Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Senado, Pleno, núm. 23, de 23/09/2020
PDF






PLENO


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA PILAR LLOP CUENCA


Sesión núm. 16


celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 2020


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY





Proposición de Ley de financiación del
transporte público urbano y metropolitano.


622/000030
proposición de ley; transporte
público


GPIC





Proposición de Ley Orgánica de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


622/000026
jurisdicción penal;
referéndum


GPP





Proposición de Ley alternativa a la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.


622/000026
jurisdicción penal;
referéndum


GPP







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




DICTÁMENES DE COMISIÓN




Renovación de la reserva formulada por España
al Convenio penal sobre la corrupción.


610/000002
administración penitenciaria;
corrupción


Asuntos Exteriores





Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad
y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con
Gibraltar, hecho 'ad referendum' en Madrid y Londres el 4 de marzo de
2019.


610/000003
Gibraltar; Reino Unido; fiscalidad;
relación internacional


Asuntos Exteriores





Instrumento de Enmienda a la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo, 1986, hecho en Ginebra el 24
de junio de 1986.


610/000004
acatamiento de la Constitución;
política de empleo


Asuntos Exteriores





Protocolo entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos para la donación irrevocable de la propiedad del Gran Teatro
Cervantes de Tánger, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019.


610/000005
Marruecos; patrimonio cultural;
relación internacional


Asuntos Exteriores





Declaración de aceptación por España de la
adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970.


610/000006
Andorra; prueba; relación
internacional


Asuntos Exteriores





Declaración de aceptación por España de la
adhesión de la República Federativa de Brasil al Convenio sobre la
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970.


610/000007
Brasil; prueba; relación
internacional


Asuntos Exteriores





Declaración de aceptación por España de la
adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970.


610/000008
Costa Rica; prueba; relación
internacional


Asuntos Exteriores





Declaración de aceptación por España de la
adhesión de la República de Kazajstán al Convenio sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970.


610/000009
Kazajstán; prueba; relación
internacional


Asuntos Exteriores





Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España
y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de
2010.


610/000010
Japón; ONU; relación internacional;
universidad


Asuntos Exteriores





Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España
y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento,
funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad
de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona,
hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.


610/000011
Japón; ONU; relación internacional;
universidad


Asuntos Exteriores





Convenio entre el Reino de España y la
República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de
2014.


610/000012
Azerbaiyán; convenio fiscal; evasión
fiscal; relación internacional


Asuntos Exteriores





Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha
contra el tráfico de órganos humanos, hecho en Santiago de Compostela el
25 de marzo de 2015.


610/000013
comercio de órganos; cooperación
internacional


Asuntos Exteriores





Acuerdo de asociación global y reforzado entre
la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra,
hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017.


610/000014
Armenia; cooperación internacional;
desarrollo sostenible; energía nuclear; protección del medio
ambiente


Asuntos Exteriores





Convenio entre el Reino de España y Rumanía
para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la
renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en
Bucarest el 18 de octubre de 2017.


610/000015
Rumanía; convenio fiscal; exención
fiscal; relación internacional


Asuntos Exteriores





Convenio entre el Reino de España y la
República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo,
hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.


610/000016
Cabo Verde; convenio fiscal;
exención fiscal; relación internacional


Asuntos Exteriores





Acuerdo de Asociación Estratégica entre la
Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra,
hecho en Tokio el 17 de julio de 2018.


610/000017
Japón; Unión Europea; relación
internacional


Asuntos Exteriores





Protocolo de enmienda del Convenio del Consejo
de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 10 de
octubre de 2018, y Declaración que España desea formular.


610/000018
administración electrónica;
cooperación internacional; protección de datos


Asuntos Exteriores





Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Nicaragua sobre Transporte Aéreo, hecho en Montreal el 26 de
septiembre de 2019.


610/000019
Nicaragua; relación internacional;
transporte aéreo


Asuntos Exteriores





Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino
de España y la República de Corea, hecho en Madrid el 20 de diciembre de
2018.


610/000020
Corea del Sur; relación
internacional; transporte aéreo


Asuntos Exteriores







CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Prórroga del convenio de colaboración entre la
Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco para la
difusión de los servicios de Euskal Irrati Telebista (EITB) en
Navarra.


592/000006
Navarra; País Vasco; cooperación
administrativa


GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE NAVARRA







PETICIONES




Informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de
2020.


871/000001
petición







MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a no
congelar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios en los próximos
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.


662/000030
fijación del salario; funcionario;
presupuesto del Estado


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno al impulso
de una estrategia por la dignidad de los temporeros y temporeras de
Andalucía ante su situación de emergencia vital.


662/000016
Andalucía; cese de empleo; epidemia;
estado de emergencia; mano de obra agrícola; seguridad en el trabajo;
trabajo temporal


GPIC






DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional con motivo del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas
y Niños, celebrado el día 23 de septiembre.


630/000005
tráfico de personas; violencia
sexual


GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora presidenta abre a las nueve horas y tres minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática del punto 6.1., que se
debatió en la sesión de ayer. Asimismo, informa a la Cámara del momento
procesal en que se abrirán los plazos de las demás votaciones
telemáticas.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO.


622/000030

GPIC


El señor Mulet García defiende la toma en
consideración.


En turno en contra hace uso de la palabra el
señor Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor
González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Catalunya en Comú Podem); el señor Argüeso Torres, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos; la señora Vaquero Montero, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bailac Ardanuy, por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor Bernabé Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Morales Quesada, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las doce horas y
veinticinco minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de
la toma en consideración de la proposición de ley.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL.


622/000026

GPP





PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA A LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995,
DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.


622/000026

GPP


Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el
debate consistirá en un turno de defensa de cada una de las tomas en
consideración, seguido de un turno en contra y un turno de portavoces de
los grupos parlamentarios.


El señor Floriano Corrales defiende la toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor González-Robatto Perote defiende la
toma en consideración de la proposición de ley alternativa presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra hacen uso de la palabra el
señor Elejabarrieta Díaz y la señora Castel Fort, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


En turno de portavoces intervienen: el señor
Catalán Higueras y el señor González-Robatto Perote, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Roldán Suárez,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Landa Jáuregui, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort,
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu;
el señor Floriano Corrales, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Rallo Lombarte, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora presidenta abre a las doce horas y
dos minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado y de la proposición de ley alternativa presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA
CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, DE UNA PONENCIA
DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA.
(Votación).


662/000029



Se aprueba la moción con 264 votos telemáticos
autorizados, 261 emitidos, 244 a favor y 17 abstenciones.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





RENOVACIÓN DE LA RESERVA FORMULADA POR
ESPAÑA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.


610/000002

Asuntos Exteriores





ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE
FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN
RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO 'AD REFERENDUM' EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE
MARZO DE 2019.


610/000003

Asuntos Exteriores





INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL
24 DE JUNIO DE 1986.


610/000004

Asuntos Exteriores





PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS PARA LA DONACIÓN IRREVOCABLE DE LA PROPIEDAD DEL GRAN
TEATRO CERVANTES DE TÁNGER, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE
2019.


610/000005

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000006

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO
EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000007

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000008

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000009

Asuntos Exteriores





DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010.


610/000010

Asuntos Exteriores





DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010.


610/000011

Asuntos Exteriores





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BAKÚ EL 23 DE ABRIL DE
2014.


610/000012

Asuntos Exteriores





CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS, HECHO EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA EL 25 DE MARZO DE 2015.


610/000013

Asuntos Exteriores





ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA,
HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.


610/000014

Asuntos Exteriores





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017.


610/000015

Asuntos Exteriores





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017.


610/000016

Asuntos Exteriores





ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA,
HECHO EN TOKIO EL 17 DE JULIO DE 2018.


610/000017

Asuntos Exteriores





PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DEL
CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR.


610/000018

Asuntos Exteriores





ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MONTREAL EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.


610/000019

Asuntos Exteriores





ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, HECHO EN MADRID EL 20 DE
DICIEMBRE DE 2018.


610/000020

Asuntos Exteriores


El señor Gutiérrez Limones, presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores, presenta los dictámenes.


La señora presidenta informa de los señores
Marín Gascón y González-Robatto Perote y la señora Merelo Palomares, del
Grupo Parlamentario Mixto, han presentado la propuesta número 1 de no
ratificación del Acuerdo 8.1.2., que se debatirá a continuación.


El señor Marín Gascón defiende el voto
particular.


En turno en contra, hace uso de la palabra el
señor Lemus Rubiales.


En turno de portavoces intervienen: el señor
Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Argüeso Torres,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Uribe-Etxebarria
Apalategui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Rojo Noguera, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Lemus Rubiales, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas a los demás tratados y convenios
internacionales, y abre a las doce horas y cincuenta minutos el plazo de
dos horas para la votaciones telemáticas previstas reglamentariamente
sobre los dictámenes que se han debatido.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB)
EN NAVARRA.


592/000006

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE NAVARRA


La señora presidenta informa de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de la prórroga del Convenio
necesite la autorización de las Cortes Generales.


Hacen uso de la palabra a continuación: el
señor Catalán Higueras, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Goñi Sarries, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Vaquero Montero, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bideguren
Gabantxo, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; la señora Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado; y el señor Magdaleno Alegría, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


La Cámara toma conocimiento de la celebración
del convenio.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO. (Votación).


622/000030

GPIC


Se aprueba la toma en consideración con el
siguiente resultado: votos telemáticos emitidos, 253; a favor, 146; en
contra, 91; abstenciones, 16.










PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE
2020.


871/000001



La señora Navarro Garzón, presidenta de la Comisión
de Peticiones, presenta el informe.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A NO
CONGELAR LAS PENSIONES NI LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS EN LOS PRÓXIMOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021.


662/000030

GPP


La señora Alía Aguado defiende la moción, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Chinea Correa defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor
González-Robatto Perote, del él mismo y de la señora Merelo
Palomares.


El señor Fernández Viadero defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


El señor Sánchez-Garnica Gómez defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya.


El señor Fernández Rubiño defiende las seis
enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem).


La señora Aldea Gómez defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Santiago Camacho defiende a enmienda del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora Alía Aguado expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen: En turno de
portavoces intervienen: el señor Marín Gascón y el señor Sánchez-Garnica
Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Castellví Auví, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya
en Comú Podem); la señora Santiago Camacho, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); el señor Caminal Cerdà, por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Alía Aguado, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Rallo Muñoz
Cuenca, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación de la moción en sus propios
términos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL. (Votación).


622/000026

GPP


Se rechaza la toma en consideración con el
siguiente resultado: votos telemáticos autorizados: 264; emitidos, 261; a
favor, 106; en contra, 152; abstenciones, 3; no votan, 3.









PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA A LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995,
DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Votación).


622/000026

GPP


Autor: GPMX


Se rechaza la toma en consideración con el
siguiente resultado: votos telemáticos autorizados: 264; emitidos, 261; a
favor, 3; en contra, 258; no votan, 3










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL
IMPULSO DE UNA ESTRATEGIA POR LA DIGNIDAD DE LOS TEMPOREROS Y TEMPORERAS
DE ANDALUCÍA ANTE SU SITUACIÓN DE EMERGENCIA VITAL.


662/000016

GPIC


La señora González Modino defiende la moción.


El señor González-Robatto Perote defiende la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa suya,
del señor Marín Garcón y de la señora Merelo Palomares.


La señora Bailac Ardanuy defiende las tres
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.


La señora Navarro Garzón defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Rodríguez Comendador Pérez defiende las
cinco enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


La señora González Modino expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y acepta las enmiendas
números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu y la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen: el señor Egea
Serrano y el señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora González Modino, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); la señora Ponce Gallardo, por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Medina Martínez, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bailac Ardanuy, por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; y el señor Huelva Betanzos, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación de la moción con las
enmiendas aceptadas.


La señora presidenta abre a las dieciséis horas y
dieciocho minutos el plazo de dos horas para la votación telemática de
los puntos 11.1. y 11.2., cuyos resultados serán comunicados a los
señores senadores, publicados en la página web del Senado y proclamados
al inicio de la próxima sesión plenaria.









DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS
Y NIÑOS, CELEBRADO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE.


630/000005

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


La Cámara aprueba la declaración institucional por
asentimiento.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





RENOVACIÓN DE LA RESERVA FORMULADA POR
ESPAÑA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN. (Votación).


610/000002

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 259; a favor, 243; abstenciones,
16.









ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE
FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN
RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO 'AD REFERENDUM' EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE
MARZO DE 2019. (Votación).


610/000003

Asuntos Exteriores


Se rechaza la propuesta de no ratificación
número 1, con el siguiente resultado: votos telemáticos autorizados, 263;
emitidos, 258; a favor, 5; en contra, 146; abstenciones, 107.


Se autoriza el acuerdo con el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor,
144; en contra, 97; abstenciones, 17.









INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL
24 DE JUNIO DE 1986. (Votación).


610/000004

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 242; abstenciones,
16.









PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS PARA LA DONACIÓN IRREVOCABLE DE LA PROPIEDAD DEL GRAN
TEATRO CERVANTES DE TÁNGER, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE 2019.
(Votación).


610/000005

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 231; en contra, 9;
abstenciones, 18.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000006

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 241; abstenciones,
17.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO
EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000007

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 257; a favor, 242; abstenciones,
15.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000008

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000009

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.









DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010. (Votación).


610/000010

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 233; abstenciones,
25.









DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010. (Votación).


610/000011

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 235; abstenciones,
23.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BAKÚ EL 23 DE ABRIL DE 2014.
(Votación).


610/000012

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.









CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS, HECHO EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA EL 25 DE MARZO DE 2015. (Votación).


610/000013

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.









ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA,
HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. (Votación).


610/000014

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. (Votación).


610/000015

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 257; a favor, 242; abstenciones,
15.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017. (Votación).


610/000016

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.









ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA,
HECHO EN TOKIO EL 17 DE JULIO DE 2018. (Votación).


610/000017

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 240; abstenciones,
18.









PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DEL
CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR. (Votación).


610/000018

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
temáticos autorizados: 263; emitidos: 258; a favor 243; abstenciones
15.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MONTREAL EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. (Votación).


610/000019

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
telemáticos autorizados, 263; emitidos, 257; a favor, 242; abstenciones,
15.









ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, HECHO EN MADRID EL 20 DE
DICIEMBRE DE 2018. (Votación).


610/000020

Asuntos Exteriores


Se autoriza con el siguiente resultado: votos
temáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243; abstenciones,
15.


Se levanta la sesión a las dieciséis horas y
treinta y cinco minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


Punto sexto del orden del día: mociones. Apartado primero del
punto sexto: moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno
de la Comisión de Derechos Sociales, de una ponencia de estudio sobre el
proceso de envejecimiento en España, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Señorías, les recuerdo que esta moción fue debatida y quedó
pendiente de votación en el día de ayer. Se abre la votación telemática
desde este momento, que son las nueve horas y tres minutos, hasta las
once horas y tres minutos. Se votará la moción en sus propios
términos.


Por acuerdo de la Junta de Portavoces, de 15 de septiembre
de 2020, el plazo de dos horas para la votación telemática de las tomas
en consideración de las proposiciones de ley incluidas en el orden del
día dará comienzo una vez finalizados los debates respectivos. El plazo
de votación telemática para los convenios y tratados internacionales se
abrirá al término del debate del último de ellos. El plazo de votación
telemática para las dos últimas mociones se abrirá antes de finalizar la
sesión plenaria y sus resultados serán comunicados a sus señorías,
publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de la
siguiente sesión plenaria.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO.


622/000030

GPIC


La señora presidenta lee los puntos 7, 7.1.
y 7.1.1.


La señora PRESIDENTA: No se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual, procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.


Para la defensa de la toma en consideración,
tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Muchas gracias, señora
presidenta. Buenos días a todos y todas.


El pasado martes, 22 de septiembre, se celebró
en toda Europa el Día sin Coches, dentro de la Semana de la Movilidad
Sostenible, dirigida a sensibilizar tanto a los representantes públicos
como a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche en la ciudad tanto para la salud pública como para
el medioambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más
sostenible: transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.
Pues bien, entre estos medios sostenibles, el transporte público es el
que universaliza la accesibilidad, ya que permite a cualquier persona, de
cualquier condición y situación, desplazarse por la ciudad. El autobús y
el metro nos igualan y es el medio de transporte más democrático.


Si algo nos ha enseñado la pandemia de la COVID
es que necesitamos que nuestras ciudades sean más amables y, para ello,
hay que recuperar espacios para las personas. El transporte colectivo es
el que más ha sufrido la crisis sanitaria y ha quedado estigmatizado, con
el riesgo que esto supone para la habitabilidad de nuestras ciudades y la
movilidad sostenible. Además, la amenaza del cambio climático nos obliga
a repensar nuestra movilidad. El planeta no puede aguantar más tiempo una
movilidad individual basada en los vehículos que funcionan con
combustibles fósiles. Las ciudades ya no pueden ser diseñadas para el
coche, y este ha de ir cediendo espacio cada día al transporte urbano
colectivo, también por motivos de salud.


Según un reciente informe de la OMS, la
exposición humana a la contaminación del aire es la causa de muerte
de 7000 personas al año únicamente en el Estado español, en el que en los
entornos urbanos la movilidad viene condicionada por el limitado espacio
público disponible. Antes de la pandemia, el 40 % del espacio público
urbano estaba privatizado para el uso de los vehículos particulares
motorizados, que usufructúan el espacio para aparcar. Si contamos el
espacio usado para circular, este se eleva al 70 % de nuestras ciudades.
Sin embargo, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona solo el 27 % de
los desplazamientos se realizan mediante vehículos particulares.


El uso del espacio es claramente insuficiente.
Por poner un ejemplo, 30 coches aparcados, por 30 personas cada hora
—una rotación muy alta—, ocupan el mismo espacio que 100
metros de carril bus, que puede ser utilizado por 5000 personas cada
hora. La sobreexplotación del espacio público tiene, además, un
importante sesgo de género. En Valencia, por ejemplo, el 67 % de las
personas usuarias son mujeres. Apostar por el transporte público, y hacer
de él un medio de movilidad competitivo, se encuadra también dentro de
las políticas de género, dirigidas a reducir la brecha entre hombres y
mujeres. Por lo tanto, para afrontar todos estos grandes retos se
necesita que los medios de transporte públicos crezcan y se conviertan en
la mejor opción de movilidad. Para ello, es indispensable que cuenten con
una financiación justa y suficiente que les permita avanzar e ir tomando
ese espacio que debe ir cediendo el vehículo privado por el bien del
planeta, como recomiendan todos los organismos, que alertan de las graves
consecuencias de seguir contaminando. En este contexto, parece claro que
los ayuntamientos no pueden ser el único músculo económico que soporte la
financiación del transporte público sin la ayuda de otras
administraciones. A nuestro juicio, debe ser la Administración estatal la
que lidere esta financiación y dote de los recursos suficientes para
afrontar los nuevos retos a los que nos enfrentamos: el cambio climático
y lo que ha dado en llamarse la nueva normalidad.


Como saben, a finales de septiembre el Congreso
aprobó, casi por unanimidad —no contó con el voto del PNV, pero sí
con el resto de votos—, una PNL que exigía al Ministerio de Fomento
tener lista la ley de financiación en un plazo de seis meses. En la
actualidad, España es el único país europeo que no cuenta con una norma
de ese tipo, frente a países como Alemania o Francia, en los que lleva
vigente alrededor de cuarenta años, como recuerdan desde la Asociación de
Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, ATUC.


La ley que se presenta hoy pretende crear un
marco regulatorio donde no lo hay. Hasta ahora, los Presupuestos
Generales del Estado otorgaban, de manera arbitraria y sin parámetros,
más de 100 millones de euros al año a transportes metropolitanos como el
de Madrid y cantidad semejante al de Barcelona. El resto de ciudades
debían repartirse una cantidad fija cada año —también incluida en
los presupuestos—, que eran simplemente migajas.


La revisión del modelo que se propone
corregiría la inequidad actual, ya que hay poblaciones, hay capitales que
reciben cinco céntimos por habitante al año para financiar el transporte
metropolitano, frente a otras que superan los veinte euros al año. Esto
es lo que ha aportado el Estado durante los últimos diez años para
financiar el transporte metropolitano: Madrid, 1378 millones de euros;
Barcelona, 1091 millones de euros; Canarias, 312 millones de euros;
Sevilla, 70 millones de euros; Málaga, 60 millones de euros; Valencia
—tercera ciudad del Estado—, 20 millones de euros. ¿Les
parece justo? Si quieren, hacemos la comparativa con las poblaciones de
cada ciudad: Madrid, 3,2 millones de habitantes; Barcelona, 1,6 millones
de habitantes; Valencia, casi 800 000 personas; Sevilla, casi 700 000
personas; Málaga, 574 000 y pico personas. O sea, Valencia, con la mitad
de habitantes que Barcelona, recibe 20 millones de euros para financiar
el transporte público frente a los 1091 millones que recibe Barcelona.
Valencia —una cuarta parte de la población de Madrid—,
recibe 20 millones de euros para financiar el transporte público, cuando
Madrid recibe 1378 millones de euros. Por ello, todavía hoy no sabemos
qué criterios se han usado para disponer de este modo del dinero público
de todos y todas. No sabemos si es con base a los kilómetros recorridos,
al número de personas viajeras o, simplemente —tal y como nos
tememos—, se debe únicamente a criterios políticos y de mayorías
parlamentarias.


El objetivo de esta ley es, precisamente, crear
un régimen permanente de financiación que pueda dar estabilidad a un
sistema que, desgraciadamente, se ha caracterizado, como hemos visto, por
la fragmentación, la arbitrariedad, la instrumentación política de fondos
y su contingencia temporal. Por eso, nuestra proposición de ley incluye
requisitos puramente objetivos: suficiencia en la prestación del
servicio, eficiencia en la gestión de los recursos públicos,
transparencia y trazabilidad de las inversiones, accesibilidad de los
servicios y maximización del disfrute del derecho a la movilidad.


De cara a la población, en teoría, este
Gobierno apuesta por fomentar la movilidad sostenible y conectada. Aquí
se presenta una oportunidad de oro para inyectar los recursos económicos
que el sector requiere para llegar a nuevos barrios, modernizar la flota,
descarbonizarla y eliminar la emisión de miles de toneladas de CO2 a la
atmósfera. Es también de gran interés para las operadoras del transporte
conocer con antelación los recursos con los que van a poder contar para
planificar sus inversiones. Recientemente, con motivo de la Semana
Europea de la Movilidad, el secretario general de ATUC introducía
afirmaciones en un artículo en El Economista que nos han de hacer
reflexionar. Se calcula que potenciando autobuses, metros o trenes de
cercanías se multiplicaría por veinte, aproximadamente, el crecimiento de
usuarios. El transporte urbano y metropolitano es la solución; un bien
básico, un servicio elemental sobre el que cimentar una sociedad más
justa, igualitaria y, por supuesto, sostenible.


Esta ley que presentamos aquí debería haberse
aprobado ya el año pasado, pero sabemos que la inestabilidad política,
las convocatorias electorales y las crisis sanitarias han impedido
avanzar. La propuesta que tienen en sus manos explica que el fondo se
dotará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado...


La señora PRESIDENTA: Le queda un minuto,
señoría.


El señor MULET GARCÍA: ... por un monto no
inferior al 0,25 % del PIB del año anterior.


Por lo tanto —y voy terminando—,
han tenido tiempo ustedes, todos los grupos parlamentarios, para
presentar una alternativa, y no la han presentado. Entonces, si hoy no
sale aprobada esta propuesta es, simplemente, por falta de voluntad
política. Ha habido unos plazos y ustedes han podido presentar
alternativas, pero no lo han hecho. Por lo tanto, esperamos que esta
proposición pueda salir adelante y terminar con la enorme discriminación
que sufren las ciudades del Estado español en cuanto a la financiación.
Pensamos que este es el camino para apostar por la Agenda 2030 y por el
green new deal con el que tanto se nos llena la boca. Por ello, espero
contar con la unanimidad de esta Cámara, más aún cuando veo que no se han
presentado ningún tipo de alternativa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Alguno de los grupos hará uso del turno a
favor? (Denegaciones).


Pasamos al turno en contra.


El senador Bernabé Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.


Señores de Izquierda Confederal, créannos que
en el Grupo Parlamentario Popular estábamos expectantes por conocer cuál
iba a ser su propuesta de transporte público para España, y debo decirles
que no solo han cumplido las expectativas, sino que, además, las han
superado con creces, pues es verdaderamente complicado, en tan solo
veintidós folios —veintitrés si incluimos la memoria
económica—, decir tal cúmulo de disparates, barbaridades dislates y
contrasentidos como han sido ustedes capaces a la hora de alumbrar ese
texto, que solo podemos calificar como un auténtico despropósito que,
desde luego, no podemos compartir bajo ningún concepto. Porque, bajo ese
paraguas de buenismo —de acabar con los contratos programa
injustos, de principios generales de sostenibilidad, respeto al
medioambiente, eficiencia, etcétera, que, desde luego, compartimos
todos—, el problema llega cuando ustedes nos plantean el cómo, y
resulta que lo que nos presentan es la trasposición a España del modelo
cubano del transporte, que, como usted comprenderá, no lo vamos a apoyar
jamás.


Ese es el motivo por el que hemos elaborado un
decálogo, con diez razones, a modo de los 10 mandamientos —que
aunque ustedes no sean muy de misa supongo que sabrán de lo que se
trata—, en el que explicamos nuestros posicionamientos, unos de
tipo ideológico —propios de una formación política seria, como es
el Partido Popular—, y otros de mera lógica y sentido común, que
nos llevan a esta determinación.


La primera, su surrealista exposición de
motivos, con algunas perlas dignas de entrar en la antología del
disparate del parlamentarismo español, como cuando nos dice —y leo
literalmente— que la sobreocupación de los espacios viarios
públicos por los automóviles particulares tiene sesgo de género, o sea,
que si vas en coche eres machista, pero si vas en autobús o en metro eres
feminista. ¡Vaya tela! ¿Así es como entienden ustedes la lucha por la
igualdad? (Aplausos). Hay que ver cuánto daño ha hecho esto de los
micromachismos en algunos. Otra, cuando ustedes nos dicen que el coste
sanitario por la polución de los coches en la salud de los españoles
oscila entre los 16 000 y los 45 000 millones de euros. ¡Toma ya, y se
quedan tan panchos! ¡O una cosa, o el triple! A eso, en mi pueblo, se le
llama saber afinar. El Gran Capitán, haciendo sus cuentas, era un
aprendiz a su lado. O como cuando nos plantean, sin dar ninguna
justificación, que el País Vasco y Navarra quedarán excluidos de esta
normativa, lo ratifican en el articulado y cuando llegamos a la
disposición adicional segunda nos dicen que el País Vasco, Navarra y las
Canarias —que se ve que pasaban por allí y, les ha tocado la
pedrea— también quedan fuera. Este es el nivel de lo que nos han
presentado.


Segunda razón, el gravísimo agravio comparativo
que supondría, de aprobarse esta norma, para la España rural. Están
ustedes hablando de repartir miles de millones de euros solo para los
municipios de más de 50 000 habitantes y nada para el resto. ¿Así es como
luchan ustedes contra la despoblación? ¿Así es como apoyan ustedes la
España vaciada, no dándole un céntimo a las poblaciones más pequeñas, que
son las más necesitadas de servicios, entre ellos y de manera fundamental
el tener un transporte digno y en condiciones? Se lo voy a plantear de
otra manera. Señor Mulet, ¿sabe usted cuántos municipios hay en España?
No, ¿verdad? Se lo digo yo: 8131. ¿Y sabe usted cuántos de ellos tienen
más de 50 000 habitantes? Tampoco, ¿verdad? También se lo digo yo: 148.
¿Sabe lo que eso significa? Que el 98,18 por ciento de los municipios
españoles quedan excluidos de estas ayudas, magnitud de tal barbaridad
que creo que no merece mayores comentarios. Tercera razón. Ustedes
muestran unas carencias y un desconocimiento absoluto a la hora de hablar
de lo que es el transporte colectivo, porque de su texto solo se
desprende que hablan de trenes y ferrocarriles. ¿No saben ustedes que los
taxis tienen la consideración de transporte colectivo? ¿No saben ustedes
que desde la aprobación del Real Decreto 13/2018 las VTC también lo
tienen, por ejemplo, para los desplazamientos entre hoteles y
aeropuertos? Si no lo saben, ¡muy mal!, pero, si lo saben, ¡muchísimo
peor!, porque están planteando un nuevo agravio comparativo al
subvencionar unos modos de transporte y perjudicar claramente a
otros.


Cuarta razón, la procedencia de esos fondos,
que ustedes cifran en 5000 millones de euros, el total del coste del
transporte público. Dicen que más del 60 % —3100 millones—
tiene que venir de los Presupuestos Generales del Estado, pero no
concretan el origen. Solo hay 3 escenarios posibles, y nos oponemos a
cualquiera de ellos. Uno es vía endeudamiento, con las nefastas
consecuencias para el déficit público y para la situación financiera
actual que ello traería. Otro es vía impositiva, subiendo los impuestos
actuales o creando otros nuevos —huelga decirle lo que pensábamos
al respecto—. Y el último sería detrayendo ese dinero de otras
partidas del Estado, y, como no lo dicen, yo le pregunto: ¿de cuáles?
¿Sanidad, educación, justicia, defensa, agricultura, turismo...? No nos
esperen ustedes para ese circo.


Quinta razón. Dice el quinto mandamiento: no
matarás. Eso es lo que pensamos nosotros cada vez que ustedes, los de la
izquierda, hablan de meter la mano en el bolsillo a los españoles. No
subirás los impuestos es nuestro lema. Sin embargo, dedican ustedes los
artículos 5 y 6 de su texto a facultar a los ayuntamientos a que nos
suban los impuestos a todos los españoles para pagar esta fiesta,
incentivando —y se lo digo con todas las letras— la violencia
fiscal de los consistorios para con los ciudadanos a los que se
deben.


Miren ustedes, señores de Izquierda Confederal,
solo hay otra fuerza del universo comparable a su ansia impositiva, y es
la de las cabras, que siempre tiran al monte. ¡Señor mío, qué dos fuerzas
de voluntad tan extraordinarias si tuvieran buen señor! (Aplausos). Pero
es que, además, incurren ustedes en la contradicción de decirnos que hay
que poner impuestos cuando en su propia memoria económica el tema lo
arreglan de otra forma, porque nos dicen que la mitad de los 5000
millones llega a través del precio que pagamos los españoles por los
billetes y luego nos dicen que, aparte de ese 50 %, un 60 % lo tendrá que
poner el Estado vía presupuestos generales. Pues bien, resulta que 50
más 60 suman 110, por lo que no solo se cubre el coste del servicio, sino
que habría hasta superávit. Sexto mandamiento: no robarás, señor Mulet,
no robarás las haciendas de los españoles. (Aplausos).


Sexta razón. Para articular estos fondos no
pensemos que ustedes acuden a un órgano reglado, no, sino que se inventan
una cosa que llaman comisión gestora, que es lo más parecido que hemos
visto en nuestra vida a la definición de un círculo podemita, con
nombramientos y funcionamiento asambleario, que no gestiona, que solo se
encarga de repartir, controlar, y eso sí, sancionar, que les gusta mucho.
No nos esperen ustedes para formar parte de esos comisariados soviéticos
tan del gusto de la extrema izquierda.


Séptima razón —y se lo digo con cariño,
porque seguro que esta ley está inspirada con buena fe—, ¡vaya un
bodrio jurídico que nos han presentado ustedes! ¿Cómo vienen aquí a
traernos una ley este calibre, sustentada en cuatro preceptos dispersos
que sacan con una pinza de la Constitución, obviando y pasándose
literalmente por el forro —permítame la expresión— toda la
normativa básica, que es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y
la Ley del Sector Ferroviario? Por cierto, normativa básica que, al final
del texto, dejan de lado en todo lo que les importuna con un simple
deróguese, al estilo del exprópiese de su añorado Chávez. Por no hablar
de esa maravilla de técnica legislativa que es el artículo 13, cuando
hablan ustedes de las obligaciones a imponer a Renfe Operadora, que según
ustedes están en el punto 2.b del artículo anterior, precepto que,
simplemente, no existe. ¡Qué nivel, Maribel! (Aplausos).


Octava razón. Solo faltan tres, no se preocupe,
y me quedan 2 minutos y medio. No le queda mucho por sufrir. En España,
la inmensa mayoría del transporte público por carretera lo realizan
empresas privadas vía concesión administrativa. Sin embargo, no dicen
ustedes ni una sola palabra, ni una sola mención a qué va a pasar con
estas empresas. ¿Las van a expropiar, las van a municipalizar, no van a
respetar sus derechos? En su caso, ¿quién haría frente a los daños
emergentes y lucros cesantes derivados de las reclamaciones
multimillonarias que tendrían lugar? Demasiadas preguntas sin respuesta,
¿no le parece?


Novena razón: artículo 9 de su texto, en el que
dice que tendrán prioridad para la consecución de estos fondos las
empresas públicas, ¿pero por qué? ¿No se dan cuenta ustedes de que es un
ataque directo a la línea de flotación del principio de igualdad
consagrado en la Constitución? Aquí el problema reside en su ADN
comunista. Ustedes lo único que buscan es arruinar el emprendimiento y
potenciar la subvención, y eso solo trae miseria y dependencia del
Estado, como en sus paraísos de Cuba, Venezuela o Corea del Norte,
rodeados de muros, alambradas y guardias, pero no para impedir que el
común de los mortales vaya a esos jardines del edén de la tierra
prometida, sino para impedir que salgan corriendo a toda prisa los pobres
nacionales de esos países.


Décima y última razón, aunque, tal vez, de las
más importantes. ¿Qué va a pasar, señor Mulet, con las decenas de miles
de trabajadores de esas empresas concesionarias? ¿Se van a ir todos al
paro o los van a hacer ustedes trabajadores públicos, funcionarios vía
oposición o digitalizando? Son ustedes los reyes de la contratación a
dedo allá donde gobiernan. (Aplausos). Total, por unos poquitos más no
creo que les cueste en demasía.


Por todas estas razones, por este decálogo,
señores de Izquierda Confederal, el Partido Popular no puede apoyar, bajo
ningún concepto, esta proposición de ley. Eso sí, les pedimos su
comprensión, porque de la misma forma que nosotros entendemos que ustedes
presenten este texto, porque son marxistas y siguen a Marx, entiendan que
nosotros somos antimarxistas por una razón muy sencilla, porque nosotros,
además de leerlo, lo comprendemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En el turno de portavoces, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador González-Robatto
Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
señora presidenta. Buenos días, señorías.


Es un clásico de la izquierda y, sobre todo, de
la izquierda extrema disfrazar nobles medidas, como es la de mejora del
transporte público, para luego meter sus mantras y esconder, tras la
palabra libertad, innumerables prohibiciones, y se lo voy a
explicar.


La mejora del transporte público es algo en lo
que, evidentemente, todos estamos de acuerdo, con algunas salvedades,
como el presidente del Gobierno, que usa el Falcon hasta para ir a por el
pan, o la escolta del vicepresidente, que la utiliza para ir hacer
recados, pero, en general, creo que en esto todos estamos de acuerdo.
Pero aquí está la trampa. Detrás de su discurso bondadoso y ecologista se
esconden sus planes ideológicos. Ahora, para mejorar el transporte
público, no se les ocurre otra cosa que intentar prohibir el transporte
privado, sumándole, además, arengas de género que nada tienen que ver,
pero como está en su agenda ideológica, evidentemente, hay que meterlas
con calzador. Y cito textualmente: La sobreexplotación del espacio
público por los coches tiene, además, un importante sesgo de género. En
Madrid, por ejemplo, los últimos registros del Consorcio Regional de
Transportes revelan que casi el 70 % de los usuarios de los autobuses
urbanos de la Comunidad de Madrid son mujeres, una cifra muy distanciada
del 47,5 % de las mujeres que se desplazan en vehículo privado, por
un 52,5 % de hombres. A continuación, dice: Esta combinación de derechos
y deberes de sesgos de género y edad convierte al transporte colectivo
urbano en un pilar estratégico para garantizar la igualdad entre la
ciudadanía. Oigan, según estas cifras, el transporte privado es mucho más
igualitario que el transporte público, contando con la igualdad real, no
la que promulga la ministra Montero, con la ausencia de hombres en su
ministerio, sino un 50 % de cada sexo. ¿Cómo se les ocurre fomentar el
transporte público —nótese la ironía—, además, contando con
lo machista que es? Ya que según los informes, que costaron casi 53 000
euros, encargados por gobiernos de su cuerda para estudiar el impacto de
género sobre el soterramiento de la M-30, así se determinó. Adonde quiero
llegar es a la evidencia de que, tras la loable medida como es la mejora
del transporte público, nos encontramos con los intentos de prohibición
por el bien común —abro y cierro comillas—, intentando
ligar 7000 muertes al año a los que usan el transporte privado, como se
deja entrever en su texto. La prohibición de todo sobre la base de
ocurrencias, como es habitual y vemos constantemente en la izquierda y en
la extrema izquierda, no debe ser la vía del desarrollo de la ley. En
lugar de andar prohibiendo y acusando constantemente a los ciudadanos,
hagan medidas que fomenten y mejoren en campos de la libre competencia y
el desarrollo para que, dentro de su libertad de elección, se decanten
por el transporte público.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidenta.


Antes de empezar, quiero que mis primeras
palabras sean para trasladar desde aquí nuestro cariño y estima al
conseller Jordi Turull por el fallecimiento de su padre. Turull está
encarcelado injustamente y sin tercer grado por venganza. Este es el
imaginario del que ayer nos hablaba la ministra Darias. Que vaya a Parets
del Vallès y verá qué imaginario hay allí de tristeza, dolor por la
venganza y la injusticia.


Esta proposición de ley que nos presenta el
Grupo de Izquierda Confederal tiene una parte en la que estamos muy de
acuerdo, porque el transporte público urbano y metropolitano constituye
un elemento central para definir una nueva movilidad que sea coherente
con los objetivos de emergencia climática, la calidad del aire urbano y
la nueva agenda urbana que promueven las Naciones Unidas. Se han hecho
esfuerzos en los últimos años en Cataluña, pero quedan muchos aún por
hacer. Lógicamente, esto comporta disponer de más recursos tanto para las
inversiones en nuevas infraestructuras como para asumir los costes de
explotación, que son necesariamente deficitarios porque no los podemos
trasladar en su totalidad a los usuarios a través de las tarifas. Es
urgente que se destinen más recursos públicos a subvencionar el
transporte público, y tienen la asignatura pendiente en esta materia. En
Cataluña, esta asignatura pendiente es del Gobierno español. Por tanto,
bienvenidas sean las iniciativas que quieren abordar esta asignatura
pendiente.


De todas maneras, hay algunos puntos que se
deben tener en cuenta en esta iniciativa a la hora de tomarla en
consideración. Se impulsa una proposición de ley al mismo tiempo que el
Gobierno español, a través del Ministerio de Transportes, inicia la
elaboración y tramitación de una ley con la misma finalidad, actualmente
en fase formal de consultas previas. ¿Tienen sentido dos iniciativas
similares a la vez? De entrada, no lo parece. En cualquier caso, es
necesario instaurar un modelo de financiación que busque suficiencia,
garantía y perspectiva. Suficiencia, aunque no se puede pretender que la
financiación del transporte público recaiga especial y principalmente en
los Presupuestos Generales del Estado. Es conveniente que su aportación
aumente a niveles que anulen los recortes que el ministro Montoro impuso
en su momento. Garantía, porque no puede ser que los organismos que
reciben subvención tengan que esperar para ver cada año si se incluye o
no esta partida en los presupuestos o que, en años de presupuestos
prorrogados, varíe hasta el último momento la partida en un sentido u
otro. Se tienen que crear mecanismos que garanticen las aportaciones. Y
perspectiva, ya que se ha de poder tener una idea a medio plazo de cuál
será la aportación del Estado para que los organismos gestores del
transporte público puedan planificar con una cierta confianza,
especialmente en aspectos como la renovación y ampliación de flotas, que
son proyectos claramente plurianuales.


Esta proposición de ley podría ir en esta
línea, pero surgen algunos inconvenientes. El más relevante es la
financiación de los consorcios metropolitanos. Se introducen unos
condicionantes sobre la estructura y la composición de estos consorcios
que, de prosperar, impedirían que los consorcios catalanes recibiesen
subvención del Estado o que se viesen obligados a cambiar un modelo
organizativo que hace más de 20 años que funciona satisfactoriamente. No
es aceptable que, a través de condicionar la subvención, se quiera
imponer un modelo uniforme, con un espíritu centralista, que quiere
anular la capacidad de tener modelos diversos y más adaptados a las
características propias de cada territorio. Cuando en una disposición
adicional se establece que este modelo uniforme no es aplicable ni al
País Vasco ni a Navarra ni a Canarias, queda claro a quién quieren
obligar a cambiar, y, evidentemente, no estamos de acuerdo con esto. Nos
sorprende que En Comú Podem firme una iniciativa y se sume a un texto que
recorta el autogobierno de Cataluña y que afecta especialmente a su
capital y a su zona metropolitana. Por tanto, afecta al autogobierno
tanto de la Generalitat como de los entes locales, porque no los deja
organizarse como quieren, tal como se ha hecho hasta ahora.


En consecuencia, sabiendo de la conveniencia y
la urgencia de crear un mecanismo de financiación de transporte público,
cuesta aceptar que se aproveche una propuesta de esta naturaleza para
pretender alterar los organismos con que se han dotado las
administraciones catalanas desde hace más de 20 años. Es necesario, en
este sentido, exigir a los proponentes de la iniciativa que manifiesten
su compromiso de suprimir estas pretensiones en la tramitación, si fuera
el caso, de la proposición de ley. Nosotros esperamos la buena voluntad
que tiene en el sentido de tener más recursos para el transporte
metropolitano y urbano, que es necesario, es decir, la finalidad es
necesaria. La redacción de la propuesta no se corresponde con la realidad
y con las necesidades, especialmente en nuestro caso, que es el que
conocemos, Cataluña, y esperamos, como digo, que si hay una rectificación
y un compromiso en este sentido, en nuestro grupo daremos nuestro voto
positivo y, en caso contrario, nos abstendríamos. Esperemos que podamos
dar el voto positivo y que sea con esta voluntad de obtener más recursos
para el transporte metropolitano y urbano, que creo que es la finalidad
de la proposición de ley que ha presentado el senador Mulet.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Buenos días de
nuevo.


Como no tengo un turno posterior, será
complicado replicar y contestar las intervenciones posteriores. Es una
lástima, porque aquí cada uno soltará su parrafada, como hemos visto
antes. Estas sí las podré contestar, pero las posteriores no, y será una
forma absurda de abordar el debate final de esta iniciativa sin poder
contestar algunas preguntas que se puedan formular y sin poder rebatir
algunos argumentos o despropósitos que se puedan decir. Me tocará
utilizar esta intervención para ello.


He intuido que el Grupo Parlamentario Popular
votará en contra, pero no sé lo que votará el resto de grupos. Por lo
tanto, voy a explicarme un poco más y ahondaré en lo que veníamos
hablando.


Lamento el papel de Vox en esta Cámara vista la
intervención que han tenido, porque uno sabe a qué grupo pertenece cada
uno, pero cuesta un poco diferenciar la intervención de Vox de la del
Partido Popular. En este caso, les digo que ha estado más moderado Vox
que el Partido Popular. La extrema derecha de siempre es la auténtica, no
intenten imitarla; los fachas de siempre no defraudan. (Protestas). Y
aquí, en lugar de venir a defender una postura, se han dedicado a
insultar de manera continua. Qué raro que para no presentar una
alternativa, porque no han presentado ni una sola alternativa sobre cuál
sería su modelo de transporte público, que ya sabemos cuál es, hayan
hablado de Venezuela, Cuba, comunismo y se termina el mundo. Tienen la
poca vergüenza —no la han tenido nunca— de empezar hablando
de los mandamientos, del no robarás, justamente hoy, que es noticia que
la UCO investiga al Partido Popular en Almería. No robarás, justamente
hoy, que es noticia que han investigado el domicilio de Carlos Fabra. No
robarás, justamente hoy, que continúan siendo noticia Cospedal o
Fernández Díaz. Si hubieran podido ustedes esperar una semanita, hubiera
salido hoy el señor Erguido aquí, sin dimitir todavía, para darnos
lecciones de no robarás. ¡Qué poca vergüenza y qué despropósito! Encima
para no hablar de nada. ¿De qué han hablado ustedes aquí, de Venezuela y
de Cuba? ¡Qué poca vergüenza! No robarás. Ustedes han estado robando el
dinero público durante décadas, ustedes, los fachas de siempre. Todos
somos comunistas aquí, pero ustedes son los fachas de siempre.
(Protestas). Se ponen muy nerviosos. Tranquilos, que ustedes después
tendrán un turno al que yo no tendré derecho a réplica. Esa es la
realidad. Pero acostúmbrense a que estamos en democracia, a pesar de que
les cueste tanto a ustedes. No robarás. Dejen de robar. Dejen de robar
continuamente, porque lo que ha hecho el Partido Popular en transporte es
robar. Durante diez años han invertido cero euros en Valencia, la tercera
ciudad del Estado. (La señora Pradas Ten: ¿Qué ha pasado con la EMT de
Valencia?






Cuenta eso también). ¡Cállese, señora! Han invertido cero
euros, cero euros en la ciudad de Valencia mientras invertían 1000
millones en Barcelona o en Madrid. Eso es robar el dinero público.
(Protestas). Dejen hablar, dejen hablar, estén tranquilos. Dejen hablar,
dejen hablar. Son las nueve de la mañana. (Protestas).


La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.


No interrumpan al orador.


El señor MULET GARCÍA: Estén tranquilos, hay
derecho a hablar y no tendré derecho a réplica. Déjenme hablar
tranquilamente y dejen de robar también, dejen de robar. Aprueben una ley
para que dejen de robar el dinero público para destinarlo a unas ciudades
y no a otras. Acostúmbrense a que estamos en democracia, aunque sé que
les cuesta mucho. Sé que llevan 40 años ahí y que no pueden digerirlo,
pero acostúmbrense y luego háblenme de Venezuela o de Cuba, háblenme de
lo que les dé la santísima gana, pero por lo menos déjenme hablar.
(Protestas). Ya sé que para ustedes es complicado que haya gente que
piense diferente a ustedes. Luego vendrán aquí para hablar de los
mandamientos. ¡Qué poca vergüenza! Hay que ser hipócritas, hay que tener
muy poca vergüenza, hay que tener mucho morro para venir aquí y empezar a
hablar de cosas que no tienen nada que ver con la propuesta. El problema
es que no sé si ustedes, aparte de gritar mucho… (Protestas). Qué
complicado lo hacen, higiénicamente hablando. Aparte de gritar mucho,
luego vendrán aquí a soltar despropósitos.


¿Por qué esta proposición de ley no habla del
transporte de la España rural? Porque estamos hablando del transporte
metropolitano. Es tan fácil como esto. Ustedes han tenido tiempo para
presentar una alternativa. Aquí lo que proponemos es abrir este debate
parlamentario. Aquí lo que proponemos es que se pueda enmendar, como bien
comentaba el compañero de Junts per Cat, porque, obviamente, esto es el
inicio de una tramitación parlamentaria y se puede enmendar. Nuestra idea
no es perjudicar a ninguna ciudad ni a ningún transporte metropolitano,
sino garantizar los recursos que necesitan esos transportes. Obviamente,
estamos abiertos a que cada grupo parlamentario aporte sus modificaciones
y sus propuestas. Habrá algunos que estén por trabajar. Ustedes han
apuntado claramente qué modificarían, pero otros han venido aquí a hablar
de despropósitos, de manera totalmente hipócrita e irresponsable. Han
tenido tiempo más que suficiente para, si no les gustaba esta propuesta,
presentar una alternativa, pero la única alternativa que tienen, tanto a
la actividad parlamentaria, la actividad legislativa, como a la actividad
que tiene el Gobierno, es hablar de Cuba, de Venezuela y de comunismo.
Eso es el Partido Popular, porque no tienen ideas. Han estado gobernando
durante años, desgraciadamente. Ya no hablamos de los años de la
predemocracia, que eso lo llevan en el ADN, pero han estado gobernando
durante muchos años y el efecto de ese gobierno ha sido, precisamente, lo
que comentábamos, que hay ciudades que han estado bien financiadas para
el transporte metropolitano y hay ciudades, como la tercera ciudad del
Estado, que durante los mandatos del Partido Popular han recibido cero
euros para financiar su transporte público.


Y sé que luego hablaran de que si la EMT de
Valencia ha sufrido un robo, robo que, por cierto, denunció Compromís.
Compromís puso en conocimiento de la policía el robo de 4 millones de
euros y lo están investigando las autoridades judiciales. Eso le puede
pasar a cualquiera. (Risas). Pero lo primero que hizo Compromís fue
ponerlo en conocimiento de la justicia, y es la justicia quien está
actuando. Nadie de Compromís está acusado en esta causa. Incluso un señor
del Partido Popular se atrevió a acusar a un concejal, que encima no
llevaba esa área. Para que vean el despropósito y la falta de rigor, la
falta de criterio y la falta de vergüenza que tiene el Partido Popular.
Robar, eso es lo que hacen ustedes como auténticos profesionales, porque
no hay nadie de Compromís acusado de la desaparición de ese dinero de la
EMT, sino que ha sido una estafa —tal y como se ha reconocido, tal
como se está investigando—, una estafa ejercida en terceros países.
Por tanto, ya sé que me hablarán de eso. Sé que no tendré derecho a
réplica. Sé que mentirán como bellacos, que es lo único que saben hacer
cuando suben a esta tribuna. Por lo tanto, estamos hablando de lo que
estamos hablando. Ustedes gritarán y tendrán 10 minutos para el
despropósito, como lo han tenido antes, pero pensamos que hace falta
iniciar la tramitación de esta propuesta de ley, porque, como todas, es
enmendable y es mejorable.


Esta proposición de ley no ha sido una
ocurrencia del que les habla aquí, sino que hemos estado hablando con la
gente del sector, con las empresas que gestionan el transporte. Aquí no
estamos nacionalizando nada, no estamos privatizando nada, no estamos
tirando a la gente a la calle, estamos hablando de cómo se financia, de
una vez por todas, con criterios objetivos y estándares, el transporte
público metropolitano, no el rural. Es simple y llanamente eso. Todo lo
demás, todo ese compendio de despropósitos, todo ese nerviosismo que
tiene la extrema derecha de siempre y la extrema derecha nueva, por
ejemplo por la violencia de género y los datos que estamos
sacando…, no, es que esos datos son datos públicos, datos oficiales
que sacan las propias agencias metropolitanas del transporte. Les molesta
que hablemos aquí de brecha de género, de violencia de género. Es que les
molesta siempre que hablamos de esto, porque ustedes han sido siempre la
extrema derecha misógina y la extrema derecha de siempre. Ustedes son lo
de siempre. Hay una nueva que intenta imitarles, pero, desgraciadamente,
señores de Vox, lo tienen muy difícil para llegar a los extremos de
radicalidad y de ultramontanismo del Partido Popular.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra el senador Argüeso Torres.


El señor ARGÜESO TORRES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, hoy nos encontramos en esta Cámara
para discutir una proposición de ley que pone sobre la mesa uno de los
grandes temas pendientes de la movilidad en nuestro país, la financiación
del transporte público. Señorías, vayamos por partes. Desde la exposición
de motivos se ven las principales carencias de este texto. Ustedes mismos
hablan de que esta ley pretende dar estabilidad a un sistema que,
desgraciadamente, se ha caracterizado en el tiempo por su fragmentación,
la arbitrariedad y su contingencia temporal. No podemos estar más de
acuerdo con el diagnóstico de los problemas, no así con las soluciones
planteadas. Señorías, en ningún punto del redactado los proponentes
solucionan el problema de la arbitrariedad, ya que en el
artículo 4 hablan de planificación, pero no de cómo ni quién estaría
encargado de ella. En este punto quiero recordar también a sus señorías
que existe una Oficina Nacional de Evaluación, la ONE, cuya función,
justamente, es la de evaluar las inversiones que formen parte de una
planificación a lo largo de las infraestructuras, y desde 2017, cuando se
creó al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, ha sufrido la
desidia de los sucesivos gobiernos. Habría sido una grata sorpresa que en
el redactado de esta ley se diera a la ONE el lugar que se merece y que,
además, necesitamos como país, para evaluar, validar y avalar las
inversiones propuestas, vetando aquellas que no cumplan con los criterios
recogidos en la ley y sean determinante en la participación de ciertas
inversiones que no se consideren rentables socioeconómicamente, de forma
que no volvamos a colectivizar los costes de las decisiones
irresponsables de algunas administraciones en materia de movilidad.


Por otro lado, creemos que ustedes tienen un
grave problema de concepto con los ingresos, las contribuciones
específicas, las subvenciones y los conceptos que estas partidas van a
financiar. En nuestro grupo parlamentario creemos que estas fuentes de
financiación deben clarificarse, ya que, por ejemplo, la distinción entre
transferencias corrientes de las Administraciones públicas y los ingresos
procedentes de contribuciones generales son para nosotros lo mismo,
dinero de los contribuyentes. Además, en el artículo 6 se lanzan ustedes
a crear nuevas figuras impositivas sin ni siquiera tener claro qué peso
tendrá cada administración en la financiación del transporte público.
¿Cuáles son los objetivos de inversión? ¿Qué criterios utilizan para
identificar las necesidades de inversión? ¿Qué parte de las necesidades
no quedan cubiertas por los actuales impuestos? ¿Qué porcentaje del coste
del servicio se espera cubrir con los ingresos de billetes y abonos? Y
una lista interminable de imprecisiones, carencias y ausencia de datos
que revelan un mero afán recaudatorio con el que no podemos estar de
acuerdo.


A continuación, sin saber siquiera los ingresos
con los que cuentan o las necesidades de inversiones, porque no han
establecido ningún mecanismo para ello, se embarcan en la creación de un
fondo para el sostenimiento de la movilidad colectiva urbana y
metropolitana, en el que dicen que van a financiar el déficit operativo.
En este punto, la confusión ya no puede ser mayor. Tenemos serias dudas
de que un fondo de este tipo financie gastos corrientes sin fijar unos
criterios de eficiencia. Lo que pasará es que las entidades locales y las
entidades del transporte público tendrán menos incentivos para mejorar la
eficiencia de sus redes, porque ustedes ya les han asegurado, al menos,
un 20 % del déficit operativo, y me puedo aventurar a pensar que esta
partida dejará sin presupuestos el fondo.


Señorías, los criterios que se establecen para
priorizar inversiones son francamente pobres, ya que el aumento de la
cuota modal en transporte colectivo no es un indicador suficiente, por lo
que tienen que tenerse en cuenta otros como la intermodalidad, el
porcentaje de viajes que se hacen enteramente en transporte público, la
reducción de emisiones, la disminución del tráfico de vehículos, el
potencial aumento de otros medios de transporte activo —como la
bici o simplemente caminar—, o de otros transportes menos
contaminantes.


Respecto a que la Comisión de financiación y
seguimiento se encargue de la selección de los proyectos, vuelvo a
reiterar que ya hay un organismo llamado ONE, para aquellos que aún no la
conocen, que se encarga específicamente de la evaluación de los
proyectos, que ayudaría a eliminar los problemas del coste de oportunidad
y condicionaría las decisiones de los políticos para evitar que solo
primen los intereses partidistas o personales, por lo que rechazamos de
pleno este punto.


A lo largo de toda la ley, dejan patentes los
dogmas que traen respecto al papel del transporte público y sus agentes.
Por ejemplo, priorizan operadores públicos frente a privados. En nuestro
grupo proponemos que operen el transporte aquellos que lo hacen mejor
bajo criterios de eficiencia, no sobre la base de quién se sienta en su
consejo de administración, porque a los ciudadanos no les importa el
quién, sino si el servicio llega a tiempo, con las medidas de seguridad e
higiene correctas y cubre sus necesidades como pasajero.


Por otro lado, no debería existir un límite
mínimo de porcentajes sobre el PIB para financiar el transporte público.
Se deben invertir recursos en proyectos viables, sostenibles, eficientes
y rentables socioeconómicamente. En nuestro grupo estaremos
diametralmente en contra de que se destinen fondos a proyectos
ineficientes, simplemente por tener un límite mínimo de aportación de los
Presupuestos Generales del Estado.


De momento, mi intervención solo ha cubierto
los 16 primeros artículos de los 27 que tiene esta ley. Llegaremos
después a estudiarlos.


Para finalizar, lo cierto es que esta ley pone
sobre la mesa un debate retrasado de forma completamente irresponsable
por los diferentes gobiernos, lo que ha provocado una situación de
completa aleatoriedad en lo referente a los diferentes organismos de
transporte público. Si bien es cierto que se podría mejorar notablemente,
creemos que es positivo que este debate se tenga en esta Cámara, también
como prólogo a la ley de movilidad sostenible y financiación del
transporte, que se encuentra ahora mismo en consulta pública y que el
Gobierno parece que presentará en los próximos meses en las Cortes, y
donde la financiación del transporte público debe ser una pieza
fundamental. Por ello, señor Mulet, votaremos a favor de la toma en
consideración de la proposición de ley. Eso sí, les anuncio que
participaremos activamente en su tramitación y esperamos que se integre
finalmente en la ley de movilidad sostenible y financiación del
transporte como pilar fundamental para garantizar la accesibilidad, la
disponibilidad y la sostenibilidad del transporte público de todos
nuestros ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker,
presidenta andreak. Buenos días a todos y a todas.


La proposición de ley que debatimos hoy, sobre
financiación del transporte público urbano y metropolitano, ya fue
presentada, como ha dicho el proponente, hace más de un año en el
Congreso y coincide, en su última presentación y debate, con el
anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte
urbano del Gobierno, hoy en tiempo de consulta pública hasta el 30 de
octubre. Tanto esta proposición de ley como el anteproyecto de ley
recogen la regulación del régimen de financiación de este modo de
transporte. No voy a entrar en el debate de los principios y objetivos
que persigue esta proposición de ley, si bien podríamos estar de acuerdo,
prácticamente, en todo lo que dice. Quiero centrar mi intervención en la
valoración de esta proposición desde un doble sentido, ya que estos son
los aspectos que hemos tenido en cuenta para decidir nuestro voto. Por un
lado, en lo que respecta al ámbito competencial de la comunidad autónoma
vasca y de la Comunidad Foral de Navarra y, por otro lado, en lo referido
a los aspectos financieros de su contenido.


El texto de la proposición contiene tres
referencias a la comunidad autónoma de Euskadi y a la Comunidad Foral de
Navarra: en la exposición de motivos, en el artículo 3.3 y en la
disposición adicional segunda. Entendemos que la exclusión de las
previsiones de esta ley de la comunidad autónoma vasca y la Comunidad
Foral de Navarra no se debería limitar a los aspectos financieros o los
flujos financieros dirigidos a las entidades responsables de tales
transportes, sino que debería amparar, asimismo, la regulación sustantiva
del transporte no por una atribución derivada del régimen financiero,
sino por aplicación directa de su marco competencial sobre esta materia.
En este sentido, hago dos consideraciones, de índole competencial y de
índole financiera. En relación con las consideraciones de índole
competencial, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de
competencias normativas forales en relación con el transporte que
discurre íntegramente por su territorio, y esas competencias normativas
las ostenta en virtud de la disposición adicional primera de la
Constitución, que le otorga la capacidad de regular la ordenación, además
de la coordinación, inspección y control, de todo el transporte por
carretera que discurre íntegramente dentro de su ámbito territorial. A
efectos legislativos, esta competencia está recogida en la Constitución
española y también en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Por lo
tanto, el elemento territorial es el que se considera pieza clave y
determinante en el esquema de distribución de competencias, y es que el
Estado no está facultado para actuar en el ámbito intracomunitario
amparándose en el título de transportes, por lo que cualquier
intervención en él se tendrá que fundamentar en los títulos habilitantes
expresamente previstos en la propia Constitución. Incluso el Tribunal
Constitucional, en diferentes sentencias, reconoce que la competencia
legislativa autonómica sobre transporte urbano es, como regla general,
transporte intracomunitario, razón por la cual la competencia para su
regulación corresponde a las comunidades autónomas que han asumido
competencias exclusivas en esta materia. También lo es así en el
transporte interurbano que se desarrolle íntegramente dentro de la
comunidad autónoma vasca.


En cuanto a las consideraciones de índole
financiero, el texto de esta proposición impone obligaciones económicas
al Estado a lo largo de un tiempo determinado, y cuantificadas en una
dotación anual no inferior al 0,25 % del PIB, unos 3100 millones de
euros, de tal manera que la tramitación de esta proposición de ley en el
Congreso, de acuerdo con los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2
del Reglamento del Congreso, requerirá de la conformidad del Gobierno.
Como he dicho al inicio de mi intervención, dado que el Gobierno ha
redactado el anteproyecto que recoge los aspectos que hay que tratar en
esta proposición de ley, no parece en un principio que tenga muchas
opciones de prosperar, o quizá sí... ¡Nunca se sabe!


Otra cuestión que hay que tener en cuenta es
que el fondo estatal al que hace referencia la proposición deberá
incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado, y esto afectaría a
la financiación de las entidades locales y, a nuestro entender, podría
limitar la capacidad de decisión presupuestaria que con carácter anual
corresponde al Parlamento, e incluso afectar al equilibrio financiero del
sistema privativo de relación económica de la comunidad autónoma vasca y
de Nafarroa con el Estado.


En resumen, hoy se trata de votar la toma en
consideración y mi grupo no la va a apoyar porque entendemos que la
regulación y financiación del sistema de transporte colectivo urbano de
la comunidad autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra se tiene que
realizar conforme a su régimen competencial sustantivo y de acuerdo al
específico régimen financiero regulado por el concierto económico y el
convenio económico, y ni el régimen competencial ni el financiero quedan
lo suficientemente protegidos, a pesar de la redacción que se les ha dado
en las tres referencias que sobre ello se recogen, como he dicho antes,
en el preámbulo, en el artículo 3.3 y en la disposición adicional
segunda.


En el caso de que se aprobara hoy la toma en
consideración y se tramitará la proposición, a fin de evitar
interpretaciones erróneas, y en el aspecto referente al marco
competencial y financiero específico de la comunidad autónoma vasca y de
la Comunidad Foral de Navarra, resultaría conveniente que, además de
suprimir las menciones antes citadas contenidas en la exposición de
motivos y en el artículo 3.3 del texto articulado, se modificara la
redacción de la disposición adicional segunda, para lo que mi grupo
presentaría las oportunas enmiendas.


Milesker. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu tiene la palabra la senadora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gracias,
presidenta.


La emergencia climática es hoy un hecho. El
próximo viernes se celebrará es el Día Mundial de la Acción por el Clima,
y de nuevo la sociedad civil nos interpelará para que actuemos. El cambio
hacia una movilidad sostenible y segura es cada día más urgente. Debemos
avanzar hacia nuevos modelos de movilidad de bajo impacto ambiental,
priorizando el transporte público, invirtiendo en ferrocarril,
facilitando la intermodalidad, y fomentando los desplazamientos a pie y
también en bicicleta. Queremos ser protagonistas de nuestras ciudades,
reducir los niveles de contaminación, ganar espacio verde para la
ciudadanía y también que el transporte público sea una realidad que
multiplique las oportunidades en el ámbito rural.


Estamos en plena Semana Europea de la
Movilidad; ayer mismo fue el Día sin Coches, pero queda mucho camino por
andar para que el transporte público represente una alternativa real al
vehículo privado.


La movilidad sostenible es imprescindible para
reducir el uso de los combustibles fósiles; es indispensable para contar
con infraestructuras resilientes y para lograr unas ciudades y
comunidades sostenibles, tal y como fijan los objetivos de desarrollo
sostenible. Es, por tanto, urgente hacer realidad una nueva estrategia de
movilidad en consonancia con la Agenda 2030.


La movilidad sostenible supone, desde nuestro
punto de vista, un cambio contundente; implica dejar atrás los
combustibles fósiles, pasar del transporte individual al colectivo y
potenciar otras formas de movilidad más sostenibles y más saludables. En
este marco, la proposición de ley que debatimos tiene como objetivo
regular el régimen de financiación del servicio público de transporte
colectivo urbano. Además, establece la creación de un fondo estatal para
la asignación de recursos al transporte cofinanciado por las comunidades
autónomas. La proposición propone que este fondo estable no sea inferior
al 0,25 % del producto interior bruto, lo que supondría alrededor
de 2500 millones de euros; sin duda un objetivo ambicioso.


Cabe recordar que actualmente el Estado
mantiene un contrato programa con Barcelona, Madrid y Canarias, mientras
que el resto de ciudades pueden acceder a una convocatoria de
subvenciones para compensar el déficit del transporte público, que la
FEMP estima en unos 300 millones de euros, por lo que la propuesta que
debatimos plantea aumentar estos 330 millones, aunque desde nuestro punto
de vista esta propuesta debería servir para no dejar a nadie con menos
recursos, sino al contrario, para aumentar los recursos disponibles y
financiar el transporte público, y mucho más teniendo en cuenta el
déficit crónico, histórico, la infrafinanciación en infraestructuras y en
inversiones que ha sufrido Cataluña y que también reconocemos que ha
sufrido el País Valencià.


Por eso, señor Mulet, otros grupos le han
pedido el compromiso explícito de que nadie iba a perder con esta
proposición, sino, al contrario, que todos íbamos a ganar, que no se iban
a laminar los recursos actuales disponibles, pero usted ha dedicado su
turno de portavoces a otros propósitos. Por tanto, hemos quedado
pendientes de saber si existe ese compromiso real de no laminar los
recursos actuales.


En la propuesta se plantean diferentes figuras
tributarias para la financiación de este fondo y creemos que ahí se
encuentra uno de los puntos clave de la propuesta. En todo caso, desde
nuestro punto de vista estas figuras deberían concretarse sobre la base
del diálogo con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, sobre
todo en lo que se refiere a los criterios de distribución de este fondo.
Creemos que es importante no penalizar a aquellas ciudades que presenten
menos déficit tarifario precisamente porque han definido modelos que
permiten atraer a usuarios no convencionales o simplemente porque ya
habían conseguido un mayor uso del transporte público, pero sobre todo
creemos —y aquí está la clave— que deberemos ahondar en la
financiación de los consorcios metropolitanos que recoge el
artículo 11.


No compartimos los criterios que se establecen
en la propuesta y creemos que se deberían modificar para contemplar las
diferentes realidades, como le decía, y para no laminar los recursos
disponibles existentes y que podrían afectar de pleno al consorcio ATM en
Barcelona, donde la Generalitat tiene la representación mayoritaria. Sin
embargo, no todos los municipios tienen cedidas las competencias de
transporte público, por lo que no tiene ningún sentido excluirlos de las
subvenciones, que sería uno de los posibles efectos de esta propuesta, y
de ahí que le pidamos su compromiso explícito.


Desde nuestro punto de vista, está claro que se
debe abordar la cuestión financiera de esta propuesta y que esta se debe
adaptar a las diferentes realidades territoriales. Por tanto, tenemos la
posibilidad de mejorar esta propuesta y de hacerlo de la mano de los
ayuntamientos y de las comunidades autónomas, para que realmente revierta
en más recursos públicos para el transporte público urbano y
metropolitano, insisto, sin que nadie salga perdiendo en el camino.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Bernabé Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Señor Mulet, a usted le
ha molestado que le hable de los Diez Mandamientos y de la Biblia.
(Denegaciones del señor Mulet García). Pero es que, ¿sabe usted lo que
hace quién no cumple los Diez Mandamientos? Pues peca y se convierte en
un pecador. Y, si hablamos de pecadores, usted hoy ha hecho aquí un
soberano ejercicio, una demostración ante toda la Cámara de lo que son
dos de los peores pecados capitales que se pueden cometer: el de la ira y
el de la soberbia. (Aplausos). Usted ha quedado en evidencia ante todos.
Y es que ustedes, cada vez que les decimos algo que les molesta, que les
escuece o que les pica, toda su argumentación consiste en hacer esos
gestos que a usted tanto le gustan: ¡Fachas! ¡Ladrones! ¡Sinvergüenzas! Y
repito sus palabras porque nosotros no lo hemos insultado en ningún
momento. Usted se descalifica solo. Usamos el castellano, que es muy rico
y tiene un léxico muy variado, para describir situaciones, pero usted
recurre al insulto porque no tiene ningún tipo de argumentación ni de
fundamentación. (Aplausos). ¿Y sabe por qué? Nos ha llamado fachas hasta
en 10 ocasiones, las he contado; nos ha llamado sinvergüenzas otras
cuantas, y nos ha llamado ladrones muchas veces, debe ser por aquello de
que piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero aquí (El señor
Bernabé Pérez muestra una tablet a la Cámara), al único al que se acusa
de robo es al partido Compromís en la ciudad de Valencia, a su alcalde,
el señor Ribó, y a su concejal. Han robado cuatro millones de euros en la
Empresa Municipal de Transportes y les están investigando los jueces. Y
esto es lo que dice la prensa: cuatro millones de euros robados en
Valencia con un alcalde de Compromís, investigado por los jueces.


Mire, señor Mulet, puede usted decir lo que
quiera, pero nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Hoy hemos
venido aquí a hablar de otra cuestión, pero usted recurre al calificativo
de fachas porque, sinceramente, no le da para más. Se quejaba usted
también de que nos oponíamos, pero es que nosotros también conocemos el
Reglamento de la Cámara —aparte de leer a Marx y
comprenderlo—, y aquí hay dos turnos: uno para mostrar si se está
en contra o a favor de la proposición, y otro, que es en el que ahora
estamos, en el que vamos a exponer nuestro programa. Eso sí, no vamos a
dejar de decirles una vez más que no hay por dónde coger este texto; o,
como diría un taurino, no tiene un pase. ¿Que hay algunas cosas buenas y
algunos principios que todos compartimos? Sí, se lo he dicho antes. Claro
que estamos de acuerdo con los principios de eficiencia ambiental y de
sostenibilidad. ¿Que hay algunas ideas que también compartimos, como la
de que el sistema actual de los contratos programa no es justo y que hay
que rectificarlo? Por supuesto. Ha puesto usted el ejemplo Valencia y
nuestra portavoz, María José Català, ha defendido que tiene que haber un
fondo público extraordinario para acabar con esas discriminaciones. ¡Por
supuesto que estamos de acuerdo con eso! Pero se equivocan ustedes en
cuanto al camino, como siempre. Nosotros nunca vamos a apoyar un modelo
comunista porque está condenado al fracaso, tanto si hablamos de
transporte como de cualquier otro campo. Lo ha demostrado la historia, lo
demostró en los sistemas del siglo XX y lo está demostrando en los del
siglo XXI. Ustedes, con sus políticas, solo traen miseria y hambruna, y
desde luego no tienen ningún tipo de respeto hacia los derechos humanos,
entre ellos, los derechos políticos. (Risas del señor Mulet García).
Cuénteme usted los que hay en Venezuela, en Cuba o en Corea del Norte.
Los modelos que ustedes propugnan son una maravilla. (Aplausos).


En cualquier caso, lo que sí voy a hacer es
reconocerles un mérito en el texto —aunque antes les haya criticado
mucho, les voy a reconocer un mérito—: son ustedes unos artistas,
son los auténticos reyes del eufemismo. En una norma que versa por
completo sobre subir los impuestos a los españoles no utilizan ustedes
esa palabra en ningún momento. Eso sí, hablan de tasas extraordinarias,
de contribuciones especiales, de figuras tributarias, de imposiciones
extraordinarias... Pero nosotros somos más de Al pan, pan; y al vino,
vino, y eso se llama subir los impuestos a los españoles, y lo que vendrá
de la mano, que será subir los precios de los billetes de los autobuses y
de los trenes. Eso es lo que ustedes pretenden con su sistema. ¿Y qué es
lo que proponemos nosotros? Pues menos papá Estado, más colaboración
público-privada y más libertad. Libertad, por ejemplo, para liberalizar
los servicios ferroviarios, como inició el Gobierno del Partido Popular
con la línea del AVE a Levante, que luego se tendría que extender a toda
España, para que, junto con Renfe, haya otros operadores ferroviarios que
generen competencia, algo de lo que nos vamos a beneficiar todos los
ciudadanos españoles, con mejores precios y mejores condiciones de viaje.
Libertad también para volar y para hacerlo con seguridad. Si queremos
reactivar la economía y el empleo, hay que abrir otra vez las puertas al
turismo, y es el Gobierno de España, del que ustedes son socios, el
responsable de que seamos de los pocos países en el mundo donde todavía
no se piden PCR para entrar en cualquier aeropuerto; aquí seguimos sin
tenerlos. Si queremos libertad para volar, para tener un transporte aéreo
seguro, habrá que volver a los PCR. Libertad también para minorar o
suprimir las tasas aeroportuarias y las portuarias, porque el transporte
marítimo de pasajeros también está sufriendo muchísimo las consecuencias
de esta pandemia, y es necesario para reactivar la economía y reactivar
el empleo. Libertad también para apostar sin ambages por un modelo de
transporte a la demanda por carretera. Ese sí es eficiente
medioambientalmente, ese sí es eficiente económicamente, y vale tanto
para la España rural —que tanto le molesta que le nombremos—
como para todos los extrarradios y todas las áreas metropolitanas de las
grandes ciudades, porque significa que si hay demanda, hay transporte, y
si no la hay, no hay transporte. Es una ecuación muy sencilla. ¿Para qué
queremos autobuses y trenes vacíos? ¿Solo para generar daño al
medioambiente y más coste económico? Pues no. Hoy, gracias a las
plataformas digitales, gracias a la telefonía se puede se puede acudir al
transporte a la demanda sin ningún tipo de problemas. Y libertad también,
señor Mulet, para la creación de un nuevo mapa concesional. El mapa
concesional que tenemos actualmente en España, sea estatal o sea
autonómico, está desfasado; es de hace décadas. Tenemos líneas que ya no
dan servicio porque no valen para nada y, en cambio, hay otras muchas que
hay que crear a causa de nuevos desarrollos urbanos, industriales o
comerciales. Esas son las libertades. Ese es nuestro modelo: libertad
para liberalizar el transporte ferroviario; libertad para volar; libertad
para minorar tasas marítimas y portuarias; libertad para imponer un
transporte a la demanda y libertad para fijar un nuevo mapa concesional.
El día que lo entiendan, estaremos con ustedes, porque hay unos
principios comunes que a todos nos unen, pero mientras usted lo
simplifique todo a lo que más les duele, que es lo que ustedes hacen,
robar millones de euros, difícilmente nos podremos entender.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el senador Morales Quesada.


El señor MORALES QUESADA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.


Antes de comenzar mi intervención me gustaría
indicar que, dentro del acuerdo de coalición progresista entre PSOE y
Unidas Podemos que posibilitó la investidura del actual Gobierno, figura
el compromiso de elaboración de una ley de movilidad sostenible y
financiación del transporte público, poniendo especial énfasis en la
sostenibilidad económica de las áreas metropolitanas de las grandes
ciudades.


Sin embargo, entrando en cuestiones
competenciales de la proposición que aquí se presenta, la iniciativa
suscita importantes dudas desde el punto de vista competencial en materia
de transporte público de viajeros. En particular, las comunidades
autónomas ya asumieron la competencia legislativa plena sobre los
ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
su territorio. Por su parte, el artículo 149.1.21 de la Constitución
Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre
ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio
de más de una comunidad autónoma. No obstante, en la Ley Orgánica 5/1987,
de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas, en
relación con los transportes por carretera y por cable, se delegaron
determinadas facultades ejecutivas del Estado en las comunidades
autónomas en relación con los transportes públicos discrecionales de
viajeros, mercancías o mixtos, prestados al amparo de autorizaciones cuyo
ámbito territorial excediese del de una comunidad autónoma. Hay una
sentencia del Tribunal Constitucional, la 118/1996, que declara nulos los
artículos 103 a 118 de la Ley de ordenación de los transportes
terrestres, al considerar que la regulación por el Estado de los
transportes urbanos comportaba una extralimitación competencial. Conforme
a la doctrina del Tribunal Constitucional, el Estado no puede incidir en
la ordenación de los transportes intracomunitarios, excepto cuando se
haya habilitado para hacerlo por título distinto del de transporte.
Tampoco puede establecer por sí un sistema unitario de transporte, puesto
que las comunidades autónomas, todas sin excepción, han asumido la
competencia exclusiva —esto es, tanto legislativa como de
ejecución—, sobre el transporte que transcurra íntegramente por su
territorio. Tampoco se prevé un informe preceptivo del Consejo Nacional
de Transportes Terrestres en el procedimiento de elaboración de los
planes de transporte de competencia autonómica, aunque no sea vinculante,
por considerarse una indebida mediatización de la competencia para
elaborar dichos planes, recogidas en varias sentencias del Tribunal
Constitucional.


El Estado tampoco puede otorgar al Comité
Nacional del Transporte por Carretera, entidad corporativa de ámbito
estatal, funciones asesoras consultivas y de representación ante la
Administración autonómica de transportes, pues en el ámbito de los
transportes que discurran exclusivamente por el territorio de la
comunidad autónoma recurrente, el comité no puede ejercer otras funciones
que las que, en su caso, le atribuya la propia legislación autonómica.
Tampoco puede incidir sobre qué tipo de transportes intracomunitarios
pueden existir ni habilitar al Gobierno para que, en función de la
variación de las circunstancias socioeconómicas y tecnológicas,
introduzca las modificaciones que estime precisas en el régimen de
autorizaciones de los transportes intracomunitarios. También se podría
incidir esgrimiendo otros títulos competenciales, como el de la
legislación básica sobre protección del medio ambiente, pero no con la
extensión de la presente proposición de ley y, desde luego, esta
incidencia no puede impedir que la comunidad autónoma ejerza sus
competencias en materia de transporte. Sí podrá el Estado incluir en los
Presupuestos Generales del Estado de cada año un crédito en favor de
aquellas entidades locales que, cualquiera que sea la forma de gestión,
tenga a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano, pero esta
habilitación no permite alterar el régimen de distribución de
competencias expuesto.


Por último, se ha de señalar que el propio
título competencial recogido en la norma que aquí se trae dispone que
esta ley se dicta al amparo de las competencias que el Estado le otorga
en virtud de los artículos 149.1. apartados 1, 14, 18 y 23 de la
Constitución, y apunta a esta misma conclusión, pues no recoge ninguna
referencia a la ordenación del transporte. Es cierto que sobre la base de
los apartados 14 y 18 de este artículo de la Constitución Española se
podrían establecer determinadas previsiones sobre la financiación del
transporte urbano, incidiendo en la regulación de las haciendas locales,
pero no se podría dar amparo competencial a una regulación como la
definida en la propuesta que aquí se debate.


Dicho esto, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana lleva meses sentando las bases de un proyecto
de estrategia de movilidad sostenible, y una de las primeras acciones ha
sido la de cambiar el propio nombre del ministerio. La movilidad
sostenible es fundamental, ya que sin movilidad no hay economía, no hay
comunidad ni hay cohesión social, pero no vale cualquier movilidad. En
este momento tenemos que apostar por una movilidad que no sea un problema
medioambiental y que no se traduzca en una mayor congestión de las
ciudades. El transporte es una actividad esencial; a lo largo del año se
realizan más de 5000 millones de viajes en transportes colectivos y cada
día se mueven alrededor de cuatro millones de toneladas de
mercancías.


Aquí, si me lo permiten, me gustaría hacer un
paréntesis y, en nombre del Grupo Socialista, quisiera manifestar nuestro
reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores del sector del
transporte y la logística, tanto de viajeros como de mercancías, y en
todos los ámbitos, tanto terrestre como aéreo o marítimo, que con su
esfuerzo y sacrificio personal, en una situación de especial riesgo y
dificultad, han garantizado, y lo siguen haciendo, el abastecimiento a la
población y la movilidad de aquellos ciudadanos que necesitan desplazarse
por razones laborales u otras necesidades.


Nosotros entendemos la movilidad como un
derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico.
Debemos caminar hacia la transformación, la descarbonización, la
digitalización y la organización del transporte, tanto en los lugares de
mayor concentración poblacional, como en los que sufren despoblación,
como son las pequeñas capitales de provincia o zonas rurales. En
definitiva, hay que dar respuesta a las necesidades reales de movilidad
de los ciudadanos.


El instrumento de política sectorial que va a
utilizar el ministerio como hoja de ruta para este cambio es la
Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada que se presentó el
pasado 17 de septiembre, y donde se invita a la ciudadanía y a la
industria a unirse a la oportunidad que ofrece la nueva movilidad para
España. Esta estrategia conlleva un diálogo abierto de movilidad donde se
busca un auténtico debate con todos los actores del ecosistema de
movilidad y con la sociedad en su conjunto. Dentro de la estrategia es
necesario un instrumento regulador y normativo. El Gobierno, a través del
ministerio, ha iniciado la consulta pública previa del Anteproyecto de
Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que
estará abierta hasta el próximo 30 de octubre de este año, y en esta
futura ley incluirá los siguientes ámbitos: regulación para el fomento de
la movilidad sostenible; planificación y financiación de las
infraestructuras del transporte; fiscalidad verde; financiación del
transporte; digitalización y automatización del transporte, e
instrumentos para la gobernanza y participación pública. En este sentido,
la proposición de ley presentada aquí por el Grupo Izquierda Confederal
aborda cuestiones que también está previsto incluir en dicho
anteproyecto, y donde uno de sus puntos expresos —y cito
textualmente— dice lo siguiente: Financiación del transporte
urbano: Incorporar al ordenamiento jurídico los preceptos que permitan
establecer un sistema de financiación del transporte urbano basado en
criterios estables, predecibles y proporcionales, de forma que se logre
un funcionamiento correcto de los distintos sistemas, y se minimice la
incertidumbre en la financiación anual de los costes de
funcionamiento.


Asimismo, se deben tener presentes las ayudas
aprobadas por el Gobierno al transporte colectivo relacionadas con la
actual crisis, tanto las que directamente se han aprobado para el sector,
como las que han sido aprobadas para el conjunto de las empresas, y de
las que se beneficia también el sector, como son los 800 millones de
euros del Fondo COVID, aprobado para su transferencia a las comunidades y
ciudades autónomas, para financiar el déficit adicional que ha sufrido el
transporte público de financiación y titularidad autonómica motivado por
las medidas adoptadas durante el estado de alarma para hacer frente a la
crisis sanitaria de la COVID-19.


En conclusión, el Gobierno tiene intención de
avanzar en la regulación de la materia recogida en la Proposición de Ley
de financiación del transporte público urbano y metropolitano, presentada
por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, dentro de un proyecto
más global que abarque más materias. El texto de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal recoge
aportaciones muy concretas —ya que está incluso articulado—
que pudieran no ser compatibles con el texto que defina el Gobierno para
el Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible y financiación del
transporte público.


Por todo ello, si bien se discrepa respecto a
su contenido concreto, se considera que la proposición de ley es
susceptible de ser tomada en consideración con objeto de que, a lo largo
de la tramitación parlamentaria, los puntos que trata sean integrados en
el Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible y financiación del
transporte público que el Gobierno tiene actualmente en marcha.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate de la toma en
consideración de la Proposición de Ley de financiación del transporte
público urbano y metropolitano, se procede a continuación a abrir el
plazo para emitir el voto telemático.


Votación de la toma en consideración de la
proposición de ley. Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, que son las diez horas y veinticinco
minutos, hasta las doce horas y veinticinco minutos.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL.


622/000026

GPP





PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA A LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995,
DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.


622/000026

GPP


AUTOR: GPMX


La señora presidenta lee los puntos 7.1.2.
y 7.1.3.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la
toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Floriano
Corrales.


El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, la iniciativa que defendemos tiene su
antecedente más remoto en la modificación que introdujo la Ley
Orgánica 20/2003, que incorporó a nuestro ordenamiento penal el delito de
convocatoria ilegal de elecciones o consulta por referéndum de autoridad
o funcionario público. Posteriormente, esta ley fue derogada en el
año 2005 por iniciativa de un Gobierno del Partido Socialista.


Si estos son sus antecedentes más remotos, los
más recientes los encontramos en el compromiso del Partido Popular en las
últimas elecciones de recuperar este tipo penal y, por sorprendente que
parezca, en el compromiso del actual presidente del Gobierno. No en vano
en un debate televisado se le pudo escuchar decir al señor Sánchez
—abro comillas—: Vamos a incorporar en el Código Penal un
nuevo delito para prohibir, de una vez, todas las celebraciones de
referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el PP
—cierro comillas—. No creemos que fuera esta una declaración
improvisada o fruto del acaloramiento del debate, sino que creemos que
fue una decisión meditada. De hecho, otros destacados dirigentes
socialistas negaron que esta fuera una declaración que no tuviera su
origen en una profunda reflexión interna del partido. El propio señor
Iceta, secretario general del Partido Socialista de Cataluña, negó que la
afirmación del presidente del Gobierno fuera una afirmación
electoralista. Dijo en concreto —abro comillas—: «Es una
propuesta perfectamente lógica. ¿Y cuándo se tienen que hacer propuestas?
En campaña electoral. Hay demasiados dirigentes independentistas que
dicen: Lo volveremos a hacer. Esta es la razón fundamental» —cierro
comillas—.


A pesar del antecedente inmediato que
representa la promesa electoral del partido en el Gobierno, el debate que
hoy se plantea en la Cámara no es, como todos ustedes saben, una
iniciativa del Gobierno, ni siquiera es una iniciativa del Grupo
Socialista, probablemente porque en este momento sus preocupaciones sean
otras, como quizá la forma en que se dé la salida a los condenados del
procés o el indulto por la puerta de atrás.


Sin embargo, señorías, creo que debemos
intentar elevarnos de esta coyuntura política concreta y tratar de dar,
como legisladores, una respuesta a un problema que creo que existe en
nuestro ordenamiento jurídico. Como muchos de ustedes saben, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional es inequívoca al mantener que
la democracia española no es una democracia militante, es decir, que no
exige la adhesión ideológica a sus principios fundamentales. Esto es,
señorías, que bajo el paraguas del régimen de la Constitución de 1978 se
pueden defender cualesquiera objetivos políticos que no caigan en los
ilícitos penales o civiles, incluso objetivos políticos contrarios a la
propia Constitución. Esto implica, por ejemplo, que puedan existir
partidos que defiendan la instauración de un régimen republicano, otros
que defiendan la pena de muerte, otros que quieran acabar con el sistema
de 1978 o incluso los que pretendan la separación de una parte del
Estado. Pero de la misma forma en que esto es así, la Constitución exige
que, si se quieren alcanzar esos objetivos políticos, haya que utilizar
los procedimientos previstos en la propia Constitución para hacerlo.
Aceptar que cada uno pueda defender las ideas que quiere es ejemplo de un
escrupuloso respeto al pluralismo ideológico de las democracias
liberales, pero eso no puede confundirse con debilidad y con que la
democracia se encuentre inerme frente a quienes no quieren respetar los
procedimientos previstos para la reforma o utilizan atajos para llegar a
sus objetivos políticos sin respetar la Constitución para hacerlo.


La derogación de la Ley de 2003 contra la
convocatoria ilegal de elecciones o referéndums fue un error. Es cierto
que, aun sin aquella ley, no se ha impedido que la conducta dolosa de
desobedecer decisiones judiciales quede impune, al menos hasta hoy, o
quede sin sanción penal la de intentar sustituir, como se ha hecho, el
ordenamiento constitucional por otro, sin respetar las reglas que prevé
para su reforma, cayendo de lleno en la definición kelseniana de golpe de
Estado. Pero siendo esto cierto, también lo es que el derecho penal que
surge para disuadir comportamientos que atacan nuestra democracia no ha
sido eficiente, porque solo ha desplegado su eficacia una vez que se han
consumado los hechos que vulneran los principios constitucionales, y es
aquí donde está la razón última, aquí es de donde trae causa nuestra
iniciativa: anticipar la defensa de nuestra democracia antes de que se
den ataques consumados, disuadir comportamientos de quienes quieren
aprovecharse del pluralismo ideológico que defiende nuestra Constitución
y las democracias liberales para cambiarla, sin respetar los
procedimientos establecidos para hacerlo. La sanción penal de la
convocatoria de un referéndum ilegal se convierte así en un baluarte para
defender la Constitución de 1978 frente a quienes quieren cambiar su
contenido sin tener el apoyo mayoritario social para poder hacerlo. Por
eso, les pido su apoyo, señorías.


La historia es prolija en episodios en que las
constituciones liberales son atacadas por autoritarios, sean comunistas,
sean fascistas, y también por separatistas. No la atacan porque
consideren que la democracia no sea algo deseable en sí mismo o que las
constituciones liberales no sean algo deseable en sí mismo, sino porque
las consideran solo un paso intermedio para alcanzar sus utopías
particulares. Y así, utilizan la generosidad de la democracia y se cuelan
por los vericuetos legales para, sin imponer sus tesis mayoritarias,
tratar de modificarla. El resultado histórico ha sido que cuando eso ha
sucedido no hubo manera de organizar pacíficamente la convivencia en
ningún país donde se ha dado esta situación. Por eso, señorías, la
Constitución de 1978, que nos ha permitido el mayor período de libertad y
prosperidad de nuestro país, con sus problemas, pero que hemos disfrutado
y que se ha demostrado como el mejor de los sistemas, merece una
convocatoria como la que hoy hacemos en el Partido Popular, con la
defensa de esta iniciativa. Pido ese mismo apoyo a todos los grupos de la
Cámara, aunque doy por supuesto que algunos no lo van a dar, pero se lo
pido especialmente al Grupo Socialista, y lo hago porque el denostado
bipartidismo, señorías, con todos sus defectos y con todos los errores
que nos quieran atribuir, fue capaz de armar el tejido constitucional con
los derechos y libertades de los que hemos disfrutado durante más de
cuarenta años y de los que creo que debemos seguir disfrutando, dejando
esa herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, y para eso creo que es
muy importante que anticipemos la respuesta que hay que dar a quienes
pretenden atacar nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de
libertades.


Esta norma solo saldrá con su apoyo, señorías,
y creo que el tejido de derechos y libertades que trazamos en el orden
constitucional merece seguir siendo defendido frente a quienes lo atacan,
cuando en su momento no pensamos que lo fueran hacer.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, les informo de que ha habido un
pequeño error en la votación, pero que ya ha sido corregido.


Para la defensa de la toma en consideración de
la proposición de ley alternativa que ha presentado el Grupo
Parlamentario Mixto, intervendrá el senador González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.


A lo largo de nuestra historia jurídica se ha
considerado la rebelión como el alzamiento realizado en manifiesta
oposición contra el Gobierno o los poderes del Estado, para alcanzar una
serie de objetivos entre los que se contemplan la secesión de todo o una
parte del territorio nacional. No debemos olvidar la gravedad de este
delito, pues de lo que estamos hablando es de la preservación de la
unidad de nuestra nación, entendida esta como la suma de los ciudadanos
libres e iguales que tienen una serie de derechos, pero también una serie
de obligaciones con la sociedad y con la patria.


No he encontrado una correlativa solución por
parte de la ley que corresponda de una manera eficaz, disuasoria y
satisfactoria, y mucho menos teniendo en cuenta las nuevas formas en que
se ha ido ejecutando dicho delito, que atentan contra los elementos
esenciales de nuestra convivencia y orden constitucional. Esta manifiesta
oposición de la que hablaba la ley no deja de ser un término vago,
ambiguo e indeterminado, por lo que dicho término fue sustituido
posteriormente por alzamiento público y violento, que contra todo lo que
cabía esperar, restringió extraordinariamente el ámbito de aplicación del
precepto, además de situarnos al margen del resto de países europeos que,
en este término, sí han avanzado.


Tenemos, entre otros, el ejemplo de Portugal,
que castiga como traidor a la patria a quien por medio de la usurpación o
abuso de funciones de soberanía pretenda, entre otros fines, la
separación de una parte del territorio portugués. Sin embargo, en España
seguimos poniendo trabas a una legislación lamentablemente comprensible,
sabiendo que los que sustentan el trono socialista no son otros que los
que cometen estos delitos y tienen la poca vergüenza de llamarlo atentado
contra la democracia, presos políticos y demás sandeces. Es necesaria una
legislación que pueda hacer frente a esta amenaza, que sigue viva y
alentada, sin ir más lejos, por el Gobierno de la nación de una manera
activa, y de una pasiva por aquellos que se han limitado a conformarse
con las deficiencias que venimos a denunciar en el Grupo Vox y a suplir
con esta proposición alternativa de ley.


Tenemos el ejemplo reciente del intento de
secesión en Cataluña en octubre de 2017, un intento de golpe que pudo
haberse afrontado con la contundencia que requería de haber contado con
los instrumentos y los avances en ese sentido, que sí presentan los
códigos penales de otros países de nuestro entorno y que, sin embargo,
son inexistentes en el nuestro. Un ataque al Estado de derecho y a todas
sus instituciones representadas por un grupo violento, alentado por
políticos insolidarios, con ataques directos a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, que eran, a su vez, aplaudidos por esta caterva
nacionalista: apreteu, apreteu. Otros se conforman, incluso se ponen de
perfil, cuando se traen iniciativas para ilegalizar a los partidos que
tienen por razón de ser, precisamente, la subversión del orden
constitucional y la ruptura de nuestra nación. No iban a ser menos
ahora.


Por las razones expuestas, las nuevas formas de
alzamiento o rebelión que amenazan a nuestra soberanía popular hacen que
sea más necesario que nunca un reforzamiento del Estado, para poder
sancionar proporcionalmente a quienes pretenden acabar con el orden
constitucional, ya que el de rebelión es el más grave delito y ataque al
Estado de derecho y a la democracia que se pueda cometer, y como tal,
debe reflejarse así en el Código Penal. El abuso de poder para atentar
contra nuestra unidad no es admisible en un Estado de derecho. Somos
partidarios de la autoridad, pero no del uso abusivo de poder y mucho
menos de la violencia, porque amamos la libertad y buscamos el orden,
porque tememos la violencia y creemos en la justicia y en el imperio de
la ley, porque la libertad solo es posible cuando reina la solidaridad,
el respeto a la ley y a la autoridad.


Es por ello que en mi grupo traemos esta
proposición de ley para la modificación del Código Penal, concretamente
sobre la aplicación de penas al respecto a fin de modificar el acceso al
tercer grado y a la libertad condicional de los condenados por rebelión,
la elevación de las penas en casos de prevaricación grave en relación con
estos delitos y la incorporación de los delitos de deslealtad
constitucional y la autorización ilegal de referéndum.


La unidad nacional e indisoluble, la
solidaridad entre las regiones y la lealtad constitucional implícita en
nuestra Constitución han sido los principios sistemáticamente ignorados y
maltratados, obviando que eso, precisamente, es lo que hace posible la
convivencia y que no puede convertirse en una moneda de cambio ni
mercancía electoral para satisfacer los deseos de quienes basan su
existencia política en la destrucción sistemática de la nación, la
ruptura del orden y hace posible que podamos hablar de una España unida y
fuerte frente a quienes quieren destruirla. Ello pasa, inevitablemente,
por poner a disposición del Poder Judicial un sistema legal que garantice
resoluciones judiciales previsibles, que sean vistas en la sociedad como
justas y proporcionadas a la gravedad de los hechos cometidos, y disuadir
a aquellas personas que pretendan acabar unilateralmente con la soberanía
española, la democracia o la indisoluble unidad de la nación mediante
procedimientos ilegales.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, ¿algún grupo parlamentario hará
uso del turno en contra? (Pausa). El senador Elejabarrieta Díaz y la
senadora Castel Fort. Tienen diez minutos a repartir entre los dos.


El señor ELEJABARRIETA DÍAZ: Gracias,
presidenta.


Señorías, resulta inaudito que en pleno siglo
XXI continúen existiendo formaciones políticas que consideren que con el
mazo, y solo con el mazo, serán capaces de suplir su falta de ingenio
político y valentía para poner encima de la mesa un proyecto de Estado
que satisfaga a las diferentes naciones que lo conforman.


Sepan que así no nos convencerán y tampoco nos
derrotarán; muy al contrario, cada vez son menos los que en nuestras
naciones creen en la posibilidad de un proyecto común. En Europa, de un
tiempo a esta parte, este tipo de contenciosos políticos se resuelven a
través de referéndums: Nueva Caledonia, que todavía pertenece al Estado
francés, votará el próximo 4 de octubre, y lo mismo harán también en un
futuro Escocia, Islas Feroe o Irlanda, por poner algunos ejemplos.


Recientemente, y miro ahora a la bancada
socialista, el Partido Socialista en Bélgica ha anunciado que comenzará
un proceso de negociación con los nacionalistas flamencos para volver a
reformar el Estado federal belga. Diálogo, negociación y acuerdo son la
base para construir cualquier proyecto común, en Bélgica y también aquí,
tomen nota.


No soy ningún cándido y no tengo ninguna duda
de que en esto de avanzar hacia un Estado más democrático que respete el
derecho a decidir, el Estado español irá en los vagones de cola europeos.
Pero ustedes tampoco sean incautos o el futuro les pasará por encima. No
se pueden poner puertas al campo; Euskal Herría y Cataluña decidirán
tarde o temprano su futuro de forma democrática y qué tipo de relación
quieren tener con el Estado. Es cuestión de tiempo que lo hagamos y su
única aspiración no puede ser el retrasarlo.


A ustedes, y concluyo, legisladores unionistas,
les corresponde tener altura de miras y visión de Estado. Miren más a
Europa, no vaya a ser que su ceguera y soberbia actual dificulten las
buenas relaciones que nuestros Estados deberán mantener en un futuro; en
un futuro, por cierto, cada vez más cercano.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Por el mismo grupo, intervendrá la senadora
Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidenta.


Señorías, la proposición de ley de Vox es una
aberración fascistoide con la pretensión de criminalizar la opinión
política de los que no piensan como ellos. En todo caso, y analizando el
texto presentado por Vox, no sorprende en absoluto los términos que usan,
como alzamiento público, rebelión e incluso nuevas formas de alzamiento o
rebelión, de delitos contra la Constitución, de deslealtad
constitucional, de hacer respetar la unidad de España, etcétera. Hablan
de penas proporcionadas y justas, pero, por poner urnas, ustedes
pretenden imponer penas mayores de las que tienen delitos de sangre, como
los homicidios o las violaciones, a eso ustedes lo llaman proporción y
justicia.


Choca la mención al delito cometido por
autoridad o funcionario público que no impida o persiga ciertos delitos;
a eso, señorías, se le llama comisión por omisión. En este sentido,
podemos recordar la posición de ciertos fiscales o de cierta judicatura
respecto a ciertos partidos o ciertos monarcas; comisión por omisión,
señorías, no evitar un resultado que constituye un delito por parte de
una persona que estaba obligado a evitarlo.


También, hablan de delitos de rebelión para los
que disuelvan asambleas legislativas de una comunidad autónoma
—pero esto es lo que aplicaron aquí, el 155, señorías— o
impedir que deliberen o resuelvan —que es lo hace el Tribunal
Constitucional respecto a Cataluña y sobre ciertos temas— o
sustituir un gobierno o despojarlo de sus facultades —y esto es
también lo que hicieron con el 155—.


En conclusión, tanto el Senado como el anterior
Gobierno serían reos de rebelión por disolver el Parlament de Catalunya,
y el propio Tribunal Constitucional lo sería por impedir el debate
parlamentario. Miren, en esto yo veo cierta poesía.


El colmo del autoritarismo es el argumento de
que a los que actúen sin violencia o amenaza de violencia, es decir,
pacíficamente, les caigan de veinte a veinticinco años. Hagamos un repaso
de las recomendaciones de ciertos organismos internacionales para darnos
la magnitud de la tragedia. El alto comisionado de Naciones Unidas para
los derechos humanos pidió no perseguir penalmente a los políticos y a
los defensores de derechos humanos por los hechos del 1 de octubre, pero
tanto la judicatura española como el PP y Vox van en la dirección
contraria.


Finalmente, y para concluir, por un lado el
reporter de Naciones Unidas para la libertad de expresión afirmó que
procesar por rebelión con largas penas de prisión constituye un riesgo
enorme contra el debate, aunque sea controvertido. Rebelión por actos que
no constituyen violencia ni incitación a la violencia restringen los
derechos de protesta; y, por otro lado, el reporter de Naciones Unidas
para la lucha contraterrorista afirma que las expresiones de opiniones
pacíficas, que se consideran incluso extremas, nunca, nunca, se deben
criminalizar, a no ser que vayan asociadas a la violencia. Todo lo demás,
señorías, es ir en contradirección de los valores democráticos de
Europa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Catalán Higueras, que
intervendrá en primer lugar.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta. Señorías, muy buenos días.


El sistema democrático español y el Estado de
derecho del que disfrutamos todos los españoles, como disfrutan en otros
países de la Unión Europea, fundamental y lógicamente los países
democráticos, debe ser respetado por todos, de manera especial, también,
por aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, ya sean cargos
públicos o también los propios funcionarios.


Los españoles, ya en el año 1978, nos dimos
unas normas de convivencia —y nadie puede poner en duda la
diversidad que se vive en este país—, que se plasmaron en la
Constitución española. A unos les gustará más, a otros menos y a otros
nada, pero es evidente que es un marco de referencia de nuestra
convivencia, de la convivencia de los españoles.


Esta Constitución trajo también un ordenamiento
jurídico en el que se amparan los derechos de los ciudadanos españoles,
pero también se amparan sus obligaciones y deberes. En ese mismo marco de
referencia queda muy claro que la soberanía del pueblo español recae en
todo el pueblo español, en los españoles, no solo en una parte de ellos,
pero es una práctica habitual del independentismo, del secesionismo, a la
hora de su intención de romper con España, hacer postulados que van en
contra del propio Estado de derecho y de la legalidad. Nadie lo puede
poner en duda, y todos conocemos casos concretos y también los hemos
padecido, porque en unos casos se defienden con pacifismo con el
procedimiento establecido y, en otros casos concretos, también,
utilizando la violencia. Como decía, lo hemos padecido en este país, y
ahí están los atentados de la banda terrorista ETA, que sembraron de
dolor y muerte este país durante muchos años.


Por eso, señorías, es intolerable que hoy en
día, después de haber acabado con ETA, haya todavía formaciones políticas
que sigan sin condenar sus atentados; es incomprensible, al menos desde
nuestro punto de vista, que el presidente del Gobierno a la hora de
intentar blanquearlos para conseguir sus votos, en esta misma sala, en
este mismo salón de Plenos, sea capaz de lamentar el suicidio de una
etarra en prisión y, sin embargo, se olvide de sus víctimas; o que se
pacte con los que siguen sin condenar los atentados de ETA la derogación
de la reforma laboral; o que la propia vicepresidenta del Gobierno diga
que son una línea roja que no van a atravesar, y a continuación se plante
a sus pies; o que el vicepresidente del Gobierno también se reúna con
ellos para compadrear los presupuestos; o que incluso en Navarra se
quiera elaborar un plan de convivencia sesgado y fundamentalmente al
servicio del blanqueamiento de los propios terroristas; e incluso estén
dispuestos a negociar con el grupo que sigue sin condenar los atentados
de ETA la política penitenciaria, cambiando presos por presupuestos.


Señorías, en los últimos días se celebró un
debate en el Pleno del Ayuntamiento de la localidad navarra de Berriozar,
con motivo del aniversario del atentado de la banda terrorista ETA, para
condenar la muerte de un subteniente del ejército, el señor don Francisco
Casanova. Pues bien, una vez más, Bildu no condenaba este atentado. Pero
es que además los concejales de esta formación política, que no condenaba
el atentado que costó la vida a su vecino, a continuación fueron capaces
de viajar a las prisiones para visitar a los asesinos de este miembro del
ejército español. Lo hemos padecido también en Cataluña con el golpe de
Estado que se produjo y, ahora, por intereses espurios, ahora, el
Gobierno está dispuesto a hacer cesiones al independentismo, incluso con
modificaciones del Código Penal, para dulcificar y rebajar las penas de
los delitos de sedición. Que no, señorías, que no, España y los
españoles, al menos así lo entendemos en Unión del Pueblo Navarro, se
tienen que defender de aquellos que van y atacan el Estado de derecho y
van en contra de la legalidad. Si no se está de acuerdo con una cuestión,
se modifica la ley, pero sobre todo se acata esta normativa, estas normas
de convivencia que nos hemos dado todos los españoles.


Independientemente de la bandera, de los
símbolos, de las lenguas que nos caracterizan a cada uno de nosotros, lo
que no tiene ninguna duda es que formamos parte del mismo país y que
todos nos deberíamos respetar. Hace unos días, en este mismo salón de
Plenos, el Partido Socialista y el Gobierno de España hacían un
llamamiento a la unidad, a buscar lo que nos une, el amor a España. Se
decía que había que ser patriotas. Nosotros dijimos en aquel momento que
si sus intenciones eran sinceras y reales, que se demostrara con hechos
esa búsqueda de unidad. La realidad, tristemente, ha demostrado con
hechos que lo que se buscaban eran más cesiones al independentismo, más
cesiones a aquellos que quieren romper con España, más cesiones y más
blanqueos a aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA.


Señorías, ante cualquier gobierno, cargo
público o funcionario que vulnere la legalidad, que vaya en contra del
Estado de derecho, que no respete y no sea leal con el resto de los
españoles, el Gobierno tiene que ser firme, sin cesiones ni ambigüedades,
porque al final, señorías, el Gobierno no puede claudicar ante el
independentismo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá
el senador González-Robatte Perote, desde el escaño.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
señora presidenta.


El hecho de que nos venga a dar lecciones del
Código Penal un heredero del terrorismo tiene el mismo sentido que pedir
consejo a un violador para la modificación de la ley contra los
mismos.


Por otro lado, comentaré a la senadora
independentista que decir que fueron condenados por poner unas urnas es
un eufemismo comparable a que un ladrón diga que el robo no es más que la
decisión unilateral de solidaridad pecuniaria entre dos sujetos. Fue un
golpe de Estado, señora senadora.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, intervendrá el senador Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.


Señorías, a un servidor, y diría que por una
cuestión de principios, le es difícil relacionar las palabras ilegal y
referéndum; le es difícil relacionar la palabra ilegal con el hecho de
consultar a la ciudadanía, pero esto, se lo reconozco, es un tema de
valores y de percepción personal más que de derecho.


Entiendo que no ocurre lo mismo con la
proposición de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal, que nos
propone hoy el Grupo Popular, una proposición que pretende recuperar la
modificación realizada por vía de urgencia en esta Cámara por este mismo
grupo en 2003, aprovechando su mayoría absoluta. Y digo que no ocurre lo
mismo, porque querer recuperar esta propuesta confirma que se ha hecho un
uso sesgado del derecho penal para perseguir actos que no podían ser
considerados delictivos. Confirma que desde 2005 la convocatoria de un
referéndum no es delito y que las conductas que en estos momentos se
quieren incorporar, con los artículos 506 bis y 521 bis, tampoco podían
ser consideradas delictivas. Confirma también que la actuación del
ministerio fiscal, y la posterior admisión de querellas y denuncias
contra los líderes políticos y sociales catalanes, eran incompatibles con
el principio de legalidad y con el principio de proporcionalidad del
derecho penal.


Confirma también que la aplicación de estos
principios comportaba la ausencia de los requisitos de tipicidad propios
de los delitos de desobediencia, de malversación y de rebelión —al
final, de sedición—, por los que fueron imputados y condenados
nuestros líderes.


Y déjenme insistir —y lo hago a la
totalidad de la Cámara—, ante la ausencia de un tipo penal para
castigar la convocatoria de referéndums, no procedía ninguna acción legal
contra los miembros del Govern y del Parlament de Catalunya o contra los
miembros o los líderes sociales de Òmnium y la Asamblea. ¿Les suena
excusatio non petita accusatio manifesta? Así entendemos en Junts per
Catalunya su proposición de modificación, porque, como les decía, no hace
más que evidenciar que se utilizó la vía penal para vestir una acusación,
castigar y vengar una conducta expresamente despenalizada en 2005. Y
esto, no solo a nuestro entender, sino también al de muchos juristas, es
abusar de los instrumentos coercitivos del Estado de derecho, un hecho
impropio de un Estado que constantemente reclama y proclama democracia
plena; una democracia plena que cada vez que somos capaces de ponerla
ante el espejo de justicias de otras democracias que no necesitan
repetirse constantemente que son democracias plenas, siempre sale mal
parada; una democracia plena que, más pronto que tarde, quedará
definitivamente desacreditada y en evidencia por vulnerar de forma
reiterada derechos básicos y fundamentales.


Respecto a la proposición alternativa de Vox,
poco voy a comentar viniendo de quien viene. Más delitos, más penas,
menos derechos. Creer que ajustando el Código Penal para castigar más y,
a su entender, mejor a la disidencia no servirá para solucionar
conflictos políticos, es un error. Dejar en manos del derecho y de los
tribunales los conflictos políticos no es la solución para resolverlos,
al contrario, a menudo acostumbra a atiarlos, más cuando la justicia se
aplica con arbitrariedad, vulnerando derechos políticos y civiles. Miren,
sacrificar las garantías democráticas elementales para defender la unidad
del Estado español está teniendo y tendrá un coste enorme para la imagen
internacional de España, pero parece que muchos de ustedes están
dispuestos a pagarlo. Yo les pido que vuelvan a la senda de la política,
que concedan una amnistía y pacten un referéndum de autodeterminación,
como deberían haber hecho en las numerosas ocasiones que el Parlament se
lo pidió. Pacten las condiciones y no se preocupen, que no somos mayoría,
pacten las condiciones de un referéndum, como hacen los Estados
democráticos del siglo XXI, y hagan campaña, hagan campaña con argumentos
para convencer y seducir a la mayoría. Nosotros haremos lo mismo.
Pretender mantener la unidad de España aplicando la medicina del miedo,
la medicina del «por la fuerza», la represión en el sentido extensivo del
término y erosionando los derechos básicos y fundamentales no les hará
ganar adeptos en Cataluña, al contrario, se los hará perder, y se los
hará perder incluso en el resto del Estado, porque la fórmula que hoy se
nos aplica a los catalanes, mañana se le puede aplicar a cualquiera.


Y termino, termino como lo ha hecho en la
anterior intervención nuestro portavoz, el senador Cleries, trasladando
nuestro pésame y apoyo al conseller legítim, Jordi Turull, que ayer
perdió a su padre cuando se encontraba injustamente encarcelado por un
referéndum y unas conductas que ustedes hoy quieren reintroducir como
delito en el Código Penal.


Moltes gràcies. Llibertat presos polítics i
retorn dels exiliats.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


Si me permite, como el senador Mulet no tuvo
turno de réplica, haré tres previas. No se puede ser católico apostólico
a tiempo parcial. El mandamiento de «no robarás» siempre es de
aplicación, estén aquí, en Andalucía o donde estén. No roben, señores del
Partido Popular. (Aplausos). Estamos cansados de que receten lo que
ustedes no creen.


Segunda previa. Señores del Partido Popular,
llevamos un año en esta Cámara, llevamos un año intentando explicarles
qué es Izquierda Confederal. Sabemos que la pluralidad política a ustedes
les cuesta; de los señores de Vox ya no esperamos nada. La pluralidad
política es lo que representamos seis partidos políticos de seis
territorios diferentes que trabajamos en común para el bien de nuestros
pueblos. No es tan difícil de entender, no somos Podemos, somos una suma
de esfuerzos, una suma de partidos diferentes que trabajamos en
común.


Y, la tercera, los adjetivos. Repasen sus
apuntes de castellano, catalán, gallego, cualquier lengua y vean los
adjetivos. Cuando un adjetivo es descriptivo no es un insulto. Si ustedes
se comportan como fachas, les decimos fachas; estamos describiendo
simplemente su actitud, no es un insulto. Si ustedes me llaman comunista,
no me están insultando; yo no soy comunista: soy ecosoberanista de
izquierdas. Tranquilos, no me sienta mal que me digan comunista, pero se
han equivocado de adjetivo para mi persona. Aun así, sobre todo soy
demócrata y algunos de ustedes de demócratas tienen bastante poco, añoran
tiempos pasados.


Y ahora vamos a empezar con el déjà vu, porque,
claro, uno piensa que en democracia uno tiene que mirar para adelante,
avanzar, que queremos reforzar la democracia y trabajar en común. Y no,
ustedes nos vuelven a traer cosas del pasado, debates que ya se tuvieron
en el 2003 y que en el 2005 ya se aclaró, pues el Poder Legislativo ya
dejó claro que no se tenían que penalizar estos hechos. ¿Por qué quieren
volver al pasado? Ya quedó claro. Este debate jurídico se tuvo, se dijo
que el derecho penal no tiene por qué tipificar lo que ustedes quieren
considerar un delito. Lo que es democracia, lo que es participación no
es, señorías del Partido Popular, un delito. No es tan difícil de
entender. Democracia, participación, cuánto más, mejor. Consultar al
pueblo nunca es un delito, es una obligación.


El Partido Popular nos retrotrae a quince años
atrás y ya sabemos que para Vox su referente está ochenta años atrás u
ochocientos, como dijo el señor Abascal, y eso eran tiempos oscuros, de
armadas invencibles y de guerras. Por tanto, es muy diferente lo que
tenemos que hacer ahora, tenemos que avanzar en democracia, en
participación, en consultar al pueblo. No nos basta simplemente con pedir
el voto cada cuatro años, queremos más instrumentos de participación. Las
consultas, los referéndums son necesarios, en muchos países son algo
normalizado y en este pretenden que sean un crimen. Necesitamos más
participación y para ello necesitamos información y no manipulación. Los
datos, la transparencia, esto que a ustedes tanto les cuesta consultar al
pueblo, incluso —y no se me asusten—, decidir con el pueblo.
Y eso es un referéndum, eso es lo que queríamos hacer. Participar cada
cuatro años no basta. Queremos que el pueblo participe siempre, que opine
siempre que se considere necesario.


Ustedes quieren tipificar el delito para los
que impulsen una consulta popular, para los funcionarios que intervengan,
para los políticos que no lo paralicen, para todas las personas que den
apoyo. El concepto de personas que den apoyo y que son necesarias para un
referéndum puede ser muy amplio, pero, claro, ustedes están pensando solo
en Cataluña. El año pasado hubo un referéndum en mi pueblo. La Guardia
Civil no vino. En ese referéndum se votó, y les diré más: el resultado se
aplicó. No se asusten. El ayuntamiento no fue el promotor, no, la
alcaldesa no fue la promotora, pero acató el resultado. Les explico la
iniciativa. En Esporles, mi pueblo, no había ninguna calle con nombre de
mujer. Ese fue el resultado de un estudio de unos niños de primaria. Nos
dijeron: Vicenç, ¿te has dado cuenta de que en las calles de Esporles no
hay ningún nombre de mujer? Me quedé helado y dije: tenéis toda la razón.
Y, luego, otro curso dijo: ¿Por qué no estudiamos qué mujeres podrían
merecer ese honor de poner una calle con su nombre? Y nos hicieron
unas 15 propuestas; elegir entre 15 valientes mujeres que tendrían que
haber tenido en la historia una calle en mi pueblo era algo muy difícil.
Y otro curso dijo: Montamos una votación. Y montamos una votación. Les
dejamos las urnas del ayuntamiento, la Policía Local cortó la calle, la
brigada municipal participó transportando las cosas, la alcaldesa votó,
yo también, no sea cosa que solo imputen a la alcaldesa y, finalmente, en
el Pleno lo votaron y salió por unanimidad, y la brigada municipal puso
la placa calle Úrsula Pueyo, la primera paralímpica de mi pueblo, que es
un honor y un orgullo que nos represente a nivel internacional. Claro,
todos tendríamos que ir a la cárcel, yo el primero, porque no lo evité,
así como todos los funcionarios que intervinieron. Se gastó dinero
público; sí, gastamos dinero público en las papeletas, en las urnas. ¿Por
qué quieren tipificar todo esto como un delito? ¿Por qué les molesta la
participación? Cada vez que ustedes escriben una línea más en el Código
Penal la estiran como un chicle, y esto, que parece ahora mismo absurdo,
puede ser una realidad. Y ese es el terror que nos plantean sus reformas
del Código Penal. Educación, feminismo y consulta popular en un mismo
párrafo. El señor de Vox debe de estar con urticaria y ya debe estar a
punto del ataque al corazón. Pero sí, eso fue real y eso pasó. Más
participación, más democracia es lo que tenemos que estirar. Los
conflictos políticos no se arreglan en los juzgados, se arreglan con el
diálogo.


Y el señor de UPN también tendrá que hablar con
Bildu y claro que ha hablado con Bildu y va a hablar con Bildu y, si no,
¿cómo van a solucionar sus diferencias? Explíquemelo, si no se van a
sentar en una mesa, si son incapaces de sentarse en una mesa a hablar,
creo que no es lo oportuno.


Y el señor del Grupo Popular acababa su
intervención vehementemente pidiendo libertad, libertad de empresa,
libertad para volar, libertad individual. Pues, señor, yo voy a acabar mi
intervención diciendo: llibertad presos polítics, consultar a poble no
pot ser un delicte; sempre, una obligació.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Roldán Suárez.


La señora ROLDÁN SUÁREZ: Sí, gracias,
presidenta.


Bien, señorías, todos sabemos las nefastas
consecuencias que para mi tierra, para Cataluña, y especialmente para la
convivencia, tuvieron las consultas ilegales convocadas por el
separatismo el 9N y el 1 de octubre, respectivamente, también por la
inacción, y hay que decirlo, del Gobierno de España, que en aquel
entonces estaba dirigido por Mariano Rajoy. De ese supuesto referéndum,
por llamarlo de alguna manera, de aquellas cajas de cartón del señor
Artur Mas, pasamos a las urnas del todo a cien del señor Puigdemont. En
ambos casos lo que el separatismo quiso hacer fue pasar por inocente y
democrática consulta algo que lo que realmente encubría era un desafío a
la Constitución, un desafío también a la soberanía nacional y a la
justicia y desembocó, desgraciadamente, en el golpe de 2017, con
Forcardell y con Junqueras en la cárcel y con Puigdemont huyendo de la
justicia con la dignidad que acostumbra, metido, escondido dentro de un
maletero. Esos referéndums, como ustedes los llamaban, fueron solamente
la coartada de las verdaderas intenciones del separatismo, que no eran
otra cosa que separar a Cataluña del resto de España, que es su verdadera
obsesión, incluso, como han llegado a apuntar en algunas ocasiones, si
fuera necesario por la vía de la violencia, por la vía eslovena, en
palabras del propio Torra. Por esto, señorías, es importante recuperar el
delito de referéndum ilegal, porque los enemigos de España y del Estado
de derecho intentan hacer pasar por democrático lo que no es más que una
imposición totalitaria, porque utilizan una herramienta de la voluntad
popular para quebrar la soberanía nacional y porque se valen de un delito
para hacer propaganda contra un país que se dedica únicamente a cumplir
las leyes, a hacer cumplir también la Constitución, que, por cierto, es
ejemplar en todo el mundo, y que obedece las resoluciones judiciales. Así
que, señorías, no lo olviden, el separatismo ha utilizado los referéndums
como un fin y no como lo que son, un medio. Y el referéndum solamente
puede ser utilizado como un fin para quien sabe que ni es mayoría en las
urnas y que tampoco puede cumplir las promesas que lleva años haciendo a
su electorado. Una parte de la nación no puede decidir sobre la soberanía
nacional. Tampoco se puede votar en un referéndum si se cumplen las leyes
o no. No se puede votar la ruptura de la igualdad entre los ciudadanos
mediante un referéndum ni conculcar los derechos de los españoles o si se
cumplen o no las sentencias judiciales.


Durante muchísimos años, tanto el Partido
Popular como el Partido Socialista han mantenido la irresponsabilidad de
hacer descansar la gobernabilidad de España en quienes quieren lo peor
para nuestro país. Si ese era el precio para seguir manteniendo el
bipartidismo, pues ellos lo pagaban a gusto, pero el problema es que la
factura de cuarenta años de dejadez frente al separatismo la hemos
acabado pagando los ciudadanos, y especialmente los catalanes. Miren, el
señor Rodríguez Zapatero no fue una excepción a todo esto. Yo, además,
diría que fue el catalizador con esa idea absurda que tuvo de promover
una reforma del Estatuto de Cataluña, que, por cierto, nadie le pidió y
que luego acabó con una aprobación posterior de un texto que era
claramente inconstitucional y tuvimos que soportar, además, la vergüenza
de ver al señor Montilla, president de la Generalitat en aquel momento,
encabezando una manifestación contra el Tribunal Constitucional, lo que
me parece realmente demencial y bastante bochornoso, insisto que en aquel
momento el señor Montilla era president de la Generalitat. Como digo, el
señor Zapatero no solo hizo esta reforma del estatuto, sino que además
también derogó dos artículos del Código Penal que castigaban la
convocatoria de referéndum ilegal o participación o promoción del mismo
por parte de autoridades y funcionarios. Bien, pues en el día de hoy
debatimos en esta Cámara la recuperación de estos artículos, porque la
experiencia vivida en los últimos años nos demuestra qué necesarios eran
estos artículos y cuánto daño hizo el Gobierno de Zapatero a nuestro
país. Qué les vamos a contar también del señor Sánchez. Yo creo que no es
ninguna excepción, a nadie se le escapan todas las cesiones continuas al
separatismo del señor Sánchez. Desde que se publicara y conociéramos la
sentencia del procés, la estrategia del Gobierno ha sido la de
acercamiento constante a los condenados por delitos gravísimos, delitos
de sedición, de malversación de caudales públicos y de desobediencia,
pese a que estas personas que ahora mismo, insisto, están en prisión por
haber cometido estos delitos tan graves, siguen abierta y manifiestamente
diciendo que no se arrepienten y que lo volverían a hacer.


Bien, para la historia, triste además, de la
separación de poderes, queda también la destitución de mi compañero
Edmundo Bal, de la Abogacía del Estado, por negarse a cambiar su criterio
jurídico y adaptarlo al criterio del señor Sánchez y de su Gobierno. Creo
que esto es obvio y, sobre todo, hay que remarcar una cosa. Hoy, además,
el ministro, en la sesión de control que ha tenido lugar en el Congreso,
revelaba a los separatistas que la semana que viene se va a empezar ya a
tramitar el indulto a los presos del procés. Pues miren, señores del
Partido Socialista, ni indultos ni privilegios de ningún tipo, insisto,
para personas que cometieron delitos gravísimos, para personas que
pisotearon los derechos de más de la mitad de los catalanes, para
personas que no se arrepienten de esos delitos y que amenazan día tras
día con volver a cometer. Los presos del procés tendrán que cumplir la
pena que está prevista en las leyes, porque además fueron juzgados en un
juicio con todas las garantías y porque no son más que el resto de los
ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen que cumplir y no por ser de un
partido político o de otro tienes tú que tener el derecho o el privilegio
de gozar de varias prerrogativas, insisto, que el resto de la ciudadanía
no tiene. Por tanto, nosotros no vamos a estar de acuerdo ni a favor de
estos indultos o de estos acercamientos que pretende el Gobierno ahora
con los separatistas, porque es que además estas personas que a día de
hoy están en prisión pudieron haberlo evitado, decidieron ellos incumplir
las leyes a sabiendas de lo que iba a pasar. Ellos sabían que estaban
atentando contra la Constitución, que estaban atentando contra la
integridad del Estado. Les avisamos no sé cuántas veces, perdimos la
cuenta, pero ellos decidieron seguir adelante y lo hicieron a sabiendas.
Ahora vienen las lamentaciones, pero en aquel momento fueron mucho más
valientes. Creo que también tendrían que ser valientes para aceptar las
consecuencias de sus actos. Veremos a ver cómo actúa el Gobierno, pero,
desde luego, insisto que lo que hemos visto en los últimos meses es esa
práctica de la empatía con personas que tanto daño han hecho en nuestro
país, una empatía siempre interesada. Hace unos días veíamos al señor
Sánchez dando pésames a etarras, hoy hablando de indultos para los
separatistas. Yo ya me pregunto qué es lo que será mañana, porque nos
podemos esperar cualquier cosa.


Señores del Partido Socialista, esto no
solamente incumple el principio del artículo 14 de la Constitución, que
habla de la igualdad de todos los españoles. ¿Cómo va a haber igualdad si
damos privilegios a los separatistas o a los nacionalistas y encima lo
hacemos porque le viene bien al Gobierno? No puede haber igualdad, y no
solamente eso, sino que además es un acto profundamente irresponsable.
Por eso, insisto que nosotros en Ciudadanos no vamos a apoyar ningún tipo
de indulto ni ningún tipo de trato desigual ante la ley o privilegios, ni
tampoco vamos a consentir que se esté constantemente cuestionando el
trabajo y las decisiones que toman los jueces y los tribunales y menos
aún con base en criterios de oportunidad política. Debemos cerrar la
puerta a cualquier tipo, insisto, de indulto, ya sea explícito o
implícito, porque lo que no podemos hacer tampoco es dar la sensación a
los ciudadanos, al resto de españoles, de que aquí hay algunas personas
que, por el simple hecho de ser políticos, tienen carta blanca para hacer
lo que quieran. Creo que eso sería nefasto y que, por tanto, nosotros no
nos lo podemos permitir, y, además, es que tenemos que estar muy
pendientes también de cómo se está actuando en Cataluña. Hablaba yo de
indultos ni explícitos ni implícitos. ¿Por qué?






Pues porque ya sabemos
cómo actúan respecto a las competencias penitenciarias en Cataluña, que,
por cierto, es la única comunidad autónoma con las competencias
transferidas en esta materia; es decir, ¿quién está cuestionando a estos
presos del procés? Sus compañeros de partido, sus compañeros de golpe.
Pues así nos va. Entonces tenemos que ver a la consellera de Justicia, la
señora Capella, que, en lugar de dedicarse a trabajar y atender las
necesidades y las carencias de su departamento, que son muchas
—pues tuvimos que ver con vergüenza cómo les daba mascarillas
caducadas a los funcionarios de prisiones en pleno pico de
pandemia—, se dedica a cuestionar el trabajo de los jueces e,
incluso, tal y como confesaba hace unos días, está buscando la manera, la
estrategia de, si el señor Torra resulta finalmente inhabilitado, no
cumplir esa sentencia. Eso, la consellera de Justicia en Cataluña. Así
nos va, así nos va en Cataluña.


Y, por cierto, hablando de la consellera
Capella, que es de Esquerra Republicana, quiero dirigirme también a la
señora Castel, senadora de Esquerra Republicana, que apelaba aquí a no sé
qué resoluciones de Naciones Unidas. Señora Castel, no hay ninguna
resolución de la ONU, lo que hay es un informe no vinculante de un grupo
de trabajo, un grupo de trabajo que, por cierto, el Govern de la
Generalitat untó con 150 000 euros de todos los catalanes. (Aplausos). Ya
está bien. Dejen de mentir de una vez. Dejen de mentir de una vez. Mire,
con estos mimbres no se puede hacer otra cosa que este cesto, así que,
por tanto, yo ya les anuncio que nosotros vamos a votar a favor de esta
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque
todo esto que yo les he explicado ahora no ocurrió en un pasado remoto,
esto ocurrió en el 2014, en el 2017...


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando,
señoría.


La señora ROLDÁN SUÁREZ: Voy acabando,
presidenta.


... con personas que todavía conservan muchos
resortes de poder en Cataluña y con personas que a día de hoy siguen
amenazando con volver a romper la convivencia en Cataluña y con ahondar
en esa fractura. Por tanto, con nosotros, señores del Partido Socialista,
no cuenten ni para indultos ni para privilegios de ningún tipo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra el senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Presidente andrea,
eskerrik asko. Señorías, egun on. Buenos días a todos y a todas.


Quisiera, con carácter previo, trasladar
nuestras más sentidas condolencias al exconsejero de Cataluña, señor
Turull, por el fallecimiento de su padre.


Y abordando la proposición de ley, tengo que
decir que no es que uno se haya vuelto de repente un romántico
empedernido, y menos hablando de política, pero, escuchando al portavoz
del Grupo Popular, me ha venido a la mente la oda fatalista de Gustavo
Adolfo Bécquer sobre la vuelta de las oscuras golondrinas. Vuelve de
nuevo el Partido Popular a la vieja receta de 2003, del aznarismo puro y
duro, cuando desde su mayoría absoluta y desde su absoluta soledad
política impulsó y aprobó la criminalización de las consultas, la
elevación a delito de algo tan consustancial a la democracia misma, al
nervio democrático, a su esencia, como es saber pulsar directamente el
criterio y la opinión de la ciudadanía. Vuelven las oscuras golondrinas,
por tanto, y lo hacen de nuevo con propuestas que cercenan derechos
democráticos básicos y vulneran principios fundamentales del derecho
penal en el que se sustentan, como, por ejemplo, la legislación ad hoc,
que contraviene lo dispuesto en el artículo 9.3, de la Constitución.


En el 2003 se trataba de responder de forma
apresurada y urgente a la propuesta del nuevo estatuto político de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobada por el Parlamento vasco,
propuesta, por cierto, tramitada con un escrupuloso respeto al
ordenamiento jurídico, y hoy es el conflicto político de Cataluña lo que
provoca de nuevo este afán criminalizador y penalizador. También
podríamos apelar a la vulneración de la concepción misma del derecho
penal como última ratio del ordenamiento jurídico, esto es, como su
último recurso, expresada igualmente en el principio de intervención
mínima del derecho penal, y es que sabido es que tanto la jurisdicción
contencioso-administrativa como el propio Tribunal Constitucional
disponen de recursos y resortes jurídicos más que suficientes para
abordar supuestos como los recogidos en la propuesta de referencia.
Estamos, por tanto, ante una propuesta que deviene absolutamente
innecesaria.


Y, finalmente, además de subrayar la evidente
falta de proporcionalidad, que también se ha subrayado por algún otro
portavoz, de las penas propuestas en los tipos de referencia, debemos
reseñar que el propio Código Penal ya dispone de tipos penales
suficientes para, en su caso, abordar conductas como las recogidas en la
propuesta. Por tanto, una vez más, repito, la innecesariedad, la
redundancia y la consiguiente sobreactuación como señas de identidad de
esta mala receta del pasado que se pretende traer de nuevo al presente.
Pero, en todo caso, y más allá de las cuestiones jurídicas, de nuevo el
recurso a la judicialización de la política, a la criminalización de la
política y con ella la constatación de su negación como fórmula de
resolución de los conflictos de esta naturaleza, porque, a nuestro
entender, resulta innegable que será la política y solo la política,
sustentada en el diálogo y el acuerdo, la que posibilitará una salida
estable y de futuro al conflicto territorial del Estado derivado de una
realidad también incuestionable, como es su carácter plurinacional.
Señorías del Grupo Vasco, lo hemos dicho una y otra vez. Ni la
judicialización de la política es el camino ni la aplicación del Código
Penal la solución para abordar situaciones de naturaleza eminentemente
política, como las suscitadas en el caso catalán o vasco. Ante conflictos
políticos, soluciones políticas, y las soluciones políticas se abordan
desde el diálogo, la negociación y el acuerdo, no cercenando derechos
democráticos básicos ni, por supuesto, criminalizando las urnas. En
definitiva, estamos ante una propuesta innecesaria que, como tal,
contraviene la esencia misma del derecho penal, pero, sobre todo, ante
una propuesta inútil en sus objetivos, en tanto en nada coadyuva a
resolver la cuestión de fondo, la verdadera cuestión de fondo: la
realidad plurinacional del Estado y el derecho de las naciones vasca y
catalana a ser reconocidas como tales y por tanto a erigirse en sujetos
políticos con capacidad de decisión. Muy al contrario, recetas políticas
como estas radicalizan posturas, enconan los problemas y obstaculizan las
posibilidades de enhebrar puntos de encuentro a través del diálogo como
todos y todas sabemos. La pregunta es, por tanto, sencilla, señorías:
¿Cuándo se va a abordar de una vez con la suficiente madurez democrática
esta cuestión en el Estado español como, por ejemplo, se ha hecho en
Escocia o en Canadá? ¿Cuándo? Diálogo democrático, abierto y
constructivo, negociación y acuerdo entre las partes se erigen sin duda
en la fórmula necesaria y propicia para habilitar soluciones que
confieran una respuesta satisfactoria a la voluntad mayoritaria de la
ciudadanía vasca y catalana. Señorías, este es el camino, no hay otro, no
hay otro por muy pedregoso y árido que sea, que ciertamente lo es.


Pero volvamos a Bécquer. Volverán las oscuras
golondrinas, decía el poeta, y han vuelto, diría yo, más oscuras que
nunca, acompañadas de la sombra siniestra de la ultraderecha que, una vez
más y ante el envido del Partido Popular, ha puesto su órdago encima de
la mesa con la presentación de su proposición alternativa. La
ultraderecha testosterónica, que no va a permitir que nadie ose
cuestionar su liderazgo en la defensa de la indisoluble unidad de la
patria, una, grande y libre. La ultraderecha que, en un ejercicio
inigualable de cinismo, se permite propugnar la habilitación de un nuevo
tipo penal bajo la denominación de delito de deslealtad constitucional. Y
la ultraderecha apelando a la lealtad constitucional, la misma
ultraderecha que en boca de su líder, el señor Abascal, tildaba
recientemente al Gobierno del Estado como el peor de los últimos ochenta
años —no de los últimos cuarenta, no, de los últimos ochenta
años— rezumando nostalgia de los gobiernos franquistas, de los
gobiernos surgidos del golpe de Estado provocado contra el régimen
democrático de la Segunda República y la posterior guerra del 36.
¿Lealtad constitucional? Lo decía nuestro portavoz en el Congreso la
semana pasada y lo reiteramos hoy aquí en el Senado: a ustedes, señores,
señorías de Vox, la Constitución les trae al pairo, como les trae al
pairo la democracia. A ustedes lo que les preocupa no es la Constitución
ni la democracia, lo que les preocupa es la sacrosanta unidad de su
España, de la España casposa, una, grande y libre, negadora de la
diversidad territorial, cultural e identitaria, negadora de la diversidad
social, de la diversidad de género, de orientación sexual o de la
necesidad de avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres. Niegan
ustedes la realidad de un Estado y de una sociedad que no se ajusta a sus
parámetros y sueñan con imponer con calzador una nueva, uniforme,
homogeneizada y plana, con ecos del pasado, con partidos ilegalizados y
libertades fundamentales mutiladas.


Pues bien, sepan ustedes que una vez más
encontrarán al Partido Nacionalista Vasco enfrente, defendiendo la
democracia y las libertades, como lo hicimos en tantos momentos de
nuestra historia centenaria, muchos de ellos bastante más complicados y
difíciles que estos; como defenderemos siempre el derecho irrenunciable
del pueblo vasco a decidir su futuro en su condición de tal, con el apoyo
de nuestra ciudadanía, que es quien nos legitima y nos confiere la fuerza
necesaria para ello, y desde vías pacíficas y democráticas. Así nos lo
enseñaron nuestros mayores. Izan zirelako gara, garelako izango dira. Por
todo ello, votaremos en contra de la toma en consideración de ambas
proposiciones.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana EH-Bildu, tiene la palabra la senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidenta.


Señorías, la presentación de esta PL demuestra
que la convocatoria de consultas ciudadanas en forma de referéndums no es
delito ni lo era cuando sucedió el 1 de octubre, porque lo que sucedió
el 1 de octubre tiene un nombre y ese nombre es democracia, soberanía
popular, que se basa en el consentimiento de los gobernados. Otra cosa
distinta es imposición. Ustedes, con su desmesura, a favor de la
detención de ciudadanos, privándoles de su libertad, cosiéndoles a multas
millonarias, demuestran, y lo demostraron durante el último Gobierno del
Partido Popular, su actitud represora. Ustedes no soportan la opinión
política de sus adversarios, no pueden soportar el debate parlamentario,
no pueden soportar lo que significa la democracia y no pueden soportar la
democracia porque la democracia significa tratar a los ciudadanos con
madurez, hacerse cargo de la propia libertad, responsabilidad,
transparencia y honestidad y esto, francamente, no es su fuerte, teniendo
en cuenta que son el partido político más corrupto de Europa, con más
de 800 encausados y con vocación de controlar el Tribunal Supremo por la
puerta de atrás; un partido político con absoluta falta de cultura
democrática, con una excéntrica cultura política, alejada de los
estándares europeos; un partido político que a fecha de hoy, y no es el
único de este Pleno, todavía no ha condenado el franquismo; un partido
político que prefiere perseguir urnas y ciudadanos que perseguir las
causas de la pobreza o de la exclusión social, y así les va. En Cataluña
a ustedes solo les vota el 4 % de los catalanes, en otras palabras,
el 96 % no les vota.


Señorías —y esto va por todas y
todos—, o están a favor de los derechos humanos —y esto
incluye derechos civiles y políticos, ergo el derecho de
autodeterminación— o están en su contra. No hay término medio.
Escuchar, dialogar, negociar, votar no divide, sino que materializa el
respeto mutuo, cristaliza la democracia, le da su sentido real. Por el
contrario, penalizar la convocatoria de consultas con penas de prisión
que las equiparan a delitos de sangre solo demuestra la comprensión
defectuosa de su sentido de la democracia. Un breve repaso: homicidio, de
diez a quince años; asesinato, de quince a veinticinco; agresión sexual,
de seis a doce, y si es con violencia o intimidación, de doce a quince.
Poner urnas, ¡ustedes lo equiparan a esto!


Entremos a analizar algunos párrafos. Hablan
ustedes de penalizar a las autoridades que, careciendo de competencias,
convoquen un proceso electoral o un referéndum. Les recuerdo el
procedimiento seguido con el artículo 155, otorgando competencias de
disolución o suspensión de órganos territoriales, obviando la propia
Constitución. ¡Hasta qué punto se puede limitar la autonomía de una
comunidad autónoma! La doctrina indica que no se puede aplicar al margen
del resto del ordenamiento jurídico ni limitar derechos fundamentales.
Ustedes desvirtuaron el sistema institucional y la separación de poderes,
usurparon competencias, afectando al derecho fundamental a la
participación política, porque el 155 no permite sustituir a las
autoridades catalanas y desapoderarlas de sus competencias, ni disolver
el Parlamento, ni convocar elecciones, porque, en definitiva, la
autonomía no puede ser objeto de transferencia y ustedes autorizaron la
violación de la Constitución y del estatuto de autonomía y ahora
pretenden introducir en el Código Penal un delito que les conllevaría
prisión a ustedes y al Gobierno que ejecutó el 155. ¡Enhorabuena!


Ustedes citan también el artículo 92.1 de la
Constitución, que dice literalmente: «Las decisiones políticas de
especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de
todos los ciudadanos». Punto. Este artículo no define el territorio y la
población que constituye ese «todos los ciudadanos», no habla de
ciudadanos españoles en su conjunto y todos a la vez. No, de hecho, este
artículo deja margen a interpretar, como también el artículo 2, que
tampoco define el territorio y la población que constituyen la nación
española. También aseguran que el incumplimiento de la Constitución
implica poner en peligro la convivencia ciudadana y supone un ataque al
Estado de derecho. Muy bien, el anterior Ejecutivo incumplió hasta 34
sentencias del Tribunal Constitucional que daban la razón, obviamente, a
la Generalitat, y por temas tan peligrosos como subvenciones relativas
al 0,7 %, las becas, los servicios sociales, discapacidad, etcétera. Lo
más curioso es que Rajoy negó en sede judicial tener constancia de su
incumplimiento rozando el perjurio, pero en delitos como este la Fiscalía
te lo afina. Pero esto, señorías del PP, ustedes no lo persiguen.


Señorías, el referéndum es un instrumento para
pedir a los ciudadanos, como sujeto soberano, su opinión, y dirimir
grandes cuestiones, penalizarlo, solo demuestra su temor al derecho a
decidir. Y sobre este aspecto citaré al profesor Xabier Arzoz que dice,
literalmente, que la sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional afirma
que el derecho a decidir aparece proclamado como una aspiración política
a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad
constitucional. El deber de lealtad constitucional requiere que si la
asamblea legislativa de una comunidad autónoma formulase una propuesta en
tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla. El
reconocimiento del derecho a decidir —sigue el profesor— se
queda en agua de borrajas si quien tiene ese derecho no tiene la mayoría
necesaria para poder llevarlo a efecto. Es lo que él llama el punto ciego
constitucional. En las circunstancias políticas actuales es imposible
modificar la Constitución sin tener el apoyo de los partidos
mayoritarios. La mayoría política puede utilizar el derecho
constitucional contra la voluntad de la minoría que no está en situación
de cambiar las reglas del juego. A la mayoría le basta el
inmovilismo.


Los catalanes somos una minoría permanente,
infrarrepresentados incluso dentro de esta Cámara, porque a pesar de
representar el 16 % de la población, se nos otorga el 9 % de los escaños.
Si ustedes no quieren hablar del derecho a decidir, niegan el derecho a
la autodeterminación, impiden con las mayorías de bloqueo cualquier
salida acordada y tienen vocación de penalizar que votemos nosotros, ¿qué
solución ofrecen a la aspiración política del 80 % de los catalanes que
queremos dirimir este asunto votando? Escuchen a sus colegas europeos,
lean las constituciones de los países de nuestro entorno, hasta diez
constituciones de Estados miembros de la Unión Europea tienen reconocido
el derecho de autodeterminación, y les voy a citar solo tres: Alemania,
Francia y Portugal, pero hay más. Pretender penalizar el instrumento por
medio del cual se materializa este derecho es un indicador fenomenal del
concepto de democracia limitada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha manifestado que el derecho de los votantes en relación con los
referéndums es un derecho de carácter político, y la Resolución 2251 de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señala la necesidad de
codificar referéndums para asegurar el cumplimiento de los resultados, y
la Resolución 1950/2013 insta a los gobiernos a no autorizar el sistema
jurídico-penal para perseguir oponentes políticos.


En este sentido, la criminalización de los
políticos infringe la libertad de expresión protegida en el artículo 10
de la Convención Europea de Derechos Humanos. Hay varias sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España donde se recuerda la
importancia de preservar la libertad de expresión de los representantes
políticos. Consiguientemente, en caso de injerencias en la libertad de
expresión de un parlamentario se impone el control más estricto de este
tribunal y solo se puede restringir cuando el discurso incita a la
violencia. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre el derecho de participación en asuntos públicos
apunta a la importancia de la participación directa a través de
referéndums, lo cual permite pocas restricciones y garantiza este derecho
para oponerse al Gobierno sin coerción ni limitación de ningún tipo que
distorsione la libertad de expresión y la voluntad del elector.


En conclusión —y ya acabo—, los
referéndums son un instrumento político de participación pública de la
ciudadanía protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos. Su
criminalización restringe gravemente las libertades de expresión y
participación de la ciudadanía y de los derechos de los representantes
políticos y de los actores sociales. La normativa internacional y las
recomendaciones separan muy bien las inmunidades y responsabilidades
políticas frente a las penales, concretamente la Asamblea Parlamentaria
no permite criminalizar debates políticos y el referéndum es un ejemplo
de instrumento. Solo la ciudadanía puede exigir responsabilidades
políticas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Floriano Corrales.


El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señora
presidenta.


El Gobierno acaba de anunciar que comienzan los
trámites del indulto y la reforma del Código Penal de los delitos de
rebelión y sedición. Dicen que para adaptarlos a la nueva realidad
social, pero no es verdad. El Gobierno lo hace como pago por la
investidura y por los presupuestos. Cambian poder por la impunidad de
quienes trataron de acabar con la Constitución y los derechos de todos y
cada uno de los españoles. (Aplausos). Y eso no es bueno, señorías, eso
es instaurar los privilegios, leyes ad hoc, leyes para beneficiar a
quienes se interesan por mantener el poder.


Señorías, somos legisladores. No hay democracia
sin ley. La ley es el instrumento para proteger a los más débiles. Sin
ley, señorías, lo que rige es la ley del más fuerte. La ley es la que
garantiza los derechos y las libertades. Votar sin ley no es democracia,
señorías; votar sin arreglo a las normas, sin arreglo a la ley
democrática, no es democracia, señorías. No quieren política, ustedes
quieren que les demos la razón. Esto es lo que ustedes quieren, que les
demos la razón. O me dicen lo que yo quiero escuchar o no estoy de
acuerdo y son ustedes antidemócratas o son ustedes no sé qué. No,
señorías.


Me tomo como anécdota que algunos portavoces
llamen ideas antiguas el defender algo del 2003. Viniendo del Partido
Nacionalista Vasco, en fin, no me parece muy... ¿Y defender es
criminalizar la Constitución, señorías? Díganlo abiertamente: Ustedes
están defendiendo la Constitución y, por tanto, están criminalizando. Yo
lo que digo es que el quitar, por iniciativa de un Gobierno del Partido
Socialista, una norma que impedía la convocatoria de referéndums ilegales
ha llevado a una situación en la que el derecho penal reaccionó lo
suficientemente tarde para causar un daño irreparable, señorías, pero no
solo a mí, señorías, a ustedes también, a todos, un daño irreparable, y
lo que hace nuestra propuesta, que efectivamente tiene su antecedente en
una norma del 2003, es impedir que se vuelvan a dar hechos como esos que
provoquen daños irreparables, señorías. Defendemos ideas, y que cada uno
pueda defender las suyas es algo que todos tenemos que hacer, no
criminalizar las ideas, señorías. Usted ha oído decir a gente que no les
votaba a ustedes —yo, desgraciadamente, sí— aquello de: es un
mal vasco, pero un buen español. Yo estoy seguro de que usted está en
desacuerdo con eso, pero eso no es bueno, señoría, eso no es bueno porque
usted se puede sentir como quiera sentirse y yo respetaré las ideas que
usted tenga, es más, yo defenderé las ideas plasmadas en la Constitución,
entre las cuales está que ustedes puedan defender las suyas, pero
háganlo, y si quieren cambiarlas para imponer sus normas, para imponer
sus ideas, para alcanzar sus objetivos políticos, respeten las normas
establecidas para alcanzarlo, que es lo que estamos tratando de impedir,
que haya quien quiera cambiar las normas constitucionales, señorías
—y hoy hemos tenido un buen ejemplo de eso—, para impedirnos
defender nuestras ideas, y lo que estamos diciendo es defender la
Constitución para que todos, dentro de la Constitución y con arreglo a la
ley, podamos defender nuestras ideas, las suyas y las mías, y que si
alguien quiere cambiarlas, tenga que someterse a las normas previstas en
la propia Constitución para hacerlo. Porque si ustedes se las saltan hoy,
¿quién impide que otros se las salten mañana? Y hoy ha sonado que alguien
pueda intentar cambiar, por vía de una reforma, un principio
constitucional.


Por eso, señorías, cuando se hacen determinadas
reflexiones es muy importante hacerlo con el suficiente sosiego. Las
cosas pueden ser de otra manera cuando se reúnen las mayorías suficientes
para cambiarlas, con arreglo a las normas previstas, porque si no
respetamos las normas previstas, si no respetamos la ley, señorías,
nuestra democracia se cae. Defendemos ideas. Yo haré todo lo que esté en
mi mano para combatir democráticamente las ideas que no comparto, pero
también combatiré a aquellos que no respeten las ideas que no son las
suyas, porque creo en una democracia plural, y también haré todo lo que
esté en mi mano para defender democráticamente que nadie pueda cambiar
los principios y los objetivos políticos de la Constitución saltándose la
ley, encontrando atajos, cometiendo ilegalidades como a las que
desgraciadamente hemos asistido.


Señorías, creo que esto está en manos del
Partido Socialista. Creo que el camino por el que se ha conducido la
mañana no es el mejor visto el anuncio que ha hecho el Gobierno.
Señorías, yo creo que nos engañaron cuando hicimos el pacto
constitucional. Pensábamos que era un objetivo, que era un fin en sí
mismo, pero no, no era un fin, era solo un camino. Creo que nos engañaron
a ustedes y a nosotros y por eso es necesario su apoyo en esto, que no
sea una promesa electoral, sino que sea un compromiso compartido. Creo,
desgraciadamente, que no va a ser así, pero sin duda creo que se estarán
equivocando y sería bueno, señorías, que recuperáramos la capacidad de
defender los derechos y libertades plasmados en la Constitución, porque
son la garantía del bienestar de los españoles de ahora y de los del
futuro.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta,
señoras y señores senadores, hoy debatimos de nuevo la tipificación penal
del referéndum ilícito, del referéndum ilegal. No es un tema nuevo en la
política española, no es un tema nuevo en esta Cámara, pero, señorías,
hoy esto es lo de menos en este debate, ¿verdad, señor Floriano? Usted se
ha dedicado a solemnizar lo obvio sobre la defensa de la Constitución, la
defensa de la democracia, pero hoy lo realmente obvio en esta Cámara es
que ustedes han traído ese espantajo recurrente que el Partido Popular
exhibe cuando necesita ocultar sus vergüenzas envolviéndose en la bandera
de España. (Aplausos). Y en estos días y semanas al PP le abruman dos
palabras: Ayuso y Kitchen. Ayuso, según Pablo Casado, el paradigma de la
más brillante gestión pública, exportable a toda España. Kitchen, la
historia siempre recordará al Partido Popular, siempre tendrán una página
en la historia de España por la corrupción sistémica de sus gobiernos,
por la financiación ilegal y por utilizar las instituciones del Estado
para intentar ocultarlo todo, nada más y nada menos que al Ministerio del
Interior. ¿De verdad piensan ustedes que este es el mejor momento para
tirar el Código Penal a la cabeza de nadie? ¿Este es el mejor momento
para traer una proposición de ley de reforma del Código Penal? ¿Este es
el mejor momento para sacar a pasear el Código Penal? ¿De verdad lo
creen? Ustedes, que acumulan decenas y decenas de causas penales por
corrupción; ustedes, con un senador muy amigo de la señora Ayuso y del
señor Casado que acaba de dimitir por su imputación en la Púnica;
ustedes, con un ministro del Interior al que acaban de imputar por
espionaje a su extesorero, señor Bárcenas; ustedes, con una exsecretaria
general del PP que se reunía con un policía corrupto para urdir una
conspiración contra la justicia. Por cierto, sin la ayuda de la señora
Cospedal, hoy Casado no sería presidente del PP. Está en deuda, tiene una
hipoteca. A ver cómo suelta ese lastre, él, que solo era un diputado por
Ávila. El Partido Popular siempre cae en la misma tentación, en la del
populismo punitivo. Su respuesta es siempre la misma: más delitos, más
penas, ni proporcionalidad ni intervención mínima.


El Tribunal Supremo lo tiene dicho en su
sentencia de 14 de octubre del año pasado, ponente el juez Marchena: Una
pena privativa de libertad para una convocatoria ilegal de referéndum
puede resultar contrario a un derecho penal respetuoso con los límites
constitucionales asociados a los principios de proporcionalidad e
intervención mínima. Eso ha dicho el Tribunal Supremo. A ustedes les es
indiferente porque ustedes tienen una visión rancia y reaccionaria de los
valores inherentes al Estado de derecho de una democracia avanzada y, por
supuesto, sus pretendidas medidas punitivas son absolutamente
innecesarias e inútiles. Porque, fíjense, señorías, es verdad que en 2003
Aznar tipificó por primera vez el referéndum ilegal, era la respuesta
desafiante, bravucona, marca de la casa al anuncio de un hipotético
referéndum vasco, y es verdad que durante dos años de vigencia de ese
delito no se convocó ningún referéndum ilegal. En 2005 el presidente
Zapatero suprime ese delito y miren por dónde, señorías, durante los
cuatro años siguientes de Presidencia del lendakari Ibarretxe tampoco se
celebró ningún referéndum ilegal, aunque ya no existía ese delito en el
Código Penal. Fíjense lo absurdo, lo manipulador, lo mentiroso de su
pretensión.


¿Cuándo se van a dar cuenta ustedes de que es
más poderosa la palabra que la espada para defender la democracia?
(Aplausos). Porque conviene no olvidar, conviene que no olviden nunca
ustedes que al Partido Popular le han convocado dos referéndums ilegales,
en 2014 en 2017, y eso amenazando con todos los males del infierno,
amenazando con todo el rigor del derecho penal; eso, a pesar de que ha
habido condenas individuales de hasta trece años de prisión; eso, a pesar
de que ha habido condenas de cárcel de hasta cien años; a pesar de eso,
ustedes intentan manipular, intentan mentir, intentan exhibir la
necesidad de una reforma legal que se evidencia absolutamente inútil,
ineficaz y estéril. (Aplausos). Pero eso a ustedes les da igual, a
ustedes les da igual y lo saben, les da igual y lo saben, porque están en
otra cosa, señorías del Partido Popular. ¿En qué están ustedes, señorías
del Partido Popular? Yo les voy a decir en qué están ustedes. (Rumores).
Cálmense, yo se lo voy a decir. Ustedes están en el ruido, la
irresponsabilidad y la deslealtad con España y con los españoles.
(Aplausos.— Rumores). Fíjense, esta proposición de ley fue
registrada en esta Cámara el pasado 8 de mayo, en eso estaban ustedes el
pasado 8 de mayo, en plena pandemia, cuando los fallecidos diarios se
contaban por centenares (Rumores), cuando se le negaba al Gobierno el
apoyo para prorrogar el estado de alarma, cuando los trabajadores sufrían
por la posible pérdida de sus trabajos, las familias por su futuro. En
eso estaban ustedes entonces y en eso siguen estando ustedes ahora, solo
pensando en defender sus intereses partidistas. (Aplausos). Porque
ustedes están obsesionados con Vox y por eso se envuelven en la bandera,
azuzando y agudizando el conflicto territorial, el conflicto catalán, a
la búsqueda solo del provecho partidista. Pero no se dan cuenta de que
por este camino no tienen nada que hacer, tienen la batalla completamente
perdida. Vox les va a ganar siempre, sus votantes van a preferir siempre
el original a la fotocopia. El nacionalcatolicismo posfranquista ya tiene
dueño, no quieran ocupar ese espacio. Y este debate de hoy es un ejemplo
magnífico. Ustedes le han regalado hoy a Vox con este debate un espacio
que ni merecía ni tenía, facilitándole la posibilidad de presentar esa
proposición de ley alternativa. Yo no les voy a dedicar más de diez
segundos de mi intervención, pero ellos han aprovechado la oportunidad
que ustedes les han dado. Han soportado el órdago y han elevado la
apuesta. Ustedes proponen tipificar el referéndum ilegal y ellos añaden
un delito de deslealtad constitucional. Lo que hay que oír. Lo que hay
que aguantar. Es que los diputados y senadores de Vox les van a acabar
dando a ustedes lecciones de lealtad constitucional. Por este camino
ustedes lo tienen todo perdido; no se dan cuenta de que ellos siempre van
a pedir dos huevos duros más, sin pudor, sin vergüenza. Mientras, ustedes
van a seguir menguando, van a seguir difuminándose, y la bestia crecerá
alimentada por ustedes.


Señorías, corrijan el rumbo, recuperen el
sentido de Estado, o al menos recuperen el sentido común. Piensen en
España, en los españoles, con lealtad y responsabilidad. Ahora hay que
estar a lo que los españoles nos piden, que es resolver la crisis
sanitaria, la crisis económica, la crisis social y, por supuesto, cuando
toque, retomar la crisis territorial sin ruido, con un escrupuloso
respeto a la ley y a la Constitución, sin amenazas, con diálogo, con
política útil, señorías, política útil para resolver problemas, no
crearlos. (Aplausos). No se olviden, señorías del Partido Popular, no se
olviden. A nosotros, a los gobiernos del Partido Socialista, nadie nos
convocó nunca un referéndum ilegal. A ustedes, dos veces. ¿Y saben por
qué nadie nos convocó nunca un referéndum ilegal? Porque la palabra, el
diálogo y el acuerdo son armas mucho más poderosas, el arma más poderosa
que la política nos proporciona para resolver los conflictos
políticos.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate de la toma en
consideración de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la
proposición de ley alternativa, se procederá a continuación a abrir el
plazo para emitir el voto telemático para todas las votaciones
reglamentarias previstas, que son las siguientes: votación de la toma en
consideración de la proposición de ley y votación de la toma en
consideración de la proposición de ley alternativa.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, en que son las doce horas y dos minutos,
hasta las catorce horas y dos minutos.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA
CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, DE UNA PONENCIA
DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA.
(Votación).


662/000029



AUTOR: GPS


La señora PRESIDENTA: Señorías, se procede, a
continuación, a proclamar el resultado de la votación de la moción por la
que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Derechos
Sociales, de una ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento
en España, del Grupo Parlamentario Socialista.


La moción se ha votado en sus propios
términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos telemáticos autorizados, 264; emitidos, 261; a favor, 244;
abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
(Aplausos).









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





RENOVACIÓN DE LA RESERVA FORMULADA POR
ESPAÑA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.


610/000002

Asuntos Exteriores





ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE
FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN
RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO 'AD REFERENDUM' EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE
MARZO DE 2019.


610/000003

Asuntos Exteriores





INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL
24 DE JUNIO DE 1986.


610/000004

Asuntos Exteriores





PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS PARA LA DONACIÓN IRREVOCABLE DE LA PROPIEDAD DEL GRAN
TEATRO CERVANTES DE TÁNGER, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE
2019.


610/000005

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000006

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO
EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000007

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000008

Asuntos Exteriores





DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970.


610/000009

Asuntos Exteriores





DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010.


610/000010

Asuntos Exteriores





DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010.


610/000011

Asuntos Exteriores





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BAKÚ EL 23 DE ABRIL DE
2014.


610/000012

Asuntos Exteriores





CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS, HECHO EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA EL 25 DE MARZO DE 2015.


610/000013

Asuntos Exteriores





ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA,
HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.


610/000014

Asuntos Exteriores





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017.


610/000015

Asuntos Exteriores





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017.


610/000016

Asuntos Exteriores





ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA,
HECHO EN TOKIO EL 17 DE JULIO DE 2018.


610/000017

Asuntos Exteriores





PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DEL
CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR.


610/000018

Asuntos Exteriores





ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MONTREAL EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.


610/000019

Asuntos Exteriores





ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, HECHO EN MADRID EL 20 DE
DICIEMBRE DE 2018.


610/000020

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee los
puntos 8., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.8.,
8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.12., 8.1.13., 8.1.14., 8.1.15.,
8.1.16., 8.1.17., 8.1.18. y 8.1.19.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación de
los dictámenes, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores, el senador don Antonio Gutiérrez Limones, por tiempo máximo
de cinco minutos.


El señor GUTIÉRREZ LIMONES: Señora presidenta,
señorías, permítanme, en primer lugar, dos consideraciones previas. La
primera, no reiterar el enunciado de todos y cada uno de los acuerdos y
tratados internacionales. (Rumores). Resultaría ocioso...


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor GUTIÉRREZ LIMONES: Y más aún cuando ya
lo ha hecho nuestra presidenta, y yo nunca podría hacerlo mejor. En
segundo lugar, aunque el dictamen consta aproximadamente de entre
cincuenta y sesenta folios, estarán de acuerdo conmigo en que pueda
resumirlo en uno solo. Así que ahí vamos.


Señora presidenta, señorías, los tratados y
convenios internacionales que se someten en este acto a la consideración
del Pleno del Senado tuvieron su entrada en esta Cámara el 22 de julio
pasado, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. Se han tramitado por el procedimiento ordinario. El
plazo de presentación de propuestas a los referidos tratados y convenios
internacionales expiró el pasado 11 de septiembre, habiéndose presentado
una propuesta de no ratificación, de los señores Marín Gascón y
González-Robatto Perote y la señora Merelo Palomares, del Grupo Mixto, al
Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los
intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido en
relación con Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de
marzo de 2019.


La comisión dictaminó dicho tratados y
convenios internacionales en su sesión del pasado 16 de septiembre y
acordó rechazar la propuesta de no ratificación al Acuerdo internacional
en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre
el Reino de España y el Reino Unido, así como elevar al Pleno propuesta
favorable a la concesión de autorización al Gobierno para que preste el
consentimiento del Estado a obligarse por medio de los mismos.


Los senadores señores Marín Gascón y
González-Robatto Perote y la senadora señora Merelo Palomares presentaron
un voto particular, manteniendo ante el Pleno de la Cámara su propuesta
de no ratificación.


Con estas palabras creo haber resumido la
tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, se ha presentado una propuesta de no
ratificación en relación con el Acuerdo internacional en materia de
fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de
España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
relación con Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de
marzo de 2019, que se debatirá a continuación.


Para el debate de votos particulares, de los
señores Marín Gascón y González-Robatto Perote y de la señora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, propuesta de no ratificación
número 1, en turno a favor intervendrá el senador Marín Gascón, por
tiempo máximo de quince minutos.


El señor MARÍN GASCÓN: Señorías, ¿por qué
debemos votar no a la ratificación del acuerdo internacional en materia
de fiscalidad sobre Gibraltar? Dicho acuerdo y el conjunto de los
memorándums o MOU, aunque representan algunas pequeñas mejoras para los
ciudadanos y la economía española, no resuelven los principales problemas
que para España supone la presencia de una colonia en nuestro suelo, que
son los siguientes. En primer lugar, nuestros trabajadores continuarán
siendo discriminados y serán excluidos de hecho del generoso sistema de
bienestar gibraltareño. En segundo lugar, cuando se jubilen recibirán una
pensión de miseria, mientras que sus compañeros de trabajo completarán su
pensión con la Household Allowance y la Community Care. En tercer lugar,
las mafias del contrabando de tabaco verán reducido sus ingresos, que
tendrán que complementar con otras actividades ilícitas, y podrán seguir
pasando el dinero negro por la Verja y lo blanquearán por medio de
sofisticados entramados legales diseñados por los despachos de abogados
de Gibraltar. En cuarto lugar, los gibraltareños ricos continuarán
viviendo en viviendas de propiedad de sociedades gibraltareñas en La
Línea, Sotogrande, Estepona, Marbella u otros lugares de la costa y
seguirán sin pagar impuestos en España. Y, en quinto lugar, las empresas
gibraltareñas seguirán realizando actividades de bunkering en aguas
españolas, contaminando la bahía de Algeciras y perjudicando al puerto de
Algeciras.


Además de lo indicado anteriormente, con la
firma del tratado fiscal España blanquea a Gibraltar y reconoce por
primera vez en trescientos años la jurisdicción y competencia de las
autoridades gibraltareñas. Y no solo lo hace sobre el terreno que cedimos
en Utrecht, sino también sobre la mitad sur del istmo que ilegítimamente
el Reino Unido ha usurpado. Este reconocimiento por parte de España
debilita nuestra posición internacional y nuestros derechos legítimos de
soberanía, dando pie a que Fabián Picardo reivindique ante Naciones
Unidas como pueblo a la población de aluvión gibraltareña.


Este es el resultado de la indigna posición del
Gobierno español, que ha pretendido poner por delante de lo principal lo
accesorio. Lo principal es recuperar nuestra soberanía sobre Gibraltar;
lo contrario es consentir una colonia en nuestro suelo, aceptando la
triste condición de España como país colonizado y a sus ciudadanos como
trabajadores discriminados y explotados que contribuyen a la generación
de riqueza y utilidades militares en la colonia a cambio de unas migajas,
con la consecuencia de tener que soportar daños medioambientales y
riesgos de seguridad que no corresponden a nuestro país. Es Gibraltar
quien depende económicamente de España, y no al revés. Los 8000 españoles
que trabajan en Gibraltar están siendo utilizados de rehenes. Hemos
perdido la ocasión de hacer valer nuestros derechos y de haber incluido
la reclamación de soberanía en las negociaciones del brexit y también de
haber negociado unas mejores condiciones para nuestros trabajadores y
para los habitantes del Campo de Gibraltar. Hemos perdido la ocasión de
exigir el fin del contrabando de tabaco y del bunkering, que tanto daño
hacen a la comarca. Para terminar con el fraude fiscal causado por
Gibraltar no hace falta ningún tratado. Las medidas a tomar son todas
medidas internas, y lo único que hace falta es un Gobierno con voluntad
política para aplicarlas.


En nuestra opinión, es posible reducir de forma
significativa los perjuicios que Gibraltar causa a España aplicando las
siguientes medidas. En primer lugar, terminar con la actual fluidez de la
Verja, con la aplicación estricta, tal y como es nuestro deber, del
Tratado de Schengen, con identificación de todas las personas que pasan
por la Verja y la realización de registros aleatorios que desalienten
tráficos ilícitos. En segundo lugar, la creación de un registro de
trabajadores transfronterizos que tendrán un pase preferente y ágil por
la Verja, previa identificación. En ningún momento se pondrán en peligro
los puestos de trabajo, pues los gibraltareños serán los primeros en
facilitar las cosas porque necesitan esa mano de obra. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor MARÍN GASCÓN: En tercer lugar, la
vigilancia del perímetro de la Verja. La Verja es inglesa, y lo que
debería exigirse es que la desmantelen. (Rumores.— Pausa).


La señora PRESIDENTA: Disculpe, señoría.


Por favor, silencio.


El señor MARÍN GASCÓN: Como decía, la
vigilancia del perímetro de la Verja. La Verja es inglesa, y lo que
debería exigirse es que la desmantelen. Si la reparamos nosotros la
asumimos como propia, aceptando la partición del istmo hecha por los
ingleses. En cuarto lugar, la presencia frecuente de la Armada española
en las aguas que rodean Gibraltar, junto con la Guardia Civil, para
exigir el cumplimiento de la legalidad vigente en los espacios marítimos.
En quinto lugar, un plan de inversiones en La Línea de la Concepción que
reduzca su dependencia económica respecto a Gibraltar, con la
investigación de los gibraltareños que residen más de ciento ochenta y
tres días en España en casas de propiedad de sociedades gibraltareñas y
la aplicación del régimen fiscal, tal como ya establece nuestra
legislación actual, y sin necesidad de ningún tratado fiscal. Y, por
último, condicionar cualquier forma de colaboración a las siguientes
exigencias. En primer lugar, la equiparación del precio del tabaco a los
precios españoles, con la prohibición a las empresas tabaqueras españolas
de que vendan tabaco a Gibraltar mientras exista diferencial de precios.
En segundo lugar, el fin de la práctica de bunkering en aguas de la bahía
de Algeciras, con la prohibición a las empresas españolas de suministrar
fuel a Gibraltar y el aprovisionamiento de combustible solo a barcos
atracados en el muelle. En tercer lugar, la eliminación del Household
Allowance y del Community Care y el pase de sus competencias a la
Seguridad Social gibraltareña, de forma que todos los trabajadores, ya
sean residentes en Gibraltar o no, tengan los mismos derechos sociales.
Y, por último, y la más importante de todas, que el Reino Unido cumpla
las resoluciones de Naciones Unidas y se siente a negociar con España la
descolonización de Gibraltar.


Para tomar todas estas medidas no hace falta
firmar ningún tratado, solo un Gobierno con dignidad y patriotismo que no
esté entregado a los colonialistas y que diga alto y claro que Gibraltar
es España. En realidad, no esperamos de este Gobierno nada que reafirme
la posición internacional de España como actor estratégico, nada que
permita mejorar la seguridad de la población en la bahía de Algeciras y
nada que permita rescatar a nuestros trabajadores transfronterizos y
hacer que La Línea de la Concepción prospere como merece. Este acuerdo
solo sirve para blanquear el paraíso fiscal de Gibraltar, del que viven
los bufetes de abogados llanitos que gestionan un oscuro centro
financiero, al que Moneyval se ha referido como la posible tapadera de
los tráficos más inconfesables, incluso la financiación del terrorismo.
Por eso, nuestra posición es votar no al tratado, que es lo mismo que
votar sí a la soberanía y a la dignidad de nuestra patria. No queremos
que este pernicioso tratado entre en vigor, y aprovechamos para exigir al
Gobierno que aplique rigurosamente el Tratado de Schengen en la Verja.
Este Gobierno sacará adelante este acuerdo, pero al menos debe exigir la
apertura de conversaciones para que España recupere su integridad
territorial. Mientras tanto, nosotros cumpliremos con nuestra obligación
de no dar respaldo a que nuestra nación consienta por más tiempo
semejante situación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, ¿alguien hará uso del turno en contra
o pasamos directamente al turno de portavoces? (El señor Lemus Rubiales
pide la palabra).


En turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Lemus Rubiales.


El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señora
presidenta. En los últimos días se está celebrando en la Organización de
Naciones Unidas el 75 aniversario de su creación. Dicha organización, la
ONU, se creó para evitar que nuestro mundo volviera a confluir en un
conflicto terrible, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
La naturaleza de la ONU y sus objetivos van encaminados principalmente al
multilateralismo, al diálogo, al consenso, al acuerdo y la palabra entre
países para evitar conflictos, primero, sociales y, sobre todo,
militares.


La intervención del portavoz de Vox, que es
prácticamente la misma que tuvo en la comisión, deja entrever algunas
visiones que no son aisladas en el mundo en el que vivimos y, sobre todo,
que no son espontáneas ni independientes. Lo que aquí ha propuesto el
senador de Vox es más o menos la hoja de ruta del aislacionismo que los
correligionarios de Donald Trump están llevando a cabo en el mundo en la
actualidad. Y para ello utilizan instrumentos tan complicados y
peligrosos como el de la mentira. Porque no es cierto, señorías, no es
verdad —así lo dijo mi compañero, el señor Vázquez, en la
comisión— que el Gobierno de España en este tratado renuncie a la
soberanía de Gibraltar. No es verdad. Este tratado es la consecución de
las negociaciones que ha habido por parte de varios gobiernos —el
actual y el anterior, del Partido Popular— con el Reino Unido para
intentar evitar o, mejor dicho, para cerrar por todos los medios el
agujero de impunidad que significaba que Gibraltar fuera en este caso un
centro de transacciones totalmente opacas, sobre todo por parte de
aquellos que operan al margen de la ley.


En el discurso, y sobre todo en la iniciativa
que presenta Vox, aparecen palabras que no son nuevas, palabras como
policía, ejército, ejército naval, controles, rejas, verjas. Si alguien
ha escuchado en algún discurso de Vox las palabras diálogo, consenso,
acuerdo o unidad, que lo diga aquí, porque a día de hoy yo no he oído a
ningún político del partido ultraderechista Vox decir ninguna de ellas.
Si ellos creen que utilizando medios de control, sobre todo medios para
limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos, pueden conseguir
algo en este país, están equivocados. Los españoles y las españolas
quedaron bien hartos de la dictadura que supuso el régimen del caudillo
Franco.


Por eso, señorías, nosotros estamos totalmente
en contra de lo dicho aquí hoy por el señor senador de Vox, porque, si
bien ellos vienen a airear y a mover la bandera del patriotismo, lo que
están haciendo es seguidismo barato de lo que promulgan líderes tan
aislacionistas como son el señor Putin y el señor Trump en Estados
Unidos. Ni más ni menos. Por cierto, el ideólogo del aislacionismo, ese
que venía aquí, a Europa, a dar lecciones y a instruir a los partidos
nuevos de ultraderecha en Europa, el señor Steve Bannon, en este momento
está siendo judicializado y juzgado en Estados Unidos por apropiarse
indebidamente de los fondos que recaudó para construir el muro entre
Estados Unidos y México. El muro entre Estados Unidos y México. Y eso es
lo que quiere hacer Vox en Gibraltar, sin tener en cuenta los intereses
de la gente, de las más de 10 000 personas que están trabajando allí en
la actualidad. A nosotros, al Grupo Socialista, nos inquieta esta deriva
que está tomando un partido democrático en nuestro país. Pero a la Junta
de Andalucía le debería preocupar, porque quienes realmente se podrían
ver perjudicados por esta política y por esta iniciativa de Vox serían
los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que durante tanto tiempo han
venido reivindicando este tratado, que sobre todo va a aliviar sus
derechos tributarios en nuestro país, ya que tenían doble contribución a
las arcas públicas, tanto de un lado como de otro, y ahora eso va a
cambiar para bien en sus vidas.


Por eso, señorías, nosotros creemos que este
tratado, no solo va a mejorar la vida de los ciudadanos del Campo de
Gibraltar, sino que sobre todo va a arreglar un problema que significaba
una puerta abierta, para que la gente que opera al margen de la ley no
tenga impunidad a la hora de encontrar un sitio donde poder lavar su
dinero en Gibraltar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En el turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto intervendrá el senador Marín Gascón.


¿Intervendrá algún otro senador del partido?
(Pausa).


Señor Marín Gascón, tiene la palabra.


El señor MARÍN GASCÓN: Solo unas breves
palabras para el portavoz del Grupo Socialista. Señoría, no me ha
desmentido o rebatido nada de los distintos puntos que yo he planteado en
este momento; siempre recurren a la descalificación fácil cuando no
tienen ningún argumento que rebatir. Y no nos tachen de mentirosos cuando
este Gobierno es precisamente el más mentiroso de la historia, empezando
por su presidente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, intervendrá el senador Argüeso Torres.


El señor ARGÜESO TORRES: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, todos somos conocedores
—también el conjunto de la sociedad española— de la
problemática que estamos sufriendo como consecuencia de las
particularidades de Gibraltar, señalando las más importantes, y que en
virtud de este acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña se deben
solucionar. Entre ellas, la evasión fiscal. Gibraltar viene gozando de un
régimen fiscal muy ventajoso, un impuesto sobre sociedades que se sitúa
en un 10 %, mientras que España impone alrededor del 30 %. Y, además se
tributa únicamente por los beneficios obtenidos en Gibraltar, puesto que
los beneficios obtenidos en el exterior quedan exentos de tributación.
Este régimen tan ventajoso ha atraído en las últimas décadas a un número
importante de empresas que supera ya al número de habitantes del Peñón, y
es que se estima que el número de sociedades radicadas en la colonia
alcanza ya las 55 000.


El contrabando y el narcotráfico y la
desigualdad de regímenes fiscales y de riqueza per cápita entre el Peñón
y el Campo de Gibraltar han provocado una situación de precariedad y de
falta de oportunidades para muchos residentes en esa comarca. Por ello,
en esta zona ha proliferado el contrabando de productos como tabaco o el
tráfico de drogas, que llegan al Estrecho de Gibraltar vía Tánger o el
Peñón para abastecer Andalucía o incluso al resto de España. Pese a ello,
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no cuentan con los recursos
económicos y humanos suficientes para hacer frente a un crimen organizado
que cada vez hace un despliegue mayor de nuevas tecnologías y
herramientas para eludir el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, se
estima que hacen falta unos 700 efectivos adicionales de Policía y de
vigilancia aduanera del puerto de Algeciras para poder cumplir con
nuestras funciones. Eso hace que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado estimen que solo consiguen intervenir el 25 % del material que
cruza al Estrecho.


Con respecto a la legalidad internacional, las
autoridades de Gibraltar han rechazado sistemáticamente cumplir con la
legalidad internacional sobre aguas territoriales. De acuerdo con el
Tratado de Utrecht, de 1713, mediante el cual España cedía el Peñón, las
aguas que rodean la Roca seguían siendo españolas. Sin embargo, la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982,
establece que todo territorio tiene derecho a aguas territoriales, que
deberán delimitarse en cooperación con sus vecinos, lo que ha llevado a
que las autoridades gibraltareñas asuman que las aguas que rodean al
Peñón están bajo su jurisdicción. Estas diferencias han provocado
encontronazos entre embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y la Policía Real de Gibraltar. Además, según el Tratado de
Utrecht, el istmo que une el Peñón con la península ibérica permanece
también bajo soberanía española. Pese a ello, las autoridades
gibraltareñas han permitido la construcción del aeropuerto de Gibraltar
utilizando parte del istmo, lo que supone una violación de la integridad
territorial española. Sin embargo, muchos expertos consideran que la
única forma viable de solucionar el problema sin derruir el aeropuerto es
que Gibraltar acceda a una titularidad y explotación conjunta
hispano-gibraltareña, algo que debería autorizar el Reino Unido en tanto
que Estado responsable de las relaciones exteriores del Peñón.


En definitiva, señorías, este acuerdo se
enmarca en las negociaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno
del Reino Unido sobre las consecuencias que el brexit tendrá para el
estatus de Gibraltar. Por medio de este acuerdo se intenta avanzar en el
intercambio de información y en la lucha contra la elusión fiscal de
Gibraltar, que supone un importante golpe para la economía del Campo de
Gibraltar en España. De este modo, y en virtud del acuerdo, se establecen
reglas de residencia por las cuales se va a determinar de forma clara la
residencia de un tributario, y que, en caso de duda, favorecen la
residencia española. Se introducen normas antielusión, tanto para
personas físicas como jurídicas, asegurando con ello que se cumplan las
normas del derecho tributario, por las que el Reino de España se
aseguraría que se aplica de manera correcta el sistema tributario en su
plenitud, evitando así infracción alguna de nuestro ordenamiento
jurídico. Se garantiza la cooperación administrativa para hacer efectivo
el intercambio de información entre ambos Estados. Se atribuye a la
Agencia Tributaria española que pueda participar en inspecciones fiscales
o controles conjuntos, pudiendo investigar y recabar información sobre
personas y negocios con actividad transfronteriza. Y, por último, se
garantiza la aplicación de la normativa internacional a Gibraltar para
que el derecho de la Unión Europea, la regulación de la OCDE, el Consejo
de Europa y las directrices del G-20 sobre elusión fiscal se apliquen a
Gibraltar en el futuro. Además, el acuerdo establece un comité de
coordinación en el que el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de
España podrán hacer un seguimiento del cumplimiento del acuerdo. En este
comité podrán estar representadas las autoridades que las partes
consideren: por ejemplo, la autoridad gibraltareña, por la parte
británica, y las de la Junta de Andalucía o la Mancomunidad del Campo de
Gibraltar, por la española.


Este convenio fue debatido en el Pleno del
Congreso de los Diputados la primera semana de junio de 2020 debido a la
presentación por el Grupo Parlamentario Vox de una enmienda de devolución
del acuerdo. La enmienda no fue aprobada, y obtuvo únicamente el apoyo
del Grupo Parlamentario Vox y del Grupo Parlamentario Popular, que
afirmaban compartir la preocupación de que este acuerdo supusiera un
obstáculo para la eventual soberanía española del Peñón. Mi grupo
parlamentario no compartía esas preocupaciones y, pese a algunas dudas
sobre la posible aplicación de lo acordado, votó en contra de la
enmienda, como la mayoría de la Cámara, lo que permitió que continuara la
tramitación del texto.


Señorías, tal y como ya hicimos en la última
Comisión de Asuntos Exteriores, les adelanto que mi grupo va a ratificar
el acuerdo que hoy estamos viendo entre el Reino de España y el Reino
Unido de la Gran Bretaña.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
intervendrá el senador Uribe-Etxebarria Apalategui.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidenta andreak.


Intervengo muy brevemente, simplemente para
decir que vamos a votar en contra de la propuesta de Vox y a favor de
este acuerdo y del resto de los acuerdos que se someten a votación.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
EH-Bildu, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.


Intervengo solo para anunciar el sentido del
voto del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.
Nosotros nos vamos a abstener en este punto y en todos los demás
relativos a los tratados internacionales.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Rojo Noguera.


La señora ROJO NOGUERA: Gracias,
presidenta.


Buenos días, señorías. Debatimos hoy la
ratificación de un acuerdo internacional en materia de fiscalidad y
protección de los intereses financieros con el Reino Unido en relación
con Gibraltar, acuerdo que fue aprobado por el Consejo de Ministros en
marzo del año 2019 y sobre el que mi grupo quisiera hacer algunas
consideraciones.


Como sus señorías saben, el Reino Unido ha
decidido dejar de formar parte de la Unión Europea, y esa desconexión se
va a producir, si todo sale según lo previsto —porque nunca se
puede decir—, el 31 de diciembre del año 2020, es decir, dentro de
tres meses. Y esto nos coloca, señorías, ante una oportunidad histórica,
porque el brexit cambia la estructura de un tablero de juego que lleva
inmóvil desde el año 1713, y tanto el Reino Unido como su colonia,
Gibraltar, pasan ahora a ser un país tercero, un país ajeno a la Unión
Europea, igual que lo pueden ser Marruecos o Turquía, lo que significa
que la Verja no es solamente una separación con España, sino también con
el mercado único, con el espacio Schengen, y que, además de ser frontera
con España, será también frontera de toda la Unión Europea.


Pues bien, ante esta oportunidad histórica, una
oportunidad única en casi trecientos años, creemos que el Gobierno del
señor Sánchez ha mostrado de nuevo una enorme debilidad. Nuestra falta de
peso político en la Unión Europea no solamente se ha reflejado en las
diferentes negociaciones que allí se han llevado y se están llevando a
cabo, como, por ejemplo, la de la PAC —tan importante para nuestra
agricultura y nuestra ganadería—, sino también en causas históricas
como la que nos trae hoy aquí. Y esto no es de hoy, porque, señorías, el
presidente Sánchez ya fue incapaz de introducir la cuestión de Gibraltar
en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el
año 2018. Para sacarlo adelante, España, con el entonces ministro Borrell
en Asuntos Exteriores, cedió, con un mal protocolo para Gibraltar, para
no bloquear el acuerdo general. Es cierto que para poder vender algo
adoptó una especie de fórmula, con una declaración anexa al acuerdo, sin
apenas validez jurídica, y un protocolo de cuatro memorándums que sirven
principalmente a los fines del Reino Unido. Es decir, y para que se
entienda, dejó la cuestión de Gibraltar al margen de los intereses
estratégicos europeos en el brexit, lo cual hace que España no cuente con
la fuerza negociadora de la Unión Europea en esta negociación con
Gibraltar y se fía todo a un Gobierno que no parece creer demasiado en la
causa, o al menos una parte de él así lo ha manifestado.


Nosotros queremos dejar claro que el Partido
Popular, el partido que este grupo parlamentario representa, ni renuncia
ni renunciará nunca a que Gibraltar sea una parte de España. De hecho, en
abril del año 2017, cuando estábamos en el Gobierno, conseguimos que por
primera vez Bruselas reconociese que Gibraltar era un asunto entre Madrid
y Londres nada más, y que cualquier acuerdo entre el Reino Unido y la
Unión Europea que estuviese referido a Gibraltar tuviera que contar con
un acuerdo bilateral previo entre España y el Reino Unido. Fue una
victoria histórica, señorías, que permite que hoy estemos aquí y que se
pueda llevar a cabo este acuerdo. Les dejamos el terreno preparado y
abonado y esperábamos que tuvieran ambición por rematarlo. Confiamos, de
verdad, en que este Gobierno sea capaz de mantener lo negociado por
nosotros en interés de España, porque les diré, señorías, que no deja de
ser descorazonador que el primer tratado que firman con el Reino Unido
sea un acuerdo por el que se establecen un conjunto de instituciones
administrativas y fiscales en el Peñón sin pasar ni rozar ni tener una
mención a la importancia de la restauración de la integridad territorial.
Ni siquiera se han atrevido con este convenio a hablar de cosoberanía. Y
esta falta de ambición es peligrosa para los intereses de España, además
de que están ustedes rompiendo una posición tradicional y uno de los más
antiguos consensos en la historia de España.


Señorías, no creo que haya que explicar aquí
que la descolonización no es un tema de izquierdas ni de derechas, sino
un mandato de Naciones Unidas. La soberanía de Gibraltar era —por
lo menos, hasta ahora— un asunto de Estado, y qué menos que llamar
a la oposición cuando se van a alterar los términos que comprometen el
futuro de España, como así ha venido siendo hasta ahora. Pero ni han
contado con nosotros ni se han dignado ni han tenido el más mínimo
interés en hablar con el primer partido de la oposición. Así que, si
comprometen el futuro de todos, no engañen contando que todo el rato nos
tienden la mano o hablando de corresponsabilidad cuando estaban en la
oposición. Supongo que esa corresponsabilidad se refiere a votar en
contra del ministro De Guindos o de Arias Cañete cuando estaban en
Europa, cuando en realidad ustedes saben que tienen las manos atadas y
predican un diálogo que son incapaces de mantener.


Señorías, este convenio consolida un régimen
fiscal contra el que han luchado todos los gobiernos anteriores,
independientemente de su color político. Es el primer tratado que España
firma con el Reino Unido desde el de Utrecht, de 1713, y lo que hace es
consagrar el edén fiscal existente en Gibraltar, que ha crecido a costa
de asfixiar al Campo de Gibraltar. Si Gibraltar no está incluido en la
lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es porque esa lista
incluía solo a países terceros y el Reino Unido formaba parte de la Unión
Europea, pero tras el brexit cumple todos los requisitos para ser
incluido en aquella, que, además, extorsiona directamente la economía y
la tributación europea.


Este acuerdo no solo no incluye mención alguna
a la compensación de tipos impositivos gibraltareños, sino que, lejos de
eliminar este paraíso fiscal, consolida la exención fiscal de las
sociedades offshore. Además, reconoce ciertas estructuras de Estado y un
comité de coordinación, señorías, pero no entre España y el Reino Unido,
sino que establece que se sienten en igualdad de condiciones España y los
representantes de Gibraltar, estos, nombrados por el Reino Unido. De esta
manera se pone en un plano de igualdad a España y a Gibraltar y se
elimina toda posibilidad de reclamación ante organismos
internacionales.


Señorías, en los momentos críticos, en los
momentos difíciles es cuando los gobiernos fuertes deben demostrar su
liderazgo y su capacidad negociadora, y en un momento crítico para la
Unión Europea, el Gobierno de Sánchez está desaprovechando una gran
oportunidad, porque con un Reino Unido amenazando con romper
unilateralmente el acuerdo de retirada y con las negociaciones para el
acuerdo comercial encalladas, por no decir desahuciadas, España debería
volver a poner toda la presión negociadora sobre la mesa. Y lo más
importante, señorías: no se olviden de la obligación que tiene el
Gobierno con el Campo de Gibraltar. De su buena negociación depende el
futuro de muchos trabajadores transfronterizos y de buena parte de la
población de la provincia. Defiendan de verdad los intereses de los
ciudadanos españoles del Campo de Gibraltar, inviertan en
infraestructuras en la zona, desarrollen el plan Campo de Gibraltar, que
es posible incluso con los actuales presupuestos, y consigamos buenas
condiciones de vida para ellos.


En definitiva, señorías, pedimos que el
Gobierno sea ambicioso y que se sitúe a la altura de la vocación
europeísta que tienen los españoles, que defienda los intereses de
España, porque sabemos que España pueda hacerlo mejor porque lo hemos
hecho en el pasado. Para ello, señorías, les pedimos que dialoguen,
porque estamos convencidos de que juntos lo haremos mejor.


Señora presidenta, nuestro grupo va a votar en
contra de este tratado. Y en relación con el voto particular de Vox,
manifiesto nuestra abstención.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Lemus Rubiales.


El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, el 25 de febrero del año 2018, es
decir, casi un año y medio después de que los británicos votaran el
brexit, el ministro del Partido Popular, el señor Dastis, concedió una
entrevista al periódico inglés Financial Times y dijo lo siguiente: El
objetivo inmediato de la negociación —sobre el tratado que hoy
estamos aquí debatiendo y vamos a votar— no es la soberanía. Es
algo a lo que aspiramos, a lo que no renunciamos, pero no es el asunto de
estas negociaciones. El ministro también indicó que para negociar había
que contar con representantes de Gibraltar en la negociación. Señorías,
Napoleón Bonaparte dijo: El ejército que abandona a sus generales en el
campo de batalla es un ejército indigno. Yo puedo entender que ustedes
renuncien a las malas prácticas de algunos de sus compañeros de filas
durante los últimos años, pero que renuncien también a las políticas que
en algunos momentos pudo aceptar el Partido Popular me parece, cuando
menos, una torpeza. Y, sobre todo, no les auguro muy buenos réditos en un
futuro próximo.


Usted denuncia aquí que no ha habido diálogo.
¿Para qué? Nosotros hemos consolidado lo que ustedes empezaron. Este
tratado internacional lo idearon ustedes, lo empezaron a negociar
ustedes. Nosotros solamente hemos cerrado el tratado. Ni más ni menos. Y
las inquietudes que hoy usted nos ha manifestado a todos los senadores y
senadoras no las tuvo el señor Dastis cuando comenzó las negociaciones.
Lo que usted aquí ha reivindicado el Gobierno de Mariano Rajoy no lo tuvo
en su momento, con lo cual, pida explicaciones a sus compañeros. El
Gobierno del señor Sánchez solo ha consolidado un tratado que comenzó con
el Gobierno del Partido Popular. Yo entiendo que ustedes, ante la amenaza
de Vox, ante la amenaza que Vox supone para sus votos, muchas veces hagan
seguidismo de sus políticas, pero en cuestiones de Estado como la que
ahora estamos debatiendo tengo que decirles, sinceramente, que les va a
traer muy pocos réditos, porque la gente del Campo de Gibraltar quiere
soluciones para la complejidad de sus vidas por tener que ir a trabajar a
otro país que sale de la Unión Europea. Y con lo que ustedes hacen hoy
aquí, que no es otra cosa que oponerse a un avance, a un paso, lo único
que consiguen es entorpecer la vida de la gente del Campo de Gibraltar.
Por lo tanto, dejen ya de contar mentiras.


Miren, con este tratado España no renuncia a la
soberanía de Gibraltar. El documento dice textualmente: ... habida cuenta
de que ni el presente acuerdo ni ninguna acción o medida tomada en
aplicación o como resultado del mismo implica una modificación de las
respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido
con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar. Así
que no mientan. No renunciamos a ninguna cuestión que sea de vital
importancia para nuestro Estado, ni mucho menos. Lo único que hacemos,
como bien dijo el señor Dastis, es mejorar una situación que solamente
beneficiaba a las mafias internacionales y mejorar una situación que
solamente perjudicaba a la gente que trabajaba en el Campo de
Gibraltar.


Así que, señorías, nosotros nos congratulamos
de que el Gobierno de España haya cerrado un acuerdo con el Gobierno del
Reino Unido para, vuelvo a repetir, complicarle la vida a las mafias
internacionales y, sobre todo, para mejorar la vida de la gente que
trabaja en el Campo de Gibraltar.


Nada más. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.


Señorías, les informo de que no se han
presentado propuestas a los demás tratados y convenios internacionales.
No obstante, si hay algún grupo parlamentario que desee intervenir
respecto de alguno de los tratados y convenios internacionales no
debatidos con anterioridad, puede hacerlo. (La senadora Rivero Segalàs
pide la palabra).


Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Intervengo para
manifestar nuestro voto a favor del dictamen en sus términos.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo desea
intervenir? (Pausa).


Señorías, finalizado el debate de los tratados
y convenios internacionales, se procederá a continuación a abrir el plazo
para emitir el voto telemático para todas las votaciones
reglamentariamente previstas, que son las siguientes.


Votación de la autorización de los tratados y
convenios internacionales en el orden en que se han anunciado.


En relación con el acuerdo internacional en
materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el
Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en relación con Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4
de marzo de 2019, se votará también la propuesta de no ratificación del
mismo. Para su aprobación se exige la mayoría absoluta.


Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, en que son las doce horas y cincuenta
minutos, hasta las catorce horas y cincuenta minutos.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB)
EN NAVARRA.


592/000006

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE NAVARRA


La señora presidenta lee los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.


La señora PRESIDENTA: No se han presentado
propuestas de que la celebración de la prórroga de este convenio necesite
la autorización de las Cortes Generales.


Tengo conocimiento de que hay varios grupos
parlamentarios que desean intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer
lugar, intervendrá el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.


Señorías, muy buenos días de nuevo. Que los
gobiernos autonómicos lleguen a acuerdos entre ellos es algo positivo,
más aún cuando se busca el interés general y, sobre todo, mejorar los
servicios a los ciudadanos. El problema surge cuando alguna de las partes
no actúa con respeto y lealtad. De todos es conocida la falta de respeto
institucional del Gobierno vasco y del nacionalismo vasco a todo aquello
que tenga que ver con la realidad institucional de la Comunidad Foral de
Navarra, que viene amparada, por cierto, en el amejoramiento del fuero y
en la Constitución española y que deja muy claro que Navarra es una
comunidad diferenciada, con instituciones propias e integrada en la
nación española. Por eso, no es nada extraño que, en la firma del
Protocolo general con la comunidad autónoma vasca del año 2009, el
Gobierno de Navarra estableciera, en el apartado referido a la captación
de la EITB, que se debía respetar la realidad institucional de Navarra y
diferenciarla de lo que es la comunidad autónoma vasca en toda la
programación y en las informaciones de la propia televisión pública
vasca. ¿Por qué? Porque el nacionalismo vasco, en relación a Navarra,
lamentándolo mucho, no es de fiar. No es de fiar, tienen una obsesión
enfermiza por la Comunidad Foral de Navarra. Son capaces, con ese afán
colonialista, de utilizar todos los medios que tienen a su alcance para
la consecución de sus objetivos independentistas. Y siempre ha sido
igual. Miren, hace unos días tuvimos conocimiento de una nueva falta de
respeto del Gobierno vasco hacia la Comunidad Foral de Navarra, nada más
ni nada menos que en la toma de posesión del señor Urkullu como lendakari
de la comunidad autónoma vasca, con la presencia incluso de la propia
presidenta del Gobierno de Navarra, la señora Chivite. Miembros de la
Policía autónoma vasca, con trajes de gala, llevaban en sus mangas el
escudo de la comunidad autónoma vasca con la incorporación de las cadenas
de Navarra, una usurpación vergonzosa de uno de los símbolos y de las
señas de identidad del viejo Reino de Navarra y, por lo tanto, también de
la Comunidad Foral de Navarra, que ya motivó, en 1985, ante la denuncia
de Navarra, una sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la
utilización de las cadenas en el escudo oficial de la comunidad autónoma
vasca, como pretendía el Gobierno vasco.


Por otro lado, es evidente que la televisión
autonómica, la televisión pública vasca, sigue sin respetar la realidad
institucional de Navarra ni en su programación ni en sus informaciones,
como recoge, no solamente el primer protocolo al que me he referido, sino
también el actual convenio, del cual se pide ahora su prórroga. Y es
evidente asimismo que para llegar a la captación de la televisión pública
vasca en las condiciones en las que se está dando en este momento tenía
que ser un Gobierno nacionalista, en la anterior legislatura, quien lo
llevase a cabo. Además, lo ejecutó incumpliendo la ley, se diga lo que se
diga, y más concretamente el artículo 27 de la Ley General de la
comunicación audiovisual, que establece los procedimientos pertinentes. Y
lo hizo con un trato de favor en detrimento de otras televisiones que
emiten en Navarra. Y lo hizo de manera sectaria y partidista. Desde
nuestro punto de vista, fue una auténtica cacicada, única y
exclusivamente para satisfacer a sus huestes y sus intereses
nacionalistas. Es inaudito, señorías, que Navarra haya perdido la
posibilidad de tener una televisión propia en cualquier momento que se
hubiese podido necesitar, a diferencia de lo que ocurría antes de la
firma de este convenio que hoy se quiere prorrogar.


No deja de ser un esperpento que la única
televisión pública que emite en la Comunidad Foral de Navarra sea una
televisión que no respeta la realidad institucional de Navarra, como le
exige el convenio, y que obedece las directrices de un Gobierno cuyo
partido mayoritario es partidario de que Navarra desaparezca como
comunidad foral diferenciada e integrada en la nación española y que se
incorpore a esa quimera nacionalista que denominan Euskal Herria. Además,
para la consecución de sus objetivos independentistas dichos partidos
nacionalistas tienen tres principios fundamentales a los que en alguna
ocasión ya nos hemos referido: territorio, símbolos y lengua. En este
caso concreto Navarra juega un papel fundamental, es la pieza clave a
cazar para esos objetivos y esas pretensiones nacionalistas.


Señorías, el rechazo de Unión del Pueblo
Navarro a este convenio y, por supuesto, también la denuncia del
incumplimiento por parte del Gobierno vasco de este convenio que hoy
—vuelvo a insistir— se plantea prorrogar no es ninguna
cuestión de euskarafobia o de vascofobia, como podrían decir algunos. En
todo caso, sería única y exclusivamente una navarrofobia que viene
caracterizando al colonialismo vasco.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


El Grupo Parlamentario Nacionalista no
interviene.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, intervendrá el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik
asko, presidente andrea. Eguerdi on, senatari jaun-andreok.


Hemos asistido nuevamente a la representación
de lo que pueden ser las obsesiones enfermizas de una persona o de un
grupo político, en este caso, del representante de Unión del Pueblo
Navarro en esta Cámara. Yo soy tan navarro como él, aunque a veces lo han
puesto en duda, y he de decir y confesar que los navarros y navarras nos
sentimos absolutamente respetados por las emisiones de Euskal Telebista.
Y no solo eso: además, queremos y necesitamos que Euskal Telebista se vea
en toda Navarra.


Diferencias y problemas hay siempre entre las
comunidades autónomas, como las hay entre los pueblos, pero lo cierto es
que tanto el Gobierno vasco como el Gobierno de Navarra están actuando y
han actuado siempre en el tema de la EITB con absoluta lealtad, algo de
lo que nos enorgullecemos y de lo que nos sentimos muy satisfechos.


El señor Catalán ha mencionado la euskarafobia.
Y es verdad, Unión del Pueblo Navarro tiene euskarafobia, tiene fobia a
todo lo que suena a euskal, a todo lo que en algún momento haga
referencia a vasco.


En su obsesión enfermiza, llegan a decir que
Euskal Herria no existe. En euskera hay una frase que dice: Izena duenak
izana du. Es decir, lo que tiene nombre existe. No existe para quienes
creen que Euskal Herria es una realidad política, con instituciones,
con... No, Euskal Herria es la denominación en euskera de algo que
existe: un pueblo vasco, el pueblo del euskera, el pueblo de las personas
que hablamos euskera, y eso, señor Catalán, por mucho que lo digan una y
mil veces, existirá. Mientras Koldo Martínez, senador autonómico por
Navarra exista, Euskal Herria será una realidad, porque soy y formo parte
de esa realidad cultural, social, incluso voy a ir más allá, económica e
histórica que se llama Euskal Herria.


El día 26 de septiembre se celebra el Día
europeo de las lenguas. Las lenguas definen Europa, las lenguas definen
quiénes somos, las lenguas dan forma a nuestro desarrollo, las lenguas
nos unen a la tierra en que vivimos. Mi ama, mi madre, me enseñó el
euskera, y el euskera es para mí mi lengua materna, y también lo es el
castellano. Yo nací hace ya unos cuantos años y hasta en mi nombre,
Joseba Koldobika, me lo tuvieron que poner en castellano porque algunos,
como los miembros de Unión del Pueblo Navarro y otros, no querían ni que
existiera, no querían que se pudiera bautizar a las criaturas en esa
lengua que utilizaban miles de vascos y vascas, por cierto, menos que los
que la utilizamos ahora.


Cada lengua contiene un conocimiento histórico,
social y cultural; cada lengua contiene una experiencia humana y una
cosmovisión únicas. Las lenguas son nuestra herencia más preciada, y me
he de referir a la intervención del señor Catalán, del representante de
Unión del Pueblo Navarro, criticando todo lo que hace la EITB, incluso la
retransmisión de los partidos de pelota, que donde más se veían era
precisamente en la ribera de Navarra, un feudo donde Unión del Pueblo
Navarro tiene muchos votantes. Señor Catalán, yo enmarco su intervención
en esa fobia que tienen a todo lo vasco, en esa euskarafobia, y he de
decirle que nosotros, en Geroa Bai, tan navarros como ustedes, ni más ni
menos, pero tan navarros y navarras como ustedes, amamos y defendemos
nuestras dos lenguas, las dos lenguas propias de Navarra: el euskera y el
castellano, algo que no han hecho ustedes en toda su historia


Se lamenta usted de que Navarra no tiene una
televisión autonómica pública. ¿Cuántos años han gobernado ustedes en
Navarra y no han hecho nada al respecto? Uxue Barkos, compañera mía de
Geroa Bai, cuatro años; María Chivite, la actual presidenta, mi actual
presidenta, año y medio escaso; ustedes, casi toda la vida. No se queje
de que nosotros no hemos hecho lo que ustedes no han hecho a lo largo de
toda la vida.


Insisto, somos tan navarros como ustedes,
amamos el euskera y el castellano, nuestras dos lenguas propias, y la
mayoría de navarros y navarras —créanme, señorías— estamos
encantados de que el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra hayan
firmado este nuevo convenio para la visualización de Euskal
Telebista.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Goñi Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, señora
presidenta.


Soy la tercera senadora en intervenir, la
tercera senadora navarra, y lo primero que me gustaría decir es que esta
competición absurda por el nivel de navarrismo de cada uno me parece
ridícula y, además, es falsa, porque somos navarros independientemente de
las ideas políticas de cada uno, y no hay mucho más que hablar.


Se informa hoy al Senado sobre la prórroga del
convenio de colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y la
Comunidad Autónoma del País Vasco para la difusión de los servicios de
Euskal Telebista en Navarra. Navarra y País Vasco mantienen una especial
relación, que se caracteriza por una afinidad histórica, cultural,
lingüística, turística y sociocultural. Esta especial relación entre
ambas comunidades es una realidad, como lo es también que dicha especial
relación la mantenemos los navarros también con otras comunidades
autónomas. Nos oponemos a que el Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco utilice Euskal Telebista para seguir difundiendo su discurso
nacionalista y anexionista con la complacencia del actual Gobierno de
Navarra.


La captación de la señal de Euskal Telebista
fue la primera medida que adoptó el Gobierno nacionalista de Uxue Barkos
en 2015, la primera medida la primera vez que llegaban al poder. Tal era
su empeño, que lo hizo de forma ilegal, como después se acreditó el
Ministerio de Industria, y en cuanto tuvo ocasión de hacerlo de forma
legal por supuesto lo hizo.


El actual plan, llamado Reactivar Navarra para
combatir la pandemia y la crisis económica, propone en su punto 51 la
captación de ETB3, canal infantil completamente en euskera para toda
Navarra. ¿En serio el adoctrinamiento de los niños es una medida eficaz
para reactivar la economía navarra tras la pandemia? ¿No les da vergüenza
aprovechar la peor crisis sanitaria en el último siglo para avanzar en
esa agenda anexionista? No podemos compartirlo, como tampoco vemos
pertinente el empeño del Gobierno de Navarra en apoyar sin límite canales
de televisión y radio que emiten solo en euskera, porque el euskera en
Navarra lo habla solo el 6 % de la población.


El Gobierno de Navarra ha rebajado casi a la
mitad las ayudas que se concedían a las televisiones navarras: de 2
millones en 2012 a 1,1 en 2020. De hecho, desde que Uxue Barkos metió por
la fuerza a Euskal Telebista en Navarra las ayudas destinadas a las
televisiones navarras bajaron de 1,6 a 1,1 millones anuales.


Está muy bien fomentar la diversidad y lo
apoyamos de forma contundente, pero no a costa de abandonar lo navarro.
Debemos evitar cualquier tipo de invasión cultural por parte del
nacionalismo vasco en Navarra, cuya única consecuencia va a ser la
crispación entre los ciudadanos de la Comunidad Foral. Y el PSOE no puede
seguir contribuyendo a esta invasión de Navarra. ¿De verdad queremos que
nuestros hijos aprendan los contenidos de determinadas emisiones de
Euskal Telebista? Les voy a comentar algunos ejemplos. Covite cargó
contra Euskal Telebista por un documental que hicieron y emitieron sobre
los hijos de los presos de ETA. Les acusaron de poner la televisión
pública al servicio de los intereses de la izquierda abertzale y del
blanqueamiento de ETA. Las críticas se produjeron después de la emisión
de un documental titulado Los niños de la mochila, en el que se abordaba
la situación de los hijos de los presos de ETA. Es un trabajo que asume
sin ninguna crítica los postulados de la izquierda abertzale y que evita
deslegitimar el terrorismo. Esto es impropio de una cadena pública, pero
es que además lo emitieron cuatro días antes de una manifestación en
Bilbao a favor de los presos, lo que demuestra que Euskal Telebista optó
por entrar de lleno en la estrategia de publicidad de la izquierda
abertzale. En cuanto al contenido, no se mencionan los nombres de los
terroristas, ni su condición de miembros de ETA, ni los delitos que
cometieron, a pesar de que varios tenían delitos de asesinato. Por
desgracia no es la única vez que dicha televisión autonómica ha tratado
de promover un relato falso, inclinando la balanza a favor de los
terroristas y de sus justificadores. La cadena se negó a emitir los
documentales sobre las víctimas de ETA realizados por el director Iñaki
Arteta.


Covite presentó además un informe en el que se
constata que se blanquea a los etarras, suprimiendo su contexto criminal
y normalizándolos como presos vascos o presos políticos vascos. En dicho
informe se analiza exhaustivamente el tratamiento que sobre esa situación
de los presos hizo ETB2 y la página web, es decir, información que se
emitía en castellano. Nombraron 182 veces a los miembros de la
organización terrorista ETA, pero el 82 % de las ocasiones se refirieron
a ellos como pesos, presos vascos o presos políticos vascos, y solo en
el 18 % de las ocasiones dijeron que eran presos de ETA. Otro ejemplo es
lo ocurrido con la emisión de Euskalduna naiz, eta zu, un programa en el
que se tildaba a los españoles de paletos, fachas, chonis y progres. Fue
un exitazo, fue un exitazo, el día de su emisión el vídeo íntegro logró
el doble de audiencia de lo normal y marcó el máximo de audiencia de toda
la temporada. Dicho programa se denunció ante la Comisión Europea contra
el racismo y la intolerancia por incitar al odio.


Y todo esto es una lástima, porque en Euskal
Telebista hay otros programas que, evidentemente, son buenos, muy buenos
—lo ha dicho antes el senador Martínez—: los partidos de
pelota, el Giro de Italia y otro tipo de programas culturales que son muy
buenos. Es cierto, por eso es una lástima esta situación, porque es una
cadena pública que se está utilizando como arma política, y eso es
lamentable.


Miren, los navarros no queremos emisiones de
este tipo, ni queremos participar en la creación de un relato falso sobre
ETA y, por supuesto, no queremos que una televisión pública se utilice
como instrumento político de adoctrinamiento, ni en nuestra comunidad
foral ni en ninguna otra comunidad autónoma. Ya tenemos suficiente
ejemplo con TV3, y ya sabemos adónde nos lleva.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Ciudadanos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
intervendrá la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Gracias,
presidenta.


La verdad es que no pretendíamos intervenir en
este punto, porque estamos hablando de la prórroga del convenio de
colaboración de 2016 entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que es un acuerdo entre dos Gobiernos avalado
por sus respectivos parlamentos.


Es un convenio legal, tal y como recoge su
parte expositiva, que dice que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de
la comunicación audiovisual, establece que la emisión del servicio
público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de
una comunidad autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y
culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante
convenio y exista reciprocidad; reciprocidad que existe, porque es de
interés público para los y las ciudadanas de las dos comunidades
autónomas, como se recoge también en el párrafo 2 de la parte expositiva
de este convenio.


Es un convenio, por lo tanto, que posibilita
que los y las navarras puedan consumir un producto de su interés, como lo
hacen con otros canales de televisión. No es un consumo obligatorio, por
lo tanto es un consumo libre que cada ciudadano y ciudadana navarra puede
elegir. EITB1 y EITB2 se emiten desde hace años con normalidad en
Nafarroa. No es algo nuevo, esto es un debate que ya estaba normalizado,
incluso con la presidenta Barcina, también se emitía ETB en Navarra.


Es un acuerdo, como he dicho antes, que tiene
el acuerdo del Parlamento navarro y del Parlamento vasco. Por lo tanto,
entendemos que este es un debate que algunos partidos políticos intentan
reabrir y revivir en esta Cámara, que es inútil y que solo responde a un
interés partidista para crear conflicto con un tema que ya está acordado,
pactado, normalizado y que, además, es legal.


Y lanzo una pregunta que seguramente no tendrá
respuesta, porque parece ser que el problema es que los dibujos animados
se emiten en euskera; en inglés o en cualquier otro idioma no tendrían
ningún problema, pero es en el euskera donde está el problema. Es
verdaderamente preocupante porque en Nafarroa hay muchos euskaldunes y
que no se les tenga ese respeto.


Milesker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Intervendrá el Grupo Esquerra Republicana
EH-Bildu? (Asentimiento).


Tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: No era mi
intención intervenir en este punto, pero sí quiero aprovechar para decir
que, efectivamente, señor Catalán, cada vez que bajas a esta tribuna,
todos los días que está aquí, percibo esa obsesión enfermiza que has
comentado.


Creo que podemos estar lejos políticamente, y
está claro que es así, pero la solución de estar tan lejos creo que es
hablar más, empatizar más y respetarnos más, no hay más. Lo que no tiene
ninguna solución es estar lejos de la realidad, y negar una realidad es
un problema. Sinceramente, no entiendo el tono ni del representante de
UPN ni de la representante de Ciudadanos aquí hoy en este tema.


Estamos ante la prórroga de un convenio que
permite la difusión de Euskal Irrati Telebista en Nafarroa. Es un
convenio positivo, porque da la oportunidad a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Nafarroa de tener servicios que ofrece EITB y de ver la
televisión en euskera. Esto no puede ser un problema, esto tiene que ser
positivo para todos. Tienen el derecho y la oportunidad. Y, señor Catalán
y señora Goñi, no se obliga a nadie, el que no quiera verlo está en su
derecho de no verlo, simplemente se da la oportunidad a aquellos y a
aquellas que quieran ver Euskal Irrati Telebista. Hay más de cien
canales, y entre ellos este es uno más para quien quiera, por
supuesto.


Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa comparten,
compartimos muchas cosas, entre otras, una historia, una cultura y un
idioma. ¿Por qué no compartir EITB? La Ley de comunicación audiovisual lo
permite y lo han pedido ayuntamientos, el Parlamento de Nafarroa y los
ciudadanos y las ciudadanas de Nafarroa, ambos gobiernos lo han acordado.
¿Cuál es el problema? El problema creo que es, sinceramente, esa obsesión
enfermiza que has comentado, señor Catalán, hoy aquí en esta
tribuna.


Eskerrik asko. Milesker. Egun on.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, intervendrá
la senadora Salanueva. Murguialday.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias,
señora presidenta. Señorías.


En Navarra hemos tenido numerosos episodios de
ocupación del espacio radioeléctrico por la emisión de la ETB, que es la
televisión pública de Euskadi al servicio del nacionalismo vasco. Fue con
la llegada al poder del nacionalismo en Navarra, presidido por Uxue
Barkos y apoyado por el cuatripartito de Geroa Bai, Podemos, Izquierda
Unida y también Bildu, cuando la televisión vasca, la señal de ETB, se
pudo ver gracias, precisamente, al convenio que se suscribió entre el
Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco. Convenio que ahora es objeto de
prórroga y por el que estamos en esta tribuna.


El Partido Popular ya denunció cómo se vulneró
flagrantemente la Ley general audiovisual dando un trato de favor a ETB.
Se ahogaron las televisiones navarras que operaban con licencia en regla
y que buscaban hacerse un hueco en el mundo de la comunicación
audiovisual, y se intentó convertir a la televisión pública vasca en la
televisión autonómica de Navarra. Se forzó, señorías, la interpretación
de la ley de una manera, a nuestro juicio, torticera para evitar el
concurso, dado que se explicaba y se decía que, puesto que una de las
partes era una televisión pública, no operaba la norma que le exigía un
concurso público y se practicó lo que nosotros denunciamos en su momento,
y seguimos denunciando hoy, que fue el dedazo más absoluto. Se vulneró
también la obligación que impone la Ley general audiovisual —se ha
dicho con anterioridad— para que en el momento en que una licencia
quedara vacante se sacara a concurso, cosa que ocurrió y que se obvió de
una manera totalmente escandalosa.


Entonces, señorías, al Partido Popular nos
preocupó la imposición nacionalista, pero hoy nos preocupa el seguidismo
socialista. Sabemos que lo que preocupa al Gobierno de España es que el
sillón del Gobierno de Navarra depende de los votos nacionalistas, de los
nacionalistas de todo tipo, por supuesto incluido Bildu. Pero a nosotros
es algo que nos preocupa y creemos que decisiones como esta tienen mucho
que ver con esa dependencia del sillón de esos votos.


Señorías, no solo es un tema de procedimiento,
es un tema de por qué y para qué. Se nos dice que es para impulsar los
medios en euskera y se nos presenta una realidad bucólica y totalmente
fuera de la realidad política. Incluso la portavoz de Bildu viene aquí de
una manera pastueña y risueña a decir que no pasa nada, que ellos
respetan, que hay que pedir respeto. En fin, lecciones de Bildu en
materia de respeto, ninguna; de quienes todavía no condenan ni han
condenado los asesinatos de ETA no podemos consentir esas afirmaciones y
esa exigencia de respeto que hacía a un portavoz, como es el señor
catalán, pero que nos puede hacer a cualquiera de los que estamos
aquí.


Se nos dice que hay una petición generalizada y
que esto justifica este convenio, una petición generalizada por parte de
instituciones, de ayuntamientos, de parlamentos, como si la sociedad
navarra estuviera poco menos que en una manifestación pública asistiendo
y exigiendo que se captará la ETB. Señorías, a otro perro con ese hueso.
Eso es un engaño, es una manipulación absoluta de la realidad.


Se ha dicho, pero quiero volver a insistir en
ello aunque sea de pasada, que son muchos los programas que no respetan
la realidad institucional de Navarra. Unos lo hacen de una manera sutil,
de una manera velada, otros lo hacen de manera abierta. Lo hemos dicho en
más de una ocasión: el programa del tiempo, que parece algo, en fin,
inocuo, pero que presenta una realidad de Navarra con un mapa de Navarra
unido al del País Vasco, Euskadi, y al del País Vasco francés, en la
famosa quimera de Euskal Herria, presentando algo que realmente tiene una
connotación política. No nos engañemos, señor Martínez, tiene una
connotación política y en esa trampa ya hace mucho tiempo que algunos no
caemos. Lo denominan, sin tapujos, Euskal Herria, y esa Euskal Herria no
es esa unidad cultural que nos quieren contar. Insisto, no tragamos con
ese engaño porque ya llevamos muchos años padeciendo las invasiones
anexionistas de partidos nacionalistas vascos.


Hay programas, también se ha dicho pero no
quiero pasar por alto, que incitan al odio contra España. El programa
Euskalduna naiz, eta zu dice que España se llama España porque Mongolia
ya estaba pillado; dice que los españoles son catetos, paletos, chonis,
fachas. Programas —como se ha mencionado, por resumir— como
el que se hizo sobre los hijos de terroristas de ETA, con un sesgo
importante, que luego fue denunciado por asociaciones de víctimas del
terrorismo como Covite por el «blanqueamiento» de ETA y por la
«imparcialidad» de la televisión pública vasca. No se ha dicho todavía,
pero recientemente ha habido un programa sobre el rey Felipe VI, que se
titulaba Felipe VI, el último rey de España. El programa también era de
una «imparcialidad» absoluta: se hablaba de los problemas de adaptación
social de Felipe VI e incluso se sembró la duda sobre la sexualidad del
rey.


A los miembros del Partido Popular nos gusta la
libertad, y por eso tanto empeño en la imposición sabemos que no es solo
por interés cultural. Sabemos que el otro pilar en el que se sustenta la
hoja de ruta, la estrategia nacionalista de anexión de Navarra y de
independencia de España, evidentemente, es el pilar de la lengua, también
el territorio y los símbolos. La lengua es un pilar fundamental que,
además, parece que concita efectos positivos y connotaciones positivas,
pero ya les digo que a nosotros no nos van a engañar.


La lengua, señorías, no puede ser utilizada,
manoseada como herramienta política para que Navarra deje de ser lo que
es, una comunidad foral propia, diferenciada, con instituciones propias e
integrada en España. En el Partido Popular, desde luego, no lo vamos a
consentir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Magdaleno Alegría.


El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenos días, señorías.


Me gustaría ser breve, dado que no suele ser
habitual en el Senado que los grupos parlamentarios intervengan en este
tipo de asuntos, máxime cuando se trata de la renovación de un convenio
entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma vasca para la
difusión de los servicios de Euskal Telebista en Navarra, que lleva
vigente varios años.


Pongamos en contexto este convenio, hagamos
memoria. Desde hace décadas, en la época analógica, cuando no existían ni
los canales privados ni la TDT, en la Comunidad Foral de Navarra se podía
captar la Euskal Telebista. A veces se decía que estábamos en una
situación de alegalidad, lo cual en el mundo jurídico, como saben sus
señorías, no existe porque era una situación claramente de ilegalidad.
Por tanto, cabe hacerse la pregunta: ¿cuando gobernaban Unión del Pueblo
Navarro y el Partido Popular en Navarra y en España, respectivamente, se
podía captar la Euskal Telebista en Navarra? La respuesta es sí y así fue
durante décadas. ¿Se ajustaba al ordenamiento jurídico la captación de la
Euskal Telebista en Navarra? Se lo recuerdo: no. ¿Hizo algo UPN para
tratar de subsanar esta situación? La respuesta es sí, aunque hay que
decirlo: tarde y mal.


En 2009, Miguel Sanz, como presidente del
Gobierno de Navarra, y el entonces lehendakari Patxi López firmaron un
protocolo donde ambas partes se comprometían a hacer posible que la
Euskal Telebista se viera legalmente en Navarra. Sí, UPN pactó que la
Euskal Telebista se viera en Navarra, aunque al final no cumplió lo que
firmó.


¿Qué consecuencias tiene este convenio de
colaboración sobre el que hoy estamos hablando? Pues acabar con una
situación de ilegalidad: tras el apagón analógico y la implantación de la
TDT, reguló una situación que, de hecho, se estaba produciendo durante
décadas. ¿Y cómo lo hizo? De acuerdo con los mecanismos
constitucionalmente previstos, y es que ser constitucionalista implica
conocer y utilizar y defender toda la Constitución en su integridad. Por
lo tanto, implica defender la sujeción de los poderes públicos al
ordenamiento jurídico, como nos establece el artículo 9.1 de la
Constitución, y, por lo tanto, no tolerar situaciones de ilegalidad que
sí se toleraron en Navarra; también el artículo 145.2, que contempla la
posibilidad de que los estatutos de autonomía —tal es el caso que
nos ocupa— regulen los requisitos para que las comunidades
autónomas celebren convenios entre sí. Pero, además, estamos hablando de
algo usual entre las comunidades autónomas, señorías, es más, el
legislador audiovisual ha previsto esta posibilidad en el artículo 40.4
de la Ley de comunicación audiovisual, y esta es una realidad, lo saben
sus señorías, en muchas comunidades autónomas, como en el caso de
Cataluña y Aragón.


Imposibilitar ver la Euskal Telebista en
Navarra supone coartar el pluralismo de los medios de comunicación,
elemento imprescindible en todo sistema democrático. Además, voy a
decirlo claro, supone una actitud paternalista, trata a los ciudadanos
como menores de edad, como personas sin criterio, no dejando elegir a las
personas a lo que quieran acceder. Yo les digo aquí, señorías, ante
determinados discursos: dejen a los ciudadanos elegir libremente; les
digo que dejen a los ciudadanos decidir quién es de fiar y quién no es de
fiar; dejen que los ciudadanos elijan libremente.


Yo no tengo miedo a que los demás expresen sus
ideas y a que ejerzan su libertad de información en el sentido que
estimen conveniente; confío en la fortaleza de mis argumentos y en el
pluralismo de los medios de comunicación. Lo que sí me da miedo es que no
existiera libertad de expresión, lo que me preocupa es que no existiera
el pluralismo entre distintos medios de comunicación o me preocupa que
determinados medios de comunicación públicos sean un mero instrumento de
propaganda gubernamental, y también me preocupa, como a miles de
españoles, la difusión orquestada de noticias falsas a través de las
redes sociales.


Pretenden argumentar algunas de sus señorías
—legítimamente, por qué no decirlo— que en ocasiones ETB no
respeta ni el pluralismo interno de la realidad de Navarra ni el
pluralismo interno de la Comunidad Autónoma vasca. Denúncielo
políticamente, les invito a que lo hagan.


Creo que en este tema hay determinados
discursos que he escuchado que se han quedado, sinceramente, en la época
analógica, y ya llevamos décadas en la época digital. Los ciudadanos
navarros, como el resto de españoles, señorías, pueden elegir en el
ejercicio de su derecho fundamental recibir información
—constitucionalizada en el artículo 20.1.d) de la
Constitución— entre los múltiples canales de la TDT, entre las
variadísimas plataformas de televisión y, además, pueden acceder a miles
de contenidos a través de internet, lo que incluye todos los canales
autonómicos que hay en España y también a un canal muy importante en mi
comunidad autónoma, que es Navarra Televisión.


Están ustedes tratando con este discurso de
poner puertas al campo y falseando el debate, pues el acceso a todo tipo
de canales ya es una realidad en los hogares de todos los ciudadanos. En
muchas ocasiones escucho en esta Cámara a senadores afirmar que solo
ellos son los auténticos constitucionalistas y no admiten otra forma de
defender la Constitución más que la que ellos dicen que se tiene que
hacer. Y escucho a otro grupo de senadores decir que España no es un país
democrático, puesto que no admite su proyecto independentista, a pesar de
que excluye a más de la mitad de la población. Creo que unos y otros
olvidan un valor esencial, columna vertebral de todo sistema democrático,
que es el valor del pluralismo en toda su extensión. Por lo tanto, a unos
les digo que el pluralismo político, lingüístico, cultural o de medios de
comunicación es un valor esencial en nuestro sistema constitucional, lo
que implica la posibilidad de distintos proyectos y distintas maneras de
defender nuestro régimen constitucional. Y a los otros les digo que
plantear un proyecto de país donde se excluya a más de la mitad de la
población, tratar de imponer una identidad única donde existen varias
identidades, incluso compartidas, no es democrático porque atentan contra
el pluralismo. La convivencia democrática solo es posible donde se
respeta la pluralidad de la sociedad y, por tanto, se silencia al que se
excluye.


Yo creo que Navarra, como el resto de España,
es una tierra plural, pero qué quieren que les diga, eso no nos hace más
débiles, sino más bien al contrario, nos hace más fuertes como comunidad
y como país. La clave del éxito del proyecto político de Navarra y de
España es que son proyectos plurales donde todas las opciones tienen
cabida. Es posible la convivencia democrática porque respetamos nuestras
diferencias ideológicas y lingüísticas. Por lo tanto, señorías, les digo
que veamos el pluralismo en todas sus vertientes como la mejor garantía
de la unidad en nuestro país.


Señorías, yo quiero aquí reiterar la política
de mano tendida del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y del Grupo
Parlamentario Socialista. No creo en las descalificaciones personales y
tengo la gran seguridad de que la mayoría de los ciudadanos nos están
pidiendo grandes consensos en esta situación tan compleja por la que
estamos atravesando. Si estamos en una situación histórica, ¿por qué no
llegamos a acuerdos históricos? Y, si me lo permiten, hoy aquí quiero
centrarme en Unión del Pueblo Navarro, principal partido de la oposición
en mi comunidad. Son muchas las cosas que nos diferencian, muchas
—aquí se ha hecho presente una, pero a lo largo de estas sesiones
hemos visto muchas más—, pero también, y quiero ponerlo hoy en
valor, también son muchas las cosas que nos unen. Por ejemplo, un mismo
modelo institucional para Navarra; por eso defendimos hace unos meses
recuperar la ley de símbolos de Navarra, puesto que defendemos ese
proyecto político en común y lo hicimos de la mano. También defendemos la
necesidad de crear riqueza en nuestra comunidad y, por lo tanto,
apostamos por muchas infraestructuras importantes para ella, como, por
ejemplo, la llegada del Canal de Navarra al sur de Navarra y, por lo
tanto, a la ribera de Navarra, o el tren de altas prestaciones, que
implica la conexión de Navarra con los ejes atlántico y
mediterráneo.


Por eso les digo que si estos proyectos los
defienden en Navarra, defiendan aquí en las Cortes Generales los
presupuestos que los pueden hacer efectivos, los presupuestos que los
financien. Es en los presupuestos de España, en los Presupuestos
Generales del Estado, donde se va a canalizar el dinero que proviene de
la Unión Europea para estas infraestructuras y, por lo tanto, les pido
que voten favorablemente o no obstaculicen los Presupuestos Generales de
Estado, tan importantes para el país y también para nuestra comunidad. Yo
creo que es el momento de los partidos de Estado y de comunidad.
Corresponde a UPN decidir si financia estos proyectos. Les pedimos, por
favor, que dejen de recibir palmaditas y felicitaciones de los miembros
de Vox, que se centren y que apoyen o que no entorpezcan los presupuestos
generales de Navarra. En caso contrario, no nos valen sus defensas en
Navarra, en el Parlamento de Navarra, de estos proyectos si luego votan
en contra en las Cortes Generales. Abandonen, por lo tanto, la política
de confrontación y de la descalificación y dejen atrás a aquellos que las
practican, sean útiles para su comunidad, porque su comunidad también les
necesita a ustedes, ahora más que nunca.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


Finalizado el debate, la Cámara toma
conocimiento de la celebración de dicho convenio.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO. (Votación).


622/000030

GPIC


La señora PRESIDENTA: Señorías, se procede a
proclamar el resultado de la votación de la toma en consideración de la
Proposición de Ley de financiación del transporte público urbano y
metropolitano, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos emitidos, 253; a favor, 146; en contra, 91;
abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobada la toma en consideración.










PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE
2020.


871/000001



La señora presidenta lee los puntos 10.
y 10.1.


La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
informe, tiene la palabra la representante que ha designado la comisión,
la senadora Navarro, y presidenta de la Comisión de Peticiones.


La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señora
presidenta.


En primer lugar, me va a permitir que agradezca el
apoyo y el talante a todos los grupos parlamentarios y a sus portavoces
en el seno de la comisión.


En el curso de la sesión celebrada el día 8 de
septiembre de 2020, la Comisión de Peticiones aprobó el dictamen
correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones
comprendido entre los días 1 de febrero y 30 de junio de 2020. El
referido dictamen incluye también la tramitación de las peticiones
registradas en dicha comisión durante el año 2019, en el que, debido a la
disolución de las Cámaras, no pudieron presentarse los correspondientes
informes. En la referida reunión del 8 de septiembre, la Comisión de
Peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del
Reglamento del Senado, acordó elevar a la Presidencia de la Cámara el
dictamen de referencia, que incluye la relación de las peticiones
recibidas, las decisiones adoptadas sobre las mismas y la recepción de
las contestaciones correspondientes a peticiones realizada en la XII
Legislatura provenientes de diferentes organismos.


Con estas consideraciones, la comisión aprobó su
dictamen, que incluye la tramitación de 96 peticiones. En relación con
las mismas, señorías, hay 9 peticiones que han sido remitidas a
diferentes departamentos ministeriales; 69 peticiones se han remitido a
otros organismos; 18 peticiones han sido archivadas y han sido archivadas
por no tener carácter de petición o faltarles las indicaciones
indispensables para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su
conocimiento por parte de la comisión o tratarse de reiteraciones en
temas ya resueltos anteriormente por la comisión.


El presente informe de la Comisión de Peticiones
fue publicado el pasado 15 de septiembre de 2020 en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales Senado, publicación que incluye la relación nominal
de los peticionarios, número de petición e indicación sumaria de su
contenido, así como el organismo al que se traslada. Igualmente, el
dictamen de la comisión acusó recibo de las 9 respuestas remitidas a esta
Comisión por diferentes organismos.


Finalmente, quiero agradecer a los miembros de la
Comisión de Peticiones la confianza depositada en mí para presentar este
informe y permitir al Pleno del Senado tomar conocimiento del mismo.
Igualmente, quiero agradecer a la Mesa de la Cámara su diligencia al
incluir la toma de conocimiento de este informe en el tiempo más breve
posible.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría,
presidenta.


¿Intervendrá algún o alguna portavoz de otro grupo
parlamentario? (Pausa).









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A NO
CONGELAR LAS PENSIONES NI LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS EN LOS PRÓXIMOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021.


662/000030

GPP


La señora presidenta lee los puntos 11.
y 11.1.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han
presentado doce enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto
—una por iniciativa del senador Chinea Correa; una por iniciativa
de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la senadora
Merelo Palomares; una por iniciativa del senador Sánchez-Garnica Gómez y
una iniciativa del senador Fernández Viadero—; seis del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal; una del Grupo Parlamentario
Socialista; y una del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Popular en el Senado, la senadora Alía Aguado.


La señora ALÍA AGUADO: Presidenta.


Señorías, venimos a esta Cámara con el objetivo de
velar por los intereses de nuestros pensionistas y funcionarios, a
quienes pretenden ustedes, el Gobierno social comunista (Rumores),
congelar sus pensiones y nóminas con la aprobación, si diera lugar, de
los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. No sería la primera
vez que lo hacen. Ya con Felipe González, en momentos de crisis y con una
tasa de paro del 24 %, congelaron, por primera vez en la historia de la
democracia, el sueldo de los empleados públicos. Más tarde, fue Zapatero
y su Gobierno quienes también, y por primera vez en democracia, bajaron
los salarios de los funcionarios un 5 % y congelaron las pensiones.
Ahora, ustedes y sus socios planean otra congelación de pensiones y
bajada de salarios a los funcionarios. No nos sorprende que quieran
volver a las andadas, si tenemos en cuenta que el señor Sánchez ha tenido
buena escuela, pues cuando en el Congreso se votaron esta congelación y
bajada de salarios él era diputado y votó a favor.


Antes del 1 de octubre, y de acuerdo con nuestra
Constitución, el Gobierno debe enviar al Parlamento el proyecto de ley de
Presupuestos Generales para 2021 para su tramitación, aunque, siendo esta
una obligación constitucional, parece que este Gobierno no tiene
intención de cumplir con este mandato. Las cifras no les cuadran. En
España, y según el INE, hay más de 53 000 fallecidos por covid, pero el
Gobierno de Sánchez sigue afirmando que son 29 000. Somos el país de la
OCDE que en la segunda ola del virus tiene mayor número de
contagios, 500 000. ¿Cómo podemos hacer las cosas tan mal? De nuevo
estamos improvisando.


Todo se complica si vemos a diario cómo cada
ministro defiende una política distinta. Las contradicciones las tenemos
al orden del día. Mientras la ministra Calviño hacía unas declaraciones
días atrás insinuando meter la tijera en las nóminas de los funcionarios,
a su compañero, el ministro Escrivá, no le constaba ni siquiera una
congelación. Por otra parte, entre el rifirrafe de la señora Díaz y el
ministro Escrivá, ella defiende que alargar la edad de jubilación
perjudica a los jóvenes. La señora Díaz no quiere que se premie a quien
retrasa la edad de jubilación voluntariamente, porque si los mayores
trabajan más tiempo entorpecen la entrada de jóvenes al mercado laboral.
Una vez más vienen las confusiones. La señora Díaz no entiende que un
aumento de personas trabajando genera demanda, incrementa el PIB y nos
lleva a la contratación de otros estratos de la población. Ustedes tienen
los conceptos básicos equivocados, como es que la economía no es un juego
de suma cero, la riqueza no está dada, lo que se pretende es que aumente
mediante mayor actividad.


El ministro Escrivá nos recordaba cómo un reciente
informe de la Airef ponía de manifiesto que los planes individuales de
pensiones no funcionan, y es lógico. Este Gobierno no se ha planteado aún
bajar la presión fiscal en caso de rescate de los mismos. El Fondo
Monetario Internacional pide reformas para que nuestros mayores se
sientan incentivados a seguir trabajando, produciendo, consumiendo,
generando PIB y creando empleo. La señora Montero, ministra de Hacienda,
la semana pasada en el Congreso de los Diputados, cuando defendía el
fallido decreto ley de remanentes, decía: Los recursos son limitados y
estamos trabajando. Pero también insinuaba sus necesarios ajustes
fiscales. ¿En qué están pensando, señorías del Gobierno social comunista,
estos ministros? ¿En aumentar la presión fiscal a los ciudadanos ante la
situación tan crítica que atravesamos? ¿Subidas de impuestos? La señora
Díaz el lunes afirmaba: No se trata de subir o bajar impuestos, sino de
quién los paga. ¿Quién los paga? Cuando gobiernan ustedes las clases
medias. El Banco de España, la semana pasada, ha dibujado un escenario
patético: el PIB en el 2020 puede llegar al 12,3 % y la tasa de paro en
el 2021, incluso, al 20,2 %. ¿Y los ERTE? Millones de españoles quieren
trabajar y no pueden y un millón de autónomos corren el riesgo de cesar
sus actividades. Todos los escenarios están sujetos a grandes
incertidumbres en función de la evolución de la pandemia.


Toda esta situación viene originada no solo por el
virus, sino por la pésima gestión llevada a cabo por este Gobierno, un
Gobierno que ocultó y silencio durante semanas la que se nos venía
encima, esperando la celebración de un 8M, un Gobierno que adoptó las
medidas más restrictivas de Europa, nos encerró meses en nuestras casas,
paralizando la actividad económica de un país y llevándonos a la
situación actual. Hasta la implantación del estado de alarma ustedes no
adoptaron en semanas ningún tipo de medidas a nivel sanitario, y eso nos
ha llevado a estos estragos en la economía.


Ante la evidente mala gestión, sus soluciones son
igualmente caóticas: congelar pensiones y sueldos públicos. Pretenden que
quien ha recibido la mayor tasa de mortalidad con motivo de la COVID,
nuestros mayores, que con su trabajo, cotizaciones y esfuerzo
posibilitaron el desarrollo de la economía española, vean su capacidad
adquisitiva mermada. Pero no solo pretenden las congelaciones de
retribuciones, sino que la señora Montero, y sus famosos ajustes, dice
—ayer nos decía aquí— que no le damos propuestas. Pero ¿y si
en vez de subir la presión fiscal, creando nuevos gravámenes e
incrementando los actuales, por qué no piensa en elevar el nivel general
de riqueza? Por ende, conseguiría mayor recaudación e impuestos para las
arcas del Estado.


El Gobierno solo ve en una subida de impuestos la
solución para afrontar el nivel actual de gasto público. Hay más
alternativas: introducir nuevos incentivos fiscales y concesión de ayudas
directas a sectores afectados. Necesitamos una fiscalidad atractiva que
permita que se recuperen las cuentas de resultados de nuestras empresas,
que permita que se incentive en consumo, inversión y empleo. ¿De qué
sirve subir impuestos si no hay rentas que gravar por cierre de empresas
y destrucción de empleo? También, contener el gasto público, rediseñando
prioridades y buscando eficiencias. Utilicemos el criterio de una
empresa, hagamos más con menos y trasládenlo a la administración.


Estamos en fechas de confección de presupuestos. Se
hace necesario tener el presupuesto para el 2021 y la lógica nos debería
llevar a un presupuesto base cero. En los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2021 es donde se tiene que ejemplarizar un nuevo
modelo de hacer las cosas. De un Gobierno que en el ejercicio 2019, antes
del inicio de la pandemia, ha sido incapaz de ejecutar el gasto con
criterio y rigor, llevando a superar la cifra de déficit público, ¿qué
podríamos esperar? Pues pretender recortar y congelar retribuciones de
pensionistas y funcionarios.


Tienen la oportunidad de analizar partida a partida
presupuestaria, qué es necesario y qué no. Se deben primar las partidas
imprescindibles, dotándolas de una capacidad económica suficiente.
Esperemos que así sea y nos dejen gratamente sorprendidos a los senadores
de esta Cámara con los presupuestos para el 2021, acordes con la realidad
que vivimos y llenos de esperanza para todos los españoles.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto intervendrán varios senadores. En primer lugar, el
senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta. Buenas
tardes, señorías.


Mi fuerza política, la Agrupación Socialista
Gomera, coincide con la propuesta del Grupo Popular, pero creemos
sinceramente que es insuficiente, y digo que es insuficiente porque nada
de lo que plantea será posible si no contamos con unos presupuestos
generales para el año 2021. No podemos seguir inmersos en un inacabable
enfrentamiento político que no contribuye a nada. Los ciudadanos y
ciudadanas de este país nos exigen que seamos capaces de sentarnos y
alcanzar acuerdos. En un Parlamento tan fragmentado y con diferencias
ideológicas y políticas tan importante es más necesario que nunca que
seamos capaces de aparcar las ambiciones partidistas y políticas y ser
valientes para que nuestro país vuelva a contar con unos presupuestos
generales.


Espero que la proponente de esta iniciativa del
Partido Popular acepte la inclusión de esta enmienda, porque reflejaría
su voluntad de ir más allá de las dos propuestas que plantea su
moción.


Nos enfrentamos a los Presupuestos Generales del
Estado más complicados de casi una década y, sin duda, los más decisivos
de la historia de nuestra democracia, de la democracia en nuestro país.
Nos encontramos, señorías, al borde del colapso económico y social y va a
ser inevitable que miles de personas se vean abocadas al desempleo y a la
exclusión social. Esa realidad tan desgarradora va a formar parte de
nuestras vidas desgraciadamente y no podemos vivir, señorías, en una
burbuja. Tenemos una responsabilidad como senadores y senadoras y una
obligación como ciudadanos y ciudadanas de este país y no podemos seguir
jugando a batallas partidistas que, como comentaba antes, no conducen a
nada. Esas batallas ya no interesan a nadie, señorías, no solucionan los
problemas de este país, sin embargo, los amplía, y eso no es lo que
queremos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario intervendrá el
senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías del Partido Popular, como ustedes, creemos
necesario que tanto las pensiones como el salario de los funcionarios
sean intocables. Estos dos grupos de población son los más afectados en
cualquier crisis económica. Cualquier Gobierno que se ve en apuros
siempre echa mano de ellos para resolver sus problemas económicos. No
obstante, creemos que su moción se ha quedado corta. Para evitar que
tanto pensionistas como funcionarios se vean afectados por recortes en
sus ingresos lo principal, lo necesario es reducir los gastos. Con este
Gobierno social comunista se ha producido el mayor incremento en el gasto
político, ya que es el Gobierno más numeroso: ha aumentado el gasto en
altos cargos y asesores un 46 % en 2019 respecto a 2018, lo que supone
alrededor de un aumento de 75 millones de euros, sin contar las
cotizaciones a la Seguridad Social.


Señores del Gobierno, señorías del Partido
Socialista, ustedes tienen el deber ético y moral de dar ejemplo de
austeridad en el gasto político. Cuando toda la sociedad se está
apretando el cinturón para sobrevivir, ustedes mantienen esta fabulosa
estructura de poder que sirve sobre todo como agencia de colocación de
amiguetes. En la actual situación, este Gobierno social comunista no solo
no podrá pagar el ingreso mínimo vital, sino que no podrá pagar los
sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas.


Por todo ello, presentamos nuestra enmienda,
esperando sea aceptada.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario intervendrá el
senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.


El Partido Regionalista de Cantabria ha presentado
una enmienda de sustitución, que creemos que mejora el texto presentado
por el Grupo Popular. También quiero señalar todo nuestro apoyo a
pensionistas y a empleados públicos, pero en nuestra enmienda preferimos
centrar el foco en un concepto que creemos más determinante que la
congelación de sueldos y pensiones públicas como tal, como lo es el poder
adquisitivo. Consideramos que este es el factor clave y por ello
propondremos la reformulación de la propuesta de resolución.


No podemos hablar únicamente de la congelación de
forma genérica cuando la problemática, sobre todo en las pensiones
públicas, radica en las grandes disonancias que se producen entre la
revalorización y la variación de otros indicadores, como puede ser el
IPC. Sirva como ejemplo ilustrativo: en el periodo 2012-2017, en el que
gobernó el Partido Popular, las pensiones no se congelaron, de hecho
subieron un 3 %, pero el IPC llegó en su conjunto en esos seis años
al 4,9 positivo; ahí se produjo la disonancia y los pensionistas
perdieron claramente poder adquisitivo. Algo similar podría imputarse a
los sueldos públicos. Además, creemos necesario que cualquier
modificación de estos dos ámbitos venga del consenso tanto de la Comisión
del Pacto de Toledo, como de la Mesa de la Función Pública.


Como ven, pretendemos un paso más allá de la moción
original en orden a evitar desajustes y garantizar verdaderamente el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y del poder de los
sueldos de los funcionarios.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario intervendrá el
senador Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta,
señorías.


La fraudulenta situación en la que se encuentran
cerca de 900 000 empleados públicos temporales es insostenible. Estamos
hablando de médicos, enfermeros, enfermeras, profesores, profesoras,
asistentes sociales, en fin, profesionales que han contribuido, y lo
siguen haciendo, con su esfuerzo y en algunos casos con su vida a luchar
contra la pandemia y a mantener los servicios públicos esenciales. No es
de recibo que lo hagan en una situación laboral precaria, incierta y
prolongada en el tiempo que, además, atenta contra el principio básico de
la Constitución, del Estatuto de los Trabajadores, de la directiva
comunitaria sobre trabajo temporal e incluso contra algunas de las
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la de 19 de
marzo de 2020.


Por eso, en el Partido Aragonés insistimos una vez
más, y lo seguiremos haciendo en todos los foros, contextos y ocasiones
que sea preciso, en la necesidad de buscar una solución para el colectivo
de los empleados públicos temporales en fraude de ley y abuso de
temporalidad, una solución que, desde nuestro punto de vista, no puede
ser otra que el cambio legislativo que posibilite la conversión en fijos
de los interinos de todas las administraciones públicas para cumplir la
normativa nacional y europea.


Creemos que con esto se mejora y se completa la
moción, y por eso hemos presentado esta enmienda.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Fernández Rubiño.


El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señora
presidenta.


Debatimos hoy una moción del Partido Popular con la
que en principio estamos de acuerdo. Comparte un objetivo, y es que no se
congele el sueldo a los empleados públicos y que no se congelen las
pensiones de nuestro país. En otras palabras, que no se haga cargar el
peso de la actual crisis sobre miles de pensionistas y de empleados
públicos, de maestros, de sanitarias, de policías, de bomberos y demás
funcionarios que han cumplido una misión esencial en estos meses tan
complicados que estamos viviendo.


Esto es, sin duda, llamativo, porque choca con lo
que el Partido Popular hizo en la última crisis económica en 2011, cuando
todas las medidas que tomaron fueron exactamente en la dirección
contraria. Es difícil olvidar la reforma de las pensiones que hicieron
en 2013, con la que ustedes las desligaron del IPC y provocaron una
pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 1,9 %. En los cuatro
últimos años de su Gobierno, las pensiones mínimas subieron solamente 2
euros.


Esto de que las crisis son una oportunidad no suele
ser verdad, pero nos encantaría pensar que ustedes sí que la han
aprovechado para hacer una reflexión y que han aprendido una lección; que
esta gravísima situación les ha llevado a reflexionar y llegar a la
conclusión de que las tijeras en la mano no es una buena forma, no es una
salida razonable para una crisis económica; que en realidad la austeridad
solamente agrava los problemas, que provoca la ralentización de la
economía, la caída del consumo y la pérdida de los ingresos. Lo que pasa
es que, si ustedes han llegado a esta conclusión, deberían dar un pasito
más y, por lógica, entender que tenemos que preguntarnos de dónde van a
salir entonces los recursos para pagar los costes de la recuperación. Y
la verdad, la única conclusión posible es que o pagan los de siempre,
esos a los que ustedes hicieron pagar los costes de la anterior recesión,
o buscamos la manera de que pague quien más tiene.


Y precisamente por eso nosotros hemos propuesto un
plan fiscal COVID, que hemos incluido en esta enmienda y que ayer
llevamos al Congreso. Y no entendemos por qué el Gobierno más progresista
de la historia, pretendidamente más progresista de la historia, no quiso
respaldar, a pesar de que es, en nuestra opinión, algo de sentido común,
un camino que están emprendiendo países como Dinamarca. Y se trata
sencillamente de intentar que España deje de ser un país con 7 puntos
menos de recaudación fiscal que el resto de Europa; que el peso de la
recaudación deje de recaer sobre los hombros de los trabajadores,
fundamentalmente, que aporte más quien puede permitírselo, que aporte más
quien tiene más de 2 millones de euros en el banco, por ejemplo, quien
gana más de 600 000 euros al año. No estamos hablando precisamente de la
clase media, sino del 1 % más rico y más privilegiado de la población. Se
trata, en definitiva, de que no suceda que mientras nuestros sanitarios
se parten el lomo y la gente de nuestro país está pasando penurias, haya
ocurrido la indecencia de que las fortunas de los veintitrés españoles
más ricos hayan aumentado un 16 % durante el estado de alarma.


Pero ¿qué quieren que les diga, señores del Partido
Popular? Ustedes allí donde gobiernan van exactamente por el camino
contrario. Porque lo que ha anunciado la señora Ayuso es que van a
realizar ustedes una bajada de impuestos del IRPF de medio punto. Y que
le quede claro a todo el mundo, esta bajada significa que si cobras 1200
euros al mes, te vas a ahorrar 2 euros al mes; pero si cobras 12 000
euros, eso te va a suponer 3000 euros al año. Esto es lo que se conoce
como una reforma regresiva. Es justo lo contrario al camino que tenemos
que llevar. ¿Saben cuánto cuesta esta reforma? Cuesta 875 000 000 al
año; 875 000 000 de euros en rebajas fiscales que anunció la señora
Ayuso, que se podrían utilizar para aumentar el presupuesto de sanidad en
un 10 %, o se podrían utilizar para aumentar el presupuesto de educación
en un 20 %, o se podrían utilizar para construir 87 centros de salud, o
se podrían utilizar para construir 350 colegios, o se podrían utilizar
para contratar a 27 000 maestros, o quizás se podrían utilizar para
habilitar 2500 camas de atención hospitalaria o, por ejemplo, se podrían
utilizar para contratar a 27 000 sanitarios —esos que dice la
señora Ayuso que no hay—; a lo mejor podríamos utilizar ese dinero
para mejorar sus condiciones laborales y descubrir que en realidad sí que
hay sanitarios en Madrid, lo que pasa es que les echamos, porque les echa
la precariedad, les echa la temporalidad y les echan los bajos salarios.
Por eso ocurre que el 70 % de los sanitarios que terminan el MIR en
Madrid eligen otro destino, eligen otra comunidad para quedarse.


Por todo eso, y por mucho más, lo que hace falta es
una fiscalidad justa y progresiva que nos permita no recortar. Solo así
vamos a salir de la crisis, pero para eso ustedes, señorías del Partido
Popular, tendrían que salir del dogma económico en el que están metidos,
y parece que ustedes siguen sin estar por la labor.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora Aldea Gómez.


La señora ALDEA GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, el Partido Socialista presenta enmiendas
a esta moción que estamos debatiendo con el fin de poner claridad a un
texto muy difuso y muy poco fundamentado. La verdad es que se sustenta
sobre bases tan débiles que no sabríamos casi ni por dónde
abordarlo.


En la exposición de motivos, la única argumentación
a la que recurren es que el presidente Zapatero ya congeló las pensiones
y salarios en su mandato. No es del todo cierto, se tendría que
puntualizar, pero el tiempo apremia. Me vienen a la memoria los siete
años del Gobierno de Mariano Rajoy, que fueron los más lesivos para los
pensionistas. Perdieron su poder adquisitivo, algo que no ocurrió en la
época de Zapatero, al que tanto les gusta nombrar, y no lo digo yo, lo
dijo el informe del ministerio de la señora Báñez. Además, conocieron el
copago, como ocurre en Castilla y León, señor Maroto, una comunidad en la
que ustedes gobiernan desde hace muchísimo tiempo; y además, vaciaron la
hucha de las pensiones.


También fueron años malísimos para los empleados
públicos. El Decreto 20/2011 fue matador: suprimió la paga extraordinaria
de diciembre y la del complemento específico; redujo los días de libre
disposición; se suprimieron los días por antigüedad. ¿Continúo? Hay una
larga lista, y a todos los españoles lo que nos quedó muy claro es que el
Gobierno del Partido Popular decidió que la crisis la pagaran los
trabajadores, los parados y los pensionistas.


Desde entonces han ocurrido muchas cosas en España,
entre otras, una crisis financiera importante y, sobre todo, una crisis
sanitaria como nunca había conocido nuestro país en los cuarenta y dos
años de democracia, que va a exigir un impresionante esfuerzo económico
en los próximos años. Todos —y subrayo, todos— debemos estar
a la altura del desafío que tenemos por delante. Pero mientras tanto
ustedes están a otra cosa, señores del Partido Popular. Habria sido muy
conveniente que acompañara su moción con datos concretos de cuánto pide
que sea el incremento, la evaluación del coste económico de la medida y
de cómo financiarla. Pero no hacen nada de eso. ¿Saben por qué? Porque lo
único que les interesa es hacer mucho ruido y muchos gestos para la
galería. Les dijo la ministra Báñez en su comparecencia en esta Cámara,
que la duda ofende, pero a ustedes, erre que erre, solo les interesa lo
que les he dicho, hacer ruido y traer mociones basadas en rumores muy
malintencionados, porque todo, todo, les está valiendo para distraer la
atención de otras noticias que están en plena actualidad.


Este Gobierno —y quedó claro— mantiene
su compromiso con las retribuciones de los empleados públicos y reconoce
el valor de lo público. Una de las primeras medidas acordadas fue el
incremento salarial del 2 %. En estos meses también hemos conocido la
mayor oferta pública de los últimos años.


Hemos estudiado las enmiendas presentadas por otros
grupos, está el tema de la temporalidad. En la reforma del Estatuto
básico del empleado público se está trabajando para ver cómo se puede
reducir esa temporalidad. Hechos, señoría, en eso nos estamos
basando.


También el ministro Escrivá, y ya por tres veces en
esta Cámara, para eliminar la incertidumbre que a algunos les encanta
crear, aseguró que en ningún caso se van a recortar las pensiones, y hay
consenso necesario para que así sea.


Es fundamental poner en marcha los acuerdos que se
alcancen en la Comisión del Pacto de Toledo, tal y como decimos en
nuestra enmienda, y ahí les esperamos. Pronunciarnos a favor de su moción
en estos momentos, sin presentar enmiendas, carece de sentido, sobre todo
cuando aún no conocemos el contenido del proyecto de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado que está elaborando el Gobierno,
negociando con aquellos partidos que quieran compartir la tarea de sacar
adelante este país en estos momentos tan delicados. Ojalá el Grupo
Popular arrime el hombro. Mientras tanto, nosotros trabajamos, por
ejemplo, en atender el incremento del gasto sanitario que va a suponer el
coronavirus, en atender las necesidades de los muchos trabajadores
acogidos a ERTE; esos ERTE que suponen un alivio para los trabajadores y
también para las pequeñas y las medianas empresas, en apoyar a los
autónomos, en atender las necesidades de muchos parados, en lograr la
financiación…


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando,
señoría.


La señora ALDEA GÓMEZ: Ya termino, señora
presidenta.


En eso es en lo que estamos trabajando y centrando
todos nuestros esfuerzos, en dar soluciones a lo más urgente: sanidad,
recuperación y atención a los colectivos más vulnerables. Ahí les
esperamos.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes ya, señorías.


En Ciudadanos estamos manteniendo una postura de
responsabilidad y de sentido de Estado para con nuestro país en unos de
los peores momentos de su historia reciente. Esta pandemia ha traído
numerosas pérdidas humanas y una crisis económica en la que la
incertidumbre ha cobrado protagonismo. Nos enfrentamos a una caída
coyuntural de los ingresos y a un incremento estructural del gasto que,
sumado a la desactivación de la reforma de 2013, nos está generando un
agujero en las cuentas de la Seguridad Social del 2 %. La sostenibilidad
del sistema de pensiones es la gran duda que todo ciudadano alberga
cuando se acerca a la edad de jubilación: ¿lo hago ya o me puedo esperar?
¿Corre peligro mi prestación si espero más tiempo? La cuantía de las
cotizaciones no cubre las necesidades que tiene la Seguridad Social, que
destina unos 10 millones de euros al mes para abonar todo tipo de
pensiones. La deuda del organismo con el Estado ha aumentado hasta
los 55 000 millones y en el Fondo de reserva apenas quedan 1500
millones.


Y en este trágico escenario provocado por la
COVID-19 cerca de 29 000 personas han fallecido a causa del virus, en su
mayor parte mayores, cifras muy similares a la pérdida de pensionistas.
Pero aun así, el gasto en pensiones se eleva un 3,4 %, hasta 75 000
millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del
número de pensionistas, en la elevación de la pensión media, así como en
la revalorización de las pensiones contributivas en el
ejercicio 2020.


En Ciudadanos creemos que es imprescindible una
reforma del sistema de la Seguridad Social que busque el máximo consenso,
una apuesta que genere confianza y ponga a las personas en el centro, con
respuestas claras y eficaces, comprensibles para cualquier ciudadano; que
no deje atrás a nadie, que despeje la incertidumbre a la que este
Gobierno nos tiene acostumbrados y de fiabilidad a la insuficiente y
tardía gestión del Gobierno.


Debemos, además, buscar unos presupuestos que sean
sensatos con las previsiones macroeconómicas que presentan los
principales organismos de evaluación, que busquen acabar con el gasto
superfluo e innecesario y que no planteen subidas masivas y generalizadas
de los impuestos.


Señorías, no se les puede exigir más sacrificio a
los españoles, a aquellos que están manteniendo sus negocios abiertos con
terribles esfuerzos, o a tantos otros que han perdido su empleo. Estamos
hablando de más de 900 000 empleos perdidos, de un aumento considerable
del paro, de más de 800 000 personas en situación de ERTE, muchas de
ellas a la espera, todavía, de cobrarlos seis meses después, y del masivo
cierre de negocios. Si la situación laboral se presenta delicada y el
trabajo actual sirve para financiar el sistema de pensiones de forma
periódica, ¿qué pasa con las pensiones de jubilación?


Esta y otras muchas cuestiones son temas
prioritarios de debate político. No vamos a mirar hacia otro lado. En
Ciudadanos estamos siendo claros y, como siempre, propositivos. Estamos
dispuestos a escuchar y a formar parte de unos presupuestos que sean
sensatos, pragmáticos, admisibles para Europa, y que busquen, por
supuesto, la igualdad de todos los españoles. Entendemos que tenemos la
obligación moral de colaborar, de no bloquear y, por supuesto, de arrimar
el hombro. Aquí nos van a encontrar. Hemos presentado una enmienda y
esperamos que sea aceptada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Popular, autora de la moción originaria, para
manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.


Senadora Alía, tiene tres minutos.


La señora ALÍA AGUADO: Agradezco a todos los grupos
la aportación realizada a la moción, si bien voy a hacer una serie de
puntualizaciones.


Las enmiendas de adición de la Agrupación
Socialista de La Gomera, la de sustitución del Partido Regionalista
Cántabro y la de adición de Ciudadanos buscan la aprobación de los
Presupuestos Generales para el 2021, pero sin oponerse a la propuesta de
nuestra moción.


La enmienda de adición de Vox, señor Marín, si bien
es entendible su planteamiento, no se corresponde con el objeto de esta
moción.


Respecto a las mociones del Partido Aragonés y de
Izquierda Confederal, en cuanto a la temporalidad de los funcionarios
públicos, quiero decirles que no se trata de una cuestión presupuestaria,
sino que es un tema de acceso a la Función Pública y, por consiguiente,
no tiene encaje en nuestra moción. Al igual que no tienen encaje, senador
de Izquierda Confederal, las propuestas relativas a tipos impositivos en
los diferentes tributos.


La enmienda de sustitución del Partido Socialista,
curiosamente, no va en contra de nuestra moción, sino que pide
literalmente garantizar que no haya ningún tipo de recorte a los
empleados públicos. Además cita literalmente: fortalecer la viabilidad
del sistema público de pensiones. Señoría, pónganse de acuerdo, ustedes y
los ministros. Dejan caer a diario en la prensa tijeretazos, recortes,
congelaciones, ajustes fiscales.


Por todo ello, no vamos a aceptar las enmiendas
presentadas a nuestra moción.


Quería recordarles que, hace diez años, en una
sesión del 26 de mayo de 2010, en el Congreso de los Diputados
—siendo diputado en ese momento el señor Sánchez, además de otros
ministros y otros representantes políticos—, apoyaron el Plan
Zapatero de reducir los salarios de los funcionarios un 5 % y congelarlos
para 2011. Este plan fue votado con 169 votos a favor de los diputados
del Partido Socialista, pero con 168 votos en contra del resto de
partidos políticos, entre los que se encontraban partidos que,
actualmente, están en esta misma Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En el turno de portavoces, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, y, en primer lugar, el senador Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías del Partido Popular, creemos que su
moción, tal y como está planteada, es un brindis al sol, ya que si se
limita a instar o pedir al Gobierno que no congele ni las pensiones ni
los salarios de los funcionarios es no pedir nada, si eso no va aparejado
a otra serie de medidas.


El mayor recorte social de la historia de la
democracia lo realizó el Partido Socialista, con el señor Zapatero como
presidente del Gobierno, cuando en 2011 congeló las pensiones y bajó los
sueldos públicos un 5 %. Ahora estamos en un escenario de aumento del
gasto para afrontar la crisis sanitaria, social y económica por el
impacto de la COVID-19.


En mayo, Vox pronosticó que si el Gobierno no
tomaba decisiones de recorte de gasto político innecesario acabarían
teniendo que hacer tres cosas: subir impuestos, congelar o reducir el
sueldo de los funcionarios y congelar o reducir las pensiones.


Cuando uno ve que la economía se está desplomando
—estamos en la peor crisis económica de los últimos cien
años—, o se aprieta el cinturón o empieza a reducir gastos
innecesarios o, si no, no va a poder gastar en otras cosas. Si el
Gobierno no toma otra decisión y no recorta el gasto, acabará haciendo
esto, como ya hace meses predijo Vox. O ustedes, señorías del PSOE y del
Gobierno, hacen recortes del Estado de las autonomías y del Estado del
bienestar de los políticos, o volverán a subir los impuestos, congelar
las pensiones y reducir el sueldo de los funcionarios. ¿Van ustedes a
reducir los salarios públicos, o van ustedes a acometer el recorte de
gastos para recortar a los políticos y no a los españoles?


El grave drama económico y social que se avecina
exige de quienes nos gobiernan que acompasen el gasto político a las
posibilidades de los ciudadanos. Los españoles cargan sobre sus hombros
con la responsabilidad de sostener el Estado del bienestar y deben
recibir un mensaje claro e inequívoco de que su esfuerzo diario y su
sacrificio se dirigen correctamente. En Vox siempre apoyaremos a los
pensionistas y funcionarios públicos, impidiendo una disminución de sus
derechos y prestaciones, por lo que votaremos a favor de esta
moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, ¿intervendrá
algún otro senador?


El senador Sánchez-Garnica Gómez, tiene la
palabra.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta,
señorías, gracias senadora, por las explicaciones dadas. Entiendo
perfectamente la postura de su grupo, aunque no la comparto, porque
creemos que es el momento de afrontar de una vez, vía presupuestaria
también —tal y como están contempladas, por otra parte, las
consolidaciones en el artículo 19 de los actuales presupuestos
generales— el drama de los empleados públicos temporales. Su
precariedad, su incertidumbre, afecta, sin duda, además de a sus
condiciones laborales, a la eficacia de los servicios públicos
esenciales, sanitarios, servicios sociales y educativos.


Yo espero que, dentro de poco, podamos afrontar
este debate y lo hagamos con sinceridad, con objetividad y, entre todos,
para que, de una vez, podamos apostar por una solución que garantice la
estabilidad y la consolidación del empleo temporal abusivo, que no es una
simple reivindicación de un grupo de personas; afecta a muchas familias,
afecta a muchas personas concretas que se están dejando la vida en la
prestación de un servicio público.


Por eso, yo le ruego a su grupo, también al Grupo
Socialista y, por supuesto, a los demás grupos de la Cámara, que
afrontemos este tema de una vez y le demos solución. Y el camino para la
solución, señorías, lo marca la Directiva 1999/70 y la sentencia del
Tribunal Europeo, de 19 de marzo. Indefinidos fijos como solución a la
dejadez, al abandono y al abuso de las administraciones públicas. Y, para
ello, hay varias fórmulas, entre otras, se puede contemplar en los
Presupuestos Generales del Estado, porque hay que tener en cuenta que
esto no supone un coste adicional para las arcas públicas, porque sus
plazas están provistas ya en las distintas plantillas, siendo consciente
de que es un problema que afecta fundamentalmente a las administraciones
autonómicas y locales, no tanto a la Administración General del
Estado.


En ese sentido, podríamos buscar esa solución o la
de la modificación normativa, como anunció la ministra, en esta misma
sala, en su comparecencia, a través de la modificación del Estatuto
básico del empleado público y, sobre todo, con la trasposición al
ordenamiento jurídico español de una directiva que, recordemos, sí que se
ha traspuesto para el ámbito privado, pero no para el público. Busquemos
esa igualdad, busquemos esa solución entre todos y solucionaremos el
problema de mucha gente, y mucha gente nos lo agradecerá a todos y a
todas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Restan treinta y seis segundos. ¿Algún otro
integrante del grupo parlamentario hará uso el tiempo?
(Denegaciones).


Pasamos al Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado. Tiene la palabra la senadora Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Senyories, la realitat és
que la nòmina dels funcionaris és com un xiclet. S’ha estirat i
encongit en aquests últims anys tant com han volgut els Governs que en
aquell moment estaven al poder. Rajoy els va retirar una paga i va forçar
les administracions —totes— que fessin el mateix. I després,
quan s’oloraven eleccions, se’ls va retornar i van fer unes
pujades salarials molts ridícules, a veure si així podien rascar algun
vot despistat.


L’actual Govern ens té desconcertats. La
vicepresidenta Calvo diu que la congelació del sou dels funcionaris no és
sobre la taula. La vicepresidenta Calviño diu que els funcionaris han
guanyat poder adquisitiu en els últims anys i que l’escenari
d’inflació és quasi bé zero i, per tant, es podria tenir en compte
una possible congelació de sous. Per acabar-ho d’adobar, la
ministra Montero no ho descarta i dona a entendre que totes les opcions
són obertes. Potser que us aclariu, oi? I que destineu una partida
important dels Pressupostos Generals de l’Estat per resoldre
aquesta situació.


Per tant, quan manava el PP ens tenien ben
distrets. I ara, que mana el PSOE amb Unides Podem, doncs també. Siguem
seriosos. Ara el que toca és estimular l’economia, frenar aquesta
pandèmia i afrontar de cara la realitat de Catalunya, i no parlar de
congelació de pensions i sous de funcionaris. Perquè això no resol la
situació; l’






empitjora. El que cal és un acord de millora de les
condicions laborals de tots els treballadors públics, i garantir unes
pensions dignes. Els treballadors públics arrosseguen una pèrdua del
poder adquisitiu del 12,9 % al 17,9 % des de l’any 2010. Per tant,
cal una recuperació progressiva de l’estructura salarial
prèvia.


Nosaltres creiem que, un cop assegurat el
manteniment del poder adquisitiu, les pujades salarials han d’anar
lligades a l’evolució de determinats paràmetres econòmics, com la
inflació i el PIB. Cal recordar que els treballadors i les treballadores
públics estan i han estat a primera línia durant tota la pandèmia, i han
fet un gran esforç per garantir el manteniment dels serveis públics
durant aquesta situació. Per tant, no mereixen cap tipus de
menysteniment.


Parlem de les pensions, senyories, de
l’anomenada guardiola de les pensions, els fons de reserva la
Seguretat Social. Dels 68.000 milions que hi havia —ojo al
dato—, només en queden 1.400 milions. Davant d’aquest
panorama, és evident que el pagament de les pensions es veu amenaçat. I
el que tenim clar és que les pensions no es toquen. Per tant, hi ha ben
poques solucions possibles: reduir les despeses i/o apujar els ingressos.
És l’única manera que hi haurà per garantir una jubilació
sostenible.


Senyories, és ètic que una persona, després de tota
la vida treballant i cotitzant com a bon ciutadà o ciutadana, ara li
congelem la seva pensió per arranjar l’economia de l’Estat
espanyol? No, és vergonyós. I per tant, no ho podem fer, això, senyories.
No ho podem fer. El que hem de fer és impulsar mesures a favor del
col·lectiu pensionista. Això sí.


Resumint, Junt per Catalunya pensem que
s’hauria de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes i dels
funcionaris sense que disminueixi en cas d’inflació negativa.


Vull acabar traslladant les nostres condolences i
el nostre suport al conseller legítim Jordi Turull, que injustament és
empresonat per posar unes urnes, i que ahir va perdre el seu pare.


Moltes gràcies.


Gracias presidenta.


Señorías, la realidad es que la nómina de los
funcionarios es como un chicle: se ha estirado y encogido durante estos
últimos años tanto como han querido los gobiernos que en ese momento
estaban en el poder. Rajoy les retiró una paga y forzó a las
administraciones, a todas, a hacer lo mismo; y después, cuando se olían
elecciones, se la devolvió y se propuso hacer unas subidas salariales muy
ridículas, a ver si así podían rascar algún voto despistado.


El actual Gobierno nos tiene desconcertados. La
vicepresidenta Calvo dice que la congelación del sueldo de los
funcionarios no está sobre la mesa. La vicepresidenta Calviño dice que
los la funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y
que el escenario de inflación es prácticamente de cero y, por lo tanto,
se podría tener en cuenta una posible congelación salarial. Para más
inri, la ministra Montero no lo descarta y da a entender que todas las
opciones están abiertas. Quizás podrían aclararse y destinar una partida
importante de los Presupuestos Generales del Estado para resolver esta
situación.


Por lo tanto, cuando mandaba el PP, nos tenían
distraídos y, ahora, que manda el PSOE con Unidas Podemos, también.
Seamos serios, lo que corresponde ahora es estimular una economía, frenar
esta pandemia, afrontar de cara la realidad de Cataluña y no hablar de
congelación de pensiones y de sueldos de funcionarios, porque eso no
resuelve la situación, la empeora. Lo que hace falta es un acuerdo de
mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos y
garantizar unas pensiones dignas. Los trabajadores públicos arrastran una
pérdida de poder adquisitivo del 12,9 al 17,9 por ciento desde el
año 2010. Por lo tanto, es necesaria una recuperación progresiva de la
estructura salarial previa.


Nosotros creemos que, una vez asegurado el nivel de
poder adquisitivo, las subidas salariales deben ir ligadas a la evolución
de determinados parámetros económicos, tales como la inflación y el PIB.
Hay que recordar que los trabajadores y trabajadoras públicos están y han
estado en primera línea durante toda la pandemia y han hecho un gran
esfuerzo para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
durante esta situación. Por tanto, no merecen ningún tipo de
desprecio.


Hablando de las pensiones, señorías, la llamada
hucha de las pensiones, los fondos de reserva de la Seguridad Social, de
los 68 000 millones que había —¡ojo al dato!—, quedan tan
solo 1400 millones. Ante este panorama, es evidente que el pago de las
pensiones se ve amenazado, y lo que tenemos claro es que las pensiones no
se tocan. Por tanto, hay pocas soluciones posibles: reducir los gastos
y/o subir los gastos. Es la única forma que va a haber para garantizar
una jubilación sostenible.


Señorías, ¿es ético que a una persona, después de
toda la vida trabajando y cotizando como buen ciudadano o ciudadana,
ahora le congelemos su pensión para arreglar la economía del Estado
español? No, es vergonzoso. Por tanto, no podemos hacer eso, señorías. Lo
que tenemos que hacer es impulsar medidas a favor del colectivo
pensionista.


Resumiendo, Junts per Catalunya piensa que habría
que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y de los
funcionarios sin que disminuya en caso de inflación negativa.


Quiero acabar trasladando nuestro pésame y apoyo al
consejero legítimo Jordi Turull, que injustamente ha sido encarcelado por
poner unas urnas y que ayer perdió a su padre.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora
presidenta.


Bueno, qué despropósito, qué desastre de moción
presentan, qué falta de rigor y qué faltas de ortografía en la propia
redacción de la moción. De acuerdo con la ortografía de la lengua
castellana, en los números que designan los años nunca se utiliza ni
punto ni coma ni espacio entre las unidades de millar y las centenas.
Ustedes no lo utilizan una vez, lo utilizan dos veces. Eso demuestra la
falta de rigor que tienen a la hora de presentar estas mociones.


También, después de analizar su texto, vemos que
únicamente se preocupan de los funcionarios y no del resto de empleados
públicos. Muestra de rigor. Muy mal.


De la redacción confusa de su moción se extrae que
únicamente se preocupan de las pensiones de los funcionarios, no ya de
los empleados públicos, únicamente de las pensiones de los funcionarios y
no de todos los pensionistas. O únicamente quieren eso o realmente
escriben muy mal el castellano. Me permitirá decirle, señor Maroto, un
castellano de pro, un segoviano de pura cepa, que firme una moción con
tantas faltas de concordancia y ortografía en castellano está feo, como
mínimo.


Su moción, sin credibilidad por parte de los
grandes congeladores y recortadores, simplemente pide no congelar.
Nosotros vamos un poquito más allá, pedimos que se garantice el
incremento necesario para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Porque
aquí, mucho aplaudir a los trabajadores públicos durante la pandemia,
pero aportan cero soluciones. Hablamos de los trabajadores públicos, no
solo de los funcionarios como ustedes.


¿Qué han hecho durante estos años mientras
gobernaban? Precarizar y abusar de los trabajadores y trabajadoras
públicos, especialmente de los interinos. Porque, ya que ustedes no lo
van a hacer nunca, pedimos buscar una solución a la situación de abuso de
las miles de personas interinas en fraude de ley, que termine con la
temporalidad y la situación de abuso continuo. Pedimos medidas como
podría ser, por ejemplo, habilitar una norma expresa, por una sola vez,
para consolidar el personal interino o temporal que se encuentra
trabajando durante años ininterrumpidos en la Administración, mediante la
Ley de excepcionalidad, por concurso de méritos, que contempla el
artículo 61.6 del EBEP. Pedimos, por ejemplo, buscar procesos para dar
respuesta a la situación de más de 800 000 personas interinas en fraude
de ley. Pedimos cambios normativos necesarios para dar estabilidad a este
colectivo en fraude de ley, de forma que, sin alcanzar la condición de
funcionarios de carrera, puedan equiparar la estabilidad e inamovilidad
de derechos y condiciones, con la creación de una figura nueva en el
EBEP, que ya se contempla en algunas sentencias judiciales, como podía
ser el empleado público fijo, no funcionario de carrera.


Por tanto, dejen de mirar, tanto unos como otros, a
otro lado y escuchen a las sentencias europeas, que han dado tirones de
orejas al Gobierno español. No es un tema de acceso, es un tema de
sensibilidad y ustedes han demostrado que tienen bien poquita. Como
también tienen bien poca con centenares de pensionistas; pensionistas
para los cuales pedimos medidas que ustedes tampoco han tenido en cuenta.
Esta gente —estamos hablando de 530 000 personas— se ha visto
afectada por jubilaciones anticipadas obligatorias, prácticamente; gente
que lleva más de cuarenta años trabajando y cotizando, pero que se ha
tenido que jubilar anticipadamente antes de los 60.


Esa gente, gracias a las políticas tanto de unos
como de otros, tienen su jubilación penalizada de por vida, no únicamente
esos años anteriores a la edad de jubilación. Esa gente
—recuerdo, 530 000 casos en total en el Estado español, reconocido
por los propios datos que aporta el Gobierno— está penalizada,
porque tenemos una normativa completamente injusta con este caso. Es
gente que —reitero— está trabajando y cotizando desde los 16
o 18 años y que a los 60 años se ha visto con la cruda realidad de este
país, que es no encontrar trabajo y, ante esa opción, se han tenido que
jubilar. Esa gente está penalizada de por vida. Es una situación injusta
a la cual ustedes no han querido dar solución, a pesar de que hace un año
se aprobó en este Senado una moción, con la abstención de los dos grupos
mayoritarios, y el Gobierno no ha cumplido.


Por lo tanto, nosotros pedimos soluciones para
todos los empleados públicos, para todos los pensionistas, para todos los
interinos, para todos los jubilados castigados, porque ustedes, la
derecha extremista clásica, soluciones no aporta ninguna; ustedes son,
más bien, el problema a todos estos casos que hemos comentado.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Santiago Camacho.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidenta.


Señorías, España debe recuperarse de haber sufrido
la mayor caída del PIB de los países de la zona euro y de la segunda
mayor de los países de la OCDE; de la pérdida de más de 900 000 empleos,
del constante incremento de las cifras del paro, de la preocupante
situación de más de 800 000 personas que están en situación de ERTE y del
masivo cierre de negocios al que nos enfrentamos.


Esta y otras muchas cuestiones —lo he dicho
en mi anterior intervención— tienen que ser prioritarias del debate
político, y en Ciudadanos —lo he dicho anteriormente también—
no vamos a mirar hacia otro lado. Estamos siendo claros y, como siempre,
propositivos. Estamos dispuestos a escuchar y a formar parte de estos
presupuestos sensatos, pragmáticos, admisibles para Europa, que busquen
la igualdad de todos los españoles. Entendemos que tenemos la obligación
moral de colaborar, de no bloquear y, por supuesto, de arrimar el
hombro.


Estas condiciones son antagónicas con los objetivos
que persiguen los partidos independentistas, por lo que hemos sido claros
también al manifestar que hay dos vías incompatibles: o se pactan los
presupuestos con los independentistas, en busca de más enfrentamientos y
más privilegios, o se pactan con Ciudadanos y se buscan unas cuentas
útiles para todos los españoles. El señor Sánchez tendrá que elegir entre
la moderación y el sentido de Estado o la negociación con quienes solo
buscan intereses identitarios, avalados, por cierto, por su
vicepresidente Pablo Iglesias, que, reiteradamente, ha manifestado su
preferencia por los acuerdos con separatistas vascos y catalanes.


Se nos presentan, en los presupuestos, unas cuentas
de las que dependerán unos fondos europeos esenciales para nuestra
sostenibilidad y para llevar a cabo las reformas necesarias, ineludibles,
urgentes que necesita España. Se necesitan unas cuentas que inviertan de
manera eficiente los fondos europeos, que fomenten la equidad e igualdad
de todos los españoles, con independencia de dónde vivan, y que cuenten,
lógicamente, con el aval de Bruselas. Les recuerdo, señorías, que, en el
Parlamento Europeo, liberales, conservadores y socialdemócratas vamos de
la mano. ¿Por qué no se va a poder hacer lo mismo en España? ¿Prefiere el
señor Sánchez presentar unas cuentas a la Unión Europea con populistas,
radicales y separatistas o con una fuerza sólidamente europeísta,
rigurosa y moderada? En Ciudadanos ya lo hemos dicho, nos resulta muy
difícil negociar con este Gobierno. Pero ¿qué español no ha hecho cosas
difíciles durante esta pandemia? Vinimos a la política no para hacer lo
fácil, sino para hacer lo correcto y estamos dispuestos a hacer todo lo
que sea necesario, por difícil que sea, para sacar adelante nuestro país
de esta crisis económica inédita, buscando como fin último la equidad e
igualdad de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Eguerdi on guztioi.


En esta moción del PP me resultan llamativas las
lagunas que presentan en su exposición de motivos. De las decisiones
de 2010 salta a 2020 para hablar sobre lo que parece que se está
planificando en el Gobierno. Por un momento, pensé que me faltaba algún
folio. Parecen olvidar otras decisiones, más allá del real decreto de
Zapatero, que no tuvo nuestro apoyo. Hubo más decisiones durante los
gobiernos de Rajoy, sobre todo, el Gobierno de la mayoría absoluta de
Rajoy, que siguieron afectando al personal del sector público y a los y
las pensionistas; todo ello a través de Presupuestos Generales del
Estado, reales decretos y proyectos de ley. Les recuerdo unas cuantas,
aunque son muchas más: suprimir la paga extra de diciembre de 2012;
congelar los incrementos salariales en los presupuestos
de 2012, 2013, 2014 y 2015; no permitir continuar realizando aportaciones
a los planes de pensiones de empleo; limitar las OPE a través de las
tasas de reposición, y todas las demás contenidas en el Real
Decreto 20/2012.


Si miramos las pensiones, se aprobó sin consenso de
ningún tipo el Proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad,
una ley que afectó a la universalidad de la población, no solo a los y
las pensionistas, sino a los que algún día lo fueran a ser y, además, con
un déficit de legitimidad, porque no se derivó de acuerdos en el Pacto de
Toledo.


Nuestro grupo, con varias enmiendas en los
Presupuestos Generales del Estado, en 2018, con coherencia política,
consiguió que las pensiones volvieran a ser revalorizadas al IPC, la
actualización de las bases reguladoras de las pensiones de viudedad y
retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Nuestras enmiendas no solucionaron el problema de las pensiones;
pretendían dar solución a lo inmediato, a una situación insostenible, a
la pérdida del poder adquisitivo de los y las pensionistas, y ganar
tiempo para que en el Pacto de Toledo se pudiera llegar a un acuerdo,
algo que finalmente no se dio porque, en el último momento, Podemos, hoy
en el Gobierno, cambió de criterio.


Ahora bien, desde marzo vimos un profundo impacto:
la crisis sanitaria provocada por el COVID ha derivado en una crisis
económica sin precedentes en todas las economías, más en aquellas, como
la española, que tenían mayores debilidades. Creemos, y así lo
interpelamos al Gobierno, que la política presupuestaria juega un papel
fundamental, y no solo en lo que respecta a los las retribuciones del
personal y a las pensiones, que también. Se precisan unos presupuestos de
forma urgente, que sirvan para afrontar una crisis económica y social, se
establezcan unas bases de un nuevo crecimiento económico y se atiendan
las necesidades para paliar las consecuencias del COVID y no dejar a
nadie atrás.


Y aquí podemos hablar de ejemplo vasco, que conoce
bien el señor Maroto. En octubre de 2009, siendo lehendakari del Gobierno
vasco Patxi López, con los votos del Partido Popular, se llegó a un
acuerdo entre el PNV, el Partido Socialista y Hamaikabat que incluyó el
compromiso de facilitar a todas las administraciones vascas disponer de
la herramienta de los presupuestos. Insisto, facilitar, no apoyar. No hay
que ser muy perspicaz para darse cuenta de que con su iniciativa busca
posicionar al resto de fuerzas ante una tramposa dicotomía: o nos
posicionamos a favor de su propuesta o directamente actuaríamos contra
los y las pensionistas o el personal del sector público. Además de que
con los hechos ya hemos demostrado sobradamente nuestra posición, pienso
que quién de verdad se retrata, y de forma burda, es el Grupo
Parlamentario Popular con una moción populista, oportunista y, a mi
entender, poco creíble incluso para los colectivos a quienes dicen
defender.


Yo le voy a decir lo que nos gustaría, entre otras
muchas cosas. Que en Euskadi no estuviéramos sujetos a la legislación
básica estatal y abocados al cumplimiento de la regulación del Estado en
cuanto a las retribuciones del personal público; que se eliminaran las
tasas de reposición para poder convocar las ofertas públicas de empleo
que consideramos oportunas para mejorar los servicios y estabilizar el
empleo. Nuestro interés es defender los intereses de los y las
ciudadanas, y lo hacemos con seriedad y no con mociones populistas y
oportunistas. La ciudadanía conoce las diferencias y no le quepa duda de
que los y las empleadas públicas, de que los y las pensionistas sabrán
distinguir entre la política de corto plazo para retratarse en un titular
y las iniciativas y posiciones serias y en clave constructiva, y más en
una situación de crisis como la actual.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Caminal
Cerdà.


El señor CAMINAL CERDÀ: Gràcies, presidenta.


Senyories, entenem que estem parlant de no congelar
pensions ni salaris públics, però no sabem si estan proposant
augmentar-los o reduir-los, ja que en els dos casos es compliria la
condició de no congelar. D’altra banda, quan es parla de no
congelar, tampoc no ens queda clar si es refereixen en termes nominals o
reals, i tampoc si en termes relatius, amb relació als salaris del sector
privat o a l’evolució de l’IPC, o en termes absoluts.


En definitiva, no sabem de què estan parlant. El
que sí entenem és que es vol pretendre tapar l’enorme devaluació
salarial privada i de pensions públiques que vostès van aconseguir al
mateix temps que es disparava el deute públic a nivells mai vistos. Sense
aquest deute tan colossal, sense l’herència de quan el PP
governava, no hauríem de patir ni la meitat del que ens tocarà
patir.


Òbviament, nosaltres no estem a favor de reduir
pensions ni salaris públics, ni tampoc salaris del sector privat. La
qüestió és, si som seriosos i marxem dels populismes, com aconseguir-ho?
Salaris i pensions són una porció del PIB dependent de la seva evolució.
Si cau de forma sobtada i important, com està passant a causa de la
pandèmia, s’haurà de veure com es reparteix aquesta pèrdua. De
moment, les administracions públiques, tant del Govern de l’Estat
com de les autonomies, han sortit al rescat perquè suposa un augment del
dèficit del deute públic que s’haurà d’acabar pagant.


Les polítiques econòmiques keynesianes
d’augmentar la despesa i no aplicar retallades en períodes de crisi
són les que hem defensat i hem aplicat sempre que hem tingut
responsabilitats de governar des d’Esquerra Republicana. Vostès,
senyors del PP, potser preferirien fer-ho com a inflació; és a dir, no
reduir pensions ni salaris en termes nominals sinó en termes reals. Per
sort, la inflació depèn del Banc Central Europeu i no permetrà aquest
dispendi.


Per tant, només queda la via impositiva, que
necessàriament hauria de ser progressiva i, per tant, gravar els qui més
tenen i els qui més s’emporten. Esteu d’acord a gravar més
les rendes del capital i els patrimonis? Perquè, si no és així, la vostra
proposta és pur populisme.


Un autor català molt respectat, Josep Pla, va fer
una famosa pregunta en un viatge en què estava a Nova York i va veure
aquells colossals edificis. Va preguntar: i això qui ho paga? Doncs
davant de cada proposta de despesa, fer política seriosa exigeix proposar
també qui i com ho ha de pagar. I com que això no és inclòs a la seva
proposta, no podem considerar-la seriosa.


I que quedi molt clar: Esquerra va lluitar amb
totes les seves forces a totes les institucions perquè cap treballador o
treballadora del sector públic o del sector privat o pensionista no perdi
el seu poder adquisitiu. Quan es prenen decisions, la nostra posició
sempre i sense cap dubte ha estat en favor dels drets dels funcionaris,
dels pensionistes i de les classes treballadores; i també estarem a favor
de posar en marxa un pla d’estabilització per als interins de
llarga durada.


Si estem o no al costat de la classe treballadora
en general, i dels empleats públics i els pensionistes en particular, es
demostrarà en els posicionaments i decisions econòmiques que aportem tots
els grups parlamentaris en l’aprovació dels Pressupostos Generals
de l’Estat del 2021. No feu més populisme fàcil. Recolzeu realment
els qui tenen les rendes i els salaris més baixos en el moment actual, i
tingueu-los en compte en el moment d’aprovar els Pressupostos
Generals de l’Estat. Aquí us volem veure.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Señorías, creo que estamos hablando de no congelar
pensiones, de los sueldos públicos, pero no sabemos si están proponiendo
aumentarlos o reducirlos, porque en los dos casos se cumpliría la
condición de no congelarlos. Por otra parte, cuando se habla de no
congelar tampoco nos queda claro si hablan en términos nominales o reales
ni tampoco si es en términos relativos en relación con los salarios del
sector privado o a la evolución del IPC o en términos absolutos.


En definitiva, no sabemos de qué están hablando. Lo
que sí entendemos es que se quiere intentar tapar la enorme devaluación
privada y de pensiones públicas que ustedes crearon al mismo tiempo que
se disparaba la deuda pública a niveles nunca antes vistos. Sin esta
deuda tan colosal, sin la herencia del PP cuando gobernaba, no tendríamos
que sufrir ni la mitad de lo que nos va a tocar sufrir.


Obviamente nosotros no estamos a favor de reducir
pensiones ni salarios públicos, ni tampoco salarios del sector privado.
Si somos serios y nos alejamos del populismo, la cuestión es cómo podemos
conseguirlo. Salarios y pensiones son una parte del PIB dependientes de
su evolución. Si cae de forma repentina e importante, como está
sucediendo a causa de la pandemia, habrá que ver cómo se reparte esta
pérdida. De momento las administraciones públicas, tanto del Gobierno del
Estado como de las autonomías, han salido al rescate, lo que supone un
aumento del déficit de la deuda pública que habrá que acabar
pagando.


Las políticas económicas keynesianas de aumentar el
gasto y no aplicar recortes en períodos de crisis son las que Eskerra
Republicana ha defendido y aplicado siempre que ha tenido
responsabilidades de Gobierno. Ustedes, señores del PP, quizá preferirían
hacerlo como inflación, es decir, no reducir pensiones y salarios en
términos nominales, sino en términos reales. Por suerte la inflación
depende del Banco Central Europeo y no va a permitir ese dispendio.


Por tanto, solo queda una vía impositiva, la que
necesariamente tendría que ser progresiva, gravando a quienes más tienen
y a quienes más se llevan. ¿Están de acuerdo en gravar más a las rentas
del capital y a los patrimonios? Porque, si no es así, su propuesta es
puro populismo.


Un autor catalán muy respetado, Josep Plá, cuando
en un viaje a Nueva York vio aquellos colosales edificios preguntó: ¿Y
esto, quién lo paga? Pues bien, ante cada propuesta de gasto, hacer
política en serio exige proponer también quién y cómo lo va a pagar, y
puesto que esto no está incluido en su propuesta, no podemos considerarla
seria.


Y que quede muy claro: Esquerra luchó con todas sus
fuerzas en todas las instituciones para que ningún trabajador o
trabajadora del sector público, del sector privado o pensionista
perdieran poder adquisitivo. Cuando se toman decisiones, nuestra posición
es siempre, sin lugar a dudas, a favor de los derechos de los
funcionarios, de los pensionistas, de las clases trabajadoras. Y también
vamos a estar a favor de poner en marcha un plan de estabilización para
los interinos de larga duración.


Si estamos o no al lado de la clase trabajadora en
general, de los empleados públicos, y de los pensionistas en particular,
se demostrará en los posicionamientos y decisiones económicas que
aportemos todos los grupos parlamentarios en la aprobación de los
Presupuestos Generales de 2021. No hagan más populismo fácil, porque
quienes tienen las rentas y los salarios más bajos en el momento actual
son los que lo sufren, y ténganlos en cuenta en el momento de aprobar los
Presupuestos Generales del Estado. Ahí es donde queremos verles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, y por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Alía Aguado.


La señora ALÍA AGUADO: Señora presidenta, señorías,
de nuevo quiero agradecer la atención de todos los grupos políticos que
han trabajado y aportado ideas a esta moción de mi grupo. Tras escuchar
reiteradamente hablar de los recortes, de la eliminación de la paga del
señor Rajoy, etcétera, quiero añadir que con el Real Decreto 8/2010,
publicado un 20 de mayo, ustedes recortan reiteradamente. En ese real
decreto reducen un 5 % las retribuciones del sector público; suspenden la
revalorización de las pensiones; suspenden el régimen transitorio de
jubilación parcial; eliminan la retroactividad de la prestación de
dependencia; eliminan hasta el cheque bebé, y recortan el gasto
farmacéutico, y alguna otra cosa más.


Por otra parte, reitero que la intención del
Partido Popular es la de activar la economía; reactivar la actividad
empresarial; favorecer el tejido empresarial y la competitividad, única
fórmula de alcanzar el objetivo de riqueza y empleo que posibilitará
mantener la estabilidad de pensiones y salarios de los funcionarios.


Las pésimas previsiones de los distintos organismos
internacionales, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, y
también del Banco de España o de Funcas con respecto a nuestra economía
confirman que la recuperación no se vislumbra en el corto plazo, máxime
teniendo en cuenta la desconfianza que generan sus políticas, entre otras
cosas, por la falta de unidad del Gobierno actual, que ustedes hacen
pública siempre que pueden. Esto nos lleva a una situación de desventaja
para nuestra recuperación económica. De seguir con la política económica
actual, volveremos a los recortes salariales de Zapatero; volveremos a
ver la frustración en la cara de millones de pensionistas, de
funcionarios y de trabajadores sin empleo.


No nos olvidemos hoy, y más en los tiempos que
vivimos, de nuestros funcionarios, sanitarios y profesores, en esta
improvisada vuelta al colegio en estos días, ni de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado que arriesgan su salud y la de los suyos por
salvar la de los demás, con un Gobierno que negaba la llegada de una
pandemia y que no les proporcionó medidas de protección para llevar a
cabo sus trabajos. Les faltó la previsión, que les llevó a no comprar
material sanitario en tiempo y forma, pero eso sí, a pagar comisiones a
sus amigos; que les llevó a tener hospitales sin respiradores y a hacer
selección de enfermos.


Ahora no es momento de congelar los salarios. Todo
lo contrario, a estos profesionales hay que recompensarlos, y nuestro
presidente, Pablo Casado, así lo ha solicitado en reiteradas ocasiones.
Por eso hemos solicitado una comisión de investigación, para dilucidar
responsabilidades en la gestión de la pandemia, tanto en términos
sanitarios como económicos. Cada vez que gobiernan ustedes aplican
políticas equivocadas y se lo hacen pagar a los sectores más débiles:
pensionistas, funcionarios y parados. Nunca crean expectativas de
crecimiento, solo fomentan el gasto no eficiente, y así no se construye
un país.


Es hora de hablar de economía real, de lo que les
preocupa a los españoles: ocupación, pensiones, recorte de sueldos a los
funcionarios y los ERTE. Estamos a menos de diez días. ¿Qué van a hacer
las empresas? Tienen en su mano, señorías, una oportunidad de salvar esa
situación acercándose al Partido Popular.


Quizá piensen que tenemos faltas de ortografía, sin
embargo social-comunista lo hemos puesto con el guion en medio, como se
escribe de toda la vida. (Aplausos).


Espero la reflexión de sus señorías hoy. No es
momento de enfadar a quienes más necesitamos en nuestro día a día,
nosotros y nuestras familias. España y los españoles se lo merecen, y por
ello les solicito el voto favorable para la moción presentada por el
Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el senador Muñoz Cuenca.


El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías del Grupo Popular, reconozco que cuando
leí su moción no sabía si tomármelo en serio, y después de escuchar su
intervención, sigo pensando lo mismo. (Aplausos). Porque basan sus
argumentos en bulos y en recortes de prensa. Esos son los motivos que les
llevan a presentar una moción aquí, en el Senado. ¿Quién les ha dicho a
ustedes que el Gobierno va a congelar las pensiones y el sueldo de los
empleados públicos? ¿Quién se lo ha dicho a ustedes? (Aplausos). ¿Los
informes del comisario Villarejo?


Miren, esta misma cuestión se la presentaron al
ministro Escrivá en esta misma Cámara hasta en tres ocasiones y por
diferentes grupos. Señorías, lo único que están creando ustedes
—porque es verdad que hoy hay más sensatez en otros grupos—
es incertidumbre respecto del sistema de pensiones, y miedo y alarmismo
entre los empleados públicos, entre los cuales me incluyo. No sé si son
conscientes de dónde estamos y para qué estamos aquí; no sé si lo son.
Hay millones de personas, millones de familias que están esperando a que
nos pongamos de acuerdo, a que trabajemos en buscar soluciones para sus
preocupaciones, y ustedes, en lugar de traer una propuesta, lo que nos
traen es un chisme y un bulo. (Aplausos).


Pero yendo al fondo de la cuestión, se han dado
algunos argumentos, y déjenme que les dé dos soluciones, dos simples
soluciones para sus preocupaciones; dos. En la Comisión del Pacto de
Toledo se están debatiendo las recomendaciones para la sostenibilidad y
la viabilidad del sistema. Entre ellas hay dos que me gustaría
destacarle. Por un lado, está la primera recomendación que habla de la
separación de las fuentes de financiación y que dice que hoy en día el
presupuesto de Seguridad Social está manteniendo gastos impropios. Las
estimaciones son 22 000 millones de euros, lo que daría lugar a poder
pagar dos mensualidades y algo más anualmente de la nómina de los
pensionistas.


La segunda recomendación habla sobre el
mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Se ha
demostrado, por cierto, que con el índice de revalorización que ustedes
impusieron los pensionistas pierden poder adquisitivo, por lo que se está
estudiando, dentro del marco de la Comisión, y hoy lo ha dicho el
ministro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los
Diputados, defender el poder adquisitivo de los pensionistas respecto al
IPC.


Ustedes saben, señores del Partido Popular, que
Europa nos ha concedido 140 000 millones de fondos de recuperación y que
se están negociando por el Gobierno los Presupuestos Generales del
Estado. Por eso, les planteo una solución, si tanto les preocupa el tema.
Esto es muy fácil, señores del Partido Popular, muy fácil: apoyen las
recomendaciones del Pacto de Toledo y apoyen los Presupuestos Generales
del Estado. Simplemente así de fácil, señores. (Aplausos). Porque,
además, hablan de recortes mientras que en Andalucía, con su Gobierno,
hay 112 000 personas dependientes esperando ser atendidas por Ley de
Dependencia. Desgraciadamente, en enero eran más, pero muchos fallecieron
sin poder cobrar esa prestación.


Ustedes nos traen una moción muy escueta, pero me
llama la atención que hayan utilizado en dos ocasiones la expresión
«Gobierno socialcomunista de Sánchez». ¿Y saben lo que les digo? Que
prefiero pertenecer a este Gobierno que ayuda a las familias, a los
trabajadores, a los empleados públicos y a los pensionistas, que al
partido de la kitchen.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción será sometida a votación en
sus propios términos durante el plazo que la Presidencia abrirá al
concluir el debate de la última moción.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL. (Votación).


622/000026

GPP


La señora presidenta lee el punto 7.1.2.


La señora PRESIDENTA: A continuación, procedo a
proclamar los resultados de la votación de la toma en consideración de la
proposición leída.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados: 264; emitidos, 261; a
favor, 106; en contra, 152; abstenciones, 3; no votan, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada la toma en consideración.









PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA A LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995,
DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Votación).


622/000026

GPP


AUTOR: GPMX


La señora presidenta lee el punto 7.1.3.


La señora PRESIDENTA: Resultados de la votación
de la toma en consideración de la proposición de ley alternativa
leída.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados: 264; emitidos, 261; a favor, 3;
en contra, 258; no votan, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada la toma en consideración.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL
IMPULSO DE UNA ESTRATEGIA POR LA DIGNIDAD DE LOS TEMPOREROS Y TEMPORERAS
DE ANDALUCÍA ANTE SU SITUACIÓN DE EMERGENCIA VITAL.


662/000016

GPIC


La señora presidenta lee el punto 11.2.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han
presentado diez enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de
la senadora Merelo Palomares; tres del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; una del Grupo Parlamentario Socialista;
y cinco del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la senadora González
Modino.


El señor GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, tengo la responsabilidad de presentar la
primera moción, que no es consecuencia de interpelación, que presenta el
Grupo de La Izquierda Confederal ante el Pleno del Senado. Y no puede ser
de otra manera, hoy que hemos hablado mucho de los diez mandamientos,
nosotras y nosotros tenemos en común el compromiso con los derechos
humanos. Las tablas de la ley del siglo XXI para las personas demócratas
y de izquierda, en estos tiempos descreídos, lo digo con todo el respeto,
naturalmente, para las creencias particulares, y con más respeto todavía
para aquellos que guardan la coherencia entre las creencias y los
comportamientos, son los derechos humanos, señorías. Con eso tiene que
ver esta moción. (El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa
la Presidencia).


Vengo a hablar de Andalucía, como siempre, pero más
que nunca hoy Andalucía es el nombre de la humanidad al sur de
Despeñaperros. En el escudo de Andalucía está la palabra humanidad
escrita; estaba escrita desde el origen del escudo, mucho antes de que el
presidente de la Junta le diera por tunearlo y le añadiera coronas y
laureles que nunca ha tenido el escudo de Andalucía. Por eso, esta moción
habla, básicamente, de derechos humanos, de las personas más vulnerables
que viven con nosotras y con nosotros en estos momentos.


Presentamos la moción en mayo, durante la primera
oleada de la desgraciada COVID-19. Ya entonces, la situación de estas
personas era difícil y ahora se ha complicado aún más. Para describir la
situación en la que viven voy a leer literalmente un parrafito del
informe publicado en el mes de febrero de este año, hace nada más que
siete meses, aunque parezca una eternidad, por Philip Alston, relator de
la Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Él
dijo: En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento
de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto
en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua
potable; viven sin electricidad ni saneamiento adecuado; muchos llevan
años en España y podrían permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie
los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no
tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo:
Cuando hay trabajo España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan
nuestras condiciones de vida.


Esta era su situación en febrero, ahora es peor,
ahora es todavía peor. Este verano la situación se ha agravado hasta
extremos difíciles de describir. Hubo tres incendios, presuntamente
intencionados, en el mes de julio donde la temperatura en Andalucía en
general, y en Huelva en particular, alcanza fácilmente los 40 grados en
las horas centrales del día. Hubo tres incendios en los asentamientos
chabolistas, ante la inacción de las autoridades. Además de los
incendios, se ha demolido un asentamiento de infraviviendas en ausencia
de los temporeros y temporeras que allí vivían. A los defensores de la
propiedad privada, porque el derecho a la propiedad privada es de todas y
de todos, les digo que también ese es un derecho de las personas
migrantes, sean cuales sean sus pertenencias, y también de los
trabajadores temporeros.


Según las estimaciones de Cruz Roja unas 10 000
personas están concentradas mayoritariamente en las provincias de Almería
y de Huelva. Hay diferencias, no es exactamente igual, los asentamientos
en Almería suelen tener un carácter estable, porque en Almería, en la
huerta, en la gran huerta de Europa, hay trabajo permanente a lo largo de
todo el año, mientras que en Huelva, el trabajo es más estacional y se
concentra, básicamente, en la época de recolección de las fresas y de los
frutos rojos y otros berries. Los problemas que les afectan son
básicamente los mismos en Almería, en Huelva, en Granada o en cualquier
lugar de Andalucía, y también en otras zonas, por lo que he tenido
oportunidad de hablar en estos días con algunos senadores y senadoras de
otros territorios donde también trabajan temporeros y temporeras, puesto
que viven situaciones muy similares: infraviviendas, chabolas sin
condiciones de habitabilidad, condiciones laborales de explotación sin
derechos, en situación irregular, y ganando una media de entre 4
y 6 euros la hora en jornadas de alrededor de diez horas de trabajo. Esto
los temporeros varones, pero si hablamos en femenino, las mujeres
migrantes que trabajan en el campo, además de estas condiciones, sufren
abusos sexuales y agresiones sexuales y además están excluidas del
sistema, no participan en la vida de la comunidad y desconocen los
mecanismos públicos de asistencia social. Por eso, presentamos esta
moción, señorías. Queremos que los gobiernos, que todos los gobiernos, y
de manera coordinada, si fuera posible, el Gobierno central, el Gobierno
autonómico de Andalucía, los gobiernos locales y municipales de aquellos
ayuntamientos en los que están radicadas estas personas, desarrollen un
plan que sea algo más que soluciones puntuales, concretas, una
estrategia, una estrategia que combata la cronificación del problema, que
consiga soluciones definitivas. También, el Defensor del Pueblo andaluz
pidió la urgente implicación de todas las administraciones del Estado
para conseguir soluciones integrales a esta realidad que es
inhumana.


No es una cuestión económica, señorías, no es una
cuestión ideológica, no es siquiera una cuestión competencial, no es
siquiera una cuestión social, se trata de los derechos humanos. Si las
vidas negras importan, y la mayoría de esta Cámara, afortunadamente, dijo
en una declaración institucional que las vidas negras importan, importan
en América, importan en Andalucía, importan en el conjunto de España e
importan en cualquier lugar del mundo. Esta moción habla de una cuestión
concreta en un territorio concreto, pero tiene validez en cualquier lugar
en el que se den las condiciones de malvivir de estas personas, de
personas migrantes. Por eso, la presentamos y, por eso, venimos hoy a
hacer su defensa.


Agradezco la atención que la mayoría de sus
señorías han prestado a esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora González Modino.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias,
presidente.


Nuestras enmiendas pretenden implementar un control
de fronteras eficaz, con permiso de deportación inmediata de los
inmigrantes ilegales con el fin de evitar el efecto llamada de las mafias
de tráfico de personas que usan a España como destino de sus crímenes,
poniendo en riesgo la vida de las personas inmigrantes y así atajar de
raíz todos los problemas derivados de esta inmigración. Además,
proponemos desplegar a la armada para monitorizar las costas africanas de
forma complementaria, y aplicar la Ley de Seguridad Nacional declarando
la situación como de interés para la seguridad nacional. La llegada de
más de 1000 inmigrantes ilegales durante la semana del 7 al 13 de
septiembre, la fuente es Acnur, a las costas españolas supone una oleada
migratoria sin precedentes en los últimos años.


Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no
tienen medios para contener la oleada de inmigración ni para garantizar
su seguridad personal. Yo mismo viví en agosto la llegada en directo de
una patera a las costas de Almería, siendo testigo directo de la falta de
medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues cada vez
que se detectaba un positivo en una patera, estos agentes entraban en
cuarentena, mermando cada vez más la capacidad de los dispositivos de
hacer frente a este problema, sumándole el riesgo para su salud, ya que
un porcentaje altísimo dan positivo por COVID, circunstancia que, además,
hace que no puedan ser expulsados y que acudan directamente a un centro
de acogida del que, como hemos visto en multitud de ocasiones este
verano, se fugan y ponen en riesgo la salud de la ciudadanía. El riesgo
para su salud este año es insostenible, mientras que los inmigrantes
ilegales recién llegados son sometidos a test, los policías no pueden
acceder a dichas pruebas. La permisividad y el efecto llamada de este
Gobierno, que promete y luego incumple, no solo llega a los inmigrantes
legales, sino también a los ilegales. Para evitar estas situaciones no
existe otra forma que la de un control férreo de nuestras fronteras,
evitando que las mafias se aprovechen de la vida de los inmigrantes,
alentados por esas llamadas al parnaso de la izquierda en general, de las
que todo son intenciones, pero que cuando se ven delante del problema
huyen y dejan a los prometidos a la deriva y abandonados a su suerte;
tónica habitual, por cierto, de este Gobierno, como ya hemos visto con
los sanitarios, los autónomos, los trabajadores y toda la gente en
general. Prometen y luego incumplen, pero no podíamos esperar menos, como
he dicho de este Gobierno, ya que se accedió al poder mintiendo y
engañando. La complejidad de esta crisis hace necesaria una respuesta
coordinada del Estado en su conjunto. Por eso, se propone como medida
urgente desplegar a la Armada para monitorizar las costas africanas, como
he dicho en la enmienda, de forma complementaria y aplicar la Ley de
Seguridad Nacional.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, señor González-Robatto.


Para defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana Bildu, tiene la palabra, la senadora
Bailac.


La señora BAILAC ARDANUY: Moltes gràcies.


Dono també les gràcies al Grup d’Izquierda
Confederal per situar aquesta problemàtica sobre la taula. Com saben, hem
presentat tres esmenes. Permetin-me començar per la primera. A nosaltres
ens semblava molt rellevant situar l’arrel del problema en la manca
de regularització de les persones estrangeres, en la nul·la voluntat
demostrada pel Govern de l’Estat de trobar una solució que
d’arrel resolgui la situació de precarietat i vulnerabilitat a la
qual es veuen abocades aquestes persones i, per això, les nostres esmenes
subratllen aquesta necessitat de regularització efectiva de les persones
estrangeres, que inicialment han de ser temporals, com marquen els
reglaments, però que puguin passar a ser de forma permanent i que així
sigui reconegut el seu dret al treball, el seu permís de residència, ja
sigui per compte propi o per compte aliè, sense cap tipus de limitació ni
territorial ni tampoc sectorial, i per tant dotar de totes les garanties
i drets laborals i de totes les oportunitats que aquestes persones
mereixen.


I, en segon lloc, les altres esmenes presentades
tenen a veure amb el fet de no voler assenyalar al sector agrari.
Diversos sectors econòmics contracten persones de diversos orígens. Sabem
que les persones en situació irregular es troben abocades al treball
precari, a l’economia submergida. Aquesta és una realitat que
abarca diversos sectors econòmics, i, per aquest motiu, ens semblava que
calia fer aquest èmfasi per no criminalitzar el sector agrari i a la
pagesia, i també per remarcar que aquestes empreses que no respecten les
condicions laborals dignes dels treballadors i les treballadores , poden
ser, com deia, de qualsevol sector econòmic. Aquestes han estat les
esmenes que entenem milloren la proposta inicial i que assenyalen quina
l’arrel de la problemàtica que es planteja.


Moltes gràcies.


Muchas gracias.


Doy también las gracias al Grupo de Izquierda
Confederal por situar este problema sobre la mesa. Como saben, hemos
presentado tres enmiendas. Permítanme empezar por la primera. A nosotros
nos parecía muy relevante situar la raíz del problema en la falta de
regularización de las personas extranjeras, en la nula voluntad
demostrada por el Gobierno del Estado de encontrar un modo que de raíz
resuelva la situación de precariedad y vulnerabilidad a la que se ven
abocadas estas personas y, por ello, nuestras enmiendas subrayan esta
necesidad de regularización de las personas extranjeras, que inicialmente
tienen que ser temporales, como marcan los reglamentos, pero que queremos
que puedan estar de forma permanente y que así se reconozca su derecho al
trabajo, su permiso de residencia, ya sea por cuenta propia o por cuenta
ajena, sin ningún tipo de limitación ni territorial ni tampoco sectorial,
dotándoles así de todas las garantías y derechos laborales y de todas las
oportunidades que estas personas merecen.


Y, en segundo lugar, las demás enmiendas
presentadas tienen que ver con el hecho de no querer señalar al sector
agrario. Diversos sectores económicos contratan a personas de diversos
orígenes. Sabemos que las personas en situación irregular se encuentran
abocadas al trabajo precario, a la economía sumergida. Esta es una
realidad que abarcan diversos sectores económicos, y, por este motivo,
nos parecía que era preciso hacer este énfasis para no criminalizar al
sector agrícola y para subrayar también que esas empresas que no respetan
las condiciones laborales dignas de los trabajadores y las trabajadoras,
pueden ser, como decía, de cualquier sector económico. Estas han sido las
enmiendas que entendemos mejoran la propuesta inicial y que señalan la
raíz de la problemática que se plantea.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Gracias, senadora Bailac.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.


La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quisiera agradecerle a la senadora
Pilar González, del Grupo plural, la iniciativa que ha presentado en esta
Cámara, porque nos permite mantener un debate y, además, mantener vivo el
interés por cuestiones que tienen que ver de manera muy directa con los
derechos humanos. No es posible que el sistema agroalimentario y pesquero
de nuestro país aporte más del 10 % del producto interior bruto y las
personas que en este momento están haciendo mayoritariamente la recogida
de esos frutos trabajen de sol a sol y en muchos casos, por menos de
cuatro euros la hora, y además, que cuando vuelvan no tengan ni luz ni
agua en los alojamientos infrahumanos que ocupan. Pero no es lo más
triste, lo más triste es que tengan que dormir velando por la noche para
no arder en alguno de esos incendios, a los que también hacía alusión la
senadora González, de esas chabolas en las que han convertido su hogar.
Los necesitamos por el día y nos sobran por la noche. Creo que es el
momento de que hagamos una reflexión profunda, que vaya más allá incluso
del marco legal que hay establecido. Hemos presentado una enmienda que yo
espero que nos apruebe. Créanme que no necesito leer ningún informe de
ningún relator, porque sé lo que se siente, porque sé lo duro que es el
trabajo en el campo, porque sé de la rudeza que supone unir al desarraigo
que tienen muchas de esas personas las condiciones laborales y económicas
duras que sufren. El virus de la COVID-19 nos ha puesto sobre la mesa una
realidad que lleva tiempo entre nosotros, pero ha habido momentos en que
hemos creído que mejoraban las condiciones de vida de esas personas al
mismo tiempo que se han ido desarrollando también medidas legales que
hacían posible que tuvieran más cobertura. Es más, en el momento que el
presidente Pedro Sánchez llegó al Gobierno recuperó para esas personas,
incluso, para las que están en situación legal irregular, la sanidad
universal, que debería ser una cuestión que valoráramos, aunque sea por
egoísmo, y quien no esté de acuerdo con ella, que lo haga por puro
egoísmo, porque si una de estas personas está enferma, está poniendo en
riesgo también nuestra propia salud. Luego los primeros interesados e
interesadas en que estas personas tengan atención sanitaria deberíamos
ser todos nosotros. La COVID-19, como decía, nos ha puesto sobre la mesa
esa realidad, una realidad que conocemos muy bien, pero que nunca ha
supuesto una amenaza a nuestra seguridad sanitaria. Nunca, como en este
momento, nos habíamos sentido tan colectivamente vulnerables; nunca como
ahora habíamos sentido que es importante la higiene personal, la nuestra,
que siempre la tuvimos, lo tuvimos muy claro, pero también la de nuestro
entorno, lo estamos viendo ahora, cada día, con el virus, que no sabemos
en qué rincón nos acecha. Cuando nos sentimos frágiles somos capaces de
mirar y ver que esos sectores laborales más vulnerables se convirtieron
durante el confinamiento en personal esencial; esos temporeros y
temporeras, junto con otros sectores de población, que son los que tienen
una situación económica y laboral más precaria, curiosamente, se
convirtieron en sectores esenciales. ¡Qué paradoja! En nombre de la
seguridad sanitaria, hay albergues para temporeros que este año no se van
a abrir. Yo decía hace un tiempo en esta tribuna que es tiempo de
verdades, de poner los pies en el suelo, de abandonar la hipocresía y de
actuar pensando que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho
a tener derechos.


Nada más, señoría. Yo espero que esta moción sirva
una vez más para remover conciencias y hacer que trabajemos en que se
cumplan las leyes que en este momento tenemos establecidas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Navarro.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez
Comendador.


El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas
gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente, estamos, como decía la
proponente de la moción, ante un tema de derechos humanos. Pero yo
matizaría algunas de las afirmaciones que la proponente realiza en la
exposición de motivos de la misma. Desde mi punto de vista, señoría, y
soy de Almería, luego conozco perfectamente el problema que se relata, se
intenta en esta moción, hablando de cultivos del señorito, hablar de una
agricultura de explotación casi de cuasi esclavitud. Señorías, eso no es
cierto, eso es radicalmente falso, señoría. La migración regulada que
viene con contrato de trabajo, a trabajar en la agricultura intensiva de
mi tierra y en la fresa y los frutos rojos en Huelva, viene con todas las
condiciones que marca la legalidad vigente. No se puede criminalizar a
los agricultores andaluces. Es falsa, absolutamente, una buena parte de
esa exposición, aunque es cierto que hay una migración irregular que sí
está en esas situaciones concretas, pero es la minoría, señorías, porque
la inmensa mayoría de los trabajadores del campo en Almería y Huelva
tienen las condiciones adecuadas fijadas por los contratos que firman los
agricultores y empresarios agrícolas, que son los que nos han permitido y
nos han dado de comer durante toda esta pandemia con grave riesgo de su
propia integridad. (Aplausos). Señoría, el Partido Popular siempre ha
apostado por una migración regulada y ordenada y lo seguimos haciendo,
con contratos laborales en los que se especifiquen las condiciones de
trabajo de forma clara y nítida, y eso ha sido así y seguirá siendo así,
pero, por supuesto, que hay que incrementar, porque es absolutamente
necesario, la lucha contra las mafias que nos traen inmigración de forma
irregular, de forma permanente durante este año, porque más de 4500 han
entrado en Andalucía este año, y más de 20 pateras en Almería en los
últimos 15 días; situaciones que no podemos controlar y que el Gobierno
de España tiene el deber de regular, porque es su competencia y su
obligación y no lo hace. El ministro del Interior está dedicado a otras
cosas, supuestamente. Señoría, en mi provincia ya le he dicho que ha
habido y hay migrantes irregulares, pero la inmensa mayoría es migración
regular, que tiene condiciones de vida adecuadas y que no cobran 30 euros
diarios, sino que tienen un convenio que fija perfectamente el salario
adecuado que cobran de forma normal mensualmente. Señorías, si queremos
acabar con la migración irregular es evidente que no podremos hacerlo
solos, porque no es un problema de España, evidentemente; es un problema
mucho más profundo que tiene toda la Unión Europea y el mundo occidental.
África va a seguir creciendo. África, va a seguir necesitando ayuda y
apoyo o, si no, la migración irregular la tendremos mes a mes, año a año,
en las costas mediterráneas, de forma permanente. O invertimos seriamente
en producir formas de vida, que puedan asegurarles su futuro a esas
personas en África, el África subsahariana, fundamentalmente, o los
cientos y miles y millones de africanos que los próximos 20 o 30 años van
a nacer van a tener que buscar su vida de la mejor manera posible y si no
tienen en su tierra posibilidades de sobrevivir, verán que el mundo
occidental es la meca a la que quieren llegar.


Luego es una situación que no se resuelve solo con
medidas concretas en este momento, aunque haya que adoptar alguna, sino
con políticas de cierto nivel en las que el Gobierno de España tiene que
implicarse realmente para intentar que esta situación de irregularidad
permanente que está padeciendo nuestro país sea algo definitivamente
resuelto con políticas claras que la Unión Europea tiene que implementar
en todos los países miembros de ella y fundamentalmente en el entorno de
los países mediterráneos, que somos los primeros receptores de la
migración irregular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, señor Rodríguez Comendador.


Tiene la palabra la senadora González Modino para
explicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.


Agradeciendo el trabajo de todas y de todos, voy a
aceptar la enmienda del Grupo Socialista, que es idéntica a una de las
del Grupo Esquerra Republicana EH-Bildu, la de la supresión de la palabra
agrícolas. Mejora bastante —yo no lo había visto, ustedes sí y lo
agradezco— el contenido de la iniciativa. Esa enmienda la acepto,
así como las enmiendas números 2 y 3 del Grupo Esquerra Republicana
EH-Bildu; la número 3 es idéntica a la del Grupo Socialista.


Respecto del Partido Popular, el senador Rodríguez
Comendador me ha enmendado la exposición de motivos, pero de las
enmiendas que ha presentado a la moción no me ha dicho nada, de las
cuales hemos hablado esta mañana y le he dicho que no podía aceptar la
supresión de alguno de los puntos que para nosotros son clave. Cuando
quiera debatir de migración ordenada con derechos y de lucha contra las
mafias, ese día me apunto al debate. Hoy estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de derechos humanos, de datos de la Cruz Roja, del
relator de Naciones Unidas y del Defensor del Pueblo andaluz. No me estoy
sacando nada de la manga y el convenio colectivo del campo de Almería no
se actualiza desde 2016. Luego hay cuatro años en los que los
trabajadores han perdido derechos.


Por último, en relación con el Grupo Mixto, en
concreto a los senadores y senadoras de Vox, tengo que decir que el
primer punto de su enmienda es contrario a la Ley de extranjería, a los
principios de la Unión Europea, a los pactos y los convenios que España
tiene firmados, por no decir que es contrario a la normativa europea
tanto de control de fronteras, como de derechos humanos. Eso en cuanto al
primer punto y en cuanto al segundo, es que es un delirio, señorías. Yo
no puedo creer que ninguno de ustedes, por los que tengo un enorme
respeto, haya podido escribir tal cosa. Solo puedo pensar que o tienen
nostalgia de la Armada Invencible y la quieren resucitar o que hay un
guionista zumbado en algún sitio, que mezcla Los piratas del Caribe y El
acorazado Potemkin y le sale el punto que a ustedes les ha salido de
enmienda. Vengo a hablar de derechos humanos y ustedes me hablan del
ejército, de la Armada, de la mano de hierro. Menos mal que los y las
profesionales de la defensa de este país trabajan con otros códigos,
trabajan salvando vidas en muchos sitios; en el Estrecho también y con la
vida de los migrantes, también. Menos mal, señoría, porque lo demás es
una alucinación. No puedo aceptar, evidentemente, sus enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Gracias, señora González Modino.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿van a intervenir
los senadores González-Robatto y Egea? (Asentimiento).


Tiene la palabra el senador Egea.


El EGEA SERRANO: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos de acuerdo en todos los puntos de
los que se habla en la moción presentada. Los temporeros y su trabajo han
permitido que los productos no se malograrsen en el campo y hayan podido
llegar hasta nuestras mesas. Al contrario de lo que algunos puedan
pensar, estos temporeros realizan un trabajo bastante cualificado, y
además algunos lo llevan realizando durante muchos años y muchas
temporadas en este país. Hay que desterrar cualquier imagen peyorativa
hacia los temporeros. Se han ganado con su trabajo todos los derechos que
en esta moción se piden. Quizás solo haya un pero, y es que se centre
exclusivamente en Andalucía. Le recuerdo, señoría, que tenemos estos
mismos problemas de los temporeros, quizá no tan acuciantes, en mi
comunidad, en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Murcia e
incluso en la Comunidad Valenciana.


Tenemos el deber moral de ayudar a todas estas
personas y espero y deseo que se apruebe esta moción y que todo lo que se
consiga para los temporeros andaluces sea también equiparable para los de
toda España.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Egea.


Tiene la palabra el senador González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.


Lo que buscamos nosotros con la Armada no es otra
cosa que una medida disuasoria para evitar que las mafias se dediquen a
traficar con personas, algo que ustedes están fomentando con que vengan.
Y la segunda cosa que le quería decir es que no es la Armada Invencible,
es la grande y felicísima Armada. Es historia.


La responsabilidad en primera instancia y los
responsables directos, en este caso, los encontramos en el conglomerado
del gobierno de la mentira, por la permisividad de los delincuentes que
tiran de la política de fronteras permitiendo la entrada masiva de
inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control, bien por colaboración
directa o por omisión de ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, y a continuación, en los responsables de los contratos y la
salubridad de las viviendas. Al Gobierno le pedimos dimisión y a los que
incumplan ley y mano dura, sin duda alguna. España ha puesto como foco de
atracción a la inmigración ilegal por el efecto llamada provocado por el
Gobierno de Sánchez e Iglesias, la permeabilidad de las fronteras y la
política de no devolución del Gobierno que causan las invasiones masivas
que se están viviendo desde que el señor Sánchez y sus secuaces entraron
en la Moncloa. Cuando ya han entrado se les olvida y se les deja
completamente abandonados. La izquierda quiere atraer la inmigración
ilegal para, una vez dentro, dejarles abandonados, como antes mencionaba,
en asentamientos, mientras oxigenan a las mafias para que se jueguen la
vida de estos inmigrantes y cuando llegan a España solo los utilizan para
sus redes clientelares. La inmigración tiene que ser siempre legal y
controlada. De lo contrario, genera miseria y delincuencia, algo que
tienen en común con los gobiernos de izquierdas. Ustedes sacan a colación
las agresiones sexuales de las mujeres inmigrantes y que hay que
atajarlas. Estamos completamente de acuerdo, pero ¿por qué la izquierda
nunca denuncia cuando esas agresiones son producidas por una inmigración
descontrolada? Solo de esa forma podremos garantizar una inmigración
efectiva, uno de los principales problemas de estos ilegales que acaba
generando problemas de convivencia, como se ha repetido todo el
verano.


Es la única forma que existe de poder frenar estos
casos de explotación, inseguridad y precariedad que hoy denuncia esta
moción, que viene de un grupo que lo único que quiere es aprovecharse
políticamente de este problema y después abandonar a su suerte a los
afectados.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, señor González-Robatto.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president,
senyories,


Senadora González, li agraïm que porti aquesta
iniciativa relativa a les condicions de vida o no condicions de vida
d’alguns immigrants. És cert que està acotada a la mà d’obra
al sector primari, als anomenats temporers i també és cert, i vostè ho ha
dit, que també està acotada territorialment a una realitat molt concreta,
la del seu territori. És veritat que hi ha un relat del relator de
l’ONU relatiu a la pobresa extrema i als drets humans, i vostè
abunda amb dades i coneixement del seu territori, perquè ningú no coneix
millor els territoris ni els defensa millor que aquells que hi viuen, el
pateixen i l’estimen. Vostè ha fet una radiografia esfereïdora
d’aquesta realitat i a ningú se li escapa, malauradament, aquestes
situacions o similars —si m’ho permet similars, perquè volia
salvar algunes distàncies respecte al meu territori i, com vostè sap,
Lleida, malauradament, també ha estat mediàtica per aquestes
qüestions— i per això demanen, evidentment, que cal que les posem
sobre la taula i que hi posem solució.


Al nostre parer, i alguns senadors que m’han
precedit en l’ús de la paraula ho han esmentat, hi ha dues
premisses fonamentals a l’hora d’abordar aquest tema: en
primer lloc, és un tema al qual cal donar resposta. No és un tema
senzill, és un tema molt complicat i estem d’acord que cal una
col·laboració entre administracions. Estem d’acord fins aquí,
perquè parlem de drets fonamentals, de garantir aquests drets i també
condicions de vida dignes. La segona premissa és que cal fer-ho sense
criminalitzar el sector primari, un sector essencial sobre el qual cal
fer molta pedagogia. Jo no em canso de dir-ho, i en el meu territori no
ens cansem de dir-ho. El sector, els ajuntaments, les associacions, els
sindicats agraris, majoritàriament tots ells, senyora González, al menys
en el meu territori, fan bé les coses. Això no treu, i ens enganyaríem si
no ho diguéssim, que hi hagi alguna mala praxi. Estic absolutament
d’acord en què aquest sistema es pot enrocar i les males pràctiques
no fan sinó engreixar uns tòpics injustos respecte el sector
primari.


Dit això, no és un fet exclusiu del sector primari
aquests abusos laborals o incompliment de convenis. Per això, és molt
important per a nosaltres destriar el gra de la palla en aquesta
problemàtica. Podria dir-li, de fet avanço que votarem a favor, i que no
hem presentat cap esmena, primer, perquè vostè coneix les particularitats
del seu territori i moltes d’aquestes particularitats que es
podrien utilitzar en el nostre territori les hem presentades ja en
aquesta Cambra i al Congrés. Esperem poder debatre-les i llavors esperem
comptar també amb el seu suport. Però hi ha algunes coses que
m’agradaria matisar, com el fet —que vostè comentava—
de la deixadesa i falta d’esforç per part d’algunes
administracions. No és el cas del meu territori, hi ha un esforç ingent
per part dels petits municipis, també per part de la capital de comarca,
per part dels consells comarcals, les diputacions, juntament amb la
Generalitat de Catalunya, per donar resposta a aquest punt. Per això li
deia que li agraeixo aquesta iniciativa, perquè hi ha algunes eines que
són competència de l’Estat central i algunes d’elles
—eines socials, com el conegut Fons d’integració
d’immigrants— van desaparèixer. No tenim aquestes eines que
depenien de l’Estat i què dir ja del finançament, que és un tema
recurrent. Però sí que podem parlar d’iniciatives —si tinc
temps, perquè que se m’acaba el temps— com el tema primordial
de la regularització temporal, que s’ha esmentat, o el fet de donar
suport econòmic concret a alguns municipis afectats perquè puguin oferir
solucions als sense sostre fruit d’aquestes campanyes; en tot això
podrem aprofundir en el debat de les iniciatives que tenim preparades,
que pretenen donar solució i ajudar al sector perquè aquest pugui
accomplir i pugui emprar amb garanties de sostenibilitat i
viabilitat.


Moltes gràcies. Votarem a favor.


Gracias, presidente.


Senadora González, le agradecemos que traiga esta
iniciativa relativa a las condiciones de vida o no condiciones de vida de
algunos inmigrantes. Es cierto que está acotada a la mano de obra en el
sector primario, a los llamados temporeros y también es cierto, y usted
lo ha dicho, que también está acotada territorialmente a una realidad muy
concreta, la de su territorio. Es verdad que existe un relato del relator
de la ONU relativo a la pobreza extrema y a los derechos humanos, y usted
ahonda con datos y conocimiento de su territorio, porque nadie conoce
mejor los territorios ni lo defiende mejor que los que lo sufren y lo
quieren. Usted ha hecho un retrato tremendo de esta realidad y a nadie se
le escapan, desgraciadamente, estas situaciones o similares —si me
lo permite similares, porque quería salvar algunas distancias respecto a
mi territorio y, como usted sabe, Lérida también ha sido mediática por
estas cuestiones— y por eso piden, evidentemente, que las pongamos
sobre el tapete y que brindemos soluciones.


A nuestro juicio, y algunos senadores que me han
precedido en el uso de la palabra lo ha mencionado, hay dos premisas
fundamentales a la hora de abordar este tema: en primer lugar, hay que
dar respuesta. No es un tema fácil, es un tema muy complejo y estamos de
acuerdo en que es necesaria una colaboración entre administraciones.
Estamos de acuerdo hasta aquí, porque hablamos de derechos fundamentales,
de garantizar estos derechos y también condiciones de vida dignas. La
segunda premisa es que hay que hacerlo sin criminalizar al sector
primario, un sector esencial respecto al cual hay que hacer mucha
pedagogía. Yo no me canso de decirlo, y en mi territorio no nos cansamos
de decirlo. El sector, los ayuntamientos, las asociaciones, los
sindicatos agrarios, mayoritariamente todos ellos, señora González, al
menos en mi territorio, hacen bien las cosas. Eso no quita, y nos
engañaríamos si no lo dijéramos, que haya alguna mala praxis. Estoy de
acuerdo en que este sistema se puede enrocar y las malas prácticas no
hacen sino engordar, ampliar unos tópicos injustos respecto al sector
primario.


Dicho esto, no es un hecho exclusivo del sector
primario estos abusos laborales o incumplimiento de convenios. Por eso,
es muy importante para nosotros separar las cosas en esta problemática.
Podría decirle, de hecho avanzo que vamos a votar a favor, que no hemos
presentado ninguna enmienda, primero, porque usted conoce las
particularidades de su territorio y muchas de estas particularidades que
se podrían utilizar en nuestro territorio las hemos presentado ya en esta
Cámara y en el Congreso. Esperamos poder debatirlas y entonces esperamos
contar también con su apoyo. Pero hay algunas cosas que me gustaría
matizar, como el hecho —que usted comenta— de la dejadez y
falta de esfuerzo por parte de algunas administraciones. No es el caso de
mi territorio, hay un esfuerzo higiénico por parte de los pequeños
municipios, también por parte de la capital de comarca, por parte de los
consejos comarcales, las diputaciones, junto con la Generalitat de
Catalunya, para dar respuesta a este punto. Por eso le decía que le
agradezco esta iniciativa, porque hay algunas herramientas que competen
al Estado central y algunas de ellas —herramientas sociales, como
el conocido Fondo de integración de inmigrantes— desaparecieron. No
tenemos estas herramientas que dependían del Estado y qué decir ya de la
financiación, que es un tema recurrente. Pero sí podemos hablar de
iniciativas —si tengo tiempo, aunque se me acaba— como la
regularización temporal, que se ha mencionado, o el hecho de brindar
apoyo económico concreto a algunos municipios afectados para que puedan
ofrecer soluciones a los sintecho fruto de estas campañas; en todo ello
podremos ahondar en el debate de las iniciativas que tenemos preparadas,
que pretenden dar solución y ayudar al sector para que este pueda cumplir
y pueda ofrecer garantías de sostenibilidad.


Muchas gracias. Vamos a votar a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra la señora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.


Es un poco extraño no saber qué tendré que
responder a grupos que faltan por anunciar su posicionamiento, pero sí
quería —no lo he hecho antes y no quiero dejar de hacerlo—
agradecer el discurso y el tono de la senadora Micaela Navarro,
básicamente porque Micaela Navarro sabe de lo que estamos hablando, lo
sabe en su piel, no solo en su cabeza. Nadie mejor que una mujer que ha
trabajado en el campo para saber de lo que estamos hablando. Muchas
gracias, senadora. (Aplausos).


No quería tampoco dejar de hacer un apunte sobre lo
que ha dicho en el turno anterior el senador Rodríguez Comendador negando
que los señoritos sean falsos en Andalucía. Hombre, negar la realidad a
estas alturas del siglo... No me crea a mí, crea a don Miguel Delibes,
crea a Los santos inocentes. Eso ha sido realidad en el siglo XX, no
estamos tan lejos, y hoy día no digo yo que sea idéntico, digo que las
personas que están en esa situación son de otro color, son de otro color
más oscuro, pero que situaciones tan duras como las de Los santos
inocentes se dan en Andalucía en el siglo XXI.


Por lo demás, agradezco al Grupo Mixto, al senador
Egea, su intervención. Evidentemente, sé que en Aragón y en otros
territorios se da una problemática muy similar. También agradezco las
aportaciones y el discurso de la senadora Rivero, del Grupo Nacionalista.
Es cierto que es un tema complejo. Pero si hay alguien que no tiene el
más mínimo interés en criminalizar al sector primario soy yo. Mi padre
era un campesino que murió con 37 años trabajando la tierra;






él tenía 37
años y yo 6, y nunca pensó, pobre mío, que yo iba a hablar de él en este
sitio tan importante (Aplausos). No quiero en ningún caso criminalizar al
sector primario, en absoluto, porque nos han dado de comer, es verdad,
nos han dado de comer y se ocupan de que no nos falte lo más básico, pero
que hay malas praxis, es un hecho. Se han producido algunas detenciones
de la Guardia Civil en el poniente granadino hace dos semanas, por no
retrasarlo más. No sucede en el sector primario en su conjunto, todo lo
contrario, pero hay malas praxis, se producen y hay abusos, y eso es lo
que quiere remediar esta iniciativa.


Por último, senador González-Robatto, me temo que
usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Qué le vamos a hacer.
Ustedes se basan en la lógica del rumor, el efecto llamada, estas cosas
tan terribles. La lógica del rumor no es la lógica de la mentira, es
peor, es el vacío de la verdad, porque un mentiroso conoce la verdad, por
eso la puede burlar, la víctima del rumor no la conoce. El rumor no es
una forma de engaño, es una forma de dominación, lo cual es todavía peor,
somete al que cae en sus redes en la peor ceguera, en la negación de la
realidad, en una alucinación, la alucinación no ve los límites. Ustedes
están viendo millones de okupas, digo yo que a caballo por los campos de
Castilla, y no están viviendo miles de desahucios, según el informe del
Consejo General del Poder Judicial (Aplausos), miles de viviendas vacías
en manos de los bancos y miles de personas sin vivienda, porque viven en
la alucinación de los okupas cabalgando por las llanuras de Castilla.
Ustedes están viendo permanentemente violencia y asesinatos de ETA y no
están viendo violencia machista, viven en una alucinación. Ahora, ya no
hay, afortunadamente, asesinatos de ETA y hay asesinatos machistas.
(Aplausos). Eso es una alucinación, esa es la peor de las dominaciones,
porque es la lógica del rumor, la ausencia de la verdad, la negación de
la realidad. Senador González-Robatto, me temo que nunca nos vamos a
poner de acuerdo, no sé, a lo mejor la vida nos sorprende con alguna otra
cosa, pero me parece muy difícil. El rumor es una patología de nuestro
sistema de comunicación social que ustedes conocen y manejan muy bien y
que yo lamento y denunció. No tiene nada que ver esta moción, esta
iniciativa, ni con el efecto llamada ni con la delincuencia; un violador
será siempre un violador, siempre, señor González-Robatto, sea español,
sea extranjero, migrante regular o migrante irregular, blanco o negro,
será siempre un violador. (Aplausos). No oirá a nadie de la Izquierda
Confederal decir lo contrario, en ningún sitio, no lo oirá, no, y no me
gire la cabeza porque no lo oirá.


A los grupos que van a votar favorablemente esta
iniciativa quiero expresarles mi gratitud y la gratitud de mi grupo, y a
los que no, pues no pasa nada, supongo que habrá otras oportunidades de
seguir debatiendo y de seguir avanzando, porque desde luego nosotros no
vamos a parar de presentar iniciativas en esta línea que tiene que ver
con los derechos humanos y con los derechos sociales en Andalucía,
insisto, y en cualquier lugar del Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora González Modino.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Ponce.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, señor
presidente.


Señorías, en los pocos meses que llevo en esta
Cámara es alarmante cómo algunos grupos tratan de institucionalizar la
mentira. Para mí es una responsabilidad y, sobre todo, una obligación
moral, como onubense y senadora por Andalucía, responder a esta moción
que no incluye más que falsedades, insidias, muchos prejuicios y muy poco
conocimiento de la realidad andaluza y explicar por qué vamos a votar en
contra de la manipulación y del enfrentamiento que se quiere propiciar
con esta moción.


Miren, señorías, nos encontramos en un momento
demasiado delicado, con la peor crisis sanitaria del último siglo y con
una crisis económica gravísima, para que ustedes vengan aquí y traigan
una moción que criminaliza a los agricultores que tanto han hecho por
España en esta pandemia, nada nuevo, desde luego, en la órbita de
Podemos, después de que el ministro Garzón dijera que el turismo no
aporta valor añadido o de que la ministra Díaz insinuara que en el campo
andaluz se practica la esclavitud, la esclavitud, señorías, que parece
que en España un sector no es importante hasta que Podemos no intenta
desacreditarlo. Vienen a hablarnos ustedes de sus prejuicios, a enfrentar
a los ciudadanos, tildando despectivamente a nuestros agricultores de
señoritos y utilizando el drama de los temporeros, que por supuesto que
merecen unas condiciones de trabajo y de vida dignas, y por eso
precisamente la Junta de Andalucía, de la que forma parte Ciudadanos, ha
destinado la mayor partida de la historia a los asentamientos, más de 2
millones de euros, más de 2 millones de euros. Pero es que trabajar por
la dignidad de los temporeros no implica criminalizar a las personas que
crean riqueza y puestos de trabajo en el campo andaluz. Les voy a
recordar, por ejemplo, a las 7200 temporeras marroquíes atrapadas en
Huelva por el cierre de las fronteras por la COVID. 7200 mujeres, ¿y
dónde estaban la ministra de Igualdad, la de Trabajo, la de Asuntos
Exteriores? No estaban, señorías, no estuvieron. ¿Saben quiénes sí
estaban? ¿Saben quiénes les ofrecieron vivienda, protección, corrieron
con todos los gastos de las temporeras cuando se les terminaron los
contratos y el Gobierno de Podemos les dio de lado? Nuestros
agricultores, señorías; sí, les cedieron esas viviendas, gratuitamente, y
sinceramente, no tienen nada de indignas. Se lo digo yo porque las he
visitado, y me he sentado con las temporeras y las he escuchado a todas,
sus historias, sus preocupaciones. Señorías, 7200 temporeras, a las que,
por cierto, la Junta de Andalucía les hizo PCR, ¿y saben ustedes cuántos
casos positivos de COVID encontraron? Cero. Eso no lo dicen ustedes en su
moción, gracias a nuestros agricultores. Por eso me duele, de verdad, la
inquina con Andalucía, una tierra solidaria, una tierra amable, cercana,
una tierra que para nada es hostil y mucho menos explotadora.


Ustedes siempre intentan resolver un problema
enfrentando a la población, a los productores con los distribuidores, a
la sanidad pública con la privada, a los temporeros con las personas que
les dan trabajo. Basta ya, señorías, por favor, dejen de sembrar cizaña.
¿A qué se refiere Adelante Andalucía cuando habla en Huelva de los
continuos, continuos, abusos sexuales a las trabajadoras migrantes del
campo? Es una acusación muy grave, y ustedes no aportan ni una sola
prueba. Señorías, de entre más de 15 000 trabajadoras se presentaron diez
denuncias y las diez fueron desestimadas. ¿Por qué no aportan cifras en
su moción? ¿Por qué generalizan con tanta ligereza? Porque no les
interesa, porque la verdad no vende, y la verdad la voy a explicar yo
aquí, aunque es un poquito menos sensacionalista, eso sí; pero, bueno, es
una verdad que los ponentes de esta moción parece que quieren esconder
para que no se sepa. Se basan ustedes en datos que no son exactos y que
no son demostrables. Dicen que los trabajadores no tienen convenio y que
ganan apenas unos 30 euros al día. Pues bien, tienen ustedes publicado el
convenio del campo de Huelva en el BOP, de 2015 a 2018, y el salario es
casi un 50 más de esos apenas 30 euros que ustedes dicen. Pero hablemos
de integración y de derechos. En Huelva se ha puesto en marcha el Prelsi,
el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa. Es un
plan totalmente avanzado en Europa y un referente, y ustedes tampoco lo
nombran. ¿Y saben lo que se hace con el Prelsi? Se realizan inspecciones
con el reconocimiento de las administraciones de España y de Marruecos y
de muchas asociaciones y de muchas ONG. Señorías, 2500 inspecciones han
realizado este año, 2500. Podrían ustedes fijarse también en esas
inspecciones al traer aquí su moción, en vez de basarla en
inconclusiones, en unos informes que son totalmente inconclusos y
subjetivos. Señorías, ustedes aquí solo han venido a buscar culpables y
así es muy difícil encontrar soluciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Ponce.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el senador Medina.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidente
jauna. Arratsalde on.


Señorías, es cierta y alarmante la situación en la
que usted, señora González Modino, realiza la exposición de motivos que
impulsa la moción presentada en esta Cámara. Transcribo directamente la
declaración recogida en el informe del pasado mes de febrero de 2020,
realizada por el relator sobre la pobreza y los derechos humanos de las
Naciones Unidas, Philip Alston. Dice así; Se trata de una realidad cruda,
injusta y, por desgracia, normalizada de la situación que viven las
personas migrantes, que sujetan y levantan una economía a pesar de las
paupérrimas condiciones de vida a las que son sometidas.


Esto, señorías, es algo inadmisible y, por lo
tanto, las administraciones deben tomar partido de modo urgente. El
Estado, y prácticamente todas sus comunidades autónomas, hace uso de esta
mano de obra a lo largo de todo el año para poder satisfacer las
necesidades de siembra, preparado y recolección de los diferentes
productos de las explotaciones agrícolas. Estamos hablando de un número
elevado de personas, principalmente extranjeras, que bien directa o
indirectamente proporciona una mano de obra imprescindible, a todos nos
queda claro, sin las cuales las campañas agrícolas no llegarían a
realizarse. Y sí, decimos que estas personas son principalmente
extranjeras porque es una obviedad que no podemos ignorar y que además
debemos abordar de manera específica porque le son inherentes unas
características muy concretas que hacen de su condición ser el colectivo
más vulnerable de nuestras sociedades. La realidad es que una gran parte
de que los y las trabajadoras del campo son personas migrantes, la
mayoría de ellas en situación irregular, no es un fenómeno nuevo, por lo
que consideramos que las distintas administraciones conocen ya la
problemática existente para ofrecer una solución.


Como he dicho anteriormente, el pasado mes de
febrero el relator de Naciones Unidas para la extrema pobreza publicó el
informe tras su visita a España, en el que hacía mención especial a la
situación que viven los temporeros en el Estado español, tildándola como,
escuchen, una de las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Si
la situación de las personas con situación regularizada es una de las
peores del mundo, a los temporeros en situación irregular debemos sumarle
no tener tarjeta sanitaria, el no acceso a programas de inclusión, riesgo
a vivir en situaciones de calle, aislamiento social, la pérdida de
sentimiento de pertenencia a la comunidad, en definitiva, la
vulnerabilidad extrema, por no hablar de los problemas extra que ha
traído la crisis de la COVID-19, que no ha hecho más que enfatizar los
problemas y las desigualdades ya existentes.


Tal y como he mencionado anteriormente, las
administraciones conocen esta problemática y tenemos detectadas muchas
irregularidades y las actuaciones que funcionan de manera incorrecta. En
muchos casos basta con ejecutar normativa, hacer una aplicación extensiva
de la ley o incluso supervisar el funcionamiento de dichas ejecuciones.
Las administraciones, y recalco, deben tomar partido de modo urgente.
Seguimos defendiendo que lo verdaderamente necesario es una revisión
profunda e integral de las políticas de migración y asilo, y en
consecuencia de la legislación.


Con motivo de la COVID-19 y de la necesidad de mano
de obra temporera en las comunidades autónomas, el ministerio habilitó
una serie de medidas para flexibilizar y facilitar la contratación y la
disponibilidad de mano de obra. A este respecto me gustaría comentar
algunas de las prácticas que se llevan haciendo desde las diferentes
administraciones en el País Vasco, en especial desde el Gobierno vasco.
Se ha desarrollado una normativa para flexibilizar la contratación de
mano de obra cercana junto a un protocolo de actuación para preservar las
condiciones sanitarias de estas personas. Valga como ejemplo el caso de
la contratación de temporeros en Rioja Alavesa. Desde hace ya veinte
años, la UAGA, unión de agricultores y ganaderos de Álava, y actualmente
con Cáritas, ha creado y crea bolsas de trabajo para captar a todas estas
personas interesadas en trabajar en la temporada de vendimia, pudiendo
extender estos contratos a diferentes labores agrícolas a lo largo de
todo el año. Asimismo, realizan labores de asesoramiento laboral a todas
aquellas explotaciones agrícolas que demandan esta mano de obra. Ese
trabajo ha conseguido, entre otras cosas, que haya desaparecido
prácticamente la subcontratación y que las condiciones de trabajo y
alojamientos sean dignas ara estas personas.


Es necesario y a su vez productivo como sociedad
que la Administración competente se comprometa al bienestar de estas
personas. Debemos asegurar a estas personas y al resto de ciudadanos del
Estado, también al resto de ciudadanos del Estado, que en estos momentos
se encuentran en situación de desempleo o afectados por cese de actividad
o que perciben la IMV o la RGI, unos mínimos estables en condiciones de
trabajo, de alojamiento, de salario, así como de higiene, para hacer que
las zonas agrarias del Estado sean zonas atractivas para esos
trabajadores. Debemos tener siempre en mente todo lo que nuestra sociedad
debe a estos trabajadores del sector primario, con especial mención en
este caso a las y los profesionales del ámbito agrícola, porque gracias a
ellos y ellas, gracias a su trabajo, estamos abastecidos de los alimentos
y productos más básicos que necesitamos.


Por lo tanto, en el Grupo Nacionalista Vasco el
sentido de nuestro voto será afirmativo.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Medina.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerr
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora
Bailac.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies, senyor
president.


En un context de pandèmia i d’emergència
sanitària cal garantir la protecció de la salut de totes les persones que
intervenen en una activitat essencial com és la producció
d’aliments. Cal protegir les persones que hi intervenen, no només
en la producció, sinó també en la manipulació i el transport de la
matèria primera i elaborada, és a dir, a tothom que intervé des de la
finca fins l’agroindústria. Alhora, com s’ha demostrat durant
la crisi de la COVID-19, el sector agrícola i ramader és un servei
essència per proveir d’aliments, per garantir la producció en
quantitat, en qualitat i en seguretat dels aliments. És essencial per
assegurar el proveïment de la població i del conjunt de les indústries
agràries, que en depenent, tot i que la COVID hagi estat realment un
desafiament en la campanya d’aquest any.


Per a donar compliment a tots aquests requeriments
calia garantir que la campanya de recol·lecció de fruita en el cas de
Lleida es pogués dur a terme amb la màxima garantia, un objectiu
compartit per tots i que hem vist com s’ha pogut posar en pràctica
durant els últims mesos. Per això, a Catalunya de seguida es van donar a
conèixer les recomanacions d’actuació davant del risc de COVID-19.
Per a les activitats i empreses ramaderes es va crear un protocol
d’actuació i es van assignar recursos extraordinaris, de manera que
quan va començar la campanya a inicis maig, aquestes recomanacions ja
eren compartides i estaven funcionant, ja havien passat a la pràctica, no
així les recomanacions per protegir als temporers, que van arribar del
Ministeri d’Agricultura el dia 3 d’agost, quan a Lleida
portàvem cinc mesos de campanya agrària. Semblava una broma de mal gust.
No sabíem si eren unes recomanacions per a la campanya agrària de
l’any 2020 o de l’any 2021.


Com potser saben, la campanya s’inicia amb
l’aclarida i després acaba amb l’entrada la cambra
frigorífica de les diferents varietats. Amb l’actual crisi
sanitària era molt important donar les màximes garanties sanitàries a tot
el procés, i si l’acollida dels temporers és sempre un repte
important, en aquest cas calia garantir la seguretat sanitària de tots
els treballadors i treballadores, i per això ha calgut la implicació de
les explotacions agrícoles, de les empreses, de tots els serveis que
formen tota la xarxa de la cadena alimentària, dels serveis de salut i
també dels ajuntaments, amb els seus recursos limitats, així com des de
la perspectiva de la feina i dels assumptes socials, tot això per
combatre situacions de precarietat i també dels sense sostre.


Com els deia fa una estona, per a nosaltres, aquest
debat sobre la qualitat de vida dels temporers no té sentit si no ataquem
l’arrel de fons. Mentre tinguem ciutadans i ciutadanes al país que
per la seva situació d’irregularitat administrativa no puguin
exercir ni gaudir plenament de tots els seus drets, el que fem és dirigir
la mà d’obra, dirigir totes aquestes persones cap a
l’economia submergida. Per tant, no podem sinó condemnar la
precarietat a la qual es veuen abocades totes aquestes persones i
denunciar un cop més una Llei d’estrangeria que tracta a les
persones com si fossin una mercaderia d’intercanvi. Com també hem
dit moltes vegades en aquesta Cambra, cal derogar d’una vegada per
totes la Llei d’estrangeria i promoure una llei de mobilitat humana
que garanteixi un tracte just per a tothom. Ho hem expressat en
reiterades ocasions, la Llei d’estrangeria restringeix i condiciona
la possibilitat d’una vida i d’un treball digne, i quan ho
permet, les persones migrants es troben exposades a majors índexs de
desocupació, de precarietat, de bretxa salarial, amb treballs
precaritzats i racialitzats, on les dones sempre tenen les de perdre, i
on en moltes ocasions es veuen afectades per condicions
d’explotació.


Per tant, tot i que bé nosaltres hauríem estat molt
més ambicioses, donarem el nostre suport a aquesta moció, a aquesta
proposta, que, malgrat tot, se suma a la demanda de garantir la
regularització de les persones temporeres.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


En un contexto de pandemia y de emergencia
sanitaria hay que proteger la salud de todas las personas que intervienen
en una actividad esencial como es la producción de alimentos. Hay que
proteger a las personas que intervienen, no ya en la producción, sino
también en la manipulación y el transporte de la materia prima y
elaborada, es decir, a todos aquellos que intervienen desde la finca
hasta la agroindustria. Al mismo tiempo, como se ha demostrado durante la
crisis de la COVID-19, el sector agrícola y ganadero es un sector
especial para el abastecimiento de alimentos, para garantizar la
producción en cantidad, en calidad y en seguridad de los mismos. Es
esencial para asegurar el abastecimiento de la población y del conjunto
de las industrias agrarias, que tienen que funcionar, aunque la COVID
haya sido realmente un desafío en la campaña de este año.


Para dar cumplimiento a todos estos requisitos era
preciso garantizar que la campaña de recolección de fruta en el caso de
Lérida se pudiera llevar a cabo con la máxima garantía, un objetivo
compartido por todos y que hemos visto cómo se ha podido poner en
práctica durante los últimos meses. Por eso, en Cataluña rápidamente se
dieron a conocer las recomendaciones de actuación frente al riesgo de
COVID-19. Para las actividades y empresas ganaderas se creó un protocolo
de actuación y se asignaron recursos extraordinarios, de manera que
cuando empezó la campaña en mayo, estas recomendaciones ya eran
compartidas y estaban funcionando, ya habían pasado a la práctica, no así
las recomendaciones para proteger a los temporeros, que llegaron del
Ministerio de Agricultura el 3 de agosto, cuando en Lérida llevábamos
cinco meses de campaña agraria. Parecía una broma de mal gusto. No
sabíamos si era una recomendación para la campaña agraria de 2020 o
de 2021.


Como tal vez sepan, la campaña se inicia con la
recogida y después acaba en la cámara frigorífica de las distintas
variedades. Era muy importante, en este caso, dar las máximas garantías
sanitarias en todo el proceso, y si la recogida de los temporeros es
siempre un reto importante, en este caso era preciso también garantizar
la seguridad sanitaria de todos los trabajadores y trabajadoras, con lo
cual, se ha necesitado la implicación de las empresas, de todos los
servicios que forman parte de la cadena alimentaria, de los servicios de
salud y también de los ayuntamientos, con sus recursos limitados, así
como desde la perspectiva del trabajo y de los asuntos sociales, todo
ello para combatir situaciones de precariedad y también de los
sintecho.


Como les decía hace un rato, para nosotros, este
debate sobre la calidad de vida de los temporeros no tiene sentido si no
atacamos la raíz de fondo. Mientras tengamos ciudadanos y ciudadanas en
el país que por su situación de irregularidad administrativa no puedan
ejercer ni gozar plenamente de todos sus derechos, lo que hacemos es
dirigir la mano de obra, dirigir a todas estas personas hacia la economía
sumergida. Por consiguiente, no podemos sino condenar la precariedad a la
que se ven abocadas todas estas personas y denunciar una vez más una Ley
de extranjería que trata a las personas como si fueran una mercancía de
intercambio. Como también se ha dicho muchas veces en esta Cámara, hay
que derogar de una vez por todas la Ley de extranjería y promover una ley
de movilidad humana que garantice un trato justo para todos. Lo hemos
expresado en reiteradas ocasiones, la Ley de extranjería restringe y
condiciona la posibilidad de una vida y de un trabajo digno, y cuando lo
permite, las personas migrantes se encuentran expuestas a mayores índices
de desocupación, de precariedad, de brecha salarial, con trabajos
precarizados y racializados, donde las mujeres tienen las de perder, y
donde en muchas ocasiones se ven afectadas por condiciones de
explotación.


Por lo tanto, si bien nosotros habríamos sido mucho
más ambiciosos, vamos a dar nuestro apoyo a esta moción, a esta
propuesta, que, a pesar de todo, se suma a la demanda de garantizar la
regularización de las personas temporeras.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senadora Bailac.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Rodríguez Comendador.


El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor
presidente, muchas gracias.


Señorías, senadora González Modino, con todo el
cariño y todo el afecto, la película de Mario Camus sobre los Santos
Inocentes, del año 1984, que refleja la España de los años sesenta, no es
comparable a la España de 2020. ¡Por favor, señora González, no me diga
usted eso! ¿Usted sabe cuál es la explotación media por hectárea de los
agricultores almerienses por familia? Dos hectáreas. ¿Usted cree que el
señorito agricultor de Almería va a caballo por sus dos hectáreas de
invernadero humillando a los trabajadores? ¡Por favor, señora González
Modino, estamos en el siglo XXI, estamos en 2020, estamos en la
agricultura más importante del mundo, la despensa de Europa, que es
Almería, con una calidad extraordinaria de sus productos, y se controla
absolutamente todo!


La agricultura de invernadero solo ocupa el 1 % de
la superficie útil agraria de las explotaciones, aunque, lógicamente,
aporta un dinamismo extraordinario. Es una riqueza importantísima. El año
pasado exportó mercancías, frutas y hortalizas por encima de los 3000
millones de euros. Lógicamente, esa riqueza se reparte entre miles y
miles de agricultores, porque, como le digo, la explotación media es de
dos hectáreas por familia en Almería. Por lo tanto, es un sector
estratégico para la sociedad, que ha estado aportando alimentos, que ha
estado trabajando durante la pandemia de una manera fundamental e
importante, cubriendo las necesidades de los mercados y cubriendo las
necesidades de los españoles en frutas y hortalizas
fundamentalmente.


Prácticamente la mitad de la mano de obra generada
en el sector agrario andaluz es de carácter familiar, no asalariada. En
este sentido, es una importantísima fuente de empleo para trabajadores
extranjeros. En el año 2017, el Servicio Andaluz de Empleo comprobó que
el 25 % de los contratos formalizados en el sector agrario fueron
firmados por extranjeros; en torno al 15 % los no pertenecientes a la
Unión Europea, y el 10 % restante de países comunitarios. Trabajadores
fijos; fijos, señora González Modino.


En relación con la contratación de dicho personal,
la generalidad es que todo el sector agrario —puede haber
excepciones, evidentemente; en la vida siempre hay garbanzos negros en un
cocido—, los agricultores cumplen escrupulosamente la normativa
laboral española y se adaptan los convenios del campo a las subidas del
salario mínimo interprofesional. Concretamente, este año han subido
el 5,5 %, que se suma al incremento del año pasado, que fue del 22,3 %
Señora González. Por favor, puede haber, como he dicho, y habrá
seguramente —como ha habido, habrá y seguirá habiendo—
garbanzos negros y gente que maltrate a los trabajadores, pero la inmensa
mayoría, la gran mayoría de los agricultores andaluces son gente honrada,
profesional, con las manos llenas de callos por trabajar en su tierra al
mismo ritmo que sus trabajadores. No podemos hacer de una excepción la
regla, señora González; no podemos criminalizar lo que nos da de comer;
no podemos morder la mano que nos está dando de comer permanentemente.
(Aplausos). Y, por supuesto, yo soy partidario —lo mismo que mi
grupo y que cualquier hombre o mujer de bien—, de que, lógicamente,
el peso de la ley caiga sobre aquellos empresarios que tengan o mantengan
una actividad irregular. ¡Por supuesto que sí, faltaría más!, pero no
hagamos de la excepción la norma ni la regla. Los contratos en origen,
señoría, están regulados por la normativa establecida por el ministerio
con competencias, de Empleo, y por el Servicio Andaluz de Salud, y usted
sabe que hay obligatoriedad de ofrecer vivienda durante el tiempo del
contrato, y se asumen además los costes del viaje de ida y vuelta de
aquellos trabajadores con contratos en origen. Y estos trabajadores no
son exclusivos del sector agroalimentario, sino que también están
disponibles para cualquier actividad laboral que se realiza en nuestro
país.


Señoría, en cuanto a la interlocución en Andalucía,
existe el Foro Andaluz de la Inmigración, que usted sabe que funciona por
un decreto del año 2001. Además, las administraciones públicas tienen y
conocen los programas y las actividades que se llevan a cabo por todas
las administraciones competentes para promover estudios e investigaciones
sobre la integración social de los inmigrantes de origen extranjero y
para presentar propuestas sobre políticas de integración social.


Yo, señoría, estoy de acuerdo con muchas de las
cosas que usted dice, pero, desde luego, en esta ocasión no puedo votar a
favor por las cuestiones y los argumentos que le he expuesto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez):
Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Huelva.


El señor HUELVA BETANZOS: Buenas tardes ya, señor
presidente.


Señorías, es fundamental que cuando un servidor
público piensa en solucionar los problemas de los demás, tenga en mente
los problemas no solo de un cierto colectivo, sino también de toda la
sociedad en su conjunto. Pero, claro, esto te lo da la experiencia de
Gobierno: saber que los recursos son finitos, ser realista con las
posibilidades y, sobre todo, tener lealtad, tener altura de miras y
sentido de Estado, sentido de Estado con las personas, tanto cuando se
está en el Gobierno, como cuando se está en la oposición.


Señorías, el Partido Socialista ha tenido sentido
de Estado cuando estaba en la oposición, llegando a acuerdos y tendiendo
la mano, y ahora convendría que los patriotas de la derecha también lo
tuviesen, no por ayudar a los ilegítimos, que eso no lo vamos a tener
nunca, sino por ayudar a aquellos que legítimamente se levantan todos los
días con la incertidumbre que en estos tiempos nos aborda.


El Partido Socialista, y este grupo que lo
sustenta, a lo largo de los años se ha caracterizado por velar todos y
cada uno de los días por la gente, sobre todo por aquellas personas que
más lo necesitan, que más necesitan de los demás y más necesitan de
nosotros; por velar por la humanidad, por el bienestar social, por una
sanidad y una educación pública y de calidad, sin pensar en los
resultados, como últimamente se está viendo en los territorios donde
gobierna la derecha, entre otros, por ejemplo, Andalucía; por velar por
los derechos humanos y por el trabajo digno y la dignidad de las personas
en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad.


Señora González, nos hubiera gustado que esta
moción no se hubiese circunscrito a ningún territorio concreto, sino que
hubiera sido un poco más genérica. Creemos que no hay que cargar las
tintas contra nadie ni en ningún sector, máxime cuando la mayoría de ese
sector hace las cosas bien, cumple con toda la legislación y lo único que
hace es trabajar para llenar nuestro frigorífico y las despensas a
diario, como han hecho durante esta pandemia. Hay que bajar a la política
cercana, en la que nunca queremos ver que hay diferencia entre lo que
hace la derecha y lo que hace la izquierda. Hay que estar a pie de calle,
ayudando a aquellos que lo necesitan de verdad. No es más de izquierdas
el que tiene la bandera más roja; lo son aquellas personas que día a día
se preocupan por quitar precariedad de, por ejemplo, los asentamientos,
como han hecho y siguen haciendo los alcaldes y alcaldesas socialistas,
en contra de lo que hacen los alcaldes y alcaldesas de derechas.
(Aplausos). Gente que pone la política al servicio de las personas y no
las personas al servicio de la política. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). Bienvenida a esa realidad, señora González. En mi tierra y
en la suya, a eso se le llama una cura de Gobierno. A nosotros nos parece
bien todo aquel o aquella que venga a ayudar, el relator también, pero no
los necesitamos para conocer la realidad de nuestro país y de nuestra
tierra y les ruego a todos que no usen eso para desprestigiarnos, porque
si lo hacen, nos van a encontrar enfrente con toda la maquinaria en
marcha.


Señor Rodríguez Comendador, usted dice aquí que el
PP apuesta por la migración regular. ¡Faltaría más que no apostara por la
migración regular! Pero no dice aquí que siempre que gobierna el PP, en
el Gobierno de España, en la Junta de Andalucía ahora o en los
ayuntamientos, en lo que respecta a la inmigración irregular siempre mira
para otro lado y no baja nunca al territorio para arreglar lo que se
tiene que arreglar; nunca se mira así.


Con todo el cariño y todo el respeto, señor
Rodríguez Comendador, como usted dice, estamos encantados de que a usted
le guste la subida del salario mínimo interprofesional que ha hecho el
Gobierno de España. (Aplausos).


Señora Ponce, usted pregunta dónde estaba el
Gobierno de España con las 7200 marroquíes, y ya le ha respondido el
Gobierno de España a usted a una pregunta que hizo. No sé si sabe o no
dónde estaba el Gobierno de España. Aquí estaba el Gobierno de España, al
lado de los empresarios, de los agricultores y de las personas que
estaban aquí. (El señor Huelva Betanzos muestra un papel.—
Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando,
señoría.


El señor HUELVA BETANZOS: Termino ya,
presidenta.


Yo y el Grupo Parlamentario Socialista, señorías de
la bancada patriota, les decimos sin acritud ninguna —ustedes
cójanlo como quieran— que la gente que nos mira, la gente que lo
está pasando mal, la gente que tiene problemas para llegar a final de mes
quieren que nos pongamos de acuerdo y que vosotros apoyéis los
Presupuestos Generales del Estado por la gente y por lo público en
general. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación procedemos a la votación telemática
de los siguientes asuntos: moción por la que se insta al Gobierno al
impulso de una estrategia por la dignidad de los temporeros y temporeras
de Andalucía ante su situación de emergencia vital, con las enmiendas
presentadas números 2 y 3 del escrito 52 974, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-EH Bildu y la enmienda del Grupo Socialista del
escrito 52 978; y moción por la que se insta al Gobierno a no congelar
las pensiones ni los sueldos de los funcionarios en los próximos
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que se votará en sus
propios términos.


Les recuerdo que los resultados de la votación de
estas dos iniciativas serán comunicados a sus señorías, publicados en la
página web del Senado y proclamados al inicio de la próxima sesión
plenaria.


Se abre la votación telemática en este momento, que
son las dieciséis horas y dieciocho minutos, hasta las dieciocho horas y
dieciocho minutos.









DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS
Y NIÑOS, CELEBRADO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE.


630/000005

GPS
GPP
GPERB
GPV
GPCs
GPIC
GPN
GPMX


La señora PRESIDENTA: Igualmente, señorías, se pone
en su conocimiento que los grupos parlamentarios han presentado una
declaración institucional y el secretario primero de la Mesa procede a su
lectura.


Senador Fajardo, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO (Fajardo Palarea): Con la
venia, señoría.


Declaración institucional del Senado. Manifiesto
Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres,
niñas y niños.


El Día internacional contra la explotación sexual y
el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemora cada 23 de
septiembre, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la coalición
contra el tráfico de personas en coordinación con la Conferencia de
mujeres, que tuvo lugar en Dhaka en 1999.


La explotación sexual y el tráfico de mujeres,
niñas y niños es una manifestación extrema de la desigualdad y violencia
contra las mujeres y de su pobreza en nuestra sociedad. Según datos de
Naciones Unidas y de la Unión Europea, las mujeres y las niñas
representan el 71 % de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo
y el 80 % de las identificadas en Europa occidental; el 95 % de ellas
acaban siendo explotadas para la prostitución. La explotación sexual es
la forma más común de explotación; supone el 59 %, seguida del trabajo
forzado, que representa el 34 %.


En concordancia con el artículo 6 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, ratificado por España en 1986, los Estados Parte habrán de tomar
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la
prostitución de la mujer.


En efecto, la explotación sexual de mujeres y
menores es una vulneración de derechos humanos ante la que solo cabe
mostrar nuestro más profundo rechazo y nuestro compromiso de trabajar
para su erradicación. Una sociedad que aspire a la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres no puede consentir que se comercie con mujeres,
niñas y niños. Para la erradicación de la explotación sexual necesitamos
del compromiso y el trabajo conjunto de todas las administraciones e
instituciones públicas. Para la Unión Europea, la lucha contra la
impunidad de los usuarios, los explotadores y los que se lucran con ello
es una prioridad y los intereses de las mujeres y las niñas víctimas de
trata deben ocupar un lugar central en el desarrollo de las políticas
públicas.


Por todo ello, el Senado, a través de su dimensión
territorial, quiere aprovechar esta conmemoración para reconocer
públicamente el trabajo que desde hace años realizan las organizaciones
del tercer sector en toda España en la atención a las víctimas de trata.
El trabajo que realizan es clave para que las víctimas de trata tengan
acceso a la justicia, a la salud y a la protección social. Y de manera
específica, el trabajo de las ONG ha sido vital para muchas mujeres
durante los momentos más duros de la pandemia.


El Senado, concernido por la grave vulneración de
derechos humanos que supone la explotación sexual, muestra su compromiso
para trabajar en acuerdos que ofrezcan una respuesta legal, eficaz,
coordinada y dotada presupuestariamente para las mujeres que están siendo
explotadas sexualmente. Resulta urgente perseguir las redes y las mafias
que se lucran explotando a las mujeres, niñas y niños. Debemos proteger y
asistir a las víctimas, garantizar la dignidad de las mujeres e impulsar
espacios de cooperación con los países de origen.


Finalmente, el Senado hace un llamamiento a la
ciudadanía, especialmente a los hombres, para que muestren su más
absoluto rechazo contra la explotación sexual, ya que supone una
vulneración de derechos humanos para mujeres, niñas y niños y es la
esclavitud del siglo XXI. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


¿Aprueban los grupos parlamentarios esta
declaración institucional por asentimiento? (Asentimiento).


Se entiende, por lo tanto, aprobada.


Procedo a proclamar, a continuación, los resultados
de las votaciones telemáticas.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




DICTÁMENES DE COMISIÓN





RENOVACIÓN DE LA RESERVA FORMULADA POR
ESPAÑA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN. (Votación).


610/000002

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 259; a
favor, 243; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE
FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN
RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO 'AD REFERENDUM' EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE
MARZO DE 2019. (Votación).


610/000003

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.2.


La señora PRESIDENTA: Votamos la propuesta de
no ratificación número 1, de los senadores González-Robatto Perote, Marín
Gascón y Merelo Palomares.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 5;
en contra, 146; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.


Votamos la autorización del acuerdo.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 144; en contra, 97; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL
24 DE JUNIO DE 1986. (Votación).


610/000004

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.3.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 242; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS PARA LA DONACIÓN IRREVOCABLE DE LA PROPIEDAD DEL GRAN
TEATRO CERVANTES DE TÁNGER, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE 2019.
(Votación).


610/000005

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.4.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 231; en contra, 9; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000006

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.5.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 241; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO
EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000007

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.6.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 257; a
favor, 242; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000008

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.7.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 243; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA
EL 18 DE MARZO DE 1970. (Votación).


610/000009

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.8.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 243; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010. (Votación).


610/000010

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.9.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 233; abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE
2010. (Votación).


610/000011

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.10.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 235; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizada.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BAKÚ EL 23 DE ABRIL DE 2014.
(Votación).


610/000012

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.11.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 243; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS, HECHO EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA EL 25 DE MARZO DE 2015. (Votación).


610/000013

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.12.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 243; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA,
HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. (Votación).


610/000014

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.13.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 243; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. (Votación).


610/000015

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.14.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 257; a
favor, 242; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO,
HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017. (Votación).


610/000016

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.15.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 243; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA,
HECHO EN TOKIO EL 17 DE JULIO DE 2018. (Votación).


610/000017

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.16.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a
favor, 240; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DEL
CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR. (Votación).


610/000018

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.17.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos temáticos autorizados: 263; emitidos: 258; a favor 243;
abstenciones 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MONTREAL EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. (Votación).


610/000019

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.18.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos telemáticos autorizados, 263; emitidos, 257; a
favor, 242; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.









ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, HECHO EN MADRID EL 20 DE
DICIEMBRE DE 2018. (Votación).


610/000020

Asuntos Exteriores


La señora presidenta lee el punto 8.1.19.


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos temáticos autorizados, 263; emitidos, 258; a favor, 243;
abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
autorizado.


Señorías, sin otros asuntos que tratar en el
orden del día, se levanta la sesión.


Muchas gracias.


Eran las dieciséis horas y treinta y cinco
minutos.