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DS. Senado, Pleno, núm. 33, de 02/12/2020
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PLENO


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA PILAR LLOP CUENCA


Sesión núm. 21


celebrada el miércoles, 2 de diciembre de 2020


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO




Proposición de Ley Orgánica de modificación
del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no
consentida de personas con discapacidad incapacitadas
judicialmente.


622/000002
capacidad jurídica; convención
internacional; discapacitado; esterilización; planificación familiar;
protección de la familia








DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación
(procedente del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000010
ayuda a la agricultura; ayuda a la
comercialización; cotización social; inspección del trabajo; mano de obra
agrícola; producto agrícola; producto alimenticio; seguro
agrícola


Agricultura, Pesca y
Alimentación






Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000011
contaminación atmosférica; gas;
gestión de residuos; permiso de contaminación negociable; protección del
medio ambiente; sector secundario


Transición Ecológica







DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional con motivo del Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad a celebrar el 3
de diciembre.


630/000008
cooperación interparlamentaria;
integración de los discapacitados; medios para
discapacitados


GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica
la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con
los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información.


621/000009
Derecho fiscal; cooperación
administrativa; cooperación fiscal europea; cooperación transfronteriza;
formalidad administrativa; fraude fiscal; intercambio de información;
mercado único


Hacienda







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio Multilateral para aplicar las medidas
relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las
bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de
noviembre de 2016, así como Declaraciones y Reservas que España desea
formular.


610/000021
acuerdo multilateral; política
fiscal







Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino
de España y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la
Asociación Internacional de Fomento, hecho en Washington el 23 de enero
de 2019.


610/000022
Asociación Internacional de Fomento;
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; Reino Unido; cooperación
internacional







Convenio entre el Reino de España y la
República de Bielorrusia para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 14 de junio de
2017.


610/000023
Belarús; España; convenio
fiscal







Convenio entre el Reino de España y la
República Popular China para eliminar la doble imposición en relación con
los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y
su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018.


610/000024
China; España; política
fiscal







Actas aprobadas 'ad referendum' en Estambul el
6 de octubre de 2016 durante el XXVI Congreso de la Unión Postal
Universal (UPU).


610/000025
Unión Postal Universal; acuerdo
bilateral







Protocolo Anejo al Acuerdo entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China sobre el
establecimiento de Centros Culturales, hecho en Madrid el 28 de noviembre
de 2018.


610/000026
China; España; acuerdo bilateral;
cooperación cultural







Acuerdo entre el Reino de España y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la participación en
determinadas elecciones de nacionales de cada país residentes en el
territorio del otro, hecho en Madrid el 21 de enero de 2019.


610/000028
España; Reino Unido; derecho de
voto; elecciones







Actas, resoluciones y recomendaciones
adoptadas 'ad referendum' en Addis Abeba el 7 de septiembre de 2018
durante el II Congreso Extraordinario de la Unión Postal Universal
(UPU).


610/000029
Unión Postal Universal; política de
comunicación







Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino
de España y la República de Ruanda, hecho en Nairobi el 10 de diciembre
de 2018.


610/000030
España; Ruanda; transporte
aéreo







Declaración, Actas y Resoluciones de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), adoptadas 'ad
referendum' en Montevideo el 22 de noviembre de 2017 durante el XXIII
Congreso Ordinario de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal.


610/000031
cooperación internacional; política
de comunicación







Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno
de Nueva Zelanda relativo a la protección de información clasificada,
hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2019.


610/000032
España; Nueva Zelanda; cooperación
internacional; secreto de Estado







Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre protección mutua de
información clasificada, hecho en Abu-Dhabi el 3 de octubre de
2018.


610/000033
Emiratos Árabes Unidos; España;
cooperación internacional; secreto de Estado







Acuerdo entre el Reino de España y la
República Socialista de Vietnam sobre intercambio y protección mutua de
información clasificada, hecho en Madrid el 27 de marzo de
2019.


610/000034
España; Vietnam; cooperación
internacional; secreto de Estado







Acuerdo entre el Reino de España y la
República del Perú para el intercambio y protección recíproca de
información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 28
de febrero de 2019.


610/000035
España; Perú; cooperación
internacional; secreto de Estado







Acuerdo Marco entre el Reino de España, el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de
Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018.


610/000036
Banco Interamericano de Desarrollo;
España; política de inversión







Convenio entre el Reino de España y Japón para
eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta
y prevenir la elusión y evasión fiscales y de su Protocolo, hecho en
Madrid el 16 de octubre de 2018.


610/000037
España; Japón; evasión fiscal;
impuesto sobre la renta







Convenio entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra
la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019.


610/000038
España; Marruecos; cooperación
internacional; lucha contra la delincuencia







Convenio entre el Reino de España y la
República del Perú sobre cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2019.


610/000039
España; Perú; cooperación
internacional; lucha contra la delincuencia







Convenio entre el Reino de España y la
República del Ecuador en materia de cooperación policial para la
seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho
en Madrid el 26 de julio de 2018.


610/000040
Ecuador; España; cooperación
policial; lucha contra la delincuencia









CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio de colaboración entre el Gobierno de
Cantabria y la Junta de Castilla y León Nº 10L/7900-0001.


592/000007
Cantabria; Castilla y León;
administración regional; cooperación administrativa


GOBIERNO DE CANTABRIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN







MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a presentar
a las Cortes Generales un proyecto de reforma del artículo 49 de la
Constitución adaptándolo a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.


662/000046
autonomía de los discapacitados; ayuda a
los discapacitados; revisión de la Constitución


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a poner en
marcha de manera inmediata el desarrollo normativo que requieren las
medidas incorporadas en el Informe de la Subcomisión para la elaboración
de un Estatuto del Artista, aprobado por el Congreso de los Diputados en
el año 2018.


662/000044
Derecho del trabajo; política cultural;
profesión artística


GPP





Moción por la que el Senado manifiesta su apoyo a
todos los que trabajan contra la violencia machista y ratifica su
compromiso en la aplicación de las medidas aprobadas en el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.


662/000045
consenso político; mujer; violencia
doméstica


GPP




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora presidenta abre a las nueve horas y cinco minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática de los puntos 6.1., 6.2. y
6.3., que se debatieron ayer, y del punto 7.1. para la habilitación de
todos los días y horas del mes de diciembre de 2020 para la tramitación
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN
FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS
JUDICIALMENTE.


622/000002



En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: la señora Merelo Palomares y el señor Catalán
Higueras, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Fernández Rubiño, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); el señor Marcos Arias, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos; la señora Peral Díez, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Tomás Olivares, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
la señora Abascal Jiménez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las nueve horas y
cincuenta y siete minutos el plazo de dos horas para la votación
telemática en un solo acto de la proposición de ley orgánica.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN
DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2020, DE 25 DE FEBRERO). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000010

Agricultura, Pesca y
Alimentación



La señora presidenta informa a la Cámara que,
por acuerdo de 1 de diciembre de 2020 de la Junta de Portavoces, de este
proyecto de ley se producirá únicamente el debate sobre el
articulado.


La señora Macías Mateos, presidenta de la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, presenta el Dictamen.


Comienza el debate de los votos
particulares.


El señor Clavijo Batlle defiende la enmienda
número 2 del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, presentada por
iniciativa suya.


La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas
78 a 103 del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, presentadas por
iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez y de ella misma.


El señor Mulet García defiende las enmiendas 14
a la 38 y 104 a 111 del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem).


El señor Medina Martínez defiende las
enmiendas 3 a 10 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).


El señor Rufà Gràcia defiende las enmiendas 11
a 13 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.


El señor Márquez Sánchez defiende las enmiendas
40 a la 68 y de la 70 a la 77 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El señor Huelva Betanzos defiende, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, vuelta al texto del Congreso de los
Diputados en lo modificado por la propuesta de modificación de adición de
un nuevo apartado al artículo primero del proyecto de ley.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Chinea Correa, el señor Fernández Viadero,
el señor Catalán Higueras y el señor González-Robatto Perote, por el
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet García, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor
Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Medina
Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Martínez Antolín, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Huelva Betanzos, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las once horas y
cincuenta y dos minutos el plazo de dos horas para la votación telemática
de las enmiendas, de conformidad con las solicitudes de votación
separada, y para la del resto del proyecto de ley en un solo acto.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PONER
EN MARCHA LAS ACCIONES PRECISAS PARA QUE EL COMITÉ PARALÍMPICO
INTERNACIONAL RECONOZCA UNA CATEGORÍA ESPECÍFICA PARA ATLETAS CON
SÍNDROME DE DOWN E INCREMENTE LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA LA PARTICIPACIÓN
DE OTROS COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS.
(Proclamación de la votación).


671/000042

GPV


Se aprueba la moción con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con número de registro de
entrada 66567, con el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor,
265.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
EXTENDER LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) Y LAS
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD O DISMINUCIÓN DE INGRESOS PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS HASTA QUE SE CONSIGA LA NORMALIDAD EN SU ACTIVIDAD
Y EXIMIRLES DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO SE VEAN
OBLIGADOS A CERRAR SUS ESTABLECIMIENTOS POR IMPOSICIÓN LEGAL DENTRO DE
LAS MEDIDAS CONTRA LA PANDEMIA. (Proclamación de la votación).


671/000043

GPP


Se rechaza la moción con la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con número de registro de entrada
66417 y 66719, con el siguiente resultado: votos emitidos: 265; a favor,
113; en contra, 120; abstenciones, 32.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LA
SEGUNDA OLEADA Y POSIBLES NUEVOS REBROTES DE COVID-19 QUE INCLUYA EL
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS DE VACUNACIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ACUERDO CON UN PLAN QUE DEBERÁ APROBARSE POR EL
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Proclamación de
la votación).


671/000044

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos: 265; a favor, 113; en contra, 150; abstenciones, 2.









HABILITACIONES





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2021. (Proclamación de la votación).


551/000011



Se aprueba la habilitación de todos los días y
horas del mes de diciembre de 2020 para la tramitación del proyecto de
ley, con el siguiente resultado: votos emitidos: 262; a favor, 262.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA INTENSIFICAR
LAS REDUCCIONES DE EMISIONES DE FORMA EFICAZ EN RELACIÓN CON LOS COSTES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000011

Transición Ecológica


La señora presidenta informa a la Cámara que,
por acuerdo de 1 de diciembre de 2020 de la Junta de Portavoces, de este
proyecto de ley se producirá únicamente el debate sobre el
articulado.


La señora Moreno Duque, presidenta de la
Comisión de Transición Ecológica, presenta el Dictamen.


Comienza el debate de los votos
particulares.


La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas
19 a 21 del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, presentadas por
iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez y de ella misma.


La señora Garmendia Bereciartu defiende las
enmiendas 1 a 4 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).


El señor Juncal Rodríguez defiende las
enmiendas 5 a 16 Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra interviene el señor Miranda
Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Marín Gascón y el señor Catalán Higueras,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor
Hervías Chirosa, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora
Garmendia Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Bideguren Gabantxo, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Juncal Rodríguez, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Lastra Valdés,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las trece horas y
doce minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de las
enmiendas, de conformidad con las solicitudes de votación separada, y
para la del resto del proyecto de ley en un solo acto.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A CELEBRAR EL 3
DE DICIEMBRE.


630/000008

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


El señor secretario, Fajardo Palarea, lee la
declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la
Cámara.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE
MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL INTERCAMBIO
AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN
RELACIÓN CON LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE
INFORMACIÓN.


621/000009

Hacienda


La señora presidenta informa a la Cámara que,
por acuerdo de 1 de diciembre de 2020 de la Junta de Portavoces, de este
proyecto de ley se producirá únicamente el debate sobre el
articulado.


El señor Bonet Bonet, presidente de la Comisión
de Hacienda, presenta el Dictamen.


Comienza el debate de los votos
particulares.


La señora Castellví Auví defiende las enmiendas
1 y 2 del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, presentadas por
iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez y de ella misma.


La señora Goñi Sarries defiende las enmiendas 3
y 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora Alía Aguado defiende las enmiendas 5
a 8 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra interviene la señora Delgado
Díez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor González-Robatto Perote y el señor Catalán
Higueras, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Castellví Auví, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal
Matas, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); la señora Goñi Sarries, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Rudi Úbeda, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Godoy Tena, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor vicepresidente, García-Escudero
Márquez, anuncia a la Cámara que el plazo para la votación telemática se
abrirá una vez concluido el debate del siguiente punto del orden del
día.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS
MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN
DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, HECHO EN PARÍS EL 24
DE NOVIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR.


610/000021






ACUERDO MARCO DE COFINANCIACIÓN ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO, HECHO EN WASHINGTON EL 23 DE ENERO
DE 2019.


610/000022






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE BIELORRUSIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 14 DE JUNIO DE
2017.


610/000023






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y
SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.


610/000024






ACTAS APROBADAS 'AD REFERENDUM' EN
ESTAMBUL EL 6 DE OCTUBRE DE 2016 DURANTE EL XXVI CONGRESO DE LA UNIÓN
POSTAL UNIVERSAL (UPU).


610/000025






PROTOCOLO ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018.


610/000026






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
DETERMINADAS ELECCIONES DE NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL
TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 21 DE ENERO DE 2019.


610/000028






ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ADOPTADAS 'AD REFERENDUM' EN ADDIS ABEBA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURANTE EL II CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
(UPU).


610/000029






ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE RUANDA, HECHO EN NAIROBI EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2018.


610/000030






DECLARACIÓN, ACTAS Y RESOLUCIONES DE LA
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), ADOPTADAS 'AD
REFERENDUM' EN MONTEVIDEO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 DURANTE EL XXIII
CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y
PORTUGAL.


610/000031






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019.


610/000032






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE PROTECCIÓN MUTUA
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ABU-DHABI EL 3 DE OCTUBRE DE
2018.


610/000033






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 27 DE MARZO DE
2019.


610/000034






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 28
DE FEBRERO DE 2019.


610/000035






ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE
INVERSIONES, HECHO EN BUENOS AIRES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


610/000036






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAPÓN
PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y DE SU PROTOCOLO, HECHO
EN MADRID EL 16 DE OCTUBRE DE 2018.


610/000037






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE
2019.


610/000038






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2019.


610/000039






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL PARA LA
SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO
EN MADRID EL 26 DE JULIO DE 2018.


610/000040



El señor Vidal Matas anuncia que el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) votará en
contra del punto 11.1.17.


El señor Martí Deulofeu anuncia que el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu votará en
contra del punto 11.1.17. y se abstendrá en la votación de los
demás.


El señor vicepresidente, García-Escudero
Márquez, abre a las catorce horas y veintiún minutos el plazo de dos
horas para la votación telemática del proyecto de ley 10.1.1., del que se
votarán en primer lugar las enmiendas, de conformidad con las solicitudes
de votación separada; a continuación y en un solo acto aquellas partes
del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior; y finalmente el resto del proyecto de ley en un solo
acto. En el mismo plazo se votará, igualmente, cada uno de los tratados y
convenios internacionales del punto 11.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO
DE CANTABRIA Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Nº 10L/7900-0001.


592/000007

GOBIERNO DE CANTABRIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN


El señor vicepresidente, García-Escudero
Márques informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de que
la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


El señor Marín Gascón interviene por el Grupo
Parlamentario Mixto.


La Cámara toma conocimiento de la celebración
del convenio.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN ADAPTÁNDOLO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


662/000046

GPS


El señor Rallo Lombarte defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón y el señor Catalán Higueras, por el
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Fernández Rubiño, por el
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el
señor Marcos Arias, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora
Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor González La Mola, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Rallo Lombarte, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las
quince horas y veinte minutos el plazo de dos horas para la votación
telemática de la moción.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PONER
EN MARCHA DE MANERA INMEDIATA EL DESARROLLO NORMATIVO QUE REQUIEREN LAS
MEDIDAS INCORPORADAS EN EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN
DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA, APROBADO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN
EL AÑO 2018.


662/000044

GPP


El señor Lorenzo Torres defiende la moción.


La señora Otaola Urquijo defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Serrano Morales defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende las
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem).


El señor Lorenzo Torres expone la posición de su
grupo respecto de las enmiendas y acepta la presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y la del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) con número de registro de
entrada 66422.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor González Modino, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Ponce Gallardo, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Otaola Urquijo, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner,
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu;
el señor Lorenzo Torres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
y el señor Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU
APOYO A TODOS LOS QUE TRABAJAN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y RATIFICA SU
COMPROMISO EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN EL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.


662/000045

GPP


La señora Rodríguez Calleja defiende la propuesta
de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios menos el
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Merelo Palomares defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya, del señor Marín
Gascón y del señor González-Rotatto Perote.


La señora Rodríguez Calleja expone la posición de
su grupo respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Santiago
Camacho, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Etxano Varela,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez
Esteve, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; la señora Rodríguez Calleja, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; y la señora López Martín, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora presidenta abre a las diecisiete horas y
veintiocho minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de
los puntos 13.2. y 13.3. Recuerda a la Cámara que el resultado de estas
dos votaciones serán comunicados a las señoras y señores senadores,
publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de la
próxima sesión plenaria.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN
FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS
JUDICIALMENTE. (Proclamación de la votación).


622/000002



Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la proposición de ley orgánica, con el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; a favor, 259; abstenciones, 2.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN
DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2020, DE 25 DE FEBRERO). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la
votación).


621/000010

Agricultura, Pesca y
Alimentación



Se proclaman las votaciones.


La señora presidenta informa a la Cámara de que
queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA INTENSIFICAR
LAS REDUCCIONES DE EMISIONES DE FORMA EFICAZ EN RELACIÓN CON LOS COSTES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la
votación).


621/000011

Transición Ecológica


Se proclaman las votaciones.


La señora presidenta informa a la Cámara de que
queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE
MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL INTERCAMBIO
AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN
RELACIÓN CON LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE
INFORMACIÓN. (Proclamación de la votación).


621/000009

Hacienda


Se proclaman las votaciones


La señora presidenta informa a la Cámara de
que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
del texto definitivo por S.M. el Rey.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS
MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN
DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, HECHO EN PARÍS EL 24
DE NOVIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR. (Proclamación de la votación).


610/000021






ACUERDO MARCO DE COFINANCIACIÓN ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO, HECHO EN WASHINGTON EL 23 DE ENERO
DE 2019. (Proclamación de la votación).


610/000022






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE BIELORRUSIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 14 DE JUNIO DE 2017.
(Proclamación de la votación).


610/000023






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y
SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. (Proclamación
de la votación).


610/000024






ACTAS APROBADAS 'AD REFERENDUM' EN
ESTAMBUL EL 6 DE OCTUBRE DE 2016 DURANTE EL XXVI CONGRESO DE LA UNIÓN
POSTAL UNIVERSAL (UPU). (Proclamación de la votación).


610/000025






PROTOCOLO ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018. (Proclamación de la votación).


610/000026






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
DETERMINADAS ELECCIONES DE NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL
TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 21 DE ENERO DE 2019.
(Proclamación de la votación).


610/000028






ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ADOPTADAS 'AD REFERENDUM' EN ADDIS ABEBA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURANTE EL II CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU).
(Proclamación de la votación).


610/000029






ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE RUANDA, HECHO EN NAIROBI EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2018. (Proclamación de la votación).


610/000030






DECLARACIÓN, ACTAS Y RESOLUCIONES DE LA
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), ADOPTADAS 'AD
REFERENDUM' EN MONTEVIDEO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 DURANTE EL XXIII
CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL.
(Proclamación de la votación).


610/000031






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019. (Proclamación de
la votación).


610/000032






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE PROTECCIÓN MUTUA
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ABU-DHABI EL 3 DE OCTUBRE DE 2018.
(Proclamación de la votación).


610/000033






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 27 DE MARZO DE 2019.
(Proclamación de la votación).


610/000034






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 28
DE FEBRERO DE 2019. (Proclamación de la votación).


610/000035






ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE
INVERSIONES, HECHO EN BUENOS AIRES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
(Proclamación de la votación).


610/000036






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAPÓN
PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y DE SU PROTOCOLO, HECHO
EN MADRID EL 16 DE OCTUBRE DE 2018. (Proclamación de la
votación).


610/000037






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE 2019.
(Proclamación de la votación).


610/000038






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2019. (Proclamación de
la votación).


610/000039






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL PARA LA
SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO
EN MADRID EL 26 DE JULIO DE 2018. (Proclamación de la
votación).


610/000040



Se proclaman las votaciones


La señora presidenta informa de que quedan
concedidas las autorizaciones.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN ADAPTÁNDOLO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Proclamación de la votación).


662/000046

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; votos a favor, 259; abstenciones, 2.


Se levanta la sesión a las diecisiete horas y
cincuenta y cinco minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión


Punto sexto del orden del día, mociones consecuencia de
interpelación: les recuerdo, señorías, que las mociones que se debatieron
ayer quedaron pendientes de votación. De modo que se procede a proclamar
las votaciones telemáticas autorizadas:


Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las
acciones precisas para que el Comité Paralímpico Internacional reconozca
una categoría específica para atletas con síndrome de Down e incremente
las pruebas de acceso para la participación de otros colectivos con
discapacidad en los Juegos Paralímpicos, del Grupo Parlamentario Vasco.
Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista con número de registro de entrada 66567.


Moción por la que se insta al Gobierno a extender los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones
por cese de actividad o disminución de ingresos para trabajadores
autónomos hasta que se consiga la normalidad en su actividad y eximirles
de cotizaciones a la Seguridad Social cuando se vean obligados a cerrar
sus establecimientos por imposición legal dentro de las medidas contra la
pandemia, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la incorporación
de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con números de registro de
entrada 66417 y 66719.


Moción por la que se insta al Gobierno a realizar una
planificación integral de las medidas a adoptar en la segunda oleada y
posibles nuevos rebrotes de COVID-19 que incluya el establecimiento de
criterios objetivos de vacunación entre las comunidades autónomas de
acuerdo con un plan que deberá aprobarse por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota
con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular con número de registro de
entrada 66569, que se entiende incorporada al texto original.


Además, se procede a la votación de la habilitación del punto
séptimo del orden del día, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021. Habilitación de todos los días y horas del
mes de diciembre de 2020 para la tramitación del citado proyecto de
ley.


Se abre la votación telemática para estas iniciativas desde
este momento, que son las nueve horas y cinco minutos, hasta las once
horas y cinco minutos.


El desarrollo de las votaciones de los restantes asuntos del
orden del día tendrá lugar conforme a la comunicación que se les remitió
ayer.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN
FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS
JUDICIALMENTE.


622/000002



La señora presidenta lee los puntos 8, 8.1
y 8.1.1.


La señora PRESIDENTA: No se han presentado
enmiendas ni propuestas de veto a esta proposición de ley orgánica dentro
del plazo que al efecto se señaló.


¿Se utilizarán los turnos a favor y en contra o
pasamos directamente al turno de portavoces? Pasamos directamente al
turno de portavoces, en cuyo caso tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.


La esterilización forzosa o esterilización
forzada es aquella que se produce en la persona sin su consentimiento,
sin justificación médica o clínica, con intención eugenésica, punitiva o
anticonceptiva forzosa; constituye, además de una mutilación a la persona
a la que se le practica, un ataque a los derechos, a la integridad y a la
dignidad humana de las personas con discapacidad. Este proceso comienza a
través de un procedimiento bastante complejo que se inicia con la
modificación de la capacidad legal del discapacitado, barbaridad como
también lo es el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que
jamás debió ser aprobado.


Señorías del PSOE, fueron ustedes, el 1 de
junio de 1989, quienes introdujeron el debate de la esterilización
forzada con el voto favorable de todos sus diputados y con la abstención,
cómo no, del Partido Popular. Fueron ustedes los que permitieron la
inclusión de este aberrante artículo en nuestro Código Penal, un precepto
con fines perversos, como lo es la finalidad eugenésica que tiene. Los
senadores de Vox vamos a votar a favor de la derogación de esta barbarie
de párrafo, introducida desde hace más de treinta años en nuestro Código
Penal con el beneplácito de todas las fuerzas políticas. Pero realmente
no entendemos bien que, por un lado, estén todos ustedes apelando a la
dignidad y a los derechos de las personas discapacitadas y quieran
derogar este precepto que les obliga a una esterilización no consentida,
y, por otro lado, sean ustedes mismos los que están a favor de permitir y
de ampliar los plazos para abortar cuando el no nacido presenta algún
tipo de discapacidad. Señorías, les falta coherencia y les sobra
hipocresía.


Muchas gracias. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


Se oye mucho el murmullo. Señorías, por
favor...


A continuación, por el mismo grupo
parlamentario, intervendrá el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta. Señorías, muy buenos días.


Mañana se celebra la festividad de san
Francisco Javier, patrón de Navarra, se celebra el Día del viejo Reino de
Navarra, el Día de Navarra, pero también coincide con la celebración del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde el año 1992 en
que lo estableció Naciones Unidas. Desde nuestro punto de vista, desde el
punto de vista de Unión del Pueblo Navarro, es una buena
coincidencia.


Hablando de Naciones Unidas, podríamos recordar
las palabras de su actual secretario general, António Guterres, que decía
que cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad,
estamos fundamentalmente acercándonos a uno de los principios esenciales
de la Agenda 2030, que no es otro que el de no dejar a ninguna persona
atrás. Por lo tanto, a la hora de hablar de esterilización forzosa, todas
las administraciones públicas lo primero que tienen que hacer es
facilitar toda la información que sea posible —dependiendo también
de las circunstancias— para que estas decisiones se tomen con
absoluta libertad, y además, teniendo en cuenta que las administraciones
públicas deberán respetar la voluntad de las personas afectadas. En
definitiva, todos los estados, indispensable y obligatoriamente aquellos
estados democráticos, deben salvaguardar los derechos de todos los
ciudadanos, y en este caso concreto también de las personas con
discapacidad.


En su día, a iniciativa de Unión del Pueblo
Navarro, se modificó la Ley Electoral, que permitió que 100 000 personas
con discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o enfermedad mental
pudiesen ejercer su derecho al voto. En esa línea hoy creo sinceramente
que seguimos avanzando en uno de los objetivos, de los principios
fundamentales recogidos también en la Declaración Internacional de las
Personas con Discapacidad del año 2006: en la inclusión en la sociedad de
las personas con discapacidad.


El papa Francisco, el año pasado, en la
celebración de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
decía que teníamos que desarrollar anticuerpos ante esa cultura
establecida en el mundo de que hay dos vidas, una vida de serie A y otra
de serie B; manifestaba que la situación exige no solo la protección de
los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, sino
también construir un mundo más humano, y remarcaba que ante esa cultura
de hoy en día del descarte, hay que exigir y luchar por impedir las
limitaciones que persiguen la plena integración ciudadana. Por lo tanto,
señorías, con esta iniciativa, junto con otras que se van a ir avanzando
a lo largo de esta legislatura, y esperemos que sean siempre desde el
consenso y de la buena voluntad de los grupos parlamentarios, creo
sinceramente que estamos consiguiendo un mundo más justo y una sociedad
española más humana.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Ningún otro integrante del Grupo Mixto
utilizará el turno? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.
Bon dia señorías; molt breument.


La Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por tanto, de obligado
cumplimiento, prohíbe la práctica de la esterilización forzosa.
Sencillamente hoy normalizamos, hacemos corresponder la norma y la
realidad al mandato que nos dimos hace ya diez años.


Esta modificación del artículo 156 del Código
Penal es un logro más en la equiparación de los derechos de las personas
con discapacidad. Agradecemos a todas las entidades y asociaciones
—Cermi, Cocarmi, Dincat y a tantas otras— su trabajo y el
traslado que de este hacen al legislador, a nosotros y que como
legisladores recogemos con logros como los de hoy u otros como la reforma
de la Ley del Tribunal del Jurado, que permitió a personas sordas, ciegas
o con silla de ruedas formar parte de un jurado popular, o la
modificación de la LOREG para devolver el derecho de voto a 100 000
personas con discapacidad. Tenemos, señorías, todavía trabajo por hacer
en el sentido de garantizar que las personas con discapacidad puedan
tomar sus propias decisiones.


Sin duda, abundar no solo en el reconocimiento
sino en la posibilidad de ejercer los derechos sin que estos sean
vulnerados es avanzar hacia una mejor sociedad, más digna, más
igualitaria y, por ende, más justa. Este avance en la justicia y en los
derechos lo queremos para con todos y para con todos los derechos. A
Junts per Catalunya nos gustaría también que fueran atendidos derechos
humanos vulnerados y denunciados por el Alto Comisariado para los
derechos humanos de la ONU, como los derechos de los presos políticos o
exiliados y de las personas represaliadas en Cataluña. De esta manera
entendemos que, además de una sociedad más digna, más igualitaria y más
justa, también sería una sociedad más libre y más democrática. Porque no
se puede ser demócratas a tiempo parcial ni defender unos derechos y
otros no como si los derechos se guardaran en botes estancos.


Por supuesto, votaremos que sí a esta
iniciativa. Agradecemos su tramitación y celebramos este paso adelante en
normalizar aquello que ya debería ser un hecho desde hace diez años.


Es una buena noticia que coincida con la
celebración mañana del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Creo que este es el homenaje que tenemos que hacer: hechos
y derechos que se puedan cumplir, trabajo para que tengan una vida
plena.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Fernández Rubiño.


El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, según el Cermi, al año unas 100 000
personas son esterilizadas sin su consentimiento en nuestro país, de las
cuales la gran mayoría son mujeres y niñas con discapacidad intelectual u
otra discapacidad severa. El voto a favor de esta ley nos hace avanzar
como país y poner fin a una situación de doble discriminación por tener
discapacidad y también por ser mujer en la mayoría de las ocasiones.


Argumentos como los que se han sostenido a
menudo afirmando que esto sirve para prevenir la violencia sexual sobre
las personas discapacitadas carecen absolutamente de toda lógica, no se
sostienen en la lógica más elemental. Es inconcebible que alguien pueda
pensar o sostener racionalmente que ser estéril te libra de sufrir alguna
clase de abuso. Otros argumentos, como que detienen el ciclo menstrual,
son simplemente incalificables. Ante tal argumento solo cabría
preguntarse qué visión tiene una persona que sostiene dicho argumento del
derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, incluidas
aquellas que tienen una discapacidad. Lamentablemente muchas veces estos
argumentos esconden otro tipo de razones como son evitar supuestos
problemas a los cuidadores o la falta de educación sexual y servicios
adecuados para las mujeres con discapacidad y las escasas medidas
dirigidas a proteger a las mujeres con discapacidad del abuso
sexual.


Como sociedad tenemos el deber de intervenir
para solucionar estos problemas con medidas que no impliquen la violencia
y la vulneración de derechos como los que conlleva la esterilización
forzada. Contra esta práctica hay múltiples declaraciones a las que no
podemos seguir dando la espalda. En 2006, la ONU aprobó la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por
España en 2008. En su artículo 23 la convención habla de respetar el
derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera
responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe
transcurrir entre un nacimiento y otro, así como a tener información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su
edad y que se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos. Es decir, desde hace más de diez años nuestro país estaba
incumpliendo una convención que había ratificado. Asimismo, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres considera
esta práctica una violación de las mujeres al consentimiento informado,
que infringe su derecho a la dignidad humana y a la integridad física y
mental. La Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujeres
afirmaba a su vez que la esterilización forzada viola la integridad y la
seguridad de la mujer y constituye violencia contra las mujeres. Del
mismo modo, esta práctica supone una vulneración del Convenio de
Estambul, que la contempla como una forma de violencia de género y lo
tipifica como delito. (El Convenio de Estambul se firmó en 2011 y entró
en vigor en nuestro país en 2014). También la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia, en junio de 2011 se posicionó sobre la
esterilización contraceptiva femenina afirmando el consentimiento bien
informado como requisito básico y que las mujeres con discapacidad deben
saber que es un procedimiento permanente y que existen otras
alternativas.


Es importante, por tanto, recalcar que en
nuestro país para las esterilizaciones no consentidas se ha llevado a
cabo la incapacitación previa de esa persona, una incapacitación que
conlleva que las personas a las que se ha declarado así no puedan casarse
ni firmar contratos, incluido un contrato de trabajo, o disponer de su
patrimonio por sí mismos.


Mañana, día 3 de diciembre, es el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad y creo que podemos estar
humildemente orgullosos en esta Cámara y en las instituciones españolas
de llegar este año a esta cita saldando una deuda histórica. Hoy ponemos,
negro sobre blanco, en nuestra legislación el compromiso de nuestro país
con los derechos humanos, con la dignidad y con la autonomía de las
personas con discapacidad.


Las leyes que conquistan derechos no solamente
son importantes porque mejoran la vida a unos pocos, sino porque producen
cambios culturales y mandan un mensaje a toda la sociedad que nos hace
avanzar en el respeto por los derechos de todas y de todas y en los
valores democráticos que no deberían nunca perderse de vista ahora. En
este sentido, esta ley nos permite preguntarnos qué nivel de autonomía
permite nuestra sociedad que tengan las personas con discapacidad, y si
nuestra legislación, lejos de proteger a estas personas, en muchas
ocasiones no intenta tristemente infantilizarlas. Solo haciéndonos estas
preguntas y modificando aquellas leyes que limitan los derechos a las
personas con discapacidad conseguiremos avanzar hacia un modelo de apoyo
en la toma de decisiones en lugar de hacia un modelo que ha perpetuado la
existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y en
ocasiones incluso de ciudadanas de tercera.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Marcos Arias.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias,
presidenta.


Señorías, Ciudadanos es un proyecto de
igualdad.


Para Ciudadanos es un orgullo aprobar hoy en el
Senado una iniciativa por la igualdad, la inclusión social y la no
discriminación de las personas con discapacidad. Para Ciudadanos es
importante también reconocer el enorme consenso que ha despertado esta
propuesta, una propuesta que nace de la sociedad civil y que ahora vuelve
a la sociedad civil, una propuesta, señorías, que mejora nuestro país.
España es hoy un país mejor, y lo es, señorías, con el acuerdo de todas
las fuerzas políticas, desde el consenso, en torno a las personas con
discapacidad para edificar nuevos acuerdos, para construir, para darnos
la mano.


Hoy, señorías, en el Senado somos testigos de
un hito importante por la igualdad, la inclusión social de las personas
con discapacidad; por una sociedad realmente inclusiva para todas las
personas. Hoy, señorías, en el Senado, en vísperas del 3 de diciembre,
Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, se aprueba
definitivamente la ley por la que se prohíbe la esterilización forzosa de
personas con discapacidad en nuestro país, una práctica aberrante, de la
que solo en la última década han sido víctimas, más de un millar de
mujeres con discapacidad en España.


Sorprende que en pleno siglo XXI en España
podamos seguir hablando de esterilizaciones forzosas de personas con
discapacidad, algo que parece más propio de otras épocas oscuras, pero lo
cierto es que nuestro Código Penal todavía permite la esterilización
forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Cuesta
creer que en una democracia avanzada como la nuestra se haya hecho
durante tanto tiempo caso omiso al derecho fundamental a crear una
familia las personas con discapacidad, a sus derechos reproductivos y
también a la propia inclusión social de las personas con
discapacidad.


Señorías, la esterilización forzosa vulnera los
derechos humanos, lo dice la Convención sobre las Personas con
Discapacidad, pero también el Convenio de Estambul contra la violencia
machista. Por eso Ciudadanos tenía claro que no podíamos perder ni un
minuto más para ajustar nuestro marco legal a las recomendaciones de los
organismos internacionales y acabar para siempre con esta excepción, una
excepción, señorías, que afecta a mujeres, a las que se les impide ser
madres por la fuerza por razón de su discapacidad. Pero eso, señorías,
desde hoy ya no ocurrirá más porque , gracias a esta iniciativa que
aprobamos de manera definitiva después de haber concluido su trámite
parlamentario, esta práctica, ahora sí, desde el día de hoy, quedará
relegada para siempre a los libros de historia.


Y, señorías, no tengo palabras para expresar el
orgullo que siento a nivel personal y como parlamentario representante de
mi proyecto político, Ciudadanos, al pronunciar estas palabras y poner
punto final a la tramitación de esta reforma, una iniciativa, señorías,
que surge de Cermi Mujeres, que hoy nos acompañan también en este
hemiciclo, y, por tanto, de la propia sociedad civil y del movimiento
social de la discapacidad, mujeres y hombres, que, desde su decidida
implicación y sus propuestas, son parte fundamental de lo que hoy va a
pasar, de que se abra una ventana definitiva de igualdad, respeto y
dignidad para las mujeres y niñas con discapacidad; para que la
esterilización forzada o no consentida se erradique para las mujeres y
niñas con discapacidad; para que las mujeres y niñas con discapacidad
sean más libres y más iguales. A ellas, que nos acompañan hoy, a ellos
también quiero agradecerles en primer lugar estas palabras, no solo por
haber conseguido que esta iniciativa se haga realidad —como han
logrado otras tantas— para hacer una sociedad más inclusiva, sino
también porque esta iniciativa, como todas las demás, demuestra el valor
del trabajo que se desarrolla en la sociedad civil. Señorías, esto es
empoderamiento de la sociedad civil, es emancipación, es inclusión, en
definitiva, igualdad, un principio que comparte Ciudadanos.


Agradezco también a mi partido, Ciudadanos,
haberme prestado el apoyo para que nuestro grupo parlamentario aquí, en
el Senado, fuese el cauce a través del cual impulsar esta iniciativa
venida, insisto, de la sociedad civil en ese trabajo de intercambio
fluido entre la sociedad civil y las instituciones. Porque este logro es
de las personas con discapacidad, pero también, señorías, lo sentimos
como un logro de Ciudadanos.


Gracias al grupo parlamentario en el Senado,
gracias a nuestra portavoz, Lorena Roldán, del Grupo Ciudadanos en el
Senado. Tampoco me puedo olvidar de un agradecimiento sentido a nuestra
compañera en el Congreso, Sara Giménez, quien ha realizado un trabajo
infatigable para sacar adelante esta iniciativa durante su tramitación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados por unanimidad, señorías,
por unanimidad —no se puede pedir más a una iniciativa que pretende
algo tan elemental como la igualdad de derechos de todas las
personas—. Y agradezco también, por supuesto, al resto de los
grupos políticos, tanto en esta Cámara hoy como en el Congreso de los
Diputados, haber prestado su apoyo decidido y avalado con sus votos para
que esta reforma salga adelante. Esto demuestra que cuando dejamos al
lado nuestras diferencias —muchas veces sustentadas en cuestiones
muchísimo menos importantes de las que tratamos—, somos capaces de
hacer algo importante para nuestro país: acuerdos que hacen de nuestra
sociedad una sociedad más inclusiva, más igualitaria; acuerdos de
política útil, como decimos en Ciudadanos; acuerdos para las
personas.


Y, en vísperas de ese 3 de diciembre, Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad —insisto
otra vez—, agradezco profundamente al tercer sector de la
discapacidad que hoy nos acompaña —Cermi Mujeres— su
valentía, su insistencia, y, sobre todo, les agradezco también que hayan
estado ahí detrás para que hoy esto definitivamente se apruebe.


Hoy logramos un país más inclusivo, más
igualitario y que trabaja decididamente por erradicar la discriminación
de las personas, hombres y mujeres, con discapacidad en nuestro
país.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias a usted,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Peral Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea. Egun on guztioi.


Hoy vamos a aprobar la modificación del Código
Penal para eliminar de este la esterilización forzada o no consentida de
personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, tal y como
contempla el párrafo segundo de su artículo 156.


Nuestro grupo votará a favor de esta
modificación no solo por coherencia con lo que votamos en esta Cámara en
la toma en consideración de la proposición de ley y en el Congreso en
ponencia, en Comisión y en el Pleno, sino porque creemos firmemente en la
defensa de la dignidad de las personas, de todas las personas. Pero es
que, además, la esterilización forzosa es reconocida por la ONU como una
forma de violencia contra las mujeres y niñas, tanto por el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas como por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el Comité de Derechos
del Niño. Votaremos a favor también porque, con esta aprobación,
cumplimos con los tratados internacionales suscritos.


La Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad es de obligado cumplimiento, se aprobó
en 2006 y fue ratificada por España en 2008. La reforma de nuestro
ordenamiento jurídico no empezó hasta el año 2011, precisamente con la
Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde entonces, vamos a
cuentagotas cumpliendo con lo que esta convención recoge, como el derecho
de las personas con discapacidad a contraer matrimonio en igualdad de
condiciones, garantizando la participación en un jurado popular de las
personas con discapacidad sin exclusiones o garantizando el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad.


En estos días se está debatiendo además en el
Congreso la reforma de la legislación en materia de accesibilidad
cognitiva y el proyecto de reforma del Código Civil, que eliminará la
incapacitación y la tutela de las personas con discapacidad y la
sustituirá por apoyos. Todas ellas demuestran el compromiso y la voluntad
de esta Cámara y del Congreso para desarrollar y llevar a cabo lo
previsto en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. El hecho de no haber presentado además enmiendas a esta
ley y que pueda tratarse hoy en el Pleno sin modificaciones al texto
llegado del Congreso nos permitirá agilizar su entrada en vigor y
celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad mañana
día 3 de diciembre con una pequeña victoria.


Por último, al igual que hice en la toma en
consideración de la proposición de ley, quiero terminar agradeciendo a
los colectivos, asociaciones y organizaciones que representan a las
personas con discapacidad su trabajo en el día a día por el cumplimiento
de sus derechos, por su igualdad e integración plena.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Rufà.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Bon dia, presidenta.


Es importante para nuestro grupo llevar el
análisis de la experiencia personal de la mujer con discapacidad
intelectual al plano político porque es aquí donde ocurren las mayores
discriminaciones, restricciones y vulneraciones de derechos. Nuestro
trabajo como senadores debe ser el de eliminar las barreras sociales y
caminar conjuntamente hacia una igualdad real de derechos. Con la
aprobación hoy en el Senado, este Estado se pone a la vanguardia del
feminismo ya que ilegaliza una práctica que se hacía a las mujeres por
ser mujeres, avanzando también en la inclusión, respeto y decencia.


El legislativo restaura al fin la dignidad
quebrada en tantas mujeres y niñas a las que se les invadió sus cuerpos
sin su permiso. La esterilización, como tratamiento médico de carácter
intrusivo e irreversible de manera forzosa o sin el consentimiento libre
e informado de la persona constituye un acto de tortura o malos tratos,
siendo esta forzosa e involuntaria, y en la mayoría de los casos
provocando directamente una violación de derechos humanos, incluyendo el
derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la
privacidad, el derecho a decidir el número de hijos y el espacio entre
cada uno de ellos, así como el derecho a fundar una familia, el derecho a
no ser discriminado y el derecho de la autodeterminación sobre su propio
cuerpo.


El respeto a la mujer y a su derecho de ejercer
la maternidad es crucial. Se debe tener en consideración el derecho al
acceso a la justicia, así como los ajustes razonables y los apoyos en la
toma de decisiones. Han existido, existen y existirán seguramente
prejuicios hacia las mujeres con discapacidad intelectual entre
autoridades estatales y el sistema judicial, como, por ejemplo, la idea
errónea de que las madres con discapacidad no pueden aprender habilidades
para ser madre. Con esta modificación será necesario —creemos
nosotros— también que se revisen estos prejuicios y evitar
violaciones de sus derechos a estas mujeres.


Las ideas discriminatorias acerca de la
discapacidad del género y de lo que significa la dificultad de
aprendizaje y cognitivas son factores que impiden a las mujeres con
discapacidad intelectual el disfrute de cualquier relación personal. En
consecuencia, los estados deben tomar medidas efectivas y apropiadas en
orden a eliminar la discriminación en contra de las mujeres con
discapacidad intelectual.


En el actual contexto de un modelo de
sustitución de voluntad, un gran porcentaje de las familias de mujeres y
niñas con discapacidad intelectual piden la esterilización, o la pedían
hasta hoy, porque así no tendrían más su ciclo menstrual y se evitaba de
esta manera tener que cuidarlas en este aspecto.


Por tanto, es y será necesario establecer una
cultura de apoyo, entendemos, a las personas con discapacidad, pero
también a sus familias, para que sepan cómo ejercer sus derechos al lado
de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual.


Es necesario incluir y formar para crear un
empoderamiento a las mujeres y niñas con discapacidad en lo que se
refiere a sus derechos sexuales, reproductivos y la autodeterminación del
cuerpo con el apoyo de las familias. Sin las familias no haremos nada. Es
un trabajo en el que todos deberíamos estar implicados.


Nuestro voto va a ser favorable.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Tomás Olivares.


La señora TOMÁS OLIVARES: Gracias, señora
presidenta.


Quiero que mis primeras palabras sean para
saludar y dar la bienvenida a las representantes de la Fundación Cermi
Mujeres, a esas mujeres valientes, a esas mujeres que cada día nos dan
una lección de coraje, de fortaleza, de resiliencia. Bienvenidas y muchas
gracias por acompañarnos hoy. (Aplausos).


Señores senadores y senadoras, la
esterilización forzada es un acto de violencia contra muchas personas con
discapacidad, pero, en especial, contra mujeres y niñas con discapacidad
intelectual, de desarrollo o con problemas de salud mental. Según Ana
Peláez, podríamos hablar de una forma específica de mutilación genital
femenina.


A lo largo de la historia se han esgrimido
muchos mitos para justificar las esterilizaciones de las mujeres y niñas
con discapacidad: se hace por el bienestar de la sociedad, de la
comunidad o de las familias; también por la incapacidad de las mujeres
con discapacidad de ser madres y de cuidar de sus hijos e hijas; o por el
propio bienestar de mujeres y niñas con discapacidad ante el abuso, la
violencia o posibles embarazos. Sin embargo, en ocasiones esta práctica
favorece precisamente el uso de la violencia contra las mujeres con
discapacidad, pues la esterilización provoca un aumento de los abusos
sexuales en el entorno de estas niñas y mujeres, porque los agresores
saben que no se va a producir un embarazo fruto de esa agresión. Es una
de las terribles consecuencias de la esterilización forzada, que, a su
vez, puede ocasionar problemas de salud, sociales e incluso legales.


El hecho de que el procedimiento pueda haber
sido autorizado por la ley no esconde la realidad de que una mujer con
discapacidad, normalmente una mujer muy joven, ha sido sometida a una
intervención médica innecesaria y no terapéutica para quitarle un órgano
que es esencial para la salud sexual y reproductiva. Existe un gran
estigma asociado a la esterilización y la pérdida de la fertilidad, y,
además, la esterilización forzada de las mujeres y niñas con discapacidad
psicosocial puede traumatizar o volver a traumatizar a la víctima y
acarrear consecuencias para su salud mental durante el resto de su
vida.


Con independencia de que sea o no una decisión
judicial la que autoriza la esterilización, si esta no cuenta con el
consentimiento informado de quien la va a sufrir, siempre será sin
consentimiento y, por tanto, carente de ética.


Además de la incapacidad para reproducirse, la
esterilización puede provocar una aparición temprana de la menopausia,
osteoporosis y enfermedades cardiovasculares si se lleva a cabo antes de
que la niña haya tenido la menstruación o durante la pubertad.


El Grupo Parlamentario Popular entiende que los
recursos no deben ir dirigidos a incapacitar o a esterilizar a las
mujeres o niñas, sino a darles los apoyos y las herramientas necesarios
para poder ser madres si lo desean y, especialmente, para respetar y
poder decidir sobre sus cuerpos. Almudena Martín es una madre con
discapacidad, y lo expresa con orgullo, y voy a leer textualmente lo que
ella dice: «Soy madre de un joven de 20 años por decisión mía. Tenía muy
claro que quería ser madre. Quería que ese niño naciese. Tengo
inteligencia límite y soy autónoma. Saqué unas oposiciones y no dependo
de nadie. Mi hijo está a mi cargo y es un niño sano e inteligente.» ¿Por
qué perder el derecho y el privilegio de ser madre cuando una mujer puede
gozar de esa alegría? Y acaba diciendo algo que hemos dicho y decimos
todas las madres: «Mi hijo me da la vida.»


Pero también creemos que es de justicia no
criminalizar a las familias, porque la inmensa mayoría de las familias
que deciden esterilizar a sus hijas con discapacidad lo hacen por amor,
creen que así las protegen, porque, de esta manera, se elimina el riesgo
de embarazo no deseado. Pero es necesario que las familias comprendan que
la esterilización no consentida no es una medida de protección, sino una
vulneración de derechos. Por ello es fundamental proporcionar a estas
familias espacios para la reflexión y para llegar a comprender que la
esterilización en personas con discapacidad es cuestión de derechos
humanos.


En el Grupo Parlamentario Popular nos alegramos
de este avance importantísimo que tiene lugar en el día de hoy, y lo
hacemos porque cumplimos con uno de los compromisos que adquirimos con
las personas con discapacidad en abril de 2019 ya que llevamos en nuestro
programa electoral abolir la esterilización forzada de las mujeres y
niñas con discapacidad. Por eso nos alegramos enormemente, porque
defender los derechos de las personas con discapacidad es uno de los
pilares sobre los que se asienta el ideario del Partido Popular. Mañana,
día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
hará siete años que se publicó en el BOE el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobaba el texto
refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, que integra, en un único texto, la normativa
existente en la materia, refundiendo, regularizando, aclarando y
armonizando tres normas: la LISMI, la LIONDAU y la Ley por la que se
establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Es una ley
impulsada por el Partido Popular, que supuso que las personas con
discapacidad pasaran de ser objeto de políticas sociales y paternalistas
a ser sujetos de derechos. La finalidad del modelo social consagrado por
la convención es, pues, integrar más que adaptar, y es con este objetivo
y en este contexto donde adquiere pleno significado la dedicación de un
título específico de la ley a determinados derechos de las personas con
discapacidad desde la igualdad de oportunidades: el derecho a la
protección de la salud, a la educación, a la atención integral, a la vida
independiente, a la protección social y, por supuesto, al trabajo.


Pero si uno de los pilares del Partido Popular
es defender los derechos de las personas con discapacidad, otro es
defender el bienestar de las mujeres. Y tengo que manifestar mi orgullo
porque, en noviembre de 2017, durante el mandato del Partido Popular, se
presentó el informe de la Universidad Georgetown y el Instituto de
Investigación de la Paz de Oslo, que situaba a España como quinto país en
bienestar para las mujeres. Hace dos días se presenta otra vez ese
informe y España ha retrocedido diez puestos, diez, pasando del quinto al
decimoquinto. Con un Gobierno Popular, en el quinto; con un Gobierno
socialista y comunista, en el decimoquinto. ¡Hay que ver, España
retrocede diez puestos en bienestar para las mujeres justo durante los
años en que hay un Gobierno que se autodenomina progresista y feminista!
(Aplausos). ¡Vaya progreso, vaya feminismo y vaya tela, señorías!
(Aplausos). La verdad es que pasar del quinto puesto al decimoquinto es
toda una faena, sobre todo para aquellas mujeres que han perdido ese
bienestar que tuvieron durante la etapa del Partido Popular.


Quiero terminar con un agradecimiento y con un
lamento. Nuestro agradecimiento al Cermi, protagonista indiscutible de
este avance social; a su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno; a su delegado
de Derechos Humanos, Jesús Martín, y, de manera muy especial, a la
Fundación Cermi Mujeres, a su anterior presidenta, Concha Díaz, y a la
nueva presidenta, Marta Valencia. Pero no puedo olvidar mi agradecimiento
a esa gran mujer, a la que admiro profundamente, que es Ana Peláez, que
defiende con alma, corazón y vida a las mujeres y a las niñas con
discapacidad. Muchas gracias, Ana, por esa defensa que tú haces de las
mujeres y de las niñas, que nos llega a todas las demás, porque, aunque
no tengamos discapacidad, tenemos esa sororidad que hace que todas las
mujeres sintamos y tengamos empatía con las mujeres con discapacidad.
Muchas gracias, Ana. (Aplausos).


El Cermi ha llevado a cabo una labor muy
grande, con incidencia política. Han mantenido reuniones con grupos
parlamentarios para conseguir sacar adelante esta modificación del Código
Penal a través esta proposición de ley. Han realizado campañas de toma de
conciencia, actos públicos, etcétera. Lo han conseguido. Han logrado
convencer a la sociedad de que se trata de derechos humanos, de que las
mujeres tienen derecho a decidir sobre su capacidad de reproducir, sobre
su fertilidad, además, así viene reconocido en nuestra ley y por los
tratados internacionales de derechos humanos.


Y mi lamento, señorías, es por la ausencia
injustificada de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El pasado 25 de
noviembre decía, entre llantos sin lágrimas, que su ministerio era el
ministerio de todas las mujeres. Y yo le pregunto: Señora ministra, ¿de
todas las mujeres? No, de todas las mujeres, no; de las mujeres con
discapacidad, no, porque si ese ministerio fuera el ministerio de las
mujeres con discapacidad, usted estaría sentada en su banco, en su sillón
aquí, en un día tan importante para las mujeres con discapacidad.
(Aplausos). Está claro que el ministerio de las mujeres se olvida de las
mujeres con discapacidad y de las niñas con discapacidad, aunque también
de otras muchas mujeres y de otras muchas niñas, pero eso no lo vamos a
decir hoy. Hoy vamos a felicitarnos, a alegrarnos, a disfrutar de este
gran avance social dando la enhorabuena al Cermi, nuestro agradecimiento
y nuestra petición de que sigan siendo esa locomotora de cambio social en
España.


Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Abascal Jiménez.


La señora ABASCAL JIMÉNEZ: Muchas gracias,
señora presidenta.


Bienvenidas a vuestra casa. Hoy es vuestro día,
hoy es un día histórico para las mujeres y para las personas con
discapacidad, y este día lo recordaremos todos y todas. (Aplausos).


Señora Tomás, me sabe mal, pero hoy no tocaba.
Hoy no toca críticas. Hoy no toca criticar según qué cosas. (Aplausos).
Hoy es un día para felicitarnos todas y todos por haber conseguido sacar
esta proposición de ley por unanimidad, sin ningún tipo de problemas y
con un mayor consenso. De verdad, la política sirve para estas cosas,
sirve para dedicarnos a responder a lo que la ciudadanía nos pide, no
para hacer según qué críticas que no vienen al caso. (Aplausos). Como
siempre, creo que hoy ha perdido el verdadero significado de lo que es
ser política en este momento: es agradecer el trabajo de las personas que
están aquí y que nos han permitido llegar hasta donde llegamos.


Como decía, hoy es un día histórico. Y tengo
que agradecerles una cosa, la paciencia que ustedes han tenido y han
mantenido durante todo este tiempo durante el que, desde luego, no hemos
sabido responder a sus reivindicaciones. Pero esa paciencia ha tenido su
fruto: es hoy. Hoy es un día en el que las mujeres y las niñas con
discapacidad van a volver a recuperar un derecho que nunca debieron haber
perdido pero que hoy ya tienen de nuevo. (Aplausos).


Un informe conjunto de la Fundación Cermi
Mujeres y el Foro Europeo de la Discapacidad, presentado en el 2017,
recoge: «La práctica de la esterilización forzosa forma parte de un
patrón más amplio de la denegación de los derechos humanos de las
mujeres. Esta denegación también incluye la exclusión de manera
sistemática de los sistemas de atención a la salud reproductiva y sexual,
restricciones en la elección de los métodos anticonceptivos voluntarios,
una focalización en la supresión menstrual, una atención deficitaria
durante el embarazo y el parto, abortos involuntarios y la denegación del
derecho de ser madre. En este contexto es fundamental reconocer los
derechos reproductivos de las mujeres y de las niñas con discapacidad
para tener una vida en familia y su derecho a disfrutar de una capacidad
jurídica completa que se reconozca en todos los ámbitos de la vida.» Por
eso, poder llevar a cabo hoy este tema, conseguir aprobar esta
proposición de ley permite acabar con el estigma asociado a la
esterilización y la pérdida de la fertilidad. Además, la esterilización
forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial puede
traumatizarlas, para su salud mental, de por vida. Por lo tanto, hoy esto
se termina.


Este informe se presentó en el año 2017 y es
demoledor. Aun así, hemos tardado estos tres años, pero, como he dicho
antes, estos tres años han finalizado con este reconocimiento y con esta
proposición de ley. Por eso, hoy aprobamos la modificación del
artículo 156 del Código Penal que erradica la práctica de la
esterilización forzosa.


Además de modificar este artículo, la ley
contempla, en la disposición final, la adaptación normativa, algo que
consideramos que es importante. El Gobierno remitirá a las Cortes
Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley 41/2002, del 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, y la Ley
Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de reforzar que las
personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales,
incluidos los tecnológicos, cuenten con la información necesaria y la
documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que
la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada
y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el
derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con
discapacidad. La incorporación de este apartado da respuesta a otra de
las demandas del sector: que las mujeres y niñas puedan conocer y
disfrutar de su sexualidad con todas las garantías y que se les informe
en todo momento de las diferentes opciones que hay para que sean ellas
las que libremente decidan.


Para el Grupo Socialista poder aprobar esta ley
representa nuestra razón de ser. La defensa de los derechos y libertades
de las personas está en nuestro ADN y hoy nos sentimos plenamente
satisfechos y satisfechas. A mí poder participar en este momento me colma
de satisfacción y da sentido a lo que siempre he defendido: la igualdad y
la libertad.


Nuestro grupo es consciente de que para seguir
avanzando en igualdad es necesario tener muy presente la participación de
las mujeres con discapacidad. Las políticas feministas deben incluir la
diversidad para conseguir no dejar a nadie atrás. Las mujeres con
discapacidad, por diversos motivos, como su invisibilidad en la sociedad,
no han estado presentes. Por ello, debemos participar juntas en este
camino cuyo único objetivo es una sociedad más justa e igualitaria.
Sabemos que Cermi Mujeres estará ahí y está activa, por lo tanto, saben
perfectamente que cuentan con nosotros para poder llevar a cabo esas
políticas de igualdad tan necesarias y en las que las mujeres con
discapacidad tienen mucho que decir.


Quiero dar las gracias a los diferentes grupos
de la Cámara que han permitido que la aprobación de la ley sea hoy y que
mañana, 3 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, se celebre con la aprobación de esta ley.
Quiero reiterar mi agradecimiento a las entidades del sector de la
discapacidad y, en concreto, al Cermi, por la labor que realizan y por
estar ahí empujando y trabajando para conseguir avanzar en una sociedad
que debe ser más justa e igualitaria.


Hace poco se han conmemorado los dos años de la
aprobación de la ley que permitió a las personas con discapacidad poder
ejercer su voto. Más de 100 000 personas pudieron ejercer su voto, y fue
una iniciativa del Partido Socialista. Por lo tanto, ahí seguimos
avanzando en esa igualdad que tanto necesitamos. Saben que cuentan con
nuestro grupo para todo.


Quiero acabar como empecé diciendo que hoy es
un día histórico. Hoy rebatimos una injusticia que lleva años
perpetrándose. Aunque tarde, hoy ha llegado la justicia.


Gracias y enhorabuena. Os lo merecéis.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias
señoría.


Señorías, finalizado el debate de la
proposición de ley orgánica, procedemos a la votación en un solo acto de
la proposición de ley orgánica. Se abre el plazo de dos horas para su
votación telemática, desde este momento, que son las nueve horas y
cincuenta y siete minutos, hasta las once horas y cincuenta y siete
minutos.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN
DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2020, DE 25 DE FEBRERO). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000010

Agricultura, Pesca y
Alimentación



La señora presidenta lee los puntos 8.2.
y 8.2.1.


La señora PRESIDENTA: Por acuerdo de la Junta
de Portavoces, adoptado en su reunión de 1 de diciembre de 2020, se
realizará únicamente el debate al articulado de este proyecto de
ley.


Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la senadora Macías Mateos, por tiempo de cinco
minutos.


La señora MACÍAS MATEOS: Presidenta, miembros
de la Mesa, senadores, senadoras, se somete a la consideración del Pleno
del Senado el proyecto de ley por la que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de agricultura y alimentación, procedente del Real
Decreto Ley 5/ 2020 del Gobierno de España, de 25 de febrero, y, como ha
señalado la presidenta, se tramita por procedimiento de urgencia.


Tuvo entrada en esta Cámara el pasado 13 de
noviembre de 2020 y fue publicada en esa misma fecha en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.


Contempla una serie de medidas urgentes que se
resumen en los siguientes términos: medidas para la mejora de la cadena
alimentaria. En el artículo primero se modifica la Ley 12/2013. Los
principales cambios se resumen en la obligatoriedad de incluir el coste
efectivo de la producción como factor para determinar los precios y los
contratos y que este precio pactado cubra ese coste efectivo; también que
se prohíba la venta a pérdidas. Regular las promociones comerciales para
evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos y dar
publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras. Se
prevé también una medida para facilitar la tributación en el caso de la
primera instalación de jóvenes agricultores de cara a que lo puedan hacer
en un periodo de cuatro años, con la modificación de la Ley 35/2006 del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.


El artículo tercero prevé reducir de 35 a 20 el
número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a
la renta agraria en las comunidades de Andalucía y Extremadura.


El artículo cuarto busca lograr una mayor
estabilidad en el empleo del personal eventual, afectando e incentivando
la conversión en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de
bonificaciones en la cuota empresarial. Se incluye una acción positiva en
el caso de los contratos formalizados con trabajadoras del campo.


Se recoge también una modificación de la
Ley 23/2015, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y Seguridad
Social. Se prevé este cambio en el artículo 5 para ampliar el ámbito de
actuación de la inspección a los locales y viviendas en las que se alojen
las trabajadoras y trabajadores.


El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el pasado 19 de noviembre de 2020, presentándose un total de ciento once:
enmienda 1, del senador Fabián Chinea Correa, del Grupo Parlamentario
Mixto; enmienda 2, del senador Fernando Clavijo Batlle, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; enmiendas 3 a 10, del Grupo Parlamentario
Vasco; enmiendas 11 a 13, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; enmiendas 14 a 38, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal; enmienda 39, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; enmiendas 40 a 77, del Grupo Parlamentario Popular;
enmiendas 78 a 103, del Grupo Parlamentario Nacionalista; enmiendas 104
a 111, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


El día 25 de noviembre se reunió la ponencia,
que emitió informe acordando la incorporación de una enmienda
transaccional presentada sobre la base de las enmiendas números 39, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, y 69, del Grupo Parlamentario
Popular.


El día 26 de noviembre se reunió la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación para ratificar la ponencia y emitir el
correspondiente dictamen sobre el citado proyecto de ley.


La ponencia quedó ratificada con la siguiente
composición: por el Grupo Parlamentario Socialista, don Amaro Huelva
Betanzos y doña María Teresa Macías Mateos; por el Grupo Parlamentario
Popular, don Francisco Javier Márquez Sánchez y don Jorge Domingo
Martínez Antolín; por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, don Josep Rufà Gràcia; por el Grupo Parlamentario Vasco,
doña Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz; por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, don Miguel Sánchez López; por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, don Carles Mulet García; por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, doña María Teresa Rivero Segalàs, y por el Grupo
Parlamentario Mixto, don José Miguel Fernández Viadero. La comisión
acordó aprobar como dictamen el informe de la ponencia.


Se han presentado los siguientes votos
particulares para la defensa de las siguientes enmiendas: del Grupo
Parlamentario Vasco, de la 3 a la 10; del Grupo Parlamentario Popular, de
la 40 a la 68 y de la 70 a la 77; del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, de la 11 a la 13; del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, de la 14 a la 38 y 104 a 111; del
Grupo Parlamentario Nacionalista, la 2 y las numeradas como 78 a 103; del
Grupo Parlamentario Socialista, para la vuelta al texto anterior del
proyecto de ley remitido por el Congreso en virtud del artículo 117.2 del
Reglamento.


Las tareas llevadas a cabo por la comisión se
han realizado en los tiempos y forma que rigen por el Reglamento,
preceptos que se han cumplido. Se agradece el buen ambiente, la
cordialidad y el trabajo serio y riguroso de todos los grupos
parlamentarios que han participado en ella.


Hasta aquí la tramitación realizada.


Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, presidenta de la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


A continuación, pasamos a debatir las
enmiendas.


En primer lugar, y en turno a favor, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado tiene la palabra el senador
Clavijo.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora
presidenta.


Nosotros, los senadores canarios, junto con el
Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos y con el senador Fabián Chinea, del
Grupo Mixto, conseguimos introducir en la ponencia una excepción para el
plátano de Canarias. A mí me constan las negociaciones que ha habido para
que, con el voto particular presentado por el Grupo Socialista, vuelva el
texto íntegro que salió del Congreso de los Diputados.


Yo voy a tratar de explicar aquí, y apelo a la
solidaridad y al sentido común de sus señorías, por qué la
excepcionalidad con el plátano de Canarias está justificada y no genera
ningún tipo de problema ni quebranto a ningún otro sector. Nosotros
sostenemos que se puede aplicar esa excepción con el plátano de Canarias
por las siguientes razones: la primera, porque somos región
ultraperiférica, con lo cual la aplicación del derecho comunitario en las
regiones ultraperiféricas —según los artículos 3, 4 y 9 y continuas
sentencias— se puede modular esa aplicación porque somos islas
pequeñas, somos un archipiélago y estamos alejados del continente. La
segunda, porque no hay ningún otro lugar de España donde se produzca
plátano; solo en Canarias, con lo cual el riesgo que puede tener el
ministerio de que algún otro sector le pida esa misma excepción carece de
sentido. En tercer lugar, porque esto afectaría al cien por cien de los
productores, es decir, no hay ningún pequeño agricultor que esté fuera de
Asprocan ni de este tratamiento singular. En cuarto lugar, no competimos
con ningún país miembro de la Unión Europea, solo con terceros países;
competimos con la banana que viene de Latinoamérica, es decir, grandes
productores que utilizan a España como mercado de derribo. Creo que esta
excepcionalidad, por la que yo apelo hoy aquí a sus señorías,
especialmente al Grupo Socialista y a mis compañeros senadores canarios,
está más que justificada con el sector del plátano. Las consecuencias de
no aceptar esta singularidad es la pérdida de 100 millones de euros para
el sector y la ruina de miles de pequeños agricultores.


Les pido a todos que a lo largo del día
reflexionen, que hagan un esfuerzo. A aquellos que nos apoyaron en la
ponencia, les doy las gracias en nombre de Canarias y, además, les digo
que, por favor, si es posible, mantengan ese voto que nos permitiría
salvar a un sector crucial para las islas Canarias del que dependen miles
de puestos de trabajo y del que depende nuestro paisaje, porque cuando se
va a las islas y se ve verde es porque hay agricultores que trabajan la
tierra; de lo contrario, se produciría la desertización.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: A continuación, y por el
mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la senadora Rivero
Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.
Buenos días.


Junts per Catalunya ha presentado veintiséis
enmiendas a este proyecto de ley que pretendía serlo de medidas urgentes
para el sector agrario; un proyecto de ley que ha tenido nueve meses de
gestación en el Congreso y que ha llegado al Senado de forma precipitada,
si me lo permiten, en su tramitación. En cualquier caso, nosotros hemos
intentado mejorar el texto y hemos incluido en él algunas de las
cuestiones que el sector nos ha trasladado por la problemática que
sufren; cuestiones que no surgieron ayer ni tampoco son consecuencia
directa de la COVID.


No voy a abundar en las veintiséis enmiendas;
las doy por defendidas, por si no me da tiempo de referirme a todas
ellas, pero me voy a entretener en algunas que recogen incumplimientos o
incapacidades para que las propias leyes que nosotros aprobamos se hagan
efectivas. Me refiero a la enmienda 92, sobre las organizaciones
profesionales agrarias y su representatividad. Es una enmienda de
adición. La Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el
procedimiento para la determinación de la representatividad de las
organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, se
publicó en el BOE el 10 de julio de 2014, entrando en vigor veinte días
después. En su artículo 2.1 la ley prevé que la representatividad de
estas organizaciones agrarias se determine mediante una consulta entre
los que tengan la condición de electores, que también queda recogido en
esta propia ley. En su artículo 13 dispone la creación del Consejo
Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —hoy el
ministerio ha cambiado de nombre— con la finalidad de asesorar a la
Administración General del Estado en cuestiones de interés general
agrario y rural. La composición del Consejo Asesor Agrario, según el
artículo 15.1, es de diez consejeros que tienen que ser nombrados por el
titular del ministerio, a propuesta de las organizaciones agrarias, en
función de la representatividad de esas consultas previstas en la propia
ley —a las que ya me he referido— en su artículo 2.1.


Han pasado ya cinco años desde que legislamos
en este sentido y no tenemos ni ha trascendido ningún trabajo que nos
permita pensar que vamos a reglamentar para hacer posible aquello que
nosotros decidimos que era necesario para el sector hace ya, como digo,
cinco años. Con lo cual tenemos un problema respecto a la democratización
de la representatividad agraria. En abril de 2017 ya el Defensor del
Pueblo hacia un recordatorio de deberes legales al respecto y nos volvía
a recordar la obligatoriedad de la consulta y del necesario desarrollo
reglamentario para hacer posible que esta ley se cumpliera. Hay que tener
en cuenta también que después de esto realmente ha habido algunos
procesos electorales en algunas comunidades autónomas, como en Cataluña,
pero también en otras, y por ello en esta enmienda lo que proponemos es
definir un marco de representación provisional con una interlocución
plural, eficaz y democrática hasta la constitución del Consejo Agrario.
En este marco tienen que participar todas aquellas organizaciones
agrarias que hayan acreditado una representación significativa en los
procesos electorales agrarios celebrados con posterioridad a la ley, que
son a los que me refería con anterioridad. Y proponemos abordar con
carácter urgente esta normalidad democrática relativa a la
democratización de la representación agraria, de forma que el Gobierno,
en el marco establecido en la disposición adicional sexta, abra
definitivamente un espacio de trabajo en el que se establezca el marco
regulatorio adecuado para determinar esta representatividad. Y sí, lo
acotamos a 1 de enero de 2021. Nos dirán que lo hemos acotado a un plazo
muy corto, pero es que este decreto que quería dar respuesta al sector
agrario y a sus problemáticas reales, ha estado nueve meses en el
Congreso, con lo cual creo que no cumple ni las funciones de urgencia ni
de dar respuesta al sector. Por ello nosotros hemos acotado los plazos,
porque hace ya cinco años que se espera que nosotros mismos garanticemos
poder cumplir aquellas normas que aprobamos.


Otra de las enmiendas que también recoge un
incumplimiento se refiere al contrato de acceso a las redes de transporte
y distribución eléctrica. Es una enmienda de modificación de la
disposición final quinta bis de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
sector eléctrico, relativa a los contratos de acceso a las redes de
transporte y distribución eléctrica para regadíos. Antes del 31 de
diciembre pedimos que se determine que el contrato de acceso a regadío y
otros usos agrícolas y ganaderos contemple dos potencias diferentes
durante los doce meses en función de las necesidades de suministro por
parte de estas actividades. Entre 2010 y 2018 se duplicó el precio de la
electricidad para los agricultores y ganaderos; datos proporcionados por
el propio ministerio. A su vez las producciones estacionales y de regadío
se ven obligadas a pagar la parte correspondiente a la potencia
contratada, también en aquellos periodos sin consumo o con consumo
mínimo. El alto precio —también debemos considerarlo—
obstaculiza esa reconversión hacia fuentes limpias en aquellas
explotaciones donde todavía se utilizan combustibles fósiles. Por tanto,
esto va en contra de esos objetivos de desarrollo sostenible de los que
tanto hablamos y que pretendemos conseguir.


La ley 1/2018, de 6 de marzo, en la que se
adoptaban medidas contra la sequía, recogía en su disposición final
tercera que se contemplara en los contratos de acceso para regadío la
posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de doce
meses, en función de la necesidad de suministro y en los términos que
reglamentariamente se estableciesen. Pues bien, otra vez nos encontramos
con que ya han transcurrido dos años y seguimos esperando la
reglamentación que tiene que pautar estos términos para que esto sea
posible, con lo cual creamos un perjuicio, un agravio. Como digo, ya hace
dos años que el sector espera esta solución, y esto sucede mucho antes de
la COVID y creo que está en nuestras manos y las manos del grupo que
sustenta al Gobierno dar solución a estos problemas que vienen de lejos y
que realmente aportarían oxígeno al sector.


La enmienda 94, de adición, nos habla del
agricultor genuino, del que hemos hablado mucho. Desde la incorporación
al proyecto europeo, las políticas agrarias comunes han ido
evolucionando; los mecanismos de regulación y el equilibrio de los
mercados, así como la protección en frontera de las producciones
europeas, han venido perdiendo prácticamente todo su peso en favor de
ayudas económicas a los productores destinadas a compensar, parcialmente,
los prejuicios ocasionados por ello a las rentas agrarias, y en los
últimos tiempos también a remunerar una serie de servicios y bienes
públicos que la sociedad demanda —y he aquí el quid de la
cuestión—, que la agricultura ofrece, pero que el mercado no paga.
Para que estas ayudas sean eficaces y puedan cumplir su verdadero
objetivo se deben distribuir de manera ponderada, pero ustedes saben al
igual que yo que no siempre ha sido así. De hecho, las propias
autoridades europeas han reconocido que ha habido fallos en esta
distribución. No me voy a alargar más, pero lo cierto es que desde la
reforma de 2003, por la propia definición de la PAC, la distribución se
ha hecho de tal manera que solo un 20 % de los beneficiarios absorben
un 80 % de las ayudas. Para solucionar esto se han intentado implementar
algunos mecanismos de corrección, pero lo cierto es que con la última PAC
y la anterior ha sucedido igualmente.


Nos encontramos que para el periodo 2020-2027
se propone una figura para paliar esta cuestión y para que las ayudas
sean realmente efectivas y vayan donde tienen que ir: los agricultores
genuinos, que efectivamente están dando solución al sector. Nosotros
creemos que debemos regular esta figura del agricultor genuino para que
no nos vuelva a pasar lo mismo. Debemos saber de qué estamos hablando
cuando nos referimos al agricultor genuino, y por ello nosotros
proponemos disponer en seis meses de un proyecto de ley sobre el
agricultor genuino. Tendremos tiempo de debatirlo, pero queremos que se
defina esta figura para que realmente haya una redistribución
equilibrada, para que sean estos quienes reciban los pagos directos y las
ayudas de la PAC, para determinar en qué condiciones deben recibirlas y,
sobre todo, para acabar con aquellos que reciben ayudas en pro de unas
condiciones creadas de forma artificial únicamente para obtener estos
beneficios.


Hemos presentado, además de estas que les he
comentado, enmiendas en el sentido de aplicar, ante las prácticas
desleales en la cadena alimentaria española, la Directiva
europea 2019/633, relativa a prácticas comerciales desleales en las
relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y
alimentario. Sabemos que en este momento se está tramitando en el
Congreso la nueva ley de la cadena alimentaria, por lo cual pensamos que
muchas de nuestras enmiendas van a quedar superadas y vamos a tener que
llevarlas a aquel debate. Lamentamos esta superposición legislativa en
relación con este trabajo que hemos realizado muchos grupos
parlamentarios para dar respuesta al sector agrícola y ganadero con
carácter urgente —pues todos conocemos las debilidades y
problemáticas de este sector—. Lamentamos muchísimo esta manera de
legislar, donde no se da cumplimiento a leyes que ya tenemos aprobadas y
que hemos sido incapaces de reglamentar; tramitamos por la vía de
urgencia leyes que luego se paralizan nueve meses en el Congreso y,
cuando llegan aquí, ya están superadas por otras nuevas leyes, que, ahora
sí, decimos que van a ser efectivas. Esperemos que así sea. Nos tendrán
para hacer todas las propuestas que sean necesarias en esa nueva ley,
porque se trata de dar respuesta a un sector que la COVID nos ha
demostrado que es esencial; todos decimos que es esencial, y la mejor
manera de reconocer esa esencialidad del sector es aportar soluciones
reales.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


En este turno de defensa de las enmiendas, por
el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador
Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


En teoría, estamos debatiendo y aprobando una
ley de medidas urgentes para un sector afectado, como prácticamente
todos, por la COVID. Cuesta entender la urgencia, cuando hemos estado más
de nueve meses con esta ley prácticamente paralizada. Se bloquearon en el
Congreso muchas de las mejoras que se proponían a esta ley, y en la
comisión también se bloquearon, por la mayoría de esta Cámara, las
enmiendas que muchos grupos presentamos para intentar mejorarla. Nos
parecía que la tramitación no debía limitarse a una o dos semanas,
después de llevar paralizada nueve meses en el Congreso, y en definitiva
todos queríamos mejorar esta ley que llega ya desvirtuada por la
realidad.


Estas peticiones no vienen solo de los grupos
políticos, y verán que muchas de ellas son coincidentes, sino que
proceden directamente del sector, que es el que ha pedido a los grupos
que aportemos estas enmiendas. Lo que preocupa, o lo que molesta, es la
dinámica que estamos teniendo en esta Cámara de querer que todas las
leyes que vengan del Congreso salgan tal y como han entrado. Entonces,
nos estamos diciendo a nosotros mismos que esta Cámara no sirve
prácticamente para nada. Debemos recordar que hay grupos que están en
esta Cámara y que no están en el Congreso y que también tienen su
derecho, su deber y su obligación de aportar e intentar mejorar las
leyes. Y esa dinámica de querer blindar todo lo que venga del Congreso,
sin querer mover ni una coma, acaba desacreditando nuestro propio papel
en el Senado. Si aquí no estamos para modificar ninguna ley, ¿para qué
estamos, para qué nos paga la ciudadanía? En teoría, nosotros hacemos una
segunda lectura y, en una segunda lectura, seguro que todo es susceptible
de ser mejorado. Por tanto, nosotros no queremos resignarnos a que esta
Cámara sea una Cámara inútil. Estamos aquí, en teoría, para legislar,
para mejorar todo lo que venga del Congreso —que todo es
susceptible de mejora—, y si no, si estamos aquí simplemente para
dar un capotazo a todo lo que llega del Congreso, sería más efectivo que
cerráramos esta Cámara y nos dedicáramos a otro tipo de cosas.


Esta es una ley mejorable, como todas las leyes
que se presentan. Nosotros hemos presentado varias enmiendas, y voy a
hacerles un mero resumen, una enumeración. Pedimos la extensión del
tratamiento fiscal más favorable para los jóvenes agricultores, que,
inexplicablemente, no encuentra el apoyo necesario para salir adelante en
esta Cámara, como tampoco salió adelante en el Congreso. Con nuestras
enmiendas pretendemos la aplicación retroactiva de la medida para
aquellos jóvenes que, habiendo solicitado la ayuda a la incorporación
previamente a la entrada en vigor de la norma, no hayan recibido aún las
correspondientes subvenciones, ya que la redacción del proyecto de ley
les deja fuera de sus beneficios. Solo se trata de que las ayudas a la
instalación de jóvenes agricultores, solicitadas a partir de la entrada
en vigor de la norma, puedan declararse en cuatro ejercicios fiscales
para reducir el impacto impositivo, y también que se puedan beneficiar de
ayudas solicitadas con anterioridad pero no cobradas.


También aportamos enmiendas relativas a la
electricidad. Queremos recordar que enero de 2010 y diciembre de 2018 el
precio pagado por la electricidad para los agricultores y ganaderos
prácticamente se duplicó, según los propios datos del ministerio. Pese a
que se ha producido una rebaja del precio de dichos costes a lo largo
de 2019, el encarecimiento del coste energético en los últimos años
supone un lastre importante para la rentabilidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas; a ello se une que las producciones estacionales y
de regadío se ven obligadas a pagar la parte correspondiente a la
potencia contratada, también durante aquellos periodos sin consumo o con
consumos mínimos. Por otra parte, el alto coste supone también un
obstáculo para la sustitución de fuentes de energía que utilizan
combustibles fósiles en el sector agrario y, por lo tanto, un freno al
cumplimiento de los objetivos del cambio climático comprometidos por el
Estado español.


Respecto a la Ley 1/2018, de medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía, transcurridos más de
dos años de la entrada en vigor de esta ley, no ha trascendido que el
Gobierno haya realizado ningún avance en su desarrollo reglamentario, por
lo que se estima conveniente acotar un plazo temporal razonable de dicho
desarrollo.


En nuestras enmiendas también pedimos impulsar
la ley del agricultor genuino. Proponemos correcciones en cuanto a la
Seguridad Social, la adecuación de los costes sociales en la contratación
agraria. Estas enmiendas también hablan de la lucha contra las prácticas
desleales y pedimos que la Administración pueda sancionar abusos en lo
que respecta a la posición de dominio. Son enmiendas que también hablan
de la protección de la salud de los consumidores y del modelo agrícola
europeo y español. Incidimos en que los estándares de calidad de la
producción agraria y agroalimentaria europea en todos sus ámbitos, ya sea
seguridad alimentaria, trazabilidad, protección del consumidor, del medio
ambiente, sanidad y bienestar animal, prevención de riesgos, son,
probablemente, los más altos del mundo o al menos se encuentran entre los
que representan un mayor nivel de exigencia. Ello es así porque los
ciudadanos europeos hemos decidido dotarnos de un modelo agrario que
satisfaga la demanda de una serie de valores que consideramos
prioritarios. Y este modelo aceptado ha de estar sujeto también a unos
costes de producción más altos. No obstante, esta situación está siendo
aprovechada por países terceros, con estándares mucho menos rigurosos y,
en consecuencia, menos costes, que se sitúan en mercados internacionales,
y también en los mercados internos de la Unión Europea, en una posición
más favorable que los europeos, sin que los consumidores dispongamos de
herramientas para diferenciarlos con claridad y adoptar decisiones de
consumo responsable. Por ello, al margen de las consecuencias económicas
obvias, hay otros valores del modelo que igualmente ponen en riesgo,
entre ellos, la protección de la salud de los consumidores europeos.
Diversos estudios han acreditado fehacientemente que países terceros con
relaciones comerciales con la Unión Europea, Sudáfrica y Estados Unidos,
entre otros, utilizan en su proyección materias activas fitosanitarias
que están prohibidas en la Unión Europea por su peligrosidad para la
salud humana. El Estado español —representado por el Gobierno en
las instituciones europeas— tiene la obligación de velar por dichos
valores. Y se lo digo precisamente a ustedes, que han aprobado y
ratificado alegremente tratados y acuerdos comerciales que están siendo
letales para los intereses del sector agrícola: ya sea el TTIP, ya sea el
CETA, ya sean los tratados con Sudáfrica, con Vietnam y Camboya o con
Mercosur.


Hemos presentado enmiendas que hablan sobre
vehículos. Nos referimos, por ejemplo, a la aplicación de la
Directiva 2014/45 de la Unión Europea, que regula las inspecciones
técnicas de vehículos y faculta a los Estados miembros para excluir de su
ámbito de aplicación y, por lo tanto, de las inspecciones técnicas a los
vehículos especializados con fines agrícolas, hortícolas, forestales,
ganaderos y pesqueros cuando vayan a usarse solamente en el Estado en
consideración, principalmente, en el lugar donde se desarrolle esa
actividad, incluidos los caminos agrícolas, caminos forestales o los
campos de cultivo. Esa facultad ya ha sido utilizada en otros Estados
miembros la Unión, como Francia, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica,
Holanda y Alemania; en el Estado español todavía no. Su aplicación en el
Estado español representaría la eliminación de numerosos inconvenientes y
gastos adicionales para los agricultores y resolvería disfunciones
existentes entre la norma y la realidad del campo.


En otro grupo de enmiendas hablamos de la
protección de la salud de los consumidores. Y en otras, proponemos
avanzar en la representatividad del sector agrario. Hablamos también de
medidas respecto a la fruta dulce. En marzo de 2018 el ministerio anunció
la puesta en marcha de un plan de medidas para la mejora del sector de la
fruta dulce. Dicho plan no se ha mostrado eficaz para alcanzar los
objetivos perseguidos.


Por tanto, pensamos que todas ellas son mejoras
—muchas de las cuales se presentaron también en el Congreso—
en las que coincidimos bastantes grupos de esta Cámara y que ayudarían a
que esta ley fuera mucho mejor que la que llega del Congreso, aunque
tenga una vida corta, si está supeditada a la aprobación de leyes
posteriores. Pensamos que, si después de nueve meses, no somos capaces de
incorporar ni una sola enmienda, debemos plantearnos muy seriamente para
qué estamos aquí en el Senado.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, en el turno de defensa de las enmiendas, tiene la palabra el
senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko,
presidenta andrea.


Todos conocemos que esta iniciativa que hoy se
discute, esta ley o especie de ley de urgencia, proviene de la
tramitación de un decreto que se convirtió en un proyecto de ley en
febrero de 2020; posiblemente, no con las mismas ganas y las mismas
intenciones por parte de todos los grupos, pero es una realidad que, una
vez depositada en esta Cámara, nos corresponde tramitarla. La urgencia y
la necesidad de las medidas que se adoptaron en esta ley se debieron a
una necesidad concreta que se dio en el sector agrario, tanto en la
producción como en la distribución, y que se intentó atajar. No se debe
esconder que todos utilizamos esto para plantear cuestiones que
considerábamos en ese momento una mejora de la cadena alimentaria y de
todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes en su día, cuando se
aprobó la ley vigente; y por eso, creo que es lícito defender las
enmiendas que hemos presentado en esta materia. Nos encontramos a las
puertas de que se nos presente la gran ley, la verdadera ley, la ley de
la cadena alimentaria, que va a sustituir al anterior y que va a
trasponer la directiva. Nos encontramos a principios de diciembre y nos
consta que ya se ha presentado en el Congreso el texto del nuevo proyecto
de ley.


Nosotros hemos presentado en esta Cámara una
serie de enmiendas que, evidentemente, queremos que mejoren el texto.
Presentamos la enmienda de adición número 6 al artículo 2, porque
consideramos que esta ley de la cadena alimentaria, que persigue y genera
transparencia, seguridad jurídica y comportamientos leales en las
relaciones comerciales, no debe excluir en un momento ninguna de las
relaciones de las empresas y cooperativas no pymes con sus compradores,
especialmente la distribución organizada. La obligación de formalizar por
escrito las condiciones mínimas de los contratos conforme a los
principios rectores de la ley no debe admitir excepciones, salvo en las
transacciones de menor cuantía, es decir, hasta 2500 euros y los pagos al
contado, y para ello hemos presentando una enmienda.


Hemos presentado la enmienda de modificación
número 5. La ley ha tipificado en el artículo 23 el incumplimiento de los
plazos legales de pago como una infracción grave, y la técnica jurídica
aconseja incluir en la ley un artículo que establezca la obligación de
cumplir con los plazos legales de pago y que sirva de fundamento a la
infracción.


Nuestra tercera enmienda es la número 4, y se
formula al artículo 12 ter. Con la inclusión de este artículo se pretende
que la ley contemple el concepto de venta a pérdidas, ya que esta
práctica está tipificada en la Ley de competencia desleal, y también en
la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, pero hemos podido
comprobar que ninguna de ellas ha resultado eficaz para prevenirla. En
vista de ello, proponemos delimitar los casos de venta a pérdida que
conllevan una deslealtad hacia los consumidores, la imagen y reputación
de las marcas afectadas o la viabilidad de las marcas competidoras,
sometiendo esta práctica al ámbito de control y sanción de la ley de la
cadena alimentaria —una solución análoga a la adoptada en relación
con el cumplimiento de los plazos legales de pago—. Para ello, se
toman como referencia los tres supuestos contemplados en el artículo 17
de la Ley de competencia desleal.


También presentamos la enmienda número 8, en la
que proponemos modificar el apartado 1 del artículo 14 para que se
prohíba la gestión de marcas que discrimine a la MDF en beneficio de la
marca del distribuidor, salvo que sea objetivamente justificada por razón
de su eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. De esta
forma, no se limita en modo alguno la libre iniciativa a la distribución
organizada, incluyendo la gestión de marcas que persiga la eficiencia
económica y la mejora del bienestar de los consumidores.


Por último, voy a argumentar dos enmiendas más.
La enmienda número 9 se formula al artículo 26 porque nosotros
consideramos que el Estado pretende reservarse la competencia ejecutiva
para ejercer la potestad sancionadora, incluso en el supuesto de que las
partes contratantes tengan sus sedes sociales en la misma comunidad
autónoma, apelando a que dicho contrato pueda afectar a un ámbito
superior al de una comunidad autónoma. Dice la ley: en razón de la
trazabilidad previsible para la distribución posterior de la mayor parte
del alimento o producto alimentario objeto del contrato. Para nosotros
resulta abusiva y vulneradora de unas ya mermadas competencias
autonómicas de ejecución tal regulación expansiva de las facultades
ministeriales, en función de un hipotético criterio de afección. Por
tanto, hemos sido claros, consideramos que esto es totalmente
abusivo.


Respecto a la enmienda número 10, en una
disposición adicional segunda proponemos una diversificación estacional
de las tarifas eléctricas para que pueda rebajarse en época de riego, que
es cuando más consumo. Como han podido escuchar, esta enmienda ha sido
reflejada por el resto de grupos. Por tanto, entendemos que es de suma
importancia.


Consideramos que esta ley —cuyas medidas
ya están en vigor, porque procede de un decreto— debería derivar
después en una segunda en la que todos pudiéramos colaborar, por lo que
pedimos que haya mayor receptividad por parte del Gobierno a la hora de
aceptar enmiendas. Nos consta, y así lo esperamos, que varias de estas
enmiendas que nosotros incorporamos y defendemos van a ser atendidas en
el nuevo texto presentado en el Congreso. Estamos seguros de que servirán
para enriquecer el texto; totalmente seguros. Esperemos que así sea.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra en el turno de defensa
de las enmiendas el senador Rufà.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenos días,
presidenta.


Aunque nos encontramos ante la tramitación de
una ley, antes de nada, quisiera felicitar a la cooperativa agrícola de
Riudecanyes porque elabora un aceite que ha obtenido un premio muy
importante para ellos, al mejor aceite de oliva virgen extra de la
campaña 2019-2020, y también porque ha conseguido tres premios
internacionales más. Es bueno mencionarlo, porque es fruto del trabajo
que hacen los agricultores, tanto los propietarios como los arrendatarios
en las cosechas; fruto del esfuerzo que hacen las cooperativas agrícolas
para sacar buenos productos. Luego no solo las grandes empresas
industriales, sino que también los pequeños productores y sus
cooperativas realizan buenos productos, productos de clase gourmet, que
están muy visibles y muy bien valorados.


Nosotros seguimos trabajando al lado de los
agricultores y, por eso, mantenemos tres enmiendas de adición, después de
los trámites llevados a cabo en ponencia, comisión y también en el
Congreso, pues quedaron descolgadas. Entendemos que estos puntos serán
debatidos muy ampliamente en la nueva ley, y por eso no me voy a alargar
mucho. En ellas nos referimos a la representatividad de las
organizaciones profesionales, que creemos que se debe modificar por su
inacción y por cómo quedaba registrada en la Ley 12/2014. Hablamos
también de los contratos de redes de transporte y distribución eléctrica
para regadíos; un tema muy crítico y muy complicado de elaborar, pues
afecta a varios ministerios, pero sería bueno reflexionar sobre él en
futuras leyes, y estamos abiertos a negociarlo con los diferentes
partidos.


Lo que nos preocupa mucho —y seguro que
también vamos a trabajar en ello— es la ley del agricultor genuino,
pues nosotros entendemos que se debe definir qué es un agricultor genuino
o un ganadero genuino: aquellas personas prioritarias en la recepción de
ayudas del sector y, sobre todo, de la PAC. Esta cuestión afecta a los
agricultores reales, no solo a los agricultores que son propietarios,
sino también a aquellos que son arrendatarios de unas tierras que no son
suyas y actualmente tienen algún problema en la recepción de ayudas de la
PAC.


Por lo tanto, nosotros seguiremos manteniendo
estas propuestas en la próxima ley, que espero que venga pronto y que
tengamos más tiempo de debatirla en el Senado —no como sucede con
la actual, que debatimos hoy—, porque puede ser beneficiosa, no
solo para los productores, agricultores y ganaderos catalanes, sino
también para los del resto del Estado, que es lo que queremos todos: que
todo el mundo se pueda beneficiar de una mejor situación y de mejores
ayudas. Pero, sobre todo, queremos que los agricultores y agricultoras
que sean genuinos tengan prioridad en la distribución de unas ayudas que
posiblemente van a ser recortadas por la PAC.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Márquez Sánchez.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias,
señora presidenta.


Señorías, con motivo de este proyecto de ley lo
primero que tendríamos que decir es que, efectivamente, el coronavirus
nos ha demostrado que el sector alimentario ha sido uno de los sectores
esenciales para el suministro de la alimentación a todos los españoles
cuando han estado confinados. En este país plagado de contrastes, donde
hay anónimos que nadie conoce y que no sabemos tan siquiera si existen,
como en el famoso comité de expertos que asesora al presidente en materia
sanitaria, hay sin embargo anónimos muy presentes, como nuestros
agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores, que han sido
esenciales para los ciudadanos y que, efectivamente, necesitan un
reconocimiento; un reconocimiento que, al margen de palmaditas en la
espalda o aplausos, se traduzca en corregir los desequilibrios que se
producen en la cadena alimentaria, porque eso es lo que nos piden. Creo
que estamos todos de acuerdo en que el sector primario necesita ante todo
una retribución justa, una retribución adecuada a sus productos y lo que
no puede ser es que se malvendan o se tengan que estar tirando los
productos por falta de precios adecuados. Precisamente eso dio lugar a
esta ley, que deriva de un decreto por unas protestas que se produjeron
en el mes de febrero. En el Partido Popular estamos de acuerdo en que hay
que luchar contra todas aquellas prácticas comerciales desleales y
exportaciones análogas desleales de terceros países, que están poniendo
en jaque el sistema primario español. Precisamente en eso se fundamentan
las treinta y siete enmiendas que el Grupo Popular ha presentado y que
están vigentes actualmente. No las voy a exponer todas, las doy por
defendidas, pero sí voy a hacer referencia a algunas de ellas.


Al final el tiempo ha demostrado que las
medidas urgentes contenidas en esta ley ni son efectivas ni son urgentes.
Como bien se ha dicho aquí, una ley que se pasa nueve meses en el
Congreso pierde la urgencia por sí misma; en cuanto a que las medidas
sean efectivas, no solamente cabe hablar de las protestas que se
produjeron en febrero, sino que a día de hoy también se están
produciendo. Hoy se están produciendo protestas por los precios injustos
que existen en el sector primario, así que no podemos pensar solo en el
pasado. Esto demuestra que ni la ley que se pretende aprobar ni el
decreto que la sustenta resultan efectivos para este tipo de cuestiones.
Además, es un proyecto de ley bastante corto y, sin embargo, mantiene
vigentes ciento nueve enmiendas; ciento ocho de ellas se presentan aquí
por los diferentes partidos políticos, y son solicitudes que realizan los
sectores, es decir, que son bastante técnicas, y luego está la madre de
todas las enmiendas, la que ha presentado el Grupo Socialista, el propio
Gobierno, que es la adaptación de la directiva que acaba de presentar en
el Congreso. Para eso, mejor que la hubieran presentado directamente y
nos hubiéramos ahorrado este trámite.


Señorías, esta es una ley que, a juicio del
Partido Popular, nace muerta. Es una ley que nace muerta porque no hace
absolutamente nada contra la competencia desleal que terceros países de
fuera de la Unión Europea están haciendo con sus productos a los
productos españoles. Como esta ley no hace absolutamente nada y además se
rechazan las enmiendas —por ejemplo, la número 40, nuestra—,
va a seguir existiendo un desequilibrio en la cadena alimentaria. Por
tanto, van a seguir existiendo precios injustos. Esta es una ley,
señorías, que nace muerta porque no hace nada contra los aranceles y las
sanciones que están sufriendo los productos del campo español, por
ejemplo, el queso, el vino, el aceite de oliva, que es precisamente el
objeto de la enmienda 43 del Grupo Popular, que también se pretende
rechazar. Mientras no se corrijan esos problemas van a seguir existiendo
esos desequilibrios en la cadena alimentaria. Por tanto, no va a haber
precios justos para el campo.


Señorías, esta ley nace muerta porque no hace
nada para ayudar al sector primario ante la mala negociación que el
Gobierno ha hecho de la PAC, por mucho que el marketing quiera intentar
mostrar otra cosa. Perdemos 5000 millones de euros anuales, que se dice
pronto. Yo ya tengo una determinada edad y entiendo que hablamos de un
billón, con b de burro, de las antiguas pesetas, y eso al año. Es una
barbaridad. Efectivamente, mientras eso no se corrija, van a seguir
existiendo desequilibrios en la cadena alimentaria y, por tanto, precios
injustos.


Es una ley que nace muerta porque no se pueden
solventar problemas complejos con soluciones simplistas. Soluciones
simplistas, señorías, tales como que se va a pagar el coste real
efectivo. Aquí sabemos todos qué es el coste real efectivo, y hasta los
mismos productores están diciendo qué es el coste real efectivo. La ley
señala que si son las semillas, la mano de obra de recolección, la
energía, sí, y todo eso está muy bien, pero la ley en un momento
determinado se hace un lío y confunde lo que son costes con gastos y con
pagos. Si nosotros lo hablamos tomando un café, efectivamente, podemos
tratarlo de forma análoga, pero desde el punto de vista jurídico, desde
el punto de vista contable, son cosas absolutamente diferentes. Les pongo
un ejemplo: ¿acaso un administrativo que trabaje en una empresa
agroalimentaria es coste, o solamente lo es el temporero o la persona que
va al campo a recoger la cosecha? A lo mejor eso es gasto. ¿La labor de
comercialización de esa empresa agroalimentaria es coste o es gasto?
Realmente nos metemos en una vorágine de dudas precisamente porque la ley
no está bien formulada, ni la que trae el Gobierno ni la que viene del
Congreso. ¿Qué pasa con las fluctuaciones de los precios en los alimentos
perecederos? ¿Qué pasa con aquellos productores de productos perecederos
que de pronto ven que no los venden por el coste real efectivo y que los
van a perder? ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Destruir esos productos,
tiene que comérselos? ¿Qué tiene que hacer? Eso tampoco lo regula ni lo
trata esta ley. Esta ley no se aplica al tomate de Holanda, esta ley no
se aplica al plátano de Ecuador, es decir, es una ley que sería perfecta
para Corea del Norte, un país que está cerrado y que, por tanto, no tiene
relaciones con terceros, pero para un país que está en el libre mercado
esta ley tiene muchas lagunas. Es una ley que no establece un equilibrio
entre las partes, que es la madre del cordero; el productor grande
siempre va a ser más eficiente que el productor pequeño, y esta ley no
protege para nada al productor pequeño. Es una ley que tampoco es clara
cuando determina los índices comunes para determinar los precios de los
productos. Señorías —lo dije en la Comisión de Agricultura—,
¿tiene el mismo coste real efectivo el aceite de oliva que se saca o se
extrae de una finca llana y mecanizada que la que está en la sierra? No
es lo mismo, y no son productos diferenciados.






¿Eso cómo se saca? ¿Eso
cómo lo hacen? Es una ley, por tanto, que nace muerta, como he dicho
anteriormente. Pero lo más grave aun es que todo lo resuelve el
ministerio diciendo que en los contratos se va a poner una cláusula en la
que se va a reconocer que se ha pagado el coste real efectivo de ese
producto y, para colmo, la AICA va a verificar solamente que se ha
pactado esa cláusula, pero no va a verificar si eso ha sido verdad o ha
sido mentira. Uno se preguntaría entonces que para qué queremos esta ley.
Porque eso está previsto en el Código Civil, es decir, uno se va a los
artículos 1254 a 1258 y al artículo 7 del Código Civil y ya tiene todo
eso. Es decir, a los problemas del siglo XXI les estamos dando soluciones
del siglo XIX, porque el Código Civil es de 1889, y yo no sé así a dónde
vamos. Precisamente, como consecuencia de que no había una igualdad de
partes, esta Casa, junto con el Congreso, ha visto nacer leyes para
evitar los desequilibrios que suelen existir en las relaciones
comerciales, por ejemplo, la Ley de defensa de la competencia, porque
muchas veces no existe igualdad entre las partes, ni entre las empresas
ni entre los contratantes; ha visto nacer la Ley de consumidores y
usuarios, porque no existe una igualdad de partes —no es un
problema de contratación, es que no existe una igualdad de partes—.
Señorías, si hemos visto la Ley de condiciones generales de contratación
es precisamente porque no existe un equilibrio entre las partes. Y aquí
lo que los agricultores, los ganaderos y los pescadores están pidiendo es
lo mismo: que haya igualdad de partes. Pero de pronto dice el Grupo
Socialista, el Gobierno: ponga usted una cláusula, que yo miro para otro
lado. Yo solamente voy a ver que ustedes la han puesto. Entonces, al
final, ¿qué se está condenando? Aquí no se está trabajando en favor del
sector primario, sino que solo se le está tapando la boca por unas
protestas que tuvieron lugar en febrero, ya está. Es lo único que hay. Y
es una pena porque, al final, al productor primario se le obliga a
reconocer, bajo su firma, que lo ha cobrado, sea verdad o sea mentira, y
se le está abandonando.


Es una ley que nace muerta porque muchas veces
se olvida quiénes son las personas que tienen que ser objeto de nuestras
leyes, de las leyes que aquí se aprueban. A mí me parece muy bien que el
Gobierno tenga mucha prisa en aprobar una ley, eso es problema del
Partido Socialista, pero ese no es el problema del agricultor, del
ganadero o de los pescadores. Ellos lo que quieren es una ley que se
cumpla y una ley que haga justicia, no una ley con prisa. Y encima le
dicen que ahora va a venir otra que lo va a mejorar —eso ya lo
veremos, a lo mejor no mejora absolutamente nada—, cuando lo que
quieren es que las medidas que se tomen sean razonables y justas. Hoy, no
en febrero, con el decreto que hizo el Gobierno y con esta ley que
realmente lo que hace es amparar ese decreto, hay protestas en Jaén; ayer
hubo protestas en Jaén, y hace dos días las hubo en Moclín y en Íllora,
en Granada. Hace unos días hubo una protesta en Murcia por la ruina de
los precios de las hortalizas de invierno, precisamente por el descontrol
de las exportaciones de terceros países, en concreto Marruecos; eso
denunciaban todas las organizaciones agrarias, que además se muestran
preocupadas por las consecuencias del brexit, otro tema del que tampoco
hemos hablado, pero que precisamente también afecta a todo el sector
primario español. Ayer, no en febrero, los agricultores del levante
almeriense estaban regalando las hortalizas como protesta por los precios
ridículos de sus productos; ayer, no estamos hablando de febrero.


Por tanto, esto muestra la ineficacia del
decreto y de la ley que va a salir adelante. Pero hay algo más, como bien
ha dicho anteriormente el senador de Coalición Canaria. Aquí todos los
partidos políticos, salvo el Grupo Socialista, han firmado una
transacción con respecto al plátano de Canarias; es que es de justicia.
En este país solo produce plátanos Canarias, con lo que no se está
perjudicando a nadie. Esta ley lo que hace es poner una alfombra roja
precisamente al plátano que viene de Centroamérica, a nadie más.
(Aplausos). Realmente, lo que te estás cargando es a las miles de
familias que viven del plátano de Canarias. Con la idea de algo que se
quería pretender, se está haciendo un daño mayor. Por tanto, nosotros
tenemos que defender nuestras zonas periféricas para evitar que se
produzca el abandono de las plantaciones plataneras de Canaria. Y es que
últimamente ustedes se cubren de gloria con Canarias: entre los problemas
de la inmigración, que no están resolviendo, entre que obviamente ven
afectados el turismo y también, como todo el mundo, la construcción, si
ahora ya nos cargamos el plátano de Canarias, pues entonces apaga y
vámonos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Márquez
Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra en el turno de enmiendas el senador Huelva Betanzos.


El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenos días, señorías.


Nuestro grupo presenta este voto particular
para que se adopte la redacción original del proyecto de ley sin hacer
cambios, y lo hacemos en un contexto determinado, fruto de un proceso de
diálogo del Gobierno de España con los productores en una coyuntura que
sirvió para que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto ley del
que proviene este proyecto de ley. Frente a eso, la derecha ha fabricado
un discurso que pretende omitir lo que supuso su aprobación, y por eso
creo que es conveniente refrescar algunas cosas.


Señorías, medidas urgentes son medidas urgentes
y el real decreto ley del que hablamos ha introducido cambios importantes
en materia de agricultura, como la obligatoriedad de incluir el coste
efectivo de producción como factor para determinar los precios en el
contrato agrario; que el precio pactado cubra el coste efectivo de
producción, que se supone que es algo lógico, pero que no se ha dado con
la asiduidad que debiera; que se prohíba la venta a pérdidas; que se
regulen las promociones comerciales para evitar la banalización de los
productos agrarios y de los alimentos, y también para dar publicidad a
las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.


Señorías, también podríamos destacar en este
real decreto ley la medida que hace frente al envejecimiento y potencia
el relevo generacional, porque el campo tiene que ser atractivo para los
jóvenes, pero, sobre todo, tiene que ser rentable; o la medida que, ante
el descenso de la actividad agraria como consecuencia de la bajada de
producción, reduce de 35 a 20 el número de peonadas en mi tierra,
Andalucía, y en Extremadura; o el incentivo para la conversión del
contrato indefinido o fijo discontinuo, a través de las bonificaciones en
la cuota empresarial para lograr una mayor estabilidad en el empleo
eventual.


Recuerden ustedes, señorías, que el campo pidió
precios justos y que los socialistas entendemos que también son
necesarios unos salarios dignos para aquellos que trabajan la tierra.
Esta regulación es completada con una segunda modificación de la Ley de
la cadena alimentaria, que en estos momentos se tramita en el Congreso de
los Diputados. Señorías, les emplazamos a todos a este texto para que
comprueben que muchas enmiendas se han incluido en él, y es en el trámite
de enmiendas donde debemos ponernos de acuerdo e incorporar lo que entre
todos creamos conveniente. Por cierto, señor senador del Partido Popular,
fue el PP, el Partido Popular, el que dijo que se tramitara como proyecto
de ley este real decreto ley, y eso provocó que viniera al Senado después
de su trámite en el Congreso.


Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


¿Algún grupo parlamentario hará uso del turno
en contra? (Denegaciones).


Pasamos entonces al turno de portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, intervendrán cuatro senadores.


Tiene la palabra el senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidenta.


Nuestra formación política, la Agrupación
Socialista Gomera, coincide con los objetivos generales que pretende este
proyecto de ley, especialmente en lo que se refiere a reforzar la figura
y el papel de los productores agrícolas en la cadena alimentaria y la
consecución de una rentabilidad adecuada para un sector excesivamente
vulnerable. Sin embargo, nos preocupa el voto particular del Grupo
Socialista para retornar al texto remitido por el Congreso y no aceptar
el cambio introducido en la ponencia para que se tengan en cuenta las
especificidades que se plantean en el caso del plátano de Canarias. Si
prosperara el voto particular del Grupo Socialista, los senadores
socialistas canarios serían cómplices de la destrucción de un sector
productivo histórico. Y no lo digo yo, señorías, lo dicen los propios
productores. Si este proyecto de ley entrara en vigor sin el cambio
incluido en la ponencia, para el plátano de Canarias supondría una
pérdida de competitividad en el mercado frente a otros productos
importados por terceros países, un incremento significativo de la
retirada de volúmenes del mercado de forma innecesaria, la generalización
de una distorsión en su comercialización y un perjuicio para su
valoración en el mercado, y, como conclusión, señorías, la destrucción
del sector productivo del plátano en Canarias. Y es una excepción que se
debe precisar y se justifica en la exigencia de una normativa de la Unión
Europea de un tratamiento particular como producción agrícola de una
región ultraperiférica, en la solicitud planteada por la totalidad de las
organizaciones de productores del plátano de Canarias como el eslabón más
débil de la cadena alimentaria y, finalmente, en la especificidad de un
producto único y la singularidad del mercado del plátano en
Canarias.


Espero sinceramente que haya un cambio de
posición por parte del Grupo Socialista, porque nadie entendería esa
oposición a una excepción imprescindible para proteger un producto cuya
principal debilidad surge precisamente por la propia realidad de un
territorio como Canarias, que cuenta, señorías, con la máxima protección
y las máximas garantías de la Unión Europea. ¿Y por qué? La respuesta es
muy sencilla: porque el tejido socioeconómico de las regiones
ultraperiféricas, entre ellas, mi tierra, Canarias, sigue siendo muy
frágil, y existen algunos productos, como el plátano, con bastantes
dificultades añadidas a la hora de reaccionar ante la evolución de las
condiciones del mercado.


Señorías, equidad, equilibrio y fortaleza para
los más débiles son también los tres objetivos que persigue mi enmienda
para evitar el empobrecimiento de los agricultores y agricultoras y la
muerte de un sector como el del plátano, que podría ser definitivamente
arrasado por la banana que se importa de terceros países. Así que,
señorías del Partido Socialista, en sus manos está evitar la defunción
del sector del plátano de Canarias; y se lo digo también a los senadores
y senadoras de Canarias. Y antes de que me recriminen por apocalíptico,
les aclaro que estas palabras son las mismas, o casi parecidas, a las
pronunciadas por las organizaciones que representan a un sector
productivo que es parte de la esencia de nuestra tierra, parte de la
esencia de Canarias, de los canarios y de las canarias.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario intervendrá el
senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días, señorías.


El Partido Regionalista de Cantabria apoyará
este proyecto de ley, con las medidas aquí contempladas, en favor del
sector primario y en defensa de unos precios justos y unas negociaciones
leales, con un trato justo para nuestros agricultores y ganaderos,
evitando que la parte compradora se imponga a la vendedora. Con medidas
como estas ayudamos a las explotaciones agrarias a que sean más rentables
y perduren en el tiempo. Además, ponemos en valor nuestros productos
agrarios dentro de la cadena alimentaria y también mejoramos la normativa
laboral de los trabajadores del campo.


La modificación de la tributación de las ayudas
a la incorporación de jóvenes es un avance, ya que se consigue que no
tengan que adelantar el pago del impuesto cuando todavía no han cobrado
la ayuda. Esta modificación les permitirá acompasar la tributación con el
cobro efectivo de la ayuda; sin embargo, es una gran pena que no se pueda
eliminar esa tributación para los jóvenes agricultores. En el anterior
periodo, 2007-2013, no tributaban, pues en los reglamentos comunitarios
estas ayudas se consideraban como ayudas a la inversión, mientras que en
el actual, 2014-2020, se consideran como ayudas al desarrollo de planes
empresariales. Entiendo que esto será por límites que desconozco desde el
punto de vista económico, aunque, como todos sabemos, sería lo deseable.
Y también que en la futura PAC, que contempla la incorporación de jóvenes
como un objetivo fundamental, no solo para España, sino para la totalidad
de la Unión Europea, se sigan dando ayudas para que estos jóvenes opten
por trabajar en el campo.


Finalizo diciendo que apoyaremos el
mantenimiento de la ponencia en los términos en que se aprobó en comisión
y que votaremos sí al texto.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.


Señorías, en Unión del Pueblo Navarro lo
primero que tenemos que manifestar es nuestro reconocimiento a los
agricultores y ganaderos españoles, que durante esta pandemia han estado
trabajando y desarrollando su labor de forma magnífica. Fueron declarados
colectivos esenciales, y se ha demostrado fehacientemente que fue un
acierto; sobre todo se demostró que es esencial, en un estado de
emergencia nacional, la producción de productos de primera necesidad en
el propio país.


Por otro lado, nadie puede poner en duda que
este proyecto de ley y el real decreto del que es consecuencia surgen
fundamentalmente por las movilizaciones de principios de año que llevaron
a cabo los agricultores y los ganaderos españoles para decir, una vez
más, que querían vivir dignamente de su trabajo y que eso lo tendrían que
posibilitar el propio Gobierno y las administraciones públicas. Pero este
proyecto de ley también es una pretensión del Gobierno de intentar
justificar su inacción y su falta de voluntad a la hora de resolver los
verdaderos problemas que tiene el sector primario en España y, sobre
todo, a la hora de mejorar la rentabilidad de los agricultores y
ganaderos españoles. Por tanto, lamentablemente, este proyecto de ley de
poco o de nada va a servir para solventar los auténticos problemas que
tiene el sector primario español y mejorar la rentabilidad de
agricultores y ganaderos.


Porque, miren, señorías, este proyecto de ley
no aborda en absoluto los bajos precios que establecen los intermediarios
y que también establecen las grandes superficies. Se habla de costes de
producción, pero en ningún caso se habla de costes justos ni de ganancias
por parte de los productores. Pero tampoco se hace ninguna referencia a
otro problema y otra situación que se da en el sector primario español,
como es el exceso en el gasto de energía en las explotaciones agrarias y
ganaderas. Tampoco se hace ninguna referencia a otro problema que están
padeciendo los agricultores españoles por las ayudas establecidas en su
día por el Gobierno a la industria aeronáutica, por lo que se han puesto
aranceles en Estados Unidos a productos españoles. Tampoco se ha aclarado
nada sobre la situación que van a vivir los agricultores y ganaderos
españoles con el brexit. Tampoco se dice nada de la competencia desleal
por terceros países que importan a España productos a los que se les
exige menos exigencias —valga la redundancia— que a los
productos españoles. Tampoco se dice nada de los costes, que se han
incrementado, en los productos fitosanitarios. Tampoco se dice nada de
las reducciones que se van a dar —sí, reducciones— en la
política agraria común y de que el Gobierno debiera compensar esas
pérdidas que se van a dar entre los productores españoles. Tampoco se
dice nada de la persecución, el acoso y el derribo a los que se ha
sometido a muchos agricultores y ganaderos españoles a la hora de
establecer inspecciones de trabajo, como si todos fuesen unos bandoleros.
Tampoco se va a solucionar una cuestión fundamental, que son las
consecuencias que han tenido los incrementos en los salarios mínimos
interprofesionales y de las rentas básicas. Y tampoco este proyecto de
ley se ha tramitado con el consenso de las organizaciones agrarias ni de
los propios grupos parlamentarios, como hemos visto.


Hay enmiendas que están posibilitando la
defensa de los productos españoles, como es el caso del plátano, que
nosotros apoyaremos, por supuesto que sí, porque la consideramos justa. Y
eso se debe hacer también a la hora de defender otros productos que se
están produciendo en nuestro país. Por lo tanto, lamentablemente, los
agricultores y ganaderos españoles seguirán con las mismas
preocupaciones, con las mismas inquietudes que tienen en este momento y,
lamentablemente, tendrán que volver a salir —están volviendo a
salir— a las calles y carreteras españolas para decir que quieren
vivir de su trabajo y que quieren vivir con dignidad. Y lo único que
exigimos al Gobierno es que deje de engañar a los agricultores y
ganaderos españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Intervendrá, a continuación, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el senador González-Robatto Perote.


El señor GONZALEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


Señorías, esta ley, que en su comienzo buscaba
proteger los intereses del sector primario —o, por lo menos, así lo
disfrazaba—, a nuestros agricultores y ganaderos, para que se
cubrieran los costes efectivos de producción de las explotaciones
agrarias, ha tenido unos resultados pobres e ineficaces. La ley se podría
haber mejorado a través de las enmiendas que han presentado otros grupos
parlamentarios, ninguna de las cuales ha sido aprobada en el Congreso, ya
no solo las veinticuatro que presentó mi grupo parlamentario allí, sino
de ningún otro grupo parlamentario, exceptuando, por supuesto, las de
ustedes. Por ello, cuando se pretendía dar seguridad jurídica y
certidumbre a nuestro sector agrario, el Gobierno se ha puesto de
espaldas, una vez más, a los agricultores; y de lo que salga hoy aquí
serán ustedes responsables. Es una inútil ley del PSOE y de Podemos cuyo
resultado será que siguen y seguirán sin cubrirse los costes de
producción en las producciones agrarias en relación con los precios. Ya
vemos la realidad, esa de la que ustedes distan con intenciones, por
ejemplo, como la que trajeron para intentar subirse el sueldo. Pues en
esa realidad, en la de los agricultores, en la de los ganaderos, en la de
la gente que madruga y paga los impuestos al nefasto Gobierno que nos
dirige a la ruina, en esa realidad los precios no cubren los costes de
producción ni en la uva ni en el cereal ni en la aceituna, por poner
algunos ejemplos. Todo ello es consecuencia de la inseguridad jurídica y
la desconfianza que ustedes generan en el mercado. Ustedes, señores del
Gobierno, están hundiendo aún más las explotaciones agrarias y los
productos españoles.


El problema de por qué no se cubren los costes
de producción es simple: además de su falta de compromiso e implicación
con esta normativa para que se cubran los costes efectivos de la
producción, la ley de la cadena alimentaria solo se aplica en nuestro
territorio nacional, no en el resto de países en los cuales importamos.
No afecta ni a Europa ni al sur de Algeciras, como Marruecos. Con estas
leyes ustedes están fomentando la deslocalización del comercio y de las
explotaciones agrarias a otros países extranjeros, como Marruecos, por su
falta de implicación con el sector agrario. Pero ustedes vuelven a
creerse que son los más listos de la clase, como ocurrió con la ley que
creaba el nuevo impuesto de la tasa Tobin y la tasa Google, y el tiempo
demostrará el rotundo fracaso de implementar tasas fácilmente eludibles
cambiando de domicilio fiscal.


Gracias a sus políticas de enemistad con
Estados Unidos y su complicidad con la dictadura venezolana las
importaciones de un país tercero, como Marruecos, han crecido un 82 % en
hortalizas y frutas a España y un 40 % en la Unión Europea en cinco años,
cuando España es uno de los líderes del sector. Esos números van en
aumento, señorías. Sus carísimos y sobrepagados asesores están haciendo
una labor acorde a las gestiones gubernamentales, es decir, nefasta. No
les han asesorado sobre que los costes de producción en países terceros,
con los que...


La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir
terminando.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Ya
acabo.


... la Unión Europea ha firmado un acuerdo de
libre comercio, son muy bajos en comparación con los países comunitarios,
como España.


Con esto les queremos decir que dejen de mirar
sus bolsillos, señorías del Gobierno, y escuchen las demandas de
los...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
intervendrá la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.


Me he referido a ello en el turno de enmiendas:
el sector ofrece una serie de bienes y servicios públicos que la sociedad
demanda pero que el mercado no está dispuesto a pagar. Esta es la
problemática real, la que nos lleva a todas las otras derivadas. Para
ello tenemos mecanismos: las políticas agrarias comunes y aquellos
mecanismos que nosotros mismos nos podemos dar.


El proyecto de ley que hoy traen aquí es un
proyecto con luces y sombras. No les voy a negar la buena intencionalidad
del proyecto respecto a querer dar respuestas al sector, pero, a mi
entender, el problema de este proyecto de ley es que ha sido reactivo más
que proactivo y que quería dar respuesta a aquel ruido del sector, el de
los tractores en la calle, en el mes de febrero. Pero aquel ruido no
venía porque sí, sino porque realmente es un sector que, siendo esencial,
no hemos atendido suficientemente.


Ya he dicho que nosotros hemos presentado
veintiséis enmiendas al proyecto de ley. Con esto quiero decir que, a
pesar de que este proyecto pretendía dar soluciones, pretendía dar
respuesta a la crisis del sector, una crisis agravada por fenómenos
naturales, como Gloria y Nana, las tensiones comerciales, los elevados
costes de producción, la volatilidad de las cotizaciones en materias
primas o la falta de equilibrio de los precios, entre otros, el proyecto
apunta algunas medidas ante estas problemáticas. Pero el hecho de que
hayamos presentado veintiséis enmiendas quiere decir que a priori
pensamos que el texto es sustancialmente mejorable. Y no solo lo pensamos
nosotros, sino todos los grupos.


Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley,
aunque creemos que es insuficiente y que su tramitación no ha sido la
correcta porque no da respuesta de urgencia, como estaba previsto que
hiciera. Y lo vamos a aprobar, porque el sector está en crisis y
padeciendo muchísimo, y no vamos a ser nosotros quienes le neguemos
cualquier atisbo de solución que podamos aportar. Y les esperamos en la
tramitación de la ley de la cadena alimentaria para trasponer,
efectivamente, aquello que Europa ya apunta que tiene que ser parte de la
solución. Nosotros vamos a apoyar el texto tal y como quedó aprobado en
el informe de la ponencia, con la incorporación de una enmienda
transaccional firmada por todos los grupos; por tanto, en coherencia
también con nuestro voto en ese momento para proteger un producto que no
es catalán. Porque nosotros siempre hemos venido aquí, a esta Cámara
territorial, para aportar y ser propositivos en soluciones generales que
nos sirvieran a todos, y especialmente para proteger los intereses de los
productos catalanes, por supuesto, pero jamás votaremos en contra de algo
que pueda favorecer productos de otros territorios que pueden estar
amenazados.


La tramitación, y no solo de esta ley —ya
lo veremos, porque hoy tenemos varios proyectos de ley—, creo que
menoscaba, que mengua la efectividad de nuestro trabajo parlamentario y
que añade un estadio más a este descrédito que tenemos como Cámara
parlamentaria. Porque, fíjense, si legislamos y luego las leyes no se
hacen efectivas, si legislamos y no reglamentamos, si hacemos proyectos
de ley urgentes que acaban no teniendo urgencia para dar las respuestas
necesarias, creo que hacemos algo peor que no legislar, que es crear unas
expectativas para luego no darle respuestas.


Sin más, como he dicho, nosotros apoyaremos
este proyecto de ley, con sus luces y sus sombras, porque, si bien es
cierto que creemos que no da respuesta a lo que pretendía darla, también
contiene algunas propuestas que creemos que van a ser beneficiosas para
el sector y que esperamos que podamos complementar con una buena ley de
la cadena alimentaria.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias. Intervendré
desde el escaño.


Nosotros vamos a votar a favor de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo Nacionalista, de Esquerra
Republicana-EHBildu, y de las nuestras, obviamente. Y si estas enmiendas
no salen adelante, nuestro voto va a ser favorable a esta ley. Como ya
hemos expuesto en el turno de defensa de las enmiendas, pensamos que es
una ley que llega tarde, una ley que, como todas, es mejorable. Hemos
sido críticos con la voluntad de los grupos mayoritarios de no incorporar
las enmiendas del resto de grupos, pero, a pesar de ello, como es un
pequeño avance, no podemos votar en contra de la ley.


Este es el posicionamiento de nuestro
grupo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, con
la venia.


Señorías, el decreto ni es urgente —nueve
meses de tramitación en el Senado— ni da respuesta al sector.
Además, ya se está tramitando en el Congreso la trasposición de la
directiva comunitaria que va a venir a dar respuesta, o eso esperamos, al
sector. Esta ley, como se ha dicho por aquí, prácticamente nace muerta.
Por eso, señorías, me van a permitir un inciso como cuestión previa.


Hace tres años y siete meses, el 27 de abril
de 2017, aprobamos por unanimidad, con lo difícil que eso resulta, la
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, de la cual yo
fui ponente. En concreto, aprobamos un solo artículo en el que
conseguíamos, por primera vez, siendo punta de lanza en esto, eliminar
los aforamientos y la inmunidad parlamentaria. Sí, señorías, eliminábamos
cualquier tipo de privilegio político. Tres años y siete meses; en ese
tiempo ha pasado tres veces por el Congreso —la primera la defendí
yo, fíjense lo que ha llovido— y, por fin, esta semana tocaba
—además, tocaba— que se debatiera en el Senado. Pero,
arbitrariamente, se ha relegado, se le ha dado una patada hacia delante.
Quizás para febrero. Otra vez, la Región de Murcia ninguneada. Había
cuatro leyes que cumplían los requisitos en este Pleno; han entrado tres
y se ha dejado fuera a la Región de Murcia, se ha dejado fuera la reforma
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ni más ni menos. Ni tan
siquiera se ha querido hacer una excepción para habilitar el jueves
—que, por cierto, está contemplado como día de plenario— y
para meter estas cuatro leyes. Además, hay que tener en cuenta que entran
los presupuestos, que lo condicionan todo, y que nos iremos a enero, que
es inhábil —otra cosa que también tiene lo que tiene—; y
entonces nos vamos a febrero. Se le ha dado una patada hacia delante y no
se ha consentido en habilitar el jueves para tramitar la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, para eliminar el privilegio
de los aforamientos y de la inmunidad parlamentaria. Lo fácil era dejar
fuera el asunto de Murcia. Es Murcia, ¿a quién le importa? Es la Región
de Murcia, ¿a quién le importa? No quiero ni pensar, señorías, que
estuviéramos hablando de la reforma del estatuto de autonomía de
cualquier otra región o cualquier otro territorio español en el que todos
ustedes están pensando. Pongan cualquier ejemplo, que seguro que hoy se
hubiera tramitado. No hoy, se hubiera tramitado hace ya mucho
tiempo.


Señorías, el portavoz de Más País ha hablado
esta mañana de ciudadanos de tercera, y así nos sentimos los ciudadanos
de la Región de Murcia. Hay estudios —y termino con esto— que
dicen que los murcianos son los que más españoles se sienten. Y ahí andan
con los madrileños; siempre los murcianos son los que más españoles se
sienten, con los madrileños.


Señorías, desgraciadamente, en este país se
premia, se privilegia, se dan prebendas a los que lo quieren destruir y
se humilla y se ningunea a los que lo aman, como los ciudadanos de la
Región de Murcia, los últimos siempre en todo.


La señora PRESIDENTA: Señoría, el debate del
Estatuto de Murcia quedó para febrero. Le llamo a la cuestión.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Efectivamente, en un
primer momento el portavoz del Partido Socialista sí que lo intentó.
Después, no, pero en un primer momento sí que se intentó, y de justos es
reconocerlo. Al final, no, pero en un primer momento, repito, sí que se
intentó. Pero se ha dejado fuera la reforma del Estatuto de Autonomía de
la Región de Murcia…


La señora PRESIDENTA: Señoría, le llamo a la
cuestión, por favor.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: … después de tres
años y siete meses.


Disculpe, señora presidenta, por hacer
filibusterismo político, pero es lo que hace aquí el presidente del
Gobierno cada vez que se le hace una pregunta, y nadie le llama la
atención.


En relación con el proyecto que nos ocupa, ya
se expuso en el Congreso que no tenía una excesiva razón de ser su
tramitación como proyecto de ley urgente, dado que el
ministerio… Señora presidenta, el portavoz del Grupo Socialista me
ha acusado de jeta...


La señora PRESIDENTA: No lo he oído, señoría.
Puede continuar.


Por favor, no interrumpan al orador.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: … y no veo que le
llame la atención, cuando, además, he reconocido que, en un primer
momento, el Grupo Socialista sí que lo intentó. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Puede continuar.


Y no entren en debate, no entren en
diálogo.


Puede continuar con su discurso.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: ¿Qué dice, señora
presidenta? No se puede acusar de tener mucha jeta a un senador nunca,
pero menos en el ejercicio de la palabra en la tribuna del Senado. Y no
veo que le llame la atención. Amén de no querer trabajar los jueves, no
veo que le llame la atención a su portavoz. (Aplausos).


En relación con este proyecto, ya se expuso en
el Congreso que su tramitación no tenía excesiva razón de ser como
proyecto urgente, dado que el ministerio estaba preparando un proyecto de
ley que reformaba la cadena alimentaria, que precisamente ya ha iniciado
su tramitación en las Cortes. Creemos que esta legislación necesita
mejoras y puede ser apoyada con medidas necesarias, como el cambio de
potencia estacional eléctrica, que propusimos en el Congreso y fue
rechazada por el Gobierno, que, en todo caso, serán objeto de debate en
la tramitación del vigente proyecto de ley que acaba de llegar a la
Cámara Baja.


En cualquier caso, y hablando de las enmiendas,
fíjense, señorías, nosotros presentamos la enmienda canaria, que es razón
de debate hoy. Fuimos uno de los grupos que la presentaron y la
seguiremos apoyando hoy, como hicimos en la ponencia y en la comisión.
Hemos apoyado enmiendas de Esquerra Republicana, hemos apoyado enmiendas
de Izquierda Confederal, hemos apoyado enmiendas del Grupo Nacionalista y
del Grupo Vasco, porque nos parecen buenas y las apoyamos,
independientemente de donde vengan. Sin embargo, algunos de ustedes
—solo algunos de ustedes— suelen desentenderse de según qué
cuestiones cuando consideran que no son de su incumbencia. Esa es la
diferencia. Nosotros vamos a apoyar sus enmiendas porque nos parece que
son buenas. Ustedes, en muchas cuestiones solo se miran el ombligo, solo
miran por lo suyo y se desentienden de las cuestiones cuando creen que no
son de su incumbencia.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko,
presidenta andrea. Intervendré desde el escaño.


Nos da pena, sinceramente, que el Grupo
Socialista no haya tenido en cuenta ninguna de nuestras enmiendas, que,
como he comentado en mi intervención anterior, seguramente hubiesen
enriquecido el texto que aquí se defiende hoy. También nos da pena no
haber llegado a algún tipo de acuerdo para haber discutido con tiempo y
no con tanta prisa diferentes situaciones o posturas. Por lo tanto,
llegados a esta situación, en el Grupo Parlamentario Vasco seremos
consecuentes con la postura que mantuvimos tanto en la ponencia como en
la Comisión de Agricultura, y ese será el sentido de nuestro voto.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Rufà
Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño.


Votaremos que sí al proyecto de ley, y
entendemos que en la nueva ley tendremos que llegar a acuerdos más
amplios. Nosotros habíamos presentado tres enmiendas, que volveremos a
presentar en la nueva ley, aunque sea con modificaciones, para que se
puedan reglamentar correctamente, pero esta es la situación. Hemos tenido
poco tiempo para ir analizando aquí, en el Senado, como han dicho algunos
de mis compañeros de otros grupos, no se ha podido llegar a amplios
acuerdos, teniendo en cuenta que muchos de los puntos eran muy similares,
y creo que una tarea que debemos hacer no solo los grupos minoritarios
sino todos los grupos es intentar llegar a grandes entendimientos cuando
es por el bien de los agricultores.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Martínez Antolín.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias,
presidenta.


Bueno, pues vamos a decirlo claramente: con
este proyecto de ley lo que quiere hacer el Gobierno es, simple y
llanamente, tapar sus vergüenzas. Ese es el resumen de este proyecto de
ley. Y este proyecto de ley es producto también de sus falsedades, de sus
mentiras y de sus incompetencias. Vamos a describir exactamente lo que ha
pasado, porque hay que tener en cuenta que ustedes, desde que hacen la
moción de censura al Gobierno del Partido Popular, han estado dos años
sin hacer absolutamente nada por los agricultores y ganaderos de España.
(Aplausos). Esa es la situación que se ha dado. Y, como consecuencia de
esa situación, en la que los agricultores, ganaderos y pescadores se han
sentido totalmente abandonados y en una situación de crisis, ¿qué pasó?
Que se tuvieron que tirar a la calle. Se tiraron a la calle, se
manifestaron, y así estuvieron en febrero. Y a ustedes, ante esa
situación, que se les estaba yendo de las manos, no les quedó más remedio
que aprobar un real decreto ley, el Real Decreto Ley 5/2020, que es el
que hoy quieren convertir aquí en ley. Y con ese real decreto ley, ¿qué
decían ustedes? Decía el señor ministro que el real decreto quería dar
una solución rápida y urgente para el sector, pero la verdad es que ni ha
sido rápida ni ha sido urgente ni ha sido solución, y a las pruebas nos
remitimos, cuando los agricultores, los ganaderos y todo el sector
primario están en contra porque este real decreto, ahora proyecto de ley,
no aporta nada y no les soluciona nada. Tan es así, que tengan ustedes
por seguro que si no estuviésemos en la situación de pandemia y de crisis
sanitaria en la que nos encontramos, el sector hoy estaría en la calle
manifestándose todavía. (Aplausos). Por tanto, primera mentira de este
proyecto de ley: ustedes dicen que hacen este proyecto de ley para dar
una solución rápida y urgente a los problemas que tiene el campo.
Mentira. Ustedes hacen este proyecto de ley, como les he dicho, para
parar las manifestaciones, que era lo que les preocupaba porque se les
estaban yendo de las manos.


Segunda falacia, segunda mentira. Dicen ustedes
que este real decreto ley se tramite como ley, para así mejorarla con el
diálogo parlamentario. Claro, eso está muy bien. ¿Y qué ha hecho hoy aquí
el portavoz del Grupo Socialista? Ha espetado a mi compañero: Claro, se
quejan ustedes de que vamos a hacer ahora un proyecto de ley, pero es que
el PP dijo que esto tenía que tramitarse como proyecto de ley.






Lógicamente; será mejor un proyecto de ley en el que, como ustedes
ofertan, haya participación, diálogo y debate parlamentario, que no un
real decreto ley haciendo lo que a ustedes les da la gana y en el que
ponen lo que les da la gana. Eso es algo obvio. Pero ¿cuál es la mentira?
Que haciendo ese ofrecimiento que hacen ustedes para mejorar el real
decreto a través del diálogo, vienen aquí con un proyecto de ley que
tramitan con carácter de urgencia, urgentemente, y no tenemos casi tiempo
ni para debatir. Llegan aquí con un proyecto de ley en el que nosotros,
el Grupo Parlamentario Popular, y el resto de grupos políticos
presentamos una serie de enmiendas que no se tienen absolutamente en
cuenta. Díganme qué es lo que pretendían cuando hablaban de mejorarla a
través del diálogo parlamentario, cuando no tienen en cuenta ninguna de
nuestras enmiendas, pero no solo las nuestras, sino también del resto de
grupos políticos. Por tanto, otra vez, otra muestra más de la hipocresía
y del cinismo de este Gobierno, que, por un lado, quiere el diálogo,
pero, por otro, nos tapa la boca y no nos deja decir ni aportar nada a un
proyecto tan importante para dar soluciones a los agricultores y
ganaderos.


Nosotros hemos presentado treinta y ocho
enmiendas que no son capricho del Grupo Popular, no; son treinta y ocho
enmiendas que salen de escuchar al sector, que salen de ver las carencias
que tiene este proyecto de ley y lo que sería importante aplicar para que
mejorase la situación del sector. Y es que hay que mejorar la
rentabilidad de las explotaciones agrícolas y, que yo sepa, podemos
mejorar esa rentabilidad, bien reduciendo costes, bien aumentando los
ingresos. Para reducir costes estamos diciendo que se reduzcan también
impuestos, que se lleven a cabo deducciones fiscales, que se lleven a
cabo actuaciones como, por ejemplo, que en el pago eléctrico en los
riegos se tenga en cuenta que no se puede pagar igual cuando se está
regando que cuando no se está haciendo y que se tenga un término de
potencia que se esté pagando igual durante todo el año. Creo que es algo
razonable, y es lo que pedimos.


Por otro lado, nos preocupan mucho los acuerdos
comerciales. Hay que potenciar los acuerdos, pero hay que revisarlos. No
puede ser que estén entrando productos de fuera que están haciendo una
competencia desleal a los productos que se están produciendo aquí por
nuestros agricultores y ganaderos. No estamos compitiendo en igualdad de
condiciones. Eso hay que revisarlo.


Se ha hablado aquí también de costes de
producción, pero este proyecto de ley también tiene un defecto a la hora
de determinar y establecer los criterios para determinar ese coste
efectivo de producción. Y es que es muy difícil determinar el coste de
producción cuando, para un mismo producto, hay diferentes sistemas de
producción. Eso hay que analizarlo, hay que profundizar en ello, y
nosotros, con nuestras enmiendas, lo queremos hacer.


No cabe duda de que este proyecto de ley
presenta una inseguridad jurídica total. La AICA no va a poner en marcha
ninguna sanción, no se preocupe, porque la inseguridad jurídica que tiene
esto haría que se recurriese y que tuviesen un problema.


No se está regulando la venta a pérdidas
—casi se habla más de la compra a pérdidas—, y es algo que
tendría que regularse mejor. Incluso sería necesario también llevar a
cabo cambios en la Ley de comercio minorista. Y nos preocupa mucho la
reducción de las exportaciones como consecuencia de esa subida de
aranceles que se está produciendo en muchos de nuestros productos, que,
lógicamente, está haciendo también que baje la rentabilidad de nuestras
explotaciones.


Por otro lado, hay que tener en cuenta que el
portavoz del PSOE nos ha pedido hoy aquí que se vuelva al texto original
del Congreso. Nosotros no lo podemos consentir, claro, porque ya se ha
hecho una mejora, y no porque esa enmienda la hayan aprobado ustedes,
sino porque el resto de grupos nos hemos puesto de acuerdo. Yo no sé qué
les han hecho las islas Canarias. La verdad es que tienen un grave
problema allí. Tienen problemas de inmigración, y hoy han puesto aquí de
manifiesto que les da igual el plátano de Canarias. Y es una actuación
muy importante la que hay que hacer con el plátano de Canarias para
defenderlo, porque de él dependen 150 000 familias. Es muy importante.
Ahora están en juego 10 millones de euros de ayudas de la Unión Europea.
De alguna manera habrá que ayudarles, y aquí hemos presentado una
enmienda oyendo lo que está diciendo el campo y el sector que está
produciendo este tipo de productos.


Por tanto, señorías, está muy claro que sobre
la mesa tenemos un proyecto de ley que no sirve para nada, un proyecto de
ley que ha tardado mucho tiempo en realizarse, nueve meses en los que
podríamos haber debatido en profundidad y haberlo mejorado sin ningún
tipo de duda, un proyecto de ley que no demuestra la aportación que
pueden hacer el resto de grupos con sus enmiendas, porque ustedes han
pasado el rodillo de su mayoría y al final lo van a poder aprobar sin
tener ninguna validez, teniendo en cuenta que ya se está tramitando la
nueva ley de la cadena alimentaria. Luego nos dirán que peor era la Ley
de la cadena alimentaria del Grupo Popular, pero hay que tener en cuenta
que cuando el Gobierno del Partido Popular la elaboró, lo primero que
hizo fue plantear a Europa que era necesario un marco normativo europeo
para garantizar la rentabilidad del sector, desde el pequeño productor
hasta la distribución. Y acuérdense de que Europa no quiso hacerlo. Sin
embargo, qué curioso: luego, a los cuatro años —y leo el titular de
un artículo un periódico—, se dijo: Europa se inspira en la ley de
la cadena alimentaria española. Fíjense si fue interesante e importante
la Ley de la cadena alimentaria que puso en marcha el ministro Arias
Cañete, que luego Europa se ha inspirado en ella y la ha puesto en
marcha. Y ahora ustedes tienen la obligación de hacer la trasposición de
la Directiva europea 2019/633, que es lo que tenían que haber hecho desde
el principio. Pero, como les he dicho, como han llegado tarde y mal, como
no han trabajado durante dos años, han tenido que hacer reales decretos
para poner sobre la mesa medidas urgentes que no han aportado
absolutamente nada.


Por tanto, señorías, nuestro voto será en
contra porque consideramos que este proyecto de ley es fruto de su
incapacidad, de su incompetencia y de sus mentiras.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Huelva Betanzos.


El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias,
presidenta, de nuevo.


Señor Martínez Antolín, yo entiendo
perfectamente su papel, no puede ser de otra manera. Habla usted de los
defectos del proyecto de ley que hoy debatimos, pero, si usted habla de
los defectos del proyecto que hoy debatimos, ¿cómo no habla de los
efectos del proyecto de ley que aprobó el ministro Arias Cañete, que es
lo que estamos tratando de enmendar hoy aquí: ese proyecto de ley?
(Aplausos).


Señorías, como ustedes bien saben, el texto que
hoy viene a debate y para su aprobación no es aplicable a los
consumidores finales, y, desde nuestro punto de vista, hay enmiendas que
se refieren a esa posibilidad. No podemos olvidar que estamos hablando de
operadores de toda la cadena alimentaria y que no corresponde a este
texto salirse de su ámbito, primero, porque no es su fondo, y segundo,
porque tampoco es su espíritu. Como he dicho alguna que otra vez, no
podemos caer en la confusión de asimilar la competencia desleal a las
prácticas desleales puesto que no viene a colación y porque una es
relativa a los consumidores y la otra, a los operadores. Y mezclar estas
cuestiones supone un peligro ya que afecta a dos marcos normativos
totalmente distintos y puede generar cierta inseguridad jurídica para
todos.


Entendemos que la ley debe contener aquello que
le es de aplicación y los legisladores no tenemos que repetir texto legal
en normas que no tienen que contenerlo. Tenemos que cumplir, no solo con
el principio de legislar, sino de legislar bien, manteniendo claramente
la diferenciación entre todas las normas. Debemos ser conscientes de la
complejidad que supone un marco normativo amplio como el que se dispone a
aplicar el Ministerio de Agricultura, que ya ha anunciado y comenzado un
calendario de tramitación de normas legales en las Cortes Generales. En
cualquier caso, es conveniente recordar que fijar los precios de
referencia excede de la legalidad, y que el texto normativo que en estos
momentos estamos debatiendo está sirviendo a los fines para los que se
dictó el real decreto ley. Y entendemos que en estos momentos debemos
volcarnos en la tramitación del nuevo texto, que está, como digo, en el
Congreso de los Diputados.


Nuestro grupo no entiende que haya grupos en
esta Cámara que sean los primeros en apuntarse a las manifestaciones, en
decir que apoyan a los agricultores y a los ganaderos, y que luego en la
Cámara voten en contra de este proyecto de ley por puro interés
partidista, como hicieron en el Congreso de los Diputados sobre este
mismo texto. (Aplausos). El nacimiento de este real decreto ley tiene una
coyuntura concreta, y el Grupo Parlamentario Socialista recuerda al
Partido Popular, que dice que este real decreto es insuficiente y
mejorable, que ya tiene a su disposición el texto registrado en el
Congreso, que además es suficiente a los efectos de la Unión Europea
puesto que en él se recogen los cambios necesarios que marca la directiva
sobre prácticas desleales. Y es obligación de todos los grupos mejorarlo.
Ahí estaremos esperando, para ver si es verdad que tienen interés en
aportar y no en confrontar. Y como se ha demostrado ya, la insuficiencia
fuera de la ley fue la de la ley del ministro Arias Cañete, y por eso
estamos hoy en la situación en la que estamos. Pero pondremos todo de
nuestra parte para avanzar y mejorar.


España está siendo un país vanguardista a la
hora de afrontar las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos con
respecto a las muchas necesidades que tienen y también de abordar la
mejora de la cadena alimentaria. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez
tiene muy claro que debe y va a proteger a los eslabones más frágiles de
la cadena alimentaria, (Aplausos), pero no tenemos tan claro si la
derecha persigue eso o no. ¿Por qué quiere hacer todo lo posible para que
no se avance en los cambios significativos en el sector primario? A día
de hoy aún nos seguimos preguntando qué fue lo que impidió al ministro
Arias Cañete presentar una propuesta más ambiciosa en el año 2013. ¿Fue
porque él no quiso? ¿Fue porque su partido, el partido que hoy se niega a
todos los cambios, se lo impidió? Quizá deberían ustedes responder a esa
pregunta y, por qué no, respondernos en alguna ocasión a nosotros, a
todos los españoles y todas las españolas.


Los socialistas y las socialistas estamos
firmemente convencidos de que la competitividad de un sector no puede
pasar porque sufran siempre los mismos, los más débiles, y repercutir las
pérdidas sobre los que están en la base. Con nosotros no vais a contar
para explotar a nadie. Sabemos que lo que estamos defendiendo no es nada
fácil y que en muchos momentos vamos a ser muy pocos los que nos
acordemos en esta Cámara de los que están en el campo, muy pocos, porque
al final hay que bajar a la tierra a conocer al que menos tiene, hablar,
dialogar y, después, actuar. (Aplausos). El Gobierno de Pedro Sánchez,
con el ministro Planas a la cabeza y con este grupo parlamentario, tanto
en el Congreso como en el Senado, tiene muy claro que nadie nos lo va a
poner nada fácil, pero tengan ustedes la garantía, señorías de la
derecha, de que nosotros no vamos a parar en nuestra insistencia en que
las cosas cambien para el pequeño y mediano productor y productora. Y si
nos preguntan si es una cuestión ideológica, no tendremos más remedio que
decirles que sí, que es una cuestión ideológica. (Aplausos). La
diferencia es que unos vamos a pecho descubierto diciendo lo que queremos
y vamos a corregir, dejándolo negro sobre blanco en una ley, y otros lo
dicen pero luego votan en contra, como hizo el Partido Popular en la
Comisión de Agricultura, del dictamen de este proyecto de ley.


El sector primario es muy diverso, y esa
diversidad nos hace tener la necesidad de avanzar con diálogo, sí, pero
avanzar; y quienes funcionan de forma adecuada no temen para nada ni a
este proyecto de ley ni a ninguno que venga. Esto no va de mirar para
otro lado cuando existe un problema, va de implementar soluciones para
explotaciones y sectores que necesitan de nuestra ayuda y que nos la
están pidiendo para que sus operaciones estén protegidas por la ley
dentro de la cadena alimentaria.


Para el Grupo Parlamentario Socialista la mesa
de diálogo, escuchar a todo el mundo e implementar propuestas tiene un
valor incalculable. Nosotros respetamos que para la derecha de este país
todo lo que no pase por su mano sea antidemocrático, anticonstitucional o
simplemente irracional, porque para ustedes no parece ser importante
solucionar problemas del sector primario cuando ustedes no están en el
Gobierno. Señorías, esta es una cuestión de modelo a la hora de gobernar.
El Gobierno de Pedro Sánchez escucha primero y luego decide, y el
ministro de Agricultura tiene una profunda vocación de diálogo, como todo
el Gobierno, de trabajo junto a todas y todos los que tengan algo que
decir en el sector agrario, se manifiesten o no en la calle. Entendemos
que los problemas que afrontamos solo se van a solucionar con la acción
conjunta. Aquí no hay colores, pero sí matices, y los del sector agrario
necesitan un profundo examen, análisis y mucho diálogo. El ministro Luis
Planas, con la Mesa de diálogo agrario, se propuso trabajar desde la
unidad. Entendemos que eso es algo que no saben hacer algunos grupos de
este arco parlamentario, pero, aunque les pese a algunos, se ha hecho así
y se va a seguir haciendo. (Aplausos).


Para terminar, no olviden ustedes, señorías,
que hoy tenemos aquí a las derechas pidiendo medidas para el campo
mientras están votando que no a unos Presupuestos Generales del Estado
que son un impulso para todo nuestro sector agroalimentario. No son
contradicciones, es la continua deslealtad de la derecha (Aplausos)
cuando hay que decidir si se está de verdad con los eslabones más bajos
de la cadena o no. Cuando hay que hacer una ley, el Grupo Parlamentario
Socialista viene a las Cortes Generales a tramitarla. Les recuerdo,
señorías del Partido Popular, que lo único que ustedes usaban para
cambiar las leyes era la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para cambiar toda la legalidad española por la
puerta de atrás y sin debate parlamentario alguno.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Finalizado el debate del proyecto de ley,
procedemos a la votación de las enmiendas de conformidad con las
solicitudes de votación separada formuladas por los grupos parlamentarios
(las que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al
dictamen del Pleno) y a la votación en un solo acto del resto del
proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática, siendo las once horas y cincuenta y dos minutos, hasta las
trece horas y cincuenta y dos minutos.


Procedo a proclamar los resultados de
votaciones telemáticas de la sesión plenaria del día de hoy.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PONER
EN MARCHA LAS ACCIONES PRECISAS PARA QUE EL COMITÉ PARALÍMPICO
INTERNACIONAL RECONOZCA UNA CATEGORÍA ESPECÍFICA PARA ATLETAS CON
SÍNDROME DE DOWN E INCREMENTE LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA LA PARTICIPACIÓN
DE OTROS COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS.
(Proclamación de la votación).


671/000042

GPV


La señora presidenta lee los puntos 6. y 6.1.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista con
número de registro de entrada 66567.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 265; a favor, 265.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
(Aplausos).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
EXTENDER LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) Y LAS
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD O DISMINUCIÓN DE INGRESOS PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS HASTA QUE SE CONSIGA LA NORMALIDAD EN SU ACTIVIDAD
Y EXIMIRLES DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO SE VEAN
OBLIGADOS A CERRAR SUS ESTABLECIMIENTOS POR IMPOSICIÓN LEGAL DENTRO DE
LAS MEDIDAS CONTRA LA PANDEMIA. (Proclamación de la votación).


671/000043

GPP


La señora presidenta lee el punto 6.2.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con número
de registro de entrada 66417 y 66719.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos: 265; a favor, 113; en contra, 120; abstenciones, 32.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LA
SEGUNDA OLEADA Y POSIBLES NUEVOS REBROTES DE COVID-19 QUE INCLUYA EL
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS DE VACUNACIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ACUERDO CON UN PLAN QUE DEBERÁ APROBARSE POR EL
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Proclamación de
la votación).


671/000044

GPP


La señora presidenta lee el punto 6.3.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado con la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular con número de registro de entrada 66569,
que se entiende incorporada al texto original.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos: 265; a favor, 113; en contra, 150; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.









HABILITACIONES





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2021. (Proclamación de la votación).


551/000011



La señora presidenta lee los puntos 7. y 7.1.


La señora PRESIDENTA: Habilitación de todos los
días y horas del mes de diciembre de 2020 para la tramitación del citado
proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos: 262; a favor, 262.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA INTENSIFICAR
LAS REDUCCIONES DE EMISIONES DE FORMA EFICAZ EN RELACIÓN CON LOS COSTES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000011

Transición Ecológica


La señora presidenta lee los puntos 8.2.
y 8.2.2.


La señora PRESIDENTA: Por acuerdo de la Junta
de Portavoces, adoptado en su reunión de 1 de diciembre de 2020, se
realizará únicamente el debate al articulado en este proyecto de
ley.


Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, la senadora
Moreno Duque, por tiempo de cinco minutos.


La señora MORENO DUQUE: Gracias,
presidenta.


El proyecto de ley que hoy presentamos tiene
por objeto la modificación del régimen de un instrumento de mercado, como
lo es el comercio de derechos de emisión, persiguiendo un beneficio
medioambiental claro. Y se tramita mediante el procedimiento de urgencia
a solicitud del Gobierno, lo que, como saben sus señorías, obliga a que
en la Cámara Alta se tramite esta iniciativa en el plazo no superior a
los veinte días naturales, conforme a los artículos 133 del Reglamento
del Senado y 90.3 de la Constitución. Siendo esto así, como la fecha de
entrada y publicación fue el 13 de noviembre, se fijó el plazo de
enmiendas y propuestas de veto con el límite del día 19 del mismo
mes.


Tres de los cinco grupos que presentaron
enmiendas en el Congreso las presentaron también en el Senado. Cinco, el
Grupo Parlamentario Nacionalista, enmiendas 17 a 21 —de ellas
fueron retiradas dos: la 17 y la 18—; cuatro, el Grupo
Parlamentario Vasco, enmiendas 1 a 4; y doce, el Grupo Parlamentario
Popular, enmiendas 5 a 16.


La ponencia, reunida el día 24, emitió un
informe que no introdujo modificaciones en el texto remitido por el
Congreso. El mismo día la comisión aprobó la propuesta de la ponencia. En
consecuencia, este proyecto de ley por el que se modifica la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes,
quedó dictaminado en comisión el 24 de noviembre con el voto unánime de
todos los grupos parlamentarios presentes. El único grupo parlamentario
ausente de todo el arco parlamentario fue el Grupo Parlamentario
Mixto.


La fecha límite de tramitación en este
procedimiento de urgencia termina en el día de hoy.


Señorías, si compartimos el objetivo,
traslademos a este Pleno el consenso de la comisión y demos luz verde a
este proyecto de ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, presidenta de la
Comisión de Transición Ecológica.


A continuación, procedemos al debate al
articulado.


En el turno de enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs,
por tiempo de tres minutos.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
presidenta.


En Junts per Catalunya hemos presentado tres
enmiendas a este proyecto de ley, que modifica la Ley 1/2005, por la que
se regula el régimen de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma
eficaz en relación con los costes. Ya en el Congreso incorporamos una
enmienda de tipo competencial que abundaba en la participación de las
comunidades autónomas en las relaciones de cooperación y colaboración en
aquellos proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta del
Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
cambio climático. Aquí hemos presentado tres enmiendas y luego me
referiré a la tramitación.


La enmienda 19, de modificación de la
disposición adicional segunda de la Ley 1/2005, tiene como objetivo
incorporar a las comunidades autónomas en la comisión que ejercerá como
autoridad nacional para mecanismos basados en el Protocolo de Kioto. Nos
basamos, para ello, en una sentencia del Tribunal Constitucional en la
que ya se reconoce la insuficiente representación de las comunidades
autónomas en los órganos de gestión del Fondo de Carbono —consejo
rector— y la carencia de mecanismos de gobernanza entre la Comisión
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y los órganos de gestión
del Fondo de Carbono.


La enmienda número 20 es de modificación de la
disposición final primera, relativa a los títulos competenciales, en el
sentido de que el proyecto de ley previene de las competencias de
ejecución de las comunidades autónomas en materia de legislación del
medio ambiente, pero obvia las competencias, que en el caso de Cataluña y
también de otras comunidades lo son, en el tema de desarrollo.


La enmienda número 21, de adición, se refiere
al reparto de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de
emisiones. Lo único que pretende esta enmienda es que, en función de
aquellas atribuciones competenciales que también tienen las comunidades
autónomas, el reparto de estos ingresos se haga al 50 % entre la
Administración central y las comunidades autónomas, y, además, que se
tenga como referente el PIB de estas últimas.


No sé si decirles que apoyen o no estas
enmiendas. En el turno de portavoces, donde tendré un poco más de tiempo,
les explicaré el porqué de estas palabras.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Garmendia.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Eskerrik asko,
presidenta andrea. Senatari jauna andreok, egun on guztioi.


Nuestro grupo ha mantenido cuatro enmiendas al
proyecto de ley que hoy traemos a este Pleno, y que paso a defender
seguidamente.


En cuanto a la primera enmienda, nuestro grupo
entiende que eliminar la mención expresa a la presentación ante el órgano
autonómico del contenido del artículo 19.1, que se refiere a la
asignación gratuita de derechos de emisión, suscita una innecesaria
inseguridad e incertidumbre. Si bien resulta cierto que el Real
Decreto 18/2019 resuelve dicha incertidumbre, no es menos cierto que
preservar esta mención expresa, tal y como venía recogido hasta ahora en
la Ley 2005, dotaría de una mayor seguridad jurídica, salvaguardando
asimismo las competencias autonómicas en una norma de rango legal, y todo
ello, en el marco propio de cooperación y colaboración entre la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas,
establecido en el artículo 2 bis en materia de cambio climático.


En lo referente a la segunda enmienda, el
artículo 22.2 no incorpora en su contenido las gestiones correspondientes
a las comunidades autónomas en unos términos que garanticen la
participación que corresponde competencialmente a los órganos autonómicos
medioambientales en el nuevo procedimiento de ajuste de los derechos
gratuitos de emisión de gases de efecto invernadero. La actual redacción
los ignora, y, en consecuencia, los órganos autónomos medioambientales se
ven privados de información.


La enmienda a la disposición adicional cuarta,
punto 1, pretende trasladar la notoria inconveniencia de la preceptividad
de un informe vinculante para el ejercicio de una competencia de
ejecución atribuida por esa misma disposición adicional cuarta a las
comunidades autónomas.


Por último, a la vista de la clara
contradicción que supone el apartado número 6 en relación con el resto de
la disposición adicional cuarta y de la merma competencial que su
contenido supone para las comunidades autónomas, con la cuarta enmienda
proponemos la eliminación del apartado 6 de la disposición adicional
cuarta, al efecto de salvaguardar, una vez más, las competencias
autonómicas.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora
presidenta Señorías, buenos días.


Esta ley viene, como ya se dijo aquí, por el
trámite de urgencia. La verdad es que yo no soy muy futbolero, pero
siempre me hacía gracia un comentario sobre la manera que tenía de
despejar balones un equipo, cuya táctica era: ¡Patadón para arriba y a
jugar!, en vez sacar la pelota controlada y jugar la pelota. Esto es un
poco lo que le ha pasado al Gobierno y al Grupo Socialista. Me refiero,
más bien, al Gobierno, porque, a estas alturas de año, o hace unos meses,
se dieron cuenta de que el 1 de enero de 2021 empezaba un nuevo período
de comercio de derechos de emisión y no habían trasladado aún la
normativa europea a la normativa española, que no se había hecho la
trasposición. Ahí empezaron las prisas, impidiendo, no diré que un
debate, porque yo creo que casi todos, la inmensa mayoría, estamos de
acuerdo en que hay que actuar en el campo de las emisiones de CO2, pero,
indudablemente, sí hubiese sido positivo —después intentaré poner
algunos ejemplos— recapacitar y dialogar con algunos sectores que
influyen en estos derechos de emisión, por la importancia que tienen en
la actividad económica e industrial del país. Por tanto, analizar el
período de comercio abarcado entre 2010-2020, y afrontar los nuevos y las
perspectivas de futuro sobre nuevos sectores sí necesita de una
reflexión, por los efectos —insisto— que pueden
ocasionar.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en
el Congreso, y las mantiene en el Senado, 11 enmiendas. Me voy a centrar
en alguna de ellas. Algunas son de carácter semántico, lo cual tiene su
importancia, como es reconocer en el propio título y en el articulado el
objetivo de esta ley, que es facilitar las inversiones en tecnologías
hipocarbónicas, sustituir las antiguas tecnologías por otras con cero
emisiones o cuasi cero emisiones; indudablemente, este es el objetivo
marco de la ley. Pero, vuelvo a insistir, es cuestión una semántica y,
por lo tanto, totalmente discutible.


Sí quería resaltar que la enmienda número 9 al
apartado 22 del texto que se propone aprobar hoy, trata de incentivar la
mejora energética regulando y aclarando que las empresas que buscan una
mejor eficiencia y, por lo tanto, dejan de emitir gases de efecto
invernadero, no pierdan esos derechos de emisión que tenían asignados,
cuando es consecuencia de esa mejor eficiencia energética, porque si no
podríamos pecar de evitar el estímulo que tienen las empresas,
precisamente, para hacer esas mejoras.


Este texto se ha olvidado también de introducir
la transición justa, y después hablaré del tema del carbón. Hoy mismo,
los medios de comunicación recogían, por ejemplo —no puedo dejar de
hacer referencia a mi comarca, As Pontes—, que hoy se estaban
manifestando los sindicatos, pidiendo soluciones por ese cierre de la
central térmica de As Pontes, porque no hay solución; se encuentran con
que cierra la empresa y no hay trabajos alternativos. Hay proyectos,
conversaciones, pero no sitios efectivos donde poder presentarse para
ocupar un nuevo puesto de trabajo. Y nos estamos olvidando de eso.
Indudablemente, el Gobierno hace mucha publicidad en cuanto a una
transición justa y en cuanto a la declaración de emergencia climática,
etcétera, etcétera, pero, a la hora de la verdad, queda solo en anuncios
y después lo que viene es esto: prisas por sacar una norma adelante.


Otro de los apartados donde también tenía
interés en introducir algunas cuestiones el Partido Popular era el
apartado 38, relativo al destino del valor económico de esos derechos de
emisión, procedente de las subastas de los derechos, pues buscábamos que
fuera una disposición adicional la que regulara dónde debería ir
destinado ese importe. Indudablemente, a mejoras de eficiencia
energética, entre otros.


Otra enmienda que también es importante, porque
se pueden dar bastantes casos en la actualidad, es la que se refiere a la
unidad de cogeneración que es distinta del titular de la empresa, que
monta una cogeneración al objeto de mejorar la eficiencia energética,
donde se debería aclarar la sujeción al mercado de la exención.


Proponemos también una disposición adicional
nueva, al objeto de aclarar e incentivar los usos que la propia directiva
crea para promover, dentro del anexo 1 —las actividades sujetas a
los a los derechos de emisión—, la innovación hipocarbónica.


Como decía, nos encontramos con un problema de
tiempos. El despeje del Gobierno ha provocado que estemos a 1 de
diciembre y el 1 de enero entre en vigor el nuevo período de derechos de
emisión, que abarca de 2021 a 2025, hasta 2030, pero dividido en dos
subperiodos, y que, por lo tanto, no estaban regulados en la ley 1/2005.
Con lo cual, se abren incertidumbres jurídicas porque, entre otras cosas,
las empresas, los sectores afectados tienen que recibir en 2021 derechos
de forma gratuita. Por lo tanto, nos encontramos con un vacío legal, con
una incertidumbre jurídica, también en cuanto a la metodología de la
propia asignación de estos derechos y a la entrada en vigor de una
disposición transitoria que sujeta el seguimiento de estas emisiones a la
normativa europea. Eso sin contar, por supuesto, con que, al llegar el 31
de diciembre o el 1 de enero, y no tener traspuesta la directiva, se
impondrían una sanción o se abriría un expediente sancionador al Estado
español por no por no haber cumplido este requisito.


Como decía, esta forma de actuar del Gobierno,
con mucha prisa —vuelvo a insistir— en declarar la emergencia
climática y todo lo que sea publicidad y propaganda en referencia a este
tema, ha puesto en evidencia, a la hora de la verdad, a la hora del
trabajo real, que se durmieron en los laureles, porque le entró prisa a
la señora ministra. Como dijo el portavoz el portavoz socialista, la
pandemia había que tenerla en cuenta y la vida. Es cierto que la señora
Rivera, la señora ministra —aunque tampoco quiero cargar
especialmente sobre ella— fue nombrada coordinadora de la
desescalada, pero yo veo siempre al señor Illa o al señor Simón, y no a
la señora Rivera, que no se la ha vuelto a ver en cuestiones de pandemia.
En todo caso, hay temas urgentes que no pueden dejar de ser atendidos y
que, por lo tanto, requieren el esfuerzo y el seguimiento de las personas
responsables.


Bajo ese nombre rimbombante de Régimen de
Comercio de los Derechos de Emisión, al final, de lo que estamos hablando
es de un impuesto y, por lo tanto, hay que hacer una reflexión sobre lo
que eso supone. Y no tome mis palabras como si fuera a defender una
postura negacionista, ni mucho menos, son reflexiones sobre la base de lo
que puede ocasionar y todos sabemos que provoca el establecimiento de un
impuesto. Es de primero que una imposición, un tributo o una tasa sobre
un producto provoca, automáticamente, un efecto de reducción de consumo
de ese producto. Lo que intentamos es que reduzcan las emisiones de CO2,
pero llevamos muchos años con un impuesto sobre el tabaco y sobre el
alcohol, y aunque ha habido efectos positivos, indudablemente, esta
sociedad no ha sido capaz de acabar ni con el tabaquismo ni con el
alcoholismo. Por tanto, con el tema de los derechos de emisión hay que
tener muchísimo cuidado con algo que establece la propia directiva y es
evitar el riesgo de la fuga de carbono. Si impones una normativa muy
estricta, unos costes muy estrictos, vas a desviar la producción de esos
bienes a terceros países más laxos en cuanto a la normativa, y, entonces,
vas a mantener las mismas emisiones, o, incluso, más, en terceros países,
que afectan globalmente, pero vas a provocar una pérdida de puestos de
trabajo y de toda la economía que subyace detrás de ese sector.


Yo tuve el privilegio de asistir a una visita
institucional a Gijón, la tierra del señor portavoz, el señor Lastra,
para conocer ArcelorMittal, y la verdad es que hay un problema: para
hacer la colada, el acero tiene que tener carbón. Actualmente, es
imposible obtener aceros, en sus distintas variantes, si no se usa
carbón; y como este sector hay otros muchos. Como se me acaba el tiempo,
continuaré después.


Por lo tanto, como yo decía al principio de mi
intervención, se ha evitado una reflexión, que no un debate, pues, vuelvo
a insistir, que estamos de acuerdo en el objetivo final, sobre las
consecuencias que la aplicación de esta normativa pueda tener sobre la
economía.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señorías.


¿Algún grupo hará uso del turno en contra?


El senador Miranda Martínez, del Grupo
Socialista, tiene la palabra por tiempo de quince minutos.


El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías, a todos y a todas.


Traemos hoy al Pleno esta iniciativa por la que
se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; una ley,
no olvidemos, que ha servido para regular las emisiones de carbono de
manera muy importante; lógicamente no todo es por motivo de la ley, pero
desde luego que ha tenido que incidir de manera importante en la
reducción, que en el año 2019, en comparación con las cifras del
año 2005, es nada más y nada menos, que del 45 %. Supone, por tanto, la
principal herramienta para alcanzar los objetivos de reducción de las
mismas, y justo es decirlo por aquello de que a Dios lo que es de Dios y
al César lo que es del César; además, se aprobó con un Gobierno
socialista, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo
ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que hoy es vicepresidenta de
esta Cámara y a quien le envío un cariñoso saludo. (Aplausos).


Nosotros, los socialistas, por esas fechas, y
antes, ya habíamos tomado perfecta conciencia del grave problema del
cambio climático. Mientras, muchos todavía andaban debatiendo si eran
galgos o podencos, y otros aún hoy —que menos mal que son pocos y
serán menos— siguen negando la evidencia en un claro ejercicio de
irresponsabilidad. Estos, aunque solo fuera por egoísmo, deberían
replantearse su posición, porque —como es sabido— el
colectivo científico coincide en que España será uno de los países
—ya lo está siendo— donde más efectos perniciosos causaría
dicha emergencia climática. Respecto a las enmiendas que han presentado
tanto el Grupo Vasco, como el Grupo Popular, como el Grupo Nacionalista,
tengo que decirles lo mismo que se les trasladó en la Comisión de
Transición Ecológica. Les agradecemos el trabajo, la intención, incluso
el compromiso. No nos cabe ninguna duda de esa intención de introducir
mejoras en este proyecto de ley. Algunas enmiendas de estos tres grupos
ya se incorporaron en el Congreso, en la Comisión de Transición
Ecológica. También quiero agradecerles a todos los grupos presentes en
esta Comisión de Transición su apoyo al proyecto de decreto-ley, que fue
aprobado por unanimidad. Señorías, hemos estudiado las enmiendas
concienzudamente, por si alguna era imprescindible incorporarla, aunque
ello conllevara un retraso en la aprobación de la ley. Paso a detallar un
poco algunas de ellas, por no extenderme en demasía. Algunas de las
enmiendas no las podemos aceptar porque significaría aumentar las cargas
administrativas. Entendemos el celo de los grupos nacionalistas por velar
por sus competencias autonómicas. Yo soy funcionario autonómico de la
administración de Castilla-La Mancha, una región que no existía, carecía
de muchas cosas, aunque tuviéramos el mismo derecho que el resto. He
visto en mi región, con mis propios ojos, cómo la autonomía y la
administración autonómica han sido un acelerador histórico para mi
tierra. He visto cómo donde no había universidad ahora la hay; cómo donde
no había carreteras, ahora las hay; cómo donde no había centros de salud
u hospitales ahora los hay. Por tanto, entiendo que no se puede dudar en
ningún momento del compromiso de los gobiernos socialistas con el modelo
autonómico. Tengo que decir, si se me permite la licencia, como es obvio,
que estos avances territoriales no solo se deben al Estado de las
autonomías, sino también a que los gobiernos regionales apuesten por este
modelo autonómico y por su tierra. Señorías, en Castilla-La Mancha el
recuerdo de los cuatro años en los que estuvo la señora Cospedal los
vamos a olvidar. Por suerte, solo fueron cuatro años, aunque a la mayoría
de los castellano-manchegos se nos hicieron muy largos.


Volviendo a las enmiendas, este proyecto de ley
introduce un artículo 2.bis para incrementar la cooperación y la
colaboración entre la Administración General del Estado —ya lo
comentamos en la Comisión— y las comunidades autónomas. En ningún
momento se merman las competencias de las comunidades. Se trata de un
tema de agilidad únicamente. La presentación de la solicitud en la
Administración General del Estado, que es la competente, no olvidemos
esto, en materia de asignación de derechos, no impide que toda la
información relativa al procedimiento de asignación sea posteriormente
trasladada a la comunidad autónoma para que tenga el expediente completo
de cada instalación. Por tanto, entendemos que no hay ninguna injerencia
ni ningún conflicto competencial con ninguna comunidad autónoma en este
sentido. Otras enmiendas se refieren a asuntos ya regulados en la
normativa de la Unión Europea. Vienen en la propia directiva o en el
reglamento de la Comisión o se proponen disposiciones que chocan con las
disposiciones europeas. También se refieren, sobre todo las enmiendas del
Partido Popular, a asuntos que ya se están discutiendo en el proyecto de
ley de cambio climático y transición ecológica energética, como es la
transición justa o el destino de los ingresos de subastas. En algún caso,
como es el relativo al retraso del plazo, que también planteaba el
Partido Popular, esto podría perjudicar a las empresas, ya que si se
retrasara el plazo sería imposible que las empresas tuvieran sus derechos
de emisión antes del plazo para entregar las emisiones del año anterior.
Por eso en estos momentos, señorías, quiero apelar a la importancia de
aprobar este proyecto de ley. Es urgente —se ha comentado en las
anteriores intervenciones— la aprobación de la ley. Con ella se
regula un régimen que empieza a aplicarse en enero de 2021. Cualquier
retraso adicional supondrá una enorme inseguridad jurídica. Estamos
hablando de que el retraso afectaría a 1100 empresas, a decenas de miles
de puestos de trabajo, responsables de aproximadamente el 45 % de los 313
millones de toneladas de emisiones de efecto invernadero. Señorías, el
apoyo a esta ley lo pedimos con respeto, porque la humildad en el Partido
Socialista es como el valor para los que hicimos la mili, se nos supone;
se nos supone humildes. Somos el partido que da sustento al Gobierno de
España, y si esta ley entra en las Cortes, a pesar del tiempo que lleva
el Ministerio de Transición Ecológica trabajando en ella, es porque se ha
estado negociando exhaustivamente con las empresas y administraciones
implicadas. Toda ley lleva un trabajo y el ministerio ha venido
trabajando en ella desde hace tiempo, no nos la hemos encontrado y ni
mucho menos le hemos dado una patada al balón, señor Juncal. En el
Gobierno socialista nos gusta salir con la pelota jugada desde la defensa
hasta meter el gol en la portería contraria.


Esta ley no es publicidad, esto no es
propaganda. Ustedes saben, sobre todo la derecha, que forma parte de una
estrategia; de una estrategia que es uno de los centros neurálgicos del
proyecto político del Gobierno socialista. Los compromisos son
ambiciosos. Queremos la descarbonización de la economía española, con el
objetivo de evitar el calentamiento global del planeta ocasionado por la
actividad humana, la neutralidad climática. Europa, como muchas veces, ha
sido, está siendo y tiene que ser el referente en la lucha contra el
cambio climático; debe mostrar el camino a otros países —como lo
está mostrando— y a otros continentes. España esta vez no se va a
quedar fuera ni se va a quedar atrás; España, con el proyecto progresista
y el proyecto político de nuestro presidente, Pedro Sánchez, va a liderar
este cambio junto con Europa. (Aplausos). Por suerte, y esto es una muy
buena noticia para el mundo en general, Donald Trump ha perdido las
elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos es el responsable del 19 %
del total de emisiones de gases de efecto invernadero y Biden, el
presidente entrante, ya ha dicho que asumirá los Acuerdos de París. Esto,
señorías, es una gran noticia para este planeta y para el mundo. La hoja
de ruta está marcada: Declaración de emergencia climática, Ley de Cambio
Climático, apuesta clara y decidida por las renovables, Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima... Sabemos lo que queremos y no estamos
locos; también sabemos que si lo hacemos entre todos, todo irá mejor.
Para esto debe servir la política, señorías, también para unir o, sobre
todo, para unir.


Nos jugamos mucho, nos jugamos algo con lo que
no tenemos derecho a jugar, porque no es nuestro, es de nuestros hijos,
de nuestros nietos y de las generaciones venideras. Piensen en ello y en
ellos, y recuerden que una sociedad se define no solo por lo que crea
sino también por lo que se niega a destruir.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En turno de portavoces,
por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrán dos senadores.


Tiene la palabra, en primer lugar, el senador
Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.


Señorías, ya sabemos que diga lo que diga Vox
sobre el cambio climático, siempre se nos va a tachar de negacionistas,
cosa que es una rotunda falsedad. Permítanme que les indique, una vez
más, que ofrecer matices al evidente reto del cambio climático no es
negarlo, no es rechazarlo, no es minusvalorarlo, sino sencilla y
llanamente matizarlo con hechos contrastables y computables. Nos preocupa
que se haya eliminado la revisión de las autorizaciones de emisión de
gases de efecto invernadero cada cinco años. No entendemos que el régimen
de autorizaciones no se revise como hasta ahora. Nos preocupa también la
falta de perspectiva global en la que tanto insistimos desde Vox. España
tan solo representa el 0,7 % de todas las emisiones globales de CO2 al
planeta. ¿No sería más lógico pensar no solo en reducir las emisiones de
CO2 en España, sino también en su absorción a través del apoyo a
tecnologías incipientes, como las tecnologías de captura y almacenamiento
de CO2 o, aun más sencillo, a través de bosques y regadíos, de forma que
podamos convertir los grandes recursos naturales de este país como el sol
o los terrenos en riesgo de desertización, en una oportunidad para
convertir a España en una nación más rica, más verde y más sostenible,
mientras que a la vez fijamos la población en la España vaciada y creamos
cientos de miles de empleos? Permítanme volver a subrayar la importancia
de la perspectiva global sobre este problema. España emite 80 veces menos
kilotoneladas de CO2 que los cinco principales países emisores del
mundo; 80 veces menos, y 9 veces menos que toda Europa. No somos tan
relevantes como para condenar toda la economía de nuestro país a
transformaciones de modelos con una transición suicida que provoque paro,
desprotección y miseria. Por supuesto, esto no significa que en Vox no
defendamos el cumplimiento de aquellos compromisos adquiridos con Europa;
en Vox defendemos cumplir los acuerdos internacionales adoptados, pero
planteándolos desde una perspectiva adaptada a la realidad y a la
necesidad de nuestro país. Si tenemos como objetivo reducir las emisiones
netas de CO2 no nos limitemos solo a restringir las emisiones, sino a
fomentar también mayores absorciones de CO2, a través de estrategias
inteligentes y adecuadas a la realidad de nuestro país. Señorías, esto es
pensar en el medio ambiente, considerando los recursos naturales de los
que disponemos en España, y esta mentalidad de obedecer irreflexiva y
acríticamente todo lo que diga Bruselas provoca no considerar, por
ejemplo, que España es el segundo país de la Unión Europea, tras Francia,
con mayor cantidad de uranio empobrecido en su suelo. A pesar de todos
estos puntos con los que estamos en desacuerdo, en Vox decidimos
abstenernos; por tanto, no apoyaremos este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la
palabra el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.


Si me lo permite, intervendré desde el
escaño.


Como han dicho algunos portavoces, todos
debemos estar de acuerdo o deberíamos estarlo, en la importancia que
tiene la reducción de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente
por lo que producen en el cambio climático. Esa es una realidad
indiscutible y en ningún caso se puede caer en el negacionismo de esta
cuestión tan importante, no solamente para nosotros, sino
fundamentalmente para las generaciones venideras. En esta línea va la
directiva europea y, por lo tanto, nosotros apoyaremos la misma,
incorporando también algunas enmiendas que se han presentado por algunos
grupos parlamentarios, aquellas que tienen relación con las competencias,
con el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y la
relación que se tiene que establecer entre el Gobierno central y estos
gobiernos autonómicos. También hay alguna otra referida a cogeneración,
porque evidentemente la Unión Europea y los países participantes en la
misma o que forman parte de la misma adquirimos unos compromisos en el
Acuerdo de París. En esa línea va esta directiva europea en el
periodo 2021-2030, por lo tanto, a la hora de cumplir nuestros
compromisos debemos entender la misma. Por otro lado, como se ha dicho a
la hora de la reducción de los gases de efecto invernadero, es evidente,
señorías, al menos así lo consideramos nosotros, que se tiene que tener
en cuenta la protección del tejido industrial español, sobre todo porque
no haríamos nada desde el punto de vista de la competitividad de la
industria española, si realmente nosotros estamos poniendo más trabas.
Por lo tanto, son importantes las inversiones que se realicen en aquellas
tecnologías de bajo carbono en esa línea a la hora de salvaguardar la
industria española, tan castigada en este último periodo como
consecuencia de la pandemia. En esa línea, y con esa reserva, nosotros
apoyaremos la directiva europea.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: (La señora senadora
inicia su intervención en catalán).


La señora PRESIDENTA: Senadora Rivero, no puede
intervenir en catalán.


La señora RIVERO SEGALÀS: Discúlpeme, es lo que
tiene le bilingüismo y la lengua materna.


Cuando en el turno de enmiendas decía que no
sabía si pedirles que apoyaran o no nuestras enmiendas, me refería a que
ustedes traen este proyecto de ley, con una modificación muy técnica y
parcial, para adaptarnos a la normativa europea, que reconoce derechos a
toda una serie de empresas, pero que llega ya con la caducidad del 1 de
enero, con lo cual si nosotros la implementáramos para mejorar el texto,
porque entendemos que puede ser mejorable, no llegaría a su término; y en
este sentido nos hemos sentido presionados y creemos que es injusto. Es
injusto para el trabajo de esta Cámara y de los grupos parlamentarios que
aportan iniciativas, y es injusto también por tener esa necesidad de
elegir entre poner encima de la mesa el trabajo que creemos que puede
mejorar el texto o decir que si prospera vamos a crear un agravio a un
sector.


En cualquier caso, vamos a dar apoyo al
proyecto de ley. Volvemos a denunciar que no nos gusta el trámite. A
menudo, y está pasando muy frecuentemente, llegan a esta Cámara,
proyectos de ley —a esta Cámara, a la Cámara territorial, que tenía
que ser la de segunda lectura y la cámara de reposar las leyes, de
revisar las leyes y de mejorar las leyes—, y vemos las leyes como
en un rodillo, ya que prácticamente se nos solicita que no hagamos
nuestro trabajo de mejorarlas. A pesar de ello, y porque no seremos
nosotros quienes pongamos palos en las ruedas para que estas empresas
puedan disponer de estos derechos que les son propios, votaremos a favor
del proyecto de ley.


Gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Vidal
Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


Les Illes Balears y el Mediterráneo son las
zonas con mayor biodiversidad del planeta. Los hot points de
biodiversidad se localizan en zonas especiales, en zonas de transición,
en zonas donde los cambios del cambio climático van a ser más fuertes. El
Mediterráneo lo es. El Mediterráneo es esa zona de frontera entre
diferentes zonas climáticas y, por tanto, donde más se va a notar este
cambio climático. Y por la especial sensibilidad que tenemos en las Illes
Balears invito a estos senadores, que aún son negacionistas, a que miren
las proyecciones de futuro de pérdida del litoral de las Illes Balears
que se han publicado este mes. Los efectos del cambio climático son
devastadores en nuestra tierra.


El proyecto de ley que nos implica hoy en este
debate es la modificación de la Ley 1/2005, de regulación de comercio de
emisiones, y lo hacemos obligados por una trasposición de una directiva
europea, y en ese punto me quiero detener: una aplicación europea
—es importantísimo— en las políticas ambientales de
conservación. Gracias a Europa hemos sobrevivido durante muchísimo
tiempo. Las políticas europeas han sido un pilar fundamental para las
políticas de conservación en este estado; si no hubiera habido directivas
europeas, como la directiva Red Natura 2000, o la directiva de Protección
de aves, o ahora toda la normativa de cambio climático, ¿qué habría sido
del Estado español si hubiera actuado de esa forma, su forma de hacer más
habitual? Por tanto, Europa ha sido un faro en la protección; un faro en
la conservación y un faro en la lucha contra el cambio climático. Nos
gustaría que esa Europa también muchas veces lo fuera en derechos
sociales, porque no es así.


El objetivo de esta ley es la reducción de las
emisiones. No se engañen, hablamos de impuestos, de comercio, de cómo
conseguir hacer flexible el objetivo; esta ley viene a hacer posible que
aquel que no la pueda cumplir, tenga un mecanismo para adaptarse y tiempo
para cumplirla. Es importante dar instrumentos, y esa es la parte que a
lo mejor aquí no se ha comentado con suficiente vehemencia. El objetivo
final es la reducción de emisiones y, para ello, tenemos que cumplir con
Europa, tenemos una obligación con ella, y tenemos que cumplir también
con nuestro planeta. Este mecanismo va a permitir a esas industrias más
complejas, que no pueden acomodarse al ritmo más adecuado, adaptarse; por
tanto, esto lo tenemos que recoger. Pero no nos tenemos que quedar en
esta arquitectura básica. El comercio de emisiones es un instrumento
básico ya desarrollado durante muchísimos años.


Tenemos que avanzar en leyes, como la ley de
cambio climático. Como decía la compañera de Junts per Cataluña, no puede
ser que las leyes de cambio climático de las autonomías acaben en el
Constitucional. Las leyes de las Illes Balears —no somos
sospechosos de ser independentistas— también acaban en el
Constitucional. Por ejemplo, la ley de Residuos —también pionera y
reconocida por la Comisión como una ley a seguir y que la ley estatal,
afortunadamente, copia en muchos aspectos— también fue llevada al
Constitucional. Estos palos en las ruedas no los podemos permitir.
Tenemos que avanzar en fiscalidad verde en el tema de los plásticos, en
el diésel, y que cada territorio pueda regular, para lo que deben
respetar nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, la ley de Cambio Climático
de les Illes Balears regulaba los vehículos de diésel, ¿por qué no puede
avanzar un territorio que se va a ver más afectado de forma más rápida?
Ahí, tendrían que darnos un margen.


Les anuncio que vamos a dar apoyo a las
enmiendas presentadas por Junts per Cataluña y el PNB básicamente porque
respetan las competencias, porque respetan el trabajo que están haciendo
las comunidades autónomas, y la importancia de este Estado
descentralizado, que algunos no lo consideran así. Ya está bien de que
esto no se recoja en que las leyes. Les recuerdo, senadores, que estamos
en la Cámara territorial, y muchas veces da vergüenza leer algunas
mociones o algunas leyes que no tienen claro ese principio; llega a ser
un poco irritante alguna vez tener que recordar constantemente las
competencias. Si tan buenos somos para recordar la Constitución, tenemos
que ser también muy buenos para recordar los estatutos de autonomía y el
reparto competencial que es tan básico.


Ustedes nos decían que había urgencia en los
trámites, porque el 1 de enero tienen que entrar en vigor los nuevos
periodos y 1100 instalaciones se podrían ver afectadas. Estamos de
acuerdo en que se tramite de forma urgente; vamos a ser responsables y a
votar a favor, ¡faltaría más! Pero, por esa misma responsabilidad,
señores del Partido Socialista, ya que ustedes tienen la iniciativa
legislativa en el Gobierno, les pido que se tomen estas prisas en la ley
de cambio climático, en la ley de residuos, en todas las medidas que
tienen que llegar a esta Cámara para que las discutamos con tiempo.
Aprieten el acelerador, porque tienen mucha prisa en según qué temas;
pero hay muchos anuncios del Ministerio de Transición Ecológica que van
cayendo por el camino y no llegan a los textos legislativos. Les pedimos
responsabilidad por un lema muy básico: les pedimos responsabilidad para
que actúen ya. Les pedimos responsabilidad porque, en resumen, no tenemos
un planeta B; por tanto, actuemos ya.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Hervías Chirosa.


El señor HERVÍAS CHIROSA. Gracias,
presidenta.


Hoy nos encontramos ante este proyecto de ley
que busca trasponer las últimas directrices acordadas en el seno de la
Unión Europea dentro del paquete de medidas que vio la luz en el paquete
de invierno de 2016, pero estamos viendo que rápidamente este Gobierno
trae esta ley, con prisas, y los grupos apenas tenemos tiempo ni
capacidad para enmendar, trabajar y poder mejorarla. En el Congreso vimos
que el Gobierno no aceptó las enmiendas de Ciudadanos, pasó el rodillo,
como está siendo habitual en estos últimos meses, sin abrir un diálogo,
sin una escucha activa, sin abrir, en definitiva, las bases para que
podamos mejorar algo tan importante, algo tan necesario, algo que no
entiende de fronteras, como es la lucha contra el cambio climático.


El contenido de la ley no ofrece realmente
ningún problema, no ofrece ninguna duda, pero había algunos aspectos que
se podían mejorar y que Ciudadanos quería señalar a partir de la escucha
activa que realizamos con el sector industrial. Propusimos que se
garantizara que el uso del 20 % del montante recaudado en estas subastas
de derechos de emisión fuese destinado a ayudar al sector industrial. En
cambio, el Gobierno dijo que no, que el sector industrial se buscara un
poco la vida —después, escuchamos al Gobierno decir: vamos a ayudar
a esas 1100 empresas a mejorar—, teniendo en cuenta que España es
uno de los países del mundo donde más se paga. España es uno de los
países del mundo donde más se paga y, en cambio, las ayudas, los
incentivos que deberían darse al fin y al cabo a empresas que crean
empleo, que crean riqueza en nuestro país, no los van a recibir.


En suma, como decía, no existe impedimento para
aprobar este proyecto, pero sí me gustaría aprovechar para reclamar al
Gobierno un poco más de sensibilidad. Es cierto que todos nos damos
golpes de pecho, es cierto que cuando llega el momento todos hablamos y
nos comprometemos en la lucha contra el cambio climático, pero a la hora
de la verdad hacemos una ley tarde, con prisas, en la que no podemos ni
siquiera casi participar. Pero ya les avanzo que el apoyo a esta ley no
va a ser un cheque en blanco de nuestro grupo parlamentario; vamos a
estar y estamos muy atentos a la ley de cambio climático que se está
tramitando actualmente; vamos a mirar con lupa que se cumpla hasta el
último punto, hasta la última medida, de todos los compromisos que se
adquieren, tanto a nivel mundial como europeo como nacional.


Y ya como climatólogo, y, por tanto, como
experto, de la situación de los cambios del clima, que no sufre solamente
España, sino que afectan al conjunto del planeta, simplemente quiero
indicar que el cambio climático es una realidad. Hay gente que dice que
es un fenómeno natural de la tierra, que con el paso de los años va
teniendo esos cambios climáticos naturales que siempre han existido;






pero
hay un dato muy importante, nunca en la historia se había dado un
calentamiento tan rápido, y así lo dicen los paleoclimatólogos, como el
que estamos viviendo a día de hoy.


Señorías, es responsabilidad nuestra, es
responsabilidad de todos, conseguir paliar lo máximo posible las
consecuencias del cambio climático, que pueden ser devastadoras para el
conjunto de la ciudadanía y del país. Así que, pongámonos manos a la
obra, hagamos las cosas con sensatez, con cabeza, sin tantas prisas, sin
pasar tanto el rodillo cuando se presentan enmiendas que buscan, al fin y
al cabo, mejorar este tipo de leyes y, en definitiva, que el cambio
climático que estamos padeciendo, y que va a aumentar en los próximos
años, podamos frenarlo entre todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Eskerrik asko,
presidenta andrea; egun on.


Se debate en este Pleno el proyecto de ley que
modifica la Ley 1/2005, en orden a cumplir el mandato de la
Directiva 2018/410, del Parlamento Europeo y del Consejo. Directiva que
constituye el marco legislativo de la Unión Europea para el
período 2021-2030, en su cuarta fase del régimen de comercio de derechos
de emisión de la Unión Europea, y se configura como uno de los
instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar sus objetivos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en
línea con los compromisos asumidos por el Consejo de Europa y como parte
de la contribución de la Unión Europea al Acuerdo de París. El régimen de
comercio de derechos de emisión de la Unión Europea constituye un hito de
la política de lucha contra el cambio climático y su herramienta
principal para reducir emisiones. Así, en 2020 las emisiones de los
sectores sujetos al régimen será un 21 % inferior a las del 2005, y
en 2030, según el régimen revisado, será un 43 % más baja.


No obstante, hemos mantenido las cuatro
enmiendas que no han sido aceptadas porque queremos evidenciar que en
este proyecto de ley se han incluido una serie de modificaciones de clara
orientación centralizadora, bajo la justificación de la adecuación a la
normativa de la Unión Europea, que, en consecuencia, vienen a aparcar a
las comunidades autónomas de una serie de gestiones que anteriormente les
correspondían.


Señoría, siento discrepar con usted, pero la
modificación de la ley se ha realizado en un sentido contrario al que
predica el artículo 2 bis, sin atender a los principios de colaboración y
de cooperación en materia de cambio climático. Desde el punto de vista de
nuestro grupo, es totalmente criticable la técnica legislativa adoptada
que elimina del contenido de la ley 1/2005 la atribución competencial
señalada de las comunidades autónomas y pasa a atribuir la competencia en
las comunidades autónomas en una norma de menor rango, en un reglamento,
con las consiguientes consecuencias negativas que ello supone en relación
a la atribución competencial establecida y a sus garantías, que siempre
serán menores, al amparo de una norma de rango reglamentario. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


A pesar de todo ello, nuestro grupo votará a
favor de este proyecto de ley porque es un paso necesario para conseguir
reducir los gases de efecto invernadero.


Eskerrik asko. Arratsalde on.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH-Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
mahaiburu andrea. Egun on, senatari jaun andreok.


Hoy debatimos la modificación parcial de la
ley 1/2005, que regula los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. Se trata de una trasposición parcial de la directiva
europea, un requisito de la Unión Europea que ofrece a algunas empresas
los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos de reducción de
emisiones que se persiguen.


Mi grupo considera que es un paso más para
contribuir en la descarbonización y en la lucha contra el cambio
climático y, por tanto, votaremos a favor de este proyecto de ley.


Necesitamos medidas urgentes y eficaces para
realizar una rápida transición energética hacia una economía neutra en
emisiones de carbono. Estamos en medio de una emergencia sanitaria y
climática, y una influye en la otra. Estamos en una legislatura clave
para dar pasos importantes ante el cambio climático y proteger así la
salud humana y la ambiental. Vamos con retraso y, por tanto, reconocemos
la urgencia en la tramitación de este proyecto de ley, pero también
quiero hacer una observación, al igual que han hecho algunos compañeros y
compañeras. Las urgencias no las puede pagar siempre la Cámara Alta, con
menos participación y restringiendo las aportaciones para evitar así
alargar la tramitación. No seré yo quien venga a defender a Madrid la
labor del Senado, pero con estas praxis se deja en entredicho la misión
de esta Cámara, o se tiene en cuenta la aportación de los senadores y las
senadoras en la tramitación de las leyes o sobra el Senado.


El año que viene me vendrán leyes importantes,
como la ley del Cambio Climático y otras; asumimos esta urgencia esta
vez, pero espero que se tome nota para la siguiente y no sea una práctica
habitual.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Presidenta,
señorías.


Señor portavoz del PSOE, su intervención
confirma lo que yo le decía —usted me lo interpreta mal, pero
tampoco tiene mayor importancia—: que ustedes usan propaganda para
vender este tema como factor político. De ahí su loa al señor Sánchez
diciendo que es un programa fundamental, etcétera. Yo, por cierto,
también reconozco a la señora Narbona que en su época se dictó la ley,
pero también quiero poner de manifiesto —y no le quiero quitar
mérito a la persona que ocupa ahora la Presidencia, ni mucho menos—
que es una trasposición, concretamente la 87/2003, de una directiva
europea, y en el 2003 creo que estaba el señor Aznar en el Gobierno de
España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado). Aún hay más, pero aquí no se trata de ver quién hizo más, ese es
un problema que tenemos todos, pero, puestos a recordar, le quiero
recordar que hasta el año 1996 no se creó en España el Ministerio de
Medio Ambiente. Creo que en 1996 también había un señor que se llamaba
Aznar y que nombró a Isabel Tocino primera ministra de Medio Ambiente.
Por lo tanto, yo creo que estamos todos comprometidos en ese tema, porque
es un tema que nos va a todos.


Sigo con lo que estaba diciendo anteriormente.
Hay una crítica a la rapidez del debate y de la tramitación, que no dio
tiempo a muchas reflexiones y, como decía en mi primera intervención, hay
que preguntarse: ¿todos los sectores son susceptibles de digerir esta
tasa de CO2? Unos, por dificultades tecnológicas, como puse el ejemplo
del acero. Otros, como la aviación, que hasta el 2023 no está sujeta a
este mecanismo; pero ¿qué va a pasar después? El transporte marítimo
puede tener algún encaje, como lo ha tenido también el eléctrico con el
GNL —de lo que hablaré a continuación—, pero se me ocurre que
para la aviación va a ser complicado. ¿Cuando funcione el hidrógeno?
Bueno, estamos hablando actualmente de que el hidrógeno va a ser la
tecnología a desarrollar, pero hay que obtenerlo, porque está en estudio,
en fase experimental. Hombre, todos somos conscientes de la crisis que
está sufriendo el país en el sector de la hostelería y en el sector del
turismo por una causa, como es la crisis de la COVID, que lógicamente
pasará; será más tarde o más temprano, pero pasará, es estacional. Pero
si imaginamos que por dificultades económicas se empieza a gravar de
forma imprudente el sector aéreo, deberíamos pensar en las repercusiones
que tendría en el país, porque, indudablemente, por ese aumento de
precio, por esa falta de competitividad se provocaría que se eligieran
otros destinos fuera del país. Ya no es una expulsión estacional o un
parón estacional, como pueda serlo en este momento, ya sería una crisis
mucho más grave.


Respecto al sector eléctrico, casi se le escapa
a usted que se ha cerrado el sector eléctrico gracias al CO2. No, mire,
hay una desaparición muy importante de la mayoría de centrales térmicas
por aplicación de la Directiva 75/2010 —no me importa reconocerlo,
en 2010 estaba el señor Zapatero también—, que marca los límites de
emisiones para las térmicas. Con lo cual, tienen sentencia de ejecución
todas las centrales térmicas en el país excepto dos, que se adaptan a la
normativa de emisiones, como son As Pontes y Litoral, pero en los
años 2019 y 2020 entra ya el factor del precio de los derechos de
emisión, que las pone fuera de juego, dejan de entrar en el pool por
competitividad y, por lo tanto, las empresas deciden cerrar. Y volvemos a
lo de la transición justa: se cierra una central térmica en una comarca
afectada por esa empresa sin alternativa. Y, no nos engañemos: la
electricidad por generación con emisiones se ha sustituido por el carbón
por el ciclo combinado. Es verdad que es mejor 50 que 100, pero los
ciclos combinados siguen emitiendo y no tenemos tecnología sustitutiva
para el respaldo del sector. Pero, vuelvo a insistir: la transición justa
sigue nada más que en un trocito de papel, pero sin medidas efectivas.
Como las electrointensivas, también afectadas por esta normativa, y como
el Gobierno también me dice que juegue a la pelota, pues se le quedado la
pelota en el vestuario, porque llevamos todo este año con el estatuto de
electrointensivas y aún no lo tenemos. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).


Se me ha agotado el tiempo, pero podríamos
hablar del mecanismo de ajuste entre fronteras —que hay que
estudiar—, las dificultades que supone, etcétera.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando,
señoría.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: En fin, creo que se
ha perdido una oportunidad de analizar estas cuestiones y otras más que
son muy importantes, indudablemente, para nuestra sociedad, para nuestro
entorno y, en definitiva, para todos los ciudadanos.


Nada más, presidenta, muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias a usted,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Lastra Valdés.


El señor LASTRA VALDÉS: Muchas gracias, señora
presidenta.


Hace unos días, la sección cuarta del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos decidió dar prioridad a una demanda: seis
jóvenes portugueses de entre 8 y 21 años han presentado una demanda
contra treinta y tres países, todos los de la Unión Europea y alguno más.
Quieren obtener una resolución jurídicamente vinculante respecto al
cumplimiento de los acuerdos en relación con el cambio climático, con el
Acuerdo de París. Son jóvenes, hablan de futuro y hablan de los
compromisos, del cumplimiento de los compromisos. El Acuerdo de París se
puede lograr: se requiere cumplir los compromisos, que para nosotros son
constitucionalmente vinculantes; se requiere transformar el sector, el
modelo económico, el modelo energético, el modelo de movilidad, y se
requiere un nuevo pacto social que incorpore una nueva generación de
derechos y deberes.


El régimen de comercio de emisiones de gases de
efecto invernadero ha sido un instrumento útil y eficaz desde el año 2005
para España. La directiva es de 2003, la trasposición es de 2005, porque
ya no estaba Aznar. Reducir emisiones es un buen objetivo y esta norma es
un buen instrumento para lograrlo y para impulsar la transición justa,
para ambas cosas, que son muy necesarias en nuestro país.


Hay un tiempo para confrontar, señorías,
seguro. También hay un tiempo para acordar. Este es un tiempo para
acordar y esta ley ha puesto de relieve que es conveniente y necesario
acordar. Y quiero mostrar el respeto, el agradecimiento, poner en valor
el sentido de la responsabilidad que mostraron los grupos parlamentarios
al aprobar esta norma en las circunstancias en las que estamos
discutiendo hoy; especialmente a quienes hicieron un esfuerzo mayor, y
menciono a Junts per Catalunya porque ha hecho un esfuerzo mayor sin
renunciar, lógicamente, a la legitimidad de sus propias posiciones. Pero
esta ley tiene que entrar en vigor el día 1 de enero, y todos los grupos
parlamentarios así lo han entendido, para evitar causar un daño a la
actividad económica y empresarial y a aquellos que, teniendo derecho de
emisión gratuito, podrían no tenerlo. Por lo tanto, mi reconocimiento y
mi agradecimiento.


Quiero responder a alguna inexactitud. Reducir
las emisiones no es un problema para la economía; al contrario, es una
oportunidad para su modernización, para apoyarse en la innovación y en el
desarrollo tecnológico. Lo que fue un daño para la economía fue el
decreto de 2011, cuando se limitaron las posibilidades de los inversores
españoles y se desactivó la posibilidad de los incentivos a las
renovables. El decreto del señor Aznar costó 80 000 empleos nuevos,
señorías, 80 000 empleos nuevos (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) y costó la ruina de 60 000 inversores que
habían apostado por la renovación y por las renovables. No es un problema
de que hagamos en nuestro país un esfuerzo mayor en relación con la
responsabilidad que tenemos. He oído que somos responsables del 0,7 de
las emisiones, pero del 0,7 mundial. No nos hagamos trampas: Europa es el
espacio del tercer emisor mundial y, dentro de Europa, España es el
quinto emisor de la Unión Europea, y nuestras emisiones se miden en
millones de toneladas de CO2 equivalentes, ¡en millones! Esto no es un
debate entre la verdad y la mentira sobre el cambio climático, no lo es,
y si lo fuera, si por si acaso lo fuera, no estaría de más recordar, como
decía Wagensberg, que la verdad sirve para encarar el futuro, y la
mentira, señorías, puede servir para intentar soportar el pasado.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley, procedemos a la votación de las enmiendas de conformidad con las
solicitudes de votación separada formuladas por los grupos parlamentarios
—las que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente
al dictamen del Pleno— y votación en un solo acto del resto del
proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática: desde este momento, que son las trece horas y doce minutos,
hasta las quince horas y doce minutos.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A CELEBRAR EL 3
DE DICIEMBRE.


630/000008

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


AUTOR: (GPS), (GPP), (GPERB), (GPV), (GPCs),
(GPCI), (GPN), (GPMX)


La señora PRESIDENTA: Señorías, se pone en su
conocimiento que ha sido presentado un escrito, con número de registro de
entrada 66893, con la declaración institucional del Día Internacional y
Europeo de las Personas con Discapacidad, firmado por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara. Se procede a dar lectura a la declaración
institucional por el secretario primero de la Mesa de la Cámara.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Con la
venia, señora presidenta.


«Con motivo del Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, el Pleno del
Senado reafirma su compromiso unánime con los derechos humanos de las
personas con discapacidad y sus familias.


España, Europa y el mundo entero vuelven a ser
castigados por la pandemia de la COVID-19, siendo esta una crisis sin
precedentes que ha puesto al límite los principios de universalidad,
equidad y no discriminación de los derechos humanos.


En este momento de emergencia sanitaria,
humanitaria y social, los mandatos de derechos humanos deben ser la mejor
vacuna para mitigar los efectos de esta pandemia en las personas con
discapacidad, sus familias y otros colectivos en situación de
vulnerabilidad. Y deben erigirse como un escudo para proteger su
integridad ante las consecuencias sociales, educativas, laborales,
sociosanitarias y económicas de esta pandemia.


Para ello, el Senado pone en valor la Convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, como
imperativo legal en el Estado español y como garante de inclusión,
bienestar y ciudadanía de este colectivo. El potencial transformador de
esta convención redoblará los efectos de cambio social que necesitan las
mujeres y hombres con discapacidad para lograr entornos, relaciones y
comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente,
respetuosas y valedoras de la diversidad como bien de primera magnitud,
digno de promoción y protección.


El Senado, en este escenario tan crítico, quiere
subrayar la labor de las familias de personas con discapacidad que están
cuidando su salud, aliviando sus miedos e inquietudes y defendiendo su
dignidad y derechos.


También quiere aplaudir, como ejemplo de humanidad
y civismo, la dedicación de todo el personal profesional y del
voluntariado que, en circunstancias de riesgo, ha estado en primera línea
garantizando los cuidados, la autonomía y participación de las personas
con discapacidad.


Asimismo, reconoce el trabajo de las organizaciones
de movimiento social de la discapacidad en España, que han estado desde
el inicio de la pandemia vigilantes y poniendo en marcha actuaciones para
defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias,
asegurando los recursos y servicios para proteger su salud, su empleo y
su educación: un tejido asociativo que sigue cooperando activamente, de
forma corresponsable con las administraciones públicas, en defensa del
bien común y que se debe apreciar y recoger su disposición y talento en
la reconstrucción de España.


En este año, en el que el tema del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es
Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de
Desarrollo 2030, el objetivo es promover los derechos y el bienestar de
las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. Esto
nos interpela como sociedad y obliga a los poderes públicos a desplegar
los recursos necesarios para reconstruir mejor después de la COVID-19
por, para y con las personas con discapacidad, garantizando un desarrollo
inclusivo, equitativo y sostenible para el cumplimiento del objetivo y de
la promesa de no dejar a nadie atrás». (Fuertes aplausos).









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE
MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL INTERCAMBIO
AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN
RELACIÓN CON LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE
INFORMACIÓN.


621/000009

Hacienda


COMISIÓN: HACIENDA


La señora presidenta lee los puntos 10. y 10.1.
y 10.1.1.


La señora PRESIDENTA: Por acuerdo de la Junta
de Portavoces adoptado en su reunión del día 1 de diciembre de 2020, se
realizará únicamente el debate al articulado de este proyecto de
ley.


Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Bonet Bonet,
por tiempo de cinco minutos.


El señor BONET BONET: Gracias, señora
presidenta. Señoras y señores senadores.


El proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que se somete a
debate en esta sesión plenaria, tiene por objeto la trasposición de la
Directiva 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica a su
vez la Directiva 2011/16 por lo que se refiere al intercambio automático
y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación
con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información,
norma que se inscribe en el marco de las actuaciones de cooperación
administrativa y asistencia mutua en materia fiscal.


En concreto, la directiva que ahora se traspone
pretende favorecer el intercambio automático de información entre las
autoridades tributarias en relación con los mecanismos fiscales
transfronterizos potencialmente agresivos en los que concurran signos
distintivos indiciarios de fraude o elusión fiscal, estableciendo un
deber de comunicación que facilite la lucha contra la elusión y la
evasión fiscal, pero también con fines disuasorios de la realización de
mecanismos de planificación fiscal agresiva. Así, se establecen
obligaciones de información, declaración de los mecanismos fiscales
mencionados a cargo de las personas o entidades que intervengan o
participen en ellos. Estas medidas se incorporan a nuestro ordenamiento
jurídico en las nuevas disposiciones adicionales vigésima tercera y
vigésima cuarta de la Ley general tributaria.


Este proyecto de ley tuvo entrada en el Senado
el 5 de noviembre pasado y se publicó el mismo día. El plazo de
presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 18 de
noviembre. Se han presentado un total de 9 enmiendas, con arreglo a la
siguiente distribución: números 1 y 2, del senador don Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista; 3 y 4, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos; 5 a 8, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, y número 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


El pasado 24 de noviembre se reunió la ponencia
correspondiente, que acordó elevar a la comisión un informe en el que se
aprobaba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y mantenía en lo
restante el texto remitido por el Congreso de los Diputados. El mismo
día 24 de noviembre, la comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley
y, tras el debate, se sometió a votación el texto propuesto por la
ponencia en su informe, resultando aprobado por unanimidad.


Se han presentado los siguientes votos
particulares: el Grupo Parlamentario Ciudadanos, respecto a las
enmiendas 3 y 4; el señor Cleries i González y la señora Castellví Auví,
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, respecto a las
enmiendas 1 y 2, y finalmente el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
respecto a las enmiendas 5 a 8.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente
de la Comisión de Hacienda.


A continuación, pasamos al debate del
articulado.


En primer lugar, para la defensa de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
señora Castellví Auví por tiempo de tres minutos.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Intervendré desde el
escaño, señora presidenta.


Nosotros hemos querido hacer una modificación
en el preámbulo. Con el presente redactado podría entenderse que el
asesoramiento neutral solo alcanza a determinar la posición jurídica de
un mecanismo o transacción, siendo el análisis de dicha posición jurídica
una materia reservada para abogados. Así pues, quedarían privados de la
dispensa colectivos tan relevantes como consultores, asesores fiscales,
contables, etcétera. Sería necesario, pues, aclarar expresamente en la
exposición de motivos que la interpretación jurídica del encaje de un
mecanismo o transacción no debería ceñirse al servicio profesional que
realizase un abogado en el ejercicio de su profesión, sino que debería
extenderse a cualquier intermediario, como asesores fiscales,
consultores, contables, financiadores, etcétera, que tuvieran una
relación con el mecanismo o transacción, para evitar interpretaciones
limitativas de dicha situación en el futuro.


En la otra enmienda al artículo único 1,
nosotros proponemos cambiar los puntos del redactado. Sería conveniente
que la propia ley incorporara una mayor concreción del contenido de la
información de obligada comunicación y garantizara que dicha información
no vulnera las exigencias que se infieren del deber de secreto
profesional que asiste a los profesionales obligados a su
cumplimiento.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Goñi Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.
Intervendré también desde el escaño por la brevedad.


El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado
dos enmiendas, con el único ánimo de mejorar una ley absolutamente
técnica y nada ideológica, y aunque sabemos que no nos las van a aprobar,
nos gustaría que quedara constancia de ellas.


La primera enmienda es de modificación, porque
se hace necesario incluir una definición más amplia del concepto de
asesoramiento neutral que tenga en cuenta las especialidades de la
profesión del asesor fiscal y del abogado tributario, cuya labor
profesional no queda limitada a la mera evaluación de la adecuación de
una operación a la normativa, sino que se extiende al análisis de sus
posibles consecuencias y alternativas dentro del marco de la economía de
opción. Por otro lado, es necesario remitirse a nuestra normativa interna
para establecer el alcance del secreto profesional. Y, finalmente, es
necesario ampliar el concepto de las profesiones a las que afecta este
precepto.


La segunda enmienda también es de modificación.
Pretendemos dar una definición más amplia del concepto de asesoramiento
neutral eximente de la obligación de informar sobre determinados
mecanismos, que incluya las labores propias de los abogados tributaristas
y asesores fiscales, como la evaluación de las consecuencias de una
operación, el análisis de sus ventajas e inconvenientes y el
planteamiento de posibles alternativas con adecuación a la ley. No
otorgar esta definición más amplia limitaría la labor del asesoramiento
fiscal a una función meramente pasiva, en el sentido de exponer el
régimen jurídico aplicable sin más, lo que no se corresponde con la
realidad de esta profesión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra la senadora Alía Aguado.


La señora ALÍA AGUADO: Presidenta, señorías,
buenos días.


El pasado martes tratábamos en la Comisión de
Hacienda la ponencia sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley general tributaria en el ámbito de la fiscalidad internacional.
Ustedes, señorías del Gobierno, están muy preocupados por este tema, como
nosotros, pues hablamos de medidas antielusión y antifraude fiscal. Sin
embargo, su preocupación es contradictoria si tenemos en cuenta que
dejan, a través de su única enmienda al texto, la entrada en vigor a la
espera de un desarrollo reglamentario del que desconocemos la fecha.
Tratan ustedes de utilizar la función legislativa en un periodo de
excepcionalidad y con una sociedad preocupada por sobrevivir para
introducir sin consenso y a toda prisa puros criterios ideológicos en sus
leyes.


Mi grupo ha presentado cuatro enmiendas con la
finalidad de aclarar un articulado difuso y difícil de comprender.
Pretendemos aclarar con nuestras enmiendas los siguientes puntos. Con la
primera de ellas, el concepto de asesoramiento neutral, básico en esta
materia, y qué profesionales pueden considerarse intermediarios de
acuerdo con la directiva; no solo abogados, sino también asesores
fiscales, contables, etcétera. Una segunda enmienda en cuanto a qué
declaración debería realizarse y el contenido mínimo de esta, qué datos
básicos se deberían incluir sin necesidad de esperar al desarrollo
reglamentario. Una tercera enmienda en cuanto al secreto profesional: la
intención de nuestro grupo es adecuar la cobertura del secreto
profesional al artículo 93.5 de la Ley general tributaria. Y una cuarta
enmienda referente al tema de sanciones, simplificando el contenido y la
graduación.


La ministra Montero, en el Congreso de los
Diputados, daba las razones de esta trasposición, y dudo que tuviera
claro el concepto, pues decía que era necesario ante la situación de
emergencia del covid. Señora Montero, evitar las prácticas ilegales debe
hacerse siempre, no solo en estos momentos, máxime cuando dudo mucho de
que, a nivel económico y fiscal, tanto a nivel nacional como
internacional, las empresas estén planteándose planificaciones fiscales
agresivas, pues los beneficios son mínimos y quien tenga beneficios los
verá bastante reducidos con las armonizaciones fiscales y las subidas
impositivas.


Ahora bien, cuando aprueben el reglamento
llevará consigo un directorio de operaciones gestionado por la Unión
Europea. Estaremos pendientes de que en ese directorio, ustedes, que son
quienes han realizado una verdadera planificación fiscal en tiempos de
covid, reflejen, junto con intermediarios y amigos, todas las operaciones
de compra de material sanitario a empresas sin CIF, sin empleados, sin
acreditar, con domicilios tanto en España como fuera de la Unión Europea.
Si ustedes y sus amigos son sinceros y honestos tendrán que rendir
cuentas a la Agencia Tributaria, primero, y a Bruselas, después, y
podremos saber qué operaciones poco transparentes han sido las de este
Gobierno.


Muchas Gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún grupo hará uso del turno en contra?


Tiene la palabra la senadora Delgado.


La señora DELGADO DÍEZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, no voy a repetir el título de la ley,
pero sí les diré que creo que es más lo que nos une que lo que nos separa
en el contenido de esta trasposición, pequeños matices en sus
enmiendas.


Voy a tratar de explicar y argumentar el
rechazo a las enmiendas y las agruparé en cuanto al contenido, no en
cuanto a los grupos políticos. Las enmiendas 1, 3 y 5 proponen explicitar
que no solo a los abogados, sino también a asesores fiscales, contables,
consultores u otros se les reconoce el deber de secreto profesional a los
efectos de la obligación de información. Quiero indicar que la exposición
de motivos ya reconoce el deber de secreto profesional a todo aquel que
tenga la consideración de intermediario según la directiva, que puede ser
cualquier persona, con independencia de la actividad económica realizada.
La directiva define al intermediario sobre la base de la actividad de
intermediación y no en función de la naturaleza de la persona o entidad
que intermedia.


En cuanto a las enmiendas 4, 5 y 7, proponen
definir lo que se entiende por asesoramiento neutral. Respecto a esta
cuestión consideramos que es reiterativa del concepto ya apuntado en la
exposición de motivos, que alude a que dicho asesoramiento ha de
limitarse únicamente a evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa
aplicable.


Las enmiendas 2 y 6 proponen incluir el
contenido de la declaración en el articulado. Aquí entendemos que el
desarrollo de la obligación de información con el contenido de la
declaración informativa debe recogerse en una norma de rango
reglamentario, a efectos de que sea esta, y no la ley, la que determine
tanto el contenido como los plazos.


Por último, la enmienda número 8 propone
eliminar el agravamiento de la infracción para el intermediario eximido
por el deber de secreto profesional. Es complicado explicar esta
enmienda, pero voy a tratar de hacerlo. El intermediario eximido debe
comunicar dicha dispensa a los sujetos obligados; en caso de no efectuar
la comunicación a los obligados, y estos no hubieran cumplido la
obligación de informar, parece proporcional que la sanción sea igual que
para el supuesto de falta de declaración —es complejo, lo
sé—.


Esto en cuanto a las enmiendas, pero sí me
gustaría dar cuatro pinceladas sobre lo que supone la elusión fiscal.
Vivimos en un mundo globalizado y es bien conocido que la globalización
ha beneficiado a nuestras economías nacionales. Pero no es menos
relevante que el libre movimiento de capitales y trabajo; el traslado de
las instalaciones de fabricación desde ubicaciones de alto coste a otras
de menor coste; la eliminación progresiva de las barreras de comercio; el
desarrollo tecnológico y las telecomunicaciones han tenido un impacto
importante en la manera en que se desarrollan las actividades
transfronterizas. En los últimos años, las principales organizaciones
supranacionales han insistido en la necesidad de prevenir y combatir las
prácticas de planificación fiscal agresiva, reforzando la
transparencia.


Señorías, el informe del estado de la justicia
fiscal 2020 detalla que cada año las empresas multinacionales están
transfiriendo ganancias a paraísos fiscales por valor de 1,38 billones de
dólares. En España, solamente en España, la pérdida total de ingresos en
paraísos fiscales asciende a 4 376 millones de dólares. Estas prácticas
no son necesariamente ilegales, se trata a menudo más de elusión que de
evasión fiscal. Pero este es el problema, en tanto algunas empresas no
tributan en España aunque facturen en nuestro país, concentrando el
grueso de sus ingresos en países de baja tributación. Esto supone no solo
una merma de recursos, sino también una competencia desleal para el
resto. Pero, fíjense, señorías, ¿qué podríamos haber hecho en términos
sanitarios con todos esos millones de dólares? Encontramos la respuesta
en el mismo informe: todos esos recursos que hemos dejado de ingresar en
las arcas públicas nos habrían permitido sufragar la nada despreciable
cantidad de 107 390 salarios anuales de personal de enfermería.


Esta crisis sanitaria provocada por la pandemia
de la covid nos ha dado muchas lecciones, de las que deberíamos tomar
buena nota y no pasar por alto. Una de ellas es la patente y perentoria
necesidad de invertir en un mayor gasto sanitario y de contar con
sistemas de salud más inclusivos, que reduzcan las profundas
desigualdades en lugar de acentuarlas. Señorías, el 26 de noviembre el
Ministerio de Hacienda culmina el reparto de los 16 000 millones de euros
del fondo covid no reembolsable a las comunidades autónomas. Serán un
total de 9000 millones de euros que nos permiten hacer frente a la crisis
sanitaria y garantizar unos servicios de calidad a la ciudadanía. Hoy, a
las puertas de 2021 y con la tramitación de unos presupuestos en la
Cámara Baja, se abre un horizonte de esperanza. Serán unos presupuestos
excepcionales, progresistas y de país; unas cuentas para tratar de
reconstruir, transformar y fortalecer nuestro patrimonio común, para
avanzar hacia una sociedad más cohesionada e inclusiva.


Y mientras el Gobierno trabaja con el firme
propósito de no dejar a nadie atrás —ayudas a autónomos, protección
a trabajadores en ERTE, líneas ICO de financiación a empresas y un largo
etcétera—, me pregunto qué hace el presidente ausente de nuestra
comunidad, el señor Fernández Mañueco, para ayudar a los trabajadores y
autónomos. Pues bien, señorías, la Junta de Castilla y León nos dice a
todos los castellanos y leoneses que pagará ayudas a 12 000 trabajadores
de los más de 180 000 trabajadores afectados por ERTE después del puente
de la Constitución. ¿Y mientras tanto qué, señores del Partido Popular?
Nueve meses después de iniciarse la pandemia y decretarse el estado de
alarma salen ustedes al rescate del 6 % de los trabajadores,
proporcionándoles una mísera ayuda de 500 euros. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista). Reflexione, señor Maroto. Menos
críticas y más hechos.


Pero, además, señor Maroto —también
ausente—, soy soriana, sí, soriana. No sé si le suena; es una
provincia limítrofe con su Segovia, no de adopción, sino de obligación, y
mientras que Castilla y León registra un superávit de 235 millones de
euros en los ocho primeros meses del año, a los sorianos y a las sorianas
nos infligen un severo castigo: nos quitan nueve médicos, nueve médicos
de atención primaria, sobre todo en el mundo rural, que es al que están
dejando sin los servicios más básicos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Somos pocos, pero no por eso merecemos este
trato discriminatorio.


Les voy a dar cuatro datos: somos 89 912
sorianos, con una superficie de 10 303 kilómetros cuadrados (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado) y una densidad
de población de 8,72 habitantes por kilómetro cuadrado, repartidos en 183
municipios y 513 núcleos de población.


La señora PRESIDENTA: Debe ir a la cuestión,
señoría.


La señora DELGADO DÍEZ: Y le digo al señor
Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que todos sabemos
que la sanidad es más cara en nuestros pueblos por la baja densidad y la
dispersión, y que el número de tarjetas sanitarias es menor en el medio
rural que en el entorno urbano.


La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya a la
cuestión, por favor.


La señora DELGADO DÍEZ: Pero, señor Igea,
usted, que se lamenta de su papel como vicepresidente en Castilla y León
porque —y cito literalmente— «Sánchez anuncia el roscón de
reyes y nos deja a nosotros el carbón», tiene una inmejorable ocasión
para decirnos, para anunciarnos, para comunicarnos a todos los sorianos y
las sorianas la reposición de nuestros nueve médicos de forma inmediata,
sin excusas ni pretextos.


La señora PRESIDENTA: Señoría, por favor, vaya
a la cuestión.


La señora DELGADO DÍEZ: Voy concluyendo.


Los recursos no recaudados por no evitar la
elusión fiscal de grandes multinacionales son los cierres de otras
empresas locales más modestas, que no pueden hacer frente a la
competencia desleal de estos gigantes. La elusión fiscal, como la evasión
o las amnistías fiscales, son luego los cierres de consultorios rurales
en Castilla y León. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). El mantra de...


La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya
terminando.


La señora DELGADO DÍEZ: El mantra de «el dinero
mejor en los bolsillos de los ciudadanos», eufemismo para no decir que
aporten más...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. Su
tiempo ha terminado. Muchas gracias.


A continuación, en turno de portavoces, por el
Grupo Parlamentario Mixto, compartirán su tiempo dos senadores. En primer
lugar, tiene la palabra el senador González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


La DAC 6 es una directiva comunitaria que
requiere a los intermediarios y, en determinados casos, contribuyentes,
el reporte, en un período de tiempo muy breve, de determinadas
operaciones internacionales que se considera que pudieran ser un indicio
de operaciones de planificación fiscal agresiva.


El Gobierno entiende que los términos del
proyecto de ley recogen perfectamente el concepto de asesoramiento
neutral y que se encuentran subsumidos como intermediarios los asesores
fiscales, los consultores, contables y financieros, y que no es necesario
mencionarlos. Sin embargo, creemos que es necesario matizarlo, ya que en
caso de un posible incumplimiento estos profesionales quedarían
completamente desamparados y ahora más que nunca necesitamos un marco de
seguridad jurídica que permita a los profesionales desempeñar su labor
conociendo exactamente cómo funcionan todas las reglas del juego. La ley
no establece quiénes tendrían una condición de intermediarios, por lo que
consideramos muy importante reflejar los profesionales que
intervienen.


Y a esto añadimos dos secciones grises que
habrían de aclararse. Una, el secreto profesional. El proyecto de ley
reconoce el deber de secreto profesional a los efectos de las
obligaciones de información señaladas a todos aquellos que tuvieran la
condición de intermediarios de acuerdo con la directiva y presenten un
asesoramiento neutral relacionado con el mecanismo que se limite
únicamente a evaluar su adecuación a la normativa aplicable. En estos
casos, el intermediario no tendrá que informar, trasladando esta
responsabilidad a su cliente. En contraposición, todo asesor que haya
participado de forma activa no podrá ampararse en secreto profesional, de
lo que nos parece se pueden derivar varios problemas. Primero, la
definición es muy vaga, no está claro cuándo se considera una actuación
participativa o neutral. Segundo, en los casos que se considere
participativa, el obligado tributario va a tener la desconfianza a la
hora de explorar posibles opciones con un asesor, ya que para una
operación no es necesario que sea elusiva o fraudulenta. Y, tercero, la
definición no es homogénea entre Estados. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la presidencia).


Y, por otro lado, el régimen sancionador, otra
de las partes grises. En el primer borrador donde se publicaron las
sanciones se calificaban como muy graves, lo cual era desproporcionado
para una obligación de información; lo han bajado a grave, que es más
razonable, pero se debería aclarar. Y el segundo punto es que la sanción
se aplica también a operaciones realizadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la ley. Desde el 25 de junio de 2018, hay países que han
anunciado que no van a sancionar en este periodo. Esperamos que España se
una a esta acción.


Muchas gracias, presidenta.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Gracias, señor González-Robatto.


Tiene la palabra el senador Catalán.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo.


Pues bien, toda ley, todo proyecto de ley, toda
proposición, toda iniciativa que combata el fraude y la evasión fiscal
tienen que ser bien recibidas. En este caso, lo hacemos a través de una
directiva europea, que va a proporcionar el marco jurídico a los países
miembros de la Unión Europea, fundamentalmente para luchar contra este
fraude y esta evasión fiscal transfronteriza. Y para ello, es fundamental
e imprescindible el intercambio de información y la colaboración entre
todos los países de la Unión Europea, para lo cual es necesario, y sobre
todo no hay otra forma de hacerlo para que sea eficaz, que sea un
intercambio automático y obligatorio.


Una vez más, llama poderosamente la atención
que este Gobierno vuelva a tramitar una directiva de estas
características con la lentitud que lo ha hecho. No debemos olvidar que
la propia directiva establece que los Estados miembros adoptarán y
publicarán, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019 las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que den cumplimiento y que,
además, tendrán que ser comunicadas a las instituciones europeas. No
sabemos qué se les ha comunicado, porque se han incumplido todos estos
plazos, pero es que, además, se manifiesta que entrará en vigor a los
veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea,
y dicha publicación fue el 5 de junio del año 2018. La aplicación de la
misma se establece a partir del 1 de julio del año 2020; en este caso
concreto, según la disposición transitoria única, no parece que nos vaya
a dejar fuera de juego.


Pero hablando de fraudes, señorías, teniendo en
cuenta que mañana es el Día de la Comunidad Foral de Navarra, el día de
Navarra, festividad de san Francisco Javier, quiero denunciar una vez más
el fraude que supone para la sociedad navarra, tal como se ha hecho en
otros casos concretos, que se quiera abordar en este momento el debate
del estatus de Navarra, que no se quiera vivir de espaldas a otros
territorios vascos, que se diga que Navarra no ha decidido
democráticamente su estatus jurídico-político, que no hay una relación
con el resto de territorios vascos, que no hay ninguna vinculación
democrática con España, que hay un veto democrático al sentimiento de los
navarros; en definitiva, simplemente que se pongan en duda ahora no solo
la Transición, la Constitución, el Amejoramiento del Fuero, sino que,
además, se haga por parte de aquellos que en este momento son socios
prioritarios del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España. Eso es
vulnerar la voluntad mayoritaria del pueblo navarro y eso es un fraude
para los ciudadanos de nuestra comunidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Catalán.


Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Muchas gracias, señor
presidente.


Esta es una modificación de la Ley general
tributaria, que viene derivada de la transposición de una directiva
del 2018. Seré muy breve.


Nuestras enmiendas, que no se han aceptado
—lástima—, no son de una gran complejidad técnica, sino para
subsanar, a nuestro manera de ver, algún tipo de error o desfase en
relación con el proyecto inicial. Es importante que la norma genere pocas
cargas administrativas y pocos costes directos a los ciudadanos,
fomentando el uso de los recursos públicos, y también es importante que
luche contra la elusión y la evasión fiscal.


A pesar de no haber aceptado nuestras
enmiendas, les avanzo que nosotros vamos a votar a favor del proyecto de
ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Castellví.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias.


El proyecto de ley que estamos debatiendo ahora
supone una modificación de la Ley general tributaria trasponiendo una
directiva. Intentaremos ser didácticos, porque el título, la verdad, no
lo es.


Lo que pretende esta ley es adaptar la ley
actual para evitar fraudes posibles, para luchar contra la planificación
fiscal agresiva, para añadir más transparencia, para facilitar la
colaboración internacional y para que haya unos intercambios más potentes
de datos. Creo que es importante destacar este hecho: la colaboración, en
búsqueda de posibles indicadores de fraude fiscal. Por eso, me han
sorprendido las enmiendas presentadas, y anuncio que no votaremos a favor
de las mismas. Esa necesidad de proteger a esos intermediarios, a esos
asesores —que creo que ya están protegidos suficientemente por la
legislación— o, incluso, bajar las sanciones. Yo creo todo lo
contrario: que lo mejor sería incrementar esas sanciones.


Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo para
apostar claramente por la transparencia fiscal, pero tendríamos que
hacernos otra pregunta para que entiendan de lo que estamos debatiendo:
¿qué es la planificación fiscal agresiva? Son esos mecanismos que
trasladan a otra jurisdicción los beneficios generados para tener un
régimen fiscal más ventajoso, y eso claro que tiene consecuencias. Las
consecuencias son que donde se genera esa riqueza se pierden ingresos
para dar a los servicios públicos. Y eso nos suena, nos suena esa
autorización de la gente que tiene más capacidad económica para
contribuir menos; esos que utilizan todo su potencial de recursos
económicos para contribuir menos al común.


Y si me permiten un ejemplo, aquí estamos
debatiendo sobre esa colaboración a nivel europeo, pero también podemos
hablar de lo que está pasando en el Estado español. Solo voy a dar una
cifra, y no quiero que se me malentienda, es una cifra objetiva: el
dumping fiscal de Madrid cada año supone 4100 millones de euros, el
equivalente al presupuesto de las Illes Balears. Cada año, Madrid deja de
recaudar lo equivalente a nuestro presupuesto en educación, salud, medio
ambiente, transporte, en todo lo que tenemos. Y ayer vi una defensa
enorme, todo el Partido Popular defendiendo esas medidas fiscales. Me
gustaría que, alguna vez, defendieran un modelo fiscal justo para las
Illes Balears, que defendieran nuestro régimen especial con tanto ahínco.
Veo que para beneficiar a los ricos sí lo defienden con mucho
entusiasmo.


Realmente, el fraude fiscal quita recursos a
los servicios públicos. El dumping fiscal quita recursos a los servicios
públicos y contra él tenemos que trabajar.


Si me lo permiten, decían que Hacienda éramos
todos. No, Hacienda somos casi todos, pues si tienes los recursos
necesarios, no vas a pagar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Vidal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Goñi.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.


Señorías, hoy debatimos la transposición de una
directiva europea relativa al intercambio automático y obligatorio de
información en el ámbito de los llamados mecanismos transfronterizos
sujetos a comunicación e información. Se pretende con esta normativa que
nace en Europa tener un mayor control sobre las operaciones fiscales
consideradas potencialmente agresivas.


En Ciudadanos siempre hemos mostrado una gran
preocupación por mejorar y potenciar la lucha contra el fraude fiscal y
muchas de nuestras iniciativas parlamentarias van en esa línea. Sin ir
más lejos, arrancamos al Gobierno la creación de un plan de lucha contra
el fraude hace apenas unas semanas. Eso son medidas de regeneración y
lucha contra la corrupción, señorías, y eso es política útil. La elusión
fiscal contribuye a mantener la tan nombrada brecha fiscal que existe
entre nuestro país y nuestros socios europeos, por lo que en Ciudadanos
siempre nos hemos mostrado más partidarios de perseguir el fraude y de
hacer que los que no pagan paguen, que de subir los impuestos a la clase
media y trabajadora, que es el camino fácil que le gusta a este Gobierno.
Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa, como no puede ser de otra
manera.


Sí queremos destacar, sin embargo, que
consideramos que el texto contiene algunas deficiencias que hemos
intentado subsanar mediante las enmiendas que hemos presentado, entre
otras cosas, porque creemos que su actual redacción puede ser objeto de
una gran litigiosidad en el futuro y que nosotros intentábamos prevenir.
Pero los partidos que apoyan al Gobierno no han querido escuchar, como
tantas veces, y el texto no ha podido ser modificado. Hoy lo lamentamos
nosotros, como oposición responsable, y les aseguro que no nos gustaría
que los ciudadanos lo tengan que lamentar el día de mañana. Pero así son
las cosas cuando se huye del consenso, señorías.


En Ciudadanos planteábamos tres cuestiones
fundamentales. Primera, tratar de definir de manera más concreta el
concepto de asesoramiento neutral, que excluye a quien lo practique de la
obligación de comunicar un determinado mecanismo fiscal. La redacción
actual de la ley establece que el asesoramiento neutral es aquel que se
limita únicamente a evaluar la adecuación o no de un mecanismo de
planificación fiscal a la normativa aplicable. A nuestro juicio, definir
así el asesoramiento fiscal es desconocer absolutamente la labor que
diariamente llevan a cabo abogados tributaristas o asesores fiscales,
que, en el ejercicio de su profesión, no se limitan a valorar si la
operación que le sugiere un cliente es conforme o no a la normativa, sino
que lo normal, lo habitual y lo propio de su trabajo es analizar las
consecuencias de dicho mecanismo y ofrecer alternativas en el marco de la
economía de opción.


Segunda, extender el reconocimiento del deber
de secreto profesional no solo a los abogados que prestan servicios de
asesoramiento legal, sino a todas aquellas profesiones en el ámbito de la
asesoría fiscal, como asesores fiscales, contables o consultores.


Y, tercero, hacer una remisión expresa a
nuestra normativa interna para la consideración y alcance del secreto
profesional de los abogados. La propia directiva europea establece que
cuando la normativa interna de algún Estado miembro regule el deber de
secreto profesional en determinadas profesiones, se deberá hacer una
remisión expresa a ella. Entendemos esta mención expresa no como un
consejo, sino como una obligación. Sin embargo, esto no ha querido
contemplarse en el caso de los abogados, que sí tienen recogida en una
concreta ley nacional esa regulación y ese alcance de su deber de guardar
el secreto profesional.


Mi grupo ha intentado mejorar el texto para
proteger a abogados y a otros profesionales, a los que de manera injusta
a veces se criminaliza, y que están inquietos con este asunto, porque, a
día de hoy, aún desconocen el alcance de las nuevas obligaciones a las
que van a tener que hacer frente.


No obstante lo anterior, mi grupo apoyará el
dictamen final que resulte, al entender que esta es una ley necesaria,
que si bien no debe presuponer, y no presupone, que los mecanismos de
planificación fiscal comunicados a la administración tienen un fin
elusivo, sí servirá, desde luego, para mantener vigiladas aquellas
operaciones que puedan resultar fiscalmente agresivas. Y en Ciudadanos
siempre apoyaremos este tipo de iniciativas, apostando por esa fórmula
liberal e infalible que es perseguir el fraude y mantener los impuestos
bajos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Ciudadanos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Goñi.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.
Intervendré desde el escaño.


El objeto de la modificación de la Ley general
tributaria —ya lo han dicho el resto de senadores— es la de
trasponer el contenido de la Directiva 2018/822, que afecta sobre todo a
los intercambios automáticos y obligatorios de la información en el
ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos
sujetos a comunicación, con el fin de que las agencias tributarias que
correspondan —en nuestro caso serían las forales, que de la misma
manera han realizado la trasposición en sus respectivas normas
tributarias propias— obtengan información completa y pertinente
sobre los mecanismos potencialmente agresivos.


En líneas generales, la citada directiva estima
que la comunicación de información sobre mecanismos transfronterizos de
planificación fiscal potencialmente agresiva puede contribuir de forma
eficaz a los esfuerzos por crear un entorno de equidad tributaria en el
mercado interior, estableciendo la obligación de que los intermediarios e
intermediarias informen a las autoridades tributarias sobre los
mecanismos transfronterizos que potencialmente podrían utilizarse para
prácticas de planificación fiscal abusiva y elaborando un listado de las
características y elementos de las operaciones que presentan claros
indicios de elusión o fraude fiscal, denominados señas distintivas,
señaladas en la directiva.


El origen de la directiva, que, por cierto,
como conocerán, se realiza por unanimidad, habría que situarlo en el
interés de luchar contra la financiación de las actividades ilícitas que
incluye la lucha contra los paraísos fiscales y se instrumenta
fundamentalmente en la obligación de suministro de información sobre
operaciones financieras, y continúa con la lucha contra el fraude fiscal,
para la que el suministro de información de las operaciones es muy útil.
Para nuestro grupo, teniendo en cuenta la importancia del sector naval de
los astilleros en Euskadi, ponemos en valor en la ley la excepción de la
obligación de declarar las operaciones que se basan en regímenes fiscales
comunicados y expresamente aprobados por la Comisión Europea, que
afectaban al tax lease.


Finalizo. Hemos analizado nuevamente las
enmiendas presentadas al texto. Entendemos que el asesoramiento neutral
está en coherencia con lo que se deriva de la directiva, que es clara al
respecto. Lo mismo ocurriría en cuanto a los y las intermediarias;
creemos que las enmiendas supondrían una sobredefinición. Y en cuanto al
secreto profesional, la propia ley tributaria ya la contempla en el
artículo 95.3, motivo por el que no apoyaremos las enmiendas y votaremos
a favor del dictamen de la comisión.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Bildu, tiene la palabra el señor Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias.


Avanzo que el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria va a votar en contra de las enmiendas
presentadas y a favor del dictamen resultante. Antes, querríamos hacer
unas cuantas consideraciones.


A nuestro parecer, los conceptos de
intermediario y de asesoramiento neutral están suficientemente recogidos
en la directiva europea. Consideramos, además, que los intentos de
ampliar los conceptos antes mencionados, al final se acaban convirtiendo
en dispensas que lo que hacen es chocar directamente con el objetivo del
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, que es precisamente la lucha
contra la elusión, la evasión y el fraude fiscal. Asimismo, consideramos
que, en lo que se refiere al secreto profesional —y creo que así lo
comentaron también los letrados en la ponencia y en la comisión previa al
debate en sesión plenaria—, la propia normativa sectorial interna
de los Estados —en este caso, del Estado español— ya se
contempla suficientemente una regulación al respecto.


En relación con las sanciones —hay algún
partido que ha presentado una enmienda, creo que es el Partido
Popular—, queremos hacer una consideración al respecto y es que la
función principal de las sanciones es disuadir y desincentivar esta
evasión fiscal y, por tanto, el hecho de que a través de una enmienda se
intente que algunas sanciones pasen a ser leves y no graves, podría
propiciar justamente lo contrario al espíritu del proyecto de ley que hoy
se presenta.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Rudi.


La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, terminamos hoy el trámite de
transposición de la Directiva 218/822 a la legislación española que
modifica la Ley General Tributaria. Esta directiva ha originado la quinta
modificación que se hace a la original, a la 2011/16, relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Todas ellas han
sido nuevas iniciativas que buscan la transparencia fiscal en las
relaciones entre los países de la Unión Europea; es decir, que buscan la
cooperación de los Estados miembros para el intercambio de información
relativa a materia fiscal y su procedimiento, eso sí, con un escrupuloso
respeto al correcto funcionamiento del mercado interior. Esto ha supuesto
solventar la necesidad de reforzar algunos aspectos específicos de
transparencia en el marco fiscal, sobre todo en lo que se ha venido en
denominar mecanismos fiscales transfronterizos potencialmente
agresivos.


El objetivo de esta directiva es la asistencia
mutua en materia fiscal pero, sobre todo, el intercambio automático y
obligatorio de información ante el uso de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresivos y
acogidos a la elusión fiscal más que a la evasión fiscal; lo que hace
unos años se llamaba ingeniería fiscal.


El Grupo Parlamentario Popular ya lo ha
defendido mediante una serie de enmiendas, pero yo quiero fijar mi
atención en el trámite de esta transposición a la legislación española.
Es una trasposición que ha llegado con retraso porque se aprobó el 25 de
mayo del 2018, como ya se ha puesto aquí de manifiesto. Tenía que haberse
trasladado a nuestra legislación, como muy tarde, en diciembre de hace un
año, de 2019, y debería haber entrado en vigor en el año 2020. El
Gobierno ha tramitado el expediente, como se puede ver por el dictamen
del Consejo de Estado, con bastante retraso y, además, el texto del
proyecto de ley de la transposición de la directiva, en nuestra opinión,
se ha quedado corto e impreciso en su contenido en algunos aspectos.
Todos los grupos que hemos enmendado hemos puesto el foco en la
definición de asesoramiento neutral y en el derecho al secreto
profesional de los profesionales; dos conceptos necesarios para dar
seguridad jurídica a tantos profesionales —no solo abogados, como
ya se ha dicho aquí— que se mueven en el mundo del asesoramiento
fiscal: economistas, abogados, fiscalistas, auditores o consultores.


Además, existe el problema de que el texto de
la ley deja muy incompleta la transposición de la directiva y hasta que
no entre en vigor el reglamento, no se va a poder aplicar. El cuanto al
asesoramiento neutral, el texto es impreciso, jurídicamente hablando, y
va a originar una gran litigiosidad en lo que respecta a los
profesionales que se mueven en este mundo, como puso de manifiesto el
dictamen del Consejo de Estado, y será necesario que la jurisprudencia
sea la que, caso a caso, determine qué es lo que se define por
asesoramiento neutral y, sobre todo, qué casos son los que quedan
protegidos por el secreto profesional, por cuanto la directiva ha dejado
la legislación de esos aspectos a los distintos países miembros.


El Grupo Popular apoyará el proyecto de ley,
como ya hicimos en comisión. También apoyaremos las enmiendas presentadas
por el resto de los grupos, aunque, como digo, este proyecto de ley va a
tener un escaso papel en su aplicación, en tanto en cuanto no se apruebe
el reglamento.


Señor presidente, señorías, no puedo terminar
mi intervención sin hacer referencia a algunas de las algunas cuestiones
que se han dicho en esta tribuna y que no tenían que ver con el asunto
que nos trae aquí. Por una parte, la ponente socialista, la señora
Delgado, ha puesto de manifiesto algunas cuestiones del Gobierno de
Castilla y León y ha criticado —he creído entender— que el
Gobierno de Castilla y León vaya a hacer una aportación a los empleados
en ERTE de 500 euros porque le parecía escasa. Señora Delgado, le
aconsejo que hable con su compañero de partido, el señor Lambán,
presidente de mi comunidad, que ha dado cero euros de ayuda a las
personas en ERTE. (Aplausos).


Por otra parte, en cuanto a lo puesto de
manifiesto por el señor Bonet en referencia al dumping fiscal —creo
que no está en este momento en su escaño— simplemente quiero
decirle, en primer lugar, que lea un poco sobre el dumping fiscal y, en
segundo lugar, me gustaría saber si su partido se cree el modelo
autonómico que tenemos en España, porque el modelo autonómico —veo
que vuelve a su escaño-se defiende por dos cuestiones...


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Vaya terminando, señoría.


La señora RUDI ÚBEDA: Termino, señor
presidente.


La primera, por la autonomía política y, la
segunda, por la autonomía financiera. Perdón, me he confundido de nombre.
Un Gobierno no puede tener autonomía política si no tiene autonomía
financiera y puede decidir cuánto recauda y cómo lo gasta.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Rudi.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Godoy.


La señora GODOY TENA: Muchas gracias, señor
presidente.


No voy a repetir lo que ya se ha venido
diciendo a lo largo de la mañana, y es que estamos ante una modificación
de la Ley 58/2003 de la Ley General Tributaria, que incide en nuevas y
más potentes herramientas de transparencia fiscal, que ayudarán a luchar
contra la planificación fiscal agresiva o abusiva —ya se ha
explicado—, pero les recuerdo que esta planificación implica
jurisdicciones tributarias de varios países. Lo que sí tenemos todos
claro es que, a consecuencia de ello, sufren los ingresos de los Estados
unas mermas considerables y se impide que se apliquen políticas
favorables al crecimiento económico y al gasto social. Luchar contra
estos mecanismos transfronterizos de planificación fiscal es necesario y
debemos dotarnos de un marco transparente y automático de intercambio de
información entre los países implicados, que es lo que trae esta
modificación.


Estas prácticas nocivas son dos: la elusión y
la evasión fiscal. La elusión, ya lo hemos dicho, es pagar menos
impuestos utilizando normas tributarias al límite de la legalidad; ese
asesoramiento que algunos han definido y que se centra en cómo pagar
menos. La evasión es no pagar los impuestos correspondientes a través de
la ocultación de ingresos e información. Les recuerdo que la evasión es
mucho más que el fraude fiscal, porque es fraude tributario, contrabando
aduanero o salida de divisas, lo que supone, por lo tanto, un detrimento
del Tesoro público y de la recaudación de impuestos.


Todos conocemos que determinados intermediarios
financieros y otros asesores fiscales han ayudado activamente a sus
clientes a ocultar dinero en el exterior. Les pongo un ejemplo de esa
merma de ingresos: Europa deja de ingresar 1 billón de euros como
consecuencia de la elusión y la evasión fiscal. En España, solo las
grandes firmas, nos cuestan 5000 millones al año, porque recaudamos
un 20 % menos de impuesto sobre sociedades, que equivale al 0,4 % de
nuestro PIB.






Otro ejemplo: simplemente con recaudar 150 millones de euros
se pueden construir 25 kilómetros de AVE, algo muy necesario en una
región como la mía, Extremadura. (Aplausos).


En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez, en su
lucha contra el fraude, recaudó 15 714 millones de euros, un 4,1 % más
que en 2018, pero un 50 % más que en 2010, con el Partido Popular, que
fueron solo 10 463 millones de euros. Esto se logra gracias al trabajo de
los técnicos e inspectores de la Agencia Tributaria, y no podemos olvidar
el gran recorte que este personal sufrió entre los años 2011 y 2017, con
el Partido Popular, que llevó a un retroceso de más de un 80 % en casos
inspeccionados y millones recaudados. El daño a las arcas públicas lleva
aparejado, por ejemplo, lo que se hizo con las amnistías fiscales. ¿Lo
recuerdan? La amnistía fiscal de 2012, del señor Montoro. Se recaudaron
solo 1200 millones de los 2500 previstos, escasamente el 48 %, pero hay
que recordar que se tributó solo por un 3 %, cuando se les dijo que iban
a hacerlo por un 10 %. Además, también les recuerdo que los que sí pagan
cuando tienen que hacer su declaración pagan un 43 %; es decir, que los
defraudadores se ahorraron cuarenta puntos de diferencia.


El compromiso de este Gobierno en la lucha
contra el fraude fiscal es más que evidente, y sí, ideológica también,
comenzando con el incremento de personal destinado a esta lucha. Por
ejemplo, con Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, la señora Montero,
al cierre de 2019, el número de inspectores y técnicos aumentó de 80
a 546, y con la nueva Ley de lucha contra el fraude fiscal se prevé
recaudar 828 millones directamente, ya consignados en el Proyecto de Ley
de Presupuestos para 2021. ¿Por qué? Porque para el PSOE le regeneración
democrática combate la corrupción y el fraude fiscal, y es obligatorio
seguir combatiéndolo. No podemos abdicar de nuestra obligación. Nuestra
concepción de la economía está en garantizar la distribución de la
riqueza y la reducción de las desigualdades, generar los recursos
suficientes para asegurar y ampliar los servicios públicos. Este Gobierno
trabaja para una economía que traiga asociada una prosperidad justa y
duradera, consolidando los pilares del Estado del bienestar, y por eso
necesitamos mayor volumen de recursos públicos.


Como dijo la ministra de Hacienda en la
presentación de su Proyecto de Ley de las medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, debemos tener tolerancia cero con quien incumple
sus obligaciones fiscales, ya que restan recursos al Estado del bienestar
y suponen un agravio para los contribuyentes y empresas que sí
cumplen.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Vaya terminando, señoría.


La señora GODOY TENA: Señoras y señores, no
puede haber justicia social, si no hay justicia fiscal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Godoy.


Señorías, el plazo para emitir el voto
telemático en relación con este proyecto de ley se abrirá una vez
concluido el debate del siguiente punto del orden del día.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS
MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN
DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, HECHO EN PARÍS EL 24
DE NOVIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR.


610/000021






ACUERDO MARCO DE COFINANCIACIÓN ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO, HECHO EN WASHINGTON EL 23 DE ENERO
DE 2019.


610/000022






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE BIELORRUSIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 14 DE JUNIO DE
2017.


610/000023






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y
SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.


610/000024






ACTAS APROBADAS 'AD REFERENDUM' EN
ESTAMBUL EL 6 DE OCTUBRE DE 2016 DURANTE EL XXVI CONGRESO DE LA UNIÓN
POSTAL UNIVERSAL (UPU).


610/000025






PROTOCOLO ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018.


610/000026






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
DETERMINADAS ELECCIONES DE NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL
TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 21 DE ENERO DE 2019.


610/000028






ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ADOPTADAS 'AD REFERENDUM' EN ADDIS ABEBA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURANTE EL II CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
(UPU).


610/000029






ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE RUANDA, HECHO EN NAIROBI EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2018.


610/000030






DECLARACIÓN, ACTAS Y RESOLUCIONES DE LA
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), ADOPTADAS 'AD
REFERENDUM' EN MONTEVIDEO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 DURANTE EL XXIII
CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y
PORTUGAL.


610/000031






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019.


610/000032






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE PROTECCIÓN MUTUA
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ABU-DHABI EL 3 DE OCTUBRE DE
2018.


610/000033






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 27 DE MARZO DE
2019.


610/000034






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 28
DE FEBRERO DE 2019.


610/000035






ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE
INVERSIONES, HECHO EN BUENOS AIRES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


610/000036






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAPÓN
PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y DE SU PROTOCOLO, HECHO
EN MADRID EL 16 DE OCTUBRE DE 2018.


610/000037






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE
2019.


610/000038






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2019.


610/000039






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL PARA LA
SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO
EN MADRID EL 26 DE JULIO DE 2018.


610/000040



El señor vicepresidente, García-Escudero
Márquez, lee los puntos 11, 11.1, 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4.,
11.1.5., 11.1.6., 11.1.7., 11.1.8., 11.1.9., 11.1.10., 11.1.11.,
11.1.12., 11.1.13., 11.1.14., 11.1.15., 11.1.16., 11.1.17., 11.1.18. y
11.1.19.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): No se han presentado propuestas a estos tratados. ¿Algún
portavoz desea intervenir? (El señor Vidal Matas pide la palabra).


Senador Vidal, tiene la palabra.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


Izquierda Confederal quiere destacar que vamos
a votar en contra del convenio de seguridad con Marruecos. En este
momento, cuando existe un conflicto armado en el Sáhara occidental, no
podemos dar nuestro apoyo. El Estado español lo que tiene que hacer ahora
mismo es tratar con el Sáhara occidental y con Marruecos los acuerdos de
Naciones Unidas, por los cuales tendría que celebrarse un referéndum en
el que el pueblo saharaui eligiera su futuro.


Por apoyo al pueblo saharaui, vamos a votar en
contra. ¡Viva el pueblo saharaui libre!


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Vidal.


¿Algún senador más desea intervenir? (El señor
Martí Deulofeu pide la palabra).


El senador Martí tiene la palabra.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.


Intervengo solo para expresar el sentido de
nuestro voto. Nosotros nos vamos a abstener en el conjunto de los
tratados y convenios internacionales, excepto en el punto 17, exactamente
por los mismos motivos que ha expresado el compañero.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): ¿Algún senador más desea intervenir? (Denegaciones).


Concluido el debate de los tratados y convenios
internacionales, se procede, a continuación, a abrir el plazo para emitir
el voto telemático para la votación de los siguientes asuntos: votación
del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003 General
Tributaria, de 17 de diciembre, en transposición de la Directiva Unión
Europea 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 2011/16 Unión Europea, por lo que se refiere al intercambio
automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información. Se procederá, en primer lugar, a la votación de las
enmiendas que se realizará de conformidad con las solicitudes de votación
separada que han formulado los distintos grupos parlamentarios y, las que
resulten aprobadas, quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del
Pleno. Se votarán también en un solo acto, a continuación, aquellas
partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior. Finalmente, se votará en un solo acto el resto del
proyecto de ley.


También se votarán las autorizaciones de cada
uno de los tratados y convenios internacionales. Para todo ello, se abre
el plazo de dos horas para su votación telemática desde este momento, que
son las catorce horas y veintiún minutos, hasta las dieciséis horas y
veintiún minutos.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO
DE CANTABRIA Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Nº 10L/7900-0001.


592/000007

GOBIERNO DE CANTABRIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN


El señor vicepresidente, García-Escudero
Márquez, lee los puntos 12., 12.1. y 12.1.1.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): No se han presentado propuestas en el sentido de que la
celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


¿Algún senador desea intervenir? (El señor
Marín Gascón pide la palabra).


Senador Marín, tiene la palabra, por tiempo de
cinco minutos.


El señor MARÍN GASCÓN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, este convenio de colaboración entre
Cantabria y Castilla y León se tramitó por procedimiento de urgencia en
el Parlamento de Cantabria y se aprobó por unanimidad, incluidos los
votos favorables de Vox. En dicho convenio, entre los temas tratados,
destaca la sanidad por las dudas que plantea. Respecto a sanidad, dicho
convenio posibilitará la atención en el hospital Tres Mares de 12 219
pacientes de los municipios de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga,
en Palencia, y de Valle de Valdebezana, en Burgos.


La Consejería de Sanidad ya calculó en
septiembre de 2017 que atender a los habitantes del norte de Palencia y
Burgos suponía pasar de 20 000 a 40 000 urgencias anuales y a una media
de 110 urgencias diarias. En aquel momento, el gerente del Servicio
Cántabro de Salud recalcó que era necesario aumentar el personal, ya que,
si no, el aumento de trabajo repercutiría en las demoras y en la calidad
de la atención. Ante esto se plantearon varios interrogantes: ¿Qué
previsión de impacto se calculó sobre la lista de espera? ¿Qué incremento
de personal iban a realizar? ¿Qué inversiones en infraestructuras y
equipos de diagnóstico iban a realizar? A estas preguntas el consejero
respondió que no habían realizado ninguna ampliación de personal y que
tampoco iban a invertir en infraestructuras, lo que probablemente traerá
en un futuro problemas de atención y listas de espera.


Aunque, como he dicho antes, este convenio se
aprobó por unanimidad, incluyendo los votos favorables de Vox, hoy en
día, y ante la respuesta del consejero, siguen vivas dichas dudas, que si
no se resuelven, plantearán graves problemas en la gestión y atención
sanitaria. Sirva este convenio para reivindicar dos de los postulados de
Vox: una sola sanidad y una educación única, no las 17 sanidades y 17
educaciones distintas que tenemos hoy en día. Además, con esto se
evitarían, entre otras cosas, la realización de convenios de colaboración
entre comunidades.


Respecto a la educación, hemos conocido esta
mañana que, por ejemplo, en Cataluña se quiere quitar el 40 % de la
historia de España, dejándola solo en vigor a partir de 1800. Hay
distintos estudios que indican que las generaciones posteriores a 1995
han visto disminuidos sus conocimientos con estos sistemas educativos, y
en los últimos cuarenta años en España hemos tenido ocho sistemas
educativos distintos —es decir, uno cada cinco años—, cada
vez que se ha producido un cambio de Gobierno, con lo cual estamos
educando mal o estamos perjudicando a todas nuestras generaciones
posteriores.


Este sería un momento adecuado para
plantearnos, con cabeza y con serenidad, qué sistema educativo queremos
para España.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Marín.


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de
la celebración de dicho convenio entre los Gobiernos de Cantabria y la
Junta de Castilla y León.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN ADAPTÁNDOLO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


662/000046

GPS


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez,
lee los puntos 13. y 13.1.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
A esta moción no se han presentado enmiendas.


Para la defensa de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rallo.


El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, el próximo domingo, 6
de diciembre, se cumplirán cuarenta años desde que los españoles fueron a
las urnas para aprobar nuestra Constitución de forma abrumadoramente
mayoritaria. Mañana, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, como hemos tenido ya ocasión a lo largo de
la sesión de referenciar, y hoy, señorías, esta Cámara tiene la
oportunidad, diría más, tiene la obligación de honrar ambas efemérides,
apoyando de forma unánime, rotunda, la modificación de un artículo de la
Constitución que, desde hace largo tiempo, hiere nuestra
sensibilidad.


Hace cuarenta y dos años, nuestros constituyentes
consagraron el siguiente mandato constitucional. Dice nuestro texto
constitucional: «Los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos...» Hace cuarenta y dos años este
artículo 49 de la Constitución fue modélico, motivo de orgullo, un
precepto precoz, un artículo vanguardista, que elevó a lo más alto la
visibilidad de una realidad oculta ante la que la sociedad de la época
todavía apartaba su mirada; un artículo pionero en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, orgullo legítimo, por lo
tanto, por un mandato precursor del cambio que se avecinaba para
dignificar su existencia.


Pero hace cuarenta y dos años aún regían textos
internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos
del Deficiente Mental de 1971, o la Declaración de Derechos de los
Minusválidos, de 1975. Hace cuarenta y dos años no era extraño
identificar a las personas con discapacidad a través del uso indistinto
de términos como disminuido, deficiente, inválido, minusválido o
subnormal; sin embargo, hoy, señorías, en 2020, a las puertas de 2021, no
hay sensibilidad humana que soporte estos apelativos. Afortunadamente,
los tiempos cambian, cambia la percepción social, cambian las
mentalidades, cambia la realidad, y con ella cambian las normas, cambian
y deben cambiar en especial las normas constitucionales.


Por eso, el Grupo Socialista propone instar al
Gobierno a presentar un proyecto de reforma del artículo 49 de la
Constitución que lo actualice, adaptándolo a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, y ajustando su
terminología para garantizar dignidad, respeto y sensibilidad hacia las
personas con discapacidad. No se trata solo de palabras, con lo hirientes
que puedan resultar, se trata de actualizar el anclaje constitucional con
una mirada distinta hacia las personas con discapacidad, dejando atrás la
visión de 1978 médico rehabilitadora, para consagrar la plena autonomía
personal, la plena inclusión social de las personas con discapacidad.
Estuvimos a punto de lograrlo hace dos años, en 2018. El Gobierno
socialista aprobó un anteproyecto de reforma del artículo 49 de la
Constitución, una iniciativa impulsada unánimemente por todos los grupos
que integraban la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad del Congreso de los Diputados, y quiero enfatizar esa
unanimidad. Esa propuesta del nuevo artículo 49 fue redactada en
colaboración con el Cermi, el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad; desgraciadamente, la disolución parlamentaria
de 4 de marzo de 2019 impidió la tramitación de esta iniciativa.


Es verdad que esta iniciativa de reforma
constitucional no podrá activarse de nuevo hasta que finalice la vigencia
del actual estado de alarma, por expresa interdicción del artículo 169 de
nuestra Constitución. Pero, señorías, no perdamos más tiempo. Labremos
los consensos necesarios ya, para que millones de personas con
discapacidad y sus familias miren este marco de convivencia, que es la
Constitución, y se sientan aún más integrados en ella. Hagamos, en fin,
una Constitución más inclusiva.


En 1978, señorías, nuestros constituyentes
alcanzaron un abrumador consenso en torno a 169 artículos y 17 376
palabras. Hoy, en 2020, no puede ser más difícil alcanzar idéntico
consenso en torno a un solo artículo, el artículo 49 y, como mínimo, en
torno a una única palabra: esa referencia anacrónica al término
disminuidos. No debería ser tan difícil, señorías. (Aplausos).


Señorías, termino mi intervención con una reflexión
conexa relativa a nuestro momento constitucional, a este momento
constitucional. Señorías, reformar la Constitución es defender la
Constitución, lo sabe cualquier alumno de primero de Derecho, y
deberíamos ser todos muy conscientes. Durante esta semana a muchos se les
llenará la boca de constitucionalismo, apelarán inquisitorialmente a la
defensa del orden constitucional y arrojaran la Constitución contra sus
adversarios, a los que algunos han querido, incluso, convertir en
enemigos políticos. Se equivocarán, señorías. Hoy debatimos un
incontestable ejemplo de la necesidad de actualizar la Constitución a una
realidad viva y cambiante, para evitar la desafección y el desapego de
los ciudadanos. Como tantas veces se ha advertido, se trata de ajustar el
traje al cuerpo, se trata de evitar la rotura de las costuras. Nada pone
más en peligro el orden constitucional que el que norma y realidad
caminen en sentidos opuestos. Es ineludible renovar consensos, es
imprescindible fraguar nuevos acuerdos para un país y una sociedad
distintos, que recorren ya su quinta década de vida constitucional, y esa
es la misión de la política. Los socialistas llevamos intentándolo desde
hace mucho tiempo, no hemos desaprovechado ocasión para invitar a este
reto colectivo; hemos lanzado numerosos guantes: reformar el artículo 49
y no solo suprimir aforamientos, sino revisar la investidura del
artículo 99 para impedir la repetición de elecciones; modernizar el
Estado autonómico; reformar esta Cámara, el Senado; incorporar un
lenguaje inclusivo y reforzar los derechos sociales a la salud, a
pensiones justas y actualizadas.


Señorías, una democracia secular como la
norteamericana ha incorporado 27 enmiendas desde 1787. Democracias
europeas con recorrido histórico similar al nuestro han reformado la
Constitución, su Constitución, en 60 ocasiones en Alemania, 24 en
Francia, 13 en Bélgica o 12 en Portugal. Abandonemos miedos atávicos que
abocan al inmovilismo y a la atrofia. Abandonemos, señorías, bloqueos
ventajistas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Y termino, señorías, recordando la advertencia de
un ilustre jurista: Reformar la Constitución supone abrir un melón. Abrir
ese melón puede tener consecuencias imprevisibles, pero, señorías, el
melón que no se abre, se pudre.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Marín Gascón. Compartirán su tiempo.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, mañana, 3 de diciembre, se celebra el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Por tanto, qué mejor
ocasión para, como hemos hecho, realizar una declaración
institucional.


Señorías del Partido Socialista, en la exposición
de motivos de su moción invocan la Convención de Nueva York de 2006 en
materia de discapacidad, de la que es parte España desde el 21 de abril
del 2008. Con su moción de reforma del artículo 49 de la Constitución,
nos preguntamos si quieren ir más allá de lo que la Convención de Nueva
York dispone con carácter general en materia de discapacidad o solo
pretenden realizar un cambio en la terminología, sustituyendo disminuido
por discapacitado. En lo primero, España suscribió los acuerdos de dicha
convención el 30 de marzo de 2007, los ratificó el 21 de abril de 2008 y
los publicó en el BOE, por lo que no sería necesario ningún cambio una
vez que dichos acuerdos fueron asumidos por España. En lo segundo,
estamos totalmente de acuerdo, puesto que el término correcto es el de
discapacitados, ya que hablamos de capacidades, tanto físicas como
psíquicas y neurológicas. Abandonemos el término peyorativo de
disminuido.


En Vox reclamamos a los poderes públicos la
protección de los discapacitados. Señorías, nosotros estamos aquí para
proteger a todos aquellos que necesiten protección, a los que están en
una situación de vulnerabilidad y necesitan a los poderes públicos; no
podemos olvidarnos de todas esas personas que lo necesitan. Es necesaria
y muy importante la protección de las personas con discapacidad
intelectual y es obligación del Estado y de los poderes públicos, con
arreglo al artículo 9.2 de la Constitución española remover los
obstáculos que tienen las personas con discapacidad intelectual. La
dignidad no está en la capacidad, sino en la condición humana. La
dignidad humana es absoluta.


Dentro de la discapacidad intelectual tenemos una
serie de realidades diversas. En Vox incidimos en la protección de las
personas con discapacidad, y, en concreto, con discapacidad intelectual.
Asimismo, defendemos la protección y el desarrollo de la infancia. En
este sentido, debemos promover una mayor y más eficiente inversión en la
discapacidad en la infancia, garantizando que se asignen los recursos
necesarios, así como promover las acciones necesarias para alcanzar la
igualdad en la infancia, de manera que no se deje a ningún niño atrás.
Hay que convertir la crisis actual en una oportunidad para invertir en el
presente y en el futuro de la niñez y promover las medidas que sean
necesarias para abordar el impacto de la crisis en los niños y
adolescentes con discapacidad, priorizando el abordaje de las cuestiones
urgentes. En Vox consideramos que es el momento de construir un mundo
mejor para los discapacitados infantiles, y para hacer esto realidad será
imprescindible que aseguremos que sus derechos se ponen en el centro de
las medidas de atención a la crisis y recuperación, siguiendo la senda
que marca la aprobación, hace más de tres décadas de la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989. Por ello, reclamamos al resto de grupos
que trabajemos juntos para impulsar acciones legislativas que prevengan
que la crisis originada por la pandemia se convierta en una crisis
duradera para la infancia, especialmente la más vulnerable, la infancia
discapacitada.


En definitiva, todas las personas con todos los
tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.


Por las dudas que nos plantea su moción, como he
expresado anteriormente, nos abstendremos en la votación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra
el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, escuchaba la intervención del portavoz
del Grupo Socialista y asentía con la cabeza porque coincido con mucho de
lo que ha dicho y estoy seguro de que el Partido Popular también
coincide. La Constitución española está hoy vigente, y gracias a la
Constitución hemos avanzado y hemos progresado como no lo habíamos hecho
nunca, sobre todo en libertades y en derechos. Por eso está vigente y más
viva que nunca la Constitución española, y nos tenemos que
congratular.


Llama poderosamente la atención que usted hable de
la Constitución española, que, por cierto, no es inamovible y se puede
modificar cuando se considere oportuno y necesario, pero evidentemente
hay que buscar votos y hay que alcanzar acuerdos. En este caso concreto,
sus compañeros de viaje no son los más aconsejables para un cambio de la
Constitución, dado que ponen en duda la transición democrática en este
país y ponen también en cuestión la propia Constitución española o, en el
caso de Navarra, la realidad institucional y política de nuestra
comunidad. Hoy mismo lo decían sus socios de Bildu, cuando manifestaban
que prácticamente todas las decisiones que se habían tomado en Navarra y
el estatus institucional y jurídico de Navarra no era democrático; una
auténtica barbaridad, desde nuestro punto de vista. La democracia es
democracia, sobre todo cuando respeta la voluntad mayoritaria del pueblo,
en este caso del pueblo navarro y del pueblo español, y por lo tanto,
discrepamos. El mayor problema que tenemos en este momento es que ustedes
están pactando, negociando y teniendo como socios prioritarios tanto en
Navarra como en España, a formaciones políticas que no creen en España ni
en la Constitución. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia). Por eso, ¿se puede modificar la Constitución? ¿Se puede
modificar el artículo 49? Por supuesto que sí, y lo ha dicho usted. De
hecho, ha habido posibilidades de hacerlo, incluso en la comisión que
abordó el tema de la discapacidad en el Congreso, pero también hay un
dictamen del Consejo de Estado que hace algunas matizaciones a la
propuesta que se hizo en su día.


Estamos de acuerdo en que se cambien los términos
de disminuido por discapacitado; la propia Real Academia Española de la
lengua ha hecho ya en su actualización de septiembre este planteamiento
y, por lo tanto, en esa línea yo creo que si nos ceñimos única y
exclusivamente a lo que usted está diciendo, no habrá ningún problema,
habrá mayoría y prácticamente unanimidad, salvo algún grupo que, como
dice, se abstiene. En este sentido, nosotros estamos en contra de la
disposición transitoria cuarta de la Constitución española, que dice que
existe la posibilidad de que Navarra se incorpore a la Comunidad Autónoma
Vasca, lo que es absurdo y no representa la voluntad mayoritaria del
pueblo navarro, pero en otras cuestiones estoy seguro de que nosotros,
Unión del Pueblo Navarro, y la mayoría de los partidos de este país que
se dicen constitucionalistas estaríamos de acuerdo. El problema será que
el desacuerdo, las discrepancias y el rechazo se pondrán de manifiesto
por sus socios actuales.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies presidenta


Amb aquesta proposta pretenen recuperar una
modificació de l’article 49 de la Constitució que ja va ser
començada a tramitar el 2018 amb el consens del Congrés i donant resposta
a la petició que fan les entitats que treballen al voltant de persones
amb discapacitat, no només amb la seva atenció, amb l’atenció a
aquestes persones, sinó també en el reconeixement dels seus drets i la
persecució per aquestes persones, com per a tothom, d’una vida
plena, com a ciutadans lliures i iguals.


En aquest sentit, la modificació de la paraula
disminuït per persona amb discapacitat, creiem que no sols és un canvi
semàntic, sinó una manera de reconèixer que les persones amb discapacitat
no són disminuïts i per tant, no s’han de disminuir els seus drets
a tenir una vida plena, com ja els he apuntat abans.


La Constitució és un text, és un eina, marc que ens
hem donat ara fa ja quaranta anys. És obvi que ha envellit, com demostra
aquesta proposta i tantes altres, ha quedat superada en molts aspectes, i
també en alguns casos, en molts conceptes. No és senyories, com encara
defensen alguns amb declaracions, un text sacrosant, és curiós que
aquells que la sacralitzen no la varen votar. Tampoc la interpretació
d’aquesta eina s’ha fet sempre en l’esperit dels que la
van redactar i la van posar al servei de garantir drets. Ho ha explicat
molt bé el senador proposant quan parlava d’emprar aquesta eina per
anar en contra del enemic. En a mi no m’agrada la paraula enemic,
però sí en contra del diferent, del que té idees diferents, i ha
utilitzat, penso que encertadament, la paraula inquisitorialment.


Senyories, avui donem suport a aquesta modificació,
necessària, perquè igual que creiem que no s’han de sacralitzar les
lleis, per això estem aquí, per canviar-les, tampoc pensem que
s’hagin de criminalitzar per la mala praxis que alguns vulguin fer
d’elles i del seu contingut, posem que parlo de
l’article 155.


Votarem a favor de que s’elimini la paraula
disminuït, i votarem a favor de tantes iniciatives com calgui, que vagin
adreçades a avançar en drets i adequar les normes a la realitat actual.
Ens agradaria que aquesta lluita per els drets fos realment transversal,
i que totes les persones poguessin exercir el seu projecte vital des de
la llibertat. Els recordo que avui tenim presos polítics i exiliats. Deia
Clara Campoamor, que no era independentista, que la llibertat
s’aprèn exercint-la, doncs jo avui els dic aquestes paraules en nom
d’aquells companys del meu Partit, i els que no ho són, que avui no
la poden exercir: serem tant vehements en la lluita per els drets de les
persones amb discapacitat com ho som en la lluita per la llibertat dels
presos polítics i exiliats, i en poder trobar solució per un conflicte
polític, que és realment un conflicte polític, amb la voluntat, creiem,
que si hi ha aquesta voluntat política, els textos han de permetre trobar
solucions.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Con esta propuesta pretendemos recuperar una
modificación del artículo 49 de la Constitución que ya empezó a
tramitarse en 2018, con el consenso en el Congreso y dando respuesta a la
petición de las entidades que trabajan alrededor de personas con
discapacidad, no solo en su atención, sino también en el reconocimiento
de sus derechos y en la persecución de una vida plena como ciudadanos
libres e iguales, como todo el mundo.


En ese sentido, la modificación de la palabra
disminuido por persona con discapacidad creemos que no solo es un cambio
semántico, sino una manera de reconocer que las personas con discapacidad
no son disminuidos y, por tanto, tampoco se han de disminuir sus derechos
a tener una vida plena, como ya he apuntado antes.


La Constitución es un texto, es una herramienta
marco que nos hemos dado hace ya cuarenta años y es obvio que ha
envejecido, como demuestra esta propuesta, y tantas otras. Ha quedado
superada en muchos aspectos y también en algunos casos, en muchos
conceptos. No es, señorías, como algunos todavía defienden, un texto
sacrosanto, y es curioso que aquellos que la sacralizan no la votaron.
Tampoco la interpretación de esta herramienta se ha hecho siempre
atendiendo al espíritu de los que la redactaron y la pusieron al servicio
de garantizar derechos. Lo ha explicado muy bien el senador proponente
cuando hablaba de utilizar esta herramienta para ir contra el enemigo. No
me gusta esa palabra, prefiero hablar del diferente, del que tiene ideas
diferentes y ha utilizado, creo que acertadamente, la palabra
inquisitorialmente.


Señorías, hoy apoyamos esta modificación necesaria
porque, igual que creemos que no se han de sacralizar las leyes
—para eso estamos aquí, para cambiarlas—, tampoco creemos que
tengan que criminalizarse por la mala praxis que algunos quieran hacer de
ellas y de su contenido. Pongamos que hablo del artículo 155.


Votaremos a favor de que se elimine la palabra
disminuido y votaremos a favor de tantas iniciativas como sean necesarias
y que vayan dirigidas a avanzar en derechos y a adecuar las normas a la
realidad actual. Nos gustaría que esta lucha por los derechos fuera
realmente transversal y que todas las personas pudieran ejercer su
proyecto vital desde la libertad. Les recuerdo que hoy tenemos presos
políticos y exiliados. Decía Clara Campoamor, que no era independentista,
que la libertad se aprende ejerciéndola, pues yo hoy les digo estas
palabras en nombre de aquellos compañeros de mi partido, y de los que no
son de mi partido, que hoy no pueden ejercerla. Seremos tan vehementes en
la lucha por los derechos de las personas con discapacidad como lo somos
en la lucha por la libertad de los presos políticos y exiliados, para
poder encontrar solución a un conflicto político, que es realmente un
conflicto político. En este sentido, si existe voluntad política, los
textos nos tienen que permitir encontrar soluciones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Fernández Rubiño.


El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora
vicepresidenta.


Señorías, reformar el artículo 49 de la
Constitución española creo que es algo que puede suscitar un amplio
consenso. Creo que las razones se han expuesto aquí, y es que es una
reforma que creemos necesaria. Hay que actualizar la terminología porque
realmente es absolutamente caduca. En este momento, hablar de disminuidos
es algo que no debería formar parte del vocabulario de nuestra carta
magna, pero es evidente que desde que se redactó la Constitución de 1978,
hasta hoy, han cambiado muchas cosas. En concreto, desde la Convención
Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, de 2006, se
hace aún más imperioso que se actualice el texto. Se trata,
efectivamente, de llevar a la Constitución la dignidad y reflejar la de
las personas con discapacidad, empezando por la palabra con la que nos
referimos a ellas y que, por tanto, eso sirva para pasar también de un
modelo que tiene una mirada asistencialista sobre la discapacidad a un
modelo que tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de derechos
del que son titulares los ciudadanos y las ciudadanas. Ese, sin duda, es
un gran cambio; un cambio que se ancla en algo tan concreto como es la
terminología o el vocabulario. Por lo tanto, no estamos hablando de una
cuestión menor, sino que efectivamente tiene efectos.


Tenemos que señalar que, al tratarse de una reforma
constitucional, quizá no sería necesario empezar por una moción, sino que
el Gobierno, que tiene las capacidades y las atribuciones para presentar
el correspondiente anteproyecto en el Consejo de Ministros, puede llevar
a cabo ese inicio de la tramitación sin necesidad de que en esta Cámara
nos pronunciemos previamente, sobre todo teniendo en cuenta que es
esperable el amplio consenso que ya ha recabado en otras ocasiones y que
puede recabar en adelante. Ciertamente, estamos en este momento en estado
de alarma y, como se ha mencionado, eso impide que se avance en esa
dirección, pero es hora de que pasemos de las palabras a los hechos.


Es verdad que estamos a las puertas del 3 de
diciembre, del día de la discapacidad, y que es un día importante en el
que tenemos que mostrar nuestros compromisos más claramente que nunca, y
desde luego, si lo que se nos pregunta es si nosotros estaríamos de
acuerdo en avanzar en esta dirección, ya lo hemos dejado muy claro, sí,
estaríamos de acuerdo. En este sentido, seguramente esta moción saldrá
adelante con un amplio respaldo y se pondrá de nuevo de manifiesto ese
consenso, pero, como digo, eso se tiene que concretar en calendarios, en
plazos y en anuncios por parte de quien tiene en este momento la
capacidad fundamental de iniciativa en esta dirección.


Precisamente porque estamos a las puertas del 3 de
diciembre, y con esto termino, creo que no es el momento de que desviemos
este debate, que es sobre esta cuestión concreta, que tiene que ver con
algo que suscita consenso, con una especie de pulsión de tirarnos los
trastos a la cabeza con cuestiones políticas que son de otro calado. No
entiendo que en el debate de hoy nos pongamos a hablar sobre los socios
supuestamente del Gobierno socialcomunista y sobre las posibles reformas
constitucionales, cuando estamos apelando a una cuestión bastante
específica y en la que creo que podríamos mostrar el máximo de nuestros
acuerdos.


Evidentemente, también pensamos que no es el único
ámbito en el que se tiene que reformar la Constitución. Desde nuestro
punto de vista, hace falta que se actualice en otras muchas cuestiones
porque, en pleno 2020, más de la mayoría de los españoles con derecho a
voto no tuvieron oportunidad de participar y de votar. Por tanto, nuestro
país tiene que plantearse en algún momento la necesidad de abrir el melón
de la Constitución para otros muchos asuntos. Podríamos hablar, por
ejemplo, de si no habría que rediseñar las atribuciones de esta misma
Cámara o del papel que ejerce, que es una cuestión que los ciudadanos han
planteado en muchas ocasiones y es un debate que está pendiente y que en
algún momento tendrá que abrirse.


Celebro que hoy el portavoz del Grupo Socialista
nos haya dicho que el Gobierno tiene la voluntad de caminar en esa
dirección, de abrir esos debates. Esperemos que esta declaración se
convierta en una realidad y que podamos avanzar en esta cuestión en
concreto, desde luego, porque existe ese acuerdo, pero también en otras
muchas que se han planteado y que podríamos enumerar largamente. Sin duda
hace mucho tiempo que la ciudadanía reclama que se modernice y que se
actualice, no para tirar la Constitución a la basura, no para tirar al
niño con el agua sucia, sino para de verdad tener un país adaptado y en
pleno siglo XXI que haga justicia a la ciudadanía del momento y no a
tiempos pasados, porque sin duda se tendría la mejor de las intenciones,
pero ahora toca mirar al futuro y al presente también.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, el senador Marcos Arias.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.


La Convención Internacional de derechos de las
personas con discapacidad es un instrumento internacional de derechos
humanos de Naciones Unidas cuyo fin es proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad. Fue aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y España firmó esta
convención en abril de 2007. Tras su posterior ratificación, entró en
vigor y, en consecuencia, pasó a formar parte del ordenamiento jurídico
de nuestro Estado el 3 de mayo de 2008.


Más allá de las diferentes manifestaciones del
derecho a la igualdad de trato, igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad que se recogía y que se recoge en el
cuerpo de la convención, uno de los objetivos más importantes, como aquí
también se ha señalado, era impulsar un cambio de paradigma respecto a
las personas con discapacidad, que no deberían considerarse como personas
con minusvalía. La igualdad, señorías, y la inclusión requería, por
tanto, actuar sobre el entorno para eliminar las barreras que impedían
que esta igualdad fuese efectiva. Esas barreras, efectivamente, son
físicas, esas barreras, como aquí se ha señalado, son jurídicas, pero
también esas barreras son sociales para las personas con
discapacidad.


En pasadas legislaturas hemos conseguido avances
importantes. Por ejemplo, el derecho a voto pleno de las personas con
discapacidad, que a la vez removió obstáculos para que pudiesen
participar en jurados o para que pudieran contraer matrimonio en igualdad
de condiciones. También este año hemos visto grandes esperanzas para las
personas con discapacidad, una de ellas esta mañana. En este sentido,
espero que esta Cámara haya aprobado por abrumadora mayoría la
prohibición definitiva de la esterilización forzosa impulsada por Cermi
Mujeres, presentada por mi grupo parlamentario, por Ciudadanos, en esta
Cámara y apoyada, señorías, por unanimidad de todos los grupos que la
componen.


Estas iniciativas se unen a otras que Ciudadanos
también ha presentado en materia de accesibilidad cognitiva o
accesibilidad en viviendas, vía la reforma de la Propiedad Horizontal,
que llegará al Congreso de los Diputados a través de una propuesta de la
Asamblea de Madrid. Esto nos lleva, señorías, al meollo de la iniciativa,
que es el tratamiento de nuestra Constitución a estas personas. Les leo
una parte de ese artículo 49, que ahora mismo dice que los poderes
públicos realizarán una política de previsión, tratamiento rehabilitación
e integración de los minusválidos. Efectivamente, señorías, la palabra
minusválidos hoy nos deja absolutamente perplejos, pero también las
palabras previsión, tratamiento y rehabilitación, que están fuera de la
Convención Internacional de los derechos de las personas con
discapacidad. No vamos a rehabilitar a las personas con discapacidad,
señorías, no les vamos a dar un tratamiento; no, señorías, estamos
hablando de obstáculos jurídicos y obstáculos sociales.


Señorías, tenemos que superar el modelo médico
rehabilitador, el modelo de prescindencia, lo tenemos que superar, y
tenemos que superar también de ese artículo la palabra integración,
señorías, porque hay que hablar de inclusión, no de integración. Por
tanto, compartimos la necesidad de que este artículo se reforme en los
términos que plantea la iniciativa y por ello le adelanté ya a su señoría
del Grupo Socialista nuestro voto a favor. Es verdad, el Grupo Socialista
presenta hoy esta iniciativa, pero también es verdad que ustedes olvidan,
quizás interesadamente —no lo sé— que parte de esa
paralización se debe a que ustedes cambiaron el texto que se consensuó en
la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso. Sin
restar culpas a nadie, pero sin olvidarnos de eso, espero que esta vez
ustedes no obstaculicen el consenso que se produjo, como aquí también se
ha dicho, en la citada comisión, para que esto sea una realidad.
Señorías, por lo tanto, debemos ese cambio a todas las personas con
discapacidad.


El día 6 celebraremos el Día de la Constitución, de
la Constitución también de las personas, hombres, mujeres, niños y niñas,
con discapacidad.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Beltrán de Heredia Arroniz.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, presidenta andrea. Arratsalde on.


El Grupo Socialista nos presenta esta moción que
trae causa del debate que se suscitó en el Congreso de los Diputados
en 2018 y del compromiso adquirido ya entonces por la vicepresidenta
Carmen Calvo, que culminó, como se ha recordado, con la aprobación por el
Consejo de Ministros, en diciembre de ese mismo año, del anteproyecto de
reforma del artículo 49 de la Constitución española, y ya se ha explicado
que por disolución de la Cámara no pudo finalizar esa tramitación. Si es
tal el grado de sensibilidad y tal el grado de preocupación, me pregunto
por qué el Grupo Socialista se ha visto en la necesidad de traer hoy esta
moción para instar al Gobierno a que retome aquel compromiso. ¿Por qué no
han presentado ustedes una iniciativa legislativa articulada para que
podamos debatir esta reforma? Han optado por la fórmula de la moción, a
fin de cuentas, una declaración de intenciones que no sabemos el
recorrido que tendrá o el recorrido que querrán darle.


Coincidimos en que la terminología que utiliza la
Constitución no solamente es obsoleta, sino que es peyorativa, y en que
el enfoque que da a la discapacidad, sustentado en el modelo asistencial
médico-rehabilitador, propio de la época en la que se redactó la Carta
Magna, dista mucho, muchísimo, de las políticas actuales de promoción,
inclusión y desarrollo de la autonomía personal. Afortunadamente, se ha
evolucionado mucho en el modo de conceptualizar la discapacidad, en las
actitudes y en el desarrollo de políticas públicas que remueven los
obstáculos para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio y
disfrute de todos sus derechos, de todos sus derechos. Y en este punto
quiero recordar que el Comité sobre los derechos de las personas con
discapacidad de las Naciones Unidas, en su informe sobre España, en abril
de 2019, hace un explícito reconocimiento a las modificaciones normativas
y legales llevadas a cabo durante los últimos años, pero no hace ninguna
mención a la necesidad de reformar la Constitución, aunque esta moción sí
plantea y muestra una preocupación por la necesidad de avanzar en
cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, con la formación de
profesionales de educación, de salud, también del Poder Judicial, y
recomendaciones como la que hemos aprobado esta misma mañana, que es la
modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización
forzada de las personas con discapacidad.


Abordamos hoy un tema de mucha enjundia: la reforma
de la Constitución, la ley de leyes, que en sus cuarenta y dos años de
vigencia no ha sido reformada nada más que en dos ocasiones: en 1992,
para reconocer el derecho de sufragio a las personas extranjeras, y
en 2011, derivada del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro.
Con la duda, insisto, de su verdadera voluntad de iniciar un proceso de
reforma de la Constitución, vamos a dar un voto de confianza y vamos a
apoyar esta iniciativa, pero también les digo que estaremos vigilantes y
que vamos a ser exigentes, y esperamos que se abra el debate para abordar
esta reforma y también otras reformas que distintos colectivos sociales y
distintas posiciones políticas consideran, y consideramos, fundamentales.
Por poner algunos ejemplos: ¿Para cuándo la adecuación del lenguaje de
género? ¿Por qué no abordar la reforma del Título II, el que se refiere a
la Corona? ¿Para cuándo la supresión del tutelaje del Ejército en la
unidad de España, establecido en el artículo 8? ¿Dónde se sitúa la
voluntad popular? ¿Para cuándo el debate sobre la territorialidad y el
reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado? Muchas cuestiones de
calado en el aire, muchas dudas, pocas certezas. En todo caso, con la
convicción de que hay que seguir dando pasos en el reconocimiento de las
personas con discapacidad y de todos sus derechos, el Grupo Vasco va a
votar a favor de esta iniciativa. En sus manos está que no quede como un
canto de sirena.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra el senador Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Bona tarda.


El día 27 de octubre de 2020, la Comisión
Constitucional del Senado rechazó una moción de mi grupo parlamentario
por la que se instaba al Gobierno a la reforma del artículo 14 de la
Constitución para que se actualizara su redactado original con la
siguiente propuesta: La Comisión Constitucional del Senado insta al
Gobierno a presentar a las Cortes Generales un proyecto de reforma del
artículo 14 de la Constitución que actualice su redacción original,
adaptándola al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ajustando su terminología
a la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la igualdad y no
discriminación también por razón de lengua, opinión política, origen
nacional o social y pertenencia a una minoría nacional. Su voto, señores
del Partido Socialista, fue un no, solo para recordárselo, por si les
falla la memoria. Ahora su grupo nos propone que el Senado inste al
Gobierno, formado por el mismo partido, PSOE, y Podemos, a una reforma
del artículo 49, adaptándolo al Convenio sobre los derechos de las
personas con discapacidad, catorce años después. ¿Nos traen una moción
que insta al Gobierno más progre para que actúe o realmente es un dardo
contra su vicepresidente segundo que no realizó esta propuesta en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y cuya
comparecencia duró menos de veinticinco minutos? Senador Rallo, ¿esto lo
ha reflexionado y promovido su partido o realmente es porque este debate
coincide, por pocas horas, con el día 3 de diciembre, Día Internacional
de las personas con discapacidad? Nos preocupa mucho esta situación,
senadores. A nosotros nos sorprende que el Grupo Parlamentario Socialista
presente esta moción en la que piden la reforma del artículo 49 de la
Constitución para adaptarlo a un convenio y, en cambio, se ponga de
perfil en lo relativo al artículo 14, teniendo en cuenta además que el
artículo 14 no forma parte de la Sección 1.ª ni del Título preliminar,
sino del Título I, Capítulo Segundo, por lo que no debería ser una
reforma agravada de la Constitución. ¿Son ustedes coherentes, senadoras y
senadores socialistas? Entendemos nosotros que no. Recapaciten y no
utilicen a las entidades como medios de presión ni las manipulen; las
entidades que trabajan en este sector tienen su propio camino, y en la
política no debemos manipularlas, pero sí escucharlas y mediar y mejorar
la legislación para que se beneficie, como en este caso, a las personas
con discapacidad. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta
presentada por el Grupo Socialista, pero entendemos que vamos muy tarde,
y no unos meses, sino muchos años, teniendo mayorías del Partido
Socialista en el Gobierno. Es una lástima, pero catorce años
después.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador González.


El señor GONZÁLEZ LA MOLA: Muchas gracias, señora
vicepresidenta. Buenas tardes, señorías.


Sean mis primeras palabras pronunciadas en esta
Cámara para enviar un cariñoso recuerdo y una oración a los fallecidos a
causa de la pandemia de la COVID-19 y un mensaje de fuerza y ánimo para
los que están padeciendo actualmente esta enfermedad, deseando su pronta
recuperación.


Cuando hace cuarenta y dos años se redactó la
Constitución, fue un gran avance para el colectivo de personas con
discapacidad, ya que se le daba visibilidad y protección jurídica, pero
el paso de cuatro décadas ha hecho envejecer el texto constitucional en
este aspecto. Inicialmente, en efecto, era la palabra disminuido del
artículo 49 de la Carta Magna la que se cuestionaba por ser considerada
inapropiada y no reflejar la realidad de las personas con discapacidad.
Aunque ya se ha dicho aquí, es en el Convenio sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre
de 2006, ratificado en noviembre del 2007 y con entrada en vigor en 2008,
donde ya se empieza a utilizar la expresión personas con discapacidad, no
discapacitados, sino personas con discapacidad. Ya señalaban entonces los
implicados la inclusión del sustantivo personas para abandonar por fin
esa expresión caduca y obsoleta que se refiere a ellos con un adjetivo.
Según cuenta Javier Fesser, director de la película ganadora del Goya a
mejor película, Campeones —que todos ustedes seguro han
visto—, a su juicio, el lenguaje termina formando también nuestra
idea, nuestro pensamiento, es decir, el lenguaje termina por hacer una
imagen. Según comenta Fesser, adecuar el lenguaje es más importante de lo
que muchos creen. En la película se trata de evitar cualquier etiqueta,
no adjudicar a nadie una etiqueta que hable de su mayor o menor
capacidad, y eso se hace sencillamente tratando a cada persona con su
nombre, pues colocar etiquetas no ayuda a construir nada ni a avanzar en
nada que se refiera a la integración y a la diversidad, ni en sus valores
ni en sus aprendizajes.


El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, Cermi, ha vuelto a pedir a las fuerzas políticas que
integran el Parlamento que retomen con inmediatez la reforma del
artículo 49 de la Constitución dedicado a las personas con discapacidad.
Esta sería la primera modificación del texto constitucional de carácter
social y el mejor homenaje que se le puede hacer a la ley fundamental
española cuarenta y dos años después de su entrada en vigor. Desde la
perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias, hay que
mejorarla modificando el texto para adecuarlo plenamente en la letra y en
el contenido a un enfoque más exigente desde el punto de vista de los
derechos humanos. Como vemos, el fin último de la reformulación de este
artículo es poner el énfasis en pasar de hablar de las personas con
discapacidad desde un aspecto médico-asistencial a incidir directamente
en los plenos derechos y autonomía que las personas con discapacidad
deben tener en todo momento. Los derechos ya no se reducen exclusivamente
a su atención, sino a que puedan desarrollar un proyecto de vida como
ciudadanos libres e iguales, destacando además, como ha dicho esta mañana
mi compañera Violante, las necesidades específicas de niñas y mujeres con
discapacidad. Para culminar esta reforma, solamente tienen que recuperar
los trabajos preparatorios que se llevaron a cabo en legislaturas
anteriores, muy adelantados en cuanto a la redacción, y que contaron con
un gran consenso político y cívico.


Por último, me gustaría señalar a las señorías del
PSOE que la misma sensibilidad y necesidad de consenso que propugnan en
esta moción sobre las personas con discapacidad deberían haberla tenido
en la redacción de la ley de educación, LOMLOE, para garantizar la
existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la
red pública como en la red privada concertada, como elementos importantes
de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las
familias la opción más adecuada a sus intereses y sus necesidades. En
fin, creo que todavía están a tiempo de hacerlo.


Por lo tanto, y como se deduce de nuestra
exposición, queremos manifestar que el Grupo Popular votará a favor de
esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.


Señoras y señores senadores, sinceramente creo que
debemos congratularnos, felicitarnos por el ambiente, el tono y las
distintas posiciones manifestadas a lo largo del debate que confluyen, no
solo en una amplísima mayoría de apoyo a la moción que hemos presentado,
sino en la práctica o casi unanimidad de esta Cámara, una casi unanimidad
que incluso se revaloriza, se dignifica con ese disenso anecdótico, con
esa abstención anunciada por el Grupo Vox. Seguramente, hablando de la
Constitución, hablando de pactos, hablando de acuerdos, hablando de
consenso, hablando de dignidad, hablando de derechos, que se sumara Vox a
esta amplísima mayoría sería más un motivo de duda, de preocupación, y,
en consecuencia, damos por muy bueno que esa sea la posición de Vox, que,
como digo, revaloriza y dignifica este amplísimo acuerdo en el día de hoy
en esta Cámara.


Hay algunas cosas que, sinceramente, creo que no
tocaban hoy; realmente, por respeto hacia lo que significa esta semana,
lo que significa el día de mañana para con los destinatarios del Día
internacional de las personas con discapacidad, hablar hoy de Navarra o
hablar de otros temas, creo que no tocaba, no todo vale. Creo que,
sinceramente, ese no era el camino que ha elegido Unión del Pueblo
Navarro. En todo caso, hoy discutimos lo que discutimos, y esa es la
posición del Partido Socialista respaldando al Gobierno. No cabe ninguna
duda del compromiso de este partido y de este Gobierno con las reformas
que necesita nuestro texto constitucional. Lo he dicho en mi primera
intervención, la invitación constante que hemos hecho a numerosas
reformas, y en particular a esta, hace dos años, con acuerdo del Consejo
de Ministros, aprobando un anteproyecto, recorriendo el trámite.
Preguntaban por qué no se formaliza una propuesta. Es evidente, el
artículo 169, a fecha de hoy, lo prohíbe, no se puede iniciar un
procedimiento de reforma constitucional. El Gobierno está preparado para
hacerlo en cuanto acabe, el compromiso es inequívoco, y esta es una
magnífica oportunidad, una magnífica oportunidad, en el día de hoy, ahora
y aquí, para realizar ese acto de reafirmación, de compromiso político,
con tantos millones de personas, con tantas familias que necesitan de ese
calor que les puede y debe proporcionar la política.


Hay alguna otra cosa que tampoco tocaba en la
intervención del Grupo Parlamentario Popular. Yo no voy a romper el clima
amable en el que se está desarrollando este debate, pero sacar el tema de
la supresión de la educación especial, cuando el programa electoral del
Partido Popular proclama alto y claro que pretenden garantizar el derecho
de padres de niños con discapacidad a elegir la educación que quieran
para sus hijos, tanto en centros de educación especial como en centros
normalizados, asegurando en este último caso que los centros dispongan de
profesorado adicional para la implementación de medidas inclusivas, pues
no parece que sea muy pertinente, muy idóneo, muy acertado, y lamentamos
esa incursión. Pero tampoco vamos a entrar mucho más allá, porque creo
que hoy lo que nos convocaba era otra cosa, era y es este compromiso
colectivo, amplio, casi unánime de esta Cámara con la reforma de este
artículo y con la necesidad de adaptarlo al convenio internacional. Yo
diría que esta actitud ha abandonado el conservadurismo y ha apostado por
cambio y por progreso a través de una iniciativa limitada, obviamente,
modesta, seguramente no tanto para esos millones de personas que son los
destinatarios, pero relevante. Y también tengo que decir que con esta
amplísima mayoría que hoy se identifica en esta Cámara da la impresión de
que algo empieza a moverse en la derecha española. Qué diferencia, cuando
discutimos hace pocos días, pocas semanas, una moción del PP sobre la
defensa del orden constitucional. Algo parece que se está moviendo,
nosotros lo celebramos, les invitamos a seguir ese camino, no
desaprovechen la ocasión, honren la Constitución, háganlo en una semana
como esta, en la que se cumplen dos años de retraso en la renovación del
Consejo General del Poder Judicial, abandonen el bloqueo (Aplausos) y con
ello ayuden a renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del
Poder Judicial, el Defensor del Pueblo. Sinceramente, les irá mejor a
ustedes y a España.


Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.— Protestas).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Señorías, a continuación se procederá a la votación
telemática de esta moción en sus propios términos. Se abre la votación de
este asunto a las quince horas y veinte minutos hasta las diecisiete
horas y veinte minutos.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PONER
EN MARCHA DE MANERA INMEDIATA EL DESARROLLO NORMATIVO QUE REQUIEREN LAS
MEDIDAS INCORPORADAS EN EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN
DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA, APROBADO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN
EL AÑO 2018.


662/000044

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 13.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la
defensa de la moción, tiene la palabra el senador Lorenzo Torres.


El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes a todos.


Traemos hoy aquí para su aprobación y para su
consideración una moción que habla de un compromiso adquirido por el
Parlamento y, sobre todo, de una deuda que teníamos con el sector
cultural. Como ustedes saben, en el año 2016 se creó una comisión en el
Parlamento para que estudiara el problema que tenían los artistas: la
Subcomisión para el estatuto del artista. Nació de un acuerdo de la
subcomisión en el año 2016 y fue aprobado en el año 2017. Yo recuerdo que
participé activamente en esa comisión con otros miembros de todos los
partidos políticos, algunos aquí presentes, y en la exposición de motivos
decíamos que el modelo legislativo a nivel estatal era totalmente incapaz
de responder a las necesidades específicas de los trabajadores y las
empresas del sector cultural y de las industrias técnicas en las que se
apoyan. Hablábamos de cultura como un bien común, como un motor
económico, como un derecho fundamental, y reconocíamos que los
profesionales de la cultura no tenían unas condiciones laborales dignas y
carecían de leyes que completasen sus especificidades, y nos
comprometíamos entre todos a dar una respuesta transversal y de consenso
que diera soluciones a los problemas y las demandas más urgentes.


Tuvimos un año de intenso trabajo —yo lo
recuerdo bien—, empezamos y nos pusimos en comunicación con todo el
sector: desde los guionistas —que fueron los primeros en venir a
hablar a la subcomisión—, hasta los sindicatos, pasando por todo
tipo de trabajadores culturales: artistas, pintores, representantes de
circo, danza, sector audiovisual, videojuegos, etcétera, todos nos
hicieron sus aportaciones y, además, nos aportaron informes desde el
punto de vista de expertos, abogados y técnicos. Como resultado de
aquello, la comisión aprobó —posteriormente fue aprobado en
pleno— 75 medidas urgentes que tenían que llevarse a cabo para lo
que se denominó el Estatuto del artista; 75 medidas muy importantes. De
hecho, yo recuerdo perfectamente en aquella sesión en la que se aprobó
—creo recordar que por unanimidad—, la alegría que todos
habíamos tenido y, sobre todo, el espíritu de consenso que había cuando
se iniciaba un nuevo periodo legislativo. Así lo habíamos manifestado. A
partir de ese momento, se iba a legislar la situación de los artistas,
sobre todo, la especificidad de su relación laboral; se iba a regular la
intermitencia; hablábamos de la diversidad; hablábamos de que íbamos a
regular también desde la perspectiva de género para combatir la
desigualdad entre los hombres y las mujeres dentro del mundo de la
cultura; hablábamos por primera vez de las profesiones técnicas y de las
industrias técnicas de la cultura y los eventos; nos comprometíamos a
regular las transacciones profesionales; y hablábamos también de que,
según el artículo 44 de la Constitución, para garantizar la cultura había
que reconocer la labor de los profesionales, otorgándoles las condiciones
materiales dignas y necesarias para llevar a cabo su trabajo. Recuerdo
que se dijo que la XII Legislatura iba a ser la legislatura de la
cultura; sin embargo, a partir de ese momento, a partir de esa
aprobación, nada se ha hecho. Y ya sé que me van a decir que hubo dos
reales decretos, pero son dos reales decretos sin contenido y, sobre
todo, no reflejan las 75 medidas. Yo hice un estudio de esos reales
decretos y, realmente, de las 75 medidas, solo hay una, la de rebajar el
IVA, porque la otra que había sobre la cuota a la Seguridad Social en
períodos de inactividad de los trabajadores no fue acogida por casi
ningún trabajador y, si no, consulten los registros del Ministerio de
Seguridad Social, porque era totalmente inoperante. Y la otra gran medida
que se aprobó: compatibilizar los derechos de creación artística con la
pensión de jubilación, se quedó en eso, solo los derechos de creación,
que implicaba una originalidad. Por lo tanto, todos los actores y todos
los miembros del sector cultural se quedaron sin poder acceder a esa
compatibilidad. Por cierto, a día de hoy, en el sistema informático del
ministerio no son capaces de poner la clave para que puedan indicar a
esas personas, al menos a los creadores, que sí pueden compatibilizar
dicha contribución con esos ingresos.


Por lo tanto, las medidas tomadas hasta el día de
hoy han sido muy escasas. Y de repente llegó la pandemia. Y si algo nos
ha enseñado la pandemia es el problema que tenía el sector cultural. Yo
recuerdo, claramente, cuando el ministro, señor Uribes, dijo en aquella
comparecencia que no iba a tomar ninguna medida con respecto al sector
cultural porque ya estaban tomadas en otros ministerios y eso también
afectaba a los trabajadores culturales. Después se dieron cuenta de que
ningún trabajador cultural, por la especificidad de su trabajo, por la
intermitencia de su trabajo, podía acceder a ningún tipo de ayudas, y
entonces empezó esa política que yo llamo de parcheo, de reales decretos,
del Real Decreto 17/2020, corregido, por supuesto, por el Real
Decreto 19/2020, porque ustedes —es verdad— siempre tienen
que corregir, y cuando corrigen, a veces aciertan y otras veces, no.
(Aplausos). Desde luego, en el mundo de la cultura no han corregido,
porque casi todo el sector cultural se quedó sin poder acceder a esas
ayudas, porque los requisitos que ponían ustedes en esos decretos para
poder acceder a las ayudas no los podían cumplir, porque ustedes no saben
o no entienden lo que es el trabajo del sector cultural, no saben lo que
es la alternancia, no saben lo que es la precariedad. Y ahí están.


Decía hace un momento mi compañero socialista que
habían pasado dos años y que estábamos boicoteando el nombramiento del
Consejo General del Poder Judicial. Pues yo les digo a ustedes lo mismo:
han pasado dos años desde que se aprobó el Estatuto del artista y aquí no
se ha hecho nada al respecto. (Aplausos). Y es más, si hay un sector que
está sufriendo, es el de la cultura. La pandemia ha sido un ataque
frontal y brutal contra todos los trabajadores culturales. No pueden
trabajar, no les dejamos trabajar y llevan muchos meses sin trabajar,
incluso los técnicos o los de la tauromaquia tardaron ocho meses para
poder acceder a unas ayudas, ayudas que, por otro lado, sonrojan, porque
la ayuda es por tres meses y menos de 420 euros al mes. Es así como lavan
ustedes sus conciencias respecto a los trabajadores de la cultura. Pero,
bueno, estamos aquí y por eso quiero hacer este llamamiento a todas las
fuerzas parlamentarias que nos encontramos en el Senado, para que, entre
todos, volvamos a buscar ese consenso, volvamos a encontrar ese consenso
y exijamos al Gobierno que desarrolle esta normativa.


Les voy a decir una cosa. En el Real Decreto de 28
de diciembre, aquel real decreto primero que se emitió respecto al
Estatuto del artista, el Gobierno se comprometió a que en el plazo de
seis meses iba a regular la nueva relación laboral de los artistas. Han
pasado dos años y tampoco tenemos esa regulación laboral, y si hubiera
existido esa regulación laboral, a día de hoy, ni el sector cultural ni
las empresas culturales habrían pasado todo lo que están pasando con esta
pandemia. Son los grandes olvidados: el 90 % de los músicos no ha podido
acceder a ninguna ayuda, ninguna de las orquestas de este país ha podido
acceder a ninguna ayuda. Esa es la realidad en la que nos movemos. De
nada nos vale hacer aquí declaraciones institucionales aprobadas por
todos defendiendo la cultura si después no somos capaces de legislar
sobre la cultura, y si la XII Legislatura fue la legislatura de la
cultura, esperemos que esta sea la legislatura de la legislación, de
legislar sobre los artistas, de legislar sobre los trabajadores
culturales, de legislar sobre las empresas del sector, que también es
necesario, pues participan de la especificidad que tienen los
trabajadores. Ese es el llamamiento que hacemos. Pónganse ustedes a
trabajar. Este Gobierno tiene que ponerse a trabajar en la cultura,
porque más de un 30 % de las personas que trabajaban en la cultura ya no
están afiliadas a la Seguridad Social, se han tenido que ir, y hay una
gran pérdida de talento en el mundo de la cultura; se tienen que marchar
porque nadie les ha echado una mano. Pasemos ya la página de las grandes
alharacas, pasemos ya la página de las grandes declaraciones
institucionales y empecemos a legislar, que es lo que tenemos que hacer:
dar respuesta y dar soluciones a los problemas que tiene el sector
cultural. Háganlo y, si no saben hacerlo o no quieren hacerlo, díganselo,
pero dejen de engañar más a las personas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


A esta moción se han presentado cuatro enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Vasco, para cuya defensa tiene la palabra la
senadora Otaola Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.


Pretendemos con nuestra enmienda dos cosas muy
sencillas. La primera sería la comparecencia semestral del ministro de
Cultura y Deporte ante la Comisión de Cultura y Deporte, con el fin de
informar sobre el avance en el cumplimiento del Estatuto del artista.
Comparto casi todo lo que ha expuesto el proponente de la moción en
cuanto a que, efectivamente, el sector cultural está abandonado y que en
lo que hay que avanzar es en el Estatuto del artista. Creemos que es
necesario ese cronograma y que se nos vaya dando cuenta de los avances
que ha habido en todas estas medidas. La segunda, que se declare la
cultura como bien de primera necesidad, principalmente, porque ello
afectaría también al IVA y a la posibilidad de que, siendo declarado un
servicio esencial, en situaciones como la que hemos vivido de la
pandemia, las librerías y demás establecimientos que no son de consumo
cultural, pero sí de productos culturales, pudieran estar abiertos. Esas
son nuestras dos enmiendas, que mejoran o amplían la solicitud de la
moción presentada.


Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.


Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Serrano
Morales.


La señora SERRANO MORALES: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes, señorías.


La cultura nos emociona, nos hace sentir y vivir,
pero también es un trabajo que merece una remuneración justa y la
necesidad de desarrollarlo con derechos y obligaciones en los distintos
ámbitos del proceso cultural, teniendo en cuenta sus características de
intermitencia y estacionalidad y prestando especial atención a la
desigualdad entre mujeres y hombres, relevante en el sector. Compartimos
estas consideraciones recogidas en el informe de la Subcomisión para la
elaboración del Estatuto del artista, aprobado por unanimidad en el
Congreso el 6 de septiembre de 2018. Desde entonces, el Gobierno no ha
dejado de trabajar para desarrollarlo. Apenas tres meses después de la
aprobación del informe, el Real Decreto Ley 26/2018, de 28 de diciembre,
dispuso medidas como la reducción del IRPF en los rendimientos de la
propiedad intelectual, la bajada del IVA en los servicios prestados por
intérpretes, directores y productores de espectáculos culturales, la
modificación del impuesto sobre sucesiones en relación con las
inversiones en producciones cinematográficas o la posibilidad de que los
artistas sigan incluidos en la Seguridad Social durante los períodos de
inactividad, entre otros. Medidas, sin duda, muy necesarias en el sector,
como también lo han sido la aplicación del IVA superreducido a los libros
electrónicos o la demandada compatibilidad de la pensión contributiva de
jubilación y la actividad de creación artística. Creo, señorías, que,
aunque faltan cosas por hacer, el informe sobre el Estatuto del artista
ya se está desarrollando; de ahí, el sentido de nuestra enmienda. No se
puede poner en marcha algo que ya se está tramitando y, además, planteado
como un objetivo estratégico por parte del Ministerio de Cultura y
Deporte, junto con otros departamentos ministeriales y con los agentes
culturales, por supuesto, con el fin de proporcionar seguridad jurídica,
reconocimiento y visibilidad a las creadoras y creadores.


Señorías, este año 2020 está siendo especialmente
difícil. La pandemia ha afectado muy negativamente al sector cultural,
pero el Gobierno no ha dejado de trabajar ni un momento, atendiendo sin
descanso a las industrias culturales y a las necesidades de los
trabajadores de la cultura. El Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo,
ahora en trámite parlamentario, vino a cubrir esas necesidades en
términos de liquidez, de créditos blandos, incentivos fiscales y ayudas
directas al teatro, al cine, al sector del libro o a las bellas artes y,
por supuesto, las necesarias prestaciones económicas por desempleo, que,
por primera vez en la historia, se reconocen a los artistas de
espectáculos públicos.


Señorías del Partido Popular, nos han dicho que no
van a aceptar nuestra enmienda. Espero que ahora nos expliquen muy bien
por qué, porque en ella hablamos de continuar trabajando en el desarrollo
normativo con la mayor celeridad, pero parece que esto a ustedes no les
interesa. Ustedes lo que quieren es romper el consenso que nació con la
aprobación del informe sobre el estatuto, y lo hacen engañando, ocultando
la verdad de los hechos, la verdad de las disposiciones publicadas en el
Boletín Oficial del Estado, pero no tendrán la foto que ustedes
pretenden, claro que no. ¿Y saben por qué? Porque los profesionales de la
cultura no les creen a ustedes, porque la cultura no les interesa, porque
la cultura no les ha interesado nunca. Miren, señores del Partido
Popular, cuando ustedes gobernaron, sus políticas desangraron a las
industrias culturales y a los creadores con recortes en ayudas e
impuestos disparatados, y ahora, mira por dónde, se convierten en
adalides, en defensores del sector cultural. (Aplausos). ¡Qué ironía! Y
permítanme también decirlo, ¡qué deshonestidad y qué oportunismo! En mi
provincia, Guadalajara, ¿saben lo que hicieron ustedes en materia
cultural? Pues se lo voy a decir: Proyectaron la construcción de un
pisito al duque del Infantado en el palacio público más emblemático de la
ciudad, el Palacio del Infantado, sede del Museo Provincial. (Aplausos).
Eso hicieron. Menos mal que llegamos a tiempo para parar semejante
barbaridad.


Señorías, por primera vez en nuestra historia
democrática una crisis no trae como consecuencia recortes en cultura.
Para 2021, el presupuesto aumenta un 25,6 %, un compromiso firme y
rotundo con la cultura. Esperemos, señores del Partido Popular, que
reconsideren su postura y acepten nuestra enmienda. Se lo merece el
sector cultural, se lo merecen las creadoras y los creadores, por los que
nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente siempre, porque
gracias a ellos y a ellas, como escribió Francisco Brines, el mundo puede
ser una bella verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Arratsalde on,
presidente andrea.


Kulturaz hitz egitea askatasunaz hitz egitea da,
ere bai. Momentu honetan, Espainian 14 artista salatuta daude eta
epaiketa baten zain.


Eskerrik asko, presidenta andrea.


Estamos hablando, señorías, de libertad, en
definitiva. En este momento, en España, hay catorce artistas denunciados
a la espera de un juicio. Es el país democrático con más artistas en esta
situación. La lista de denunciados y represaliados ha sido y es
larguísima: los raperos Valtònyc, Pablo Hasel y La Insurgencia; los
Titiriteros de Madrid; el cantante de Def con Dos, César Strawberry; el
cantante de La Polla Records, Evaristo; los humoristas Tony Albà y Eduard
Biosca; la obra «Los presos políticos», de Santiago Serra; el actor Willy
Toledo; el artista navarro Abel Azcona, etcétera. Señorías, sin libertad
no hay cultura, y sin cultura, la libertad es imposible.


En septiembre de 2018 se aprobó de forma unánime en
el Congreso el informe sobre el Estatuto del artista. Se puso la música,
pero faltaba, sin duda, terminar de poner la letra. Se han dado pasos
—algunos importantes, es verdad— en la mejora de la
protección de las y los artistas, pero no se han completado las 75
medidas que planteaba el documento aprobado en la Cámara Baja. Y es que,
como dice una larguísima lista de asociaciones de la cultura agrupadas en
Alerta Roja: La cultura es identidad, nos une la diferencia. Nos
cohesiona, enriquece y aporta horizonte. Nos da vida y escribe nuestra
historia, en las mejores circunstancias y en las peores. Pero la cultura
la impulsan las personas: 700 000 personas en este país que aportan al
PIB nacional el 3,2 %. No es solo generosidad, genio o creatividad, es
también industria, es parte imprescindible de la construcción de nuestro
futuro. Por eso, es hora de que los brindis al sol tengan una concreción
y se materialicen en leyes que permitan que las y los trabajadores de la
cultura tengan los mismos derechos que los demás trabajadores, de los que
ahora carecen debido a la intermitencia de su actividad. Recordemos que
el 70 % de las y los actores tienen que trabajar en otra cosa para poder
sobrevivir. La concreción en una ley de un estatuto para las y los
trabajadores de la cultura es, sin duda, un paso importante en esa
dirección.


A veces, se habla de considerar la cultura como un
bien de primera necesidad. Yo voy más lejos, hablo de que la cultura sea
un auténtico derecho fundamental, como la educación o la sanidad, y
también desde el punto de vista constitucional. No son palabras mías, las
dijo el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en una
entrevista publicada en El Diario Vasco dos días antes de que aprobáramos
aquí, en el Senado, la Declaración institucional de la cultura como bien
esencial.


Señorías, hoy tenemos la oportunidad de ir más
lejos. La declaración institucional que presenté como Geroa Bai se quedó
francamente coja porque no admitieron incluir la consideración de la
cultura como bien de primera necesidad. Hoy podemos hacer caso al
ministro del Gobierno, dar ese paso adelante y aceptar las dos enmiendas
que este grupo ha presentado, porque la cultura necesita que se le
insufle aire en sus pulmones, heridos gravemente por la pandemia, y está
realmente necesitada de ventilación asistida. Aunque, créanme, como
intensivista que soy, estoy convencido de que de la UCI se sale si se
toman buenas medidas y a tiempo.


Señorías, asistamos a la cultura, insuflémosle aire
con concreciones. Concretemos medidas que tengan en cuenta las especiales
características de la actividad artística para que a todas ellas y a
todos ellos les sea más fácil vivir de su profesión. Equiparemos a la
cultura con otras actividades esenciales y, por tanto, a salvo de
restricciones por la pandemia. Rebajemos, incluso, algunos impuestos para
universalizar más la cultura. Dotémosla de más presupuesto, hagámoslo
realidad y regulemos las cooperativas artísticas; otra iniciativa que
también se aprobó por unanimidad y que se quedó en los salones de los
pasos pedidos —magnífico nombre— y que es necesario concretar
y desarrollar normativamente.


Recuerden sus señorías que sin cultura, no hay
sociedad, y sin sociedad, no hay país.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Lorenzo Torres para
manifestar si acepta o no las enmiendas.


El señor LORENZO TORRES: Respecto a las enmiendas
presentas, he de decir que aceptamos la enmienda del PNV. Entendemos que
sería bueno que el ministro compareciera cada seis meses y explicara lo
que se está haciendo respecto al Estatuto de los artistas. Y en cuanto a
declarar la cultura como bien de primera necesidad, ya está incluido en
la propia declaración que hicimos en este Plenario.


Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, aceptamos el primer punto. Y con respecto al
segundo punto, como ya le he manifestado en privado, entiendo que se
puede tener en cuenta en otra moción, pero no en el momento actual.


En cuanto a la enmienda de modificación presentada
por el Grupo Socialista, he de decirle que yo no estoy buscando ninguna
foto, aunque puede que la tenga, yo estoy trabajando por el sector
cultural. El único cambio que propone usted es: continuar a la mayor
celeridad posible. A mí me gustaría decirle qué es lo que se ha empezado
en el Estatuto del artista. Yo no voy a aprobar esta modificación, sobre
todo por una cuestión ética, porque me he reunido con todos los
colectivos y todos me han dicho lo mismo: no han hecho nada de nada hasta
el día de hoy. Es más, la próxima semana, el 11 de diciembre, Alerta Roja
Eventos-Hacemos Eventos, Alerta de luto, celebrará una manifestación en
toda España —son más de 180 asociaciones—, y uno de los
puntos que reclaman es el Estatuto del artista, porque no se ha hecho
nada al respecto. Por mi compromiso personal y también de mi partido con
la cultura y con todas estas asociaciones, no podemos aceptar su enmienda
porque no se ha empezado nada.


Ya que hablamos de la cultura, esto es como si se
escribiera un libro. De pronto, ustedes escriben el preámbulo, como
mucho, y quieren decir que se ha escrito un libro. Del Estatuto del
artista no se ha escrito aún ni el primer capítulo de ese libro. Por lo
tanto, le digo: empecemos a trabajar; continuar, nada, porque no hay nada
que continuar, porque ustedes, hasta el día de hoy, no han hecho nada,
porque lo que han hecho no ha sido nada efectivo ni les ha servido de
nada a los trabajadores de la cultura.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador González-Robatto
Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias,
presidenta.


La cultura es el idioma de los pueblos y como tal
hay que defenderla, y nuestra labor como políticos es cumplir aquello que
acordamos, por lo que esta moción tendrá nuestro voto favorable. Todos en
esta crisis, salvo los políticos, están pasando sus peores momentos
—social, familiar y económicamente—, y la labor que no ha
hecho el Gobierno ha sido cuidarlos, y los ha abandonado, como ha hecho
con todos y cada uno de los sectores. Concretamente, el de los artistas,
como reza esta moción, ha sido también abandonado con su falta de
seguridad jurídica, sus idas y venidas regulatorias que no han
establecido planes claros, aunque a la hora de sancionar, el Gobierno
siempre lo ha tenido muy claro.


Las promesas sin cumplir de este Gobierno se
convierten en su principal característica, como es el caso del ingreso
mínimo vital, que además de afectar a miles de familias, afecta
directamente a gran parte de este sector al ver prohibida su actividad
por no cubrir los costes de las restricciones. Claro está, porque los
ministros, y gran parte de lo que decía antes el líder de la oposición,
no estarían invitados, como ocurrió en la cena organizada por ciertos
personajes que todos tristemente recordamos. Los políticos estamos para
dar ejemplo y para cumplir las promesas, y ninguna de las dos premisas
las cumplen ustedes.


Volviendo al tema del ingreso mínimo vital, ya
advertimos en Vox que, en la actual situación, el Gobierno
socialcomunista no solo no podrá pagarlo, sino que no podrá pagar ni los
sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas, como tristemente
estamos viendo. Aquellos que no iban a dejar a nadie atrás, que solo han
cumplido esta promesa en su carrera para gestionar esta crisis,
efectivamente no han dejado a nadie atrás porque nadie puede ir detrás
del último. Ustedes son los últimos. Más de un millón de personas han
iniciado hasta el momento los trámites del ingreso mínimo vital, de las
que 136 413 han logrado superarlo, y se espera una demanda muchísimo
mayor, pero la comida sigue sin llegar a los platos de los
españoles.


La situación, en resumen, es catastrófica para los
ciudadanos, y ustedes se ponen de lado con tal de asegurarse sus
asientos, y solo les advertimos que no se pongan muy cómodos, porque, más
pronto que tarde, se verán en la calle echados por aquellos a los que
prometieron y luego olvidaron.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la señora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Senyories.


L’Estatut de l’artista és un reclam que
se li ha fet al ministre de Cultura des de fa temps. És curiós que
aquesta moció sigui del PP ja que quan manaven no ho va fer. Van
espavilar tard a moure el tema, però el que sí és important és que
estigui damunt la taula, ja que s’ha de solucionar aquesta
situació. També és curiós que el PSOE, sent el Govern més progressista de
la història, encara no hagi portat a terme aquest Estatut. Per tant, tant
uns com els altres, deixin de simbolismes i creïn d’una vegada
l’Estatut de l’artista, que no és tant complicat, només cal
voluntat política, com en altres temes que fan referència a Catalunya,
que s’arreglarien amb voluntat política.


L’Estatut de l’artista és una
reclamació històrica del sector artístic i cultural, no sols dels grups
polítics, ja que nosaltres només som la veu del poble, que es basa en
l’establiment d’un marc legal que s’asseguri les
condicions necessàries per el desenvolupament de la seva activitat.
Recull aspectes tant senzills com el currículum formatiu, la
contractació, la tributació i la propietat intel·lectual, entre
d’altres temes vinculats a l’àmbit professional de la cultura
i de les arts. Aquesta reivindicació es centra en la necessitat de
modificar la reglamentació actual per apropar-la a la realitat
professional de l’àmbit i assolir les garanties econòmiques i
laborals a que tenen dret els artistes com a treballadors culturals.
L’objectiu d’aquesta moció no ha de ser treure’n un
rèdit polític, ha de ser buscar solucions als problemes laborals i
jurídics detectats en cadascuna de les professions artístiques i
culturals i dissenyar una estratègia d’actuació que permeti
millorar la legislació vigent que regula el sector. Com diu la CONCA, el
Consell Nacional de Cultural i de les Arts, és necessari que el artista i
el creador puguin exercir les seves responsabilitats en igualtat de
condicions amb tots els ciutadans, i preserva al mateix temps la seva
inspiració creadora i la seva llibertat d’expressió.


Esperem veure l’Estatut de l’artista
ben aviat, i com diu el cantant de rap Valtònyc, això no va de mi, va de
nosaltres.


Moltes gràcies.


Señorías, el Estatuto del artista es un reclamación
que se ha hecho al ministro de Cultura desde hace mucho tiempo. Es
curioso que esta moción sea del PP, ya que cuando mandaban no hicieron
nada, se espabilaron tarde, pero lo que sí es importante es que ahora
esté encima de la mesa, ya que se ha de solucionar esta situación.
También es curioso que el PSOE, siendo el Gobierno más progresista de la
historia, aún no haya llevado a cabo este estatuto. Por tanto, tanto unos
como otros, han de dejarse de simbolismos y crear de una vez el Estatuto
del artista, que no es tan complicado, solo es necesario voluntad
política como en otros temas que hacen referencia a Cataluña, que también
se arreglarían con voluntad política.


El Estatuto del artista es una reclamación
histórica del sector artístico y cultural, no solo de los grupos
políticos, ya que nosotros solo somos la voz del pueblo, que se basa en
el establecimiento de un marco legal que asegure las condiciones
necesarias para el desarrollo de su actividad. Recoge aspectos tan
sencillos como el currículum formativo, la contratación, la tributación y
la propiedad intelectual, entre otros temas vinculados al ámbito
profesional de la cultura y de las artes. Esta reivindicación se centra
en la necesidad de modificar la reglamentación actual para acercarla a la
realidad profesional en este ámbito y llegar a establecer garantías
económicas y laborales, algo a lo que tienen derecho los artistas como
trabajadores culturales. El objetivo de esta moción no ha de ser sacar un
rédito político, ha de ser buscar soluciones a los problemas laborales y
jurídicos detectados en cada una de las profesiones artísticas y
culturales y diseñar una estrategia de actuación que permita mejorar la
legislación vigente que regula el sector. Como dice el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, es necesario que el artista y el creador
puedan ejercer sus responsabilidades en igualdad de condiciones con todos
los ciudadanos y preservar al mismo tiempo su inspiración creadora y su
libertad de expresión.


Esperamos ver el Estatuto del artista pronto y,
como dice el cantante de rap, Valtònyc, esto no va de mí, va de
nosotros.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra la senadora González Modino.


El señor GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.


Los pueblos que viven solamente apegados a la
tierra tienen únicamente un sentimiento terrible de la muerte sin que
haya nada que eleve hacia días claros de risa y auténtica paz social.
Sentimiento artístico y sentido de la alegría, que es tanto como decir
sentido de la vida. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una
fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado,
recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se
encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre
—piensa— y no goza ya del espectáculo sino a través de una
leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de
mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por
falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la
belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión. Son palabras
de Federico García Lorca, en septiembre de 1931, en la inauguración de la
biblioteca de su pueblo, Fuente Vaqueros, Granada.


La cultura ha demostrado ser un sector vital de
nuestra sociedad. La cultura es creación y es industria. Ya se han dado
los datos: el 3,2 % del producto interior bruto del conjunto del Estado,
un sector que genera alrededor de 800 000 empleos, 800 000 familias; un
sector vital cuyos protagonistas sobreviven, o malviven, como pueden. Es
un derecho de la ciudadanía y un sector precario.


Nos preguntamos cuál es el horizonte estratégico de
la cultura en este tiempo de vulnerabilidad evidente con la pandemia de
la COVID, y algunas de las cosas que el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal quiere poner en valor es su papel esencial como sector de
primera necesidad que forma parte del bienestar de la ciudadanía, como ha
demostrado durante la crisis sanitaria. Consideramos necesaria la
reformulación integral de las políticas públicas para que respondan a un
plan estratégico, para que la cultura ocupe el papel de las energías
renovables en nuestra vida, para que sea considerada un bien de primera
necesidad, como en nuestro entorno, como en Francia, como en Alemania. En
este sentido, debemos plantearnos los problemas estructurales del sector
que se resumen, prácticamente, en una palabra: precariedad. El sector
cultural es un ecosistema desigual en el que coexisten pymes, autónomos,
falsos autónomos, dificultades para acceder a los derechos y a las
prestaciones laborales —la de riesgo durante el embarazo, por
ejemplo—; un sector acostumbrado a jornadas sin fin,
desplazamientos que no se abonan, facturas que se cobran mucho después de
haber adelantado el IVA del trimestre, etcétera. Ésta en una leve
descripción de la realidad habitual, y en este momento, todos estos
problemas y algunos más se intensifican porque se vive una crisis
profunda.


El problema fundamental es de gestión de
expectativas. Fueron tales las expectativas generadas en el conjunto del
sector de la cultura con la aprobación unánime del proyecto de Estatuto
del artista hace dos años que estamos en un momento de frustración: dos
años, dos elecciones generales y una pandemia después. Señorías, ambos
tienen razón, la señora Serrano y el señor Lorenzo: algo se ha hecho y
queda mucho por hacer. Nos gustaría —y lo hemos intentado porque
con ambos hemos hablado— que el mensaje que trasladáramos al sector
en el día de hoy fuera un acuerdo, al menos, un mínimo acuerdo, que
reconozca que algo se ha hecho y que queda mucho por hacer. Si el
problema es el verbo empezar o continuar, que la inteligencia nos señale
el nombre exacto de las cosas, como decía Juan Ramón Jiménez —vengo
con los poetas andaluces en la cartera; de eso puedo presumir y,
evidentemente, presumo—, pero si fuera posible, hasta que llegue el
momento en que la presidenta declare que se abre el periodo de votación,
no pierdo las ganas de ofrecer al sector —cordura rima en
consonante con cultura— un mensaje que contenga alguna certeza: que
algo se ha hecho, pero no es suficiente y queda mucho por hacer; que de
las 75, apenas 2 se han llevado a cabo. Esas cosas son verdad, el senador
Lorenzo tiene razón y la senadora Serrano también tiene razón en que algo
se ha empezado a hacer.


El liderazgo le corresponde al Ministerio de
Cultura y será tarea de todos y de todas —lo voy a decir en
argot— meter las cabras en el corral, meter presión para que se
avance en el Estatuto del artista, y coordinar las tareas del Ministerio
de Trabajo, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y
Turismo, de Asuntos Económicos, para que el sector tenga alguna certeza,
para que podamos darles la certeza que hace dos años tuvieron, para que
no vuelva a haber frustración de expectativas.


Ese es el mensaje que queremos transmitir como
grupo.






Vamos a votar a favor de la moción, y votaríamos que sí si dijera
continuar en vez de comenzar; votaríamos que sí porque es una necesidad
evidente y nos gustaría poder trasladar un mensaje de certeza al conjunto
del sector cultural.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, en primer lugar, ya que la cultura no es
una voz que se escuche en este Parlamento con toda la fuerza que tiene y
que merece, debemos denunciar la parálisis del ministerio, del Partido
Socialista y de Podemos en relación con el Proyecto de Ley de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis de la COVID-19. Tras la subida del IVA del Partido Popular a la
cultura, tanto el Grupo Socialista como Podemos reclamaban la aplicación
de un tipo impositivo más bajo. Sin embargo, en este momento de crisis, y
a pesar de que el Gobierno aprobó este real decreto de medidas urgentes
por COVID-19, en mayo, siete meses después, la Comisión de Cultura y
Deporte aún no ha debatido las enmiendas presentadas por los diferentes
grupos.


Este es el clásico juego del bipartidismo, criticar
en la oposición lo que hace el Gobierno y luego copiarlo cuando llegan al
poder. ¿Saben ustedes lo que significa urgente? Les voy a poner un
ejemplo de lo que no es urgente: muchas de las medidas que está aprobando
el Gobierno a golpe de decretazo. ¿Saben ustedes, señorías, lo que supone
para una familia dejar de percibir el sustento de la noche a la mañana a
causa de una pandemia y que esto se alargue en el tiempo hasta casi un
año?


Señorías, en marzo comenzaron las restricciones
sanitarias, ¿a qué están ustedes esperando? Su Gobierno está más ocupado
en contentar a Bildu y a Esquerra que en elaborar un verdadero plan de
choque económico para las pymes, autónomos y creadores, que tan mal lo
están pasando. Nuestros autónomos, nuestro sector turístico, la
hostelería, el comercio y también nuestros artistas, miran a su Gobierno,
y qué ven, que no les devuelven ustedes la mirada, no se la devuelven
porque están a otra cosa, ajenos totalmente a sus problemas. Esta
situación es inaceptable en un contexto donde el sector cultural está
siendo uno de los más golpeados por esta crisis.


Afortunadamente, y como andaluza, puedo decir alto,
claro y con mucho orgullo que en mi tierra el Gobierno del cambio, donde
está Ciudadanos, ya se ha adelantado, como venimos haciendo en esta
crisis, a la desidia y al abandono del Gobierno central. Llevamos meses,
señorías, meses, sacando líneas de ayudas y subvenciones por la COVID,
también para el sector del arte y la cultura, porque donde gobierna
Ciudadanos cumplimos. Y aquí, en el Senado, nuestra obligación como
oposición es velar por los intereses absolutamente de todos los
españoles, porque creemos en la igualdad territorial y pensamos que otras
comunidades autónomas también tienen que tener ayudas en este sentido, y
que es obligación del Gobierno de la nación dar una respuesta. Y en este
caso es obligación del Partido Socialista y de Podemos dar respuesta al
sector de la cultura y del arte.


Y con relación a las medidas que plantea el Grupo
Popular, Ciudadanos, por supuesto, va a votar a favor de esta moción
porque, como ustedes recordarán, el informe de la subcomisión
parlamentaria para la elaboración del Estatuto del artista fue impulsado
precisamente por Ciudadanos y aprobado por unanimidad en el Congreso de
Diputados, en septiembre de 2018. Presidía entonces la Comisión de
Cultura y fue empeño personal de mi compañera, Marta Rivera de la Cruz,
de Ciudadanos, actual consejera de Cultura y Turismo en la Comunidad de
Madrid.


En enero de 2019 se aprobó por unanimidad la
convalidación del real decreto ley de paquetes de medidas que conforman
el Estatuto del artista. Esta norma supuso realmente un paso enorme para
el reconocimiento, estímulo, renovación y protección del sector. Quizás
en esto también tuvo mucho que ver que mi compañera, Marta Rivera, como
muchos de los miembros de mi partido, viniera de la sociedad civil a
mejorar la política, tuviera un trabajo fuera de ella, como escritora,
forme parte del sector cultural y conozca en primera persona su
problemática.


Señorías, estos reales decretos no contenían, ni
mucho menos, todas las medidas aprobadas en el informe de la subcomisión.
Es cierto que la inestabilidad política a nivel nacional y la irrupción
de esta pandemia tampoco han ayudado a desarrollarlo, pero, en este
sentido, es la ciudadanía, y en particular el sector cultural, el que
está pagando la ausencia de consenso y la polarización política en
nuestro país.


Señorías, si este estatuto hubiera estado ya en
marcha, el sector habría podido afrontar esta crisis con mayores
garantías, sin perjuicio de las distintas ayudas que hubiera tenido que
desarrollar el Gobierno de la nación. A grandes trazas, el desarrollo del
Estatuto del artista habría permitido aumentar la protección social y
garantizar unos deberes fiscales concretos a los artistas, aumentando su
seguridad jurídica y profesional. Esto, señorías, es una lección al
bipartidismo de cara al futuro. Cuando se arrastran los pies y no se
hacen los deberes, los problemas nos cogen a todos mal preparados, y el
precio de esta desidia lo pagamos todos los ciudadanos.


Y termino ya. Hubo consenso para impulsar este
Estatuto del artista y tenemos que recuperarlo, tanto para hacerlo real
como para establecer ayudas a todos aquellos que trabajan en el
sector.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Otaola.


La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko
berriro.


Nos alegramos de la moción que se ha presentado.
Nosotros lo hemos dicho en las diferentes iniciativas que el Partido
Popular ha ido presentando en la Comisión de Cultura. La prioridad es
cumplir con el compromiso del que derivó el denominado Estatuto del
artista, aunque ya he dicho en más de una ocasión que personalmente me
gusta más la denominación de estatuto de las personas profesionales de la
cultura. Y realmente consideramos que la discusión entre si se ha hecho
algo, no se ha hecho nada o se está haciendo algo es absolutamente
baladí. Sería importante que hoy en esta Cámara todos asumiéramos el
compromiso de seguir poniendo en marcha, avanzar o como quieran
denominarlo, pero en cualquier caso, que se cumpla el Estatuto del
artista.


Como se ha dicho, han pasado dos años desde el
compromiso y los avances hay que reconocer que son casi nulos. Se están
adoptando decretos de ayudas al sector, como el recién aprobado, de 3 de
noviembre, que siguen dejando fuera a gran parte de él. Es que da la
sensación de que no conocen el sector y el variado tejido de personas que
trabajan en él. Y no me cansaré de decir que lo que hay que hacer es
avanzar en el cronograma, en la implantación de los compromisos recogidos
y, concretamente —y lo hemos dicho también en las
comisiones—, en el cumplimiento de las recomendaciones, —y
las voy a repetir— 29 y 30, relativas a la protección laboral y de
Seguridad Social de los profesionales de la cultura; las
recomendaciones 37, 38, 39 y 40 en relación con los trabajadores por
cuenta propia del sector cultural; la recomendación 41, relativa al
impuesto sobre actividades económicas, y las recomendaciones 45, 46 y 47
para profesionales de la cultura por cuenta ajena.


Son importantes todas, pero estas son prioritarias.
Si estas medidas se hubieran puesto en marcha, parte de los decretos que
se han aprobado no habrían sido necesarios o, en cualquier caso, no
habrían dejado fuera a muchas personas profesionales de la cultura.
Porque cultura no es sinónimo de espectáculo público. Es que ese es el
problema, que se está legislando desde el punto de vista de considerar
cultura al espectáculo público, y es que las ayudas van en esa línea, en
vez de trabajar en áreas, o un sistema fiscal y de Seguridad Social
adaptada a la intermitencia y la singularidad del entramado cultural y de
las personas que trabajan en él. Es lo que hay que hacer de inmediato y
sin demora.


Agradezco al Partido Popular que haya aceptado
nuestras enmiendas. No voy a repetir su sentido porque ya lo hemos dicho
en el turno de enmiendas.


Y quiero terminar con dos citas. La cultura es el
ensanchamiento de la mente y del espíritu. Si deseamos preservar la
cultura debemos continuar creándola, y para crear cultura hay que cuidar
al sector, a los y a las profesionales que lo hacen posible, y ello solo
puede hacerse atendiendo a los compromisos adquiridos con el sector; es
que se trabajó con el sector directamente. La cultura no es algo que uno
se pone como si fuera una prenda de vestir confeccionada, es un alimento
que absorbe para construir la personalidad, del mismo modo que la comida
forma parte del cuerpo que permite a una persona en edad de crecimiento
seguir creciendo.


Por tanto, en las instituciones, en esta Cámara, lo
que tenemos que hacer es trabajar todos para poner en marcha esos
compromisos y hacerlos posible para no dejar fuera a nadie.


Besterik ez. Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Picornell
Grenzner.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gràcies, senyora
presidenta.


Nosaltres agraïm la moció del Partit Popular,
agraïm que puguem debatre, que puguem obrir aquest meló un altre cop de
l’Estatut de l’artista, per tant agraïm que portin aquesta
qüestió aquí al Ple, perquè malgrat que la cultura està patint des de fa
molts mesos, parlem molt poc de cultura. Els portaveus de cultura estem
poc acostumats a sortir en aquesta tribuna per parlar justament
d’un sector molt maltractat.


Jo el què veig aquí és que tenim massa retrets els
uns als altres, perquè ens hem de retreure una cosa amb la que estem
d’acord? L’any 2018 vam arribar a un punt de trobada,
d’acord entre tots els partits polítics, entre tot l’arc
parlamentari, posant una setantena d’iniciatives, de modificacions
legislatives, parlamentàries, a favor del sector cultural, a favor de
l’artista, a favor del professional de la cultura.


Avui, uns i altres surten a aquesta tribuna, per
una banda dient si el Partit Popular es vol fer una foto… Senadors
del Partit Socialista, quan vostès presenten una moció, una iniciativa
parlamentaris aquí a la Cambra, també és per fer-se la foto, o és per fer
política? Per tant, entenc que el Partit Popular també té la capacitat de
portar els temes que vulgui en aquí. Crec que hauríem de pujar el nivell
del debat i tornar a aquesta unanimitat que tenien construïda
l’any 2018 i que crec que seguim tenint avui. No crec que haguem de
renunciar a aquell acord d’aquella subcomissió de la Comissió de
Cultura del Congrés dels Diputats. Jo estic convençut que amb més debat,
amb més punts de trobada, amb més reflexió més enllà d’aquest
faristol, amb més xerrades entre nosaltres, segurament podríem incentivar
que aquest estatut de l’artista pugui començar a caminar o que
puguem començar a fer canvis legislatius.


Com deia, la cultura històricament ha estat
absolutament maltractada. Jo diria que aquí tant el Partit Popular om el
Partit Socialista, pel que fa a l’Estat espanyol tenen part de
responsabilitat. Per tant, no és una qüestió només d’uns o dels
altres, però és evident que la situació de la COVID-19 ho ha empitjorat
moltíssim. Com deia abans, no sols dels artistes, sinó del sector
cultural en general dels professionals que treballen a la cultura.


Nosaltres som plenament conscients que el
desenvolupament de l’agenda legislativa de l’Estatut de
l’artista és molt complexa, perquè toca a molts ministeris, toca al
Ministeri de Cultura, evidentment, toca al Ministeri d’Hisenda,
toca al Ministeri d’Economia, al de Treball, al de la Seguretat
Social, per tant estem davant d’una complexitat, jo diria que mai
vista, per una qüestió tant i tant concreta. Toca a moltes lleis, a molts
reglaments, a moltes normes, i per tant el que cal és posar-nos a
treballar, poder-nos trobar, insisteixo, més enllà dels hemicicles, més
enllà de les Comissions, més enllà dels faristols.


És evident que aquí el Ministeri de Cultura té una
responsabilitat molt important per desenvolupar aquest Estatut de
l’artista, però al nostre Grup Parlamentari, en a mi, no
m’agrada espolsar-me les puces, és evident que el Ministeri té part
de responsabilitat, però els Grups parlamentaris tant del Congrés com
d’aquí al Senat, també tenim part de la responsabilitat. I hem de
poder assumir aquesta responsabilitat. El sector de la cultura no espera
que ens anem passant la pilota els uns als altres, el que espera és que
ens posem d’acord, és que tornem en aquell marc de trobada de
l’any 2018. Per tant, també tenim feina a fer des dels grups
parlamentaris del Congrés, des dels grups parlamentaris del Senat per
desenvolupar aquesta agenda administrativa, aquest punt de trobada, com
deia de l’any 2018.


El Partit Socialista diu: «no se puede poner en
marcha una cosa que ya està andando» Jo crec que avui dir una frase com
aquesta és faltar una mica a la veritat. Jo no dic que vostès no estiguin
treballant, jo no dic que no facin feina, jo el que dic és que si
l’estan fent, ho fan de forma subterrània i de forma poc
transparent, per tant jo els convidaria a fer-ho arribar a tots els
sectors de la cultura, a totes les entitats. Nosaltres, en els últims
mesos, ens hem reunit amb desenes i desenes d’entitats i
federacions d’acadèmies i ningú ens ha dit que el Ministeri de
Cultura estigui treballant en l’Estatut de l’artista, per
tant, si ho estan fent, benvingut sigui. Jo els convidaria a que ho
comparteixin, a que cooperem tots plegats en aquesta direcció.


No estem per fer-nos trampes al solitari, tenim
molta feina per endavant, una feina ingent de modificació legislativa. Jo
crec que el sector de la cultura només espera una cosa, que ens posem
d’acord, que ens posem a treballar i que l’Estatut de
l’artista pugui ser una realitat.


Gràcies.


Gracias, señora presidenta.


Mi grupo agradece la moción del Partido Popular;
agradecemos poder debatir, abrir otra vez el melón del Estatuto del
artista. Por tanto, agradecemos que traigan esta cuestión al Pleno del
Senado, porque con lo que la cultura está padeciendo desde hace tantos
meses, hablamos muy poco de cultura. Los portavoces de cultura estamos
poco acostumbrados a subir a esta tribuna para hablar de un sector muy
maltratado.


Lo que veo es que nos echamos demasiadas cosas en
cara unos y otros. ¿Por qué nos tenemos que echar en cara cosas en las
que estamos de acuerdo? En el año 2018 llegamos a un punto de acuerdo
entre todos los partidos políticos, entre todo el arco parlamentario, y
pusimos en marcha unas setenta modificaciones legislativas a favor del
sector cultural, a favor del artista, a favor del profesional de la
cultura.


Hoy unos y otros salen a esta tribuna, y por un
lado, dicen que el Partido Popular quiere hacerse una foto... Senadores
del Partido Socialista, ¿cuando ustedes presentan una moción en esta
Cámara es para hacerse una foto o para hacer política? Entiendo que el
Partido Popular tiene capacidad de traer aquí los temas que quiera. Creo
que tendríamos que subir el tono del debate y volver a la unanimidad que
construimos en el año 2018. No creo que hoy tengamos que renunciar a
aquel acuerdo y a aquella subcomisión de la Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados. Estoy convencido de que con más debate, con
más puntos de encuentro, con más reflexiones más allá de la tribuna, con
más charlas entre nosotros, seguramente podríamos incentivar que este
estatuto del artista empezara a caminar y a realizar cambios
legislativos.


Como decía, históricamente, la cultura ha estado
absolutamente maltratada, y diría que tanto el Partido Popular como el
Partido Socialista por lo que respecta al Estado español tienen una parte
de responsabilidad. Por tanto, no es una cuestión de unos u otros. Es
evidente que la COVID-19 ha empeorado muchísimo la situación, como decía
anteriormente, no solo de los artistas, sino del sector cultural en
general, de los profesionales que trabajan en la cultura.


Nosotros somos plenamente conscientes de que el
desarrollo de la agenda legislativa del Estatuto del artista es muy
complejo, porque toca muchos ministerios, el Ministerio de Cultura,
evidentemente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, de
Trabajo, de Seguridad Social. Por tanto, estamos ante una complejidad
nunca vista para una cuestión tan concreta. Toca muchas leyes, muchos
reglamentos, muchas normas, por ello es necesario ponernos a trabajar.
Nos tenemos que encontrar más allá de los hemiciclos, más allá de las
comisiones, más allá de estas tribunas.


Es evidente que el Ministerio de Cultura tiene una
responsabilidad muy importante para desarrollar este Estatuto del
artista, pero no quiero quitarme las cosas de encima. Es evidente que el
ministerio tiene parte de responsabilidad, pero los grupos parlamentarios
del Congreso y del Senado también tenemos nuestra parte de
responsabilidad y debemos asumirla. El sector de la cultura no espera que
nos vayamos pasando la pelota unos a otros, lo que espera es que nos
pongamos de acuerdo, que volvamos a aquel marco de encuentro del
año 2018. Por tanto, los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado
también tenemos trabajo que hacer para desarrollar esta agenda
legislativa, este punto de encuentro, como decía, del año 2018.


El Partido Socialista dice que no se puede poner en
marcha una cosa que ya está andando, pero creo que hoy decir una frase
como esta es faltar un poco a la verdad. Yo no digo que ustedes no estén
trabajando, no digo que no estén haciendo un trabajo, pero digo que lo
están haciendo de una manera subterránea y poco transparente. Les
invitaría a hacerlo llegar a todos los sectores de la cultura, a todas
las entidades. Nosotros, en los últimos meses, nos hemos reunido con
decenas y decenas de entidades, de federaciones, de academias y nadie nos
ha dicho que el Ministerio de Cultura esté trabajando con el Estatuto del
artista. Si lo están haciendo, sea bienvenido, pero yo les invitaría a
que lo compartan, a que cooperemos todos juntos en esta dirección.


No es tiempo de hacernos trampas en el solitario.
Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos mucho trabajo de modificación
legislativa, y creo que el sector de la cultura solo espera una cosa, que
nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos a trabajar y que el Estatuto
del artista pueda ser una realidad.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Lorenzo Torres.


El señor LORENZO TORRES: Muchísimas gracias a todos
por sus aportaciones.


Creo que mucho de lo que se ha dicho aquí es
importante y ha habido un denominador común. Todos queremos apoyar a la
cultura, pero también todos los partidos somos conscientes de que hasta
el día de hoy se ha hecho muy poco, o casi nada, por el Estatuto del
artista. Esto es lo que han dicho todos los compañeros que han
intervenido, que se han manifestado: tenemos que seguir trabajando.
Hablamos de consenso, es necesario que ese consenso que existió en un
principio continúe, pero no cabe duda de que también tenemos que
denunciar lo que está ocurriendo.


Voy a hacer una serie de precisiones. La compañera
de Ciudadanos hablaba de Marta Rivera de la Cruz, escritora, por cierto,
gallega, de Lugo y amiga, que sí, por supuesto, estuvo en la comisión,
pero allí estábamos muchas personas, en este escrito están todos los que
estuvimos en esa comisión —Pilar Rojo, también compañera—.
Estuvimos trabajando todos con ahínco para sacar el Estatuto del artista.
Y desde luego, si vamos a hablar de Marta de la Cruz, yo quiero también
nombrar a Eduardo Maura, de Podemos, que hizo una labor extraordinaria en
este estatuto y hay que reconocérselo.


Dicho esto, dicen que es una discusión baladí, que
si empezábamos, que si continuábamos... Para mí no es una discusión
baladí, para mí es un tema de ética. Hasta el día de hoy no se ha hecho
nada y lo que se ha hecho ha sido insuficiente y de escasa trascendencia.
Como dije antes, no se ha escrito ni el prólogo del libro y, por
supuesto, ni el capítulo primero. Es eso lo que nosotros denunciamos. Y
si el problema viene de la palabra, que los del Partido Socialista
acepten la moción, si no, que la hubieran presentado ellos, que nadie les
prohibió presentar aquí una moción para seguir trabajando por el Estatuto
del artista, pero la presentó el Partido Popular, que es el que se está
preocupando por todo lo que está pasando con los artistas. Nosotros somos
los que hemos puesto voz. Y si no miren las preguntas que hemos
presentado en el Senado sobre todos los problemas de los artistas, sobre
todas las necesidades de los artistas. (Aplausos).


Decía una compañera que se habían generado muchas
expectativas y que ahora había mucha frustración. Yo creo que lo que va a
haber en el sector cultural es hambruna, porque están totalmente
abandonados y no tienen ningún tipo de ayuda. Pero hay algo que me ha
llamado la atención, y lo voy a decir. Decía la representante del Partido
Socialista que estaban trabajando con ahínco. Después de dos años sin
haber hecho nada, después de dos años comprometidos a hacer una nueva
regulación especial para los artistas, y no haber hecho nada; después de
lo que escuché al secretario general de Cultura el otro día en la
comparecencia en el Congreso... ¿Usted la ha escuchado? Está ahí la
hemeroteca. ¿Saben lo que dijo respecto del estatuto del artista? Bueno,
el Estatuto del artista es algo que está ahí, que no tiene mucha
importancia; no se puede comparar con el Estatuto de los Trabajadores.
Sí, estamos haciendo algo; hay que modificar unos decretos, algún
reglamento, pero bueno, no hay que darle tanta importancia… ¿Sabe
lo que dijo que habían hecho hasta ahora en dos años que lleva aprobado
el estatuto? Que habían dividido los temas por materias para mandárselo a
los ministerios. Este es el trabajo con ahínco que está haciendo el
Partido Socialista por la cultura de este país. (Aplausos). Ese es el
trabajo. Y ya le digo que me remito a la hemeroteca. Si quiere le paso el
vídeo, que lo tengo.


Esa es la importancia que le dan ustedes a la
cultura. Lo mismo que el ministro. Todos hemos oído lo que dijo: No, a
los artistas no les hace falta ningún decreto, las normas generales. Si
se hubiera trabajado y si se hubieran hecho bien los deberes cuando se
tenían que haber hecho, el sector cultural no estaría pasando lo que está
pasando. Ustedes son responsables, porque son Gobierno, y llevan dos años
gobernando este país. Por lo tanto, tienen ustedes la responsabilidad de
legislar, de traer los reales decretos, y nosotros de aprobarlos y
trabajar. Ese es el consenso que tiene que haber en los reales decretos.
Pero yo le digo que mi llamada de atención es que nosotros queremos que
se empiece de una vez a legislar, que se tenga en cuenta al sector
cultural.


Le voy a decir algo en positivo. Han hecho ustedes
algo bueno, y por primera vez tengo que decirlo. Sí, han hecho algo
bueno. En este último decreto han reconocido una prestación
extraordinaria al desempleo que tienen los artistas. Pues le voy a dar
una idea, creeré en ustedes si esta medida temporal de la prestación
extraordinaria por desempleo de los artistas la convierten en general,
porque esta medida estaba pensada en el Estatuto del artista, pero
ustedes la pusieron solo hasta 31 de diciembre, ahora ampliada al 31 de
enero. Si ustedes traen a este Parlamento esa medida, pero ya de manera
definitiva, empezaré a creer que el Partido Socialista se preocupa algo
por el sector de la cultura.


Gracias por su atención. (Prolongados aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Martín Rodríguez.


El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta, con su venia.


Señoría ponente de esta moción, decía Andy Warhol
que de esta vida nadie se debería de ir sin tener tres minutos de gloria.
Bienvenido a los suyos, porque esta moción la va a ganar a pesar de la
piratería con la que la usa. (Aplausos). Si no estuviera fehacientemente
contrastado ante esta Cámara y ante el conjunto de la sociedad española
el afecto y la consideración que el Partido Popular le tiene al mundo de
la cultura, podría yo pensar que esta moción que nos trae aquí es fruto
de un acto de contrición, por aquello que sentenciaba el Tenorio de
Zorrilla de que un acto de contrición da a un hombre la salvación. Si no
estuvieran fehacientemente acreditados ante esta Cámara y ante el
conjunto de los actores el afecto y la consideración que el Partido
Popular, por mor del señor Montoro, le tiene al mundo del cine, podría
pensarse que esta moción es un acto de arrepentimiento por aquello de
arrepentidos los quiere Dios, ustedes que, en su nombre, juran la
Constitución. (Aplausos). Si no estuviera fehacientemente acreditado ante
esta Cámara y ante el conjunto de la sociedad española la responsabilidad
y el sentido de Estado que tiene el Partido Popular, podría pensarse que
esta moción es una mano tendida al Gobierno y al mundo de la cultura que,
por mor de sus intelectuales, es el mayor valor añadido que tiene un
país, este también, mal que les pese a los arrepentidos por haber
ofendido a Dios. (Aplausos).


Pero no, esta moción no es un acto de contrición ni
tiene arrepentimiento alguno ni se sustenta en un sentido de apoyo a la
cultura. Esta moción, señores míos, es la gran falacia que viene a herir
por enésima vez la inteligencia de aquellos que dice defender. ¿Sabe por
qué? Porque les ningunea su capacidad de conocimiento sobre cómo este
Gobierno ha trabajado y sigue trabajando en el Estatuto del artista.
Dicho de otra manera, a ustedes la cultura solamente les sirve para dos
cosas: para servirse de ella y para derribarla; para defenderla, nunca.
(Aplausos). Reza el petitum de esta moción: Poner en marcha de manera
inmediata el desarrollo normativo que requieren las medidas para la
elaboración de un Estatuto del artista. Señoría ponente de esta moción,
desde septiembre del 2018, en el que por unanimidad —unanimidad,
que en su vanidad usted irrumpe patrimonializándola—, se aprobó el
Estatuto del artista, el Gobierno de España ha emitido siete reales
decretos leyes que han modificado cuatro leyes para cumplir con parte de
lo estipulado en el Estatuto del artista, y lo hemos hecho en dos años,
con la pandemia en medio, con lo fácil que es cambiar las leyes hoy con
la ayuda que ustedes nos dan. (Aplausos).


Para ejemplo, un botón. Cuando el Gobierno solicitó
la convalidación del Real Decreto 17/2020, ahora en trámite en la Cámara
Baja, su grupo no la apoyó. ¿Y tiene el desparpajo de venir hoy a la
Cámara Alta a decir que hagamos el desarrollo normativo cuando por
decreto-ley lo queremos hacer y ustedes no nos lo convalidan? Hombre, un
poquito de coherencia no viene mal.


De todas maneras, les diré otro. Olvida usted el
Real Decreto 15/2020 que, entre otras medidas, ha bajado el IVA de los
libros al 4 %, IVA que ustedes subieron. ¿Y sabe usted por qué lo hemos
bajado? No porque lo diga el Estatuto del artista, que también, sino
porque ya dijimos entonces que era un insulto a la cultura que una
revista pornográfica pagara el mismo IVA que una obra de Calderón de la
Barca. (Aplausos).


En definitiva, dice usted que el Estatuto del
artista debe convertirse en la línea estratégica de la política cultural
de esta legislatura. Permítame que le transcriba las palabras del hoy
presidente del Gobierno cuando se presentó a la investidura. Dijo: El
presupuesto de la cultura aumentará de forma progresiva, y vamos a
completar el Estatuto del artista. Aun así, en aquella ocasión ustedes no
lo apoyaron y los presupuestos tampoco los van a aprobar, porque ustedes,
en su sentido de Estado, no apoyarán a este Gobierno ni cuando acceda a
lo que ustedes piden. (Aplausos).


En fin, con estos antecedentes mi grupo no puede
votar en contra de esta moción, porque sería tanto como votar en contra
de lo que estamos haciendo (Rumores). Ni tampoco puede votar a favor,
porque sería hacernos cómplices de la burla que esta moción hace a la
inteligencia de la cultura y sus agentes. (Rumores.— Aplausos).
Pero sí puede abstenerse y decirle al ponente de la moción lo que Jesús
le dijo a María Magdalena: Vete y no peques más.


Gracias. (Risas.— Prolongados aplausos en los
escaños del Grupo Socialista.— Aplausos del Grupo Popular en el
Senado al senador Lorenzo Torres).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Señorías, esta moción se votará con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, con número de
registro de entrada 66422 y la enmienda número uno del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Confederal, con número de registro de
entrada 66721, cuando se abra el plazo que establezca esta Presidencia al
concluir el debate de la última moción.









MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU
APOYO A TODOS LOS QUE TRABAJAN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y RATIFICA SU
COMPROMISO EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN EL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.


662/000045

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 13.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se habían presentado un grupo de enmiendas, de las cuales
solamente queda la del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de la
señora Yolanda Merelo y de los señores José Manuel Marín Gascón y don
Jacobo González-Robatto Perote.


La senadora Rodríguez Calleja defiende una
propuesta de modificación de esta moción que está firmada por todos los
grupos menos por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
vicepresidenta. Buenas tardes, señorías.


Lamentamos que se trate este asunto como la última
moción de este prolongado Pleno, pues lo que pretendíamos en el Grupo
Parlamentario Popular era que se hubiera dado lectura como declaración
institucional, si todos los grupos hubieran tenido la sensibilidad de
haberlo aceptado. Era el objetivo y esa era la única finalidad, pues hace
pocos días, una semana exactamente, conmemorábamos el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, día declarado por la
Organización de Naciones Unidas desde el año 2000.


En mi grupo considerábamos que, además de dar
lectura y guardar un minuto de silencio por las últimas mujeres
fallecidas, como hacemos al comienzo de todos los plenos, sería positivo
reforzar esta fecha con esta hoy fallida declaración institucional, que
forzosamente se ha transformado en una moción. Como han podido comprobar
todos los grupos, era muy sencilla, sin ánimo de generar discrepancia
alguna, solo sumar, homenajear y recordar a todos los presentes que aún
nos queda mucho por hacer. Y resulta increíble que el gran consenso que
se obtuvo hace años, con la aprobación del Pacto de Estado contra la
violencia de género, donde solo Podemos se abstuvo, hoy habría sido
imposible. Y esto debe llevarnos a la reflexión a todos los que estamos
aquí, porque parece que es como comenzar de nuevo, y eso nos debe animar
a subir a esta tribuna y a decir alto y claro que las mujeres sufren
violencia de género por el mero hecho de ser mujeres, señorías.
(Aplausos).


Las Naciones Unidas definen la violencia contra la
mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener
como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer,
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada. Díganme aquellos que hoy aquí lo niegan, ¿no comparten
esta definición de la ONU? ¿Tampoco la de la Organización Mundial de la
Salud, que afirma que la violencia física o sexual es un problema de
salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres? Y
suponemos que tampoco reconocen los objetivos de desarrollo sostenible,
donde figura como objetivo número cinco lograr la igualdad entre géneros
y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Consideran, señorías, que este
objetivo ya está cumplido en todo el mundo? (La señora presidenta ocupa
la Presidencia).


Miremos hacia Europa entonces, donde existe diversa
legislación de la Unión Europea sobre violencia de género, destacando el
Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención de la violencia contra
la mujer y la violencia doméstica, realizado en Estambul el 11 de mayo
de 2011, firmado por España en 2014, firmado por cuarenta y seis países y
ratificado por treinta y cuatro. ¿No confían ustedes, señorías, en las
instituciones europeas? ¿Están todos estos países tan equivocados como
para firmar o ratificar un convenio que persigue y combate un tipo de
violencia que, a su juicio, no es distinta ni tiene aspectos diferentes
que el resto de violencias? ¿De verdad creen con los datos en la mano que
se trata de violencia intrafamiliar, como aseguran ustedes?


Señorías, la igualdad de género no es solo un
derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales
para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Supongo que con
esto tampoco les convenzo mucho, pero lo que sí me gustaría es que cuando
tomen el uso de la palabra, ustedes, el grupo que no ha considerado
oportuno firmar este texto para convertirlo en una declaración
institucional, no se limitaran a leer el argumentario de su partido, sino
que nos dijesen qué opinión les merece que en el mundo, por ejemplo, haya
lugares donde las niñas no son escolarizadas solo por ser niñas, o que se
les obligue a casarse con adultos solo por ser niñas, o que se les mutile
sus genitales solo por ser niñas o por ser mujeres. Esperamos que nos
contesten.


Pueden decir que estas cosas en España no suceden,
y es cierto, afortunadamente y gracias a nuestra Constitución. Pero,
miren, en España, por desgracia, suceden cosas solo a mujeres por ser
mujeres y siempre a mujeres. Y ustedes lo niegan. Y me surge la pregunta.
¿Por qué lo hacen? ¿Porque piensan que esto es lo que les gusta escuchar
a sus votantes o simplemente por desconocimiento? No lo tenemos claro.
Miren, yo he sido responsable del área de Servicios Sociales e Igualdad
de Oportunidades durante ocho años, y quiero agradecer el trabajo de
tantos y tantos profesionales que me enseñaron muchas cosas, entre ellas
me enseñaron que la violencia de género hay que contarla con la crudeza
que tiene, y también aprendí, señorías, que la mejor manera de
sensibilizar es contar historias reales. Yo les voy a contar una muy
brevemente.


Se trataba de una mujer de mediana edad, española,
que por sí misma nunca habría denunciado a su marido si no hubiese
contado con los apoyos suficientes, porque ella no era consciente de lo
que le estaba ocurriendo. En la primera entrevista ella decía que su
marido le pegaba lo normal o que solo lo hacía cuando las cosas no
estaban a su gusto. Ya saben que los maltratadores son muy hábiles y
conocen perfectamente cómo hacer que sus víctimas interioricen la
culpabilidad de todo lo que pasa en sus hogares. Además, ella dependía
económicamente de él y se sentía agradecida porque nunca le había faltado
nada ni a ella ni a sus hijos. La verdad es que era tremendo el trabajo
que quedaba por delante. Pero ¿saben lo que ocurrió? Que después de mucho
trabajo y de grandes avances, le comunicaron que su marido tenía una
enfermedad terminal. Ella no se lo pensó dos veces, tenía que volver con
él, tenía que cuidarle y acompañarle, al fin y al cabo era el padre de
sus hijos. A los dos días de su regreso la mató y después se suicidó. Si
él no tenía que vivir, ella tampoco debería hacerlo.


Estas cosas, señorías, no son un cuento ni una
película, esto ha sucedido hace pocos años, y esta es una de las más de
mil historias que existen detrás de las mil fallecidas a manos de sus
parejas o sus exparejas. Así que yo les pido que cuando comencemos el
próximo Pleno y la presidenta nos diga los nombres de las víctimas de
violencia, pensemos que detrás de esos nombres hay unas vidas. Si
queremos combatir esta lacra, si queremos erradicarla, se necesitan
medidas específicas y concretas, como las que recoge el Pacto de Estado
en contra de la violencia de género, y en esa hoja de ruta necesitamos el
impulso, el apoyo, el compromiso irrenunciable y la sensibilidad de
instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones sociales,
jueces y fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de toda la
sociedad, sin fisuras, señorías.


Esto no es una cuestión de unos ni de otros; o
peor, no es de unos contra otros, esto es un problema que debemos abordar
entre todos y entre todas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Muchas gracias. Buenas
tardes, señorías.


El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Vox,
a través de nuestro manifiesto, reiteramos nuestra condena de todo tipo
de violencia hacia la mujer, al igual que condenamos siempre todo tipo de
violencia contra cualquier persona, hombre, anciano y niño; manifiesto
que no ha sido firmado por ningún partido político de esta Cámara.
(Rumores).


Sobre la base del artículo 14 de nuestra
Constitución en Vox defendemos que todas las personas son iguales en
dignidad y en derechos, y lo son en toda su integridad, desde el momento
de su concepción hasta su muerte natural. Por eso, condenamos cualquier
atentado hacia este principio constitucional por razones de nacimiento,
sexo, edad, raza e ideología, y declaramos la necesidad de defender a
cualquier víctima de violencia y de condenar por igual a agresores y a
asesinos, sean hombres o mujeres.


En las últimas décadas partidos políticos y
asociaciones subvencionadas por el Estado se han afanado en considerar y
presentar a las mujeres ante la sociedad como un colectivo homogéneo,
indefenso e incapaz de valerse por sí mismo, llegando incluso a
establecer denigrantes cuotas femeninas o de paridad en muchos ámbitos de
nuestra sociedad, que no hacen sino poner de manifiesto su verdadera
visión machista, en nada igualatoria, que tienen de las mujeres. Han
utilizado al colectivo femenino para crear grupos excluyentes en la
sociedad y enfrentar a la población para conseguir así sus fines
partidistas. En este invento de crear la guerra de sexos, surge la ley de
violencia de género.


En Vox somos contrarios a esta injusta ley y al
pacto de Estado que la acompaña, por atentar contra el principio de
igualdad y de presunción de inocencia en el hombre, criminalizando a
nuestros hijos, hermanos, amigos, por el simple hecho de haber nacido
varón. A la vista del número de mujeres que siguen falleciendo año tras
año, la Ley de violencia de género resulta del todo ineficaz, y además no
representa a todas las mujeres. Por eso, en su lugar, proponemos la ley
de violencia intrafamiliar, tal y como está establecido en el Convenio de
Estambul, que España y firmó ratificó, y que lucha contra todo tipo de
violencia hacia las mujeres y contra la violencia doméstica. Pero de ese
convenio hablan ustedes poco o nada. ¿Para cuándo va a España a adaptar
la legislación a este convenio?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Popular, autora de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no la enmienda presentada.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias, presidenta.
Intervendré muy brevemente.


Como he explicado en mi primera intervención, la
intención de esta moción era sumar y llegar a consensos, por eso hemos
trabajado en elaborar un texto transaccional, que quiero agradecer a
todos los grupos que lo han aceptado y han trabajado para conseguirlo.
Aunque la mayoría de las propuestas que nos habían hecho quedaban
recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, hemos
llegado a un acuerdo para que todos los grupos se vean reflejados.


Por supuesto, no vamos a aceptar la enmienda de
sustitución que ha presentado Vox. Está claro, señorías, que siguen
ustedes sin entender nada, y lo peor es que no quieren entender. Señoría,
nadie niega la existencia de otro tipo de violencias, contra niños,
contra hombres, contra ancianos. Pero expliquen por qué les cuesta tanto
ser receptivos ante esta violencia tan específica y tan concreta.
¿Acaso 1055 mujeres fallecidas desde el año 2003 no les parece un número
suficiente como para considerar que la violencia contra la mujer es una
realidad? Señoría, 1055 mujeres. Sumen a esta pregunta las que les he
formulado en mi primera intervención, porque al final lo que nos ha
contestado, efectivamente, era lo que todos esperábamos y ha sido el
argumentario de su partido.


Nosotros confiamos en que ustedes cambien su
argumento. Tenemos la esperanza de que les ocurra un poco lo que les ha
ocurrido con los centros de educación especial, que en su programa
electoral contemplaban su eliminación y ahora los defienden a ultranza.
Esperemos que con la violencia de género les pase un poco lo mismo. Ya
saben que nunca es tarde para reconocer un error y aprender, cerrar un
capítulo y dar paso a un nuevo inicio. Si no lo hacen, siempre quedarán
ustedes retratados, señoría.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En el turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Señorías, Vox les dice
que la violencia no tiene género y que la violencia contra la mujer no se
combate incrementando el gasto con dinero público en asociaciones
privadas de carácter ideológico ni con campañas que discriminan a los
hombres, como la que apoyaron ustedes y Ciudadanos «De mayor no quiero
ser como mi papá». La violencia se combate en el seno de la familia y en
la escuela, inculcando valores a nuestros hijos, como el respeto hacia
los demás y la dignidad humana; se combate con el endurecimiento de las
penas para los maltratadores y la cadena perpetua para asesinos,
pederastas y violadores. Porque, ¿de qué sirve tanta inversión económica,
tanto despliegue de medios para combatir la mal llamada violencia de
género, si después tenemos unas leyes blanditas que no castigan con
dureza a los delincuentes por el daño causado y los convierten en
delincuentes sexuales reincidentes? Con estas leyes lo que queda claro es
que sale barato agredir, violar o matar a una mujer y, por desgracia,
miles de muertes se podrían haber evitado endureciendo el Código
Penal.


Por último, quiero recordar a esas niñas y
adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales, abandonadas por el
Gobierno que las protege, como es el caso de los menores abusados en
Baleares. En Vox no cejaremos en el empeño y recurriremos a las
instituciones europeas hasta que se haga justicia con ellas. Denunciamos
también los casos de niñas y adolescentes violadas por manadas de países
no occidentales, que son abandonadas por el feminismo más sectario por no
ser útiles a sus reivindicaciones.


Señorías del PP, negacionismo es negar una verdad
universalmente aceptada. Afirmar que la mujer es agredida por el mero
hecho de ser mujer es un invento feminista sin ninguna base científica.
Negar la violencia contra la mujer, hombre, ancianos y niños, eso sí es
negacionismo. Y, señorías del PP, para dar lecciones magistrales sobre
negacionismo, deberían ustedes comenzar por las voces femeninas críticas
que se escuchan dentro de su propio partido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta,


Ens porten avui una iniciativa en la qual només han
volgut entendre una voluntat de refermar des del Senat, fer front a la
violència masclista i ratificar el compromís i tantes ampliacions com
calguin en les mesures que es troben dins el Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere consensuades el 2017. En aquesta cambra tenim una
comissió per fer-ne el seguiment. És una llàstima que a pesar de la
voluntat manifesta del grup proposant perquè això fos una declaració
institucional, avui hi hagi grups en aquesta Cambra que remin en sentit
contrari de tothom, però també en sentit contrari del que manifesta la
societat respecte de refusar les violències masclistes i que, a més a
més, ens diguin a tots que estem equivocats.


A la senadora proposant jo li agraeixo molt la
proposta. Li agraeixo també les reflexions que ha fet als senadors del
partit Vox i també en la interpel·lació directa que els ha fet. Jo els
animo que allà on vostès governen junts arribin a seduir-los perquè
entrin d’una vegada per totes en aquesta lluita contra aquesta
atrocitat contra les dones, contra aquesta violència contra les dones pel
mer fet de ser dones, perquè és així. Perquè aquí ens hi fan falta tots,
vostès també, i jo espero que algun dia puguin llegir la realitat sense
distorsionar-la ideològicament.


El fet que alguns puguin bloquejar aquestes
iniciatives, lluny de desencoratjar-nos encara ens fa estar més amatents
a lluitar en aquest compromís per eradicar tota la violència masclista. I
quan dic tota, em refereixo a tota la violència masclista. Aquella que
exerceix la parella, però també aquella que s’exerceix en
l’àmbit laboral, social, i comunitari. I en aquest sentit, des de
Junts per Catalunya volem cridar l’atenció al fet que hauríem de
canviar el concepte de gènere de la Llei 1/2004 per actualitzar-lo al
contingut del conveni d’Istanbul ratificat com ja s’ha dit
el 2014. Perquè mirin, això, a banda de què els jutges i jutgesses puguin
estar instruïts en aquest tipus de violències, ens genera problemes com
el següent: a Catalunya tenim tribunals concrets per a la violència
contra les dones, però una dona que és violada per aquest sentit que té
de gènere aquesta llei, en lloc de poder anar a aquests tribunals
especialitzats en violència contra la dona, acaba estant derivada a la
justícia ordinària. Per tant, aquí també tenim feina a fer.


El passat 25 de novembre celebràvem aquest Dia
Contra la Violència Contra les Dones. Va fer 60 anys que van assassinar
les germanes Mirabal, activistes i polítiques, membres actives de la
resistència. Des d’aleshores, moltes entitats feministes i socials
de molts àmbits, i també moltes institucions hem estat treballant per
donar resposta a aquesta xacra social.


La pandèmia ha posat de manifest la cruesa de la
situació de moltes dones i els seus fills que viuen aquesta situació de
violència, i que continuarà sent —sempre ho és— però
especialment dura mentre duri la pandèmia. L’aïllament ha fet que
es doni un increment en la violència física però també violència
psicològica, agressions sexuals, ciberviolències, assetjament a través
d’aplicacions tecnològiques, i altres formes de violència o de
sotmetiment que ja hi eren però que han vingut a agreujar-se. Hem vist a
la comissió del seguiment del Pacte d’Estat nombroses mesures per
part de moltes institucions per anar donant resposta a aquests problemes.
I hem vist com la llar, lluny de ser un refugi per a aquestes dones, ha
estat una presó que han compartit amb els seus agressors. Aquestes
mesures han de ser a més a més integrals d’atenció de recuperació i
de reparació dels supervivents.


No tinc més temps. Nosaltres no hem presentat
esmenes perquè pensàvem que era un text per consensuar totes les
propostes, però els ben asseguro que tenim moltíssimes propostes a fer.
Des d’incrementar el fons econòmic del Pacte d’estat, regular
les ciberviolències masclistes, modificar el Codi Civil per garantir
intervenció integral dels menors i adolescents víctimes
d’agressions sense el permís del pare progenitor que és
l’agressor, que desaparegui la paraula abús del Codi Penal perquè
qualsevol cosa que fan amb els nostres cossos sense el nostre permís és
una agressió en tota regla. Formació especialitzada de tots els
professionals que participen en aquest seguiment integral de recolzament
a la dona en violència de gènere. Jutges i jutgesses, però també tots els
professionals que participen en l’acompanyament. Línies
d’acreditació per a dones en situació de tràfic i explotació sexual
perquè aquestes dones estan al marge del sistema, no tenen un compte
corrent i no poden accedir als ajuts que els podrien treure de la seva
situació.


Des de Junts per Catalunya votarem sí, serem
pro-positius i no cesarem en el repte de canviar la societat, destruir el
poder patriarcal i aconseguir una societat igual d’oportunitats
entre homes i dones on el coneixement i el reconeixement es faci amb
respecte. I aquí homes i dones tenim aquesta feina ingent perquè els
agressors i els violents no quedin impunes.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Nos traen hoy una iniciativa con la voluntad de
reafirmar en el Senado la lucha contra la violencia machista y ampliar,
en la medida de lo posible, las medidas del pacto de Estado consensuadas
en 2017. En esta Cámara tenemos ya una comisión para hacer el seguimiento
y es una lástima que, a pesar de la voluntad manifiesta del grupo
proponente para que sea algo institucional, hoy en esta Cámara haya
grupos que remen en contra de todo el mundo y en contra de lo que
manifiesta la sociedad respecto al hecho de rechazar la violencia
machista, y además nos dicen a todos que estamos equivocados.


A la senadora proponente yo le agradezco mucho la
propuesta, y le agradezco también las reflexiones que ha hecho a los
senadores de Vox y la interpelación directa que les ha hecho. Yo les
animo a que donde ustedes gobiernan juntos les seduzcan para que entren
de una vez por todas en esta lucha contra esta atrocidad contra las
mujeres, la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser
mujeres, porque así es. Porque aquí hacemos falta todos, ustedes también,
y espero que algún día puedan leer la realidad sin distorsionarla
ideológicamente.


El hecho de que algunos puedan bloquear estas
iniciativas, lejos de desalentarnos, nos hace estar más alerta y más
animados a luchar en este compromiso para erradicar toda la violencia
machista, y cuando digo toda, me refiero a toda la violencia machista, la
que se ejerce en la pareja, pero también la que se ejerce en el ámbito
laboral, social y comunitario. En este sentido, en Junts per Catalunya
queremos llamar la atención en que deberíamos cambiar el concepto de
género de la Ley 1/2004 para actualizarlo al contenido del Convenio de
Estambul, ratificado, como ya se ha dicho, en 2014. Porque miren ustedes,
esto, al margen de que jueces y juezas puedan estar instruidos en este
tipo de violencias, lo que genera es problemas. En Cataluña, por ejemplo,
tenemos tribunales concretos para la violencia contra las mujeres, pero
una mujer que es violada, por este sentido de género que tiene esta ley,
en lugar de ir a estos tribunales especializados en violencia contra la
mujer, se deriva a la justicia ordinaria y, por consiguiente, aquí
todavía tenemos trabajo que hacer.


El pasado 25 noviembre celebrábamos el Día Contra
la Violencia Contra las Mujeres y hace sesenta años que asesinaron a las
hermanas Mirabal, activistas y miembras activas de la resistencia, y
desde entonces muchas entidades feministas y sociales de muchos ámbitos,
y también muchas instituciones hemos estado trabajando para dar respuesta
a esta plaga social.


La pandemia ha puesto de manifiesto la crudeza de
la situación de muchas mujeres y sus hijos, que viven esta situación de
violencia, y seguirá siendo, siempre lo es, especialmente dura mientras
dure la pandemia. El aislamiento ha hecho que se incrementen las
violencias, violencia física, pero también violencia psicológica,
agresiones sexuales, ciberviolencia, asedios y otros tipos de violencia y
sometimiento, que ya existían pero que se han agravado. Hemos visto en la
Comisión de seguimiento del pacto de Estado muchas medidas por parte de
muchas instituciones para dar respuesta a estos problemas, y hemos visto
cómo la casa, que debería ser un refugio, se ha convertido en muchos
casos en una prisión. Estas medidas, además, deben ser integrales y con
atención a la reparación de los supervivientes.


No me queda más tiempo. Nosotros no hemos
presentado enmiendas porque nos parecía que era un texto para consensuar
todas las propuestas, pero les aseguro que tenemos muchas propuestas que
hacer: aumentar el fondo económico del pacto de Estado, regular la
ciberviolencia machista, modificar el Código Civil para garantizar el
código de los menores y adolescentes víctimas, de los adolescentes sin
permiso del padre, que es el agresor; que desaparezca la palabra abuso
del Código Penal, porque cualquier cosa que hacen con nuestros cuerpos
sin nuestro permiso es una agresión en toda regla; formación
especializada de todos los profesionales que participan en este
seguimiento integral de apoyo a la lucha contra la violencia de género,
jueces y juezas y todos los profesionales que participan en el
acompañamiento; líneas de acreditación para mujeres que sufren el tráfico
y la agresión social, porque están al margen del sistema, no tienen
cuenta corriente y no pueden acceder las ayudas que podrían obtener por
su situación.


En Junts per Catalunya vamos a votar sí, vamos a
ser propositivos y no vamos a cejar en nuestro desafío de cambiar la
sociedad, de destruir el poder patriarcal y conseguir una sociedad con
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la que el
conocimiento y el reconocimiento se haga con respeto. Y aquí, hombres y
mujeres tenemos este trabajo ingente para que los agresores y los
violentos no queden impunes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik asko,
presidente anderea, berriz ere, senatari jaun andreak.


Bihar, abenduaren 3a da, bihar, orain dela hiru
urte hasiera eman genion


Senatu honetan legealdi honi, eta bertan, hitz
egitea tokatu zitzaidan, eta Nafarroaren eguna aipatu nuen, eta baita ere
euskararen nazioarteko eguna. Egun bi horiek, nafarrontzat oso
garrantzitsuak diren egun bi horiek, egun horiek aipatzean, argi eta
garbi esan nuen nik neuk, Geroa Baiko senataria naizenez, Nafarroako
senatari autonomikoa naizenez, Nafarroa defendatuko nuela Senatu honetan
eta baita ere euskara. Eta hori egitean, Nafarroa defendatzean eta
euskara defendatzean, Estatu osoko pertsona guztiak, pertsona bakoitza,
eta Estatu osoko hizkuntza bakoitza ere defendatu egingo nuela. Eta,
horretarako, konsensoa eskatu nuen, adostasuna.


Gracias, señora presidenta.


Señorías, mañana es 3 de diciembre y hace tres
años, un día como el de ayer, comenzamos aquí en el Senado esta
legislatura, y a la sazón pude intervenir y también mencioné el día de
Navarra y el Día Internacional del Euskera. Esos dos días para los
navarros son muy importantes. Y al mencionar esos dos días, en aquel
momento, como soy senador autonómico por Navarra de Geroa Bai, dije que
defendería Navarra y el euskera aquí en el Senado, y al hacerlo, al
defender a Navarra y el euskera, lo que hago es defender a todas las
personas y a todas las lenguas de este Estado. Y para eso pedí
consenso.


Pedí ese día que abandonáramos el reñidero político
en el que enseguida caímos, un reñidero de enfrentamientos políticos
absolutamente estériles, y que impulsáramos la convivencia, que
impulsáramos la democracia, que no es otra cosa más que el diálogo, la
negociación y el acuerdo. Pedí que superáramos, insisto, el reñidero.
Porque, al fin y al cabo, yo soy un fan terrible de Patti Smith, tiene
una canción que a mí me encanta. Hay unos coros fantásticos que la
acompañan en algunas de sus interpretaciones. Y la canción es People have
the power. Nosotros solo somos los representantes de ese poder. Y como
People have the power, como es la gente la que tiene el poder, yo les
pedía y les sigo pidiendo que abandonemos el reñidero, que abandonemos el
reñidero estéril, que abandonemos el reñidero inútil y que seamos capaces
de llegar a acuerdos, que seamos capaces de aunar voluntades siempre, y
en estos momentos más; en estos momentos que estamos dominados o por lo
menos muy influidos y muy damnificados por la crisis de la COVID, más. En
estos momentos en los que el Estado necesita unos presupuestos generales,
más; que seamos capaces de aunar voluntades y de sacar adelante unos
presupuestos como se merecen.


Y, desde luego, tengo que mostrar mi satisfacción
por haber sido capaces de aunar voluntades, no de forma unánime
—qué pena; qué pena para ellos y para ellas—, pero sí de
forma mayoritaria, en esta moción sobre la violencia de género.


He oído a una compañera de Junts per Catalunya
defender medidas concretas. Yo suscribo todas y cada una de ellas, y
seguramente en Geroa Bai, en Izquierda Confederal, vamos a suscribir
también otras medidas que se vayan mencionando aquí. Yo quiero insistir
en la necesidad de impulsar nuevas masculinidades; nuevas masculinidades
que nos alejen a todos los hombres del machismo. Porque yo soy una de
esas personas convencidas de que los hombres del mundo debemos mucho,
gran parte de nuestra felicidad, a las feministas; las feministas, allí
arriba, en la comunidad autónoma vasca, en Navarra, suelen decir en
euskera: gutariko norbait iraindu, jipoitu edo hil egiten dutenean,
gutariko bakoitza iraindu, jipoitu edo hil egiten gaituzte. Si se
insulta, se pega o se mata a alguna de nosotras, cuando lo están
haciendo, nos están insultando, nos están pegando o nos están matando a
nosotras.


Cuando maltratan o matan a una de nosotras, nos
insultan, nos golpean y nos matan a todas. Yo suelo cambiarlo, yo creo
que cuando insultan a una mujer, insultan también a todos y cada uno de
los hombres, cuando hieren a una mujer, hieren también a todos y cada uno
de los hombres y, cuando matan a una mujer, matan también a todos y cada
uno de los hombres. (Aplausos).


Por eso, insisto en la necesidad de defender las
nuevas masculinidades, alejadas del machismo. Gracias a eso, seríamos
capaces de desarrollar una nueva política para una nueva sociedad en la
que nos está tocando vivir, para un nuevo mundo en el que nos está
tocando vivir, que será bueno no solo para nosotras y nosotros, sino
también para las generaciones futuras, en las que tenemos que empezar a
pensar en serio.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.


La violencia machista es una lacra social que
atenta contra los derechos fundamentales y las libertades básicas de las
mujeres e impide la plena realización de la igualdad efectiva de todas
las personas en nuestra sociedad. Supone, además, una amenaza real para
la integridad y la vida de las mujeres. Solo en lo que va de año 41
mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas, que se suman
a una larga lista negra de 1074 mujeres que han sido asesinadas desde que
se empezaron a contabilizar en el año 2003. Esta violencia, lejos de
detenerse tras el estallido de la emergencia sanitaria causada por la
COVID-19, se ha recrudecido para muchas mujeres, que se han visto
forzadas a convivir aisladas con sus agresores, viéndose privadas de los
espacios seguros y de las posibles vías de escape que hubieran estado a
su disposición en otras circunstancias.


Desde principio de año se han registrado cerca
de 50 000 llamadas al teléfono 016. En los meses del confinamiento
domiciliario el número de llamadas superó las 8000 mensuales. La
conculcación de los derechos humanos que supone para las mujeres la
violencia machista es reconocida por organismos internacionales, como
Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, en distintos
instrumentos ratificados por España. Entre ellos, cabe mencionar la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
adoptada por la Asamblea General de la ONU; el Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica, y, además, nuestra Constitución, que reconoce en su
artículo 14 la igualdad de todas las personas ante la ley, así como en su
artículo 9.2, que establece la obligación de los poderes públicos de
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas y remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.


Más de una década después de la promulgación de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, se producía un nuevo hito: el
Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó sin
ningún voto en contra el informe elaborado por la subcomisión creada en
el seno de la Comisión de Igualdad para un pacto de Estado en materia de
violencia de género.


Por otro lado, el 13 de septiembre de 2017 el Pleno
del Senado aprobó, también por unanimidad, el informe de la ponencia de
estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.
Los informes aprobados por ambas Cámaras fueron objeto de refundición por
parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dando
con ello lugar al Pacto de Estado contra la violencia de género en los
términos que hoy conocemos. La consecución de este Pacto de Estado contra
la violencia de género supone, sin duda, el principal logro de
la XII Legislatura y uno de los más destacados de nuestra reciente
historia democrática no solo por la importancia de la materia sobre la
que versa su contenido, sino como la manifestación de la capacidad de
diálogo y negociación y de la voluntad de consenso de todas las fuerzas
políticas en un asunto que nos preocupa y que concierne a toda la
sociedad española. Sin embargo, pese a su enorme trascendencia, desde la
firma de este Pacto de Estado no se han producido apenas avances que
permitan materializar todas y cada una de las medidas y dar cumplimiento
con ello al mandato que supuso este amplio acuerdo social y político.
Cierto es que se han aprobado algunas iniciativas legislativas que han
supuesto desarrollos puntuales de las medidas contempladas en él. Hago
referencia al Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, en el que se
aceleraba la designación del letrado o letrada de oficio en los procesos
penales sobre violencia de género; hago también referencia a la Ley
Orgánica 5/2018, que contemplaba la especialización de los juzgados de lo
penal y la inclusión de materias específicas en las pruebas de selección
y de formación especializada en la Escuela Judicial y la formación
continua de Canarias, y, por último, también hago referencia a la
Ley 3/2019, que creaba una prestación de orfandad. Pero aparte de estas
reformas puntuales sobre materias concretas, la mayoría de las medidas
contempladas en el pacto de Estado sigue pendiente de cumplimiento. Por
tanto, aún nos queda mucho por hacer.


Es por este motivo que el pasado mes de marzo
Ciudadanos registró tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado una proposición de ley que contenía todas las modificaciones
legislativas necesarias para llegar a la práctica y desarrollar todas y
cada una de las medidas de reforma que se recogían en el Pacto de Estado
contra la violencia de género. Se trata de una iniciativa que esperamos
que pronto pueda ser debatida en esta Cámara y cuente con el apoyo de los
diferentes grupos políticos. En Ciudadanos estamos plenamente
comprometidos con la lucha contra la violencia machista y la necesidad de
adoptar todas las medidas que sean necesarias para acabar con esta lacra
y garantizar la seguridad de todas las mujeres, con especial atención a
las que pertenecen a los colectivos más vulnerables.


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Nos alegramos de haber
llegado a una transaccional y sentimos que no haya sido de forma
unánime.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Arratsalde on guztioi.


El Grupo Parlamentario Popular plantea una moción
por la imposibilidad de consensuar una declaración institucional; una
declaración institucional que no es posible porque hay en nuestras
instituciones quienes cuestionan lo que para el resto de grupos
parlamentarios es uno de los retos más importantes a los que nos
enfrentamos las democracias en el siglo XXI. De alguna manera, que
estemos en este turno de portavoces puede plantearse como un fracaso o
no, según lo miremos. Puede ser una mala noticia no llegar a una
declaración institucional, pero puede ser una buena noticia que no
estemos dispuestos a llegar a un consenso si esto supone renunciar a
principios que nos resultan incuestionables o irrenunciables. Para
nuestro grupo lo mínimo en lo que entiende que debemos estar todas y
todos de acuerdo es en que la violencia machista es el símbolo más brutal
de la desigualdad entre las mujeres y hombres en nuestra sociedad, es una
violación de los derechos humanos y, por tanto, corresponde a las
administraciones públicas desarrollar políticas públicas de igualdad para
su erradicación. Aprobando esta moción entiendo que el Senado manifiesta
nuevamente, otra vez más, su compromiso firme para la erradicación de la
violencia machista.


Pero hay algo más en este debate. La mayoría
estamos en la bancada de estos compromisos y no en la bancada de los
negacionistas. Es cierto que este compromiso debería venir acompañado, a
nuestro entender, para ser más creíble, de la revisión de los acuerdos
que con estas formaciones negacionistas y reaccionarias mantienen en
algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. Nuestro grupo entiende que
la existencia de esos acuerdos supone en sí mismo un retroceso en las
políticas de igualdad y no son asumibles en una sociedad que se dice
democrática. Entendemos que esto es un paso en la dirección
correcta.


En el texto que presentan para su debate, y que
apoyamos, hablan sobre la ratificación del Pacto de Estado contra la
violencia de género y, como digo, estamos de acuerdo, pero queremos hacer
una matización, y lo vamos a hacer a través de una idea que nos trasladó
la directora de Igualdad del Principado de Asturias, para muchas de
nosotras la escritora feminista Nuria Varela, cuando en su comparecencia
en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado decía, abro comillas,
que las políticas frente a la violencia de género se nos han comido las
políticas de igualdad, y es exactamente lo contrario de lo que tenía que
haber ocurrido, porque esa desigualdad es el origen de la violencia de
género.


Pues bien, si lo que queremos es erradicar la
violencia machista, debemos seguir invirtiendo en políticas de igualdad,
porque quienes llevan años invirtiendo en políticas de igualdad disponen
de políticas más desarrolladas contra la violencia machista. Así lo
entendemos en Euskadi, en todas las instituciones en Euskadi. La CDAO, la
Asamblea General de la ONU, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos nos obligan a
desarrollar políticas de igualdad. El Convenio de Estambul considera
cualquier violencia contra las mujeres, con los agravantes que ello
podría implicar, una grave vulneración de los derechos humanos y una
forma de discriminación arraigada en la desigualdad entre mujeres y
hombres, responsabilizando a los Estados si no responden de manera
adecuada este tipo de violencia. Esto nos obliga a la adaptación de toda
la normativa al Convenio de Estambul para incorporar todas las violencias
que se ejercen contra las mujeres, todas las violencias machistas y
sexistas, no solo aquellas que se dan en el entorno de la pareja y
expareja, porque esto nos lleva, incluso, a no disponer ni siquiera de
datos reales sobre las víctimas de violencias machistas, no incorporando
aquellas que no se dan dentro de lo recogido en la Ley 1/2004.


El miércoles pasado, 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, la mayor
parte de quienes estamos en esta Cámara mostramos nuestra solidaridad y
nuestra denuncia en concentraciones, en redes sociales, en declaraciones
institucionales, en otras cámaras territoriales, en ayuntamientos,
etcétera. Recordamos a todas las mujeres asesinadas en contextos de
violencia sexista y mostramos nuestro apoyo a los familiares y a su
entorno más cercano. Pusimos el foco en las mujeres que hoy en día se
están enfrentando a diferentes situaciones de violencia. Les lanzamos el
mensaje de que la sociedad está con ellas. Le pedimos a la sociedad que
esté atenta, apoye y acompañe a las mujeres víctimas de violencia y que
muestre públicamente su repulsa ante la violencia contra las mujeres y su
apoyo a quienes la están sufriendo. Agradecemos el trabajo de todas las
personas profesionales que desde diferentes espacios y servicios llevan a
cabo las intervenciones con mujeres víctimas, y también, muy
especialmente, a las mujeres que han sobrevivido a la violencia y han
hecho público su testimonio, ayudando así a otras mujeres. Pero esto es
lo simbólico, este es el apoyo social. A los poderes públicos se les
exige más, debemos estar a la altura de un compromiso político
inequívoco, porque la sociedad exige a las instituciones que hagan de la
violencia machista contra las mujeres una prioridad política. Es tiempo
como nunca para disponer de todo el apoyo y recursos de los servicios
públicos y de las instituciones para apoyar a las mujeres en sus procesos
de liberación, recuperación, empoderamiento y autonomía. Es
imprescindible para que las mujeres recuperen el derecho fundamental a
una vida que merezca la pena ser vivida con dignidad y seguridad.


Por todo lo anterior, votaremos a favor de esta
moción.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez
Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies, presidenta.


Senadores i senadors, en primer lloc no hauríem
d’estar debatent aquesta moció perquè realment el que hauria de fer
és que ara mateix la presidenta estigués llegint una declaració
institucional. Però hem acabat fent una transaccional de diferents
partits perquè hi ha qui és capaç de negar que la violència masclista no
existeix i que es nega a firmar declaracions institucionals quan parlem
d’aquest tema. La violència masclista existeix per desgràcia de
tots i totes. Ens maten, senyories de Vox. Ens maten pel simple fet de
ser dones. I els hauria de caure la cara de vergonya. És realment
repugnant haver de sentir constantment el seu discurs ple de mentides,
barbaritats, manipulacions, i odi, molt d’odi. Però per molt que ho
intentin, nosaltres no deixarem de lluitar i de fer-los-hi front, sempre.
No sé a vostès, però a mi se’m curtcircuit el cervell quan veig una
dona dient les barbaritats que acabem d’escoltar en aquesta cambra
fa una estona. El passat 25 de novembre de 2020 sumaven l’espantosa
xifra de 80 feminicidis durant aquest any, i crec que ha estat el primer
ple durant massa setmanes que no l’hem obert amb un minut de
silenci. Vuitanta vides acabades en un sol any. Però si mirem enrere, i
des del 2010, sumem ja 1172 feminicidis. Aprofito per fer-los un prec. No
posem a zero el comptador de les víctimes de violència masclista cada
any. Com he dit, són 1172 feminicidis des de l’any 2010 i els hem
de recordar i hem de seguir lluitant perquè aquesta xifra no augmenti.
Treballant, legislant, educant, formant, sensibilitzant, pressupostant i,
sobretot, sentint-nos tots i totes molt interpel·lats.


L’informe del Senat de la Ponència
d’estudi per a l’elaboració de l’estratègia contra
violència de gènere es va aprovar per unanimitat el 28 de juliol
del 2017, 267 mesures entre les quals s’inclou l’esmena que
van presentar des del nostre grup en aquesta moció i que forma part de la
transaccional que avui estem debatent. Aprofito per agrair des
d’aquí a la portaveu del Partit Popular el fet d’acceptar
aquesta esmena i, sobretot, per intentar entre tots els portaveus dels
diferents grups que aquesta moció tirés endavant amb tots aquests vots.
La formació obligatòria, amb perspectiva de gènere i sensibilització per
als professionals de les administracions públiques, és urgent i
prioritària. En especial, establir formació obligatòria a tots els
professionals del sistema judicial que intervenen en els processos de
violència masclista.






De fet aquest era un dels eixos principals
d’aquest pacte d’Estat i el que està més lluny, per
desgràcia, del seu compliment. Em sembla molt preocupant que qui ha de
jutjar no tingui la formació adient per fer-ho. Per tant, des
d’aquí tornem a demanar que es facin complir totes les mesures que
s’inclouen el Pacte d’estat, però que aquesta, sobretot, no
l’oblidem per al final. Mirin el pacte d’Estat contra
violència masclista aprovat per al Senat i el Congrés l’any 2017 va
suposar un abans increïble en la lluita contra aquesta lacra. Un pacte
d’unanimitats, que va suposar deixar els partits fora
d’aquesta sala i pensar i treballar com a persones compromeses en
seguir lluitant pels drets, per arribar a grans consensos. No va ser
fàcil, però vam aconseguir. I malgrat les extremes dretes seguirem
treballant com sempre i ens hi deixarem la pell. Ens volem vives i ens
volem lliures.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Senadoras, senadores, en primer lugar, no
deberíamos estar debatiendo esta moción, porque, en realidad, la
presidenta debería estar leyendo una declaración institucional, pero
hemos acabado haciendo una transaccional, porque hay quien es capaz de
negar que la violencia machista existe. Y la violencia machista, para
desgracia de todos, existe. Nos matan, señorías de Vox, nos matan por el
simple hecho de ser mujeres, y se les debería caer la cara de vergüenza.
Es repugnante, realmente, ver y escuchar constantemente su discurso lleno
de mentiras, barbaridades, manipulaciones y odio, mucho odio. Pero por
mucho que lo intenten, nosotros no dejaremos de luchar y de hacerles
frente siempre. No sé a ustedes, pero a mí se me cortocircuita el cerebro
cuando escucho a una mujer diciendo las barbaridades que acabamos de
escuchar hace un rato. El pasado 25 de noviembre de 2020 llegamos a 80
feminicidios durante este año, y creo que ha sido el primer Pleno durante
demasiados semanas que no lo hemos iniciado con un minuto de silencio; 80
vidas acabadas en un solo año. Pero desde 2010 sumamos ya 1172
feminicidios. Y aprovecho para hacer un ruego. No pongamos a cero el
contador de las víctimas de la violencia machista cada año. Son 1172
desde el año 2010, y tenemos que recordarlo y que seguir luchando para
que esta cifra no aumente, trabajando, legislando, educando, formando,
sensibilizando, presupuestando y, sobre todo, sintiéndonos todos y todas
muy interpelados.


En la ponencia de estudio para luchar contra la
violencia de género se aprobaron, en julio de 2017, 267 medidas, entre
las cuales se incluye la enmienda que presentó nuestro grupo y que forma
parte de la transaccional que hoy debatimos. Por tanto, gracias a la
representante del Partido Popular por aceptar esta enmienda y por que,
entre todos los grupos, esta moción vaya adelante con todos estos votos.
La formación obligatoria con perspectiva de género, sensibilización para
los profesionales de las administraciones, es urgente y prioritaria, es
decir, que todos los profesionales del sistema judicial, sobre todo los
que intervienen en especial en temas de violencia machista, tengan
formación. Este era uno de los temas del pacto de Estado y el que está
más lejos, lamentablemente, de su cumplimiento. Preocupa que quien debe
juzgar no tenga la formación para hacerlo. Por eso, desde aquí pedimos
que se hagan cumplir todas las medidas incluidas en el pacto de Estado,
pero, sobre todo, que esta medida no la olvidemos para el final. El pacto
de Estado contra la violencia machista, aprobado en el año 2017, supuso
un avance increíble en la lucha contra esta plaga. Un pacto de
unanimidades que supuso dejar los partidos al margen y trabajar como
personas comprometidas en pro de los márgenes para llegar a un gran
consenso. No fue fácil, pero lo conseguimos, y, a pesar de las extremas
derechas, vamos a seguir trabajando, como siempre, dejándonos la piel,
porque nos queremos vives y nos queremos libres.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Rodríguez Calleja.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
presidenta.


Quiero dar las gracias por la participación de
todos los grupos. Después de las declaraciones que se han vertido aquí,
yo creo que cobra especial importancia que esta moción se apruebe en este
Pleno, sobre todo a la hora de dar pasos firmes para la eliminación de la
violencia que se ejerce sobre las mujeres. Sin duda, hay que trabajar muy
duro durante los 365 días del año en las instituciones, en las diferentes
organizaciones y cada uno de nosotros, como individuos que formamos parte
activa de esta sociedad.


Me gustaría dejar claras algunas cuestiones que
espero que, al menos algunos de ustedes, compartan conmigo. Cada vez que
una persona, hombre o mujer, niega la existencia de la violencia que se
ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, la sociedad en su
conjunto retrocede pasos hacia atrás que serán muy difíciles de
recuperar; cuando quien niega esta violencia es un partido político con
una importante representación en el Congreso de los Diputados y también
aquí en el Senado, no retrocedemos pasos, señorías, sino años en el
camino recorrido. Me gustaría dirigirme a la senadora de Vox. Contésteme
unas sencillas preguntas. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué tuvo que
dimitir su compañero antecesor? ¿De verdad, después de esto, no reconoce
usted la violencia machista? (Aplausos). No retrocedemos pasos, señorías,
retrocedemos años.


También, cuando algún representante público intenta
liderar, monopolizar, atribuirse un protagonismo que no le corresponde en
esta causa común, no solo consigue dividir a la sociedad, quizá no se
retroceda como en los casos anteriores, pero seguro que no avanzamos como
deberíamos, produciendo en parte de la sociedad rechazo y el nunca
deseado negacionismo.


Cuando quien hace esto es la máxima responsable de
un Gobierno en materia de violencia con lágrimas en los ojos el día 25 de
noviembre, mientras el resto del año oculta, justifica o se niega a
denunciar conductas machistas o discriminatorias única y exclusivamente
por no perjudicar al partido al que pertenece, o se permite el lujo de
realizar declaraciones en las que pone en duda la profesionalidad de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo multiplica el número
de negacionistas, sino que, además, rompe con la ilusión de muchas
mujeres que están buscando algo a lo que aferrarse para salir del
infierno en el que están viviendo. (Aplausos).


Cuanto más inútil y poco creíble, por mal
gestionado, parezca el ministerio responsable de combatir esta lacra,
menos personas de la sociedad se implicaran en esta causa. Más aun
—ya se ha comentado a lo largo del día de hoy—, cuando España
ya no figura como quinto país con mayor bienestar para las mujeres, ya
que, según Georgetown, hemos retrocedido 10 posiciones, señorías, nada
más y nada menos.


Señorías, los representantes públicos debemos ser
ejemplo y trasladar a la sociedad que estamos unidos en esto. Y no
debemos hacerlo desde la ideología y la imposición, pues entonces
producimos rechazo en aquellos que no piensan como nosotros. Debemos
hacerlo a partir de la sensibilización, la información y la educación
para que las conductas machistas se reconozcan, se denuncien y se
combatan, y que estas conductas no encuentren amparo ni justificación en
los negacionistas.


Termino, señorías, con un mensaje de esperanza de
quienes nos demuestran una gran dosis de valentía, las mujeres, que han
sido capaces no solo de salir de sus entornos de maltrato, sino que,
además, han podido contarlo para lanzar mensajes de ánimo a otras mujeres
que aún lo están sufriendo. Lo hago recomendando un extraordinario corto
protagonizado por cuatro mujeres con discapacidad. Por si no lo conocen,
los datos nos indican que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo
cuatro veces superior —cuatro veces superior— que el resto de
mujeres de sufrir violencia sexual. Este corto, impulsado por la
fundación ONCE, se llama Más que capaz. No dejen de verlo, señorías, se
lo aconsejo. A pesar de la crudeza de las situaciones vividas, son
capaces de transmitir esperanza y un mensaje a otras mujeres que yo
también lanzo desde aquí, y es que esas mujeres no están solas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora López Martín.


La señora LÓPEZ MARTÍN: Buenas tardes,
señorías.


En principio, y sin que sirva de precedente, voy a
dirigirme por primera vez, y espero que por última, a los senadores de
Vox, porque estos que se muestran tan equidistantes cuando se les
demuestra con hechos que del 100 % de las víctimas de violencia de género
el 90 % son mujeres y el 10 % son hombres, si esa equidistancia que
plantean ante una situación tan poco igualitaria no la entienden, o se
perdieron las clases de EGB, y esta Cámara no es el lugar de
solucionarlo, o quieren provocar, y esta Cámara no es el lugar para
entrar en provocaciones. (Aplausos). Así es que cada uno a lo suyo.


En principio, quiero señalar, de verdad, sin
ironía, que ha sido un motivo de alegría para este Grupo Socialista, y
para esta senadora en particular, poder debatir una moción con el Partido
Popular que apoya y reivindica el Pacto de Estado contra la violencia de
género consensuado por las Cortes Generales en 2017. No voy a dedicar el
escaso tiempo que tenemos a poner de manifiesto quién ha sido el adalid
de la lucha contra la violencia de género, de defensa de la igualdad
entre hombres y mujeres. Saben de sobra, es sobradamente conocido, que se
trata de una seña de identidad de este Partido Socialista. Saben de sobra
que decir feminismo es lo mismo que decir socialismo. (Aplausos). Es
sobradamente conocido, y saben además, también, señores del Partido
Popular, que para este Gobierno de Pedro Sánchez es tan importante la
lucha contra la desigualdad, la lucha contra la violencia de género, como
puede ser la lucha contra el desempleo, la armonización fiscal o la
despoblación, porque saben de sobra que sin igualdad no hay justicia, y
sin justicia no hay convivencia y no hay Estado de derecho.


De verdad, señorías del Partido Popular, es un
placer ver cómo defienden la igualdad y apuestan por que se apliquen las
medidas aprobadas en el pacto mencionado, y digo esto porque no me
negarán que durante un tiempo ustedes han jugado a la ambigüedad, un poco
por no ofender a los socios han jugado a la ambigüedad, que si víctima de
violencia intrafamiliar, que si una violencia... Asumieron un poco las
tesis de Vox, por no hablar, señorías del Partido Popular, y eso ustedes
lo saben, de lo que está pasando en Andalucía, es decir, cómo se defiende
con claridad en determinados sitios la lucha contra la desigualdad y
luego dónde van los dineros en los lugares donde ustedes gobiernan.
(Aplausos).


Pero permítanme una reflexión. Cuando yo recibí el
correo sobre su moción, estaba convencida de que faltaban folios; no
hacía más que mirar y decía: se me ha acabado el tóner. Miraba, pero no,
la moción era esa. Tenía su principio, su fin y su firma, y pensé que
ustedes habían hecho esta moción con las mismas ganas con que yo hago la
lista de la compra —si se me olvida algo ya me lo dirán—. No
han reparado en una cosa tan simple como el lenguaje inclusivo, jueces y
juezas. Qué ilusión, qué orgullo, qué alegría poder decir juezas, porque
hasta hace cuatro días no existía la palabra y hoy está perfectamente
admitida.


Se han olvidado de las víctimas, de esas miles de
mujeres sometidas. ¿Por qué una moción a la que le faltan tantas cosas?
En aras del consenso, decía la proponente. Pues tiene razón, y creo que
luego ha estado muy abierta a aceptar las enmiendas y las aportaciones,
que todos le agradecemos. Pero le digo una cosa. La lucha contra la
violencia machista, la convicción de que hombres y mujeres somos iguales,
nacemos iguales y debemos morir iguales, se defiende con mayúsculas, a lo
alto, a lo grande, mirando a quien sea, no importa, porque no es la maría
de la carrera. No es eso que uno dice, bueno, ya veremos, ya añadiré las
cosas si acaso luego. No, es importante, es el derecho a la vida, es el
derecho a un puesto de trabajo digno, con igual salario. Es el derecho a
los derechos fundamentales, el respeto hacia las mujeres.
(Aplausos).


Por eso, señorías, se defiende con mayúsculas, se
defiende a lo grande, con la cara en alto, y yo estoy orgullosa hoy aquí
de defender esta moción, de la que mi grupo político siempre ha sido
adalid en su defensa. (Aplausos). Así es que defendámoslo siempre y en
todos los sitios con mayúscula, señorías, porque es el germen, el motivo
y la causa de una buena convivencia, de la justicia social, porque sin
justicia, repito, no hay convivencia y no hay Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Señorías, a continuación procedemos a la votación
telemática de los siguientes asuntos:


Moción por la que se insta al Gobierno a poner en
marcha de manera inmediata el desarrollo normativo que requieren las
medidas incorporadas en el informe de la Subcomisión para la elaboración
de un estatuto del artista, aprobado por el Congreso de los Diputados en
el año 2018. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco, con número de registro de entrada 66422, y la
enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, con
número de registro de entrada 66721.


Moción por la que el Senado manifiesta su apoyo a
todos los que trabajan contra la violencia machista y ratifica su
compromiso en la aplicación de las medidas aprobadas en el pacto de
Estado contra la violencia de género. Se vota la propuesta de
modificación del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Popular, Grupo Parlamentario Esquerra Republicana EH-Bildu, Grupo
Parlamentario Vasco, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal y Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, con
número de registro de entrada 67027.


Les recuerdo que los resultados de la votación de
estas dos iniciativas serán comunicados a sus señorías, publicados en la
página web del Senado y proclamados al inicio de la próxima sesión
plenaria.


Se abre la votación telemática desde este momento,
que son las diecisiete horas y veintiocho minutos, hasta las diecinueve
horas y veintiocho minutos.


A continuación, procedo a proclamar los siguientes
resultados de votaciones telemáticas.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN
FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS
JUDICIALMENTE. (Proclamación de la votación).


622/000002



La señora presidenta lee el punto 8.1.1.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 259; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
(Aplausos).


Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal
para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de
personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN
DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2020, DE 25 DE FEBRERO). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la
votación).


621/000010

Agricultura, Pesca y
Alimentación



La señora presidenta lee los puntos 8.2.
y 8.2.1.


La señora PRESIDENTA: Enmiendas números 78, 81
y 86, de los autores senadores Cleries i Gonzàlez y Rivero Segalàs, del
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 262; a favor, 21; en contra, 234,
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 79, autores los senadores
Cleries y Gonzàlez y Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 262; a favor, 21; en contra, 227;
abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmiendas números 80, 82, 83, 87, 93 a 96, 98
y 102, de los mismos autores mencionados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 262; a favor, 18; en contra, 227;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 84, 85, 89, 91 y 103, de los
mismos autores mencionados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262, a favor, 11; en contra, 227;
abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 88, de los mismos autores
señalados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 11; en contra, 130;
abstenciones, 121.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 90, de los mismos autores
mencionados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 11; en contra, 234;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 92, de los mismos autores
señalados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 21; en contra, 137;
abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 97, 99 y 100, de los mismos
autores mencionados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 28; en contra, 227;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 101, de los mismos autores
mencionados.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 261; a favor, 10; en contra, 244;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 14, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos; 261; a favor, 11; en contra, 136;
abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 15, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 21; en contra, 137;
abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmiendas números 16, 19 y 21, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 27; en contra, 228;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 17, 18, 25, 26 y 31, del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 261; a favor, 18; en contra, 226;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 20, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 11; en contra, 138;
abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 22, 105, 108 y 109, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 11; en contra, 234;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 23 y 28, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 21; en contra, 234;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 24, 27, 29, 32
a 37, 104, 106, 107, 110 y 111, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 11; en contra, 227;
abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 30 a 38, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 21; en contra, 226;
abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 3 y 7, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 21; en contra, 227;
abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 4 a 6, 8 y 9, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 21; en contra, 234;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 28; en contra, 227;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 11, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 36; en contra, 212;
abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 12, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 43; en contra, 212;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 13, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 261; a favor, 35; en contra, 122;
abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmiendas números 40 a 46, 50, 52 a 57, 60
a 62, 64 a 68 y 70 a 77, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 105; en contra, 145;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 47 a 49, 58, 59, 61 y 63, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 98; en contra, 152;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 51, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 98; en contra, 145;
abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Vuelta al texto del Congreso de los Diputados
en lo modificado por la propuesta de modificación adición de un nuevo
apartado al artículo primero del proyecto de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 132; en contra, 125;
abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobado.


Resto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 262; a favor, 152; en contra, 99;
abstenciones, 11. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de agricultura y alimentación, procedente del Real
Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero.


8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA INTENSIFICAR
LAS REDUCCIONES DE EMISIONES DE FORMA EFICAZ EN RELACIÓN CON LOS COSTES.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la
votación).


621/000011

Transición Ecológica


La señora presidenta lee el punto 8.2.2.


La señora PRESIDENTA: Enmienda número 19, de
los senadores Cleries i Gonzàlez y Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 263; a favor, 35; en contra, 124;
abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 20, de los senadores Cleries i
Gonzàlez y Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 263; a favor, 35; en contra, 221;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 21, de los senadores Cleries i
Gonzàlez y Rivero Segalàs.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 263; a favor, 25; en contra, 221;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmiendas números 1, 2 y 4, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 263; a favor, 36; en contra, 123;
abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 263; a favor, 35; en contra, 220;
abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmiendas números 5 a 7 y 10 a 13, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos: 263; a favor, 108; en contra, 143;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 8, 9 y 15, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 263; a favor, 117; en contra, 134;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmiendas números 14 y 16, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 263; a favor, 109; en contra, 133;
abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Resto del proyecto de Ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 263; a favor, 260; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobado.


Queda aprobado definitivamente por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero para intensificar las reducciones
de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. (Aplausos).










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE
LA DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE
MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL INTERCAMBIO
AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN
RELACIÓN CON LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE
INFORMACIÓN. (Proclamación de la votación).


621/000009

Hacienda


La señora presidenta lee los puntos 10.
y 10.1.


La señora PRESIDENTA: Enmienda número 1, de los
senadores Castellví Auví y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 110; en contra, 144;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 2, de los mismos autores.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 102; en contra, 152;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 112; en contra, 142;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 107; en contra, 142;
abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Enmiendas números 5 a 7, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 111; en contra, 143;
abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.


Enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 104; en contra, 145;
abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 254; en contra, 3;
abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
aprobadas.


Resto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 262; a favor, 259; en contra, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS
MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN
DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, HECHO EN PARÍS EL 24
DE NOVIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR. (Proclamación de la votación).


610/000021



La señora presidenta lee los puntos 11.,11.1.
y 11.1.1


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 258; a favor, 235; abstenciones 23.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobada.









ACUERDO MARCO DE COFINANCIACIÓN ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO, HECHO EN WASHINGTON EL 23 DE ENERO
DE 2019. (Proclamación de la votación).


610/000022



La señora presidenta lee el punto 11.1.2.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones 23.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE BIELORRUSIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 14 DE JUNIO DE 2017.
(Proclamación de la votación).


610/000023



La señora presidenta lee el punto 11.1.3.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y
SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. (Proclamación
de la votación).


610/000024



La señora presidenta lee el punto 11.1.4.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACTAS APROBADAS 'AD REFERENDUM' EN
ESTAMBUL EL 6 DE OCTUBRE DE 2016 DURANTE EL XXVI CONGRESO DE LA UNIÓN
POSTAL UNIVERSAL (UPU). (Proclamación de la votación).


610/000025



La señora presidenta lee el punto 11.1.5.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 237; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobada.









PROTOCOLO ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018. (Proclamación de la votación).


610/000026



La señora presidenta lee el punto 11.1.6.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobada.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
DETERMINADAS ELECCIONES DE NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDENTES EN EL
TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN MADRID EL 21 DE ENERO DE 2019.
(Proclamación de la votación).


610/000028



La señora presidenta lee el punto 11.1.7.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ADOPTADAS 'AD REFERENDUM' EN ADDIS ABEBA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURANTE EL II CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU).
(Proclamación de la votación).


610/000029



La señora presidenta lee el punto 11.1.8.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE RUANDA, HECHO EN NAIROBI EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2018. (Proclamación de la votación).


610/000030



La señora presidenta lee el punto 11.1.9.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









DECLARACIÓN, ACTAS Y RESOLUCIONES DE LA
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), ADOPTADAS 'AD
REFERENDUM' EN MONTEVIDEO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 DURANTE EL XXIII
CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL.
(Proclamación de la votación).


610/000031



La señora presidenta lee el punto 11.1.10.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019. (Proclamación de
la votación).


610/000032



La señora presidenta lee el punto 11.1.11.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 235; abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE PROTECCIÓN MUTUA
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ABU-DHABI EL 3 DE OCTUBRE DE 2018.
(Proclamación de la votación).


610/000033



La señora presidenta lee el punto 11.1.12.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 235; en contra, 5;
abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 27 DE MARZO DE 2019.
(Proclamación de la votación).


610/000034



La señora presidenta lee el punto11.1.13.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; a favor, 236; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 28
DE FEBRERO DE 2019. (Proclamación de la votación).


610/000035



La señora presidenta lee el punto 11.1.14.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; votos a favor, 236;
abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE
INVERSIONES, HECHO EN BUENOS AIRES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
(Proclamación de la votación).


610/000036



La señora presidenta lee el punto 11.1.15.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; votos a favor, 236;
abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAPÓN
PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES Y DE SU PROTOCOLO, HECHO
EN MADRID EL 16 DE OCTUBRE DE 2018. (Proclamación de la
votación).


610/000037



La señora presidenta lee el punto 11.1.16.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; votos a favor, 235;
abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE 2019.
(Proclamación de la votación).


610/000038



La señora presidenta lee el punto 11.1.17.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; votos a favor, 233; en contra, 23;
abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2019. (Proclamación de
la votación).


610/000039



La señora presidenta lee el punto 11.1.18.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; votos a favor, 236;
abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL PARA LA
SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO
EN MADRID EL 26 DE JULIO DE 2018. (Proclamación de la
votación).


610/000040



La señora presidenta lee el punto 11.1.19.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 259; votos a favor, 236;
abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN ADAPTÁNDOLO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Proclamación de la votación).


662/000046

GPS


La señora presidenta lee los puntos 13.
y 13.1.


La señora PRESIDENTA: Se ha votado en sus propios
términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; votos a favor, 259; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Señorías, sin otros asuntos a debatir en el orden
del día, se levanta la sesión. (Aplausos).


Muchas gracias.


Eran las diecisiete horas y cincuenta y cinco
minutos.