliación- no van a ser precisamente
fáciles. Y aún dice S.S. que no hay agenda económica europea. Pues
propónganos una alternativa a ver si S.S. descubre algo más
importante que pasar a ser 20 países, llegar prácticamente a
incorporar a todas las democracias europeas en la Unión Europea y
crear una sola moneda que representa en estos momentos en algunos
mercados como los de deuda un equivalente al dólar, eso es poco
desafío desde el punto de vista europeo.
Me plantea el señor Azpiazu que la intensa depreciación del euro es
por falta de poder político. No estoy muy seguro de que eso sea así.
Creo que tiene que vercon algo muy concreto como son los
diferenciales de
crecimiento y los diferenciales de tipos de interés. Es decir, si una
persona cualquiera, por ejemplo en Bilbao (para que no diga S.S. que
nos vamos al kilómetro cero), pide un préstamo a una institución
vasca, lo coloca en el mercado norteamericano y ya gana dinero, ahí
hay una diferencia indudable. Como en este momento las diferencias de
crecimiento son también muy importantes los mercados reaccionan. El
peso que tienen hoy los mercados financieros es tan considerable que
probablemente están afectando de manera muy importante a algunas
percepciones que teníamos antes, como está sucediendo por ejemplo con
el yen, respecto del cual no encuentro explicación a lo que ha
sucedido y seguramente alguna de SS.SS. pueda ilustrarnos sobre esa
cuestión.
Respecto a la pasividad del Gobierno sobre la devaluación del euro,
no creo que la hayamos tenido. Estamos acelerando nuestras reformas
estructurales, estamos acelerando nuestras reformas de reducción del
déficit público y somos uno de los promotores de la cumbre de Lisboa.
No creo que hayamos tenido pasividad. Otra cosa es que se haya
producido una depreciación que tiene una explicación financiera y de
credibilidad de crecimiento y, por qué no decirlo, tiene una
explicación en la debilidad de algunas economías centrales en la
política monetaria de los primeros nueve meses de la unión monetaria.
Por qué no decirlo, es así.
Me plantea S.S. que el diálogo social no es la panacea. Me pasa un
poco como con la liberalización. Eso ya lo sabemos todos, pero a lo
mejor podemos conseguir acuerdos. Otra cosa es si S.S. me dice que el
Gobierno tiene que saber dónde quiere llegar. Estoy de acuerdo. O que
el Gobierno le tiene que decir a los interlocutores sociales que hay
que llegar. Estoy de acuerdo. En eso estamos. Pero me parece muy
importante que se mantenga el nivel de diálogo social y si podemos
llegar con niveles de diálogo social es mucho mejor y es voluntad del
Gobierno hacerlo así. En ese sentido, aparte de retóricamente
nosotros no compartimos el principio de que el consenso es negativo
porque impide aplicar con total pureza los criterios. No digan que su
señoría lo dice, es una vieja teoría de la señora Thatcher y otros.
Nosotros no compartimos esa teoría, con todos los respetos.
Saca S.S. declaraciones históricas mías -lo de las declaraciones es
peligrosísimo, ya lo irán comprobando SS.SS.; lo que pasa es que son
más peligrosas al estar en el Gobierno que en la oposición- en las
que he dicho que la política antiinflacionista era presupuestaria
y de organización. Sigo creyéndolo, lo que pasa es que la política
monetaria algo tiene que jugar, y una política monetaria expansiva
tiene unos efectos distintos sobre los precios. Si SS.SS. quieren
seguir metiéndome el dedo en el ojo con eso tienen toda la
legislatura para hacerlo, pero me parece que es bastante obvio.
Sobre la crisis financiera internacional S.S. ha planteado su
preocupación por la solidaridad. Estoy absolutamente de acuerdo.
Pienso que el fenómeno contagio ha sido un muy duro y muchas personas
creen que hemos asistido a la primera crisis financiera internacional
del siglo XXI, en la que hemos visto cómo la depreciación de la
moneda tailandesa podía producir efectos a todo lo largo del globo,
lo que sin duda ha sido extraordinariamente costoso para los países
en vías de desarrollo. No hay más que ver los diferenciales de tipos
de interés que han tenido que soportar, de más de 1.000 puntos
básicos, estando ahora en 800 puntos básicos si no me falla la
memoria. Nosotros hemos tratado de contribuir a eso de dos maneras.
Primero, de una de forma específica y bilateral en el tema de Brasil,
habiendo formado parte del paquete bilateral de ayuda a Brasil y creo
que podemos considerar que hasta el momento ha sido beneficioso para
esa sociedad. Segunda, poniendo a disposición del Fondo Monetario
Internacional 3.000 millones de dólares para un fondo de contingencia
que no está funcionando ni se está utilizando. Nosotros ya le hemos
planteado al director del Fondo Monetario Internacional la necesidad
de que ese fondo de contingencia sea uno de los instrumentos que se
transforme en las nuevas discusiones sobre arquitectura financiera
internacional.
El papel de las comunidades autónomas. Su señoría me pregunta por qué
hablamos de pymes. ¿Y por qué no vamos a hablar de pymes? Nosotros no
impedimos que la Diputación Foral de Vizcaya hable de pymes. Tenemos
una responsabilidad que puede no aplicarse a Vizcaya porque tiene un
concierto, por cierto ampliado por nosotros, porque, si no, del
impuesto sobre la renta de las personas físicas hablaríamos nosotros,
pero hay legislación mercantil y financiera muy importante. El
capital-riesgo es sin duda uno de los elementos básicos del futuro de
las pymes, así que, ¿por qué no vamos a hablar nosotros de pymes?
¿Qué tiene que ver que nosotros discutamos aquí sobre los fondos de
capitalriesgo o sobre la política tributaria de las pymes en los
territorios de derecho común para que la diputación foral de donde
usted quiera haga lo que tenga que hacer? Cada cual tiene sus
competencias. Y sobre el turismo tres cuartas partes de lo mismo.
¿Usted ha hablado con los responsables turísticos de las
administraciones forales? ¿Sabe usted qué grado de colaboración se ha
producido en la pasada legislatura entre varias administraciones?
¿Sabe S.S. lo que quiere decir la España verde? ¿Y sabe usted lo que
supone, que eso sí que es responsabilidad del Gobierno de la nación,
la promoción internacional del turismo español? El Gobierno tiene
obligación de hablar sobre el turismo, entre otras cosas porque tiene
competencias directas sobre su promoción externa, pero además porque
puede ayudar a que en ciertas cuestiones las comunidades autónomas
tengan un nivel de colaboración que está resultando muy positivo.
Ahora, que además de eso
-no hablaré más del País Vasco- el Ayuntamiento de Gijón, que es de
donde soy yo, hace otras cosas, pues que las haga, que para eso tiene
sus competencias, pero no tratemos de plantear aquí las cuestiones en
esos términos.
Me pregunta usted en qué se debe ocupar el Gobierno vasco. No le voy
a contestar a esa cuestión, ya que, si lo hago, creo no me voy a
poder reprimir, así que prefiero no contestarle, puesto que el tono
de esta comparecencia está siendo económico y lo vamos a dejar ahí.
Otra pregunta que me hace S.S. es cómo va a actuar el País Vasco
sobre la investigación y el desarrollo. Pues con sus propios fondos,
con el concierto. Aquí hay un montón de representantes de otras
comunidades autónomas que le contestarían igual que yo, puesto que
ustedes tienen transferencias más que suficientes para sus
competencias. Otra cosa, que es verdad, S.S. tiene toda la razón, no
se lo voy a negar, es que entre el Gobierno de la nación y el
Gobierno vasco no haya habido un acuerdo sobre determinadas
transferencias, aunque sobre otras sí; incluso cuando su grupo ha
incumplido los acuerdos parlamentarios, nosotros hemos mantenido los
nuestros. Ya sé que aquí nadie quiere saber nada de las herencias,
pero yo se lo digo porque esto es reciente, de diciembre del año
1999. Cuando su grupo parlamentario incumple los acuerdos
presupuestarios y vota lo contrario de aquello a lo que se ha
comprometido, nosotros mantenemos nuestros compromisos en cuestiones
como los regadíos en Álava y las relacionadas con autovías o
autopistas. Por lo tanto, acepto perfectamente el debate, siendo otra
cosa que no lleguemos a un acuerdo sobre ciertas cuestiones, aunque,
si ustedes aceptan nuestras tesis, podemos llegar a un acuerdo
mañana.
Paso al señor Mauricio. El señor Mauricio, así, por lo suave, me
plantea que cómo nos da el pan con el queso. Señor Mauricio, esa es
la cuestión. ¿Les vamos a decir a los españoles que para que las
comunidades autónomas tengan buena financiación y los españoles
tengamos buena sanidad tenemos que renunciar al empleo? Como les
digamos eso no nos creen. Los españoles saben que las cosas tienen su
orden y que sin duda tenemos que hacer un claro esfuerzo en la
austeridad de las administraciones públicas. El desafío de las
administraciones públicas del siglo XXI es hacer las cosas con los
recursos que tienen. ¿Eso quiere decir que no tenemos que mantener un
nivel de recursos? ¿Cómo no? Estamos haciendo crecer al PIB nominal
la financiación de la sanidad, estamos haciendo crecer notablemente
la financiación de la educación: 900.000 millones de pesetas -vuelvo
a repetirlo- es una cifra importante para las políticas activas.
Podemos decir a los ciudadanos que las administraciones públicas
necesitan más recursos, y claro que los estamos consiguiendo. Yo
quiero recordarle que los impuestos crecen notablemente en nuestro
país todos los años, sustancialmente por encima, en muchos casos, de
lo que crecen
los salarios de las personas. Sin embargo, esos recursos hay que
utilizarlos con mayor eficiencia. Por eso creo que debates como si
fundaciones sanitarias en Andalucía sí, pero en Madrid no, no tienen
ningún sentido. Lo importante es que haya menos listas de espera,
y creo que el acuerdo que ayer han establecido los consejeros de
Sanidad de las comunidades autónomas y el Gobierno, en sus
responsabilidades en el Insalud, es lo positivo. Va a ser un gran
desafío, sin duda, que España se modernice, pero las administraciones
públicas no se pueden modernizar si no modernizamos a los ciudadanos
y los ciudadanos necesitan empleos y necesitan una economía estable
con horizontes estables que permita a las familias saber los tipos de
interés en los que se van a mover o que su estabilidad en el empleo
son suficientemente estables para tomar sus decisiones. De todas
maneras, si S.S. se lo ha planteado al vicepresidente primero y al
presidente del Gobierno, seguramente le solucionarán el problema con
facilidad. Yo me limito a decir que tenemos que tener estabilidad
presupuestaria en el año 2001. Todo lo demás seguramente lo iremos
resolviendo.
Tiene razón S.S. al plantear que el Gobierno tiene que garantizar que
el proceso de privatizaciones y liberalización no produzca
oligopolios. Estoy absolutamente de acuerdo. Esa es la
responsabilidad del Gobierno y donde la crítica de SS.SS. debe
ejercitarse, aparte de que SS.SS. pueden hacer lo que quieran. Ya he
dicho en la pasada legislatura, y lo repito en ésta, que es un gran
avance en el debate económico español exigir al Gobierno que
liberalice y que garantice la competencia; es un paso sustancial en
la modernización de nuestro debate económico.
La política económica europea. ¿Hacia dónde evoluciona? Creo que
evoluciona hacia una mayor coordinación de políticas económicas, por
un lado, con todas las dificultades que eso tiene, y evoluciona, por
otro, hacia el encuentro de horizontes concretos que aumenten el
potencial de crecimiento europeo. Hemos tenido un año 1999
relativamente confuso en algunos grandes países. No nos olvidemos de
que, aunque todos somos europeos, hay países muy importantes. Todos
tenemos en la cabeza dónde se estaba planteando el debate económico
europeo hace 13 ó 14 meses y dónde se está planteando hoy. Hoy
estamos avanzando en una línea que en los próximos meses, con la
colaboración de la Comisión, tendría que dar un incentivo, una
responsabilidad y un elemento de medición a los gobiernos para que
sus opiniones públicas y sus parlamentos les puedan exigir un mayor
proceso de mejora de la oferta.
He hecho ya referencia a la OMC. Sin duda comparto las preocupaciones
de S.S. por el turismo, y lo sabe. Creo que debe ser un tema de
referencia en mis comparecencias, porque es mi responsabilidad, que
es compartida con otras administraciones, pero nosotros tenemos la
nuestra. Efectivamente, hay que hacer reflexionesimportantes sobre
esta cuestión. Es una gran oportunidad
para España tener un sector turístico que es el segundo del mundo.
Eso da empleo a un montón de gente, moderniza mucho nuestra economía,
nos permite estar en un sector de crecimiento mundial a ritmos
importantes y no podemos bajar la guardia porque, en parte, la
calidad y de los precios juegan un papel determinante.
Por último, agradezco a la señora Pisonero sus palabras de bienvenida
y también sus precisiones sobre el hecho de que la Cámara se adapta
para controlar al Gobierno, sin duda con toda intensidad, en la
formulación de las comisiones.
Creo que el punto que ha señalado respecto a que estamos en
crecimientos del empleo que igualan el 80 por ciento del crecimiento
económico es muy relevante, que indica la transformación de la
economía española. El ejemplo que ella ha planteado, en el sentido de
que hemos podido bandear una crisis internacional sin demasiados
costes, indica que nuestra política económica es flexible y que puede
adaptarse a circunstancias cambiantes, cosa que era parte del debate
que teníamos en otros momentos.
Coincido con ella en la importancia de los pactos. Sin duda, el
diálogo social es un gran instrumento de cohesión y de
corresponsabilidad para conseguir que la sociedad en general, los
trabajadores y las empresas, acepten las modificaciones desde un
punto de vista de diálogo. Eso no quiere decir que no tengamos que
saber que las cosas tienen que hacerse y además en un tiempo. En ese
sentido respaldo la oferta de consenso que hace a la Comisión en
nombre del grupo mayoritario y el Gobierno coincide con ella.
Independientemente de las críticas que al Gobierno se le hacen, y que
además es lógico que se le hagan, no sólo porque la oposición hace
críticas, sino porque el Gobierno como es natural tiene flancos en
los que ha de tener críticas, puede haber bases de consenso en las
que nos podamos entender sobre cuestiones muy importantes que
trascienden a una sola legislatura y en ese sentido coincido con la
oferta de consenso que hace el Grupo Parlamentario Popular.
Señor presidente, estoy a disposición de la Comisión. (El señor
Sevilla Segura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sólo un minuto, por favor, dado lo avanzado de
la hora y que excepcionalmente se puede abrir un turno muy corto.
Ruego al señor Sevilla que sea muy preciso en su intervención.
El señor SEVILLA SEGURA: Lo seré, pero me parece que el tono de la
respuesta del ministro merece una breve contestación, no sobre el
conjunto de su intervención circense, pero sí por lo menos sobre el
tema de la productividad que sigo pensando que es un problema
importante. Si no le preocupa al señor ministro, le recomiendo que se
repase el último informe de la OCDE y si no sabe que es posible
crecer, crear empleo y mejorar la productividad, que se lo pregunte
a sus colegas del Ecofin porque ellos lo están haciendo.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
(De Rato Figaredo): Sin duda, yo seguiré las recomendaciones del
señor Sevilla, pero con una economía que tenía un 23 por ciento de
paro, todavía no he sido capaz de compararme con ministros que tenían
un 10 por ciento ni de conseguirlo. De todas maneras espero que
después de esta legislatura, el que me suceda en este puesto pueda
considerarse en esa misma situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde.