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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 29, de 17/11/2020
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 29
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 4
celebrada el martes,
17 de noviembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (De la Fuente y de la Calle), para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I: Informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001):
- Informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000027 y número de expediente del Senado 771/000027) ...
Bloque II: Informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000017 y número de expediente del Senado 771/000017):
- Informe de fiscalización del Museo Nacional del Prado, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000052 y número de expediente del Senado 771/000052) ... (Página14)
Bloque III: Informe de fiscalización del organismo autónomo Centro de Investigaciones Sociológicas, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000026):
- Informe de fiscalización de la ejecución de los gastos con financiación afectada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000036 y número
de expediente del Senado 771/000033) ... (Página23)
- Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de MERCASA, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000054) ...
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque-I: Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado
771/000008):
- Informe de fiscalización del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038 y número de expediente del Senado
771/000035) ... (Página36)
Bloque-II: Informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado
771/000034):
- Informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000050 y número de expediente del Senado 771/000050) ... (Página37)
Bloque-III: Informe de fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000003 y número de expediente
del Senado 771/000003):
- Informe de fiscalización del Fondo para Inversiones en el Exterior, FCPJ, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000056) ...
Se abre la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (DE LA FUENTE Y DE LA CALLE), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I: INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000027 y número de expediente del Senado 771/000027).
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la sesión. Primero, quiero dar la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece hoy para informar en relación con los informes de fiscalización que figuran en
el punto 1.º del orden del día, que están repartidos en tres bloques. El debate correspondiente al bloque I comprende el informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017, y el Informe de fiscalización de
la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicios 2016 y 2017. Por acuerdo de la Mesa del 15 de septiembre de 2020, se entienden subsumidas en esta comparecencia las números 212/000403 y 212/000439, del Grupo Parlamentario VOX, que tienen el
mismo objeto.
Para comenzar, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, buenos días.
En la comparecencia de hoy vienen a ser presentados ante ustedes, ante esta Comisión, siete informes, de ellos seis son fiscalizaciones integrales, lo cual quisiera resaltar porque me parece muy relevante que se evidencie en qué medida el
Tribunal de Cuentas tienes interés no solamente en fiscalizar la legalidad o el ámbito financiero de la gestión, sino también los principios de eficacia, economía y buena gestión. En concreto, los dos informes que constituyen este primer bloque son
dos fiscalizaciones integrales respecto de dos entidades con funciones diferentes pero, en alguna medida, complementarias, y en los dos casos se refieren a los ejercicios 2016 y 2017.
Por lo que se refiere al primer informe, se trata de la fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es una fiscalización integral -como les decía-, se ha realizado, por tanto, una fiscalización financiera en relación con las
cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2017; se ha verificado el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la actividad y la gestión económico-financiera del consejo y se han valorado las operaciones y los
procedimientos de gestión en cuanto a su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión. Asimismo, se ha comprobado el cumplimiento de la normativa de igualdad entre hombres y mujeres y de transparencia en
todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de la fiscalización.
En cuanto a los resultados de la fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quiero señalar que, en opinión del tribunal, las cuentas anuales de la entidad correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 representan la imagen
fiel de la situación financiera y patrimonial y del resultado de sus operaciones y de la ejecución de su presupuesto, de conformidad con los principios y normas contables y presupuestarios que les son de aplicación, excepto por dos salvedades
derivadas de sendos incumplimientos de principios y criterios contables cuyo efecto sobre los estados financieros no se ha podido cuantificar. La primera de la salvedades se refiere al hecho de que no se ha registrado en el balance el valor del
mobiliario que le fue cedido al consejo por el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonios, Segipsa, lo que determina la infravaloración del inmovilizado no
financiero y del patrimonio neto. La segunda salvedad deriva de la falta de activación del valor del equipamiento y de las aplicaciones informáticas recibidas por el consejo a través de un convenio de colaboración suscrito con la Administración
General del Estado. Se ha contabilizado como gasto en lugar de su activación como inmovilizado material del balance. Se indica en el informe que las memorias de los ejercicios fiscalizados se elaboraron conforme al Plan General de Contabilidad
Pública, aun cuando no informaban adecuadamente sobre los criterios y principios de contabilización aplicados por la entidad, observándose determinadas omisiones y carencias en la información complementaria que ofrecían. Del análisis del
cumplimiento de la legalidad resulta la carencia del desarrollo reglamentario de la Ley de transparencia, lo que, entre otros aspectos, influyó en el ejercicio de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que debe realizar el
consejo. También se refleja el retraso en la aprobación del reglamento de funcionamiento interno. Igualmente, se hace constar que la composición de la Comisión de transparencia no se adecuó a lo establecido en su estatuto durante más de tres años
al encontrarse vacantes diversas vocalías al haber cesado los vocales inicialmente designados y no haberse nombrado sustitutos, lo que determinó que la comisión no pudiera reunirse con la periodicidad establecida por falta de quórum.
En cuanto a la estructura organizativa, se recogen algunas incidencias en materia de delegación de competencias, como la falta de constancia de la delegación de competencias para ordenar pagos y movimientos de fondo y la omisión de la
publicación en el BOE de tres resoluciones de delegación de competencias. Respecto de la gestión de personal, se indica que no se ha dado publicidad a las cantidades abonadas a cada funcionario en concepto de productividad ni figuran adecuadamente
descritas las actividades determinantes del abono de gratificaciones por servicios extraordinarios. En cuanto al ámbito contractual, se pone de manifiesto que en la contratación de los servicios de limpieza de la sede y de asistencia jurídica no se
cumplió la duración que para los contratos menores establece la normativa y, en el segundo caso -en los contratos de asistencia jurídica-, además tampoco la cuantía máxima establecida para dicha contratación. También se identifican en los contactos
de asistencia jurídica deficiencias en la forma de liquidación del precio a los letrados. En dos expedientes para la realización de informes relativos a la Ley de transparencia no se incluyen los datos que permitan determinar si efectivamente
existía insuficiencia de medios con los que cuenta el consejo. También se han identificado algunas incidencias en un contrato de apertura y gestión de dos cuentas bancarias tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, así como en el
contrato de arrendamiento de la sede del consejo y su novación.
En la tramitación de los cinco convenios analizados no figuraba, en general, información sobre los criterios por los que se fija la aportación económica a realizar por el consejo ni se formalizaba acta de entrega y recepción de las
actuaciones convenidas. En el convenio celebrado con la Administración General del Estado relativo al equipamiento y aplicaciones informáticas recibidas por el consejo, la delimitación del objeto era escasa y genérica la definición de las
actuaciones convenidas, algunas de las cuales debían haberse sujetado a la legislación de contratos en lugar de ser objeto de convenio. La moción del Tribunal de Cuentas sobre el marco legal para la empleo del convenio de colaboración para la
Administración pública, aprobada el 30 de noviembre de 2010, aborda precisamente varias de las cuestiones que se plantean como incidencias en este informe en relación con la cuestión relativa a los convenios.
Se han analizado cuatro de los ocho convenios suscritos con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía que han atribuido al Consejo de transparencia la competencia para la resolución de las reclamaciones a las
resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso dictadas por las respectivas administraciones autonómicas y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial. De ello, se han puesto de manifiesto debilidades en el procedimiento
de determinación del coste medio por reclamación, observándose que el importe recaudado es muy inferior a la cuantía de los gastos asumidos por el consejo. Se reseña la necesidad de que dichos convenios cuenten con un estudio sobre su viabilidad en
el que se analicen los gastos que aproximadamente pueden suponer para el consejo dichas funciones y la suficiencia de los recursos disponibles para la realización de las tareas asumidas, evitando la resolución de reclamaciones fuera de plazo.
Respecto del sistema de gestión establecido por el consejo en el ejercicio de sus funciones, se destacan dos factores que han marcado su actividad, estos son: en primer lugar, la insuficiencia de plantilla de personal, que ascendía a 19
empleados a 31 de diciembre de 2017, lo que condiciona cuantitativa y cualitativamente el ejercicio de sus funciones y, en segundo lugar, que la presidencia de la institución estuviera vacante desde el mes de noviembre de 2017 hasta el mes de
octubre de 2020, lo que ha dificultado, entre otros aspectos, la toma de decisiones. No obstante, el consejo, en razón de sus objetivos, estableció una planificación estratégica. Se observa que en la elaboración y seguimiento del plan no se
aprobaron las acciones y medidas concretas a realizar en el periodo 2017-2020 ni se elaboró un plan de actuaciones anual. En todo caso, se advierte de que estas deficiencias pudieron deberse a la proximidad entre el periodo fiscalizado y la fecha
de creación del consejo a finales de 2014.
En cuanto al análisis del proceso de gestión económico-financiera, el informe señala que el consejo, dada la insuficiencia de medios personales, no contaba con una adecuada segregación de funciones, lo que podía originar errores
involuntarios y deficiencias en los controles a realizar. Además, se relacionan debilidades específicas -entre otros- en los procedimientos de seguimiento y control de los elementos del inmovilizado, en gastos corrientes y en los ámbitos de
tesorería y gestión de recursos humanos.
El Consejo de transparencia cumple, con carácter general, lo dispuesto en la normativa de transparencia, salvo por algunas insuficiencias en la información institucional y económica publicada, fundamentalmente en las áreas de contratación y
subvenciones. En materia de igualdad se indica que la Comisión de Transparencia se constituyó con paridad, al 50 %, aun cuando esta no se mantuvo como consecuencia de las bajas de los vocales que se fueron produciendo. Además, se relacionan
algunas incidencias en relación con los ficheros de titularidad pública para el tratamiento de datos de carácter personal. El informe incluye una serie de recomendaciones, unas dirigidas al Gobierno y otras dirigidas al Consejo de Transparencia, al
objeto de hacer frente a las incidencias detectadas en el ejercicio de la fiscalización.
El segundo informe que se presenta es el relativo a la Agencia de Protección de Datos de los ejercicios 2016 y 2017. Se trata también de una fiscalización integral con los objetivos propios de la fiscalización financiera en relación con las
cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2017, al cumplimiento de la normativa que le es aplicable, así como a la verificación de los sistemas y de los procedimientos de control interno y de gestión de las principales actuaciones realizadas y los
resultados de su gestión. En este informe también se realiza un seguimiento de recomendaciones de informes de fiscalización anteriores, en concreto, el referido al ejercicio 2009, y a lo dispuesto en la resolución de esta Comisión mixta correlativo
precisamente con ese informe del ejercicio 2009. Además, también se hace una verificación en cumplimiento de la normativa de igualdad entre hombres y mujeres y de transparencia en todo aquello que guarde relación con el objeto de las actuaciones
fiscalizadoras.
Los resultados principales de la fiscalización son los siguientes. En opinión del tribunal, las cuentas anuales de la Agencia de Protección de Datos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 reflejan adecuadamente, en sus aspectos más
significativos, su situación financiera y patrimonial, el resultado del ejercicio y la liquidación del presupuesto y contienen la información necesaria y suficiente para su correcta interpretación y comprensión, de acuerdo con los principios,
criterios y normas contables que le eran de aplicación, excepto por determinadas salvedades. Estas salvedades afectan principalmente a distintas partidas del activo del balance con sobrevaloración o infravaloración de las mismas, en concreto, en
las partidas de aplicaciones informáticas, otro inmovilizado material, deudores por operaciones de gestión, derechos reconocidos de presupuestos cerrados y deudores a corto plazo por aplazamientos o fraccionamientos, cuantificándose las incidencias
en 2016 y 2017 en 1 258 900 y 2 806 400 euros respectivamente, lo que representa el 1,6 y el 3,5 % del total del activo en cada ejercicio.
Otra salvedad resulta del incorrecto criterio contable aplicado para la contabilización de los derechos de cobro derivados de sanciones, que no se ajustaba a los generalmente aceptados, sin que pueda determinarse la cuantía de la
sobrevaloración de su saldo. Estas incidencias afectan también a otros estados relacionados, principalmente, a las cuentas de resultados, estado de cambios del patrimonio neto y estado de liquidación del presupuesto. Asimismo, se ponen de
manifiesto debilidades en el sistema de control interno contable de la entidad en las áreas de inventario y tesorería y de anticipos de personal e incumplimientos de la normativa respecto de la imputación a créditos del ejercicio corriente de
obligaciones generadas en ejercicios anteriores.
En relación con el cumplimiento de la legalidad, se ha puesto de manifiesto, en cuanto a la financiación y gestión presupuestaria de la entidad, la escasa rentabilidad de los elevados excedentes de tesorería resultantes de los ingresos
generados en el ejercicio de la potestad sancionadora con los que financia su actividad y funcionamiento. En cuanto al análisis del funcionamiento y organización, se indica que, a la fecha de aprobación del informe, no se había producido el
nombramiento del presidente de la agencia, cuyo mandato había expirado en julio de 2019. Tampoco se había publicado la convocatoria pública de candidatos prevista en la normativa a tal efecto. Además, se señalan diversos aspectos mejorables en la
operativa de las reuniones del consejo consultivo y la falta del cumplimiento en el mismo del principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.
Respecto del análisis de la gestión del personal, las incidencias recogidas en el informe se refieren a la relación de puestos de trabajo de la agencia, que precisa de una mejor definición de los puestos; a la falta de ocupación de un
número relevante de los puestos con reserva, lo que podría estar repercutiendo negativamente sobre la organización del trabajo, y a que dos puestos provistos mediante contratos de interinidad contaban con mucha antigüedad, por lo que no respondían a
la temporalidad que debe ser propia de los contratos de interinidad. Además, se señala que estaban pendientes de resolver algunas reclamaciones administrativas y judiciales en las que se solicita el reconocimiento de una relación laboral por
prestación de servicios en virtud de sucesivos contratos. También se identifican incidencias en la justificación de los nombramientos realizados por libre designación.
En materia de contratación, se hace referencia a la omisión de algunos contratos en las relaciones de los mismos remitida al Tribunal de Cuentas. En los expedientes de contratación no se incluían estudios que avalaran los importes
presupuestados. También se señalan incidencias en la justificación de la utilización del procedimiento negociado y en su tramitación y algunas omisiones en los expedientes de contratos menores, como la falta de justificación de la necesidad de
contratar y, en algunos, la superación del importe máximo de este tipo de contrato. Además, se relacionan en el informe incidencias detectadas en el portal de transparencia de la agencia y en la información publicada.
En relación con los sistemas y procedimientos empleados y los resultados obtenidos por las actuaciones de la agencia en lo que se refiere al control interno operativo de la misma, se exponen diversas debilidades en la organización y gestión
del código de fuente de las aplicaciones desarrolladas en la misma y en los centros de proceso de datos. También, deficiencias en el funcionamiento y en la información que proporciona la principal aplicación informática de la agencia, Sigrid,
utilizada para gestionar la inspección e instrucción de los procedimientos sancionadores y para obtener información sobre las reclamaciones presentadas, los documentos generados durante la tramitación de los expedientes administrativos y las
notificaciones y sanciones impuestas.
Respecto del análisis de los tiempos en la tramitación de los procesos, se concluye sobre la existencia de dilaciones en la asignación de los procedimientos a los inspectores y de cada procedimiento sancionador a un instructor. En cuanto al
análisis de la gestión y cobros de sanciones impuestas, se destaca la relevante
implantación de la posibilidad de pago anticipado con descuento de las sanciones; sin embargo, se observan algunas debilidades en la gestión de los aplazamientos y fraccionamientos y en el control, elaboración y periodicidad de los listados
de deudores remitidos a la Agencia Española de Administración Tributaria para la gestión de su cobro en vía ejecutiva. Por otra parte, en los recursos administrativos contra sanciones de la Agencia de Protección de Datos, que, en general, se
fundamentaron en la prescripción de sanciones y caducidad de procedimientos, no se cumplía con frecuencia el plazo de resolución de los recursos de reposición.
Respecto del seguimiento de las cuatro recomendaciones formuladas en el informe de fiscalización sobre la actividad de la agencia en el ejercicio 2009 -que, como les dije, era uno de los objetivos de la fiscalización-, el presente informe
recoge que una de las recomendaciones se considera cumplida; otra, parcialmente cumplida; una tercera, no cumplida, y la cuarta ha perdido su vigencia como consecuencia del cambio del régimen jurídico operado en la materia. También en este
informe se recogen un conjunto de recomendaciones que van dirigidas, precisamente, a solventar las incidencias o limitaciones que se han detectado en el ejercicio de la fiscalización.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora PONCE GALLARDO: Buenos días. Señora presidenta, bienvenida. Muchísimas gracias por comparecer aquí, por su cercanía y por el extraordinario trabajo que reflejan estos informes que se realizan en el Tribunal de Cuentas.
Se queja de lo que decimos en todas las comisiones y, efectivamente, no es culpa del tribunal, pero seguimos pensando que fiscalizar en esta Comisión ejercicios de hace cuatro años es poco útil o, desde luego, nada práctico. Hemos leído con
detenimiento estos informes y en este primer bloque queríamos centrarnos, sobre todo, en el informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de los ejercicios 2016 y 2017. Señorías, la transparencia es una de las herramientas
más fuertes que tenemos contra la corrupción y contra el abuso de poder en un Estado democrático como es España. A Ciudadanos este es un tema que le preocupa enormemente, máxime con la deriva del actual Gobierno. Lo primero que queremos poner de
manifiesto y denunciar públicamente es que, respecto al cumplimiento de la legalidad, y como bien se nos recuerda en este informe por parte del Tribunal de Cuentas, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
no se ha desarrollado aún reglamentariamente. Además, nos tememos que nunca haya habido prisa y que nunca la haya. Y no la habrá porque quien tiene que desarrollarla es el Gobierno, precisamente el que clasificó de secreto oficial el viaje en
avión militar del presidente Sánchez al Festival Internacional de Benicasim, el mismo que no quiere dar información acerca de quién ha utilizado el Palacio de las Marismillas, en Doñana, cuando todo apunta a que el señor Sánchez y sus amigos se han
pegado unas buenas vacaciones a costa del sudor de la frente de todos los españoles, o que este Gobierno de Podemos y PSOE haya hecho algo tan grave como cerrar o suspender el portal de transparencia, aprovechando el estado de alarma. Hay una larga
lista de ejemplos que nos podría llevar aquí toda una semana enumerarlos.
Señorías de Podemos y del Partido Socialista, mientras la falta de reglamentación de la Ley de transparencia ayude a que el presidente, los ministros o cualquier político no tengan que rendir cuentas, ustedes no van a mover ni un solo dedo
para cambiarlo. No tienen intención, porque les viene muy bien, y nos parece vergonzoso. El Partido Popular tampoco se puede decir que haya movido un dedo cuando gobernó.
Señora presidenta, no solo en Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo con el Tribunal de Cuentas en que es urgente, acuciante, que se reglamente la Ley de transparencia, sino que en Ciudadanos pensamos que esta Ley de 2013 necesita, además,
una reforma en profundidad. Estamos en un país democrático y, por tanto, ni es justo que los políticos tengamos ciertos privilegios como los aforamientos ni es justo que se utilicen artimañas para seguir retrasando una reforma que parece inevitable
con el fin de estar a la altura de otros países europeos o, al menos, para desarrollar esta reglamentación que necesita la actual Ley de transparencia. Sabemos que se está reclamando también por parte del recién nombrado presidente del consejo un
mayor presupuesto y una mayor dotación de recursos, que es una reivindicación histórica del propio consejo. Actualmente, cuentan con veintidós puestos de trabajo, algunos menos de los que se reflejaban ya en este informe de 2016 y 2017, y con un
exiguo presupuesto de 2,2 millones, muestra de la desidia de los Gobiernos para su propio beneficio. Nos parece imprescindible que se dote de recursos para que puedan realizar bien su trabajo.
Al leer el informe del Tribunal de Cuentas también nos ha llamado la atención el hecho de que precisamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el organismo público que debe encargarse de promover y de velar por la
transparencia pública, del cumplimiento de las obligaciones de publicidad, de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y de garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno, sea el primero que incumpla. Es una falta
grave, un ejemplo de mala gestión pública, y dice mucho de lo que significa en España el término transparencia y de lo que todavía nos falta por recorrer. Nos ha sorprendido que haya tantas salvedades en el cumplimiento de ciertas obligaciones. Es
cierto que algunas se pueden achacar a la falta de personal, pero, efectivamente, otras, no.
En definitiva, señora presidenta, quiero agradecerle su trabajo -nos parece que ha hecho un gran trabajo en estos informes- y el de su equipo también, y me gustaría preguntarle a qué se corresponden los puntos suprimidos, que nos han llamado
la atención. No sé si se debe a la justificación que a posteriori hace el propio consejo y entonces es una rectificación que hay por parte del tribunal.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, Euskal Herria Bildu y Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta el informe, tal como está. Ver cómo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano que vela por la correcta aplicación de la Ley de transparencia, incumple reiteradamente la
Ley de transparencia nos deja totalmente atónitos. Probablemente, si fueran independentistas, estarían en los juzgados o en la cárcel. Celebramos que les aconseje que promueva la aprobación del reglamento sobre su funcionamiento y que tome las
medidas para cubrir sus puestos vacantes, ya que esta Comisión debería reunirse al menos una vez al mes y en 2017 solamente se reunieron tres veces por falta precisamente de este personal.
Según su informe, el consejo ha incumplido la Ley de Función Pública. Entre muchas faltas y justificaciones, no entendemos cómo no se justifican las gratificaciones que se realizaron a altos funcionarios por servicios extraordinarios por un
importe de 15 000 euros. También en el ámbito de la tesorería, por ejemplo, señala que cada una de las personas que figuran como titulares en las dos cuentas bancarias pueden operar libremente sin necesidad de contar con el consentimiento de otra
parte titular, lo que se identifica como un riesgo en el control de su gestión, y que tampoco existe un control adecuado respecto a las firmas autorizadas en estas cuentas. También observamos que no se han publicado en el BOE convenios suscritos
con las universidades, como la Autónoma de Madrid o la Carlos III, y que la web del consejo no recoge la evolución y el cumplimiento de los otros dos suscritos respectivamente con la Administración General del Estado y la UNED. También vemos que se
incumple el artículo 14 del estatuto en materia de igualdad de género; solamente figura una mujer entre los cuatro miembros que componen la comisión.
Respecto al ámbito contractual, también señala que el consejo ha infringido la normativa relativa a la duración de los contratos menores, como es el caso, como ha explicado, del servicio de la limpieza. Además, también se tramitaron dos
expedientes de contratación menor con el objeto de realizar informes sobre la Ley de transparencia sin justificar con datos y el consejo carecía de medios para hacer esta tarea.
Y, para acabar, otro de los puntos que destacamos es la competencia para ordenar pagos y movimientos de fondos, sea de la presidenta o el presidente, porque está siendo ejercida por una unidad de apoyo, algo que ahora ya no va a pasar porque
ya se ha producido un nombramiento, sin que conste delegación en el ejercicio de esta competencia. Casi nos atreveríamos a proponerles que este consejo fuera llamado el de la opacidad y mal gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Granollers.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidente.
Señora presidenta, ante todo, quiero darle la bienvenida de nuevo y agradecerle su buena disposición para acudir frecuentemente a esta Comisión y a dar todas las explicaciones pertinentes. Antes de entrar
en el fondo me gustaría hacer un pequeño comentario más procesal que de fondo relativo a las intervenciones que me han precedido, y concretamente a la intervención de la compañera de Ciudadanos. Creo que sería una práctica demostrativa de
respeto hacia las personas que nos tenemos que reunir en esta sede, que tenemos que dedicar horas de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, que si estamos haciendo la fiscalización de unos ejercicios no se hablara de otras cosas más que de la
fiscalización de esos ejercicios. Por tanto, utilizar ejercicios pasados para hacer fiscalización de Gobiernos actuales creo que es una mala práctica parlamentaria, creo que es algo que no supone un gran respeto por las personas que hemos venido
aquí con un determinado orden del día, por lo que sería bueno que todos los compañeros y compañeras intentáramos centrarnos siempre en el orden del día que nos ha llamado aquí a trabajar para intentar ser lo más propositivos posible y no hacer
perder el tiempo, el esfuerzo y el trabajo.
Dicho esto, respecto del Consejo de la transparencia ha evidenciado una serie de carencias importantes, una serie de retrasos importantes, falta de reuniones a lo largo de tres años, falta de desarrollo reglamentario, y me gustaría que
profundizara un poquito. Me va a perdonar que le pida que se moje un poquito y que me diga a qué cree usted que se debe esto y qué se podría hacer para mejorarlo y para que no se repita esto porque, como bien ha dicho también la compañera de
Ciudadanos y las compañeras que me han precedido, es cierto que la transparencia es un elemento fundamental de la democracia porque vivimos en una sociedad del conocimiento y sin tener acceso al conocimiento no podemos tener ni un buen juicio ni
podemos hacer una crítica política. Entonces, le pediría que nos dijera a qué se debe y qué medidas se pueden tomar para mejorarlo.
En cuanto a la Agencia Española de Protección de Datos, solo quiero hacer referencia muy brevemente a algunas de las cuestiones, como es el hecho de la enorme antigüedad de personas que continuaban como funcionarios. Creo que esto sí es una
pésima práctica todas las administraciones públicas españolas y es algo que tendremos que abordar en el foro pertinente, porque sí creo que es algo realmente problemático. Otra de las cuestiones que se han abordado concretamente es la de la
aplicación informática Sigrid, y también me gustaría pedirle su opinión sobre el hecho de la utilización de software cautivo generalmente por las administraciones públicas en España, cuando en los países más desarrollados del mundo siempre se tiende
a utilizar software libre y aplicaciones desarrolladas específicamente por las propias administraciones públicas para su servicio, para no ser tan dependientes de empresas privadas y, en general, sobre la idea de utilización por parte de las
administraciones públicas de recursos libres y de recursos no dependientes.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia. Enhorabuena por los informes que están realizando, porque realmente son muy completos, dan muchísima información, y le agradecería que trasladase mi
agradecimiento también a todos los miembros y a todo el personal del Tribunal de Cuentas. Voy a empezar por el informe de fiscalización del Consejo de transparencia, y en este sentido quiero señalar que no entiendo que se hable de insuficiencia de
plantilla cuando lo que se trata es de saber si se cumple o no el trabajo asignado, teniendo en cuenta, además, que los sueldos y salarios se incrementaron un 38 % entre 2015 y 2017.
Con independencia de eso, ¿puntos que me llaman la atención de la revisión del balance? Un incumplimiento del principio de devengo en ciertos gastos de letrados y alquileres, que es bastante común en otros informes también; un exceso de
crédito consignado en el presupuesto sobre las necesidades de financiación. No se entiende un exceso de crédito teniendo en cuenta que entre 2015 y 2017 las transferencias han aumentado un 43,1 %, y tampoco se entienden grados de ejecución
presupuestaria del 57,4 y del 58,4 en 2016 y 2017, lo cual me parece que es un signo de ineficiencia.
Un punto preocupante, sobre todo si hablamos de transparencia y buen gobierno, es la salvedad que menciona sobre que no se ha formalizado mediante documento público una cesión de inmovilizado. Me parece realmente gravísimo, y más en un
consejo de transparencia y buen gobierno. Otros asuntos admisibles en un consejo de transparencia y buen gobierno es falta de información en la página web de gastos adjudicados o la naturaleza jurídica del consejo; falta de información de
contratos menores; incidencias en contratos como el de limpieza o asistencia jurídica; ausencia de firmas mancomunadas en las dos cuentas bancarias; falta de información sobre el grado de ejecución presupuestaria y descripción
de las principales partidas presupuestarias; que no figuren auditadas las cuentas anuales completas; que no figuren las retribuciones en cómputo anual bruto del personal directivo -no sé si está subsanada esta deficiencia-, y que tampoco
figure el periodo medio de pago a proveedores. Creo que el apartado cuatro de las recomendaciones, aunque todas las incidencias están mencionadas en su informe, se ha quedado muy corto, a la vista de todas las incidencias que preceden en los puntos
anteriores. Yo creo que todas esas deficiencias son extremadamente graves si estamos hablando de un consejo de transparencia y buen gobierno, que debería ser ejemplo de todo ello.
Agencia Española de Protección de Datos. Del análisis de las recomendaciones efectuadas me gustaría comentarle una serie de asuntos, la primera, modificación del sistema de financiación y presupuestación. Me gustaría disponer de un
análisis pormenorizado de las ventajas e inconvenientes que ello puede suponer. Creo que la justificación de que la financiación vía transferencia no garantiza una gestión más rentable indudablemente supone una pérdida de independencia. El hecho
es que actualmente los ingresos derivados de la sanciones exceden a los gastos presupuestados y existe un elevado grado de ejecución del presupuesto de gastos, cosa que no podemos decir de otras entidades que se financian vía transferencia, como el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En segundo lugar, la agencia debe introducir cambios en su sistema de contabilización de los derechos de cobro por sanciones. Este cambio de criterio entre 2016 y 2017 de los derechos de cobro -que pasan de reconocerse con la resolución
sancionadora a reconocerse al inicio del procedimiento sancionador, lo dice el informe- va en contra de los principios contables públicos aprobados por la Comisión de principios y normas contables públicas y va en contra de la consulta 3/2011 del
Plan General de Contabilidad Pública, del 26 de septiembre, sobre el tratamiento contable del momento en que deben ser reconocidos los derechos de cobro derivados. Es una salvedad que considero muy grave por derivar de un cambio consciente y en
contra de la normativa en la aplicación de principios contables, pasando de unos principios aceptados a unos no aceptados.
En tercer lugar, la agencia debería elaborar un presupuesto de tesorería que le permitiera planificar y gestionar adecuadamente su tesorería y rentabilizar sus saldos. Es grave que no se haya cumplido -esta recomendación ya figura como tal
en el año 2009- y se junta con el hecho de que el número de personas autorizadas para la disposición de fondos de las citadas cuentas, aunque a partir de 2018 se redujo, ha sido excesivo en algunos momentos, y que no se hayan realizado
conciliaciones con suficiente periodicidad con las cuentas de bancos. Me parece todo una ineficiencia en la gestión de las cuentas de tesorería.
En cuarto lugar, mejora de los sistemas y procesos informáticos. Creo que la agencia debería estar en la vanguardia de estos temas.
En quinto lugar, la agencia debería mejorar el control interno de los plazos de prescripción de las infracciones para evitar sentencias judiciales estimatorias. Me parece que habría que incluir también como recomendación la corrección para
que la relación de puestos de trabajo refleje la formación específica y la titulación exigida para cada puesto de funcionario, así como la revisión de los contratos de interinidad. Dos puestos provistos mediante contrato de interinidad tenían una
antigüedad de once y seis años respectivamente; no es aceptable. La exigencia de elaborar documentación justificativa...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Sáenz.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Voy terminando, sí.
Creo que también sería importante incorporar en el plan de revisión y como recomendación la introducción de una serie de indicadores: de evolución de las diferencias entre los importes previstos en los acuerdos de inicio y las cuantías
definitivas de las sanciones recogidas en las resoluciones sancionadoras; la evolución de errores y duplicidades en los procedimientos sancionadores y el porcentaje de pagos voluntarios realizados sobre el total de procedimientos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Muñoz Fonteriz.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todos. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quiero dar la bienvenida nuevamente a la presidenta y felicitarla por el trabajo del Tribunal de Cuentas, un exhaustivo trabajo, y también por su implicación personal
al venir aquí a explicarnos pormenorizadamente a todos los diputados
y senadores miembros de esta Comisión el trabajo que desarrollan, en este caso sobre dos organismos que, como ha dicho la presidenta, tienen una función extraordinariamente importante en nuestro sistema democrático: la Agencia Española de
Protección de Datos, destinada a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se crea con el objetivo de garantizar el control del cumplimiento de las
obligaciones de publicidad, del derecho de acceso a la información pública y a la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Dos organismos, por tanto, extraordinariamente importantes.
En el caso de la Agencia Estatal de Protección de Datos, simplemente quiero reflejar las conclusiones y recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas en su informe, en el que se establecen esas recomendaciones de mejora que, a pesar de dar
opinión favorable sobre las cuentas, ponen de manifiesto determinadas salvedades que es necesario que se cumplan, también en materia del cumplimiento de la legalidad y sobre los principios, sistemas y procedimientos empleados, y hacer referencia a
dos particularmente. Una, en relación a una propia recomendación que se hizo desde esta Comisión mixta sobre la gestión de tesorería del organismo, que dispone de una gran cantidad en tesorería, y ese objetivo de elaborar un estudio y planificación
de las necesidades de fondos, recomendación que fue asumida por esta Comisión y que está pendiente todavía, que no se ha cumplido. Y también quiero preguntar a la presidenta si la recomendación del Tribunal de Cuentas en relación con el cambio del
sistema de presupuestación y financiación que tiene la Agencia de Protección de Datos -que se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado y que sea el Tesoro Público el que recaude estas cantidades correspondientes a las sanciones-
viene un poco para solucionar el problema de gestión de tesorería que en este momento tiene la agencia. Y la segunda recomendación a la que me gustaría hacer referencia es la necesidad que dice el propio Tribunal de Cuentas del nombramiento de un
presidente. A día de hoy, desgraciadamente, la Agencia de Protección de Datos sigue sin presidente, sigue en interinidad desde julio de 2009 -más de un año-, y este Gobierno y el Ministerio de Justicia creo que deberían ponerse a ello, deberían
tomarse en serio los organismos fundamentales que tiene nuestro país y desde luego la Agencia de Protección de Datos es tan importante como para que sea ya imprescindible y urgente que se nombre un presidente. Una vez más, una muestra de lo que le
importa a este Gobierno el control de cuestiones absolutamente claves.
Igual pasa en el informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En ese informe, en esa fiscalización el Tribunal de Cuentas hace una serie de recomendaciones para mejorar su actuación, recomienda promover el
desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y recomienda también el nombramiento del presidente. Ese nombramiento ya se ha hecho en el pasado mes de octubre, por fin, con dos años y medio de retraso, lo que también da buena
medida del interés por la transparencia de este Gobierno. Ya sé que al representante de Podemos no le gusta que hablemos de cuestiones que están directamente relacionadas, en mi opinión, con lo que se dice en este informe y con el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, y que a las señorías de Podemos les gustaría mucho decir a los diputados y senadores lo que se puede decir y no decir, pero la verdad es que los diputados y senadores tenemos libertad para dar nuestra opinión
libremente sobre lo que nos parece directamente relacionado con el análisis que está haciendo el Tribunal de Cuentas y en este caso con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Porque es verdad que tenemos un grave problema en nuestro país y es
que el Gobierno no cree en la transparencia. Dos años y medio para nombrar al presidente del Consejo de transparencia es un ejemplo. Un segundo ejemplo es el desprecio que se le hace a este consejo en el flamante proyecto de presupuestos que
presentan para el año 2021, donde el incremento presupuestario es absolutamente exiguo -un 4 %-; estamos hablando de un presupuesto que ustedes publicitan que tiene un récord absoluto de gasto, pues el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, está
claro, no está dentro de las prioridades de este Gobierno, no está dentro de sus prioridades dotarlo de medios suficientes para atender, entre otras cosas, buena parte de las recomendaciones que se hacen en este informe, que derivan de la falta de
personal y la falta de medios.
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: Ya voy acabando, señor presidente. Como digo, retraso en el nombramiento del presidente, pero también ocultación de información, oculta el 26 % de los datos que le solicitan los ciudadanos a través del portal de
transparencia. Se ha desplomado el número de resoluciones cumplidas del Consejo de transparencia en 25 puntos desde 2015 a 2020, insisto 25 puntos de desplome de las recomendaciones de este Consejo de transparencia, y está dificultando -y aquí cito
palabras
textuales del propio Consejo de transparencia- el Gobierno y en particular el Ministerio de Sanidad la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública. Me parecen afirmaciones gravísimas que se
deberían tomar en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, debe ir terminando.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: Finalizo ya diciendo lo que ha dicho el nuevo presidente del Consejo de transparencia: el grado de transparencia de un Estado es un indicador muy fiable de su nivel de calidad democrática. Pues bien, el nivel de
calidad democrática de este Gobierno en este momento está bajo mínimos y por eso hace falta que el Tribunal de Cuentas siga ahondando en el estudio y en el análisis de organismos como estos, que son tan importantes para nuestra democracia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Escudero Ortega.
El señor ESCUDERO ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, vaya por delante una vez más mi felicitación y muchas gracias por el trabajo realizado.
Es obvio que estamos analizando los períodos 2016 y 2017, y no otra cuestión. Creo que es importante que lo digamos, como es importante decir que estamos analizando el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado por el
Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, lo demás sobra. Si las cosas han ido bien desde el día 31 de diciembre de 2017 será la mejor señal para congratularnos todos los que estamos aquí de que el trabajo que hemos hecho tanto el Tribunal de Cuentas -el
principal actor- como nosotros ha merecido la pena. Por lo tanto, que quede claro.
En cuanto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, empiezo diciendo que desde su puesta en marcha en 2015 por el Gobierno del Partido Popular y a tenor de este informe de fiscalización, en el periodo afectado 2016-2017, e incido en ello,
dicho consejo entró en una falta notable de las obligaciones para las que se constituyó. No se cubrieron las vacantes del consejo ni se desarrolló la Ley 19/2013, de tal forma que se impidió el correcto desarrollo reglamentario al que se refiere la
propia ley. En el aspecto puramente administrativo, el propio consejo no ha cumplido los preceptos legales en el procedimiento de contrataciones menores. Un hecho relevante es la no publicación de las cuentas anuales completas de los ejercicios
2016-2017, una incidencia especialmente grave tratándose de la autoridad que debe velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia y las obligaciones de publicidad activa en toda la Administración pública. Tampoco figuran publicadas las
retribuciones del personal directivo, incumpliendo así el código ético del consejo, como tampoco se ha publicado el periodo medio de pago a proveedores. Significativo es también que cada una de las personas que figuran como titulares de las dos
cuentas bancarias pueda operar libremente, sin necesidad de contar con el consentimiento de otro titular, lo que se identifica como un riesgo de control. El Gobierno actual, en cuanto le ha sido posible, ha nombrado todas las vacantes existentes en
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, siendo así que ha nombrado presidente después de tres años de su inexistencia. Asimismo, en el presupuesto que se está debatiendo en estas Cortes Generales hay una propuesta de incremento del 4,8 cuando
veníamos de una congelación de los traspasos a este organismo. Esperamos que estas nuevas medidas sean el inicio de una nueva etapa que cumpla realmente los objetivos para los que fue creado dicho consejo.
En cuanto al informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos -no es la primera vez que se fiscaliza a esta agencia y no sé cómo habrá sido en relación con años anteriores-, me temo que a tenor del presente informe
todavía es mucho el mucho trabajo para conseguir un desarrollo eficaz tanto en el aspecto administrativo como en las decisiones estratégicas en la dirección de esta agencia, e incido nuevamente en que el periodo de este informe es 2016-2017.
En el aspecto administrativo, se resalta una amplia gama tanto en las sobrevaloraciones de activos de aplicaciones informáticas y sobrevaloraciones de deudas por operaciones de gestión, como, a su vez, infravaloraciones de derechos
reconocidos, de presupuestos cerrados, errores de contabilización. Asimismo, la agencia no cuenta con una planificación y gestión adecuada de la tesorería ni tiene claro protocolo alguno para rentabilizar estos fondos. La agencia considera todos
los ingresos por sanciones como recursos propios, lo que provoca que la tesorería y los derechos pendientes supongan el 95 % de su activo, siendo los excedentes de tesorería muy elevados. Los presupuestos de ingresos no reflejan adecuadamente la
realidad de los mismos.
En relación con los puestos de trabajo de la agencia, no se refleja de forma específica la titulación exigida para cada puesto de funcionario ni los cometidos para cada puesto de laboral. Asimismo, en relación con los nombramientos por
libre designación no se ha elaborado documentación justificativa de la selección de los nombrados. Los expedientes de contratación no incluyeron estudios de costes de mercado que avalen los importes presupuestados ni justifican la garantía del 3 %
del presupuesto de licitación, como tampoco justifican la razones de su exigencia. En los contratos celebrados por procedimiento negociado no se justifica adecuadamente el empleo de este procedimiento. En los contratos menores no se incluía la
justificación de la necesidad de contratar ni documento alguno que estableciese el valor estimado del contrato. Asimismo, se detectaron seis supuestos en los que se pueden apreciar indicios de haberse producido un posible fraccionamiento del
contrato. Y es importante señalar las incidencias en la instrucción de los procedimientos sancionadores, donde se produjeron dilaciones relevantes en las asignaciones de estos al instructor resultando la superación de los plazos de caducidad.
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Escudero.
El señor ESCUDERO ORTEGA: También se incumplió con el pago de cuotas, aplazamientos y fraccionamiento de estas. Por tanto, como ven, se hace totalmente imprescindible la mejora del control interno de los plazos de prescripción de las
infracciones para evitar sentencias judiciales estimatorias para los sancionados.
Para terminar, a título de este ponente, suscribo la recomendación del Tribunal de Cuentas acerca de la modificación del sistema de presupuestación y financiación. Hay que hablar sobre ese tema y llegar a acuerdos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escudero.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a todos ustedes, en primer lugar, por la consideración hacia los informes del tribunal. Efectivamente, son informes que contienen muchos datos y sobre todo, como me habrán escuchado muchas veces y me escucharán prácticamente
en todas las comparecencias que tenga aquí, tienen un impacto de futuro muy importante, de manera que la finalidad fundamental es que contribuyan a la mejora de la gestión. Y con esto quisiera enlazar con lo que planteaba la señora Ponce en
relación con el retraso en el resultado final de la elaboración y presentación de los informes. En primer lugar, quisiera señalar que, por ejemplo, el informe relativo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se refiere a los ejercicios
2016-2017, las cuentas se rinden en octubre de 2018 y el informe se aprueba en febrero 2019, quiero decir que por parte del tribunal el tiempo ha estado bien cumplido. Exactamente lo mismo ocurre con el de la Agencia de Protección de Datos, que los
datos son los mismos: ejercicio 2016-2017; rendición de cuentas en el ejercicio 2018 y aprobación del informe en octubre de 2019. En cualquier caso, como les digo, la naturaleza ex post de la fiscalización que lleva a cabo el tribunal no le priva
de la fuerza que tiene el contenido de su trabajo, muy al contrario, porque, como le digo, la finalidad fundamental no solamente es identificar irregularidades, incidencias o debilidades en la gestión, sino esencialmente promover la mejora de la
gestión; no serviría de nada un Tribunal de Cuentas que se encuentra siempre con las mismas incidencias. Por eso, paro nosotros es una gran satisfacción ver que se cumplen las recomendaciones y que se va avanzando en la gestión.
Por otra parte, como también les he dicho en alguna ocasión, ojalá y dejarán de ser útiles las recomendaciones del tribunal y los contenidos de los informes del tribunal porque hubieran transcurrido dos o tres años desde el ejercicio
fiscalizado, pero nos encontramos con que persistimos en algunas incidencias. Por eso, el trabajo del tribunal y el contenido de los informes estimo que sigue siendo útil.
Algunas de las cuestiones que ustedes han planteado creo que requieren una aclaración previa de las circunstancias que han concurrido tanto en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como en la Agencia de Protección de Datos en el tiempo
fiscalizado, creo que eso explica una parte de las cuestiones y de las incidencias que se plantean. En el caso del Consejo de transparencia, quisiera destacar que, como saben, se nombra a la presidenta y a los miembros de la comisión de
transparencia a finales de
2014, empieza a operar en 2015 y estamos fiscalizando 2016 y 2017, es decir, son ejercicios de puesta en funcionamiento y de creación de los fundamentos y principios del Consejo de transparencia. Eso creo que explica en cierta medida la
circunstancia de que se produzcan algunas incidencias y algunas insuficiencias, porque estamos fiscalizando los ejercicios 2016 y 2017. Por otra parte, se produce una insuficiencia de medios detectada por el tribunal: hay 19 empleados en 2017 y,
según el Consejo de transparencia, la plantilla óptima hubieran sido 56 empleados. Ello también explica el condicionamiento que se produce en el ejercicio de la labor del Consejo de transparencia. Además, la presidencia está vacante desde 2017 y
empiezan a producirse vacantes en las vocalías de la comisión de transparencia también desde muy pronto, no solamente la de la presidencia sino, por ejemplo, las de los representantes del Congreso y del Senado y la de la representante de la
Secretaría de Estado de Función Pública, de manera que una comisión que tiene siete miembros se queda de repente sin cuatro, con lo cual se limita la operativa y el ejercicio de la actuación del Consejo de transparencia. Tampoco existe -y lo han
puesto ustedes de manifiesto- reglamento que desarrolle la Ley de Transparencia, de forma que quedan muchas lagunas sin resolver en la operativa del Consejo de transparencia. Y, como les decía, es un órgano de reciente creación que todavía está
haciendo camino en el ejercicio de su función.
En la Agencia de Protección de Datos también concurren dos circunstancias en los ejercicios fiscalizados que pueden explicar el contexto en el que se desarrolla su actuación. Insisto en que todas estas incidencias que pueden afectar al
funcionamiento de las instituciones que les estoy comentando no excusan las irregularidades o deficiencias que se han encontrado en la fiscalización, pero siempre es bueno contar con el contexto para explicar las cosas. Como les digo, en el caso de
la Agencia de Protección de Datos también -y se pone de manifiesto en el informe- se produce una limitación del personal. En la relación de puestos de trabajo hay un buen número de puestos reservados que están vacíos, que están pendientes de
nombramiento, con lo cual hay una limitación de personal. Por otra parte, en estos momentos se está produciendo el cambio de la normativa europea en materia de protección de datos, de manera que la Agencia de Protección de Datos trabaja, por una
parte, bajo el régimen jurídico vigente en ese momento, pero, por otra parte, también se está anticipando en la adaptación de la normativa de transparencia, de manera que pueda asumirla y afrontarla en el momento en que se apruebe. Les comento que
este es el contexto en el que actúan durante los ejercicios 2016 y 2017 el Consejo de transparencia y la Agencia de Protección de Datos, que puede influir de alguna manera en la operativa de las mismas.
También han hecho referencia a la cuestión relativa a la falta de transparencia en la publicación de la información por parte del Consejo de transparencia. A esta cuestión se han referido varios de ustedes, por ejemplo, la señora Granollers
y el señor Sáez. En relación con esto, les quisiera aclarar lo siguiente. La conclusión del informe dice: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cumple, con carácter general, lo dispuesto en el título primero de la citada ley, tanto en lo
que se refiere a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública. Esta es la conclusión. Repito, el consejo cumple con carácter general las obligaciones en materia de transparencia. Las consideraciones que se recogen en el
informe sobre aspectos que no se habían incluido todavía en la publicidad activa de su portal de transparencia más que incumplimientos son retrasos en el cumplimiento, que se han ido subsanando parcialmente por el transcurso del tiempo. Por tanto,
no se trata tanto de incumplimientos como de retrasos en el cumplimiento, que además se recogen como tal en el propio informe de fiscalización.
El señor Uriarte, después de hacer un relato de las incidencias que concurren en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, me planteaba a qué se puede deber y cómo puede mejorarse. Por una parte, le reitero los aspectos que en aquel
momento concurrían en la gestión del Consejo de transparencia y que influyeron en la gestión. Por otra parte, en cuanto a cómo mejorar, me gustaría remitirme a lo que dicen las recomendaciones, concretamente se insistía en la necesidad de
nombramiento del presidente -ya hay presidente- y se insiste en el desarrollo reglamentario, que resulta esencial para que una ley tenga aplicación efectiva. Usted, como jurista, conoce bien que para que una norma tenga aplicación efectiva necesita
un desarrollo reglamentario que aclare los aspectos de la aplicación de la misma, y más si es de esta naturaleza, una materia que en aquel momento era totalmente novedosa en España. Las propias recomendaciones del tribunal ya recogían aspectos que
permitirían, a su juicio, que la gestión del Consejo de transparencia pudiera mejorar. También me preguntaba sobre la excesiva dependencia de terceros para la ejecución y desarrollo de las plataformas y aplicaciones informáticas para gestionar los
organismos. Este es un problema que venimos poniendo de manifiesto, pero dado el desarrollo de las tecnologías de la información los tratamientos de la información son tan complejos que, indudablemente, en ocasiones es necesario acudir a empresas
de apoyo especializadas porque no se puede tener
tantísimo personal como para desarrollar todas estas aplicaciones en casa. Sí resulta relevante que dentro de la organización siempre existan personas formadas en tecnologías de la información y con formación permanente que permitan
mantener el desarrollo de las aplicaciones que han sido creadas por una empresa externa. Con lo cual, efectivamente, no es bueno tener excesiva dependencia y sobre todo no hacer efectivo el control sobre el trabajo desarrollado en materia de
aplicaciones y herramientas informáticas por terceros y poder siempre establecer los requerimientos necesarios para su revisión y para ajustarlos mejor a las necesidades de cada institución.
También me han preguntado ustedes sobre el cambio del sistema de presupuestación que se propone en relación con la Agencia de Protección de Datos. Efectivamente, como muy bien han imaginado, esto está relacionado con los elevados remanentes
de tesorería que se van produciendo en el organismo. Realmente, estos remanentes de tesorería resultan del sistema de presupuestación y de financiación de la Agencia de Protección de Datos. Lo que dice el informe es que las previsiones de ingresos
del presupuesto no reflejan los ingresos totales que se prevé obtener en el ejercicio, pero es que esta situación deriva de la propia operativa y del propio sistema de financiación establecido para la agencia, en la medida en que una parte esencial
de sus recursos procede precisamente de aquellos que se recaudan como consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora, que son muy superiores a las necesidades de financiación de la agencia. Por tanto, van generando remanentes de tesorería
enormes que se van acumulando y que, si no se gestionan adecuadamente, tienen muy baja rentabilidad. De ahí que se recomiende a la agencia que pudiera instar la modificación de su sistema de financiación, de manera que, en lugar de financiarse con
sus propios recursos procedentes de las sanciones, acumulando remanente de tesorería año tras año, se financiara a través de transferencias de los presupuestos, como la mayor parte de los organismos. Esto no es incompatible con que tuviera una
pequeña reserva de un porcentaje de las cantidades recaudadas como consecuencia de los procedimientos sancionadores, pero que el Tesoro público se encargue de la recaudación de las sanciones impuestas, incluso en periodo voluntario, que reviertan
directamente al Tesoro de manera que resulte más adecuada y ordenada la presupuestación y la financiación. Esa es la propuesta que se hace y que se viene haciendo en informes anteriores, ya se hacía en el informe de 2009.
Con esto creo que ya les he contestado prácticamente a todas las preguntas que han hecho, que han sido muy variadas y muy amplias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE II: INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000017 y número de expediente del Senado 771/000017).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000052 y número de expediente del Senado 771/000052).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate del bloque II, que corresponde al informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España del ejercicio 2016 y el informe de fiscalización del Museo Nacional del Prado,
ejercicio 2018. Quedan subsumidas las dos de VOX que tienen el mismo objeto.
En cuanto esté lista, señora presidenta, tiene el uso de la palabra.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.
Este bloque II se refiere a dos instituciones de ámbito cultural. La primera recoge la fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2016. Es una fiscalización integral de la entidad cuyos objetivos han sido comprobar el
adecuado reflejo contable y presupuestario de los fondos públicos gestionados por el instituto, evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometido, verificar los procedimientos y sistemas de gestión
económico-financiera y de control interno aplicados y analizar el grado de eficacia, eficiencia y economía en el empleo de sus recursos. También se ha examinado el cumplimiento de la normativa de igualdad entre hombres y mujeres y la
normativa de transparencia en todo aquello que se relacione con el objeto de la fiscalización. Igualmente, se ha verificado el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el tribunal en el informe de fiscalización de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, ejercicio 2004.
En cuanto a los principales resultados de la fiscalización, hay que señalar que respecto del control interno de la gestión del instituto el informe señala una serie de debilidades, entre ellas la ausencia de un manual en el que se definan
las funciones y procedimientos de gestión aplicables a las diferentes áreas de actividad y se establezcan los grados de responsabilidad existentes en cada una de ellas. El instituto disponía de un sistema integral de gestión interna cuyo grado de
implantación fue heterogéneo.
Respecto de la ejecución presupuestaria, se indica que el instituto ha gestionado en el ejercicio 2016 la totalidad de los créditos del programa 337.B, conservación y restauración de bienes culturales, y una parte del programa 144.A,
cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, habiéndose registrado unas obligaciones reconocidas por 14 763 113 y 5229 euros, con un grado de ejecución del 77 % y del 1,3 %, respectivamente. El bajo porcentaje de ejecución del
programa 144.A se debió a la falta de concesión de las ayudas convocadas en 2016 para excavaciones arqueológicas en el exterior, cuyo importe era de 410 000 euros, debido a la imposibilidad de cumplir los plazos de tramitación y los requerimientos
de la orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio del presupuesto de gastos.
Respecto del cumplimiento de la legalidad y de determinados aspectos de la gestión en cuanto a gastos corrientes en bienes y servicios, se señala en el informe la ausencia de motivación suficiente en algunos contratos negociados sin
publicidad. Asimismo, se recoge la tramitación durante varios ejercicios a través de contratos menores anuales de actuaciones que tenían por objeto satisfacer necesidades periódicas, recurrentes y de naturaleza previsible que no variaron de un
ejercicio a otro, superando en su conjunto el límite cuantitativo establecido en la normativa para estos contratos. En cuanto a la gestión de las acciones formativas, el informe recoge que el consejo académico como órgano colegiado y asesor de las
actividades de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera no se reunió con la periodicidad establecida en su normativa reguladora. Por otra parte, también se destaca la no actualización del programa formativo atendiendo a las necesidades
realmente desarrolladas, la falta de integridad de las memorias justificativas de las acciones formativas y ciertas disfuncionalidades en la fijación y aplicación de los baremos retributivos de aquellas.
Por lo que se refiere a las inversiones reales, el importe total de las obligaciones reconocidas ascendió a algo más de 8 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución presupuestaria del 72 %. Se han advertido incumplimientos de
los plazos de determinados hitos procedimentales y de ejecución previstos en la normativa de contratación pública, en los contratos adjudicados por los procedimientos abierto y negociado sin publicidad. En estos últimos, además, se ha observado una
insuficiente motivación de la elección del procedimiento de adjudicación y deficiencias en la tramitación.
En cuanto a las encomiendas de gestión con Tragsa, formalizadas para la realización de diversas actuaciones en el conjunto patrimonial del Real Monasterio de Santa María del Paular, el informe pone de relieve la insuficiente justificación de
la elección y procedencia de la figura de la encomienda de gestión al no quedar constancia de que dicha elección se sustentase en la realización de estudios de costes entre las distintas alternativas que avalasen la mayor eficacia y eficiencia y la
solución económicamente más ventajosa que la encomienda de gestión representaba. También se destaca la falta de acreditación de la selección e idoneidad del medio propio efectuada, la ausencia de la necesaria concreción del objeto encomendado, el
insuficiente seguimiento y control por la entidad encomendante de la ejecución de las actuaciones y algunas incorrecciones en los trámites del procedimiento. Procede aquí citar la moción aprobada por el pleno del Tribunal de Cuentas en diciembre de
2016 en relación con las encomiendas de gestión que destacan, precisamente, la importancia de esta figura y de utilizarla en sus propios términos.
En cuanto a la gestión de los ingresos, el informe expone la ausencia de estudio de costes para los precios públicos que determinara su cobertura financiera, según lo previsto en la Ley de Tasas y Precios Públicos, y para las tasas que
garantizara el cumplimiento del principio de equivalencia también establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Los cobros en concepto de matrícula de acciones formativas son inferiores a los establecidos en la orden del ministerio por la que
se fijan los precios públicos. También se indican supuestos de gratuidad en las ofertas publicadas a colectivos no previstos en la citada orden y la realización del ingreso de las matrículas en una cuenta corriente titularidad de una entidad
privada, incumpliéndose la referida normativa.
Por lo que se refiere a las subvenciones, se señala que en el ejercicio 2016 el instituto concedió tres subvenciones nominativas por importe de 815 000 euros, en cuyos procedimientos de concesión y
justificación se detectaron deficiencias que afectaron principalmente a la definición genérica del objeto de una de ellas, a la ausencia de constitución y de funcionamiento efectivo de las comisiones de seguimiento y a la falta de ingreso en
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los importes retenidos en concepto de IRPF derivados de las facturas o nóminas cuyo objeto había sido objeto de subvención.
En cuanto al análisis de los planes nacionales, el informe indica que la falta de desarrollo normativo de esta figura de planes nacionales ha dado lugar a que los catorce vigentes en el ejercicio fiscalizado no se hayan diseñado como
auténticos instrumentos de planificación y gestión, sino como elementos metodológicos y de coordinación entre los distintos agentes intervinientes en la conservación y restauración del patrimonio cultural. También se señala la ausencia de una
planificación plurianual de las intervenciones, actuaciones y financiación de los planes que ha impedido conocer su grado de ejecución y sus posibles desviaciones. La estructura y contenido de los planes ha sido homogénea, si bien han presentado
diferencias en cuanto a su nivel de concreción y detalle. Se refleja la ausencia de elaboración de informes periódicos de evaluación y cumplimiento de los planes y la atribución a las comisiones técnicas de seguimiento de algunas funciones de
imposible cumplimiento debido a la ausencia de unos objetivos medibles y cuantificables.
Por lo que se refiere al análisis de los principios de buena gestión financiera, el informe señala que el instituto no ha efectuado un uso adecuado de los instrumentos previstos tanto en la normativa reguladora de su propia actividad como en
la normativa de subvenciones presupuestaria y contable para realizar el seguimiento y control de la aplicación de los principios de buena gestión. Se ha apreciado un contenido general e inconcreto en las memorias presupuestarias sin detalle de los
objetivos específicos a alcanzar, la ausencia de indicadores para medir determinadas actividades y la insuficiencia de la información proporcionada por los mismos para la toma de decisiones. Por otra parte, no existe vinculación entre el plan
estratégico general plurianual y la planificación anual prevista en las memorias presupuestarias.
En materia de igualdad, el informe refleja que en un tercio de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos y en las subvenciones convocadas no se establecieron criterios preferenciales para la promoción de la
igualdad efectiva que con carácter potestativo establece la ley. Respecto al análisis de la trasparencia, se indica la ausencia de publicidad respecto de alguna información relativa a las encomiendas de gestión y a instrumentos de planificación.
Y, finalmente, en cuanto al seguimiento de las recomendaciones formuladas por el tribunal en el informe correspondiente a 2004, se señala que persistían algunas de las deficiencias relativas a la gestión de la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos tales como la ausencia de un instrumento de planificación plurianual de acciones que se ejecutan anualmente en relación con la conservación, restauración, investigación y documentación del patrimonio. Se incluyen en el informe de
fiscalización varias recomendaciones, hasta seis, encaminadas precisamente a tratar de contribuir a la mejora de la gestión en los aspectos en los que se han observado incidencias, irregularidades o debilidades.
El segundo informe se refiere a la fiscalización del Museo Nacional del Prado, ejercicio 2018. También se trata de una fiscalización integral que ha tenido como objetivos específicos el análisis de la representatividad de las cuentas
anuales del ejercicio 2018, el cumplimiento de la normativa a la que estaba sometida la actividad económico-financiera del Museo Nacional del Prado, el funcionamiento y organización del museo y del real patronato, fundamentalmente dirigido al área
de recursos humanos, gestión de gastos corrientes, convenios, encomiendas de gestión y gestión de ingresos. Igualmente, se han verificado los sistemas y procedimientos aplicados por el museo tanto para la automatización de los procesos y sistemas
informáticos como en el control interno de la gestión económico-financiera, especialmente en cuanto a los inventarios de las obras de arte. Asimismo, se ha fiscalizado el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el anterior informe de
fiscalización del Museo del Prado relativo al ejercicio 2016 y el contenido de la resolución de esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas correlativa a este informe. También se ha abordado en este informe un examen del
cumplimiento de la normativa relativa a igualdad y a transparencia en lo que tuviera relación con el objeto de la fiscalización.
Como principales resultados de la fiscalización, se señala en el informe que las cuentas anuales del Museo Nacional del Prado correspondientes al ejercicio 2018 reflejan en todos los aspectos significativos su situación financiera y
patrimonial, el resultado del ejercicio y la liquidación de su presupuesto, y contienen la información necesaria y suficiente para su correcta interpretación y comprensión, de acuerdo con los principios, criterios y normas contables que le son de
aplicación, excepto por algunas salvedades que afectan a la partida del inmovilizado, que en ocasiones está sobrevalorado o infravalorado, y a la
aplicación defectuosa del principio de devengo en algunos de los gastos e ingresos del ejercicio, concretamente se refiere a la imputación de gastos a ejercicios posteriores.
En relación con el cumplimiento de la normativa, el informe señala una serie de incidencias, entre ellas que el museo no ha adaptado totalmente su regulación jurídica a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En materia de personal, el informe observa que la competencia para la asignación discrecional de la cuantía individual de diversos complementos retributivos se ejerce por un responsable del museo que no tiene asignada esta competencia en virtud de
resolución de delegación de competencias. Por otra parte, el procedimiento de asignación de complemento retributivo denominado variable y gratificación de apertura pública del museo todos los días de la semana desvirtúa la finalidad del mismo, su
condición de complemento.
El museo formaliza incorrectamente contratos de interinidad para sustituir a los empleados que se encuentran en periodos de vacaciones. En cuanto a los gastos relativos a la asistencia a las reuniones del pleno del Real Patronato y de la
Comisión Permanente, se señala que el museo no ha dictado instrucciones relativas a la naturaleza, objeto y cuantía máxima. Dichos objetos no está aprobados previamente a su liquidación por el órgano competente, habiéndose puesto de manifiesto
deficiencias en cuanto a su naturaleza y justificación.
En relación con los convenios celebrados, se han apreciado diferentes irregularidades tales como expedientes incompletos, fundamentalmente respecto de la ejecución. En las memorias de los convenios no se analiza el impacto económico, la
aplicación de convenios que no estaban en vigor, y en ocasiones también se ha identificado que se acude incorrectamente a la figura del convenio cuando el contenido, por sus prestaciones, debería ser más propio de contrato. También expone el
informe que el establecimiento de manera directa de la gratuidad de la tasa por cesión de espacio para diversas actividades señaladas en los convenios celebrados por el museo y las empresas protectoras, benefactoras y colaboradoras no se ajusta a la
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Respecto de las encomiendas de gestión y encargos, el museo remitió con retraso al Tribunal de Cuentas la relación certificada de los encargos a medios propios. El encargo suscrito por el museo con la Sociedad mercantil estatal Ingeniería
de Sistemas para la Defensa de España tiene carácter estructural y permanente derivado de insuficiencias estructurales de la propia plantilla del museo. En cuanto a la encomienda celebrada por la Sociedad mercantil Museo Nacional del Prado
Difusión, el museo no ha procedido a la actualización de su régimen jurídico, no obstante, los cambios registrados en la figura de la encomienda de la gestión. En el ámbito de esta encomienda no consta la aprobación por el museo de los diferentes
tipos de productos que la sociedad puede vender en la tienda y en las cafeterías y restaurantes de uso para los visitantes de la pinacoteca y del personal de la entidad, salvo aquellos que hubieran sido directamente encargados por parte del museo.
El museo no conoce la composición de los precios y cuál es el porcentaje de beneficio establecido por la referida sociedad sobre los artículos vendidos, salvo en el caso de los encargos realizados directamente por el museo anualmente. En cuanto a
la gestión de la tasa por utilización de espacios, se observa el empleo de una manera uniforme y sistemática de los descuentos en concepto de relevancia cultural, conexión del acto con los fines del museo e incidencia en la difusión pública de los
valores culturales del mismo. Ello implica que no se esté aplicando adecuadamente la regulación establecida en la Orden Ministerial de 18 de enero de 2000. El informe señala que el porcentaje de cobertura del coste del servicio por cesión de
espacios es del 78,37 % pese a que la Ley de Tasas y Precios Públicos establece que deberán tender a cubrir el coste del servicio de la actividad que constituye el hecho imponible. Las memorias económico-financieras que acompañan a la resolución de
23 de mayo de 2016, en la que se establecen los precios públicos de entrada al museo y a la resolución de 14 de diciembre de 2017, en la que se establecen los precios públicos por prestación y actividades en el museo, no abordan las cuestiones
esenciales contempladas en la citada ley de tasas referidas a los costes económicos y a su grado de cobertura. A este respecto, el informe señala que el grado de cobertura de los ingresos recaudados por los precios públicos establecidos en el museo
alcanza el 63,82 % de su coste.
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia, el informe expone determinadas carencias informativas de la página del museo en materia de normativa y gestión económica. En relación con la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el
informe indica que de los veintidós vocales del Pleno del Real Patronato designados solo seis eran mujeres, y en el caso de la Comisión Permanente, de sus nueve miembros, dos eran mujeres.
En materia de protección de datos de carácter personal, se indica que el museo carece de un manual en el que se recojan las medidas de seguridad que aplica a sus tratamientos de datos, atendiendo al
análisis de los riesgos, los mecanismos establecidos para identificar la posible existencia de violaciones de seguridad de los datos, así como los procedimientos para notificar las violaciones de seguridad a las autoridades de protección de
datos. En lo relativo a los sistemas de información del museo, de la fiscalización resulta que el mismo cuenta con numerosas aplicaciones no integradas entre ellas, así como de escaso personal propio para realizar tareas estratégicas en el marco de
los sistemas de información.
El informe también se refiere a los sistemas y procedimientos de gestión aplicados por el museo. Respecto de las funciones del sistema de gestión del mismo, se indica que no ha definido la distribución de la plantilla de personal atendiendo
a los cinco ejes de actuación establecidos en su Plan de actuación 2017-2020, ni se relacionan las actuaciones con los recursos a emplear, lo que habría facilitado la valoración de la coherencia de la planificación estratégica en cuanto al
cumplimiento de los objetivos. No se elabora anualmente un documento en el que se concreten específicamente las acciones a llevar a cabo durante dicho periodo. Esta planificación permitiría tomar medidas en el caso de desviaciones. Además, se
produjeron deficiencias en el seguimiento del plan de actuación.
En cuanto al control interno de la gestión económico-financiera del museo, el informe señala determinadas carencias relativas a la gestión de las áreas de inmovilizado y personal. No se ha implementado un procedimiento de análisis y
seguimiento de deterioro del valor de los bienes del inmovilizado ni un sistema de recuentos periódicos por personal que no participe en la gestión de los mismos, dejando constancia documental de su realización y resultados. El museo ha de seguir
avanzando en el control de los bienes del inmovilizado material. Por otra parte, no se realiza un análisis financiero a medio y largo plazo que permita diagnosticar la situación y perspectivas de la entidad y adoptar las correspondientes decisiones
en materia de gestión de fondos y de optimización de rendimientos financieros.
Por lo que se refiere al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del informe anterior -el informe relativo al ejercicio 2012-, que como les dije también se incluyen en este informe, se señala que el Museo del Prado cumplió las
nueve recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su anterior informe y ocho de las nueve recogidas en la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas -naturalmente las recomendaciones que afectan al
ámbito de fiscalización que son objeto de este informe-. Además, también se ha cumplido por parte de la IGAE la recomendación que se le dirige también en el informe de 2012; y de las tres recomendaciones dirigidas por el Tribunal de Cuentas al
Ministerio de Cultura y Deporte se ha comprobado que una ha sido cumplida. También se ha cumplido la medida dirigida al Gobierno que elevó esta comisión mixta en su momento.
El informe contiene también un capítulo de recomendaciones precisamente para tratar de mejorar las incidencias que han sido detectadas en la gestión, unas recomendaciones dirigidas al Gobierno y otras dirigidas directamente al Museo del
Prado.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posición y preguntar lo que estime conveniente, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal, el señor
Uriarte Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Presidente, quería retomar una cuestión porque, antes he planteado una cuestión procesal, y al amparo del artículo 70.2 del Reglamento, por alusiones, quiero aclarar a la compañera del Grupo Popular algo en
relación con lo que decía de que el señor portavoz de Podemos quería decir de qué se podía hablar y de qué no. Simplemente quería aclararle que mi voluntad no era esa, que quizá no me he explicado bien o lo que fuera, pero que no era mi voluntad
para nada que se hablara de una cosa u otra. Simplemente quería decir que es una buena práctica parlamentaria y en ese sentido se lo indicaba a la compañera de Ciudadanos. Y para que se viera la amabilidad del gesto, incluso reproducía y compartía
parte de los comentarios que ella había hecho a posteriori. Simplemente, me parece que una reunión con la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para evaluar la gestión del Consejo de Transparencia o de la Agencia de Protección de Datos quizá no
es el foro adecuado para abordar el lugar de vacaciones del señor presidente del Gobierno, una cuestión que, por supuesto, tiene que ser objeto de control parlamentario, como todo. Tan solo es un llamamiento a las buenas prácticas, porque la forma
de alguna manera condiciona el fondo y para que trabajemos bien, y por respeto tanto a las personas empleadas de esta casa como a las personas invitadas y a los propios grupos, es una buena práctica dedicar el tiempo de nuestro trabajo a lo que es
propiamente el orden del día por el que hemos
sido convocadas las personas que estamos aquí y sobre el cual ya hemos dispuesto de materiales. Simplemente, ha sido una declaración de buena voluntad y un llamamiento a las buenas prácticas en el seno de esta Comisión. Espero que se haya
entendido en este sentido y muchísimas gracias por haberme dado la posibilidad, aunque sea utilizando el tiempo que tenía para una cuestión de fondo, de abordar esta cuestión formal, pues creo que es interesante para el trabajo en el futuro de la
Comisión.
En cuanto al resto, su exposición ha sido muy interesante, especialmente en lo que respecta al museo, pues parece que bastantes de las recomendaciones se han ido corrigiendo posteriormente, que al fin y al cabo es el elemento fundamental de
la labor del tribunal. En relación con estas pequeñas malas prácticas en las que las administraciones, desgraciadamente, habitualmente incurren, lo más importante es la predisposición a ir corrigiéndolas. En ese sentido, el informe ha sido
positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Empiezo con el informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural. El instituto gestionó especialmente un programa en el año 2016. Los créditos definitivos ascendieron a 19 millones y las reducciones de obligaciones netas a 14
millones, lo que representa un grado de ejecución del 77 %, pero los gastos de personal registran un grado de ejecución del 97 %, por lo que hay algo que pensar. Debería incorporarse a la memoria de cada uno de los proyectos una explicación del
grado de cumplimiento del presupuesto y de las razones por las que no se ha utilizado la totalidad del mismo. Es importante en toda labor presupuestaria tener plenamente identificados todos los conceptos de gasto, así como realizar un seguimiento
de los mismos, analizando y explicando las variaciones. En el informe se exponen incidencias de los procedimientos de adjudicación, entre ellas la ausencia de tres ofertas en veinte de treinta contratos menores, sin que conste motivación alguna;
ausencia de motivación en tres contratos y en varios contratos se ha utilizado el procedimiento de contratación menor cuando su plazo de ejecución es superior a un año. Es inaceptable. Debería informarse de ello anualmente y no esperar hasta el
siguiente informe, porque estamos hablando de un informe de 2016.
Es muy certero el comentario que los planes nacionales no han sido diseñados como instrumentos de planificación y gestión, con unos objetivos concretos, definidos y cuantificables y con unos indicadores asociados a los mismos. En
definitiva, es una recomendación que pone de manifiesto la ineficacia del funcionamiento de esta institución. También es un síntoma de ineficacia la ausencia de una planificación plurianual de las intervenciones y su financiación, lo que ha
impedido que tengamos el grado de ejecución de los planes. Asimismo, es un síntoma de ineficacia la ausencia de un instrumento transparente en el que se expongan los planes que contengan las actuaciones y acciones que se ejecuten anualmente en
relación con la conservación, restauración, investigación y documentación del patrimonio. Son importantes las propuestas de mejora definidas para los planes nacionales: calendarios, acciones, difusión, etcétera.
Por último, en relación con las recomendaciones, me gustaría destacar que sería conveniente realizar un estudio de costes adecuado de la actividad gravada con la tasa gestionada por el instituto, que garantice el cumplimiento del principio
de equivalencia establecido en el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y conocer el grado de cobertura financiera.
Con respecto al Museo Nacional del Prado, haré algunos comentarios sobre estados financieros. Parece que no se ha registrado ningún nuevo valor en los activos y pasivos financieros del año 2017. Me alegra saber que no ha sido necesario.
En cuanto a los ingresos, veo que suben las subvenciones un 8,37 % mientras que las ventas netas bajan un 1,89 %. Bajan las ventas, pero suben otros gastos de gestión, un 9,4 %. Los de personal, un 3,9 %, veinticuatro personas más que en 2017, y
un crecimiento del 80 % en los contratos de alta dirección, de cinco a nueve. Me parece realmente poco ejemplarizante.
Nos preocupa también el incumplimiento sistemático -ya lo ha comentado- del principio de devengo de los gastos. En cuanto a las recomendaciones al Gobierno, es importante saber si se ha avanzado en la recomendación de modificar la Ley
reguladora del Museo Nacional del Prado para adaptar la regulación jurídica de la entidad y en la regularización de la deuda. Hay que indicar que el importe de las transferencias corrientes y de capital no liquidadas se ha incrementado en un 37,4 %
en 2018 y existen importes no liquidados de los años 2016 y 2017, por importe de 2,7 y 4,5 millones de euros. Creo que se debe hacer un seguimiento, conocer por qué se produce y también conocer el plan de pagos por parte de la Administración
General del Estado.
En cuanto a las recomendaciones al Museo Nacional del Prado, todas me parecen muy acertadas y creo que muchas se deberían incorporar en la recomendación final. Por ejemplo, aplicar criterios de eficiencia en la gestión de las tasas, que
analice los precios de entradas en relación con el coste económico atribuido a los conceptos; establecer un sistema de gestión de los convenios, en el que se realice con rigor su necesaria oportunidad; establecer criterios de seguimiento y control
para que no existan expedientes incompletos o exigir que se incorpore un análisis del impacto económico derivado de los convenios en las memorias de inicio de los mismos. Una recomendación importante es la mejora de los sistemas y procesos de
información, cuando además existen numerosas aplicaciones no integradas entre sí. Y también es importante la elaboración de un manual de protección de datos de carácter personal. Creo que también deberían formar parte del listado final de
recomendaciones las dos siguientes. La primera, incorporar un apartado de transparencia en la página web, que no lo veo tampoco a fecha de hoy, y definir la información que debería contener dicho apartado. Por otro lado, por la importancia de las
transferencias de la Administración General del Estado y la situación de las cuentas públicas se hace completamente necesario llevar a cabo un análisis financiero a medio y largo plazo del Museo Nacional del Prado, que permita diagnosticar la
situación y perspectiva de la entidad y adoptar las correspondientes decisiones en materia de gestión de fondos y de optimización de los rendimientos financieros.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta, por la exposición de los informes respecto al consejo de administración de Patrimonio Nacional. Al hilo de algo que he estado pensando por otras intervenciones que se han producido con anterioridad, ¿cómo se
decide la inclusión de una fiscalización en un plan de actuación? Se lo digo fundamentalmente -lo acaba de describir mi compañero de VOX- porque el consejo de administración de Patrimonio Nacional gestiona unos 20 millones de euros. Habiendo
entidades mucho más relevantes, como secretarías de Estado, direcciones generales y demás, no acabo de entender muy bien la relevancia de la entidad como para decidir incluirla en un plan de fiscalización.
Le agradezco su explicación respecto de los informes anteriores. Es verdad que los informes hay que incluirlos en los contextos. Yo leí ayer y he leído hoy noticias sobre estos informes y fuera de contexto da la sensación de que la gestión
ha sido caótica, por lo que le quiero hacer una pregunta. Aprovecho porque con la AIReF surgió el mismo problema. Se fiscalizó nada más crearla y aquello parecía el caos, pero al final la AIReF ha funcionado en términos más que razonables, aunque
generó problemas -casi me atrevería a decir- institucionales sobre la conveniencia de fiscalizar un organismo que acaba de arrancar. No lo acabo de entender ni lo acabo de ver. Ha dicho una frase con la que me quedo: los informes contribuyen a la
mejora de la gestión. Así tiene que ser.
Entro en el tema de la fiscalización del Museo del Prado -mi compañero de VOX acaba de reclamar otra fiscalización- y le pregunto: ¿Por qué otra fiscalización? ¿Existe alguna razón en concreto para que el Museo del Prado haya sido objeto
de tantas fiscalizaciones? Leyendo los informes, porque le quiero recordar que hay un informe en 2012, otro en 2015, otro en 2016 y otro en 2018, lo que no he encontrado ha sido el riesgo de auditoría que hace que permanente y constantemente el
Museo del Prado sea objeto de fiscalización, sobre todo porque presupuestariamente no tiene entidad ni representatividad como para que al final haya tantos informes, y me olvido de las dos cuentas generales, que colateralmente también analiza. Se
trata de 47 millones, de los cuales 21 son transferencias, y no lo acabo de entender muy bien. Sobre todo, no entiendo que se haya elegido el año 2018, porque el Museo del Prado tiene un plan cuatrienal de actuación 2017-2021. Si el objeto de este
informe, tal como se dice en el mismo, es analizar el plan de actuación cuatrienal, difícilmente fiscalizando el año 2018, como ha sucedido, se puede saber qué ha avanzado o qué ha sucedido con ese plan de actuación cuatrienal. En definitiva, no se
ha logrado el objeto con el que se planteó el informe: saber si los retos y medidas previstas -leo literalmente- en los planes de actuaciones que tiene asignado el museo se han cumplido. Evidentemente no, porque era imposible, dado que cuando se
hace este informe todavía no se había acabado con esa información de 2017 y la de 2018 estaba en mantillas. Por eso le pregunto si no hubiera sido mucho más razonable hacer una fiscalización del año 2019. Si se trataba de analizar los planes de
actuación, lo lógico habría sido retrotraerse al otro plan 2013-2016. Entiendo que, como 2018 está fuera del 2013-2016, al final ahí ha quedado una laguna.
Por otra parte, se excluyó la contratación -se habían analizado los años 2015 y 2016-, y entendemos por qué se hizo, porque al final era imposible saber si se había avanzado o no en la mejora de todo el sistema de contratación, sobre todo
después del follón que se organizó con el cuadro de la Virgen de la granada, porque el informe no tenía un pase: cuestionar al abogado del Estado, a la Intervención, poco menos que el cuadro había que comprarlo como si fuera un suministro normal y
corriente, cuando todo el mundo sabe que la adquisición de un cuadro tiene mucha más complejidad.
Termino antes de que me llame la atención el señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Su tiempo ya ha acabado. Vaya terminando.
El señor SUÁREZ LAMATA: Hay una especie -me atrevo a decirlo, se lo digo en tono jocoso- de enseñamiento del fiscalizador con el Museo del Prado. Me gustaría que usted lo explicara, porque, cuando uno analiza los informes, se pone de
manifiesto que se van cumpliendo las recomendaciones, sobre todo si uno se retrotrae al ejercicio 2012.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Otero García.
La señora OTERO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero retirarle las gracias una vez más por su comparecencia en esta Comisión.
Haciendo referencia al informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España para el ejercicio 2016, me gustaría hacer algunas observaciones que, a mi juicio, son importantes, como las deficiencias en materia de gastos, de
donde se desprende ausencia de motivación suficiente en aquellos contratos negociados sin publicidad por razón de cuantía, que reiteradamente durante varios ejercicios se han tramitado a través de contratos menores anuales y cuyos gastos y gestiones
tenían como objeto resolver necesidades de carácter periódico, recurrente y de naturaleza previsible, determinada y cierta, superando, por lo tanto, el límite cuantitativo que la Ley de Contratos del Sector Público establece para los contratos
menores. Por lo que se refiere a la revisión de la gestión de los ingresos, cabe destacar la ausencia de estudios de costes públicos que garantizaran o determinaran lo previsto en la ley de estos precios. En cuanto a los gastos, del informe se
desprende, por ejemplo, que los precios de las matrículas eran inferiores a los establecidos, y cabe destacar que se ingresaban en una cuenta corriente de una entidad privada, incumpliendo la citada ley, que impide ingresar recursos de derecho
público en entidades de naturaleza privada. Son preocupantes también los procedimientos de subvenciones de este instituto, ya que en el informe se mencionaban diversas irregularidades en la concesión directa de las mismas y que el instituto carecía
de una planificación plurianual de las intervenciones, actuaciones y financiación de los planes. Y no menos preocupante es que el instituto no haya efectuado un uso adecuado de los instrumentos previstos para la realización de un correcto control y
seguimiento de los principios de buena gestión.
En materia de transparencia, cabe señalar que el instituto ha cumplido con las obligaciones impuestas por la normativa relativa a la información económica, presupuestaria y estadística, a excepción de algunos aspectos. No se ha dado
respuesta a las prescripciones de transparencia en materia de planificación, al no haberse publicado un plan estratégico plurianual aplicable al ejercicio fiscalizado.
En cuanto a la igualdad de género, se deberían incluir medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y esta misma percepción la hago extensiva también al Museo Nacional del Prado, en cuyo análisis de
fiscalización me centraré ahora.
De este informe se pueden extraer una serie de aspectos positivos que conviene señalar, tal y como que el museo haya cumplido prácticamente la totalidad de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su informe de
fiscalización del ejercicio 2012. En lo relativo al seguimiento de las medidas instadas por la Comisión mixta en su resolución referidas al informe de fiscalización de 2012, de las diez medidas dirigidas al Museo del Prado, ocho han sido
implementadas. En cuanto a las dos restantes, una no ha sido analizada por quedar fuera del ámbito de esta fiscalización y otra se ha cumplido parcialmente. Este incumplimiento parcial se refiere a la no finalización del inventario completo de los
marcos.
En cuanto a las cuentas anuales del Museo del Prado correspondientes al ejercicio 2018, se refleja que tiene la información necesaria y suficiente para su correcta interpretación, de acuerdo con los principios, criterios y normas contables
que le son de aplicación, con la excepción de algunas salvedades.
Del informe del Tribunal de Cuentas se detectan varias deficiencias en relación con los convenios, la Ley de transparencia, los sistemas y procedimientos de gestión, la implantación de un procedimiento y el seguimiento del deterioro de los
bienes inmovilizados, al tiempo que se determina la necesidad de que el museo siga avanzando en el control de los bienes del inmovilizado material. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas es una importante herramienta para la mejora de
la gestión del Museo del Prado. Por eso, pese a que el informe fue recibido el 27 de febrero en el museo, ya se ha avanzado en el cumplimiento de alcanzar las recomendaciones, por lo que desde mi grupo estamos seguros de que la línea de actuación
del Gobierno es y será la subsanación de estas deficiencias y trabajará para que el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas tanto al Museo Nacional del Prado como al Gobierno sean llevadas a cabo de la forma más eficaz y en un periodo corto de
tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Otero.
A continuación tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.
Lo primero que quiero hacer es dar respuesta a una cuestión que planteó la señora Ponce en relación con el primer bloque de informes que dejé sin responder, omisión que, al darme cuenta, quiero subsanar. Me preguntó por los puntos del
informe que aparecen como suprimidos. Efectivamente, los puntos que aparecen como suprimidos fueron objeto de eliminación como consecuencia de las alegaciones realizadas o del trámite de observaciones entre los miembros del Pleno.
Refiriéndome ya a los informes que han sido objeto de este bloque, tanto el Museo Nacional del Prado como el Instituto de Patrimonio Cultural de España, fundamentalmente las cuestiones tratadas por el señor Suárez han ido dirigidas a que se
aclare un poco cuáles son los criterios que han determinado la inclusión de determinadas fiscalizaciones en el programa de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Como usted sabe, la iniciativa para conformar el programa de fiscalización del
Tribunal de Cuentas puede proceder bien de las Cortes Generales, bien de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, bien a iniciativa propia del Tribunal de Cuentas. Para seleccionar las
fiscalizaciones por parte del Tribunal de Cuentas existe una serie de criterios: en algunas ocasiones son cuantitativos, referidos a las entidades con presupuestos grandes; en otras ocasiones se refieren a programas presupuestarios especialmente
relevantes; en otras ocasiones se refieren a áreas concretas de especial riesgo, tales como la contratación o las subvenciones; en otras ocasiones se refieren a entidades que no rinden cuentas, por ejemplo; en otras ocasiones el criterio viene
determinado por no haberse fiscalizado con anterioridad, independientemente de su importancia cuantitativa en términos presupuestarios. Teniendo en cuenta todos estos criterios, se elaboran propuestas desde los departamentos y finalmente se
conforma el programa de fiscalizaciones, que es aprobado por el Pleno, normalmente en diciembre del año anterior respecto del año siguiente; ahora precisamente estamos en el proceso de elaboración del programa de fiscalizaciones para el ejercicio
2021.
Me preguntaba usted, en este contexto del programa de fiscalizaciones, por qué se había seleccionado, por ejemplo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se crea y se constituye a finales de 2014 y se fiscaliza en los ejercicios
2016 y 2017. Como he dicho anteriormente, el elemento fundamental de la fiscalización es tratar de contribuir a la mejora de la gestión. Por tanto, la fiscalización en un estadio temprano de un organismo quizás puede restar algo de perspectiva en
cuanto a la gestión realizada, porque hay organismos que están poniéndose en marcha y estableciendo sus bases, como, por ejemplo, el Consejo de Transparencia, pero también ayudan a identificar los puntos débiles y determinar cuáles son los caminos
de mejora. En este sentido, por ejemplo, el Consejo de Transparencia -en el informe de fiscalización se pone de manifiesto- ha ido incorporando las recomendaciones que durante el proceso de fiscalización se le han ido haciendo. De este modo,
también sirve para facilitar a una entidad de reciente creación la identificación de sus debilidades y encontrar el camino más adecuado para que esas debilidades se conviertan en fortalezas.
Respecto a la selección del Museo del Prado en la fiscalización, lógicamente no existe ensañamiento alguno con él; todo lo contrario, no podemos tener más maravillosa obra de arte, además recientemente ha celebrado su aniversario. Lo que
sí quiero aclararle es que las fiscalizaciones tienen carácter recurrente, las fiscalizaciones de los grandes museos, no solamente del Prado, sino también del Museo Thyssen o
del Reina Sofía, se realizan con carácter recurrente. Sin duda, entre las pinacotecas, la del Museo del Prado es la que más relevancia y mayor ámbito de gestión tiene, de manera que en él se dilucidan incidencias o deficiencias en la
gestión. En todo caso le quiero aclarar que, por ejemplo, la fiscalización relativa a la contratación no se hizo exclusivamente al Museo del Prado, sino a los tres grandes museos. Por tanto, no se fiscalizó solamente el Museo del Prado, se
fiscalizaron las tres grandes pinacotecas. Precisamente por el tiempo transcurrido desde 2012 y las áreas de riesgo detectadas en la fiscalización de la gestión del Museo del Prado, se incluyó en el programa de fiscalizaciones. Y, como se ha
visto, resulta muy satisfactorio el grado de incorporación e implementación de las recomendaciones que se hicieron tanto por el Tribunal de Cuentas como por la resolución de la Comisión Mixta. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción y un
orgullo que un museo de bandera como es el Prado vaya mejorando sustancialmente en la gestión económico-financiera, que, como le digo, es la finalidad última de la fiscalización.
Pocas preguntas más se han hecho en relación con estos dos informes, fundamentalmente centradas en la planificación. Varios de ustedes han hecho referencia -además, afecta a los dos informes- a la correcta determinación de las tasas y
precios públicos, al cumplimiento de la Ley de Tasas y Precios Públicos, al principio de equivalencia en las tasas. No son estos los únicos informes en los que estamos haciendo referencia a ello; todo lo contrario, estamos poniendo especial
atención porque estamos detectando que se da con bastante frecuencia el hecho de que las tasas estén por encima del principio de equivalencia, y, en el caso de los precios públicos, por debajo del coste del servicio. De manera que es importante no
solamente tener en cuenta la buena gestión de los gastos, sino también la buena gestión de los ingresos. Y otro aspecto que han destacado varios de ustedes es el relativo a la planificación. Como les decía en la presentación del primer bloque de
informes, estas fiscalizaciones son integrales y hacen especial hincapié en la importancia de la adecuada planificación de las actividades, en la existencia de planes estratégicos, de objetivos bien marcados e indicadores que hagan eficaz y
eficiente, y no solamente legal, la actuación de los organismos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE III: INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000026).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000036 y número
de expediente del Senado 771/000033).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE MERCASA, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000054).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate correspondiente al bloque III: Informe de fiscalización del organismo autónomo Centro de Investigaciones Sociológicas, ejercicio 2016. Informe de fiscalización de la ejecución de los gastos con
financiación afectada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ejercicios 2016 y 2017. Informe de fiscalización de actividad económico-financiera de Mercasa, ejercicios 2017 y 2018. Por acuerdo de Mesa y portavoces de 15 de
septiembre de 2020, se entienden subsumidas en esta comparecencia las del Grupo Parlamentario VOX que tienen el mismo objeto.
Tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Paso a presentar el primero de los informes que conforman este bloque. Se trata de la fiscalización sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, ejercicio 2016. El mismo se abordó con una fiscalización de regularidad, atendiendo a los
siguientes objetivos: comprobar si la gestión económica del CIS se reflejó adecuadamente en su sistema contable, así como la fiabilidad de las cuentas rendidas, de conformidad con los principios y criterios contables de aplicación; verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable a
la gestión de los ingresos y gastos; analizar el sistema de control interno aplicado al organismo, y evaluar la adecuación de la gestión realizada a la normativa de transparencia e igualdad de género en lo que pudiera tener relación con el
objeto de la fiscalización. Los principales resultados obtenidos en esta fiscalización son los siguientes. En relación con el control interno de la gestión del organismo, el informe aprecia debilidades tales como la ausencia del programa anual de
las actuaciones reglamentariamente previsto y la falta de desarrollo de control y eficacia sobre el mismo. En cuanto a los procedimientos de gestión, el CIS no disponía de manuales o normas escritas sobre los procedimientos a seguir en cada una de
sus áreas de gestión. Con carácter general, carecía de medios personales suficientes para la gestión ordinaria de sus gastos e ingresos, lo que ha dado lugar a una inadecuada distribución de funciones entre el personal. Por lo que respecta a las
cuentas, el informe indica que las de 2016 reflejan fielmente en todos los aspectos significativos la situación financiera del organismo, los resultados de las operaciones y los flujos de tesorería.
La situación de las masas patrimoniales del CIS en el ejercicio 2016 ha confirmado la tendencia a la baja reflejada en las cuentas de los ejercicios anteriores. Entre 2013 y 2016 el patrimonio neto del CIS disminuyó en un 40 % como
consecuencia del exceso de gastos, que experimentaron fluctuaciones sobre los ingresos del organismo, que se mantuvieron estables. La liquidación presupuestaria del CIS presentó un resultado presupuestario negativo de 1 734 868 euros.
En cuanto a la tesorería, el informe señala que el organismo utilizó la misma cuenta bancaria abierta en el Banco de España para los pagos a justificar y para los anticipos de caja fija, lo que dio lugar a una dificultad en el seguimiento y
control de sus movimientos. Durante la mayor parte del ejercicio 2016 permaneció sin formalizarse el nombramiento del cajero pagador de la caja principal en efectivo para el pago de las indemnizaciones por razón del servicio y otras atenciones de
menor cuantía. Se comprobó asimismo la existencia de una caja auxiliar que carecía de autorización donde se recogían los ingresos en efectivo por venta de publicaciones, incidencia que fue subsanada en el ejercicio siguiente. El informe señala que
la tipología de expedientes que la resolución del presidente del CIS de 18 de noviembre de 2011 preveía para ser tramitados por el sistema de pagos a justificar excede de la excepcionalidad que la Ley General Presupuestaria prevé para este sistema
de pagos para constituirse en el procedimiento de pago habitual. Por el procedimiento de pagos a justificar en 2016 el CIS tramitó 2 600 000 euros, lo que representaba el 34 % del total de obligaciones reconocidas en su presupuesto de gasto,
poniendo de manifiesto la circunstancia anteriormente referida. Se ha observado demora en la aprobación de las cuentas justificativas. En relación con los anticipos de caja fija, el informe señala que la regulación propia del CIS, la resolución de
su presidente de 18 de enero de 2011, en contra de lo establecido en la Ley General Presupuestaria, no determinaba los criterios generales de los gastos a satisfacer por este sistema ni especificaba los conceptos presupuestarios afectados con sus
respectivos límites cuantitativos.
Por lo que se refiere a la gestión de gastos en cuanto a recursos humanos, el informe indica que las relaciones de puestos de trabajo del organismo a 1 de enero de 2016 incluían un total de 99 puestos. Las obligaciones reconocidas en el
capítulo 1, gastos de personal, ascendieron a 3 300 000 euros. El examen de la nómina ordinaria del mes de abril reveló algunas deficiencias, como la falta de acreditación de los criterios para el abono del complemento de productividad y la
ausencia de justificación documental de algunos complementos abonados al personal laboral.
En cuanto a los gastos en concepto de servicios prestados por la red de campo, se indica que el CIS ha venido utilizando tradicionalmente para la realización de la mayor parte de los sondeos y encuestas a un conjunto de personas que componen
la denominada red de campo, formada por coordinadores y encuestadores. El número de personas que realizó para el CIS este tipo de trabajos durante 2016 fue 359. La cantidad abonada al personal de campo en el ejercicio fiscalizado ascendió a 2 400
000 euros, representando el 61 % de las obligaciones reconocidas del capítulo 2, gastos corrientes. El informe señala que el organismo no facilitó información acerca del procedimiento de selección o designación de los efectivos de la red de campo,
no disponiendo de manuales de procedimiento para su contratación. Además, carecía de un registro actualizado de las personas que lo integraban.
En cuanto a la contratación, se señala que el CIS no remitió al Tribunal de Cuentas la relación de contratos del ejercicio fiscalizado, enviándose en septiembre de 2017 al Registro de Contratos una comunicación de los contratos adjudicados
en el ejercicio anterior, aunque esta relación era incompleta. El examen de una muestra de contratos reveló algunas deficiencias, como la falta de la memoria justificativa de la necesidad de contratación, la omisión de la publicación de
adjudicación de contratos, la falta de formalización de las prórrogas de los contratos y la imputación del gasto al ejercicio siguiente.
En cuanto a las transferencias, las obligaciones reconocidas en el capítulo 4, transferencias corrientes del CIS, en el ejercicio fiscalizado ascendieron a 350 000 euros, destinados en un 52 % a becas a postgraduados y en un 48 % al abono de
la contribución para la participación de España en la 7ª edición de la Encuesta Social Europea. El Tribunal observó deficiencias en la tramitación de las tres líneas de subvención convocadas en régimen de concurrencia competitiva, entre las que
cabe citar el inadecuado sistema de segregación de funciones entre el órgano instructor y el encargado de la resolución de procedimientos, la insuficiente definición de los criterios de baremación, deficiencias en la justificación de criterios
aplicados en la selección y la no exigencia a los becarios de la justificación establecida para las convocatorias.
Por lo que respecta a la gestión de ingresos, el informe pone de manifiesto que en 2016 el CIS facturó 419 000 euros en concepto de prestación de servicios en régimen de encomienda en su condición de medio propio y servicio técnico de la
Administración General del Estado. Estuvieron vigentes cinco encomiendas de gestión en cuya tramitación se observaron algunas deficiencias, como la falta de identificación de los documentos técnicos rectores de los trabajos, incongruencias en las
tarifas aplicadas en los presupuestos y la aplicación de descuentos en las tarifas no contemplados en la normativa reguladora. El tribunal comprobó que el 87 % del coste total de las encomiendas vigentes en 2016 correspondía a servicios prestados
por la red de campo, es decir, subcontratados por el organismo, y el 13 % restante a las actividades realizadas con medios propios, por lo que el CIS no contaba con medios suficientes para llevar a cabo los trabajos objeto de encomienda.
En relación con los ingresos procedentes de la venta de publicaciones propias, se observó una deficiencia de control por falta de registro contable en los ingresos en efectivo, y, en cuanto a los ingresos por derechos de matrícula en cursos
y seminarios, se incumplió la Ley de Tasas y Precios Públicos en lo relativo al procedimiento de fijación de los precios. Se observaron incumplimientos en la normativa de igualdad efectiva entre hombres de hombres y mujeres, y, en relación con la
normativa de transparencia, se detectó la omisión en la web del CIS de una parte de la información que habría de constar.
Se incluyen en el informe también, como en los anteriores, las correspondientes recomendaciones dirigidas a contribuir a la mejora en la gestión, concretamente se dirigen recomendaciones conjuntas al Gobierno y al CIS y luego por separado al
Gobierno y al CIS.
En cuanto al segundo informe, se trata de la fiscalización de la ejecución de gastos con financiación afectada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ejercicios 2016 y 2017. Se trata de una fiscalización de carácter
integral que tiene como objetivos verificar el cumplimiento de las normas aplicables a la gestión de estos gastos, valorar el procedimiento establecido para dicha gestión desde la perspectiva de los principios de eficacia, eficiencia y economía y
examinar la representatividad en cuentas de los mismos, determinando las causas de los elevados remanentes de tesorería con financiación afectada. Asimismo, se han abordado las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y de transparencia en todo aquello que ha tenido relación con el objeto de la fiscalización.
En cuanto a los resultados de la fiscalización, el informe señala que respecto del cumplimiento de la normativa reguladora y la representatividad contable no está regulado en ninguna norma de ámbito fiscal el tratamiento que ha de darse a
los remanentes de tesorería afectados como recurso presupuestario, dejando al criterio de cada entidad la cuantía que se ha de incluir como previsiones iniciales y la de los expedientes de incorporación de remanentes de tesorería afectados.
En cuanto al sistema de información contable implantado por el CSIC, se señala en el informe que es distinto al que facilita la IGAE. El mismo no resulta adecuado para el control y seguimiento de los gastos con financiación afectada e
incumple lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado. Con el fin de paliar estas deficiencias, el Consejo está en proceso de implantación de una
adaptación de la aplicación Sorolla. El CSIC presenta la información del Estado F23.4,1, Desviaciones de financiación por agente financiador, de forma agregada, esto es, para el conjunto de los proyectos con financiación afectada y compensadas las
desviaciones positivas y negativas, utilizando además un método para calcular tanto las del ejercicio como las acumuladas distinto al establecido en el Plan General de Contabilidad Pública. En definitiva, no cumple con los principios y criterios
contables de aplicación y, por lo tanto, sus importes no representan de manera razonable la imagen fiel en lo que se refiere a estos gastos con financiación afectada.
Esta deficiencia afecta a los otros documentos, que incorporan dichas desviaciones, como son el estado del remanente de tesorería y el resultado presupuestario. Además, el CSIC no ha elaborado ni
rendido el estado F23.4.2, Gestión del gasto presupuestario de los ejercicios 2016 y 2017, al no poder facilitar su sistema de información contable el detalle informativo requerido. No es posible emitir una opinión sobre la
representatividad de los saldos a 31 de diciembre de 2016 y 2017 de las cuentas del balance de los subgrupos 16, otras deudas a largo plazo con entidades de grupo, multigrupo y asociadas, y 51, deudas a corto plazo con entidades de grupo, multigrupo
y asociadas, por carecer el CSIC del detalle de la composición de los saldos, existiendo además diferencias significativas con los saldos recogidos por la Administración General del Estado respecto de estas operaciones.
En cuanto a la valoración del procedimiento establecido para la gestión de los gastos con financiación afectada, el informe indica que el mismo garantiza y apoya el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CSIC frente a
las entidades que financian su actividad y ofrece información estándar fácilmente interpretable a los destinatarios de las cuentas internas. Sin embargo, no proporciona un análisis global del estado financiero de las actividades desarrolladas por
los institutos, centros y unidades que facilite el control de su financiación afectada, dado que el sistema no permite elaborar los Estados contables conforme al Plan General de Contabilidad, como les vengo comentando.
Al margen de lo anterior, el Consejo no ha establecido un procedimiento reglado de aplicación general que incluya las distintas fases por las que discurre la gestión de un proyecto, pasando por la gestión de todos los gastos y la
cumplimentación de la base de datos corporativa.
La preparación de la documentación para la solicitud recae en los investigadores y en los directores de los centros de investigación. Los requerimientos de subsanación de los defectos observados en las solicitudes se comunican a través de
correo electrónico o de la carpeta virtual de expedientes del ministerio, lo que obliga a la consulta permanente de la misma. La convocatoria, las resoluciones de concesión y el cobro de las ayudas nacionales no atienden a un calendario previsible
que favorezca la planificación de la gestión y son de fecha posterior a la del inicio del proyecto. Estas circunstancias pueden perjudicar la ejecución de los proyectos, especialmente en lo que se refiere a los contratos de personal, ya que hasta
que no se produce la concesión no se habilita al investigador a aplicar los fondos.
Las cuantías de las ayudas concedidas para financiar los proyectos de investigación son habitualmente menores a las ayudas solicitadas por los investigadores, lo que hace necesario replantear los objetivos de los proyectos.
El cobro de las ayudas, especialmente del plan nacional, se concentra en los dos últimos trimestres del año, causando importantes remanentes de tesorería afectados y, por tanto, desviaciones positivas de financiación afectada al no existir
tiempo suficiente para la realización del gasto en el ejercicio, en la medida en que no se pueden efectuar, como les decía anteriormente, hasta que no se concede la financiación.
Con fecha 3 de junio de 2019 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó un documento denominado 'Planificación de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación hasta el final del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020', con el objetivo de informar a la comunidad científica de la planificación mensual de las próximas convocatorias y dar a conocer los factores que pudieran alterar esta planificación. Sin embargo, esta
disposición no tiene rango de ley y además los plazos pueden cambiar en el caso de que concurrieran causas de fuerza mayor. En ocasiones las bases de la convocatoria no recogen claramente los criterios de elegibilidad, lo que ocasiona
requerimientos de devolución por mala justificación que obligan a una cadena de alegaciones y respuestas.
La aplicación de la normativa sobre contratación ha podido colisionar, en ocasiones, con las particularidades y especificidades de la investigación científica, por ejemplo, cuando existen numerosas especificaciones técnicas del material
requerido o cuando hay pocos proveedores, lo que dificulta el cumplimiento del requisito de obtener tres ofertas. No obstante, la ley ha introducido instrumentos que pueden dar solución a estas especialidades de los organismos públicos de
investigación.
En relación con materia de igualdad, el informe señala que el CSIC creó en 2002 la Comisión Mujeres y Ciencia y desde 2013 ha venido aprobando planes de igualdad y realizando un diagnóstico de su situación en términos de igualdad de trato y
oportunidades, identificando objetivos, acciones y medidas para conseguirlo. Aunque sigue habiendo algunas desigualdades, existe una tendencia a la mejora. Los programas de gastos gestionados por el CSIC han sido objeto de análisis de impacto por
razón de género y se han incluido en el informe Impacto de género de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, si bien con algunas deficiencias.
Respecto a la transparencia se indica que la información presupuestaria no estaba disponible en la web del CSIC ni se incluyen enlaces al portal de transparencia de la Administración General del Estado
en el que se recoge esta información de forma agregada para las entidades integrantes de la Administración institucional, lo que no se considera suficiente. El portal de transparencia de la Administración General del Estado recoge
información sobre la contratación del CSIC, pero no está ni completa ni actualizada.
También, como en otros informes, se recogen una serie de recomendaciones para tratar de contribuir a la subsanación de las incidencias y abrir posibles líneas de mejoras a la gestión dirigidas tanto al Gobierno como al CSIC y a la Agencia
Estatal de Investigación.
Respeto del tercer informe, se trata de la fiscalización de la actividad económica financiera de Mercasa, ejercicios 2017 y 2018. En primer lugar, se trata de una fiscalización operativa dirigida a analizar el grado de cumplimiento por la
entidad de los principios de la buena gestión de fondos públicos -eficiencia, eficacia y economía-, y en particular, los procedimientos de planificación de las actividades, las operaciones con la red de sus sociedades participadas, la gestión de los
centros comerciales y la asistencia técnica. En segundo lugar, se ha examinado también la operación de venta de la participación en el Consorcio Mercasa Incatema S.R.L., en adelante, CMIC, desde la perspectiva de su racionalidad económico
financiera. Y por último, se ha verificado el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los anteriores informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en lo relativo al establecimiento por parte de las Mercas para dotarlas de vigencia
indefinida, o en caso contrario, de un sistema de dotación de amortizaciones de capital no municipal, así como la recomendación de la desinversión del Olympic Moll.
Adicionalmente, se ha verificado la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia, en todo aquello que tuviera relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.
Las cuentas anuales de Mercasa fueron rendidas dentro del plazo establecido, acompañadas por los preceptivos informes de auditoría. En ambos ejercicios se trata de una opinión favorable con salvedad.
Respecto de los resultados de la fiscalización el informe señala, en cuanto al cumplimiento de los principios de buena gestión, que Mercasa careció de un plan estratégico debidamente aprobado que facilitase la toma de decisiones y su
posterior evaluación. Tampoco contaba con un sistema de indicadores para medir la eficiencia y la eficacia de la gestión. No obstante, en julio de 2019, se aprobó, finalmente, el Plan estratégico de Mercasa para el periodo 2019-2023 que incluía
objetivos y fichas de seguimiento de los indicadores de su ejecución.
En el periodo fiscalizado se produjeron desviaciones significativas entre las actuaciones previstas y las ejecutadas, que afectaron, primordialmente, a las ampliaciones de capital previstas en sus sociedades participadas, en las inversiones
de los centros comerciales y en los ingresos generados por la prestación de la entidad en relación con esta actividad.
En materia de prevención de riesgos penales su actuación se encontró condicionada por un procedimiento penal, en el que resultó imputada como persona jurídica, al tiempo que se le atribuía la condición de perjudicada. A partir de abril de
2017, tras el cese de la mayor parte del equipo directivo, Mercasa llevó a cabo sucesivas acciones encaminadas al diseño de un sistema de prevención de riesgos penales eficaz, aprobando en septiembre de 2019 la actualización de su Manual de
prevención de riesgos penales.
Durante el periodo fiscalizado Mercasa dotó de fondos a las Mercas para afrontar inversiones o situaciones de desequilibrio patrimonial para lo que suscribió tres ampliaciones de capital y además también a través de la concesión de créditos.
A 31 de diciembre de 2018, la deuda pendiente por los préstamos que le habían concedido superaba los 6 millones de euros, provenientes de operaciones anteriores objeto de sucesivas refinanciaciones. Durante el periodo fiscalizado Mercasa gestionaba
nueve centros comerciales, tres en régimen de propiedad y el resto mediante concesiones administrativas de las corporaciones locales con ingresos de unos 7 millones de euros en ambos ejercicios. El beneficio antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización en su conjunto fue positivo en ambos ejercicios de 3 500 000 y 3 900 000 euros respectivamente. No obstante, el resultado de explotación presentó pérdidas en ambos ejercicios, consecuencia principalmente de la provisión
por deterioro dotada para tres de los centros comerciales, como consecuencia de la estimación de un bajo nivel de ocupación futuro.
Desde finales de 2015 a finales de 2018 el porcentaje de ocupación del conjunto de centros comerciales pasó del 75 al 81 % con desigual nivel de ocupación entre centros. El importe de las inversiones previstas en los centros comerciales
ascendió a 5 787 644 euros, de lo que se realizó 17,43 %.
En el periodo fiscalizado Mercasa no contaba con un archivo único en el que se centralizase toda la documentación procedente de los centros comerciales con independencia de su materia, sino que la misma se remitía al departamento responsable
según su naturaleza.
En cuanto a la actividad de Mercasa de prestación de asistencia técnica en materia de comercialización de artículos alimenticios, el informe indica que la misma se llevó a cabo, además de directamente, a través de sociedades participadas,
donde se encuadra la participación en el Consorcio Mercasa Incatema Consulting, CMIC, en su acrónimo, como les dije anteriormente, del que llegó a contar con el 50 % de su capital social.
Hasta abril de 2017, la actividad internacional de Mercasa se extendió a la prestación de asistencia técnica y a la participación en la construcción de mercados mayoristas, en este caso, a través del CMIC, cambiando posteriormente la
estrategia internacional y renunciando a proyectos de construcción y acordando la venta anticipada de la participación.
Los resultados derivados de las actividades internacionales y de la prestación de asistencia técnica nacional en la que su actividad fue escasa en el periodo fiscalizado fueron en ambos casos, y para los dos ejercicios, deficitarios, siendo
especialmente significativas las pérdidas en esta segunda actividad que superaron el millón de euros en ambos ejercicios.
La operación de venta de participación en el Consorcio Mercasa Incatema se planteó por distintas circunstancias como un cambio en la estrategia de las Mercas, respecto de las actuaciones en el ámbito internacional orientado a ir abandonando
los proyectos constructivos para centrarse en la prestación de asistencia técnica.
Se señala que Mercasa, en el momento de la aprobación, no disponía de la enajenación de una valoración contable ni tampoco al cierre del ejercicio de 2016, limitación que ha impedido comprobar si el precio final de enajenación se
correspondía con el 50 % del patrimonio neto del CMIC a la fecha de venta, ni si el criterio para fijar el precio fue el más adecuado al no haberse aprobado en aquella fecha las cuentas anuales de 2016.
Respecto del cumplimiento de las recomendaciones de los anteriores informes de fiscalización, el informe señala que al cierre del periodo fiscalizado Mercasa seguía contando con el cien por cien del capital de Olympic Moll. Aunque los
resultados de la sociedad han mejorado en los últimos ejercicios, Olympique Moll continúa dependiendo financieramente de Mercasa. Por ello, no se considera cumplida la recomendación relativa a la desinversión en la participación de aquella.
En cuanto a la recomendación relativa a la modificación de estatutos para dotar a las Mercas de duración indefinida, el informe señala que a 31 de diciembre de 2019 catorce Mercas ya habían modificado sus estatutos, por lo que la
recomendación se considera en curso.
En cuanto a la alternativa de dotación de un fondo de reversión del capital no municipal para las restantes, a 31 de diciembre de 2018, solo tres no habían comenzado ya a dotarlo. Por tanto, esta recomendación se considera parcialmente
cumplida.
En relación con el cumplimiento de la normativa de transparencia, el informe expone que en términos generales la información publicada por Mercasa en su web cumple con los preceptos legales, con algunas carencias de publicidad activa en
materia de información institucional, económica y presupuestaria.
En materia de igualdad, se señala que la proporción media total de mujeres y hombres era equilibrada al final de cada uno de los ejercicios, no así la distribución por categorías profesionales, en particular, en los puestos de alta dirección
y en la categoría directiva. También en este caso el informe contiene un capítulo de recomendaciones, con el fin de contribuir a la mejora de la gestión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes sus señorías, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Ponce Gallardo.
La señora PONCE GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señora presidenta, gracias de nuevo por su intervención y por su cercanía. En cuanto a los tres informes que estamos fiscalizando, nos vamos a centrar en uno que nos llama especialmente la atención, que es el del Centro de Investigaciones
Sociológicas, de 2016. Más que preguntarle, nos gustaría poner de manifiesto algunas observaciones. Nos sorprende el gran número de incumplimientos y, sinceramente, parece que poco orden hay dentro de este organismo. Creemos que el Tribunal de
Cuentas ha hecho un muy buen trabajo, muy exhaustivo. Señora presidenta, debe ser muy frustrante -esto es ya una apreciación personal-, a pesar de todo este trabajo y esfuerzo que realizan ustedes, ver que algunos organismos no hacen caso de sus
recomendaciones, como bien indica el informe en cuanto a los
procedimientos de gestión en el ejercicio 2016, donde el CIS no disponía de manuales o normas escritas sobre los procedimientos a seguir en ninguna -esto es bastante significativo- de sus áreas de gestión, y teniendo en cuenta que esta
carencia ya había sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el anterior informe de fiscalización sobre este organismo, aprobado en 1997, referido a los ejercicios 19931995, por lo que ya ha pasado bastante tiempo.
Con este informe y con muchos otros informes que están pasando por nuestras manos estos días se pone de manifiesto algo que creemos parece ser la tónica de muchos organismos públicos que se fiscalizan: por un lado, la falta de recursos de
personal que hace que no puedan elaborar correctamente el trabajo, y por otro lado, también la ausencia del inventariado, ya que no es el primer organismo que vemos que no lo realiza de forma correcta. Cualquier empresa, incluso siendo mucho mayor
que los organismos que estamos fiscalizando, tiene correctamente inventariados todos sus bienes y, sin embargo, en este caso, tal y como se indica en el informe, el CIS únicamente tenía inventariado el 22,6 % del total de los bienes inventariables,
que eran justamente el mobiliario y los equipos destinados al procesamiento de la información, y además sin actualizar, mal inventariados y con deficiencias en el registro.
También queremos poner de manifiesto que se trata de bienes públicos, es decir, que son bienes pagados con dinero público que no dejan de tener un valor, tanto el bien como su reposición. Por tanto, creemos que deberían implantarse
mecanismos para poder solventar estas carencias, puesto que tan importante tiene que ser el control del inmovilizado como el de la tesorería.
Nos preocupa el hecho de que el patrimonio del CIS disminuyese en tres años en un 40 % y que fuera tan importante el aumento de los gastos. Nos sorprende también que todo ese gasto fuera absorbido por una única cuenta -que nos parece un
cajón de sastre- llamada 'Otros gastos de gestión ordinaria'. Nos gustaría saber la opinión de la presidenta al respecto, si esto suele ser una práctica habitual de otros organismos y si suele haber una tendencia a ello.
Nos llama la atención de que en una Administración pública, con dinero público, se paguen complementos, por ejemplo, productividades, sin que se acrediten los criterios por parte del CIS para estos abonos y que no haya además una
documentación acreditativa del derecho a percibir algunos complementos abonados al personal laboral.
Asimismo, nos parece especialmente grave que el CIS no cumpliera con la obligación de comunicar los datos contractuales al Tribunal de Cuentas y al registro de contratos y que cuando finalmente, en septiembre de 2017, se envió al registro la
información sobre los contratos adjudicados en el ejercicio anterior solo incluyera siete de los veintiséis contratos suscritos, y del total del examen revelara que ocho contratos tenían deficiencias.
Hay muchas más cosas que nos han llamado la atención, por ejemplo, que se hayan tramitado premios sin que haya unas bases reguladoras, en concreto, en 2016 el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Además, con este informe
creemos que hay razones suficientes para pensar que debemos implantar un sistema mucho más eficaz en cuanto a la obligación de la puesta en marcha de las medidas correctivas para que se ponga fin a todos estos incumplimientos por parte de los
organismos públicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.
Quiero reiterar nuestros agradecimientos a la presidenta. Gracias por sus informes y su forma rápida de exponerlos.
Voy a ser muy breve. Nos gustaría que tanto en estos informes como en todos, seamos muy rigurosos en la Ley de transparencia -se lo debemos a los ciudadanos-, y que se recomiende siempre en todos los informes la necesidad de que se cumpla y
que además sea entendible y explicable. Después de apreciar el grado de incumplimiento de la Ley de igualdad en todos los estudios de fiscalización presentados hoy -especialmente en este último de Mercasa donde hay graves deficiencias en el
cumplimiento de esta ley-, vemos que no existe ninguna recomendación al respecto. Sería muy importante hacer hincapié en las recomendaciones en la Ley de igualdad, al igual que en la Ley de transparencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Granollers.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario VOX la señora Cañizares Pacheco.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora presidenta, por su comparecencia. Quiero felicitarla por el magnífico trabajo que hacen y que extienda mis felicitaciones al resto de compañeros del tribunal.
Dicho esto, respecto al informe del CIS, buceando en la página del Tribunal de Cuentas he visto que hay otro informe de fiscalización del año 1997 en relación con las cuentas de 1993 a 1995. Se tomó cuenta de este informe y las
recomendaciones se convirtieron en resolución, publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 1998, es decir, estamos hablando de hace veintidós años. Curiosamente, las cuatro recomendaciones que hizo el tribunal y que se convirtieron en resolución
son exactamente las mismas que hace el tribunal veintidós años después. Esto me parece vergonzoso, creo que ese es el calificativo. Estamos hablando de un incumplimiento reiterado en esas recomendaciones efectuadas hace veintidós años en un
organismo que actualmente cuenta o va a contar con un presupuesto de 9 millones de euros, de los cuales el 50 % se destina a personal y que continúa manteniendo las mismas deficiencias exactamente en los mismos términos. Esto pone de manifiesto que
el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas, sus esfuerzos y los recursos públicos que emplea en su tarea parece que al final no se les da la utilidad para la que han sido creados.
Ustedes hacen bien su trabajo, pero los organismos fiscalizados no cumplen con esas recomendaciones. En veintidós años el organismo no ha sido capaz de reforzar un sistema de control interno y superar las deficiencias de gestión que se
observan en su informe, algo tan sencillo como una elaboración de manuales de procedimiento en determinadas materias; no han sido capaces de corregir el desequilibrio financiero que muestra -hoy como entonces- las cuentas del organismo; no han
sido capaces de ajustar la gestión de los trabajos encargados al personal de la red de campo ni de configurar legalmente los contratos de servicios sujetos a la legislación de contratos del Estado. De manera reiterada cuando hablo siempre de la
gestión pública, traslado mis reflexiones al sector privado. Esta cuestión de los contratos de trabajo es una cuestión que es exigida a todo el sector privado. ¿Cuántas inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo tendría que hacerse a una
empresa privada dedicada a la demoscopia que sistemáticamente utilizase esta dinámica de contratación sin garantías, sin encuadrar a sus trabajadores eventuales en el régimen de contratación adecuado? Yo creo que hay que predicar con el ejemplo,
señorías, con un ejemplo que dé legitimidad a la Administración ante la ciudadanía para exigir el cumplimiento de la legalidad. Y a mayor abundamiento, no son las mismas recomendaciones exactamente, porque son las que se hicieron entonces, en el
año 1997, y una más. Es decir, a medida que pasan los años, estamos peor porque contamos con más presupuesto, con más medios y con peores resultados.
Yo le sugiero, señora presidenta, que sigan muy de cerca las cuentas de este organismo, que incluyan una fiscalización recurrente y sistemática del mismo en sus planes anuales de fiscalización, así como el seguimiento de las recomendaciones
planteadas por enésima vez. De continuar haciendo caso omiso a sus recomendaciones de esta forma sistemática, tal vez desde esta Cámara deberemos plantearnos la continuidad del organismo o establecer mecanismos que obliguen a tomar en serio el
trabajo del tribunal y, en última instancia, a imponer un régimen sancionador adecuado al reincidente, para que el incumplimiento reiterado de las recomendaciones derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan el dinero
público sin el rigor y la diligencia adecuada.
Respecto del informe del CSIC, el presidente del Gobierno actual nos presenta el plan de choque por la ciencia y la innovación; un plan que coloca a la ciencia, a la I+D+i y al talento en el centro de la estrategia de la recuperación; un
plan -dice- que va a contribuir a que la ciencia y la innovación lideren las soluciones a la crisis de la COVID-19. Esto es lo que dice ahora -estamos hablando de este informe, de muchos años atrás-, pero a la vista del informe del Tribunal de
Cuentas me parece inaceptable que las deficiencias en los sistemas de información puedan ser la causa de reintegro de cantidades que van destinadas a proyectos de investigación. A pesar de lo que vemos que se dice hoy por hoy -veremos lo que hace
al final el Gobierno-, la opinión de algunos investigadores de entonces -no me refiero a ahora- que ya se han marchado de este centro es el hastío de un sistema de investigación público en España que es incapaz de adaptarse a las necesidades
actuales. Ejemplos de esta disfunción son trabas a la contratación, por ejemplo, de científicos extranjeros, largos plazos para la contratación de personal y en resumen la falta de flexibilidad administrativa con niveles de deterioro, siendo el más
importante el que
afecta específicamente a la actividad científica, castigada por entonces con una caída importante de la financiación. En su día llegó incluso a suceder que el presidente del CSIC, por la época del año que estamos hablando de fiscalización,
envió escrito a los investigadores anunciando...
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Cañizares.
La señora CANIZARES PACHECO: ... que se incautaba fondos de investigación obtenidos de fuentes competitivas externas al CSIC.
Termino. Hoy, en 2020, el 70 % de los investigadores que desarrollan tres vacunas frente al COVID en el CSIC son temporales. Esto yo creo que es una gran deficiencia, que por supuesto no le incumbe al Tribunal de Cuentas, pero que hay que
remediar.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cañizares.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Paniagua Núñez tiene la palabra.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta sus explicaciones sobre los informes y, como siempre, darle las gracias a usted y que las traslade a todo su equipo por el trabajo tan magnífico que hacen.
En primer lugar, quería responder al portavoz de Podemos. Resultan curiosos sus comentarios, teniendo en cuenta las cosas que les hemos tenido que escuchar dentro y fuera del Congreso y todas las barbaridades que nos espetaban en esta misma
Comisión en la XII Legislatura, en otras Comisiones y en los Plenos, vinieran o no a cuento. Ustedes no se han ganado el derecho a recomendarnos nada en este tema, lo que sí le puedo decir es que esté tranquilo, que nosotros nunca vamos a hacer lo
que ustedes hacían cuando estaban en la oposición.
En cuanto al primer informe del año 2016, del Centro de Investigaciones Sociológicas, es muy preocupante, como bien han destacado algunos portavoces, el caso del desequilibrio financiero. También estamos hablando del año 2016, de hace
cuatro años, así que es posible que esto esté resuelto o no -no lo sabemos-, pero también, como muy bien ha dicho la señora Cañizares, si este tema viene de veinte años atrás es posible que esté todavía pendiente.
También en lo que se refiere a adecuar la capacidad operativa del CIS y al control interno, así como a superar las deficiencias de gestión que se hayan observado en el caso de los manuales de procedimiento, la situación es bastante
lamentable. Y lo mismo ocurre con el tema de personal de la red de campo y que no haya un procedimiento adecuado de selección. He estado leyendo las alegaciones que hacen los presidentes, y yo creo que ellos aceptan las recomendaciones y plantean
que están trabajando para mejorarlas. Espero que esto sea así. Por tanto, es posible -y nos alegramos- que en los próximos informes las recomendaciones, por fin, se vayan reduciendo y espero que sea así. El Tribunal de Cuentas no va a entrar a
valorar lógicamente la utilización política que se hace del CIS desde que se incorporó el señor Tezanos. Los abusos, los cambios de criterio y las críticas desde todos los ámbitos han sido recurrentes: 8 millones de euros al servicio del Gobierno
y del señor Redondo.
En el caso del CIS, y después ocurre igual con el CSIC, hay instituciones u organismos públicos que tienen unas actividades que a veces son difíciles de encajar en la legislación ordinaria por su diferencia clara con el trabajo o la forma de
organizarse que tienen las administraciones públicas. Yo creo que aquí debemos pararnos a pensar un poco, adaptar e incluso exceptuar en algunos casos algunos de estos organismos. Pasa lo mismo, como le decía, con el caso del CSIC, con los gastos
de financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los años 2016 y 2017. Le quería pedir que profundizara en la primera recomendación que hace al Gobierno sobre la Ley de Contratos del Sector Público, aunque por lo que le he
entendido en su explicación ya se han hecho algunas de las modificaciones, no sé si todas las que ustedes pedían. Eso me ha parecido entender, luego me lo aclara si hace el favor.
En cuanto a las recomendaciones al CSIC del procedimiento reglado de las distintas fases o en el caso de la contabilizaciones erróneas o sin datos de los subgrupos 16 y 51, por lo que he leído también en las alegaciones, parece que el CSIC
están mejorando estas prácticas y es posible que podamos tener informes en los próximos años que mejoren un poco las recomendaciones y que alguna haya podido salir de su informe.
En cuanto a las recomendaciones que hace a la Agencia Estatal de Investigación, tanto el CSIC como incluso el Ministerio de Hacienda están de acuerdo con sus recomendaciones, en cuanto a la cancelación de los anticipos y con que sería
oportuno que las convocatorias de ayudas a los proyectos de investigación
se realizaran con un calendario fijo y a principio del ejercicio. Parece que están actuando o haciendo mejoras en ese aspecto y espero, como en el caso del CIS, que en los próximos informes se puedan reducir estas recomendaciones y podamos
tener unos informes más adecuados. Aquí yo creo que también es un poco la visión de cada uno, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Nosotros pensamos que esto está mejorando y va a mejorar, aunque es verdad que hay que ser objetivos y que
algunos problemas o incidencias vienen arrastrándose desde hace muchos años, lo cual es un dato realmente preocupante.
Por último, sobre la fiscalización de la actividad económico financiera de Mercasa...
El señor PRESIDENTE: Deber ir terminando, señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: ... de los años 2017 y 2018, tenemos la misma situación. Valoran las recomendaciones, nos trasladan los trabajos para cumplirlas. Asimismo, hemos visto también en las comparecencias de presupuestos del SEPI el
tema de la contratación de personal directivo y la elección de consejeros, me gustaría si fuera posible que el Tribunal de Cuentas hiciera algún informe sobre este tema.
Quiero agradecerle como siempre el trabajo realizado y las explicaciones que nos manifestará ahora y que le traslade mi agradecimiento a todo el equipo del Tribunal de Cuentas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Paniagua.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, muchas gracias por los informes que nos acaba de presentar y trasládele a las plantillas de los trabajadores y las trabajadoras nuestra felicitación.
Respecto al Centro de Investigaciones Sociológicas, nos ha provocado preocupación el informe de fiscalización correspondiente al año 2016. Ahora se entiende mejor la crítica obsesionada que el PP dirige a la actual presidenta, al señor
Tezanos y al equipo que lo dirige, sobre todo porque el señor Tezanos ha tenido que subsanar todo lo que se indica como mejorable en las conclusiones de este informe de fiscalización. En algunas de las conclusiones me detendré.
El Tribunal de Cuentas señala que el CIS no disponía de manuales de procedimiento y añade problemas de control interno, así como la insuficiencia de medios personales en las unidades encargadas de la gestión ordinaria. Con el nuevo Gobierno
se está elaborando un plan de actuación plurianual y sus respectivos planes anuales se aplicarán a partir del año 2021.
El informe del Tribunal de Cuentas indica, respecto al desequilibrio financiero, como ya se ha señalado, que entre 2013 y 2016 el patrimonio neto disminuyó en un 40 % y que en 2016 el exceso de gastos sobre los ingresos produjo un resultado
presupuestario negativo de 1,7 millones de euros. Con el señor Tezanos y el nuevo equipo, desde 2018, el CIS cuenta con superávit debido a la mejor gestión y al cumplimiento de las normas contables.
En relación con la tesorería, señala el informe que en 2016 se utilizó de forma inadecuada el procedimiento de pagos a justificar para contabilizar nada más y nada menos que 2,6 millones de euros. Ahora, con el nuevo Gobierno, los pagos a
justificar han dejado de ser utilizados de forma ordinaria de acuerdo con la Ley General Presupuestaria.
Respecto a la gestión de la red de campos, que presenta deficiencias significativas en cuanto a los procedimientos de contratación y pagos, en 2016 el CIS no llegó a formalizar contratos porque todos los consideró contratos menores, aun
cuando superaban los límites establecidos para los contratos menores tanto en duración como en el importe. Ahora toda la contratación del CIS está sujeta a fiscalización y se realiza conforme a la legislación. Resalta el informe -y es preocupante-
la falta de acreditación de los criterios seguidos por el CIS para el abono del complemento de productividad. El tribunal observa deficiencias en la tramitación de las tres líneas de subvenciones convocadas por el CIS en 2016; ahora estas
deficiencias han sido subsanadas y las subvenciones están sujetas a fiscalización previa. Señala, asimismo, el informe del tribunal las deficiencias tanto en los procedimientos de encomienda de gestión como en la venta de publicaciones propias;
con el nuevo presidente y el nuevo equipo ya no se realizan encomiendas de gestión ni convenios de acuerdo con la normativa de contratación del sector público y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
En relación con Mercasa, el informe de fiscalización de Mercasa de los ejercicios 2017 y 2018 deja al descubierto algo más que preocupación y sombras de dudas sobre la gestión que los gestores hicieron en
los años fiscalizados y en los anteriores. Empezando por el cumplimiento de los principios de buena gestión, el Tribunal de Cuentas señala la ausencia de indicadores para medir la eficacia y la eficiencia sobre determinados aspectos de la
gestión. Señala igualmente que en el periodo fiscalizado se produjeron desviaciones entre las actuaciones previstas y las ejecutadas. Durante el periodo fiscalizado, el informe señala que las actuaciones llevadas a cabo en materia de prevención
-como ha señalado la presidenta- de riesgos penales estuvieron condicionadas por las diligencias previas instruidas por la Audiencia Nacional contra el que era presidente de Mercasa hasta abril de 2017 y algunos de sus directivos por la actividad
internacional de Mercasa en años anteriores. En auto de mayo de 2018, el mismo juzgado de la Audiencia Nacional imputó a Mercasa como persona jurídica y a la vez se le atribuyó la condición de perjudicada.
Lo que apareció en prensa relacionado con este asunto judicial es más que preocupante para la reputación de la empresa pública Mercasa, y más cuando algunos de los directivos de la empresa que están encausados guardan relación familiar con
otros dirigentes del PP encausados en otros tantos casos de corrupción. Afortunadamente, el nuevo consejo de administración y los nuevos gestores aprobaron en 2019 la actualización del manual de prevención de riesgos penales. Al mismo tiempo,
preocupa la limitación al alcance del informe, como ha señalado la presidenta, al no poder evaluar el valor de enajenación de la participación de Mercasa en el consorcio Mercasa Incatema Consulting. Y por último, se constata el incumplimiento de
los informes anteriores que aconsejaban la desinversión en Olympic Moll. Cabe puntualizar que a partir del segundo semestre de 2019 el nuevo equipo directivo de Mercasa ha dado cumplimiento a estas recomendaciones.
Por último, respecto al Centro de Investigaciones Científicas, respecto a las especificidades de la financiación y la contabilidad de los gastos ligados a la investigación y de las dificultades de las normas contables y la ausencia de
planificación de las ayudas, el informe del Tribunal de Cuentas nos proporciona un buen diagnóstico de cómo se encuentra la investigación en nuestro país. Es de destacar en este sentido que en junio de 2019...
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Termino, señor presidente.
... el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó la planificación mensual de las convocatorias y agilizó los criterios de eficiencia de la agencia estatal, con lo que pensamos que van a mejorar sustancialmente las
posibilidades de la investigación en el Centro Superior de Investigaciones científicas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Presidente, ¿puedo intervenir un momento? Es muy breve.
El portavoz socialista ha hablado de familiares de personas del PP que están imputadas y eso no es cierto. Yo creo que no se ha atrevido a decir los casos concretos porque sabe que es injusto el comentario que está haciendo. Por tanto, le
pediría que retirara ese comentario general que ha planteado sobre familiares de personas del PP.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Paniagua.
Señor García, ¿algo que añadir?
El señor GÓMEZ GARCÍA: Sí. A lo que yo hacía referencia es a lo que ha sido publicado en la prensa, como he dicho al iniciar la intervención respecto a la mala prensa que podía repercutir en la reputación de Mercasa. No digo que sean
palabras mías, digo lo que salió en la prensa en aquellos años.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y De la Calle): Muchas gracias.
Voy a tratar de dar respuesta a las innumerables cuestiones que han planteado todos ustedes y que de alguna manera se centran en una serie de aspectos bastante similares.
En primer lugar, en cuanto a la tendencia a la baja del patrimonio neto del CIS observada en el periodo 2013-2016 que han planteado varios de ustedes, tanto la señora Ponce como el señor Paniagua, también la señora Cañizares y el señor
García -yo creo que todos ustedes han hecho referencia a esto-, quisiera comentarles que el informe relativo al ejercicio 2016 y cada informe -insisto en esto- hay que ubicarlo en su momento. Lo que se está fiscalizando aquí es el ejercicio 2016 y,
por lo tanto, apreciaciones sobre otros ejercicios darían lugar a afirmaciones que quizás no estuvieran suficientemente valoradas y ponderadas, puesto que un resultado presupuestario no es lo único que influye, en cuanto a la gestión, en la
situación financiera de una entidad. Les quería comentar que el informe de 2016 advierte de la situación de resultados presupuestarios negativos, que puede dar lugar -repito, puede dar lugar- a que, en términos de contabilidad nacional, se registre
de manera reiterada una necesidad de financiación que obligaría a elaborar un plan de corrección en la aplicación de la Ley 40/2015. Desde luego, en este informe no se analiza ni se entra en ningún momento en si existe esa situación de necesidad de
financiación o no, pero es que de la evolución de las cuentas resulta que en el ejercicio 2017 el importe negativo del resultado presupuestario se reduce en bastante menos de la mitad; es decir, si en 2016 el resultado presupuestario negativo es de
1 734 868 euros, en el ejercicio 2017 se reduce a 500 000 euros, prácticamente una tercera parte, y luego ya, en el ejercicio 2018, existe un resultado positivo de 1 258 000 euros. Es decir, se ha ido viendo desde 2016 una tendencia positiva que
comienza en 2017 y luego se hace efectiva en 2018. Valorar esto fuera de cada uno de los contextos es bastante complejo, porque, por ejemplo, en 2016 estamos en época de presupuestos mucho más restrictivos que en 2018, y ello se ve, por ejemplo, en
los derechos reconocidos. También hay que valorar las obligaciones reconocidas, porque si se ha ejecutado menos crédito, lógicamente, se dará lugar a menos resultados presupuestarios negativos. Por lo tanto, hacer una valoración comparativa de un
ejercicio respecto a otro cuando se ha fiscalizado solamente un ejercicio y se han valorado todas las variables respecto de un solo ejercicio es un poco arriesgado. En consecuencia, la valoración que hace el informe de fiscalización del CIS en
cuanto a 2016 es la única sobre la que se puede dar en este momento certeza como Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, hay que darse cuenta -ustedes lo han planteado- con respecto a estos organismos -con ello paso a dar respuesta a la segunda de las preocupaciones en la que prácticamente han coincidido todos ustedes- de la situación del
personal de organismos como el CIS o el CSIC, al que por la poca convencionalidad en cuanto al tipo de relación que tienen con el organismo a veces resulta difícil aplicar tanto la Ley de contratos como las leyes relativas a la organización de las
administraciones públicas. En este sentido, quiero hacer referencia a la relación jurídica entre el CIS y los investigadores y encuestadores, por ejemplo, de la red de campo. En este caso, la relación jurídica nunca ha estado suficientemente
definida. Ya en el informe de fiscalización correspondiente a los ejercicios 1993 a 1995 el Tribunal de Cuentas ponía de manifiesto y hacía entre sus recomendaciones referencia a la necesidad de definir cómo habían de articularse estas relaciones.
Entonces, como consecuencia de la modificación de la Ley del CIS, de 1995, modificada en 2002, se dijo que la naturaleza jurídica de este tipo de relación iba a ser un contrato de servicios sujeto a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ¿Y qué ocurrió? Que en el informe correspondiente al ejercicio 2016 el Tribunal de Cuentas dijo que si se articulaban así las relaciones, sujetas a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, nos encontraríamos con el mismo
problema, ya que este tipo de relación no se sujeta al contrato de servicios regulado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por otra parte, se plantea que si se celebran contratos menores para contratar a este personal,
estaríamos superando los límites tanto cuantitativos como temporales de la contratación menor. Y en relación con el procedimiento de pago, el informe correspondiente al ejercicio 2016 señala que los pagos a justificar no son la fórmula
-precisamente por su excepcionalidad respecto de la forma general de pago- para pagar estos contratos con investigadores o con encuestadores.
Algo similar pasa con el sistema aplicable al personal investigador del CSIC, pero precisamente por la naturaleza de sus funciones. Tan es así que en los dos informes de fiscalización, tanto del CIS como del CSIC, se recogen recomendaciones
en este sentido. Por ejemplo, en el del CSIC la primera recomendación señala que se considera conveniente que, transcurrido un tiempo razonable, se evalúe la efectividad de los instrumentos introducidos por la nueva Ley de Contratos del Sector
Público -hay que tener en cuenta que es un informe de 2016 y que la nueva Ley de Contratos del Sector Público es posterior- y en su caso se valore la posibilidad de incorporar a esta ley algún procedimiento adicional simplificado y garantista para
la adquisición de suministros y servicios de organismos de investigación. ¿Por qué? Porque el propio
tribunal comprende que la estructura de la Ley de contratos está demasiado encorsetada para actividades de investigación. Pero es que el otro informe dice exactamente lo mismo. La recomendación dirigida al CIS, en este caso, es garantizar
la existencia de un procedimiento adecuado para la selección de los adjudicatarios de servicios encargados a la red de campo y que se formalicen por escrito los contratos. Son situaciones de prestación de servicios que, por su naturaleza, no pueden
incardinarse en las estructuras ordinarias de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en las leyes administrativas en general.
El señor Paniagua hacía referencia a la circunstancia de que ojalá no tengamos que volver a hacer las recomendaciones y la señora Cañizares hacía suya la expresión de que desde 1993 estamos recomendando lo mismo. Resulta fundamental
-reitero algo que he dicho muchas veces- el cumplimiento de las recomendaciones. Como les digo, las recomendaciones no van encaminadas a poner en cuestión la gestión de nadie, sino a tratar de que en adelante, a la vista de los puntos débiles y de
las posibles soluciones existentes, se gestione mejor. Como saben, nosotros no tenemos potestad sancionadora para una imposición respecto de las recomendaciones que no se hubieran cumplido, pero ustedes tienen una labor fundamental en que se
cumplan las mismas, pues el artículo 66 de la Constitución les atribuye dos funciones valiosísimas -una, la función legislativa y, otra, la función de control político- que ponen en valor claramente las recomendaciones.
El señor Paniagua pedía que en lo sucesivo hiciéramos más fiscalizaciones en relación con la contratación de personal directivo y la elección de consejeros. Por lo que se refiere a la fiscalización de contratación de altos directivos,
quisiera recordarle que en 2017 el tribunal aprobó un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por ceses de altos cargos y el régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector
público estatal, correspondientes a los ejercicios 2012-2014. También, por ejemplo, se ha hecho un informe -está en curso otro- en relación con la contratación y la retribución de altos cargos del consorcio Radiotelevisión Española. En fin, es un
tema que incluimos en nuestro plan de fiscalizaciones. En cualquier caso, por supuesto, siempre estamos abiertos a las propuestas de fiscalización que nos puedan hacer desde la Comisión mixta, como no puede ser de otra manera. Estamos encantados y
lo haremos en la medida de lo posible.
También quisiera contestar a la señora Cañizares una cuestión relativa a las recomendaciones. Las recomendaciones, como sabe, no van dirigidas al cumplimiento de la ley, sino a la mejora de la gestión. No son un indicativo de
incumplimiento legal, sino una forma de tratar de contribuir a la mejora de la gestión.
Quisiera aclarar una pequeña cuestión en relación con los pagos del CIS a través de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Lo que pone de manifiesto el informe es que, aun cuando por resolución de la presidencia del organismo, de 18
de noviembre de 2011, se establecía la posibilidad de realizar pagos a través de este sistema, a la vista del carácter excepcional que les atribuye la Ley General Presupuestaria, se está utilizando como un procedimiento ordinario de pago, pero en
aquel momento era un procedimiento que estaba habilitado internamente por una resolución de la presidencia del CIS -como digo- de noviembre de 2011.
Creo que he dado respuesta a las cuestiones que han planteado. Les agradezco su atención y su interés en la actividad que realizamos. En el pasado pleno hice partícipes a mis colegas de su agradecimiento y de su satisfacción con el trabajo
que realizamos. Lógicamente, cuando se trabaja, se hace intensamente, y eso se tiene como un reto de buen gobierno interno por parte de la institución. Es extraordinariamente satisfactorio obtener un reconocimiento y estimula para seguir adelante
todavía con mayor intensidad. Así pues, les agradezco muchísimo este apoyo y este reconocimiento, que resulta fundamental, ya que, como les decía en mi primera comparecencia, estamos en el mismo barco. Nosotros no hacemos otra cosa que
proporcionarles el trabajo técnico, el soporte técnico para que ustedes desarrollen esa función legislativa y de control político que tan valiosa es para un Estado democrático. Se lo agradezco mucho.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta, por sus explicaciones. El trabajo que está haciendo el Tribunal de Cuentas ha quedado acreditado una vez más.
A continuación, pasaremos a las votaciones, pero antes haremos un receso de unos minutos mientras despedimos a la presidenta y le damos las gracias. Muchas gracias.(Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE-I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado
771/000008).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038 y número de expediente del Senado
771/000035).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con las votaciones.
Creo que van casi todas en bloque, menos alguna que hay que votar de forma individual. Comenzamos con el bloque I, el correspondiente al informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura, ejercicio 2016, en el que tenemos las siguientes propuestas de resolución presentadas. Perdonad, no sé si alguno quiere intervenir antes de las votaciones sobre las enmiendas, que me lo había saltado. (Denegaciones). Pasamos
entonces a las votaciones.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la 1 a la 4. Se votan en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a las enmiendas del Grupo VOX, de la número 5 a la número 11. Se votan en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 12 a la número 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 16 a la número 20. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, ejercicio 2017. Se votan las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, de la número 1 a la número 3. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Hay un empate. El señor letrado nos lo resuelve. (Pausa).
Con la ponderación de los votos de los grupos en los dos hemiciclos, tanto del Senado como del Congreso, el Grupo Socialista más el de Unidas Podemos son 274, y el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo
Parlamentario Ciudadanos son 254. Por lo tanto, quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, de la número 4 a la número 7. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Ponderamos el voto. Quedan rechazadas.
A continuación enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 8 a la número 11. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Voto ponderado. Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 12 a la número 14. Votación también en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
BLOQUE-II: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES 2015-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado
771/000034).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LOS GASTOS POR ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000050 y número de expediente del Senado 771/000050).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II: votación correspondiente al informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales, ejercicios 2015-2017. Votamos la propuesta de
resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 2 a la número 4. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 5 a la número 8. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, de la número 9 a la número 16. Aquí hay dos propuestas de votación. La propuesta uno sería votar la 9, la 10, la 13 y la 14, por separado, y la 11, la 12, la 15 y
la 16. Dos bloques. Por tanto, pasamos a votar el primer bloque: la 9, la 10, la 13 y la 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar el segundo bloque: las números 11, 12, 15 y 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Voto ponderado. Quedan rechazadas.
Pasamos, a continuación, a la votación correspondiente al informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ejercicio 2017.
Pasamos primero a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la número 1 a la 3. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 4 a la número 6. Se propone votarlas en dos bloques: la 4 y la 5, por un lado, y la número 6 por separado. Pasamos a votar las propuestas de resolución
números 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Se pondera el voto. Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 7 a la número 10. Votación en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, de la número 11 a la número 16, en dos bloques. Votamos la 11, la 13 y la 14, en un primer bloque. La número 12, la número 15 y la número 16, en un segundo bloque. Pasamos
a votar el primer bloque, la 11, la 13 y la 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar las propuestas de resolución números 12, 15 y 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Voto ponderado. Quedan rechazadas.
BLOQUE-III: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO PÚBLICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000003 y número de expediente
del Senado 771/000003).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, FCPJ, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000056).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al bloque III: votación correspondiente al informe de fiscalización de la Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017.
Comenzamos con las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la 1 a la 3. Votación en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar las del Grupo Parlamentario VOX, que van en tres bloques. La propuesta es votar la 4 y la 5; la 6 y la 7; y la 8 y la 9. Se votan en tres bloques de dos.
Votamos las propuestas de resolución 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las propuestas de resolución números 6 y 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 20; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las propuestas de resolución números 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 20; en contra, 1; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Popular. El primer bloque de votación sería el de las propuestas 10, 11, 12, 14 y 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar las propuestas de resolución números 13 y 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Voto ponderado. Quedan rechazadas.
Votaremos ahora la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista número 17.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 20; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al último bloque de votación. Votación correspondiente al informe de fiscalización del Fondo para Inversiones en el Exterior, ejercicios 2017 y 2018. Resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario VOX tenemos dos bloques. Primero vamos a votar la propuesta de resolución número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 5; en contra, 15; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las propuestas de resolución números 3, 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la número 7 a la 12. Votamos primero la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las siguientes propuestas: 8, 9, 10, 11 y 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Por último, las del Grupo Parlamentario Socialista, las propuestas 13 y 14, que votaremos por separado. Votamos la número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.