La señora PRESIDENTA: El primer punto del orden del
día es la ratificación de la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de
protección de datos personales tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.

De acuerdo con lo que se decidió en la Mesa del 11
de febrero del 2020, procede ratificar la ponencia de este proyecto de
ley, con la siguiente composición: 3 ponentes del Grupo Parlamentario
Socialista; 2 ponentes del Grupo Parlamentario Popular y un ponente por
cada uno del resto de los grupos parlamentarios. Por tanto, los ponentes
son: doña Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, del Grupo Parlamentario
Vasco; don Francisco Cañizares Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular;
don Xavier Castellana Gamisans, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del
Grupo Parlamentario Nacionalista; doña Paloma Hernández Cerezo, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Joseba Koldobika Martínez
Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal;
don Fernando Martínez-Maíllo Toribio , del Grupo Parlamentario Popular;
doña Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María
Ponce Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; don Artemi Vicent
Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista. Me he saltado a mi
querida amiga y compañera Nieves Hernández Espinal, por el Grupo
Parlamentario Socialista. Perdón, senadora, antes me saltaba a la
compañera del Grupo Parlamentario Vasco, pero ya me he aprendido que no
pueden ser. (Risas).

¿Está de acuerdo la comisión con los ponentes
designados? (Asentimiento).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al Dictamen del
Proyecto de Ley Orgánica motivo de esta comisión.

A este proyecto de ley se han presentado setenta y
seis enmiendas. La ponencia designada en relación con este proyecto de
ley orgánica ha emitido informe, acordando por mayoría, con la abstención
de la representante del Grupo Parlamentario Mixto, mantener el texto de
dicho proyecto en los mismos términos en que ha sido remitido a esta
Cámara por el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de haber efectuado
determinadas correcciones por errores técnicos o de índole gramatical
detectados en el referido texto.

A continuación, abrimos el turno para la defensa de
las enmiendas. Me han pedido miembros de otros grupos y del mío también
que, como están en distintas ponencias o comisiones, si no nos importa,
que dejásemos todas las votaciones para el final de la comisión; es
decir, debatimos las enmiendas, seguimos el debate y dejamos las
votaciones para el final de la sesión de la mañana, puesto que esta tarde
continuamos con la comisión. ¿Están de acuerdo? (Pausa).

Entonces, votaremos al final de la sesión de la
comisión celebrada por la mañana.

Abrimos el turno para la defensa de las enmiendas.
Vamos a dar 2 minutos por cada enmienda, con un máximo de 10 minutos. Por
tanto, aquellos grupos que tengan en la suma menos de 10 minutos,
tendrán 2 minutos por enmienda y los que tengan más tienen un máximo
de 10 minutos para su defensa.

Empezamos con las enmiendas 9 a 15, del señor
González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Marín
Gascón, del Grupo Parlamentario Mixto, y de la señora Merelo Palomares,
del Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de las enmiendas, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares por diez minutos.

La señora MERELO PALOMARES: Muchas gracias, señora
presidenta. Muy buenas tardes a todos.

Señorías, una vez más, la ineficacia de la clase
política tradicional es sufrida por todos los ciudadanos. La trasposición
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 se suma a la larga lista de incumplimientos por parte de este y
del anterior Gobierno que, por no hacer su trabajo, nos cuesta millones
de euros cada año; millones de euros que, por cierto, no salen del
bolsillo de los miembros de los gobiernos populares o socialistas, que
incumplen sus obligaciones de trasponer las directivas europeas a tiempo,
sino que esos errores, fruto de la desidia y la ineptitud política, han
de pagarlos los españoles, a pesar de que su responsabilidad al respecto
es nula.

La trasposición de esta directiva llega tarde; de
hecho, el plazo para su trasposición expiró nada más y nada menos que
el 6 de mayo de 2018. Consecuencia lógica de ello, se inició el 4 de
septiembre de 2019, a instancias de la Comisión Europea, el procedimiento
contra el Gobierno de España. La Comisión consideró que el Estado español
no había adoptado las medidas nacionales de trasposición de la directiva
ni comunicado las mismas, pidiendo al tribunal tanto una multa coercitiva
por cada día de retraso como una multa a tanto alzado, y hasta aquí las
responsabilidades del Gobierno popular del señor Rajoy que, a pesar de
haber dispuesto de dos años para la trasposición, no lo hizo.

El 20 de julio de 2018, ya España bajo Gobierno
socialista, la Comisión elevó un escrito de requerimiento que no surtió
efecto alguno. En enero de 2019, la Comisión envió ya el dictamen
motivado para que se adoptaran medidas en dos meses; este plazo finalizó
el 25 de marzo. Dos días después, España contestó que el procedimiento
administrativo estaba en curso, que concluiría en el mes de julio del
año 2019 y que el Parlamento seguiría con el trámite, posiblemente para
finalizarlo en el mes de marzo del año 2020. Para justificar su
incumplimiento, el Gobierno alegó que el retraso en la trasposición se
derivaba esencialmente del contexto político particular y de la necesidad
de hacerlo mediante una ley orgánica. Por último, el 4 de septiembre del
año 2019 se inició, a instancias de la Comisión Europea, el
procedimiento.

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia
declara que España ha persistido en su incumplimiento y considera que la
condena al pago de una multa coercitiva constituye un medio apropiado
para garantizar que dicho Estado miembro ponga fin lo antes posible al
incumplimiento declarado. El Tribunal de Justicia precisa que dicha multa
coercitiva solo debe imponerse en la medida en que el incumplimiento
persista en la fecha en la que se dicte sentencia. En segundo lugar, el
Tribunal de Justicia subraya que el conjunto de elementos jurídicos y
fácticos que rodearon el incumplimiento declarado constituye un indicador
de que la prevención efectiva de la repetición futura de infracciones
análogas que afecten a la plena efectividad del derecho de la Unión
requiere adoptar una medida disuasoria como es la imposición de una suma
a tanto alzado. Habida cuenta de la gravedad y la duración de la
infracción, se condena a la suma a tanto alzado de 15 millones de euros
y, por persistir el incumplimiento declarado en la fecha en que se dicta
la sentencia, a una multa coercitiva diaria de 89 000 euros desde la
fecha de la sentencia hasta que se haya puesto fin al incumplimiento
declarado.

Llegados a este punto, a nuestra formación le
gustaría formularle al Gobierno, si bien estimamos que igualmente han de
darse por aludidos los señores del Partido Popular: ¿para qué les pagan
los ciudadanos? Pues sus nóminas se las ingresaron de igual modo a pesar
de no haber cumplido con su deber, un deber para el que tuvieron dos años
sin hacer nada, que se dice pronto. Ahora, con los tiempos que corren,
con miles de negocios cerrados o bien en quiebra, con 4 millones de
parados y 750 000 personas en ERTE, 15 millones se irán por el desagüe
porque a los Gobiernos de los señores Rajoy y Sánchez no les dio la gana
de cumplir con sus deberes y trabajar. Aunque las condenas a España por
incumplimientos en esta temática son bastante habituales, la presente
sentencia es la primera que dicta el Tribunal de Justicia con arreglo al
artículo 260, apartado 3, del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea, razón por la cual los dos tipos de sanciones económicas se
impondrán al mismo tiempo. Nunca hasta esta fecha se había impuesto una
sanción doble, mostrándose que la situación es cada vez peor. Se
desacredita a España y se desacredita a los españoles.

Y volviendo a la trasposición de esta directiva, no
solo llega tarde, es que además llega mal, porque se trata de un texto
inconexo, hecho con parches y con prisas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.

Para la defensa de las enmiendas 16 a 76, tiene la
palabra el señor Martínez Urionabarrenetxea, por un tiempo de diez
minutos.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.

Efectivamente, nosotros hemos presentado sesenta
enmiendas, entre otras cosas porque, efectivamente, somos conscientes de
la necesidad y también de la urgencia. No voy a entrar en los motivos por
los que es necesaria la urgencia, pero, en fin, la falta de acuerdos
entre los grupos políticos cuando se celebran elecciones trae estas
consecuencias. En otros sitios, aceptamos el resultado de las elecciones
e impulsamos gobiernos siempre pensando en que son los que la ciudadanía
vota y, por lo tanto, desea, y no convocamos nuevas elecciones. Estoy
hablando de comunidades autónomas, algo que se podía haber aprendido
también en el Estado.

Dicho esto, pensamos que gran parte del articulado
de esta ley, casi la mitad de la ley, recoge textos del Reglamento
general de protección de datos personales y de la Ley Orgánica 3/2018 y,
por lo tanto, no terminamos de entender por qué se repite en esta ley,
casi palabra por palabra, lo que viene recogido en estos dos textos que
he citado. Nos parece superfluo y no hace más que complicar el tema.

Por otro lado, aunque, efectivamente, es una ley
orgánica de protección de datos personales, la lectura que nosotros
hacemos —que no digo que no sea excesiva— nos conduce a
pensar que más que de protección de datos personales de la ciudadanía es
de protección de las autoridades judiciales, fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, frente a los derechos de las personas a que sus
datos sean tratados con el respeto y la confidencialidad que se merecen.
Creemos que, aprovechando que hay que hacer esta trasposición de la
directiva europea, se meten cuestiones que no tienen nada que ver con la
misma y que, insisto, van en detrimento de los derechos de las
personas.

Por otro lado, en el proyecto de ley se mezclan
infracciones penales con infracciones administrativas, cosa que no está
recogida en la directiva europea, y todo esto nos preocupa. Nos preocupa
que esta ley abre la mano —déjenme que lo diga un poco
brutalmente—, convierte nuestro Estado de derecho en un Estado
menos de derecho y en un Estado más policial y con menos derechos para
los ciudadanos y ciudadanas. Tanto es así, que hay algunos artículos que
creemos que van directamente en contra de lo que recoge el artículo 24.2
de la Constitución española, es decir, que nadie se vea obligado a
declarar en su contra.

Dicho esto, vamos a mantener casi todas las
enmiendas, aunque, de entrada, ya les digo que vamos a retirar las
números 16 y 17 porque, francamente, estábamos equivocados al
presentarlas. Pero el resto seguramente las mantendremos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

Para la defensa de las enmiendas 7 y 8, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la señora Beltrán de
Heredia Arroniz, por cuatro minutos.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidenta.

Efectivamente, la ley orgánica que hoy debatimos
traspone la Directiva 2016/680, de 27 de abril de 2016. Por tanto, se
trata de dar un paso más en cuanto a la protección de los datos
personales y a garantizar el derecho de todas las personas a conocer y
controlar su uso; un paso obligado que viene con bastante retraso en el
caso del Estado español. El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado dos
enmiendas dirigidas, precisamente, a profundizar en la preservación de
este derecho.

Enmienda número 7, al artículo 22, relativa al
derecho de acceso del interesado a sus datos personales. En este artículo
se establece el derecho de las personas a saber si sus datos están siendo
objeto de tratamiento y, en su caso, acceder a determinada información
sobre el tratamiento del que están siendo objeto. En este sentido, no se
ha tenido en cuenta el caso de que los datos sean objeto de tratamientos
automatizados, precisamente como consecuencia de la aplicación de la
inteligencia artificial; también para la elaboración de perfiles
policiales y/o sesgos determinados, que, por cierto, se recoge en el
Reglamento general de protección de datos personales 2016/69. Es por ello
que, para suplir esa carencia, proponemos la adición de un párrafo más,
la letra h), al apartado 1 del artículo 22, reconociendo el derecho a
conocer si los datos personales forman parte de algún proceso de
tratamiento automatizado de elaboración de perfiles y posibles
consecuencias. Además, proponemos una nueva redacción al apartado 2
porque consideramos que facilitar una copia de esos datos es fundamental
para la persona interesada y también para que pueda ejercer el derecho de
reclamación, rectificación o supresión.

La segunda enmienda, la número 8, es una enmienda
al artículo 36, que también va encaminada a dar una mayor protección a
las personas en lo que se refiere a la protección de datos personales.
Estamos ante un derecho fundamental y, como hemos señalado en la
justificación de esta enmienda, en el artículo 36, objeto de esta
enmienda, se regula la consulta a la autoridad de protección de datos en
supuestos en los que de la evaluación de impacto realizada se derive un
alto nivel de riesgo, o bien que por la naturaleza del tratamiento puedan
vulnerarse los derechos y libertades de las personas, estableciéndose un
plazo de seis semanas, prorrogables un mes más, para que la autoridad
emita un informe, estableciéndose silencio positivo en caso de
inactividad. A nuestro juicio, tal y como se explica en la justificación
de esta enmienda, no debiera optarse por este sentido del silencio,
puesto que la pasividad o el retraso que puede darse en la autoridad a la
hora de emitir un dictamen no puede convertirse en un aval para continuar
con un tratamiento cuya previa evaluación de impacto ha considerado de
alto nivel de riesgo.

Entendemos que estas dos enmiendas refuerzan el
derecho que toda persona tenemos a conocer y controlar el uso que se hace
de nuestros datos personales, sin por ello restar capacidades a las
investigaciones o poner en riesgo la seguridad pública, ya que, a fin de
cuentas, la propia autoridad pública competente tiene capacidad para
restringir los derechos de la persona interesada si estuvieran en riesgo
intereses públicos superiores.

Por eso, en el caso de que no sean aceptadas estas
dos enmiendas vamos a mantenerlas, pero espero que finalmente puedan ser
incorporadas en el procedimiento de tramitación de esta ley. Hasta el
final, no vamos a abandonar nuestra esperanza de que sean incluidas en el
texto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Beltrán.

Por último, para la defensa de las enmiendas 1 a 6,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador
Cañizares.

El señor CAÑIZARES JIMÉNEZ: Gracias, señora
presidenta.

Quiero adelantarles que, en todo caso, este grupo
parlamentario presentará voto particular para el tratamiento de estas
enmiendas en el próximo Pleno. Como bien decía, son seis enmiendas al
dictamen de esta ley orgánica, que en su parte esencial se corresponde
con el borrador que se dejó elaborado por parte del anterior Gobierno del
Partido Popular, allá por mayo del año 2018, y que, efectivamente, supone
la trasposición de una directiva europea que nos urge ya. Nos urgía
hacerlo ya entonces y tres años después nos urge mucho más.

Nuestras seis enmiendas se circunscriben a las
disposiciones finales que aparecen en el texto que estamos debatiendo,
por dos motivos distintos. La primera y la segunda se deben a que se han
incluido en el trámite en el Congreso de los Diputados dos disposiciones
finales, la segunda y la tercera, que afectan a cambios normativos de
profundidad de la Ley del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Esto se hace en una tramitación que, como
todos hemos referido, va con retraso, pero se trata de una ley orgánica e
introducir modificaciones tan importantes en trámite de enmiendas en el
Congreso de los Diputados, careciendo estas de los preceptivos informes
de los organismos que deberían haber conocido de la modificación de estas
dos leyes orgánicas tan importantes como la del ministerio público y la
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos anima a que se reflexione
sobre ese extremo y se produzca la retirada de esas dos disposiciones
finales que aparecen en este texto y que no aparecían en el remitido por
el Gobierno al Congreso de los Diputados.

Y les voy a hacer especial hincapié en la
disposición final segunda, donde se han introducido elementos que nos
llaman poderosísimamente la atención en lo negativo. Por ejemplo, cuando
se modifica el punto dos, en el que se modifica el artículo 20,
incluyendo un nuevo apartado cuatro, con la siguiente redacción. Dice el
segundo párrafo: «Al frente de la Unidad de Supervisión y Control de
Protección de Datos se nombrará por mayoría absoluta del Peno del Consejo
Fiscal una persona titular de la unidad, de entre juristas de reconocida
competencia con al menos quince años de ejercicio profesional y con
conocimientos y experiencia acreditados en materia de protección de
datos». Es decir, se introduce la posibilidad evidente de que quien
dirija esta unidad no sea miembro del ministerio público. Y este es un
tema que, sin duda, merecería una reflexión, dado que estamos hablando de
cuestiones de importancia como la protección de derechos fundamentales,
como es esta de la protección de datos. El ministerio público goza del
prestigio suficiente para que sea uno de sus miembros quien encabece esta
unidad. Y, sin duda, lo que no nos parece procedente es que esto se haya
introducido vía enmienda por parte del Grupo Socialista en el Congreso de
los Diputados.

Las otras cuatro enmiendas, de la 3 a la 6, son
relativas a disposiciones finales que sí aparecían en el texto remitido
al Congreso de los Diputados, pero sin duda, en la percepción de este
grupo parlamentario, no con un interés claro y evidente por la
trasposición de la disposición de la Unión Europea, sino de solucionar
otros problemas de otras normas importantes de nuestro ordenamiento. No
consideramos procedente que en esta ley orgánica se introduzca la
modificación de la Ley de tráfico, o de la seguridad privada, o contra la
violencia, la intolerancia, la xenofobia y el racismo en el deporte. Son
temas importantes que nosotros entendemos que no tienen lugar en esta ley
orgánica, que trata de una trasposición que nada tiene que ver con los
incluidos en este proyecto de ley que se ha traído a esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor
Cañizares.

Una vez debatidas las enmiendas, ¿alguien quiere
hacer uso del turno en contra? (La señora Hernández Cerezo pide la
palabra).

Tiene la palabra la senadora Hernández Cerezo.

La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, señora
presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer
el trabajo realizado por los diferentes grupos, con el total de setenta y
seis enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley Orgánica de protección
de datos personales tratados para fines de prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de
sanciones penales.

Es un proyecto de ley que viene del Congreso con
cierta urgencia, como ya se ha recalcado, porque vamos tarde en la
trasposición de la directiva a nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto
ya fue ampliamente debatido en el Congreso de los Diputados y se alcanzó
un alto nivel de consenso. Por tanto, se trata de que ahora en el Senado,
como así lo entendemos en el Grupo Socialista, consigamos ampliar ese
consenso a otros grupos presentes en esta Cámara, pero manteniendo el
espíritu que dio al proyecto.

Hemos comprobado que algunas de las enmiendas
presentadas son reiteración de debates que ya quedaron superados en el
Congreso; debates que se razonaron con argumentos técnicos de por qué no
procedía su inclusión, en muchos casos por no respetar precisamente la
trasposición de la directiva, sino que la alteraban considerablemente. Es
el caso de las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco,
que ya se debatieron y vuelven a estar presentadas aquí. Ustedes
plantean, señorías, que en el artículo 22 se añada el apartado h) y se dé
una nueva redacción al apartado número 2. Pero, miren, es que el fin de
la directiva es precisamente la protección de los datos del interesado,
ya que se está manejando información muy delicada y sensible de carácter
policial o judicial, y el contenido que se puede facilitar está
sensiblemente valorado para no perjudicar las investigaciones. Además, la
ampliación que pretenden hacer ustedes con la enmienda no ha lugar,
puesto que los métodos, técnicas y protocolos de actuación empleados por
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ningún caso tienen
carácter público, y dar acceso al interesado sobre la existencia o no de
decisiones automatizadas e informarles sobre la lógica de las mismas
supone mostrar, precisamente, procedimientos internos de actuación e
investigación, con el consiguiente riesgo de que puedan ser mal
utilizados. Precisamente, la garantía para los interesados en lo que se
refiere a la existencia de decisiones automatizadas ya viene recogida en
el artículo 14 de esta ley. En estos casos, las autoridades de protección
de datos vigilarán por el funcionamiento de estos sistemas automatizados
y son las propias autoridades, como la agencia española o la agencia
autonómica, en este caso la vasca, por ejemplos, las que recomiendan no
facilitar información sobre la lógica que se aplica por motivos de
seguridad.

En cuanto a la segunda enmienda que ustedes
plantean, la modificación del artículo 36, ustedes entienden que, en caso
de que la autoridad de protección de datos no emita el informe requerido
en su plazo correspondiente, el procedimiento debe pararse y el silencio
debe considerarse negativo en esas circunstancias. Pero es que en el
Grupo Socialista entendemos que lo garantista es el propio
artículo 36 tal y como se ha traspuesto de la directiva: que en caso de
que no se emita un informe por parte de la agencia de protección de
datos, bien la estatal, bien la autonómica, al ser un trámite preceptivo
de consulta debe seguirse la Ley de procedimiento administrativo común,
la Ley 39/2015, y así lo recomienda el propio Consejo de Estado en su
dictamen. Por tanto, en caso de que la agencia no conteste, se amplía a
su vez el plazo y, en el muy hipotético caso de que siga sin contestar,
se continuaría con el procedimiento para dar la garantía al mismo. El
objetivo no es otro, señorías, que el que haya una respuesta expresa a la
consulta, evitándose que la autoridad consultada quede bloqueada en su
actuación y se paralice el procedimiento. De hecho, la garantía para el
ciudadano consiste en que la autoridad de protección de datos pueda
exigir que se adopten las medidas y las garantías que considere
necesarias y en cualquier momento del proceso. Esa es la valoración que
hacemos en el Grupo Socialista de las enmiendas del Grupo Vasco.

Por otro lado, el proyecto de ley debía contemplar,
a su vez, la trasposición de la norma en lo referente a incluir datos
jurisdiccionales penales —en referencia a lo que comentaba el
senador por el Partido Popular— y, por ello, es necesaria la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal. Por tanto, las disposiciones finales
segunda y tercera recogen modificaciones obligatorias, ineludibles y
necesarias para poder hacer precisamente una trasposición total de la
directiva y no parcial, de manera que las diferentes autoridades
competentes dentro de esta ley estén también adaptadas a la protección de
datos para estos fines. Si las suprimimos, como ustedes proponen,
señorías del Grupo Popular, corremos el riesgo de cometer una nueva
infracción e incurrir en otro procedimiento sancionador por no trasponer
completamente la directiva.

Tampoco entendemos en el Grupo Socialista las
enmiendas sobre las disposiciones finales para suprimir que el proyecto
de ley contemple otras modificaciones normativas que mejoran, a su vez,
otras leyes. Porque lo que pretenden es adaptarlas cuanto antes a
necesidades actuales y sintonizarlas con las medidas que conciernen a la
protección de datos, como son las matrículas reservadas de la disposición
final octava o el ámbito penitenciario.

Hay enmiendas de otros grupos que recogen aspectos
que suponen introducir elementos que ya contempla el Reglamento general
de protección de datos, lo que supone confundir y mezclar distintos
ámbitos para los que la Unión Europea ha previsto regulaciones
diferentes: por un lado, está la directiva para estos fines y, por otro
lado, está el reglamento.

Me gustaría aclarar las enmiendas de Izquierda
Confederal sobre el lenguaje inclusivo, porque entendemos que no deben
ser consideradas como tal. Hacen referencia a definiciones que ya se
recogen en el artículo 5 del proyecto de ley, donde el responsable no
tiene género, no es una persona física, sino que es la entidad u
organización que decide sobre este tratamiento, y nos gustaría dejarlo
claro.

Y sobre las otras enmiendas, entendemos que no
mejoran el cuerpo del proyecto de ley y muestran un gran desconocimiento
del espíritu de la ley y de algunos conceptos propios de la norma
jurídica. No se trata de crear un Estado policial, ni de desproteger al
ciudadano investigado, sino todo lo contrario, impone más obligaciones y
un mayor control a los responsables del tratamiento. El fin es ofrecer
las máximas garantías jurídicas en un tema tan sensible como el
tratamiento de datos penales con estos fines.

Para terminar, señorías, entendemos que el
contenido de la directiva está perfectamente medido y valorado para no
perjudicar la investigación, ni los derechos de los ciudadanos
implicados, ni el derecho a la seguridad. La ley asume la finalidad de
lograr un elevado nivel de protección de los derechos de la ciudadanía y
de los datos personales, que sea homologable al del resto de los Estados
miembros. En el Grupo Socialista entendemos que el proyecto de ley que
estamos debatiendo responde con máximas garantías a la trasposición de la
directiva, siendo urgente su aprobación por esta Cámara y, por ello, no
vamos a admitir ninguna de las enmiendas propuestas y vamos a mantener el
texto en su forma actual.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Hernández,
Hernández Cerezo, porque la otra senadora del Grupo Socialista también es
Hernández.

Una vez terminado el turno en contra, entramos en
el turno de portavoces. Cada portavoz tendrá cinco minutos para su
intervención.

El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, ¿cuánto
tiempo ha dicho?

La señora PRESIDENTA: Cinco minutos, pero seremos
un poco flexibles.

El señor RALLO LOMBARTE: Pensaba que, siguiendo el
antecedente de la tramitación de la Directiva PNR, el tiempo sería el
doble.

La señora PRESIDENTA: Entonces se acordó diez
minutos, pero pretendíamos que no se alargara la sesión. Si nos atenemos
al acuerdo anterior, son diez minutos.

Tiene la palabra la senadora Merelo.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Aprovecho este turno de portavoces para manifestar
expresamente que vamos a mantener todas las enmiendas en su totalidad
para el próximo Pleno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora
Ponce Gallardo tiene la palabra por diez minutos, tal como hemos
dicho.

La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, seré muy
breve.

Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda
porque, efectivamente, en el Congreso llegamos a un acuerdo y
transaccionamos con el Partido Socialista —ya lo hemos hablado
incluso con su portavoz—. Por lo cual, como decía antes, no hemos
presentado ninguna enmienda.

Entendemos la urgencia de la tramitación de esta
ley y, en principio, vamos a abstenernos en el caso de las enmiendas del
Grupo Popular —creemos que todos los grupos tienen derecho a
presentar las enmiendas que vean necesarias y con algunas coincidimos,
con otras no, pero no vamos a ponerles ningún obstáculo— al resto
de enmiendas presentadas votaremos en contra.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ponce.

Por el Grupo Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, tiene la
palabra el senador Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidenta.

Nuestro grupo en esta tramitación aquí, en el
Senado, no ha presentado enmiendas; lo hicimos en el Congreso y
conseguimos una transacción, que era lo que más nos interesaba, y al ser
la trasposición de una directiva europea vamos a darle nuestro
apoyo.

Pero sí nos queremos quejar, como hacemos siempre,
por la tramitación de urgencia, porque resulta que el Gobierno del Estado
la ha tenido durmiendo el sueño de los justos desde el año 2008, ha ido
pasando el tiempo y ahora se tendrá que pagar una multa, como antes se
decía, que además sigue creciendo. A mí me gustaría que se hiciera como
en otros casos, cuando eres catalán e independentista, que interviene el
Tribunal de Cuentas y te persigue y persigue a las familias y hunde a las
familias. Espero que el Tribunal de Cuentas hunda a los miembros del
Gobierno que han hecho que a los ciudadanos de este Estado esto nos
cueste unos 20 millones de euros. Lo normal sería que el Tribunal de
Cuentas pasara cuentas a quien no ha hecho su trabajo debidamente.

Por tanto, nosotros vamos a dar nuestro apoyo, pero
encontramos triste que haya habido una ponencia antes y ahora una
comisión, cuando las enmiendas se han publicado hoy en el Boletín Oficial
de las Cortes Senado. Hemos tenido que venir aquí con unas enmiendas
publicadas el mismo día en que las hemos de ver, ordenadas y puestas de
una forma para que se puedan trabajar. Por tanto, queremos expresar
nuestra queja —que no es propiamente con la Comisión— por
estas tramitaciones de urgencia que han convertido el Senado en un puro
trámite. Cuántas veces leemos en un periódico: La ley ya se ha aprobado
en el Congreso y ahora solo le queda el trámite del Senado. Al final, el
Senado se está convirtiendo en un trámite más que en una Cámara
parlamentaria, es decir, en aquel sello que han de poner para que la
tramitación cumpla con la sagrada Constitución.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador
Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más por Madrid, Compromís, Geroa
Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista de La Gomera), tiene
la palabra el señor Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias de
nuevo, presidenta.

Nosotros creemos firmemente que las cosas
importantes hay que hacerlas despacio, y esta ley es importante y también
se debiera hacer tan tan despacio como su importancia exige. Ya he dicho
que comprendemos la necesidad de que sea aprobada rápidamente, porque
llevamos mucho retraso y esto ha implicado multas por parte de Europa,
pero como algunos de los miembros de Izquierda Confederal no tenemos
grupo en el Congreso, hemos mirado la ley de principio a fin y hacemos
una interpretación bastante bastante restrictiva de derechos de esta ley,
algo que nos preocupa profundamente.

En relación con esto, he oído —creo que no he
entendido mal— al portavoz del Grupo Popular decir que la ley parte
de un borrador redactado por ellos. Le agradecería que me contestara si
he entendido bien o no, porque, de alguna manera, si así fuera,
entenderíamos nuestra interpretación: es decir, no nos extrañaría tanto
que el Grupo Socialista esté planteando una ley que, en nuestra opinión,
insisto —podemos estar equivocados, pero el tiempo que hemos tenido
es el que hemos tenido—, restringe derechos. No vemos por ningún
lado lo que decía la portavoz del Grupo Socialista: que es todo lo
contrario, que afirma derechos que en este momento la ciudadanía no los
tiene. Creemos que no es así y, desde luego, me gustaría que los
especificara.

Y siguiendo también con la intervención de la
portavoz del Grupo Socialista, ya he comentado que retirábamos nuestras
enmiendas, la primera y segunda, la 16 la 17, si no me equivoco, porque,
efectivamente, se trata de un error. Mantendremos todas las demás.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra
la senadora Beltrán de Heredia Díaz Arroniz.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, presidenta.

Anticipo, como ya he expresado anteriormente, que
mantendremos nuestras dos enmiendas, números 7 y 8.

Efectivamente, la Directiva 2016/680, como ya se ha
manifestado, debería haber estado incorporada al derecho interno del
Estado español como muy tarde el 6 de mayo de 2018. Una vez más, se pone
de manifiesto la lentitud del Estado español al cumplir los compromisos
legales y, en este caso, los compromisos europeos.

El objeto de esta directiva sobre la protección de
datos en el ámbito penal lo encontramos regulado en su artículo 1.2:
Proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas
y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales
cuando el tratamiento lo lleven a cabo las autoridades policiales o
judiciales con fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales, incluidas la prevención y
protección frente a las amenazas contra la seguridad pública. Garantizar
que el intercambio de datos personales por parte de las autoridades
competentes en el interior de la Unión, en el caso de que el derecho de
la Unión o del Estado miembro exigiera dicho intercambio, que no quede
restringido ni prohibido por motivos relacionados con la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales.

Por tanto, es evidente la importancia de esta
trasposición, sobre todo porque, aunque a primera vista esta directiva
tiene la misma estructura que el Reglamento general de protección de
datos personales —siendo en ciertas partes, incluso, la redacción
casi casi idéntica—, tiene la particularidad de ser más limitada y
restrictiva y, por tanto, también más garantista para las personas. Así,
sin ánimo de extenderme demasiado, por ejemplo, los procesos judiciales
en el ámbito penal no están sometidos al régimen general contenido en el
Reglamento general de protección de datos personales, sino que tienen un
régimen propio contenido en esta directiva. Del mismo modo, esta ley
orgánica ofrece seguridad y garantía al personal funcionario y
autoridades policiales y judiciales, ya que hasta la trasposición de la
directiva la actuación de los funcionarios y autoridades policiales y
judiciales en el ejercicio de sus funciones de investigación y
enjuiciamiento de delitos seguirá regulándose por la normativa interna.
Sin embargo, lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta despliega
efectos especialmente en relación con los ficheros policiales; por ello,
hasta la trasposición, la directiva despliega una serie de efectos en la
aplicación judicial y las obligaciones derivadas de la directiva recaen
sobre todos los órganos del Estado, con lo cual, evidentemente, evita
interpretaciones y supone una mayor seguridad jurídica en las actuaciones
para todas las partes.

Como hemos comentado en ocasiones anteriores
—lo he dicho al inicio de mi intervención—, España tarda de
media doce meses más que el resto de los países de la Unión Europea en
adaptar su normativa y acarrea siete de cada diez penalizaciones. Esto me
parece que es un dato grave y que nos debiera hacer reflexionar sobre
cuáles son las causas y cuáles son los motivos. En cualquier caso,
primero, este retraso y, segundo, la imposición de estas penalizaciones
denota, como mínimo, que hay una irresponsabilidad, que coincidimos en
que es mayor en estos momentos de crisis actual. En todo caso, es más que
conveniente pedir al Gobierno que actúe con mayor rigor y control del
dinero público.

Este retraso, además de las sanciones económicas,
está generando una gran incertidumbre jurídica, incumpliendo uno de los
principios recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución española, que
no es otro que el principio de seguridad jurídica. Probablemente, como ya
se ha comentado, si esta trasposición tiene su origen en el Gobierno del
Partido Popular y continúa con el del Partido Socialista, pues uno es
responsable y el otro también de esta tardanza. De modo que compartan
esta responsabilidad y esta —si se me permite la expresión—
esta culpa. Por ambas razones, tanto por razones económicas como de
seguridad jurídica, vamos a apoyar este texto sin perjuicio, como he
dicho al inicio, de mantener las dos enmiendas para su debate en Pleno
con la esperanza de que finalmente, insisto —soy muy
persistente—, puedan ser incorporadas al texto porque entendemos
que va a mejorarlo y, como he dicho también al principio, llevamos ya un
retraso importante. En cualquier caso, nos opondremos al resto de las
enmiendas que se han planteado.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beltrán.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, el señor Castellana Gamisans tiene la palabra por tiempo de diez
minutos.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Muchas gracias,
presidenta.

Quiero denunciar una vez más, como han hecho otros
grupos, el abuso del procedimiento de urgencia. Quizá en este proyecto de
ley tendría sentido utilizar ese procedimiento de urgencia, pero cuando
todo es urgente, nada es urgente y dificulta el trabajo normal de los
grupos, el debate y la fijación, adecuadamente motivada, de las
posiciones.

Además —creo que no es una novedad en los
posicionamientos que se han establecido en esta comisión—, queremos
quejarnos del retraso constante de la trasposición de directivas, que nos
parece que va más allá del color del Gobierno y parece más una constante
de las estructuras del Estado, especialmente en aquellas directivas cuya
intención inicial es garantizar derechos fundamentales y que deberían
poner límites a estructuras como, por ejemplo, las cloacas del Estado,
que son fuente de prácticas irregulares y delictivas. Por desgracia, como
la justicia actúa al ritmo que actúa —y que probablemente no pueda
ser otro—, estas prácticas siempre nos llegan del pasado y nunca
conocemos las del presente. Unas prácticas que pisan los derechos
fundamentales y que normalizan la persecución de la disidencia política
con los recursos que deberían ser destinados a la seguridad pública.
Parece ser que a estas cloacas la seguridad les importa más bien poco
cuando los recursos los destinan a sus fines partidistas y
sectarios.

En cualquier caso, nuestra posición es favorable a
la tramitación de este proyecto de ley en comisión. No obstante,
fijaremos nuestra posición para el Pleno en los próximos días.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Martínez-Maíllo.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Muchas gracias,
presidenta.

Estamos ante una ley orgánica que, a pesar de que
sea una trasposición, es importante. Por eso, me sorprende bastante la
intervención de la portavoz socialista cuando dice que no se va a admitir
ninguna enmienda. No sé si no han tenido suficiente con lo que pasó ayer,
¿no? Pero esa prepotencia con la que ustedes habitualmente utilizan las
instituciones en beneficio propio, sin asumir ni siquiera la posibilidad
de que estén equivocados y que incluso el PNV pueda acertar en presentar
una enmienda o el resto de grupos... Pues no se admite ninguna enmienda.
Ya está, se acabó el debate.

Yo creo que hay mucho más. Estamos hablando de una
ley orgánica de protección de datos personales, donde están en juego dos
principios esenciales: libertad y seguridad. Es un conflicto eterno, que
nunca es pacífico y, por lo tanto, requiere sosiego y tranquilidad en el
debate y, sobre todo, pensar que igual el otro tiene razón en algo. No
sé, piénsenlo ustedes un poco, hagan esa reflexión, porque quizá salgan
del atolladero en el que están.

Esta ley, además, tiene un problema añadido, y es
que es una ley que llega tarde y llega mal. (Rumores). Sí, sí, llega
tarde, llega tres años tarde. (Rumores). Lleva tres años. Me preguntaban
si era un texto hecho por el anterior Gobierno. Sí, es un texto
sustancialmente redactado por el anterior Gobierno. (Rumores). Sí, es
verdad. (Rumores). Sí, sí, sustancialmente, no tengo nada que ocultar.
¿Por qué? Porque teníamos la obligación de trasponer. Hubo una moción de
censura y, por lo tanto, no pudimos acabarlo. Por eso hemos votado que sí
en el Congreso, no se crea que no. (Rumores). Otra cosa bien distinta es
que no pueda ser perfeccionado o incluso mejorado. Por tanto,
sustancialmente es un texto redactado con anterioridad donde ha habido un
retraso de tres años, que es lo que ha provocado la multa, tres años.
(Rumores).

Le doy algunos datos. Ustedes dijeron en marzo
de 2019 que la fecha de conclusión sería julio del 2009 y la tramitación
parlamentaria en marzo de 2020. Estamos en mayo de 2021. La sentencia es
de 25 de febrero de 2021. Por lo tanto, ustedes, desde junio del año 2018
hasta mayo de 2021, han tenido tiempo. Aún así todavía estamos en el
trámite. Si hubieran hecho a tiempo los deberes y hubieran presentado de
manera inmediata esta ley para su trasposición, seguramente no hubiéramos
tenido ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque la sentencia hubiera sido
posterior a la trasposición, o hubieran estado en trámite una y otra, y,
por lo tanto, no tendríamos una sanción de casi 20 millones de euros, y
hoy son 90 000 euros más. Hoy. Por lo tanto, deberían asumir esa
responsabilidad. (Rumores). Llevan tres años gobernando; ustedes siguen
hablando, pero llevan tres años. Se ha hecho largo, pero son tres años.
(Rumores). Sí, sí, tres años (Rumores), y el ministro Marlaska lleva tres
años. (Rumores). Es así, es así.

Y es que además esta ley es un síntoma, un síntoma
de la debilidad de este ministro y de este ministerio: en tres años solo
se han traído aquí dos leyes —en la anterior legislatura y
esta— dos leyes orgánicas, por cierto, importantes, pero dos leyes
de trasposición de directivas, ni una sola iniciativa propia. Nada, ni
una sola iniciativa. ¿Dónde están las iniciativas para mejorar, como
nosotros sí hemos presentado en el Congreso y llegará aquí, si es que se
aprueba, como la ley de protección civil? ¿O la ley de equiparación de
los funcionarios de prisiones para el reconocimiento como autoridad? ¿O
una ley de bomberos estatal? ¿O cumplir el acuerdo salarial para generar,
crear o aprobar una ley de retribuciones? ¿O dónde está, en fin, la
modificación de la Ley Orgánica 11/2007 para eliminar ese agravio
comparativo que representa para aquellos guardias civiles o policías
nacionales que optaron por clases pasivas o Seguridad Social a partir del
año 2011? Le pongo estos ejemplos, como hay otros muchos, pero es que,
realmente, este ministro y este ministerio están de brazos caídos, como
pollo sin cabeza. Trae la trasposición de una directiva que debería
haberla hecho tres años atrás, con un texto que sustancialmente estaba ya
elaborado; por cierto, incorpora enmiendas del Congreso, como mi
compañero acertadamente ha dicho, que poco tienen que ver con el
contenido de la ley tanto en relación con el Ministerio Fiscal, el
Consejo General del Poder Judicial y otras muchas leyes que modifica, y
pretende, además, decirnos a todos que tenemos que aprobarlo sí o sí
porque nos van a seguir poniendo una multa de las que ellos son
exclusivamente responsables.

Este es el argumentario, la verdad es que es un
poco tramposo, del Partido Socialista, bastante tramposo. Oiga, un
poquito de mesura, un poquito de tranquilidad, un poquito de humildad,
porque realmente están tratando de hacer un trágala al resto de los
grupos. Y es verdad que esta tiene urgencia, claro que sí, mucho más que
otras, pero todos los grupos les están diciendo que están utilizando el
procedimiento de urgencia de manera abusiva en todos los procesos
legislativos, y se lo está diciendo no el Grupo Popular, sino el conjunto
de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, esperemos que la semana que
viene se lo podamos decir al ministro Marlaska a la cara, pero es que
este es un ministro absolutamente agotado, que trae tarde y mal un
proyecto de ley; que se dedica a insultar, además, al resto de partidos
políticos en mítines del Partido Socialista; que se dedica a una
directora general de la Guardia Civil que debería comparecer esta tarde
—y no el director general de Tráfico, que muy bien, bienvenido,
pero debería estar ella compareciendo—, pero que se impide por
parte de la Presidencia. Por eso, hemos presentado una queja ante la Mesa
de la Cámara, precisamente porque se impide que comparezca y que dé
cuentas de por qué hay una sentencia que le condena a él y a ella
precisamente por pedir que un guardia civil cometa un delito, que es algo
gravísimo. Y encima oculta algunas cosas en campaña electoral, como las
referidas a los matones de Podemos. En fin, es que ya es el colmo,
sinceramente.

Hablando de libertad y hablando de seguridad, desde
luego, con este ministro, ni libertad, ni seguridad. Desde luego,
nosotros queremos hacer enmiendas que mejoren el texto, sobre todo que
eliminen aquellas cosas que ustedes han ido incluyendo y que nada tienen
que ver, o que poco tienen que ver, con el contenido de la ley —en
algunos casos poco—. O dígame usted si para nombrar a un miembro
para esa autoridad que pretenden crear independiente no dicen ni siquiera
que tenga que ser un fiscal, ni siquiera lo dicen. ¿Qué quieren hacer,
cómo en Televisión Española? ¿Cómo con el CIS? ¿Como con tantas cosas que
utilizan y manosean las instituciones en beneficio propio? Por favor,
señores del Partido Socialista, un poco de humildad y, sobre todo,
acepten que igual algunos tenemos razón;






alguna vez, en algún punto,
tenemos razón. No puede ser que todos estemos absolutamente equivocados y
que una ley orgánica de esta naturaleza, donde está en juego la libertad
y la seguridad, como en tantas otras leyes, es importante que por lo
menos tengan la capacidad de escuchar al resto de formaciones
políticas.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador
Martínez-Maíllo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado,
tiene la palabra el senador Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.

Señoras y señores senadores, Europa tiene una larga
historia en garantía de la dignidad y la protección de datos personales.
Hoy vamos a dar un paso más en esa dirección. La historia europea marca
una impronta, Europa está en la vanguardia de la protección de datos en
un mundo globalizado y digital, del que cabe señalar algunos de los
jalones principales: el Convenio del Consejo de Europa del año 1981; la
Directiva del año 1995; el Reglamento general del año 2016; las normas
nacionales españolas que traspusieron estas disposiciones en el año 1992,
en el año 1999 y en el año 2018. Y hoy, la Directiva 2016/680 nos convoca
para su trasposición y desarrollo, evidenciando un salto más: el que
supone pasar de la antigua Decisión marco del año 2008, que se limitaba a
la transferencia de datos entre países, a una regulación específica de la
actividad policial y judicial penal en el ámbito interno de cada uno de
los países. Es un momento, por lo tanto, relevante, y lo es porque el
proyecto de ley que hoy debatimos y que traspone esta directiva contiene
novedades extraordinariamente importantes en esta dirección: Una
regulación específica de los datos genéticos, a lo que nos convocaba ya
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una nueva regulación moderna y
actualizada de la instalación de cámaras de videovigilancia por parte de
las fuerzas y cuerpos de seguridad, que viene a derogar la antigua Ley
del año 1997. Una regulación incluso de los datos de personas fallecidas
que estén incluidos en este tipo de ficheros. Nuevos principios y nuevas
reglas, que son los que ya recogía el Reglamento general de protección de
datos del año 2016 y la ley que en España lo adecuó en el año 2018:
principios de finalidad, de calidad, de exactitud, de conservación, de
seguridad, de minimización, de seudominimización. Algo también muy
relevante: plazos definidos y concretados también de conservación de la
información en la actividad policial y judicial penal, veinte años, tres
años, para la revisión de estos ficheros; la distinción de los datos por
categorías de sujetos conminados; la prohibición de usar estos datos para
fines distintos para los transmitidos; una regulación específica de las
categorías especiales de datos sensibles, entre los que resulta relevante
la protección de los datos del menor incluidos en este tipo de ficheros;
la prohibición de elaboración de perfiles; la garantía de derechos de
acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento;
obligaciones nuevas para las autoridades policiales y judiciales con
medidas de seguridad exigentes; creación de figuras para asesorar y
controlar las políticas de protección de datos; delegados de protección
de datos; registros de actividades y de operaciones; evaluaciones de
impacto; deberes de notificación a las autoridades de protección de datos
ante violaciones de seguridad; derecho de comunicación a los interesados
si se producen violaciones de seguridad; regulación de sistemas de
reclamación de daños; recursos judiciales; un nuevo procedimiento
sancionador proporcionado y disuasorio. Señorías, un nuevo marco
normativo para un entorno que era el policial y judicial penal, que hasta
la fecha estaba desprovisto del mismo. Nada más lejos de la realidad que
considerar que esta ley supone lo contrario de lo que pretende realmente:
regular para proteger los datos personales en el entorno policial y
judicial penal. Cualquier otra aproximación no se corresponde con la
realidad; y, además, regula, a través de la disposición final segunda,
los tratamientos de datos en el ámbito judicial. Esta regulación, que
aquí se cuestiona —hay que decirlo alto y claro—, tiene que
ser sí o sí, porque, si no se produce, se provoca una nueva infracción
del derecho comunitario en la medida en que no se produce una
trasposición completa de la Directiva 680. Quiero recordar de forma muy
fugaz y vertiginosa —pues a eso nos obliga el tiempo del que
disponemos— que el Reglamento general de protección de datos
expresamente —artículo 2.2— excluye de su aplicación
tratamientos de datos por parte de las autoridades denominadas policiales
y judiciales penales, una exclusión que obliga a la aplicación sí o sí de
la directiva y a la trasposición de la directiva. Además, tanto el
reglamento como la propia Directiva 680, considerando 20 de la primera
y 80 de la segunda, obligan a la creación de organismos específicos para
que sustituyan a las agencias de protección de datos en la garantía de
los tratamientos de datos en cuanto refiere a las funciones
jurisdiccionales, de las que será competente el Consejo General del Poder
Judicial en lo relativo a los datos de órdenes jurisdiccionales distintos
al penal, pero respecto del penal es necesario un órgano específico y
especializado. Esa es la razón de ser de la reforma que se ha
introducido, a través de esta ley, de la disposición final segunda en la
Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, absolutamente pertinente, absolutamente necesaria, absolutamente
perentoria e ineludible para una correcta trasposición de la
Directiva 680. En caso contrario, seguiremos infringiéndola y seguiremos
acarreando el riesgo de esta multa coercitiva. Eso es lo que explica que
se introdujeran estas enmiendas y hoy esa sea una previsión incluida en
el dictamen del proyecto, con informes del Consejo General del Poder
Judicial, de la Fiscalía y del Consejo Fiscal, que se emitieron cuando se
presentó en su día el proyecto que finalmente fue de Ley Orgánica 3/2018,
de adaptación del Reglamento general de protección de datos y del
dictamen que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, también en
relación con este mismo proyecto de ley, dictámenes que han conminado a
que se crearan este tipo de organismos específicos. Podrán cuestionarse o
no, pero la obligación de regularlos y de incluirlos en la ley es
exigencia en este momento comunitaria. También les diré que podrá hacerse
el ruido que se quiera en sede política sobre la pertinencia de esta
regulación y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero creo que
resulta evidente que nadie ha oído por parte de portavoces oficiosos u
oficiales del Consejo General del Poder Judicial un cuestionamiento a
esta regulación. Todos los cuestionamientos lo han sido en sede política.
Es verdad que no ha habido un trámite formalizado respecto de las
enmiendas, pero sí del proyecto de ley original. En consecuencia, alguna
conclusión creo que deberíamos extraer de este hecho.

Voy terminando, señora presidenta. En relación con
el retraso de la trasposición de la directiva y la actitud de este grupo
y del Gobierno respecto de la posición del resto de los grupos, ningún
trágala a los grupos; de hecho, este proyecto de ley viene del Congreso
de los Diputados con un consenso amplísimo, con negociaciones y
transacciones firmadas con buena parte de los grupos parlamentarios, de
las cuales se ha dado cuenta en la sesión de esta comisión. Por lo tanto,
no quiera el Partido Popular abanderar ninguna posición ni representación
que, obviamente, no le corresponde, porque se ha escuchado, se ha
negociado, no existe trágala alguna. Desde luego, puestos a hablar de
humildad o de trampas, un poco de por favor. Voy a recordar solo tres
fechas.

La señora PRESIDENTA: Le queda un minuto, señor
Rallo.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.

¿Qué pasó el 20 de enero de 2012? Que la Comisión
Europea presentó a toda Europa el proyecto de directiva que hoy se
discute y el proyecto de reglamento de protección de datos. ¿Quién
gobernaba el 20 de enero de 2012? El Partido Popular, Gobierno Rajoy;
cuatro años hasta que en 2016 se aprueban ambas normas: directiva y
reglamento; cuatro años dispuso el Gobierno del Partido Popular para
tener preparado, niquelado, el proyecto de ley y presentarlo
inmediatamente en el momento de su aprobación. No lo hizo. El 27 de abril
de 2016 concluyó el plazo de dos años para trasponer esta directiva. ¿A
qué se dedicó el Partido Popular durante esos dos años, tiempo amplio y
suficiente para presentar el proyecto de ley y tramitarlo en tiempo y
forma?

La señora PRESIDENTA: Senador Rallo, vaya
concluyendo.

El señor RALLO LOMBARTE: Como se hizo, por cierto,
en relación con el Reglamento general del protección de datos, que no fue
el 27 de abril de 2016, pero sí a mediados de 2017 cuando se presentó el
Proyecto de Ley de protección de datos y se acabó aprobando en diciembre
de 2018.

La señora PRESIDENTA: Señoría, se le ha agotado el
tiempo, lo siento, senador Rallo.

El señor RALLO LOMBARTE: Perdone, señora
presidenta. Si me permite la cifra final: 89 directivas pendientes de
trasposición y 31 con el plazo agotado cuando llegó el Partido Socialista
al Gobierno en mayo. Ese es el resultado de los gobiernos del PP.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Me dice el señor letrado que tiene que consultar un
tema con los miembros de la ponencia. Si no les importa, hacemos un
receso de cinco minutos.

Se suspende la sesión a las trece horas y quince
minutos.

Se reanuda la sesión a las trece horas y veinte
minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la
sesión.

Seguidamente, se someterá a votación el texto del
proyecto de ley orgánica propuesto por la ponencia en su informe, que no
introduce modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados,
sin perjuicio de que, advertidos determinados errores técnicos o de
índole gramatical, se hayan efectuado las oportunas correcciones, que no
tienen la naturaleza de enmienda, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 92.2 de la Constitución. Dichas correcciones son las señaladas
en la nota del letrado, que afectan a los siguientes artículos:
artículo 33.2, artículo 43.3, artículo 54, apartados 2 y 4, así como el
artículo 58 j), artículo 59 a), artículo 60 h), artículo 61 y disposición
transitoria única.

Este es el texto que vamos a votar. Se entenderán
desestimadas las enmiendas no incorporadas en el mismo en caso de
aprobarse el texto tal y como llegó del Congreso, con las correcciones
técnicas que he señalado. Insisto, se somete a votación el texto que
viene del Congreso con las correcciones que acabo de leer.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Simplemente se
dan por reproducidas o presentaremos dentro de veinticuatro horas las
enmiendas para su debate. Que quede claro que no se están votando las
enmiendas, por favor. Se vota el informe de la ponencia.

La señora PRESIDENTA: Se vota el informe de la
ponencia con las correcciones.

Antes de proceder a la votación, pido al letrado
compruebe las asistencias.

El señor letrado procede a la comprobación de los
señores senadores presentes.

La señora PRESIDENTA: Una vez comprobados los
asistentes en la comisión, pasamos a votar el texto que vino del Congreso
con las correcciones, que no son enmiendas, que he leído
anteriormente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 28; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobado el
informe de la ponencia.

Queda dictaminado el Proyecto de Ley Orgánica de
protección de datos personales tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.

El senador que, habiendo defendido enmiendas,
discrepe del acuerdo de la comisión por no haber aceptado esta una
enmienda, podrá formular voto particular para su defensa en el Pleno. El
propósito de defender un voto particular ante el Pleno deberá comunicarse
por escrito dirigido a la presidenta del Senado, presentado no más tarde
del día siguiente a aquel en que termine la deliberación en
comisión.

A continuación, procede designar al miembro de la
comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno
del Senado. ¿Hay alguna propuesta para la presentación del dictamen?

El señor RALLO LOMBARTE: La presidenta de la
comisión.

La señora PRESIDENTA: Gracias a todos por aceptar
la propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar, vamos a hacer
un gran receso hasta las cuatro de la tarde, que comparece el director
general de Tráfico en esta misma sala.

Gracias.

Se suspende la sesión a las trece horas y
veintiocho minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, buenas tardes.

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión para
sustanciar la comparecencia del excelentísimo señor don Pere Navarro
Olivella, director general de Tráfico, que comparece para informar de la
política de seguridad vial y de las reformas legales aprobadas por el
Consejo de Ministros para reducir los accidentes de tráfico.

Bienvenido a esta comisión. Tiene la palabra.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Navarro
Olivella): Buenas tardes a todos.

Soy Pere Navarro, director general de Tráfico, y
estoy vacunado; lo digo porque, en este momento, esto es importante.

Soy una de las caras visibles de la política de
seguridad vial del Gobierno, pero la política de seguridad vial, como
dice la Unión Europea, es una responsabilidad compartida. Y, como decimos
en la DGT, el tema de los accidentes de tráfico es demasiado importante
para dejarlo solo en manos del Gobierno, con lo cual vuelvo a insistir en
la idea de la responsabilidad compartida.

Desde luego, es un gusto y un privilegio comparecer
ante ustedes para, como decía la solicitud de comparecencia, hablarles de
la política de seguridad vial y de las iniciativas normativas del
Gobierno para reducir los accidentes de tráfico.

Me permitirán que haga una consideración previa.
Desde el año pasado, el coronavirus lo condiciona todo, también la
movilidad y la seguridad vial. Cuando el año pasado cerramos el balance
de accidentes de tráfico —lo presentó el ministro del
Interior—, durante todo el año, en todas las carreteras españolas
había habido 870 fallecidos por accidente de tráfico. Recuerdo que el fin
de semana siguiente, que fue el primer fin de semana de febrero, solo por
el coronavirus hubo 909 fallecidos, es decir, en un fin de semana había
habido más fallecidos que en todo el año por accidentes de tráfico en las
carreteras en toda España. Lo digo un poco para trasladar la idea de la
magnitud del drama que ha supuesto el coronavirus, con lo cual hay que
empezar con nuestro cariño y nuestro apoyo incondicional a las víctimas,
a los familiares y a todos los que están trabajando para hacer frente a
la pandemia.

Dicho esto, voy a intentar hacer una intervención
breve con unas cuantas pinceladas, primero, sobre la política de
seguridad vial. Sin datos no hay política de seguridad vial; son los
datos los que nos dicen qué está pasando, dónde hay que focalizar los
problemas, dónde hay que tomar las decisiones. Y, además, el seguimiento
de los datos nos permite ver si vamos mejorando o no vamos mejorando. Lo
digo porque, en política y sobre seguridad vial y tráfico, todo el mundo
tiene opiniones. Lo que es objetivo, lo que nos indica el camino son los
datos. En el año 2019 —porque 2020 fue un año atípico, extraño y
esperemos que no se repita—, hubo 1755 fallecidos por accidente de
tráfico en carretera y en ciudad y a treinta días —es la medida
oficial que se utiliza en toda la Unión Europea—; 1755 fallecidos
por accidente de tráfico son 5 muertos cada día por accidente de tráfico.
Y hubo 8605 heridos graves; heridos graves son aquellos que han sido
llevados al hospital y que han estado más de veinticuatro horas con
asistencia hospitalaria. Es verdad que, de estos 1755, algunos fue porque
corrían o porque habían consumido alcohol, y se han matado ellos mismos,
pero muchos eran peatones, ciclistas o conductores que iban cumpliendo,
con toda prudencia, las normas y alguien que había bebido, o por exceso
de velocidad, o por una distracción, se los llevó por delante, con lo
cual estas son muertes violentas, y de aquí viene la terminología de
violencia vial. Las asociaciones de víctimas nos dicen: Tenéis que hablar
de la violencia vial, que es realmente lo que está detrás de los
accidentes de tráfico.

Vamos a ver qué nos dicen los datos del 2019, que
son los últimos y marcan de alguna manera el camino de la política de
seguridad vial. El 70 % de los fallecidos es en carretera y el 30 %, en
las ciudades. Pero si miramos los fallecidos en carretera, veremos que
el 75 % es en carretera convencional, es decir, en aquella carretera que
no tiene una separación entre los dos sentidos de circulación. Repito,
tres de cada cuatro accidentes mortales se dan en la carretera
convencional. Primer mensaje: en la política de seguridad vial hemos de
dirigir nuestros esfuerzos a las carreteras convencionales, que son
aquellas que no tienen la separación entre los dos sentidos de
circulación. Aquí la línea de trabajo siempre es la misma: uno, vamos a
regular las velocidades a través de la normativa; dos, hay que mejorar el
diseño. Mejora del diseño quiere decir 2+1 —hace poco, la Dirección
General de Carreteras ha sacado unas normas técnicas para donde se pueda
hacer 2+1 para permitir adelantar—, arcenes que perdonan, son
bandas rugosas que te avisan cuando te desvías. Y también hay que
concentrar la vigilancia y control en estas carreteras convencionales,
porque es donde tenemos los problemas. Si seguimos mirando los datos,
veremos que, en el año 2019, el 52 % de los fallecidos por accidente de
tráfico eran usuarios vulnerables. Aviso: por primera vez en la historia
de nuestro país, hubo más fallecidos por accidente de tráfico vulnerables
que sobre cuatro ruedas. Esto es una tendencia en toda Europa: bajan los
de vehículos de cuatro ruedas, pero va subiendo el de los usuarios
vulnerables. Probablemente sea porque ha mejorado mucho la seguridad
activa y pasiva de los vehículos. El peatón, el ciclista y el motorista
siguen como estaban. Conclusión: si queremos hacer política de seguridad
vial, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en la protección de los
usuarios vulnerables.

Si seguimos mirando los datos, veremos que, en
ciudad, hubo 519 fallecidos por accidente de tráfico. Sí, pero en la
carretera bajaron un 6 % los fallecidos y, en las ciudades, subieron
un 6 % los fallecidos. También es una tendencia que se da en toda Europa.
Las ciudades se han vuelto más complicadas, cada vez hay más actores en
el tráfico de la ciudad que interaccionan entre sí, lo que supone un
riesgo cierto. El mensaje que nos viene a dar es que, si queremos hacer
política de seguridad vial, vamos a tener que concentrar nuestros
esfuerzos en la seguridad vial urbana, en la de las ciudades más que en
la de las carreteras. En un sitio los accidentes bajan y, en el otro, la
tendencia es que suban.

Por último, quería hacer una referencia a las
motos. Hubo 466 motoristas fallecidos. Son muchos motoristas fallecidos
para un año. Sepan que las motos suponen el 15 % del parque de vehículos,
pero el 27 % del número de fallecidos. Y llamo la atención sobre las
motos porque es verdad que cada año aumenta el parque, pero cada año
aumentan, de forma perseverante y tozuda, los motoristas fallecidos. Es
decir, uno de los problemas de la seguridad vial en estos momentos es la
seguridad de los motoristas. Insisto en que, de todas las formas de
desplazamiento, es la única que cada año, de forma tozuda y perseverante,
aumentan los fallecidos.

Y acabo dándoles un dato que es simplemente
anecdótico, pero que a mí me gusta resaltar: en todo el año, en carretera
y ciudad, hubo 3 fallecidos en autocar o autobús. Ojo, porque España es
un país con mucho autocar, con mucho turismo, con mucho viaje, con muchos
viajes escolares, con muchos desplazamientos en autocar y, en todo el
año, hubo solo 3 fallecidos en autocar. Conclusión: probablemente, el
autocar sea una de las formas más seguras de desplazarse por la
carretera.

En seguridad vial hay que construir un discurso que
sea comprensible, razonable y compartido por los ciudadanos. Es un
discurso que viene decir algo así como que los accidentes son evitables;
si otros lo han hecho, nosotros podemos hacerlo; vamos a priorizar la
seguridad vial sobre cualquier otra consideración a la hora de gestionar
el tráfico; no estamos dispuestos a negociar el tráfico a cambio de vidas
humanas; los accidentes de tráfico son una enfermedad grave, no hay
tratamiento indoloro; no hay ninguna fórmula milagrosa, sino realizar, de
forma perseverante y continúa, acciones para hacer frente a los
accidentes de tráfico. Este sería el discurso, pero es discurso, más
medidas, más movilización social. Las medidas son lo que da credibilidad
al discurso. Cuesta poco hacer un discurso, pero tienes que tomar medidas
que sean coherentes con el discurso para que gane credibilidad aquel
discurso que todos estamos compartiendo para hacer frente a los
accidentes de tráfico. Insisto: un discurso, medidas coherentes con el
discurso, más movilización social.

Les explico algunas medidas que últimamente ha
tomado el Gobierno y que son las que forman parte del cuore de la
política de seguridad vial. La primera fue el Real Decreto, de 28 de
diciembre de 2018, por el cual se rebajó de 100 a 90 la velocidad máxima
en las carreteras convencionales. Hemos dicho que nuestro problema estaba
en las carreteras convencionales. El 40 % de los accidentes mortales en
carretera convencional es por salida de la vía, es decir, no ha pasado
nada, yo solo, por exceso de velocidad, me he salido de la vía. Había una
normativa que decía que la velocidad máxima era de 100 o 90 en función de
la anchura del arcén; si tenía más de metro y medio, era de 100, si tenía
menos de metro y medio, era de 90, lo cual dificultaba comunicar porque
dependía de la anchura del arcén en cada momento. En Europa éramos los
únicos que lo teníamos, con lo cual se unificó. Se bajó de 100 a 90 en
carretera secundaria, punto y final: fácil de comunicar y fácil de
comprender por todos los ciudadanos. Esto afectó a 10 000 kilómetros de
carreteras, que no es broma, y creo que fue a final de enero, porque se
dio unos meses para cambiar la señalización, cuando se rebajó de 100
a 90. Punto. Resultado: en el año 2019 hubo un 10 % menos de fallecidos
en las carreteras convencionales de nuestro país. Me parece que
fueron 98, casi 100 fallecidos menos por accidente de tráfico en las
carreteras convencionales. Parece que podía indicar que estábamos en el
buen camino. Está era una medida.

Otra fue el Real Decreto, de 10 de noviembre
de 2020, por el que se pone el límite de velocidad de 30 kilómetros por
hora en las vías urbanas que tengan un único carril de circulación.
Habíamos dicho que en carreteras estaban bajando pero en la ciudad
estaban subiendo los accidentes mortales, con lo cual algo había que
hacer y esta era una medida estrella para calmar el tráfico, como decimos
nosotros. Ojo, nos lo habían pedido el Ayuntamiento de Madrid, el
Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de
Bilbao, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Valencia. Es
decir, íbamos a entrar en el ámbito urbano y aquí los que saben son los
ayuntamientos. Y nos presentamos con todas estas cartas más el informe
favorable de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y con
esto fue con lo que se adoptó la medida de 30 kilómetros por hora en las
vías urbanas que tengan un único carril. ¿Por qué lo hicimos? Yo podría
decir que fue por sentido común: en una calle que solo tenga un carril de
circulación, 50 kilómetros por hora es un disparate; cualquier cosa que
salga te la llevarás por delante. Pero también estuvimos mirando y
algunos estudios nos dicen que a 50 kilómetros por hora, en caso de
atropello, muere el 90 % y, a 30 kilómetros por hora, fallece el 10 %. Y
hay otros estudios que dicen que la diferencia entre 50 y 30 kilómetros
por hora es que se reduce a la mitad la distancia de frenado y también se
reduce a la mitad el ruido que se produce.

En febrero del año 2019 se celebró la tercera
conferencia ministerial mundial de seguridad vial en Estocolmo y, entre
sus soluciones, había una que decía que, como en la ciudad hay cada vez
más actores que interaccionan todos entre sí, por encima de los 30
kilómetros por hora no se puede garantizar su seguridad, con lo cual se
invitaba a ir a los 30 kilómetros por hora. Detrás hay todo un modelo;
todo esto está hecho con los ayuntamientos. Es un modelo que viene a
decir algo así como que la entrada y salida de las ciudades y los grandes
distribuidores han de ser de 50 kilómetros por hora, y se van a blindar,
pero una vez se sale de la entrada y salida o de esos grandes
distribuidores, hay que ir a zonas de tráfico calmado, que son de 30
kilómetros por hora. Y este es un poco el modelo al que vamos todos.

Pero es más, del 17 de mayo al 23 de mayo se
celebra la semana mundial de la seguridad vial auspiciada por Naciones
Unidas, y el leitmotiv de este año es: 30 kilómetros por hora en las
ciudades. Esta medida entra en aplicación la semana que viene, el 11 de
mayo. Se dieron seis meses a los ayuntamientos para que pudiesen preparar
la implementación de la medida el 11 de mayo, y tenemos toda una serie de
actividades alrededor de dicha fecha para la puesta en marcha de esos 30
kilómetros por hora, repito, en vías urbanas de un único carril de
circulación. Antes eran 50 kilómetros por hora, y el ayuntamiento podía
ponerlo en 30; ahora van a ser 30 y el ayuntamiento, si lo considera
oportuno, puede poner 50. Y ojo, porque el cambio es significativo, el
cambio tiene su aquel.

También aprobamos una modificación del reglamento
de vehículos para atender a lo que llamamos vehículos de movilidad
personal: patinetes. Los patinetes habían aparecido; era un nuevo actor,
y es verdad que al principio pensamos que esto tendría poco recorrido,
pero se ha ido consolidando, y más a raíz del coronavirus, como un actor
más en la movilidad en las ciudades. Nos reunimos con los ayuntamientos
—son sus patinetes, de sus ciudadanos y van por sus ciudades, con
lo cual ellos son los que saben— y conseguimos un mínimo común
denominador en el que todos nos pusimos de acuerdo. En primer lugar, le
dimos la consideración jurídica de vehículo. Cuando se dice que aquello
es un vehículo quiere decir, a efectos del reglamento de circulación, lo
siguiente: Primero, prohibido el alcohol. De entrada se le impone toda la
normativa sobre la incompatibilidad del alcohol en la conducción.
Segundo, prohibidos los auriculares. Y tercero, prohibido circular por
las aceras. Estas son normas comunes a todos los vehículos. Repito:
prohibido circular por las aceras. Asimismo se puso el límite de 25
kilómetros por hora como velocidad máxima para los patinetes y se
prohibió su circulación por las carreteras. Y algo que aún tenemos en
desarrollo, es que se establecen unas prescripciones técnicas, unas
características técnicas, y habrá un código QR que todos tienen que
llevar, para evitar que entren procedentes de otros países patinetes que
no cumplan las mínimas condiciones de seguridad que queremos que tengan
todos los patinetes en nuestro país. Esta ha sido la fase uno, y es
verdad que en estos momentos tenemos presión de los ayuntamientos para
volver a crear el grupo de trabajo y para hacer una fase dos. Insisto: se
ha consolidado, tiene presencia y hay temas que están abiertos al debate,
como el casco, cintas reflectantes, seguro... En fin, una serie de temas
respecto del que está abierto en estos momentos el debate, que vamos a
abordar próximamente.

Por otra parte, el 16 de marzo de este año el
Consejo de Ministros aprobó el reglamento de vehículos de auxilio en
carretera. En la Ley de tráfico del año 2015 había un artículo que
comprometía al Gobierno a hacer un reglamento de los vehículos de auxilio
en carretera. ¿Y ello por qué? Desde el año 2017, nos consta en la
Dirección General de Tráfico, 18 trabajadores han perdido la vida en la
carretera haciendo auxilio de vehículos en carretera. Básicamente son
gruistas, y este era un tema que había que abordar dentro de una cierta
mejora de las condiciones de seguridad del servicio de vehículos de
auxilio en carretera. Quédense con la idea de que en España hay 2000
empresas y 11 000 grúas que realizan el servicio de auxilio en carretera;
y funciona razonablemente bien, la gente está satisfecha, en el
comparativo internacional salimos bien, pero existía el compromiso de
darles una mayor cobertura jurídica, que era el reglamento, y una mayor
seguridad, sobre todo para los vehículos de auxilio en carretera.

También ese mismo real decreto del servicio de
auxilio en carretera aprueba una norma, que es la señal V-16. Y me
explico. Históricamente hemos venido utilizando los triángulos. Si se
tiene un problema en la carretera la ley obliga a colocar unos triángulos
a 50 metros por detrás, y si es de doble sentido, también a 50 metros por
delante. Esto se ha ido haciendo así, pero en el año 2018 hubo 14
personas que fallecieron por atropello al bajar del coche en la
carretera. Es decir, personas que, por alguna razón, habían bajado de su
coche y mueren atropelladas en la carretera. En el año 2019 fueron 16 los
conductores muertos al ser atropellados por haber bajado el coche en la
carretera. Y el año 2020 fueron 12 los fallecidos por la misma causa. Con
lo cual se nos generaba una cierta inquietud y volvimos a ver cómo
podíamos mejorar la seguridad de los triángulos. Al final se ha hecho la
señal V-16, que es una luz que, primero, llevas la guantera; segundo, lo
sacas por la ventana y lo colocas por imán en el techo; tiene autonomía y
enciende una luz, con lo cual no hay que bajar del coche y se ve desde
mucha más distancia de lo que se ve el triángulo para caso de
incidencias. Pero, además, hemos aprovechado para dar un paso adelante en
el vehículo conectado. Me explico. Cuando alguien tenga un incidente,
pondrá la luz, sí, y se va a enviar su geolocalización a la nube DGT 3.0,
desde donde se volcará a todos los vehículos que estén en el sistema de
vehículo conectado, con lo cual todos los que estén en el sistema sabrán
mucho antes de verlo que ahí hay un coche parado que tiene problemas y
que tiene una incidencia. Es un poco como el vehículo conectado. Asimismo
estamos trabajando, y creo que estará listo antes de que acabe el año,
para las obras que hay en la carretera con baliza al principio, baliza al
final y, cuando estén trabajando, geolocalización. Aquello va todos los
vehículos del sistema vehículo conectado de la nube, y así, mucho antes
de que se llegue, avisará de que ahí hay obras en carretera; o pruebas
deportivas que se hacen en la carretera donde al principio y al final
habrá alguien con baliza, geolocalización que envía a la nube, desde
donde pasa a todos los vehículos conectados. Digo esto para que, poco a
poco, nos acostumbremos porque el vehículo conectado va por ahí. Y esto
entra en vigor a partir del 1 de julio, pero sigue siendo compatible con
los triángulos. Nadie va a tener que comprarse esta señal hasta el 1 de
enero del año 2026, cuando ya no podrán utilizarse los triángulos
—dentro de cinco años— y será obligatoria la utilización de
la señal V-16. Por sentido común, se da ese margen de tiempo para no
forzar el cambio.

También hemos aprobado un anteproyecto de ley de
actualización del permiso por puntos que en estos momentos está en el
Congreso de los Diputados. Sigue abierto el periodo de presentación de
enmiendas y nosotros lo llamamos de actualización del permiso por puntos.
¿Por qué? Es verdad que el permiso por puntos ha sido un catalizador en
la política de seguridad vial; ha dado un buen resultado, y cuando una
cosa funciona conviene, de vez en cuando y aprovechando la experiencia
acumulada, actualizarlo, ponerlo al día, cuidarlo, mimarlo. No es que sea
una gran transformación, pero supone una actualización, una puesta al
día, y sí, es verdad que se sube 3 a 6 puntos la penalización por
utilizar el teléfono móvil manualmente y por enviar wasap. En el año 2006
se pone en marcha el permiso por puntos; entonces no existían los wasap.
Desde el año 2016 la primera causa de accidentes mortales son las
distracciones, y esto tiene un nombre: teléfono móvil y wasap. Por tanto,
había que dar en la normativa la importancia que tiene y merece. Por
ello, la penalización por utilizar el teléfono móvil en la mano y enviar
wasaps sube de 3 3 a 6 puntos.

Y también hemos aprovechado para subir la
penalización por no ponerse el cinturón o no llevar el casco, que pasa
de 3 a 4 puntos. ¿Por qué? Pues porque llevamos quince años haciendo
campañas del cinturón y del casco; el que a estas alturas no se lo pone,
no es porque no lo sepa, con lo cual nos parecía que debíamos aprovechar
la oportunidad para darle una vuelta en la Ley del permiso por puntos. Es
verdad que ponemos los cursos de conducción segura, que ya están avalados
a lo largo del tiempo y gozan de prestigio, para darles 2 puntos a los
cursos que reúnan determinadas condiciones. Nos parece una buena
práctica; queremos promoverlo, y parece que dando puntos es una forma de
hacerlo con un coste reducido para la Administración. Y aquí todo el
mundo está más o menos de acuerdo.

En la legislación española pone que en la carretera
convencional se puede exceder en 20 kilómetros la velocidad límite para
adelantar. La verdad es que esta es una medida que solo tenemos en
España, no la tiene Europa, y nos da la impresión de que dificulta un
poco la comunicación de la velocidad como factor de riesgo. En seguridad
vial sabemos que las excepciones matan la credibilidad de la norma; que
no vale decir: es obligatorio esto, excepto esto y esto y esto otro. Aquí
el ejemplo son los italianos, que cada vez que hacen una norma ponen
veinte exenciones, con lo cual la norma pierde su credibilidad y
dificulta la comunicación y también dificultan los radares de tramo. En
estos momentos tenemos radares de punto y queremos migrar. En un punto
cualquiera puede cometer un exceso de velocidad, en el de tramo, que son
tramos de 2 o 3 kilómetros, la cosa ya tiene más miga. Si en 3 kilómetros
se ha cometido un exceso, eso ya tiene más miga. Por tanto, queremos
migrar de los radares de punto a los de tramo. Y con lo de
los 20 kilómetros de exceso, en un radar de tramo todo el mundo nos dirá
que estaba adelantando. Pero, en fin, en todo caso es una decisión
respecto a la que corresponde a sus señorías valorar las razones en pro y
en contra de esta norma. Pero, insisto, está en el Congreso; está en
periodo de presentación de enmiendas; imagino que después del verano se
hará toda su tramitación y luego pasará al Senado. Y entonces si alguien,
cuando llegue aquí, quiere conocer las razones, el porqué de cada cosa,
será un buen ejercicio. Nos estamos reuniendo con todos los grupos
parlamentarios para explicarles el porqué de cada una de las
modificaciones que propone la norma.

También he dicho que por primera vez en el año 2019
los fallecidos vulnerables fueron más que los que iban sobre cuatro
ruedas, con lo cual el ministro Marlaska nos dice: poneros las pilas con
la protección de vulnerables, y nos hemos puesto con una reforma del
reglamento de circulación para la protección de vulnerables. Se empezó la
exposición pública, que creo que ya está cerrada, y ahora viene la de los
sucesivos ministerios, que ya están con su tramitación. Y tiene tres
temas, el primero es el de los peatones, y ahí hemos cambiado la
redacción que había. Tradicionalmente el peatón era visto como un
obstáculo en las normas de tráfico, pero ya ha cambiado la concepción del
peatón dentro de lo que es la política de seguridad vial. Luego está todo
el tema de bicicletas, al que hay que dar una vuelta, con derechos y
obligaciones. Y también están las motocicletas, donde había temas de
intercomunicadores, donde existe la prohibición de ir por el arcén y
cuando está congestionado continúan haciéndolo; hemos abierto el debate
del airbag para las motos como un elemento más de seguridad. En fin,
estamos en todo este proceso de la reforma para vulnerables.

Y hasta aquí las medidas, pero también hay una
definición de seguridad vial que dice que toda seguridad vial es
educación, formación, información, concienciación, más vigilancia y
control. Yo creo que en vigilancia y control lo hacemos razonablemente
bien, pero ahora queremos dar un impulso a todo el ámbito de la formación
en seguridad vial. Sepan que este año el Ministerio de Educación ha
creado un título de formación profesional, formación reglada sobre
técnicos en movilidad y seguridad vial. Es la primera vez que tenemos un
título oficial en formación reglada sobre movilidad y seguridad vial. El
objetivo es poner en valor los temas de la formación de movilidad y
seguridad vial y tener expertos, formadores que lo puedan hacer. Son dos
años y 2000 horas, e insisto en que es formación profesional y en que
todos estamos comprometidos en el buen resultado de esta iniciativa de
formación. Es verdad que también hay un programa europeo que se llama
Stars para el tema de las escuelas. Tenemos lo de los caminos escolares,
que está ya muy consolidado, y estamos trabajando en estos momentos en
una asignatura que se llama Aprender a ir en bicicleta. Nos da la
impresión de que la bicicleta es en estos momentos el gancho, el
marchamo, todo el mundo lo ve claro, y se trataría de llevar a los
colegios el Aprender a ir en bicicleta, que tiene tres módulos: uno, de
normativa y riesgos de seguridad vial en general; otro específico sobre
la destreza en el manejo en sí y el vehículo, y un tercero, que es el de
la circulación por la vía pública de las bicicletas. No inventamos nada,
está copiado de Alemania y Portugal, que lo están aplicando con un
resultado razonable.

También tenemos los cursos de conducción segura,
que antes les he comentado, tanto de motos como de automóviles. Nos
parece una buena práctica que queremos fomentar. Y tenemos un curso de
formación para trabajadores en moto. No había trabajadores en moto, pero
de pronto aparecen empresas que compran flotas de motos eléctricas para
hacer la distribución de la última milla. Por tanto, aparece una
categoría que no teníamos tradicionalmente en el ámbito de tráfico, como
son los profesionales de la moto que trabajan con la moto. Hemos ido a la
Fundación de formación para el empleo, que es la que se financia con
aquellas cuotas de formación profesional que pagan los empresarios y los
trabajadores, y de ahí ya meten en el catálogo la formación para trabajos
en moto, con lo cual es un curso subvencionado. Nosotros hemos hecho el
programa y el empresario busca quién puede dar el curso que cumpla las
condiciones. Y hay una experiencia que estamos siguiendo de cerca y
apoyando, que es una escuela de repartidores en furgoneta. Está hecho por
la patronal de la distribución de mercancías en furgoneta; está en
Coslada, y queremos abrir más en nuestro país. El resultado es bueno y
hay oportunidades de trabajo y de formación. Todo esto en el ámbito de la
formación, porque les he dicho que también considerábamos que
importante.

Y por último —no quiero alargarme mucho
más—, quiero referirme a los retos que hay. Tenemos uno, y es que
estamos yendo todos de la seguridad vial a la movilidad segura. Todos los
que trabajan en seguridad vial saben que si la movilidad funciona, la
seguridad vial puede funcionar, y que si la movilidad no funciona, la
seguridad vial no va a funcionar, con lo cual una buena movilidad tendrá
que ser condición previa indispensable para que funcione la seguridad
vial. Por tanto, como digo, vamos todos a la movilidad segura,
sostenible, universal, eficiente y demás. Y aquí yo creo que los hitos
son los siguientes: en primer lugar, tenemos un ministerio de movilidad;
hacía tiempo que los expertos pedían un ministerio de movilidad, porque
de movilidad hacía una parte el Ministerio de Transición Ecológica, el de
Industria también tenía cosas por el ahorro energético, la DGT también
hacía lo suyo, pero este tema es demasiado importante y necesitaba un
ministerio. Tenemos ya un ministerio de movilidad, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es lo que hay en toda Europa.
En este sentido, les recuerdo que el comisario europeo es de Transportes
y Movilidad. En estos momentos se está trabajando en la Estrategia
española de movilidad y, a continuación, vendrá la ley española de
movilidad. No tenemos en el Estado una ley de movilidad y Francia, por
ejemplo, va por su segunda ley de movilidad. Con lo cual, nos hemos
puesto las pilas en movilidad —por decirlo de alguna manera—,
lo cual es un hito, ayuda y era un elemento importante para la política
de seguridad vial. Y el otro hito es el vehículo conectado. Nosotros
tenemos la impresión de que el gran salto adelante en seguridad vial va a
ser el vehículo conectado, porque, hasta ahora, teníamos tecnología en la
carretera y también en los coches, pero nunca se habían hablado. Sin
embargo, en el nuevo horizonte hacia el que vamos, la infraestructura
hablará con el vehículo y el vehículo hablará con los otros vehículos, lo
cual supone, insisto, un importante salto adelante desde el punto de
vista de la seguridad vial.

En estos momentos estamos trabajando en la
Estrategia de seguridad vial 2021-2030, alineada con los objetivos de la
Unión Europea de reducción del 50 % de fallecidos y heridos graves
de 2021 a 2050. Todo este año lo estamos dedicando a las reuniones de los
grupos de trabajo, para identificar las acciones que debe comportar la
Estrategia española de seguridad vial, porque somos conscientes de que
tan importante como la estrategia es su proceso de elaboración. El
reunirnos con grupos por sectores, además de la participación de los
ciudadanos, nos permite a nosotros aprender mucho. Con lo cual, como no
tenemos prisa por acabar, si hemos de dedicarle un año o un año y medio,
estamos encantados de dedicárselo.

Por último, quiero acabar dando las gracias a las
asociaciones de víctimas, porque ellas son las que tienen toda la
autoridad, las que tienen mayor credibilidad y las que pueden explicar lo
que hay detrás de un accidente de tráfico. Como ellos dicen: después del
accidente, nada es igual. Mi agradecimiento vaya también a las policías
de tráfico, a todas, y a todos los técnicos que trabajan en el ámbito del
tráfico y la seguridad vial; a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso
de los Diputados, que es la que nos está acompañando desde hace años en
el camino de esta aventura de ir poco a poco reduciendo los accidentes de
tráfico y sus dramáticas consecuencias; y, también, a la sociedad civil.
En este país tenemos una sociedad civil activa y comprometida, algo que
es un lujo. Por ejemplo, el 23 de abril, hace poco, aquí, en el Senado,
se celebraron los premios Ponle freno, una iniciativa de Atresmedia que
ya está consolidada y que reconoce las principales iniciativas en materia
de seguridad vial.

Muchas gracias. Quedo a su disposición.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro.

Quiero decirle que, aunque en esta casa no hay una
comisión específica sobre seguridad vial, nos gustaría que se contara con
nosotros en todos aquellos temas que usted ha expuesto en la
comisión.

Una vez sustanciada la comparecencia, pasamos al
turno de portavoces, por un tiempo máximo de quince minutos.

Empezamos, como de costumbre, de menor a
mayor.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES:






Muchas gracias, señora
presidenta. Buenas tardes a todos.

Señor Navarro, recientemente el Parlamento de
Galicia ha aprobado, gracias a la abstención del Partido Popular, una
iniciativa para reclamar la transferencia de las competencias de tráfico
al Estado. De llevarse a cabo la misma, la Guardia Civil abandonaría las
funciones del control del tráfico en esta comunidad autónoma en favor de
la policía de Galicia. Esta iniciativa se suma el acuerdo entre PSOE y
PNV para el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral
de Navarra, siguiendo, a su vez, al País Vasco y Cataluña, donde estas
competencias ya están transferidas. Concretamente, en Navarra este
proceso está siendo difícil por diversas cuestiones, entre las que, al
parecer, la falta de efectivos de la Policía Foral de Navarra juega un
papel importante.

Nuestra formación no deja de sorprenderse de cómo
el Estado pierde cada vez más competencias en favor de las comunidades
autónomas, con el beneplácito de socialistas y populares, supuestos
partidos de ámbito nacional que cada vez debilitan más el poder del
Estado en favor de las autonomías; trasvase competencial al que
difícilmente se le encuentra una explicación lógica, ¿pues quién mejor
que la Guardia Civil para llevar a cabo las labores correspondientes a
Tráfico? Este instituto armado posee la formación y la experiencia
suficiente como para garantizar el mejor servicio al ciudadano,
especialmente en esta materia. Es incomprensible que se pretenda que
tales competencias recaigan ahora sobre la policía de Galicia, que por
razón de no haber ejercido las mismas requerirá de formación y, por
supuesto, de más agentes, lo cual es rotundamente absurdo, cuando tenemos
a la Guardia Civil para ello, que lo hace sobresalientemente bien. Otro
despilfarro a la salud del Estado de las Autonomías y que tiene como
únicas víctimas a los ciudadanos.

Ante la importancia de tales hechos y desde la más
profunda preocupación, Vox estima necesario formularle las siguientes
preguntas. ¿Qué postura mantiene su dirección general ante esta
iniciativa aprobada por el Parlamento de Galicia? ¿Cree que la policía de
Galicia tiene la preparación y los efectivos necesarios para asumir las
funciones relativas a Tráfico? ¿Piensa el Ejecutivo del señor Sánchez
seguir reduciendo las funciones de la Guardia Civil en todas las
autonomías que así lo soliciten? Al detraer estas funciones de la Guardia
Civil en Galicia, ¿supondrá esto una minoración de los efectivos de la
Guardia Civil en este territorio a corto, medio o largo plazo? ¿Tiene
conocimiento de que el Gobierno tenga prevista alguna restricción
competencial más de la Guardia Civil en favor de las policías
autonómicas? En caso afirmativo de la pregunta anterior, ¿cuáles? ¿Adónde
se destinarán los guardias civiles encargados de las tareas relativas a
Tráfico?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo
Ciudadanos, tiene la palabra la señora Ponce Gallardo. (Pausa).

No está presente.

Entonces, por el Grupo Nacionalista en el Senado,
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, tiene
la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Agreixo la teva esposició, senyor Navarro, en esta
Comisión de Interior en la que no acostumbraba a comparecer; pero, bueno,
tampoco lo hace casi nadie, así que tampoco pasa nada. Hemos pedido
muchas comparecencias, que están pendientes, y aunque agradecemos su
comparecencia, esta no era una de las solicitadas. No obstante, la
agradecemos, porque ha hecho una explicación de cómo se están gestionando
en el conjunto del Estado español los temas relacionados con el
tráfico.

Al hilo de la última intervención que hemos
escuchado, nosotros celebramos que las competencias de tráfico estén
transferidas a algunas comunidades autónomas. Lo normal sería que,
después, se retiraran los efectivos de la Guardia Civil —no los de
tráfico—, porque es cierto que se están doblando las funciones. En
todo lo que se refiere al orden público, por ejemplo, los catalanes
estamos sobrevigilados y, el día que conviene, nos vienen a golpe de
porra; ya lo sabemos. Teniendo en cuenta la intervención que ha habido
—si no, no hubiera entrado en este asunto—, nosotros creemos
que son buenas las transferencias en materia de tráfico, porque si no,
¿para qué queremos las comunidades autónomas? Si es para gestionar el
comedor de casa, no es necesario; será para gestionar unas competencias
que valgan la pena, que sirvan gestionar el orden público, el tráfico, la
sanidad, los servicios sociales, la industria, la economía, etcétera. Si
no, cuando algunos hablan de Estado federal, no sé de qué federación
hablan. Por tanto, nosotros, muy al contrario, estamos a favor de la
máxima descentralización, tanta que —como es el caso mi grupo,
Junts per Catalunya— querríamos la independencia, y estamos en
ello.

Yo le querría preguntar —y le pido disculpas,
porque he llegado cinco minutos tarde y no sé si en la parte inicial
usted lo ha citado; si es así, le pido disculpas— sobre la
tramitación de los permisos de conducir porque no le he escuchado decir
nada. En Cataluña, y en otras partes del Estado —tal y como hemos
visto en algunas mociones e intervenciones, tanto en el Pleno como en
esta comisión— hay problemas para tramitar los permisos de
conducir. En este sentido, se nos ha dicho, por ejemplo, que no hay
funcionarios que quieran ir a examinar o a realizar todas estas funciones
a Cataluña. Sé que ha habido conversaciones con la Direcció General de
Trànsit de la Generalitat sobre este asunto, pero me gustaría que nos
informara acerca de por qué esto no se puede transferir para que lo
gestione cada comunidad y examinen ellas. Si ha de haber un permiso
unificado en todo el Estado, que lo dé la Dirección General de Tráfico,
pero creemos que podría haber una gestión más descentralizada. Por eso,
quería preguntarle cómo prevé su dirección general, el ministerio,
agilizar todo este tapón —si me permite decirlo así—, pues
muchas personas atraviesan un momento de dificultad laboral y, como usted
sabe muy bien, algunos trabajos requieren de carnet de conducir, no solo
en el sector del transporte, sino muchos otros. Por tanto, como es
necesario que haya una gestión rápida para poder tener el carnet de
conducir, querría preguntarle —y con esto acabo— qué tiene
previsto su dirección general para solucionar este problema, que se está
alargando mucho en el tiempo.

Como le decía cuando he empezado, agradezco su
comparecencia y la forma en que nos ha explicado todo. Por tanto, nuestro
grupo queda a su disposición para lo que podamos hacer.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Por parte del Grupo Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya
en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera), tiene la palabra el
senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.

Eskerrik asko, Pérez Navarro, jauna. Veo que pone
usted cara de asombro. Efectivamente, el Grupo Izquierda Confederal es un
grupo un tanto complejo.

Yo, como senador autonómico de Navarra, quería
mencionar un tema que a los navarros nos preocupa desde hace tiempo y es
el relacionado con las competencias de tráfico en Navarra. Tráfico era
una competencia que desarrollaba Navarra, pero que el franquismo la echó
atrás, por lo que la reivindicación de la competencia de Tráfico en
Navarra yo diría que es histórica de toda la comunidad, por encima de las
de las siglas políticas.

El presidente Sánchez acordó con la presidenta Uxue
Barkos el traspaso de Tráfico a finales de 2019, y aunque hoy parece que
sí, ese parece que sí no termina nunca de ser una realidad. Por tanto,
quería saber si tiene usted algún dato más al respecto. Y cuando el
presidente Sánchez acordó con la presidenta Barkos la posibilidad de esta
transferencia de competencias, desde la derecha navarra y española en
Navarra se generó mucho jaleo, diciendo que el objetivo no era recuperar
las competencias de tráfico, sino expulsar a la Guardia Civil. Alguna
agrupación de guardias civiles también ha generado cierto ruido con este
tema y, por eso, quería saber si tiene usted conocimiento de cuáles son
los números de la Guardia Civil en este asunto.

También quería hacer referencia a un problema que,
por cierto, se trató en el Pleno de este Senado, como es la escasez de
examinadores del carnet de conducir; también sucede en Navarra, donde, a
causa de las jubilaciones y de alguna baja, la situación es bastante
mala, bastante deficiente y preocupa mucho al mundo de las autoescuelas,
además de a las personas trabajadoras que necesitan el carnet de conducir
para realizar su trabajo.

Muchísimas gracias por su exposición.

La señora PRESIDENTA: Gracias senador.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra
el señor Uribe-Etxebarria.

El señor URIBE-ETXBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko,
presidenta andrea.

Mila esker, Navarro jauna. Agradezco todas sus
explicaciones y la exposición que ha efectuado.

Nosotros queremos plantearle varias cuestiones
relacionadas de manera directa o indirecta con el tema de la seguridad
vial. En relación con la transferencia de las competencias de tráfico a
la Comunidad Foral de Nafarroa, como el señor Martínez ya lo ha planteado
—yo también lo iba a hacer—, me quedo con su exposición, que
la apoyo.

Otro tema que también han planteado mis compañeros,
el señor Cleries, de Junts per Catalunya, y el señor Martínez, de Geroa
Bai, es el relacionado con los examinadores de las escuelas de conducir.
Como usted sabrá —porque ya se ha aludido a ello—, el Pleno
de esta Cámara aprobó una moción presentada por mi compañera Almudena
Otaola en la que, prácticamente por unanimidad, este Senado instaba al
Gobierno a proceder cuanto antes a la cobertura de las plazas de personal
examinador de conducción. Yo le puedo dar unos datos sobre la situación
en Álava, donde se examina cada once días laborables; donde la capacidad
de examen diaria es de 30 personas; donde la capacidad del ciclo de once
días laborables es de 340 personas, y la bolsa de alumnos acumulados
hasta el 17 de marzo, es de 2300 personas. En Guipúzcoa, por su parte, la
situación de escasez sigue en aumento. Examinan cada diez días
laborables; la capacidad de examen diaria es de 36 personas; la capacidad
del ciclo de diez días laborables es de 296 personas, y la bolsa de
alumnos acumulados hasta el 17 de marzo, es de 5656 personas.
Adicionalmente, han eliminado los exámenes excepcionales que se
realizaban dos sábados al mes, por no ser este territorio, al parecer, el
que tiene mayores problemas en este ámbito. Y en Vizcaya la situación es
igual. Se examinan cada cinco días laborables: la capacidad de examen
diaria es de 124 personas; la capacidad del ciclo de cinco días
laborables es de 572 personas y la bolsa de alumnos en espera para poder
examinarse se eleva a 6413 personas.

También nos gustaría conocer qué medidas se prevén
para facilitar que las personas con algún tipo de discapacidad puedan
preparar su examen. Esta cuestión la traemos a colación porque, por
ejemplo, en el territorio histórico de Álava no hay ninguna autoescuela
que ofrezca esta posibilidad.

Otro tema que le quería plantear en relación con la
seguridad vial —y creo que usted lo ha citado— tiene que ver
con el proyecto de reforma de la Ley de tráfico, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. El proyecto incluye unos nuevos cursos en el
sistema de carnet por puntos, los denominados cursos de conducción segura
y eficiente, que actualmente imparten entidades privadas y que tienen
distintas modalidades. El objeto de estos cursos, tal y como se recoge en
este proyecto, es formar a los conductores en distintas técnicas
orientadas a evitar accidentes y reducir el consumo de combustible y las
emisiones contaminantes. Su superación permitiría bonificar o recuperar
dos puntos a personas que han tenido un comportamiento anteriormente
infractor. Es decir, estos cursos de conducción segura, que ya llevan a
cabo entidades privadas, van a premiar con puntos, concretamente, con la
bonificación o recuperación de dos puntos. Lo que nosotros no tenemos
nada claro —y nos gustaría una aclaración, si pudiera ser, señor
Navarro— es cómo se va a garantizar la correcta gestión de la
bonificación o recuperación de estos dos puntos. Hasta ahora, en el
sistema de carnet por puntos, que se caracteriza por la combinación de
los elementos reeducador y punitivo, existen los llamados cursos de
sensibilización y reeducación vial, dirigidos a los conductores que, como
digo, han cometido infracciones con pérdida de puntos. Su objetivo es la
modificación del comportamiento del conductor y, con la superación de los
cursos, se pueden recuperar todos o algunos de los puntos perdidos. En el
caso de Euskadi, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco establece en
las condiciones del contrato la forma en que se gestionan e imparten los
cursos de sensibilización y reeducación vial.

El proyecto prevé una modificación del sistema de
recuperación de puntos al introducir la bonificación y su recuperación
mediante cursos de conducción segura y eficiente. El proyecto incluye, en
la disposición final tercera de la ley en vigor, una habilitación para
que se establezcan por orden ministerial los mecanismos de certificación
y control de los cursos de conducción segura y eficiente, pero no
especifica cuáles son esos mecanismos. En los cursos de reeducación vial,
en cambio, es la propia ley la que establece que los centros que vayan a
gestionar estos cursos se contratarán de acuerdo con lo establecido en la
legislación de contratos del sector público.

Por lo tanto, hipotéticamente, a la espera de esa
orden ministerial, sería de interés, desde nuestro punto de vista,
conocer cuáles van a ser esos mecanismos de certificación y control de
los cursos de conducción segura y eficiente; si los cursos se van a
certificar por entidades acreditadas; cómo se va a llevar a cabo su
supervisión y control, y cuál es el papel que se reserva a la
Administración competente en la materia, en función —ya se ha
comentado— de los estatutos de autonomía o, en nuestro caso, del
Estatuto de Guernica y, en el caso de Navarra, el Amejoramiento del Fuero
navarro.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

Por el Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene
la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.

Bona tarda, señor director general de Tráfico, de
Trànsit, que diríamos en Cataluña. Bienvenido a la Cámara Alta. Tenía
ganas de conocerle personalmente, porque he oído hablar mucho de usted.
Nuestro grupo parlamentario le ha hecho distintas preguntas en el
Congreso, y yo le agradecería que compareciera más a menudo en el Senado,
no tan de vez en cuando como hasta ahora. Ya sabemos que en el Senado no
tenemos una comisión especial como en el Congreso, pero, como le digo, le
agradeceríamos que compareciera más a menudo.

También quiero agradecerle sus explicaciones sobre
las reformas que van a llevar a cabo en cuanto a tráfico, circulación,
seguridad vial, vehículo conectado, reducción de fallecidos en la
carretera, formación, educación, etcétera, que antes ha planteado en su
comparecencia. En algunas de ellas seguramente podríamos ponernos de
acuerdo.

Yo voy a incidir, como he hecho en esta Cámara en
varias ocasiones, en una pregunta directa que hice al ministro
Grande-Marlaska y ante la cual me remitió justamente a usted, por lo que
hoy tengo el placer de poder efectuarla y explicarle cómo estamos en este
momento en Cataluña con respecto a los exámenes de conducción. Estamos
hablando de un problema endémico que sufrimos desde hace al menos siete
años en Cataluña por la falta de personal examinador y administrativo, lo
que conlleva largas listas de espera para el examen de conducción.
Sabemos de sobra que se han celebrado convocatorias para ocupar estas
plazas y también sabemos, y usted sabe también, que estas convocatorias
son del todo insuficientes para resolver el colapso existente actualmente
en Cataluña. Además, el Gobierno del Estado, la Dirección General de
Tráfico, sigue sin cubrir las vacantes de jubilación o de baja médica, es
decir, todavía incrementan más el colapso en este sentido. Le pongo un
ejemplo. En Barcelona, de noventa examinadores solo trabajan sesenta y
cinco, y estas cifras son gravísimas, con todo el problema que
conlleva.

He visto en el BOE que el 30 de abril de 2021 se
convocó un proceso selectivo para cubrir treinta y cinco plazas en el
Cuerpo General Administrativo para todo el Estado, si no me equivoco, y
el 3 de mayo de 2021 también se ha abierto el plazo de presentación de
solicitudes para cubrir treinta y cinco plazas de examinadores de
tráfico. Entiendo que son para todo el Estado. Le puedo asegurar, antes
de que se lleve a cabo el proceso selectivo, señor director general, que
estas treinta y cinco plazas son del todo insuficientes. Ya me dirá usted
si para todo el Estado treinta y cinco plazas son suficientes, cuando la
falta de personal en Cataluña es crónica y, ante el colapso, las
autoescuelas no pueden canalizar de ninguna manera la demanda de
estudiantes para el examen de conducir. No se dispone ni de personal
efectivo administrativo ni examinador, y no se va a cubrir con estas
treinta y cinco plazas que ustedes van a convocar. No poder acceder al
permiso de conducción significa un grave perjuicio para muchas personas.
Ustedes están perjudicando a autónomos y a pequeñas empresas familiares
catalanas que tienen una autoescuela, sobre todo en las poblaciones más
pequeñas. Tienen que pensar que muchos de los estudiantes que están en
las autoescuelas de pequeños municipios se trasladan a Barcelona para
realizar el examen. ¿Por qué? Porque tienen que esperar muchos meses.
Podrían examinarse, por ejemplo, durante el verano, pero las fechas no se
lo permiten y tienen que hacerlo en Barcelona, con el agravio que esto
supone para las familias que tienen pequeñas empresas de autoescuelas en
pequeños municipios.

También tenemos estudiantes jóvenes que están
esperando examinarse, pero no pueden acceder al permiso de conducción.
También tenemos multitud de quejas de personas que viven fuera de la
ciudad de Barcelona, en distintas comarcas, como la mía, por ejemplo, la
comarca de Vallés, o cualquiera de la Cataluña central, el Bergadá, el
Moyanés, Osona, la Noia, etcétera, que usted conoce perfectamente y donde
les resulta imprescindible la utilización del coche particular a diario.
No podemos permitirnos el lujo de no tener coche en estas comarcas, y en
otras tampoco, pero en estas, que son las que yo conozco más de cerca, es
imposible vivir sin coche. Cuando llegue, me van a preguntar sobre cuál
ha sido la respuesta del director general de Tráfico, y no sé si estarán
satisfechos cuando les diga que solo van a cubrir treinta y cinco plazas
en todo el Estado. No sé si estarán satisfechos del todo, aunque creo que
no.

También están esperando que se solucione el
problema las empresas de transporte, que necesitan personal, y este
personal está atrapado en las listas de espera, por lo que estas
empresas, en ocasiones, tienen que buscar personal fuera del Estado.

¿Y qué más le podría decir? Pues que hay personas
que quieren presentarse a unas oposiciones y no pueden porque no tienen
permiso de conducción. Me refiero, por ejemplo, a funcionarios, como los
bombers de la Generalitat, o como los mossos d’esquadra. ¿Qué les
vamos a decir? Las autoescuelas necesitan superar una situación de
insostenibilidad generalizada, con una especial incidencia en Cataluña
por la falta de respuesta de la Dirección General de Tráfico. Hay listas
de espera de cuatro, cinco y seis meses, y no se pueden examinar. Para
resolver esta situación, traspasan el problema a las autoescuelas con el
sistema CAPA, que usted conoce bien; es decir, traspasan el colapso de la
DGT a las autoescuelas, les asignan una cuota que no tienen capacidad de
cumplir y encima les traspasan también la presión del alumnado. Lo que no
soluciona la DGT, que lo solucionen las autoescuelas, sin disponer de
medios. Esta decisión no es muy responsable por parte del Gobierno del
Estado, y con esto demuestran también la incapacidad o la imposibilidad
de corregir el problema en Cataluña.

Señor director, en Esquerra Republicana tenemos la
solución, y usted la sabe de sobra porque se lo hemos dicho muchas veces.
La solución pasa —usted sonríe, porque sabe lo que le voy a
decir— por transferir las competencias a la Generalitat de
Catalunya, porque en plena crisis, y ante esta situación tan crítica,
disponer del permiso de conducción es vital para muchas personas, y
déjeme decirle, para que se entienda bien, que si el Estado no puede, no
sabe o no quiere arreglarlo, dejen que lo hagamos nosotros. Dejen que lo
haga la Generalitat.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora
Cortès.

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Gregorio López.

El señor GREGORIO LÓPEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Muy buenas tardes, señor director. En primer lugar,
en nombre del Partido Popular, quiere darle las gracias por su
comparecencia motu proprio. Nos alegramos por ello y le damos la
bienvenida. Siempre es bueno hablar de seguridad vial, pero quiero dejar
constancia de que nos extraña mucho, como ha dicho un compañero, que
después de haber solicitado hace meses la comparecencia de altos cargos
de Interior —concretamente cuarenta y cinco, solicitadas por
compañeros de diferentes grupos que están hoy aquí conmigo—, no se
nos haya hecho caso a los miembros de esta comisión, mientras que hoy
comparezca usted, aunque no lo hayamos pedido. En cualquier caso,
agradecemos su presencia, pero es digno de estudiarse.

Bromas aparte, me parece grave que nuestro grupo,
en innumerables ocasiones, con nuestro portavoz a la cabeza, haya
solicitado la presencia de la directora general de la Guardia Civil, del
director general del Cuerpo Nacional de Policía y del secretario general
de Instituciones Penitenciarias, entre otros. Incluso el portavoz ha
tenido que hacer una queja formal para que conste en acta porque hemos
pedido en siete ocasiones la comparecencia de la directora general de la
Guardia Civil, y yo creo que siete veces es un buen número.

Señor director, he atendido con atención su
comparecencia y me parece que estamos escuchando una buena música.
Estamos de acuerdo con usted en muchas cosas, pero hay muchos puntos en
los que hay que bajar a tierra. En su discurso no he oído una autocrítica
ante una sensación que tiene el ciudadano español con respecto a la
Dirección General de Tráfico, y es que su único afán es recaudar; por
tanto, el discurso y su credibilidad están fallando por algún sitio, que
es lo que transmiten los ciudadanos. ¿Hay que priorizar la seguridad?
Evidentemente, vamos a estar de acuerdo con usted en que la seguridad es
lo primero, pero también quiero que nos explique —porque sé que
puede hacerlo— por qué en plena pandemia, en 2020, con una
reducción del 25 % de la circulación, hubo, como usted ha dicho
anteriormente, 870 fallecidos, desgraciadamente, que dejaron a las
familias destrozadas. En proporción, es un porcentaje muy alto porque
había un 25 % menos de circulación. Esto lo podemos envolver también en
programas de bajada de velocidad, de límite de velocidad y en otros
programas de los que después hablaré, pero los españoles creen que lo que
hay detrás de todo esto —y no se ha hablado— es que se está
rascando en sus bolsillos.

Los verdaderos problemas de su departamento están
ahí fuera, en la calle, en las carreteras, en las autovías, y ahora el
Gobierno quiere poner un peaje, después de que los españoles ya las han
pagado, y con creces. En este punto le pregunto a usted: ¿qué opina su
dirección general sobre el presunto —porque todavía no se ha
llevado a cabo— traspaso de conductores a carreteras convencionales
porque quieran evitar el peaje? Se lo pregunto porque la siniestralidad
—usted lo acaba de decir y está comprobado por la misma DGT—,
de forma objetiva, es mucho mayor en las vías secundarias o terciarias.
¿Han hecho algún estudio sobre este asunto? Eso es lo que le quiero
preguntar, porque hay que reconocer que esto puede provocar también,
aparte de los problemas económicos y sociales, que los ciudadanos vayan
por otras carreteras que no tengan la misma seguridad que las autovías.
Veo que en su intervención sigue habiendo buena musiquilla, y se lo
agradezco, pero hay que ser reales en algunos aspectos.

Hay algunas lagunas que quiero que me explique.
Usted tiene un departamento con grandes profesionales —yo lo he
vivido—, con grandes directores provinciales, coordinadores,
examinadores, personal administrativo, un largo etcétera, pero me ha
faltado en su discurso el apoyo a quienes son los máximos actores de su
dirección general: los agentes de tráfico de la Guardia Civil. A mí me
parece que en este aspecto su discurso ha estado muy débil, y le
agradezco que no haya hecho campaña electoral, como hizo la directora
general de la Guardia Civil. Yo creo que, dado que usted es una persona
responsable, le tenía que haber aconsejado que, como directora de la
Guardia Civil, no tenía que acercarse a otras posturas, tenía que
mantener neutralidad institucional, etcétera. En fin, no nos parece
bien.

En Madrid —de paso, felicito a la nueva
presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso—, podrían ustedes reforzar la
plantilla. Me gustaría que usted, que parece sensato, no fuera como el
señor Sánchez, que quiere estrangular la capital de España, porque aquí,
como en todas las partes de nuestro país, también necesitamos muchos
examinadores. Sé que usted algunas cosas las transmitirá al ministro de
Interior, a los jefes, pero sigo sin ver esa dignificación de un Cuerpo
que se utiliza mucho para sancionar, sin que su departamento mire muchas
veces por los cientos de miles de servicios de ayuda que hacen a los
conductores en la carretera; repito, cientos de miles de pequeñas ayudas
que hacen en la carretera, no sanciones.

Tampoco nos ha dicho por qué su departamento no
aconseja a su jefe de Interior, al ministro Grande-Marlaska, sobre un
tema muy importante, la conciliación familiar de los agentes de la
Guardia Civil, por ejemplo, limitando que se doblen turnos, mañana y
noche, que dejan muy tocados a nuestros guardias, máxime cuando ustedes
obligan —porque es así— a los conductores de camiones, de
autobuses, mercancías, etcétera, a tener pausas en su conducción porque
es bueno para que no ocurran accidentes. La Guardia Civil muchas veces
está muy sometida a unas condiciones determinadas.

Tampoco nos ha hablado de las vacantes de los
agentes de tráfico, y hay multitud de ellas. Le puedo decir que algunas
tardan más de un año en cubrirse porque se publican tarde, y de ahí el
doblaje de turnos.

Tampoco nos ha hablado de un tema que aquí ha
tratado usted y que nos parece muy interesante, que es la siniestralidad
de la Guardia Civil de Tráfico y de un protocolo para poder evitar en lo
posible estos accidentes. Quiero recordar a tantos agentes, como a tanta
gente de la grúa, de servicios especiales, que han fallecido, a tantos
buenos hombres. El último caso fue el 3 de abril en Salamanca, como usted
recordará.

No nos ha hablado tampoco de las quejas de
vestuario, de uniformidad y de los problemas que ha habido con algún
miembro. Tampoco le he escuchado decir nada sobre lo que comentaba algún
compañero, de si Galicia va a tener las competencias. En Galicia todavía
no se ha empezado, es un primer estudio, pero en Navarra sí. Sánchez dice
que para 2021 dará esas competencias. Me gustaría saber su opinión al
respecto.

No vemos tampoco un plan de choque ante la
complicada situación que han dicho nuestros compañeros de la Cámara por
la falta de funcionarios examinadores y de la contratación inmediata de
personal examinador y personal administrativo ante una escandalosa bolsa
de aspirantes, como se ha dicho aquí, para poder obtener el carné en gran
parte de España. En esto hemos visto mucho caos —como sabe
usted—, sobre todo, agravado por la pandemia, en la que yo creo que
ustedes no se prepararon para lo que se venía después. Como se suele
decir, de aquellos polvos vienen estos lodos: cientos de miles de
aspirantes esperando para obtener el carné de conducir. Y no nos valen
sus declaraciones públicas —eso sí que se puede decir— en las
que decía que la causa fue la preparación por parte de muchos aspirantes
aprovechando el confinamiento, porque en esos meses había 130 000
aspirantes que ya habían pagado sus tasas. Por lo tanto, había una gran
bolsa, pero, desgraciadamente, por el confinamiento no pudieron llevarlo
a cabo. Por lo tanto, lo grave es que no se tomaron medidas objetivas
para poder hacer que esa bolsa rápidamente se solucionara, y le recuerdo
que se dejaron de hacer casi 270 000 pruebas. Ahí lo que faltaron fueron
examinadores.

Nos parece insuficiente la convocatoria de treinta
y cinco plazas. Lo agradecemos, porque todo lo que venga, bienvenido sea,
pero es insuficiente. Como usted conoce muy bien, tenemos cincuenta
jefaturas provinciales, dos jefaturas locales, dieciséis oficinas
locales, sin contar los numerosos centros desplazados, que hay una
multitud en nuestro país. Y ahí hay otro problema, porque en esos centros
desplazados los exámenes teóricos, al no ser centros oficiales de la DGT,
se hacen todavía en papel —aunque una de las pretensiones de la DGT
es conseguir su digitalización— y tenemos que intentar que esto no
ocurra, porque ahí la bolsa sigue creciendo.

Por lo tanto, sobre esta bolsa de examinadores
interinos, yo opino igual que nuestra compañera, es insuficiente, porque
somos muchos los que estamos pidiendo examinadores en todas las
provincias, y seguramente se irá trasladando el problema de unas
provincias a otras. Creo que la voz del sector no se ha escuchado, señor
director, cuando piden —y la necesidad es imperiosa— que las
plazas de administrativos también se cubran y que, además, se doten con
carácter excepcional las que en estos momentos se necesitan. No en vano,
hay cientos de miles de candidatos esperando poder sacarse el carné de
conducir y, como bien han dicho, el trabajo de muchos de ellos depende de
ese carné de conducir. Hay personas de mediana edad, no solo jóvenes, que
han perdido su empleo y ahora pueden conseguir trabajo de conductor
porque les han ofrecido conducir, por ejemplo, un camión de
mercancías.

Aplaudimos el proceso selectivo por el sistema de
promoción interna de 100 plazas de interinos, pero queremos que no sean
solo interinos, queremos que sea acceso libre y que se fijen. El Partido
Popular hizo una propuesta en el sentido de que fuera gente del ejército
a punto de pasar a la reserva, o de la Guardia Civil. Vemos soluciones
para este problema tan grave que tenemos en España, y eso lo conoce usted
muy bien. Este personal administrativo es esencial porque facilita la
labor de los examinadores al tramitar, entre otras muchas funciones, la
documentación de los aspirantes previa a los exámenes, que es una forma
más de agilizar y ayudar a los examinadores para que no pierdan un tiempo
precioso en esta labor fundamental. Sé que hasta los directores
provinciales hacen esta tarea, los directores provinciales, repito, que
deberían estar ejerciendo otras.

Tampoco nos ha hablado de lo que la DGT transfirió
al Estado en 2020 o en años anteriores, ni de lo que a la DGT le sobra de
un presupuesto en un año normal y que se transfiere a la tesorería. Se
habla de aproximadamente 150 millones de euros. Me gustaría que eso nos
lo explicara, porque es un dinero que podría ayudar mucho a este problema
que tenemos de los examinadores.

También quiero preguntarle, porque no nos lo ha
dicho, qué pasa con el tema de los drones, del que tanto se habla. ¿Cómo
se va a tratar ese asunto jurídicamente? ¿Qué mejoras harán en el sistema
CAPA? Y también, ¿qué van a hacer en su departamento con los casi 3
millones de vehículos que circulan en España sin seguro obligatorio?
Porque este es un problema que nos está preocupando a todos.

Estamos de acuerdo, la escuela es fundamental, los
ayuntamientos son fundamentales, la educación vial en las escuelas, en
colegios, en FP, ese nuevo título, es fundamental, evidentemente estamos
de acuerdo, pero hay otras cosas en las que yo creo que su departamento
tiene que bajar a la tierra, porque la verdad es que trabaja con muchas
personas y sus vidas.

Muchas gracias por estar aquí, pero también
esperamos que la directora general de la Guardia Civil venga dentro de
poco. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Senador Gregorio, en esta
comisión solemos ser muy respetuosos con los tratamientos y supongo, por
el contexto, que cuando usted dice Sánchez se refiere al presidente del
Gobierno, al señor Sánchez.

El señor GREGORIO LÓPEZ: Le pido disculpas.

La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz.

El señor DÍAZ MARÍN: Muchísimas gracias,
presidenta.

Muchísimas gracias, señor Navarro, por su
comparecencia. En el Grupo Parlamentario Socialista es lo que queremos
hacer en primer lugar, agradecerle que se haya cursado su petición de
comparecencia a petición propia.

Señorías, frente al espejismo en el que algunos se
van a instalar, basado, para mí —y en mi nombre lo digo—, en
una especie de cortoplacismo bastante simple, los socialistas vamos a
tener que seguir trabajando, trabajando en el presente, pero con las
miras puestas en el futuro. Yo creo que esto es fundamental, y lo estamos
viendo, porque, además, esto es algo bastante transversal dentro del
Gobierno de España. Por poner un ejemplo, les diré que recientemente se
ha aprobado en esta Cámara una ley importantísima, la Ley contra el
cambio climático y para la transición energética, en la que nos hemos
fijado el objetivo, en el año 2030, de conseguir que el 74 % de las
energías que se produzcan provengan de una fuente renovable. Esto es algo
que va a ocurrir en el año 2030. Nos fijamos un objetivo —ha
hablado usted de él— y se está trazando ya una estrategia para que
en el año 2030 seamos capaces de reducir en un 50 % el número de
fallecidos y heridos graves en nuestras carreteras. Por tanto, nos
ponemos a legislar para conseguirlo. Y es todo un orgullo, como
socialista se lo digo, señor Navarro, que además en esta cuestión y en
esta competencia vuelva usted a trabajar, porque, señor Navarro, yo creo
que es algo absolutamente indubitado atribuirle a usted méritos que ya
contribuyeron a alcanzar ese objetivo del año 2030, y además con frutos
de su trabajo que seguimos cosechando quince años después, como por
ejemplo ese carné de conducir por puntos al que usted ha hecho
referencia, cuya implementación trajo consigo una consecuencia directa,
una reducción del 15 % en la siniestralidad vial entre los años 2005
y 2009. Le agradezco de verdad que venga hoy a exponernos, señor Navarro,
la importancia de todo ese paquete normativo que afecta a la seguridad
vial en nuestro país, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, así como
ese objetivo tan ambicioso que se ha marcado, el de la reducción a la
mitad durante esta década del número de fallecidos en nuestras
carreteras.

El propio ministro, el señor Grande-Marlaska,
solicitó a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que
pudiera haber el mayor grado de consenso posible a la hora de tratar este
paquete normativo, y yo creo que buena muestra para trabajar ese consenso
es su comparecencia de hoy aquí, señor Navarro, para explicar esas
propuestas y que podamos interpelarle. Lo único que ocurre es lo que
viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, que es la equidistancia.
Algunos grupos, sobre todo el que me ha precedido en el uso de la
palabra, suelen utilizar expresiones como «le agradezco, pero…» o
«suena bien, pero…». Esa equidistancia ha vuelto a ocurrir aquí, y
básicamente han venido a decir —ya lo han dicho en la sesión de la
comisión de esta mañana— que por qué no venían otros miembros del
Gabinete. Y, claro, yo a veces pienso en cuál es la razón principal por
la que esto ocurre. Quizás sea porque hay escondida incluso un poquito de
vergüenza torera, porque resulta que el último director general de
Tráfico que compareció en esta Casa fue usted, y lo hizo en el año 2011,
señor Navarro (Aplausos), y ha tenido que volver ahora, porque durante
los años, largos años, de los Gobiernos del Partido Popular, con el señor
Rajoy al frente, los dos directores generales, la señora Seguí y el señor
Serrano, no acudieron nunca a esta Casa. Repito, yo se lo agradezco.

Señorías, yo sí que estoy convencido de que, al
igual que ocurre en la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los
Diputados, a todos los miembros de esta comisión nos interesa la
seguridad vial, y creo que en las intervenciones del resto de portavoces
se ha manifestado. Nos interesa el interés y la importancia que tiene la
seguridad vial en nuestro país, pero es verdad que los socialistas le
ponemos más ganas que otros que han gobernado este país, señor Navarro, y
datos para corroborarlo hay bastantes, pero le diré uno que me parece
especialmente significativo al respecto y que también tuvimos la
oportunidad de debatir en la Cámara Alta, como ha reseñado hace escasos
minutos el portavoz del Grupo Vasco, y es esa bolsa de espera para todos
aquellos que esperan, valga la redundancia, a examinarse para obtener el
carné de conducir. Y corríjame si me equivoco, señor Navarro, pero cuando
usted dejó la dirección general, en el año 2011, lo hizo con 851
examinadores de tráfico en nuestro país, y cuando la retomó, en el
año 2018, se encontró con 740, es decir, 111 examinadores menos. ¿Quién
asfixia a quién, señor Gregorio López? (Aplausos).






¿Quién lo hace, sus
recortes o el populismo que hacen hoy? ¿Quién asfixia a Madrid, según
usted, portavoz del Grupo Popular? Es un recorte de todas maneras, señor
Navarro, que no nos es ajeno en esta comisión, porque todo el mundo sabe
de ese recorte en 12 000 efectivos de nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, lo conocemos muy bien. Pero no hay que quedarse en
la crítica, hay que poner soluciones, y usted, señor Navarro, ya está
trabajando en ello, ya tenemos 781 examinadores en nómina, si no me
equivoco, y junto a los interinos, la promoción interna, esa oferta
pública de empleo, las comisiones de servicio, y creo que después del
verano nos podemos aproximar a una cifra bastante superior, hasta contar
con 930 examinadores. Y yo le quiero preguntar cómo se consigue esto. Sé
cómo no se consigue: no se consigue yéndose a un palco de un partido de
fútbol mientras hay centenares de conductores y transportistas en la
carretera atrapados en una tormenta (Aplausos), que es lo que hizo el
anterior director general. Le pregunto cómo está también este tema,
porque, como han dicho la totalidad de los portavoces, es algo importante
para tratar.

Y hablando de formación, es básico y fundamental
que cuidemos a los conductores, a los motoristas, y aquí la educación es
esencial. Tomarse en serio la seguridad vial, como tomarse en serio la
formación profesional en nuestro país, conduce a que, efectivamente, se
vaya a crear una nueva titulación en nuestra cartera educativa de técnico
superior en formación para la movilidad segura y sostenible, que
habilitará un nuevo cuerpo profesional que forme a todos los conductores
del mañana y que puede asesorar también en los planes de movilidad
diseñados por entidades públicas y privadas, unos planes de movilidad que
actualmente son básicos y fundamentales para proteger a los que usted
llama colectivos vulnerables y paliar ese preocupante dato que ha dado,
ese 52 o 53 % de peatones, de ciclistas o de motoristas que han fallecido
—creo que es el dato que ha dado— y que superan en porcentaje
a los fallecidos en vehículos de cuatro ruedas. Por eso, yo creo que es
fundamental el concurso que ha hecho usted, junto con los ayuntamientos y
la Federación Española de Municipios, para rebajar a 20 kilómetros hora
la velocidad en tramos urbanos de plataforma única y a 30 en vías de un
único carril por sentido de circulación, algo que entronca muy bien con
el objetivo del Gobierno de España de hacer ciudades más habitables, en
las que el peatón gane peso al pavimento.

Ha hecho usted referencia a una serie de capitales
muy importantes que, al parecer, le solicitaban esa limitación a 30
kilómetros por hora, capitales muy importantes como Madrid, Barcelona o
Bilbao. Pues bien, me van a permitir en este instante que aproveche la
oportunidad para referirme precisamente hoy a la capital de mi tierra.
Soy de La Rioja y su capital, Logroño, acaba de recibir precisamente hoy
el Premio Nacional de Movilidad por su proyecto Logroño, calles abiertas,
que es una iniciativa nacida para responder a la emergencia sanitaria a
través de crear entornos urbanos más seguros, a través de esa
reordenación del espacio público y el fomento de la sostenibilidad de la
movilidad sostenible. Yo creo que es algo muy importante.

Como igual de importante es algo que usted ha
explicado —además, magistralmente—. No quiero entrar en ello,
pero sí destacar que ha tenido que llegar de nuevo usted, señor Navarro,
a la Dirección General de Tráfico para actualizar normas que usted mismo
hizo en su día, y se hace esto básicamente porque en aquel tiempo algunas
realidades no existían. Usted hablaba de WhatsApp, que en aquel momento
en el que se generó el carné por puntos no existía, y es que hoy los usos
humanos y las costumbres son distintos. Otro ejemplo son los vehículos de
movilidad personal, los patinetes y otra serie de cuestiones que pudieron
valer para un tiempo, como los triángulos de señalización, pero que hoy
en día es necesario actualizar para ese auxilio en carretera. Y por
cierto, reconociendo no solo lo que es, es decir, una auténtica actividad
profesional, la del auxilio en carretera, sino para cada conductor. Ha
puesto usted ese horizonte en el año 2026 para que sea obligatoria la
utilización de la señal V-16.

En definitiva, señor Navarro, yo le quiero
agradecer esa compilación normativa que nos ha detallado, también la
forma de trabajarla, muy participada, haciendo gala del principio de
escucha activa en la toma de decisiones, algo muy útil en asuntos de
Estado como el que nos compete y que, desde luego, ha conducido a que
nuestro país sea el cuarto de toda la Unión Europea con una menor
siniestralidad en nuestras carreteras, superando por primera vez en la
historia a países referentes en la materia como Francia, Alemania u
Holanda. Yo creo que esto se consigue solamente a través de trabajo,
esfuerzo y dedicación, que es lo que usted hace en la Dirección General
día tras día.

Muchísimas gracias, señor Navarro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Díaz.

Una vez que han intervenido los portavoces de los
grupos, tiene la palabra para la réplica el señor Navarro.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Navarro
Olivella): Intentaré ser breve.

Primero, la intervención de la senadora de Vox. Me
niego a entrar en una competencia a ver quién defiende más a la Guardia
Civil de Tráfico. Llevo muchos años, soy el responsable de la Guardia
Civil de Tráfico y cada semana estoy con ellos. Se lo diré de otra
manera: si a un responsable de seguridad vial le pregunta usted si tiene
suficientes policías de tráfico, siempre le dirá que no, que le faltan
más. Otra cosa es que las posibilidades presupuestarias y del país lo
puedan permitir. Sería un mal responsable de seguridad vial si dijera:
No, no, ya tengo bastante policía de tráfico. Ojalá yo tuviera más,
porque son los grandes protagonistas, son los que están en la carretera,
es la primera línea, son los que están en contacto con los conductores,
son los que cada año mueren uno o dos por ayudar a los demás en la
carretera, y es verdad, alguien lo ha dicho aquí: hacen infinitamente más
servicios de ayuda y acompañamiento al conductor que de sanciones de
tráfico. Las sanciones las tienen que hacer porque está dentro de sus
obligaciones, pero les aseguro que son infinitas las actuaciones de
ayuda, acompañamiento o auxilio a los conductores en la carretera.
Recuerdo, no hace mucho, una reunión con camioneros y les dije: ¿qué
piden ustedes? Y me dijeron: Más Guardia Civil de Tráfico en la
carretera, porque nos da tranquilidad y seguridad. Estoy completamente de
acuerdo con todo lo que usted dice, lo compartimos y en ello
estamos.

El portavoz de Junts ha hablado de los exámenes. Es
verdad que cuando vino la pandemia estuvimos encerrados todos durante
todo el estado de alarma y algunos aprovecharon para preparar el teórico.
Yo habría hecho lo mismo. Y también es verdad que cuando abrimos los
exámenes, que recuerdo que fue el 25 de mayo, lo hicimos con todos los
condicionantes de la situación, es decir, teníamos que desinfectar el
coche cada vez que bajaba uno y entraba otro, no podíamos intercambiar el
bolígrafo, teníamos que estar con la mascarilla, si alguien hubiera dicho
que había estado con no sé quién que había dado positivo, cuarentena,
todos en cuarentena, es decir, las circunstancias no eran las más
favorables, lo que afectó de alguna manera a la capacidad para los
permisos de conducir.

En Cataluña —lo digo para la representante de
Esquerra Republicana— yo he hecho varios informes sobre el tema, y
viene a ser algo así como que, por la razón que sea, a Lérida o a Gerona
no quieren ir los funcionarios, no quieren ir, con lo cual se convoca la
oposición a nivel de todo el Estado, sale todo el listado de aprobados y
los últimos son los que van a Lérida y Gerona. Van a ir a Lérida o
Gerona, pero no quieren ir a Lérida y Gerona, con lo cual alguno se pone
enfermo para no tomar posesión y los que llegan allí lo primero que
quieren es irse. Y yo ya he dicho, y lo tengo escrito, que la solución
son los interinos. Necesitamos gente del territorio, gente que quiera
estar allí, que esté allí, que está a gusto allí y que nos garantice la
continuidad. Bueno, pues esto ahora, con los examinadores, es lo que
estamos trabajando, vamos a conseguir examinadores.

Es verdad, tenemos un problema de exámenes por la
situación general, pero hemos diseñado una estrategia y vamos a tener una
bolsa de interinos que nos permita, cuando haya problemas, poder acudir
rápidamente a la bolsa de interinos para cubrir estas necesidades
puntuales, y estos interinos son del territorio, es decir, no es coger a
uno de no sé dónde para enviarlo, sino que son del territorio. En estos
momentos las expectativas son que de la oferta de empleo público del año
pasado hay cuarenta y siete nuevos examinadores que se incorporarán a lo
largo del mes de mayo, es decir, a finales del mes de mayo estarán
incorporados estos cuarenta y siete nuevos examinadores. Nunca habíamos
conseguido tener interinos y tener una bolsa de interinos. Convocamos 35
plazas de interinos, y estos interinos estarán hasta que algún día algún
funcionario ocupe aquella plaza. Hemos convocado las 35 plazas de
interinos y para Gerona se han presentado 183, y eso que pedimos toda una
serie de condiciones. Esto quiere decir que hay gente. Para Guipúzcoa se
han presentado 192 personas de Guipúzcoa que quieren entrar como
interinos. Para Barcelona, 202. Esta es la vía.

¿Cuándo estará esto? Prefiero curarme en salud
porque no hay ninguna necesidad de ponerse uno mismo la soga al cuello
para luego arrepentirse. Con lo cual, cada vez que en mi casa me
preguntan cuándo estará esto, le pongo un coeficiente, basado en la
experiencia, de un mes más y entonces es cuando puedo decirlo. Pero,
bueno, yo calculo que estos 35 estarán en julio. Acabamos de publicar 60
plazas más de examinadores interinos. Y estas plazas no son genéricas,
salen con su sitio, con su territorio, es decir, el que la pide sabe lo
que está pidiendo, sabe exactamente qué destino está pidiendo, con lo
cual nos ahorramos el problema del no puedo, que tengo la familia en otro
sitio, porque usted sabe lo que está pidiendo. Insisto, 47 este mes, 35
para julio. Hace diez días hemos convocado 60 plazas más de interinos.
Los que aprueben ocuparán las plazas, pero todo esto nos permite tener
una bolsa de interinos con la posibilidad de que, en el momento en que
haga falta, vamos a poder, con una cierta agilidad que no tenemos en
estos momentos, cubrir las plazas vacantes o las necesidades por
acumulación de tareas o por la razón que sea. Insisto, son 47, son 35 y
son 60 examinadores interinos. También hemos publicado 100 plazas de
promoción interna. Dentro de la Administración General del Estado hemos
lanzado una convocatoria y hay 100 plazas de examinador. Si alguien de la
Administración General del Estado quiere, que lo solicite; está en
trámite este concurso y yo creo que por esta vía podremos cubrir
aproximadamente 30. La semana pasada se convocaron 35 plazas, pero estas
son otras, son las de la oferta de empleo público de este año, que sigue
un proceso. Estos tienen que hacer oposiciones más un curso de ocho
semanas, con lo cual esto va a tardar un año. Sí, pero tengo los 35
interinos cubriendo estas 35 plazas hasta que los otros, algún día,
puedan cubrirlas. También estamos mirando otras vías, como el convenio
para que los guardias civiles que pasen a la situación de reserva puedan
hacer de examinadores. Es verdad, hasta el verano vamos a tener
problemas, pero después del verano, con todo este abanico de medidas, de
alguna manera debería normalizarse y deberíamos dar un servicio
razonable.

Alguien hablaba aquí sobre la importancia de tener
permiso de conducir. Me alegro, porque tenemos la impresión de que todo
el mundo está hablando de la nueva movilidad como si todos fueran a ir en
bicicleta y ya no fuera a hacer falta el automóvil. No es verdad. Gracias
a Dios, España no es Madrid y Barcelona, y les aseguro que es verdad que
en la España vaciada o en las ciudades intermedias es imprescindible el
permiso de conducir. Lo digo porque a veces perdemos de vista cuál es la
situación global o general.

En cuanto a Navarra, es verdad, tiene 9
examinadores. Ahora, con este sistema, van a ir 2 más 2 más 4, 8 en
total, con lo cual casi doblamos el número de examinadores en Navarra.
También está todo preparado para las transferencias desde el punto de
vista de la Dirección General de Tráfico. Hemos hecho todos los
expedientes y están todos los datos. Nos hemos reunido creo que veinte
veces con todo el equipo de la comunidad autónoma, de la Consejería de
Interior y Presidencia. Está previsto, está todo preparado y llegará
cuando llegue.

Quiero hacer una reflexión para los que piden la
transferencia de la competencia. Lo entiendo, lo puedo entender
perfectamente, pero deberíamos hacer un esfuerzo para evitar que, cada
vez que la Administración tiene problemas, la solución sea la
transferencia. La Generalitat tiene problemas también, pero a mí no se me
ocurriría, cada vez que tiene un problema la Generalitat en algún área de
tramitación o de administración, decir: no, no, la solución está en que
lo recupere el Estado. Yo pido un cierto respeto generalizado a las
competencias. Ahora toca —esta es mi impresión, esta es una opinión
mía, personal— sentarse y hacer que funcione el sistema. Llevamos
ya cuarenta años de comunidades autónomas; se han hecho las
transferencias que se han hecho y el sistema está superconsolidado. ¿Cuál
es el reto? Sentarse y, entre todos, hacer que funcione para el bien de
todos, no continuar indefinidamente pidiendo más y más competencias. Es
una opinión personal, pero basada en casi cuarenta años de experiencia de
alguien que ha trabajado en la Generalitat de Catalunya, de alguien que
ha trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona y que ahora está trabajando
en la Administración del Estado. Tenía ganas de decirlo porque, cada vez
que vengo, parece que la solución es una y no, las cosas no son tan
sencillas.

¿Comparecencias? Yo estoy encantado de comparecer.
En nuestro trabajo es muy importante compartir, divulgar y difundir,
hacer una cierta pedagogía, porque no es un tema nuestro, sino que es un
tema que afecta a todos. Hablaba de comparecencias más frecuentes y yo
estoy absolutamente encantado de comparecer.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco me
hablaba de que no hay autoescuelas en Álava para las personas con
discapacidad. No lo sé, lo apunto para preguntarlo. Me llama la atención
que, a estas alturas, en este país, haya una provincia en la que no haya
ningún sitio ni ningún lugar para preparar a personas con discapacidad
para sacarse el permiso de conducir. Llevamos muchos años trabajando el
tema de la accesibilidad como para tener este problema. No tenía
conocimiento y no soy consciente, porque, además, no es de los problemas
que nos llegan ahora —me refiero al de las personas con
discapacidad—. Creo que es un tema que está razonablemente resuelto
en este país y hacía mucho tiempo que no nos llegaba un problema
así.

En cuanto a los cursos de conducción segura y
eficiente, haremos igual que con los otros cursos. El Estado dibuja un
poco el diseño y, luego, el resto lo ejecuta la comunidad autónoma. ¿Cuál
es la previsión? Vamos a sacar una orden ministerial que definirá
exactamente las condiciones del curso, no la entidad. Nos importa un
pepino la entidad. Queremos el curso, y lo que vamos a certificar es el
curso. Entonces, hemos sacado concurso y ya tenemos unas empresas de
certificación. La AECA define las condiciones que han de tener estas
empresas y va a haber dos empresas de certificación, una para la mitad
norte de la península y otra para la mitad sur, y estas van a ser las que
van a certificar que estos cursos reúnan las condiciones y serán los
cursos que aparecerán registrados y certificados por la DGT. Y, además,
establecemos un sistema de inspecciones periódicas para controlar que se
cumple. Quédese con la idea básica de la Administración. La
Administración regula, el BOE regula y vigila y comprueba el
comportamiento de lo que ha regulado. Nuestro núcleo duro es regular y
asegurar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento, que las cosas se
desarrollen tal y como se han diseñado y tal y como se han previsto. E,
insisto, en cuanto a las comunidades autónomas, ocurrirá como en otros
temas, es decir, cada uno ejercerá sus competencias en su
territorio.

De los interinos he hablado ya, y creo que es lo
más importante de todo. También he hablado de la importancia de tener
coche.

Al Partido Popular, gracias por agradecer la
comparecencia. ¿Autocrítica? Sí. A ver si lo sé explicar con cariño.
Puedo entender perfectamente que el ciudadano al que le hemos puesto una
multa diga que el único afán de la DGT es recaudatorio. Vale, a nadie le
gusta que se la pongan, pero me duele que un representante de los
ciudadanos diga esto. Llevamos ya muchos años de política de seguridad
vial, llevamos muchos años haciendo un gran esfuerzo para que todo se
diluya diciendo: No, esto que hacen es todo por afán recaudatorio.
(Aplausos). Elevemos el nivel, no podemos ni debemos bajar el nivel y
hablar de afán recaudatorio. Insisto: que en una red social haya un tío
al que hayamos puesto una multa y que diga que estos lo hacen únicamente
por afán recaudatorio, va de suyo, pero, a partir de cierto nivel,
deberíamos cuidar y evitar decirlo.

¿Que qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir
sinceramente. En todos los países europeos se paga la conservación y el
mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Este es un
país en el que hemos estado pagando, pero han acabado las concesiones y
lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. Usted cuando va a
en tren no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagar, aquí y
en cualquier país. Se puede discutir, pero hay que tener en cuenta lo
siguiente. Uno, que es solo el coste de la conservación y el
mantenimiento. Dos, que es un tema de Estado. Y haríamos bien en ponernos
de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a
los presupuestos del Estado la conservación y el mantenimiento de
autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una
pensión, que está en un piso y que no tiene coche, esté pagando la
conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. El
que lo usa, lo paga. Vamos a tener que poner el cascabel al gato y
deberíamos evitar aquello típico, para desgastar, de no, ahora tú, porque
yo estoy en la oposición, y el uno por el otro no hacerlo. Porque tiene
un evidente desgaste político. Porque, si no, ¿sabe cómo acabará? Que
Bruselas nos dirá: Óyeme, envío dinero, pero no es para que paguéis la
conservación y el mantenimiento de las carreteras; los fondos os los
estoy enviando para otra cosa. Por lo tanto, este es un tema de Estado y
haríamos todos bien en tener la altura de miras suficiente como para
sacarlo del debate político, porque se presta mucho este tema al debate
político.

¿Que si nos preocupa que el tráfico vaya a
carreteras convencionales? No, porque el viaje largo se hace por
autopista o autovía, y nadie se va a meter a hacer un viaje largo por
carretera convencional. La carretera convencional es para un viaje de
media o corta distancia, no para hacer un viaje de 500 kilómetros. Nadie
con sentido común lo hará, con lo cual, no nos preocupa el trasvase de
tráfico de las carreteras de alta capacidad, autovías y autopistas, a las
carreteras convencionales.

En cuanto a reforzar la plantilla de la Guardia
Civil, todos estamos absolutamente de acuerdo. Cuantos más policías
tengamos, mejor.

Es verdad, no he hablado de los uniformes de la
Guardia Civil ni de la conciliación de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil ni de los horarios de trabajo de la Guardia Civil de
Tráfico, porque me parecía que no debía yo aquí, en este marco, bajar a
estos niveles, casi diría, internos, aun siendo muy importantes.

Por último, aquí se hace un presupuesto que
aprueban ustedes y es verdad que, si a final del año ha habido más
ingresos que gastos —que normalmente hay más ingresos que
gastos—, esto va a una cuenta de Hacienda y se utiliza. Es así,
pero lo ha sido también todos los años que han gobernado ustedes, los que
gobernamos antes nosotros y, antes, los años que también habían gobernado
ustedes. Esta es una práctica que, además, está reflejada en unos
Presupuestos Generales del Estado que me imagino que pasan por esta Casa,
con lo cual, no le veo yo nada sorprendente.

En cuanto a automóviles y seguro obligatorio,
tenemos un sistema que está bastante bien. Cuando los coches pasan por
los radares, leen las matrículas y nosotros contrastamos estas matrículas
con la base de datos de ITV o de seguro. Y, entonces, si nos sale ¡tran
tran! y rojo, podemos enviar una multa porque tenemos un vehículo que
hemos identificado, que está circulando y no nos consta que tenga seguro
o que haya pasado la ITV. Con lo cual, el sistema es bastante eficiente.
Es verdad que la base de datos no es perfecta y tenemos que poner algunos
coeficientes para no enviar sanciones a quien no corresponde.

Al representante del PSOE, gracias por su apoyo,
gracias por su solidaridad y gracias por su compromiso, gracias por su
voluntad de construir. Y, si quieren que comparezca más, para mí será un
placer.

Hoy he estado con el alcalde de Logroño, he estado
hablando con él y es verdad que le han dado un premio por cuestiones de
movilidad.

Acabo con dos mensajes. Uno es —vamos a ver
si lo sé explicar— que no somos malos en seguridad vial. Hará
quince días, la Unión Europea publicó el ranking de los países europeos
en seguridad vial. España está en la cuarta posición del ranking de toda
la Unión Europea, con 29 fallecidos por millón de habitantes. Solo
tenemos por delante a Suecia, a Malta —es una cosa rara— y a
Dinamarca. Pero, atención, en el ranking de la Unión Europea, con 29
muertos por millón de habitantes, estamos por delante de Alemania, con 33
fallecidos por millón de habitantes; estamos por delante de Francia,
con 38 fallecidos por millón de habitantes; estamos por delante de
Holanda, que para nosotros siempre había sido un referente histórico en
materia de seguridad vial. Es decir, como en tantas cosas, somos buenos,
pero no sabemos venderlo. Esto es un clásico de nuestro país. Vas el
ranking y dices: pues sí que somos buenos. Sí, pero no sabemos venderlo o
no lo sabemos explicar bien, y nosotros no somos conscientes de que, en
el comparativo europeo, salimos bastante bien parados.

Y, por último, presidenta, querría invitarles a
visitar la Dirección General de Tráfico si les interesa el tema, si les
gusta el tema y si quieren conocerlo y conocer al equipo y la tecnología,
que es muy interesante. Estaríamos encantados si una delegación de
ustedes quisiera venir. Estamos a su disposición para cuando quieran
visitar la Dirección General de Tráfico, que tampoco está tan lejos.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro.

Una vez que ha realizado la réplica, tenemos la
posibilidad de dúplica para aquellos senadores o senadoras que quieran
intervenir. Les vamos a dar un tiempo de cinco minutos. Entre los que
quieran la palabra, empezaremos por los grupos de menor a mayor.

Señora Merelo, ¿quiere la palabra? (Asentimiento).
Pues la tiene.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Señor director general de Tráfico, usted estará de
acuerdo en todo conmigo, pero, tras sus respuestas, queda de manifiesto
que la voluntad de este Gobierno, al que usted representa hoy aquí, va en
la tónica de los anteriores del señor Rajoy y del señor Zapatero, es
decir, empequeñecer al Estado en favor de aquellos reinos de taifas
conocidos como comunidades autónomas, y que la Policía Nacional y la
Guardia Civil pierdan presencia en todo el territorio nacional. Por mucho
que se esfuerce el señor Grande-Marlaska en asegurar que la Guardia Civil
mantendrá todos sus efectivos en Galicia, cuesta creerles, sobre todo
valorando estas acciones a largo plazo. Además, si este traspaso de
competencias se sigue extendiendo al resto de autonomías, la consecuencia
inmediata es que el número de guardias civiles en España va a disminuir,
por mucho que ustedes intenten ocultarlo. Y lo más grave de este asunto,
¿sabe lo que es? Pues que se ponga en duda, de esta forma, la
profesionalidad de este instituto armado y se le resten competencias por
puro capricho político, por comprar la paz con los nacionalistas y el
resto de socios antiespañoles de este Gobierno.

Todo lo anterior no hace más que poner de
manifiesto que solo queda Vox.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.

Por el Grupo Ciudadanos, sigue sin estar presente
su portavoz.

El senador Cleries tiene la palabra, si la quiere.
(Denegaciones).

Entonces, por el Grupo Izquierda Confederal, tiene
la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Intervendré muy brevemente.

Señor Navarro, no me ha contestado cuál es la
actitud, la situación mayoritaria de la Guardia Civil en Navarra respecto
de las competencias de tráfico, porque hubo anuncios en prensa que eran
francamente preocupantes en cuanto a la aceptación por parte de algunos
grupos de la Guardia Civil de esa transferencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra
el senador Uribe.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidenta.

Eskerrik asko, muchas gracias, señor Navarro.
Quiero agradecerle su disposición.

Intervendré telegráficamente. En relación con los
problemas que tenemos en Álava para que personas con alguna discapacidad
puedan examinarse, si me permite, al terminar la comisión le trasladaría
alguna información para que tuviese datos más concretos y, a partir de
ahí, ver si se puede solucionar el asunto.

En cuanto a los examinadores, agradezco que estén
intentando buscar algún tipo de solución, pero el problema de la escasez
de examinadores no viene exclusivamente provocado por la pandemia, sino
que se retrotrae a fechas bastante anteriores. Usted sabe que el problema
no son las plazas, sino cubrirlas, y desde ese punto de vista yo le
pediría que prestara cierta atención, tal como nos han pedido las propias
autoescuelas en Euskadi, a las jubilaciones del personal que está
dedicado a examinar, así como a las rotaciones, porque puede haber
problemas que igual no son fácilmente detectables. Por ejemplo, puede
suceder que la carestía de la vivienda en Guipúzcoa, una cosa tan
práctica del día a día de las personas, en este caso de los examinadores,
provoque que renuncien a prestar sus servicios allí y prefieran otros
territorios. Por lo tanto, el tema de las remuneraciones quizá habría que
mirarlo.

Hablaba del sistema autonómico en general y decía
que está consolidado. Y ya que me habla en general, permítame que yo
también le comente en general. Quizá usted ya sepa que el Estatuto de
Gernika, que data de 1979 —son más de cuarenta años—, es una
ley orgánica que todavía no está completa. Tenemos todavía pendientes
aproximadamente treinta y siete transferencias. Es una ley, y el que esté
en contra de eso evidentemente está en contra de la ley. Y le quiero
decir que, como usted bien sabe, las facultades en materia de seguridad
vial, y en lo que respecta al Gobierno vasco, a Euskadi, se transfirieron
en 1983, pero quedan algunas funciones inherentes a esa competencia en
general de la seguridad vial que esperamos que en las próximas semanas o
en los próximos meses se puedan cumplimentar, en función de lo pactado
entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. Ya sabe que hay algunas
materias que forman parte de la materia general de la seguridad
vial.

Le reitero el agradecimiento de mi grupo.

Gracias

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Por Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la palabra
la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.

Señor director general, perdone, pero no he
entendido muy bien el baile de cifras que antes nos ha
dado: 47, 35, 60, 100. Yo le pregunto: ¿Cuántas plazas de interinas
administrativas? ¿Cuántas plazas de interinas examinadoras? ¿Todas estas
plazas son para interinas en Girona? ¿Son para interinas en Barcelona?
¿Son para interinas en Girona y Barcelona? ¿Son para interinas de Girona,
Barcelona y Lleida? ¿O son para todo el Estado? No lo he entendido y me
gustaría que me lo volviera a explicar. Quizá la Dirección General de
Tráfico tenga una bolsa de interinos para cubrir con cierta urgencia,
pero también tendrán que prever que no todos estarán esperando a que les
llamen ustedes algún día para hacer algún examen. Quizá no lo he
entendido bien, pero así será difícil que funcione. Ya veremos.

Y otra cosa, señor director, seguiremos reclamando
el traspaso de competencias del Estado a la Generalitat de Catalunya. Nos
gustaría no tener que hacerlo y no tener que insistir en el tema, pero
seguiremos haciéndolo para mejorar el servicio y para mejorar la calidad
de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas hasta la constitución de la
república catalana.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora
Cortès.

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Gregorio.

El señor GREGORIO LÓPEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Yo no querría haber entrado en ese debate de
espejismos, de cortoplacismo, de mirar el presente y hacia el futuro, de
la ley contra el cambio climático... No ha dicho usted, señor portavoz
del Grupo Socialista, cuántas enmiendas se presentaron y cuántas se
aprobaron, y algo tendríamos que decir. Y le voy a decir una cosa: los
peros son importantes en la vida, porque nos pueden llevar a seguir
haciendo las cosas bien para mejorarlas. E insisto, para mejorarlas. Yo
aquí he dicho que, en cuanto a las medidas de seguridad vial, tenemos que
ir juntos, porque es cierto que supone salvar vidas humanas. Está
claro.

Yo le comentaba, director, que es cierto que hay
ese sentir por parte del ciudadano respecto a ese tema. No es algo que yo
diga, sino que hay ese sentir, y aquí habría que trabajar para ello. Y le
digo una cosa, aunque no quisiera hacerlo. ¿Sabe usted quién fue el que
hizo el mayor recorte en España de agentes de la seguridad y de la
Guardia Civil? ¿Sabe quién fue? El señor presidente Zapatero, socialista,
como el señor presidente Sánchez. Y cuando el señor Rodríguez Zapatero
decía que estábamos en la Champion, fue el Partido Socialista quien hizo
el mayor recorte. Le voy a decir, y esto es objetivo, que en 2009
había 4375 agentes; en 2010, gobernando Rodríguez Zapatero, se pasa
a 454, y le deja a Rajoy para el 2011 solo 470. ¿Sabe los que dejó el
señor Rajoy al señor Sánchez? En 2017 le dejó 5132, la mayor oferta de
empleo público en los últimos ocho años. ¿Por qué tenemos que hablar del
pasado si estamos hablando de seguridad vial? Me gustaría que me lo
explicara, porque los máximos recortadores fueron los que dejaron 96 000
millones de deuda en este país, y de ellos, 16 000 millones en sanidad,
que se dice pronto. (Aplausos). Y no entremos en más cosas.

Yo le comentaba lo de lo de la Comunidad Foral de
Navarra porque hay una hoja de ruta de independentistas que han dicho
textualmente que quieren expulsar a la Guardia Civil. Expulsarla. Eso es
lo que no me parece correcto, y por eso se lo preguntaba.

Dice que hay que pagar las autovías y le pongo el
mismo ejemplo. Cuando esa viejecita con ese sueldecito vaya al médico,
¿tiene que pagar también la autovía? Desgraciadamente en muchos pueblos
de España la única salida es a la autovía. Por lo tanto, cuando esa
viejecita vaya al médico, va a tener que pagar. Yo creo que hay que
reconsiderar esa situación. Pero es que, además, ya hemos hablado de que
las carreteras convencionales son las que más siniestralidad tienen.






En
el momento de que a nuestros compatriotas les digamos que tienen que
pagar por ir a al médico, se van a meter por carreteras convencionales, y
yo sí que le puedo decir, porque conozco muchas, que les falta una
pasadita.

No me ha respondido sobre el sistema CAPA ni sobre
los drones; si va a existir o no va a existir. En cuanto a lo de los
seguros, mal vamos, porque si hay tres millones de coches por ahí
circulando y no los localizamos, mal vamos.

Y también quería decir al portavoz del Grupo
Socialista, el señor Díaz, que al proyecto premiado hoy, Calles Abiertas,
le llaman el proyecto de las calles grafiteadas. Pregunten a los
ciudadanos y luego analicen si es positivo dicho proyecto, porque, menos
carriles, mucha pintura en contra, pero —y fíjense— de
motoristas y de ciclistas, y lo que pretendemos es que por lo menos
también tengan movilidad. Por lo tanto, no echemos las campanas al vuelo,
porque siempre tenemos algo por lo que bajar la cabeza.

Creo en la seguridad vial, y se lo vuelvo a
repetir, director. Muchas gracias por venir. Creo en la escuela, creo en
la educación y en ese punto estaremos, porque por ahí podemos conseguir
cosas para este país. En otras, en cambio, creo que deben bajar ustedes a
la realidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz, por tiempo de cinco minutos.

El señor DÍAZ MARÍN: Muchas gracias. No se
preocupe, no me voy a explayar.

Quisiera hacer algunas consideraciones respecto a
una cuestión que hemos escuchado en este último turno de palabra. Al
señor Gregorio López le quiero invitar a mi tierra, a Logroño. Además,
hay un senador de su grupo parlamentario que también es de mi tierra, y
le quiero invitar para que conozca de primera mano, porque se nota que
desconoce ese proyecto de Logroño, Calles Abiertas, que ha merecido ese
primer premio nacional porque verdaderamente es algo que funciona con
esos entornos mucho más amables y más naturales, y creo que es lo que se
está consiguiendo.

Y por no salir de mi tierra y sobre la falta de
efectivos, ustedes, justo antes de irse del Gobierno, decían que en
nuestro país hacía falta 28 000 agentes, en concreto, de la Guardia
Civil, y la realidad es que en sus años de Gobierno, en una zona, en una
tierra eminentemente rural, como la mía, La Rioja, hicieron
desaparecer 200 agentes; es decir, que con ustedes se redujo la capacidad
operativa y los efectivos, y esa es una evidencia que se puede comprobar
cuartel por cuartel.

Pero independiente de eso, yo me quedo con que esta
ha sido una comparecencia sumamente nutritiva, a pesar de las reticencias
de algunos. Todos los grupos parlamentarios hemos agradecido su presencia
y su comparecencia que, además, ha sido especialmente pedagógica en temas
tan sensibles y tan importantes, señor Navarro, y yo se lo quiero
agradecer. El Grupo Socialista recoge el guante para esa visita a las
instalaciones. Creo que el futuro pasa por hacer uso de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación; esa lectura que se
puede hacer a través de la inteligencia, tanto de nuestras carreteras,
como de la que viene instalada en los vehículos. Tiene que hablarse,
tiene que conocerse, tiene que mejorarse, y ello desde luego redundará en
un mejor beneficio para la ciudadanía.

Y me quedo con esa parte importantísima de los
tramos urbanos, porque el dato está ahí. Es verdad, es muy probable que
las mejoras en la seguridad activa de los propios vehículos hayan
contribuido a ese descenso, sobre todo en la mortalidad y los heridos
graves en carretera, pero ahora nos queda efectivamente actuar en las
ciudades, y las administraciones públicas tienen que ponerse a ello. Creo
que ese convenio que firmó la Dirección General de Tráfico con la
Federación Española de Municipios y Provincias, con ese manual para la
aplicación de esa reducción general a 30 kilómetros por hora, es algo
fundamental. Creo —y también lo ha dicho el señor Gregorio
López— que la importancia que tienen los ayuntamientos es
fundamental.

Y hay algo que no me resisto a decir a la que
parece ser o se erige como la máxima defensora de la patria en esta
comisión, y es que no se pueden tolerar determinadas cosas que se dicen.
Verdaderamente las comunidades autónomas son Estado. Insisto, las
comunidades autónomas son Estado y es algo fundamental que hay que
recordar, porque parece que hay gente que dice determinadas cosas
intencionadamente. ¿Y saben lo que hace pequeño un Estado? A un Estado lo
hacen pequeño los recortes y la corrupción, que precisamente esa
formación política ampara en tres comunidades autónomas con otro partido
político.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Señor director, si lo desea, puede intervenir.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Navarro
Olivella): Sí, intervendré un minuto. Gracias, señora presidenta.

Al portavoz del Grupo Vasco le diría que yo he dado
una opinión, y además creo que hasta el ciudadano lo pide: siéntense,
coordínense, pónganse de acuerdo y hagan que el modelo del Estado
autonómico funcione. Punto. Me da la impresión de que es un acierto y que
es lo que tocaría ahora. Pero, en todo caso, como digo, es una opinión, y
nada más.

A la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya
le diré que no es que usted no lo haya entendido, es que yo no me he
explicado bien. A Barcelona van a ir once examinadores; a Sabadell, un
examinador más; a Gerona, seis examinadores más; a Lleida, tres
examinadores más, y a Tarragona, dos examinadores más.

En cuanto al portavoz del Grupo Popular, pido
disculpas. Es verdad que yo había interpretado que usted decía que todo
lo que hacíamos nosotros era con afán recaudatorio, cuando lo que había
dicho usted es que hay ciudadanos que opinan así; y tiene razón, lo
comparto. Y ello quiere decir que tenemos un problema de comunicación; si
al final el ciudadano opina eso, el problema no lo es tanto del
ciudadano, sino nuestro, porque no hemos sabido trasladarlo, aun cuando
—y hago un poco de demagogia— nuestro objetivo es sanciones
cero, porque eso querrá decir que todos los ciudadanos cumplen las
normas. ¡Qué bonito! (Risas).

En cuanto a lo de la abuelita, cuando se pone un
peaje del tipo que sea, normalmente siempre se excluye algunos casos; por
ejemplo, el viaje diario, cotidiano del que tiene que coger la autovía
cada día para ir y volver del trabajo queda exento, porque, de lo
contrario, le crujiríamos; como también el viaje obligado por razones de
estudios, y aquí perfectamente también se podría poner que la abuelita,
cuando va al médico, también quede excluida. Es decir, que hay un cierto
margen.

En cuanto al sistema CAPA, le agradecería que me
diera una alternativa. Teníamos un sistema; nos denunciaron las
autoescuelas y la Comisión Nacional de la Competencia nos dijo que lo
hacíamos mal, y es que con todo lo nuevo siempre hay rechazo. Pero lo
estamos haciendo de acuerdo con la Confederación de autoescuelas, y
tenemos una comisión para perfeccionar progresivamente diversos aspectos
de CAPA, y de momento así vamos haciéndolo.

En cuanto a los drones, es nuevo, con lo cual vamos
poco a poco viendo los datos. Yo creo que tiene unas posibilidades, sobre
todo para la visión del tráfico, y pueden vigilar grandes infracciones.
Si alguien se salta el stop o pisa la línea continua, aquí podría haber
algo de drones.

Y, por último, un tema que no ha salido, pero que
quiero compartir con ustedes, es el siguiente. Parece que somos
razonablemente buenos en el tema de seguridad vial. Latinoamérica. Uno de
los principales problemas que hay en toda la región son los accidentes de
tránsito. Es un drama. Por tanto, creo —y este es un proyecto
colectivo de todo el país— que deberíamos ser capaces de ir a
Latinoamérica, trasladarles nuestra experiencia y ayudarles a reducir los
altos índices de siniestralidad. Yo creo que tenemos una obligación ética
y moral de hacerlo, pero, además detrás de todo hay empresas, empresas
españolas y empresas que se han especializado que también tendrían su
oportunidad. Con lo cual lo dejo ahí porque creo que este es un proyecto
muy sugestivo.

Muchas gracias. Les esperamos en la Dirección
General de Tráfico. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor director.

Habíamos aceptado de buen grado la invitación a la
Dirección General de Tráfico en cuanto lo del COVID esté un poco más
controlado; pero también nos seduce la idea de ir más adelante, si la
Cámara nos lo permite, a Latinoamérica.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Navarro
Olivella): Y queda otra: Mérida, la escuela de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil, a la que llamamos West Point. Es precioso, es
espectacular.

La señora PRESIDENTA: Y teníamos interés en ir,
¿pero sabe que hay un virus?

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Navarro
Olivella): Sí.

La señora PRESIDENTA: Pues apareció y nos ha
impedido viajar a todas partes. Yo soy miembro de la Asamblea de la OTAN
y llevo no sé cuánto tiempo sin ir a ningún lado. (Risas).

Agradecemos mucho su presencia. Y, recogiendo el
sentir mayoritario de la comisión, como en esta Casa, como antes se ha
dicho, no podemos tener la relación que tiene el Congreso porque allí hay
una comisión específica de seguridad vial y aquí no, procuraremos que
dentro del tiempo que considere más oportuno vuelva a estar aquí en
contacto con nosotros.

Sin nada más que tratar, levantamos la sesión.

Eran las dieciocho horas y diecinueve minutos.