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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 99, de 11/05/2021
cve: DSCD-14-PL-99
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 99
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SEÑORA D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 95
celebrada el martes,
11 de mayo de 2021
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ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:
- Del Parlamento de La Rioja, de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja (corresponde al número de expediente 127/000004/0000 de la XIII Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, número 20-1, de 20 de diciembre de 2019. (Número de expediente 127/000004) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- De la Junta General del Principado de Asturias, de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública (corresponde a los números de expediente 125/000011/0000 de la XII Legislatura y 125/000004/0000 de la XIII Legislatura).
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 10-1, de 20 de diciembre de 2019. (Número de expediente 125/000004) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enfermedades raras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 19 de febrero de 2021. (Número de expediente 162/000540) ... (Página29)
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 254, de 9 de abril de 2021.
(Número de expediente 162/000607) ... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre el desmantelamiento y cierre del polígono de tiro de Las Bardenas Reales. (Número de expediente 173/000069) ... (Página49)
Debate de totalidad de propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía. (Votación) ... (Página58)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página58)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
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Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)
El señor don Gerard Álvarez i García adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.
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Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página4)
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Del Parlamento de La Rioja, de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja (corresponde al número de expediente 127/000004/0000 de la XIII Legislatura) ... (Página4)
Los señores Díaz Marín, del Grupo Parlamentario Socialista; Garrido Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, y Baena Pedrosa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, representantes del Parlamento de La Rioja, presentan a la Cámara la
propuesta de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común; el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Cuatrecasas Asua, del Grupo Parlamentario Socialista.
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Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página15)
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De la Junta General del Principado de Asturias, de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública (corresponde a los números de expediente 125/000011/0000 de la XII Legislatura y 125/000004/0000 de la XIII Legislatura) ...
(Página15)
En turno a favor intervienen la señora Carcedo García, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Marí Ripa, del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, y Zapico González, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, representantes de
la Junta General del Principado de Asturias.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las
señoras Sabanés Nadal y Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común;
el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.
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Proposiciones no de ley ... (Página29)
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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enfermedades raras ... (Página29)
Defiende la proposición no de ley el señor Navalpotro Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural, y en turno de fijación
de posición la señora Cañadell Salvia, del mismo grupo; y las señoras De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX, y Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario
Republicano, y la señora Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra el señor Navalpotro Gómez.
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Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada ... (Página39)
Defiende la proposición no de ley la señora Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mazón Ramos y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Garrido Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Arribas Maroto, del Grupo Parlamentario Socialista.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)
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Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre el desmantelamiento y cierre del Polígono de Tiro de Las Bardenas Reales ... (Página49)
Defiende la moción la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Uriarte
Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Mestre Barea, del Grupo Parlamentario VOX; Gutiérrez Díaz de Otazu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Cerdán León, del Grupo
Parlamentario Socialista.
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Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página58)
Sometida a votación la propuesta del Parlamento de La Rioja, de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, se aprueba por 104 votos a favor más 158 votos telemáticos, 262; 52 votos telemáticos en
contra; y 2 abstenciones más 22 votos telemáticos, 24.
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Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página58)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias, de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública, se rechaza por 1 voto a favor más 41 votos telemáticos,
42; 104 en contra más 155 votos telemáticos, 259; y 38 abstenciones con voto telemático.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento. En sustitución de don Joan Josep Nuet Pujals, pregunto a don Gerard
Álvarez i García si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ÁLVAREZ I GARCÍA: Per la llibertat dels presos polítics i per les polítiques i fins a la constitució de la república catalana, per imperatiu legal, sí, prometo. (Un señor diputado: ¡Anda ya!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Don Gerard Álvarez i García ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:
- DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 3/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA RIOJA (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/00004/0000 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente 127/000004).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con el debate de totalidad de la propuesta del Parlamento de La Rioja de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. Es por ello que nos acompañan tres
representantes del Parlamento de La Rioja, que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida a esta Cámara.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, don Raúl Díaz Marín.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (Díaz Marín): Gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes.
Este debate es para hablar del futuro y con muchas ganas, teniendo en cuenta, si uno echa la vista atrás, que quién le iba a decir a esa España en blanco y negro durante cuarenta años que íbamos a ser el tercer país en aprobar el matrimonio
igualitario o el sexto en aprobar la muerte digna. ¡Vaya viaje y qué bien que sigamos caminando!
Este sábado se cumplieron también cuarenta años, pero de la firma del estatuto de autonomía, con Pilar Salarrullana como única mujer de entre los treinta y dos parlamentarios que con su firma hicieron nacer nuestra tierra como región. Hoy
es una mujer, Concha Andreu, la que dirige el Gobierno, la que lidera el futuro de nuestra comunidad. No es casualidad, por tanto, que en el articulado de nuestra reforma estatutaria se haya contemplado de forma tan importante la igualdad entre
mujeres y hombres, la diversidad sexual o la lucha en contra de la violencia de género.
Para esto hemos venido aquí, señorías, para adaptar nuestro estatuto a una realidad cada vez más cambiante. Pero nos venimos aquí simplemente para equiparar nuestro estatuto de autonomía a los demás; o, mejor dicho, no solamente hemos
venido a pedir las mismas oportunidades que tiene el resto para que las oportunidades al final se las acaben quedando los de siempre. Tampoco les pedimos, señorías, permiso para reformas nuestro estatuto. Les pedimos, por favor, paso; paso para
que podamos seguir construyendo este país, sabedores de que la única prosperidad sostenible es la prosperidad que se comparte. Y porque además es, sigue siendo -?y quizá en este momento de coyuntura pandémica más importante que nunca- condición
imprescindible para nuestra democracia.
Yo tengo el honor de subir a esta tribuna formando parte de la familia de los socialistas riojanos, que han defendido nuestra autonomía antes de que existiera, que ha votado sin titubeos el título VIII de nuestra Constitución, haciendo de
nuestra tierra, La Rioja, un patrimonio para todo el país. Fuimos los primeros en proclamarlo, los primeros en defenderlo: proclamar y defender un modelo que consagra la diferencia, pero rechaza los privilegios. Nunca más que nadie, pero tampoco
menos que ninguno.
Señorías, vengo de una tierra, La Rioja, donde el hecho autonómico no se discute, se comparte; y quien no lo comparte sino que lo combate, igual que combate, por ejemplo, la universalidad de los derechos humanos, no tiene cabida, se queda
fuera de las instituciones, no tiene cabida en nuestro Parlamento y, desde luego, no encontrará reflejo en el texto estatutario que les ofrecemos hoy a todos ustedes y que pone el acento en la igualdad para hacer de la riojana una sociedad más
verde, más próspera y social.
Señorías, creo firmemente que cada reforma estatutaria es siempre más importante que la anterior, y no, desde luego, por el hecho de los que lo hemos trabajado y hemos subido aquí a la tribuna a defenderlo -?todos somos contingentes, ya se
sabe-, sino porque en cada votación afirmamos nuestra voluntad común de construir un proyecto democrático de convivencia; porque, frente a aquellos que quieren construir una sociedad que margina y excluye, les presentamos un texto y un estatuto
para seguir haciendo país que ampara y protege; porque, frente a aquellos que ponen en duda los beneficios de la distribución competencial, desde La Rioja venimos a demostrar que la autonomía nos ha hecho crecer y mejorar de forma constante y
vital; porque, frente a aquellos que se recrean en la bronca permanente, en el enfrentamiento continuo, desde La Rioja venimos con este texto acordado por todos de manera unánime.
En el Parlamento de La Rioja, siendo los socialistas la pasada legislatura el principal partido de la oposición, demostramos que desde ahí también se puede hacer región. Esta reforma trae causa de nuestra proposición de reforma para
eliminar los aforamientos, que después quisimos ampliar reivindicando una reforma completa de nuestro texto estatutario, porque para los socialistas aceptar la realidad nunca ha sido suficiente, queremos transformarla y, sin duda alguna, este nuevo
texto estatutario sienta las bases dentro del bloque de constitucionalidad para poder llevarla a cabo. Y todo ello, señorías, sin perder de vista la exigencia de la solidaridad con los demás, para que ninguna diferencia implique privilegio
económico o social. Esa exigencia de solidaridad solo puede leerse en base al principio de lealtad con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno de España, como los socialistas hemos hecho siempre.
Señorías, cuatro fuerzas políticas de signo distinto nos pusimos de acuerdo en este texto que fue aprobado por unanimidad, a cuya delegación ahora aprovecho para saludar. Y es verdad que vivimos un tiempo en el que los consensos no llenan
tantos titulares, pero que son imprescindibles para seguir avanzando, y hoy lo ponemos encima de la mesa, porque España no solo es Madrid y el resto paisaje. Venimos humildemente a reivindicar que en nuestro caso también se contribuye, contribuimos
todos juntos a hacer país, también al norte de Madrid y al oeste de Cataluña.
Queremos que La Rioja siga siendo escuchada. Esa es la idea que los socialistas hemos querido plasmar en esta reforma estatutaria que ahora les pertenece. Por favor, trátenlo con cariño porque muchas de nuestras aspiraciones como sociedad
las dejamos hoy aquí con todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También para presentar la iniciativa, tiene la palabra don Jesús Ángel Garrido Martínez.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (Garrido Martínez): Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy iniciamos en las Cortes Generales la tramitación del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de La Rioja, un hito en
ese proceso de construcción... (el señor Garrido Martínez se quita la mascarilla). Perdón, en Parlamentos autonómicos no tenemos la costumbre de quitárnosla. Un hito -decía- en ese proceso de construcción de nuestra tierra que se remonta ya a
1812, en Santa Coloma, cuando se reunieron cincuenta y nueve alcaldes pidiendo la Constitución de una diputación, una diputación para la Administración de la región natural de La Rioja. Sin ir más lejos, además, hace pocos días, el 8 de mayo,
conmemorábamos el 40.º aniversario de la firma del primer Estatuto de Autonomía por los Treintaidosantes, asamblea que constituían veinticuatro diputados de la ya extinta Diputación Provincial y ocho parlamentarios nacionales de las primeras
elecciones democráticas. Y ayer, como hoy, el objetivo sigue siendo exactamente el mismo: consolidar e incrementar la capacidad de La Rioja para desarrollarse de forma sostenible y proyectar nuestra región, lógicamente, en el marco de la nación
española.
Entendemos que esta reforma es una muestra del firme compromiso del Partido Popular con la autonomía de nuestra comunidad, con la autonomía de La Rioja y con el Estado de las autonomías que aparece consagrado en el texto constitucional. Y,
por supuesto, una verdadera y profunda muestra de patriotismo, porque La Rioja solo puede ser y La Rioja solo puede entenderse dentro del sugestivo e ilusionante proyecto de vida en común que es España. Y todos ustedes, señorías, aunque no sean del
todo conscientes, llevan a La Rioja muy dentro de sí. La lengua, el español, configura nuestro ser y configura nuestro pensamiento y este estatuto que proponemos reconoce la lengua española como parte esencial del acervo histórico y cultural de
nuestra tierra. Y frente a quienes utilizan las lenguas para dividir y para excluir, proponemos aquí hoy con esta reforma una joya, un tesoro que a todos nos une y que hay que poner en valor.
El Partido Popular es el gran partido político vertebrador de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de todo lo que ha progresado desde que se constituyó como una comunidad autónoma. Y con orgullo también tengo que decir que ha sido el Partido
Popular un actor principalísimo a la hora de conseguir estar hoy aquí. Hemos sabido, hemos podido aprovechar toda la experiencia institucional desde la creación de la comunidad autónoma para ponerla al servicio de los riojanos, de las personas, y
esto es muy importante. Por eso incluimos un título en donde hacemos una relación de un catálogo de derechos y deberes de los riojanos y unos principios rectores que deben seguir la política de los distintos Ejecutivos regionales. Y, por tanto, se
crea en este cuerpo jurídico la idea esencial de que el estatuto no solo -?que lo es- es una norma institucional básica del funcionamiento de nuestra comunidad, sino también es garante de unos derechos y garante del bienestar, en este caso, de
todos los riojanos, y solo por ley, que deberá respetar su tenor esencial, podrán ser desarrollados. Por lo tanto, máxima seguridad jurídica para este objetivo.
De igual manera, el estatuto incorpora disposiciones dirigidas a mejorar el funcionamiento institucional, la participación ciudadana y profundizar en la autonomía política de nuestra tierra, eso sí, respetando, como no puede ser de otra
manera, nuestra máxima norma. Con dos objetivos claros: aumentar la confianza y la credibilidad que tienen los riojanos y los ciudadanos, por lo tanto, en nuestras instituciones de autogobierno. Miren, desaparecen aforamientos de los miembros del
Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo; se declara la incompatibilidad entre el cargo de senador autonómico y miembro del Parlamento de La Rioja; regulamos también la limitación de mandatos de quien ostenta la Presidencia del
Gobierno; limitamos hasta el número de consejerías; se detalla minuciosamente la delegación legislativa y reconocemos la iniciativa legislativa a los municipios de nuestra comunidad. Por otra parte -?muy importante-, hacemos una renovación de
las disposiciones relativas a las competencias de la propia comunidad que se definen como exclusivas o compartidas o ejecutivas.
Acabo ya, señora presidenta. Entendemos que esta reforma es oportuna, necesaria y obligada. Oportuna para adaptarnos a una sociedad en pleno siglo XXI distinta de la de 1982; necesaria para
afrontar los retos que tenemos delante -?retos económicos, sociales, tecnológicos-, y por último también obligada para profundizar en la calidad democrática de nuestras instituciones. Por todo ello, de nuevo les reitero que apoyen esta
toma en consideración de esta ley orgánica.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, para presentar la iniciativa, tiene la palabra don Pablo Baena Pedrosa. (Aplausos).
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (Baena Pedrosa): Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo soy hijo de nuestra Constitución, como algunos de ustedes, como muchos de los ciudadanos de La Rioja y como tantos ciudadanos de España. Somos hijos de la concordia, de la igualdad, de la unión y de la democracia. Hemos tenido
la suerte de vivir una vida plena de libertad y hemos gozado desde el primer aliento de los derechos que nos dio la Constitución de 1978, ese pacto común de convivencia que permitió la modernización de nuestro país, pero también que La Rioja ganara
su autogobierno. Hoy es tan necesario como entonces sumar nuestros esfuerzos para garantizar derechos y libertades, así como avanzar en medidas de regeneración democrática que relegitimen nuestras instituciones. Eso es precisamente lo que
significa para La Rioja el texto que hoy traemos a debate, señorías: la modernización de un estatuto que ha cumplido su función durante años, pero que necesita dotarse de herramientas para servir a los ciudadanos de La Rioja en clave de progreso
democrático, social y económico.
Me satisface que fuera mi grupo parlamentario el impulsor de esta reforma, pero me produce mayor satisfacción explicarles que gracias a esta actualización el nuevo estatuto de autonomía pondrá a La Rioja a la vanguardia de España. Esto es
así porque este nuevo estatuto recoge un avance inequívoco de regeneración al establecer rango estatutario al Gobierno abierto, la participación y la transparencia. Lo es también porque se eliminan los aforamientos de los diputados y miembros del
Gobierno y se limita a dos legislaturas el mandato del presidente del Gobierno, al igual que se establece que cualquier riojano podrá ser senador autonómico. Hoy, por tanto, gracias al impulso de Ciudadanos, los políticos pierden privilegios y los
ciudadanos ganan en igualdad. Estas y otras mejoras han sido posibles porque al igual que en 1978 los españoles decidimos apartar nuestras diferencias y consensuar el progreso de la nación, en La Rioja hemos consensuado una profunda reforma del
estatuto en clave de derechos ciudadanos y regeneración democrática. Es por ello por lo que les pido a todas sus señorías el apoyo para el texto que hoy se debate.
Pero no puedo dejar de subirme a esta tribuna sin hablarles de otras necesidades de progreso que también tiene mi tierra, porque los riojanos quieren mirar hacia el futuro y sentirse orgullosos de pertenecer a una nación abierta y diversa,
como es la española. La reforma del estatuto es un magnífico instrumento para nosotros, pero el salto que debe impulsar a La Rioja en los próximos veinte años son las infraestructuras, porque lo que puede llegar a ser La Rioja será en función del
desarrollo de las mismas. Será una potencia mundial como una región orgullosa de su pertenencia a España si los visitantes pueden llegar a nuestra tierra, será un hub de innovación si nuestras industrias tienen acceso a conexiones adecuadas. La
Rioja tiene potencial; potencial para mostrarse al mundo de una manera universal, porque también de La Rioja emana la lengua común que nos une a todos los españoles. Llevamos décadas viendo cómo el ferrocarril se moderniza en otras regiones, pero
no en la nuestra; llevamos décadas pidiendo que se ponga en marcha la compensación que establece nuestro estatuto para con La Rioja para compensarla por las diferencias con nuestros vecinos forales y, señorías, esto es también importante para La
Rioja.
El presidente del Gobierno visitó La Rioja en febrero del año 2020 y se comprometió a posicionar a nuestra comunidad autónoma como una región por excelencia mundial y también a construir la ciudad del envase y del embalaje, y yo me pregunto:
¿cómo pretenden ustedes hacer esto si no contamos con las infraestructuras adecuadas? ¿Cómo pretenden hacerlo si es imposible que llegue un turista a La Rioja? Porque esos proyectos pueden ser formidables, pero sin infraestructuras y conectividad
no son nada.
Los riojanos pedimos hoy el voto positivo para la aprobación de la reforma del estatuto, pero también necesitamos de manera urgente inversión en infraestructuras y conectividad para impulsar hacia el futuro a nuestra tierra. Somos la
comunidad autónoma más pequeña, pero enorme en recursos y voluntades. No queremos privilegios, pero sí que se nos trate por igual, como dice nuestra Constitución. El momento es ahora, porque ustedes tienen en sus manos hacer avanzar mi tierra, que
es la suya, que es la de todos, mediante la modernización del estatuto y también mediante la modernización de sus infraestructuras. Por
tanto, les pido el voto favorable y también que conozcan la realidad de mi tierra y tratemos entre todos con justicia a sus ciudadanos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Intervengo en este punto del Pleno por dos razones básicas: la primera, porque desde el Partido Regionalista de Cantabria queremos reiterar nuestro apoyo al Estado autonómico de nuestra Constitución. Aunque haya voces que lo cuestionen, es
uno de los grandes aciertos de la Transición y es algo que ha calado profundamente en la sociedad española, hasta el punto de que es imposible encontrar hoy en día región alguna de España donde la mayoría de sus habitantes no estén profundamente
identificados con su territorio y con sus instituciones. Es el caso de Cantabria y también el de La Rioja. Es obvio que se pueden mejorar tanto el funcionamiento de las instituciones como el ejercicio de las competencias, sean estas del Estado, de
las comunidades autónomas o de las entidades locales. Hoy tenemos un ejemplo. La modificación que aquí se plantea va en esta línea y por eso vamos a apoyar su toma en consideración.
La segunda razón es porque queremos dar voz al Partido Riojano, como me han pedido. El Partido Riojano es un partido hermano del PRC, es uno de los muchos apoyos que siempre recibimos del resto de España, y sus principales dirigentes, Rubén
Gil, Rubén Antoñanzas, Leopoldo García Vargas, que han venido, son asiduos acompañantes de todos nuestros grandes actos, de nuestras campañas/cenas de Navidad, de las fiestas del partido y de nuestros mítines electorales desde hace muchos años.
Pues bien, el Partido Riojano está de acuerdo en las líneas generales del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja, que, aunque podría haber sido más ambicioso, tiene unas líneas generales adecuadas para que La Rioja camine hacia una comunidad con
más capacidad y más autogobierno y sobre todo para que los riojanos tenga cada vez mejor bienestar social. El Partido Riojano lamenta que el texto haya estado parado en el Congreso desde hace dos años, ya que la reforma del estatuto de autonomía
fue aprobada en San Millán el 11 de abril de 2019 y viene a debatirse a estas Cortes dos años después, pero quiere mostrar su satisfacción porque, después de hacer público el injustificado retraso en la aprobación del estatuto, tanto el Parlamento
de La Rioja como el propio Congreso aceleraron la tramitación del texto más importante para los riojanos y que hoy se debate de forma definitiva.
La Rioja es, como Cantabria, una tierra orgullosa de formar parte de España, pero no olvida la marginación que sufre en infraestructuras, en financiación y en la nula presencia en los Presupuestos Generales del Estado, que siempre obvian las
necesidades de una tierra siempre leal con el resto de las comunidades del Estado. El Partido Riojano, tercera fuerza política en representación de alcaldes y concejales en La Rioja, quiere subrayar que muchas de sus propuestas están recogidas en
esta modificación, como la limitación de mandatos, eliminación de aforamientos, defensa del paisaje, recursos naturales, patrimonio o incorporar como derechos la salud, la educación, la vivienda o una renta para la ciudadanía, entre otras. Pero el
Partido Riojano quiere resaltar que el estatuto de autonomía lleva años sin que se cumpla una parte por los diferentes Gobiernos centrales, y es su artículo 46, el que hace referencia al efecto frontera.
A los efectos de concretar los ingresos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de forma especial la participación territorializada en los tributos generales y en las condiciones para la aprobación de recargos sobre sistemas del sistema
fiscal, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en la legislación, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en comisión mixta, que podrá ser revisado
periódicamente de forma conjunta, el cual deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de La Rioja y atenderá singularmente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, así como a la corrección de los desequilibrios
producidos en La Rioja por los efectos derivados de la situación limítrofe con otros territorios. Nunca se ha compensado a La Rioja por el efecto frontera que sufre por las ventajas fiscales de regiones limítrofes; lo mismo ocurre en Cantabria.
Nunca se ha abonado a La Rioja los 18 millones de euros anuales que se recogían en los presupuestos del Gobierno de La Rioja y, lo que es peor, nunca se ha suscrito el acuerdo bilateral con el Estado para estudiar las compensaciones producidas por
los efectos derivados de la situación limítrofe.
El Partido Riojano quiere llamar la atención del Congreso y recalcar que este estatuto de autonomía que hoy se tramita debe ser el estatuto que cumpla el Estado y que el artículo 46, fundamental para el desarrollo de La Rioja, se cumpla y no
se ningunee como se ha hecho siempre por parte de los diferentes Gobiernos, sean del color que sean. La Rioja es solidaria, pero no puede ser marginada en función de intereses políticos, como ha venido sucediendo muchos años. La Rioja también
existe. La Rioja no pide salida al mar. ¡Vamos a Cantabria! Esto lo dicen ellos. Aquí ahora hago un inciso para dar fe de los numerosos riojanos que tienen su segunda residencia en Cantabria. Laredo, Noja, etcétera, son testigos de lo bien que
dejan a su tierra estos compatriotas por su buen carácter. Lo único que pedimos es que el Estado cumpla con los riojanos, como los riojanos cumplimos con él.
Y para terminar, quiero resaltar otro vínculo que nos une con esta tierra hermana, donde el nombre de Cantabria está presente en lugares emblemáticos como la sierra Cantabria o el monte Cantabria, verdadero mirador de Logroño, vestigio de la
época visigótica cuando el Ducado de Cantabria se extendía por gran parte de la Península. El gran vínculo que nos une -?además del Ebro- es el origen del español. En La Rioja se encuentran los primeros textos escritos en lengua castellana. En
el sur de Cantabria, en Valderredible, valle del Ebro, es donde ha podido datarse el origen hablado del castellano como evolución de la lengua romance que se hablaba anteriormente. Solo quiero reiterar nuestro apoyo y deseo que tenga un paso
fructífero en la tramitación a lo largo de los tiempos que vienen en este Congreso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Compañeros del Parlamento de La Rioja, bienvenidos a esta Cámara.
Debatimos hoy la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de La Rioja, una nueva reforma del estatuto de autonomía que inició su andadura en el Parlamento allá por el 8 de junio de 2017, cuando los grupos
parlamentarios Socialista y Ciudadanos registraron esta iniciativa. Después de una larga tramitación parlamentaria, fue aprobada finalmente en 11 de abril de 2019 y registrada en esta Cámara en diciembre de ese mismo año. Creo que los diversos
motivos por los que se ha retrasado la celebración de la tramitación de esta iniciativa, sobre todo por la pandemia que nos ha afectado, no debe alejarnos del motivo principal, que es equiparar el grado de autogobierno al regulado en los estatutos
de otras comunidades autónomas. Sin embargo, se ha aprovechado la coyuntura para adaptar la legislación institucional autonómica básica a las necesidades actuales de la región y, en particular, para dar un impulso de regeneración a la comunidad
autónoma mediante la aprobación de ciertas medidas que señalaré a continuación y que desde nuestro punto de vista conviene resaltar.
Como ya he mencionado, procede recordar que esta reforma se llevó a cabo a instancia de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de La Rioja ya en el año 2015, cuando se ofreció el apoyo al Gobierno del Partido Popular a cambio del
compromiso en una serie de puntos, entre los que destacaban precisamente aquellos ligados a la regeneración democrática. Como todos pudimos comprobar poco después, el Partido Popular mostró reticencias a la hora de cumplir y ejecutar lo pactado,
razón por la cual en Ciudadanos decidimos finalmente presentar una proposición de ley con el Partido Socialista en el año 2017, que es la que estamos trayendo para su convalidación en estos momentos. A nuestro juicio, se trata de un estatuto
moderno para La Rioja del siglo XXI, mejor estructurado que el que ya tenía, con competencias actualizadas y blindando muchos de los derechos que ya tienen los riojanos, entre ellos, el de establecer rango estatutario para la participación, un
Gobierno abierto y transparente o los derechos sociales.
Señorías, permítanme decirles que la parte de la que nos sentimos más orgullosos es el compendio de normas que tienen que ver con la regeneración democrática y que Ciudadanos tuvo un especial empeño por impulsar y modificar; especialmente,
la eliminación del aforamiento de diputados, consejeros o del presidente del Gobierno de La Rioja, la limitación a dos legislaturas del mandato del presidente del Gobierno de La Rioja y la no acumulación de cargos de senador autonómico y diputado
regional en la misma persona. La eliminación de los aforamientos para los miembros del Gobierno regional y los diputados autonómicos es, en efecto, una demanda histórica de nuestro grupo parlamentario en todos los Parlamentos en los que estamos
presentes. La Rioja se suma así -?y lo celebramos- a la lista de comunidades que ya han suprimido esta prerrogativa, entre ellas, Murcia, Baleares o Cantabria muy
recientemente. Señorías, hoy en día España es uno de los pocos países que mantiene el privilegio del aforamiento para sus diputados nacionales y autonómicos. Entendemos que a través de dicha figura se produce, por un lado, una quiebra del
principio de igualdad y, por otro lado, una alteración de las reglas ordinarias del artículo 24.2 de la Constitución española, que dispone que todos los ciudadanos españoles tienen derecho al juez ordinario predeterminado por ley; dicho de otra
forma, afecta a un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva. Así, el aforamiento implica un privilegio para los políticos que hace que a nosotros se nos aplique una jurisdicción diferente de aquella que se aplica al resto de
los ciudadanos. Creemos que, por ello, se hace necesario trabajar para su progresiva eliminación. Los aforamientos suponen un elemento que aleja a los políticos de los ciudadanos a los que representan y, de igual forma, si tenemos en cuenta el
hecho de que el nombramiento de altos cargos del Poder Judicial depende al final del poder político y de los miembros de esta Cámara, parece lógico que nuestros conciudadanos se pregunten si estos nombramientos de los vocales del Consejo General del
Poder Judicial, de los jueces y de los magistrados no estarán condicionados también por ellos. Si el nombramiento de los jueces y magistrados de los tribunales que juzgan a los políticos en primera instancia y no al resto de los ciudadanos está
sujeto a injerencias políticas, ¿no es lógico sospechar que estos puedan obtener un trato diferenciado? Esta es la pregunta que se hacen muchos de nuestros ciudadanos y yo creo que da cuenta de lo importante que es la reforma que hoy estamos
debatiendo. Por tanto, eliminar los aforamientos contribuirá a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y redundará en la percepción que los ciudadanos tienen de su independencia. Como ya he dicho, Ciudadanos ha defendido desde el principio y
con innegable perseverancia la supresión de los aforamientos políticos, esto es, aquellos que afectan a diputados nacionales, autonómicos, senadores y miembros de los Gobiernos nacionales y autonómicos. Pues bien, a partir de ahora los miembros del
Gobierno regional y los diputados autonómicos de La Rioja serán también juzgados por tribunales ordinarios. Asimismo, hemos impulsado la limitación de los mandatos del presidente riojano a dos y no podrá, por tanto, superar los ocho años en el
cargo. Se trata de otra de las medidas fundamentales de regeneración acordadas por el Parlamento autonómico, que contribuirá a la regeneración de la vida política y a poner barreras al clientelismo político y al capitalismo clientelar. También se
propone mediante esta reforma el reforzamiento del papel del Consejo Consultivo y recuperar la figura del Defensor del Pueblo de La Rioja, lo cual favorece una mejor protección y un mejor servicio a los ciudadanos.
En definitiva, consideramos que esta iniciativa es necesaria, en tanto que supone una modernización de la norma fundamental de la región, a la vez que apuesta por la regeneración política, que es consustancial al proyecto de Ciudadanos.
Por todo ello, no podemos sino mostramos a favor de esta reforma sobre la que se debate y, evidentemente, votaremos a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley que tan pertinente es y tanto tiempo se ha hecho esperar.
Señorías del Partido Popular, del Partido Socialista y especialmente de Unidas Podemos, repito que parece mentira que estemos aprobando estas normas en los Parlamentos autonómicos y seamos incapaces de traerlas al Parlamento nacional. Vuelvan otra
vez al consenso, a la lógica y a pensar de verdad en los ciudadanos y obliguen a este Gobierno, ya que son ustedes sus socios,...
La señora PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, ha terminado su tiempo.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: ... a traer una reforma en este sentido de los aforamientos de los diputados.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías y representantes del Parlamento de La Rioja. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que viene además avalada por la unanimidad del
Parlamento riojano. La apoyamos, además de por venir con ese máximo apoyo de los partidos riojanos, por ser un texto que recoge grandes consensos de la sociedad riojana y porque esta reforma prepara también a La Rioja para los retos de futuro que
tiene por delante. Aunque mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración, con todo el respeto, sí nos hubiese
gustado que en el texto se incluyesen algunas medidas que hemos reivindicado mucho desde Podemos y desde Izquierda Unida en La Rioja y que entendemos que mejorarían esta reforma del estatuto de autonomía. En primer lugar, que el texto
recogiese la modificación del umbral mínimo para tener representación en el Parlamento autonómico, pasando del actual 5 % al 3 %, porque entendemos que bajar el umbral necesario para obtener representación es garantizar también la proporcionalidad
del voto e ir a favor de más y mejor democracia. Todos los Parlamentos que están reformando en estos momentos sus respectivas leyes electorales están trabajando con un umbral del 3 %.
En segundo lugar, otro de los puntos que hemos reivindicado desde Unidas Podemos es la posibilidad de que el Gobierno riojano pueda aprobar decretosleyes. La pandemia ha demostrado que son necesarios en momentos excepcionales decretosleyes
que permitan al Gobierno actuar y que luego el Parlamento convalida; por tanto, equilibran a la perfección, desde nuestro punto de vista, la necesidad de gobernar con el control parlamentario. Otras comunidades tienen esta posibilidad, pero La
Rioja no y, en ese aspecto, nos hubiese gustado un poco más de ambición por parte del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Esperamos que en el trámite parlamentario se pueda mejorar -?sin perder, por supuesto, el consenso que trae del Parlamento
autonómico- y que los riojanos y las riojanas vean aprobada más pronto que tarde esa reforma del estatuto de autonomía.
Esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para La Rioja mejora el autogobierno y el funcionamiento institucional; recoge derechos sociales que protegen con mayores garantías a riojanos y riojanas; aumenta también las competencias
de la comunidad autónoma; acerca la democracia a los representados; y, además, profundiza en la cohesión social, el desarrollo sostenible -?que es muy importante- y la protección del territorio y del patrimonio natural. Además, establece la
igualdad entre hombres y mujeres -?para nosotras es imprescindible- como una columna vertebral de ese texto, avanzando así hacia la democracia paritaria, como viene reclamando también el movimiento feminista. Y una de las novedades que también le
parece muy, muy positiva a nuestro grupo es que exista un gran consenso social en el sentido de la eliminación de los aforamientos, en línea con otras reformas que ya se han ido aprobando en otras comunidades autónomas, así como en la no acumulación
del cargo de senador por designación autonómica con el de diputado en el Parlamento regional. Celebramos también que se reconozca el derecho a promover consultas populares sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales en el
artículo 12.2 y la transparencia y el Gobierno abierto, en línea con ese derecho a la información de la ciudadanía en la búsqueda del buen Gobierno.
El artículo 14.6 nos enorgullece también especialmente a Unidas Podemos, porque convierte a La Rioja en una sociedad mejor, más justa y más moderna. La inclusión del derecho a una renta para la ciudadanía, que tendrá que ser regulada en una
ley específica, es para nosotras un avance de gigante en la protección social y el fortalecimiento de la democracia, porque no hay democracia si no están garantizadas las bases materiales de la libertad. La inclusión del sistema braille o de la
lengua de signos en el sector público es también, desde nuestro punto de vista, un paso de gigantes en la construcción de una sociedad igualitaria y respetuosa con la vida diversa.
En definitiva -?no me voy a alargar mucho más porque vamos a votar a favor-, esta reforma del estatuto de autonomía es la norma que el pueblo riojano se merece, porque mira de frente a los retos de nuestra sociedad, no deja a nadie atrás y
hará que La Rioja se convierta, cuando se apruebe definitivamente, en una sociedad más justa para todos, para todas y para 'todes'. Digo 'todes' porque le gusta esa palabra a esta bancada (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.-Rumores). Lo digo porque el artículo 15.2 reconoce que toda persona tiene derecho a expresar su propia identidad de género o, lo que es lo mismo, el estatuto de autonomía contempla la autodeterminación de género y con ello se le hará la
vida muchísimo más fácil y vivible a las personas trans. Por lo tanto, nos parece un avance muy importante que esperemos que también podamos tener a nivel del país.
Termino. Gracias a los y a las representantes del Parlamento de La Rioja por este buen trabajo y enhorabuena por el consenso que han traído a este Congreso, demostrando que todas las fuerzas políticas nos podemos poner de acuerdo -?aunque
a veces es una cosa que parece imposible- para trabajar siempre que sea para el bien común.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.
Una nueva iniciativa de reforma de un estatuto de autonomía llega hoy a esta Cámara, promovida en esta ocasión por el Parlamento de La Rioja. Es una iniciativa que de nuevo sigue sin solucionar un problema que acaso sea el más grave desde
el punto de vista constitucional al que hace frente España desde hace muchos años, que es el problema del Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías, como sabemos todos y como lo vivimos muchos de nosotros -?otros quizá no por razón de
edad-, fue propuesto a los españoles en 1978 como la solución definitiva de un problema histórico que concernía a algunas regiones de España, no a todas. Pero ya se advirtió entonces en el debate constituyente, y lo hizo principalmente en este
Congreso el señor Fraga Iribarne, que el Título VIII que regulaba este Estado regional ambiguo no era la solución de ningún problema, sino que era un problema en sí mismo, y que era un problema, por lo tanto, congénito al texto constitucional porque
nacía con él. Durante muchos años, demasiados quizá, en España no se ha tenido conciencia de la dificultad que representaba esta estructura territorial del poder en nuestra patria y ha tenido que ser un episodio crítico en la evolución de ese
modelo el que ha hecho que los españoles cobren conciencia de la gravedad de esta cuestión. En un primer momento, fue el primer referéndum que se celebró en Cataluña en noviembre de 2014 y lo ha sido definitivamente -?y con ello ha habido una
reacción notable; yo diría que una reacción de salvación tanto en Cataluña como en toda España- el referéndum de octubre de 2017 también en Cataluña.
En el proceso que ha llevado a esta situación no ha habido por los partidos gobernantes que se han turnado, los que forman parte de un establishment que consideramos ya caduco, ninguna vocación de remediar la situación. Ha habido una
concesión constante y ha habido una aplicación desmedida del artículo 152. Sorprendentemente, de un modo inopinado el señor Aznar, cuando llegó al Consejo de Estado en su condición de expresidente, dijo en el pleno del Consejo que había que
derogarlo, pero él no se planteó tal derogación en ocho años de mandato, cuatro de ellos con mayoría absoluta. Esta situación un poco -?me atrevería a decir- desquiciada en todos los sentidos, política y constitucionalmente, invita a que hoy una
vez más tengamos que examinar la propuesta de reforma de un estatuto de autonomía; no sé si con gran ampliación del ámbito competencial -?lo que se ha expuesto aquí y la lectura del texto no lo indican-, pero en todo caso con proclamas un poco
absurdas como que es la forma de que los riojanos se sientan plenamente realizados. Son, en fin, apelaciones a una psicología un poco de pacotilla que no acabamos de entender. Los riojanos se sienten plenamente realizados porque son riojanos y
españoles con estatuto y sin estatuto, a pesar de que los representantes del Parlamento de La Rioja hoy me miren con cara de sorpresa absoluta. (Aplausos). Ha llegado a decir el representante del Partido Popular que el Partido Popular es quien ha
hecho más por la vertebración de La Rioja. Yo me permito romper una lanza por el monje copista de las Glosas Emilianenses (risas y aplausos), pero, en fin, usted sabrá si el Partido Popular tiene en la historia de España esa importancia.
En este texto advertimos además errores a los que ya estamos acostumbrados y que verdaderamente nos hacen que sea muy poco atractiva su reforma, más allá de insistir en un error en lugar de corregirlo. La corrección sería la regresión en
las competencias, pero aquí hay esta nueva inconsciencia, a pesar del episodio de 2017, y seguimos proponiendo cosas de este alcance. Aquí se dice, por citar algún precepto del texto, que se propone a la consideración de esta Cámara -¡cómo no!-
protección especial en materia de violencia de género, artículo 15.4; no vamos a defraudar al establishment y a la corrección política. Que si un Defensor del Pueblo de La Rioja, que si un consejo consultivo; ya existentes, por lo demás, y que
sobran por completo y son caros. También se podrán crear Tribunal de Cuentas y Consejo Económico y Social, replicando el aparato burocrático y en muchas ocasiones de escasa utilidad. No quiero hablar ya del Consejo Económico y Social, que es una
cosa que no sirve absolutamente para nada y es carísima; es una manifestación perfecta de lo carísima que es la democracia concebida por el Partido Socialista y el Partido Popular. Por supuesto, nada de reducir el número de parlamentarios o de
consejeros. Un peligroso artículo 37, número 44, sobre consultas populares como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja que nos gusta muy poco. La creación de un Consejo de la Justicia con competencias absolutamente ignotas y de
imposible llenado en el artículo 63. Y, cómo no, también un canal público de televisión, disposición adicional tercera. El de Madrid cuesta 80 millones al año y el número de espectadores del canal no justifica que exista. Es decir, esto que se
dice de que es un servicio público, es mentira. No es servicio público porque no hay un público que precise de tal servicio. Luego, se acaba tal historia. (Rumores.-Aplausos).
En definitiva, desbarran ustedes. Están ahí los tres sentados juntos. En fin, pues nada, seguirán en esa alianza contraria al interés de España y lesiva al interés nacional y, por lo tanto, votaremos en contra. (Aplausos de las señoras y
los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Presidenta, señorías, es para mí un honor siempre tomar la palabra desde esta tribuna, como para todos y cada uno de ustedes, pero hoy, sin duda alguna, tiene una dimensión especial porque me permite hacerlo
como riojana. Quiero, además, en primer lugar, dar la bienvenida a esta Cámara a los representantes de los grupos parlamentarios de La Rioja que nos acompañan esta tarde, quienes comparten, sin duda alguna, la trascendencia de ese sentimiento por
este acto para todos nosotros. (Aplausos). Un 8 de mayo de hace nada menos que cuarenta años en el Monasterio de San Millán de la Cogolla tuvo lugar un solemne acto: la firma del proyecto de Estatuto de Autonomía de La Rioja por la vía del
artículo 143 de la Constitución por parte de la conocida como la Asamblea de los Treintaidosantes. Se denominó Estatuto de San Millán porque las Glosas Emilianenses determinan lo que siempre hemos sido: un lugar de encuentro, de cruce, de
identificación, lugar en el que han convivido y conviven culturas, con una vocación de convivencia con el resto de comunidades autónomas -?orgullosos siempre de pertenecer a un gran proyecto compartido que es España- y, especialmente, con todas
aquellas comunidades que están más próximas y son vecinas, como Castilla y León, el País Vasco, Navarra y Aragón.
Haré mías las palabras que un 16 de febrero de 1982 pronunciaba en esta misma Cámara y desde esta misma tribuna el diputado Escartín: El hecho de que nuestra región sea pequeña en extensión y población no significa que haya venido a esta
Cámara con un cierto complejo de inferioridad a la hora de pedir el Estatuto, a la hora de determinar sus competencias y a la hora de fijar sus órganos. Ni entonces ni ahora y en estos cuarenta años lo hemos demostrado.
Hemos pasado de una democracia recién estrenada a una democracia madura y plena en España. Aquel Estatuto de San Millán, que vino a cumplir los deseos de autogobierno de los riojanos en aquellos incipientes comienzos de la organización
autonómica de nuestro modelo territorial surgido de la Constitución, coincidiremos todos en que necesitaba una revisión, una actualización en consonancia con el transcurrir del tiempo y el desarrollo de nuestra región que hemos llevado a cabo todos
juntos, entre todos los riojanos y las riojanas. Es cierto que el Estatuto ha sido reformado en dos ocasiones mediante leyes orgánicas de los años 1994 y 1999. La primera reforma fue para asumir las competencias que mediante la Ley Orgánica 9/1992
correspondían a las comunidades autónomas que accedimos a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Esta reforma, junto con la de 1999, supuso la incorporación al estatuto de esas nuevas competencias y, por tanto, la ampliación
de la capacidad de autogobierno de La Rioja. Quiero destacar que la segunda reforma mencionada, la de 1999, en su exposición de motivos ya enmarcaba a nuestra comunidad íntegramente en el marco constitucional del Estado de las autonomías, en el que
La Rioja, como parte de España, desarrolla plenamente y en igualdad su autogobierno. Señorías, se trataba de una declaración de principios que resume el carácter y las aspiraciones de nuestra tierra y sus gentes. Somos parte integrante e
indisoluble de la nación española y el desarrollo de nuestra región en lo económico y en lo social va parejo con el devenir del resto de España. Con posterioridad, se han ido adquiriendo otras competencias al amparo de lo permitido en el artículo
148 de la Constitución española, pero avanzadas ya dos décadas del siglo XXI el estatuto de autonomía nos afianza en el camino del progreso y la libertad. Con este objetivo, y para seguir caminando, es oportuno y necesario proceder a la reforma y a
la redacción de un nuevo estatuto.
El texto que hoy debatimos en el Congreso es fruto de un arduo trabajo llevado a cabo en los últimos años por los grupos parlamentarios de La Rioja con el objetivo común de poner en valor todo lo que se ha conseguido en La Rioja en estos
cuarenta años de autogobierno en los que el Partido Popular ha tenido mucho que ver y ha sido muy protagonista. Se plasman también las líneas a seguir en el futuro para seguir siendo una comunidad próspera. Hay que resaltar también que su
redacción final ha sido fruto del diálogo, del hecho de ser capaces de superar diferencias en aras del consenso y el acuerdo, lo que convierte a esta norma en un éxito colectivo y en heredera del espíritu del 78 y de la Transición.
Esta reforma, que fue aprobada por unanimidad del Pleno del Parlamento de La Rioja en abril de 2019, nos va a permitir profundizar en el proyecto que queremos para La Rioja aprovechando todas nuestras enormes potencialidades y adaptándonos a
una sociedad del siglo XXI muy diferente a la de 1982; a unos tiempos nuevos que han experimentado cambios profundos en el ámbito social, cultural, económico y de las nuevas tecnologías. En consecuencia, se han potenciado y profundizado las
instituciones de
autogobierno y, además, es ineludible para poder recoger la carta de derechos y deberes de los riojanos y, con ello, las herramientas para mejorar la calidad democrática de las instituciones plenamente alineadas con la Constitución española,
la legislación europea y todos los tratados internacionales. Señorías, es un estatuto que pretende compartir con España y con Europa los mejores valores de La Rioja y de los riojanos, fieles a la historia y a las raíces de los riojanos, proyectadas
hacia el futuro desde la solidaridad y la cohesión social, que siempre nos han movido y nos van a seguir moviendo.
Señoras y señores diputados, una vez transcurridos estos treinta años de experiencia positiva para La Rioja y para España, con el mismo entusiasmo -si cabe, renovado-, yo les pido en nombre del Grupo Parlamentario Popular el voto favorable a
la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuatrecasas Asua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor CUATRECASAS ASUA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es un auténtico privilegio en mi primera intervención en esta tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados defender el criterio del Grupo Parlamentario Socialista en referencia a la toma en consideración de la reforma del
Estatuto de Autonomía de La Rioja. En primer lugar, doy la bienvenida a esta sede parlamentaria, órgano constitucional que representa al pueblo español, a la señora presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, así como a las senadoras y
senadores riojanas y riojanos de las Cortes Generales, al señor presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús Mari García, y a todos los representantes de esta institución, lo mismo que al resto de personalidades presentes. Esta es su casa.
Señorías, el 8 de mayo de 1981 en la sala capitular del Monasterio de San Millán los Treintaidosantes -veinticuatro diputados provinciales y ocho parlamentarios nacionales- dieron luz con sus firmas al conocido primero como Estatuto de San
Millán y, más tarde, como Estatuto de Autonomía de La Rioja. Para todos ellos, un merecido instante de respeto y reconocimiento. Algunos de ellos no están ya entre nosotros y nosotras y, desde luego, vaya desde aquí nuestro deseo de honrar su
memoria en un día tan significativo como hoy.
Haciendo mención a las palabras de un riojano histórico, el calagurritano Marco Fabio Quintiliano, los hombres y mujeres deben intentar llegar a lo máximo, intentando superar sus aspiraciones, sin quedarse solo en las metas que saben son
capaces de lograr. Pues bien, tirando del hilo de esta línea editorial del pedagogo de Calagurris Nassica Lulia, quiero manifestar primero el compromiso firme del Grupo Parlamentario Socialista con máximos, pero también con la Constitución española
de 1978, con sus pilares irrenunciables: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, y, por supuesto, y en este debate es obligado decirlo, con el título VIII de la carta magna, el mismo cuya existencia algunos parecen
menospreciar y que incluso parece que pretendan eliminar. (Aplausos). El Grupo Socialista siempre ha manifestado un firme e innegociable compromiso con todas las instituciones de un Estado social y democrático de derecho descentralizado, como es
el nuestro, frente a los Estados jacobinos y centralizados que para nosotros no rinden a la misma altura e intensidad. Me enorgullece formar parte de un partido político que contribuyó a la forja de nuestra Constitución en todos sus apartados, que
siempre ha defendido ese ya mencionado título VIII, que participó de modo activo en el diseño del mapa autonómico y que imprimió y sigue imprimiendo su sello en la realidad positiva de todas las autonomías.
El socialismo riojano estuvo presente en la puesta en marcha de las instituciones de su comunidad autónoma y trabajó para encauzar las bases de su autogobierno, y en el presente, con el buen gobierno de Concha Andreu, sigue haciéndolo con
trabajo y sin descanso. Esta necesaria y ya inaplazable reforma que hoy traemos a esta sede parlamentaria forma parte de la defensa que los socialistas hacemos de La Rioja, no enfrentándonos con otras comunidades autónomas, sino como aporte a la
igualdad entre todas ellas. No buscamos privilegios, pero tampoco discriminación. El planteamiento que hacemos con esta reforma es el refuerzo y la mejora de nuestro autogobierno y, por ende, del bienestar social de las riojanas y los riojanos,
desde ese reconocimiento a nuestro Estado de las autonomías que admite las diferencias y la diversidad, pero no la discriminación entre ellas. En suma, el socialismo defiende esta reforma con dos objetivos concretos: mejorar la vida y las
oportunidades de la ciudadanía riojana y modernizar el sistema institucional de La Rioja para lograr un autogobierno pleno en eficiencia, consolidando nuestra tierra en España y en Europa; una España diversa, donde la unidad es más compatible con
esa fructífera
diversidad que con una gris uniformidad, que desde luego solo existe en la aburrida mente de algunos próceres que, aunque no lo sepan y no quieran saberlo, caminan sobre suelos de ficción ajenos a la realidad. Las sociedades avanzan cuando
tienen cimientos sólidos, adaptándonos a los cambios sociales y al progreso, siempre con la Constitución como patrón de conducta, pluralismo y solidaridad territorial.
Son notables la nueva leyes y los nuevos derechos que desde este Congreso de los Diputados, desde el Senado y desde el actual Gobierno de España se están cristalizando en realidades, y adaptar el Estatuto de Autonomía de La Rioja a los
avances, a los nuevos tiempos, a la igualdad, la libertad, la justicia social y el pluralismo político se hace ya inaplazable. Caminamos por la senda de asuntos de vital importancia para el presente y el futuro de esta emblemática comunidad
autónoma, con el diálogo siempre para los y las socialistas como herramienta básica para la participación. Hacemos hincapié en ello, abrazados satisfechos a derechos sociales, renta de la ciudadanía, derechos de las personas dependientes, derechos
de la infancia y la adolescencia, derechos de acceso a los servicios sociales, derechos de protección integral de las diferentes modalidades de familia, educación y salud públicas, derechos laborales, medio ambiente. Estamos, señorías, ante una
reforma que supone dar luz al estatuto de autonomía más social de la historia.
Apoyamos, sin tiempos para la vacilación, a los Gobiernos de España y La Rioja en sus voluntades y compromisos firmes de refuerzo y asentamiento de los valores democráticos de nuestra sociedad en las políticas fiscales y las financiaciones
locales, en la estrategia para el reto demográfico del desarrollo rural, en las transiciones ecológica y digital, en plasmar como propios todos y cada uno de los planes de choque para ayudar a que la juventud española y riojana pueda salir del
exilio económico, en mejorar -?como ya se está haciendo- las comunicaciones e infraestructuras en nuestra comunidad, en un estable diálogo con los agentes sociales, las empresas, que potencie el incremento de la competitividad de los sectores
tradicionales. No olvidamos algo tan relevante como es la cultura, la historia, el turismo y el patrimonio de La Rioja; valores de vital importancia para nuestro futuro, cimentando el presente y respetando el pasado. En el cauce de la Agenda 2030
esta reforma estatutaria aporta el marco suficiente para que La Rioja se adapte con la fuerza necesaria a los nuevos tiempos, tras años -?muchos- de desidia por quienes no fueron capaces o no quisieron colocar a esta comunidad autónoma en los
necesarios cauces de la modernidad.
Acabando ya, señora presidenta, traigo a mi intervención al educador riojano de Haro Manuel Bartolomé Cossío con esta aseveración: 'La reforma legal solo puede sostenerse sobre la reforma del corazón'. Corazón nos sobra a los riojanos y
las riojanas y en este Grupo Parlamentario Socialista, en consonancia con nuestros compañeros y compañeras del Parlamento riojano, creemos sin duda en la necesaria reforma sometida hoy a consideración y hacemos votos para que el resto de grupos de
esta Cámara Baja de las Cortes Generales se sumen sin exclusión a esta reforma. Esta reforma, señorías, va a contribuir a que La Rioja sea más fuerte, más intensa, más adaptada al día a día de los riojanos y riojanas, incrementando también las
capacidades...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuatrecasas, tiene que terminar, por favor.
El señor CUATRECASAS ASUA: ... de quienes les representamos en las instituciones locales, autonómicas y estatales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuatrecasas.
Agradecemos la presentación de la iniciativa por parte del señor Díaz, del señor Garrido y del señor Baena. Les damos de nuevo la bienvenida, así como a toda la delegación riojana encabezada por la propia presidenta Andreu y el presidente
del Parlamento riojano. Muchísimas gracias. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA. (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 125/000011/0000 DE LA XII LEGISLATURA y 125/000004/0000 DE LA XIII LEGISLATURA).
(Número de expediente 125/000004).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias de universalización del derecho a la asistencia sanitaria
pública. Es por ello que nos acompañan tres representantes de la Junta General del Principado de Asturias que integran la delegación que defenderá la proposición y a quienes les doy la bienvenida en nombre de toda la Cámara.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, doña María Dolores Carcedo García.
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo García): Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. El 24 de marzo de 2017 la Junta General del Principado de Asturias aprobó la proposición de ley de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública que hoy llega al Pleno de esta Cámara. Para
entenderse en su extensión y valor esta iniciativa, que comenzó su tramitación en el Parlamento asturiano ya en 2015, permítanme intentar, señorías, por breve y apretado que sea, un relato de varias conquistas y algún retroceso en el camino
emprendido hace años para dar cobertura a la enorme fragilidad que supone la desprotección de la salud. Podría incluso remontarse ese relato hasta abril de 1986 y comenzar en estas Cortes Generales cuando se aprueba la Ley General de Sanidad
impulsada por el ministro socialista Ernest Lluch, que estableció el marco imprescindible para que el artículo 43 de la Constitución española comenzara a ser una realidad más allá del papel. Esa ley sentó las bases de la sanidad pública, asegurando
la cobertura sanitaria con una vocación de universalidad que una serie de normativas fue ampliando en los años siguientes, ganando así para todos nuevos espacios de seguridad; en especial, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
que reforzó los mecanismos de cohesión, equidad y universalidad tras el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Hasta 2012, particular epicentro en este repaso cronológico, porque la raíz de esta proposición de ley está
en un real decreto destinado aparentemente a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y que supuso, en el fondo, una debacle en cuanto a retroceso en derechos; derechos que siempre tendemos a creer irreversibles una vez conquistados, por
más que la realidad nos muestre tozudamente que nunca lo son, y menos cuando arrecian los vientos de la austeridad como excusa para la demolición, porque con la austeridad por bandera, el Real Decreto-ley 16/2012 alteró la esencia de nuestro Sistema
Nacional de Salud tal como lo conocíamos, al suprimir la universalidad de la prestación sanitaria, privando de asistencia a colectivos especialmente vulnerables. Como tantas voces críticas alertaron ya entonces, la involución que supuso el
decretazo del Gobierno del Partido Popular convirtió un derecho en un servicio y ni siquiera se mostró eficiente desde el punto de vista económico. Eso sí, abrió una dolorosa fractura en la imprescindible cohesión social. Justo en momentos de
crisis y vulnerabilidad se optó por la exclusión y por más desigualdad. También más desigualdad entre territorios; más inequidad entre comunidades autónomas que fueron interpretando el nuevo marco legal de diferentes formas. En el caso de
Asturias, donde la sanidad pública, pilar fundamental del Estado del bienestar, ha sido y es seña de identidad de los sucesivos Gobiernos socialistas, se trabajó desde el primer momento para revertir los nefastos efectos del real decreto, asegurar
la asistencia sanitaria sin exclusiones y evitar así que aquella crisis afectara aún más a los más vulnerables. En Asturias se consiguió proteger lo que es de todos en los momentos más duros de la crisis, a pesar de las asfixiantes restricciones
ideológicas que el Gobierno del Partido Popular imponía a las comunidades autónomas.
Es en ese contexto de reacción al recorte en derechos en el que se impulsó en 2015 esta proposición de ley, con el objetivo de recuperar de forma inequívoca e irreversible el carácter universal del derecho a la salud. Para ello, se proponía
derogar la mayor parte del Real Decreto-ley 16/2012 y además modificar la Ley General de Sanidad, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y también la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social en la misma línea que aún hoy mantienen diversas asociaciones y organizaciones. La iniciativa tardaría todavía dos años en aprobarse y aún más en comenzar su tramitación en esta Cámara, donde, tras un primer rechazo en 2017, se admite a
trámite en 2019. Para entonces y por fortuna, ya muchas cosas habían cambiado; han cambiado. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez impulsó ya en julio de 2018 el Real Decreto-ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que en
esencia vino a restituir y garantizar el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentran en España. En la misma línea de revertir las decisiones injustas y regresivas en
materia sanitaria introducidas en aquellos años en la misma línea que esta proposición de ley, se inscriben otras medidas como la eliminación progresiva de los copagos y el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, la universalidad y la
cohesión del Sistema Nacional de Salud, en el que actualmente se trabaja y que consideramos fundamental.
Es innegable que se han realizado importantes avances en los últimos años, pero también queda camino por recorrer. Lo sabíamos antes de marzo de 2020 y lo sabemos de forma más cruda ahora, porque, señorías, ahora, en tiempos de pandemia,
sabemos que no hay salud personal si no hay salud pública; no hay respuesta individual si no la hay global; la exclusión nos merma a todos y la vulnerabilidad de un individuo nos hace más vulnerables. Es imprescindible, y hasta urgente, seguir
dando pasos hacia la universalización de la sanidad; eso era lo que pedíamos en 2017 desde la Junta General del Principado de Asturias. Muchas cosas han cambiado y nos han cambiado desde entonces, pero en esencia es lo que seguimos defendiendo
ahora, ahora que hemos conocido, de la forma más cruda, señorías, la universal fragilidad del mundo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carcedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También, para presentar la iniciativa, tiene la palabra don Daniel Marí Ripa.
El señor REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Marí Ripa): Hace nueve años Mariano Rajoy sacó adelante un decreto-ley que dejaba sin atención sanitaria a los migrantes sin papeles que vivían en España. En aquel
momento en Asturias nos negamos a cumplir esa orden; una orden salvaje e inhumana que pedía a nuestros profesionales que dejaran sin ayuda médica a las personas más vulnerables. Evitar el turismo sanitario, decían cínicamente. Nos dimos cuenta
entonces de que era necesaria una ley que impidiera que algo así volviera a suceder; una ley que blindara la atención sanitaria para todo el mundo; una atención sanitaria auténticamente universal sin exclusiones ni zonas grises, sin zonas grises,
señorías del Partido Popular, como también sucedió en la Comunidad de Madrid entre marzo y septiembre de este año, en el que 167 inmigrantes sin papeles se quedaban sin asistencia sanitaria. Es una ideología sin alma. ¡Es una vergüenza dejar a la
gente sin atención sanitaria! Han sido los últimos estertores de una medida terrible del Partido Popular, que retiró 873 000 tarjetas sanitarias en el año 2012. Entre 2014 y 2017, 3340 personas fueron excluidas directamente del Sistema Nacional de
Salud. Según denunció Reder, había 146 mujeres embarazadas, 243 menores, miles de personas con bajos ingresos. Detrás de ello, 51 personas con cáncer que no podían pagar las pruebas diagnósticas, 74 enfermedades cardiovasculares, 107 casos de
diabetes, 26 casos de VIH a los que se negaba el tratamiento antirretroviral, pacientes terminales a los que se les negaba la morfina, trasplantados renales sin tratamiento inmunosupresor, víctimas de violencia machista, a las que se les facturaba
el tratamiento de las lesiones. En definitiva, historias de vida, dramas humanos detrás de decisiones políticas.
La democracia es que cualquier persona en cualquier parte del Estado, independientemente de su país, tenga derecho a una atención sanitaria de calidad. La democracia se basa en que no necesites tener un apellido compuesto para que te traten
en un hospital; va de que, seas quien seas quien seas y vengas de donde vengas, sepas que no te van a dejar morir sin más. La democracia necesita una sanidad donde no esperes año y medio para una operación o nueve meses para una prueba diagnóstica
que puede detectar precozmente un cáncer. La democracia es que no se saturen los centros de salud en Carabanchel, en Nou Barris, en Sevilla, en Xixón o que haya pediatra en Tineo, en Egea o en Roa de Duero. Un país no debe desatender a las
personas que lo habitan. No creo que exista una democracia de señoritos que se laven las manos ante los problemas estructurales que ellos mismos generan.
La ley que hoy defendemos en el Congreso reviste una importancia máxima: consolidar el derecho a la universalidad de la atención sanitaria pública. No es una cuestión de caridad sino de justicia. Señorías, la pandemia nos encontró con una
sanidad debilitada tras décadas de recortes y un sistema de cuidados zarandeado. Solo el esfuerzo heroico de miles de profesionales sanitarios y sociosanitarios mantuvo al país en pie en los peores momentos de la pandemia. El sufrimiento de la
sociedad ha sido inmenso, agotador. Las exclusiones sanitarias de 2012 han dibujado las líneas de fractura por las que han discurrido las exclusiones de la pandemia, los recortes de ayer han sido los muertos de hoy. Han pasado cuatro años desde
que en Asturias dijimos que en un país decente nadie queda sin atención médica, cuatro años desde que impulsamos esta ley. Llevamos, señorías, cuatro años esperando que Madrid nos reciba para debatir esta iniciativa en el Congreso. Hoy Asturias...
(Continúa su intervención en bable). En Asturias hemos seguido con asombro una deriva violenta y agresiva de quienes han visto en la pandemia una oportunidad para terminar con el Gobierno de España y también hemos visto con intranquilidad cómo
Madrid se ha ido convirtiendo en un agujero negro que absorbía recursos que necesitamos las periferias
para poder atender sanitaria y sociosanitariamente a la población. Si no hay sanidad pública que llegue a todos los rincones del país, a cada pueblo y que afronte cada necesidad de la población más envejecida, que soporta grandes listas de
espera, nuestra sociedad se muere.
Señorías hoy queremos trasladar al Congreso un mensaje que ponga en valor lo estructural de los derechos sociales frente a lo coyuntural de los discursos electoralistas. Hoy les rogamos que no olvidemos los aplausos a nuestros sanitarios y
sanitarias y que los convirtamos en políticas públicas. Hoy les pedimos que nunca más dejemos a nadie atrás. Miles de paisanos y paisanas de mi tierra, que se llama Asturias, se rebelaron en 2011 y 2012 contra la destrucción de la protección
social, como había sucedido cincuenta años antes en la huelgona del año 1962. 'Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera', cantó entonces el madrileño Sánchez Ferlosio. En los momentos más oscuros de la democracia, cuando se intentó
destruir la sanidad pública, hubo gente que también alzó la voz. Esto no es una propuesta de ley, esto es un grito de esperanza. Por eso queremos dar un mensaje a toda la gente que vive aquí, en Madrid, y en otros puntos del país y que lucha día a
día para defender lo público y para defender nuestra sanidad. No estáis solos, no estáis solas, no os rindáis, somos más. (Termina su intervención en bable.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Marí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, para presentar la iniciativa, tiene la palabra don Ovidio Zapico González.
El señor REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Zapico González): Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes.
Cuando el Parlamento asturiano hizo uso de la capacidad que le otorga el artículo 87.2 de la Constitución y aprobó por una gran mayoría de sus miembros esta propuesta de proposición de ley, tenía como objetivo corregir lo que, a nuestro
juicio, había sido una decisión injusta y errónea del entonces presidente del Gobierno de España, señor Rajoy, decisión que se plasmó en el desafortunado Real Decreto 16/2012, que venía -?permítanme la expresión- a meter un tijeretazo sin
precedentes a la atención sanitaria pública en nuestro país. Hoy, nueve años más tarde, inmersos en una pandemia monstruosa, con 3 600 000 compatriotas contagiados, parece evidente que recortar en políticas de salud no fue una buena idea. Esta
propuesta pretendía, cuando fue planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuyo portavoz era el señor Gaspar Llamazares, revertir un retroceso importantísimo en la cobertura sanitaria y un retroceso importantísimo en materia de
universalización de la sanidad. Primero fue el retroceso en materia de cobertura de inmigrantes. Los inmigrantes sin papeles, en una actitud que rozó la xenofobia, quedaban sin atención sanitaria primaria. A continuación fueron los emigrantes
españoles en el extranjero, que tras estar noventa días fuera de nuestro país quedaban expulsados del sistema sanitario. Y luego han venido todas las incongruencias y todas las contradicciones en relación con el resto de los ciudadanos, que han
hecho que cada comunidad autónoma actuara a su aire.
Es verdad que en la actualidad algunos de los elementos más lesivos del citado real decreto ya han sido corregidos, pero también es cierto, señorías, que la propuesta de modificación legislativa que les traemos va más allá de revertir esta
reforma. Conocedores de que la medicina como depósito de valores no es mala guía para el porvenir, la propuesta pretende consagrar para el futuro la universalización del derecho a la salud y de las prestaciones sanitarias, que, a pesar de haber
sido enunciado multitud de veces, no existe como derecho legalmente establecido. Ciertamente, a pesar de que en la Constitución y en la Ley General de Salud se manifestaba como objetivo la universalización del sistema sanitario, la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo nos recordó hace poco más de un año que tal derecho todavía no existe. Hay una sentencia que así lo describe claramente, que describe cómo en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención
sanitaria que a día de hoy no ha sido plenamente revertida.
Señorías, la Junta General asturiana ha considerado que va siendo hora de que en nuestro país, en todas y cada una de sus comunidades autónomas, ese objetivo de la universalización del derecho a la salud se reconozca, y para eso pretendemos
que en la Ley General de Sanidad, esa ley que hace treinta y cinco años impulsó Ernest Lluch, al que aprovecho para recordar en esta tribuna porque soy de los que piensan que la izquierda debe siempre rendir tributo a sus héroes, en esa ley, les
decía, se diga expresamente que la primera característica fundamental de nuestro Sistema Nacional de Salud es la universalización de la atención sanitaria a toda la población que resida en nuestro país, la española y la no española, porque, entre
otras cosas, señorías, los virus no se paran a distinguir situaciones administrativas a la hora de contagiar. La propuesta pretende dar seguridad jurídica a los ciudadanos
garantizando el carácter universal del sistema sanitario y está en consonancia con uno de los objetivos sanitarios de la OMS, que refleja entre ellos la universalidad de la sanidad, como también figura dentro de los Objetivos del Milenio de
la ONU. Y llega además a este Parlamento en un momento en el que la pandemia ha demostrado que para que la humanidad esté a salvo todos y todas debemos estar a salvo, un momento también en el que la ética y la esperanza parecen abrirse paso, ya que
el debate de la liberación de las patentes avanza y las vacunas se pueden convertir en un derecho universal que traspase fronteras y rompa el libre comercio, haciendo del mundo un lugar un poco más justo. Hoy reconocer de forma sencilla, explícita
y legalmente efectiva el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas que viven en nuestro país es perfectamente posible y éticamente exigible. Lo que les pedimos es que lo hagan una realidad política efectiva. Por tanto, señorías, con
toda humildad les quiero pedir su voto favorable a esta propuesta, que viene de una comunidad autónoma que siempre ha considerado la salud como un derecho irrenunciable y que por ello mismo dedica casi un 8 % de su producto interior bruto a
financiarla, algo de lo que todos y todas los asturianos y asturianas nos sentimos particularmente orgullosos.
Nada más y muchas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zapico. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Permítanme saludar a la delegación de la Junta General del Principado de Asturias y a la institución que representa. En su antiguo salón de sesiones di yo en 1987 mis primeros pasos en la
actividad legislativa y conservo el inolvidable recuerdo de mis compañeros de partido, entonces Alianza Popular, y también por supuesto de los demás grupos políticos, así como de los funcionarios, del personal y de los periodistas habituales de
nuestro parlamentín. Mi gratitud por cuanto aprendí de todos ellos.
Señorías, estamos ante una proposición de ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública que acumula desde su gestación un larguísimo recorrido en el calendario. Fue promovida hace nueve años en la X Legislatura
por el entonces diputado de esta Cámara, el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, si bien al no avanzar en su tramitación aquí, en el Congreso, reactivó posteriormente la iniciativa en 2016 desde su nuevo escaño en el
Parlamento autonómico asturiano y su toma en consideración por la vía de las proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas, que es lo que nos convoca en la sesión de esta tarde. La iniciativa había tenido un precedente bastante similar,
también con el señor Llamazares de por medio, en mayo de 2011, que se aprobó por el Pleno del Congreso, pero decayó con el término de la legislatura unos meses después.
Señorías, estamos ante un desfasado intento de contraprogramación de las medidas que por la vía del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, fueron convalidadas en los primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministra de Sanidad
la señora Mato. Aquel ejecutivo había heredado una situación económica muy crítica. Tanto es así que, medio año antes, el señor Rodríguez Zapatero había impulsado la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española -?que, por cierto,
yo voté en contra- y que es el que hoy está sirviendo de pretexto al actual Gobierno de Pedro Sánchez para colar, con el beneplácito de la Unión Europea, propuestas muy lesivas para los españoles. Foro discrepó en 2012 de los recortes acometidos
por el Partido Popular en diferentes materias por la vía de urgencia, y no solo en sanidad, pero hoy carece de sentido tratar de resolver aquellas medidas legislativas con una propuesta surgida hace más de ocho años, elaborada en un contexto
económico, social y sanitario totalmente diferente al que estamos viviendo, desgraciadamente muy agudizado desde hace año y medio con la pandemia de la COVID-19 y cuyas secuelas irán para largo. Ya en su momento, en 2017, al hilo de la iniciativa
que se reitera esta tarde, se calculó que aplicar la asistencia sanitaria con objeto de incorporar en el sistema público a más de medio millón de ciudadanos extranjeros y a otras trecientas mil personas pendientes de regularizar tendría un coste
anual de 1250 millones de euros. De hecho, este argumento fue el que aplicó el Gobierno del señor Rajoy, el que planteó ante la Mesa del Congreso para manifestar la disconformidad en aplicación del artículo 134 de la Constitución española, que en
su punto 6 dice lo siguiente: 'Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación'.
Tampoco los sucesivos Gobiernos presididos por el señor Sánchez desde junio de 2018, con cuatro ministros de Sanidad diferentes, han avanzado en los ajustes en materia sanitaria, o al menos en la dimensión que se plantea con este texto,
porque en la práctica el gasto para atender las medidas que pretende esta ley tendría que ser asumido mediante nuevas vías impositivas y costes indirectos a cargo del conjunto de los españoles, todo ello al objeto de mantener la estabilidad
presupuestaria. Por tanto, la pregunta es pertinente: todo esto, ¿quién lo va a pagar? Procede resaltarlo, porque resultaría una grave irresponsabilidad que todas aquellas nuevas prestaciones sanitarias que se quieran plantear, bien las que se
derivarían de la aplicación de esta ley bien otras que quieran realizarse en el futuro, no fueran acompañadas de su correspondiente dotación presupuestaria por parte de la Administración General del Estado. Y ya estamos viendo en las últimas
semanas cómo la factoría de genialidades para sacar el dinero de los bolsillos de la gente está en pleno funcionamiento. Permítame augurar que el saqueo que el Gobierno socialista pretende legalizar, por ejemplo, con los peajes por el uso de
autovías, se extenderá a otros servicios públicos y, específicamente, a las prestaciones sanitarias. Al tiempo.
Señorías, asimismo, conviene señalar que son las comunidades autónomas las que tienen en las competencias sanitarias uno de sus gastos principales, y de ahí la extraordinaria importancia de que el Gobierno acometa con urgencia la reforma del
sistema de financiación autonómica vigente desde el año 2009 y que, por citar el caso de Asturias, cuyo Parlamento promueve esta ley, es manifiestamente injusto. Por tanto, lo primero va antes, dotaciones financieras para que las comunidades
autónomos acometan sus servicios públicos esenciales -educación, sanidad, ayuda a la dependencia y servicios sociales-, porque no conviene olvidar que lo que pone en peligro el Sistema Nacional de Salud es precisamente la carencia de medios
suficientes o la incapacidad derivada de afrontar las deudas, lo que dificulta el abastecimiento de hospitales, centros de salud y farmacias o impide una adecuada dotación de personal. Una sanidad sin sostenibilidad tiene unas derivadas perniciosas
que afectan al conjunto de la población: las listas de espera para intervenciones quirúrgicas se demoran y las pruebas diagnósticas se eternizan porque los recursos humanos y materiales son insuficientes.
En Foro creemos y queremos una sanidad de calidad, universal, gratuita, pero pasa por hacerla sostenible, eficiente, integrada y equitativa. Esta ley pretende ampliar el gasto sanitario incorporando más usuarios en un periodo crítico para
la economía y el empleo, todo ello en un contexto de envejecimiento de la población, con su derivada en mayores necesidades que ya están sobrepasando el sistema sanitario y engrosando su deuda. Por todas estas razones, mi voto será contrario a la
toma en consideración de esta ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
En primer lugar, señora Carcedo, señor Marí y señor Zapico, bienvenidos a esta casa, a esta Cámara. Es un placer debatir y escuchar propuestas que desde otras cámaras legislativas han tenido a bien traer aquí. Usted, señora Carcedo, ha
hecho una correcta ubicación temporal, cronológica de la iniciativa, y ese es uno de los aspectos por los que nosotros mostramos nuestro pero a la iniciativa que ustedes plantean. Como bien han dicho, la iniciativa original fue presentada en 2017,
y usted estaba haciendo un repaso cronológico de distintas disposiciones que desde ese tiempo a esta parte se han ido aprobando en sentido contrario a lo que era su vocación, que era retroceder en el tiempo a un escenario anterior al Decreto-ley
16/2012, que establecía esas limitaciones para el acceso universal a la sanidad pública, y eso es un aspecto muy importante, a nuestro juicio. Desde nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, si tuviéramos que elegir un adjetivo que lo
calificara, elegiríamos muchos -?somos nacionalistas, soberanistas, pero somos humanistas-, sería sobre todo uno que estuviera en línea con nuestra concepción fundamental de trabajar por la equidad y la universalidad de la asistencia sanitaria.
Compartimos, por tanto, el aspecto material de la iniciativa que ustedes proponían y también el planteamiento competencial que la misma contiene. Y le decimos eso porque si bien el Decreto 7/2018, con el Gobierno de Sánchez, logró limitar
los aspectos más restrictivos del Decreto-ley 16/2012 anterior, en cuanto al derecho universal a la asistencia sanitaria, hubo otros aspectos de naturaleza más competencial que seguía y sigue manteniendo este otro decreto. En el Decreto 16/2012 se
requería que el INSS reconociera el derecho individual de la persona, que tuviera que reconocérsele su naturaleza de
asegurado o beneficiario, perdiendo lo que anteriormente estaba estipulado, que era el reconocimiento general, colectivo del derecho universal a la asistencia sanitaria. El Decreto de 2018, si bien, en lugar de al Instituto Nacional de
Seguridad Social, le reconoce esa atribución al Ministerio de Sanidad, ambos decretos lo que hacen es atribuirse una competencia que no les correspondía según el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. Nosotros consideramos que incluso en ese
aspecto su propuesta tiene un valor desde una perspectiva competencial, pero desde luego es una iniciativa extemporánea, bien porque se había aprobado ese Decreto-ley 7/2018 que quitaba los aspectos más lesivos, bien, como usted ha dicho, porque en
este momento está en fase de información pública en el ministerio el anteproyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión.
El señor Zapico se refería a la necesaria certeza, a la necesaria seguridad jurídica para poder avanzar en esta materia. De prosperar esta proposición de ley que ustedes están exponiendo aquí y si también llegara a debate -?esperamos que
llegue pronto- el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión, nos encontraríamos simultáneamente con dos textos legales que estarían regulando y abordando aspectos muy similares. Por tanto, irían en contra de eso que, a nuestro juicio, es
fundamental, de eso que usted decía, señor Zapico: evitar incongruencias y evitar la inseguridad jurídica.
Por esa razón, insisto, compartiendo el espíritu, el fondo material y competencial que tiene la iniciativa, por considerarla extemporánea y porque puede llevar a confusión, nuestro grupo se abstendrá. En cualquier caso, vuelvo a insistir en
darles las gracias por su exposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
En el año 2012 se acotó la condición de asegurar la sanidad pública española mediante un decreto que fue muy criticado entonces. Se establecían dos niveles para las personas respecto a la sanidad pública. Tenían derecho a la asistencia
sanitaria las personas que tenían algún tipo de relación con la Seguridad Social, es decir, trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena cotizantes a la Seguridad Social, con alta en la Seguridad Social; quienes eran pensionistas para recibir
algún tipo de retribución por parte de la Seguridad Social, o siendo receptor de cualquier otra prestación como, por ejemplo, el desempleo. También tenían derecho quienes habiendo agotado dicha prestación figuraban como inscritos en la Seguridad
Social como demandantes de empleo. Y para los que estaban fuera de estas situaciones se establecía la suscripción de un convenio especial. Las personas extranjeras sin permiso de residencia solo tenían derecho a la asistencia sanitaria de urgencia
o por enfermedad grave, accidente o de asistencia al embarazo, parto o posparto. Los menores sí tenían. Esta era la situación establecida en el Real Decreto de 2012.
Esta proposición de ley de la Junta del Principado de Asturias, que fue aprobada en 2017, ha ido quedando durante su tramitación bastante extemporánea, y ahora explicaré por qué. Entre convocatorias electorales y la parálisis que se produjo
en esta Cámara se han acometido algunas cuestiones, concretamente en el Real Decreto 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que fue convalidado en esta Cámara por una amplia mayoría. No voy a convertir esta intervención en
reproches a lo que se hizo en 2012, puesto que las circunstancias también eran muy distintas -?la situación económica era muy compleja-, pero sí creemos que el Real Decreto 7/2018 fue acertado y que devolvía a la sanidad española el espíritu
fundacional del que la dotó esta Cámara, y de forma especial el ministro Ernest Lluch, que en uno de los mayores ejercicios de grandeza para nuestra nación impulsó la ley sanitaria que nos permite ahora tener sanidad universal. ETA asesinó al padre
intelectual de la sanidad universal en España y el pasado noviembre se cumplieron veinte años de aquel asesinato. Lo recordamos en la sala que lleva su nombre y quiero aprovechar esta intervención para tener un recuerdo especial para él, un hombre
de otro tiempo, relativamente cercano, en el que en esta Cámara se alcanzaban acuerdos de altura.
Con este Real Decreto 7/2018 ya se cumplen, como digo, algunas de las cuestiones que se piden en la proposición de ley de la Junta del Principado de Asturias, otras no, otras no. Y por eso vamos a votar favorablemente la tramitación de esta
proposición de ley. Les diré por qué, además. Es una oportunidad para dotar de mayor coherencia al conjunto normativo, puesto que ahora mismo conviven normas que legislan en paralelo el sistema sanitario español, y son juristas expertos los que
aconsejan que se dote de mayor coherencia al sistema sanitario. La vía que abren ustedes escoge la reforma de la 14/1986 a la que me he referido, la 16/2003 y la 4/2000, que son normas que durante la tramitación podremos, vía
enmiendas, ir dotando de mayor cohesión, de forma que todas las normas tengan un objetivo común y no hayan sido parcheadas con saltos en el tiempo, como hemos venido haciendo. Además, que no sea tampoco mediante un real decreto-ley como se
va estableciendo el sistema sanitario español. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Luego, hay cuestiones como por ejemplo el hecho de que actualmente el real decreto ley de 2018 deja a veces a los extranjeros en situaciones un poco complicadas, porque deben probar que no tienen asistencia sanitaria en su país de origen,
algo que en derecho se puede considerar lo que llaman la probatio diabolica: en muchas ocasiones es muy difícil demostrar que no tienes un derecho, demostrar la inexistencia de algo es verdaderamente complicado y creemos que con la tramitación de
la ley se podría acometer esta deficiencia.
Votaremos a favor de esta norma porque creemos que la universalización de la sanidad es el mejor de los sistemas; porque, además, en este mundo interconectado ya se ha demostrado que la salud de un individuo es la salud de todos; que la
xenofobia o el 'lo mío es mío' es el mejor aliado de las pandemias; que el prefijo pan- aniquila cualquier nacionalismo, cualquier provincianismo y cualquier movimiento identitario, y que son doctrinas cuya eficacia nunca será científica aunque se
está demostrando que sí funcionan a nivel propagandístico. Además, está la carga derivada que supone dejar a mucha gente sin asistencia sanitaria. Esta gente, al final, va a las urgencias y a los servicios de emergencia y los sobrecargan también,
que es otro de los efectos colaterales que tiene el dejar desasistida a parte de la población. Y son también fruto de la ambigüedad del Real Decreto 7/2018, que creemos que podemos mejorar ahora.
Para terminar, les doy las gracias por traer aquí esta propuesta, bienvenidos al Congreso de los Diputados y espero que encuentren apoyo en la medida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los diputados y diputadas que nos traen hoy una proposición para garantizar la universalización del derecho a la asistencia sanitaria. Según nuestro criterio, el derecho de protección a la salud
es un derecho absolutamente protegido en nuestro modelo constitucional y, por lo tanto, no cabe introducir discriminación alguna en función de las situaciones administrativas diversas. El real decreto de 2012 fue un retroceso sin precedentes en
nuestra legislación, fue una norma tan injusta como peligrosa tal y como se planteaba; no solo injusta sino peligrosa para la salud pública, para la cobertura de la salud pública. Y, además, dio lugar a posicionamientos que todavía se mantienen y
que seguramente hoy escucharemos: insolidarios, de ruptura de la convivencia y de inhumanidad. Esa fue la norma de 2012.
Es verdad que el Decreto 7/2018 eliminó los peores efectos de la norma de 2012, quedaron corregidos, pero queda mucho camino por recorrer para restituir en plenitud, que es de lo que hablamos, la universalización del derecho a la atención
sanitaria; en plenitud y con coherencia normativa de los distintos marcos con los que tenemos que trabajar. Desde Mas País-Verdes Equo habíamos contemplado en el programa la reforma y la ampliación del actual Decreto 7/2018. Pero, además, lo
planteamos en la Comisión de Reconstrucción, en el ámbito sanitario, porque creíamos que era tan importante, como se ha demostrado posteriormente, que era necesario blindar constitucionalmente el derecho a la universalización sanitaria. Por todo
ello, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la propuesta para que nunca más en nuestro país se puedan vulnerar derechos básicos de atención sanitaria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente.
Bienvenidos los representantes y la representante de la Junta General del Principado de Asturias.
El sistema sanitario es uno de los pilares fundamentales de todo Estado del bienestar, y el acceso público y universal una obligación en cualquier democracia avanzada para proteger a toda la población, por humanidad y porque los virus y las
bacterias no entienden de barreras administrativas. Para mantener la excelencia de nuestro sistema sanitario y evitar que colapse en el futuro, quiero recordar que es necesario abordar el problema endémico -repito, el problema endémico- de la
infrafinanciación de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tenemos las competencias, pero no la financiación suficiente para cubrir las necesidades del sector y del sistema.
Hay que admitir que los buenos resultados del sistema de salud los tenemos que atribuir principalmente a los profesionales sanitarios, a todos y cada uno de ellos -?durante 2020 nos han dado un gran ejemplo-, y no a la correcta financiación
del sistema. Por ejemplo, según un estudio del Cercle de Salut, entidad transversal que trabaja para la mejora del sistema sanitario, se calcula que en Cataluña se tendrían que invertir 5000 millones de euros más cada año para situarnos en
estándares europeos.
Está claro que el incremento de los recursos económicos en sanidad se fundamenta en una mejora de la financiación por parte del Gobierno. Para que las comunidades autónomas puedan prestar sus competencias adecuadamente se las tiene que
financiar como es debido. Por eso mismo, desde el Partit Demòcrata, el PDeCAT, pedimos que el siguiente paso sea ahondar en la reforma del sistema para encarar mejor los retos actuales y prepararlo para los retos futuros.
Votaremos a favor de la proposición no de ley y queremos agradecer a los representantes de la Junta del Principado de Asturias su exposición.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes y un saludo a los miembros de la delegación del Parlamento del Principado de Asturias. Gracias por su intervención.
Esta iniciativa presenta la toma en consideración de la proposición de ley de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Una propuesta que se ha venido repitiendo, se ha venido llevando a este Congreso durante varios
momentos, pero que hasta ahora realmente no se ha podido plantear su debate. Recordemos que se presentó por primera vez en la XII Legislatura, pero el Gobierno de Rajoy de entonces ya manifestó su disconformidad y, finalmente, se acordó que no era
procedente la toma en consideración. Después, con el primer Gobierno del PSOE, se vuelve a presentar y se admite, pero finalmente acaba decayendo también porque se convocaron elecciones. Por tanto, es una iniciativa que se viene repitiendo desde
hace años y que se insiste en incorporar en lo que sería la dinámica propia del Congreso.
Con todo ello, entendemos que se trata de revertir el tremendo error que para nuestro grupo supuso el Real Decreto-ley de 2012, del Partido Popular, que dejaba sin cobertura sanitaria pública a los extranjeros sin permiso de residencia.
Quizá este era el titular principal: dejaba sin cobertura sanitaria a un sector de población, una flagrante vulneración de los derechos humanos y la negación del propio artículo 43 de la Constitución, que consagra el derecho a la protección de la
salud. De hecho, esa medida formaba parte de una estrategia para nosotros global de desmantelamiento del Estado del bienestar con los correspondientes recortes en la sanidad pública y también con el recorte del principio universal de acceso a la
salud.
Desde Esquerra Republicana consideramos que el acceso universal a la salud no solo constituye uno de los principales indicadores de bienestar de un Estado -que también-, sino que es un instrumento sobre todo de cohesión social y de lucha
contra las desigualdades y un auténtico derecho fundamental y subjetivo. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que hemos estado estos últimos nueve años en una situación de irregularidad y de anormalidad democrática que hoy podemos
empezar a revertir. Nuestra valoración respecto a esta proposición de ley la planteamos sobre la base de lo que establece la Ley 9/2017, de 27 de junio, del Parlament de Catalunya, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos
públicos mediante el Servei Català de la Salut.
Esta ley, en su preámbulo, establece que la universalización de la asistencia sanitaria no es solo una deuda moral ineludible, sino que es una obligación derivada de las normas internacionales y, de acuerdo con esto, establece que todos los
residentes en Cataluña tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servei Català de la Salut. En ese sentido, su artículo 1 regula el
derecho universal a la asistencia sanitaria, estableciendo que todos los residentes en Cataluña, en los temas que establece esta ley, tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos. Nótese que el mismo Gobierno del
PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, lo que supuso la inmediata suspensión de sus efectos, aunque, afortunadamente, ese recurso fue retirado a raíz del cambio de Gobierno en 2018.
La presente proposición de ley, aparte de modificar algunos artículos de la Ley General de Sanidad para reforzar los principios de universalización y gratuidad, tiene como eje principal la reforma del artículo 3 de la Ley de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta propuesta también se complementa con una reforma al artículo 12 de la Ley orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. Por tanto, recoge aportaciones legislativas
recientes. Estos cambios están en sintonía con lo que se establece en la Ley catalana de universalización de asistencia sanitaria, que en su artículo 2.3 establece que se entiende que son residentes los empadronados en un municipio de Cataluña o
personas y colectivos en riesgo de exclusión social que acrediten el arraigo en Cataluña mediante los criterios que se establecen reglamentariamente.
En ese punto quisiéramos apuntar que debemos considerar que el concepto de residencia de hecho que aporta ese nuevo documento va mucho más allá que el concepto de residente que establecemos en nuestra ley catalana y, en ese sentido, la
interpretación de la ley catalana está orientada a considerar los criterios de arraigo vinculados a personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Esto supone que con el redactado de la presente proposición de ley se puede considerar que todo
extranjero con residencia de hecho, aunque no tenga recursos económicos, tiene derecho a asistencia sanitaria en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Esto para nosotros es muy importante porque acaba de cubrir toda una serie de
elementos discordantes.
Por todo ello, nuestra postura es la de admitir a trámite esta iniciativa, ya que permite un mejor encaje entre la normativa básica y la normativa aprobada en Cataluña, sin perjuicio de que durante la tramitación se puedan incorporar otros
elementos que refuercen la coherencia entre las dos normas. Por lo tanto, muchas gracias, y en todo caso tienen nuestro apoyo. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías, parlamentarias, parlamentarios de la Junta General. Quiero comenzar mi intervención con una cita en asturiano, pero será breve, así que no es necesario que las señorías de VOX salgan de la sala, como ya hacen en el
Parlamento de Asturies. (Continúa su intervención en bable). Estas palabras las canta el grupo Dixebra y, en mi opinión, definen perfectamente la identidad, la manera de ser, la manera de entender la vida comunitaria solidaria y defensora de los
principios universales de los derechos humanos.
En Asturias fuimos tierra de acogida cuando venían trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias, de dentro y de fuera del Estado, a pelear duro en la mina y en la industria asturiana; personas que, llegadas desde cualquier punto,
conforman la realidad de Asturies. E incluso en algo tan icónico, característico e identitario como puede ser escanciar sidra, son compatriotas de Guinea Ecuatorial o de Ecuador quienes ahora resultan ganadores en esos concursos. Y, por tanto,
queremos para todas las personas que viven en Asturies los mismos derechos y el mismo bienestar, porque son parte de nuestro pueblo.
Del derecho a la sanidad universal es de lo que habla este proyecto de ley, que viene de la Cámara de Asturies, de mi país, y que llega con años de retraso a esta Cámara Baja, al Congreso, del Estado. Desde su redacción, que celebramos, y
de la que una, como asturiana, no puede sino sentirse orgullosa y reconocer el trabajo realizado por el Parlamento de la Xunta Xeneral, ha habido cambios: una moción de censura que echó al Gobierno más corrupto de Europa -?ahí sigue declarando
cada semana en la Audiencia Nacional-, un Gobierno salido de una moción de censura con una serie de acuerdos programáticos de los que Unidas Podemos formó parte, y un Gobierno de coalición, que ha dada una clara pelea por que las medidas sociales
sean prioritarias y que lo ha hecho frente a una pandemia sin precedentes, una crisis sanitaria que nos ha puesto la vida dolorosamente del revés a todas. Mi abrazo sentido para todas las personas que han, que hemos perdido a alguien a quien
queríamos mucho en todos estos meses. (Aplausos).
Esta propuesta legislativa y pionera, que venía a revertir el daño causado a la sanidad y a la ciudadanía por parte de las políticas 'austericidas' del Partido Popular, se ha quedado inevitablemente desfasada. Sigue habiendo algunas
cuestiones que se abordan, que valoramos positivamente y que reclamamos que formen parte de nuestro ordenamiento legislativo. Queda camino en lo que es una apuesta decidida por garantizar la sanidad para todas las personas en condiciones de
igualdad y de justicia social, y no, no nos cansaremos de decir que nuestra atención primaria tiene que blindarse en todos los territorios, dotarse de más recursos, y que esta es una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado la crisis
sanitaria que vivimos. También hay otras que actualmente pierden el sentido, se reiteran y hasta, como el lógico, entorpecen el funcionamiento legislativo, dado el momento en el que el texto se compuso y trabajó y los cambios que ya he relatado.
Pero esto, y quiero dejarlo muy claro, no es excusa, no es justificación para votar en contra de esta propuesta. El posible batiburrillo reiterativo no justifica que se emita un voto contrario a un texto que defiende la sanidad universal, aunque
estos cambios estén recogidos, principalmente, en el Real Decreto 7/2018, de 27 de junio. Da igual, no hay una razón para dar un voto negativo cuando estamos hablando de la defensa de la sanidad universal, porque la ciudadanía no entiende tanto la
práctica legislativa. Podríamos discutir sobre esto, porque creo que esto, la práctica legislativa debería enseñarse mucho más en las escuelas, así como el propio funcionamiento de la democracia, que tendría que formar parte del currículo
académico, porque la democracia se defiende ejerciéndola y conociéndola. Pero de lo que estamos hablando, y de lo que yo creo que entiende la ciudadanía, es del reconocimiento de derechos. Mi grupo quiere dejar claro, así como lo han defendido mis
compañeros de Podemos Asturies y de Izquierda Unida d'Asturies -?Gracias, compañeros, Daniel Ripa y Ovidio Zapico; gracias-, que en la garantía de derechos, en el reconocimiento universal de la sanidad como derecho indiscutible para cada persona
de este país nunca vamos a decir que no.
Por lo demás, en el tiempo que me queda, quisiera expresar unas palabras de nuevo en la lengua que muchas asturianas y asturianos hablamos, y en la que también demandamos derechos como hablantes. Será breve, presidente. (Finaliza su
discurso en bable.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias.
Para evitar que la Presidencia de la Mesa me corte, como tiene acostumbrado hacer, voy a tratar de ser muy breve.
Hemos asistido hoy al teatro de lo absurdo, la verdad. Señora Castañón, su intervención, parcialmente en una llengua más o menos inventada, ese sha que se saca de la manga, demuestra... (La señora Fernández Castañón: ¡Es asturiano!) No,
no es asturiano, es una lengua que se han inventado antes de ayer. Y para entender todo este teatrillo que hemos vivido hoy aquí, tenemos que entender que quien trae esta proposición no es la Junta General del Principado, no es Asturias, no son los
asturianos, es el Partido Socialista principalmente, apoyado por Podemos y por Izquierda Unida, que, al final, son exactamente lo mismo. Lo que hacen hoy aquí no es más que una táctica estalinista, leninista o cubana incluso -?como Gaspar
Llamazares, que viene de estar educado en La Habana-, que al final no es más que lanzar una cortina de humo, una cortina de humo para distraernos (rumores), ¡distraernos!, ¡sí!, ¡a todos!, a los asturianos, a los españoles, distraernos de los
problemas reales y del cuchillo que se esconde detrás de esta cortina de humo. Me voy a explicar, me voy a explicar para que ustedes lo entiendan porque, al margen de estas dos cuestiones, cortina de humo y cuchillo, esta norma no pretende resolver
ningún problema real, porque a día de hoy en España la sanidad ya es universal, ¡digan ustedes lo que digan! La prueba es que no hay ninguna petición popular de esto más que una artificialmente sacada necesidad de un Partido Socialista cómplice con
la Junta del Principado, que vienen aquí a hacer el juego del trilero. Para que no parezca que son ellos quienes lo traen, lo trae la Junta del Principado, haciendo una pinza perfecta entre el señor Barbón en Asturias y la señora Lastra en el
Congreso de los Diputados, que, lamentablemente, no está hoy aquí.
Digo que es una cortina de humo, ¿por qué? Porque el señor Barbón, en vez de legislar para Asturias, en lugar de servir a los asturianos y tener limpia 'su casa' -?entre comillas-, pretende ponerse a hacer política nacional. Ya dijo el
señor Barbón que la política regional le aburría y que él quería estar en el Congreso de los Diputados. ¡Pues parece que hoy está intentando hacerlo!
¿Por qué digo que el señor Barbón no limpia su casa? El señor Martínez Oblanca ya ha dicho que las listas de espera de la Sanidad en Asturias son interminables. La situación es lamentable, pero hay cuestiones muy concretas: muchas
regiones de Asturias -?en concreto, pensemos en Cangas de Narcea, Pola de Allande, Ibias, Degaña- ¡no tienen una UVI móvil! Hace escasos días, semanas, casi un mes, hubo un accidente en Tineo y la UVI móvil que acudió a socorrer a la persona
accidentada tuvo que salir desde Mieres, ¡una hora y cuatro minutos se tarde en llegar desde Mieres a Tineo! Por supuesto, esta persona accidentada falleció. ¡Es un servicio sanitario muy, muy, muy mejorable!, pero el señor Barbón prefiere mirar
hacia otro lado y venir aquí con grandilocuencias, con casi megalomanías, para tratar de solucionar de nuevo problemas inventados. (Aplausos).
Pensemos en esas plazas de cardiología o esas plazas de medicina interna en el Hospital de Jarrio, ¡que siguen vacantes! Pensemos también en esas plazas de pediatría -dos plazas de pediatría- en Tineo, que estaban vacantes; ahora han
cubierto una, ¡oh, sorpresa!, con un interino. En lugar de sacar a concurso esas dos plazas, ustedes, Partido Socialista, ponen a un interino. Eso sí, nos traen aquí esta cortina de humo, este proyecto gigante, cuando lo pequeño, lo que tienen
cerca y lo que pueden hacer no lo solucionan. (Aplausos). Los asturianos esperamos un Gobierno de verdad, un Gobierno que sirva a los intereses reales de la gente y no al marketing del Partido Socialista.
Seguimos con la cuestión. El Servicio de Pediatría en Trubia también sigue vacante; de nuevo, han traído un interino para cubrir esas plazas. Pero la realidad es que la sanidad asturiana echa de menos un trabajo a fondo, un trabajo en
profundidad, un trabajo real, mucho más que estas algaradas, estos discursos en bable, estos discursos buenistas, que al final son falacias. Si el señor Barbón no es capaz de gestionar Asturias, difícilmente va a ser capaz de gestionar o de
legislar para España. Se está metiendo, en definitiva, en camisa de once varas y deberíamos decirle aquello de 'zapatero, a tus zapatos', porque Asturias no deja de perder población: diez mil habitantes en el último año; se dice pronto: la
región ha perdido diez mil personas. Asturias es una de las regiones que más presión fiscal padece, un expolio en toda regla; la industria asturiana se disuelve dejando gente en la calle año tras año; las infraestructuras ferroviarias, como
pronto, llegarán veinte años después de lo que nos prometieron; los puertos de Asturias, en su día punteros, cada día pierden más tráfico; la hostelería es de las más castigadas de España. Señora Castañón y señores del Parlamento asturiano, vayan
ustedes a decirles a los hosteleros que traen proyectos gigantes para España, pero que lo pequeño en Asturias no son capaces de controlarlo, atrévanse; acérquense a la hostelería asturiana y díganselo a la cara (aplausos), porque ellos les
explicará las razones por las que cada día, ¡cada día!, van perdiendo impacto en la región. Es lógico.
El cuchillo que esconde esta norma es un ataque directo a todos los funcionarios de España, porque esta norma dice que la asistencia pública no será gratuita para quienes, estando incluidos en alguna mutualidad administrativa, no hayan
optado por recibir prestaciones sanitarias a través de la red pública. Señores, con esta norma la sanidad va a ser accesible para todos, salvo si eres funcionario, que entonces no va ser tan accesible para ti. (Aplausos).
En fin, señores, son ustedes unos falsarios y en el fondo unos mentirosos que pretenden engañar al pueblo, porque en Asturias es posible que tu hijo tenga que emigrar; es posible que trabajes en Expal, pero es posible que la nefasta gestión
del Gobierno haya hecho que tu puesto de trabajo desaparezca; es posible que una UVI móvil haya tardado tanto tiempo en llegar a asistirte que hayas fallecido en el intento; incluso es posible que hayas tenido que cerrar tu restaurante o
cafetería; pero no se preocupen ustedes, porque Barbón legisla a nivel nacional desde Asturias y tendremos bable y sus hijos estudiarán Matemáticas en bable de aquí a pocos años si las cosas siguen como van.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del grupo parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento del Principado de Asturias, a cuyos integrantes doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular. No es nueva en esta Cámara, pues ya fue presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, llegándose incluso a debatir su toma en consideración en el año 2015, en la
X Legislatura. Esta proposición de ley que nos presentan fue impulsada por Izquierda Unida y aprobada por el Parlamento asturiano a finales de marzo de 2017.
En primer lugar, tengo que trasladarles que para el Grupo Parlamentario Popular esta iniciativa es extemporánea. Llega en un momento en el que la prioridad que tienen las comunidades autónomas, incluida la de Asturias, es disponer de un
marco jurídico que les dé los instrumentos legales necesarios para adoptar medidas para proteger la salud pública y evitar la transmisión de contagios una vez finalizado el estado de alarma. Necesitan medidas legislativas alternativas al estado de
excepcionalidad constitucional, al estado de alarma que el presidente de mi partido, Pablo Casado, ha venido reclamando al presidente Sánchez desde el primer estado de alarma, en marzo de 2020. A pesar de comprometerse a abordar esas reformas
legales por medio de la vicepresidenta Calvo, el Gobierno no hecho absolutamente nada durante un año. Señorías, resulta inconcebible que catorce meses después de la declaración del estado de alarma nuestro país no cuente con un instrumento jurídico
estable alternativo a la legislación excepcional, que dé seguridad jurídica al conjunto de la ciudadanía, independientemente de si vive en Asturias, Madrid o en mi comunidad autónoma, Castilla y León, así como seguridad jurídica a las
administraciones públicas que están implicadas en la emergencia de carácter global. Señorías, el virus aún está entre nosotros y el Gobierno de Sánchez ha dejado solos a los Gobiernos autonómicos, a pesar de las advertencias incluso del Consejo de
Estado, de jueces de los tribunales superiores de Justicia e incluso algunos jueces del Supremo y lo nunca visto: ha delegado la competencia legislativa y ejecutiva en los tribunales. Una vez más, el presidente del Gobierno se esconde cuando
España está con problemas por el caos que él mismo ha generado por no tener una ley orgánica de carácter estatal que facilite la gestión de esta pandemia y de cualquier otra que pueda surgir en el futuro, una ley que permita las autonomías que
puedan adoptar aquellas medidas que consideren necesarias para salvaguardar la salud pública sin necesidad de recurrir al estado de alarma y primando la garantía de los derechos fundamentales, la eficacia, agilidad, seguridad y protección de los
ciudadanos.
Gracias a la pasividad de este Gobierno durante este año nos hemos encontrado en estos días con resoluciones distintas de los tribunales sobre una misma medida, según la comunidad autónoma de que se trate. Gracias a la inacción del Gobierno
nos hemos encontrado a una delegada del Gobierno exigiendo a una comunidad autónoma adoptar una medida que los propios tribunales de justicia rechazan directamente por entender que no está admitida en la legislación ordinaria. Este caos,
descoordinación y sinsentido los ha provocado la falta de actuación y el exceso de arrogancia de este Gobierno.
Señorías, hoy hablamos de derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos que se establece en el artículo 43 de la Constitución española, de defender los valores y principios rectores en los que se basa
el Sistema Nacional de Salud y los principios básicos a los que responde la sanidad pública: universalidad, igualdad, no discriminación, accesibilidad, equidad, solidaridad y calidad. Son principios recogidos en las conclusiones de la Comisión de
Reconstrucción Social y Económica en el apartado de gobernanza de la sanidad y la salud pública, conclusiones que fueron aprobadas en la Cámara en julio de 2020, y sobre las que poco o nulo desarrollo por parte del Gobierno hemos tenido.
Centrándome en la atención sanitaria, la situación asistencial vivida durante los meses de más auge de la pandemia de la COVID-19 nos ha llevado a desarrollar en paralelo una crisis sanitaria que afecta a los principios básicos anteriormente
mencionados. Estamos hablando de personas que se han visto afectadas por el incremento en las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas, tratamientos, retrasos en los diagnósticos y atención de
pacientes de enfermedades como el cáncer o las cardiovasculares.
Señorías, el Sistema Nacional de Salud se ha visto sometido a un gran estrés. Hasta ayer mismo, se habían notificado 3 581 391 casos confirmados de COVID y 78 895 personas fallecidas, más de 100 000, según el exceso de mortalidad hasta
febrero. Hasta antes de ayer, había 8531 personas ingresadas en hospitales, 2331 en UCI, y les deseo a todos ellos una pronta recuperación. Estamos hablando de personas que, independientemente del lugar de España donde estén, de su edad, de su
sexo, de su condición social o nacionalidad, han sido contagiadas por este terrible virus. Permítanme también que agradezca el gran trabajo de todos los profesionales sanitarios y de los más de 140 000 que se han contagiado. Todos ellos se
encuentran hoy exhaustos tras más de un año de dedicación y sacrificio; ahora necesitan y reclaman que la prevención esté entre las prioridades del Gobierno porque es clave en materia de salud pública y que, además, el Ejecutivo no actúe tarde,
como hemos visto lamentablemente durante la pandemia.
El Gobierno ha generado situaciones de inseguridad y de falta de claridad en los criterios para el acceso al derecho constitucional de la asistencia sanitaria pública, inseguridad con sus propias normas jurídicas, como hemos visto con la
nueva Ley de la normalidad y la utilización de las mascarillas, inseguridad que también estamos viendo esta tarde, con esta toma en consideración de esta proposición de ley. O por otro lado, la ley que aparece recogida en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que el 2 de diciembre terminó el periodo de consultas públicas.
Señorías, hoy una vez más el Gobierno del Partido Socialista en Asturias y el Gobierno del Partido Socialista de España nos plantean un caos mediante dos proyectos de ley que en definitiva persiguen lo mismo. ¡Vaya papelón que tienen,
señores del Grupo Parlamentario Socialista! La seguridad jurídica no es lo suyo ni para los españoles ni para las comunidades autónomas. Los españoles ya le han abierto la puerta con los resultados electorales de la Comunidad de Madrid, le han
puesto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Velasco, por favor, termine, ya que ha terminado su tiempo.
La señora VELASCO MORILLO: ... una moción de censura sobre el Plan C del caos del señor Sánchez. Por eso les pido que apoyen el plan jurídico que les propuso el Partido Popular hace un año. Por estas razones... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señora Carcedo Roces.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, presidente.
Bienvenidos, parlamentarios de la Junta General del Principado, ese Parlamento tan entrañable donde yo también inicié mis pasos como parlamentaria, al igual que el señor Martínez Oblanca, pero, eso sí, en el Partido Socialista Obrero
Español.
Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer de corazón la iniciativa de la Junta General del Principado, aprobada, según su propio reglamento y según su Estatuto de Autonomía, de forma mayoritaria en el Parlamento de Asturias -?por
cierto, el señor Barbón no formaba parte en ese momento de la Junta General-, a los grupos parlamentarios que la configuran y de forma especial, muy especial, al señor Llamazares, un diputado muy conocido, muy querido y muy apreciado en estas Cortes
Generales y que se ha significado siempre por una defensa cerrada de la sanidad pública y singularmente por la recuperación de la universalidad y la eliminación de los copagos. Le agradezco su especial labor para que esta iniciativa hoy haya
llegado hasta aquí.
Arranca esta iniciativa, aunque los avatares de los reglamentos de las respectivas Cámaras y de las disoluciones diversas de legislaturas hayan hecho que llegara en este momento aquí, cuando han sucedido otras muchas cosas; era una
iniciativa entonces necesaria porque, como bien se relató aquí, todas las iniciativas que se registraban en esa dirección en este Congreso habían sido rechazadas sistemáticamente. Por tanto, se tomaron iniciativas también donde se pudo, en este
caso la iniciativa legislativa constitucionalmente reservada a las comunidades autónomas. Arrancan en un momento en que la situación sanitaria en nuestro país era una situación de una enorme preocupación por parte de quienes habíamos trabajado y
construido un Sistema Nacional de Salud tan universal y tan equitativo, y fue atacado, a nuestro modo de ver, de una forma que atacaba al núcleo propio de la definición del derecho a la asistencia sanitaria. Se sustituye el derecho de ciudadanía
por un derecho vinculado a prestaciones en relación con la Seguridad Social, y de ser un derecho de ciudadanía se convierte en una especie de asegurado o beneficiario, según te correspondiera. Por tanto, no solamente dejó excluida a una parte de la
ciudadanía que vivía y residía en nuestro país, sino que, además, atacó de forma frontal al concepto de derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria.
Efectivamente, la Ley General de Sanidad estuvo en el origen de la consolidación de este derecho constitucional, pero dándole una forma muy específica como derecho de ciudadanía y bajo los criterios de equidad, universalidad y calidad,
diseñando el Sistema Nacional de Salud para que ese derecho fuese efectivo para toda la ciudadanía con la creación de un sistema nacional de salud que perseguía la cohesión social y territorial. Estamos, por tanto, ante una de las políticas más
valoradas por la ciudadanía española -?si se repiten las reiteradas encuestas- y también por los profesionales, que sí, dieron la talla ahora,
pero también la dieron entonces, y aunque había personas excluidas de la asistencia los atendieron, a riesgo de lo que fuera, porque son profesionales sanitarios y atienden a cualquier persona que acuda a su consulta. Décadas de trabajo de
las administraciones sanitarias han hecho posible la creación de este Sistema Nacional de Salud que es, junto con el sistema de los Países Bajos, el más accesible de la Unión Europea, y me atrevería a decir del mundo. Solo el 0,1 % de las rentas
más bajas, del 20 % más bajo, manifiesta que sufre algún rechazo a la asistencia sanitaria; la media en Europa es del 3 %. Habíamos logrado un sistema muy accesible y muy equitativo, y con el real decreto mencionado reiteradamente aquí, el
16/2012, se ponían en riesgo estos dos criterios y estos dos fundamentos de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Estábamos ante una necesidad de revertir este real decreto que, por cierto, llegaba a esta Cámara -?y ni pudimos presentar enmiendas- produciendo cambios drásticos en un derecho tan básico como el de la asistencia sanitaria. Se daba la
paradoja de que ese real decreto llegaba a esta Cámara en el momento en el que Naciones Unidas estaba proclamando en la Asamblea General de 2012 el Programa de la Cobertura Sanitaria Universal, que instaba a los países miembros a que todos
garantizasen esa cobertura sanitaria universal. Esa era la realidad. En Asturias se puso en marcha la Agenda Social Asturiana y se aprobó esta iniciativa legislativa para revertir todas estas situaciones y que no hubiese impactos sociales ni
sanitarios en nuestra población.
Con el nuevo Gobierno -?fue citado aquí- una de las primeras medidas fue revertir esta situación con el Real Decreto-ley 7/2018, y la segunda medida más lesiva, de este real decreto de 2012, fue la de las barreras en el acceso a una
cuestión básica como es el medicamento. En los presupuestos generales de este año, de 2021, se han incorporado seis millones de personas a las que se elimina el copago, favoreciendo, por tanto, no solamente el acceso a la prestación, sino también
el acceso al medicamento. Son dos medidas fundamentales...
El señor PRESIDENTE: Señoría, su tiempo ha terminado
La señora CARCEDO ROCES: ... que caminan en la misma dirección que el decreto que nos trae... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ENFERMEDADES RARAS. (Número de expediente 162/000540).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre enfermedades raras. Para la presentación de la iniciativa
tiene la palabra el señor Navalpotro Gómez.
El señor NAVALPOTRO GÓMEZ: Buenas tardes.
Nuestro grupo trae a este Pleno una proposición no de ley similar a la aprobada en la Comisión de Sanidad en el pasado mes de marzo. La presentamos también aquí atendiendo a las reivindicaciones de las asociaciones de pacientes con
enfermedades poco frecuentes y de sus familias. Con esta iniciativa queremos seguir ayudando a difundir y sensibilizar a la sociedad española sobre los problemas de este colectivo, y la traemos con la intención de repetir el consenso alcanzado en
la Comisión de Sanidad, donde logramos aprobar la PNL por unanimidad. Hablamos de un colectivo formado por hasta tres millones de personas, personas que conviven con patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas, personas que ven
reducida su calidad de vida y la de su familia y que requieren de importantes esfuerzos para prevenir la morbilidad y la mortalidad temprana asociada a su enfermedad, personas cuyas enfermedades tienen casi siempre un difícil diagnóstico y un
tratamiento complicado y tardío. Actualmente solo el 10 % de las enfermedades raras tienen un buen tratamiento disponible.
Señorías, las enfermedades raras constituyen un enorme desafío para nuestro sistema de salud al obligarlo a atender enfermedades y tratamientos conocidos con enfermedades desconocidas. Por eso precisa de sus propios recorridos y
especificidades en el sistema sanitario. En este sentido, los Gobiernos socialistas siempre han estado comprometidos en intentar mejorar la situación de estos pacientes. Durante
el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero se puso en marcha el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y se crearon los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, los CSUR. A partir
de la creación de estos centros los enfermos tuvieron la oportunidad de ser atendidos en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia, de recibir atención de un equipo multidisciplinario y de ver garantizarse la continuidad
en la atención en distintas etapas de la vida del paciente y niveles asistenciales. Un poco más tarde, en 2009, también con Gobierno socialista, se dio un paso decisivo con la creación de la Estrategia en Enfermedades Raras. Era la primera vez que
un Gobierno impulsaba un plan específico para este colectivo. Esta estrategia incluía mejoras en la atención, prevención y detección precoz de estas enfermedades, la atención sanitaria y sociosanitaria, terapias e investigación, así como favorecer
la formación e información a profesionales y personas afectadas y sus familias.
Si bien esta estrategia se actualizó en el año 2014, hoy vemos que no es suficiente, hoy creemos que hace falta un nuevo impulso, y este nuevo impulso es necesario especialmente después de estos catorce meses de pandemia. En este tiempo
todo ha sido aún más difícil para los pacientes y sus familias. Muchos enfermos han tenido problemas en la atención de su patología, especialmente con las terapias, pero también en las pruebas diagnósticas, en las consultas con especialistas y en
las intervenciones quirúrgicas, lo que dificulta el tratamiento de su enfermedad, y a todo esto hay que sumar la incertidumbre añadida al desconocer los efectos y las secuelas que pueden tener con su enfermedad si contraen el virus. Compartimos con
las asociaciones de enfermos la necesidad de mejorar la atención sanitaria que reciben estos pacientes: hay que mejorar en la prevención y en el diagnóstico precoz, tenemos que proporcionar la atención adecuada frente las necesidades de los y las
pacientes en las distintas etapas de su enfermedad, tenemos que hacer un mayor esfuerzo en investigación y continuar con la mejora de la formación de los profesionales sanitarios, y tenemos que profundizar en el acceso, en términos de equidad, a los
tratamientos y el uso de terapias avanzadas; en definitiva, tenemos que hacer más.
Por ello, en esta PNL proponemos llevar a cabo un nuevo informe de seguimiento y evaluación de la Estrategia en Enfermedades Raras que sirva para valorar la necesidad de actualizar la estrategia de estas enfermedades, impulsar la Estrategia
en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud manteniendo las subvenciones a las comunidades autónomas para su adecuada implementación, y recuperar la dotación del Fondo de cohesión sanitaria en los presupuestos generales, impulsando la red de
centros, servicios y unidades de referencia, como se aprobó en la Comisión de Reconstrucción. Este Fondo de cohesión permite compensar los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada en los CSUR cuando hay desplazamientos entre comunidades
autónomas para los tratamientos sanitarios, pudiendo dar cobertura a todo el territorio nacional y atendiendo a todos los pacientes en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia. De ahí la importancia de recuperar la
dotación de este fondo con casi 34 millones de euros, que el anterior Gobierno dejó bajo mínimos; ello supone multiplicar casi por diez la cantidad destinada al mismo.
El Grupo Socialista apuesta por avanzar en la universalización y garantizar el criterio de equidad con los pacientes. Vamos a seguir avanzando en integrar las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma
efectiva, asegurando el acceso al diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de la enfermedad que padezcan. La pandemia nos ha permitido comprobar que la sanidad es una de las políticas públicas más importantes y más
equitativas. Por eso este grupo reafirma una vez más su compromiso con la sanidad pública. Por eso en el pasado año el Gobierno estableció un crédito extraordinario de 9000 millones para las comunidades autónomas destinado a reforzar el sistema
sanitario durante la crisis de la COVID-19. Por eso los presupuestos actuales dotan a nuestra sanidad con una inversión extraordinaria que multiplica por diez la del presupuesto anterior, un 40 % más si se excluyen los fondos europeos. Y por eso
hoy presentamos esta proposición no de ley. Confiamos en que el resto de los grupos se sumen a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace unos instantes debatíamos sobre la universalización de la prestación sanitaria y con esta iniciativa parlamentaria que ha defendido el señor Navalpotro se pretende un avance para la integración de aquellas necesidades de las
enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma efectiva, y lo hace, además, con una llamada a la garantía para acceder al diagnóstico y el tratamiento de todas las personas, independientemente de la enfermedad que
padezcan, y todo ello de acuerdo a criterios de equidad. Es una línea acertada, porque es conocido que la baja prevalencia de estas patologías genera ausencia o retraso en el diagnóstico, y, por lo tanto, en su tratamiento, a la par que persisten
los problemas de información sobre cuidados y ayudas técnicas, y escasez de atención sociosanitaria adecuada.
Es cierto que en España se ha realizado un esfuerzo notable en lo que va de siglo para ampliar la atención a las patologías de baja prevalencia, pero siempre será un reto para las administraciones públicas la mejora y la ampliación de las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud y del número de centros, servicios y unidades de referencia. En esa línea va el contenido de esta proposición no de ley del Grupo Socialista, a la que he presentado una enmienda de adición sobre uno de los
aspectos en los que resulta necesario incidir cuando hablamos de enfermedades raras. Me refiero a los denominados medicamentos huérfanos, que son los productos que no suscitan el interés de la industria farmacéutica porque su comercialización va
destinada al diagnóstico, la prevención o el tratamiento de un muy pequeño número de pacientes, lo que afecta con especial incidencia a aquellos que sufren una enfermedad rara con riesgo vital o son muy graves.
Es una cuestión de rentabilidad económica; las compañías farmacéuticas no se dedican a elaborar estos productos porque tienen una bajísima salida comercial y, por tanto, no reciben su amparo -?de ahí la denominación de huérfanos-. De
hecho, la propia Comisión Europea está impulsando una nueva estrategia farmacéutica europea para desarrollar el nivel de competitividad en materia de innovación biofarmacéutica comunitaria y mejorar aspectos como es el caso del acceso de los
pacientes al medicamento, algo que tiene como efecto secundario, valga la expresión, la merma de incentivos a la I+D, que fueron decisivos para medicaciones que combaten enfermedades poco frecuentes.
Ante este riesgo de ver reducidos estos estímulos, he presentado una enmienda con la que pretendo que el Pleno del Congreso también inste al Gobierno a que aplique incentivos económicos y fiscales que animen a las farmacéuticas a investigar,
desarrollar y comercializar este tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras. En la Unión Europea una designación huérfana ya permite beneficiarse de incentivos como tarifas reducidas y protección frente a la competencia una vez
que el medicamento se comercializa. Sin embargo, en España hay espacio para reforzar este impulso en favor de los pacientes de este tipo de enfermedades. En este sentido, valga el dato de que solo el 5 % de las más de 6500 enfermedades raras
diagnosticadas en todo el mundo cuentan con tratamiento y que muchas son desconocidas y no tienen diagnóstico, de ahí la importancia de las labores de estudio e investigación, que en muchas ocasiones tienen que ser impulsadas por los propios
afectados tanto en la búsqueda de científicos que se impliquen en líneas investigadoras como en la búsqueda de fondos y de financiación para acometerlas.
No quisiera desaprovechar mi paso por la tribuna en relación con este asunto sin referirme a la necesidad de que se busquen soluciones para atender convenientemente los desplazamientos que deben realizar los afectados por este tipo de
enfermedades a los centros, servicios y unidades de referencia para recibir atención especializada sobre su patología, desplazamientos que en muchos casos son muy largos tanto en distancia como en tiempo, con el consiguiente desgaste personal y
familiar.
Nada más, señor presidente. Estamos ante una buena iniciativa parlamentaria que respaldaré con mi voto, si bien creo que puede ser muy enriquecida con las diferentes enmiendas presentadas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
¿De qué estamos hablando? Una enfermedad rara es la que afecta a menos de cinco personas por cada cien mil habitantes. Son unas siete mil dolencias, que se presentan de forma aislada, pero que afectan a tres millones de personas solo en
España y a un 7 % de la población mundial. Es decir, ser
paciente de una enfermedad rara es mucho más común que la dolencia que sufre. Los afectados por una enfermedad de estas características sufren por dos motivos principales, además de la dolencia en sí, y los voy a describir de forma
temporal, basándome en los datos que facilita la Federación Española de Enfermedades Raras. El primero es por tener algo durante un tiempo que no se sabe lo que es: padres que no saben lo que le pasa a un hijo, que normalmente además sufre;
personas que desarrollan síntomas de algo para lo que nadie les da una explicación, a veces hasta durante diez años -?el diagnóstico tarda mucho, la media es de cuatro años, si bien el 20 % de los pacientes ha tenido que esperar diez años para que
alguien les explique lo que les ocurre-, y, además, mientras esperan este diagnóstico, no hay tratamiento ni apoyo de ningún tipo, a veces por la confusión o por no saber que se tiene un tratamiento inadecuado, de modo que también sucede muchas
veces, en el 31 % de los casos, que cuando se da el diagnóstico la situación es mucho más grave que cuando comenzó la dolencia o se detectó. El segundo motivo de este sufrimiento es que, una vez que conocen la patología que padecen, resulta
enormemente costoso el tratamiento y las atenciones. Normalmente son los padres los que se hacen cargo de estos costes, en el 60 % de los casos; en un 30 % de las veces es la pareja, y en un 10 % son los hijos los que se hacen cargo de sus padres
enfermos. Los costes tienen una media de 320 euros mensuales, y no hace falta que les diga lo que esto supone para la mayoría de las economías familiares españolas. Los gastos son de muchos tipos; tienen que pensar en medicamentos, tratamiento,
ortopedia, transporte, asistencia personal o adaptaciones de la vivienda. Pero uno de los orígenes principales de los gastos que tienen las enfermedades raras son los desplazamientos a los CSUR, a los centros de servicio y unidades de referencia,
que están repartidos de forma bastante dispar en la geografía española y que muchas veces suponen que tengan que desplazarse y alojarse lejos de sus hogares tanto el paciente como quienes les cuida.
La fragmentación del Sistema Nacional de Salud dificulta el tratamiento de las enfermedades raras y además hace que sea muy dispar, muy desigual el tratamiento a seguir dependiendo de en qué zona de España viva el enfermo y su familia. Solo
el 5 % de las enfermedades raras tienen tratamiento y solo el 48 % de los fármacos descubiertos y que son eficaces contra estas dolencias están disponibles en España. Tengan en cuenta las afirmaciones que ha hecho aquí el bueno del señor Martínez
Oblanca con respecto a los medicamentos huérfanos. En el caso de las enfermedades raras este es uno de los paradigmas de la desigualdad territorial en materia sanitaria, por esta dispersión de los CSUR que les digo. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué
hemos propuesto en nuestras enmiendas? Además de apostar de forma decidida por la investigación -sabemos que las investigaciones nunca son aisladas, lo que se descubre en la de una enfermedad rara siempre acaba revirtiendo en beneficio de otra en
distinta materia-, defendemos que hay que actualizar la Estrategia de Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud, que es de 2014 pero que rápidamente queda obsoleta; proponemos la formación de profesionales de atención primaria sobre las
enfermedades raras y mejorar su colaboración con los especialistas de estos CSUR a los que he hecho referencia; proponemos evaluar la dotación y la distribución de los CSUR para asegurar la equidad en todo el territorio nacional; proponemos
compensar los gastos de desplazamiento y alojamiento de quienes tienen que viajar a los CSUR; contemplar la reducción de la jornada de aquellas personas que tienen que hacerse cargo de un familiar que sufre una enfermedad de estas características;
asegurar la financiación adecuada para la investigación, como les he dicho, y, para terminar, un reconocimiento de esta Cámara de forma expresa a quienes sufren una enfermedad rara y a los familiares que los cuidan. Esto es cosa de todos. No
obstante, si bien les pido que acepten nuestras enmiendas, les adelanto el voto a favor del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Compromís ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, fruto también de una PNL que nosotros mismos registramos hace unas semanas. Es una enmienda que nosotros consideramos que va al grano, a lo importante, a lo urgente, a lo de
ahora, y es que se priorice en la vacunación a las personas con enfermedades raras que comporten una especial vulnerabilidad frente a la COVID-19, especialmente a aquellas personas que sufren alteraciones cardíacas o de la función respiratoria, y
además que, junto a
la Federación Española de Enfermedades Raras, se estudie qué patologías dentro de estas enfermedades suponen un riesgo añadido, ya sea por razones de salud o aislamiento social. Es lo que están haciendo ya varios Estados de la Unión
Europea, estableciendo prioridades para grupos específicos, para pacientes que sufren estas enfermedades raras, como en el caso del país vecino, Francia.
Celebramos la priorización aprobada en el consejo interterritorial del pasado mes de marzo de vacunas para las personas trasplantadas, para quienes tienen enfermedad renal crónica con diálisis y pacientes oncológicos o con inmunodepresión,
pero creemos que ahora podemos dar un paso más e instamos a dar continuidad a este paso e iniciar la vacunación prioritaria a este colectivo de pacientes con enfermedades raras y a sus cuidadores. Anunciamos además que, con independencia de que se
acepte o no nuestra enmienda, que consideramos razonable y que se podría aprobar muy fácilmente, votaremos a favor de la PNL.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Cañadell Salvia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, president.
Las enfermedades raras o minoritarias, por su complejidad y falta de conocimiento científico, suelen ser de difícil diagnóstico y tratamiento. En muchos casos, tal como explica la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, el poco
conocimiento en relación con estas enfermedades hace que la toma de decisiones por parte del sistema de salud sea inadecuada. Asimismo, los enfermos se ven afectados por un sinfín de dificultades: pobre coordinación entre la atención hospitalaria
y la externa, autonomía reducida, falta de información y orientación profesional competente, dificultades de integración en el entorno laboral, social y familiar.
Para mejorar la calidad y la esperanza de vida de los ciudadanos que sufren enfermedades de esta índole es necesario promover la investigación en el desarrollo de tratamientos y diseñar un planteamiento conjunto en el campo de las políticas
de salud pública. Tenemos un sistema de investigación pública en salud que es de excelencia, pero a la vez es muy frágil porque suele estar supeditado a convocatorias públicas competitivas que resultan insuficientes, sin recursos humanos
consolidados y muchas veces desconectadas de la aplicación práctica.
Desde el PDeCAT, para garantizar la sostenibilidad del sistema y estimular la innovación, defendemos aumentar la financiación per cápita en investigación y desarrollo, apostar por la triada asistencia-docencia-investigación y por la
colaboración público-privada.
Por todo lo expuesto, votaremos a favor de esta proposición de ley, sin dejar de recordar al Grupo Socialista que está en la mano del Gobierno aumentar los fondos destinados a la investigación biomédica, así como revisar y evaluar la
Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, tal como viene reclamando desde hace años la Federación Española de Enfermedades Raras.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya por delante nuestro apoyo, el apoyo del Grupo Parlamentario VOX, a todas las personas y familias que sufren una enfermedad rara, a todos esos que pasan por el calvario de la incertidumbre, de la falta de investigación, de la falta de
apoyos; a esas madres que sufren porque no tienen un diagnóstico temprano para sus hijos y, sobre todo, a aquellos para los que ese diagnóstico tardío hace que se les haga muy tarde; a todas esas personas que saben lo que son horas y horas de uci,
de tubos y de cables, de dudas y de brazos vacíos. Quiero acordarme especialmente, además, de Manuel, síndrome de Angelman, y de su maravillosa familia y su maravillosa lección; quiero acordarme de los que tienen síndrome de Moebius, síndrome de
Prader-Willi; quiero acordarme del síndrome de Marfan, de la esclerosis lateral amiotrófica y de la batalla tan valiente que está librando Jordi Sabaté (aplausos); del sufrimiento de los quinientos niños en España que sufren la piel de mariposa,
tan horrible, que hace que tengan que estar vendados día y noche, que tengan que invertir sus cuidadores tres horas en vendarlos todos los días, y que nuestro sistema, nuestra Seguridad Social no les cubra ni siquiera el material que necesitan para
las
curas; quiero acordarme del melanoma familiar, del mal azul, de todos aquellos que sufren otras enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes, colangitis biliar primaria, el síndrome de -lo voy a decir fatal- Sjögren, que la que lo sufre es
mi ídolo; de los cardiópatas, de todos aquellos que han salido adelante y de los que no han podido hacerlo porque su corazón no ha seguido latiendo.
No obstante, quiero también resaltar que esta escena, esta proposición no de ley no deja de ser una hipocresía, porque tenemos a un Partido Socialista que insta al Gobierno del Partido Socialista a apoyar a las personas con enfermedades
raras. Señorías del Partido Socialista, no sé si ustedes nos toman el pelo, porque, cuando ustedes quieren financiar un estudio sobre el género no binario, lo hacen; cuando quieren financiar la visibilidad lésbica en Gambia, lo hacen (aplausos);
cuando ustedes quieren hacer talleres y campañas de masculinidad tóxica, lo hacen; cuando quieren reformar hoteles de menas, ustedes lo pagan y ponen esos 80 000 euros en los presupuestos generales del Estado. Cuando quieren hacer algo, utilizan
los presupuestos generales del Estado y el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, estamos enfrentándonos aquí a un cuento que cuentan ustedes a las asociaciones, a la Federación Española de Enfermedades Raras, a las familias que tanto lo
necesitan; por lo tanto, una gigantesca mentira.
La realidad es una emergencia social, como tantas otras, pero una emergencia especialmente grave porque un paciente espera una media de cuatro años para el diagnóstico -?en algunos casos, diez años, que hacen que se agrave irremediablemente
la enfermedad-, porque la mitad de los pacientes no tienen cubiertos los costes de los productos sanitarios que necesitan para su enfermedad rara, porque el 15 % utiliza medicamentos huérfanos, que, como bien ha dicho el compañero de Foro Asturias,
son la gran trampa de las enfermedades raras; esos medicamentos por los que no está apostando el Gobierno de España, porque un 52 % de los medicamentos huérfanos aprobados por Europa no se han aprobado en España. Urge una financiación acelerada y
un apoyo a los medicamentos huérfanos. (Aplausos).
Señorías, el 17 % de los pacientes no tienen medios para desplazarse a los hospitales y a los especialistas que necesitan. Señorías, ¿podemos prescindir de un observatorio para poder pagar a esta gente que necesita acercarse a los centros
de referencia? Esta es una emergencia social que necesita de medidas de apoyo urgentes, que necesita medidas valientes, que necesita Boletín Oficial del Estado y presupuestos generales, que necesita una coordinación nacional, que necesita apoyar y
financiar urgentemente la dependencia. No puede ser que todas estas personas que sufren una enfermedad, que necesitan de otra persona, que son dependientes no tengan financiación o se enfrenten a burocracias de dos y tres años antes de tenerla.
Señorías, ustedes se indignan cuando nosotros decimos que el Estado invierte 4700 euros en una plaza de mena al mes y, sin embargo, no se escandalizan cuando las ayudas por dependencia no dan ni para comprar en la farmacia. Señorías, ¡esta es su
hipocresía! (Aplausos). Pero, frente a ese ataque...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado. Muchísimas gracias. Gracias por todo. (La señora De Meer Méndez continúa hablando). Señoría, su tiempo ha terminado. Gracias. (Aplausos de las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ÁNGULO ROMERO: Gracias, presidente.
Señores del PSOE, efectivamente, traen una iniciativa que fue aprobada ya, lo que nos ha sorprendido un poco, pero en cualquier caso tratar la situación de las personas con enfermedades raras siempre nos parecerá oportuno, máxime con el
empeoramiento sufrido este año. Son enfermedades que afectan en España a 3 millones de personas, que viven con grandes dificultades para conseguir un proyecto de vida normal. Las familias se enfrentan, primero, a la dificultad para conseguir un
diagnóstico y, después, al acceso a tratamientos eficaces. Feder señala que el 20 % de los pacientes tardan diez años en lograr un diagnóstico y, mientras, no reciben apoyo ni tratamiento. En 2014 el Ministerio de Sanidad actualizó la Estrategia
Nacional de Enfermedades Raras, que abordaba la detección precoz, atención sociosanitaria, terapias, investigación, porque si hay algo primordial para estas enfermedades es la investigación. Por eso, exigimos al Gobierno que cumpla el mandato de la
Comisión de Reconstrucción de dedicar el 2 % del PIB a la investigación también en el sector salud. Porque mucho nos tememos que la bajada de la inversión para la sanidad pública anunciada en el plan enviado a Europa, destinando solo un 1,5 % de
los fondos europeos, sea una oportunidad perdida para el necesario refuerzo de nuestro sistema tras la pandemia.
Ustedes, mucho hablar de sanidad pública, pero cuando pueden dedicarle recursos extraordinarios, nada de nada. Es una inversión muy necesaria para impulsar la red de CSUR, garantizando su sostenibilidad con financiación específica del Fondo
de Cohesión, su integración en las redes europeas de referencia, que inició el Gobierno del Partido Popular en 2016, y con ello la equidad en el acceso a los tratamientos de todos los pacientes, vivan donde vivan en España. Como importante es
reforzar el Registro de Enfermedades Raras, también creado en 2015, aprobando ya un registro único que abarque todas las enfermedades raras. Y es prioritario, como han dicho otros portavoces, avanzar en modelos innovadores para el acceso a los
medicamentos huérfanos, reduciendo el plazo de autorización, como ha hecho Alemania o como hizo el Gobierno del Partido Popular en 2017 con los medicamentos innovadores, mediante acuerdos basados en riesgo compartido o pago por resultados. Porque
hoy solo el 44 % de los autorizados en España se comercializan en España.
Y a esta difícil realidad se suma la COVID, que ha supuesto que el 94 % de estos pacientes hayan visto mermada su atención. Por eso, nuestra enmienda pretende arrancar del Gobierno un compromiso verdadero con las personas que sufren
enfermedades raras, actualizar la estrategia nacional en consenso con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y los pacientes y en cooperación con la industria tecnológica y farmacéutica, dando un impulso decidido a la I+D+i. Porque,
señorías, si algo hemos aprendido de esta crisis sanitaria es que el trabajo compartido y la colaboración público-privada permite optimizar recursos y desarrollar tratamientos en tiempo récord. Y hay que recuperar ya la atención sociosanitaria,
vital para la evolución de estas patologías, muy afectada este año. Una atención que ha sido suplida por las familias y las asociaciones como Feder, a quienes hoy volvemos a reiterar nuestro reconocimiento. Familias en constante lucha para saber
qué tienen sus hijos y encontrar un tratamiento, lo que les lleva muchos años y mucho sufrimiento y por lo que pedimos que se facilite su participación en la toma de decisiones.
Para el Partido Popular las personas con enfermedades raras siempre fueron y serán una prioridad, y así lo demostramos en nuestra acción de gobierno. Personas -?vuelvo a mencionar- como Mencía, una niña de Zafra con síndrome KAT6A,
enfermedad con consecuencias degenerativas físicas y psíquicas, de la que apenas hay veinte casos en España, por lo que la investigación y la posibilidad de conseguir tratamiento son hoy muy escasas. Conozco el sufrimiento de su familia, y por
ellos y por la responsabilidad que siempre ha manifestado el Grupo Popular, volveremos a alcanzar un acuerdo con ustedes para sacar adelante esta iniciativa. Pero también por ellos y por el resto de los españoles, le exigimos al presidente Sánchez
que salga de su búnker, que escuche a los expertos y la propuesta de Pablo Casado para luchar contra la pandemia y salvar vidas (aplausos), porque el virus sigue ahí. ¿No les parece ya que por su irresponsabilidad y por su negligencia -?por qué no
decirlo- se han perdido ya demasiadas vidas en este país? A nosotros sí y a los españoles también; escúchelos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenas tardes.
No voy a repetir muchos de los datos que se han estado dando sobre la multitud de problemas que se están acumulando en las familias y en los pacientes, datos que nos están dando y nos han dado las asociaciones de familiares y personas
afectadas de enfermedades raras, porque lo que hay que hacer precisamente es el reconocimiento de estas asociaciones, que son las que han estado durante todos estos años dando respuestas en la medida de lo posible a estas problemáticas, en lo
social, en la búsqueda incluso de investigación, de financiación, etcétera. Son las que han estado llevando todo el peso y a las que les está correspondiendo gran parte de esta carga. Por eso estamos aquí hablando de ello, en gran parte por la
presión que estamos recibiendo todas las formaciones políticas de estas asociaciones. Y de esas asociaciones, de los casos y de las situaciones que conocemos, hemos recogido precisamente lo urgente que es redoblar los esfuerzos para poder responder
a esas necesidades de apoyo social, investigación, diagnóstico y de tratamiento. Porque estamos respondiendo a una paradoja: son enfermedades raras, cada enfermedad afecta a un número muy limitado de personas; sin embargo, no es raro que en una
familia alguien pueda padecer una de estas enfermedades; esa es la terrible paradoja, la dispersión de la enfermedad, la dispersión a la hora de buscar respuestas.
En nuestra comunidad autónoma o en Navarra tenemos casi 10 000 personas registradas, otras tantas están sin registrar. Los problemas se acumulan y, como digo, no voy a citarlos uno tras otro, pero sí quiero
centrarme en una cuestión que yo creo que todavía no se ha tocado aquí, y es una lección que hemos aprendido o que hemos tomado precisamente de lo que ha sido la lucha contra la COVID. Hemos comprobado que para luchar contra la pandemia era
fundamental la colaboración internacional en la investigación, en la consecución de las vacunas y en la negociación con los laboratorios, cosa que a veces no se ha podido llevar a cabo como debiera haberse hecho, pero sí ha quedado muy claro que
cuando se da una prioridad internacional a una cuestión, cuando en una cuestión coincidimos diferentes países, diferentes continentes, es posible avanzar y es más fácil encontrar resultados. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso mismo con las
enfermedades raras? Los avances serían enormes y no solamente para estas enfermedades, sino también para otros campos de la medicina, especialmente en la genética. Además, tenemos que hacer algo y es algo más de lo que se está diciendo aquí, algo
más que avanzar en el modelo de redes europeas de referencia; tenemos que ir más allá. Por eso, la petición que quiero hacerle al Gobierno -?queremos hacer hincapié en ella- es que se impulse por parte del Gobierno, en las instancias europeas e
internacionales, iniciativas encaminadas a reforzar las estrategias para la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras, y a corto plazo también se debe facilitar a escala europea el acceso a los medicamentos huérfanos.
Para que un buen medicamento sea útil tiene que estar disponible y ser asequible. Eso, con los medicamentos huérfanos, no está ocurriendo, y no está sucediendo por distintos factores. Primero, sí existe una coordinación europea a la hora de
designar un medicamento huérfano. El protocolo de asistencia y la autorización de comercialización pertenecen y están en procedimientos coordinados centralizados; sin embargo, la evaluación del poder terapéutico, el precio, el reembolso, el pago y
la negociación de estos productos innovadores son cuestiones que están quedando en manos de los Estados miembros. En el caso de la evaluación del poder terapéutico o la negociación con las empresas, cada Estado negocia por separado, y eso es lo que
está produciendo un alza en los precios y una falta de control. Es necesario -?por eso recalco esta petición- que se impulsen estrategias europeas comunes, y repito la importancia de la farmacia pública.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente a todos.
Señor Navalpotro, nos trae una iniciativa que, como usted bien ha dicho, ha sido objeto de debate en reiteradas ocasiones en la Comisión de Sanidad. Hoy mismo las y los miembros de la Comisión de Sanidad hemos tenido oportunidad de
participar en una comparecencia de Feder, la federación que está trabajando para apoyar este camino solitario, tortuoso y que muchas veces, probablemente, siente que es de absoluta orfandad. Posiblemente, a todas las personas, aun intentando hacer
un ejercicio de empatía, nos costará mucho comprender qué es vivir este tipo de enfermedades. Por lo tanto, lo mismo que esta mañana en la comparecencia de Feder, en nombre de mi grupo traslado nuestro apoyo a las personas afectadas, a sus entornos
y a todas las asociaciones y federaciones que hacen tanto esfuerzo para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes.
En tres minutos y cuarenta segundos de que dispongo, si tuviera que destacar alguno de los ejes de intervención, desde luego destacaría la investigación, el diagnóstico precoz y la coordinación interinstitucional e intersectorial. En cuanto
a la investigación, en el caso de Euskadi existe una Estrategia de Especialización Inteligente, y uno de los ámbitos de especialización, en el que se trabaja la investigación, el desarrollo y la innovación, es el de biociencia salud. En esa
estrategia se está trabajando, desde el ámbito profesional y en colaboración también con Feder, en distintas mejoras en el ámbito del desarrollo para hacer diagnósticos precoces y también en el ámbito de los medicamentos huérfanos.
El segundo eje es, indudablemente, el diagnóstico precoz. Esto se consigue, al menos, con dos cuestiones. En primer lugar, con el registro de enfermedades raras. El señor Ruiz de Pinedo, que ha intervenido anteriormente, ha dado una cifra
y ha dicho que hay más o menos unas 7000 personas en Euskadi y en Navarra, y me preguntaba mi compañero Barandiaran sobre esos datos. Estos datos se conocen gracias al Registro de Enfermedades Raras que existe en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
que realiza ese esfuerzo de obtener los datos de todos los casos de las personas que están afectadas. Hay un dato muy importante, y es que son casi 7000 personas y más de 700 patologías. Háganse ustedes una idea de qué poca incidencia, de qué
prevalencia existe de estos casos. Por tanto, es muy importante contar con ese registro de personas con esas enfermedades raras.
En segundo lugar, es muy importante mejorar la información que se da a los centros de salud, a atención primaria y a urgencias, porque no tienen información sobre las distintas patologías y es absolutamente necesario que dispongan de la
misma para poder detectar. Asimismo, hay que proporcionarles información sobre los CSUR, los centros, los servicios y las unidades que tienen y atienden desde la excelencia y el conocimiento, porque aúnan todo ese conocimiento en relación con cada
de ellas para que puedan dirigir bien a las personas afectadas.
En tercer lugar, hablábamos del enfoque global, desde una visión de coordinación interinstitucional e intersectorial y, desde luego, con una vocación transfronteriza, insistimos, por la baja prevalencia. Lo importante es que existan centros
de referencia, unidades y servicios con mucha calidad y que exista un mapa. Esto lo permite, por ejemplo, la directiva europea, la Directiva transfronteriza en cuanto a atención sanitaria. Hablamos también de una visión intersectorial, porque las
personas que tienen este tipo de enfermedades, sobre todo en edades tempranas, pero también en personas mayores, tienen necesidades de un abanico sectorial muy amplio: sociales, socioeducativas, laborales. Es importante darles un enfoque global.
La iniciativa es buena y recurrente, y creo que todos podemos apoyarla, salvo en algunos aspectos relativos a ámbitos competenciales, en los que veremos cómo llegamos a un acuerdo, pero nuestra vocación es apoyar la iniciativa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidente.
Antes de entrar en materia, y sin ánimo de querer abrir ningún debate conceptual, simplemente quisiera indicar que nos chirría el calificativo de enfermedades raras; de hecho, una enfermedad no es rara, en todo caso sería más correcto
hablar de enfermedades minoritarias o enfermedades poco conocidas. Supongo que se utiliza ese término por algún acuerdo conceptual, y simplemente quería indicarlo. En Cataluña hablamos en muchas ocasiones de enfermedades minoritarias, que es
realmente el problema de que se trata. De hecho, son enfermedades con una prevalencia muy baja, inferior a 1 por 2000 habitantes, pero en realidad hay muchísima gente afectada por algunas de ellas y, como ya se ha dicho aquí, son más de 700
enfermedades de difícil diagnóstico. Por tanto, es un reto. Un 7 % de la población mundial -?vuelvo a repetir- puede estar afectada por una enfermedad minoritaria. En el Estado español se han contabilizado cerca de 3 millones de personas.
Repito datos que se han proporcionado y que creo que es importante conocer. Si a esto le sumamos dificultades tanto en el proceso diagnóstico como en el tratamiento, así como el nivel de cronicidad en su gran mayoría, todo ello lo convierte en un
problema de salud pública importante, con una elevada complejidad asistencial y, por tanto, en todo un reto para lo que sería el sistema sanitario.
Por otro lado, celebramos poder empezar a tratar cuestiones que no se limitan solo a la pandemia, sino a otros temas que con la crisis sanitaria han quedado relegados o pospuestos. Por tanto, es importante empezar a plantear temas
vinculados con la salud, que durante este periodo de pandemia han quedado de alguna manera silenciados. Evidentemente, la situación de vulnerabilidad de este colectivo se ha visto agravada con la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.
Precisamente la pandemia ha comportado un retroceso en la atención, por su complejidad en el tratamiento y por la necesidad de una regularidad en su tratamiento. Por ello, durante el confinamiento se ha visto distorsionado ese tratamiento. En
numerosos casos ha supuesto un empeoramiento incluso de la salud de los afectados por no poder seguir esos tratamientos. Como hemos dicho, son enfermedades poco frecuentes, sí, pero con un gran impacto para las personas que las sufren y, como se ha
dicho también, para su entorno más próximo. Precisamente los costes del tratamiento suponen para muchas familias una sobrecarga que se suma al drama socioeconómico sobrevenido a muchas de ellas por la nueva crisis económica y social. Por tanto,
hay un componente social que creo que también se ha de tener en cuenta en estos momentos.
Recordemos que los y las principales cuidadoras informales son una pieza clave para proteger a los más vulnerables. Por eso en Cataluña hemos incorporado en nuestra estrategia de vacunación a las cuidadoras y cuidadores de las personas
afectadas por enfermedades minoritarias. Lo veíamos como una de las prioridades. Es evidente que, ahora que nos vemos afectados por una pandemia y una crisis socioeconómica derivada, es indispensable que desde el sistema de salud se tengan en
cuenta los
diferentes niveles de vulnerabilidad que afectan a este colectivo, la salud y el componente socioeconómico que rodea al afectado.
No quisiera terminar sin antes señalar un aspecto que para nuestro grupo es fundamental: la ineficacia de una parte de los circuitos actuales de reconocimiento de centros, servicios y unidades de referencia. La Comisión Europea puso en
marcha en 2016 la primera convocatoria para acceder a las Redes Europeas de Referencia (ERN) en enfermedades minoritarias y complejas. El objetivo de las ERN es unir los esfuerzos y compartir el conocimiento de los mejores especialistas que hay en
Europa para hacer frente a las condiciones médicas complejas o poco frecuentes que requieran la atención de alta especialización y concentración de conocimientos y recursos. Para ser miembro de una ERN se debe cumplir una serie de requisitos
establecidos por la propia Comisión Europea, pero además el Ministerio de Sanidad y Consumo debe avalar las solicitudes recibidas para formar parte de estas redes. Ese aval en el Estado español pasa por tener una designación CSUR, centros,
servicios y unidades de referencia. Esto supone muchas veces que el CSUR, el centro solicitante, además ha de ser en la materia área de conocimiento similar al objeto de la ERN. Eso supone un importante cuello de botella, porque hay muchas áreas
de experiencia que no están abordadas por el procedimiento CSUR y, por tanto, muchos centros que cumplen con los criterios europeos de calidad y experiencia no pueden acceder a las ERN, ya que no hay ningún organismo del Estado español capacitado
para suscribir el aval. Por ese motivo, centros de gran relevancia y excelencia y reconocimiento internacional quedan fuera de estas redes. Es un tema que no podemos dejar fuera de lugar y, por tanto, en todo caso son propuestas de reforma en
profundidad que entendemos deberían incluirse en el marco y el desarrollo de nuevas medidas encaminadas a mejorar la atención de los afectados por enfermedades minoritarias, un colectivo vulnerable que, hoy por hoy, se siente muchas veces
desamparado por las administraciones y que necesita ver realmente avances, no simplemente hablar sobre el tema.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.
Según datos de Feder, la Federación Española de Enfermedades Raras, en España hay 3 millones de personas que padecen estas enfermedades. Son patologías de difícil diagnóstico para las que muchas veces no hay tratamiento y conllevan
múltiples visitas a médicos hasta que tienes un diagnóstico, y después empieza el calvario. En Unidas Podemos siempre hemos defendido en primer lugar la formación para los profesionales, para poder detectar o por lo menos sospechar a tiempo la
existencia de la enfermedad. También ayuda a acortar el tiempo para el diagnóstico la buena coordinación en el sistema sanitario entre la atención primaria y el hospital. Pero es vital el Fondo de Cohesión, que fue dotado al finalizar las
transferencias sanitarias, pero que paulatinamente fue disminuyendo en la cantidad, hasta que en 2016 el Gobierno del Partido Popular lo dotó con cero euros. En los presupuestos actuales esta cifra es de 37 millones de euros. Esta dotación
económica facilitará la atención de las personas con dudas diagnósticas o ya diagnosticadas, pero que necesitan acudir a los CSUR, es decir, a los centros, servicios y unidades de referencia con una cierta facilidad.
Hay otra cuestión que es crucial, y es la investigación de los fármacos para las enfermedades raras. La industria farmacéutica no investiga fármacos de los que obtiene baja rentabilidad. Como dice el mantra neoliberal que tanto le gusta a
la señora Merkel, al señor Macron y a nuestra derecha, sin beneficios no hay innovación. Por este motivo, los Gobiernos financian la industria farmacéutica para que investigue medicamentos para las enfermedades raras, les asegura la compra de los
productos y después les paga cifras extraordinarias para que el beneficio sea también extraordinario. La industria farmacéutica se enriquece a costa de los pacientes con enfermedades raras sin ninguna contemplación. Les voy a poner dos ejemplos de
fármaco ultracaro; son dos fármacos para la enfermedad llamada atrofia muscular espinal y son fármacos efectivos, ¡ojo!, los pacientes los necesitan: Spinraza, 70 000 euros la dosis; Zolgensma, la primera terapia génica para la enfermedad
neuromuscular, doble precio. Hay un gran porcentaje de inversión pública en la investigación básica y sin ella no habría resultados para el capital privado, que no invierte en investigación básica. Además, se financia la industria de manera
directa, indirecta mediante exención de impuestos y mediante compras anticipadas. Las farmacéuticas no corren riesgos. La
propiedad de la patente, además, les permite el control de la producción y de la distribución, en un proceso absolutamente falto de transparencia.
Creemos que las asociaciones de pacientes son conscientes del precio desorbitado de estos medicamentos y son conscientes de cómo esas empresas se enriquecen a su costa. Estos precios pueden poner a los Gobiernos de algunos países contra las
cuerdas.
Los pacientes con enfermedades raras merecen ser atendidos dentro del sistema sanitario público como cualquier persona. Debemos investigar esas enfermedades y tratarlas si es posible, y estas asociaciones deberían demandar a los Gobiernos
la creación de una industria pública farmacéutica bien financiada, que investigue y produzca medicamentos con verdadero valor añadido, que investigue tratamientos para las enfermedades raras y cuyo único objetivo sea el beneficio público y no el
enriquecimiento de empresas farmacéuticas que nos tienen como rehenes, como han demostrado con las vacunas.
Toda la población, y en especial los pacientes con enfermedades raras, necesitamos una industria farmacéutica pública bien financiada. Ya está bien de dedicar gran parte de nuestro producto interior bruto a enriquecer a la industria
farmacéutica cuando ese PIB lo podríamos dedicar a beneficiar realmente la salud de todos. Por eso, pido a los miembros de esas asociaciones de enfermedades raras que se unan a esta petición, porque es la única solución.
Votaremos a favor de la proposición del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señor PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Medel.
¿Acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor NAVALPOTRO GÓMEZ: Estamos negociándolas.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias. Cuando tengan el texto, facilítenlo a la Mesa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A EVITAR MEDIDAS DE CONTROL DE PRECIOS DEL ALQUILER Y DE PENALIZACIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE LA VIVIENDA DESOCUPADA. (Número de expediente 162/000607).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Esteban Calonje.
La señora ESTEBAN CALONJE: Gracias, señora presidente.
Señorías, millones de españoles están preocupados por el mero hecho de tener una vivienda en propiedad, y no me extraña: control de los precios del alquiler, expropiación de la vivienda a las familias para destinarla a alquiler social,
ataque a la propiedad, penalización de la vivienda vacía, amparo a la okupación. No, no es la Cuba comunista ni la antigua Unión Soviética, ni siquiera la Venezuela del '¡Exprópiese!' de Hugo Chávez; es la España de 2021 y la implementación en
España del sueño intervencionista de Podemos plasmado en el acuerdo de coalición con Pedro Sánchez en un Gobierno que también en materia de vivienda representa el peor Gobierno posible en el peor momento posible. (Aplausos). Es el mismo Gobierno
que prohibió los despidos y que, sin embargo, causó la mayor destrucción de empleo de Europa; que presumió de escudo social y, sin embargo, provocó el mayor desplome de la renta disponible, y quiere intervenir la vivienda. Señorías, España no está
para juegos ni para experimentos fallidos. La nuestra es la economía desarrollada que más se ha desplomado del mundo. El camino es solucionar los problemas estructurales de España, no cronificarlos. El acceso a la vivienda es uno de nuestros
grandes problemas. La vivienda no es un bien más, cubre una primera necesidad y es la sede de la primera célula de la sociedad, la familia. Constituye el activo de ahorro preferido de los españoles -?más del 75 % de los españoles opta por la
vivienda en propiedad- y es la inversión de más de 5 millones de familias que tienen en el alquiler la forma de complementar sus rentas.
En España, los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno han desarrollado durante décadas una política de vivienda miope, incapaz de solucionar los problemas estructurales. Según la OCDE, España se sitúa junto a Grecia a la
cabeza de los países desarrollados con menor índice de asequibilidad en la vivienda. Urge impulsar un plan de vivienda ambicioso y la solución no pasa por el control de precios o más intervencionismo; la solución pasa por más seguridad jurídica,
estabilidad
regulatoria y fomento de la oferta. (Aplausos). Y una vez más los peajes comprometidos por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder constituyen una amenaza y causarán un efecto opuesto al deseado. Ya lo explica el Banco de España: una
intervención artificial del precio derivará en una disminución de la inversión y una contracción de la oferta, la expulsión de viviendas del mercado de alquiler hacia el mercado de venta, una rápida reducción del parque de viviendas y de su calidad,
economía sumergida y precios finales más altos para menos viviendas. ¡Si es que es de cajón! En políticas de vivienda no hay soluciones mágicas, no bastan las declaraciones de buenas intenciones y sobran las expropiaciones y los intentos de
intervenir los precios a golpe de decretazo. (Aplausos).
Hay que actuar con urgencia, pero en la dirección correcta. Es lo que el Grupo Parlamentario VOX propone a esta Cámara con esta proposición no de ley, planteando hasta veintidós medidas concretas para el mercado de la vivienda orientadas a
ampliar la oferta de inmuebles, agilizando los trámites de licencia y obra, promoviendo la rehabilitación del parque inmobiliario y la colaboración entre la Administración pública y entidades privadas para aumentar el parque de viviendas de
protección oficial, impulsando la liberalización del suelo por parte de ayuntamientos y entidades locales, garantizando la autonomía de la voluntad de las partes, fomentando que los propietarios pongan las viviendas en alquiler con incentivos y un
marco jurídico atractivo y, sobre todo, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, y defendiendo la propiedad privada de los ataques.
Okupar es robar, y un Gobierno que hace apología de la okupación, como hemos oído hacerla a miembros de este Gobierno, hace apología del robo y se convierte en la punta de lanza de la relativización de la propiedad. (Aplausos). A los
okupas se les hace frente. Para las familias que están en situación precaria y que realmente necesitan una vivienda es el Estado quien tiene que ofrecer una solución, y no a costa de la propiedad de otras familias. Y a las mafias de okupación se
las combate. Solo hay un mensaje para las mafias: patada en el trasero en menos de cuarenta y ocho horas y penas de cárcel. (Aplausos). Para eso proponemos una modificación del Código Penal que endurezca las penas para el delito de usurpación,
la tipificación de la comisión de delitos por bandas organizadas, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar a los okupas.
Señorías, el problema de la vivienda es grave y lo que pretende hacer el Gobierno lo agrava más. Tenemos la razón, podemos tener los votos y, sobre todo, tenemos la obligación moral. Parémoslo e impulsemos una agenda de reformas para que,
por fin, la vivienda pueda ser accesible y asequible en España y que los españoles propietarios de viviendas puedan dormir tranquilos.
Concluyo, señora presidente, para dirigirme a sus señorías. (Se dirige a la bancada del Grupo Parlamentario Socialista). Conociendo la falta de decoro parlamentario que muestran sistemáticamente en sus intervenciones y tras las
difamaciones escuchadas ayer en Comisión de parte de los diputados socialistas, es previsible que traten de embarrar esta PNL, que es buena para los españoles, con ataques personales hacia nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Pues bien,
no bajaré de esta tribuna sin decir, recogiendo el sentir de mi grupo parlamentario: Portavoz, querido Iván, es un honor luchar a tu lado.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Esteban. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Cualquier medida que se tome en esta materia tiene ventajas e inconvenientes; todo tiene su cara y su cruz. En esta PNL hay cosas interesantes y alguna medida acertada, pero su diagnóstico se queda solo en lo que es la cara. No hay ni una
sola palabra del drama que supone para miles de ciudadanos el acceso a la vivienda y de la sangría que supone para muchos miles más el pago de las rentas de alquiler. Todas las administraciones públicas tienen, en teoría, los mismos objetivos.
Pueden leer a título de ejemplo los planes del Ayuntamiento de Madrid. Todos son objetivos incumplidos. La realidad está a la vista, es un completo fracaso.
La Constitución encomienda a los poderes públicos que impidan la especulación. Lo establece el artículo 47, donde se encuentra el derecho a la vivienda. Esto no es una casualidad, pues es el único lugar del texto donde aparece esta
palabra. Hay una obligación de intervenir en el mercado cuando el mercado
no es capaz de satisfacer las necesidades sociales. Yo ya he tenido ocasión de pronunciarme en esta tribuna sobre la materia y hoy lo reitero. La expropiación no es una solución, tiene un gran rechazo social y la palabra espanta. Los
ingleses la llaman compulsory purchasing -?compra obligatoria- porque son más finos, pero, puestos a expropiar, hay que decir que es mejor comprar porque, si no, nos va a salir más caro, y seguro que habrá vendedores. La clave es cuánto dinero
está dispuesto a poner el Gobierno para solucionar el asunto. Hay que invertir en el parque público de vivienda y, al mismo tiempo, contar con la inversión privada potenciando la función social de la propiedad. Para esto lo más adecuado y lo más
lógico es incentivarla fiscalmente. Ahí sí juega un buen papel la movilización de la vivienda vacía aportando seguridad jurídica. En los instrumentos fiscales sí tienen que jugar un papel la cuantía de las rentas en la fiscalidad y en la situación
de los arrendatarios. Hay muchas medidas en vigor en esta materia y se trata...
La señora PRESIDENTA: Señor Mazón, tiene que terminar. Ha finalizado su tiempo.
El señor MAZÓN RAMOS: Termino.
... pero este gran reto que tenemos no se soluciona con propuestas como la suya.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Hace días que el PSOE ha anunciado que no regulará los alquileres. Sin embargo, VOX hace su trabajo: guerra cultural neoliberal que ellos compran y el PP se cobra en votos; también teníamos que decírselo. VOX dice que se opone a la
regulación de los alquileres porque quieren, literalmente, que la ley de la oferta y la demanda permita la autonomía de las partes a la hora de fijar el alquiler. ¿Saben qué quiere decir eso? Pues lo de siempre, que ganen los ricos. En concreto,
quiere decir que los fondos buitre, que son los que acumulan más vivienda vacía, pueden especular sin control. Estos son los españoles propietarios de viviendas a los que ustedes quieren proteger. Igual se llaman Blackstone. No es muy español el
apellido, pero la verdad es que acumula muchos pisos vacíos. Si no, ¿por qué los precios del alquiler no paran de subir, por qué los desahucios por alquiler en 2019 fueron los principales y por qué, según ustedes mismos, se oponen a la medida de
regulación de alquileres, aparte del PSOE, Luis de Guindos y el Círculo de Empresarios?
Quiero acabar con una reflexión, y es el papel que hacen ustedes, señores y señoras de VOX, y el papel que están haciendo los señores y las señoras del PSOE. Miren, en Cataluña ya hemos aprobado una ley de regulación de los alquileres.
¿Saben cómo votó el PSC? En contra. Señores del PSOE, si legislan ustedes lo mismo que pregona la derecha neoliberal es que están siendo ustedes muy cobardes con los de arriba y muy valientes con los de abajo. Si no, ¿por qué han parado la
minirreforma fiscal que tenían entre manos? Señoras y señores de VOX, sean honestos con sus votantes. Ustedes no defienden a los españoles, ustedes defienden a los ricos, porque son el partido de los marqueses. ¡Digan la verdad! Defienden a los
ricos, sean de donde sean, porque su patria es la del capital, no es España. Y, además, van ustedes en contra de los migrantes, de las mujeres, de los pobres y, obviamente, de las catalanas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuevamente nos encontramos con una celada, un nuevo debate trampa de la ultraderecha para, agarrando una cuestión sensible -?y no negaré que lo es-, coger solo uno de sus aspectos, no buscar los responsables y fortalecer su propia idea de
sociedad, que es una sociedad cada vez más desigual, donde el Estado desaparezca y donde el poder y el capital privado sean omnipresentes. Esa es la receta que plantean, porque lo único cierto que se ha trasladado aquí en esta tribuna, sin entrar
en descalificaciones, ha sido que esto preocupa a millones de personas.
Vamos a ir a los datos para entenderlo mejor. Hay 26 millones de hogares en el Estado español, 26 millones de viviendas, según el Ministerio de Fomento. Hay 3,4 millones de viviendas vacías; repito, 3,4 millones de viviendas vacías. En
ese mismo Estado hay 4 100 000 personas que viven en
exclusión severa; 1 500 000 hogares en exclusión severa en el mismo Estado en el que hay 3,4 millones de viviendas vacías. Pero hay más. En ese Estado, en el Estado español, hay 800 000 hogares, 2,1 millones de personas, que viven en eso
que se llama la inseguridad en la vivienda. La inseguridad en la vivienda es el temor a perder la vivienda, no por okupas, sino por los bancos o por los fondos buitre que se las van a quitar. Esos son datos del informe de Foessa del año 2020. Los
anteriores sobre el número de viviendas vacías son del Instituto Nacional de Estadística del año 2011, porque los del 2021 todavía no los han publicado. Quizá van lentos.
Esos son datos oficiales y esa es la foto dramática, pero se puede completar todavía más para entender cuál es la problemática de la vivienda. Hay un 40 % de paro juvenil. La mayoría de los jóvenes que tienen empleo o mantienen el empleo
en estas circunstancias lo hacen con salarios por debajo de 1000 euros. La edad de emancipación de los jóvenes se ha elevado hasta 29,6 años y, en esa tesitura, lo que ustedes plantean es que el Estado no intervenga y que los poderes públicos no
intervengan para regular el precio del alquiler. Además, tienen la osadía de decir incluso contra los vientos de la historia que el mercado se regulará solo. Con este panorama de datos que he descrito, ustedes se atreven a decir que el mercado se
regula solo y no genera injusticias. Y, como creen en eso, dicen que no hace falta hacer más. Todo esto -?y se lo han recordado- por parte de unas corrientes políticas e ideológicas que alimentaron aquello de que había que dar vivienda social a
los fondos buitre, como a Blackstone en 2013, cuando muchas de sus señorías participaban en ese proyecto político.
Pero aún hay más y más datos. Es el mismo Estado en el que hubo 29 406 desahucios en el año 2020, incluso con escudo social, del orden de 162 desahucios por cada día hábil del año pasado. Esa es la foto real de la vivienda en el Estado
español. ¿Les preocupa algo de eso? No, les preocupa que el mercado no se pueda regular solo. ¿A quién defienden con su iniciativa? ¿A todas esas personas vulnerables que he señalado? No, a los propietarios. Pero cuando dicen a los
propietarios, fundamentalmente es a los grandes tenedores. ¿Y qué proponen? Limitar la intervención del Estado y limitar el alquiler o penalizar las viviendas desocupadas. No se plantean qué pasó con la recalificación de terrenos en décadas
anteriores para generar pelotazos urbanísticos, para que la película esa de Bardem, Huevos de Oro, fuera muy fácil de entender porque se estaba dando a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Nada de eso les preocupa. Ganaron dinero
entonces y ahora lo que plantean son exenciones fiscales para seguir ganándolo ahora.
¿Y cómo quieren sostener las cosas que nos hacen libres porque nos hacen iguales? ¿Cómo quieren sostener la educación, la sanidad, la vivienda, la protección social o el empleo si no es con recursos públicos? ¿Para qué quieren que exista
el Estado entonces si no es para conseguir que la ciudadanía sea cada vez más libre y más igual? Para que no sea solo libre para tomar unas cañas, sino libre para poder tener una vivienda digna, porque nosotros y nosotras creemos que la vivienda es
un derecho no un bien, y esa es una diferencia fundamental con ustedes, señorías. Porque los derechos que se pueden comprar con dinero no son derechos, son privilegios, y eso es lo que parece que no quieren entender. Y porque sus campañas del
miedo probablemente tengan sentido durante un cierto tiempo, el tiempo en que cortocircuitan a esa clase media autoproclamada como que tenía sentido como clase media, mientras les han frenado el ascensor social y les han precipitado por un
montacargas sin frenos. Esa es la triste realidad en la que están viviendo y probablemente le sirva durante un tiempo para engañar a alguien más y seguirán diciendo que ustedes se preocupan de la gente, pero a ustedes lo que les preocupa es generar
una agenda de miedo para que toda esa gente a la que han vendido el mito de la clase media no se dé cuenta de que solo hay dos clases y ellos son clase trabajadora al albur y a los deseos de las grandes élites y de los privilegios.
Termino con una cuestión. Creo que hay mucha más verdad en las paredes que en muchas de sus iniciativas parlamentarias, diría que en todas. Hoy les dejo una frase de una pared que tiene más verdad que todo lo que han dicho: La vida es lo
que pasa mientras te angustias pensando en los okupas que se meterán en el piso que no tienes, porque no te pertenece y le pertenece al banco, durante las vacaciones que jamás te podrás permitir. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDARIAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta.
Señoras y señores diputados. Lo cierto es que la lectura de esta proposición no de ley, más que por la parte propositiva, brilla por su parte expositiva, que no es más que una clara exposición -?valga la redundancia- de la declaración
programática respecto a determinadas cuestiones sociales que mantiene
el grupo proponente. Es una confesión sin adornos, por una parte, del carácter ultraliberal y, por otra parte, del carácter asocial de determinados principios en materia de vivienda que reducen a la insignificancia, a mi modo de ver, el
artículo 1.1 de la Constitución que reclama el carácter social y democrático del Estado precisamente asociando el carácter democrático al carácter social y haciendo gala de una caracterización que comparto a pesar de que esa Constitución no es del
todo mía.
A lo largo de muchos apartados, esta exposición recoge una serie de ámbitos concretos en los que se reclama la intervención, pero yo pretendería de alguna manera reconducirla a una reflexión -?que no es propia, sino que es la de un
interviniente del Colegio de Abogados de Madrid- que señala en su apartado 59 que no pueden enfrentarse constantemente los artículos 33.1 y 47 de la Constitución cuando se trata precisamente de reconocer su necesaria convivencia partiendo de la
premisa básica de que la función social debe corresponder prima facie al Estado y no a los particulares. Es una afirmación redonda por parte del Colegio de Abogados y difícilmente contestable. Pero en esta reflexión que aporta la proposición no de
ley olvida una parte importante y es que no existe -?esa es la pretensión de la proposición no de ley- esa especie de confrontación del artículo 33.1 de la Constitución con el artículo 47, sino que además olvida determinadas cuestiones, como que el
artículo 33.2 habla de la función social de la propiedad. Pero, ¡ojo!, también es muy importante recordar que tanto el artículo 33.3 como el propio artículo 47 reconocen la necesidad de que sea la ley la que cohoneste estos dos principios que son
principios constitucionales, que son igualmente protegibles e igualmente defendibles. Esto es, es la ley la que va a poder concretar el espacio de convivencia con naturaleza legal, pero también con proyección social y, además, con una naturaleza
solidaria, que es lo que olvida la proposición no de ley. Además, esa función delimitadora de la ley se hace no de una forma aleatoria, sino de una forma constructora; entre otras cosas, para reconocer la garantía que el artículo 33.2 y el
artículo 33.3 reconocen al derecho de la propiedad. Olvidan en su intervención que precisamente esa función cohonestadora de la ley es la que va a garantizar los principios y la norma, pero también la posibilidad de convivencia de esos derechos
sociales. A partir de ahí sucede que la posibilidad de concreción de esos principios en normas con rango de ley dependerá de la voluntad que cada Gobierno y cada actuación política puedan tener, porque la esencia democrática de un sistema se
traduce en medidas que permitan diferenciar la solidaridad, la intolerancia, la empatía de la frialdad, la posibilidad de mirar a los ojos o la de evitarlos y mirar para otro lado, la de dar respuesta en lugar de dar portazos. Y en eso consiste la
necesidad de traducir el derecho a una vivienda digna a través de una norma con rango de ley. En Euskadi lo hicimos a través de una ley, la Ley 3/2015 y, por cierto, de forma unánime. Entre otras cosas, contempla el acceso a una vivienda digna
como un derecho subjetivo, la exigencia a los poderes públicos de medidas que aseguren dicho derecho, la posibilidad de penalizar la vivienda vacía o el esfuerzo colectivo a través de aportaciones económicas, el compromiso de la promoción de
vivienda pública y, además, en Euskadi únicamente de vivienda de alquiler, y tantas otras. Esta es al fin y al cabo una concreción de los principios de actuación política en normas con rango de ley que son las que van a pretender cohonestar ambos
principios: el del derecho al acceso a una vivienda digna con el derecho a la propiedad en los términos y con la función social que predique la ley. Esos justos principios son los que hemos pretendido reflejar en nuestra actuación y no tenemos
otros cuando se trata de garantizar la dignidad de la vida humana. Esta proposición se aleja tanto de esos principios, se aleja tanto de la caracterización democrática de esos principios a través de su reconocimiento como sociedad, se aleja tanto
de determinadas ideologías que deben ser tildadas de democráticas precisamente porque se asocian al carácter social de su actividad -?y que, cuando no lo son, se convierten en antidemocráticas- que en actuaciones como esta siempre corresponderá que
nuestro voto sea negativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor LópezBas Valero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, todos sabemos y asumimos que la vivienda es un bien fundamental y que el acceso a la misma está garantizado constitucionalmente mediante el mandato que nos da a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para que
los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada el artículo 47 la Constitución española. Ese artículo de todos los españoles ordena también establecer que se permita hacer efectivo ese derecho a la vivienda. El objetivo es, por
tanto, hacer
compatible el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, pero hablemos claro a los españoles y dejemos de hacer demagogias. El derecho a la vivienda no es reclamable como tal ante juzgados y tribunales, aunque sí nos
compromete a los poderes públicos. Hacer lo necesario para conjugar el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada es el objetivo y la labor de un Gobierno.
En un momento como el actual contamos ya con previsiones del Instituto Nacional de Estadística que nos anuncian un incremento de nuevos hogares en los próximos quince años de hasta un 6 %. Esto quiere decir más de un millón de nuevos
hogares; sin embargo, se prevé un aumento de la población en España para ese mismo tiempo, en los próximos quince años, de apenas un 1,8 %. Esto significa un aumento de unas 845 000 personas más en ese período. Este desequilibrio entre el aumento
de población y el aumento mayor de hogares se debe a que en España está cambiando el modelo actual, reduciéndose en los próximos años los hogares de tres, cuatro o cinco personas y aumentando los de una o dos personas. Así, se espera que en 2035
más de seis de cada diez hogares españoles tengan solo uno o dos miembros. Señorías, 2035. Les parecerá muy lejos a quienes solo piensan en un horizonte electoral, pero tenemos a la vuelta de la esquina un cambio de modelo y ninguna receta para
abordarlo. Si mirasen más los datos, sabrían que nos están diciendo que la tensión en los precios va a provocar un incremento de los precios en los valores de alquiler y también en la compra en propiedad. En una palabra, lo que va a subir va a ser
la hipoteca.
En ese escenario, de aquí a quince años, tenemos un sector económico tan importante en España como el de la construcción que ha retrocedido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a números de la década de los noventa, tanto en vivienda
nueva como en vivienda rehabilitada. Por otro lado, tenemos un Gobierno que se ha empeñado en maltratar y demonizar al sector inmobiliario pese a la evidente mayor demanda de vivienda que se prevé. Y la pregunta es: ¿qué les ha hecho a ustedes
ese sector? ¿Por qué se empeñan en criminalizar ustedes que haya mayor oferta?
Les voy a facilitar algunos datos para desmontar que el control de precios de Podemos sea mejor que la mayor oferta que proponemos los liberales. Les doy datos del periodo entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, tras la entrada en vigor
de la norma en Cataluña que limita los precios del alquiler de la vivienda. En Barcelona el número de pisos en alquiler bajó un 10,2 %; en Madrid, sin embargo, el número de pisos en alquiler subió un 1,7 %. En Barcelona los precios han caído un 3
% en ese periodo; en Madrid los precios han caído un 3,4 %. Estos datos, señorías, son la información con la que un Gobierno debe trabajar para evitar un problema que hoy ya tenemos y que en el futuro será todavía más grave.
En el Grupo Ciudadanos tenemos claro que la alternativa no es limitar los precios del alquiler interviniendo el mercado con normas que castigan pero que no favorecen, porque una ley que ya ha sido anunciada por el Gobierno como restrictiva y
que no permita los libres pactos entre las partes de un contrato llevará -?como ha pasado en otras partes con experiencias similares que ya conocemos y que sabemos además que han fracasado- a que se constriña el mercado, a que se retiren viviendas
del mercado inmobiliario. Es más, con una norma así solo se dificultará el acceso de todas las personas como arrendatarias al alquiler de viviendas, sobre todo de las familias que tienen menos capacidad económica.
La solución, por tanto, no es una ley de vivienda que ya ha sido el enésimo espectáculo del enfrentamiento interno entre los dos partidos que conforman el Gobierno. No sé si fue en un ataque de sinceridad, pero hasta el señor Ábalos
reconoció expresamente que lo que cabía hacer era incentivar antes que penalizar. Penalizar, esta es la palabra que utilizó el propio ministro Ábalos. No sé si seguirá siendo igual de contundente después de la campaña en Madrid, copiando al
milímetro a Podemos, pero nos da una muestra de lo claro que tiene el Gobierno este tema, aunque nos diga otra cosa.
El Gobierno nos encontrará en incentivar, favorecer y permitir una mayor oferta de viviendas en alquiler, ayudando fiscalmente a los arrendadores, regulando en positivo, permitiendo la colaboración público-privada para que el mercado del
alquiler social obtenga vivienda del mercado libre mediante una transferencia para que esos arrendatarios puedan, con menos renta disponible, poder acceder a alquileres sociales. No nos encontrarán con medidas populistas que impliquen algo que para
nosotros es fundamental: ni la restricción de derechos entre las partes ni tampoco la patada en la puerta que legitima un delito como la usurpación de un inmueble como única política de vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
El 53 % de los jóvenes de 25 a 29 años viven aún en casa de sus padres; el 25 % de los de 30 a 34, y de los que se han emancipado, una parte vive en pisos compartidos, a los 33, 34, 35 años. Causas: bajos salarios y precio de la vivienda.
En Madrid se destina más de la mitad del salario para el alquiler de la vivienda, el 56 %, y ustedes tienen la cara de afirmar en su PNL: La realidad es que la libre competencia por sí sola se encarga de regular las disfunciones existentes en los
distintos sectores económicos. Y se quedan tan panchos. Expliquen a los jóvenes que viven aún en casa de sus padres porque no se pueden emancipar eso de la libre competencia, o a la España que madruga y que tiene que dedicar el 56 % de su salario
a pagar un alquiler. Vayamos a lo práctico, dos cosas: ustedes tienen que investir a la señora Díaz Ayuso dentro de unos días, exijan al PP cosas importantes en lugar de esas tonterías que ustedes les suelen pedir. Les sugiero dos: primera, un
plan a varios años, empezando en el próximo presupuesto, de construcción de vivienda pública asequible para alquiler. Y para ya mismo, para ya, para mañana, obligue a la señora Ayuso a recuperar los tres mil pisos sociales vendidos a fondos buitre
a un precio inferior al de mercado. Anímense, ustedes son la derechita valiente. ¿A que no tienen ovarios? ¿A que no los tienen? ¿A que no lo harán? Y seguirán con sus charradas. ¡Pues eso!
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
Señorías, uno si se empieza a leer la proposición no de ley que presenta su grupo parlamentario podría tener la impresión de que quieren afrontar un problema importante, un debate parlamentario con cierta seriedad, pero una vez que escuche a
su portavoz desde esta tribuna ya tiene la constatación de que las cosas no van por ahí. Ustedes simplemente lo que quieren es confrontar, confrontar con los señores del Gobierno, confrontar con algunos de los otros portavoces tan extremistas como
ustedes desde otro ámbito y, por tanto, uno tiene que analizar su proposición de acuerdo con estas perspectivas.
Miren, yo no estoy de acuerdo en que se regule el precio del alquiler; es un error, sinceramente es un error. Es un error porque no genera más oferta, porque no soluciona el problema a medio y corto plazo -?eso se ha demostrado en
diferentes lugares- y porque al fin y al cabo es un reconocimiento de la propia Administración pública de su no función y externaliza una solución en el ámbito privado. No pueden subir los alquileres pensando que van a solucionar el problema de la
vivienda, eso no es así. El problema de la vivienda se resuelve con inversión, con inversión pública, con el fomento de la inversión pública, y todos hemos sido en algún ámbito responsables de que el parque de vivienda pública que existe en estos
momentos en el conjunto del Estado español y también, obviamente, en Cataluña, sea absolutamente insuficiente.
Miren, una de las diferencias entre ustedes y algún otro grupo parlamentario -?por ejemplo, Ciudadanos, el Partido Popular- es que yo no estoy de acuerdo en que se regule el alquiler de las viviendas y que se limite el alquiler de las
viviendas, y en Cataluña se aprobó una ley en septiembre del año pasado -?la Llei 11/2020- por la cual se procedía a esto. Yo quiero convencer a los diputados catalanes, a los legisladores catalanes, de que esto es una mala iniciativa. Ustedes lo
que quieren es que el Parlament de Catalunya no pueda legislar sobre este aspecto y, de hecho, ustedes no tienen en cuenta que el artículo 137 del estatut de Catalunya, que sé que no les gusta, establece una competencia exclusiva por parte de la
Generalitat en el ámbito de la vivienda y también en el ámbito de la promoción de la vivienda pública, que, aunque ustedes no inciden, lo introducen tangencialmente en su propuesta. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Seguro que no tenían ninguna duda al respecto. En todo caso, este es un debate que deberá afrontar cada una de las Cámaras legislativas en el ámbito de sus competencias y se tiene que afrontar a corto plazo, pero sobre todo a medio y largo plazo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta.
Bona tarda, diputades i diputats. Hoy el partido de extrema derecha de esta Cámara trae una proposición con su receta en materia de vivienda, diez páginas. Yo la resumo en dos puntos porque es fácil de explicar:
uno, facilitar que los precios del alquiler suban tanto como el arrendador desee, porque esto de la autonomía de la voluntad cuando una voluntad está sujeta por un problema económico, oigan, no existe, igual que el mercado libre más o menos.
Y dos, bajar impuestos a los promotores inmobiliarios, a los propietarios de pisos, de casas, de fincas, oficinas, naves industriales. La pregunta es: ¿a quién beneficia que suban los precios del alquiler? ¿A los que pagan el alquiler y arrendan
o a los arrendadores? ¿A quién beneficia ese desequilibrio? Es más, ¿a qué intereses sirven estas propuestas que ustedes nos presentan? Yo quería recordar al resto de la Cámara algo muy obvio: los partidos de extrema derecha actúan en contra de
los intereses de los asalariados, de los funcionarios, de los autónomos, de los pensionistas, de los trabajadores y de la gente normal en su totalidad. No solamente son racistas, machistas, homófobos o tránsfobos, que esto lo sabemos todos, sino
que debemos recordar siempre que además son clasistas y trabajan cada día para que la gente corriente que tiene sus intereses no los pueda llevar hacia adelante. Simplemente trabajan para los que tienen la vida resuelta al nacer, por familia, por
tradición, por patria.
Pero enfrente de la extrema derecha, y esto es lo que me interesa más hoy, y de su discurso del miedo -?porque es curioso, al final el discurso es: oigan, les van a robar su piso, o el Gobierno o los okupas, pero tengan ustedes miedo
porque se van a quedar sin vivienda- creo que hay una responsabilidad política de la izquierda que ustedes, señores del Gobierno, están rehuyendo. Este Gobierno que se dice de izquierdas no ha actuado como tal. Partido Socialista, ustedes están en
la Moncloa para aplicar un programa de Gobierno. Ese programa y el acuerdo de investidura incluían la regulación del precio del alquiler y no lo han hecho. Están incumpliendo sus compromisos uno tras otro y evitando hacer políticas de izquierdas
que son necesarias y urgentes para los derechos de la mayoría y que son la razón -?recuérdenlo- por la cual les votaron. Las propuestas reaccionarias ganan fuerza cada vez que la izquierda duda, cada vez que la izquierda no actúa, cada vez que la
izquierda acomplejada o táctica se va hacia el centro o en este caso casi hasta el centro derecha. Si el ministro Ábalos en su momento hubiera dispuesto lo necesario para dar cumplimiento a la promesa de regulación de los alquileres, hoy no
estaríamos discutiendo esto o la posición de VOX -?que igual lo hubiera podido traer- sería puramente anecdótica, porque todo el resto lo hubiéramos tenido claro, lo hubiéramos explicado y nos hubiéramos manifestado con todas las razones que nos
llevan a hacerlo.
Pero los que nos dedicamos a la política lo hacemos para dar soluciones, no para la retórica y la comunicación y parece ser que este Gobierno se está dedicando únicamente a eso. Cuando te escondes, cuando rehúyes los debates, cuando no
tomas medidas efectivas en ámbitos claves pasa lo que está pasando con la vivienda: se abre una ventana de oportunidad para que la extrema derecha cuele sus mentiras e inocule el miedo en todos los ámbitos de la cotidianidad de las personas, y ahí
es donde debemos hacer un frente. Señorías del Partido Socialista, han tenido ustedes muchas oportunidades para entender que se están quedando cortos en políticas de redistribución de riqueza; cortos en políticas que impacten de manera directa en
las condiciones de vida ya no de los más desfavorecidos sino de la gente normal. Se van a hundir; se van a hundir y se está viendo y van a dejar este Estado en manos de la derecha y de la ultraderecha por no cumplir ni tan solo los pactos de
investidura y por su cobardía en aplicar sus propias políticas. Y les diré: ¡Qué pena!
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta.
Intentaré explicar la posición de mi grupo en esta propuesta con dos o tres ideas muy muy claras que vayan a ir al fondo del asunto, al fondo de lo que se quiere plantear. La primera idea es que la vivienda es un bien de primera necesidad y
por eso el acceso a su disfrute está protegido por un derecho. Es un bien más esencial, si cabe, como hemos podido comprobar en estos momentos de pandemia tan excepcionales. Por tanto, si pensamos que la vivienda, como usted ha dicho, es un bien
de primera necesidad, la vivienda no puede ser, no puede considerarse una mercancía más, no puede ser un activo financiero, porque pensar que la vivienda es un bien de primera necesidad tiene ciertas consecuencias. No podemos pensar y disfrutar de
las dos ideas a la vez.
Segunda idea, tenemos que hacer un poco de memoria y saber de dónde venimos y también hacia dónde vamos. En España hace más de una década que sufrimos una situación de emergencia habitacional
y aquí, ahora, toca recordar lo que ustedes, las derechas, no quieren recordar: la crisis inmobiliaria y financiera de 2008. A las derechas siempre se les olvida que hubo una crisis y también se les olvida el origen de esa crisis, pero yo
lo voy a recordar aquí. El origen fue el estallido de una burbuja inmobiliaria fruto de un obsceno proceso de especulación producido por las políticas de derechas, por las políticas liberalizadoras y por las políticas de falta de control público
que ustedes traen otra vez aquí. Eso hay que recordarlo una y otra vez. Las consecuencias fueron muy graves: un montón de personas sufrieron. Ganaron unos pocos: las promotoras, las constructoras y los bancos, que se llenaron los bolsillos de
dinero, pero provocaron mucho mucho sufrimiento a las familias, que vieron sus sueños rotos y que acabaron en la calle sin poder disfrutar de esa vivienda. Esto es el libre mercado, esto es el juego de la oferta y de la demanda, es la ley de la
selva en realidad, es la ley del más fuerte. Eso es lo que traen ustedes aquí. Afortunadamente, y desde hace ya algún tiempo, Unidas Podemos y ahora mismo también el Gobierno de coalición está cambiando el rumbo y está haciendo otro tipo de
políticas que nos conducen a hacer un recorrido en favor y en defensa del derecho a la vivienda. Queda mucho trabajo por hacer, sí; ahí está esa ley estatal de vivienda, que deberá recoger instrumentos jurídicos y medidas para hacer frente a esta
última fase de ese proceso especulativo, vinculado en este caso al alquiler de la mano de los fondos buitre, de los fondos de inversión, de fenómenos como la turistificación. En definitiva, necesitamos en el fondo una ley que por primera vez ponga
todo el capital inmobiliario de este país al servicio del interés general, al servicio del cumplimiento de un derecho, que es el derecho a la vivienda.
Por tanto, tercera idea, existen solamente dos paradigmas, dos formas de enfrentar la problemática residencial. Uno, el que vuelve a traer aquí otra vez la derecha, que tiene que ver con una idea básica de entender el acceso a la vivienda y
la vivienda como una mercancía, confiar otra vez a ciegas en la libertad de mercado. Ya sabemos las consecuencias de esas políticas: el sufrimiento y la desprotección de las mayorías sociales. También saben ustedes, por supuesto -?y por eso lo
defienden-, que es una máquina de hacer pasta, de hacer dinero para las grandes promotoras, para las grandes corporaciones, para las élites económicas. Pero nosotras estamos del lado del otro paradigma, de aquel que entiende la vivienda, vuelvo a
repetir, como un bien de primera necesidad, como un derecho y que defiende, por tanto, la función social de la vivienda. Las viviendas están para vivir, para poner en marcha proyectos vitales, para que las familias puedan construir sus hogares.
Por consiguiente, hay que elegir entre estos dos paradigmas. Ustedes, señores, lo tienen claro: están del lado de la defensa de los intereses de las élites económicas, de la libertad de mercado, que es estar del lado de los más fuertes. Nosotras,
Unidas Podemos, estamos del lado de la defensa del acceso a la vivienda como un derecho, de la defensa del interés general y de la defensa de la Constitución, porque su artículo 47 es el que realmente protege ese derecho a la vivienda y prohíbe
directamente la especulación sobre este bien. Por tanto, votaremos que no a su propuesta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes. Señorías, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley de VOX, pero no precisamente por las medidas que contiene, porque podían ser estas u otras que vayan en el sentido de dar seguridad jurídica, de ampliar la
oferta, de equilibrar oferta y demanda, de incentivar fiscalmente la vivienda, porque son similares a las que ya ha traído el Grupo Popular a esta Cámara y que ustedes, señores de la izquierda, partidos que apoyan al Gobierno, han rechazado. ¿Por
qué las ha rechazado el Partido Socialista cuando es lo que andan vendiendo por ahí? El motivo es siempre el mismo: por un lado, la deuda que tienen con sus socios y, por otro, porque todo esto va a estar amparado, según dicen, en su futura ley de
vivienda, que, señorías, lleva demasiado tiempo al fuego. Se les va a pasar el arroz, se les va a quemar. ¿Dónde está esa ley de vivienda, señora Garrido? ¿Qué van a proponer ustedes en esa ley de vivienda? Una ley de vivienda que van soltando
por fascículos a la prensa pero que nadie sabe cuándo llegará a esta Cámara. Mientras, todos los grupos políticos aquí representados traemos algo todas las semanas y seguiremos. El tema es complejo y serio y merece estudio y atención. Por eso
tengo que decir que nos parece una falta de rigor absoluto cuando los partidos que apoyan al Gobierno intentan reducir el problema de la vivienda en nuestro país a modificar banalmente la LAU, como hizo el Gobierno en 2019, a controlar los precios
de los alquileres o a una ley de vivienda cuya principal función es el control de la propiedad privada.
Señorías que apoyan al Gobierno, se ha perdido un tiempo precioso en discutir, en pelear entre los socios sobre la forma o las medidas para resolver el problema de la vivienda en España, pero además con
un debate cutre, un debate obsoleto que ni los datos de la realidad ni la verdadera situación del país avalan. Ustedes en un año han desplegado una política absolutamente intervencionista, oficializando la ocupación e interviniendo la
propiedad privada, y nos preocupa que estén trabajando en una foto fija sin que haya un debate serio sobre datos concretos y además que no se hable de medidas alternativas y que no se tenga en cuenta, por ejemplo, que el precio de los alquileres ha
sufrido en España una caída de un 8 % y se centre el debate en si se controlan los precios del alquiler o no. ¿De verdad creen ustedes que el problema de la vivienda se resuelve así? ¿De verdad creen ustedes que el objetivo a tratar de la primera
ley de vivienda de la historia de la democracia debe ser si hay control o no de alquileres por parte del Gobierno? Pues ese ha sido el programa de Podemos y del Partido Socialista desde hace tres años, desde 2018, cuando accedieron al Gobierno.
No han visto ustedes el panorama social y económico que ha variado en España, no analizan ustedes cómo han variados los precios del alquiler. La verdad es que no piensan ustedes que, ante un panorama cambiante como ha sido la crisis
originada por el COVID, se han introducido nuevos factores que hay que analizar. No ven la inseguridad jurídica que se crea por la acción dispar de las comunidades autónomas en manos de los jueces. Se sienten cómodos en el caos, como el que han
creado ahora al quedarse de brazos cruzados frente al fin del estado de alarma. En vivienda, lo mismo. Es caos e inseguridad jurídica. Han implantado unos programas de ayudas que no han funcionado. Lo que deberían haber hecho tras la respuesta
de emergencia es sentar las bases para el cambio analizando y dando respuesta a la situación que hay en España y que genera las oscilaciones de precio. Salen en prensa constantemente unos anuncios de reformas fiscales por parte del PSOE y al día
siguiente los desmiente Podemos. Pues ¡qué desastre! Esto es un patio de colegio. Mientras la gente espera, piensen que la vivienda es una de las decisiones más importantes que toma una familia en su vida, que la construcción marca también los
índices de economía de un país y la eficiencia energética de la vivienda es trascendental para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. ¿Y qué hace el Gobierno? Pues jugar a las casitas, señorías, jugar a las casitas, soluciones cero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zurita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arribas Maroto.
El señor ARRIBAS MAROTO: Gracias, presidenta.
Para los socialistas la vivienda es mucho más que un deseo. Es un derecho constitucional, es el objetivo de cualquier persona para su desarrollo vital. La vivienda es una necesidad, es el primer paso que damos todos con el fin de impulsar
nuestro proyecto de vida, como puede ser el de formar una familia, independientemente del tipo que sea. La vivienda también es una garantía para que todas las personas se integren en la sociedad, y puedo decir que me siento muy orgulloso de
pertenecer a un partido que ha puesto en el centro de todas sus políticas el derecho a la vivienda, y lo ha hecho con la partida presupuestaria más importante de la historia, 6800 millones de euros. (Aplausos). ¿Y saben cuánto es eso, señorías?
Ciento veinte veces más de lo que invertía el Partido Popular. Señorías de VOX, ustedes quieren desalojar a quienes tienen serias dificultades para tener un techo bajo el que dormir o criar a sus hijos; ustedes quieren desalojar a los menores no
acompañados; ustedes quieren desalojar a las mujeres víctimas de la violencia machista; ustedes quieren desalojar a los colectivos LGTBI, y no tengo ninguna duda, señorías, de que si ustedes pudiesen desalojarían de este hemiciclo a todas las
formaciones políticas que no pensamos como ustedes. (Aplausos).
El Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar su iniciativa y le voy a explicar los motivos. Porque nos llevaría a la España de los pelotazos urbanísticos, a aquella España con los mayores casos de corrupción, siempre con el sello
inconfundible del Partido Popular, a aquella que regaló las viviendas a los fondos buitre y que dejó a los jóvenes, a las familias, a los autónomos y a los pequeños empresarios sin esperanzas; aquella política que hundió a muchos españoles y dejó
en la calle a miles de familias. Por lo tanto, le confirmo que los socialistas no vamos a seguir este camino, porque nosotros queremos y defendemos una España muy diferente, una España de derechos y no una España de privilegios, una España mejor
para todos y para todas.
Señorías, con esta iniciativa demuestran que su intención no es proteger a España ni proteger a las familias, ustedes han venido a vender el país al mejor postor y los socialistas tenemos claro que cuando se gobierna hay que gobernar para
todos, para quienes nos han votado y para quienes no, y por eso
daremos seguridad jurídica a arrendadores y a arrendatarios. Nosotros vamos a seguir protegiendo a las familias, porque no hay mayor libertad que la que da el Estado del bienestar y los servicios públicos. Vamos a defender a los pequeños
propietarios, a las familias, al pequeño comercio, a los jóvenes que se quieren emancipar y a nuestros mayores que son los que nos han traído hasta aquí, con su esfuerzo y con sus ganas de poder ver un futuro mejor, esos mayores que ustedes utilizan
en sus campañas electorales para generar odio contra los menores inmigrantes, pero que después ustedes no defienden cuando los fondos buitre amenazan y extorsionan para sacarlos de sus hogares. (Aplausos). El Grupo Parlamentario Socialista no va a
permitir que esta iniciativa salga adelante, y no lo hacemos por disputa política, no, créanme que no, lo hacemos por responsabilidad, porque pensamos en las personas antes que en la especulación inmobiliaria, porque somos un partido
constitucionalista que no va a atacar y desproteger a la mayoría de ciudadanos de nuestro país.
Termino, presidenta. Señorías de VOX, ustedes gritan ¡viva España!, pero los españoles lo que necesitan y desean es una España en la que se viva.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arribas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, SOBRE EL DESMANTELAMIENTO Y CIERRE DEL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES. (Número de expediente 173/000069).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre el desmantelamiento y cierre del polígono de tiro de las Bardenas Reales.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, hace quince días comenzaba el discurso que interpelaba a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con una información real proveniente de una vecina de Corella, que me decía: (continúa su intervención en euskera), ruido de guerra
en nuestros pueblos. Se estaban realizando maniobras militares en el polígono militar de las Bardenas, maniobras militares que las vecinas y vecinos del entorno -Tudela, Arguedas, Valtierra, Caparroso, Ablitas y pueblos de Aragón, como Egea- llevan
años soportando, cazas volando sobre sus cabezas, aunque lo niegue la ministra -?yo misma lo vi este viernes-, material militar peligroso que amenaza su salud y miedo por si se vuelve a producir otro accidente como los más de treinta ocurridos.
Les invito a escuchar y a recoger las innumerables quejas de quienes habitan en el entorno del polígono de tiro, tanto en Navarra como en Aragón, sus quejas sobre los riesgos y molestias que el polígono les produce. Incluso ha surgido una
iniciativa en Corella, un contador que registra el día y la hora en que se dan estos vuelos, porque en este entorno hay poblaciones congozantes y consufrientes. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El desmantelamiento del polígono militar de las Bardenas es un tema de actualidad permanente en Navarra, aunque algunos se empeñen en decir que es un tema típico de las izquierdas o que es algo trasnochado. Se trata de un tema que va más
allá de los partidos. Tal y como le expliqué hace quince días a la ministra, el periplo político del cierre de las Bardenas es la historia de décadas de mentiras, de promesas incumplidas, de falsas declaraciones que las navarras y los navarros
llevamos años escuchando; mentiras por parte de los Gobiernos y de muchos partidos. Tanto UPN como PSN-PSOE han incumplido una y otra vez sus repetidas promesas de desmantelar el polígono de tiro. Políticos e instituciones han ido cambiando su
opinión y criterio, según les convenía política o económicamente, desde una clara oposición hasta su apoyo sin fisuras, siempre en función de sus intereses políticos, nunca en función de los intereses de los navarros y las navarras. Desde 1951, año
en que la dictadura franquista decidió instalar en las Bardenas un campo de tiro aéreo, que hoy es el único del Estado español y el de mayor extensión en Europa, Navarra ha sido por imposición campo de entrenamiento para muchas de las injustas
guerras en las que las fuerzas de la OTAN han participado. Navarra ha sido y es el campo de entrenamiento de la OTAN. Esta es nuestra cruda realidad.
Me gustaría centrarme hoy en una cuestión que está en el centro del problema del polígono de tiro: el dinero que reciben por ello los ayuntamientos, los valles, incluso los monjes de la zona y su dependencia
de los mismos. Miren, en 2001, la Junta de las Bardenas y Defensa pactaron un pago anual en concepto de arrendamiento. Entonces el ejército accedió a abonar año a año, hasta 2008, 3,6 millones de euros a la junta. En 2008, durante el
Gobierno de Zapatero, firmaron la renovación del convenio hasta 2019: pagar 7 millones anuales y a partir de 2019 duplicar a 14 millones el importe del alquiler, además de posibilitar la renovación; 14 millones de euros por aguantar el polígono,
es decir, el chantaje encubierto que supone que estos ayuntamientos estén condenados a depender del dinero percibido por soportar el polígono de tiro a cambio de poder desarrollar políticas públicas para su ciudadanía. O asumes que aviones
sobrevuelen tu pueblo para probar el armamento bélico o te quedas sin un duro para tus políticas municipales. ¿Qué les parece? ¿Aceptable? A nosotras no y por eso no se puede entender el cierre del polígono de tiro sin una apuesta clara por la
reconversión económica de la zona, sin una apuesta por reconstruir un tejido económico en torno al Parque Natural de las Bardenas, aprovechando su atractivo ambiental, turístico y recreativo; una alternativa económica al entorno de las Bardenas que
deberá venir de la mano del Parlamento o del Gobierno de Navarra para que los habitantes de estos enclaves puedan aspirar a algo más que a depender de la guerra. Y sí, nosotros nos comprometemos a trabajar también en Nafarroa desde el Parlamento y
también desde los ayuntamientos del entorno de las Bardenas para que un proyecto económico viable y fuerte pueda ofrecer alternativas económicas a la ciudadanía para dejar atrás la atadura del polígono de tiro, pero para que esto sea posible el
Parque Natural de las Bardenas Reales debe respetarse, porque esta es otra de las grandes contradicciones de este conflicto. Un parque natural declarado reserva de la biósfera por la Unesco es utilizado como práctica de tiro y pruebas de munición.
¿A alguien le parece compatible esto? Estarán de acuerdo conmigo en que tener una instalación militar en Bardenas es un hándicap, algo incompatible con el objetivo de poner en valor un parque natural.
Según el Gobierno, la afección del ecosistema, la fauna y especialmente las aves no es solo nula, sino que incluso viven mejor rodeados de prácticas de tiro real, ruido de aviones y la posible utilización de sustancias radiactivas. Al
parecer, tenemos un ecopolígono de tiro, el primero del mundo ¿Y está dónde? En Navarra. Asombroso, igual de asombroso que el Ministerio de Defensa muestre un total desconocimiento de la existencia de descontento entre la población con el polígono
de tiro; no le consta. En Navarra existen movimientos de protesta contra el polígono de tiro de las Bardenas desde hace más de veinticinco años; veinticinco años exigiendo una solución que nunca llega. ¿No creen que ya es hora de aportar una
solución? Eso es lo que hoy traemos aquí, una solución justa y democrática, un referéndum para que seamos los navarros y las navarras los que podamos decidir el futuro del polígono de tiro; una consulta ciudadana para escuchar, preguntar y
respetar la voluntad mayoritaria de la sociedad navarra y de los ciudadanos y ciudadanas que sufren el polígono de tiro, sobre todo el futuro de este. Escuchar, preguntar y respetar; es difícil entender que no se compartan estos principios como
método democrático para dar solución a los mismos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor. Ha terminado su tiempo.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Este es el reto y la solución que hoy les planteamos, y esperamos que apoyen en este camino.
Mila esker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Por aclarar alguna cosa y situar la cuestión, hay que decir que el polígono ocupa algo más de 2000 hectáreas de las más de 40 000 que tienen Las Bardenas Reales. También hay que decir que fue antes polígono de tiro que reserva de la
biosfera o que parque natural. Por lo tanto, cuando se hizo fue sabiendo que ahí había un polígono de tiro. Pero, además, explican las cosas y da la sensación de que es una imposición del Ministerio de Defensa y, claro, es que no es una
imposición, es que es un acuerdo, un convenio que ha firmado quien tiene competencia para ello, que es la Junta de Bardenas, que la forman diecinueve municipios, los cuales a su vez tienen una composición democrática, política que ejercen y que han
sido elegidos por los vecinos de esos pueblos congozantes, además del Valle de Roncal, del Valle de
Salazar y, como bien decía, del monasterio cisterciense de la Oliva. Como todo el mundo entenderá, esto es una cuestión de hace unos cuantos cientos de años. Y hay que decir que han firmado ese acuerdo porque entienden que es bueno para
sus intereses y porque tienen competencia para ello. Por lo tanto, es un acuerdo, no una imposición; no es una imposición a esos pueblos, sino un acuerdo al que llegan sus representantes legítimos elegidos, democráticamente.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión es otra, evidentemente. A ustedes el polígono les importa en la medida en que es un polígono militar utilizado por militares; ahí radica el problema. El problema no es el polígono, el
problema son los militares, porque los militares, de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, entre otras cosas, garantizan la integridad territorial de España y el cumplimiento de la Constitución. Eso es contra lo que están ustedes y han
estado siempre, y por eso incluso en la pandemia, cuando estuvieron militares haciendo su trabajo -?como en todos los lugares de España- en Pamplona, en Navarra, ustedes también salieron en contra, porque el objetivo es el ejército, no el polígono
de tiro. Evidentemente, el polígono de tiro lo utilizan los militares y los militares garantizan también, como le decía, el cumplimiento de la Constitución y la integridad territorial contra la que están ustedes. A eso se une siempre, desde luego,
el famoso concepto de libertad. ¿Se acuerda ayer cuando el señor Otegi decía que la libertad no era tomar unas cervezas en una terraza? Pues mire, cuando el matrimonio Jiménez Becerril volvía de tomarse unas cervezas en una terraza fueron
asesinados porque los amigos de Otegi decidieron que ya les valía tener libertad y que ya se les había acabado su derecho a tomar las cervezas. (Aplausos). Y ahora, como no sé quién tiene una deuda con no sé quién, resulta que aquellos que
asesinaron a los que venían de tomar unas cervezas, y a otros muchos más, van a poder tomarse -?eso sí, en esas terrazas del País Vasco- unas cervezas en libertad, porque esa libertad se la está garantizando la Constitución. Por lo tanto, menos
clases de libertad y menos clases de democracia.
El ejército es una institución española que nosotros sentimos como propia, como la mayoría de esta Cámara, y tiene que entrenar en algún sitio. Si es con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de esa zona, que lo ven conveniente y llegan
a un acuerdo con ellos, nos parece fenomenal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Yo creo que la situación está expuesta tanto en la interpelación como en la moción que ha presentado la señora Pozueta. Las Bardenas Reales son un espacio protegido declarado reserva natural de la biosfera por la Unesco en el año 2000; un
espacio de espectacular belleza y riqueza natural y paisajística que es contradictorio -?y nosotros así lo hemos defendido y entendido siempre- a la vez que incompatible con la existencia de un campo de tiro, con un campo de maniobras militares de
semejante envergadura. Y es incompatible principalmente por tres razones. La primera, porque pone en riesgo la seguridad de los habitantes de la zona. Ha habido más de un accidente, eso es constatable; más de uno, de dos, de tres y de cinco. La
segunda, porque es una molestia constante para los habitantes de la zona que perjudica, a su vez, el espacio natural. Un ruido de aviones y de misiles, yo creo que agradable no es para nadie. Y la tercera, porque va en contra de una política de
espacios naturales desmilitarizados. Evidentemente, señor García Adanero, que el problema es militar. Hombre, no hay que darle demasiado a la cabeza para pensar que un polígono de tiro es un espacio militar y el problema es precisamente lo
militar, porque no conozco ningún polígono de tiro que no sea militar, de esta índole, por lo menos, evidentemente. Por lo tanto, el problema lo genera el polígono militar, sin duda alguna.
Centrándonos ya en el tema, diré que nosotros siempre hemos defendido el desmantelamiento de este polígono por los motivos anteriormente expuestos y es la más idónea de las alternativas: el desmantelamiento. Lo hemos pedido como Partido
Nacionalista Vasco en las diferentes instituciones e instancias y también como miembros de la coalición Geroa Bai. Aquí mismo la representante de esta coalición, Uxue Barkos, más de una vez lo ha hecho por medio de proposiciones no de ley; por
interpelación a la ministra Chacón, en mayo de 2008, o por medio de pregunta parlamentaria, entre otras. Y también en las instituciones navarras hemos solicitado ese desmantelamiento, así como hemos criticado y rechazado las maniobras con fuego
real por el peligro que entrañan y por lo perniciosas que resultan para la biodiversidad en un espacio natural. Por lo tanto, nuestra postura es clara: defendemos el desmantelamiento. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la
Presidencia).
Es verdad que en el petitum de esta propuesta Bildu no propone el desmantelamiento, plantea una consulta que, fuere el que fuere el resultado, al no ser vinculante, deja en manos del Ministerio de Defensa decidir si se van o no. Es una
forma de legitimar al ministerio su derecho a permanecer o no. Nos parece bien la consulta, pero creemos que el debate está abierto sobre si esa consulta o los consultados, el sujeto de decisión, ha de ser toda Navarra -?como pide la coalición
Bildu- o han de ser los denominados pueblos congozantes. Nosotros creemos que este debate no es fácil ni sencillo porque hemos de tener en cuenta que son ellos, los denominados pueblos congozantes, los que padecen directamente las consecuencias de
este campo de tiro. También es verdad que hay poblaciones como Ribaforada, por ejemplo, que sin ser congozante padecen las consecuencias de este polígono militar y a cambio tampoco recibe nada. Pero también, como se ha dicho, estos pueblos
perciben a cambio una compensación económica, eso es verdad. El dinero que se recibe del ministerio, y es repartido a partes iguales por la comunidad de Bardenas Reales a todos los ayuntamientos que son congozantes, para algunos ayuntamientos como
el de Tudela no suponen gran cosa, pero sí lo supone para pueblos pequeños que han visto cómo sus presupuestos han sido importantes durante tantos años, que han sido incrementados. Siendo esto así, una compensación económica nunca puede ser una
zanahoria golosa que sustituya, por una parte, la inseguridad y el riesgo y, por otra, la voluntad popular. Nuestra posición siempre ha sido la de estudiar otras opciones que permitan el desarrollo económico de las Bardenas y de los pueblos
congozantes, como el fomento de su potencial turístico y natural, pero nunca se ha hecho una planificación de los posibles usos económicos y turísticos que se les puede dar a las Bardenas con beneficios para todos estos pueblos. Si a estos pueblos
que se benefician económicamente de la existencia del polígono se les diera una alternativa de desarrollo económico viable de los mismos quizá pudieran estar también conformes con el desmantelamiento.
Acabo. Entendemos que una alternativa económica es viable, es necesaria y debe ser sustitutoria para que no haya una dependencia que limite...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: ... o incapacite la decisión del rechazo o el apoyo a este campo de tiro de las Bardenas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías de Bildu, no sé para qué piden un referéndum si su señoría ya ha hablado aquí por todos los navarros y ha manifestado la opinión de todos los navarros y todas las navarras; lo ha dicho usted con estas palabras aquí. No sé qué
tendrá esto del independentismo que le permite hablar siempre a todos los independentistas sea por un pueblo, sea por una comunidad autónoma, sea por una región, sea por una nación y siempre en nombre de la totalidad. Yo no veo hacer eso a ninguno
de los partidos. Aquí no hablamos por todos los españoles ninguno de los partidos que no nos sentimos independentistas, la verdad. No acabo de entender esta obsesión que tienen ustedes por hablar por todos.
Miren ustedes, en el año 2008, veintiuno de los veintidós congozantes de la Comunidad de Las Bardenas Reales apoyaron el acuerdo suscrito con el Estado. Únicamente un municipio, el de Peralta, de 5800 habitantes, se opuso. El convenio de
arrendamiento en vigor data del año 2008 y tiene una duración de veinte años. Durante los primeros diez años el Estado pagaba 7 millones de euros anuales, que se repartían entre todos los ayuntamientos, y desde el 2019 paga el doble, 14 millones de
euros. El desembolso total que le cuesta al Estado español para los municipios es de 210 millones de euros, que no es una cantidad menor. Los más de 500 000 euros anuales que le corresponden a cada uno de los ayuntamientos congozantes suponen una
fuente enorme de ingresos para estos ayuntamientos. No es el caso de Tudela, probablemente el congozante mayor, que solamente supone el 1 % de su presupuesto anual, pero en municipios más pequeños los ingresos suponen más del 10 % de su
presupuesto. Por ejemplo, Buñuel el 14,2 %, en Villafranca el 10,8 o en Caparroso el 11,1 % de su presupuesto. Y gracias a estos ingresos, estos ayuntamientos pueden realizar inversiones que no se encuentran al alcance de municipios o comarcas
equivalentes en otras partes de España de ese mismo tamaño y de ese mismo número de habitantes, y no solo de España, tampoco de Navarra en ayuntamientos similares.
Yo le voy a poner algunos ejemplos de las inversiones que están previstas, que los ayuntamientos tienen previstas, gracias a ese dinero, precisamente en la comunidad: un plan de turismo de 13 millones de euros, por ejemplo, que incluye el
diseño y la creación de dos centros de acogida, información e interpretación, el del monasterio de Carcastillo y el de las Heras, que fundirá 2 700 000 euros; infraestructuras para dar soporte a las tecnologías de la información y de comunicaciones
al servicio de oferta y demanda de la actividad turística, un proyecto que se llama Smart Bardenas, por valor de 1 627 750 euros; un plan de eficiencia energética de 12,5 millones; un proyecto educativo de Las Bardenas Reales de 2,5 millones de
euros. Oiga, ya les gustaría a muchos ayuntamientos de esos tamaños en otros lugares tener esas cantidades para desarrollar esos proyectos. Y esto lo han aprobado los ayuntamientos, que esa sí que es la verdadera voluntad popular y la expresión de
la voluntad popular.
Ustedes, señores de Bildu, en todos estos ayuntamientos, ¿qué tienen, un concejal? (El señor Matute García de Jalón hace gestos negativos). ¿O dos, entre todos? Es que no tienen más. No, no tienen mucho más. Bueno, tendrá usted tres
concejales. Pues está muy bien, tres concejales. Miren ustedes, no se puede hablar en nombre de todo un pueblo por tener dos concejales en toda la comunidad, que eso es lo que ustedes quieren. Así pues, hay un aprovechamiento económico para los
ayuntamientos vecinos. ¿Hay degradación del parque natural? No parece que haya degradación del parque natural. Yo creo que todo lo contrario. Si no, dudo que se le hubiera otorgado al parque la definición de reserva de la biosfera. Yo creo que
hay aprovechamiento agrícola, que además es compatible con la flora y con la fauna del lugar. Entonces, ¿qué les lleva a ustedes a presentar este tipo de iniciativa? Pues se lo voy a decir yo porque, conociéndoles a ustedes, la respuesta en bien
sencilla. A ustedes lo que les lleva a presentar esta iniciativa es su odio por lo que significa España, su odio por todo lo que significa español, y no hay nada más representativo de España que las Fuerzas Armadas del Estado español. Y esto es lo
que les pasa a ustedes. Ya sea un polígono de tiro arrendado al Ministerio de Defensa, ya sea la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o sean partidos como Ciudadanos, que defiende abiertamente un cambio constitucional para
acabar con la disposición transitoria cuarta en nuestra Constitución española. Eso es lo que ustedes pretenden.
Y, señores del Partido Socialista, estos son sus socios; estos son sus socios en Navarra y estos son sus socios en el Gobierno de España. Ustedes sabrán con quiénes quieren jugarse esos cuartos. Nosotros no consideramos que haya una razón
suficiente para plantear ningún tipo de referéndum sobre este tema. Hay un gran consenso social en la población directamente afectada; aunque a ustedes les pese, aquí no intereses en conflicto, y el único interés general y la propia sociedad de la
Ribera Navarra reman precisamente en esa dirección, no en la que ustedes defienden.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridas compañeras y compañeros, hoy volvemos a tratar un tema parecido al que abordábamos hace unas semanas cuando nos referíamos a la finca de La Remota, en Cantabria, y se planteaba el
problema de cuál era el mejor destino de una finca y su vinculación con el Ministerio de Defensa. De nuevo nos volvemos a plantear un problema parecido, dentro de las diferencias. Igual que aquella vez nos reunimos para hacer política útil y
supimos hacer política útil, porque supimos llegar a un acuerdo en el cual se transaccionó una salida que buscó una solución para el problema que fue aprobada por esta Cámara sin ninguna oposición -y eso es política útil y es solucionar problemas-,
desgraciadamente, hoy no vamos a hacer política útil y estamos reunidos aquí, básicamente, para reafirmarnos en nuestras convicciones, para hacer públicas nuestras diferencias y para hacernos daño mutuamente sin buscar ninguna salida razonable al
problema. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Las Bardenas Reales es una zona que tiene una historia bastante triste, entre la que podemos incluir la muerte de la militante ecologista y antimilitarista Gladys del Estal -goian bego-, la localización del cuerpo sin vida del presidente la
Mancomunidad de las Bardenas Reales o incluso el tiro a una persona civil que paseaba cerca pero fuera el polígono de tiro. Esta triste historia se vincula con una realidad que hasta ahora no se ha querido abordar en sus términos verdaderos, no
como un elemento de enfrentamiento, sino para buscar cuál sería la mejor ubicación para el polígono de tiro del Ejército del Aire. ¿Y cuál sería
la mejor ubicación? Nosotros pensamos que la mejor ubicación no sería en el centro de un parque natural y de una reserva de la biosfera de la Unesco y creemos que no sería tan cerca de unos núcleos de población tan importantes. Por eso,
creemos que, en lugar de estar hoy tirándonos los trastos a la cabeza, tendríamos que estar analizando, evaluando los requerimientos respecto al mejor lugar para ubicar ese polígono, pensando en las condiciones para el traslado de la forma menos
onerosa para la población afectada y buscando soluciones para este problema.
Desgraciadamente, no estamos en esa tesitura; desgraciadamente, nosotros tenemos que limitarnos a exponer nuestra posición a sabiendas de que hoy no va a haber una solución para un problema. ¿Cuál es nuestra posición? La que hemos
mantenido siempre. ¿Es una posición original? No, es la misma posición que han mantenido muchos ayuntamientos navarros que se han expresado claramente sobre esta cuestión; es la misma decisión que ha tomado y que ha expresado el Parlamento de
Navarra; es la misma posición que ha expresado el Senado de España. Es decir, no somos originales, estamos diciendo lo mismo que hemos dicho, que la mejor ubicación para un polígono de tiro de esta naturaleza no es el centro de un parque natural y
de una reserva de la biosfera a escasa distancia de unos núcleos de población muy importantes.
Esto parece algo evidente, pero, por desgracia, hay quienes no lo ven así, y hay también partidos que en su día lo defendieron como lo defendimos nosotros, como fue el Partido Socialista de Navarra o como fue la Unión del Pueblo Navarro, que
son partidos que se opusieron al polígono de tiro de las Bardenas Reales y que han modificado su posicionamiento. Creo que haríamos un gran favor a la ciudadanía si hoy estuviéramos evaluando aquello que en su momento se comprometió. En la
Comisión de Defensa, en 2017, el Partido Socialista dijo que se había hecho un estudio sobre los emplazamientos alternativos, sobre los requerimientos meteorológicos, geológicos y orográficos para encontrar el lugar apropiado, el lugar más
conveniente, pero, desgraciadamente, ese estudio no se ha hecho público y no hemos tenido conocimiento del mismo. Hoy tendríamos que estar evaluando cuál es el lugar donde debería ser trasladado en lugar de estar echándonos los trastos. Por
desgracia, estamos a otra cosa en vez de a solucionar problemas.
En este momento, Euskal Herria Bildu presenta una PNL en la que -?digamos- se plantea una consulta popular en el ámbito de Navarra. Compañeros de otros grupos, como el Grupo del PNV, planteaban que a lo mejor tendría que ser en otro
espacio. Esta es una de las cuestiones que se puede plantear, la del elemento de participación popular en una decisión, pero es que esto que se está presentando hoy no está solucionando un problema ni se ha traído aquí para solucionarlo, y no lo va
a solucionar. Simplemente, el elemento de la participación no anula todos los problemas que hay aquí implicados. Está implicado el mejor destino o las necesidades que tiene de entrenamiento el Ejército del Aire, que no se plantea aquí. Está
implicado el problema del destino de ese polígono, el de los 14 millones anuales que paga en Ministerio de Defensa por la utilización de esos terrenos. Hay un contrato que está en vigor hasta el año 2028. Hay toda una serie de problemas que se
tienen que abordar de forma conjunta y global y que deberíamos estar abordando aquí, buscando el mejor destino, buscando soluciones reales, buscando hacer política útil, y no haciendo, por desgracia, lo que estamos haciendo.
Nosotros nos reafirmamos en nuestra posición...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uriarte.
El señor URIARTE TORREALDAY: ... que ha sido la posición, digamos, mayoría de las instituciones, y que incluso la han defendido algunos partidos que luego han cambiado de opinión. Pero sería bonito que descubriéramos que...
La señora PRESIDENTA: Señor Uriarte, lo siento, pero tiene usted que terminar.
Muchísimas gracias.
El señor URIARTE TORREALDAY: De acuerdo, presidenta, muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mestre Barea. (Prolongados aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor MESTRE BAREA: Buenas tardes, señores diputados.
Peace and love. Sí, señora Pozueta, viéndola subida a esta tribuna, disparando su discurso antimilitarista contra el polígono de las Bardenas Reales, me ha traído a la mente el recuerdo de los movimientos antimilitaristas y antiglobalistas
de finales de los años sesenta. Me la imagino en las verdes praderas de Barkley, con una enorme flor de hibiscus en la oreja y un gran medallón del símbolo de la paz colgando de su pecho. Una imagen ciertamente vintage. Porque dice un miembro del
Gobierno, al que ustedes orientan y apoyan, que están llenos de tics del pasado y que tienen que abandonarlos; tienen que superarlos. Ustedes plantean una ciudadanía basada en el terruño; en la identidad étnica; en la lengua única; el nosotros
de ustedes, los separatistas, es siempre el no al otro. Y marca un regreso al tradicional caciquismo hispánico que saboteó las promesas liberales y sociales de la democracia española a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Su discurso, doña
Isabel, lleno de fanatismo 'identitario' y antiespañolismo tóxico, huele realmente a naftalina. (Aplausos).
Nos dice que las navarras y los navarros están en pro de los valores de la paz y de la convivencia. Pues encantado de conocerla, porque nosotros también estamos a favor de la paz y de la convivencia. Nadie quiere la guerra, y muchos menos
las Fuerzas Armadas. Precisamente por eso nuestras Fuerzas Armadas trabajan en España y en el mundo por la paz, exportando paz y seguridad a zonas devastadas por conflictos étnicos o políticos, porque son los primeros defensores de la paz, pero,
además, con riesgo de su propia vida. (Aplausos). Casi doscientos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han muerto en los últimos años defendiendo la paz. Gente muy joven, lo suficientemente generosos como para poner en riesgo su vida
para luchar por la paz en España y en el mundo. Ellos dieron lo máximo que tenían: su vida por la paz. Y hablando de paz, deberían ustedes analizar la enorme debilidad democrática, la enorme contradicción que les genera pertenecer al mundo
heredero de ETA que no ha condenado el terror y que no quiere saber nada de las responsabilidades que deben recaer sobre los autores de 856 asesinatos (aplausos), cientos de heridos y extorsionados, y miles de personas que tuvieron que abandonar su
tierra para poder vivir. ¿Esa es la paz que ustedes buscan? ¡Esa es la paz de los cementerios! Su memoria, la de todos los que murieron por la paz verdadera, por la construcción y por España -?fueron muchos-, es una deuda permanente e impagable
para todos nosotros. No permitiremos que esa página pase nunca.
Hablemos ahora de representatividad democrática. Ustedes hablan de voluntad mayoritaria de la sociedad navarra. Creo, doña Isabel, que no tiene usted derecho a arrogarse, como se ha dicho aquí, la representatividad de la ciudadanía de
Navarra. En los 19 municipios que conforman la Junta de Bardenas ¡ustedes están representados por solamente un concejal! El Acuerdo 2008 fue sometido a votación de la Junta de Bardenas y se llegó a un acuerdo total, con solamente una abstención
entre las 22 entidades.
Veamos ahora las actividades que el Ejército del Aire realiza en el Polígono de Bardenas. Empiezo diciendo que las relaciones entre la comunidad de Bardenas Reales y el Ejército del Aire son excelentes. Los ejercicios aéreos que se llevan
a cabo en el Polígono de Tiro de las Bardenas son absolutamente necesarios para la formación de una fuerza aérea moderna y contribuyen significativamente al entrenamiento de las tripulaciones aéreas. Se llevan a cabo ejercicios de todo tipo:
además del adiestramiento con las aeronaves, se realiza adiestramiento de unidades de transporte, de lanzamiento de paracaidistas, de apoyo al despliegue, etcétera. También están enfocados a misiones humanitarias como simulacros de rescate aéreo o
entrenamiento determinado y desactivación de explosivos. Y, junto al polígono, el Aeródromo Militar de Ablitas allí ubicado sirve asimismo como base en actividades de extinción de incendios, campañas fitosanitarias, de prevención de plagas y otras
actuaciones promovidas por la Comunidad Foral de Navarra y por otras colindantes.
Como le dije...
La señora PRESIDENTA: Señor Mestre, ha acabado su tiempo. Tiene que terminar, por favor.
El señor MESTRE BAREA: Termino.
Como le dije, doña Isabel, su discurso huele a bolitas de alcanfor. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mestre. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Pozueta, como bien le planteó a usted la señora ministra, el día 21 de abril cuando presentó la interpelación que da lugar a esta moción, tiene usted un concepto bastante desajustado
-?cuando no sometido a importantes prejuicios, entiendo que motivados por su orientación ideológica- de lo que es la seguridad, la defensa, las Fuerzas Armadas y la OTAN, y ya, por añadidura, de lo que es la guerra y la paz. Para comenzar, le diré
que sin seguridad no es posible realizar actividad humana alguna, ya que sin ella todos estaríamos pendientes de proporcionarnos nuestra propia protección, más que nada para seguir disfrutando de alguna expectativa, por mínima que sea, de mantener
nuestras vidas y realizar la actividad adicional que se desee.
La política de defensa en España tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de los valores que consagra en su Constitución y de sus instituciones, el Estado social y democrático de derecho, el pleno ejercicio de
derechos, libertades y la garantía, independencia e integridad territorial de España. Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa. Constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción de
sus diferentes componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
En el preámbulo del tratado de constitución de la OTAN -?que usted ha mencionado: la organización que hace la guerra, la organización criminal- los que lo suscribieron afirman su fe en los propósitos y los principios de la Carta de
Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Gobiernos. Igualmente, se manifiestan decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basados en los principios de la democracia,
las libertades individuales y el imperio de la ley. Nada de guerra ni de agresiones, como puede ver; paz, seguridad, protección, principios de la democracia, libertades individuales y el imperio de la ley.
En lo que concierne al referéndum de entrada en la OTAN y el referéndum que ustedes plantean para un eventual desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas Reales, se da una paradoja: en el referéndum para la entrada en la OTAN, al que
fueron convocados todos los españoles, dadas las características de la naturaleza de lo que se votaba, un 56,85 % votó que sí y un 43,15 % voto que no. En su peculiar concepto de la democracia, a ustedes esto no les vale porque solo vale cuando
sale lo que ustedes quieren. Entonces, quieren sustituir un referéndum en el que votaron todos los españoles por un referéndum en el que votan unos pocos para imponernos a todos lo que decidan esos pocos. Estamos hablando de la defensa nacional,
que es a lo que contribuye el polígono de tiro de Bardenas Reales. No funciona así, señora Pozueta; funciona al revés: las mayorías eligen y las minorías asumen lo que han decidido las mayorías. En lo tocante al polígono de tiro, se encuentra
dentro del paraje denominado Bardenas Reales y ocupa veintidós kilómetros cuadrados de una superficie de cuatrocientos, es decir, el 5 %; no parece una superficie desmesurada, más aún si se tiene en cuenta el importante servicio que presta para la
formación de nuestros pilotos.
Las naciones de nuestro entorno disponen de Fuerzas Armadas como las nuestras, que se adiestran como las nuestras, para garantizar la seguridad de sus sociedades y participar en el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo; justo
es que a quienes nos garantizan esa seguridad, las Fuerzas Armadas entre otros, les facilitemos los medios necesarios para hacerlo de manera eficaz y con garantías de seguridad, la nuestra y la de ellos. Para ello tienen que adiestrarse en el
empleo de sus sistemas de armas, y a todos nosotros nos compete facilitarles los medios para que lo hagan en condiciones de seguridad. Desde 1705, cuando el rey Felipe V concedió la cédula de utilización a los congozantes de la comunidad de
Bardenas, hasta nuestros días más de tres siglos, se han muchísimos ejercicios militares, con el empleo de la fuerza en ocasiones, para el lanzamiento de lo que usted llama paquetes, que es el lanzamiento de cargas, y para prácticas militares en
general; en ocasiones con empleo de la fuerza, pero, como digo, fuerza sometida al imperio de la ley.
Solamente una vez se ha empleado la violencia en el polígono de tiro: fue el 16 de diciembre de 1983, cuando un soldado, terrorista de ETA, infiltrado en el Ejército del Aire puso cuarenta kilos de goma-2 en las instalaciones fijas del
polígono de tiro, provocando unos daños importantes en sus infraestructuras y tres heridos, un teniente y dos soldados. Es el único caso en el que ha habido violencia en el polígono de tiro, violencia protagonizada por ETA. Nosotros rendimos un
recuerdo de reconocimiento y admiración a todas las víctimas de ETA, sean de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o civiles de cualquier condición y desde aquí les prestamos nuestro reconocimiento. (Aplausos).
Señora Pozueta, háganse un favor: asuman que vivimos una sociedad moderna y civilizada, que se garantiza su propia seguridad y contribuye a garantizar la del resto del mundo. Aporten su contribución para que ello se haga...
La señora PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, tiene usted que terminar.
El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: ... con las mayores garantías de éxito y de seguridad para los profesionales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cerdán León. (Pausa. -?Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor CERDÁN LEÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de comenzar querría pedirle al señor Uriarte que retire las palabras que ha dicho del expresidente de Bardenas, el señor Isla, cuyo fallecimiento nada tiene que ver con el polígono de tiro, por respeto a él y a su familia.
(Aplausos).
Señora Pozueta, presenta esta moción alegando que es un asunto de actualidad permanente en Navarra y yo diría que es más bien un tema recurrente y no de actualidad permanente. Recurrente porque su grupo, cuando se acerca el mes de junio,
presenta este tipo de iniciativas porque en junio se produce la marcha antipolígono masiva, esa marcha a la que el año pasado acudieron 140 personas y a la marcha más exitosa, 300 personas. Esas son las marchas masivas a las que usted alude. A
ustedes les gusta hablar de todos los navarros y navarras, de los intereses de todos los navarros y navarras como si ustedes fueran sus defensores, pero le agradecería que no se apropie usted de esa licencia.
La Comunidad de Bardenas Reales es un parque natural y reserva de la biosfera, y a la vez es un ente local compuesto por dos veintidós Entidades Congozantes. Son diecinueve los municipios que rodean Bardenas, dos valles del Pirineo, Roncal
y Salazar, y como bien ha dicho, Monasterio de la Oliva. La propiedad de Bardenas Reales pertenecía al Estado y los congozantes tenían el derecho de uso y disfrute por concesión de Felipe V por la Real Cédula de 14 de abril de 1705. Pero la
realidad actual es que desde el 10 de octubre de 2008, por orden del Ministerio de Economía y Hacienda, con un Gobierno de España socialista, se reconoce a la comunidad de Bardenas plena titularidad, una demanda histórica, señora Pozueta, que se
consigue fruto del diálogo y el consenso. Como consecuencia de ese acuerdo, con fecha 22 de diciembre de 2008, se formalizó el último acuerdo con el Ministerio de Defensa y la comunidad de Bardenas Reales para el arrendamiento de los terrenos para
el polígono de tiro, cuya vigencia hasta prevista hasta finales de 2028. Este acuerdo fue sometido a votación por la Junta de Bardenas y solamente se abstuvo una de las veintidós entidades, como bien ha dicho Peralta, con ningún voto en contra.
Seguro que si dependía de su voto, hubiera votado a favor.
En el acuerdo se pone a disposición 2222 hectáreas de casi 40 000, es decir, poco más del 5 % de su extensión. Desde entonces se viene percibiendo una renta anual que hasta el año de año 2019 era de 7 millones de euros y, en 2020, hasta
2028, son 14 millones de euros. A esto, usted, señora Pozueta, lo llama compra de voluntades, faltando así al respeto a todos los navarros y navarras que pertenecen a la comunidad de Bardenas Reales. ¿Sabe qué es? Esto es, simple y llanamente, un
acuerdo.
Señoras y señores de EH Bildu, muestran ustedes un profundo desconocimiento de la zona y una falta respeto a los acuerdos. Hablan de que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España ofrezcan alternativas a los pueblos, un plan de
reactivación económica en la zona, dicen, para que esta no dependa exclusivamente del dinero recibido por mantener el polígono de tiro. La verdad es que sorprende esta afirmación. Usted sabe que yo, como usted, soy navarro y que además pertenezco
a uno de los pueblos congozantes de Bardenas, Milagro, que le invito a conocer para que vea y se dé cuenta de la barbaridad que dice usted con esa afirmación. Quizá ese desconocimiento venga también de que de los más de 88 000 habitantes que tienen
los pueblos congozantes, de los diecinueve municipios que rodean Bardenas, su partido, EH Bildu, tiene 1 concejal de los 211 que se reparten; solo 1, señor Gutiérrez, no 3, pero usted no tiene ninguno, ¿eh? (Aplausos.-Rumores). Seguramente será
por eso.
Cuando habla de alternativas económicas en la zona, le voy a mencionar una importantísima no solo para los pueblos de Bardenas sino para toda la Ribera de Navarra y, por tanto, para toda Navarra: el canal de Navarra, al que ustedes se
oponen, aunque es fundamental para el desarrollo económico de la zona. Le emplazo a que haga usted una moción y le auguro que yo le voy a apoyar.
Entrando en Bardenas, la Comunidad de Bardenas, con el dinero recibido por el polígono de tiro, lo que hace es repartir el 50 % de esos 14 millones en los veintidós congozantes, utilizándose para inversiones y mejoras en los municipios, y el
otro 50 % lo gestiona directamente a la Junta de Bardenas Reales. Ese
dinero se invierte, entre otras cosas, en parques solares para tener unos ingresos para el día que no esté el polígono de tiro, y se invierte, como en el año 2020, en más de cuarenta proyectos turísticos. Gracias a ese dinero se está
desarrollando una economía en torno al turismo que antes no existía y se invierte en la flora y fauna de Bardenas.
Señora Pozueta, como bien dice, entramos en el derecho a decidir que tanto gusta a los señores de EH Bildu. Yo le pregunto: ¿Quién decide? ¿Todos los navarros y navarras? ¿Los que, como usted dice, sufren el polígono? Por cierto, yo
llevo cincuenta años viviendo allí y no he oído ningún ruido de misil, señor Agirretxea, ninguno. No dejan ustedes claro en la moción quién tiene que decidir, pero podríamos meter también a los vecinos de Aragón o de La Rioja, que, según ustedes,
lo sufren.
Señora Pozueta, los ciudadanos que según ustedes lo sufren, es decir, los pertenecientes a Bardenas, demuestran con su voto cada cuatro años su voluntad y...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.
El señor CERDÁN LEÓN: ... es clarísimo que acordamos este convenio con el Ministerio de Defensa. No hay mejor referéndum o consulta que esa. Como le he recordado antes, ustedes solo tienen un concejal de 211. El PSOE votará en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cerdán.
Votamos en cinco minutos. Como siempre, deben ustedes ocupar los escaños indicados con su nombre y si han solicitado el voto telemático no pueden emitir el voto presencial. (Pausa).
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 3/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA RIOJA (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000004/0000 DE LA XIII LEGISLATURA).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños.
Votamos, en primer lugar, la propuesta del Parlamento de la Rioja de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: presentes, 106 más 232 votos emitidos telemáticamente, 338; a favor, 104 más 158 votos emitidos telemáticamente, 262; en contra, 52 votos emitidos telemáticamente; abstenciones, 2 más 22
votos emitidos telemáticamente, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN)
- DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 125/000011/0000 DE LA XII LEGISLATURA Y 125/000004/0000 DE LA XIII LEGISLATURA).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 105 más 234 votos emitidos telemáticamente, 339; a favor, 1 más 41 votos emitidos telemáticamente, 42; en contra, 104 más 155 votos emitidos telemáticamente, 259;
abstenciones, 38 votos emitidos telemáticamente.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Buenas noches. Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.
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