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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 57, de 27/10/2020
cve: DSCD-14-PL-57
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 57
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 54
celebrada el martes,
27 de octubre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
- Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio:
- Comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ('BOE' núm. 282, de 25 de octubre de
2020). (Número de expediente 91/000003) ... (Página5)
- Solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(Número de expediente 91/000003) ... (Página5)
Modificación del orden del día ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 107-1, de 7 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000078) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 112-1, de 18 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000083) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la flexibilización de los préstamos con garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 147, de 25 de septiembre de 2020.
(Número de expediente 162/000380) ... (Página37)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 42, de 28 de febrero de 2020.
(Número de expediente 162/000133) ... (Página47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca), sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento
territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales. (Número de expediente 173/000035) ... (Página58)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón Ramos), sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo
y Astillero).(Número de expediente 173/000036) ... (Página68)
Declaración institucional:
- Declaración institucional con motivo del día del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). (Número de expediente 140/000004... (Página75)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página76)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de dos nuevos puntos, que se debatirán a las nueve
horas de la sesión del jueves: comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y solicitud de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, lo que se aprueba por
asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página6)
La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el apartado de las interpelaciones urgentes, en el sentido de debatir en primer lugar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de
Sanidad sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos, y a continuación la del Grupo
Parlamentario VOX, (señora Vehí Cantenys) y la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica) ...
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley las señoras Telechea i Lozano y Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno en contra interviene el señor Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora Telechea i Lozano y duplica el señor Suárez Lamata.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, y Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Leal Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal ... (Página21)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra interviene el señor Jerez Juan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora Fernández Benéitez y duplica el señor Jerez Juan.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil, Errejón Galván y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario
Republicano, y Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la señora De las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario VOX.
Proposiciones no de ley ... (Página37)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la flexibilización de los préstamos con garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19 ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley el señor Garcés Sanagustín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y García Gómez,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y
los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Garcés Sanagustín.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados ... (Página47)
Defiende la proposición no de ley el señor Anguita Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y el señor Baldoví Roda y la señora Illamola Dausà del
Grupo Parlamentario Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; García Puig,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX; y el señor Ortiz Galván, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Anguita Pérez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página58)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento
territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales ... (Página58)
Defiende la moción el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Requejo
Novoa, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Fagúndez Campo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rego Candamil y Baldoví Roda, y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; y la señora
Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Oblanca.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón Ramos), sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y
Astillero) ... (Página68)
Defiende la moción el señor Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Castillo López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX.
Declaración institucional ... (Página75)
La señora secretaria (Hernanz Costa) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos con motivo del Día del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página76)
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España
(Orgánica), se rechaza por 11 votos a favor y 62 votos telemáticos, 73; 86 en contra más 187 votos telemáticos, 273; y 2 abstenciones más 2 votos telemáticos, 4.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, se aprueba por 71 votos a favor más 124 votos telemáticos, 195; 28 en contra más 125 votos
telemáticos, 153; y 2 abstenciones con voto telemático.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- ACTOS EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO:
- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO QUE ACOMPAÑA AL REAL DECRETO 926/2020, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV-2. (Número de expediente 91/000003).
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO MEDIANTE EL REAL DECRETO 926/2020, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV-2.
(Número de expediente 91/000003).
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir a las nueve horas de
la sesión del jueves dos nuevos puntos que serán debatidos
acumuladamente: por un lado, comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y, por otro,
solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Por otra parte, y también de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la
parte correspondiente a interpelaciones, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que figura en el orden del día como punto 25 sea debatida en primer lugar, pasando a debatirse, a continuación, la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Vehí Cantenys, que figura como punto 24 del orden día
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000078).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar
las injurias a la Corona y los ultrajes a España (orgánica).
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, senyora presidenta.
Empezaré leyendo el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad
de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Una democracia avanzada y moderna debe asegurar y garantizar a su ciudadanía el pleno ejercicio del derecho a
la libertad de expresión, pues se configura como uno de los pilares básicos del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Si ustedes mantienen el derecho de injurias a la Corona es esencialmente por dos motivos. Uno, la
sacralización de la Corona, otorgándole unos derechos medievales en que el rey es tan intocable que no se puede ni utilizar la sátira política en su contra y, dos, porque actúan como fanáticos monárquicos que pretenden imponer la monarquía
silenciando cualquier oposición. La despenalización del delito de injurias a la Corona no debe ser un debate entre monárquicos y republicanos; es un debate sobre democracia, y los monárquicos deberían demostrar que antes que monárquicos son
demócratas. Es más, si su rey fuera verdaderamente demócrata -y perdonen el oxímoron- sería el primero en reclamar que se suprimiera el delito de injurias contra la Corona. La derecha española, entre democracia y monarquía, tenemos muy claro dónde
está; la cuestión es dónde está el PSOE.
Esta proposición de ley lo que pretende es cumplir con las leyes internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de obligado cumplimiento en España desde que se ratificó en 1979. Dicho convenio lo que viene a decir es que la
represión por vía penal de ciertas conductas no responde -cito en palabras del mismo convenio- a medidas necesarias en una sociedad democrática. Y es que los actuales delitos de injurias a la Corona y de ultrajes a España tienen un único objetivo:
la persecución de la disidencia política, la que cuestiona el régimen del 78 y pone en entredicho los privilegios de quienes la sustenta. Y a los mismos hechos me remito.
Se denunció a nuestro vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; al exalcalde de Palma y líder de Més per Mallorca, Antoni Noguera; a la presidenta del BNG, Ana Pontón y a la diputada de Adelante Andalucía, Teresa
Rodríguez, por decir lo que es una evidencia y una vergüenza: que España
tiene una monarquía corrupta. El Estado español no solo coarta derechos y libertades a golpe de Código Penal, sino que lo aplica de forma activa contra medios de comunicación, periodistas, tuiteros y personas que protestaban. Y esa es la
realidad. Seguro que todos recuerdan el caso de la portada de la revista El Jueves o la persecución del rapero mallorquín Valtònyc, hoy exiliado en Bélgica, por sus versos; la persecución de algún concejal de Santa Coloma de Gramenet o a miembros
de la CUP; también la quema de las imágenes del rey en Girona cuando hizo su visita a la ciudad o la persecución que se le hizo al periodista Dani Mateo, imputado por un delito de ultraje a la bandera después de protagonizar un gag en el programa
El Intermedio de la Sexta. Tal vez el caso más paradigmático sea el que terminó en 2011 con la condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Otegi. Según el tribunal, el interés de un Estado en proteger la
reputación de su propio jefe de Estado no puede justificar la concesión a este de un privilegio o una protección especial contra el derecho a informar y a expresar las opiniones sobre él. Pero es que en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
volvió a condenar a España en el caso de Stern Taulats y Roura Capellera. El tribunal fue muy claro y dijo que la quema de imágenes del rey debía entenderse como un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía y que, por lo tanto, entra
dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión. En la misma línea, también se ha manifestado Amnistía Internacional, que considera que los jefes de Estado, por el hecho de ser
figuras públicas, deben tolerar más críticas que la ciudadanía. Pero, señorías, estamos acostumbradas a que en España todo está al revés y a que las leyes se apliquen solo para las que las criticamos, si no, ¿por qué la extrema derecha fascista
puede vomitar expresiones incitando al odio y no pasa nada, pero si tú pitas el himno español, te imputan?
Sin embargo, no nos malinterpreten; nosotras no les proponemos la reforma del Código Penal para que el Estado español se ahorre el bochorno de volver a ser condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros traemos aquí la
derogación de los delitos de injurias y ultrajes a España porque forma parte de la represión del Estado contra el republicanismo, en general, y también contra el republicanismo catalán en particular; la misma represión que mantiene en injusta
prisión a nuestros presos y presas políticas y a miles de represaliados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a la desinfección de la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Por esta portada de El Jueves (mostrando un recorte de prensa) -que, para quien no lo sepa, es una revista satírica- sus autores tuvieron que pagar 3000 euros cada uno como coautores de un delito de injurias al
sucesor de la Corona. No solo eso, la Audiencia Nacional incluso secuestró ese número de la revista El Jueves. Eso sí, los mismos que entonces callaron o justificaron el juicio luego se llenaban la boca de 'Todos somos Charlie Hebdo'. Quemar la
foto del rey -una foto como esta- (mostrando una fotografía con la imagen del rey bocabajo) con un mechero se castigaba con penas de cárcel de seis meses a dos años. Tuvo que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para obligar a la
Audiencia Nacional a asumir que estaban vulnerando la libertad de expresión. Por cantar -aviso, y cito literalmente- que los Borbones son unos ladrones se condenó a un año de cárcel al rapero mallorquín Valtònyc, que ahora lleva tres años en el
exilio, por expresar simplemente su opinión en una canción. (Rumores). Por insultar al rey Juan Carlos en Facebook -aviso, y cito literalmente- llamándole corrupto malparido, un hombre tuvo que pagar una sanción de 900 euros. Por criticar la
corrupción de la monarquía, una vez supimos los casos de corrupción de Juan Carlos I, fueron denunciados Pere Aragonès, Toni Noguera, Ana Pontón y Teresa Rodríguez, a quienes les queremos mandar todo nuestro apoyo desde aquí. (Aplausos).
¿Observan a qué punto hemos llegado? Si yo quemo una foto de cualquiera de ustedes, de cualquier diputado, incluso del presidente del Gobierno, judicialmente no pasaría nada, prevaldría mi libertad de expresión. En cambio, si quemara una
foto del rey, me podrían juzgar por un delito. ¿Cuál es la diferencia entre quemar una foto del rey y de cualquier otro? La diferencia está en la concepción medieval que tienen ustedes de la monarquía. En el fondo, mediante el delito de injurias
a la Corona siguen considerando el carácter divino del rey, como en aquella época en la que se consideraba que lo era por la gracia de Dios, pero, señorías, ya les avanzo que Juan Carlos I y Felipe VI no han sido reyes por la gracia de Dios, sino
reyes por la gracia de Francisco Franco.
Motivos para injuriar al rey y a su familia tenemos unos cuantos. Tenemos un rey que ha huido por los casos de corrupción que le implicaban directamente; tenemos una monarquía que, pese a sus esfuerzos para hacer público que de alguna
forma se aislaban de estos casos de corrupción, le están protegiendo, y tenemos un Gobierno formado por partidos de tradición republicana que, lejos de tener la decencia democrática de investigarle, le facilitan la fuga. Pero es que ni siquiera es
una cuestión de tener motivos o de no tenerlos; se trata de igualar a toda la ciudadanía, sea rey o no lo sea, ante la ley. ¿Qué podemos esperar de un Estado español cuya Constitución establece que la Jefatura del Estado es hereditaria en los
descendientes de Juan Carlos de Borbón? Es más, establece que en la línea sucesoria prevalecerá el varón sobre la mujer; ejemplo de ello es que el rey actual es Felipe VI y no su hermana mayor Elena. Cada día nos dan más motivos para ser
independentistas desde la derecha española e incluso desde la izquierda española. Queremos dejar de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos, ciudadanos de una república catalana. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rosique. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Buenas tardes, señorías.
Señora Telechea, lecciones de democracia no vamos aceptar ninguna y menos de ustedes. Es un clásico en Esquerra querer despenalizar los artículos 490, 491 y 543 del Código Penal; nada nuevo bajo el sol. Siguiendo un poco a su líder, el
señor Rufián, había preparado una lista de lindezas que ustedes le dedican a la Corona y a España habitualmente. Fundamentalmente, lo había hecho en estos días en los que ustedes están obsesionados con aprobar iniciativas que llaman de discurso de
odio para ver todo el odio que contienen esas iniciativas. Pero ayer iba por la calle y me encontré a una persona a la que no conocía de nada. Salía de esta casa, pensó que era un diputado y me dijo: Oiga, ¿ustedes por qué no se dedican a lo que
se tienen que dedicar? Pues, mire, he cambiado el discurso. Usted hoy ha venido aquí a hablar de la despenalización de insultos y exabruptos contra la monarquía. Yo le quiero preguntar: ¿no le parece a usted mucho peor insulto plantear una
iniciativa como esta con la que está cayendo, con cuatro millones de españoles que están en el paro? (Aplausos). Señoría, ¿de verdad cree usted que es serio traer hoy aquí la despenalización de tres artículos del Código Penal, cuando hay un millón
de españoles, 200 000 incluidos en los ERTE y 800 000 que no han cobrado el ingreso mínimo vital, que llevan meses sin poder comer porque no tienen dinero y que han incrementado las colas del hambre? Debería usted saber, señoría, que se ha
incrementado en un 75 % la petición de alimentos a Cáritas. ¿De verdad que no le parece a usted que es insultante para todos y cada uno de los españoles? Cuando a usted la vayan a ver los 350 000 empresarios que están viendo caer sus negocios,
¿les va decir que la solución para no cerrar sus empresas es insultar al rey? A ese millón de pobres que han engrosado la lista de la pobreza con este Gobierno al que apoyan ustedes, ¿también les va a dar como solución insultar al rey? Señoría,
créame que los problemas de la España real no se parecen al que usted hoy plantea aquí. A mí me parece una broma pesada con la que está cayendo, con el panorama sanitario que tenemos. Señoría, ¿sabe usted que este país aporta lamentablemente el 30
% de las cifras de muertos a todas las que hay en Europa? A los 220 000, España aporta 67 000, tenemos una tasa de contagios multiplicada por cuatro ¿y todo lo que se le ocurre a Esquerra para resolver los problemas sanitarios es traer la
despenalización y que se pueda insultar al rey gratis? Créanme, señorías, que me cuesta entender esta iniciativa. En esta iniciativa ustedes persisten. He intentado encontrar una explicación en el panorama tan complicado que estamos viviendo y,
mire, se me ocurren varias.
Ustedes que viven fundamentalmente, y una parte importante de la política, de montar numeritos contra la monarquía al quemar banderas, al quemar fotografías y todo eso que usted ha relatado estupendamente, al final quieren que les salga
gratis. Es que les molesta tener que pagar. Es una iniciativa ad hominem, una despenalización de tipos penales para beneficiarse exclusivamente casi me atrevería a decir que ustedes y unos pocos más. También se me ocurre otra explicación,
señoría. Se me ocurre la explicación de que ustedes hayan entrado en esta paranoia monárquica, porque al final el famoso escudo social, ese sobre el que ustedes cacarean permanente y constantemente, ha resultado tener un agujero por el que se cuela
todo. Era mera propaganda electoral y, si no, que les pregunten a todos los que lo están pasando mal. Si me permite usted, y ya como nota anecdótica, a lo mejor su compañero diría que esto es para el manual del cuñado; a ver si le levantamos la
moral, si es indepe o un poco republicano.
Miren, señorías, les tengo que decir que, ante los problemas de la España real, insultar al rey no puede ser la solución. Usted misma lo decía. Si usted reconoce que con la fiscal general del Gobierno, que no del Estado, insultar al rey
hora sale gratis. Usted ha citado tres nombres: el de Pere Aragonès, el de Ana Pontón y el de Teresa Rodríguez. Ha dicho, cito literalmente, por llamar corruptos. Ha obviado la otra dedicatoria muy cariñosa y, sobre todo, muy pacificadora;
sencillamente les llamaron organización criminal. ¿Se imagina la que se organizaría si yo le llamo a usted organización criminal?
Ustedes hace pocos días firmaron varios escritos en contra de los discursos del odio. ¿Qué contienen todos esos calificativos que ustedes dedican permanente y constantemente a España o a la Corona? ¿Es cariño, no? ¡Ustedes lo entienden
como algo muy cariñoso!
Señores del PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya y, en particular, el señor Rufián, nos tienen acostumbrados a muchos numeritos aquí, performances, exabruptos nada nuevo, pero este tipo de iniciativas sabe que le dan alas, sencillamente
por los pactos que tienen con ustedes; que ustedes hayan decidido pivotar este Gobierno en fuerzas que quieren romper España, en fuerzas que, desde luego, quieren romper la convivencia, hace que al final tengamos que debatir iniciativas como esta.
Le voy a intentar dar explicación de por qué esta iniciativa. No sé si le suena. España no puede ser uno contra todos, España es de todos y para todos, concordia y respeto. Estas palabras las citó el rey Felipe VI en esta Cámara el día
que fue proclamado. Y, claro, a partidos que viven del discurso permanente del odio hacia el otro, partidos que sencillamente tienen que tener siempre un enemigo enfrente, lógicamente estas palabras les molestan y molestan mucho. Entonces ustedes,
en lugar de desarmar el discurso, porque es muy difícil desarmar un discurso que apela a la concordia y que apela a la paz, sencillamente lo que quieren es insultar. No lo pueden soportar. En cuanto a sus críticas, señoría, me sorprende que usted
venga aquí hoy y que se queje de que se le impone una sanción cuando se critica al rey. Y, en cuanto a criticar a un alcalde -el último el de Alcarràs, aunque no sé quién gobierna allí-, hay una sanción de 800 euros a un miembro de la CUP. ¿Eso le
parece bien? Ustedes, que tienen representación en el ayuntamiento, no han abierto la boca, señoría. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no, señoría? Esto es lo que hace que su iniciativa sea claramente sectaria. Ustedes critican a la Corona
porque representa justo lo contrario de lo que ustedes quieren, representa a España, que tanto odian. Ustedes no son antimonárquicos, ustedes son antiespañoles, y esa es la gravedad, señoría, de esta iniciativa. (Aplausos).
Este no es un debate sobre el derecho de opinión, contra la libertad de expresión, contra el delito de injurias, esto es mucho más serio. Usted debería saber que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional está muy
consolidada. Esos tribunales son los que ustedes critican cuando les va mal, pero que ustedes aplauden -y me refiero a la sentencia del señor Trapero- cuando les va bien. Esa jurisprudencia ha dejado meridianamente claro que el bien protegido no
es la persona, sino las instituciones; concretamente, se defiende la Constitución española de 1978 y las instituciones que la conforman. Nosotros no somos raros, señoría. Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal -y podría seguir-, todos los
países democráticos en Europa protegen aquellos valores en los que creen.
Voy terminando, señorías. Un sistema como el de 1978 a usted seguro que no le gusta; lo ha dejado claro aquí, y por eso está luchando, para dinamitarlo, señoría. Pero, ¿sabe lo que sucede? Que es un sistema que durante cuarenta años nos
ha permitido vivir mejor que nunca. Este país ha prosperado en cuarenta años lo que otros países tuvieron que hacer en doscientos años, y lo hemos hecho en paz y en convivencia. Ustedes, con este tipo de iniciativas, pretenden dinamitar esa paz,
esa convivencia, porque necesitan un enemigo, y a ese enemigo ustedes lo llaman España. ¿Sabe lo que ha generado el odio en el mundo? Muchos problemas, y nunca ha aportado ninguna solución. Le voy a decir algo, y acabo, señorías. Cuando insultan
a la Corona, me insultan a mí, por ejemplo, pero insultan a muchos españoles que creen todavía que el sistema que hoy tenemos es un gran sistema. Y, sobre todo, insultan a españoles que miran al futuro y lo hacen con paz, en concordia y pensando en
mejorar este país; no como ustedes, que en lo que piensan es en dinamitarlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Usted dice que somos lo contrario a la monarquía. ¡Pues vaya, nos ha pillado! (Aplausos). Es que somos Esquerra Republicana. Si nos enfrentamos a esta pandemia sin recursos es por sus recortes. Hay que tener también un poco de memoria.
El PP, precisamente, el Partido Popular, nos viene a hablar de medidas sociales. Y el régimen del 78, como usted ha dicho, ha permitido vivir bien, pero a unos pocos, no a toda la sociedad española. Me parece un insulto tapar la corrupción de la
monarquía excusándose en la pandemia. ¿Sabe usted cuántos respiradores podríamos haber comprado con el dinero que el Estado invierte en la monarquía, cuánto personal sanitario podríamos haber pagado, cuántos profesores de más podríamos haber
pagado, cuántas ayudas a las familias podríamos haber dado si el Estado no le diera esos millones, a más a más, a una familia a la que no ha votado nadie? ¿Sabe cuánto se podría hacer con esa cantidad de dinero para salir de esta pandemia?
Cada vez que ustedes hablan nos dejan muy claro cuál es su España, y nos dan aún más motivos para reclamar la independencia de Cataluña y proclamar la república catalana. Porque, miren, la gran mayoría de la población catalana es
republicana, tanto los que quieren la república catalana como los que quieren una república española. Y con la actitud de los grandes partidos respecto a la monarquía, dejando muy claro a la población de Cataluña que desearía una república española
que esta no es posible, que la elección que se debe hacer no es entre monarquía -como he dicho antes- o república española, sino entre monarquía española o república catalana. La mayoría de la población catalana lo tenemos claro y así lo
defendemos; no decimos nada que no se sepa. Y defendemos la república catalana no solo porque consideramos que no tenemos rey -ni lo queremos-, sino porque queremos construir una nueva sociedad, un nuevo país, en el que la libertad de expresión
sea sagrada y no haya nadie que sea juzgado y amenazado de ir a la cárcel por quemar una foto.
Miren, nosotros no injuriamos a la Corona; la Corona se injuria sola. Por cierto, quien insultó de organización criminal a la monarquía no fuimos nosotros, fue Corina, por si no lo recuerda. Así, es la Corona la que, con sus casos de
corrupción, injuria a la ciudadanía española; no a la población catalana, que es republicana, sino también a la población española.
Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, la verdad es que para subir aquí a explicar que Esquerra Republicana es republicana ha consumido usted un turno difícil de entender.
Habla usted de recortes. Señoría, yo no sé si sabe cómo estaba este país en el año 2008, 2009, 2010 o 2011, cuando Esquerra apoyaba, aplaudiendo todo el día, el señor Zapatero. Y no sé si sabe usted quién fue el responsable de aquella
debacle económica. ¿O es que se cree usted que aquello salió de un día para otro? ¡Claro que lo hemos pasado mal todos los españoles!, pero por aquellas nefastas políticas que grupos como el suyo aguantaban y soportaban de un Gobierno. Esa es la
explicación.
Y, ¡hombre!, que usted venga aquí a hablar de situación económica con la que tienen en Cataluña, la verdad es que a mí me preocupa y bastante. Usted no me ha contestado por qué cuando se insulta al alcalde de Alcarràs pueden imponer una
multa y por qué cuando se insulta a la monarquía, no. Sencillamente, es muy fácil: ustedes protegen y se protegen a los suyos, pero al que no piensa como ustedes, sencillamente, barra libre y, sobre todo, que sea gratis. Esa es la diferencia.
(Aplausos). Esa es la diferencia; esa es la diferencia, señorías.
Mire, le parece a usted normal insultar al rey, a España, pero le parece normal porque ustedes viven de esto. Fundamentalmente, su discurso político, que está vacío de contenido, solo tiene esto: España nos roba; todo contra España. Esa
es su filosofía política, que es la esencia del nacionalismo. Esto es muy viejo, esto ya se estudiaba en el siglo XIX en las universidades, la esencia de los nacionalismos y la necesidad de un enemigo permanente y constantemente, porque si no se
acabó lo que es el nacionalismo.
Pero lo que no acabo yo de entender es lo siguiente -se lo he esbozado, pero usted no me lo ha explicado-, si ustedes llevan firmando no sé cuántos días iniciativas de discurso contra el odio -por cierto, la firma cada partido... Porque,
claro, que Bildu firme una iniciativa donde se defienden los derechos humanos tiene tela; tiene tela-, ¿cómo explican que luego haya barra libre para insultar a la Corona, barra libre para insultar a España? Se lo voy a explicar, porque creo que
usted no me ha entendido; lo voy a hacer por segunda vez. España representa justo lo contrario de lo que son ustedes; el monarca
representa justo lo contrario de lo que son ustedes: concordia; concordia. El monarca representa a esta nación a la que ustedes odian profundamente y, por eso, como no pueden combatir con un discurso más allá del insulto, más allá de
quemar la bandera de este país, más allá de exabruptos y numeritos, señoría, permanente y constantemente, sencillamente viene hoy aquí a pedir que le salga gratis insultar al rey, que le salga gratis insultar a España.
Ya le he dicho que esto no es un invento del Partido Popular. Ustedes, les guste o no, están en un ordenamiento jurídico y la jurisprudencia dice lo que dice, le guste más o menos, y hasta la fecha el Código Penal -ese título- no defiende a
las personas, defiende a las instituciones de millones de españoles. Usted acaba decir que España era republicana. ¿Usted es la que da los carnets de republicanismo? (Rumores). ¿En qué lugar hay que recogerlo? Mire, España lo que quiere es un
futuro, España lo que quiere es convivir en paz, España lo que quiere es todo menos gente como usted.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Efectivamente, vuelven los clásicos y las señoras Telechea y Rosique nos traen esta tarde la arcaica versión de la ya de por sí vetusta aspiración de Esquerra Republicana de Catalunya para que se despenalicen las
injurias a la Corona y los ultrajes a España. Es el quinto intento de la serie iniciada en 2008 y confío en que mi voto en contra contribuya al rechazo del Congreso para que esta burda manipulación de un derecho sacrosanto, como es la libertad de
expresión, no sea reconvertida, como ustedes quieren, en licencia para injuriar, dispensa para ultrajar y bula para insultar.
Señorías, prevengo desde esta tribuna a los españoles para que no se crean la propaganda de los contrarios, por mucho que se obstinen. Precisamente porque la libertad de expresión es uno de nuestros más amplios derechos constitucionales,
España es una de las democracias reconocida por organismos evaluadores internacionales muy acreditados como una de las mejores democracias del mundo. A pesar de las campañas intoxicadoras, no somos excepción mundial a la hora de castigar ultrajes e
injurias a banderas y a otros emblemas, signos y símbolos nacionales. Repúblicas como Grecia, Italia, Portugal, Alemania y Francia, entre otros países de la Unión Europea, penalizan y castigan sin miramientos el agravio, la ofensa y el
comportamiento irrespetuoso hacia sus más altas autoridades y símbolos, porque constituyen, como es el caso de España, bienes jurídicos protegidos. También lo son los símbolos catalanes, y, de hecho, el Gobierno autonómico de Cataluña solicitó el
amparo de la justicia española por ultraje a la senyera, entre otros graves delitos que se produjeron en el asalto al Centro Cultural Blanquerna.
Las portavoces de Esquerra Republicana imputan a España un comportamiento antidemocrático que restringe, según ellos, la libertad de expresión. Es falso, solo con escuchar las intervenciones y los disparates de sus portavoces se certifica
la extensión del ejercicio de este derecho fundamental de nuestro país. También...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Oblanca, lo siento mucho, pero se ha terminado su tiempo.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.
Fíjense si es grande la democracia en España que un grupo parlamentario que tiene como objetivo el no pertenecer a España se presenta a las elecciones, viene a este Congreso, defiende el que se pueda injuriar tanto a la Jefatura del Estado
como a los símbolos que representan al país, a España, y supongo que además de todo eso aceptará el resultado de la votación. Con lo cual, se pueden defender las ideas, se pueden defender los principios, se puede defender lo que uno quiera de forma
democrática, que es lo que ustedes no hicieron en octubre en Cataluña. ¿Ve cómo se puede? (Aplausos). ¡Claro que se puede! Ha venido, lo ha defendido, luego votaremos y supongo que aceptarán el resultado. Supongo; supongo.
Sí que me ha llamado la atención que el Partido Socialista no haya hecho uso del voto en contra a esta propuesta. Porque que el principal partido de España en estos momentos no salga a defender dos símbolos fundamentales de España como son
su bandera y la Jefatura del Estado llama la atención y pone de manifiesto hasta qué punto están entregados en este caso a Esquerra Republicana de Cataluña. (Aplausos).
¿Por qué ustedes quieren quitar la injuria al rey o que uno pueda quemar banderas de España? ¡Por lo que representan! Es que la bandera representa a España como país y nos representa al conjunto de los españoles, y es una cuestión de
respeto. Y la Jefatura del Estado les da igual que sea un monarca o que sea otra persona. Les molesta la Jefatura del Estado como símbolo de la unidad de España, como símbolo de España. Eso es lo que les molesta, y por eso está tipificado en el
Código Penal, porque nos representa al conjunto, a los que nos gusta y a los que no les gusta, al conjunto, y eso se hace en cualquier país de esa manera, porque son símbolos que representan al país y son parte de ese país, de esa nación. Otra cosa
es luego la coherencia de cada uno. En estos días estamos viendo, por ejemplo, la coherencia del propio Partido Socialista y del Gobierno, que coge a dos personas del Partido Nacionalista Vasco para vender la marca de España en el exterior. O sea,
dos personas que dicen que su única patria es la entelequia que es Euskal Herria y que su única bandera es la ikurriña van en nombre de todos los españoles a defender la marca España fuera de España. Pues, evidentemente, mal camino, y además ellos
son unos incoherentes. Por lo menos a ustedes yo creo que hay que reconocerles esa coherencia de que vienen a defender aquí aquello en lo que no creen, que es en la bandera de España y en la Jefatura del Estado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Se ha citado la importancia de la monarquía en el régimen del 78 y ciertamente es así, y por eso la protegen tanto no solo las leyes sino los poderes en la sombra, incluso con presiones no tan explícitas. De hecho, lo que hablamos hoy tiene
un origen todavía más remoto. La Ley de Jurisdicciones es de 1906, se originó porque los militares en aquel momento se sintieron ofendidos por una viñeta en una publicación catalanista y desde entonces viene la intención de proteger unos símbolos a
través de lo que llaman los ultrajes a la nación, ultraje a España, un delito que, por cierto, fue abolido con la República pero que el franquismo reintrodujo. Por tanto, esta necesidad de proteger unos símbolos que se sabe que no es la forma de
prestigiarlos, porque la popularidad del ejército, la popularidad de la bandera española, la popularidad de la monarquía en ciertos países como el mío, como Cataluña, como los països catalans, no aumenta gracias a estas leyes, sino más bien
disminuye. Entonces, habría que pensar en el porqué de estas leyes que son casi casi -como se ha dicho- de persecución de la disidencia.
La de Valtònyc fue quizá la última vez que se aplicó y debería volver del exilio, puesto que este delito no debería existir. Además, el Estado español, como se ha dicho, ya ha recibido dos bofetones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
al respecto. En 2011, Arnaldo Otegi ganó una denuncia al Estado español por haberse referido al rey como jefe de los torturadores -fue considerado libertad de expresión- y en2018 Jaume Roura y Enric Stern también ganaron al Estado español en los
tribunales por haber quemado fotografías del rey. Pero estos no son los únicos casos: tenemos el de Valtònyc, que se ha citado, y el de El Jueves, una revista que ha sufrido multas, secuestro e incluso autocensura, que todavía es más perverso. La
portada del día de la abdicación de Juan Carlos en favor de Felipe no llegó a salir y provocó el consecuente revuelo en la revista, con dimisiones de distintos periodistas.
Como decía al principio, que una autoridad necesite protegerse con estas medidas en el fondo es una señal de que se trata de una autoridad impuesta. La encuesta que publicaron hace unas semanas los medios señalaban que en el conjunto del
Estado español un 41 % de la población, respecto de un 35 % que estaba en contra, prefería la monarquía, una distancia que en Cataluña deviene sideral, puesto que un 66,5 % está a favor de la república y un 14,6 % a favor de la monarquía. Por
cierto, se trata de una encuesta que hicieron distintos medios, puesto que a la monarquía no solo la protege el delito de injurias a la Corona, sino también el CIS, porque no pregunta a la gente qué opinión le merece. En definitiva, tienen la
oportunidad de hacer desaparecer las injurias -termino, señora presidenta-a la Corona y los ultrajes a España antes...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. Se ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, al último rey le echaron no por rey, sino por ladrón. Esta afirmación de Valle-Inclán, que podría estar de actualidad, según el Código Penal de nuestros días, dependiendo de en qué contextos se diga, podría incluso llegar a ser
delito. Es más, las resoluciones de esta misma Cámara de 1931, hablando sobre Alfonso XIII y sobre la Casa Real, también podrían ser delito, y eso parece absurdo, cuando menos, porque absurdo es un artículo en el que se señala que cualquier forma
que pueda dañar el prestigio de la Corona será castigado; esto es, cualquier crítica que se considere por algún magistrado o magistrada militante que es delictiva.
Pero vamos al grano. Aquí estamos hablando de una cuestión de legalidad y yo al señor portavoz del Grupo Popular le diría aquello de: y la europea, ¿qué? Porque usted decía: ¡parece que a los señores de Esquerra no les gusta el marco en
el que viven! Pues parece que a usted no le gusta el marco donde vive. Ha dicho que hay sentencias, una jurisprudencia consolidada tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, y ahí está el problema. Yo creo que por eso se ha traído
hoy aquí esta proposición, porque hay algo que ha olvidado usted y es que hay una jurisprudencia consolidada por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ese tribunal ha dicho que no cabe esta legislación, que es contraria al Convenio
europeo. Por eso y porque hay que tener en cuenta que algunos magistrados, en vez de aplicar el criterio europeo, esa jurisprudencia, están haciendo no un ejercicio de democracia militante, sino de borbonismo militante y les da igual la europea,
como ha hecho usted, les da igual lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones y van a lo suyo, a superproteger de alguna manera a la monarquía. Pero es que esto no es nuevo, ya se ha mencionado antes: son numerosos
organismos, desde Naciones Unidas hasta asociaciones tipo Amnistía Internacional, que están venga a decir desde hace mucho tiempo que estos artículos no casan con los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Por otro lado, estamos ante el asunto de la libertad de expresión. Usted ha mostrado -y está en todo su derecho- que no le gusta que se critique, que se insulte incluso a la monarquía, al jefe del Estado, y es respetable. Incluso hay
algunos insultos que pueden estar fuera de lo que se llama buena educación, y puede ser así. Pero es que precisamente de eso va la libertad de expresión. Cuando se habla de libertad de expresión no es para los corifeos reales, no es para los
pelotas reales; no, es precisamente para aquellos que hacen unas críticas tremendas, antisistema, si le parece, o en contra de la Constitución. Ahí está la prueba de estrés de este artículo, que, como bien mencionaban otros portavoces, se ha
recogido en todos los convenios, en todas las cartas que han sido firmadas y ratificadas por el Estado español, son parte de la normativa española. Ahí está la verdadera prueba de estrés.
Lo que ocurre -lo mencionábamos- es que en España numerosas sentencias del Tribunal Constitucional han dicho que no es una democracia militante. Pero aquí -volvemos a insistir- hay borbonismo militante, hay unos magistrados que obvian el
criterio del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con las sentencias de Arnaldo Otegi (por cierto, el único por el que en dos ocasiones un Estado ha sido condenado por utilizar toda la excepcionalidad y la ilegalidad contra una persona, y
ahí podríamos hablar de la razón de Estado contra el independentismo vasco o el independentismo catalán, pero eso lo haremos otro día) o la sentencia de la que hablaban los portavoces de Esquerra y de las CUP, del señor Stern y de Roura, donde se
dice que había una crítica política a la monarquía.
En tercer lugar, lo que es un sinsentido -también se ha comentado- es que por hacer una canción alguien pueda ser condenado y que el contenido de esa canción, cuando se escribe en un artículo periodístico, ya sea en la Tribune de Genève,
pueda ser un artículo de investigación que merezca todos los reconocimientos; que una portada de una revista satírica pueda ver secuestrado un número y condenados a sus autores y en cambio una portada de Libèration pueda ser una portada que llama
la atención y pueda incluso ser nominada a premios internacionales por aparecer prácticamente la misma imagen.
Antes se comentaba, y yo lo comparto, que estamos ante una institución medieval, como es la monarquía. Yo pensaba que en esa monarquía medieval existían los bufones, aquellos que podían hacer sátira, burla o crítica al rey. Pero es que en
el Estado español -otro señor decía que es una democracia moderna, consolidada, de las más referentes del mundo- la sátira, la crítica o incluso el insulto está
megaprotegido. Luego se habla incluso de delitos de odio. Vamos a ver: según los criterios del Consejo de Europa, de la Unión Europea, con los delitos de odio se intenta proteger a las categorías vulnerables, a los colectivos vulnerables.
¿Para ustedes la monarquía, ese superpoder no elegido democráticamente, es aquel sector vulnerable a proteger? Eso es crítica política. Puede ser dura, contumaz, pero es crítica política.
Por cierto, para acabar, creo que también hay que hacer una reflexión sobre que en la Mesa del Congreso, cada vez que se plantea una cuestión relativa a la Casa Real, no solamente se censure, sino que incluso se llegue a decir que plantearlo
de alguna manera puede faltar a la cortesía parlamentaria. Yo recientemente he realizado una pregunta sobre un señor que dice que es hijo legítimo de Juan Carlos I, el señor Albert Solà. Por si llega a ser así y es el primogénito, yo pregunté si
constitucionalmente ese señor sería el legítimo jefe del Estado. Pues bien, por plantear esa pregunta no solamente me han dicho que no es materia de Gobierno, sino que sería una descortesía plantearlo, cuando se hizo con toda la cortesía y
educación. Por lo cual creo que deben abandonar ese borbonismo militante. En definitiva, es hora de dejar de poner al rey por encima de la ley y adecuarse...
La señora PRESIDENTA: Señor Iñarritu, ha terminado su tiempo
El señor IÑARRITU GARCÍA: ... a los criterios de sentido común y europeos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-Partido Nacionalista Vasco), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Se nos trae a debate la despenalización de conductas injuriosas o calumniosas con la Corona y conductas que puedan considerarse ultraje a los símbolos, con fundamento en el derecho a la libertad de expresión e ideológica y con apoyatura o
cita en tratados internacionales suscritos por España en organizaciones internacionales que los tutelan, en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en derecho comparado, singularmente de Francia y los Estados Unidos de
Norteamérica. En contra de esta despenalización -ya se ha dicho en parte por oradores que me han precedido- suele alegarse que España no es una excepción, que democracia es respetar, que sería dejar desarmada a la democracia española, que son
actitudes que incurren en delitos de odio y que sería consolidar una forma de violencia. También con exageración se ha dicho que lo que se quiere es que todos y a todas horas puedan injuriar y calumniar a la Corona y ultrajar a los símbolos y
también se ha señalado que no se protege con estos tipos solo al rey y a su familia, la Casa Real, sino también y especialmente a la Corona como institución y, en definitiva, a la Constitución misma, lo mismo que sucede con el de ultraje a los
símbolos.
Señorías es cierto que no existe ningún derecho ilimitado y tampoco es una excepción el derecho a la libertad de expresión. Y así, en nuestro ámbito cultural y con carácter general, los límites a la libertad de expresión se fijan penalmente
en los delitos de injuria y calumnia y en la apología del delito y sus autores. Entonces, ¿dónde está la controversia si no hay duda y es pacífico que la libertad de expresión tiene un límite claro en los delitos de injuria y calumnias?
Pues, señorías, la controversia surge porque las conductas que ahora se pretenden despenalizar, cuando han sido reprendidas penalmente, lo han sido por estar vinculadas a manifestaciones en un entorno de crítica política o disidencia, bien
hacia la monarquía o hacia la unidad del Estado. Porque, efectivamente, son conductas que atacan a instituciones y a los símbolos que representan, pero no podemos desconocer que, en el momento que se producen, su contexto político es un contexto o
momento para una parte de la ciudadanía de crisis de las instituciones constitucionales, como es la misma forma de Estado, la monarquía misma, o un conflicto entre identidades nacionales distintas dentro del Estado. Por eso, cuando esas críticas
han sido penalizadas, se ha percibido como una limitación a la libertad de expresión e ideológica, no como una descalificación injuriosa, calumniosa o ultrajante, pues esto es tanto como confundir, a nuestro juicio, el dedo con la luna, es tanto
como criminalizar conflictos políticos, es tanto como prohibir la crítica al sistema por la vía penal y es tanto como judicializar la política y, consecuentemente, politizar la justicia, trasladándole debates sociales que deben de tener otros
cauces.
Por eso mismo el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos considera -señalando específicamente a España y a estos tipos penales- que una pena de prisión impuesta por un delito cometido dentro del marco de debate político constituye una
injerencia en la libertad de expresión, que no es proporcional al fin legítimo perseguido ni necesaria en una sociedad democrática avanzada. Lo cual, obviamente, no quiere decir que no sea posible delinquir injuriando o calumniando al jefe del
Estado. Lo que quiere decir y dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estos casos son tres cosas. Primero, que no es proporcional el establecimiento de una tipificación penal específica según quien sea la persona ofendida, estableciendo
penas más severas que las generales, que esto vulnera el Convenio de protección de derechos humanos. Segundo, que siempre que las expresiones puedan encuadrarse en un contexto de crítica política, han de considerarse como una manifestación de la
libertad de expresión, protegida por el artículo 10 del convenio y el 20 de la Constitución española. Y tercero, que estas expresiones simbólicas de rechazo y crítica política legítima a cualquier monarquía, cargo público o manifestación unitaria
de un Estado nada tienen que ver con la vinculación a delitos de odio y violencia, a la luz de su doctrina sobre el riesgo claro e inminente de causar un comportamiento materialmente violento y dañino. Y todo ello también, como señala el Comité de
Derechos Humanos de la ONU, por muy destemplada e impropia que sea la crítica política e ideológica contra banderas, símbolos o instituciones; críticas que en muchas ocasiones pueden llegar a ser claramente ofensivas, impropias, injustas,
oprobiosas o incluso ajenas a la realidad y que nuestro grupo parlamentario no comparte, lo que, aun así, no debe llevar, a nuestro juicio, a restringir la libertad de expresión que se debe aplicar de manera prevalente cuando de crítica política se
trata.
Voy finalizando, presidenta. El Grupo Parlamentario Vasco, al igual que ha hecho en otras legislaturas cuando este asunto ha sido traído a debate, votará a favor de su toma en consideración, estimando que es un asunto, incluso más allá de
lo que se contiene en la proposición de ley, que reclama un debate en ponencia y Comisión, con el ánimo de considerar sosegadamente la propuesta que se nos hace u otras que pudieran salir al hilo de la misma, sin desconocer tampoco que la libertad
de expresión también se extiende a ideas y expresiones que pueden ser ofensivas, conmocionantes y perturbadoras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Hay quien se ha sorprendido de que Esquerra traiga aquí en pandemia este asunto. Yo, en cambio, sé que es importante para Esquerra, porque para el nacionalismo es importante injuriar, ultrajar y calumniar. Veamos qué significa cada uno de
estos verbos. Injuriar, según la RAE: agravar, ultrajar, dañar, menoscabar. Ultrajar, según la RAE: ajar o injuriar. Y, por último, calumniar, según la RAE: atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas, o
imputar falsamente un delito. Esto es lo que quieren ustedes permitir que se haga con el rey, la reina o sus hijas, pero también con España y nuestros símbolos. Es decir, si yo llamo golpistas a quienes han intentado dar un golpe de Estado,
ustedes se agitan, hacen el pino puente en el escaño, piden que se quite del Diario de Sesiones, pero ustedes quieren poder calumniar, injuriar y ultrajar libremente. Bien, al menos son sinceros. Ustedes quieren legitimar una forma de violencia;
no me sorprende, el nacionalismo siempre desemboca en violencia y sin ella no es nada. Está claro que en la metamorfosis, como la de la rana, los grados de violencia nos son siempre los mismos. No es lo mismo en fase renacuajo, lo que podría ser
un nacionalismo en régimen democrático que intenta disimular, que un nacionalismo en fase rana o sapo gordo encima de una piedra, como puede ser Milosevic hace un par de décadas. El problema es que hay quienes creen que el renacuajo y la rana son
animales diferentes. Le pasa al Partido Socialista, le pasa a algunos bienintencionados diputados de Esquerra -no les pasa a los de Bildu, que saben perfectamente que son unos sapos bien gordos-, que creen que su nacionalismo es diferente, y no, es
la misma especie. Si se guardan un renacuajo en el bolsillo, con el paso del tiempo lo sacarán y tendrán un sapo bien gordo en la mano. A nosotros no nos confunden, defienden ustedes una tradición política violenta y ahí está la historia;
necesitan la violencia, necesitan la mentira. No lo digo yo, lo dice la historia. El nacionalismo ejerce la violencia con lo que puede, ahora con la palabra: la calumnia, la injuria y el ultraje, es decir, la mentira y el insulto. La palabra en
estas formas es una expresión de violencia o, como dijo un diputado socialista que se llama José Andrés Torres Mora, ¿es que la palabra no destruye reputaciones? ¿Es que la palabra no hace daño? ¿Es que la palabra
no hace llorar? Quieren ustedes que se pueda injuriar, calumniar y ultrajar, por ejemplo, a la reina o a sus hijas. Señores de Podemos, ¿es que la Corona elimina el género? ¿Van a votar a favor de esto?
La calumnia y la injuria, la mentira y el insulto son dos pilares fundamentales del nacionalismo. La calumnia y la injuria tienen un elemento esencial, la mentira; la verdad nos hace libre y ustedes tienen que cargársela para cargarse la
libertad. Si se desarma el nacionalismo de la mentira se ven las costuras, por eso la quieren legalizar. Hay muchos ejemplos: la Corona catalano-aragonesa; los Països Catalans; la película esta que se han montado con la guerra de sucesión
europea; la raza catalana, que han escondido debajo de la alfombra porque ahora es poco pop, o que el nacionalismo catalán fue totalmente antifranquista. También mentiras como que los catalanes pagan más impuestos que el resto de España, como si
tributase el suelo y no las personas, como si Hacienda mirase de dónde es uno y no con cuánto puede contribuir. Con mentiras quieren que los españoles no se percaten de que los políticos que se dicen de izquierda y progresistas en realidad tienen
problemas con el rey porque el rey defiende la unidad y la solidaridad entre españoles. El rey defiende que los ricos ayuden a los pobres, que entre todos generemos medios para el ejercicio de derechos y libertades; frente a este rey, la llamada
izquierda independentista quiere que los ricos nacionalistas catalanes puedan irse para romper esa solidaridad. Esa es la verdad que ustedes quieren tapar con estas calumnias y estas mentiras.
Quieren ustedes crear un gran paraíso fiscal, el mayor desahucio de la historia; si hubiera una revolución de octubre bien informada, hoy no tomarían la Zarzuela, tomarían las sedes de Esquerra Republicana, porque ustedes quieren una clase
privilegiada basada en el suelo. Les molesta el rey para su amnistía fiscal, les molesta el rey para ser señores feudales, les molesta el rey para imponer el privilegio frente a la igualdad. Quieren ser nobles pero sin que se note. En España se
puede criticar al rey ya hoy, de manera descarnada. Si un miembro de la familia real delinque va a la cárcel pero no pide indultos ni pide un trato preferente. ¿Creen los nacionalistas en la libertad de expresión? ¿Aplican siempre este criterio?
Veamos un caso práctico (muestra un recorte de periódico): Quim Torra se querella contra Juan Marín por calumnias, por acusarle de insultar a los andaluces. La piel de papel cebolla tienen ustedes. Mire, fue archivada, porque esto no fue una
calumnia, fue una descripción de los hechos.
Por último, quieren que se pueda ultrajar a España. ¿Por qué? Les voy a decir por qué quieren ultrajar a España. España es derechos para todos, ustedes quieren privilegios para algunos; España protege la verdad, ustedes quieren que
impere la mentira; España es libertad, ustedes quieren tiranía. Se llaman ustedes Esquerra Republicana de Cataluña. Repasemos. Ustedes no son de izquierdas, son de antiderechas; ustedes no son republicanos, son antimonárquicos; ustedes no son
catalanistas, son antiespañoles. Ustedes perderán este pulso pero entonces ganaremos todos, también ustedes. ¿Saben por qué? Porque España, como todas las grandes naciones, protege a todos, también a quienes no creen en ella.
Creo que ha quedado claro el sentido del voto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
La mayor evidencia de la baja calidad democrática del régimen español es la existencia en su Código Penal de delitos de opinión; una legislación represiva que coarta un derecho fundamental como la libertad de expresión y que castiga su
ejercicio cuando se orienta a criticar a instituciones o símbolos del Estado que considera sacrosantos. A lo largo de los últimos cuarenta años son numerosos los casos de condenas por motivos de opinión. Déjenme que, en el escaso tiempo de que
dispongo, les relate solo cuatro en mi país. En 1980, el cantante Suso Vaamonde fue condenado a seis años de prisión por injurias a la nación española por la letra de una canción, curiosamente una canción popular y muy conocida en Galicia. Pasó el
tiempo de condena en el exilio. En 1981, el historiador Francisco Carballo fue condenado a seis meses y un día de prisión por un libro en el que se recogía que la Policía española asesinó en 1975 a Xosé Ramón Reboiras Noia, luchador en defensa de
la libertad y la soberanía de Galicia, dirigente de la Unión do Povo Galego, partido hoy integrado en el BNG. En el año 2009, Moncho Reboiras fue reconocido oficialmente como víctima del franquismo. En 1986 fue condenado a dos años de prisión el
dirigente del BNG Francisco Rodríguez, acusado de ultraje a la bandera española. Rodríguez fue diputado durante doce años en este Congreso, en el que ejerció de forma brillante como un gran defensor de los intereses
de Galicia. En ese momento Francisco Rodríguez defendió la reforma del Código Penal para -cito textualmente- que no pueda usarse ese delito de forma caprichosamente política y con afán de castigo intimidador a discreción. En agosto de
2020, la Fiscalía del Supremo investigó a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a Pere Aragonès de Esquerra y Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía por decir lo que todos sabemos: que los Borbones son ladrones y corruptos. En medio,
miles de personas perseguidas en mi país y a lo largo y ancho del Estado español por opinar sobre el rey o sobre España.
Esta tipificación delictiva no es compatible con un sistema que sea verdaderamente democrático y es muy evidente su uso para perseguir la discrepancia política, especialmente el soberanismo de las naciones sin Estado o las legítimas críticas
a una monarquía anacrónica y corrupta, como la de los Borbones. No sé si son conscientes de que la existencia de este tipo de delitos y su aplicación práctica pone en evidencia la debilidad del régimen del 78 y del propio Estado español monárquico
y unitario, porque parece que solo se puede mantener por la vía del castigo al discrepante, utilizándolo, además, como ejemplarizante para disuadir del ejercicio de un derecho tan básico y fundamental como es la libertad de expresión. Sepan que
nosotros -el BNG, los y las soberanistas, los y las demócratas- nunca dejaremos de ejercerla, guste o no guste.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.
El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Muchas gracias, señora presidenta.
A estas alturas del siglo XXI no tendríamos que estar hablando de estas cosas. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado muy claro que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión
o la libertad ideológica, no pueden ser objeto de criminalización. Por tanto, en la medida en que los jueces y los tribunales españoles son también tribunales europeos, ningún juez español podría hoy aplicar ninguno de esos tipos penales de
injurias o ultrajes cuya derogación ustedes proponen. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque en España hay algunos jueces -en todo caso, demasiados- escorados no hacia posiciones conservadoras, cosa que sería legítima, sino hacia posiciones
políticas directamente reaccionarias y que, por ende, no reconocen la primacía de los derechos fundamentales sobre la legislación vigente. Por tanto, fíjense que el problema no es tanto derogar uno o dos tipos penales o uno o dos artículos del
Código Penal, sino establecer un programa mucho más amplio de regeneración democrática. Es necesario modificar íntegramente el Poder Judicial, no solo la elección de los vocales, sino todo en su conjunto, también el acceso a la judicatura. Sin
embargo, ese es un programa de reformas a largo plazo y, en el ínterin, deben reformarse o derogarse aquellas leyes que permiten que puedan producirse condenas contrarias a los derechos fundamentales y, especialmente, establecer mecanismos de
control que sean efectivos cuando algún tribunal emite condenas con vulneración clara de los derechos fundamentales. ¿Y eso se puede conseguir? Sí. ¿Hay una mayoría para ello? Sí, y en vuestras manos, compañeros de Esquerra Republicana, está
conseguirlo. Cuando el Gobierno de PSOE y Podemos venga a pedir vuestro apoyo a los presupuestos, vuestros trece votos para aprobar los presupuestos, condicionadlos a un programa de reformas que incluya todo eso para que nunca más un disidente
pueda ser condenado en España de forma contraria a los derechos fundamentales, para que nunca más un catalán, por el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, pueda ser condenado por injurias, ultrajes, desobediencia, sedición o rebelión.
Es posible hacerlo y está en vuestras manos conseguir que exista una mayoría para ello.
Acabo con un apunte final. Para resolver satisfactoriamente el problema jurídico de las injurias a la Corona lo más eficaz no es derogar las injurias, lo más eficaz es pedir ya que se elimine la monarquía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor AlonsoCuevillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidenta, señorías, después de escuchar a los portavoces de la derecha, permítanme que les haga algunas preguntas. ¿Cuántos varapalos desde Europa hacen falta para que se
sientan interpelados a modernizar el Código Penal que contiene reliquias del pasado como el delito de injurias a la Corona o el de sedición? ¿Cuántos tuiteros, cantantes o humoristas disidentes serán amordazados y tendrán que ir a
Estrasburgo hasta entonces? ¿Cuántas condenas por vulneración de derechos humanos se dictarán contra España para que se tomen en serio las libertades fundamentales? ¿Cuántas veces el Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de la ONU
tendrán que recordar que España protege de forma irregular y excesiva a la Corona? Escuchándoles hoy sé que esas preguntas les estorban, como les estorba la Europa de los derechos humanos. Por eso citan jurisprudencia española y nunca
jurisprudencia europea, porque Europa es un espejo incómodo para ustedes que refleja su nacionalismo impotente y herido. Pero hay algo que es insoslayable en democracia: ninguna institución, por muy propia que ustedes la sientan, se puede sustraer
a la crítica política. La democracia no emana de la monarquía o de una bandera, sino del ejercicio de los derechos fundamentales. Las libertades son la auténtica institución que debe ser sobreprotegida y es la única que se puede defender por
encima de las otras. Y por eso la libertad de expresión también tutela las críticas que perturban, que ofenden, que hieren y que son ingratas. Esa es la grandeza de la democracia. Por eso, incluso la quema de las fotos del rey, que para muchos de
ustedes merecía cárcel, en Europa los jueces han dicho que es ejercicio de derechos fundamentales. Y por eso se despenalizaron estas conductas en países como Francia, hace siete años, o en Estados Unidos, hace sesenta años, cuando la Corte Suprema
dijo que quemar la bandera norteamericana como símbolo de libertad, y precisamente por eso, era también un ejercicio de libertad.
Si confrontamos esa realidad con la española, surgen más interrogantes. ¿Qué simboliza una bandera que necesita armarse con una coraza penal tan desmesurada? ¿Qué vuelve tan grave, como cantaba Brassens, el pecado de no seguir al
abanderado? ¿Qué indica que una institución como la monárquica necesite afianzarse con la represión penal a quien la critica o se burla de ella? Como ha dicho el portavoz de la CUP, indica que, cuando menor es la solidez y el prestigio democrático
de una institución, más tiene que recurrir al derecho penal. Por eso, ustedes defienden la vigencia de este delito; ustedes, a quienes les preocupa el prestigio de la monarquía, a nosotros no. De hecho, este viernes vamos a quitar en el
Ayuntamiento de Barcelona la medalla al rey emérito. Tiene una fórmula muy sencilla, una fórmula para los monarcas: no ponerse por encima de la ley con privilegios y honores que son incompatibles con la democracia y no corromperse. En una
palabra, no robar. (Aplausos).
Señorías, algunos de ustedes tienen un curioso concepto de las ofensas, hay un doble rasero llamativo. Cuando diputados como el señor Abascal vienen aquí a llamar a otros diputados terroristas, golpistas o asesinos no pasa nada y, en
cambio, un cantante tiene que huir a Europa para no ser encarcelado por decir algo que piensan muchos españoles: que los Borbones son unos ladrones. Ustedes hoy se ofenden porque traemos este debate aquí, a la Cámara, pero a nosotros nos ofenden
muchas otras cosas. ¿Saben cuál es para nosotros la mayor ofensa a España? Que la justicia no sea igual para todo el mundo, que todavía haya miles de republicanos en las cunetas y que una fundación que lleva el nombre de su verdugo todavía sea
legal. Eso es lo que nos ofende. Y nos ofende también que a quien señaló el dictador como su heredero se fugue precisamente a una dictadura árabe en plena pandemia. Ustedes dicen que 'con la que está cayendo', pues 'con la que está cayendo' es
una vergüenza que se fugara el rey emérito. Y lo que nos ofende también es el discurso del 3 de octubre, cuando el rey se puso del lado de las porras, de los que gritaban 'a por ellos' y no de la ciudadanía en defensa a las escuelas. (Aplausos).
Y nos ofende también la falta de control del gasto de la familia real cuando faltan camas de hospitales y que el señor Tezanos trate a la ciudadanía como menores de edad para que no sepan lo que está señalando las encuestas: que en su mayoría,
España es republicana. Eso es lo que a nosotros nos ofende.
Señorías del Partido Socialista, es la segunda vez que traemos un debate sobre la monarquía y tenemos discrepancias. Esperemos que a la tercera sea la vencida y que en el futuro podamos también coincidir no solo en medidas de higiene
democrática como esta que estamos debatiendo, sino incluso en el horizonte republicano por el que nosotros luchamos, porque sé que ustedes tienen también un alma republicana.
Por último, esta ley hoy no saldrá adelante y solamente queda una pregunta en pie por hacerse: ¿Hasta cuándo algunos creen que podrán seguir escondiendo bajo la alfombra de este Congreso las reivindicaciones de esa mayoría republicana, o
no, que quiere poner luz y taquígrafos en una institución tan opaca como la monarquía, o que quiere acabar con las zonas de impunidad, o con la persecución de aquellos que la critican? Ha pasado más de un siglo desde la persecución de Valle Inclán
o de Unamuno por ultrajes al rey. Y, ahora, es absolutamente intolerable que la mistificación de la monarquía sea un
obstáculo para el debate ciudadano, el debate libre. En ese contexto, siempre será preferible atacar los símbolos del poder a que sea el propio poder quien ataque los espacios...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens.
El señor ASENS LLODRÀ: ... de crítica irrenunciables en cualquier democracia.
La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo.
El señor ASENS LLODRÀ: Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.
El grupo proponente de esta iniciativa es Esquerra Republicana de Cataluña. A los amantes de la memoria histórica, que en esta Cámara hay muchos, les voy a recordar lo que representa Esquerra Republicana de Cataluña en este orden de cosas
que hoy nos traen aquí a debatir. La proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española, en octubre de 1934, por el presidente Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, en el calor y el fragor de la huelga
revolucionaria desatada por el Partido Socialista Obrero Español contra el legítimo Gobierno republicano. La reacción del Gobierno republicano contra tal proclama y tal declaración del Gobierno de la Generalidad y su presidente, de Esquerra
Republicana de Cataluña, del Gobierno presidido por el radical Alejandro Lerroux: el envío del Ejército, que tomó la plaza de San Jaime -hubo muertos, porque anarquistas dispararon contra los soldados- y la rendición de ese Gobierno en la madrugada
siguiente. (Un señor diputado: ¡Cobardes!-Rumores). La suspensión de la autonomía por razón de esa rebelión militar (rumores)...,
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... por ley de 14 de diciembre de 1934. El enjuiciamiento y condena de Companys y otros responsables por rebelión militar. No sé si me oyen bien y si me oyen en la Sala segunda del Tribunal Supremo: rebelión
militar. (Aplausos). Treinta años de prisión, de condena. Condena a pena de muerte del jefe de los Mossos d'Esquadra y otros responsables militares y policiales que dispararon contra el Ejército; pena conmutada, por cierto, por el presidente de
la República, que era Niceto Alcalá-Zamora. Por cierto, compárese esta reacción de ese añorado Gobierno republicano por la izquierda con la inane reacción del Partido Popular en los acontecimientos de octubre de 2017. (Aplausos). Inolvidable e
imperdonable, por mucho que al señor Casado le cueste creerlo, porque entonces no dijo Rajoy 'hasta aquí hemos llegado'; no lo dijo. (Aplausos). ¡Vergüenza tendrían que tener de esta incoherencia de venir hoy a votar en contra de esta proposición
de ley! Vergüenza tendrían que tener, que creo que no la tienen, no por motivos de tenerla, sino por su propia catadura.
¿Qué pretende, en definitiva, Esquerra Republicana de Cataluña? Lo que pretende es lo que dice. Lo que pretende es que sea impune en España injuriar al jefe del Estado y ultrajar a España. Esto es inaceptable. No hay nación en el orbe,
normalmente constituida, que se lo permita. No la hay. Dice el señor Legarda, portavoz del Partido Nacionalista Vasco: esto no significa que vayan a estar injuriando todo el día. Claro, unos ratos sí y otros no, ad libitum. (Aplausos). Señor
Legarda, por favor, usted ha dicho eso.
La sentencia en el asunto Stern y Roura, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2018. A los que han intervenido en esta sesión y son letrados, suspendidos todos. (Risas y aplausos). No han sabido ustedes aprovechar la sentencia, son
muy torpes. Todos suspendidos. Si hubiesen sido alumnos míos en la facultad estarían todos suspendidos, no tengan ninguna duda (rumores); y en la convocatoria siguiente, examen oral ante tribunal. (Risas). La sentencia no se pronuncia sobre si
la condena litigiosa es cuestión atinente al derecho de libertad de expresión. Lo dice expresamente el párrafo veinticinco, que dice: Se refiere a si debe ser calificada como discurso del odio. Esto se les olvida a ustedes, porque leen la
sentencia, claro, sesgadamente, pro domo sua, según les conviene a sus intereses.
Segundo, la sentencia tiene una valoración casuística; la sentencia dice expresamente en ese caso, que es un caso singular, de quema de retrato del rey en una manifestación política e insiste en ese
carácter circunstanciado de su razonamiento y de su fallo. No tiene ninguna pretensión general relativa a tipos penales; ni siquiera acerca del tipo penal del 490.3, que es el que es objeto de debate en aquel procedimiento ante la Corte de
Estrasburgo. Por no hablar del 491 o del 543 sobre ultrajes a España, que ni siquiera mencionan ni guardan relación alguna con lo que dice esa sentencia. Por lo tanto, un exceso en la interpretación, por lo demás, insisto, bastante torpe y, si me
lo permite alguno -y espero que no se sienta injuriado-, paupérrima.
La sentencia, es cierto que recuerda a la sentencia anterior en el caso Otegi Mondragón; sí, sentencia que dice que no cabe una protección especial del jefe del Estado en materia de injurias. Pero también es cierto que después de esa
sentencia del caso Mondragón de 2011 se pronunció el Tribunal Constitucional español en 2015, y no ampara a los recurrentes que luego fueron a Estrasburgo, ¡no los ampara! Y no los ampara porque dice que esa protección no es protección del jefe del
Estado ni del monarca; es protección de las instituciones del Estado y de la nación española, porque el jefe del Estado lo que representa -y lo dice el Tribunal Constitucional- es la unidad nacional y la permanencia del Estado, y esto lo dice el
Tribunal Constitucional porque lo dice la Constitución en el artículo 56.1. Luego hay espacio intelectual para discutir si es legítima o no la subsistencia.
Por lo demás, aquí ya se ha invocado el derecho comparado, no lo haré yo. La republicana Francia, señor Asens -no lo sabe usted-, la republicana Francia mantiene el delito especial de injurias al jefe del Estado, al presidente de la
República, equiparado a las injurias a diputados y a ministros. La republicana Italia, cuatro delitos de vilipendio político: del presidente de la República, de la nación italiana, de la bandera italiana y de la República misma, declarados
constitucionales por la Corte Constitucional italiana. Y otras monarquías parlamentarias en Europa, prácticamente todas ellas, y otras repúblicas, que son Estados Unidos y de la Unión Europea. No obstante, si la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos tomase un cuerpo evolutivo en orden a admitir las injurias al jefe del Estado y los ultrajes a España como algo que no debe merecer calificación...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, ha terminado su tiempo.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... y reproche penal, VOX propondría las iniciativas oportunas.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Leal Fernández.
La señora LEAL FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Republicano presenta una iniciativa legislativa para suprimir del Código Penal, del título que contiene los delitos contra la Constitución, las injurias y calumnias al rey y
las ofensas y ultrajes a España, a las comunidades autónomas o a sus símbolos y emblemas, porque ese es el debate que nos trae esta tarde y no otro. La Constitución recoge y menciona elementos simbólicos cuando alude a la bandera como símbolo -la
bandera de España, la bandera propia de las comunidades autónomas-, al tiempo que diseña un sistema institucional que tiene como base y forma de Estado la monarquía parlamentaria. No me detendré, porque ya lo han hecho con profusión los oradores
que me han precedido, en motivaciones jurisprudenciales. Se ha citado reiteradamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia e incluso a nuestro Tribunal Constitucional , también los planteamientos de la doctrina penal,
entre los que se encuentran insignes juristas, como Concepción Gamarra o Santiago Muñoz Machado, que recomiendan una evolución en la interpretación que los tribunales deben hacer de estos delitos, adaptando su aplicación a la evolución social, a los
tiempos y al ejercicio cada vez más pujante de la libertad de expresión. Conviene dejar claro, señorías, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha demandado a España explícitamente la derogación de estas normas penales que protegen el honor
y la reputación de la Jefatura del Estado, porque no son incompatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos. Es más, el Tribunal ha reconocido que es legítimo que las instituciones del Estado estén protegidas por las autoridades
competentes en su calidad de garantes del orden público institucional.
En el Grupo Socialista consideramos que la afectación negativa a estos preceptos constitucionales debe conllevar necesariamente una sanción jurídica. El debate sobre cuál es el tipo de sanción que debería garantizar la protección de los
símbolos e instituciones reconocidos constitucionalmente exige y
requiere un profundo debate y un consenso básico que no concurren en este momento. Señorías, como ocurre en tantas situaciones complejas, ideas aparentemente extremas pueden llevar a resultados idénticos, y no por ello son deseables ni
adecuados. El descarte nos invita, nos conduce a centrarnos en esto, en mejorar lo que tenemos. Desde esta base se deben encontrar propuestas, buenas razones que puedan utilizarse para consensuar reformas necesarias para adaptar y modernizar, que
mejoren lo establecido, recreen la legalidad constitucional y fortalezcan las instituciones y la confianza de la ciudadanía en ellas. No es el momento de abrir este debate sobre la despenalización. Abrir ahora este debate, descontextualizar esta
reforma que nos proponen, no hace sino distraer y situarlo en el ámbito de la demagogia, de las interpretaciones interesadas de los malintencionados; nada conveniente ni deseable en estos tiempos en los que es necesario priorizar nuestras
actuaciones para afrontar la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas.
Señorías, la garantía de la libertad de expresión, la determinación de su sanción, el necesario equilibrio entre los límites de la libertad de expresión, las libertades políticas y el honor de las instituciones, esta es, sin duda, tarea
común del legislador; dotar de instrumentos a la sociedad para su defensa. Los socialistas mantenemos firme nuestro compromiso en defensa de la libertad de expresión como derecho fundamental, como un ejercicio de obrar pero dentro de un límite
esencial, el hecho de que los actos o palabras no inciten en ningún caso al uso de la violencia, llamen a la violencia pública o puedan constituir un discurso de odio. Las ofensas que tienen por objetivo debilitar a las instituciones no son buenas,
señorías, y aquellas que tienen -y lo hacen- como objetivo denigrar a las altas instituciones del Estado, la Corona, España o las comunidades autónomas, no son nada buenas y deben de ser reprobadas. Para el Grupo Socialista defender la estabilidad
de nuestro Estado de derecho es garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y proteger a las altas instituciones del Estado es salvaguardar la monarquía parlamentaria, al jefe del Estado dentro del pacto constitucional.
Los comportamientos que justifiquen el odio, que promuevan la hostilidad y conduzcan a la intolerancia deben ser no solo reprochables, sino sancionados como actos incompatibles con la democracia, y en su defensa siempre nos encontrarán.
Poniendo en valor el peso de todas estas premisas, la conveniencia de alcanzar grandes acuerdos y consensos para abordar futuras reformas, por nuestra responsabilidad, por la que nos ha acompañado en toda nuestra trayectoria como partido y como
Gobierno, porque es también necesario tener en cuenta el criterio de oportunidad en un Parlamento, el voto del Grupo Socialista en este Pleno será contrario a la tramitación de esta proposición de ley.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Leal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para conocimiento de todas sus señorías, tal y como he comentado hoy y la semana pasada en Junta de Portavoces, y para que todos podamos ajustarnos a los tiempos reglamentariamente previstos, a partir de hoy los oradores serán advertidos de
que va a finalizar su tiempo cuando les falten treinta segundos, de forma que puedan concluir su intervención antes de que se les retire el uso de la palabra. Entendemos que haremos una mejor y más racional gestión del tiempo del Pleno, y así lo ha
acordado la Junta de Portavoces. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000083).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Mi grupo parlamentario presenta esta proposición de ley porque reedita intentos anteriores para solventar los problemas que plantea el artículo 315 del Código Penal relativo al delito agravado de coacciones en el desarrollo de la huelga.
Como recordarán, el Grupo Parlamentario Socialista ya ha trabajado en otras ocasiones esta cuestión y la defenderemos hoy una vez más, como hemos hecho siempre, por convicción socialista y por tradición sindical. Miren, creo que el debate de hoy no
se sustancia fundamentalmente en las diferentes ideologías que están representadas en esta Cámara y que son la voz de un país plural y respetuoso como es España, está sustanciado más bien en torno al Estado de derecho.
Y es que, como saben, hace más de cuarenta años consideramos que el derecho a huelga debía ser un derecho fundamental, y esto es así porque nos pusimos de acuerdo y porque entendimos y asumimos que la negociación colectiva era el punto de
equilibrio para que la democracia también significase libertad, igualdad y participación efectiva. Creo que todos y todas aquí coincidimos en que el trabajo condiciona la vida y la supervivencia de la mayor parte de la sociedad, por eso los
socialdemócratas estamos de acuerdo en que el mercado de trabajo no puede participarse únicamente por la oferta y la demanda sino que es necesaria la negociación social y política para garantizar los derechos laborales y, en consecuencia, para
garantizar una vida digna y libre para todas las personas. Gracias a más de un siglo de lucha sindical, hemos entendido que los centros de trabajo son algo más que enclaves de producción, son también espacios políticos donde todas las partes deben
contar con mecanismos de participación activa y de capacidad de decisión. Señorías, es justo reconocer que la categoría de ciudadanía como la entendemos actualmente está vinculada al sindicalismo de clase. Dicho todo esto, no es extraño que los
padres y las madres de la Constitución consagraran como fundamental el derecho a huelga, supongo que deliberarían largo y tendido sobre su indudable valor transformador; la jornada de ocho diarias, las vacaciones remuneradas, los salarios dignos y
un largo etcétera tienen en común haberse logrado tras interminables jornadas de parón y de negociación colectiva. Por tanto, dado el contenido de nuestra Constitución, debemos defender el papel de los sindicatos en nuestra sociedad, porque, como
digo, son un pilar básico para nuestra convivencia pacífica y democrática. Es más, precisamente, debemos protegerlos de la acción de aquellos poderes que pretenden debilitarlos.
Señorías, derogar el artículo 315 del Código Penal es necesario porque nuestros jueces y tribunales ya encuentran acomodo para las conductas más violentas en este ámbito en el artículo 172 del Código Penal. Además, la redacción del artículo
que hoy tratamos deja espacio para una interpretación interesada y peligrosa. Esto ya sucedió en el año 2012, tras la aprobación de la reforma laboral; bien lo saben en la bancada popular. No podemos volver a permitir que las leyes, en vez de
usarse para impartir justicia, se usen para aplicar castigos ejemplarizantes que coarten libertades que -vuelvo a insistir- son constitucionales. (Aplausos). Señorías, la crisis de 2008 y sus consecuencias nos recordaron que la desigualdad no es
un fenómeno natural, es un fenómeno profundamente político e ideológico. Cuando la desigualdad se acentuó, las protestas crecieron y de repente el artículo 315 se convirtió en útil para reprimir y amedrentar a quienes decidían alzar la voz. No hay
nada más indigno que usar la ley como un arma. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista les invita a que abramos este trámite parlamentario sobre un artículo que en ningún caso sirve para nada bueno, un artículo que ni las juezas ni los
tribunales han venido aplicando asiduamente, que es desproporcionado y que no se ajusta a nuestra jurisprudencia. Es hora de que juntos repensemos esta norma.
Señorías, esta Cámara debe proteger la expresión democrática del conflicto social, que además debemos entender en su contexto. Los conflictos que dan lugar a las huelgas afectan a aspectos muy sensibles y relevantes de la vida de los
trabajadores y en estas circunstancias no pueden exigirse comportamientos moderados, propios de un momento de normalidad. Además, hay que tener en cuenta que cierto exceso está ligado al ejercicio del derecho de manifestación en una sociedad
abierta y compleja. Esto no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional. (Aplausos). Resulta, por tanto, absolutamente anómalo que nuestro ordenamiento jurídico considere que el mismo hecho que puede
suponer el ejercicio de un derecho fundamental suponga también una conducta delictiva. Si aplicamos el principio de ponderación, creo que todos estaremos de acuerdo en que no podemos proteger más una libertad genérica que el ejercicio de un derecho
fundamental. Además, las sanciones que prevé el artículo 315 contravienen el principio de proporcionalidad. Les voy a poner un ejemplo práctico. El Código Penal establece horquillas penales cercanas a las del artículo que debatimos hoy aquí para
algunos delitos de tráfico de drogas o de lesiones, entre otros ejemplos que podría ponerles. ¿Qué clase de hostilidad hay que sentir hacia el movimiento sindical para no encontrar razonable esta proposición que hoy les presentamos? ¿De verdad es
justo llegar a encarcelar a una persona por un delito de coacciones en un contexto de huelga? ¿No les contraría que exista un tipo específico agravado para las coacciones precisamente en el contexto de huelga?
Señorías, esta Cámara debe alejarse de prejuicios y hostilidades propias de quienes no entienden la democracia. El sindicalismo debe ser un espacio abierto, de alta participación, porque eso nos enriquece como sociedad. Si mantenemos
normas que busquen el desaliento de la acción sindical, estaremos expulsando la necesaria pluralidad de la participación social. Paradójicamente, tratar de reprimir la protesta acentúa la participación de vándalos, fomenta la crispación y exacerba
la violencia y el enfrentamiento. Un
país libre debe asumir la reivindicación social como lo que es, motor de avance. La historia nos demuestra que los grandes logros para la mayoría de la sociedad han venido de la mano de la lucha de la clase obrera, una lucha dura y honesta,
cuya única vocación ha sido siempre la universalidad, la igualdad y la justicia social. Si echamos la vista atrás, vemos que los periodos de mayor prosperidad han estado marcados por el reconocimiento social y político de las reivindicaciones de la
clase obrera. Este Parlamento debe representar la máxima expresión de la democracia, pero no es la única de estas expresiones. Cada vez que se calla un sindicalista, muere la democracia. Cada vez que un trabajador decide no protestar por miedo a
ser despedido, muere la democracia. Y cada vez que una trabajadora tiene que elegir entre trabajar o cuidar de su familia, también muere la democracia. (Aplausos).
Por todo esto, debo recordarles que, precisamente, en democracia el Código Penal es una herramienta que protege bajo el principio de mínima intervención, es decir, no es una herramienta de represión. Recuerden que si la libertad no se
ejerce en un contexto de seguridad y certidumbre, no es libertad, es un privilegio. Una sociedad libre necesita instrumentos para canalizar la protesta, y esto es tremendamente importante porque, fíjense, esos son los medios de que disponen quienes
no tienen poder a su disposición. Ya sabemos que la negociación y la participación de la clase trabajadora es determinante en un reparto más justo e igualitario de la riqueza. Sin duda, el momento que vivimos exige repensar juntos cómo se reparten
el trabajo, los recursos naturales, los cuidados y la riqueza. La interdependencia es más evidente que nunca. Sabemos que el planeta y nuestro modo de vida solo serán viables si cooperamos. Es por esto por lo que no debemos tenerle miedo a la
expresión, a la exigencia y a la participación de una sociedad que necesitamos más viva que nunca para seguir adelante.
En conclusión, señorías, mi grupo parlamentario presenta esta proposición de ley recordando no obstante la importancia de escuchar y dar voz a los sindicatos en este tipo de reformas. Defender el ejercicio del derecho a huelga y la libertad
sindical en toda su extensión siempre ha sido y será una máxima del Partido Socialista, porque creemos que una sociedad próspera pasa también por ser justa, libre e igualitaria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Jerez Juan.
El señor JEREZ JUAN: Gracias, señora presidenta.
Nada mejor que remontarse al pasado para conocer el origen de la historia. Así pues, puestos a recordar, recordemos que fue en 1995 cuando en el Gobierno de Felipe González Márquez se aprobó el Código Penal de la democracia, y a ustedes, al
Partido Socialista, les pareció bien; igualmente bien le pareció al comunismo de la época apoyar la aprobación de aquella ley, y entonces tanto a unos como a otros les pareció bien mantener la misma figura delictiva que hoy pretenden derogar. Por
tanto, que quede perfectamente claro que fue un Gobierno socialista, con el apoyo del comunismo, quien mantuvo hasta nuestros días el delito agravado por el que hoy se pretende derogar el artículo 315.3 del Código Penal. ¡Qué vueltas da la vida!
Pero no queda todo ahí. Cuando lo hicieron no votaron a favor de un artículo cualquiera, sino del mismo artículo que hoy quieren derogar y que proponía una pena de hasta seis años de prisión, es decir, una pena seis veces mayor a la actual y que
fue ampliamente reducida en una España gobernada por el Partido Popular. Por tanto, no sabemos si interpretar la propuesta que hoy nos traen aquí como un ejercicio de arrepentimiento voluntario de aquello o una enmienda a la totalidad a ustedes
mismos. No les niego que estén ustedes en el derecho de proponer la derogación de este artículo, que lo están, pero si tanto les molesta lo podrían haber hecho cuando gobernaban y no lo hicieron. Incluso en el año 2010, cuando se aprobó una
reforma de ciento cincuenta artículos del Código Penal, mantuvieron ustedes sin complejos este tipo penal que ahora les parece tan criminal y tan diabólico.
En cualquier caso, vamos a centrar la cuestión. Lo primero que tenemos que hacer para abordar este debate es preguntarnos: ¿qué protege el punto 3 del artículo 315? La pregunta es sencilla, la respuesta también. El artículo 315.3 protege
un derecho fundamental, el derecho que tenemos todos a poder trabajar y además a poder trabajar en paz. Pues bien, si la aprobación del derecho fundamental al trabajo reside en este precepto, la derogación que se pretende hoy supone dejar sin
protección penal los derechos de los trabajadores, el derecho que tiene cualquier persona a trabajar sin ser perturbado en ese ejercicio, el derecho a trabajar sin ser intimidado en su jornada laboral y el derecho a no ser agredido en su puesto de
trabajo por nadie por muy legítima que sea la protesta o la jornada de huelga en la que participe el agresor. Por tanto, una de las preguntas que irremediablemente nos deberíamos hacer es cómo se va a proteger a partir de ahora a los
trabajadores que se vean amenazados por la versión más radical de los huelguistas, de qué manera va a sentirse protegido hoy un trabajador si se deroga el artículo 315.3 del Código Penal.
Señorías, estarán de acuerdo si les digo que, en un país de derechos y de libertades, debe respetarse siempre y en todo momento la libertad de decidir de aquellas personas que no quieran sumarse, que no quieran participar o que no quieran
adherirse a una huelga o a una protesta. Y estarán de acuerdo conmigo si les digo que el Estado, como garante de las libertades públicas, debe dotarles y otorgarles instrumentos a través de los que se proteja y se garantice el ejercicio de ese
derecho fundamental a trabajar y, además, a trabajar en paz. Lo que no debe hacer el Estado es abandonar en la soledad más absoluta al trabajador y permitir que acciones de violencia, acciones de coacción o acciones de intimidación queden sin
respuesta en el marco de una jornada de huelga en la que participan grupos informativos, convertidos en grupos coactivos, que obligan a la fuerza a que el trabajador se sume a su causa reivindicativa. En cualquier caso, y como decía, el derecho de
huelga permite al trabajador adherirse, pero también le permite no hacerlo; también le da esa posibilidad, no hacerlo. Y esa libertad de no sumarse a la huelga, no impide a los huelguistas organizarse en piquetes para informar; para eso, para
informar. De hecho, el propio Real Decreto 17/1977 lo contempla cuando establece que -y abro comillas-: 'Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma en forma pacífica y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.'
Repito, sin coacción alguna. Así pues, al huelguista se le permite informar a sus compañeros sobre la jornada de huelga para alcanzar más éxitos en su convocatoria, pero lo que no puede hacer es obligarles a que ellos también la continúen, ya que
supondría una vulneración de derechos de estos a no secundarla. Y aquí es donde precisamente se integran las coacciones específicas del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes actuando en grupo o actuando de forma individual, pero de
acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o a continuar una huelga.
Dicho esto, y al hilo de lo que comenta parte de la doctrina, podríamos pensar que esto es una especialidad propia del derecho de huelga y que solo esta reacción punitiva de nuestro ordenamiento se produce en el caso del derecho de huelga.
No es así. Y no es así, porque en nuestro ordenamiento jurídico penal existen normas equiparables. Cuando la Constitución española reconoce a los ciudadanos libertades, lo hace admitiendo también una esfera negativa de esas libertades, que excluye
cualquier obligatoriedad en el ejercicio positivo de esas libertades. Y me voy a referir precisamente a una de esas libertades, al derecho sobre la libertad religiosa recogida en el artículo 16 de la Constitución. Este derecho a la libertad
religiosa incluye el derecho a no profesar religión alguna y, por esta razón, el Código Penal castiga también a quienes por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo fuercen a otros a participar o a concurrir en
actos de culto o ritos; exactamente lo mismo. Por tanto, tenemos que concluir, nos tenemos que preguntar por qué no existe diferencia contrastable para que deba derogarse el precepto sobre las coacciones en el ámbito laboral y no se haga lo mismo,
exactamente lo mismo, con normas de semejante composición y que afectan también a libertades fundamentales, como es el ejercicio de la libertad religiosa.
Si todos estos argumentos invocados por sí solos deberían ser suficientes ya para votar en contra de esta iniciativa, también hay otros distintos, y lo hemos advertido no pocas veces durante los últimos debates en los que se ha reproducido
esta iniciativa. La derogación que tanto persiguen podría implicar un resultado opuesto -no sé si esto se lo han planteado ustedes-, un resultado contrario al que pretenden. Digo esto porque el artículo 315.3 del Código Penal es una norma especial
que castiga unas coacciones específicas, concretas en el ámbito de las huelgas, mientras que su artículo 172 castiga las coacciones genéricas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la acción de coaccionar a otros para iniciar o continuar una
huelga, de no ser castigada específicamente con arreglo al 315.3, va a ser castigada de acuerdo con el artículo 172. Por lo tanto, si siguen ustedes por el camino de la derogación, corren el riesgo de apostar por endurecer las penas, y esto es un
hecho. Se puede hacer la demagogia que ustedes quieran, mucha, más, o menos; podrán ustedes hacer el ruido que quieran, pero lo cierto es que la derogación traería de manera inmediata el endurecimiento de la pena a aplicar a las personas que
realizasen esa conducta, y ustedes mismos, los proponentes, lo saben. En debates previos lo han reconocido, han reconocido precisamente lo que estoy diciendo convencidos de que esas conductas del artículo 315 del Código Penal nunca jamás quedarían
impunes a pesar de que se derogase el artículo 315.
El hecho de que el promotor de esta derogación, el Grupo Parlamentario Socialista, reconozca que el ejercicio de huelga, y en particular la derogación del artículo 315, no quedará impune convierte esta
iniciativa en una escenificación más, en una performance más. Basta que nos remontemos al año 2017, basta recurrir al Diario de Sesiones para confirmar que esta propuesta que hoy nos traen aquí no sirve para el fin que ustedes persiguen,
pues la doctrina más autorizada confirma por sí sola que esta derogación no despenalizará absolutamente nada de lo que ustedes pretenden hoy aquí despenalizar. Miren, decía hace relativamente poco, en el año 2017, el señor Simancas -y abro
comillas-: Lo lógico hubiera sido esperar a contar con una iniciativa más completa, más fundamentada que los sindicatos estaban ultimando y que nos han entregado esta misma mañana, y lo correcto hubiera sido incluir la modificación del artículo 172
junto a la derogación del 315 porque solo así evitaríamos realmente que los huelguistas vayan injustamente a la cárcel. Señor Simancas dixit.
Por lo tanto, ¿qué se desprende de aquí? Primero, que lo que nos traen aquí no es una propuesta lógica, de acuerdo con las palabras del señor Simancas. Segundo, que lo que traen aquí es una propuesta incompleta, coja, que no alcanza el fin
perseguido, de acuerdo con las palabras del señor Simancas. Tercero, que no hacen caso a lo que les están diciendo los sindicatos, que no atienden plenamente sus peticiones en relación con el 172 del Código Penal. Y cuatro, lo más paradójico de
todo -lo más paradójico de todo-, es que a pesar de ustedes, a pesar de la derogación que hoy pretenden, los huelguistas podrán seguir yendo a la cárcel por un delito de coacciones. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos hoy aquí es qué han
generado ustedes con este debate. ¿Qué? Ruido, humo, niebla, nada. Tienen ustedes que hablar claro de una vez por todas a la gente; no engañen a los trabajadores con reformas que desprotegen y que no sirven efectivamente para el fin que ustedes
persiguen. No utilicen en vano el nombre de los sindicatos para legitimar sus propios errores y díganles la verdad sobre esta propuesta, aunque tengan que ponerse una vez rojos. No confundan más a la sociedad, que en estos momentos de zozobra y
confusión necesita confianza.
La señora PRESIDENTA: Señor Jerez, ha terminado su tiempo.
El señor JEREZ JUAN: Necesita certidumbre.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
En turno de réplica, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Señoría, voy a empezar con lo que usted ha dicho: que aquí el Grupo Parlamentario Socialista hace mucho ruido con este tema. Yo solamente he hablado de la Constitución española y de un derecho constitucional.
(Aplausos). Si usted considera eso ruido... Por otra parte, también me gustaría decirle que me alegro de que usted leyera la intervención del señor Simancas en la pasada toma en consideración; yo también lo hice, también leí la de la
interviniente por su grupo parlamentario en la que, entre otras lindezas, invitaba al señor Alberto Rodríguez a tomar una Coca-Cola. Así que me alegro de que leyera usted la intervención de Rafa Simancas, porque desde luego era mucho más nutritiva
desde cualquier punto de vista, político, intelectual, etcétera.
En cualquier caso, les pido en nombre de mi grupo parlamentario que sean sensibles a tres ideas fundamentales y es que no podemos contemplar como válido un artículo que castiga el ejercicio de un derecho fundamental con más dureza que el
ejercicio de una libertad genérica. Creo que en eso debemos estar todos de acuerdo. Además, que se contemple un delito de coacciones específicas para el derecho de huelga es abiertamente represivo y, por tanto, va en contra de nuestro marco
constitucional. Por tanto, creo que por muchas trampas al solitario que ustedes quieran hacerse esto es así.
Les pido también que sean sensibles a una mayoría social que hasta en momentos tan difíciles como los que vivimos se ha mantenido leal y dialogante. Esto bien lo sabe la ministra de Trabajo. Les hablo de nuestros sindicatos que, por
cierto, nos han pedido por activa y por pasiva esta reforma. Les pido también que abandonen la hostilidad y los prejuicios que tienen ustedes hacia la protesta, porque la protesta es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de la
democracia, aunque a ustedes parece que no les gusta demasiado. Les invito a que voten a favor de esta toma en consideración porque en el trámite parlamentario ya tendremos tiempo de debatir, de hablar del 172 y de todo lo que ustedes consideren.
Por todo lo demás, no se preocupen, señorías del Partido Popular, ya estamos acostumbrados a que ustedes se descuelguen de todos los avances sociales; ya se sumarán en el futuro. El Partido Socialista siempre les espera a ustedes en las
mejoras sociales y, en el mejor de los casos, ustedes llegan tarde.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Jerez Juan.
El señor JEREZ JUAN: Gracias, señora presidenta.
Hemos venido aquí a hablar de los derechos de los trabajadores y del derecho al trabajo como derecho fundamental y como derecho inalienable y no nos hemos convocado, precisamente, para reforzar esos derechos, que es lo que deberíamos haber
hecho, sino para derogar el artículo 315.3, un derecho que una vez eliminado va a situar al trabajador en un espacio de vulnerabilidad más. Les aseguro que con la derogación de este derecho no vamos adelantar nada, absolutamente nada y ya lo he
explicado en mi primera intervención. Si estamos aquí es para adelantar siempre y no retroceder nunca, porque esa es nuestra obligación, porque para eso nos han elegido y para eso nos pagan, para dar lo mejor de nosotros en la protección de los
derechos de los demás.
La mayoría de grupos parlamentarios hemos suscrito hoy un gran acuerdo en esta Cámara, un acuerdo histórico del que nos sentimos orgullosos y en el que muchos españoles tenían fijada su atención; un acuerdo que debe permitir garantizar la
perdurabilidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Pues bien, lo que no puede ser es que por la mañana reforcemos los derechos y las expectativas de futuro de todas las personas trabajadoras en este país y por la tarde debilitemos
la protección de los trabajadores en sus lugares de trabajo con la derogación del artículo 315.3. No es posible que en tan poco tiempo hagamos cosas tan distintas y tan dispares en esta Cámara. Esto no es lo que nos están pidiendo ahí fuera.
Los datos de la EPA nos devuelven a la tozuda realidad; los datos de la EPA sitúan a nuestro país en una tasa de paro del 16,26 %, una cifra cercana a los 3 800 000 parados, medio millón más de personas que hace exactamente un año. Según
el Fondo Monetario Internacional -y escuchen esto- en el ámbito laboral España no va a volver al nivel de paro previo a la pandemia hasta el año 2026; estamos en 2020. Por lo tanto, lo que más les preocupa a los españoles no es el derecho
fundamental a la huelga, que tienen garantizado, porque lo tienen, sino que lo que les preocupa hoy a los españoles es el derecho al trabajo, que no tienen garantizado. Como les decía antes, a los españoles les preocupa volver a recuperar el empleo
perdido, les preocupa conseguir su primer trabajo y les preocupa que al cabeza de familia no lo despidan mañana. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Eso es lo que les preocupa hoy a los españoles. (Aplausos). Por esta misma razón no me cansaré de
reivindicar las medidas que mi partido tomó en uno de los momentos más complejos de este país, no me cansaré de reivindicar una reforma laboral que en 2018 creó cerca de 2 millones de empleos. Les aseguro que a mí nadie me ha parado por la calle
para preguntarme cómo va eso de la derogación del artículo 315.3 y a ustedes tampoco, y a ustedes tampoco. (Aplausos). Pero sí les digo que me han parado por la calle personas preocupadas por su situación laboral y también preocupadas por su
futuro, pero hoy estamos aquí debatiendo el 315.3. Nada más. Por eso mismo, no debilitemos más los derechos de los trabajadores, porque esto es precisamente lo que hoy ustedes han venido a hacer aquí, a desprotegerles de un derecho que les ofrece
una respuesta punitiva contra aquella persona que les amenace, que les coaccione o que les agreda en su propio puesto de trabajo.
Por último -y escúchenme bien-, si creen ustedes de verdad en los derechos de los trabajadores, no lo vuelvan a hacer más, no les vendan por un puñado de votos y no vuelvan a entregarse por un plato de lentejas suscribiendo con Bildu, entre
otros, un documento tan repugnante como este. (Muestra un documento).
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jerez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta proposición de ley presentada por el Partido Socialista, que ha gobernado más de veintitrés años en España, oculta que una doctrina consolidada en nuestros tribunales ha limitado a la aplicación del
artículo 315.3 del Código Penal aquellos casos que alcancen cierta intensidad, es decir, aquellos ejercicios de fuerza compulsivos o intimidatorios sobre el trabajador que no desea ponerse en huelga. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Gómez de Celis, ocupa la presidencia).
Señorías, existe doctrina constitucional que considera posible penar las coacciones cuando se está ante el aparente ejercicio del derecho a la huelga y siempre que la conducta amenazadora desnaturalice o desfigure ese derecho convirtiéndolo
en una obligación para los trabajadores que, por los motivos que sean, no quieren ponerse en huelga.
Votaré no a la derogación de este precepto en defensa precisamente de la libertad y del derecho a la huelga, que nunca, nunca, nunca puede convertirse en mandato para ejercitarlo y mucho menos imponerlo o forzarlo mediante violencias como
las penadas por este tipo, en el que el matonismo sacrifica el uso legítimo y libre de un derecho fundamental, esencial en cualquier democracia decente, como es el de los trabajadores a no hacer huelga o a no estar en huelga.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. La verdad es que casi me da un síncope al salir aquí un martes por la tarde y ver a una ministra del Gobierno. Es toda una novedad y creo que es digno de ser comentado. (Aplausos).
En estos momentos recordar al Partido Socialista algo que aprobó Felipe González es invitarles a que tengan más ganas de derogarlo, con lo cual ese comentario no sé si es el más acertado. (Rumores). En todo caso, en esta cuestión con lo
que me he quedado -yo no estaba aquí- es que en 2017 Podemos trajo esto y entiendo que el Grupo Parlamentario Socialista votó que no -igual me equivoco- con esos argumentos. Ahora lo trae el Grupo Parlamentario Socialista y entiendo que esta vez
Podemos no va a hacer lo mismo y va a votar a favor. Estamos hablando de 2017 y estamos en 2020, dos años largos de Gobierno socialista. Pues, esto tan importante no debe ser. Esto debe ser como la derogación de la reforma laboral, que sirve como
comodín: si quiero pactar con uno, le hago firmar; si quiero pactar con otro, le hago firmar, y luego no hago nada. Imagino que esto es igual y supongo que seguirá el mismo trámite, porque, si no, es incomprensible que no hagan nada en un tema en
que los dos partidos están de acuerdo teniendo todos los martes Consejo de Ministros y teniendo el 'Boletín Oficial del Estado' a su disposición. Entiendo que no será su preocupación fundamental, de lo cual en este caso yo me alegro porque,
evidentemente, decir que a una persona que quiere ir a trabajar podemos coaccionarla para que no vaya a trabajar yo creo que no está muy bien. Ahí está la libertad. Está bien que la gente que quiera trabajar, que trabaje, y el que quiera hacer
huelga, que ejerza por supuesto un derecho absolutamente reconocido en la Constitución y por todos. Por lo tanto, dar como bueno que se pueda coaccionar o dar una paliza a alguien que quiere ir a trabajar para que no vaya a trabajar y que eso les
parezca bien a mí evidentemente no me parece lo más adecuado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.
Hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos trae la propuesta de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Nosotras vamos a votar que sí. Estamos a favor, ya que derogar este artículo es en la práctica defender el derecho a la huelga.
Además, en tiempos de COVID, en tiempos de precariedad, en tiempos en que la situación laboral de muchísima gente es complicada, el paradigma del derecho a la protesta se tiene que defender y se tienen que defender los derechos laborales; derechos
laborales y sindicales que, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sistemáticamente se vulneran. Nosotras queríamos hablar aquí hoy, por ejemplo, de una trabajadora afiliada al sindicato SAT, de la Delegación de Turismo de
Granada, a la que no se readmite precisamente por labor sindical. (Aplausos). Así que nos parece muy adecuada esta propuesta y, como nos parece tan adecuada, tenemos tres preguntas más.
La portavoz del PSOE hablaba de la importancia de garantizar la labor sindical y los derechos de los trabajadores. La primera pregunta es: ¿Van a derogar ustedes la Ley mordaza? Porque esto lo pueden traer aquí vía real decreto. La
portavoz del PSOE hablaba de la lucha de la clase obrera. Nosotros estamos muy de acuerdo. La segunda pregunta es: ¿Van a derogar ustedes la reforma laboral? Porque también lo podrían traer aquí vía real decreto. Y la portavoz del PSOE hablaba
también del derecho penal entendido como un derecho de mínimos y que garantice derechos y libertades. Nosotros también estamos muy de acuerdo con esta perspectiva y tercera pregunta: ¿Van a derogar ustedes el delito de sedición? Delito de
sedición que durante el franquismo fue utilizado precisamente para la represión del movimiento obrero, pero que ha llegado hasta hoy y que es una de las piedras angulares de la condena de los presos del procés.
Asociarse, organizarse y plantarse cuando toca no solo es un derecho colectivo sino que es imprescindible para avanzar como comunidad. Ustedes hablaban de tradición sindical y socialista. Acabo, presidente. Nosotros queremos recordar a
Marcelino Camacho, quien decía: El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión se consigue reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose, y todos estos atributos de libertad es únicamente la acción de masas la que
puede acabar imponiéndolos.
Esperemos que cumplan con los mandatos del discurso que la portavoz del PSOE nos trae hoy.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, lo íbamos a hacer antes, pero lo vamos hacer con más razón tras escuchar al señor representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Jerez. Creo que una iniciativa que plantea derogar
un aspecto lesivo para los y las trabajadoras es una buena noticia. Es más, que derogar sea una costumbre que se tome en este Congreso es una buena noticia. Hace unos años se decía que dimitir no era un nombre ruso para quienes tenían ciertas
reticencias con dimitir de sus puestos de trabajo. Pues yo creo que derogar tampoco tendría que convertirse en un nombre ruso, tendría que ser una práctica de este Gobierno para restablecer los derechos y la dignidad de la clase trabajadora. Ahora
con este artículo y esperemos que en no mucho tiempo con todos, absolutamente con todos los aspectos lesivos de la reforma laboral.
Decía que yo iba a apoyar esta iniciativa con más razón tras escuchar al representante del Partido Popular porque yo creo que el señor Jerez ha señalado algunas cuestiones sobre las que merece la pena detenerse. Él decía que qué defendía
ese artículo en una explicación desde lo que desde su punto de vista este artículo supone, el 315.3. Decía que el derecho a poder trabajar. Bien, pues este artículo es el que garantiza el derecho a poder trabajar en un Estado con un 26 % de paro y
3 800 000 de parados y paradas y, como bien usted ha señalado, su inutilidad es manifiesta, con que lo mejor que se puede hacer es deróguese.
Para ir más allá, el señor del Grupo Popular decía que este artículo tenía una característica especial y específica dirigida especialmente contra lo que histórica, cultural y tradicionalmente se ha llamado los piquetes informativos. Eso es
lo que nos preocupa también sobremanera. Y decía más, porque, en cualquier caso, también se lo aclaro. Nosotros no tenemos ninguna duda, estamos con aquellos que defienden el derecho al trabajo, pero todos los días; estamos con aquellos y
aquellas que defienden tanto el derecho al trabajo digno, todos los días, que están dispuestos a sacrificar una jornada laboral e incluso la viabilidad de su puesto de trabajo para hacer huelga y estamos con ellos siempre, con los piquetes, frente a
los esquiroles y frente a aquellos que anteponen su interés personal y particular, cuando no forzado, al interés colectivo por tener empleos dignos para todos y para todas. Pero decía más, como señalaba, que nadie le ha parado por la calle para
preguntarle cómo va la regulación del artículo 315.3 y tal vez sea cierto, tal vez no le haya parado nadie. Eso lo único que significa -se lo aclararé porque es una cuestión puramente estadística, porque creo que hay más de 48 millones de
españoles- es que usted, en su tránsito por las calles de este país, que entiendo que será limitado por esto del confinamiento, no se ha encontrado con ninguno de los trescientos trabajadores y trabajadoras que han estado amenazados con más de 120
años de cárcel. (Aplausos). Tendrá que ver con dónde va cada uno y con qué sitios frecuenta cada uno. Igual está en otros cócteles y no va por las calles. Igual usted no estaba en
Pontevedra cuando a unos trabajadores les pedían tres años de cárcel por arrojar pintura a la piscina de un hotel. Probablemente, usted tampoco estaba en Gijón cuando a unos trabajadores de Arcelor les pedían cinco años por formar un
piquete informativo. Seguramente que usted no estaba con los jóvenes de Iruña cuando por hacer una huelga en 2012 les pedían dieciocho meses de prisión y les obligaron a pagar 570 euros a cada uno. Tampoco seguramente estaba cuando el delegado de
LAB, en Nafarroa, fue condenado a veintiún meses de cárcel por una acción de piquete informativo en un restaurante, donde tenían el capricho o la generosidad, quién sabe, según el punto de vista, de pagar el trabajo con pizzas, el de descarga
concretamente. Y estoy convencido de que tampoco ha estado con los trabajadores y las trabajadoras de Huerta de Peralta, que tuvieron que soportar que les pidieran dos años y medio de cárcel y multas de 2000 euros y, además, les amenazaron con la
expulsión del territorio nacional por extinción de su permiso de residencia por una duración de cinco años. Si hubiera estado con alguno de ellos o con alguna de ellas entendería por qué hay que derogar este artículo. Si, por el contrario, no ha
estado con ninguno de ellos, es lógico que a usted le de igual este artículo.
Señala la iniciativa, en su redacción original, que este es un ataque sin precedentes. Yo no me atrevería a ir tan lejos. Yo creo que ataques a la clase trabajadora ha habido muchos durante mucho tiempo. Yo creo que este es un ataque
importante, porque es un ataque dirigido contra la capacidad de los sindicatos para poder hacer presión, con un instrumento legítimo y democrático como el del derecho a la huelga, pero no es menos ataque que el de la propia existencia de la reforma
laboral, como ustedes, en su propia iniciativa, bien reconocen cuando dicen que hay que derogar todos los aspectos lesivos. Les animaría a que, por ejemplo, modifiquen la actual legislación que vigila los ERE, porque, a lo mejor, con un seguimiento
judicial no se harían ERE fraudulentos como los que se hacen. Me gustaría también que se acabara con la ultractividad en los convenios, para que así los empresarios no tuvieran una baza de negociación, de extorsión o de presión como la que tienen
en las mesas sectoriales. Porque es ridículo hablar de un equilibrio entre trabajadores y trabajadoras y empresarios cuando todo el poder se decanta de la mano de los empresarios. Pero, sobre todo y fundamentalmente, vamos a apoyarla porque se
señala algo que es importante, y es que esta no es una medida aislada, es una medida pensada, que tiene que ver con la lógica neocon, con la lógica neoliberal, con la lógica de la debilitación del movimiento sindical. Porque ustedes saben, como
sabemos nosotras y nosotros, que el movimiento sindical es fundamental para que los trabajadores y trabajadoras tengan mayor capacidad de presión e incidencia en las políticas que se dirigen hacia ellos y para que sean a favor de ellos y no contra
ellos y ellas. Nosotros creemos que con estas iniciativas lo que ustedes pretenden es desestabilizar, desequilibrar aún más el frágil, si es que existe, equilibrio; dicho de otra manera, fortalecer la posición empresarial para humillar y someter a
los trabajadores y las trabajadoras. Y hay que hacer mucho más, como le señalaba, porque si estamos en esta lógica de derogar lo que suponen ataques a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿por qué no vigilamos también los servicios
mínimos en las huelgas?, ¿por qué no coge el poder público un papel de acción más evidente que el que tiene hasta la actualidad para vigilar cuál es el grado de cumplimiento y de exigencia de los servicios mínimos? Porque también a veces la
institución pública está cometiendo estos abusos que decimos que cometen los empresarios; no hay más que ver las denuncias que ha habido en los Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, o en Hezkuntza, en la comunidad educativa vasca y navarra,
cuando han tenido huelgas y han denunciado; o, sin ir más lejos, no hay más que ver a los estibadores y estibadoras de Bizkaia, del puerto de Bilbao, que hoy están llevando a cabo una huelga, la más larga desde hace más de tres décadas, y que están
soportando servicios mínimos del cien por cien; como suena, del cien por cien. Seguramente, esto también haya que revisarlo.
Para terminar, yo sí que creo, como digo, que hay que derogar este artículo, pero que hay que ir más allá, aunque estoy de acuerdo con lo que pone en la iniciativa, porque no vale con que solo se revisen las sentencias firmes y se anulen, en
su caso, sino que habría que indemnizar a todos y cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras que ha soportado esta infamia de ley contra los trabajadores y las trabajadoras y contra el sindicalismo.
Termino. En este contexto político que estamos viviendo, donde seguramente se agudizarán los conflictos laborales, probablemente haya que volver a elegir. Nosotros elegiremos estar con los trabajadores, que no tienen nada que perder, salvo
sus cadenas, porque esos, como decía Karl Marx, tienen todo un mundo por ganar. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Se nos plantea la toma en consideración de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal para despenalizar el tipo especial de coacciones en la que pueden incurrir los componentes de los llamados piquetes de información y extensión de
huelgas respecto de aquellos trabajadores que no las quieren secundar o continuar, sin que con esta reforma del Código Penal se quiera decir que las coacciones queden impunes, sino, simplemente, que dejen de tener un tipo especial y que en su caso,
si llegan a producirse, se les aplique el tipo general del 172, como ya se ha dicho, con una penalidad inferior, al menos aparentemente, y solo en los supuestos en los que no se impide ejercer un derecho fundamental, ya que, si se impide, las penas
lo son en un grado superior, y en los supuestos en los que solo haya una víctima, pues, si hubiera varios trabajadores coaccionados, se apreciarían tantos delitos como afectados, con los consiguientes concursos.
En fin, señorías, se nos plantea una reforma de alcance del llamado derecho penal del trabajo, que siempre tiene un componente predominantemente colectivo y que en el caso de las coacciones a las que nos referimos se refleja en que, aunque
haya varias víctimas de una misma coacción, solo se aprecia un único delito y también se refleja en que la pena por coacciones en el derecho penal del trabajo es superior a la del tipo general, a salvo de que con estas del tipo general no se impide
el ejercicio, como les decía, de un derecho fundamental, en cuyo caso la pena lo es en su mitad superior, es decir, en vez de tres años, del tipo especial, pasaría a los cuatro años y medio, del tipo general del 172. Y la pregunta que esto nos
suscita es si coaccionar para secundar una huelga a un trabajador o varios que no la quieran es incidir en su derecho fundamental a la huelga en su contenido negativo a no hacerla o impedir su derecho al trabajo, que, a pesar de lo dicho desde esta
tribuna, no es un derecho fundamental, por su ubicación en el artículo 35 de la Constitución, porque la pena es sustancialmente distinta en un supuesto que en el otro.
Con todo esto que le señalo, señorías, solo quiero poner de manifiesto que quizá no sea una cuestión tan sencilla eliminar el artículo 315 y aplicar el 172 para así rebajar la penalidad de los que incurran en coacciones para obligar a
secundar una huelga a quienes no la quieren. Incluso, como se ha puesto de manifiesto, puede producirse un efecto bumerán. En cualquier caso, lo cierto es que el 315 siempre ha estado rodeado de polémica, desde su redacción en el Código Penal de
1995, como en su posterior modificación en 2015, cuando se atemperaron los tipos, y singularmente en lo referido a la penalidad de las coacciones en que pudieran incurrir los miembros de los piquetes de extensión de la huelga. Como ya tuvimos
ocasión de manifestar en este Pleno en legislaturas pasadas, el problema de fondo consiste en si debe establecerse un tipo penal de coacciones relativo a los piquetes de información y extensión, dada la realidad de cómo se aplica por los tribunales
penales, en un juicio individualizado del significado estricto de las coacciones de los piquetes, sin considerar adecuadamente que la actividad de los piquetes para la promoción de la huelga forma parte también del derecho fundamental de huelga
según el Tribunal Constitucional y que la interpretación expansiva o rígida de las coacciones aislada del contexto del ejercicio del derecho fundamental que ejercen los piquetes es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto a que
puede desincentivar y disuadir de su ejercicio, incluso llegando el mismo Tribunal a cuestionar la aplicación de tipos penales cuando los excesos en el ejercicio de derechos fundamentales no lleguen a desfigurarlos o desnaturalizarlos por el
referido efecto desalentador. Una huelga supone, en definitiva, el juego de formas en conflicto. Es una medida de presión y trae en sí misma elementos de coacción en sentido social, ya que pretende extender la huelga frente a la negativa de
algunos trabajadores a secundarla por los obvios sacrificios que comporta por el descuento salarial y suspensión del contrato de trabajo, lo que conlleva correlativamente el enardecimiento o acaloramiento de los piquetes, cuando el éxito de la
huelga es instrumental para la negociación colectiva, cuyas mejoras también beneficiarán a quienes no quieren sacrificarse por mor de la fuerza vinculante de los convenios, en función del 37.1 de la Constitución. Y también hay que tener en cuenta
que la extensión de la huelga se encuentra en muchas ocasiones con mecanismos de presión, también lógicos, de la empresa para desincentivarla que no suelen considerarse por los tribunales de relevancia penal.
Como ya manifestó de manera sintética -y puse de manifiesto en este Pleno- el fiscal general, señor Torres-Dulce, en su momento respecto al 315.3 con bastante acierto, se presenta un problema de desvalor de la conducta reprendida y una
desproporción sobre el bien jurídico protegido. Señorías, por nuestra parte y por todo lo dicho, consideramos que debe abrirse una reflexión parlamentaria, enriquecida
por la comparecencia de expertos y las partes involucradas, en la que se busque y encuentre una legislación penal adecuada a la realidad que se pretende normar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, ministra.
Antes de empezar, quisiera dirigirme breve pero sentidamente a todos los españoles que están sufriendo directamente la segunda ola de la pandemia para transmitirles toda nuestra fuerza y acompañar a todos aquellos que han perdido a un ser
querido en esta terrible pandemia. No están solos.
Con un millón de españoles contagiados y la escandalosa cifra de casi 700 compatriotas fallecidos la pasada semana, en este hemiciclo hoy más que nunca deberíamos hablar de posibles soluciones a esta catástrofe. Pero, no, hablamos de otras
cuestiones que, aunque importantes, como esta, quedan muy lejos de los auténticos problemas de los españoles. Señorías, sirvamos al pueblo y hablemos de lo importante.
Pero también sé que hay muchas personas interesadas en esta iniciativa. Por eso me gustaría aclarar algunos asuntos. En primer lugar, que lo que se debate aquí no es la derogación de la Ley de seguridad ciudadana ni una amplia reforma del
Código Penal, sino solo la derogación de un apartado de un artículo concreto del Código Penal referido a la actuación coercitiva de los piquetes en las huelgas, hablamos del 315.3 del Código Penal. Esta iniciativa sería más propia de Podemos -de
hecho, ya lo fue- que del Grupo Socialista, por como está redactada y planteada, pero la tomamos en serio.
El Partido Socialista quiere despenalizar una conducta antes tipificada en nuestro Código Penal. Es bueno leer el precepto en cuestión, que se enmarca dentro del Título XV del Libro II del Código Penal, que dice que tipifica los delitos
contra los derechos de los trabajadores. Leo: 'Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses
hasta tres años o con pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses'. Para que lo entienda la gente, lo que pretende el Grupo Socialista, nada menos que el partido mayoritario del Gobierno actual, es que el Código Penal no tenga nada que
decir o haga un tipo genérico cuando impere la ley de la selva en la huelga y se pueda obligar incluso con violencia a los trabajadores, sea cual sea su situación, a secundar este derecho de huelga y dejar de trabajar aunque lo necesiten.
Me gustaría recordarles algo obvio tanto a los señores del Partido Socialista como al Gobierno en su conjunto, y es que el derecho de huelga es un derecho, no una obligación. Esta Cámara debería ser capaz de mantener debates adultos, con la
seguridad que merecen. Hablamos, señorías, de la colisión de dos derechos, el de secundar una huelga y el de acudir libremente al puesto de trabajo. Aquí no hay buenos ni malos, hay ciudadanos con derechos y obligaciones.
Podemos estar de acuerdo, con matices, en la bajada de penalidad para determinados hechos sin violencia ejecutados en el transcurso de una huelga, pero no podemos admitir que se despenalicen conductas que son objeto de castigo penal. Es
decir, ustedes nos plantean hoy que baste el delito genérico de coacciones del 172 para sancionar unas actitudes violentas que invadan el derecho de los españoles a acceder a su puesto de trabajo. Les recordaré, llegados a este punto, que el
Derecho Penal tiene como finalidad actuar como última ratio cuando se vulneran derechos constitucionalmente reconocidos, y el derecho a trabajar es un derecho constitucional.
Señorías del PSOE, ustedes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también impulsan una revisión de sentencias firmes ya dictadas en aplicación de este precepto. Ya sé que a los señores del Grupo Socialista, a los de Podemos y a
su mayoría Frankenstein les gusta ponerse la toga de jueces o quitársela incluso a los que ya la tienen, sobre todo para revisar sentencias que no les gustan, pero, señorías, esto no es serio.
Nosotros nos vamos a oponer a este carácter revisionista, que además pretende deslegitimar al Poder Judicial. En los procesos de huelga la mayoría de los trabajadores que ejercen este derecho constitucionalmente reconocido lo hacen
pacíficamente. Pero es cierto que el derecho de huelga sigue siendo un derecho, no una obligación. Este derecho se reconoce en el artículo 28 de nuestra carta magna. Si el derecho de huelga es un derecho fundamental, señores socialistas, ¿cómo
van a proteger a quienes no lo quieren ejercer?
Señorías, hablemos del mundo real; yo vengo de él. La verdad es que existen ocasiones -las menos, por suerte- en las que algunos piquetes llegan a ejercer coacción o incluso la violencia, llegando a agredir a aquellos trabajadores que no
quieren ejercer ese derecho. Es en esas ocasiones en las que como policías nacionales también hemos intervenido, actuamos para garantizar los derechos legítimos de los trabajadores. Como he visto la coacción, las amenazas y las agresiones en el
ámbito de las celebraciones de huelga, soy consciente de lo que ustedes pretenden con la derogación de este precepto. Ustedes quieren que la lesión de los derechos constitucionales pase por una riña o disputa menor, acercando a muchos trabajadores
a ver este derecho como una obligación. No es ninguna tontería.
Además, señorías del Gobierno, ustedes conocerán como yo las situaciones sucedidas, por ejemplo, en Cataluña, donde ha habido huelgas que no son tales, sino paros ideológicos; paros ideológicos no secundados, evidentemente, por trabajadores
que no apoyan las tesis separatistas. ¿De verdad creen ustedes que la coacción organizada, incluso cuando es contra las ideas de determinados trabajadores, no merece el arbitrio del Código Penal? Si ir a trabajar no es un derecho constitucional ni
tener libertad de opinión tampoco, entonces me pregunto qué es para ustedes un derecho constitucional.
En plena pandemia, con más de sesenta mil españoles caídos y en pleno rebrote que está confinando a media España, presentan orgullosos una iniciativa legislativa para despenalizar conductas que atentan gravemente contra el derecho
fundamental de huelga. Si nosotros tuviéramos su cupo, que desgraciadamente no lo tenemos, lo usaríamos para mejorar la sanidad, la educación, para crear una norma de emergencia sanitaria y económica que tratase esta pandemia y salvase vidas y
empleos, y no en coartar derechos fundamentales. De hecho, mientras ustedes se quejaban, y con razón, de la pérdida de tiempo de la moción de censura y se tiraban los trastos a la cabeza, nosotros conseguíamos en el Senado que tanto ustedes como el
Grupo Popular firmaran y votaran a favor de una auditoría independiente para la gestión de la pandemia. Utilidad, señorías.
Acabo. La poca oportunidad temporal de esta propuesta no es lo único que nos va a hacer votar en contra: tampoco estamos de acuerdo con el fondo del asunto, porque nosotros no compartimos en absoluto que se diluya o se haga pasar por una
cuestión menor derechos tan serios como el derecho constitucional a ir al trabajo y el derecho de huelga. Señorías, el derecho de huelga es igual de fundamental para quien decide ejercerlo como para aquel que decide no ejercerlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El artículo 315 del Código Penal fue introducido en 1976 en el Código de 1973 con la intención declarada de hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominaban piquetes de escisión de huelga, es decir,
se buscaba intimidar a las organizaciones sindicales aún clandestinas, a los trabajadores y trabajadoras más activos, para que no organizasen huelgas. A pesar de la posterior aprobación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical,
el derecho de huelga sigue regulándose por una norma preconstitucional de 1977 y el Código Penal democrático de 1995 mantuvo de forma incomprensible igualmente el delito de organización de piquetes.
El BNG siempre ha defendido la necesidad de la derogación de este artículo, resquicio de una legislación que no reconocía el libre ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga. Así, en el año 2014 trajo a esta Cámara una
proposición de ley para su derogación y también fue uno de los puntos que incluyó en el acuerdo de investidura. Es una pena que no hayan traído aún la derogación de la reforma laboral o de la Ley mordaza, que también están en ese acuerdo, y
esperamos que lo hagan cuanto antes.
En definitiva, no puede seguir manteniéndose en vigor un precepto que ha sido reiteradamente utilizado en la represión de trabajadores y trabajadoras que ejercen el legítimo derecho de huelga para defender también así sus no menos legítimos
intereses. No es compatible con un marco de derechos y libertades laborales y sindicales...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Rego. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.
Hoy -se pueden poner muchos ejemplos- todos vemos como una cosa normal, prácticamente irrenunciable, la jornada de las ocho horas de trabajo. La jornada de las ocho horas de trabajo se consiguió en España, además de forma pionera, en una
huelga histórica muy dura, la Huelga de la Canadiense, en Barcelona, en 1919, conducida por la Confederación Nacional del Trabajo y, entre otros, por Salvador Seguí, El noi del sucre. Para eso sirven las huelgas. Nadie hace huelgas por capricho.
La gente hace huelgas porque conquistan derechos, porque liberan tiempo de vida, pero también porque introducen e introdujeron la democracia en los centros de trabajo. Ustedes me dirán que son cosas de hace cien años pero que hoy el mundo ha
cambiado muchísimo. Ahí está, por ejemplo, la huelga de fútbol femenino, con la que en noviembre del año pasado conquistaron el derecho a un salario mínimo, o la huelga de este mismo verano de los MIR en la Comunidad de Madrid, con la que ganaron
el derecho a un día de descanso después de las guardias para cuidarnos mejor a todos.
Llegados aquí, es posible que muchos digan: Las huelgas bien, pero mi libertad empieza donde acaba la del otro y cada uno que decida si quiere hacer huelga o no. Yo les pregunto -vamos a ponernos serios-: ¿Realmente, la gente en los
centros de trabajo decide libremente si puede sindicarse o no, si puede hacer huelga o no? ¿De dónde vienen las coacciones, las coacciones permanentes cotidianas? Les pongo algunos ejemplos: 'Si haces huelga, no te molestes en venir mañana'. 'No
está la cosa para huelgas. Si no queréis trabajar, tengo trescientos ahí fuera que lo harían por la mitad de dinero'. 'Aquí no queremos líos. Yo, de ti, lo del sindicato me lo pensaba'. Frente a estas amenazas cotidianas, de todos los días,
silenciosas, que no salen en los medios de comunicación, que nadie nombra en tribuna, en realidad hay una sola receta, y la única receta para la gente es juntarse, también en piquetes.
Ustedes no hicieron la reforma que criminalizaba a los piquetes, que ha tenido a más de trescientos sindicalistas encausados, para defender la libertad de los individuos, sino para fijar las condiciones para que la gente tenga que bajar la
cabeza y tragar con todo para una devaluación salarial. Lo he dicho muchas veces: donde hay miedo no hay libertad. Por eso ahora, si vienen tiempos duros, hay que derogar este artículo, pero también la Ley mordaza entera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas.
El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Señor presidente, señorías, tenemos un enfermo desangrándose y ustedes proponen que le pongamos una tirita. Tenemos un enfermo quemándose por llevar demasiado tiempo cara al sol y ustedes pretenden
ponerle un poquito de polvo blanco para que tenga mejor cara. Ustedes saben o deberían saber que la derogación del artículo 315 del Código Penal es una operación puramente cosmética, sin ninguna eficacia real, porque mientras siga subsistiendo el
tipo básico del artículo 172 cualquier tribunal podrá seguir condenando por coacciones exactamente con las mismas penas de hasta tres años. Por tanto, es una reforma cosmética de muy poca eficacia, cuando padecemos un Poder Judicial, unos
tribunales, muchos -pocos o muchos es igual, demasiados en todo caso- con unas interpretaciones contrarias a los derechos humanos.
Si ustedes quieren impulsar políticas progresistas, no es suficiente con ponerse maquillaje progresista. Háganlo, tienen mayoría suficiente. Impulsen una reforma integral del sistema judicial español. Empiecen por derogar aquellas leyes
autoritarias aprobadas bajo la mayoría absoluta del Partido Popular. Empiecen con la Ley mordaza, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dio facultades exorbitantes de ejecución al Tribunal Constitucional. Si vamos al
Código Penal, tráigannos aquí la derogación de la prisión permanente revisable, de esa cadena perpetua encubierta, esa sí que es una reforma necesaria. O sean ya más valientes -ahora lo tienen muy bien, después de la reciente sentencia de la
Audiencia Nacional, que ha demostrado que los hechos sucedidos en Cataluña en 2017 podían tener otra lectura, una lectura acorde con los derechos fundamentales- y tráigannos aquí una reforma de la malversación sin apropiación -déjenlo como estaba
antes de 2015, ya tienen para eso al Tribunal de Cuentas, para que exija las responsabilidades contables a que haya lugar- y tráigannos también una derogación de la sedición, por cuanto ya hay otros tipos penales que protegen suficientemente el
orden
público. Tienen mayoría absoluta suficiente y saben que la tendrán si impulsan todos esos programas de regeneración. No se vistan de progresistas. Si quieren ser progresistas, lleven a cabo políticas progresistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda.
A la diputada Andrea Fernández le propongo un ejercicio, que cambie el objeto de su proposición no de ley y, en vez de poner sindicalistas, diga disidentes políticos republicanos independentistas, y verá que le queda exactamente igual el
discurso.
Dicho esto y respondiendo también al diputado del Partido Popular, que decía que no le han parado por la calle por derogar el 315.3, yo soy un sindicalista, he sido piquete informativo, mis amigos son piquetes informativos, y en estos
momentos aún hay más de 250 sindicalistas esperando sentencia por haber hecho de piquetes informativos en las huelgas de 2010 y 2012. Para nosotros es un tema importante, aparte de que, respecto al derecho de huelga, no hay ningún avance social
importante ni aquí ni en ninguna parte que se haya logrado sin este tipo de procedimiento, ninguno.
Por esta misma razón, porque tengo amigos y compañeros que llevan esperando sentencia desde hace más de ocho años -algún amigo estaba a mi lado y puedo asegurarle que de violento nada de nada y aún está esperando sentencia-, presenté en
Comisión mi primera proposición no de ley nada más y nada menos que en 2016, y aún estoy esperando, pero, como miles de PNL, está en el archivo, no sabemos dónde. Ya fue votada en aquel momento y fue ganada por la representación del pueblo, pero
aún esperamos que llegue. Hoy nos hubiera gustado, precisamente porque hay más de 250 sindicalistas imputados, que fuera en forma de real decreto-ley, porque es urgente, igual que la Ley mordaza, porque esta gente tiene la angustia de no saber qué
va a pasar con su juicio.
Pedimos la derogación de este artículo del Código Penal porque se hizo pensando en combatir a los trabajadores y trabajadoras organizados. Como he dicho, nosotros ya nos manifestamos en contra de estos temas en Cataluña antes octubre de
2017 y su brutal represión. No es un tema de oportunismo, sino de valores democráticos, una muestra más de la deriva autoritaria de este Estado. Pero vayamos al tema. Sobre la represión sindical, desde un inicio y como siempre, nos pusimos a
disposición de todas organizaciones sindicales una vez que supimos de la existencia de más de trescientos imputados gracias a la Comisión internacional en defensa de los 300 y, en particular, del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.
Por todo ello, no será una sorpresa que hoy demos apoyo a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, y lo haremos porque en una judicatura afinada en manos de la fiscalía en la última huelga general, la de 2012, se convirtió en un
artículo contra la libertad, contra el derecho a la huelga y fue utilizado para amedrentar y atar de pies y manos a los trabajadores organizados en defensa de sus reivindicaciones. No fue casual, fue lo primero que hicieron cuando llegó al poder la
derecha. ¿Por qué? Porque venía la reforma laboral, la reforma de pensiones, todo un ataque brutal, y tuvieron que tomar medidas muy represivas, como la Ley mordaza y resucitar este artículo 315.3, que antes no se utilizaba, estuvo casi cuarenta
años sin que nadie lo utilizara. El artículo 315, como el artículo que regula la rebelión y la sedición, son interpretables e interpretados. Ahora bien, siempre caen del mismo lado, por casualidad, y encausan a las que para mí son las mejores
personas de esta sociedad, las que luchan por mejorarla, para darlas una lección y crear miedo y pánico en esta gente. Para eso se resucitó el artículo 315.3.
Les hago una pregunta a los señores de la derecha: ¿Existe algún artículo parecido al 315.3 para las coacciones empresariales, ad hoc para el tema de huelga? Me parece que no. ¿Hay algún artículo del Código Penal que esté pensado para
juzgar de manera penal a los piquetes empresariales que existen -pocos, pero existen-? Por ejemplo, el vuelva usted mañana, se te acaba el contrato, ¿tu familia también trabaja aquí? ¿Existe algún artículo ad hoc para los piquetes empresariales?
Creo que no. Por eso es un anacronismo. ¿Cuántos imputados hubo penalmente como piquetes empresariales en las huelgas de 2010 y 2012? Le contesto: Ninguno, cero; más de trescientos por el lado de los trabajadores.
Como decía antes, por fin llega esta petición del movimiento sindical en forma de proposición de ley, aunque nos hubiera gustado que fuera en forma de real decreto-ley. Esperamos que en breve, señores del Partido Socialista, sean valientes
y nos traigan una ley de amnistía que repare la injusticia contra el independentismo republicano catalán. Solo con justicia puede haber paz social, solo con justicia puede
haber democracia. La disidencia no debe ser combatida con estos recursos, tiene que ser combatida aquí, con argumentos, en las urnas. ¿Qué les voy a explicar?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Derechos y coacciones: me parece un privilegio poder hablar de esto. Fueron años de ver cómo poco a poco nos iban quitando cosas. Derechos que parecían sagrados y que pelearon en su momento los puretas, como les llamábamos cariñosamente
en el curro, iban desapareciendo. Estalla la burbuja. Unos primeros meses de shock, quiebra de empresas y empiezan los recortes. Las tijeras están bien afiladas; lo comprobamos en nuestras propias carnes. Nos enteramos por las noticias de que
preparan un hachazo al Estatuto de los Trabajadores. Buscamos información en Internet, preguntamos a nuestro sindicato, estudiamos la propuesta en nuestro tiempo libre y se confirman los peores augurios: es todavía peor de lo que nos cuentan.
Todo el mundo se tiene que enterar de esto en la fábrica. Cuanto más en precario, peor será el marrón. Vamos por los vestuarios al acabar los turnos, por los talleres. En cuanto la gente conoce el contenido de los recortes que nos quieren
imponer, no falla, siempre la misma frase: esto no lo podemos permitir, ¿qué se creen los sinvergüenzas estos?
Preparamos la asamblea, nadie se puede quedar fuera; esto nos afecta a todas. Hablamos con las compañeras del comedor, de limpieza, con los tuberos, soldadores, bomberos, electricistas, con la gente del laboratorio, de las oficinas, del
muelle, que no quede nadie sin enterarse y, por supuesto, empiezan los chantajes y las amenazas. ¿Cómo es eso que recoge el Código Penal en su maldito artículo 315.3? ¡Ah, sí!, coacciones. Pues eso, coacciones, pero al revés de lo que cuentan los
telediarios y los tertulianos, exactamente al revés: como vayas a la asamblea, te vas a meter en líos; no te pago para pensar, te pago para trabajar; los de las contratas no tienen que ver en esto, ustedes no pueden ir; acuérdate de que el mes
que viene se te acaba el contrato...y podría estar así horas y horas. No sirvió, las asambleas fueron un éxito. Sabíamos que nos jugábamos el pan que llevamos a casa e íbamos a defenderlo, como hicieron en su día los puretas. Lo tenemos claro, no
nos dejan otra opción. Decidimos colectivamente convocar una concentración en el cambio de turno: a las seis de la mañana todo Dios a la puerta de la fábrica. Hacemos carteles, comunicados, panfletos; nos turnamos para repartirlos mañana, tarde
y noche. Preparamos una pancarta de varios metros porque el olfato nos dice que la madrugada siguiente vamos a ser muchas. Llega el día con esa sensación de dignidad en el cuerpo que solo tiene uno cuando hay huelga general. Aún no son las seis y
ya somos cientos de compañeros y compañeras en la puerta de la fábrica. Enfrente, por desgracia, varias `furgonas´ llenas de coacciones; coacciones con casco y porra, y, lo más grave, con órdenes claras de usarlas sin contemplación. El ya famoso
grito 'aquí están, estos son, los piquetes del patrón'. Para muchos compañeros y compañeras es la primera movilización de sus vidas y preguntan incrédulos, pero no irán a pegarnos, ¿no? Somos trabajadores y no estamos haciendo nada malo. Las
coacciones siguen a toda máquina, como en los días previos: si mañana no vienes a trabajar tampoco te molestes en aparecer pasado. Los jefes de recursos humanos, tras las ventanas, controlando quién participa en el piquete y quién no.
Paradójicamente, al contrario de las mentiras que estaba vomitando la televisión en ese momento, unos pocos empleados, muy pocos, deciden ir a trabajar y atraviesan el piquete sin que nadie les toque ni un pelo. Algunos incluso, supongo que como
defensa psicológica ante la vergüenza infinita que da ser esquirol, se agarran los testículos mientras desafían a sus compañeros en el piquete y ni así, ni en esas circunstancias, ocurrió nada. Todo lo contrario, exactamente lo contrario a lo que
cuentan. La efectividad de una huelga -los que hemos estado lo sabemos bien- no depende de la intensidad del piquete, depende del trabajo previo de organización y de concienciación con los compañeros y las compañeras, y en nuestro caso fue todo un
éxito, sin duda. Pero dio igual, el guion estaba escrito previamente: porrazos, cargas, heridas, carreras. Nos llegan noticias de que también están cargando en otros puntos de la isla. La escena se repite por todo el país y la cosa no acabó ahí,
por supuesto: multas, juicios, persecuciones, detenciones arbitrarias, lesiones y todo por defender nuestros derechos.
Artículo 28.2 de la Constitución española -De los derechos y deberes fundamentales-: 'Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses'. ¡Joe!, pues menos mal que
pone eso, que si llega a poner otra cosa... Ese mismo año se convocaron más movilizaciones e incluso otra huelga general. ¿Acaso no son coacciones todos los hechos descritos? ¿A cuánta gente impidieron en ese momento y a futuro el libre
derecho de sindicación, de reunión y de manifestación estas coacciones, este miedo generado? ¿Por qué el Código Penal castiga justamente lo contrario? ¿Puede alguien aquí negar la evidencia de que el artículo 315.3 no busca proteger a quien decide
no hacer huelga, sino que busca castigar precisamente a quien la hace? ¿Alguien puede negar esta evidencia? Esto no es una intervención parlamentaria ficticia, ojalá; esto es una crónica con pelos y señales de lo que nos ocurrió en el centro de
trabajo a mí y a mis compañeros. (Aplausos). Considero importante contarlo aquí y que quede constancia en el Diario de Sesiones, porque como dice el movimiento feminista: lo que no se cuenta, no existe. Y esto es un pequeño privilegio que tiene
un obrero en la tribuna del Congreso.
Yo sé que a ustedes cuando los pillan por robar millones de dinero público no les ponen los grilletes, no les golpean ni les rompen nada, pero la gente trabajadora no tenemos esa suerte. En este país, por desgracia, no es lo mismo un
corrupto robando que una obrera luchando. Por eso creo que ya es hora de derogar el artículo del Código Penal y de no criminalizar más aún el derecho a huelga. Por una sencilla razón -y acabo-, es la herramienta más poderosa y muchas veces la
única que tiene la gente trabajadora para hacer valer sus derechos y vivir decentemente.
Muchas gracias. (Aplausos de varias señoras y señores diputados puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora de las Heras Fernández. (Aplausos).
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría empezar mi intervención mostrando nuestro total apoyo a la huelga de médicos que se está celebrando hoy. Desde el Grupo Parlamentario VOX solicitamos un aumento de sueldo para estos profesionales del 20 % en el programa de
reconstrucción. Desde aquí les expreso en nombre de mi grupo nuestra total comprensión y solidaridad. (Aplausos).
Entrando en la iniciativa en cuestión, el Grupo Socialista nos trae hoy a esta Cámara la derogación de un tipo específico del delito de coacciones, concretamente el conocido como piquete violento. Es decir, el Partido Socialista pretende
permitir que de manera totalmente impune un grupo de violentos, habitualmente estómagos agradecidos de los sindicatos subvencionados, pueda impedir a los trabajadores y autónomos mediante coacciones decidir libremente si quieren trabajar. El real
decreto-ley de 1977, donde se regula el derecho de huelga, dispone que se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga y también que los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma
en forma pacífica y sin coacción alguna. Dicen ustedes que en la mayoría de casos los hechos no pueden ser tenidos en cuenta como violentos o coactivos. Falso, porque este tipo se consuma con el resultado de la coacción. -Yo no sé qué jurista les
habrá asesorado-. En resumen, el Partido Socialista Obrero Español quiere que las coacciones, con al menos fuerza en las cosas, intimidación o violencia ejercitadas de manera intencionada -porque es un tipo que exige dolo- contra la libertad
personal de los trabajadores no estén penalizadas.
El Partido Socialista Obrero Español quiere desproteger al trabajador, es permisivo con quien desee impedir a los trabajadores trabajar. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Han perdido la O de obrero de sus siglas tal y como perdieron la E de español.
(Aplausos). Pero no nos sorprende, llevan meses decretando el cierre de negocios, pequeños comercios a los que asfixian impidiéndoles trabajar, como nuestra hostelería y sector turístico -bueno, a la presidenta del Gobierno balear se le permite
estar de copas hasta las dos de la madrugada infringiendo sus propias restricciones-, incluso con el nuevo, vergonzoso e inconstitucional estado de excepción, que supone un verdadero secuestro del Estado a los ciudadanos españoles, que quieren
prorrogar nada menos que seis meses sin control parlamentario, con el apoyo de los partidos que quieren destruir España -aunque creo que el PP aún se lo está pensando- y que pretende obligar a cerrar los comercios y abocar a la ruina más absoluta.
Que nadie se piense que existen en este sentido motivos sanitarios para ello. ¿Toque de queda nocturno? ¿Acaso los virus chinos entienden de horarios? ¿Qué comité de expertos firma tales informes? Señorías, han perdido ustedes el sano juicio.
Todo ello son acciones dirigidas única e intencionadamente a impedir el derecho al trabajo y la actividad y a destruir así la economía nacional para, en medio del caos, imponer sus medidas chavistas, amordazando las manifestaciones ciudadanas, tal y
como recoge el real decreto del nuevo estado de excepción. (Aplausos).
Nadie en todos estos años ha tratado de prohibir más manifestaciones que ustedes en tan solo siete meses. ¡Qué hipocresía la suya! Estamos ante un nuevo paso a su dictadura.
El pueblo español no se resigna a la ruina, seguirá levantando persianas cada mañana, peleando para llevar el pan a su hogar. Y ahora, de nuevo, es atacado con esta última barbaridad política que es permitir que los sindicatos
-subvencionados, mafiosos y corruptos al servicio de la izquierda política- les puedan impedir trabajar mediante coacciones de violentos. Afirman ustedes que el delito que castiga a aquellos que impiden mediante coacciones que otros trabajen no
responde a las previsiones de nuestro sistema constitucional. ¿De verdad tengo que recordarles que el artículo 35 de nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos por España establecen en su articulado el derecho al trabajo? ¿A
ustedes, que se erigen tan defensores de la Constitución y de los derechos humanos? (Aplausos). Es precisamente su pretendida proposición la que va en contra de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos, dejando desprotegido el
artículo 35 de nuestra Constitución. Pueden emplear toda la orwelliana neolengua que deseen, pero lo cierto es que el apartado cuya derogación pretenden es una garantía de protección precisamente para los trabajadores, ya sean asalariados o
autónomos. El fin de despenalizar las coacciones frente a aquellos que quieren trabajar no es otro que legitimar las acciones sindicales violentas, porque forman parte del pacto de no agresión entre el PSOE y los sindicatos históricos. Y digo los
sindicatos históricos porque son sindicatos al servicio político de la izquierda, que ya no representan a la mayoría de los trabajadores. ¿Qué será lo siguiente, despenalizar el atentado a la autoridad porque el diputado de Podemos o incluso el
vicepresidente del Gobierno no tienen reparos en agredir o justificar que se agreda a nuestros policías? (Aplausos.-Rumores). Sí, me refiero a su vicepresidente, porque precisamente esta iniciativa no es más que la satisfacción de la catastrófica
coalición, y así se recoge en el punto 5.6 del programa de Gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre.
En VOX no sabemos qué comité de fallidos expertos juristas les ha asesorado, seguramente el mismo que les asesora en la lucha epidemiológica, pero, ¿saben una cosa? Los piquetes violentos seguirán siendo delito a pesar de que deroguen este
artículo, porque no se puede impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, por lo que estas conductas seguirán siendo enjuiciables y enjuiciadas por nuestros jueces independientes, por más que les pese y por más que no encaje en sus
deseos dictatoriales. Lo que hace este tipo penal es prever una mayor protección a los trabajadores, esos de los que hace años se han olvidado. El ilustrísimo presidente del Gobierno tuiteó en febrero 2016: Los ocho de Airbus tienen mi apoyo y mi
solidaridad, la huelga es un derecho y el 315.3 debe derogarse cuanto antes. No cabe más demagogia en un solo tuit. La huelga es un derecho, ¿pero la violenta también, señor Sánchez? (Aplausos). ¿Y qué ocurre con el derecho al trabajo? ¿No
existe? Ya sabemos que para el señor presidente el trabajo no es un derecho, pues lo suprime y lo concede cual dictador bolivariano, como hemos visto en este nefasto 2020.
Ustedes, señorías, enfrentan la violencia y la libertad, ustedes quieren que los violentos imperen frente al trabajador que decide libremente trabajar, tratando de eliminar la protección que el Código Penal le brinda. Si aprueban esta
reforma, miles de autónomos y trabajadores serán coaccionados impunemente a no poder abrir sus negocios, a no poder trabajar cuando lo decidan algunos de sus subvencionados sindicatos manchados de corrupción. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señora De las Heras, ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PÚBLICA DE LA LÍNEA DE LIQUIDEZ DEL ICO COVID-19. (Número de expediente 162/000380).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre flexibilización de los préstamos con garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19. Para la presentación de la iniciativa tiene la
palabra el señor Garcés Sanagustín.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy voy a empezar a hablar de Hipócrates, ya que estamos en un momento crítico de la historia sanitaria de nuestro país. Hipócrates tenía una anécdota y era la siguiente. Cada vez que había que recibir a un paciente, ante él
había que comportarse de tres maneras diferentes. En primer lugar, aparentar absoluta normalidad y no decirle lo enfermo que estaba; en segundo lugar, comportarse con solemnidad y pomposidad; y, en tercer lugar, no advertirle de cuáles eran el
alcance y los efectos de su posible enfermedad. Yo creo que Sánchez ha sustituido el juramento hipocrático por el ocultamiento hipocrático, y bien que le ha funcionado en algunos casos, y vamos a demostrar por qué.
El 17 de marzo de este año el presidente Sánchez, en una de sus alocuciones generalistas -una mezcla entre el redentorismo y el propagandismo-, vino a decir que era necesario aprobar una línea de créditos por parte del ICO con el objetivo de
movilizar la mayor cantidad de recursos que había habido en la historia de nuestro país. En este caso, en la historia democrática de nuestro país. -Afortunadamente, el señor Sánchez no se remontaba a ochenta años de la historia de nuestro país-.
Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Que dijo que se iban a movilizar 150 000 millones o 200 000, millones con esa pompa y esa flema habituales que han caracterizado todas sus presentaciones y exhibiciones públicas a lo largo de los últimos meses.
Se comportó automáticamente bajo los tres principios hipocráticos. En primer lugar, había que negarle al enfermo lo que le estaba pasando, y ahí teníamos dos grandes adalides. Por una parte, Fernando Simón, que dijo que no iba a haber
prácticamente ningún caso diagnosticado en España el 30 de enero del año 2020. -¡Qué grandes declaraciones! Pasarán a la historia de nuestro país-. Y, por otro lado, la vicepresidenta económica del Gobierno -que todavía sigue siendo vicepresidenta
económica del Gobierno- con aquellas declaraciones en las que dijo que el impacto económico en este país sería transitorio y tendría poca importancia. Atención a lo que dijo: el año con mayor nivel de destrucción económica y destrucción de empleo
de este país y la responsable de Asuntos Económicos diciendo que iba a ser prácticamente un episodio sin ningún tipo de importancia. Por lo tanto, cumplió el primer mandato no del juramento hipocrático, sino del encubrimiento hipocrático.
En segundo lugar, eso sí, la solemnidad y la pomposidad. Llegó Sánchez y vino a decir poco menos que la decisión de crear una línea de crédito público era una decisión unilateral y una especie de advenimiento ideológico por parte del PSOE;
no de ese PSOE histórico y transformador, sino del socialismo transgénico fruto precisamente de la combinación de ideas con Unidas Podemos y otros partidos políticos. Pero -¡qué casualidad!- en las orientaciones de la Comisión Europea unos días
antes ya se señalaba la necesidad de que se establecieran líneas de crédito público y, por otra parte, el presidente del Partido Popular ya había advertido unas semanas antes que era necesario movilizar crédito.
Y, en tercer lugar, el tercer principio del encubrimiento hipocrático era, por supuesto, no decirle al enfermo que estaba muy mal. Pero, claro, van llegando los datos. Hoy es un día muy especial, porque hoy hemos tenido conocimiento de
cuáles son las líneas maestras del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. ¡Ojo! Es un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que, sorprendentemente, está forjado sobre la base de una estructura de proyecciones
macroeconómicas y un cuadro macroeconómico que se habían realizado antes de que el propio presidente del Gobierno anunciara militarmente -le gusta hablar en términos militares, manu militari- el toque de queda. ¿De verdad cree alguien en este país
que sobre la base de unas previsiones que se habían hecho con anterioridad a la declaración del estado de alarma hasta el mes de mayo, con la previsible caída de actividad económica que va a haber y la destrucción de empleo se pueden mantener esas
proyecciones macroeconómicas? ¿Alguien cree realmente que vamos a crecer en ingresos fiscales? ¿Alguien en su sano juicio piensa que es verosímil el presupuesto que se acaba de presentar? Pero, hete aquí, entonces aplicó lo que suele aplicar en
estos casos el Gobierno. Como no teníamos margen fiscal, como habíamos perdido 18 000 millones -fruto del ajuste presupuestario al que nos había abocado la Comisión Europea como consecuencia del desarreglo económico de la política de ingresos y
gastos de este país-, hicimos un efecto placebo que consiste en enganchar dos mangueras. España es el único país que ha intentado contrarrestar la crisis económica sobre la base de poner dos mangueras, que son los ICO -y ahora continuaré hablando
de ello- y los ERTE. Por supuesto, no había ningún programa de beneficios fiscales. Desconocemos que vaya a haber un programa de beneficios fiscales en este país. Evidentemente, no se ha anunciado, porque con la imposición ideológica de los
rehenes del Gobierno no vamos a tener ningún tipo de programa de beneficios fiscales, y tampoco ningún programa de ayudas directas ni de estímulos directos. No vamos a tener subvenciones directas, cuando Alemania, Francia e Italia las estaban
aprobando. Esta es la realidad. Es decir, hemos caído, evidentemente, en ser el único país en el que seguimos prácticamente abocados a dar financiación.
Por cierto, soy funcionario, soy inspector de Hacienda, soy interventor del Estado, si alguien quiere un inspector de Hacienda en la sala estoy aquí, pero en cualquier caso, agradezco el incremento del 0,9 %. (Risas). Agradecerían también
los autónomos trabajadores y las empresas que haya 1500 millones también de euros para inyectar directamente a las empresas y trabajadores que no sean financiación crediticia, sino que sean financiación directa, que sean subvenciones directas. Eso
es lo que habría que haber hecho también. (Aplausos). Porque de verdad creo que todavía ustedes están persiguiendo a la primera persona que gritó en el mundo viva la libertad empresarial y viva la propiedad y no lo han encontrado, hasta que llegue
el día del juicio final. El día del juicio final haremos un juicio absoluto, una gran ordalía contra aquellos que gritamos viva la libertad, viva la empresa y viva la propiedad privada. Porque ¿qué problema hay en la distinción entre lo público y
lo privado? ¿Ustedes nacieron públicos? ¿El vicepresidente segundo del Gobierno nació como ser público? ¡Qué suerte ser público! Yo nací ser privado y moriré como ser privado. Pero da igual, ¿qué es lo que pretendemos ahora? Ya que ustedes son
incapaces de arbitrar un conjunto de medidas potentes que nos hagan ser un país eficaz, que nos hagan ser un país competitivo y que nos permita competir con el resto de los países de la Unión Europea donde se han dopado adecuadamente las empresas
con el objetivo de que salgan adecuadamente de la crisis, ¿se les ha agotado el abecedario ya a la hora de determinar cuál va ser la salida de la crisis? Lo mejor era cuando decían que iba a ser una uve doble, esto va a ser una gran vasija así.
Veremos cuándo salimos. Pero, de verdad, lo único que les pedimos ya, teniendo en cuenta que son incapaces de aplicar un programa, como digo, de beneficios fiscales o ayudas directas, es que al menos amplíen el plazo de carencia de los préstamos
del ICO y que al menos amplíen el plazo de vencimiento de los préstamos del ICO, algo tan sencillo como evitar que muchos trabajadores, sobre todo muchos autónomos y muchas empresas que no van a poder devolver el préstamo porque no tienen capacidad
financiera para devolverlo, lo puedan devolver.
Insisto, gracias por los 1500 millones que tendrán que pagar las comunidades autónomas y entidades locales, pero les agradecerían además las empresas y los pequeños empresarios que pongan 1500 millones también para poder, de alguna manera,
solventar su pasivo y, sobre todo, sus tensiones de liquidez.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes.
No descubrimos a nadie que la naturaleza de una crisis generada por una pandemia como la que estamos viviendo pone en peligro puestos de trabajo, empresas y la propia economía de un país. Por esto, desde el 17 de marzo de este año, a través
del Real Decreto-ley 8/2020, hay una línea de avales del Estado de más de 100 000 millones de euros.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con fecha de 21 de octubre, hablan de casi 105 000 millones de euros de financiación para el tejido productivo a través de aproximadamente 849 000
operaciones, de las que el 98 % corresponden a autónomos y pymes.
Las líneas de avales ICO, junto con las medidas del Banco Central Europeo, han resultado ser efectivas. El crédito fluye, experimentando un repunte importante en los meses entre abril y junio y los tipos de interés se mantienen estables e
incluso bajan, acontecimientos bien distintos a los ocurridos durante el año 2012 y venideros. ¿Qué medidas aplicó el Gobierno de M. Rajoy para garantizar la liquidez del tejido productivo en nuestro país? ¿Establecieron una medida similar a la de
actual Ejecutivo? ¿Sí?
En abril de 2013, tras nueve trimestres consecutivos de caídas del producto interior bruto y diez meses después de la crisis de deuda de la Unión Europea y el rescate financiero, presentaron a bombo y platillo una serie de medidas entre las
que se encontraban los sistemas públicos de avales y garantías para la financiación bancaria que permitió movilizar entonces 1720 millones de euros. Estamos hablando ahora de 140 000 millones. Por cierto, la medida parece que no fue muy efectiva,
porque, tanto en 2013 como en 2014, el crédito para nuevas operaciones cayó un 19 y un 9 %, respectivamente. A esto le sumamos la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyas reglas fiscales encorsetan a las administraciones e incluso en tiempos de pandemia, el Gobierno ha tenido que suspender -(el señor Garcés Sanagustín señala los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista). Y no señale para allá- esta medida para que los ayuntamientos pueden acceder a 16 000 millones de remanentes. Y deje de señalar, porque ha sido sin el apoyo del Partido Popular y de VOX. Ustedes vienen aquí a
crispar, pero luego se abstienen. ¿Y saben por qué se abstienen? Porque saben que las medidas son positivas y porque saben que su electorado también lo sabe. Además, añadimos la supresión de derechos laborales, esto es, una reforma laboral con
abaratamiento del despido, y el rescate financiero. ¿Recuerdan aquello que se dijo en 2011, en la sesión de investidura, por M. Rajoy? Dijo lo siguiente: Decir siempre la verdad, aunque duela; llamar al pan pan y al vino vino. Bueno, pues mil
malabares hicieron ustedes para no decir rescate. Pero rescate es justo lo que todavía seguimos pagando hoy, y como nos ha dicho el Banco de España no recuperaremos el 78 %. ¿Saben qué es esto? Concretamente, ayudas a fondo perdido. Y qué decir
de otras medidas de su legislatura, como la subida del tipo general del IVA, del 18 al 21, del 8 al 10 en los casos reducidos; el recorte de los servicios públicos fundamentales y el establecimiento de tasas de reposición a cero. Así es como lo
hizo el PP.
Estas medidas van en consonancia con lo que están haciendo otras economías europeas. Estas medidas, según el Fondo Monetario Internacional, nos llevan a un gasto público en España dedicado a avalar créditos que superan en 3 puntos la media
europea. Y, por aprovechar el tiempo que tengo, lo que vamos a decir es que sus recetas en la anterior crisis no son las que va a seguir este Gobierno. Las recetas que presenta este Gobierno tienen que ver con los Presupuestos Generales del Estado
que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Ese proyecto de ley nos lleva, como decía el vicepresidente segundo esta misma mañana, a dejar la senda de la austeridad para entrar en la senda que nos marcan los acuerdos alcanzados en Europa. Estamos
hablando de refuerzo del Estado del bienestar, de recuperación de los derechos sociales y laborales, de transición ecológica y de transformaciones económicas. Estamos hablando de refuerzo a la atención a la dependencia. Hablamos de refuerzo del
sistema de cuidados y del impulso a la conciliación. Hablamos de reforzar la protección social. Hablamos de reforzar la igualdad de oportunidades en la educación superior. Hablamos de medidas de justicia fiscal. Asimismo, incluye también esta
ley de los Presupuestos Generales del Estado un acuerdo de las mejoras del ingreso mínimo vital y el compromiso de elaborar una normativa reguladora de los precios del alquiler.
Si de verdad les preocupa la economía de este país, la economía de las familias, de las pymes, de las personas autónomas y de las empresas, entiendo que votarán a favor de este proyecto de ley. Lo demás sería un ejercicio de muchísima
hipocresía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos.
Vamos a centrar el debate en lo que ha propuesto hoy el Partido Popular. El Partido Popular, en la propuesta que ha hecho, y voy a citar textualmente, dice: En el marco temporal relativo a las medidas destinadas a respaldar la economía en
el contexto del actual brote del COVID-19 se permitía que la garantía pública de los préstamos destinados a dar liquidez a las empresas estuviese limitada a un máximo de seis años. En España, el Gobierno limitó ese plazo a un máximo de cinco años.
Es decir, el marco temporal permitía dar operaciones a seis años, pero el Gobierno limitó la garantía de los préstamos ICO, la garantía estatal que daba a los deudores en favor de los acreedores, los bancos, a cinco años. Y propone el Partido
Popular, desde mi punto de vista, con buen criterio, que se alargue el plazo; es decir, que se puedan alargar las operaciones, de tal modo que tengan la misma duración temporal que la garantía pública, y que la garantía pública, que ahora está más
reducida, se alargue. Perfecto, estamos de acuerdo. De este modo, lo que propone el Partido Popular es que pasemos de un esquema donde las operaciones se dan a cuatro o cinco años, de los cuales el primero es de carencia y los tres o cuatro
siguientes de amortización, a un sistema en el que los dos primeros años sean de carencia y, luego, tres o cuatro -los que pacten las partes-, hasta completar los seis, que sean de amortización del principal. Nosotros estamos de acuerdo con esto.
Creemos además que esto es urgente. Nosotros fuimos los primeros que propusimos en este Congreso, por ejemplo, la moratoria de las hipotecas, y entonces lo único que veíamos era cómo las olas subían; ahora ya las tenemos arriba del todo, dentro de
poco las veremos abajo y ya
veremos cómo han dejado la playa. Por lo tanto, vemos con agrado esta propuesta del Partido Popular; alarguen ustedes las garantías hasta los seis años y que las operaciones se alarguen hasta seis años.
Pero, nosotros, además -y siempre se lo decimos al Partido Popular, pero el Partido Popular peca mucho de timidez; nosotros no somos como ustedes; ustedes son tímidos-, les proponemos enmiendas que aumenten la libertad de los contratantes.
En concreto, pueden pactar ustedes operaciones de más de seis años, no hay ningún problema; ahora, la garantía es hasta seis años y por el capital que se tenía que haber amortizado dentro del periodo de seis años. El capital que se amortice
después de los seis años no queda garantizado, pero permita usted alargar el plazo.
¿Por qué insistimos en este alargamiento del plazo? Pues, mire, porque están a punto de vencer las carencias y los autónomos y los empresarios van a tener que enfrentarse a los primeros recibos, que van a llevar importe de amortización de
principal y van a sentir que se les hace duro hacerles frente en las condiciones actuales, puesto que se alarga tanto la crisis. Si alargamos el plazo de amortización, también se reduce la cuota y, por tanto, será mucho más sencillo hacerlo. Por
lo tanto, dejen ustedes pactar libremente a las partes un plazo mayor, aunque, lógicamente, todo lo que quede por encima del plazo máximo de seis años no estará garantizado por el Estado. Esto es una mejora técnica.
¿Qué otra mejora técnica les ofrecemos? Miren, hay más vida allá del francés. Es decir, no tienen por qué pensar siempre ustedes en sistemas de amortización de cuota constante. Podríamos ir a permitir que cuando empiece la amortización
sean de cuota creciente, de tal manera que en los primeros estadios las liquidaciones sean más bajas. Porque, claro, tenemos que acostumbrar la caja de las empresas después de todo este periodo de baja cifra de negocios y pagando solamente los
intereses, que va a empezar a recibir recibos del principal. Hagámoselo más ligero.
Ahora bien, ¿qué problema nos trae un sistema de amortización distinto del francés, en que las cuotas van creciendo? Pues que se podrían generar situaciones no deseadas. ¿Y cuáles serían esas situaciones no deseadas? Básicamente, que se
capitalizasen intereses y la deuda subiera por encima del principal. Nosotros ponemos esto en nuestra enmienda: un sistema de cuota creciente, pero en el que no se capitalicen intereses. Como saben los que han estudiado matemática financiera, es
una solución francamente sencilla técnicamente.
Todo esto se lo decimos porque es engañarnos creer que, cuando se acabe este primer periodo de carencia, en estos primeros meses las empresas van a ser capaces de hacer frente a sus obligaciones; y si nos engañamos sobre el presente,
seremos incapaces de prever el futuro y de tomar las medidas adecuadas para combatirlo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Manso. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Para mí, un trabajador de este país, es un honor poder defender a los trabajadores en nombre del Grupo Parlamentario Socialista desde esta
tribuna.
Señor Garcés, la moderación ha durado lo que dura un café en la Plaza Mayor, porque ha sido usted incapaz de reconocer que la línea de avales del Gobierno ha sido un éxito. Lo reconocen en toda Europa, pero el Partido Popular, el principal
partido de la oposición de este país, es incapaz de subir a esta tribuna y decir que la línea de créditos ICO es un auténtico éxito y además es un ejemplo para otros muchos países europeos. (Aplausos). Reconózcalo, señor Garcés, que no pasa nada;
no dejan de ser moderados porque lo reconozcan.
Segunda cuestión, señor Garcés. Ustedes, los portavoces de economía del Partido Popular, suben a esta tribuna a dar lecciones de economía como si ustedes fueran unos buenos gestores, como si tuvieran el gen de gestionar bien la economía, y
creo que tienen algún olvido que yo voy a repasar; le voy a dar un repaso a lo que hicieron, pero lo del repaso es sin ironía. Cuando llegaron al Gobierno en 2011 la primera decisión fue subir los impuestos. Subieron 21 000 millones de impuestos
y recortaron 15 000 millones de gastos. Podrían decir: bueno, es que hemos recortado gastos superfluos. Recortaron 15 000 millones de gastos en sanidad, educación y servicios sociales, y ahora, durante la pandemia, las comunidades
autónomas se acuerdan del recorte de los 15 000 millones en sanidad. ¿Les suena eso a ser buenos gestores, señor Garcés?
Segunda cuestión sobre el gen este que tienen ustedes por el que son buenos gestores. Ha dicho -y no se ha despeinado- que el Gobierno ha hecho la mayor destrucción económica y de empleo en este año. No es cierto. Hemos tenido la mayor
destrucción del PIB nunca conocida en los últimos cuarenta años -cierto-, pero este Gobierno no ha propinado la mayor destrucción al tejido productivo en el mercado de trabajo; no, no es cierto. El Partido Popular y el Gobierno de Rajoy, en el
primer trimestre de 2013, llevó a este país a un récord histórico de parados, 6 300 000, y en 2012, cuando ya gobernaban, con solo una caída del 3 % del PIB, que es 6 veces menos que lo que ha caído el PIB en el anterior trimestre y en el anterior,
ustedes destruyeron 1 millón de empleos. En esta ocasión solo se ha destruido medio millón de empleos. ¿Somos mejores gestores? Sí, por dos motivos: porque hemos puesto en marcha la línea de avales para generar liquidez a las empresas y porque
hemos dotado los ERTE de la flexibilidad necesaria para mantener el empleo en las empresas y no lanzar a los trabajadores al SEPE, que es lo que ustedes hicieron: lanzarlos al desempleo.
Tercera cuestión en la que nosotros somos un poco mejor gestores económicos que ustedes. Ustedes salen aquí a defender a las empresas y a los autónomos como si fueran sus portavoces. Cuando el señor Rajoy gobernaba no fue ningún buen
representante para empresarios, pymes y autónomos. Primero, porque no hizo nada con ellos en la peor crisis financiera que tenían las empresas para el acceso al crédito; no hizo nada. Podemos ver lo que hemos hecho nosotros. A usted le parece
que 105 000 millones son pocos. ¿Por qué en esa mente tan bien pensante de buenos economistas no hicieron algo con las empresas y los autónomos en 2012 y los dejaron abandonados? Ahora se acuerdan de que los autónomos levantan la persiana y en
2012, cuando gobernaban, ¿por qué no se acordaban de que los autónomos levantaban la persiana también y los dejaron abandonados? (Aplausos.-El señor Garcés Sanagustín hace gestos negativos). Sí, señor Garcés, sí, los dejaron abandonados.
Dice: son incapaces de dotar un programa de ayudas a las empresas. Señoría, si España es el país que proporcionalmente a su producto interior bruto más ha dedicado en líneas de ayudas y de financiación a las empresas. Alemania puso 700
000 millones, sí, pero solo ha ejecutado el 1,2 % de su PIB. España ha puesto 105 000 millones, 79 000 en avales, lo cual significa que hemos puesto el 8 % de nuestro PIB. Ustedes no hicieron absolutamente nada ni por las empresas ni por los
autónomos ni por los trabajadores.
Como la portavoz de Podemos ya le ha dicho lo que han hecho con la reforma laboral, me lo voy ahorrar, pero si quieren de verdad apoyar a los autónomos, a las empresas y a las pymes, apoyen el presupuesto que el Gobierno ha aprobado esta
mañana, que tiene 20 000 millones... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señor García. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Estamos en un momento en el que las empresas de nuestro país están en una verdadera situación de asfixia, y cuando las líneas ICO se aprobaron no podíamos imaginar nadie -desde luego, el optimismo antropológico del Gobierno no lo podía ni
siquiera intuir- que a estas fechas estaríamos de nuevo al borde de un nuevo estado de alarma, nada menos que para seis meses, lo que es un estado de alarma con alevosía, y que nos va a acabar encerrando probablemente otra vez en nuestras casas.
Eso, evidentemente, es un golpe a la economía que no tiene precedentes y que requiere de unas medidas absolutamente excepcionales.
Si bien es cierto que las previsiones del Gobierno en materia económica han quedado absolutamente destrozadas por la realidad, evidentemente, cuando hablábamos de una posibilidad de caída de nuestra economía de un 8 % y decíamos que era
optimista nos quedábamos muy cortos, porque creo que ahora cualquiera de esta Cámara firmaría un 12 para este año. Pero, desde luego, es absolutamente irreal que el año que viene vayamos a crecer a una tasa del 7,2, y no hay más que ver los datos
económicos que vamos conociendo. En el tercer trimestre, el impulso a la economía se produjo del consumo de los hogares fundamentalmente, de ahí vino el tirón, y si observamos los datos del cuarto trimestre, podemos ver cómo los pagos con tarjeta
de crédito en aquellas comunidades con una mayor incidencia acumulada han caído nada menos que un 15 %. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, caminando hacia una economía
de cierre como nos vamos a encaminar, es absolutamente impensable que la economía vaya a crecer un 7,2 el año que viene. Y eso, además de evidenciar que los Presupuestos Generales del Estado son una trampa al solitario que se está haciendo
el propio Gobierno porque no hay quien pueda esperar que van a cumplirse esas previsiones, además de entender que se está engañando al conjunto de los españoles cuando se nos presenta esa tasa de endeudamiento o esa tasa de déficit, porque la caída
del PIB va a ser mucho más abultada de lo que se espera y, por tanto, va a disparar esas tasas, lo que hace entender también es que las empresas necesitan medidas y flexibilidad. Por tanto, nosotros vamos a compartir esta moción, porque las líneas
ICO, aparte de que, efectivamente, fueron una buena medida pero no fueron suficientes, aparte de que no fueron suficientes, también se demostró que no fueron todo lo eficaces que el Gobierno preveía, porque el Gobierno pensaba multiplicar el dinero
de las líneas ICO como los panes y los peces, poniendo 100 000 millones y que las empresas invirtieran otros 100 000, pero la realidad es que ese 100 % se ha convertido solo en un 31. Si no damos facilidades a las empresas, evidentemente nos vamos
a ver abocados a una situación de destrucción de empleo que vamos a arrastrar durante décadas.
Creo, señoras y señores del Gobierno y de los grupos que lo sustentan, que 3 700 000 desempleados en España, 354 000 desempleados en el último trimestre, una destrucción de empleo de 4000 puestos de trabajo diarios exigen un poco de
responsabilidad, y creo que la responsabilidad no puede ser subir impuestos a las empresas. Es que es atentar contra la economía, atentar contra el crecimiento económico. Yo es que ya no sé si pensar que de verdad no tienen ni idea de economía o
es que lo que pretenden es destruir España de manera verdadera. Porque no se puede sostener que en un momento como este la propuesta sea subir impuestos, porque subiendo impuestos lo que se hace es destruir empleo, pero, desde luego, no lo
contrario. Y cuando dicen: ¿y entonces cómo vamos a mejorar la educación, cómo vamos a mejorar la sanidad? Pues, miren, recortando chiringuitos, que tienen muchos chiringuitos para recortar. Para empezar, tienen veintidós sillas azules
colocadas, veintidós; les sobra la mitad para ser un poco más eficientes de lo que son, además. Tienen más de 1800 millones de euros repartidos en chiringuitos autonómicos y nacionales, con televisiones públicas que lo único que sirven es para dar
voz a sus mensajes populistas, interesados y partidistas. ¿Y saben para qué suben impuestos? Suben impuestos para sustituir la foto del abrazo por la del codazo que se ha hecho hoy el señor Sánchez con el señor Iglesias, que ni en eso son capaces
de cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente. Arratsalde on.
Hoy el PP presenta una PNL para solicitar la ampliación a seis años de la garantía pública de los préstamos ICO y ampliar el plazo de carencia. Una de las primeras medidas que acordó el Gobierno para amortiguar la crisis derivada del COVID,
efectivamente, fue la línea de avales ICO, destinada a facilitar liquidez a autónomos, pymes y empresas. En definitiva, una buena medida, pero fue pensada en función de una previsión de recuperación que a día de hoy no acaba de llegar. La
actividad sigue descendiendo y a esto hay que añadir la incertidumbre que van a acarrear las nuevas medidas restrictivas que están adoptando ante la segunda ola del COVID y que van a afectar de forma importante a numerosos sectores, sobre todo a
aquellos que más tienen que ver con la movilidad de los clientes: hostelería, turismo, etcétera. A esto hay que añadir otro ingrediente y es que la fecha para empezar a devolver los préstamos se acerca -marzo y abril- y, como he dicho, esa
recuperación económica no llega. No hay aumento de actividad y no todas las empresas podrán afrontar la devolución de los préstamos en los plazos establecidos, en relación con lo cual hay que decir que la pequeña y mediana empresa desde hace algún
tiempo viene solicitando esta ampliación de los plazos. Somos conscientes de que lo que hoy se solicita aquí no es fácil, ya que esta línea de ayudas fue aprobada por Europa y, por tanto, está sujeta a normativa comunitaria, normativa que permite
aumentar ese plazo a seis años, pero que se cerró precisamente en cinco por los análisis previstos de recuperación de aquel entonces, por lo que, si se amplía, entendemos que se debería reestructurar la deuda del Estado.
Tal y como está evolucionando la pandemia, que nos ha llevado nuevamente a una declaración del estado de alarma que va a permitir nuevas restricciones para poder combatir el COVID, cabe esperar que el crecimiento de la actividad se vuelva a
ralentizar, y en este sentido autónomos y pymes van a necesitar más tiempo para hacer frente a sus necesidades financieras. Va a ser necesario adoptar nuevas medidas y modificar aquellos instrumentos de los que se dispone para evitar una mayor
morosidad e inestabilidad de las pymes y una inestabilidad de la economía en general. Lo cierto es que la caída de la oferta está ahí y el hundimiento de la demanda y la disminución de ingresos están dando lugar no solo a despidos, sino también a
cierres de empresas. Aunque parece que las medidas han ido en la dirección correcta, son insuficientes, puesto que la pandemia va para largo. Hemos sido demasiado optimistas en cuanto a su duración y profundidad.
La pandemia va a seguir con nosotros durante un tiempo, como he dicho, por lo que es necesario un plan mucho más ambicioso para gestionar la crisis a medida que vaya evolucionando la misma. Esto va a requerir un rediseño de la política
económica. Nos consta que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, la señora Calviño, está negociando este tema, la flexibilización de estas condiciones en Europa, y tratando de adaptar los avales del ICO a la situación económica actual y
a la que pudiera llegar. Estas medidas también deberían adoptarse en el marco del diálogo social y junto con el sector o sectores afectados.
Nuestro grupo cree que es necesario adoptar y adaptar cuantas medidas sean necesarias para apoyar al tejido productivo y, por ende, al empleo, pero también entendemos que, al ser una medida que se ha adoptado en el marco europeo, la
propuesta establecida en la PNL se debe consensuar con Europa para equilibrar las ayudas a las empresas y los riesgos que para el sector financiero puedan acarrear este tipo de medidas. Por eso nos vamos a abstener, en aras a que se consiga ese
acuerdo en Europa y por el compromiso que parece que hay por parte del Gobierno de ir adaptando estos mecanismos, tal y como se ha manifestado en la enmienda que han propuesto. Ahora, también digo aquí que estaremos atentos y que, en el caso de no
hacerlo, este grupo será quien plantee una PNL en este sentido, porque, ante nuevas recaídas en las que probablemente sea necesario restringir actividades, será necesario poner en marcha y adaptar todos estos mecanismos para actuar sobre la
solvencia de las empresas que siguen siendo viables.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Señorías, tres horas de Pleno y de debate y es la primera cuestión relacionada con la pandemia y con lo que de verdad quita el sueño a los españoles. Parece que se nos olvida la situación en la que estamos, la situación en la que viven
miles de familias, miles de empresarios, miles de autónomos y miles de trabajadores, y contra el olvido, recuerdo; recuerdo para miles de empresarios y de autónomos que han tenido que bajar su persiana y recuerdo para cada historia de sacrificio e
ilusión truncada por esta pandemia.
Pero vamos al núcleo de la cuestión. Dentro de las ayudas que decretó el Gobierno en la primavera estaba la línea de liquidez en forma de préstamos con garantía pública, la conocida línea ICO COVID-19, una medida que negociamos y defendimos
en Ciudadanos y que ha sido un auténtico salvavidas para las empresas españolas durante la primera ola. Pero lamento decirles que nos encontramos ahora mismo en una situación muy grave. Esta segunda ola de la pandemia va a suponer un reto aún
mayor que la primera, y será un reto mayor porque a esta segunda ola las empresas llegan doble o triplemente endeudadas: se han endeudado para hacer frente al pago de salarios, se han endeudado para hacer frente al pago de gastos corrientes o a la
adecuación de sus locales a las nuevas normas sanitarias y se han endeudado para poder pagar los impuestos, porque este Gobierno, en vez de darles facilidades para el aplazamiento del pago de los impuestos, les abocó a pedir créditos para poder
reclamarles los mismos. En resumen, a esta segunda ola las empresas llegan más endeudadas, con sus ahorros agotados, y además tienen que hacer frente al pago de los préstamos avalados por el Estado.
Señorías, mientras ustedes siguen demorando las soluciones, este mes de noviembre muchas empresas comenzarán a pagar sus cuotas en mitad de un contexto de incertidumbre creciente, confinamientos selectivos, limitaciones de horarios y a la
espera de que lo peor de esta segunda ola de la pandemia esté todavía por llegar. Por eso votaremos a favor de esta iniciativa, porque, además de recoger
una de las enmiendas que mi grupo parlamentario, Ciudadanos, ha presentado a uno de los reales decretos económicos de la COVID, es una de las peticiones más repetidas por los propios empresarios, que siguen sin encontrar una solución a su
ruina.
Es cierto que el Gobierno está trabajando con las entidades financieras para salvar la situación, sí, es cierto, pero igual de cierto es que podrían haber adoptado medidas complementarias que aliviaran la presión sobre las empresas y los
autónomos para poder modificar estas condiciones de los préstamos. Hasta la fecha, según los últimos datos disponibles del ICO, se han transferido 79 000 millones de euros en avales a las empresas, y de este montante unos 2000 millones corren el
riesgo de convertirse en pérdidas irrecuperables para las arcas públicas. Por tanto, es cierto que necesitamos la luz verde de la Comisión Europea para poder modificar estas condiciones, sí, es cierto, pero igual de cierto es que con los espejismos
de este Gobierno, esos brotes verdes y recuperaciones en V, han perdido un tiempo vital para hacer reformas y adecuar estos créditos a la circunstancia real que vive la economía de nuestro país.
Así pues, nos amenaza un agujero de miles de millones, otro más, cuando algunos querían ignorar que estos avales públicos que se pusieran encima de la mesa tendrían que devolverse en el plazo mínimo de seis meses si así lo elegía el
empresario. Pero los rebrotes y la vuelta al estado de alarma, la autocomplacencia y la falta de previsión y prevención, han truncado las expectativas de recuperación en V que tanto han mencionado los ministros de este Gobierno y los cálculos de
cuál será el daño definitivo a la economía nacional no dejan de engordar. Por tanto, tenemos dos alternativas, o dejar a las empresas de nuestro país a la deriva en la segunda ola o emplearnos a fondo para mantener vivo nuestro tejido productivo y
que quede algo para reconstruir cuando la pandemia acabe. Así que la elección es muy fácil: trabajemos todos en encontrar las soluciones y hagámoslo sin descanso, cumplamos con los españoles, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.
Con un minuto y medio que tengo habitualmente -a veces, uno- y los nuevos criterios de control estricto de los tiempos de la Presidencia, voy a tener que adaptarme al ritmo metralleta de Iñigo Errejón si quiero decir algo. Por si acaso no
llego al final, digo al principio que para el BNG es necesario que se prorrogue un año el periodo de amortización y también el periodo de carencia de los créditos ICO, para hacer frente a situaciones dramáticas que se pueden producir en el momento
en que finalice ese año de carencia, en el mes de marzo, cuando muchos autónomos aún están en una situación precaria o con sus negocios cerrados y, por tanto, sin ningún tipo de ingreso.
En esta crisis, al igual que en la de 2008, se ha puesto de manifiesto la importancia que tendría contar con una banca pública, como tienen otros muchos países de nuestro entorno: Alemania, sin ir más lejos. Desgraciadamente, en Galiza no
solo no contamos con una banca pública, sino que nuestras cajas de ahorros fueron privatizadas y mal vendidas en una operación en la que el erario público perdió nada más y nada menos que 8000 millones de euros. En este contexto, lo más parecido
que hay -aunque con muchas trabas democráticas, muchas más de las que deberían- es el ICO. Por tanto, entendemos que los créditos ICO deben servir precisamente para salir de esta crisis económica, para dar el apoyo necesario a los autónomos y
autónomas para poder superar esta situación de crisis.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. Señorías.
Señor Garcés, nosotros compartimos la parte dispositiva -después le haré algunas matizaciones-, no compartimos la parte expositiva y tampoco compartimos su defensa de la PNL hoy, porque ustedes tienen muchas ganas de hablar del presupuesto y
veo que el portavoz socialista también, pero les digo a unos y otros que no se preocupen, porque vamos a tener un noviembre para hablar de forma concienzuda y concentrada del presupuesto; vamos a tener tiempo. Hoy lo que nos concierne es si
realmente percibimos
la necesidad de que los créditos avalados por el ICO para incrementar la liquidez de las empresas deberían ampliar su plazo a seis años y, a su vez, si se debería incrementar la carencia. Esto lo hemos solicitado nosotros desde un
principio. Vista la evolución de la economía, obviamente, es todavía más necesario. No obstante, también entendemos que esto se debe hacer de forma negociada y acordada en el marco de la Unión Europea, porque estas son las condiciones. Entendemos
que no hay urgencia en hacerlo ahora, pero también les digo a los señores del Partido Socialista que esto no se puede hacer el último día de la última semana. Nos equivocaríamos y sería muy perjudicial para las empresas. Por tanto, si se nos
transmite por parte del Ministerio de Economía que se está trabajando y hay voluntad, nosotros lo aceptamos, pero eso se deberá resolver durante los próximos meses. Si no, entraríamos en una situación de inseguridad no jurídica sino financiera para
las empresas -algunas de las cuales, según cómo evolucione la pandemia, deberán recibir una ayuda suplementaria; algo de lo que debemos ser conscientes- y también para las propias entidades financieras porque, por muy aseguradas que tengan las
operaciones a través del ICO, es evidente que no solo las pequeñas y medianas empresas y autónomos -que seguramente van a ser los primeros-, sino también las grandes empresas van a tener problemas para hacer frente a estos préstamos, según cómo
evolucione la situación económica, que estará condicionada por la situación sanitaria.
Por tanto, compartiendo la parte dispositiva, quizá no temporal, entendemos que estas no son cosas que debiéramos despachar mediante una PNL, aunque entendemos que es legítimo. Vamos a ser un tanto prudentes, vamos a continuar solicitándolo
y esperando a que el Ministerio de Economía haga su trabajo. En caso contrario, seremos los primeros... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes.
Nos encontramos ante una crisis sin precedentes, una crisis que se está cerniendo de una manera aún más virulenta sobre pymes, trabajadores autónomos y pequeñas empresas que, por su estructura, no disponen del músculo financiero suficiente
para hacer frente a las adversidades. De tan repetido, obvio. Por abundar en obviedades, en momentos excepcionales hay que aplicar medidas excepcionales. Lo hemos ido repitiendo desde el inicio de la pandemia. Ahora son más necesarias que nunca
políticas expansivas. Necesitamos aplicar políticas contracíclicas y, por tanto, un incremento de la inversión pública. De no ser así, de no hacerlo y repetir las recetas aplicadas por ustedes, señorías del PP, durante la crisis de 2008, las
consecuencias serían catastróficas.
Por eso, al leer su proposición no de ley pensé en dónde estaba la bolita, en dónde estaba el truco, y se lo ha desvelado la portavoz del PNV. El truco es que esto es un bonito brindis al sol, teniendo en cuenta que es imprescindible la
complicidad de la Comisión Europea. La herramienta de los préstamos ICO fue acertada y necesaria, aunque no suficiente. Desde el inicio de la concesión de estos créditos, se detectaron abusos por parte de algunas entidades bancarias que obligaban
a contratar servicios adicionales, como seguros. También se observaron tipos de intereses abusivos, y así lo hemos denunciado repetidas veces. Es aquí donde incidimos en nuestra principal reivindicación, que estos créditos sean útiles, que
permeen, que lleguen a la totalidad del sector productivo.
Desde el Govern de la Generalitat se han tomado medidas para frenar el avance de la pandemia y reducir las interacciones sociales. Al mismo tiempo, la semana pasada el Govern aprobó medidas para tratar de paliar el impacto, como la
reducción del pago de los alquileres a los locales afectados, pero es imprescindible que el Gobierno del Estado también se mueva y decrete una moratoria al cobro de impuestos como el IVA -que se debían presentar el pasado día 20-, el impuesto sobre
sociedades, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y la moratoria en el pago de préstamos y suministros básicos, tal como le reclamaba a ustedes el vicepresident Aragonès la semana pasada. No tiene ningún sentido que el Estado continúe
cobrando impuestos con normalidad cuando muchas empresas no pueden operar de manera regular. Así, señorías del Gobierno, les emplazamos a actuar con celeridad. El periodo de cinco años y uno de carencia ya no se puede considerar suficiente para
afrontar un choque en la demanda como el que estamos teniendo.
Con la perspectiva que nos otorgan los meses, hay encuestas como la de Pimec de este mes de septiembre que nos indica que el 51,6 de las pymes y trabajadores autónomos catalanes han suscrito un préstamo ICO. De ese total, un 28 % considera
que no podrá efectuar su devolución sin dificultades
pasados los doce meses de carencia. También nos consta que la organización Cecot ha hecho llegar a la ministra Calviño -de momento, que yo sepa, sin respuesta- la necesidad de ampliar la carencia de un año sobre los préstamos concedidos.
De no tomar medidas en este ámbito, los impagos podrían aumentar en los próximos meses, reforzando el riesgo de morosidad.
Por ello es imprescindible que el Gobierno se mueva y pronto, que la cosa puede venir de meses y flexibilice los préstamos acordes con el contexto económico. Un año más de carencia nos parece una medida razonable que dotaría de oxígeno a
muchas de aquellas pequeñas empresas que hoy por hoy afirman no poder hacer frente a este préstamo. Nos esperan meses complicados, debemos aplicar las medidas necesarias para evitar que se rompa la cadena de pagos y salvaguardar los puestos de
trabajo. Por ejemplo, dejar de demorar la entrada en ponencia de la ley contra la morosidad sería una buena señal; que llegara pronto a buen puerto sería bueno para la economía real. En resumen, sí... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Capdevila. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Garcés, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario VOX y rechazamos la del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN ADECUADA DE LOS Y LAS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. (Número de expediente 162/000133).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no
acompañados.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Anguita Pérez.
El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora debatimos en este punto la proposición no de ley sobre un colectivo que requiere de una especial sensibilidad, de una compresión y un respeto por parte de sus señorías, puesto que esta iniciativa habla sobre menores extranjeros no
acompañados. Repito, habla sobre menores. Esta proposición tiene como fin conseguir una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas competentes en esta materia, pero también combatir el creciente discurso de odio dirigido
contra estos menores. Señorías, tenemos una especial responsabilidad de combatir los discursos de odio y de racismo alentados por grupos vinculados a la ultraderecha y a su representación parlamentaria; discursos de odio que tienen una
responsabilidad total en el aumento de los ataques xenófobos que se están dando en nuestras calles durante los últimos dos años. La realidad es innegable, y es que han aumentado las agresiones en los centros donde se alojan estos menores, centros y
espacios públicos que han sido objeto de ataques por los que algunos medios de comunicación han denominado grupos identitarios; para que nos entendamos el resto, por grupos fascistas, pero sin un bochornoso blanqueamiento mediático.
Señorías, la Convención de los Derechos del Niño nos dice lo siguiente: los niños y niñas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el caso de los menores extranjeros no
acompañados, debemos recordar que estos niños y niñas están bajo la tutela del Estado, bajo la tutela de las instituciones públicas, y nosotros, como responsables públicos, tenemos que estar a la altura y garantizarles sus derechos y la igualdad de
oportunidades. Por ello, este Gobierno sigue y seguirá comprometido con seguir colaborando con las diferentes administraciones públicas. Quiero recordar que en el año 2018 el Gobierno socialista dotó a las comunidades autónomas de más de 40
millones de euros y 30 millones más estaban incluidos en los Presupuestos Generales del Estado del año 2019 que esta Cámara no tuvo a bien aprobar. Aun así, seguiremos respondiendo a la demanda social que nos exige que seamos valientes. Nuestro
compromiso es seguir garantizando los derechos de estos menores en todas las áreas como, por ejemplo, en materia laboral. Como bien saben ustedes, desde marzo un menor extranjero no acompañado en edad de trabajar que desee hacerlo podrá hacerlo y
acceder al mercado laboral. Asimismo, los jóvenes nacionales de terceros países que no cuentan
con la autorización de trabajo necesaria han tenido la primera oportunidad laboral durante el estado de alarma gracias a un decreto-ley impulsado por este Gobierno.
Señorías, como representantes políticos que somos, nuestras palabras tienen mayor peso, tienen un calado especial en la sociedad; nuestras palabras pueden -y, de hecho, tienen- una respuesta palpable en las calles. Si desde esta tribuna,
desde un plató de televisión o desde nuestras redes sociales un representante público alienta a odiar, a estigmatizar o a señalar a un colectivo por motivos raciales, es cuestión de tiempo que de las palabras de ese representante se pase a la acción
por sus fanáticos racistas. Por ello, esta PNL también va dirigida a proteger a este colectivo especialmente vulnerable de los discursos de odio, de racismo y de xenofobia. (Aplausos). La política, tal y como la entiende la izquierda, es una
herramienta que puede resolver los problemas de la ciudadanía, pero su uso torticero no solamente no puede resolver los problemas reales de la gente, sino que se puede utilizar de forma deliberada para infectar el imaginario colectivo con tensión,
con odio y con rencor. Señorías, hemos podido escuchar discursos negacionistas del cambio climático, negando la violencia machista. Hemos sido testigos de discursos vergonzantes contra la comunidad LGBTI y también de discursos cargados de odio y
de fanatismo contra la comunidad migrante en España. Y los niños y niñas migrantes tampoco se han librado de ser estigmatizados y, posteriormente, atacados. Lo penosamente curioso -pero también esclarecedor, por otro lado- es que algunos sectores
de la ultraderecha tardan menos en desvincularse de los ataques producidos a esos menores que en condenar propiamente esos ataques. Eso, señorías, no se puede permitir en el año 2020 (aplausos) y eso, señorías, no se puede permitir en una
democracia como la nuestra. Y ya saben: excusatio non petita, accusatio manifesta. Que tengan bien clara una cosa: este país se defiende con su solidaridad, con su diversidad y con su afán de sumar para llegar juntos más lejos, no para que los
mismos pocos de siempre lleguen antes que el resto. Los racistas que pretendan defender a nuestro país agrediendo a estos menores deben saber una cosa, que no hay valentía ni orgullo patrio al atacar a un menor que no tiene más patria que su propio
presente. (Aplausos).
No debemos olvidar nunca, señorías, que estos menores, niños y niñas, son futuros adultos que habrán vivido situaciones inenarrables durante gran parte de sus vidas: terrorismo, violación sistemática de derechos humanos, guerras, pobreza
absoluta y ahora, además, tienen que hacer frente a los insultos, a las pintadas, a las pedradas y hasta al lanzamiento de una granada al interior de sus viviendas. Quiero aprovechar este momento, desde esta tribuna, para decirles que no están
solos y que no están solas, porque mi grupo y yo denunciaremos todos y cada uno de los ataques que se produzcan sobre estos menores y también condenaremos todas y cada una de las intervenciones de la ultraderecha señalando con odio y con rencor a
los menores extranjeros no acompañados.
Voy a ir finalizando, señorías. Pertenezco a una generación que, llegada a los treinta, se ha tenido que enfrentar a dos crisis económicas fortísimas. De la primera aún nos estábamos levantando con esfuerzo y dedicación. Ahora nos vamos a
enfrentar a esta segunda crisis sabiendo cuál es la solución del fascismo. Pasa por el enfrentamiento entre las personas, por la criminalización de los colectivos más vulnerables y por tratar de utilizar nuestras banderas para dividir en vez de
para unir en nuestra diversidad. Antes de intentar inundar las calles con su xenofobia, piensen que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos y nuestras hermanas sueñan con lo que quieren ser de mayores, dónde quieren viajar o dónde quieren
vivir, y que estos menores inmigrantes, en el mejor de los casos, sueñan con vivir sin miedo, en paz y con el legítimo deseo de poder desarrollar un proyecto vital con dignidad; una dignidad que ha de ser inherente a todos y todas,
independientemente de cómo seamos y de cómo hayamos llegado.
Termino, señor presidente. Señorías, el antifascismo social y el antifascismo parlamentario están de nuevo convocados a una lucha contra los últimos estertores del fascismo del siglo pasado. Unámonos todos y todas para juntos y juntas
señalar la puerta de salida al último y lamentable reducto fascista de nuestro país. Les garantizo que los socialistas y las socialistas no faltaremos en esa lucha.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, señorías, créanme que esta PNL me ha descolocado un poco porque creo que resucita un debate que ya estaba materializado en esta Cámara y que hubiera debido llevar a la adopción de medidas por
el Ejecutivo de una forma más temprana y sin
necesidad de este tipo de admoniciones, que, además, hechas desde un grupo que sostiene al Gobierno suenan un tanto dislocadas.
En mayo de 2018 mi grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, presentó primero una interpelación y luego una moción dirigidas a impulsar la adopción de un protocolo marco en materia de menores extranjeros no acompañados, en previsión del artículo
190.2 del Reglamento de Extranjería, que estaba destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas en la materia. Ya entonces advertimos que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño
estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que toman las instituciones, en general, la consideración primordial es la del interés superior del niño, como así repite también la propia proposición no de ley. Recordábamos también que
las observaciones generales 6 y 14 del Comité de los Derechos del Niño ponían de manifiesto que la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados trasciende a la protección de la infancia.
Hoy volvemos al mismo lugar. En lugar de atender la cuestión en el marco donde se debe situar, se nos trae a la Cámara lo que no es -con todo respeto- sino un brindis al sol. Lo digo porque este debate se está produciendo ya a instancia de
las comunidades autónomas, que son las realmente competentes en la materia, con la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y el grupo de trabajo sobre menores migrantes precisamente a petición de Euskadi. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). En lugar de pronunciamientos genéricos, de lo que se trata es de dar respuestas efectivas de inclusión y futuro. No es lícito instar a ofrecer, como dice la PNL, medidas para garantizar la protección, inclusión y
atención adecuadas a los menores si previamente no se ofrece solución alguna ante la concentración masiva en puntos concretos y en comunidades concretas de estos menores. Por ello, en nuestra enmienda les hablamos de una propuesta concreta, la
propuesta Share, porque hemos hecho una enmienda que va en ese sentido. Esta propuesta Share es una oferta lanzada por el Gobierno vasco a otras comunidades autónomas y otras regiones de la Unión Europea, en el sentido de que, ante una llegada
masiva de menores, desde la corresponsabilidad se ha de distribuir el esfuerzo, atendiendo además a tres parámetros coincidentes con los que Alemania aplicó con ocasión de la llegada masiva de población refugiada desde Siria, dirigida a un reparto
razonable. Esos criterios eran: los ingresos fiscales, la población y la tasa de paro. Hay que señalar que esa propuesta fue suscrita por Cataluña, Melilla, Castilla y León, Navarra, Canarias, Valencia y alguna otra más, pero también por algunas
otras regiones europeas como es el caso de Nueva Aquitania, Ática en Grecia o la eurociudad de Euskadi que componen San Sebastián y Bayona.
En nuestra enmienda también hacemos mención a otra propuesta para evitar lo que con toda razón señalaba el portavoz socialista, que era la estigmatización de este colectivo. Y hablamos de la redes antirrumores, que son entidades del tercer
sector social que hacen un trabajo a nivel comunitario para desmontar falsas acusaciones del estilo de que los migrantes vienen a por los ingresos mínimos, vienen a quitar empleo, vienen a percibir ayudas o son delincuentes, etcétera. Estas
entidades tratan de contrarrestar esas campañas difamatorias, evitando con ello lo que no es más que una alarma xenófoba e intolerante.
Permítanme que para terminar les brinde otra experiencia propia. El Parlamento vasco suscribió hace poco tiempo el llamado Pacto social vasco para la migración. Su virtud es que ello ha supuesto un acuerdo entre todas las instituciones
vascas, las entidades del tercer sector y todos los grupos políticos, menos el PP en este caso, para tomar medidas sobre el colectivo genérico de la migración y también sobre el de los menores. A nuestro juicio, ese es el camino y no el de
declaraciones sin contenido que no dotan al problema de ninguna solución.
En consecuencia, votaríamos a favor, porque no estamos en desacuerdo con la PNL, de ser aceptadas estas enmiendas que les hemos planteado, que creemos que son razonables y, en caso contrario, nos tendremos que abstener.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, la iniciativa que estamos debatiendo nos permite centrarnos en uno de los grupos más vulnerables que hay en nuestro país, los menores no acompañados; menores que huyen de sus países
por los conflictos, la persecución, la pobreza en muchos de sus casos; menores cuyas vidas no han sido nada fáciles; menores que vienen a España huyendo del horror y buscando algo muy sencillo, una vida mejor, un país donde ganarse el pan
y un país donde quieren desarrollarse como personas. Un grupo de población, señorías, el de estos menores, del que, lamentablemente, en más de una ocasión escucho a algún grupo parlamentario de esta Cámara lanzar mensajes estigmatizantes y
discriminatorios, en lugar de proponer mejoras en nuestro sistema de protección, en nuestro sistema de intervención y corrección de determinadas conductas. Creo que es importante no hacer discursos huecos en materia de menores y muchísimo menos en
materia de menores vulnerables.
Miren, es fácil ponernos en su situación. La situación es pensar qué le pasaría a cualquiera de nuestros hijos, qué le pasaría a cualquiera de nuestros sobrinos si se viesen en la misma situación en la que se encuentran los menores no
acompañados en nuestro país. Estamos hablando de defender los derechos de la infancia de estos menores y por ello a mi grupo parlamentario nos parece fundamental apoyar y mejorar esta medida, esta proposición, sobre todo por eso, porque no queremos
discursos huecos como en algunas ocasiones se hace, sino que queremos propiciar medidas efectivas que promuevan la igualdad y la inclusión de estos menores. Por ello, hemos presentado una batería de enmiendas que van dirigidas a que se hagan
políticas efectivas en el campo de los menores no acompañados. El Estado debe asumir las competencias de una primera acogida y proceder, después, a un reparto equilibrado de las responsabilidades sobre la atención de estos menores entre las
diferentes comunidades autónomas, en función de la capacidad y de los recursos disponibles. Junto a ello, debemos promover un buen trabajo socioeducativo con estos menores, atender sus necesidades específicas e impulsar la educación y la formación.
Esto último es vital. Tenemos que dar oportunidades de futuro a estos menores. Creo que coincidirán conmigo en que la educación es civismo, es respeto y es inclusión.
La realidad nos demuestra que en este caso no se está cumpliendo con las expectativas en el trabajo con menores no acompañados. Hay que replantear el modelo de intervención y protegerlos especialmente frente a las redes. En algunos casos,
puede ser que los resultados no sean los esperados, pero lo que me parece totalmente indignante es que, a veces, sea la excusa para señalar y culpabilizar a los propios menores de que el sistema no está funcionando, cuando lo que estamos viendo en
algunas ocasiones es que el sistema tiene grietas en la protección y la intervención con ellos. No podemos consentir que gran parte de estos menores salgan a los dieciocho años de los centros sin tener una previsión formativa y educativa ni un
posible futuro. Ahí es donde tenemos que realizar el máximo esfuerzo.
Por ello, y volviendo a los hechos, en Ciudadanos creemos que es esencial que el Estado complemente los fondos de las comunidades autónomas, como hemos establecido en nuestras enmiendas, para que tengan los recursos y los medios necesarios,
con el fin de que estos menores dispongan de una buena atención, tanto en las comunidades autónomas como en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es esencial promover iniciativas como esta y promover el trabajo. Por ello, me gustaría que el Partido
Socialista aceptase las enmiendas, ya que sería ir mucho más allá de reconocer una mejora en el sistema de atención a los menores, sería ir a los hechos, a cómo debemos realizarlo, disponiendo de fondos y disponiendo de un buen plan de trabajo que
realmente posibilite y dé futuro a estos menores. También me gustaría recordar que estamos hablando de derechos que tienen reconocidos en la Declaración de los Derechos del Niño, para no desviarnos de cuál es el centro y dónde ponemos el foco de
nuestra intervención. Ojalá esta Cámara asuma el compromiso real de ofrecer un marco adecuado a estos menores para que puedan desarrollarse de una manera adecuada, personal y profesionalmente. Ojalá estemos a la altura...
La señora PRESIDENTA: Señora Giménez, ha terminado su tiempo. Le dejo terminar esta frase, pero le ruego que se atenga al tiempo.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: ... y dejemos de utilizar a los menores como arma arrojadiza para desarrollar política. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Cada vez que un partido del Gobierno insta al Gobierno a hacer algo, yo me hago siempre la misma pregunta: ¿Por qué el Gobierno no lo hace ya, sin que tenga que instarle un partido del Gobierno? Es una pregunta un poco retórica, pero lo
han hecho todos los que han estado en el Gobierno. Háganlo ya. Llevan tiempo. La moción de censura al señor Rajoy fue en 2018 y, por tanto, se podía haber hecho ya lo que pide la moción. Además, hace ya mucho tiempo que la extrema derecha
intenta denigrar y culpabilizar a estos menores y, por tanto, entendemos que se debería de hacer.
Nuestra enmienda viene como consecuencia de los informes del propio Defensor del Pueblo, que dice categóricamente que España no sabe cuántos menores no acompañados acoge; y, además, dice de los informes que tienen escasa fiabilidad los
datos del registro oficial. Hay distorsiones evidentes entre los datos oficiales estatales y los datos de las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia. Por tanto, nuestra enmienda de adición entendemos que completa su redacción
-ya anticipamos que vamos a votar a favor, por supuesto- y va en la dirección de conocer realmente el número de menores no acompañados que existen. Para eso pedimos una cosa absolutamente razonable, que es el acceso a la asistencia letrada y de
intérprete a estos menores en todos los puntos fronterizos e información del procedimiento de protección internacional para la correcta identificación de estos menores.
Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Lo he clavado y me han sobrado cinco segundos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. En realidad, le he puesto dos minutos y le correspondía uno y medio. (Risas y aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Mire, señor Anguita, por supuesto que estamos de acuerdo con la PNL y con lo que expone, porque es cierto y porque compartimos esta visión de la exposición de motivos. Pero ¿en qué quedará la PNL? ¿Por qué no instan al Gobierno a adoptar
alguna medida concreta? Ya se lo han dicho algunas de las anteriores personas que me han precedido en el uso de la palabra. Para poderlo concretar nosotros hemos presentado dos enmiendas en concreto, que recogen una petición que nos ha hecho
llegar l' Espai Antiracista Salt-Girona, que llevaron a cabo la acción tancada per drets. La PNL trata de menores no acompañados, pero junto a la situación que tienen mientras son menores, evidentemente, figura la situación cuando alcanzan la
mayoría de edad, al ser expulsados del sistema de protección de menores. Una de las causas de la estigmatización de estos menores, o cuando dejan de serlo, es que la mayoría no trabaja. Pero, aquí tenemos el problema. ¿Cómo pueden trabajar si no
tienen, muchos de ellos, autorización para trabajar? Es cierto que a lo largo del último año se han adoptados algunas disposiciones de las que nos congratulamos, y usted ha mencionado alguna de ellas. La Instrucción 1/2020, evidentemente, ha
mejorado algo que ya era una posibilidad anteriormente; tampoco es tan nuevo. El Real Decreto 13/2020 habilita a los inmigrantes entre dieciocho y veintiún años, con autorización de residencia, a trabajar sí, pero solo en el sector agrícola. Y
¿por qué solo en este sector? Porque es el que en ese momento los españoles necesitaban. También el Real Decreto 19/2020 supone un complemento al anterior y es otro avance. Pero con estas disposiciones no han solucionado todos los problemas de
los menores no acompañados y tampoco de los que ya son ex-MENA porque ya han cumplido los dieciocho años y no han podido acogerse al Real Decreto-ley 13/2020. Entre ellos, algunos no pudieron acogerse porque no tenían autorización de residencia. Y
¿por qué no tenían autorización de residencia? Pues porque habían caído en una irregularidad sobrevenida. ¿Por qué? Porque las condiciones para renovar una autorización de residencia suponen o comportan tener unos recursos económicos a los que no
pueden acceder si no tienen autorización de trabajo, o suponen tener una oferta de trabajo de al menos un año; y, tal y como está el mercado laboral, esto es bastante difícil. Tampoco pudieron acogerse a ese real decreto los que no encontraron
trabajo en el sector agrícola y, claro, tenemos que tener en cuenta que las ofertas están en una parte del territorio y los menores no acompañados, o los exmenores no acompañados, están en otra parte del territorio, quizás, por lo cual, no era tan
fácil casar oferta con demanda. Las comunidades autónomas sabemos que invierten dinero público en los menores mientras son menores y están bajo su tutela, pero después la legislación de extranjería no les facilita su inserción laboral. Ustedes nos
dicen que debe de garantizarse la protección, la inclusión y la atención adecuada a los MENA, y, ¿qué mejor manera de hacerlo que dándoles una autorización de trabajo para poder ganarse la vida autónomamente? Ello les protege, porque podrán acceder
a obtener recursos económicos, les ayuda en su inclusión y no se sentirán
rechazados por parte de la sociedad y supone otorgarles una atención adecuada, pues se soluciona el problema. Otorgar, en este sentido van las dos enmiendas que hemos presentado.
Los datos también nos indican que tanto en 2019 como en 2020 el número de menores no acompañados ha disminuido. Ahora es, pues, el momento para adoptar estas nuevas disposiciones. Ello contribuirá a que no se incremente el número de
irregularidades sobrevenidas, a luchar contra su estigmatización y a favorecer su inclusión. Ustedes forman parte del autodenominado Gobierno más progresista de la historia, ustedes pueden adoptar decisiones. Esperemos que esta PNL adopte alguna
decisión concreta y no quede solo en buenas palabras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
En el barrio de San Blas de Madrid hace un par de semanas hubo una manifestación con simbología nazi explícita contra menores no acompañados y contra mayores de edad extutelados. Lo que había pasado es que tras meses de aguantar comentarios
e incluso agresiones racistas los chavales se pelearon contra un grupo de neonazis y estos acabaron montándoles una manifestación supuestamente vecinal en contra con simbología nazi, repito. Esto no es un hecho aislado, esto pasa en muchos puntos
del Estado español, pasa y es alimentado por discursos del odio, como decía el portavoz del PSOE, discursos del odio que también se escuchan en esta Cámara; más que del odio -vamos a hablar claro-, discursos racistas que se dan en esta Cámara y que
durante la moción de censura tuvimos ocasión de escuchar de la mano del Grupo Parlamentario VOX. Hay responsables y hay responsabilidades; se ha dicho antes que la gestión de los modelos es de las comunidades autónomas, pero hay también muchos
elementos que se pueden hacer desde este sitio. Lo primero que hay que decir es que los mal llamados menores no acompañados, porque acompañados están, lo que no tienen son referentes aquí, son jóvenes y son niños y como tal tienen que ser tratados,
no pueden ser tratados como extranjeros, y lo segundo es que al menos en Cataluña el modelo está totalmente colapsado, sobresaturado, faltan recursos, altamente privatizado. Esto nos lleva a una realidad esperpéntica: chavales hacinados en centros
a los que a los dieciocho años se les echa a la calle sin más recursos, centros privados sin recursos que sostienen los trabajadores y las trabajadoras como pueden -y desde aquí mando un abrazo sentido a toda la gente que aguanta los centros de
estos chavales con todo el amor y todo el cariño que tienen- e incluso pruebas de edad con métodos distintos cada vez que atentan contra la intimidad muchas veces de estos jóvenes. Decía que esto es competencia de las comunidades autónomas y se ha
dicho antes también que se necesitan más recursos, pero hay también responsabilidades que se pueden asumir desde esta Cámara.
Hablábamos de racismo. Hay un apartado, que es lo que se podría llamar racismo social, que es la lucha contra los discursos de odio, la lucha contra los discursos racistas, y a nosotros se nos ocurre que una de las cosas que podría pasar es
que en esta Cámara esta Mesa cada vez que alguien articulara un discurso racista se pronunciara y le obligara a retirar del Diario de Sesiones manifestaciones que vayan en contra de los derechos de las minorías, en este caso concreto de los menores
no acompañados. Esto nos gustaría y pensamos que es una medida efectiva contra el racismo que se da sistemáticamente en esta Cámara. También hay medidas para luchar contra el racismo institucional que se podrían llevar a cabo desde aquí y que nos
encantaría escuchar del partido del Gobierno. Hay que derogar la Ley de extranjería porque es el marco institucional que permite un entramado que condena también a estos chavales muchas veces a la indigencia cuando tienen dieciocho años. Hay que
derogar la Ley de extranjería porque sostiene un modelo de centros de internamiento y de deportaciones... Por cierto, el otro día el Tribunal de Justicia Europeo condenó la forma en que se hacen las deportaciones en el Estado español, la sentencia
dijo que en la mayoría de casos bastaría con una multa en vez de una deportación. Hay que derogar la Ley de extranjería porque la Ley de extranjería mata, acaba con vidas de personas en la frontera sur, en los centros de internamiento y en las
deportaciones. Racismo institucional, señoras y señores. Esto es lo que podría hacer el PSOE para garantizar la sostenibilidad de estos menores no acompañados cuando tengan dieciocho años.
Hay cosas que hacer, mucho más que una propuesta no de ley vacía, se ha dicho ya. Nosotras la votaremos a favor porque evidentemente estamos a favor del sentido general, votaremos a favor también la mayoría de enmiendas que se han
presentado, pero hay mucho más que hacer, señores y señoras. El racismo mata y no es una cuestión de discurso, es una cuestión de que en la frontera sur, en los centros de internamiento y en cada vuelo de deportación se acaba con vidas de personas
de forma institucional. Racismo institucional se llama y hay responsables.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Arratsalde on.
La llegada de menores extranjeros no acompañados al conjunto del Estado español está produciendo un enorme impacto en el sistema de protección de la infancia, desbordando las previsiones y los recursos disponibles para la atención de niños y
niñas adolescentes situados en contextos de desprotección muy severa y de desamparo. A partir de 2009, la fenomenología de la presencia de este nuevo actor migratorio activó todas las alarmas y mecanismos de protección desde el prisma de dos
miradas normativas muy divergentes: menores a proteger, a acoger en tanto mantengan esta condición, y extranjeros a controlar, a expulsar siguiendo la lógica de las políticas securitas de la Europa de fronteras comunes. Nos movemos en un escenario
que genera un evidente conflicto de intereses entre la protección jurídica del menor y los principios rectores de la Ley de extranjería. Aprovecho para decir que esta ley tiene que ser derogada ya.
Los menores transitan por un camino no exento de dificultades desde un discurso que les representa como carga para las administraciones y no como un sujeto de derechos. Y esto último es lo que debe tener claro este hemiciclo, las
administraciones públicas deben asegurarse de que políticas y actuaciones están orientadas a garantizar los derechos de la infancia por encima de cualquier criterio económico, de control migratorio o de gestión de los recursos públicos, tal como
afirma Save the Children.Las personas nunca deben ser percibidas como problema; son los contextos sociales los que se hacen problemáticos y generan comportamientos conflictivos. Esto también vale para los menores migrantes. Me referiré a algunos
de estos contextos. Durante años -en la actualidad también-, para determinar la edad de estos jóvenes, se han venido realizando pruebas invasivas y en muchos casos en contra de su voluntad, vulnerando sus derechos. A pesar de las sentencias del
Tribunal Supremo, en la práctica se constata que el ministerio fiscal continúa solicitando una excesiva cantidad de exámenes médicos de cara a la determinación de la edad del menor, haciendo caso omiso a dichas sentencias. El Comité de la ONU de
Derechos del Niño ya ha adoptado catorce decisiones contra España desde 2019 en relación con la cuestión de la determinación de la edad de los niños migrantes no acompañados. Los expertos encontraron varias violaciones de la Convención de los
Derechos del Niño. Por lo que se refiere al permiso de residencia, tramitado por las agencias de protección, los procesos de tramitación se hacen interminables. Trámites administrativos que no tienen fin conllevan que en muchos casos estos jóvenes
lleguen a la mayoría de edad sin un permiso de residencia, no permitiendo la incorporación de estos al mundo laboral, necesitados del consabido permiso de trabajo, condicionando a una oferta de empleo en medio del peor de los escenarios posibles, de
crisis sanitaria, económica, social y de un acuciante desempleo juvenil. La propia institución administrativa, que una vez asumió su tutela, les sitúa en la sombra de la irregularidad y de la precariedad.
Tenemos un reto por delante que necesita respuestas rápidas y soluciones reales. Prima reforzar la coordinación entre los actores implicados en la realidad de estos menores y de su futuro inmediato. Prima un tratamiento integral. Podemos
afirmar que en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma vasca se están dando pasos en este sentido, a pesar de existir todavía carencias. Hay que destacar los programas de tránsito, que suponen un acompañamiento en los procesos de
autonomía de estos y estas jóvenes. Es necesario escuchar y tener en cuenta los intereses e inquietudes de los jóvenes, facilitando seguir el itinerario profesional, promocionando entornos sociales positivos y favoreciendo la construcción y el
desarrollo de sujetos resilientes. Son necesarios más recursos, sin duda. Es necesario superar la guetización y la tendencia interesada a estereotipar a estos y estas jóvenes. ¿Por qué interesa poner el foco en estos jóvenes con informaciones
falsas? Lo decimos muy claro: ¡fuera fascistas!
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a tothom.
Señor Anguita, nos gusta su PNL. Es más, votaremos que sí porque el racismo y el fascismo matan y hay que combatirlos, pero debo recordar al Grupo Socialista que una propuesta y seiscientas mil vidas en juego, la lucha por la regularización
de personas migrantes, llegó al Congreso, a este hemiciclo. El movimiento 'Regularización ya' junto con la Coordinadora Obrim Fronteres y el apoyo de 1500 organizaciones en todo el Estado consiguieron el aval de ocho grupos parlamentarios de esta
casa a una PNL que fue debatida en este hemiciclo hace unas semanas y ustedes votaron que no. Eran trece instancias jurídicamente factibles -seiscientas mil vidas en juego-, pero ustedes votaron que no. La PNL tenía dos puntos sobre los jóvenes
migrantes, el 6 y el 7, y ustedes votaron que no. Dice la plataforma 'Regularización ya' que el rechazo a su PNL fue una oportunidad histórica perdida con la que se dio la espalda a los derechos de cientos de miles de personas. Este resultado fue
acompañado por un recrudecimiento en las redadas racistas y el anuncio de la reapertura de los CIE y del nuevo marco europeo de migraciones que mantiene el racismo institucional en el ADN de la política europea y estatal.
Sobre su PNL, señor Anguita, menores extranjeros no acompañados, MENA, término jurídico que debería servir para otorgar un lugar en el ámbito del derecho, pero lo que hace es establecer una categoría y estigmatizar, sirve para que se hable
de partidas presupuestarias que luego no repercutirán sobre ellos -ojalá me equivoque yo-, para llenar los discursos políticos fascistas y racistas de la extrema derecha fascista, franquista y xenófoba, para que les utilicen como gancho electoral y
también para que algunas empresas que gestionan recursos públicos se lucren a su costa. Lo cierto es que la infancia, la adolescencia y la juventud migrante entran en las lógicas del control de la migración irregular diseñadas para los adultos.
Señorías del PSOE, ¿saben lo que realmente ayudaría a frenar el racismo y los discursos de odio contra la infancia, la adolescencia y la juventud migrante? Políticas audaces de derechos humanos. Acaben con las redadas por los perfiles
étnicos, reformen ustedes urgentemente los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de extranjería para conceder una autorización de residencia y trabajo a estos jóvenes. Esta ley mata, lo acaba de decir mi compañera. Eliminen las pruebas
oseométricas para jóvenes que disponen de documentación de su país de origen. Escolaricen a los niños y niñas de Melilla, que esto es racismo institucional. Prohíban las manifestaciones nazis. Cierren los CIE, este ejemplo mayor del racismo
institucional. Aceleren los trámites de reconocimiento de las titulaciones universitarias y no universitarias. Reduzcan el plazo de estancia requerido para el acceso al arraigo y la oferta de contrato. Refuercen la capacidad administrativa de las
oficinas y servicios de extranjería de las subdelegaciones del Gobierno. No recorten los fondos para políticas activas de ocupación, refuércenlos y amplíenlos. Vuelvan a dotar el Fondo de acogida, inmigración e integración. Todo esto es hacer
política antirracista porque, como bien dice Ángeles Solanes: Contra el virus de la discriminación seguimos sin aplicar la vacuna de la igualdad. Por esto el racismo, la xenofobia y la etnofobia han encontrado una sociedad debilitada que ha
permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan. Contra el odio fascista y racista, igualdad, señorías, y regularización ya. Ustedes tienen la mayoría. Háganlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una) trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Bona tarda. Buenas tardes.
El pasado marzo la llegada de la pandemia a nuestro país nos puso en contacto con nuestros mayores miedos. Además de todas las dudas sobre nuestro futuro laboral o económico, nos encontramos de pronto que no sabíamos cuándo íbamos a ver a
nuestros familiares, no los pudimos acompañar si enfermaron y ni siquiera pudimos despedirnos en caso de que fallecieran. Ahora imaginen tener que vivir con todos estos miedos cada día, cada mes, cada año. Imaginen aún más que esto les pasa
durante su infancia y su adolescencia, un periodo vital, un periodo en el que se forja nuestro carácter, un periodo que es muy susceptible tanto al trauma como al dolor y que necesita mayor afecto y protección que nunca. A eso súmenle que tienen
que sufrir día tras día el odio de una minoría, que llega incluso a amenazarles hasta
la puerta de sus casas. Esta es la realidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en nuestro país.
La PNL que nos trae hoy aquí el Grupo Socialista va en esa dirección, en la dirección de revertir las situaciones de precariedad material y moral en la que se encuentran estos niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, vamos a apoyarla.
Echamos de menos, eso sí, un poco más de concreción, porque hay una serie de normas mínimas que ya se han debatido previamente en esta Cámara y que tenemos que implementar con urgencia si no queremos seguir ahondando en la violación de derechos que
sufre cada día la infancia migrada. En primer lugar, debemos garantizar que los niños, niñas y jóvenes que migran solos reciban un tratamiento de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, considerando siempre su condición de menores por
encima de su situación migratoria. Por ello, deben prohibirse las repatriaciones en contra de su voluntad. Debemos evitar también la segregación en instituciones ad hoc y todas aquellas medidas que impiden que puedan arraigar en la comunidad.
Debemos actuar también -se ha dicho antes- contra los procedimientos de determinación de la edad de estas personas en los que no se garantizan sus derechos, tal como pide el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero también el propio
Defensor del Pueblo. Este Gobierno ha avanzado, y mucho, en poner las condiciones para que los y las jóvenes migrantes puedan obtener el permiso de residencia y el permiso de trabajo. Debemos ahondar y seguir trabajando en esa línea para que
ningún joven se encuentre en la calle al cumplir la mayoría de edad. Por último, hay que decir -y hay que decirlo claro- que es imperativo cerrar los centros de internamiento de extranjeros. El pasado año se internó a cincuenta jóvenes menores de
edad en los CIE, y eso es totalmente inadmisible. Hace escasas semanas reabría el CIE de mi ciudad, de Barcelona. Los CIE son lugares crueles, inhumanos y que, además, ante el presente contexto de pandemia, no cumplen con las normas sanitarias.
No queremos CIE ni en mi ciudad ni en ninguna ciudad de España. (Rumores).
La filósofa Simone Weil hablaba de las necesidades del alma. Estas necesidades del alma no tienen relación con la vida física, sino que la tendrían con la vida moral. Según Simone Weil, si esas necesidades no se satisfacen, las personas
caen en un estado más o menos análogo al de la muerte. Una de estas necesidades es la necesidad de echar raíces, que para Simone Weil es la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Ustedes -y me dirijo a la señorías de VOX- quieren
privar a los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país del arraigo, de ese echar raíces. No solo les privan de las necesidades materiales más básicas, sino que también les roban el alimento del alma, y con eso consuman una de las
mayores crueldades posibles y desvelan su proyecto político: construir un mundo desalmado. Y siento tener que hacer aquí extensivas estas palabras a las señorías del Grupo Popular y Ciudadanos. No nos cansaremos de repetirles: mientras no rompan
sus pactos de Gobierno con VOX serán cómplices de sus acciones. Mientras no sean capaces de condenar el odio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, que en plena crisis sanitaria tuvo la desvergüenza de relacionar a los
menores no acompañados con el COVID, y no sean capaces de romper con sus socios de VOX seguirán siendo cómplices de su crueldad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Un buen español obedece en esta España orwelliana que nos están dejando. En la nueva normalidad hay que hablar neolengua y la neolengua es llamar `restricción a la movilidad nocturna´ al toque de queda y a los
MENA, menores migrantes no acompañados o niños, nuestros niños. Y hoy vienen ustedes aquí a decirnos que hay quienes están utilizando la palabra MENA con clara intención de estigmatizar y relacionar a los jóvenes con comportamientos delictivos.
Señorías, yo no voy a relacionar a estos jóvenes con comportamientos delictivos, lo van a hacer sus medios de comunicación. (Muestra varios titulares de prensa según va hablando). 'Aumenta la delincuencia de MENA en Madrid, ya son tres de
cada cuatro menores detenidos'. 'Grupos de MENA impulsan la subida del 200 % de atracos en el Centro'. 'Crecen un 611 % los delitos en Casa de Campo y la policía lo atribuye a la apertura de un centro de MENA'. 'Revientan la cara a un joven con
palos, pinchos y cuerdas junto a la calle Suecia, en San Blas'. De verdad, no les pido que me crean a mí. Crean a sus medios de comunicación. (Aplausos). No les pido que me crean a mí, crean a los policías que lo
denuncian. No me crean a mí, crean a los españoles humildes que conviven día a día con estas realidades que ustedes pretenden ocultar. Y no me crean a mí, crean al Partido Socialista sueco, que hace unos días rechazaba la inmigración
descontrolada como un fenómeno que rebaja las condiciones de vida, que explota la mano de obra extranjera y que contribuye a la financiación del crimen organizado. (Aplausos). Créanles a ellos, señorías.
Ha tenido que venir VOX aquí a decir que el multiculturalismo ha fracasado. El multiculturalismo ha fracasado en Europa y el multiculturalismo ha fracasado en España. El multiculturalismo funciona muy bien en la Universidad de Cambridge,
en Harvard, en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, en los consejos de administración de las multinacionales, en la jet-set de Manhattan y en los campos de golf de La Moraleja, pero funciona muy muy mal en los barrios humildes (aplausos).
Funciona fatal en el Puche, funciona muy mal en Níjar, funciona muy mal en El Raval, en El Fraile de Tenerife, en Batán, en San Isidro, en San Blas, en La Mina, en Tunte. Precisamente en San Blas, en La Mina y en Tunte, donde los vecinos, hartos de
abusos, de robos y de palizas, salieron a protestar de manera espontánea. Y esto es lo que ustedes han conseguido, señorías: vecinos autoorganizados saliendo a defenderse de la agresión de quienes han convertido sus barrios en focos de terror
multicultural. Son españoles, señorías, defendiéndose de ustedes. (Aplausos). Es la gente humilde, la gente de los barrios obreros defendiéndose de una casta parasitaria que impone desde sus urbanizaciones con seguridad privada, señorías, las
bondades del multiculturalismo que tanto daño están haciendo; una casta que destroza sus barrios hablándoles de tolerancia desde lugares donde todas las noches son tranquilas, de lugares donde no hay okupas, donde no hay pisos patera, donde las
violaciones en manada tampoco existen y donde el único inmigrante que entra es a limpiarles la piscina. (Aplausos).
Señorías de la progresía, el multiculturalismo que ustedes defienden, como tantas cosas que ustedes defienden, ha sido decidido en consejos de administración de grandes multinacionales. Si es que todo lo que ustedes defienden, señorías de
la progresía, lo mandan desde arriba. Ha sido decidido por elites de poderosos a los que les interesa la invasión migratoria, el conflicto y la mano de obra esclava, y además los españoles se están dando cuenta y se están quitando las vendas de los
ojos. Pero es que, además, ustedes hablan en su proposición no de ley del interés superior del menor, de que las administraciones públicas tienen que actuar conforme al interés superior del menor. Señorías, ¿saben cuál es el interés superior de
los MENA? Estar con su familia, en su pueblo (aplausos), no perder su cultura su identidad y poder estudiar y formarse para hacer de su país un lugar mejor.
Sin embargo, a quienes estigmatizan ustedes es a VOX, pero no vamos a dejar de defender a los vecinos desamparados por ustedes. No lo vamos a hacer, no vamos a dejar de defender la civilización, la verdad, la bondad, la riqueza, la
identidad cultural española y europea. Europa envejece sin solución y es el motivo por el que sus jefes les utilizan para aceptar la erosión de las fronteras, de la soberanía, de las comunidades y de las naciones.
La señora PRESIDENTA: Señora De Meer, se ha acabado el tiempo.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Decía Maeztu que ser es defenderse, y a eso hemos venido, a defender lo que somos como alternativa a su suicidio cultural. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Meer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Ortiz Galván.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidenta.
Debatimos hoy una PNL para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados en nuestro país. Hablamos de menores migrantes no acompañados, hablamos de niños y de niñas que son abandonados por sus familias en la frontera de
nuestro país. Si en España actuamos con un protocolo estricto en defensa del menor, ¿por qué no hacemos lo mismo con los menores extranjeros no acompañados? Hay que cumplir la Ley de protección jurídica del menor, el convenio de Naciones Unidas y
los acuerdos internacionales como el firmado entre España y Marruecos. En la PNL hay dos puntos que debatimos. En el primero, que se debe de trabajar para evitar y erradicar las conductas dirigidas a estigmatizar, estamos completamente de acuerdo.
No es bueno generalizar. Esto les gusta mucho a los socios del Partido Socialista, a la extrema izquierda que representa Podemos, y también a la extrema
derecha de VOX. Señorías del Grupo Parlamentario VOX, ¿todos ustedes hacen un uso fraudulento de las subvenciones públicas, como supuestamente ha hecho quien fue vuestro candidato en Andalucía, el señor Serrano, por un importe superior a
los 2 millones de euros? Yo entiendo que no, ¿verdad? Que exista un ladrón no quiere decir que todos los sean. Entonces, ¿por qué dicen ustedes constantemente que los migrantes y los menores extranjeros tienden a ser terroristas o delincuentes?
Se pueden dar opiniones, señorías, como no podía ser menos, pero no se puede rozar o incluso llegar a la xenofobia, como en muchas ocasiones les ocurre a ustedes.
Y respecto al segundo punto de la proposición, también totalmente de acuerdo, porque es lo que venimos diciendo desde el Grupo Popular, que tenemos que ayudar a las comunidades autónomas. Ya va siendo hora de que el Gobierno asuma sus
competencias en materia de migraciones, porque son exclusivamente del Gobierno. No se puede tolerar ni un minuto más que bajo el paraguas de la política asistencial que es competencia de las comunidades autónomas el Gobierno esconda su cabeza.
Están bien las buenas palabras, señorías del Grupo Socialista, pero aquí no venimos a pasar el tiempo; aquí venimos a ofrecer soluciones reales a los problemas que tiene este país y en el asunto que debatimos echamos en falta cuestiones concretas
como la de poner de nuevo las ayudas a las comunidades autónomas que el Gobierno socialista y el de Podemos habéis eliminado. (El señor Anguita Pérez hace signos negativos). Sí, las habéis eliminado. En Andalucía le habéis quitado 26 millones de
euros para atender a los menores extranjeros. Pero, en cambio, ¿sabéis cuál ha sido la respuesta del Partido Popular? Invertir 18 millones de euros de fondos propios para atender a los menores extranjeros no acompañados. (Aplausos).
Esa es la diferencia, señorías, entre la izquierda y el Partido Popular, que la izquierda invita pero otros pagan, y nosotros donde gobernamos asumimos nuestras competencias y, además, con nota. ¿Saben ustedes qué partido gobierna en
Algeciras, cuyo alcalde no ha dudado en abrir en pleno estado alarma un pabellón para atender a migrantes? El Partido Popular. ¿Saben ustedes qué partido ha gobernado Melilla, cuando se realizó un esfuerzo titánico para escolarizar a todos los
menores extranjeros no acompañados y además firmar convenios para el fomento de la formación profesional cuando cumplan los dieciséis años? El Partido Popular. ¿Y saben ustedes qué partido gobierna en Ceuta, ciudad autónoma donde hay nada más y
nada menos que tres centros para atender a los menores extranjeros no acompañados? El Partido Popular. El Partido Popular, señoría, es el partido centrado en las personas, en las soluciones y en el cumplimiento de la ley y por eso, señorías del
Grupo Socialista, os invitamos a que reflexionéis también sobre vuestra política migratoria para evitar, por ejemplo, lo que está sucediendo en Canarias. Y con mucha humildad también os pedimos que reflexionéis sobre vuestros socios de Gobierno.
Compartís mesa y mantel con el PNV, un partido que dice que no hay que distinguir entre la migración regular y la irregular y que hay que ser tolerantes. El mismo partido que dice que los vascos tienen supremacía sobre los demás por el Rh negativo.
Consideráis también, señores del Partido Socialista, socio preferente a Esquerra Republicana, que dice 'papeles para todos', pero, a la vez, reivindica que haya frontera entre Cataluña y España o dice tonterías de gran calado como que la distancia
genética es más grande de norte a sur, marcando diferencias genéticas entre españoles y catalanes.
Señorías del Grupo Socialista, aléjense de la extrema izquierda y vuelvan al sentido común, a la moderación también en la migración de la mano del Partido Popular. Seamos serios y responsables. Estamos hablando de niños y niñas, dejemos la
demagogia y el populismo. En esta posición siempre ha estado, está y estará el Partido Popular. (Aplausos).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Anguita, ¿acepta su grupo parlamentario algunas de las enmiendas presentadas?
El señor ANGUITA PÉREZ: Agradecemos las aportaciones de los grupos, pero mantendremos el texto inicial.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias.
La proposición no de ley se votará en sus términos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA TRATAR DE DETENER LA CONTINUA CAÍDA DE POBLACIÓN EN ESPAÑA Y EVITAR EL GRAVE PROBLEMA DEL DESPOBLAMIENTO
TERRITORIAL, ASÍ COMO CORREGIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE SUS ZONAS RURALES. (Número de expediente 173/000035).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de
detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Han transcurrido dos semanas desde que interpelé a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para el Reto Demográfico, la señora Ribera Rodríguez, y el paso de los días ha agudizado el que es para España uno de sus principales
problemas del presente y también del futuro. Día que pasa es tiempo desperdiciado e irrecuperable para atacar los efectos perversos de la despoblación y todas sus derivadas, incluido el abandono del medio rural que describí en el transcurso del
debate y que nos concierne a todos. Así se ha alertado en las iniciativas que se han venido presentando y también por el trabajo ya realizado en pasadas legislaturas en las Cortes Generales, singularmente en el Senado en una comisión especial que
estudió y analizó el problema.
Existe una conciencia generalizada sobre la colosal magnitud del problema demográfico que sufre España y se percibe un consenso básico muy amplio. De ahí que la moción consecuencia de interpelación inste al Gobierno a, en primer lugar,
auspiciar un pacto de Estado en el que se refleje la necesidad de acometer de forma continuada el desarrollo de amplias medidas para corregir y detener la constante caída de población en España, evitar el despoblamiento territorial y corregir las
enormes desigualdades sociales y económicas de las zonas rurales. Este pacto de Estado no admite más demora y el Gobierno debería promoverlo ya, tanto por la urgencia del asunto como por la percepción política, institucional, científica, académica
y social de su dimensión y de la necesidad de reforzar las principales medidas a las que nos convoca la enorme envergadura del desafío demográfico en España; país que, al contrario del resto del mundo, perderá varios millones de habitantes de aquí
a mediados de este siglo XXI.
Señoras y señores diputados, otro de los apartados de esta iniciativa contra la despoblación insta al Gobierno a agilizar y avanzar en el cumplimiento de las medidas contempladas en la Estrategia nacional sobre el reto demográfico, porque,
siendo cierto que se ha comprometido su aprobación para antes de finalizar este año 2020, resulta poco comprensible que estemos hablando de llevar a cabo un acuerdo que data de la VI Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y que, si bien hubo
cambio de Gobierno a mediados de 2018, existen directrices y medidas que son incuestionables, inamovibles, irrenunciables y palmarias. Nuevamente reclamo la puesta en marcha de la Estrategia demográfica y que su desarrollo y resultados sean
evaluados semestralmente ante el Congreso de los Diputados en el seno de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Señorías, otro punto de la moción se refiere a una aspiración crucial para España, como es la de frenar la pérdida de población y favorecer la política de apoyo a las familias. Para ello resulta trascendental la elaboración de un plan de
fomento de la natalidad que contemple, entre otros aspectos, ayudas económicas directas, deducciones fiscales por nacimiento o adopción de hijos y financiación de gastos de los recién nacidos durante sus primeros meses de vida. Hay varios países de
la Unión Europea que llevan años aplicando con éxito este tipo de planes para ayudar a las familias a tener hijos y criarlos, y deberíamos tomarlos como modelo en ese combate contra la pérdida de población que tiene sobre Asturias la tormenta
perfecta, pero no la climatológica sino la derivada de una constante caída de población desde 1983, la más acusada de España, en la que también repercute la emigración de nuestra gente joven por la destrucción de la actividad productiva y la falta
de puestos de trabajo. Esto se refleja en un dato incontrovertible: año tras año desde hace más de una década Asturias ocupa el farolillo rojo en la tasa nacional de población activa, es decir, los asturianos que trabajan o que están buscando
trabajo.
En último lugar, como quiera que esto de la despoblación y la baja natalidad son problemas absolutamente indiscutibles y de emergencia, reclamo que ese plan de fomento de la natalidad sea presentado en las Cortes Generales en un plazo de
seis meses, no vaya a ser que tome como modelo la última ocurrencia demográfica del Gobierno socialista asturiano que, en lugar de fomentar el tejido productivo, pretende repoblar el campo con un servicio de ayuda a domicilio a base de clientelismo
y confundiendo a las personas con las patatas. Así nos va, resta y sigue en Asturias. Lamento que en la enmienda presentada al alimón por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común se suprima
toda referencia a este plan de natalidad. Ya nos explicarán cómo estimular el nacimiento de niños en España.
Así mismo, la moción plantea un cuarto punto, que es la necesidad de adoptar disposiciones específicas en materia fiscal para detener la despoblación. Es de justicia equiparar las cargas fiscales al nivel de acceso a los servicios públicos
de los municipios rurales y que estas cargas sean elaboradas en función de datos objetivos de pérdida de habitantes y niveles de renta. Hay un segundo objetivo paralelo, como es el de estimular y bonificar la actividad emprendedora para crear
empleo en los pequeños núcleos de población españoles.
Finalmente, estuve tentado de incorporar en esta moción un punto añadido, digamos que colateral, para evitar que el Ministerio de Agricultura consume el disparate de aplicar un real decreto con normas para la nutrición sostenible de los
suelos agrarios, que arrastraría a la desaparición de miles de explotaciones ganaderas de la cornisa cantábrica -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- y de otras partes de España. No me autoenmendé porque la pasada semana, con el fin del plazo
habilitado, presenté alegaciones de carácter -digamos- poblacional al citado proyecto de real decreto para que el ministerio recapacite sobre unas normas que, de aprobarse y llevarse a efecto, supondrían el cachetazo letal, el golpe irreversible a
uno de los sectores que mantienen vivos a muchos de nuestros pueblos. En todo caso, esta cuestión, además, nos pone sobre aviso acerca de la falta de coordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno, porque es inconcebible que se
pretendan elaborar normativas que tendrán una repercusión directísima en este problema de la despoblación de nuestras áreas rurales y que no pasen el tamiz de los desafíos demográficos que estamos afrontando.
Para concluir mi intervención, llamo la atención al Gobierno sobre este asunto para evitar el efecto dominó de unas medidas absolutamente inadecuadas para la supervivencia del medio rural en algunos territorios y regiones de nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta, y gracias también a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, volvemos a tratar un tema muy importante y que sigue esperando una respuesta por parte de esta Cámara: la despoblación. Señorías, aunque ya no estemos en campaña electoral, el mundo rural se sigue vaciando a marchas forzadas sin
que el Gobierno a día de hoy haya tomado medidas para evitarlo. Parece mentira que tengamos el Gobierno más caro de la historia, nada menos que con veintidós ministerios, y que no sea capaz de trabajar en temas tan urgentes como el que hoy nos
ocupa. Vivimos una crisis que sin duda debe ser la prioridad, pero eso no significa que los gobernantes dejen de prestar atención a tantísimos temas que ya eran urgentes antes de la realidad anterior al COVID y que, de pronto, han quedado
abandonados, abandonados y no para hacer otra cosa o hacer frente a la pandemia porque hasta la fecha lo que viene haciendo el Gobierno desde antes de las vacaciones es lavarse las manos y pasar la patata caliente a las comunidades autónomas en la
lucha contra el coronavirus y eso no puede ser.
Desde aquí quiero agradecerle al señor Martínez Oblanca su interpelación a la ministra porque iniciativas como estas son las que necesitamos traer a esta Cámara. Este hemiciclo debería estar lleno de iniciativas como esta, de las que hacen
política útil, las que buscan solucionar los problemas reales de los ciudadanos y que en este caso centra sus esfuerzos en tantísimos ciudadanos del mundo rural que ven cada día cómo cada vez son más olvidados, y esto no podemos permitirlo.
Por lo que a mí respecta, no me gusta hablar del mundo rural como la España vaciada porque, como ya se ha dicho en muchas ocasiones en esta Cámara, nuestro mundo rural tiene muchos valores que lo llenan, el esfuerzo de las personas que se
levantan antes del alba y se van a casa después del atardecer, aquellos que dedican su vida a la agricultura y a la ganadería, ya sea de forma directa o indirecta, trabajan trescientos sesenta y cinco días al año a veces en actividades que casi no
les da para vivir, con muy poco margen de ganancias en sectores que también necesitan muchísimo apoyo y que no siempre están en la mente de sus representantes, personas por las que seguimos trabajando desde mi grupo parlamentario.
Y qué decir tiene de nuestros agricultores y ganaderos, que necesitan muchísimo más que el Real Decreto 5/2020, ese real decreto que se aprobó antes del COVID-19 y que no ha solucionado ninguno de los problemas que los agricultores nos
explicaban en las movilizaciones que hicieron justo antes de la pandemia. Un texto que no sirve para mucho, nada más que para que ustedes se pongan medallas vacías y hagan propaganda y postureo. Es una verdadera lástima y créanme que lo siento por
toda la gente que hay detrás. Pero la España rural es mucho más que la agricultura y la ganadería; es turismo, cultura, historia, patrimonio y gastronomía y puede ser un eje fundamental de desarrollo, creación de riqueza y empleo si se apostara
fuerte por él porque tienen mimbres para ello.
Señorías, desde Ciudadanos hemos presentado enmiendas a esta moción porque no solo de poner un tema en el candelero vive el hombre, sino que podemos conseguir un texto mucho más ambicioso y ajustado a lo que nos demandan los españoles.
Creemos que el plan para la lucha contra la despoblación debe ser integral, no puede quedarse solo en las actividades que allí se desarrollan, debe mirar hacia el futuro, explotar su potencial de atracción y tener en cuenta las medidas de incentivos
fiscales, de incentivo a los emprendedores y de conciliación, que apueste por el incentivo a la implantación de industrias de transformación que complemente el sector primario y que mejore todavía más los servicios públicos básicos. En definitiva,
que sea global y que no sean parches sueltos. Todas estas enmiendas van dirigidas a mejorar este texto en ese sentido: tarifa plana para mujeres y jóvenes de 30 euros durante dos años cuando empiecen su actividad y reducción en el IRPF para
personas que vayan a vivir allí o estén viviendo allí y trabajen allí. Pero si hay algo que debe ser la primera medida de todas, la que sustente todas las demás, es mejorar la conectividad. Si de verdad queremos combatir la despoblación y dar un
futuro a nuestra España rural, debemos cerrar la brecha digital. Mi grupo parlamentario cree que los fondos de recuperación de la Unión Europea pueden ser una gran oportunidad para acabar de una vez por todas con esa deficiencia y que podamos
desarrollar de verdad todo el resto del plan para acabar con la despoblación ya de una vez. Porque sin Internet de calidad no es solo que la España rural se vacíe de personas, es que está vacía de oportunidades. En Ciudadanos nos tomamos muy en
serio este grave problema, seguiremos intentando aportar soluciones en esta Cámara y trabajando para que deje de mirarse a nuestros pueblos con nostalgia y empecemos a verlos con esperanza.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
Señor Oblanca, la verdad es que no esperaba mucho de esta moción, pero ha superado usted mis bajas expectativas. Su moción no es más que reincidir en las políticas del Partido Popular; más de lo mismo, al fin y al cabo, simples rebajas
fiscales, y ya. Precisamente es ese 'ya' el que ha provocado una enorme dejadez institucional respecto a las zonas rurales. Y discúlpeme, cierto es que en las elecciones se presentan en la papeleta del Partido Popular, pero la verdad es que
pareciera que esta moción se la ha hecho el Partido Popular, cosa que, si le digo la verdad, sabiendo la situación que tienen en Foro Asturias, no me extrañaría.
Por otro lado, tiene muchas imprecisiones. Dice que somos poco más de 45 millones de habitantes, pero esos datos son de 2006, señor Oblanca. Según el INE, en enero de este año éramos más de 47 millones de habitantes, eso son 2 millones de
personas más residiendo en España que en 2006. Eso contradice de una manera flagrante su teoría de la caída constante de la población. Pero lo cierto es que más población y más rebajas fiscales no tienen por qué suponer fijación de la población en
las zonas despobladas. ¿Sabe por qué? Porque nuestros territorios no se vacían por una falta de población, sino por las lógicas urbanocentristas y la dejadez de muchos Gobiernos durante demasiados años. Además, hay que tener claro lo que se dice
en las mociones. Lo digo porque dice que van a luchar contra las zonas despobladas. ¿Qué le han hecho
las zonas despobladas? Creo que usted lo que quería decir es que van a luchar contra las políticas de vaciamiento territorial, que es algo que debería tener usted claro. Ese concepto lo debería tener claro, Oblanca, por favor. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
¿Usted de verdad se cree que una bonificación fomenta la natalidad? Esas son las propuestas que VOX trajo hace unos meses aquí, al Congreso. Esas nos son más que las mismas políticas fallidas. Ya le digo yo que una pequeña reducción en
IRPF cuando eres precaria no sirve para absolutamente nada. ¿Y qué pasa, además, con las personas que deciden que no quieren tener hijos o que no pueden tener hijos? Nada hay en su moción sobre la estabilidad laboral ni sobre la seguridad
económica ni sobre políticas públicas de cuidados ni sobre fomento de la corresponsabilidad, para que las mujeres dejen de cargar con ese trabajo invisible y no remunerado de los cuidados, ni de guarderías gratuitas y públicas de cero a tres años.
Es una propuesta, permítame que se lo diga, bastante heteropatriarcal. Le digo una cosa que sí sirve: el aumento de la prestación por menor que ha garantizado este Gobierno con el ingreso mínimo vital. Eso sí que sirve. (Aplausos).
Habla de equiparar las cargas fiscales a los servicios públicos y eso no es más que quitar dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que ofrezcan servicios a sus ciudadanos. Pero no habla nada, otra vez, de unos buenos
servicios de transporte público que sigan un criterio mallar ni de la necesidad de rehabilitación de viviendas ni de la creación de un parque público de viviendas en las zonas rurales ni del acceso cercano a los servicios públicos y básicos, como
los centros sanitarios, las urgencias, los colegios e institutos, los mercados o las actividades culturales. De eso no habla nada. Sin embargo, sus socios del Partido Popular sí que recortan en urgencias y en centros sanitarios y en la atención
primaria, al menos en mi tierra, en Andalucía. Habla de estimular y fomentar el emprendimiento. Sin embargo, de nuevo, no lleva absolutamente nada de precio justo para el sector agroalimentario ni de cotitularidad ni de inversión económica para
diversificar la actividad productiva en las zonas rurales ni de industria verde ni de extensión de la banda ancha.
Termino. Hemos presentado un texto alternativo para la aprobación de una estrategia nacional sobre reto demográfico y para aprobar un plan de reactivación de las zonas despobladas, medidas que ya se aprobaron en este Parlamento hace pocos
meses y en las que el Gobierno está trabajando. Ya sabemos que no van a aceptar esta enmienda y, por tanto, votaremos en contra de la moción. Mientras tanto, nosotras trabajaremos por la reconstrucción económica y social y por la recuperación de
las zonas rurales, porque la cuestión demográfica y la despoblación es el gran reto de vertebración territorial que tiene nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Requejo Novoa. (Aplausos).
El señor REQUEJO NOVOA: (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie). La despoblación: tercera vez en el Congreso y podría usar el primer discurso. Todo sigue igual, con parsimonia, como dice
Isidro. Castilla y León se mueren lentamente, 14 300 más muertos que nacimientos en 2019. Voy a intentar ser más pedagógico. ¿Qué necesita un español de una zona rural para permanecer en su pueblo y otro de la ciudad para venirse a vivir al
campo? Recorriendo mi provincia me lo han dicho muchas veces: necesitamos trabajo. El trabajo no lo va a poder crear este Estado con planes quinquenales, como le gustaría a la pata comunista de este Gobierno. Tampoco nos va a caer del cielo.
Necesitamos flexibilidad, imaginación y emprendimiento. Esto solo lo puede hacer cada persona con su libertad y su voluntad, ya sea empresario, autónomo, trabajador, agricultor o ganadero. La España que madruga necesita ahora en la España
despoblada un sistema de exenciones fiscales que le permita fundar una familia y establecerse en el campo. No necesita ayudas ni subsidios que llegarán tarde, necesita que el Estado no les exprima antes de empezar. (Aplausos).
En la anterior moción urgente se acordó definir zonas de prioridad demográfica, esto es, definir, de una vez por todas qué es su España vaciada. El triunvirato asociativo SSPA, del que es parte distinguida el señor Guitarte, ha desarrollado
una a la que llama Mapa 174. El Gobierno, según la respuesta que me dio el día 22 de septiembre, anda elaborando otro mapa. Yo les digo que dejen de marear la perdiz. Ese mapa ya existe y lo presentó el Defensor del Pueblo en su informe La
situación demográfica de España de 2018, basado en las LAU aceptadas por Europa desde 2016. Según este mapa, el 54 % de España estaría despoblada y albergaría menos del 5 % de la población. La pregunta es: ¿Merece este millón y
medio largo de españoles un régimen de exenciones fiscales que les permita cuidarnos más de la mitad del territorio nacional? ¿Nos lo podemos permitir? Barato nos saldría. La España despoblada no son únicamente tres provincias, está en
cuarenta y cuatro. Europa tiene los mecanismos para ayudar a zonas despobladas a través del artículo 174 del TFUE, pero es necesario que este Gobierno, como único interlocutor válido con la Unión Europea, lo solicite con este mapa en la mano.
Atentos, porque en el anterior periodo 2014-2020 quedó excluida toda España de estos fondos. Para este vamos por el mismo camino, máxime cuando se complica la cosa con los fondos del COVID, los países del Este, el giro verde del green deal,
etcétera. No despreciamos ayuda que pueda venir, pero prefiero exenciones fiscales.
Es necesario respetar la agricultura que vertebra el campo, y no ir con mentalidad de urbanita a expandir la ciudad por donde no corresponde. La industria agroalimentaria nos está dando buen servicio en esta pandemia, es fundamental
mantener la soberanía alimentaria. La agricultura es mucho más productiva con agua. Solo por el efecto del regadío la población se duplica, por lo que urge un plan hidrológico nacional que ordene los usos del agua, recuperando concesiones
hidroeléctricas a punto de caducar, potenciando embalses de bombeo que permitan dedicar parte del agua a la agricultura y recuperando nuestros bosques, un proyecto de acuerdo a las exigencias descarbonizadoras de Europa. (Aplausos).
Inexorablemente, si hablamos de despoblación tenemos que hablar de un plan de natalidad. En la anterior moción había desaparecido. Gracias, señor Martínez Oblanca por traerlo de nuevo. Un plan de natalidad no es obligar a nadie a tener
hijos, es ayudar a quien los quiera tener; hijos que pagarán las pensiones de los que ahora se oponen. Es reconocer a los padres que educar a un hijo cuesta mucho esfuerzo y dinero, es darse cuenta de que los niños son un bien social y el mejor
proyecto de futuro para este país. (Aplausos). En Europa se fomenta la natalidad. No voy a coger para ustedes países tan exitosos en este punto como Hungría, sino otro mucho más verde, a su gusto, Alemania. Yo he vivido en Alemania siete años, y
una familia con tres niños recibe 7416 euros al año; esto son ayudas.
Otro punto fundamental es la vivienda, un plan de rehabilitación. Paradójicamente, en la España del abandono no hay vivienda digna. Si conseguimos trabajo y protegemos la natalidad, llegará población de la ciudad al campo y todo vendrá por
añadidura: mejores transportes, mejores servicios, más escuelas, mejor sanidad y con pediatras. Podremos mejorar los bosques y toda esta lista de buenos deseos de la anterior moción que parecen... (Aplausos de las señoras y los señores diputados
del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Requejo. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Partido Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos esta tarde sobre el urgente impulso que necesita una política de Estado que atienda y revierta la despoblación que sufre la España interior. No me voy a referir a la necesidad del consenso de las fuerzas políticas de
esta Cámara, porque quedó registrado en el Diario de Sesiones del pasado 24 de junio, cuando entre todos aprobamos instar al Gobierno a aprobar un pacto de Estado hacia una España vertebrada y cuatro meses después aún duerme el sueño de los justos.
A lo que sí me voy a referir es a la inacción de este Gobierno: veintinueve meses ya sin dar un paso adelante en materia de despoblación. Solo Dios sabe qué sería de este reto si un Gobierno del Partido Popular no lo hubiese puesto en la agenda
política, en el boletín oficial y hasta en los presupuestos generales del Estado. Le felicito, señor Martínez Oblanca, por la oportunidad de su moción a la inacción de este Gobierno y le adelanto que nuestro voto será favorable.
Afirmaba usted como interpelante que faltaba liderazgo para coordinar la cohesión territorial que todos queremos, y lo comparto. Compartirá usted con nosotros que erró Sánchez con Ribera al coronarla como vicepresidenta, y a las pruebas me
remito, pues no encadena más que una retahíla de fracasos como coordinadora de la desescalada que nos llevó a una rápida nueva normalidad asesorada por el grupo fake de expertos y como proponente de la ley de cambio climático que ha traído a esta
Cámara tarde, sin consenso y sin ambición alguna, y prueba de ello es que se han presentado a este proyecto más de 700 enmiendas. Pero, quizás, lo que más lamenta mi grupo parlamentario es que, siendo la ministra del ramo, no haya elegido a la
España rural como punta de lanza de ese crecimiento verde y de una transición justa.
La ministra, que esta entretenida en borrar con un clic su pasado de Isofotón del Portal de Transparencia, lo que no puede borrar tan fácilmente es su responsabilidad para con el reto demográfico. La pasada semana en esta misma tribuna,
para justificar su hoja de servicios en materia de despoblación, se atribuía sin sonrojo alguno materias y políticas que son del Partido Popular. De hecho, ha publicado una reedición del pacto de banda ancha que es el Programa 300x100 del Partido
Popular, que con más de 500 millones de euros, se dejó presupuestado el Gobierno de Mariano Rajoy para tender a acabar con la brecha digital: 300 megabytes por segundo al cien por cien del territorio. (Aplausos). Sin embargo, no ha sabido
convocar este plan de banda ancha la señora ministra. Ha dejado 50 millones sin adjudicar y doce provincias de España fuera. Ella es todopoderosa, habla con todas las eléctricas y con las grandes operadoras, pero hay que ser divino y hay que bajar
a la tierra, hay que conocer el territorio y hablar con los pequeños. A quienes ha dejado fuera es a los pequeños operadores, que son los que pueden llevar Internet a los pequeños pueblos. Por eso Huesca y también Teruel se han quedado fuera. Me
gustaría saber qué opina de esto el señor Guitarte y, al mismo tiempo, hacerle un ruego: Por favor, a estos presupuestos generales del Estado venda caro su voto de apoyo al Gobierno socialcomunista; algunos ya lo están haciendo. Creo que una
España vertebrada, donde todos los españoles sean iguales, cualquiera que sea el lugar donde vivan, bien merece la pena.
Lo que sí tiene la señora Ribera es una Secretaría General sin presupuesto, una Comisión Delegada del Gobierno que nunca ha reunido y hasta una conferencia sectorial con las comunidades autónomas a las que ha presentado un exiguo borrador de
estrategia de reto demográfico. Es menos que las líneas directrices que les dejó con copyright el Partido Popular y que ustedes, señorías, solo tuvieron que llevar al boletín oficial. Pretende, como modo de cogobernanza al que nos tiene
acostumbrados este Gobierno, que le hagan el trabajo las comunidades autónomas. Si todo va bien, Sánchez se pone la medalla, y, si no, es culpa de este Estado díscolo de las autonomías, que no hacen sus deberes.
El Partido Popular no va a renunciar y no va a resignarse. Enmendamos esta moción para vincular los Fondos de reconstrucción a planes y proyectos que vertebren España. La estrategia frente al reto demográfico es vital, y no está. Debería
estar hecha, porque seguramente este sea el último tren que pase para la España rural después de años de olvido. Los Fondos de reconstrucción de la crisis del COVID que han traído deben servir para acabar con una España a dos velocidades. Por
supuesto, nosotros queremos una España de todos y para todos y también para el medio rural, y no el trufado de enmiendas que han realizado el resto de grupos parlamentarios, que nosotros, no obstante, vamos a apoyar, porque el interés general está
por encima de todo y bien lo merece.
Lo que queremos es que no dejen fuera a nuestros agricultores y ganaderos, por supuesto, porque no pueden hacer más con menos, ni un euro menos para la política agraria común; por supuesto, que se garantice el relevo generacional, y sí,
obras, obras para el regadío, que tan necesario es; también una estrategia nacional de gestión forestal que aproveche nuestros bosques; impulsar la innovación social y la reindustrialización de las zonas despobladas, y para ello necesitamos una
fiscalidad diferenciada; garantizar la equidad en el acceso a los servicios básicos y proponemos incluir el criterio de la dispersión y el envejecimiento de la población cuando se aborde la financiación autonómica.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fagúndez Campo.
El señor FAGÚNDEZ CAMPO: Gracias, presidente.
Señorías, hace unos meses todos los grupos de esta Cámara fuimos capaces mediante el diálogo y la negociación de pactar una moción que impulsaba la recuperación económica y el desarrollo de los territorios en riesgo de despoblación. Contó
con el apoyo mayoritario de todo el hemiciclo, quedándose únicamente fuera, como siempre, la ultraderecha. Esta moción que hoy nos trae aquí, señor Martínez Oblanca, para nada incide en los aspectos acordados en aquel momento. Reduce de un modo
muy simplista la despoblación al problema de la natalidad, culpando y responsabilizando a las mujeres por no tener hijos. (Aplausos).
Existen dos visiones muy diferentes a la hora de afrontar este problema. Está la teoría de la derecha y la ultraderecha, con su famoso invierno demográfico, por la que la solución al problema de la natalidad son los cheques bebé, dar dinero
a las mujeres para que tengan hijos. Para afrontar el reto de la natalidad tenemos que hablar de otras cosas muy diferentes. Esta es una cuestión de justicia social. Estamos
hablando de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes. Es una cuestión de redistribución de la riqueza, de que los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna, de que se puedan emancipar. De eso es de lo que tenemos
que hablar para solucionar el problema de la natalidad.
Señorías, no podemos culpabilizar nuevamente a la mitad de la población del problema de la natalidad. Mejor que eso, les recomiendo que escuchen, que escuchen a las mujeres, porque, seguramente, si las escucharan, verían que a la mayoría
les gustaría tener hijos o tener más hijos de los que tienen. Los datos del INE son muy claros. Los problemas por los que las mujeres no tienen más hijos son relativos a la precariedad salarial y el acceso a la vivienda, todo lo que la reforma
laboral del Partido Popular trajo a este país, esa precariedad para los jóvenes y, sobre todo, recortes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, nosotros queremos un mundo rural vivo, sí, pero también lo queremos en igualdad para las mujeres. (Aplausos). Las zonas en riesgo de despoblación en nuestro país se caracterizan fundamentalmente por dos cuestiones: en primer
lugar, por una falta de población joven, nuestros jóvenes tienen que emigrar de su territorio; en segundo lugar, por el envejecimiento de nuestra población alarmante. Y solo podremos revertir esta circunstancia si somos capaces de ofrecer
oportunidades en el territorio. Oportunidad es impulsar la actividad económica, que lleve empleo digno y estable a estos territorios. Oportunidad es ofrecer a nuestros jóvenes la capacidad de acceder a una vivienda digna. Oportunidad es una
conectividad plena, no solo conectividad digital -vamos a llevar la banda ancha a todos estos territorios-, sino también el acceso a las infraestructuras, las que nos conectan, vertebran y cohesionan el territorio. Para que una mujer, una familia
se plantee tener hijos es necesario que pueda acceder a una red de servicios públicos de calidad en el territorio. Eso es lo que, sin duda, va a dar garantías para formar una familia mirando al futuro con optimismo.
El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida, y para eso hay que hablar del ingreso mínimo vital, de la mejora de las prestaciones por hijo a cargo, del acceso a una vivienda en condiciones
favorables para los jóvenes, de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, de la mejora de la educación infantil, del acceso a la sanidad pública. De esto es de lo que hay que hablar para resolver el problema de la natalidad.
Señorías, por todo esto ahora se hace tan necesario un gran pacto en todos los territorios. Antes de que finalice el año el Gobierno se ha comprometido a reunir la conferencia de presidentes y en ella aprobar la estrategia nacional frente al reto
demográfico, que, junto con las comunidades autónomas y las entidades locales, nos va a permitir impulsar la recuperación de estos territorios que tanto lo necesitan.
Ahora, señorías, tenemos la oportunidad de revertir la situación injusta en la que se encuentran gran parte de los territorios de este país y millones de personas que en ellos habitan. El Gobierno ha demostrado ya que la cohesión
territorial es una prioridad y, junto con el plan de reconstrucción de Europa, ahora tenemos la capacidad de vertebrar nuestro país y mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en los territorios en riesgo de despoblación. Toda
nuestra política se resume en una única frase: No dejar a nadie atrás, independientemente de donde vivan, de donde nazcan, de los vecinos y vecinas que tengan a su alrededor. Nuestro compromiso con el mundo rural es firme. Señorías, pongamos
manos a la obra para conseguirlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fagúndez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que el señor Martínez Oblanca nos ha traído un tema muy interesante pero de difícil solución, la despoblación. La combinación de factores como el aumento de la esperanza de vida, la caída de las tasas de natalidad o la
regulación de los flujos migratorios, dentro del derecho de las personas a migrar, ha transformado, transforma y sigue transformando nuestro estilo de vida. Vivimos en una sociedad envejecida. Cada vez es mayor, cada vez es más dependiente y cada
vez requiere de más servicios. Además, el envejecimiento impacta en el ámbito de la salud y la atención médica, en los servicios sociales, en la composición y organización de nuestras familias, de nuestros entornos, en la solidaridad
intergeneracional y en la vivienda.
En cualquier caso, esta moción y la cuestión del reto demográfico en sí atañen a dos problemas que, si bien están relacionados entre sí, no son la misma cuestión, es decir, por una parte el descenso demográfico, la baja natalidad, y, por
otra parte, el despoblamiento en las zonas rurales. Existe la posibilidad de que por incentivos, ayudas políticas de protección, por una serie de propuestas que se han hecho en esta Cámara, consigamos el aumento de la natalidad, pero que, al mismo
tiempo, continuemos teniendo el problema de la despoblación rural, es decir, aumentar la población en concentraciones urbanas muy concretas, incluso masificadas, y seguir sin solucionar el problema de lo que ustedes denominan la España vaciada. Por
tanto, diferenciemos y analicemos tanto la problemática como las soluciones, busquemos soluciones a los dos extremos.
Al ver esta iniciativa me he acordado -mi compañera Idoia Sagastizabal me lo ha comentado- de la comparecencia que el señor Izquierdo Vallina, comisionado para el reto demográfico en el Gobierno del Principado de Asturias, hizo en esta casa
en la Comisión de Reconstrucción Económica, y nos decía que las recetas para superar el reto demográfico no existen, que en Europa se dice que el reto demográfico es una ecuación con mil incógnitas, por tanto muy difícil de resolver, y que cada vez
más Europa es la vieja Europa, no solo por la consideración histórica que tiene, sino por la situación real de un territorio muy muy envejecido.
Parece que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar de vida y buscar hábitos más razonables, el valor de lo local y de lo rural, es decir, frente a todo aquello que hasta ahora hacía que las ciudades fueran el centro de
atención, parece que esta pandemia ha hecho que queramos retornar, volver a lo rural. Pero, claro, lo rural quizá no está en condiciones para acoger a mucha gente que desde una perspectiva incluso hasta bucólica quisiera volver. Es un reto el de
la despoblación que compartimos y que hay que abordar. Entrando en su moción, usted propone tres puntos. En cualquier caso, antes que nada, a la compañera de Podemos, la señora Franco, quisiera decirle que una cosa es que ustedes estén ahora en el
Gobierno y otra cosa es que de repente casi nieguen la existencia del descenso de la población. Hasta hace dos días ustedes mismos criticaban esta serie de cuestiones, y me parece muy bien además.
Por un lado, usted habla de un pacto de Estado. Sabe que nosotros no somos de pactos de Estado, porque no son efectivos y porque suelen ser generalistas y normalmente se quedan en un cajón. Usted habla de desarrollar medidas para evitar el
despoblamiento, la caída de la población, y en eso podemos estar de acuerdo. Es más, nosotros pensamos que incluso las comunidades autónomas debieran repensar los modelos de distribución territorial de repoblación en algunos lugares. En Euskadi,
por ejemplo, el campo está muy cerca de las ciudades, es una realidad. Tiene todos los servicios y la calidad de vida en el campo es muy buena. Pero también, independientemente de la situación geográfica, se ha apostado por los programas de
desarrollo rural, que son un instrumento de planificación y gestión indispensable y sostenible que emana de la Ley de desarrollo rural, y esto cada comunidad autónoma lo ha desarrollado como mejor le ha convenido.
En cualquier caso, alguien debería hacer un gran examen de conciencia y entonar un muy fuerte mea culpa por el panorama y paisaje existente en el Estado español actual. El metropolicentrismo exacerbado de todos los Gobiernos que han pasado
por aquí, la fuerza centrífuga de Madrid como cuasi único ámbito de negocios, empresas, transacciones, oportunidades de trabajo, grandes corporaciones, servicios, transportes, etcétera, ha ejercido de enorme aspiradora para todo lo que la rodeaba,
dejando un páramo vacío en su inmenso alrededor. Todo para Madrid. Pues, miren, este es el resultado. Pero, como he dicho, esto no se resuelve con un pacto de Estado, sino colaborando en proyectos y tomando en cuenta las experiencias en políticas
regionales más avanzadas de las comunidades autónomas, que, como Euskadi, vienen trabajando, y con buenos resultados.
La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, se le ha acabado el tiempo.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Sí, señora presidenta.
Tendríamos más cuestiones que plantear, pero voy a acabar. Creo que hay que buscar políticas que sepan aunar lo rural con lo urbano, pero, a su vez, también incentivos para que las personas...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
El BNG considera fundamental trabajar con un rural vivo y evitar el despoblamiento, pero el punto de partida para conseguirlo es para nosotros distinto. La moción apuesta por políticas natalistas que consideramos sobrepasadas, además de
ineficaces, y otras de carácter fiscal que pueden ser complementarias pero que no atajan la causa del problema.
Para empezar, no existe una solución única uniforme, pues la estructura social y económica del medio rural es distinta en Galiza y en el resto de territorios. Por ello es esencial que en mi país tengamos capacidad real de decisión para
poder implementar políticas adecuadas a nuestra realidad. En todo caso, lo fundamental para lograr mantener un rural vivo es posibilitar que se pueda vivir dignamente y de la actividad rural, especialmente agroganadera. Esa es la base, el
desarrollo rural, como le es dotar de servicios básicos -sanidad, educación, comunicaciones, etcétera-, servicios públicos de calidad y que los mismos sean totalmente accesibles. Por tanto, entendemos que son otras las políticas que hay que hacer
para lograrlo.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta, per la seva generositat.
El quid de la cuestión de esta moción está escrito en el primer punto, es decir, corregir las desigualdades. Esa es la causa primera de la despoblación, la desigualdad, y para arreglarla están el BOE, el DOGV, los diarios oficiales de las
comunidades autónomas, porque ahí no está la iniciativa privada, ahí no está el mercado, y tiene que estar necesariamente la iniciativa pública. Por ejemplo, en el País Valenciano el Gobierno valenciano ha implantado ciento veinte cajeros en
pueblos donde habían desaparecido los bancos y ha mantenido sesenta y dos escuelas en pueblos donde si hubieran gobernado otros efectivamente habrían desaparecido. Ejemplo, Galicia, paritorio de Verín, que se quería hacer desaparecer. Eso sí que
provoca desigualdad. Eso sí que provoca despoblación. Maneras de gobernar: izquierda, derecha. Segundo, para corregir esta desigualdad -no quiero pasarme en el tiempo-, proyectos territoriales de abajo arriba, con la participación de los actores
locales. Eso es lo que paliaría la desigualdad.
Moltes gràcies, presidenta. No me paso ni un segundo más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. Les agradezco a ambos su intervención desde el escaño.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Buenas tardes, presidenta.
El problema del reto demográfico podemos afirmar que ha devenido en un problema perenne en nuestra sociedad. Invertimos tiempo en analizar y estudiar sobre el mismo. En el año 2019 el Consejo de Ministros aprobó las directrices generales
de la estrategia nacional frente al reto demográfico. Se ha elaborado dicha estrategia y en estos momentos estamos a la espera de que se apruebe antes de finalizar el año. En mi opinión, mucho hablar de uno de los problemas más importantes de
nuestra sociedad, pero a día de hoy pocas medidas implementadas por parte del Gobierno para paliar, frenar y dar respuesta a dicha situación. Tenemos identificados los factores que motivan la despoblación rural, tales como baja natalidad;
envejecimiento demográfico; dificultades en afrontar el relevo generacional, importantísimo en el sector agrícola; falta de servicios y de oportunidades; poca inversión en infraestructuras y en conectividad; pérdida de talento joven, dificultad
para atraerlos; trabajos con una elevada estacionalidad.
El pasado 19 de febrero se celebró la comparecencia de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para poner en conocimiento y explicar las líneas generales de actuación de su departamento.
La comparecencia duró 1 hora y 30 minutos y solo dedicó siete minutos a hablar del reto demográfico. Durante la misma la ministra manifestó que se debe garantizar que cada cual pueda vivir donde quiera con igualdad de oportunidades y servicios
respecto a otros lugares. Para que esto suceda hay que impulsar medidas, también desde el Gobierno porque, si no, siempre recae sobre los mismos hombros: los entes locales. Me consta, y puedo dar fe de ello, que los alcaldes y alcaldesas de
pueblos pequeños que sufren el problema de la despoblación se reinventan para salvar la escuela rural porque sin escuela hay futuro; hacen esfuerzos ingentes para mantener la única tienda de comestibles que tienen en el municipio; con recursos
propios hacen el despliegue de la fibra óptica para
hacer más atractivos dichos pueblos. Son solo ejemplos reales del día a día de municipios que quieren seguir, pese a todo, existiendo.
No tenemos tiempo. Se debe intensificar la la acción política; háganlo, pero háganlo ya.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, señora presidenta. Bona nit.
El fenómeno del despoblamiento o éxodo del mundo rural es un fenómeno global que afecta de forma muy especial a determinadas zonas del Estado español. El desequilibrio regional, producto de este despoblamiento, genera y acrecienta enormes
desigualdades económicas entre territorios. Un reciente estudio del Centre d'Estudis Demogràfics y la Universitat Autònoma de Barcelona, La sostenibilidad demográfica de la España vacía, de Joaquín Recaño, apunta algunas claves que ponen en
cuestión la sostenibilidad de buena parte de los municipios considerados pequeños en el Estado español. El 60 % de los municipios españoles tenía, a 1 de enero de 2016, menos de 1000 habitantes, ocupaba el 40 % de la superficie y apenas concentraba
el 3,1 % de la población. En Cataluña los municipios de menos de 2000 habitantes suponen casi el 63 % del total de los municipios, el 64 % de la extensión territorial y a pesar de ello solo suman el 4,5 % de la población.
Para hacer viables y sostenibles estos municipios es imprescindible garantizar el acceso a servicios de movilidad y conectividad para que vivir en el mundo rural no imposibilite desarrollar actividades productivas propias de los nuevos
modelos de trabajo. La sostenibilidad demográfica de este conjunto heterogéneo de municipios rurales pende de un hilo y plantea un reto demográfico de primer orden que debe tener en cuenta a la hora de aplicar las políticas públicas su gran
diversidad. El proceso de despoblación es el resultado de la interacción de diferentes causas y, por lo tanto, su tratamiento requiere una gestión transversal e integral en toda su complejidad. Creemos que para abordar este problema hace falta un
cambio en el modelo territorial de desarrollo, pasar de un modelo centralizado que solo favorece a las grandes urbes a otro modelo descentralizado que ceda protagonismo a otros nodos territoriales. Esto significa reequilibrar el territorio y, por
lo tanto, significa redistribuirse sus infraestructuras.
No podemos afrontar la lucha contra la despoblación rural sin tener en cuenta que la pequeña y mediana empresa y la explotación agraria garantizan la fijación de la población en el medio rural. Así pues, aplicando solamente políticas
agrarias no solucionamos el problema; debemos dar ayudas y hacer políticas de desarrollo. En las zonas rurales también se necesitan comercios, electricistas, fontaneros, mecánicos, gestores, asesorías, carpinteros. En definitiva, se necesitan
empresas de servicio. El objetivo principal de las políticas de desarrollo del medio rural ha de ser la fijación de la población en el territorio, y en este sentido nuestro grupo considera imprescindibles estos aspectos: el papel central de la
mujer y los jóvenes, que son quienes realmente garantizan el relevo generacional y la regeneración demográfica; la mejora de las infraestructuras -transporte, servicios públicos, escuelas, consultorios, médicos, carreteras-; la mejora de la
conectividad. Tenemos que romper la brecha digital que afecta especialmente a los micropueblos; debemos aprovechar el teletrabajo porque abre una ventana para la reactivación de los territorios más castigados, pero para ello se requiere una
conectividad de primer nivel, por tanto, debemos reforzar el acceso a Internet, reforzar el transporte público regional, renovar carreteras y apostar por requilibrar el territorio.
Acabo con una reflexión. Madrid es hoy el epicentro de todos los proyectos de las grandes infraestructuras y la sede de todas las grandes empresas públicas y de la mayoría de las privadas. Madrid es además el laboratorio político de la
derecha más beligerante contra las políticas redistributivas y el motor de las prácticas de absorción de recursos mediante un sistema de incentivos fiscales para que las grandes empresas del resto del Estado trasladen a la capital sus sedes;
absorción de recursos económicos que genera absorción de mano de obra. Madrid es hoy el sumidero por donde se vacía la población de la España rural. Ante tal obviedad de la base del problema estamos de acuerdo con el señor Martínez. Discrepamos
de las medidas propuestas y no le vamos a dar apoyo. Según nuestro grupo necesitamos, por un lado, una gestión transversal e integral en toda su complejidad y, por otro, aplicar el principio de subsidiariedad. Deben ser los mismos territorios
quienes deben elaborar los planes estratégicos sobre la base del conocimiento y necesidades detectadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Granollers. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Martínez Oblanca, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Sí, señora presidenta. Acabo de presentar a la Mesa una enmienda transaccional suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos, VOX y por mí mismo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Se votará en los términos de la enmienda transaccional.
Muchas gracias, señor Martínez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MAZÓN RAMOS), SOBRE LAS SOLUCIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA APORTAR PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DE LA BAHÍA DE SANTANDER (SANTANDER, SANTA CRUZ DE BEZANA,
CAMARGO Y ASTILLERO). (Número de expediente 173/000036).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Mazón Ramos, sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los
municipios del entorno de la bahía de Santander: Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ya buenas noches.
Hace dos semanas interpelé a la vicepresidenta cuarta sobre las medidas que tenía previsto tomar para garantizar y solucionar de una manera permanente el problema de abastecimiento de agua que tenemos en Cantabria, en Santander y su comarca.
Y ya de paso le aporté la fácil solución que tenía en sus manos. Señorías, existe este problema a pesar de que en Cantabria llueve más que en otras regiones y tampoco tenemos regadíos que, precisamente, son los que absorben el mayor porcentaje del
consumo de agua que se hace en España, pero tenemos un problema grave y especialmente en verano, cuando realmente no tenemos agua suficiente.
Expliqué aquí también cuál es la solución fácil, que es el embalse del Ebro. El embalse del Ebro, es un pantano de 540 hectómetros cúbicos, construido en la cabecera del río, al pie de las montañas de Cantabria. Recordé que para
construirlo hace más de ochenta años fue necesario ocupar una superficie de 65 kilómetros cuadrados, que en la época era la mayor extensión que se había ocupado nunca para un embalse; se ocuparon grandes vegas, se inundaron cuatro pueblos, fueron
sepultadas industrias, fincas; en fin, miles de vecinos fueron expropiados y desalojados de sus hogares y las expropiaciones acabaron pagándose en 1950 con los precios de 1928, a pesar de las múltiples promesas que se realizaron durante más de
veinte años de que se les iba a pagar de una manera actualizada. Aquello fue la ruina de la comarca. Un ejemplo es que, poco después de llenarse las aguas del pantano, la fábrica de Cristalería Española que había en Arija, famosa por sus arenas,
cerró y provocó la pérdida de más de 3000 empleos directos e indirectos en la comarca. Yo hoy no me quiero extender más sobre este asunto, lo que sí quiero recordar es que tenemos una buena ocasión en este Congreso para compensar en parte aquellos
atropellos en la figura de los descendientes de todas aquellas personas que habitaban aquellos lugares y que tuvieron que marcharse al perder sus tierras y sus trabajos.
¿Qué pedimos en esta moción? Quiero adelantar que hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Podemos, y voy a decirles ya cuáles son sus características brevemente. En primer lugar, una
transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos a Cantabria, que supone menos del 1 % de la capacidad del embalse, para activarla cuando sea necesario. En segundo lugar, una autorización especial de 25 hectómetros cúbicos, que es menos del 5 %, y que en
la normativa vigente es posible devolviendo el agua al pantano. Para eso se pueden utilizar las instalaciones del bitrasvase, que están construidas. En tercer lugar, que se contemplen en la planificación hidrológica que esté en marcha estas
necesidades de Cantabria, consensuándolas con las comunidades autónomas afectadas y otros sectores afectados. Esto que pedimos no es nada especial. En España existen numerosos trasvases y, en concreto, en la cuenca del Ebro ya expuse dos ejemplos
la semana pasada. Por ejemplo, para abastecer al gran Bilbao se transfiere agua, unos 150 hectómetros cúbicos al año, desde la cuenca del Ebro del pantano de Ullíbarri-Gamboa, que proviene de las aguas del río Zadorra. En Cataluña tenemos otro
ejemplo, el trasvase que va desde el Ebro hasta el Campo de Tarragona tiene una autorización de 126 hectómetros cúbicos al año. El agua que se va al mar, para hacernos una idea, son de media unos 8800 hectómetros cúbicos, o sea, estamos
pidiendo 25, que son de agua que cae en Cantabria, que encima proviene del embalse del Ebro y que, prácticamente, nunca va a suponer ninguna merma del agua que circula por el río Ebro. Lo que pedimos es lo que se llama eufemísticamente agua para
beber, que no es precisamente la que se tiene que llevar a la boca, pero que es la que sirve para cubrir las necesidades básicas de una población.
La ministra, en una completa respuesta a la interpelación, citó tres posibilidades, incluso dijo que eran compatibles entre sí y, aunque al final afirmó que se comprometía a garantizar el agua a Santander, citó de soslayo otras posibles
soluciones; soluciones que, por otra parte, ya conocemos porque son carísimas y son ineficientes, técnicamente poco asumibles, en fin, que no pueden ser asumidas por el Gobierno de Cantabria. Por eso en esta moción nos hemos centrado en las tres
opciones realistas que se debatieron aquel día. Esto, señorías, es una cuestión de solidaridad y de sentido común. Por eso hay que explicarlo bien, porque ya sabemos que el agua es un elemento muy pasional en muchas partes del planeta, pero hay
que recordar que en este caso no va a salir nadie perjudicado.
Me gustaría poner un ejemplo. Imagínense una gran bañera que tiene el agua al 50 %, pero que nunca baja del 20 % y a veces desborda. Este es el ejemplo del pantano. El pantano históricamente jamás baja del 20 % -durante muchísimos años-,
es decir, que siempre hay 100 y hasta 500 hectómetros. Por tanto, la oscilación de la media que podíamos gastar entre el mínimo y el máximo, suponiendo que nunca desbordara, valdría para treinta años. Esto es para que sepamos bien de qué estamos
hablando. El otro día dije que era una miseria y hoy prácticamente podemos decir lo mismo. Es importante contarlo, sobre todo, para los diputados de las comunidades por donde pasa el Ebro, que tienen sus dificultades por las cosas que he dicho;
por ejemplo, Castilla y León -donde hay menos-, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
Yo creo que los ríos deben servir para unirnos. Antes servían como fronteras, pero ahora con tanto puente ya no es necesario que sean fronteras. Además, este es un ejemplo de algo totalmente sostenible, porque ya ven las cantidades de las
que hablamos. El embalse del Ebro creo que es el mejor ejemplo de solidaridad que tenemos en España, porque el agua se saca prácticamente solo cuando se utiliza. Siempre pongo otro ejemplo. Imagínense ustedes que las familias ricas nunca pudieran
transferir parte de su riqueza a los pobres.
La señora PRESIDENTA: Señor Mazón, se le ha terminado el tiempo.
El señor MAZÓN RAMOS: Termino con el ejemplo.
La señora PRESIDENTA: Es que tiene que terminar ya.
El señor MAZÓN RAMOS: Pues, sería muy injusto que los ricos nunca pasaran nada a los pobres, sobre todo cuando se aprovechan del trabajo de estos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Castillo López.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, comienzo mi intervención formulándole una pregunta al diputado Mazón, el proponente de esta moción. Señor Mazón, ¿quién tiene que garantizar el agua a los municipios de la bahía de Santander y, en consecuencia, a todos los
municipios de Cantabria? Usted y yo sabemos que tiene que ser el Gobierno de Cantabria. Se decía que las guerras del futuro serían a causa del agua. No podíamos imaginar que ese futuro lo teníamos ya aquí y mucho menos que un Gobierno
regionalista y socialista iba a hacer que Cantabria tuviera problemas de abastecimiento. Si quieres la paz prepárate para la guerra, decían los antiguos, pero en guerra parlamentaria seguimos a causa del abastecimiento de Cantabria, señor Mazón.
Los cántabros se preguntan cuál será la siguiente ocurrencia de su jefe, el señor Revilla. En el verano de 2017 afirmaba (muestra un recorte de prensa): No nos van a quitar el agua, me meto en el pantano si hace falta. Posteriormente, calificaba
todo esto como el escándalo del agua, como si no fuera con él.
Ahora a lo mejor se le ocurre editar libros de textos como los que existen en Corea del Norte en los que los escolares aprenden que cuando llueve es porque lo decreta el gran líder, el presidente. Ya no nos falta nada más que ver eso.
La realidad es que el Ejecutivo regionalsocialista no ha tenido las ideas claras, no ha sabido aportar a Cantabria una solución definitiva. Todos los años Santander -principalmente- vive la misma película de terror, pero una película basada
en hechos reales en la que nadie es el asesino y en la que todos queremos resolver el caso. Soluciones en el último minuto, como la del verano de 2019, cuando se captó transitoriamente agua del embalse del Alsa, pero también sufrimos las
consecuencias de la rotura de la tubería. Falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez y de Iglesias, sí, pero también de un regionalismo entregado a la causa. El Partido Popular ha hecho todo lo que estaba en su mano para asegurar el
suministro a los cántabros -y, de hecho, lo vamos a seguir haciendo; hoy hemos llegado a una transaccional con ustedes-, pero voy a demostrarle con hechos que gran parte de la culpa de lo que vive Cantabria es de los socialistas. La historia
comienza con el Plan Hidrológico Nacional que el Partido Popular aprobó por ley en el año 2001. La disposición adicional sexta permitía dar una autorización especial a Cantabria y el 29 de agosto de 2008 se concede esa autorización: 25,23
hectómetros cúbicos. Esto cubría las necesidades de la comunidad autónoma, de Torrelavega y Santander como núcleos de población más importantes, y en 2010 comienza a funcionar ese suministro. Poco nos dura esa alegría porque, pese a que pensábamos
que el problema estaba resuelto, el Ministerio de Medio Ambiente que en aquel momento gobernaba la socialista Cristina Narbona, ¿saben que no hizo? No aprobó la perceptiva estimación de impacto ambiental. Como consecuencia, anulan el bitrasvase el
17 de enero de 2011, y las consecuencias de esa inoperancia produjeron un perverso efecto dominó. La anulación del bitrasvase hizo que decayera la autorización especial y que el Plan General de Ordenación Urbana de Santander también decayera. La
anulación del bitrasvase se podía corregir, se podían poner medidas correctoras para su aprobación, pero el Plan General de Ordenación Urbana de Santander no porque tenía el nivel de reglamento y no podía subsanarse. Y ahí no queda la cosa porque
el 24 de febrero de 2015 se produce esa anulación que garantizaba el agua a Cantabria. ¿Saben lo que ocurrió? Que la ministra del Partido Popular, la ministra Tejerina, tuvo que volverse a poner una vez más el buzo de trabajo, para recabar
informes técnicos de los diferentes entes implicados, para realizar las informaciones públicas necesarias, aprobaciones de proyectos y de adendas y, hasta ahí pudo llegar nuestro trabajo, porque se produjo la moción de censura de los socialistas y
ahora de los socialcomunistas. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo? Nada, y no lo dice el Partido Popular, la primera que puso el grito en el cielo fue la vicepresidenta socialista del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, que después
de año y medio veía que nada se solucionaba y puso en evidencia el caso.
Básicamente el Partido Popular quiere que se solucione el problema. Ustedes tienen un problema entre socios que se está transmitiendo a la sociedad cántabra. Queremos una solución ya y terminamos diciéndole una cosa que pensamos todos los
cántabros: Cantabria es infinita, pero la confianza y la paciencia de los cántabros no lo es.
Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Castillo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches, señorías.
Permítanme que comience mi intervención contestando a la señora Castillo porque parece, señoría, que ustedes no han estado en los últimos siete años gobernando con Mariano Rajoy este país y que han estado décadas gobernando Cantabria.
Además, se permiten hablar aquí hoy de la ministra Cristina Narbona. Cristina Narbona en 2004 y Teresa Ribera ahora, señoría, han hecho más por las políticas medioambientales y por la transformación ecológica de nuestro país para garantizar un
progreso seguro, señorías. Sé que ustedes no entienden qué es garantizar un progreso seguro, hablar de un país mejor y más sostenible para nuestras generaciones futuras. (Risas). Y esas mismas risas de hoy son las mismas que hicieron cuando la
ministra Cristina Narbona en esta tribuna hablaba de cambio climático. ¿Lo recuerdan? Pues bien, hoy nadie niega el cambio climático en este país, señorías. (Aplausos).
El pasado 14 de octubre la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica dejó muy clara la posición del Gobierno de España para que Cantabria y Santander cuenten con el agua que necesitan y demostró la voluntad firme de este Gobierno
para alcanzar también una solución definitiva. Y hoy, señoría, con eso
me quedo hoy, los grupos parlamentarios hemos demostrado que cuando se quiere se puede, alcanzando con la enmienda transaccional que hemos presentado un acuerdo que va más allá del día de hoy. Es una hoja de ruta de legislatura en política
del agua. La vicepresidenta demostró esa vocación de servicio y de buscar solución a los problemas. Y hoy nosotros, señorías, los diputados de esta Cámara, hemos puesto por encima de los intereses de cada uno los intereses del conjunto. Hemos
dado respuesta a un problema, acordando una solución, alcanzando con altura de miras el objetivo que debíamos marcarnos, que no era hacer, señorías, una guerra del agua, sino alcanzar una solución al problema del agua, demostrando que cuando la
responsabilidad y el interés general se unen podemos hacer grandes cosas juntos. Lo irreal hubiera sido aquí, señorías, mostrar el desacuerdo y el enfrentamiento, porque nadie que represente a Santander o a Cantabria puede estar en contra de que el
agua esté garantizada todos los días del año.
El agua, señorías, es un recurso necesario, pero también tienen que entender que es un recurso limitado y que debemos desarrollar una política hídrica en nuestro país justa, redistributiva, equitativa y que permita garantizar el suministro
de agua en todos los lugares, llegando a una gran planificación hidrológica consensuada con las comunidades autónomas y los sectores afectados. Y, hoy, señorías del Partido Popular, gracias a este Gobierno, al Gobierno de Pedro Sánchez, tenemos
garantizada el agua en Cantabria, y eso hace que hoy podamos decir con claridad y sin ningún género de dudas que nadie, ningún santanderino, ningún cántabro, ha sufrido un corte de suministro de agua y no lo va a sufrir más. Sobre esa base trabaja
el Gobierno de España, que forma parte siempre de la solución, no de los problemas. La vicepresidenta cuarta del Gobierno explicó muy bien aquí todas las alternativas para trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Señorías, estoy convencido de que juntos vamos a alcanzar una solución definitiva y que vamos a poder trabajar, sí, con este Gobierno, con este ministerio, el de Transición Ecológica, en buscar una solución de futuro. Quiero ahora agradecer
el talante y la capacidad de acuerdo de todas las fuerzas políticas, del Partido Popular, del Partido Regionalista de Cantabria, de Unidas Podemos, para alcanzar ese acuerdo. Los cántabros y santanderinos tienen la palabra de este Gobierno, de su
vicepresidenta, de este diputado, también de este santanderino, y de todo el conjunto del Partido Socialista Obrero Español de que, digan lo que digan, mientan lo que mientan, el Gobierno de Pedro Sánchez no va a dejar a Cantabria ni a Santander sin
agua. Nunca, señorías. Esa es nuestra palabra.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Santander y el resto de comarcas de su entorno tienen problemas históricos de desabastecimiento de agua, y así nos lo hace saber el señor Mazón en las primeras líneas de esta moción. La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene reconocido el
derecho a captar agua del embalse del Ebro para suplir el déficit que se produce en el sistema de abastecimiento todos los veranos. Así ha venido haciéndolo desde el año 2008, primero a través de una autorización especial del Estado para la
derivación del agua del embalse del Ebro, que da derecho a recibir 26 hectómetros cúbicos anuales, y, después, a través de otra transitoria, que consiste en solicitar el trasvase puntual de 5 hectómetros cúbicos. Durante todo este tiempo ni
Santander ni Cantabria han dejado de recibir agua del embalse del Ebro, hasta el verano de 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez denegó la autorización y la comunidad autónoma recurrió a una captación temporal del embalse de Alsa, renunciando
por primera vez a un derecho de todos los cántabros. A día de hoy, la situación sigue sin resolverse. Para la región, resulta fundamental garantizar este suministro de agua. El propio presidente del Ejecutivo, Miguel Angel Revilla, defendió ese
derecho en el debate sobre el estado de la región, celebrado en el Parlamento de Cantabria, en junio de 2017. Aquel año, el Estado sí autorizó la captación del embalse del Ebro. También fue autorizado en 2018, año en el que, además, el Gobierno de
Mariano Rajoy legalizó el bitrasvase y dejó muy avanzada la tramitación de una nueva autorización especial que supone la solución definitiva. Desde entonces, la autorización está paralizada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez más, nos
encontramos con la dejadez habitual de este Gobierno; un Gobierno que llega tarde, mal y, a veces, nunca, para dar solución a los problemas de los ciudadanos.
Desde Ciudadanos, en la comunidad autónoma cántabra, hemos defendido la idoneidad de esta cuestión, que incide en los necesarios valores de solidaridad, unión e igualdad entre los españoles, y hemos apoyado todas las iniciativas regionales
que se han debatido en el Parlamento de la región. De hecho, en el último debate de la región, en 2020, presentamos la siguiente resolución, instando al Gobierno de España a autorizar, primero, la captación de 5 hectómetros cúbicos de agua del
pantano del Ebro para el abastecimiento de la ciudad de Santander para la época de verano y otoño. Y, como punto número 2, modificar el Plan Hidrológico Nacional para atender a la nueva realidad nacional y contemplar en él los 26 hectómetros
cúbicos de agua procedentes del pantano del Ebro para el abastecimiento de Cantabria y la ciudad de Santander. Por todo esto, señor Mazón, puedo decirle que desde Ciudadanos volveremos a apoyar este mecanismo que tan bien ha funcionado hasta que
nos topamos con el señor Sánchez. Por lo tanto, apoyaremos esta moción a falta de recepcionar esa enmienda transaccional que todavía desconocemos.
Hemos visto ya en muchos medios de comunicación, antes de la interpelación del señor Mazón y de esta moción, que se da por hecho que el ministerio está trabajando en eso, y así lo volvió a decir en sede parlamentaria la ministra Ribera, pero
entendemos que nadie se lo termina de creer, incluso usted, señor Mazón; y de ahí que haya registrado estas dos iniciativas. Espero que no estemos de nuevo ante una nueva estrategia de presión por parte de este Gobierno y todo esté supeditado a un
apoyo por parte del PRC a unos presupuestos que están ya casi para llegar al Congreso.
En cuanto a Ciudadanos, puedo decirle que, respetando escrupulosamente el dictamen de los expertos afectos a la materia de medio ambiente, defenderemos todos aquellos valores que tengan por objetivo la unión, la igualdad y la solidaridad
entre españoles, porque estos valores son los que conforman este gran país que compartimos, y Cantabria, en esta ocasión, los necesita.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta. Señorías.
Esta moción, que en principio reclama poder garantizar el abastecimiento de agua de boca en los municipios del entorno de la bahía de Santander, Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero, trae de nuevo o no esconde el debate sobre
el modelo de gestión de los recursos hídricos del Estado español. Por lo tanto, independientemente del ámbito local del que estemos hablando, estamos hablando realmente de lo que sería la gestión de recursos hídricos.
Tenemos claro que garantizar el agua de boca constituye un derecho social, y que, en la jerarquía de usos establecida por el marco internacional, en concreto por la Directiva Marco del Agua, la seguridad hídrica para las personas pasa por
delante, incluso, de la protección de la biodiversidad y del ecosistema fluvial, pero también de las propias actividades económicas.
Ustedes proponen, en un primer punto, la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos para agua de boca desde la cuenca del Ebro a la cuenca del Cantábrico occidental. De hecho, es un trasvase de cuenca a cuenca. Luego proponen otro trasvase
de 25,23 hectómetros cúbicos, también de la cuenca del Ebro a la cuenca del Cantábrico occidental; otro trasvase. Lo más interesante -esta es la diferencia de lo que hemos visto con otros trasvases durante estos años y quizá es el modelo de
gestión donde hay un cambio real- es que las cláusulas de devolución y almacenamiento previo lo convierten en un trasvase bidireccional y, por lo tanto, preservan un principio de recuperación de las masas de agua en la cuenca. Esto es fundamental.
De hecho, el embalse viene a funcionar como si fuera un banco de aguas del que uno puede disponer siempre y cuando lo devuelva.
Este modelo de gestión es un modelo basado en criterios de sostenibilidad, a diferencia de los trasvases tradicionales que hemos visto, y evita, por lo tanto, el modelo de gestión basado en nuevas infraestructuras precisamente hidráulicas,
como embalses y canalizaciones, que tiene un impacto sobre el territorio, y también supone una no afectación sobre la disponibilidad de recursos en la propia cuenca original. ¿Qué retos tiene esto, qué retos tiene este modelo de gestión? Obliga al
fortalecimiento de los modelos de gobernanza y obliga a una cierta tendencia hacia modelos flexibles y colaborativos de gestión colectiva, lo cual es fundamental. Por otro lado -y esto sí que es fundamental-, obliga sobre todo a una transparencia
en la gestión, porque se hace mucho más compleja la gestión de este modelo.
Quiero hacer una aclaración. Muchos de ustedes parten de la idea de que en la cuenca del Ebro no hay déficit ni estrés hídrico, que es una cuenca excedentaria. Recuperen ustedes las diferentes propuestas -como mínimo, propuestas- de nuevas
infraestructuras hidráulicas, como embalses, canalizaciones, trasvases y proyectos de regadío previstas en la cuenca del Ebro y entenderán la magnitud de lo que les digo. ¿Cómo no va a haber déficit hídrico si hoy el Delta del Ebro está
retrocediendo a pasos agigantados por falta de caudal y sedimentos del río, un espacio natural y económico excepcional que vive exclusivamente del río Ebro? No tiene sentido que, por un lado, nos llenemos la boca de querer proteger el Delta del
Ebro y, por el otro, le robemos aquello que le da vida: el agua y los sedimentos. Este modelo de gestión de trasvases bidireccionales no quita recursos a la cuenca, sino que de alguna manera lo que hace es preservar y gestionar.
Finalmente -ya para terminar-, creo que ustedes también olvidan otro condicionante básico a tener en cuenta a partir de ahora: el diagnóstico sobre los escenarios y problemas que se derivan del cambio climático en materia de aguas. En el
dictamen de la subcomisión de agua y cambio climático, aprobado precisamente en este hemiciclo en 2018, se apuntaban varios puntos, y voy a señalar dos elementos importantes. El Cedex, de hecho, prevé una reducción de caudales medios de 2010 a
final de siglo del orden del 24 %, que puede llegar a situarse entre el 30 y el 40 % en las zonas más sensibles. El aumento de la variabilidad climática y pluviométrica mediterránea, con alteración importante de los patrones estacionales y
espaciales de lluvia, hará que haya un fuerte incremento de riesgos de sequía y también inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos.
Termino. ¿A qué nos lleva todo ello? A que en toda propuesta deberíamos antes tener presente los principios de la estrategia de agua para transición ecológica, que consisten en la adaptación y mejora de la resiliencia del recurso y de los
usos preferentes al cambio climático, en la identificación, evaluación y selección de actuaciones en los planes hidrológicos y en la gestión del agua.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja, se le ha acabado el tiempo.
El señor ERITJA CIURÓ: Una última frase.
Cuando nos referimos a los retos del cambio climático como oportunidades nos referimos a esto, a un cambio profundo en el modelo de planificación y en la gestión del agua. Estamos esperando a ver la transaccional y, a partir de ahí,
decidiremos nuestro voto final.
En todo caso, muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el debate que hoy se plantea se refiere a una transferencia de agua cuantitativamente pequeña y para uso de agua de boca a los municipios de la bahía de Santander, por eso nuestra voluntad desde el comienzo fue que se llegase a un
acuerdo para que la moción salga con el máximo apoyo, porque cubrir la demanda de agua de boca debe ser siempre la prioridad. Pero quiero aprovechar esta intervención -dejando claro nuestro apoyo a la moción- para señalar que hay una serie de
consideraciones a hacer sobre la salud de nuestros ríos, ya que, aunque en este caso la cantidad de agua requerida es pequeña, el contexto en nuestro país es de reducción progresiva de los recursos disponibles.
Decía la portavoz del Partido Popular que Cantabria es infinita, yo le digo, de lo poco que he aprendido, que lo que no es infinito es el agua. Por eso, me gustaría aprovechar unos minutos para recordar la situación crítica de los ríos y la
necesidad de una nueva política de aguas, una política basada en el buen uso del agua, frente a la actual política o a la política que nos ha traído hasta aquí de grandes infraestructuras que finalmente lo que han hecho es causar un grave impacto
sobre nuestros ríos. Nuestros ríos están llegando a sus límites ecológicos; mientras la presión sobre los recursos hídricos cada vez es mayor, el cambio climático hace que el aumento de la temperatura produzca una reducción sustancial de los
caudales. Los caudales se han reducido ya; en el caso de la cuenca del Ebro, desde el comienzo de los años noventa hasta la actualidad, en un 20 %, debido fundamentalmente a que el aumento de las temperaturas hace que se produzca también un
aumento de la evaporación y de la evapotranspiración. Por tanto, la disponibilidad de agua cada vez es más pequeña, mientras tanto, los consumos siguen al
alza. La escasez de caudal hace cada vez más difícil cumplir con la legislación en materia de caudales ecológicos.
Por otro lado, nuestro país sigue teniendo pendiente la asignatura de la calidad de aguas. Tenemos abiertos varios expedientes europeos por la falta de depuración de aguas residuales, e incluso nos vemos obligados a pagar multas millonarias
por esa misma cuestión. En concreto, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España en 2018 a una multa de 12 millones de euros por incumplir la normativa de depuración de aguas residuales, concretamente al comprobar que varias aglomeraciones
urbanas de más de 15 000 habitantes no disponían de los sistemas de colectores ni de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. En el territorio alavés, del que provengo, de los cuarenta y nueve ríos, hay veintinueve que no cumplen con la
calidad de buen estado del agua, es decir, el 60 % de los ríos del territorio alavés no cuentan con la calidad adecuada.
Comenzó el señor Mazón su interpelación realizando un muy interesante relato sobre los daños sociales, ambientales y también económicos que causó la construcción en su día del embalse del Ebro, impresionante relato que nos hace recordar el
dolor que las grandes obras hidráulicas causaron en muchos valles españoles. Recordemos que España es el país del mundo con los ríos más embalsados, tenemos más de 1200 grandes embalses y un 6 % de la superficie de nuestro país está inundada, por
lo que el margen para estas infraestructuras está agotado. Los trasvases intercuencas no son una buena idea, por cierto, y no deben articular las políticas de aguas. En el caso del Ebro, los embalses de la cuenca retienen además el sedimento, y al
no llegar el sedimento a la desembocadura, el Delta del Ebro está en franco retroceso y puede desaparecer en pocos años.
La situación actual de nuestros ríos hace que sea necesaria una gestión del agua que se base en la sostenibilidad del recurso, y para ello hay que analizar bien cada uno de los consumos. En la cuenca del Ebro, sin duda, el consumo más
importante de agua se destina al regadío; hay en la actualidad unas 950 000 hectáreas de regadío. El actual Plan de cuenca del Ebro contempla su aumento nada menos que en 445 000 nuevas hectáreas. Se estima que el consumo de agua para riego para
cubrir esta demanda de regadío es del orden de 6000 hectómetros cúbicos; teniendo en cuenta estos 25 de los que hablamos hoy, verdaderamente la comparación no es posible; es decir, hablamos de una cantidad verdaderamente pequeña. No cabe duda, en
todo caso, que ese dato nos debe preocupar porque la disponibilidad cada vez es menor. Bien es verdad que en el caso que nos ocupa el aumento de los consumos de agua está principalmente vinculado a un aumento de la construcción y del flujo de
personas en verano en Santander, y en general en Cantabria, cuya población se multiplica. Hay que recordar que una gestión adecuada del agua debe basarse no solo en la política de oferta sino también en la adecuada gestión de la demanda para
garantizar un uso sostenible del recurso. Esta cuestión también debe ser abordada de forma prioritaria por las autoridades autonómicas. En definitiva...
La señora PRESIDENTA: Señor López de Uralde, se le ha acabado el tiempo.
El señor LÓPEZ DE URALDE: Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor Mazón, estamos de acuerdo con usted en que en Cantabria tenemos un problema histórico de desabastecimiento de agua, y más en concreto en la ciudad de Santander. Efectivamente, como bien ha indicado usted, resulta un martirio
permanente conseguir la autorización para la transferencia de un hectómetro cúbico de agua del embalse del Ebro. Como bien decía usted en su interpelación, en realidad el agua que cae del cielo no es de nadie, pero si fuera de alguien, sería de
aquellos de donde cae. Y añadía: En Cantabria la gente no entiende que no podamos tomar agua del pantano, toda la que necesitemos. No se entiende. Tradicionalmente -usted lo ha dicho aquí hoy-, se habla de una deuda histórica con la zona de
Campoo, pero el Grupo Parlamentario VOX tiene en relación con esa deuda histórica el concepto de que todos los recursos que se generan en España son de todos los españoles, ya sean educativos, sanitarios o hídricos. Por tanto, si una zona de España
necesita de esos recursos, con independencia de esa deuda histórica que comentaba, habrá que estudiar las necesidades y, en su caso, atenderlas debidamente.
En este caso, como ya se ha dicho, se trata de abastecimiento de agua para boca para zona urbana. Para nosotros, como le decía, el abastecimiento de una ciudad es algo prioritario frente a cualquier otro uso, y si Santander necesita agua en
verano y es de sentido común que la reciba del pantano del Ebro, debe recibirla. De la misma forma, el agua debe distribuirse en toda la cuenca del Ebro, y si en Zaragoza también hace falta, habrá que determinar cuál es el interés más necesitado de
protección sin el egoísmo regionalista que se está fomentando. Por eso entendemos como un error, y sí lo denunciamos, el hecho de que se coarte esa unidad en la gestión de los recursos hídricos, que nos lleva a discusiones entre unas comunidades
autónomas y otras a la hora de los repartos, y por ello somos absolutamente partidarios de un plan hidrológico nacional que realmente contemple y regule un uso armónico y coordinado de los recursos hídricos a nivel nacional. (Aplausos).
Señor Mazón, permítame que le diga que nos sorprende ver el cambio de actitud de su líder, el exfranquista, delegado local o comarcal de los sindicatos verticales en Torrelavega, señor Revilla, con este tema. (Aplausos). En el año 2017,
con un Gobierno de la nación de otro signo político, decía -abro comillas-: Ya es el colmo de ataque a una comunidad autónoma. O sea, dejarte sin agua, como si el agua que está allí arriba fuese de ellos, ¿no? Yo creo que es una ignominia. Nos
van a quitar el agua. ¡Me meto en el pantano si hace falta! Y volvía a repetir: Lo del agua es un derecho firmado, 26 hectómetros. Quieren que la cojamos del Alsa. ¡Nos roban, nos roban!, gritaba. ¡Nuestra agua, nuestra agua! Y volvía a
repetir: ¡Me meto en el pantano si hace falta! Nunca llegó a meterse en el pantano. Fraga sí lo hizo en su día con lo de la famosa bomba, pero el señor Revilla no llegó a hacerlo. Pero es que ahora llega el año 2020, con un Gobierno socialista y
una situación similar a la que había en 2017, y sus últimas declaraciones al respecto han sido: Muestro mi tranquilidad en lo relativo a este trasvase de agua para la comunidad autónoma, principalmente dirigido a abastecer a Santander, porque se
han hecho los deberes. Diferente, ¿verdad? El tono beligerante ha cambiado. Ahora ya no toca, ahora estamos en tiempos de idolatrar a Pedro Sánchez. Por eso a su formación política se la conoce ya como el partido regional socialista de
Cantabria. (Aplausos).
Se está tratando injustamente a la ciudad de Santander en el reparto de agua. Ahora tenemos la oportunidad de no llevarnos más sobresaltos en el futuro. Por eso le decimos al Gobierno de Pedro Sánchez que no nos puede negar el agua, que no
se puede jugar con lo que es de todos los españoles y que de una vez apruebe un auténtico plan hidrológico nacional. Hasta tanto eso ocurra, nos vamos a sumar a la propuesta del señor Mazón y la vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Mazón, entiendo que la moción se votará en los términos de la transaccional que usted mismo ha anunciado. (Asentimiento). Muchas gracias.
Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante el procedimiento telemático
no pueden volver a hacerlo desde su escaño.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH). (Número de expediente 140/000004).
La señora PRESIDENTA: Les pido por favor que ocupen sus escaños lo más rápidamente posible porque, antes de proceder a la votación, vamos a leer la declaración institucional con motivo del Día del TDAH en España.
Señora secretaria segunda, cuando quiera.
La señora SECRETARIA (Hernanz Costa): Con motivo de la conmemoración el 27 de octubre del Día Nacional del TDAH, incluido en el Mes de Concienciación Europeo por el TDAH, el Congreso de los Diputados expresa su adhesión a esta jornada que
muestra la necesidad de continuar trabajando por un diagnóstico precoz y una intervención multidisciplinar, dando un impulso en la investigación, la formación y la normalización social, tan necesaria para eliminar el estigma social que,
desgraciadamente, a día de
hoy se continúa detectando en el entorno familiar, escolar, social y laboral más próximo a las personas afectadas por ese trastorno. Es necesario trabajar en la concienciación de la necesidad de una actuación temprana y continua que evite
riesgos futuros para las personas con TDAH.
El Congreso de los Diputados expresa también su reconocimiento por todas las personas afectadas y sus familias, que desgraciadamente todavía se encuentran con la incomprensión, la incredulidad y con la discriminación, motivadas por un
desconocimiento de cómo afectan en el día a día a su sintomatología. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico y con un patrón genético que, aun siendo invisible para los ojos de muchas personas, sus diferentes caras hacen que el día a día
se convierta en un reto difícil de superar sin el apoyo y empatía del entorno social.
El Congreso de los Diputados apela a la empatía de las personas, de la sociedad civil y de los poderes públicos para que se adhieran a esta jornada, para que entiendan la complejidad de lo que vive y sufre más del 5 % de la población
infantojuvenil y el 2 % de los adultos en España y para que trabajen a lo largo del próximo año en la mejora de la calidad de vida de estas personas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, secretaria segunda.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000078).
La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. (Orgánica).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 251 votos telemáticos, 350; a favor, 11 más 62 votos telemáticos, 73; en contra, 86 más 187 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 más 2 votos telemáticos, 4.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000083).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 251 votos telemáticos, 350; a favor, 71 más 124 votos telemáticos, 195; en contra, 28 más 125 votos telemáticos, 153; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Buenas noches.
Eran las diez de la noche.