CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 227

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 219

celebrada el martes,

29 de noviembre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Exclusión del orden del día:


- Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página5)


- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Botran Pahissa), relativa a la crisis energética y a la transición ecosocial. (Número de expediente 173/000178) ... (Página5)


- Enmiendas del Senado ... (Página5)


- Proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 108-1, de 17 de junio de 2022. (Número de expediente 121/000108) ...
(Página5)


Inclusión en el orden del día:


- Solicitud de prórroga de Subcomisiones ... (Página5)


- Solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 260, de 21 de abril de 2021. (Número de expediente 154/000008) ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y publicación de las resoluciones de admisión e inadmisión de los
recursos de amparo (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 124-1, de 6 de noviembre de 2020. (Número de expediente 122/000095... (Página5)

Página 2

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 272-1, de 30 de agosto de 2022. (Número de expediente 122/000248) ... (Página17)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible'. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 512, de 7
de octubre de 2022. (Número de expediente 162/001099) ... (Página31)


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 535, de 25 de noviembre de 2022.
(Número de expediente 162/001118) ... (Página36)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el creciente deterioro de los servicios ferroviarios. (Número de expediente 173/000179) ... (Página44)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)


Corrección de error ... (Página56)


SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


Exclusión del orden del día ... (Página5)


Inclusión en el orden del día ... (Página5)


De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara de la exclusión del orden del día de la moción consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Mixto (señor Botran Pahissa),
relativa a la crisis energética y a la transición ecosocial, así como las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.


Asimismo, somete al Pleno la inclusión en el orden del día de la solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


Todo ello se aprueba por asentimiento.

Página 3

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y publicación de las resoluciones de admisión e inadmisión de los
recursos de amparo (Orgánica) ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i
Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; Bermúdez de Castro Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Cuatrecasas Asua, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios ... href='#(Página17)'>(Página17)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Garcés Sanagustín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario
Republicano; Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Baldoví Roda, Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano, y Garrido Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.


Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX, y Guerra López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página31)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible' ... (Página31)


Defiende la proposición no de ley el señor López Cano, del Grupo Parlamentario Socialista.

Página 4

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y García Nieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Rueda Perelló, del
Grupo Parlamentario VOX, y Pérez Recuerda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual ... (Página36)


Defiende la proposición no de ley la señora Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y las señoras Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Fernández
Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Romero Sánchez.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el creciente deterioro de los servicios ferroviarios ... (Página44)


Defiende la moción la señora Cruz-Guzmán García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Martínez Oblanca, del mismo grupo, en turno de fijación de posición; y el señor Ramos Esteban, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda y la señora
Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y el señor Miralles
Martín, del Grupo Parlamentario VOX.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Cruz-Guzmán García.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y
publicación de las resoluciones de admisión e inadmisión de los recursos de amparo (Orgánica), se rechaza por 167 votos a favor, 176 en contra y 1 abstención.

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Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas
en las comunidades de propietarios, se rechaza por 160 votos a favor, 178 en contra y 6 abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:


- MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOTRAN PAHISSA), RELATIVA A LA CRISIS ENERGÉTICA Y A LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL. (Número de expediente 173/000178).


- ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y OTRAS MATERIAS CONEXAS. (Número de expediente 121/000108).


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:


- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:


- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DE NUEVA PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de
expediente 154/000008).


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido, en primer lugar, de excluir el
punto 32, correspondiente a las enmiendas del Senado relativas al proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otra materias conexas, y, en segundo lugar, incluir como último punto de la sesión del
jueves la solicitud de la Comisión Constitucional de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


Asimismo, también de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete igualmente al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
excluir el punto 7, correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Botran Pahissa, relativa a la crisis energética y a la transición ecosocial.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias. En consecuencia, quedan aprobadas las modificaciones del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DE MOTIVACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ADMISIÓN E INADMISIÓN DE LOS
RECURSOS DE AMPARO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000095).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto por la que se modifica la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en lo relativo a la
obligación de motivación y publicación de las resoluciones de admisión e inadmisión de los recursos de amparo. Tiene carácter orgánico.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.


Resulta un gran honor promover ante esta Cámara una proposición de ley que tiene por objeto la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y publicación
de las providencias de admisión e inadmisión de los recursos de amparo. Como todos ustedes conocen, el amparo es un medio de impugnación extraordinario frente a vulneraciones de los derechos y libertades previstos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de
nuestra carta magna cuando vengan originadas por disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos y de sus agentes, extendido igualmente a las infracciones constitucionales de los órganos judiciales. Tal posibilidad ha
supuesto que en no pocas ocasiones el recurso de amparo haya sido y continúe siendo empleado como última instancia para el justiciable, una vez agotados los recursos ante órganos judiciales ordinarios.


Señorías, la carga de trabajo que ha debido asumir el Tribunal Constitucional derivada del conocimiento de los recursos de amparo ha ido progresivamente en aumento, lo que ha supuesto dos reformas legislativas en las que se ha perseguido
limitar el acceso al conocimiento sobre el fondo del recurso. Al respecto la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio, introdujo como motivo de inadmisión que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de
la misma por parte del Tribunal Constitucional, posibilitando la inadmisión mediante una simple providencia, en lugar del acuerdo, como era hasta tal reforma. Pues bien, esta manera de resolver a través de providencia, conforme a nuestra
legislación procesal general plasmada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, releva la resolución de la necesidad de su motivación, a diferencia de lo que ocurre con los autos. Asimismo, cabe señalar que el Tribunal Constitucional no es en rigor
ningún órgano judicial, pero bien haríamos en llevar las garantías procesales comunes al quehacer del supremo intérprete constitucional, como se plantea en esta iniciativa para la que solicito al Pleno su toma en consideración.


Señorías, la tendencia de limitación en el acceso al recurso de amparo de los ciudadanos se confirmó pasados los años, con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de un calado mucho más ambicioso en cuanto a las
modificaciones antes aprobadas. De hecho, ya en su exposición de motivos se desvelaba la problemática que se intentaba atajar. Por otra parte, es indudable que la aplicación del criterio restrictivo de admisión de los recursos de amparo desde esta
última modificación legal ha contribuido a la finalidad declarada en el preámbulo de la norma. Desde entonces, las estadísticas oficiales revelan que, si bien no se ha dado una sustancial rebaja de demanda a este amparo constitucional, los asuntos
que penden ante el alto tribunal han disminuido considerablemente. Ello ha sido así, a buen seguro, debido a las facilidades que encuentran los jueces constitucionales para inadmitir asuntos sin necesidad de explicitar los fundamentos en que basan
su decisión.


No obstante, pese a las bondades que este nuevo sistema de admisión ha podido traer para el quehacer cotidiano del Tribunal Constitucional, comporta también palmarias desventajas derivadas del alto índice de inadmisiones, que en los últimos
años se refleja en cifras superiores al 97 % de los recursos de amparo ingresados en el tribunal, con un dato preocupante porque tales inadmisiones no permiten en multitud de casos que el recurrente en amparo conozca de manera razonada los motivos
procesales o sustantivos por los que su recurso ha sido inadmitido. Confío en que coincidan conmigo en que no parece de recibo que cuestiones extrajurídicas y de índole práctica, como la carga de trabajo del tribunal, cedan ante principios tan
elementales como la necesidad de motivación de sus resoluciones judiciales o la propia tutela judicial efectiva, que ampara el primer punto del artículo 24 de la Constitución.


Señoras y señores diputados, es innegable que el elevadísimo porcentaje de inadmisiones que el Tribunal Constitucional confirma en sus últimas memorias anuales resulta un dato cuantitativamente alarmante, hasta el punto de que permite dudar
si el criterio para inadmitir sea verdaderamente la especial relevancia constitucional, concepto además que resulta altamente indeterminado, a no ser que la especial relevancia constitucional sea en realidad el volumen de asuntos que el alto
tribunal pueda asumir. Ello no quiere decir, en absoluto, que las admisiones carezcan de fundamento, ni mucho menos, sino que los operadores jurídicos no encuentran en muchas ocasiones entre los criterios explicitados en las providencias de
inadmisión criterios sistemáticos o suficientemente sólidos como para concretar debidamente el concepto jurídico de la especial relevancia constitucional, alejándolo de esta manera de la arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 del lex legum.


Ante esta coyuntura, que conocen y padecen a diario miles de ciudadanos que pretenden encontrar amparo constitucional, y sus letrados, incapaces de comprender cómo se puede perpetrar una infracción

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constitucional en la propia sede de la institución creada para defender los derechos fundamentales, lo que se pretende con esta proposición de ley es contribuir a difundir y sistematizar los criterios del Tribunal Constitucional en el
trámite de admisión de los recursos de amparo mediante un sistema factible y útil. Nos referimos, en concreto, a la publicación de las providencias de admisión e inadmisión de los recursos en un sentido similar al que se ha hecho en el ámbito de la
jurisdicción contencioso-administrativa con ocasión de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que ha introducido el concepto del interés
casacional objetivo, si bien en este caso la propia ley procesal contenciosa incorpora una serie de presunciones para ayudar a discernir el contenido de tal concepto. Así, en el apartado 7 del artículo 90 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, se ha establecido que los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-Administrativo
hará público en la mencionada página web y en el Boletín Oficial del Estado el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución.
Ese debería ser el camino a seguir también por los filtros de admisión del recurso de amparo constitucional, tal y como planteamos en la proposición que nos ocupa, cuyo detalle normativo tienen sus señorías a disposición. Asimismo, sería oportuno
que a este trámite de admisión o inadmisión se exigiera, como es natural, la correspondiente motivación, aunque sucinta, que permita conocer no solo el requisito legal incumplido, sino las razones y/o argumentos para entender por qué tal requisito
no ha sido cumplido en el caso concreto plasmado en el recurso de amparo presentado.


Señorías, reconociendo que estas medidas no podrán paliar el alto índice de inadmisiones de recursos de amparo, sí puede permitir, al menos, a los ciudadanos y a los operadores jurídicos que los asesoran en su acceso a la jurisdicción
constitucional conocer de manera más concreta y detallada los elementos que les permitan discernir la existencia de esa especial relevancia constitucional que la Ley Orgánica 2/1979 demanda. Ello no solo contribuirá a una mejor fundamentación de
los recursos de amparo a este respecto, evitando que existan vulneraciones de derechos verdaderamente relevantes que se vean desamparados, sino que también contribuirá a otorgar un mejor asesoramiento en la defensa jurídica de los asuntos que
permitan en su caso recomendar la no interposición de recurso cuando no se den las circunstancias para poder emprenderlo con éxito, a tenor de la casuística publicada en la propia web del tribunal. En resumen, de lo que aquí se trata es de
establecer criterios objetivos y explícitos que permitan descartar de plano que en este trámite de admisión puedan concurrir odiosos elementos extrajurídicos aleatorios o arbitrarios. Esto, sin duda, contribuirá además a prestigiar a nuestra
justicia constitucional y a borrar la percepción que se va imponiendo en la práctica jurídica, configurando la consecución de la admisión de un recurso de amparo como una verdadera quimera. Los ciudadanos que recaban auxilio jurisdiccional en
amparo merecen, sin duda, que no se les perpetre otra vulneración constitucional aparte de aquella que denuncian, y eso sucede cuando una providencia del Tribunal Constitucional no explicita la razón por la que un recurso de amparo no puede
resolverse sobre el fondo al no superar el trámite de admisión por motivos que deberían ser expuestos motivadamente por quien así lo ha decidido. En definitiva, no hay mejor forma de hacer esto último que dar publicidad a las decisiones recaídas en
esa fase, para que pueda verse con luz y taquígrafos, sin trampa ni cartón, por qué un recurso de amparo no puede merecer respuesta sobre el fondo, que es lo que ansía el ciudadano y persigue el profesional del derecho que le asiste.


Concluyo, señora presidenta, reseñando que tanto en el registro de esta iniciativa legislativa, que data de hace exactamente dos años, como en el conocimiento de los autos y detalles que me han permitido defenderla ante la Cámara ha tenido
mucho que ver el rigor encomiable y la tenacidad irreductible del profesor Javier Junceda, un prestigioso jurista asturiano del que quiero hacer especial mención, con mi reconocimiento por su trabajo y el de su equipo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Nos presentaba el portavoz de Foro de una manera extensa desde la tribuna los motivos de su iniciativa, que desde este momento quiero señalar que compartimos plenamente. No obstante y de manera breve, haré unas pequeñas reflexiones sobre el
asunto.

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Como ya conocen, el recurso de amparo por violación de derechos y libertades públicas tutela los derechos y libertades de la ciudadanía reconocidos entre los artículos 14 a 29, sección 1, capítulo 2 de la Constitución, y viene a proteger
frente a violaciones de los derechos y libertades originados por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vías de hecho tanto de los poderes públicos o de sus funcionarios y agentes como de los actos y omisiones del Poder Judicial, estando
legitimados, según los casos, para intervenir en el recurso de amparo la ciudadanía, el Ministerio Fiscal y/o el Defensor del Pueblo, siempre que se cumplan una serie de requisitos, y en especial destaco, porque está particularmente vinculado con la
iniciativa, aquel que señala que el asunto lo justifique por su especial trascendencia constitucional, es decir, para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su general eficacia y para el contenido y alcance de los derechos
fundamentales, requisitos que el tribunal comprueba a través de lo que se llama trámite de admisión y mediante una resolución del tribunal bajo la forma de providencia, que precisamente es el objeto de la reforma de esta iniciativa.


La exposición de motivos ya señala que la actual configuración del recurso de amparo no permite en multitud de casos que el recurrente conozca de manera razonada los motivos procesales y sustantivos por los que el recurso se ha visto
inadmitido ya que precisamente la resolución de inadmisión reviste forma de providencia, que, según el artículo 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solo requiere especificación del requisito incumplido, como antes indicaba, pero no
la motivación que se requiere para los autos, reforma que nos proponen y que es congruente, a tenor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene carácter supletorio respecto a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según señala su artículo 80.
Precisamente, decía que esta reforma es congruente con lo que señala la Ley de Enjuiciamiento Civil porque reclama que para la admisión o inadmisión de las demandas exige la forma de auto, y el auto tiene una característica que no tiene la
providencia, y es que tiene que estar suficientemente motivado respecto a sus fundamentos de derecho que sustenten el fallo. En definitiva, pretende la iniciativa que compartimos que se puedan conocer las razones jurídicas de la decisión sobre el
caso concreto que se examina, es decir, razonar por qué no se cumple el requisito procesal para admitir o inadmitir una demanda de amparo.


Con esta iniciativa -voy finalizando- se reenfoca la cuestión, volviendo a poner en el centro de gravedad el principio de tutela judicial efectiva, como nos señalaba el proponente de la iniciativa, y no tanto en facilitar las inadmisiones a
través de su forma como providencia, o, lo que es lo mismo, sin requerir motivación suficiente. Por otro lado, también se propone, y participamos de ello, la publicación de las resoluciones de inadmisión o admisión, en sentido similar a como se
hace en la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con los recursos de casación para que, en definitiva, las defensas letradas sepan a qué atenerse respecto a la prosperabilidad de sus demandas de amparo, lo que consideramos que es bueno
tanto desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva como desde el relativo a no colapsar el Tribunal Constitucional sin fundamento.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.


Ayer, mientras preparaba este discurso, pensaba en la buena iniciativa del señor Martínez Oblanca respecto a la cuestión relativa a ampliar el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, y, en relación con las consecuencias de esta
proposición de ley, pensaba que es una forma de acercar el Tribunal Constitucional a los ciudadanos, una manera de que los ciudadanos quieran más al Tribunal Constitucional y que, de esa forma, cuando se les inadmite un recurso de amparo, tengan los
motivos, las razones jurídicas -seguro que de peso- por las que el Tribunal Constitucional los rechaza. Mal día ha elegido el señor Martínez Oblanca para traer aquí la defensa de su proposición de ley, si es que esa era -y estoy seguro de ello- la
finalidad de esta proposición de ley; el día en el que el Gobierno anuncia que Juan Carlos Campo y Laura Díaz van a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Del ministerio a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional, y de la Moncloa
al Consejo de Garantías del Parlament de Catalunya y al Tribunal Constitucional: las puertas giratorias perfectas entre la política y la judicatura y las distintas plazas que uno quiera, siempre y cuando tenga un carné o sea afín a un determinado
sentir político.


Ha habido dos reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el objeto de que el Tribunal Constitucional no tenga que motivar las admisiones de los amparos. Esto ha sido algo muy propio del bipartidismo, tanto del Partido
Popular como del Partido Socialista, durante estos cuarenta años, cuando los profesionales de la justicia les pedíamos invertir más dinero y ampliar la oferta de empleo público. Ellos

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sacaban leyes que llamaban de eficiencia y de agilización, y los abogados en ejercicio nos echamos a temblar, porque una ley de agilización es aquella que recorta los plazos de los abogados, pone tasas judiciales para usar el servicio
público de la justicia, evita el trámite de conclusiones en el juicio verbal y restringe el acceso a los recursos. O sea, el PP y el PSOE siempre han intentado arreglar la justicia impidiendo el acceso a la justicia, restringiendo el derecho a la
tutela judicial efectiva, en lugar de dar más recursos, en vez de poner más personas y más medios. En la ley de presupuestos generales del Estado nos han vetado una ampliación de la oferta de empleo público para que, en lugar de 200 jueces y
fiscales, haya 300, y nos han vetado las enmiendas que hemos planteado para una equiparación retributiva de los letrados de Administración de justicia y una retribución digna del turno de oficio. Así es como se toman la justicia tanto el Partido
Socialista como el Partido Popular.


En definitiva, estas reformas de los años 1988 y 2007 claman al cielo. En especial, la reforma de 2007 lo que dice es que el ciudadano es el que tiene que demostrar al Tribunal Constitucional que su caso tiene especial relevancia
constitucional. O sea, esto es como si el Tribunal Constitucional dijera, por ejemplo, en palabras de Yolanda Díaz: 'Mire, yo solo trabajo los recursos de amparo cuando son chulísimos; si no, no me venga usted a dar el rollo, porque yo no
trabajo'. O es como si dijera: '¡Cuénteme usted por qué tengo yo que trabajar!'. Es como si el Tribunal Constitucional, cuando todos pagamos el sueldo de los magistrados -es verdad que tienen pocos medios, pero no será por culpa de los
ciudadanos, sino del gobierno de España durante los últimos cuarenta años-, dijera al ciudadano: '¿Y por qué tengo yo que leerme su papel?' -'Hombre, porque pago mis impuestos, porque soy un ciudadano, porque considero que me han violentado un
derecho fundamental, una libertad pública, porque para eso es usted el Tribunal Constitucional'-.


Lo peor de todo es que, además, el Tribunal Constitucional es el policía, es el que controla la motivación del resto de los órganos jurisdiccionales. Para que lo entienda todo el mundo, vendría al caso el famoso refrán de consejos vendo,
que para mí no tengo. O sea, yo digo al órgano judicial que no ha motivado suficientemente y que motive al pobre ciudadano, que le diga por qué no le ha dado la razón, pero yo hago un poco lo que me da la gana, no vaya a ser que me tenga que poner
a trabajar, con los medios que tengo. Rubio Llorente, que es también un poco como el que parte y reparte y siempre se lleva la mejor parte, decía que el artículo 122.3 de la Constitución determina que la motivación solamente se refiere a las
sentencias. Pero -fíjense qué curioso- resulta que Rubio Llorente dice que, según el artículo 122.3, la motivación solo se aplica a las sentencias. Y después las sentencias del Tribunal Constitucional dicen que la motivación, el derecho a obtener
una resolución fundada en derecho, favorable o adversa, es una garantía frente a la arbitrariedad o irrazonabilidad de los poderes públicos. ¡Caray!, pues, aplícate el cuento, Tribunal Constitucional. Si resulta que estamos combatiendo la
indefensión, si resulta que estamos combatiendo la arbitrariedad y la irrazonabilidad, motiva tú tus inadmisiones de los recursos de amparo. Son tus propias palabras, señores del Tribunal Constitucional. La falta de motivación sobre una decisión
de un poder público en democracia es autoritarismo puro y duro, es arbitrariedad, simplemente decir que yo digo esto y que soy el que mando, sí porque sí, sin ningún tipo de motivo.


Y luego el Tribunal Constitucional, de forma muy correcta en mi opinión, dice que la motivación puede ser sucinta o por referencia. Claro, pero los ciudadanos tenemos que tener el derecho a conocer por qué nos dan la razón o por qué nos la
quitan. No hace falta que estemos de acuerdo con la resolución de la sentencia. Mi grupo siempre ha defendido las sentencias de todos los órganos jurisdiccionales, aunque nos quiten la razón. Pero necesitamos, tenemos el derecho a conocer cuáles
son estas razones. El artículo 10 de nuestra Constitución dice que los derechos fundamentales y libertades públicas quedan informados por los tratados o convenios internacionales de los que España sea parte. Y tenemos el Convenio de Derechos
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el caso, por ejemplo, De la Fuente Ariza contra España, en el que España es condenada precisamente por la falta de motivación en una inadmisión del recurso de amparo.


Por tanto, por favor, señores del Partido Socialista, no miren de dónde viene esta propuesta; voten sí, sin más. Es algo bueno, no hay ningún motivo para votar en contra. Después, si quieren, como la ley del ELA, la dejan en un cajón, que
a ustedes eso les da igual. Nosotros queremos un Tribunal Constitucional mejor, nosotros queremos que la gente quiera a su Tribunal Constitucional, nosotros queremos que la gente no hable de un Tribunal Constitucional progresista o conservador. Y
sé que en esto, sobre esta meta, quizá puedan decirme que soy un iluso, que en los tiempos que corren estoy viendo ensoñaciones; puede ser verdad, pero no voy a dejar de trabajar para eso, porque el camino se hace andando.


Gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, la verdad es que esta proposición de ley es una iniciativa políticamente muy neutra. Ahora entraré en detalle, pero creo que esto es importante señalarlo, porque cuando uno habla del Tribunal Constitucional esto no es sencillo. A
nuestro criterio, tiene un alto contenido, un alto calado en materia de derechos fundamentales. Lo cierto es que, cuando se plantea que el Tribunal Constitucional tenga que motivar la inadmisión de los recursos de amparo que llegan y apelar a que
esta motivación sea con una argumentación jurídica, con un respeto a los derechos fundamentales, que precisamente son los derechos que deberían proteger, creo sinceramente que es una necesidad o una realidad a la que hay que aproximarse con buenos
ojos.


Del recurso de amparo y el Tribunal Constitucional ya se ha hablado aquí y prácticamente todo el mundo lo conoce, del recurso de amparo como la última herramienta para proteger los derechos fundamentales en esa función del Tribunal
Constitucional de interpretar la Constitución, y aquí uno podría entrar en lo referente a la realidad y la teoría. La realidad seguramente que nos permitiría esos debates agrios sobre el Tribunal Constitucional y los últimos papeles que ha tenido
en nuestros tiempos, cuestiones como pronunciamientos altamente polémicos, cuestiones relativas a la renovación del Tribunal Constitucional o cuestiones relativas a la politización del Tribunal Constitucional. Pero si uno lo mira desde la
perspectiva del legislador, la perspectiva del trabajo que nos toca hacer, se trata de poner la teoría, de poner las bases para que las cosas funcionen mejor. Y una proposición que plantea que el Tribunal Constitucional tenga la obligación de
motivar sus resoluciones sin duda alguna contribuye a los derechos fundamentales, contribuye a la transparencia y a un planteamiento relativo a saber con qué motivos, con qué fundamentos funciona el Tribunal Constitucional.


Sin duda, son alarmantes algunas cuestiones que se apuntan en la motivación de la proposición, como las relativas a una realidad que todos conocemos: la carga de trabajo como justificación para la no admisión de los recursos, más de un 90 %
de inadmisiones en estos casos, o esos conceptos jurídicos tan indeterminados como la especial relevancia constitucional o a veces la manifiesta inexistencia de violación de derechos fundamentales. Para que ustedes lo vean, porque muchas veces
suben a la tribuna oradores con fotografías o portadas de periódicos, no he podido resistir la tentación de exhibirles una inadmisión del Tribunal Constitucional: una hoja de prácticamente cuatro o cinco líneas con una cuarta parte de texto solo.
(Muestra un documento). En esta hoja es en la que el Tribunal Constitucional se permite rechazar un recurso que lleva años de tramitación judicial, muchos recursos y el esfuerzo de abogados y profesionales en defensa de los derechos de sus
representados. Sin duda alguna, más allá de este ejemplo puntual, esto es algo que se repite en más del 90 % de los casos, como se decía anteriormente. Por tanto, además de analizar las estadísticas, también es bueno analizar qué
contrapronunciamientos tenemos en relación con esto. Sepan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acumula ya 134 condenas para España desde que se adhirió al ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 63 por casos de falta de
garantías en el proceso, 16 por derecho a procedimientos sin dilaciones, 18 por derecho al respeto a la vida privada, 14 relativas al derecho a una investigación efectiva, 10 relativas a la protección de la libertad de expresión... De hecho, en el
año 2021, de las diez que hay, la mayoría son por la inexistencia de un juicio justo y por la vulneración de la libertad de expresión. Por tanto, es curioso que más del 90 % de los recursos de amparo sean rehusados y, en cambio, en los
pronunciamientos internacionales de calado en el ámbito de los derechos fundamentales España no acabe saliendo al final muy bien parada en esta materia. De hecho, España ocupa el puesto dieciocho de los Estados miembros del Consejo de Europa que
vulneran derechos fundamentales.


Por todo ello, nosotros vemos con buenos ojos la iniciativa, vamos a procurar que tenga el apoyo suficiente para poderla tramitar y, por tanto, votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.


Voy a intentar ser muy breve. Nos encontramos esta tarde con una iniciativa del señor Martínez Oblanca que nos parece bien intencionada pero poco operativa. En 2007 ya se aprobó una reforma para

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descargar al Tribunal Constitucional de la acumulación de trabajo y para que pudiera despachar con más facilidad los recursos que creía que no tenían que ser admitidos. Vaya por delante que para nuestro grupo parlamentario la motivación de
las resoluciones es una garantía de protección del derecho a la tutela judicial efectiva para evitar así también la indefensión, pero actualmente el Tribunal Constitucional tiene dos formas de operar cuando decide no admitir a trámite un recurso de
amparo. La primera es mediante providencia, en el 98 % de los casos, donde se dice sencillamente y de forma muy genérica que el recurso no cumple con los requisitos para la admisión a trámite. La segunda forma con la que opera el Tribunal
Constitucional es mediante interlocutoria, en solo un 2 % de los casos, cuando considera que la inadmisión tiene una entidad suficiente como para ofrecer un razonamiento más desarrollado. Como ven, hay una desproporción muy significativa.


En esta iniciativa lo que se plantea es que el Tribunal Constitucional revise caso por caso y en dos líneas exponga que el recurso no cumple con alguno de los supuestos de trascendencia constitucional descritos en la Sentencia 155/2009 del
Tribunal Constitucional. Ojalá se produzca esto, pero seamos realistas. Señor Martínez Oblanca, ¿usted espera que todas las secciones revisen caso por caso con la carga de trabajo que tienen? Ya les digo que ojalá se produzca esto, porque, como
bien ha dicho el compañero Edmundo Bal, tenemos derecho a saber y a conocer. En otras palabras, este tipo de mecanismos de rechazo de todo lo que no interesa al tribunal no es exclusivo del Tribunal Constitucional español, porque no están diseñados
en ninguna parte como una forma de que el tribunal en cuestión haga una minisentencia sobre por qué un caso en concreto no interesa. Si el grupo proponente de la iniciativa quiere que se haga esta minisentencia donde se expongan todos los
razonamientos, creemos que la reforma debería tener mayor profundidad y no solo pedir una reforma cosmética del artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque, si no se entra más a fondo, no va a servir de nada. Por ejemplo,
podíamos llevar el debate a legitimar a los interesados para recurrir las inadmisiones, porque hoy por hoy solo las puede recurrir el Ministerio Fiscal, hecho que no tiene ninguna justificación más allá de quitarle carga de trabajo al Tribunal
Constitucional. Esta experiencia nos demuestra dos cosas. La primera es que la mayoría de las veces el Ministerio Fiscal recurre las providencias de inadmisión por defecto -se estima que ocurre esto en más de un 80 % de los casos-; en cambio, los
interesados no pueden. La segunda es que en las resoluciones que tienen una motivación un poco más profunda, esa motivación es automática o prácticamente automática.


No me alargo más. Como ya he expuesto, creemos que el debate debería ser más profundo y nuestro voto va a ser que no a la iniciativa.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.


El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridas y queridos compañeros, plantea el diputado Martínez Oblanca la necesidad de reformar el amparo constitucional. Se trata de una institución que no existe en la mayoría de los países
del mundo, es bastante excepcional; no se da ni siquiera en aquellos pocos países del mundo en los que existe el Tribunal Constitucional, que solo son veintisiete. Normalmente, el Tribunal Constitucional se dedica a problemas institucionales, a
reclamaciones de las instituciones y no de las personas particulares, que, en general, no tienen más que el recurso a la justicia ordinaria y cuyos recursos suelen agotarse en el Tribunal Supremo. Nuestro caso es diferente.


Cuando se teorizó la democracia se plantearon tres poderes y no se planteó este tribunal, que surgió después por necesidades prácticas. Surgió, como todos ustedes saben, en el Tribunal Supremo americano, cuando se planteó el famoso caso
Marbury versus Madison. El prestigiosísimo juez Marshall vio la necesidad de crear una jurisdicción especial o, al menos, de que hubiera un control de constitucionalidad. Posteriormente, el famoso jurista austriaco Hans Kelsen teorizó la necesidad
de una jurisdicción concentrada y especializada en el control de la constitucionalidad para que hubiera una garantía de que el Parlamento ordinario no pueda desoír lo que decidió el Parlamento constituyente con unas mayorías superiores o reforzadas.
Esta es la situación. En el caso concreto de España, los particulares tienen la posibilidad de acceso a la justicia constitucional, cosa que no pasa en otros países, y también a otra vía excepcional, que es la del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Son dos recursos añadidos, dos recursos que deberían ser excepcionales pero que la práctica jurídica ha convertido en recursos normales, en dos recursos más a utilizar por el particular.

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Se llegó a una situación compleja en el año 2007, cuando se introdujeron una serie de reformas. El señor Martínez Oblanca plantea hoy retrotraer la situación y volver a antes de la reforma de 2007. En primer lugar, hay que agradecerle su
iniciativa, porque, desgraciadamente, las derechas en este país normalmente no traen iniciativas propositivas; sus iniciativas siempre son para desgastar al Gobierno, para desgastar a las instituciones o para desgastar la imagen exterior de España.
Sin embargo, en este caso, un diputado de la derecha ha planteado algo que no es negativo, que no tiene el afán de desgastar o de bloquear. No es irrazonable lo que plantea, lo que pasa es que aquello que podría ser bueno en un mundo perfecto puede
ser contraproducente en el mundo imperfecto en el que vivimos. ¿Y qué sucede? Que en 2007 se vio que el Tribunal Constitucional no podía más, que estaba desbordado, y, de alguna forma, se le eximió de hacer algunas cosas urgentes para que no le
impidieran concentrarse en las cosas importantes, porque cuando uno tiene que hacer muchas cosas urgentes no atiende suficientemente a lo importante. Así pues, se le quitó esta obligación de motivar todas las admisiones e inadmisiones. Esto tenía
una lógica entonces por las necesidades de la propia institución.


¿Cuál es la situación hoy? Pues hoy en día la situación es aún peor. Hoy mismo se habrán desayunado sus señorías con ese artículo de la prensa madrileña que dice que hay toda una serie de decisiones judiciales graves y muy importantes del
Tribunal Constitucional que están paralizadas desde el mes de junio como consecuencia del bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales. Por tanto, algo que podría ser bueno y que podía implicar una profundización en derechos, como la
obligación de que el Tribunal Constitucional motivara suficientemente tanto las decisiones de admisión como de inadmisión de los recursos de amparo constitucionales, en la práctica puede ser contraproducente, porque tenemos un Tribunal
Constitucional totalmente bloqueado. Atribuirle nuevas obligaciones a un tribunal que ya de por sí no puede dar abasto con las suyas en las condiciones en las que se encuentra y sin prever ningún incremento de los recursos disponibles para este
tribunal puede llevar, por el análisis, a la parálisis. Podemos llevar al tribunal a una situación todavía mucho peor de la que tenemos actualmente. Por eso, aunque no estamos en desacuerdo con el objetivo que persigue la proposición -que, como
bien ha señalado la compañera Telechea del Grupo Republicano, tiene una intencionalidad buena que podríamos compartir-, creemos que plantearla de esta forma en un momento del bloqueo del Tribunal Constitucional porque no se ha procedido a su
renovación y, además, sin dotarlo de los medios necesarios podría ser contraproducente y, por eso, no vamos a apoyarla.


En este momento lo que es absolutamente imprescindible es el desbloqueo de los órganos constitucionales. En este sentido, desde mi grupo, con toda modestia, con toda humildad y con todo el cariño, queríamos plantear a los órganos de
gobierno de la Cámara que creemos que la situación a la que estamos llegando en una situación insostenible. Como bien han dicho muchos expertos, renovar en tiempo y forma los órganos constitucionales es una obligación de las Cortes Generales, del
Congreso de los Diputados y del Senado. No es una obligación de los partidos políticos; ni la podemos delegar en los fontaneros de los partidos políticos ni podemos permitir que los fontaneros de un partido político nos impidan ejercer nuestra
obligación de renovar en tiempo y forma los órganos constitucionales y aplicar las leyes. Ante esto, de nuevo, con toda humildad le pido a la Mesa de la Cámara...


La señora PRESIDENTA: Señor Uriarte, le tengo que llamar a la cuestión. Por favor, céntrese en el contenido de la iniciativa legislativa que se está debatiendo.


El señor URIARTE TORREALDAY: La iniciativa legislativa, señora presidenta, se lo digo con todo el cariño...


La señora PRESIDENTA: No entre en debate con la Presidencia. Señor Uriarte, por favor, le pido que continúe con su intervención.


El señor URIARTE TORREALDAY: Continúo con mi intervención y vuelvo a reivindicar que, para desbloquear el Tribunal Constitucional, para que pueda atender correctamente a sus obligaciones y para que en el futuro se pudiera hacer una
ampliación de competencias como la que está planteando el señor Martínez Oblanca, es fundamental que se nos permita renovar en tiempo y forma los órganos constitucionales cumpliendo con la ley. (Aplausos). Creo que es un elemento fundamental. No
podemos atribuir mayores responsabilidades al Tribunal Constitucional, no podemos ahogarlo más y no podemos exigirle más sin dotarlo de recursos y manteniéndolo en una situación de bloqueo. Estas Cámaras deben cumplir su obligación constitucional
de renovar en tiempo y forma los órganos constitucionales y permitir

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al Tribunal Constitucional que actúe debidamente, no solo en el control de constitucionalidad de las leyes, no solo en los conflictos de competencias, sino también en el recurso de amparo constitucional, que es un recurso positivo, igual que
el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque a través de esta jurisdicción constitucional de la libertad se ha introducido una jurisprudencia que es escrupulosamente cuidadosa con los derechos fundamentales y se ha traído a sede
estatal la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo. Por tanto, creemos que es algo muy positivo y estaría bien que se ampliaran sus competencias.


Muchísimas gracias, señora presidenta. Le ruego que transmita al señor Suárez Illana todos nuestros buenos deseos de aquí en adelante. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uriarte. Así lo haré.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señoría.


Esta proposición de ley que presenta el Grupo Mixto, el partido Foro Asturias, de reforma del artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aborda una cuestión importante, como ya se ha destacado aquí. Y es abordada por un
diputado de un partido regionalista -me refiero a él, no a su formación, que en estos momentos pasa unos avatares que no podemos compartir en VOX-, el señor Martínez Oblanca, que la formula y la firma y que siempre, desde una opción regionalista, ha
mostrado en esta Cámara su rechazo a excesos centrífugos, su sensatez, su mesura, su cordura y su patriotismo; y lo propio puedo decir de los diputados de Unión del Pueblo Navarro. (Aplausos). Esto significa que es posible en España el
regionalismo sin caer en opciones independentistas ni en opciones contrarias al orden constitucional con carácter general. Por lo tanto, cabe decir que hay partidos que responden fielmente al artículo 6 de la Constitución, no como los demás
partidos que desafían a cualquier categoría intelectual y a las muy conocidas clasificaciones de Max Weber o de Michels: partidos de notables, partidos de masas, partidos de patronazgo, partidos ideológicos, partidos de clientela, partidos de
interés social o económico y partidos doctrinarios que defienden ideas políticas y morales. Ya sabemos que en España, quizá por nuestra pretensión de originalidad -no lo sé- o por un exceso castizo, podríamos distinguir los partidos pedigüeños,
esos que piden incontinentemente, que piden muchas cosas, entre ellas, dinero y eso les aplaca en su furia centrifuga -léase PNV, Esquerra Republicana de Catalunya y otros partidos separatistas-; los partidos que podríamos llamar delincuentes, no
porque de suyo actúen como tales, sino porque apoyan actos constitutivos de delito... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, creo que no es adecuado en la Cámara hablar de partidos delincuentes cuando está refiriéndose a partidos políticos que se presentan legalmente a las elecciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Bueno, pues partidos que han apoyado y apoyan la comisión de delitos en el pasado reciente y en el pasado no tan reciente (aplausos) y que confiemos que no lo hagan en el presente ni en el futuro, aunque mucho
tememos que pueden volver a las andadas. Luego están los partidos inanes, es decir, los inútiles, los vacuos, los que no hacen nada en situaciones de emergencia. Ya sabemos también cuáles son; no lo diré para no ofender a nadie (risas), pero
ellos se sentirán identificados. (Aplausos). Y luego, según Michels, estarían los partidos doctrinarios o ideológicos, entre los que se contaría desde luego VOX y el señor Martínez Oblanca.


Es importante esta propuesta, porque, efectivamente, viene a remediar, aunque no de modo suficiente, el problema de la inadmisión de los recursos de amparo. El problema de la inadmisión de los recursos de amparo tiene una magnitud tal que,
como dice la exposición de motivos, el 97 % de los recursos de amparo en 2020, año de presentación de ese texto, se inadmitieron a trámite mediante una providencia sin motivar. Esto es lo que pretende subsanar esta proposición de ley, ya que
solicita que la inadmisión sea por una resolución motivada con forma de auto. Pero esto no es suficiente, porque lo que VOX propuso en fecha casi contemporánea a la de esta proposición de ley, mediante una proposición no de ley, fue que se regulase
el recurso de amparo ordinario, que es el recurso de amparo principal establecido por el artículo 53.2 de la Constitución y que desde hace cuarenta y cuatro años -¡se dice pronto!- Partido Popular, Partido Socialista y todas las fuerzas
representadas en esta Cámara han decidido no regular. Entonces, lo único que hay es un recurso de amparo constitucional con este índice de inadmisión que lo hace prácticamente carente de sentido para cualquier justiciable y para los profesionales
del foro. Es un recurso concebido como subsidiario en el mismo artículo 53.2, una omisión que no tiene explicación, pero

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que pone de manifiesto que a este bipartidismo terrible que ha asolado España -con la colaboración de muchos presentes: PNV, los nacionalistas catalanes cuando no eran independentistas netos, etcétera- le agrada poco la tutela de los
derechos fundamentales. Es más, no le importa absolutamente nada o muy poco, como estamos viendo.


Finalmente, como se ha dicho aquí, yo voy a repetir que hoy es un mal día -señor Martínez Oblanca, lo lamento; o uno bueno, ¡qué sé yo!- para que debatamos esta cuestión, porque hoy es un día triste. Si hace un año, en noviembre de 2021,
aquel día en el que PP y PSOE pactaron la renovación del Tribunal Constitucional eligiendo a cuatro magistrados ya dije que era un día triste, muy muy triste, hoy debo decir que se me agotan las palabras para decir cuán triste es este día, porque el
Gobierno ha decidido -como era por lo demás previsible- nombrar a dos magistrados del tribunal de perfil partidista neto: un exministro del Gobierno y una ex directora general del Ministerio de la Presidencia. Partidismo neto en los perfiles de
estos nombrados que demuestra una vez más lo que ya sabemos, es decir, que el Gobierno no cree en absoluto en la Constitución, que el Gobierno está dispuesto a violentarla en cualquier circunstancia y por cualquier medio y que, para que todas sus
infracciones constitucionales sean bendecidas, ha propuesto al Tribunal Constitucional estos dos nombres al efecto de que, llegado el caso, cuando deban enjuiciar recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional no declare las
iniciativas recurridas como inconstitucionales y, por lo tanto, el ordenamiento español se siga nutriendo de normas inconstitucionales. Es una evidencia más de los vicios bipartidistas propios de la partitocracia, en este caso, que destruyen el
régimen político de 1978...


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... y, desde luego, que envilecen a todos aquellos que los protagonizan por acción o por omisión.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, si por algo se caracterizan todos los sistemas democráticos del mundo es porque son a su vez Estado de derecho, y es que una democracia o es también Estado de derecho o no es democracia. Eso significa que en democracia todos
estamos sometidos al imperio de las leyes y que, por tanto, los poderes públicos deben ser los primeros en respetar la ley y los derechos y libertades de los ciudadanos que establece nuestra Constitución. Señorías, fuera de la ley no hay ni
justicia ni reglas, y sin justicia ni reglas no hay ni libertad ni paz ni convivencia. Por eso, intentar imponer los objetivos y las ideas políticas por encima de la ley es un comportamiento tan ilegítimo como antidemocrático, y eso va también por
aquellos que se parapetan detrás de esa imaginaria voluntad del pueblo para amenazar con que lo volverán a hacer. (Aplausos). Las leyes se aprueban en estas Cortes y luego las aplican los tribunales. Por eso, tampoco nos parece de recibo que se
intente culpar a los jueces de los errores cometidos en la elaboración de las normas, como ha ocurrido con la denominada ley del solo sí es sí, que ha supuesto un retroceso en la protección de las mujeres. Si existía alguna duda, la acaba de
despejar esta mañana el Tribunal Supremo con la sentencia que acabamos de conocer. ¡Y luego presumen ustedes de ser un Gobierno feminista! (Aplausos). En fin, señorías, facta, non verba; hechos, no solo palabras.


Además del imperio de la ley, señorías, en un Estado de derecho hay otro principio básico, un principio protector que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución, que es que todas las personas tenemos el derecho a la tutela judicial
efectiva; es decir, el derecho a defender nuestros intereses legítimos y nuestros derechos y libertades fundamentales, primero, ante la jurisdicción ordinaria y, una vez agotada dicha vía, de manera excepcional en amparo ante el Tribunal
Constitucional. El recurso de amparo, tras las reformas operadas en 1988 y en 2007, exige al recurrente cumplir con dos requisitos. En primer lugar, exponer con claridad los hechos en que se fundamentan, los preceptos constitucionales infringidos
y los derechos y libertades que se busca que sean restablecidos en amparo; y, en segundo lugar, demostrar la especial trascendencia constitucional que justifica dicho recurso, correspondiendo luego al tribunal apreciar si dicho requisito se cumple
o no en el acto de la admisión a trámite. Y es ahí donde radica el problema, señorías, en que la inmensa mayoría de los recursos de amparo son inadmitidos a trámite precisamente

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por no justificar suficientemente la existencia de esa especial trascendencia constitucional, una consecuencia que el Grupo Popular ya advirtió en su día y por la que votó en contra de la última reforma. Las estadísticas no dejan lugar a
dudas. Ya se ha dicho que un porcentaje altísimo de recursos son inadmitidos precisamente por esa causa.


Pues bien, ¿qué nos plantea Foro en esta iniciativa? Que en caso de inadmisión a trámite del amparo, la resolución tenga al menos una mínima motivación y, por tanto, que no se comunique por providencia, sino mediante auto para que el
recurrente conozca al menos las razones jurídicas que motivan dicha decisión. Es un objetivo que nosotros compartimos y que, sin duda, exigirá un mayor esfuerzo al tribunal y quizá la necesidad de dotarle de más medios, pero que contribuirá también
a disipar cualquier duda de discrecionalidad y, sobre todo, a satisfacer las legítimas aspiraciones de cualquier recurrente de comprender las causas y fundamentos de la inadmisión. Todo ello además redundará en una mayor seguridad jurídica, en la
línea de lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la base del respeto al principio de buena administración de justicia protegido por el convenio.


Por eso, nos parece conveniente no solo que se motive, sino que también se publiquen todas las resoluciones, tanto de admisión como de inadmisión, de los recursos de amparo, de forma similar a lo que realiza el Tribunal Supremo en los
recursos de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa. Por tanto, señorías, se trata de buscar y de encontrar un equilibrio entre la excesiva utilización del amparo ante el Tribunal Constitucional como una suerte de última instancia
ordinaria sin condiciones, como ocurría en el pasado y que podría conducirnos de nuevo al colapso en el funcionamiento del tribunal, y el actual sistema, que ha convertido el trámite de admisión del recurso en un obstáculo casi insalvable para los
ciudadanos con la consiguiente merma de las garantías de la protección de los derechos fundamentales. Y para buscar ese equilibrio, esta iniciativa puede ser un buen punto de partida para mejorar el procedimiento de acceso al amparo ante el
Tribunal Constitucional.


Además, es un tribunal que hoy está sufriendo un asalto por parte del Gobierno con el nombramiento en Consejo de Ministros como magistrados de dos ex altos cargos del Gobierno de Sánchez, una ex directora general y un exministro de Justicia
(aplausos); dos perfiles de partido con el claro objetivo de intentar controlar de manera indisimulada la mayoría de dicha institución. Eso es muy grave y también muy triste, porque con ello lo único que van ustedes a conseguir es poner en
entredicho la neutralidad del propio tribunal y debilitar nuestro Estado de derecho. Si algo se está demostrando en estos días es que este Gobierno no cree en la despolitización de la justicia y, además, que es capaz no solo de intentar controlar
la justicia, sino también de utilizarla como moneda de cambio para seguir en el poder. Eso no se lo merecen ni los españoles ni el Tribunal Constitucional ni tampoco la institución del amparo.


El amparo -y con eso termino- generó uno de los debates más importantes entre los constituyentes de 1978; basta revisar los diarios de sesiones de entonces. Finalmente, se acordó por consenso configurar un Tribunal Constitucional no solo
para contrastar que las leyes que se aprueban en las Cortes Generales se ajustan a la carta magna, sino para que fuese además la sede para garantizar de manera directa y a cada español el respeto a sus derechos constitucionales. Y esa decisión,
señorías, ese plus de garantía en el ejercicio de nuestros derechos, es una más de las muchas grandezas que contiene nuestra Constitución, que está a punto de conmemorar cuarenta y cuatro años de vigencia, una Constitución que fue el resultado de la
integración, la reconciliación y la concordia y una Constitución que recoge uno de los sistemas de derechos y libertades más avanzados del mundo y que sigue siendo un gran espacio de soluciones y el mejor punto de encuentro entre españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuatrecasas Asua.


El señor CUATRECASAS ASUA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. La proposición de ley que hoy se trae al Pleno es inapropiada y sorprendente por su relevante flaqueza en fondo y forma. Señorías y señor Martínez Oblanca, desde el respeto, pretender adaptar lo que hoy debatimos a
la realidad del Tribunal Constitucional -el señor Bal ha citado el término ensoñación y yo lo repito- es una pura ensoñación. Parece que esta propuesta pretende omitir el hecho de que, según la memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al
ejercicio 2021, se mantenga vigente un alto número de inadmisiones de recursos de amparo relacionados con la falta de trascendencia constitucional, bien por su insuficiente justificación, el 35,70 %, o bien por la falta de dicha trascendencia, el
25,77 %.

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La reforma en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se dirigió en gran medida a dar justa rectificación al desbordamiento de este órgano, una de cuyas funciones, la principal, es actuar como intérprete supremo de la Constitución
española de 1978. Ese desbordamiento provocaba grandes retrasos en las resoluciones como consecuencia de la enorme cantidad de recursos de amparo interpuestos. En esa dirección, se introdujo como exigencia para la admisión del recurso la especial
trascendencia constitucional, reflejada con magnífico criterio en el artículo cincuenta 1.b) que dice: 'Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia
constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales'. Desde luego, en
consonancia plena con un ejercicio de coherencia sobre la base de la naturaleza de la jurisdicción constitucional al margen del Poder Judicial por implicar un cambio fundamental en la concepción del amparo de un concepto claramente subjetivo,
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, a una de consideración mucho más objetiva, definición e interpretación del contenido del derecho constitucional desde un punto de vista de control constitucional.


Señorías, el Tribunal Constitucional no es ni puede ser, cuando de recursos de amparo se trata, una tercera o cuarta instancia. En suma, el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. No es una simple cuestión de
puntería, sino una cuestión de idoneidad y de adecuación. La relevancia de su función exige sin contemplaciones que pueda concentrarse en la resolución de aquellos supuestos en los que se aprecia relevancia constitucional. Es preciso, por ello,
que en todos los demás casos pueda y deba no admitir a trámite los recursos de amparo que no presenten esa indiciaria relevancia, y hacerlo de modo expedito mediante providencia y en los términos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional vigente. Un ejemplo de ello es un recurso de casación introducido en el año 2015 contra sentencias dictadas en apelación por las audiencias provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que en su momento ya supuso
una novedad. El legislador era muy consciente del previsible impacto que esta variedad de casación podía tener sobre la carga de trabajo en la Sala de lo Penal, y el preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, indicó que la reforma contemplaba
distintas medidas que actuarán como contrapesos para equilibrar el modelo y hacerlo plenamente viable. Entre esas medidas estaba la posibilidad de que el recurso pudiera ser admitido a trámite mediante providencia sucintamente motivada por
unanimidad de los componentes de la sala cuando carezca de interés casacional, lo que, por ende, ha permitido a la Sala de lo Penal resolver de un modo más ágil y efectivo un gran número de recursos de casación.


Se trata, en suma, señorías, de contribuir a aligerar el trabajo, no de cargarlo más de lo que ya está o, tal vez, aproximarlo en alguna medida al certiorari norteamericano, sin dejar de seguir asentando las bases efectivas del sistema
europeo de justicia constitucional porque el amparo resulta, habida cuenta de la experiencia, imprescindible para nuestro Estado social y democrático de derecho.


Es tarea nuestra someterlo a una protección debida sin contemplaciones ni parches imprecisos que no contribuyan a la agilización del trabajo a desarrollar porque, señorías, hablamos de tutela, sí, que además se despliega ya por la labor de
la jurisdicción ordinaria, pero también de lo que es tan importante o más, de la correcta y suprema interpretación de esa parte de nuestra Constitución que son los derechos fundamentales. No irrumpen, en opinión de este Grupo Parlamentario
Socialista, ni las cuestiones de inconstitucionalidad ni el amparo en nuestro edificio constitucional como Estado social y democrático de derecho para crear una ruptura con el modelo europeo de justicia constitucional, sino más bien para
fortalecerlo y engrandecerlo. El arraigo, cada vez más fuerte, de este patrón es abono y vitamina para consolidarnos como lo que somos y pretendemos seguir siendo: un auténtico Estado de derecho firme y fuerte.


La función histórica del Tribunal Constitucional ha sido de indudable relevancia tanto del sector normativo como del cultural ligados a la Constitución, perfilando de un modo solvente la división funcional del poder y contribuyendo en gran
medida a los dos ámbitos que dan forma a nuestro Estado: los derechos fundamentales y la autonomía territorial. En esa dirección, la consolidación y tutela efectiva de los derechos fundamentales se han logrado en alguna medida por la intervención
del Tribunal Constitucional, y no solo en el ejercicio de control de las leyes, sino también por el recurso de amparo, imprescindible en el devenir de nuestro Estado de derecho.


Termino ya, presidenta, recordando unas palabras del apreciado jurista y catedrático extremeño, vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado entre los años 2004 y 2012, Francisco Rubio Llorente: En Europa,
la jurisdicción constitucional es una institución destinada a permanecer y a extenderse. Sus enemigos no propugnan hoy tanto su abolición como su reforma y el

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esfuerzo por limitar el poder de los jueces se sitúa, sobre todo, en el ámbito de la teoría de la interpretación más que en la teoría de la Constitución o de la democracia.


En resumen, señorías, por todo lo expuesto anteriormente, nuestro criterio es desfavorable y votaremos en contra. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuatrecasas.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL Y PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. (Número de expediente
122/000248).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal
y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Garcés Sanagustín.


El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Muchas gracias, señora presidenta


Muchas gracias, Adolfo Suárez, por tu labor, por tu compromiso y por ser una gran persona. Gracias por todo. (Prolongados aplausos.-El señor Suárez Illana hace gestos de agradecimiento llevándose la mano al corazón).


Vivimos tiempos en España en que la política está impregnada de sentimientos, de simpleza y de morbidez, y creo que son momentos de revertir las emociones, de volver a lo medular, de volver a lo esencial y de dejar al margen ese populismo
rancio y grosero que nos intenta desorientar y que nos lleva hacia los focos que no tenemos que plantear. Hoy vamos a plantear un tema que es esencial, un tema capital y un tema crítico, como es el derecho a la propiedad privada y como es la
okupación ilegítima de las viviendas en este país; esos problemas que afectan realmente a los ancianos, a los funcionarios y a cualquier profesional que quiere tener un respeto íntegro y una idoneidad total por su esfuerzo, por su capacidad y por
su mérito. Los valores, los fundamentos, los derechos y las libertades propios de las sociedades dinámicas y de las sociedades liberales están ahora mismo en entredicho: la libertad, la igualdad y el derecho a la propiedad. La libertad, entre
otras cosas, está ahora mismo consumida por ese dirigismo comunista (señala los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) que evidentemente iguala todo por abajo, esa igualdad que se ha convertido
en igualitarismo, ese plan concentrado en que no desaparezca la pobreza, sino que desaparezca la riqueza, y, por último, el derecho a la propiedad, ese valor fundamental de las sociedades liberales desde hace doscientos cincuenta años, que lo que
proponían era sencillamente gozar y disfrutar de lo ganado, de la propiedad privada, cuando la izquierda más radical lo que propone de manera sistemática es disfrutar de la propiedad ajena, el derecho de propiedad privada sustituido por el derecho y
el disfrute de la propiedad ajena.


Realmente con esa confusión y esa simbiosis entre la izquierda programática (señala los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) y la izquierda pragmática del Partido Socialista Obrero
español (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), yo tengo hasta curiosidad antropológica. Voy a empezar por Unidas Podemos, a ver si Unidas Podemos me lo puede explicar, porque a lo mejor de uno en uno no me lo explican. (La señora
vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Ustedes, que han tolerado implícita o explícitamente el derecho de okupación como un derecho natural, ¿me pueden decir a quién hay que okupar? ¿Aquí también hay que colectivizar hombres,
mujeres, ricos, pobres, primeras viviendas y segundas viviendas? ¿Me pueden explicar a quién se ha de okupar? Según la información del Banco de España, el 27 % de los españoles tienen una segunda vivienda y, de ese 27 %, el 23,1 % son personas que
ocupan el puesto más bajo del percentil del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el 37 % son jubilados. ¿Es eso riqueza? ¿Eso no es riqueza? ¿Quiénes son los ricos en este país? ¿A qué rico se le puede privar de la propiedad?
¿Ustedes toleran y consienten el derecho a la okupación ilegítima, sí o no? ¿Lo hacen dentro de un Gobierno con socialistas pragmáticos, con socialistas volátiles y con socialistas de nubosidad variable, que son capaces de votar una y otra cosa en
función de la conveniencia?

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Lo vamos a ver. Ustedes tienen una relación patológica entre lo que es la riqueza, el patrimonio y la ideología, pero voy a invocar a sus clásicos. Recuerdo a Gaspar Llamazares aquel día que dijo: ¿qué problema hay y qué contradicción hay
entre la ideología y mi patrimonio? Claro, a esa frase desde luego no la harían ascos gente como Castro, como Maduro o como Chávez. Recuerdo cuando Chávez decía aquello de: yo odio a los ricos, los ricos son inhumanos, y yo condeno a los ricos.
Y volvía a su casa, que estaba forrada de dinero porque toda la familia tenía dinero. También lo dijo Carmena: ¿qué relación tiene que haber directamente entre el patrimonio de la gente de izquierda y la ideología? ¿Me pueden ustedes explicar,
señores de la izquierda, sobre todo aquellos que han ganado tanto patrimonio, cómo es posible seguir predicando el reparto equitativo de la riqueza mientras ustedes la van acumulando de manera impune? (Aplausos).


Vamos a hablar de las dos uves, de vivienda y de verdad, porque la izquierda está obstinada sistemáticamente en negar la realidad, en hacer de las contradicciones su caldo de cultivo y en promover la cultura de la cancelación. La ministra
Irene Montero proclamó a los cuatro vientos hace unas semanas que el problema de la okupación en España era inexistente, que era una invención de la derecha y que, además, si a la derecha se le hacía caso, se le hacía ganar a la derecha. Raudo
salió en su defensa el señor Mayoral, que hoy no está aquí, para decir que tenía razón la señora Montero, que la okupación en España es un problema inventado. El problema de mentir es que no solamente hay que mentir a los demás, sino que hay que
aprender a mentirse a uno mismo, y ustedes ahí padecen el delirio de la mitomanía, porque para mentir hay un problema adicional: no es que tengan que mentir una sola vez, sino que tienen que mentir compulsivamente y, al mentir compulsivamente, se
creen su propia mentira.


Datos acumulados del Ministerio del Interior: hoy en España hay cerca de cien mil viviendas okupadas ilegítimamente. ¡Cien mil viviendas! El problema inventado de la ministra Montero, cien mil viviendas, de personas mayores, de ancianos,
de jóvenes, de funcionarios y de todo el mundo. ¡Cien mil viviendas okupadas en España! (Aplausos). El problema inventado de la posverdad de Irene Montero. Un 40 % más en los últimos cinco años. En los últimos dieciocho meses se han producido
9696 denuncias por okupación ilegal, de las cuales 3646 son denuncias por okupación ilegal de viviendas habitadas, de primeras viviendas. Esto también es una invención. Estos son datos del Ministerio del Interior. Pero a ustedes, que viven en el
metaverso de la realidad, aquellos que niegan absolutamente todo, les digo que cada hora en España se okupa una vivienda. (Aplausos). Repito, cada hora en España se okupa una vivienda. No lo digo yo, sino el Ministerio del Interior. ¿Qué es lo
que proponen ustedes? Desde la izquierda más radical (señala los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común), desde luego acompañada por la izquierda más posibilista (señala los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista), vienen a decir que hay una especie de derecho natural a la okupación y una especie de redistribución primitiva de la riqueza, un concepto del comunismo primitivo. No hace falta que haya intermediación de los poderes
públicos porque una persona libremente puede okupar la vivienda de otra. Eso es el efecto y la doctrina Colau y a eso nos está llevando. Nosotros creemos en las políticas sociales, y claro que las personas más vulnerables tienen derecho a obtener
ayudas y a buscar la provisión de servicios y bienes para que puedan vivir adecuadamente, pero no por la vía de la intervención directa ni por la vía de la okupación ilegítima.


Por eso les vamos a proponer varias medidas en esta proposición de ley. La voy a resumir en un decálogo y me van a decir sí o no a las diez medidas. La primera, todo okupa ilegal no tendrá ninguna protección de domicilio o morada ante la
posible actuación de una autoridad o un agente de la autoridad. ¿Sí o no? Todo okupa ilegal deberá ser objeto de desalojo en el plazo de veinticuatro horas. ¿Sí o no? Todo okupante ilegal que haya cometido un flagrante delito de okupación será
lanzado inmediatamente de la morada. ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). Sí. Seguimos. Toda persona que haya contribuido a la organización de una red delincuencial por la cual se instigue o
se facilite la okupación ilegal de viviendas, será objeto de una sanción penal de las previstas en el artículo 250 del Código Penal. ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). Toda persona que tenga
un título legítimo de propiedad y haya visto cómo okupan ilegítimamente su vivienda tendrá derecho a tutela sumarial de las previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso: Sí). Toda persona que haya okupado ilegítimamente una vivienda no tendrá derecho al padrón municipal y no tendrá derecho a los derechos asociados a su empadronamiento. ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso: Sí). Toda persona que haya sido objeto de empadronamiento hasta ahora y que resulte que no tenga título legítimo para justificar su

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posesión deberá ser dada de baja de oficio o a instancia de parte para no gozar de ninguna prerrogativa y de ningún derecho. ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). Volvemos ahora a los
impuestos. Toda persona que ha sido desprovista de su posesión tendrá derecho a que se le devuelva el IBI y el impuesto sobre el patrimonio por la parte del tiempo que corresponda a la okupación ilegítima de su vivienda. ¿Sí o no? (Varios señores
diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). Seguimos. Toda persona que haya sido privada de su propiedad tendrá derecho a gozar de los beneficios fiscales derivados del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades
durante el tiempo de la privación. ¿Sí o no? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). Sí. Y la última para acabar el decálogo. El presidente de una comunidad de propietarios tendrá derecho a solicitar el
lanzamiento inmediato de cualquier persona que no ostente un título legítimo para okupar esa vivienda, siempre y cuando acredite que se han producido actividades ilícitas, insalubres, molestas o dañinas. El lanzamiento tendría que ser inmediato.
¿Sí o no? (Algunos señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). Sí. (Aplausos).


Son diez medidas de puro sentido común, que representan la esencia del derecho a la propiedad y la base de las sociedades desde hace doscientos cincuenta años. Ahora es el momento de que ustedes decidan; ahora es el momento de que veamos
si el Partido Socialista Obrero Español se va a levantar como Fuenteovejuna, como hizo el otro día en un ejercicio de gregarismo ovino y diga de pronto: yo también voy a defender ¿a quién? A las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a los
jóvenes, a los funcionarios, a los trabajadores, a los empresarios y a quienes se les okupan sus viviendas. ¿Van ustedes a votar de pie? ¿Se van a levantar todos o solo se levantan por el delito de sedición? ¿Ahí no van a hacer un compromiso
grupal? ¿Ahí no van todos juntos? Porque lo único que pido a Unidas Podemos es que nos expliquen su inconsistencia de clase, ya que están dispuestos a justificar que exista la okupación, ya que la toleran, ya que la justifican y ya que incluso
algunos han participado en procesos de okupación ilegal, y que por lo menos nos den una explicación de lo que está ocurriendo.


Acabo. La izquierda tiene un problema con la realidad, con la responsabilidad y con la culpa. Le voy a poner tres ejemplos de inversión de la culpa y de la responsabilidad. Uno, cuando un hombre mata a una mujer, el asesino es el hombre
que mata a esa mujer, ni los hombres ni el Gobierno del Partido Popular, cuando gobernábamos nosotros y ostentábamos también políticas de igualdad. Dos, cuando se sublevan sediciosos en Cataluña, la responsabilidad es del Gobierno de Cataluña que
se levantó, no del Gobierno de Mariano Rajoy. Es la peor inversión moral que ustedes hacen, señores de la izquierda. (Aplausos). Tres, y acabo, cuando se okupa ilegítimamente una vivienda, la culpa de la okupación es del okupa, que es el
responsable, y no de la sociedad capitalista, como ustedes quieren decir.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


En 1996 se concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia al expresidente Adolfo Suárez González. En tu despedida del Congreso, gracias, Adolfo Suárez Illana, por tu talante, tu sentido de Estado y tu cariño y lealtad por España.
Hoy más que nunca: de casta le viene al galgo. (Aplausos).


Señorías, respaldo el catálogo de medidas de puro sentido común que el señor Garcés Sanagustín ha explicado contra la okupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades
de propietarios. Como se ha dicho, se trata de un asunto de creciente preocupación para la sociedad, como ya se ha denunciado en esta misma Cámara en numerosísimas iniciativas parlamentarias a lo largo de la XIV Legislatura, presentadas por
diferentes grupos parlamentarios tanto en Pleno como en Comisión. Algo parecido también se ha hecho en el Senado, porque esta es una cuestión en la que el Gobierno se ha puesto de perfil, probablemente, para evitar otro de sus consabidos líos de
coalición entre los dos partidos que lo integran, singularmente en materia de vivienda. Señorías, pese a la insistencia de la oposición, la sistemática negativa de la mayoría del Congreso no ha permitido avanzar en medidas como las que se plasman
en esta imprescindible proposición de ley que va en defensa de la propiedad privada y promueve la persecución y el castigo de los okupas. En todo caso, doy por reiterados los argumentos que una y otra vez he señalado en esta tribuna al hablar de
los okupas. Viene al caso recordar que, con ocasión del debate de la toma en consideración de otra proposición de ley del Grupo Popular, también con la okupación de por medio, celebrado a a mediados de febrero de 2021, ya recalqué que la política
de vivienda en España precisa de

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seguridad jurídica para atender los legítimos derechos de los propietarios y de los arrendatarios. Desde entonces hemos ido claramente a peor, mientras el Gobierno se desentiende de un asunto que avanza alarmantemente.


Señoras y señores diputados, urge la adopción de medidas legales para fortalecer la sociedad, porque proliferan los delitos de okupación ilegal de viviendas, y también las mafias, que ponen en jaque a los propietarios de un inmueble y a las
comunidades vecinales, que son víctimas de estos delitos que alteran gravemente la convivencia. Nuestro marco legislativo va muy por detrás de la solución a los resquicios que permiten actuar a sus anchas a los okupas, que además ingenian nuevas
fórmulas, como la inquiokupación. Asimismo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado precisan de claridad en la normativa, y también los jueces necesitan de medidas procesales de mejora de la protección que ayuden a combatir eficazmente
esta lacra. Por lo tanto, votaré favorablemente la toma en consideración de esta buena proposición de ley.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.


Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes. Señorías, el pasado 24 de octubre el Parlamento de Cantabria aprobó una iniciativa del PRC en una proposición no de ley sobre el fenómeno de la okupación ilegal, que resumidamente decía así: En primer lugar, el Parlamento de
Cantabria manifiesta su preocupación ante el fenómeno de la okupación ilegal y la situación de los propietarios, y especialmente de las comunidades de vecinos, afectados por este problema en nuestra región, instando al Gobierno de Cantabria a buscar
soluciones inmediatas al problema. En segundo lugar, el Parlamento de Cantabria insta a las Cortes Generales a: a) modificar el Código Penal endureciendo las penas, especialmente en caso de mafias, y a recuperar el delito de usurpación de bienes
inmuebles para facilitar medidas cautelares; b) incluir medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de los poseedores de viviendas privadas de ellas sin su consentimiento y proceder al desalojo por parte de la
Policía en veinticuatro horas; c) modificar la Ley sobre Propiedad Horizontal para habilitar a las comunidades de propietarios para los procesos de recuperación de viviendas en aras de una mejor convivencia y evitar actividades molestas,
insalubres, nocivas, peligrosas e ilícitas; d) modificar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un okupante ilegal y solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya
prueba de su residencia o domicilio ni atribuya ningún derecho, y e) modificar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para eliminar el delito de allanamiento de la lista de los sometidos a este procedimiento, y mejorar con ello la rapidez y
agilidad de la resolución de los conflictos.


La proposición de ley que hoy debatimos coincide con la petición del Parlamento de Cantabria, si bien, lógicamente, es más concreta, y por eso el Partido Regionalista de Cantabria votará a favor de su toma en consideración, pero somos
conscientes de que esto no soluciona el problema de la vivienda asequible en España ni el de muchos ciudadanos afectados por las crisis varias que estamos sufriendo. Está claro que los poderes públicos son los responsables de tomar medidas y que no
pueden cargar a los ciudadanos con estas situaciones, máxime cuando lo que hoy tratamos es claramente contrario a las leyes y a cualquier tipo de justificación racional. Y no vale hablar de porcentajes o de que el número de okupaciones de viviendas
de particulares es relativamente pequeño, porque uno de los grandes problemas está en que las okupaciones de viviendas de instituciones varias, cuando entran grupos organizados, amargan la vida al resto de los vecinos.


En Cantabria tenemos casos en los que la mitad de la okupación se produce por okupas de la urbanización que no pagan los gastos comunitarios, destrozan los elementos comunes y, lo que es peor, tienen atemorizados al resto de los vecinos, que
acaban vendiendo sus casas porque allí no se puede vivir; o los casos de grupos organizados que okupan una vivienda, se las arreglan para dotarla de luz y agua y, luego, traen a gente que está esperando y les proporcionan, lucrándose de ello, la
vivienda. Bien, estas situaciones no pueden ir a más ni consolidarse como algo natural, por lo que todas las medidas son necesarias y no bastan las instrucciones de la Fiscalía General ni del Ministerio del Interior. Lo dicen los propios fiscales.


Para terminar, quiero resaltar que en el Parlamento de Cantabria todos los grupos votaron a favor, excepto el Partido Socialista, que se abstuvo. Veamos lo que hace hoy.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herría Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.


Debatimos otra vez, y ya no sé ni las que van en esta legislatura, sobre la okupación y la propiedad privada. En esta ocasión es el señor Garcés pero este tema ha sido traído a esta tribuna en diferentes ocasiones, yo diría que por todos
los partidos de la derecha del Estado español: por Ciudadanos, por VOX y por el Partido Popular. Es un tema recurrente, quizás el más recurrente de esta legislatura. Es difícil innovar, sobre todo hacerlo al nivel que lo ha hecho el proponente,
porque ha decidido coger el lema inspirador de la Revolución Francesa 'Liberté, égalité, fraternité' -'Libertad, igualdad, fraternidad'- y transmutarlo en otra cosa, que era libertad, igualdad y derecho a la propiedad privada. Curiosa manera de
ayudar a un principio democrático como el inspirador de la Revolución Francesa, que lo que buscaba era luchar por la democracia y contra las tiranías y los déspotas.


En cualquier caso, él hablaba de datos y yo también voy a intentar poner encima de la mesa los datos, desde una visión antagónica a la que usted ha manifestado, pero datos también reales. Usted señalaba todos los problemas de la okupación.
Parece que fuera un hobby o una afición de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español okupar viviendas, que lo hicieran por puro placer y no por absoluta necesidad. Usted hablaba de las okupaciones. Permítame que ponga encima de la mesa otro
dato aún más duro: 684 385 familias han sido desahuciadas desde que empezó la crisis de 2008, crisis causada por ciertos responsables. Estos datos son del Observatorio DESC. Vamos a seguir con datos. El Consejo General del Poder Judicial dice
que en el Estado español, en el año 2021, se ha producido un desahucio cada quince minutos. Este dato es bastante más severo que el que usted ha lanzado: cada quince minutos un desahucio en el Estado español, 110 por día, 41 359 en 2021, el mismo
año en el que hay más de tres millones de viviendas vacías en el Estado español; viviendas vacías mayoritariamente de bancos y de fondos buitre, mayoritariamente de bancos y de fondos buitre.


Sigamos también con el año 2021, para contrastar. Frente a los 41 539 desahucios ha habido 17 274 denuncias de okupación, y hablando y siendo generoso, integrando en la okupación tanto la usurpación como el allanamiento de morada. Deberían
saber -y seguramente lo saben- que la morada está protegida por ley, por la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el Código Penal, y que no hay mecanismos supletorios a los que ya prevé la ley para proceder al desalojo de aquella persona que allane una
morada, sea su segunda, tercera o cuarta vivienda. De lo que usted está hablando es de la usurpación, y la usurpación son las viviendas que están vacías. De todos esos millones de viviendas que le he dicho, los 3,4 que decía el INE que existían en
2013 -porque dejó de hacer recuento-, el 86 % de ellas pertenecen a bancos y a fondos buitre. Ahí es donde se produce la usurpación. Y ustedes lo que pretenden es que el delito que ya existe para allanamiento de morada -que es el del desahucio
exprés, el desalojo exprés en menos de 48 horas- se pueda trasladar también a los delitos de usurpación; es decir, a aquellas viviendas que pertenecen a bancos y a fondos buitre. ¿Y para qué? Para que los bancos y los fondos buitre obtengan
todavía más rentabilidad a su negocio. Esa es la realidad y no otra, por mucho que nos lo traslade de otro modo.


Fíjese que en estos mismos días -no hace un mes ni hace un año, sino en estos mismos días- hay alguien que les recuerda algo en lo que en el Estado español debieran caer en cuenta. Se lo dice la comisaria europea de Derechos Humanos en su
informe preliminar, cuando analiza el problema de la vivienda en el Estado español. Dice: La vivienda no debe ser percibida como un bien que solo está disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano
fundamental para el pleno disfrute de la mayoría de los derechos fundamentales y humanos. Esa es la realidad del Estado español y ese es el problema, porque la usurpación o la okupación pueden ser un factor problemático pero el problema principal
es la dificultad para acceder a una vivienda por parte de millones de personas en el Estado español. Ahí lo único que se encuentran es la inacción de poderes públicos que se pliegan o defienden los intereses de los más poderosos. Sí, puedo mirar
al Partido Socialista, porque también están planteando hacer algo con la usurpación que, desde luego, nosotros no vamos a apoyar cuando plantean poner al mismo rango la okupación que el allanamiento de morada. Pero ustedes han gobernado en este
país durante mucho tiempo y han hecho poco o nada. Este es el drama y el principal problema. Este es el problema -como usted decía también- capital, crítico, al que habría que hacer frente, el de toda la gente que busca una vivienda y no la
encuentra cuando hay millones de ellas vacías en el Estado español por un puro afán especulativo.

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Para ir más allá en este debate, usted también ha planteado quiénes son los ricos en este país. Se lo voy a decir. Los ricos en este país están invirtiendo en el negocio de las alarmas desde hace mucho tiempo y, si usted tiene a bien y se
informa, podrá ver lo que hay detrás de las grandes empresas de seguridad. Y hay dos fundamentalmente: una es Verisure, de matriz suiza pero con una filial española que se llama Securitas Direct, y otra es Prosegur. Entre ellas, tienen más de
tres millones de alarmas instaladas en el Estado español, curiosamente, desde que empezó toda esta campaña en los medios de comunicación y en este hemiciclo como caja de resonancia, para hacer de la okupación y de la inseguridad un problema para el
que todo se podía vacunar con una alarma. Sí, tres millones instaladas en el Estado español, seis prevén hacer en los próximos dos años. ¿Saben que el Estado español es uno de los países más seguros del planeta, que está entre los treinta primeros
del planeta y, sin embargo, es el primer país de Europa y el cuarto del mundo en alarmas instaladas, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón, que triplican cuando no multiplican por diez o por veinte en población al Estado español? ¿A qué
se debe este interés? Pues, probablemente, a los ricos que están detrás de las empresas de seguridad. Podría hablar de muchos, podría hablar del dueño de Gestamp, podría hablar del dueño de la naviera Ership -que alguno en esta Cámara conocerá muy
bien-, podría hablar también del accionista mayoritario de Telefónica y podría hablar de todos los inversores que tienen el dinero a través de fondos de capital -como Alba y otros- en Verisure y en Securitas Direct, pero quiero hablar y terminar con
una de esas familias ricas. Podría hablar de la octava fortuna del país, que también tienen su dinero en estas realidades, pero quiero terminar con una de esas familias ricas -esto es una saga- que están detrás de este negocio de las alarmas, tan
lucrativo para algunos, basándose en el miedo que generan en la sociedad. Es una familia a la que le salió muy rentable lo que ellos entendían que era un servicio a la patria; es una familia que decidió pagar un avión para traer al personaje más
infausto e infame del siglo XX en el Estado español en el Dragon Rapide. La familia March consideró que traer a Franco en el Dragon Rapide de África a España era un honor para España, pero lo que hizo fue asentar su posición de privilegio, y en
cosas como estas se sigue viendo. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Otegi!)


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Matute.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño porque lo haré brevemente.


Ya se ha señalado por algún portavoz que me ha precedido que sobre este asunto hemos debatido en múltiples ocasiones en la Cámara, la última muy recientemente porque ni siquiera ha pasado un mes. Nuestro grupo parlamentario siempre se ha
manifestado a favor de modificar el ordenamiento jurídico en lo que respecta a las usurpaciones. La última vez fue el día 2 o 3 de este mismo mes; nos volvimos a manifestar con ocasión de una iniciativa que en ese momento presentaba también el
Partido Popular. También dijimos y pusimos de manifiesto que se dan las circunstancias para que en breve podamos abordar esta cuestión dentro de la Comisión de Justicia, ya que vamos a tratar un proyecto de ley orgánica que ya tiene cerrado el
periodo de enmiendas, que es la ley de eficiencia organizativa, y hay algunos grupos parlamentarios que ya han introducido enmiendas en relación con la okupación. Comento esto porque ya señalamos a principios de mes que creíamos que era el momento
más eficiente y eficaz para debatir las reformas legales, que consideramos que proceden, para hacer frente al fenómeno de la okupación y, en concreto, a la usurpación.


Por eso, respecto a la iniciativa de principios de mes, del Grupo Parlamentario Popular, manifestamos que no entrábamos en consideración concreta sobre cada una de sus medidas porque tendríamos tiempo de debatirlas en esta Ponencia que en
breve vamos a abordar. También manifestábamos cuáles eran nuestros ejes, como lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, para abordar la cuestión, que también voy a repetir en este Pleno, aunque yo lo hice hace un mes.


En primer lugar, consideramos que es imprescindible la recuperación posesoria inmediata a través de medidas cautelares en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También considerábamos como un eje prioritario la implicación de los
servicios sociales respecto a las situaciones de grave vulnerabilidad. Asimismo, considerábamos necesario el incremento de medidas a disposición de las comunidades de propietarios o de vecinos respecto a la convivencia afectada cuando se lleven a
cabo actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas o actividades ilícitas.

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También comentamos la necesaria modificación del ordenamiento jurídico, sobre todo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de los procesos penales y, asimismo, la consideración de la penalidad de las organizaciones que se
encuentran detrás de las ocupaciones sin título. También manifestamos que, junto a estos aspectos, seguro que volveremos a reflexionar -como hicimos durante los debates de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil hace unos años, en el que este
grupo parlamentario participó, aunque no otros muchos de esta Cámara, y también el grupo proponente, en esta ocasión, de esta iniciativa- sobre el titular del bien y sobre el bien jurídico. Sobre el titular del bien, la diferenciación, en su caso,
entre personas físicas y jurídicas, en cuanto a los propietarios, y la diferenciación o no entre viviendas y resto de bienes inmuebles, y dentro de las viviendas, las que han podido constituir domicilio y las que no lo son.


Creemos que en breve tendremos la ocasión para debatir estas cuestiones. Cuando digo 'en breve', entiendo que en el mes de diciembre, porque iniciaremos la Ponencia inmediatamente; y, por eso, sin entrar en consideraciones sobre el
contenido concreto de las iniciativas del Grupo Popular, lo mismo que hicimos hace un mes, nos abstendremos.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes otra vez a todos.


Parece un poco el día de la marmota esto de la ocupación. A ver si votan que sí de una vez y podemos quitarnos esto de en medio con una solución razonable y sin poner excusas de que si hay unas enmiendas, de que si vamos a tramitar una
cosa, de que si vamos a tramitar otra... Hombre, aprobémoslo, aprobemos esto ya de una vez y quitémonos este problema de en medio.


Los datos de la okupación ya los ha dado el señor Garcés. Efectivamente, nos encontramos con que hay gente que no lo quiere ver, hay gente que esto lo lleva, como el señor Matute, con una venda en los ojos y dice: Aquí no hay problema,
ustedes son agentes comerciales de Securitas Direct. Esto es lo que nos ha venido a decir. Ya le hemos oído también al señor Rufián alguna vez acusarnos de que nos llevamos comisión de Securitas Direct. Es curioso, verdad, porque en ese discurso
no hemos escuchado absolutamente ninguna referencia a los propietarios. Don Mario, yo también he echado de menos que hiciera alguna referencia a las soluciones habitacionales imprescindibles y necesarias para los colectivos vulnerables, muchos de
los cuales se encuentran, precisamente, en situación de coacción ante las mafias que, después de ocupar un inmueble, encima de no ser suya la casa, les exigen alquiler. Claro, usted, con sus recursos dialécticos, que son verdaderamente
extraordinarios, nos ha sujetado aquí al sí o al no, muy propio esto de PP y PSOE: sí o no. Hombre, es que ya sabe usted que, en derecho, no todo es negro o blanco, también hay gris, y, lógicamente, cuando se trata de familias que pertenecen a
colectivos vulnerables es evidente que hay que dar una solución integral y, por lo tanto, hay que establecer soluciones habitacionales.


De igual manera, hay que proteger, por supuesto, la propiedad privada, que al señor Matute no le importa absolutamente nada. Le importa esta historia que nos ha contado sobre el negocio de las alarmas, que yo hoy me he quedado francamente
alarmado con esta cuestión. Es verdad que se trata de un problema complejo, que repetimos, sobre todo cuando nos subimos a la tribuna, por la cantidad de casos que se dan.


Es preocupante, por ejemplo, que hay personas, ciudadanos, que ya no confían en el servicio público de la justicia, porque, claro, si tardamos dos o tres años en obtener el desalojo y, mientras tanto, tenemos que seguir pagando la hipoteca,
el alquiler, el IBI o los suministros, que no se los puedo cortar al okupa porque puede ser un delito de coacciones, pues recurro a unas empresas de dudosa legalidad, empresas alegales que, vaya usted a saber cómo -seguramente no por las buenas-,
consiguen desocupar la vivienda. Es decir, todo lo contrario a lo que en un mundo civilizado deberíamos pensar que el ciudadano se merece, dentro de la tutela judicial efectiva y del funcionamiento normal de los servicios públicos a los que tenemos
derechos aquellos que pagamos nuestros impuestos.


Como digo, también nos encontramos con el problema de las familias vulnerables. Nos encontramos con el problema de las mafias organizadas que utilizan la okupación para cometer otros delitos. Nos encontramos con otro problema que, también,
señor Garcés, su partido político no pone encima de la mesa, y es el de esos bancos, entidades financieras -y lo cito aquí, no pasa nada, puedo decirlo perfectamente- que dejan desprotegidas sus viviendas, sus inmuebles, que son ocupadas y que no
ejercitan las acciones

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en recuperación de estos inmuebles, creando una situación de inseguridad y de desprotección, no ya en el propietario, al que le da lo mismo lo que pase, sino en la comunidad de propietarios donde juegan nuestros niños, donde tenemos que
salir al descansillo a pedirle sal a la vecina y nos encontramos con un piso que puede ser un narcopiso, que puede ser un sitio donde se trafica, etcétera.


Esto tampoco es sí o no. Les sería muy beneficioso a las comunidades de propietarios otorgarles legitimación para poder ejercitar las acciones de desahucio, y si ganan -que ganarán, será lo normal- que sea el banco o la entidad financiera
el que le tenga que pagar los gastos del litigio a esa comunidad de propietarios que no prentendía otra cosa que reconstituir un clima de paz dentro de su comunidad de propietarios. Por lo tanto, hay muchos casos y me perdonará que, con todo
respeto, le diga que las cosas no son sí o no, sino que a veces hay grises, y que si pudiéramos tramitar esta ley, si el Partido Socialista nos dejara tramitar esta ley, estoy absolutamente convencido de que llegaríamos a acuerdos en estas materias.
(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Silencio, por favor.


El señor BAL FRANCÉS: El propio Defensor del Pueblo pone de manifiesto que no se protege suficientemente la propiedad. Nos metemos en Internet y nos encontramos -¡échense las manos a la cabeza!- el manual del buen okupa. Uno encuentra
instrucciones en Internet para poder okupar razonablemente -¡razonablemente!- un bien inmueble sin que le echen. Si viene la policía y te llama, no abras la puerta. Se queda uno estupefacto.


Por eso, nosotros planteamos nuestra proposición de ley en garantía de la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas. En este sentido, debo decir también, en lo que respecta al PDeCAT, que ahora está
trabajando precisamente en esta materia y lo veo muy razonable y muy loable, que es una proposición de ley mucho más ambiciosa, con muchas más medidas. Efectivamente, hay que aumentar las penas en los delitos de usurpación ilegal de inmuebles del
artículo 245, sobre todo cuando son mafias organizadas. Hay que -como bien ha dicho usted- incluir los supuestos de mayor flagrancia dentro del enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Pero también hay que dar competencias a los
ayuntamientos para que no se consoliden situaciones catastrales que, lamento decirle, posibilitó el Gobierno de Rajoy, del que usted era parte cuando se reformó esta posibilidad de que uno pusiera su domicilio, incluso, en un banco público en un
parque.


También queremos consolidar y hacer permanente el fondo social municipal de la vivienda, para, precisamente, ofrecer soluciones habitacionales. También -y aquí antes se ha dicho que no- son importantes las circulares de la fiscalía. Mire
qué casualidad que ayer las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid llegaron al acuerdo de poder ordenar en vía penal el desalojo inmediato en los casos de okupación y el entendimiento de las comunidades de propietarios como
perjudicados por el delito de la okupación -no solamente el propietario, también la comunidad de propietarios-, dándonos, por lo tanto, la razón.


Señores del Partido Socialista, bienvenidos a ver el problema. La verdad es que, tanto que piden siempre sentido de Estado -se lo piden siempre al Partido Popular-, ustedes que entienden el sentido de Estado como votar a favor de lo que
ustedes proponen -solamente es eso para ustedes el sentido de Estado-, yo me permito pedirles hoy a ustedes sentido de Estado y que voten a favor de la proposición de ley del Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Bal.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Volvamos por un momento a 2015. Gobierno del Partido Popular, mayoría absoluta, Rajoy remando de espaldas. Con 10 376 okupaciones de vivienda, ¿qué hizo el PP con mayoría absoluta? Balancearse, como el elefante. Nada. Ahora todas las
semanas tenemos el problema de la okupación. Lo decía acertadamente el señor Garcés: ¿cuál es el problema real? ¿El problema real son las okupaciones o el problema real es la dificultad que tiene la gente para hacer efectivo un derecho
constitucional, que es el derecho a la vivienda? ¿Qué hace el Partido Popular, mirar el dedo o la luna? El dedo, siempre el dedo. Lo que le pase a la gente que no tiene vivienda... En fin, se la suda. (Rumores.-Varios señores diputados:
¡Hala!). Perdón, no debería haber dicho esto, me disculpo delante de toda la Cámara. ¿Qué es lo que debería haber hecho el Partido Popular? Legislar sobre esto, pero no lo hizo.

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Acabo. El Partido Popular siempre trabaja para los mismos: fondos buitre, bancos y Securitas Direct. Lo de siempre.


Moltes gràcies.


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, la proposición que trae el PP hoy para su toma en consideración -se ha apuntado anteriormente por otros grupos-, es un tema en el que el PDeCAT viene trabajando desde hace tiempo. Les recuerdo que en el mes de mayo de este año ya
presentamos nuestra proposición de ley para modificar en tres iniciativas muy claras el desalojo por la vía de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con aquellas 48 horas en las que exhibir un título; la modificación de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para también dar competencias a los ayuntamientos en materia de convivencia y seguridad ciudadana; y la cuestión relativa a legitimar a los presidentes de la comunidad de propietarios para que también
pudieran accionar en aquellas situaciones en las que los vecinos son los principales perjudicados de una realidad en la que el propietario a veces no actúa porque quiere o porque desconoce la situación que se produce en el inmueble o en la comunidad
de vecinos. Con lo cual, saben que nosotros venimos trabajando en estas tres iniciativas, en estas tres ideas desde hace tiempo.


Tenemos también muy enfocado, como se ha dicho aquí anteriormente, que esto se pueda desbloquear en los próximos trabajos que se van a hacer en las leyes de eficiencia organizativa y eficiencia procesal. Algunas de las cuestiones que
aparecen en la proposición de ley dan pasos más allá, en la corrección de una realidad que yo creo que tenemos que certificar todos. Esto existe en Cataluña. Al PDeCAT le preocupa esto especialmente, porque en Cataluña se concentra el 42 % de las
okupaciones de todo el Estado; con lo cual, en esta materia, corregir y cambiar la configuración legal que tiene, mejoraría sustancialmente las condiciones de vida de los catalanes, y por eso estamos también en ello. Con lo cual, nosotros
consideramos que es oportuno abordar este tema, que la toma en consideración es esto, una toma en consideración para poner el debate encima de la mesa y, por tanto, nosotros creemos que este debate es necesario.


Quiero advertirles que creo que conseguiremos desencallar esto con otras herramientas, otros instrumentos, otras vías, que no la proposición del Partido Popular, pero es cierto que nosotros no vamos a negar al problema. Vamos a poner
énfasis en que el problema existe, en que necesita de un cambio en el marco legislativo y que el PDeCAT va a contribuir en todo aquello que pueda a que esto se resuelva.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Boadella.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muy buenas tardes.


Señora presidenta, señorías, una vez más nos encontramos con una iniciativa para hacer frente al problema de la okupación y, una vez más, debemos empezar por recordar que existe un grave problema de acceso a la vivienda, evidentemente, pero
también existe un problema social, las okupaciones ilegales, especialmente, las delincuenciales y también las que perturban la convivencia: mafias que localizan pisos vacíos, revientan la puerta y los alquilan o los utilizan para delinquir,
obteniendo un lucro a costa de la precariedad ajena, aprovechándose de que los procedimientos legales de desalojo son largos y costosos.


Una realidad que preocupa por igual a todos los responsables municipales, sean del color que sean, que afecta a todos los municipios, barrios humildes y barrios residenciales; una realidad que conocen y padecen especialmente los pequeños
propietarios, jubilados -decía antes el señor Garcés- que tienen el resultado de su trabajo invertido en un piso, una segunda residencia que ven okupado y no pueden recuperar porque no poseen los recursos legales y económicos para hacerlo. Una
realidad que, por cierto, afecta especialmente a Cataluña, con miles de okupaciones al año y decenas al día, con el 42 % de las okupaciones del Estado.


Ante esta realidad, el municipalismo responsable tiene que dar respuesta, porque afecta a la convivencia ciudadana, y no desde la ideología, sino desde las necesidades de los ciudadanos. Lo que no vamos a hacer es entrar en una carrera
punitiva, como hace la propuesta que hoy discutimos. Junts per Catalunya tiene una propuesta con sus propios matices, que se centra en la preservación de la propiedad

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y, al mismo tiempo, de la convivencia ciudadana, y así lo defendemos donde estamos presentes, en el Parlament de Catalunya y en los centenares de municipios donde tenemos representación.


En primer lugar, introducir lo que es más necesario: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduzca una medida cautelar para dar celeridad a los desalojos, porque es esto lo que interesa. Una medida cautelar con el
objetivo de desalojar en 48 horas las ocupaciones delincuenciales o que perturben la convivencia, tutelando siempre las situaciones de vulnerabilidad. Por cierto, una propuesta que también hemos presentado como enmienda a la ley de eficiencia
procesal y que, por tanto, puede salir en pocos meses. Es la propuesta que, con gran precisión técnica, defiende el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y el Consejo de la Abogacía.


Queremos también que los municipios puedan actuar cuando el propietario no lo haga, y por esto proponemos reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para ampliar las competencias de las juntas de seguridad locales.
Finalmente, y no por esto menos importante, dos medidas sociales. En primer lugar, debe haber una implicación total de las administraciones en las políticas públicas de vivienda y, por tanto, proponemos expropiación para reforzar el parque público
de vivienda y el alquiler social, expropiación temporal solo en caso de los inmuebles de grandes tenedores que son, por cierto, los que no cumplen con sus obligaciones como propietarios, y destinar estos pisos a vivienda social. Y cesión.
Finalmente, les informo de que hemos presentado una PNL para la cesión de los 12 000 pisos de la Sareb en Cataluña a la Generalitat; 12 000 pisos que el Estado no se ocupa de poner al servicio de los ciudadanos catalanes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Pagès.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades y diputats.


Señorías, ya hemos superado la mitad de esta legislatura y la mayoría de los oradores habituales en esta tribuna, mucho o poco, ya nos situamos. Aun así, para quien esté siguiendo el debate desde fuera, quiero empezar diciendo que,
personalmente, en el ejercicio de mi profesión de letrada he visto muchos casos de mafias de okupaciones y también he visto casos de personas en situaciones de vulnerabilidad luchando judicialmente contra fondos buitre por defender el techo de su
familia. Ambas realidades existen, sí, son reales, pero también muy desiguales en número. El caso es que no he subido aquí a este atril a hablar de ninguna de ellas, sino a valorar la propuesta de este debate. Lo que hoy nos atañe es la discusión
política de la proposición de ley del Partido Popular, una propuesta que pretende dar la imagen de compromiso con pequeños propietarios, pero que, en realidad, se dedica a tres cosas. La primera, a proteger a fondos buitre. La segunda, a señalar y
estigmatizar a las personas más vulnerables de la sociedad. Y la tercera, a desviar el foco del debate: el derecho a la vivienda.


En cuanto a la primera, en primero de Derecho, en la asignatura de Derecho Penal, ya nos enseñaban la diferencia entre el delito de allanamiento y el delito de usurpación. El primero, el delito de allanamiento, protege el hogar donde uno
efectivamente habita. En cambio, el segundo, el delito de usurpación, protege la propiedad de un bloque de pisos, aunque esté vacío; una nave industrial o un complejo de locales comerciales. Ante esa realidad jurídica cabe preguntarse a quién
beneficiaría equiparar la regulación procesal de ambos delitos. O, lo que es lo mismo: ¿a quién pretende beneficiar la iniciativa o la propuesta del Partido Popular? La respuesta es clara: a aquellas personas y, sobre todo, a empresas o fondos
que son propietarios de pisos, de naves industriales vacías, de locales comerciales sin uso, pero, en ningún caso, a los inquilinos ni a los propietarios de una vivienda que usan para su propio disfrute y estancia. Para las personas que nos están
viendo, no es lo mismo una okupación ilegal desplegada por un grupo u organización criminal, que genera problemas y conflictos de convivencia y cuya finalidad es cometer delitos de tráfico de drogas o subarrendar el inmueble aprovechándose de la
vulnerabilidad de las personas -por cierto, nosotras estamos de acuerdo en que hay que combatir y luchar contra esto-, que una okupación de personas vulnerables que carecen de una vivienda o alternativa habitacional. No es lo mismo. Tampoco es lo
mismo, como he dicho antes, el número de casos, puesto que es mayor, en gran medida y por desgracia, el número de personas que no tienen un sitio donde vivir.


En segundo lugar, esta iniciativa tiene una clara pretensión de señalar y estigmatizar a las personas más desfavorecidas. ¿Por qué? Lo cierto es que no nos ha sorprendido que el Partido Popular presente esta iniciativa, pero es altamente
desagradable ver cómo un grupo parlamentario fundamenta una propuesta de modificación de leyes civiles y administrativas agitando el fantasma de la delincuencia

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organizada. Señorías del PP, delincuente es solo aquel que comete un delito, no cualquier persona con un proceso judicial en marcha. Dejen de confundir a la gente con un uso torticero del lenguaje jurídico. Al final, parecerá que para que
a uno no le okupen la casa al salir a comprar hay que redoblar todos los castigos del Código Penal, y eso es absurdo. Por cierto, también es falso el relato que se hace de los desahucios exprés. Eso no existe. No existen los desahucios exprés.
Para cualquier persona entendida en derecho eso es imposible. Ni qué decir de la previsión que se intuye en esta iniciativa de enjuiciamiento de estos delitos mediante el Tribunal del Jurado. Es una barbaridad, porque, además de estigmatizar,
quiere mediatizar este tipo de delitos e influenciar a la opinión pública. Es una barbaridad. Una cosa más en este sentido: sabiendo los problemas que hay en muchos municipios cuyos ayuntamientos, con prácticas absolutamente racistas y
aporofóbicas, ponen trabas al empadronamiento de algunos de sus vecinos, resulta injustificable que planteen dificultar todavía más el acceso al padrón. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


En tercer lugar, lo más escandaloso de esta proposición es su cortina de humo, porque el debate importante está en la garantía de protección del derecho a la vivienda, un derecho que se regula en su Constitución, la que tanto quieren y
defienden. En su Estado -en su Estado-, donde en tan solo un año, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se iniciaron más de 20 000 expedientes de ejecución hipotecaria, su propuesta en esta materia es facilitar que los fondos buitre
puedan echar más rápidamente a la gente a la calle. Y pretenden que nos creamos que ustedes se preocupan por los pequeños tenedores que tienen un apartamento. Señorías del Partido Popular, su discurso del populismo punitivo no convence a nadie y a
nadie engañan. No hay pruebas ni estadísticas que demuestren que a más penas, menos delitos. Ustedes solo traen una propuesta en negativo sin ninguna propuesta en positivo como, por ejemplo, poner todos los pisos de los fondos buitre como la Sareb
a disposición de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda social; congelar los precios de la hipoteca; limitar los precios del alquiler, paralizar los cortes de suministro, o paralizar los desahucios. Quiero hacer una puntualización en esta
iniciativa. El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha elaborado recientemente un protocolo para paralizar los desahucios mediante la mediación con las familias, los ayuntamientos y los juzgados. Esto son propuestas, señorías del
Partido Popular.


Por todo ello, nuestra posición y nuestro voto en esta iniciativa va a ser negativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas.


Hoy volvemos a hablar de vivienda en esta Cámara y no es, una vez más, para debatir sobre la situación de emergencia habitacional que vivimos, para ver cuáles son las causas que originan esta grave situación y cuáles son las mejores medidas
para abordarla. Hoy, desgraciadamente, tampoco vamos a debatir para aprobar, finalmente, el dictamen de la ley de vivienda. Vuelven las derechas a hablar de okupación, pero ¿por qué ese empeño? Hay varias razones que creo que hay que señalar.
Primero, porque les gusta siempre echar mano de los discursos del odio, del miedo, de la alarma social y, cómo no, de la criminalización de la pobreza. Ese es uno de los elementos principales. Segundo, para defender los intereses -no nos
engañemos- de los grandes poderes económicos y de los negocios que se generan alrededor del mercado inmobiliario como es, por ejemplo, el de seguridad. Y, señor Garcés, no le compro el discurso de la defensa del derecho de propiedad. En España no
existe el derecho de propiedad absoluta, vivimos en un Estado social y democrático de derecho, como usted sabe, y, como usted también sabe, el artículo 33.2 de la Constitución recoge la función social de la propiedad de la vivienda, que en este caso
no es otro que el de servir de alojamiento, el de servir de morada. Es más, el artículo 47 prohíbe la especulación sobre la vivienda y los intereses que ustedes están defendiendo aquí de esos grandes propietarios no se caracterizan por defender la
función social de la propiedad de la vivienda, sino por especular con un bien de primera necesidad como la vivienda. Por lo tanto, su discurso no está amparado por la Constitución española, por más que les sirva. (Aplausos).


Tercero. Mientras hablan de okupación, no hablan de los verdaderos problemas del acceso a la vivienda. Si se convierte el debate de la vivienda en el debate de la okupación, entonces ustedes no tienen que explicar que son el partido de la
cultura del pelotazo y de la corrupción urbanística, como ustedes

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saben, y no tienen que explicar que sus políticas fueron las responsables de la gran crisis financiera e inmobiliaria que llevó a este país y a miles de familias a la ruina. Por eso les gusta hablar de okupación.


Es más, ustedes ni siquiera ponen encima de la mesa -si es que les preocupa el fenómeno de la okupación- medidas medianamente eficaces o que resuelvan algo; es decir, ante problemas complejos, ponen soluciones demasiado simples. Señores de
las derechas, ustedes todo lo solucionan metiendo a la gente en la cárcel un porrón de años. La lección política de hacer leyes punitivas cuanto más duras mejor para castigar a quienes cometen delitos se ha demostrado, a lo ancho y largo de este
planeta, que son bastante inútiles, que no reducen la comisión de delitos. Por lo tanto, ¿por qué no intentan buscar cuál es el origen, cuál es la solución real, por qué realmente la gente okupa las viviendas? Se lo voy a contar: la mayoría de
las personas que okupan viviendas, esos que despectivamente ustedes llaman okupas, en la mayoría de ocasiones son personas y familias vulnerables, víctimas del sistema económico y de la exclusión residencial, que buscan refugio de forma desesperada,
en una situación extrema, ante la falta de respuesta de los poderes públicos. Y esto es muy importante: en su gran mayoría, como ustedes saben, los inmuebles que okupan son inmuebles cerrados, abandonados y propiedad de las grandes entidades
financieras e inmobiliarias. Por lo tanto, lo que ustedes ponen encima de la mesa está muy lejos de la realidad.


Si hablamos de datos, podríamos añadir datos muy distintos. Por ejemplo, en Cataluña una investigación de 2008 concluye que el 82 % de los inmuebles okupados pertenecían a grandes tenedores y, además, comprobaron que el perfil de las
personas que okupaban estas viviendas eran familias con muy muy pocos recursos que habían solicitado una vivienda social. Para proteger la propiedad privada, incluso de los grandes tenedores, que es lo que quieren, lo mejor que pueden hacer es
garantizar a todas las personas el derecho a una vivienda digna, porque el problema de nuestro país en materia de vivienda no son las okupaciones, sino la exclusión residencial que está en el origen de esa okupación; es decir, la gran dificultad o
a veces la imposibilidad de miles de personas y familias para acceder a un bien de primera necesidad como la vivienda. Los precios abusivos de alquileres, la inseguridad en la tenencia a causa de un mercado especulativo y salvaje, la falta de un
parque público de alquiler, esos son los problemas, y no lo digo yo ni lo dice mi grupo ni lo dice la mitad de la Cámara, lo dice hoy mismo la comisaria europea de Derechos Humanos en su informe preliminar sobre su reciente visita -como sabrá- a
España en relación con la vivienda. Dice que la vivienda no puede ser percibida como un bien que solo está disponible para algunas personas. Los problemas -dice- son el bajo stock de viviendas sociales debido a años de escasa inversión pública,
los altos costos de alquilar o comprar una casa, los desalojos forzosos y los crecientes niveles de personas sin hogar. Esos problemas -dice- deben abordarse con urgencia. No cita ni siquiera los temas de okupaciones ilegales. Por lo tanto, si
necesitamos acabar, como ustedes quieren, con las okupaciones, aunque sea por defender los intereses de los grandes tenedores, hay una medida que está ya encima de la mesa: aprobemos ya una ley de vivienda que vaya en la línea de lo que dice la
comisaria europea de las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, que es lo que está defendiendo este grupo desde hace mucho tiempo. Es bastante fácil.


Termino con dos mensajes. En este caso, uno para el Grupo Socialista: es fundamental y urgente desmarcarse claramente de la agenda de la ultraderecha, y eso pasa por no poner ni en la agenda pública ni en la agenda legislativa el discurso
que hace la derecha sobre la okupación. Es urgente -vuelvo a repetir- aprobar la ley de vivienda para cumplir con los compromisos internacionales y para permitir el acceso a una vivienda digna. Acabo con otro mensaje para los señores del PP.


La señora PRESIDENTA: Señora Garrido, tiene que terminar.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Si tanto les preocupa el tema de la okupación, preocúpense de los okupas e insumisos que se alojan ilegalmente en las instituciones del Poder Judicial. Ahí tienen tarea por hacer.


Gracias. (Aplausos.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Garrido.


¿Sí, señor Espinosa de los Monteros?


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: En relación con el artículo 72, quiero que quede establecido en esta Cámara de cara al futuro si los términos ultraderecha, extrema derecha y

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fascista están admitidos o no referidos -como entiendo que están referidos-, al grupo de esta Cámara, que los considera tremendamente agresivos, que es el Grupo Parlamentario VOX. Quiero que quede claro de aquí al futuro si estos términos
se toleran o no.


La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros, no vamos a establecer un diálogo sobre cómo ejercer la Presidencia. Los términos derecha y ultraderecha son calificativos ideológicos, igual que izquierda y ultraizquierda. (El señor
Espinosa de los Monteros de Simón: ¿Y fascista?-Aplausos).


Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).


La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, señora presidente.


Toda propuesta encaminada a acabar con la okupación encontrará siempre el apoyo del Grupo Parlamentario VOX, sea en el Congreso o en cualquier otra institución de España.


Pero empecemos por el principio. Señorías del Partido Popular, cuando reformaron el Código Penal en 2015 tipificaron el delito de usurpación ilegal de inmuebles -esto es, la okupación- como delito leve; es decir, pusieron este delito a la
misma altura que sisar una chocolatina en Mercadona. Y, claro, con estos mimbres, con este Código Penal que dejaron ustedes, señorías del Partido Popular, los jueces tienen que dictar sus sentencias. Y no es que los jueces sean machistas o
patriarcales. Por muy contundentes que quieran ser los jueces, por muy injusto que les parezca, como así es, que te priven de un bien tan preciado como tu casa, son las herramientas que están a su alcance. Al okupa le sancionan con una multita y
se va a okupar a otro sitio.


Sea allanamiento de morada o usurpación ilegal, la posesión debe devolverse de manera inmediata a su legítimo propietario. (Aplausos). Los de VOX endurecemos las penas y volveremos a un sistema penal racional cuando gobernemos. La
okupación es uno de los muchos debates que ha traído VOX a esta Cámara. Desde que gobierna la izquierda es verdad que se ha triplicado la okupación ilegal, pero los tres últimos años de Rajoy, de 2015 al 2018, la okupación ya había aumentado un 18
% y era un clamor en la calle.


Esta proposición de ley que registraron ustedes en agosto recoge casi punto por punto la que ya presentamos nosotros en junio. Señorías del Partido Popular, cuando nos copian, aciertan. (Aplausos). Cópiennos más y mejor. Se empeñan, sin
embargo, en dejar fuera la inquiokupación, algo que espero que tengan a bien incluir en el plazo de enmiendas a esta proposición de ley si es que la izquierda comunista, sediciosos, separatistas y herederos de ETA aprueban su toma en consideración.


Señorías del Partido Popular, vienen aquí muy preocupados por la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Nosotros también lo estamos, terriblemente preocupados, pero pregunto: ¿por qué en la Comunidad de
Madrid, a pesar de la insistencia de VOX, no hacen nada por solucionarlo en las viviendas sociales del IVIMA? Atentos: okupas regularizados por el Partido Popular en Madrid, el año pasado, 115 okupas; en 2020 regularizaron 91 okupas; en 2019
regularizaron 183 okupas; en 2018, 253 okupas sobre 461 contratos firmados; más de la mitad, el 55 % de los contratos nuevos, fueron para delincuentes okupas -porque en 2018 VOX todavía no estaba soplándoles la nuca-. ¿Saben lo que esto supone
para la convivencia vecinal? ¿Qué pasa, que porque sean viviendas sociales tienen que soportar esto? Porque hacer vivienda social no es solo promoverla, cortar la cinta, hacerse la foto y entregar las viviendas; luego hay que gestionarlas.


Regularizan a okupas con informes falsos, con opiniones de vecinos que están coaccionados. La solución que están ofreciendo a estas familias, que ya no pueden más, es ver si les cambian de promoción. Así tratan ustedes a los inquilinos,
como si fueran ellos el problema, ¡y no!, el culpable es el okupa.


El viernes pasado, aquí en el Congreso, mi grupo parlamentario organizó un foro para tratar el problema de la okupación ilegal y la inquiokupación. Me gustaría que vieran -y ahí están los vídeos- cómo una de las inquilinas de las viviendas
públicas que ustedes gestionan se quebró dando su testimonio. Nos decía: ¿que qué supone vivir con okupas? Probablemente lo sepan: suciedad, delincuencia, peligro, miedo, amenazas, peleas, drogas. Estas familias están viviendo en unas
condiciones que son de todo menos dignas. Ustedes regularizan a los okupas de las viviendas del IVIMA para limpiar su Excel y los delincuentes okupas pasan a ser adjudicatarios de pleno derecho, mientras hay miles de familias haciendo la cola que
no están accediendo a las viviendas sociales, y no es justo. Porque no, señorías, esa no es la solución. La solución pasa por querer para esas familias lo que ustedes están reclamando hoy aquí en el Congreso de los Diputados. Los okupas deben ser
excluidos de cualquier ayuda social, porque los okupas no son vulnerables; los okupas son delincuentes. (Aplausos).

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Otra cosa son las familias que realmente estén pasando por una situación de fragilidad. A esas familias honradas hay que ayudarlas a pasar el trago y que puedan salir adelante, sin cronificar su pobreza, sin cronificar su dependencia, sin
fomentar el clientelismo político. Esta obligación de ayudar, porque es una obligación, es de los poderes públicos. Demagogos y populistas tratan constantemente de confrontar, de manera manipulada, los artículos 47 y 33 de nuestra Constitución, de
eludir así la responsabilidad que tienen los poderes públicos y trasladar esta carga a la propiedad privada.


En VOX queremos dotar de herramientas legales a las fuerzas y cuerpos de seguridad para el desalojo inmediato; luchar contra las mafias y otros intermediarios de los okupas; imposibilitar el padrón y la constitución de morada de los
okupas; legitimar a las comunidades de propietarios para demandar a los okupas, y pedimos también la creación de un registro de sentencias por impago de rentas para luchar contra la inquiokupación. (Aplausos). Y no solo que el propietario pueda
reclamar la devolución del IBI, que también, sino instar a los ayuntamientos a que reclamen luego estas cantidades a los okupas.


Sabemos que el Gobierno está del lado de los delincuentes y de todos los enemigos de España, que, bueno, son los mismos. Ustedes son la peor pesadilla que tienen los españoles. En VOX les aseguramos que reconstruiremos todo lo que han
destruido.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guerra López.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidenta.


Señor Garcés, trabajan poco y les pilla el toro. Vuelven a traer una proposición de ley que ya debatimos aquí hace tan solo nueve meses, la misma que presentaron en formato de moción hace tan solo tres semanas, y encima nos acabamos de
enterar de que está copiada por parte de las señorías de VOX. (Aplausos). ¿Qué ocurre? ¿No tenían nada preparado? ¿No sabían qué presentar? O quizá es que se acercan las municipales y ustedes tienen que crear alarmismo social. Porque problemas
de okupación y de seguridad en La Moraleja como que no debe haber, ¿verdad? Porque ahí ustedes se pagan la seguridad privada. (Rumores). Ya lo decía uno de los suyos, el delegado del Gobierno de Madrid, el señor Ansuátegui: quien quiera
seguridad, que se la pague. Así es como ven ustedes todo, como un negocio. Y frente a su modelo, el nuestro. Para nosotros, garantizar la seguridad de la ciudadanía es una cuestión de Estado. Para nosotros, garantizar la seguridad de la
ciudadanía es garantizar la democracia, el Estado del bienestar, el civismo y la convivencia de nuestros pueblos y ciudades. Y para nosotros, señor Garcés, garantizar la seguridad de la ciudadanía es asegurar el derecho a vivir sin miedo de todos y
de todas, no únicamente de los que tienen ingresos, porque eso, si no, son privilegios. (Aplausos).


Vamos a acabar precisamente con la okupación ilegal. Lo vamos a hacer. Ya hemos introducido propuestas -lo comentaba la señoría del PNV- en la reforma de la ley de eficiencia organizativa, porque hay en las okupaciones un componente
delictivo que hace negocio con la vulnerabilidad social, y no solo no lo vamos a permitir, sino que también lo vamos a combatir. Lo vamos a combatir invirtiendo en políticas sociales, como hacen los presupuestos generales del Estado: 6 de cada 10
euros a inversión social; lo vamos a combatir asegurando ingresos dignos para toda la ciudadanía, y lo vamos a combatir actuando contra las mafias que okupan viviendas, dotando a los jueces de instrumentos que permitan el desalojo en tan solo 48
horas. Lo vamos a combatir también con 15 000 policías y guardias civiles que este Gobierno ha recuperado con relación a cuando gobernaron ustedes. Los hemos recuperado porque cuando ustedes gobernaban dejaron 13 000 efectivos de los cuerpos de
seguridad del Estado sin cubrir. Mientras tanto, las okupaciones se triplicaban. ¿Y qué hacían ustedes? ¿Estaban preocupados por las okupaciones? ¿Les preocupaba la convivencia? No, no. Ustedes estaban con sus líos, con su Gürtel, con su
Kitchen. Entonces no se hablaba de okupación, entonces no se hablaba de problemas de seguridad.


Les voy a poner un ejemplo: Badalona, año 2021, la segunda ciudad de Cataluña con más okupaciones: contrataciones de Policía, cero. Badalona, año 2022: contrataciones de Policía, veintiuno. Mañana se pone en funcionamiento la unidad
Domus para luchar contra las okupaciones conflictivas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la Badalona de 2021 y la Badalona de 2022? El alcalde. (El señor Mariscal Anaya: ¡Claro!). En 2021 gobernaba García Albiol, del
Partido Popular, había okupaciones y no había cuerpos de seguridad. En 2022 está gobernando Rubén Guijarro, del Partido Socialista (aplausos), y está apostando por hacer de Badalona una ciudad segura. Y es que, señorías del Partido Popular, a
todos se nos conoce por nuestros hechos, y a ustedes, en materia de vivienda y okupación, se les

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recordará siempre por tres hechos. El primero, José María Aznar y la liberación del suelo; el segundo, Ana Botella y la venta de 5000 viviendas sociales -sociales, señorías- a los fondos buitres, y el tercero, desahuciar a las familias
españolas. (Aplausos). Porque cuando ustedes tuvieron la oportunidad de escoger entre la banca y las familias españolas, lo tuvieron claro: a quien protegieron fue a la banca.


Una década después azota nuestro país una nueva crisis y este Gobierno aprueba los ERTE, el ingreso mínimo vital, la reforma laboral; incrementa el salario mínimo interprofesional; garantiza los suministros; suspende los desahucios;
realiza moratorias de hipotecas y alquileres; limita el incremento del precio de los alquileres; alivia las hipotecas; desbloquea la operación Campamento, con más de 12 000 viviendas, el 60 % de ellas para vivienda social, y ayer mismo se firmó
un acuerdo para construir 2750 viviendas en alquiler asequible. Ese es nuestro legado.


Señor Garcés, su proposición de ley muestra un gran desconocimiento de nuestro marco constitucional y de nuestro Estado de derecho. En primer lugar, ustedes proponen que los ayuntamientos den de baja de oficio en el padrón. El padrón es un
registro administrativo y las administraciones locales no pueden dar de baja de oficio, pero, es más, si lo hiciesen, esas personas, a efectos administrativos, dejarían de existir y, si dejan de existir, dejan de tener derechos como la educación, la
sanidad y los servicios sociales. ¿Eso es ignorancia o mala fe? Además, en su proposición piden que se exima el IBI a los propietarios de las viviendas ocupadas; el 80 % de las viviendas vacías en nuestro país pertenecen a los bancos. ¿Por
casualidad no estarán pidiendo ustedes que se exima del IBI a aquellos a los que ustedes privilegiaron en la crisis económica mientras ellos desahuciaban a las familias españolas? ¿No será eso, señor Garcés (aplausos), después de doce minutos
defendiendo a los grandes tenedores y a las entidades de crédito, a los fondos buitres? Lo suyo es directamente mala fe, mala fe. Se equivocan cuando creen que fomentando el miedo entre la ciudadanía sacarán rédito electoral, señor Garcés, lo
único que consiguen es fortalecer el fascismo. ¿Eso es ignorancia o mala fe? Se lo voy a decir yo, señor Garcés, eso es ignorancia (un señor diputado: La tuya), pero también es mala fe.


Señorías de la derecha y la ultraderecha, la seguridad ciudadana no les pertenece. Defender la seguridad ciudadana es defender el Estado del bienestar, y eso ustedes no lo han hecho nunca; eso siempre lo hicimos, lo hacemos y lo haremos
los y las socialistas. Y lo haremos, como decía Auguste Comte, con el amor por principio, el orden por base, el progreso por fin.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guerra.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE APOYO A LA CANDIDATURA ESPAÑOLA DE MÁLAGA PARA ALBERGAR LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 2027 'LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE'. (Número de expediente 162/001099).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.


Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible'.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor López Cano.


El señor LÓPEZ CANO: Muchísimas gracias, presidenta. Buenas tardes.


Como ya sabrán ustedes, Málaga aspira a ser sede o a ser elegida como sede de la Exposición Internacional 2027 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible', y en ese empeño está toda una ciudad, sin distinciones ni políticas ni ideológicas.
(El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Desde esa misma filosofía, el Grupo Socialista solicitamos hoy aquí, a esta Cámara, que se unan a todos nosotros y respalden esta candidatura. Es Málaga ya una ciudad
global, conocida y reconocida, y, como el resto de áreas urbanas, afronta retos y cambios que habrán de hacerla más sostenible, y qué mejor forma de hacerlo que albergando una exposición internacional que gire alrededor de la sostenibilidad en la
era urbana. Queremos acoger una expo para que podamos mostrar lo que somos capaces de diseñar y de pensar para nuestras urbes, para decirle al mundo que España es un gran país que aspira a la sostenibilidad y para que el resto de países nos
muestren sus experiencias y, así, juntos, definir ciudades más amables, en las que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar en el futuro. (Aplausos).

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Como ya les comentaba, Málaga es una ciudad global, y las ciudades de estas características viven tensiones importantes: problemas de acceso a la vivienda, masificación, exceso de contaminación, también desigualdad y segregación. La ONU
nos advierte ya de que el 55 % de la población mundial vive en ciudades y que en 2050 lo va a hacer el 68 % de la población mundial. Por eso, reflexionar hoy sobre la ciudad es más que nunca hacerlo sobre la sociedad, y actuar sobre ella es
transformar la realidad en su conjunto. En ese debate es en el que quiere volcarse Málaga y en el que pide a esta Cámara que se vuelque también, porque los frutos de esta exposición lo serían también para el conjunto de todo el país. España en las
últimas décadas ha organizado grandes eventos internacionales, y todos nos hemos volcado para que salgan bien, y todos y todas nos hemos alegrado mucho cuando ha salido bien, que ha sido siempre. Ahora queremos que sea en Málaga, ciudad acogedora,
con capacidad para organizar algo así y con infraestructuras y servicios de primerísimo nivel, como su puerto, aeropuerto, carreteras, el metro. Es una muestra de cómo las inversiones bien orientadas lo han hecho posible y, siendo justos, muchas
firmas en todo esto han sido de gobiernos socialistas en España y en Andalucía. (Aplausos).


Históricamente, Málaga ha sido lugar de encuentro, de arte y de tecnología, y lo quiere seguir siendo ahora con esta exposición. Somos quienes vimos nacer a Pablo Ruiz Picasso y a Isabel Oyarzábal, primera mujer embajadora de nuestro país y
luchadora incansable por la igualdad entre mujeres y hombres; ha sido la ciudad de Gerald Brenan, de Vicente Aleixandre y donde decidió pasar sus últimos días Jorge Guillén. Somos también la ciudad que hoy canta con Vanesa Martín, ríe con Dani
Rovira, sueña con Antonio Banderas y vibra con la poesía de María Victoria Atencia. Málaga es ya un hub tecnológico, capaz de germinar el talento necesario para hacer que Google venga a Málaga, de diseñar el vehículo que explorará el interior de
Marte y de diseñar los componentes electrónicos que llevan la mitad de los coches de todo el mundo. Somos una ciudad de sol y playa, sí, y bien que lo disfrutamos, todo el mundo lo sabe, pero también somos un lugar de cultura vibrante, de museos
internacionales, de conocimiento y de innovación, como así lo atestiguan su parque tecnológico y su universidad.


Señorías, también en Málaga son visibles esas huellas de la historia: las primeras fábricas que trajo el siglo XIX en el oeste, el puerto encajado en el mismo centro y también la zona norte, con los grandes edificios, donde se alojaron los
miles de ciudadanos que dejaban la España vacía y acudían a la capital en búsqueda de esas oportunidades. Como el resto de España, Málaga no gobernó casi ninguna de aquellas transformaciones, sino que fue a rastras de todos los cambios. Eso dio
lugar a muchos de los inconvenientes sociales, espaciales y ambientales que viven hoy todas nuestras urbes. Por eso, es crucial esta Expo Internacional, porque nos permite anticiparnos a una era de grandes cambios y, por tanto, gestionarlos en
beneficio de las mayorías y también del propio equilibrio ecológico. Hoy hay más herramientas y más talento del que ha habido nunca. Hace tiempo que ya sabemos que existen soluciones, y es más un reto de gobernanza que de ciencia o de técnica.
Por eso, es clave que nos involucremos todos. Todas las administraciones están trabajando a la par para conseguir esta designación. Vaya aquí el agradecimiento a todas ellas, pero muy especialmente al presidente Pedro Sánchez, en su apuesta
decidida para traer a Málaga esta Expo 2027. Juntos lo conseguiremos, no me cabe duda. (Aplausos).


Acabo. El poeta y Premio Nobel español Vicente Aleixandre definió a Málaga como ciudad del paraíso. Sin duda esa imagen nos impulsa a trabajar cada día, en cada foro, en cada barrio, por nuestra Málaga. Reflexionar y debatir sobre el
futuro de las urbes no es hablar de infraestructuras, es hablar del presente y de las personas. Por eso pido un apoyo cerrado a esta iniciativa, por eso pido este apoyo hoy y que nos impliquemos a fondo, porque así seremos capaces de soñar y de
construir mejores urbes entre todos y entre todas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.


Vivimos unos tiempos en los que el identitarismo y el victimismo por el hecho de pertenecer a un grupo u otro, inventado o no -la Sangre y Pertenencia que escribió Ignatieff-, genera derechos. Estamos en una época en que los malos políticos
de la primera parte del siglo XXI parecen no haber aprendido nada de lo sucedido en el siglo XX. Estamos acostumbrados, y hay incluso quien lo observa con cierta simpatía, a que en torno a un baile regional, una lengua o un plato de comida se
genere un culto nacionalista, como si las naciones fueran un concepto tribal visceral y no intelectual. Vivimos cómo hoy se mira embelesado cualquier actividad o idiosincrasia que ahonde en la diferencia, que divida, que haga distinto al uno del
otro, el letal narcisismo de la diferencia.

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Pues bien, yo soy de un sitio que es la vacuna contra todo esto, yo soy de Málaga, y si ustedes quieren, también, y me voy a explicar. Los once diputados que tenemos la suerte de representar a la provincia de Málaga aquí en el Congreso
vivimos de forma permanente una realidad, y es que cuando nos preguntan por dónde eres diputado y decimos de Málaga, lo habitual es que nos digan: ¡qué suerte! o ¡cómo está Málaga!, o estoy pensando en irme a vivir a Málaga. Esto es permanente y
bien lo saben mis compañeros de Málaga. En Málaga suceden cosas muy curiosas para los tiempos identitarios que denunciaba al principio de mi exposición, estos tiempos que corren. En Málaga, en la capital, viven algo más de 45 000 extranjeros, seis
de cada diez nuevos vecinos en Málaga son extranjeros, son casi trescientos mil en toda la provincia, trescientos mil extranjeros malagueños todos. En Málaga nadie te pregunta de dónde eres ni hay una exigencia de ancestros ni de ocho apellidos
malaguitas ni de lengua. En Málaga vive gente de aquí, de allá, de todo el mundo. Málaga es exactamente el lugar paradigmático de lo que una Expo como la de 2027 busca, que es unir a los diferentes, el empeño de encontrar lo que nos une, no lo que
nos separa. Málaga es una ciudad abierta al mundo y está bien que el mundo venga a Málaga. Málaga es exactamente esto que les digo, el lugar donde viven juntos los diferentes. Los malagueños no sentimos ni pensamos Málaga en exclusiva, en Málaga
no hay ninguna exigencia para ser de la tribu, porque no hay tribu. En Málaga todo lo que tenemos lo regalamos al mundo: lo hicimos con Picasso, lo hemos hecho con Chiquitito de la Calzada, lo hicimos con Cánovas, con Manuel Alcántara, con María
Zambrano, con Ibn Gabirol; lo hicimos con Bernardo de Gálvez o con nuestros tres Antonios -Antonio Banderas, Antonio de la Torre o Antonio Molina-; lo hicimos con el escultor Francisco Palma; lo hacemos con los espetos de sardina o con los
Verdiales, con la Semana Santa o con las biznagas. Lo intentamos con nuestra forma de pedir el café, pero esto sabemos que es más complicado, aunque siempre cuelga algún cuadro en un bar que ayuda cual piedra Rosetta, y si se dan cuenta no he
empleado los términos nuestros espetos, nuestra Semana Santa o nuestra biznaga, porque sabemos que es de todos, y es que Málaga es de todos.


Málaga es además libertad, la capital del vive como quieras, donde nadie te juzga. En el corazón de la ciudad reposa el general Torrijos como eterno recordatorio de que esa libertad no es un estado natural. Málaga tiene una luz única que
refleja el mar que acunó a la civilización occidental, el Mare Nostrum. Málaga es una antiquísima ciudad moderna, Málaga es el lugar donde usted que me escucha es siempre bienvenido, es un lugar donde quedarse. Málaga está llena de personas que
juzgan poco y ayudan mucho. En definitiva, esta exposición universal nos puede solucionar un problema que hemos tenido siempre. A los malagueños nos encanta compartir Málaga con el mundo, pero es verdad que transportar Málaga al mundo es una tarea
imposible, pero ahora y con esta Expo tenemos una oportunidad única, porque traeremos el mundo a Málaga. Así que, querido Nacho, votaremos sí a la PNL que nos traéis hoy aquí.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor García Nieto.


El señor GARCÍA NIETO: Gracias, presidente.


Señorías, la proposición no de ley que trae al Pleno de hoy el Grupo Socialista nos solicita apoyar la candidatura española de Málaga para albergar la Expo 2027, cuya temática, como se ha dicho, será 'La era urbana: hacia la ciudad
sostenible'. Ya les adelanto que mi grupo confederal apoyará esta candidatura. Por tanto, votaremos a favor de la proposición no de ley.


Sobre la postura del resto de grupos déjenme confesarles algo. Me intriga en particular la postura que van a defender en VOX. Votar a favor de la ciudad sostenible implica estar de acuerdo con los ODS y con las Naciones Unidas, lo que
sería bastante hipócrita por su parte. En cambio, votar en contra reafirmaría su discurso negacionista del cambio climático, pero tendrían que explicar a sus votantes de Málaga las bondades de renunciar a convertir su ciudad en la protagonista
mundial de 2027. Es lo que tiene vivir dentro de un espectro político en permanente contradicción. ¿Qué opinamos en mi grupo sobre esta candidatura? Veamos. En primer lugar, la exposición internacional supondría una importantísima inversión para
Málaga, una ciudad con una tasa de desempleo elevada -según la EPA, un 20 % en el primer trimestre del año- que se vería disminuida mediante la creación de miles de puestos de trabajo como consecuencia de este acontecimiento, empleo que se
prolongaría durante un periodo de tiempo importante: instalaciones, infraestructuras, servicios, transporte, tecnología, solo por mencionar algunos de los muchos vectores económicos que comenzarían a generar contrataciones de personal desde el
minuto

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siguiente a la designación oficial de Málaga y que podría prolongarse más allá de septiembre de 2027, una vez concluida la misma, como ya hicimos en Sevilla tras la Expo 92 con la isla de La Cartuja.


Este grupo confederal está firmemente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como bien saben. Desde el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 seguimos apostando por las iniciativas que contribuyen a que alcancemos
dichos objetivos y trabajando para impulsar eventos que nos acerquen a la consecución de nuestros compromisos. Por otra parte, desde nuestro grupo vemos este acontecimiento como una oportunidad para que desde el consistorio de Málaga, gobernado por
el Partido Popular, dejen de poner excusas y actúen ya, escuchando a la inmensa mayoría de la gente que vive en Málaga. Señores del Partido Popular, Podemos lleva años reclamando las siguientes actuaciones, y la Expo 2027 será el marco ideal para
ponerlas en marcha de una vez por todas.


Me refiero concretamente a llevar a cabo tres medidas: la primera, los antiguos terrenos de Repsol deben destinarse a la creación de un gran bosque urbano, en lugar de su proyecto consistente en un conglomerado de rascacielos para albergar
viviendas de lujo. ¿Recuerdan la temática de la Expo? Ciudad sostenible. Segunda, la eliminación del proyecto del rascacielos en el puerto de la ciudad, promovido por un fondo de inversión de Catar, que modificará para siempre el impresionante
paisaje, el horizonte de la bahía de Málaga. Les consta, diputados del PP por Málaga, el enorme rechazo ciudadano al respecto. Tercera, desarrollar, como parte de una ciudad sostenible, una estructura de movilidad suficiente y coherente para los
ciclistas de todos los barrios de Málaga. Señores del Partido Popular, conocen perfectamente las denuncias al respecto. Pocos carriles bici y mal conectados son la causa de que Málaga sea una de las grandes ciudades europeas con un índice de
usuarios de bicicleta muy por debajo de la media.


En definitiva, señorías, Andalucía necesita que el Estado siga apostando por aprovechar las oportunidades que se presentan para modernizar y para hacer posible un cambio de modelo productivo en mi tierra: verde, sostenible y de alto valor
añadido. De la misma manera que haremos con la futura candidatura de Sevilla, mi ciudad, para albergar la Agencia Espacial Española, hoy apoyaremos la candidatura de Málaga para la Exposición Internacional de 2027 y la impulsaremos como parte del
Gobierno de coalición de España si, como todos deseamos, el próximo mes de junio, en París, resulta ser la ciudad elegida.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rueda Perelló. (Aplausos).


La señora RUEDA PERELLÓ: Gracias. Buenas tardes.


Señorías de Podemos, lo que es una contradicción es que ustedes aprueben una propuesta que genera empleo y riqueza, cuando solo saben destruirlo. Si hay que reconocerle algo al Partido Socialista, además de ser un Gobierno de la ruina, la
inseguridad y la traición, es que es el Gobierno de la propaganda. Porque parece que empiezan a hacer ya la campaña de cara a las próximas elecciones municipales y generales, ya que traen una iniciativa -de una hoja- donde piden que se declare el
apoyo a la candidatura española de Málaga para acoger la Exposición Internacional 2027. Señorías, eso ya se hizo el pasado mes de septiembre, cuando recibimos en el Congreso a los evaluadores de la candidatura.


Señoría del PSOE, ha hablado de la gestión del Gobierno socialista en Andalucía. ¿Qué gestión, la que se gastaba el dinero de los parados en prostitutas y cocaína? (Aplausos). ¿Qué gestión, la del dinero robado a los andaluces? ¿La que
nos ha dejado paro y miseria? En los presupuestos de 2023 Málaga ocupa el puesto número cincuenta entre las cincuenta y dos provincias españolas en inversión por habitante, y hoy dicen preocuparse por Málaga. En esos presupuestos también vemos a
una Andalucía que se queda por debajo de la media de inversión por habitante y esto hace que nos planteemos que este Gobierno ningunea a Málaga y a las regiones que son leales a España y premia a [filoetarras] 1, nacionalistas y golpistas.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento, por favor.


Le pido que retire el calificativo filoetarra, por favor. (Rumores y protestas).


La señora RUEDA PERELLÓ: No lo voy a retirar.


1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, le pido que retire ese calificativo, por favor.


La señora RUEDA PERELLÓ: ¿Lo cambio por herederos de ETA?


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por primera vez la llamo al orden. Si se lo tengo que llamar tres veces, le quitaré la palabra. Le pido por primera vez que retire esa calificación. (Aplausos.-El señor Espinosa de los
Monteros de Simón: ¡Es intolerable. Están creando tensión.-Protestas).


Señoría, le pido, por favor que retire esa expresión y continúe su intervención.


La señora RUEDA PERELLÓ: No la voy a retirar, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por segunda ocasión, y le advierto que a la segunda llamada la tengo que advertir de que a la tercera le retiro la palabra, le pido que retire esa expresión, por favor. (Rumores y
protestas.-Prolongados aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-La señora Rueda Perelló se vuelve hacia el vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, y habla con él fuera de micrófono.-El señor Espinosa de los Monteros
de Simón: ¡Pero qué vergüenza es esta! Estáis creando tensión. ¡Y luego habláis de violencia política! ¡Es una vergüenza! Esta situación se prolonga varios minutos). Señoría, retire la palabra y continúe, por favor.


La señora RUEDA PERELLÓ: En otra ocasión un independentista dijo algo peor y lo que hizo...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar (un señor diputado: ¡La retiras tú!), no tiene la palabra. (Rumores y protestas.-El señor Espinosa de los Monteros
de Simón: No, no la va a retirar.-Un señor diputado: ¡Vergonzoso! El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Es una vergüenza! Patricia, no discutas, continúa. Es una provocación del vicepresidente. ¡Es una vergüenza!-Un señor diputado:
Sectario).


La señora RUEDA PERELLÓ: Me estás coartando, me estás quitando...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone la tribuna. (Rumores y protestas.-Aplausos).


La señora RUEDA PERELLÓ: Es muy injusto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Abandónela, por favor. Lo siento.


Muchas gracias. (Protestas.-La señora Rueda Perelló abandona la tribuna.-El Grupo Parlamentario VOX abandona el hemiciclo).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pérez Recuerda.


La señora PÉREZ RECUERDA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Es para mí un gran honor subir hoy por primera vez a esta tribuna para hablar de mi ciudad, Málaga. (Aplausos).


Nos encontramos hoy debatiendo una proposición no de ley para mostrar el apoyo del Congreso de los Diputados al proyecto de país que es la candidatura de la ciudad de Málaga para albergar la exposición especializada de 2027, un proyecto
promovido por Francisco De la Torre, alcalde de la ciudad de Málaga, en su afán por mejorar el bienestar de las personas. (Aplausos). Por eso Francisco De la Torre eligió como temática para esta candidatura la era urbana hacia la ciudad
sostenible, porque la inquietud en materia medioambiental y el deseo de progresar en ese camino es el que ha llevado a Málaga a postularse como candidata para acoger una exposición internacional en 2027.


Se trata de hacer situar a España como el escenario de un debate e intercambio de experiencias a nivel internacional acerca de cómo la innovación puede ayudar a las urbes a ser más sostenibles. Sus temas son la ciudadanía, la innovación y
el medio ambiente, que transmiten la idea del contenido que encontraremos en ella si Málaga es la ciudad elegida: soluciones innovadoras y buenas prácticas para garantizar una mayor calidad de vida pese al aumento demográfico y su consiguiente
efecto en el urbanismo de las ciudades; no en vano, en 2050 más de las tres cuartas partes de la población mundial vivirá en ciudades.

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Esta iniciativa, en la que el Ayuntamiento de Málaga viene trabajando desde el año 2019, cuenta en la actualidad con el imprescindible respaldo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, consenso social que se ve
reforzado por el apoyo de empresas y entidades del primer nivel, que han ido formalizando sus adiciones a este proyecto y que a día de hoy suman ya más de trescientas. El próximo junio sabremos cuál es la candidatura ganadora de entre los cinco
países que concurren.


La era urbana hacia la ciudad sostenible enlaza y tiene de fondo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030. Málaga, como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin precedentes, centrada en la
innovación y la cultura y con un marcado compromiso con la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo, es la candidata idónea para acoger esta expo, con la que aprender y mostrar al mundo su implicación con la sostenibilidad. Es una candidatura
seria, meditada y realista. Los usos posexpo están bien definidos, y sobre ellos se ha trabajado intensamente para garantizar que la ciudad sume esos espacios que generarán un valor añadido y tendrán un uso vinculado con la educación, la
investigación y la innovación.


A diferencia de otras ciudades, Málaga ya ha acometido una transformación sin precedentes, por lo que no requiere una expo para llevarla a cabo. Es evidente que en caso de celebrarse contribuirá a impulsar o agilizar ciertos proyectos. Por
tanto, esta candidatura aspira a convertir a Málaga y toda España en el escenario de un debate constructivo que ayude a las ciudades de todo el mundo que quieran sumarse, con independencia de su nivel de desarrollo, a trazar juntos una estrategia en
materia de crecimiento sostenible para afrontar los retos que todos compartimos.


Hoy pido aquí a todos que volvamos a hacer un ejercicio de sentido de Estado, como tantas veces lo hemos hecho en el pasado, trabajando conjuntamente para albergar eventos internacionales, tales como las Olimpiadas de Barcelona en 1992, la
expo de Zaragoza en 2008, el fórum de 2004 en Barcelona, la Copa América 2007 en Valencia, más recientemente, el Mobile World Congress Barcelona, la futura Alicante Puerto de Salida 2023, y, por último, precisamente la semana pasada con el apoyo a
una enmienda del PDeCAT a los presupuestos generales del Estado, la candidatura Costa Brava-Barcelona para la organización de la Ryder Cup 2031 en Girona.


Por tanto, señorías, les pido que una vez más demostremos a la sociedad española que sus representantes políticos pueden dejar a un lado sus diferencias ideológicas y apoyar unánimemente la candidatura de la ciudad de Málaga para la expo
2027.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELATIVA A LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 162/001118).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Romero Sánchez.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias, presidente.


'Estas leyes no las entiendo. A pesar de lo que hizo, estoy viva. Mi comunicado hacia los diputados es que pasen lo que yo he pasado, así comprenderán a las víctimas. A mí me han fastidiado, y mucho, porque ahora yo soy la que tiene que
desaparecer'. Antonia no se puede creer que al hombre que la violó y estuvo a punto de matarla le rebajen su condena. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Olivia, Eugenia, Cristina, y así hasta más de cuarenta víctimas, que están viendo
cómo a sus agresores sexuales se les rebajan sus condenas hasta en siete años por la ley de libertad sexual, su ley del 'solo sí es sí'. (Aplausos). Hoy también hemos conocido el caso Arandina, y diez puestos en libertad.


En nombre del Grupo Popular y en el mío propio, nos unimos al dolor de las víctimas en este duro momento por el que están pasando, porque esta ley es un insulto a las víctimas, y que la ministra Irene Montero siga sentada en el Consejo de
Ministros es una vergüenza. (Aplausos). Todavía resuena el eco de sus palabras encendidas en la tortuosa y polémica tramitación de esta ley, cuando se le advirtió de lo que podía pasar. 'No se va a conocer ni una sola reducción de penas -decía-,
propaganda machista'. Pues hoy la dura realidad se ha impuesto a los fracasados vaticinios de la ministra y al despropósito de

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aprobar una ley ideológica y muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico, respecto de la que se pensó más en el eslogan y la propaganda que en el rigor que exige un asunto de tanta envergadura como es proteger a las víctimas de
delitos sexuales y modificar el Código Penal. (Aplausos).


El Consejo General del Poder Judicial advirtió de lo que ocurriría al desaparecer la distinción entre abuso y agresión, unificando todo en agresión, lo cual supondría un serio riesgo de que las penas se vieran reducidas. Lamentablemente,
así ha sido. Lo advirtió el Consejo de Estado, hubo duras críticas de las asociaciones feministas y también mi Grupo Parlamentario Popular lo hizo de forma rigurosa y explícita en el debate de totalidad, pero nada les sirvió, siguieron adelante.
Desde la soberbia, no hicieron ni caso, no han querido escuchar a nadie. Señorías, no se puede gobernar a golpe de prejuicios ideológicos desde el sectarismo y la radicalidad, poniendo por delante la ideología, en vez del interés general de los más
vulnerables. Ahora el daño provocado es irreparable, es irreversible para los casos que se han revisado y también para nuevas víctimas, porque, gracias a Irene Montero y a sus compañeros del Gobierno, tenemos una ley que favorece a agresores y
violadores, a quienes han cometido estos tremendos delitos, provocando indignación y alarma social.


Esta chapuza legislativa es lo peor que hemos vivido en las últimas décadas de esta democracia. ¡Ay!, señorías, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera aprobado el Partido Popular? ¡No me quiero imaginar cómo estarían las calles! Pero,
¿saben? Es que esto no lo habría hecho el Partido Popular. (Aplausos). ¿Y cuál ha sido la reacción de Irene Montero, desde su atalaya del Consejo de Ministros? El insulto a los jueces: misóginos, machistas, fachas, que no tienen formación.
Miren, quiero trasladar todo nuestro apoyo a los jueces, al Poder Judicial, respecto a la separación de poderes, que este Gobierno pisotea un día sí y otro también, como al resto de las instituciones; como hoy mismo hemos conocido, que quieren
asaltar el Tribunal Constitucional. ¿Y los ministros jueces? ¿Y la señora Robles? ¿Y Grande-Marlaska? ¿Y Pilar Llop? ¿No tienen nada que decir? ¿No tienen que defender a sus colegas jueces? Saben que los jueces están sometidos al cumplimiento
de la ley, como no puede ser de otra manera. El problema no son los jueces, son sus nefastas leyes. (Aplausos). Avisamos de que esta reforma iba a suponer una revisión en las condenas rebajando penas, ya que la aplicación de la norma más
favorable al reo es muy clara en el Código Penal.


Señores diputados y diputadas que sustentan al Gobierno, ¿por qué no rectifican? ¿Por qué no asumen su error? ¿Por qué las víctimas de agresiones sexuales tienen que pasar por este calvario, por la incompetencia, por la prepotencia de este
Gobierno? No es el Gobierno de la gente, es el Gobierno contra la gente. No nos equivoquemos, porque de esta chapuza no solo es responsable Irene Montero -que lo es-; es todo el Consejo de Ministros, del que salió este proyecto de ley; es el
Partido Socialista y su máximo responsable, Pedro Sánchez, más preocupado de su resistencia, de su supervivencia. Ya sabemos que puede dormir tranquilo por las noches, pero ¿podrá mirar a la cara a las víctimas de agresión sexual? (Aplausos). Y,
por supuesto, también todos los grupos que lo apoyaron en este Parlamento. Pero no el Partido Popular, que claro que votó en contra, y advertimos de las consecuencias dramáticas tan negativas.


Señorías, tenemos centenares de revisiones de sentencias pendientes en todos los tribunales de España, y al Partido Popular lo que le preocupa es corregir este problema. Por eso estamos aquí, por eso traemos esta proposición no de ley.
Estamos hablando de los delitos más deleznables y de situaciones muy dolorosas para las víctimas. Por eso instamos al Gobierno a que rectifique cuanto antes, a que se cambie esta ley. Y esperamos que lo apoyen, es un clamor de toda la sociedad,
porque, si no lo hacen, señorías, demostrarán que estamos ante un Gobierno sin alma. Desde luego, también quiero que sepan que lo hará Alberto Núñez Feijóo en cuanto lleguemos al Gobierno, como no podría ser de otra manera. (Aplausos). Les pido
el apoyo a todos los grupos parlamentarios.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.


En defensa de las enmiendas formuladas, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos interviene la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, debatimos una proposición no de ley del Partido Popular sobre una cuestión de actualidad que está preocupando a la sociedad, y desde mi grupo parlamentario lo que vamos a hacer es debatir y abordar este tema con responsabilidad y
sensatez. Por eso hemos presentado una enmienda.


Lo primero que quiero compartir con todos ustedes es mi preocupación por lo que está sucediendo respecto a la revisión de las condenas de quienes han cometido un delito sobre la base de la aplicación de la nueva ley de libertad sexual. Es
evidente que las consecuencias que ha tenido esta ley no son las

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que se buscaban y que tenemos una grieta que hay que reparar lo antes posible; eso es en lo que tenemos que centrarnos, en trabajar y resolverlo. Se lo digo al Gobierno, y principalmente a las señorías de Podemos: Esta ley necesita una
revisión. El Grupo Ciudadanos ya expuso en el trabajo que hicimos en Comisión que había que revisar los tipos, y presentamos una enmienda para subir los mínimos. Pero, claro, como nos suele pasar, somos Ciudadanos y hacen caso omiso.


Miren, estamos perdiendo mucho tiempo en corregir deficiencias, y lo que tenemos que hacer es corregirlas y dejar de buscar culpables. Lo primero que quiero dejar claro es que me parece irresponsable criminalizar a los jueces por hacer su
trabajo. Todos sabemos que los jueces aplican e interpretan las leyes que se encuentran en vigor. Por tanto, dejemos al Poder Judicial hacer su trabajo. Es inadmisible culpabilizarlos, y realmente creo que es una forma torticera de no ver la
realidad que hay que abordar. Lo que hay que considerar es la búsqueda de soluciones. No es de recibo que desde el Gobierno de España se lancen acusaciones desde este nivel a otro poder del Estado, y menos para no asumir que existe una grieta.
Creo que es responsable asumir que tenemos una grieta.


Pero, señorías del Partido Popular, tenemos que tener en cuenta que, cuando se produjo la sentencia de La Manada, todos los políticos, incluso ustedes, lo que hicieron fue criticar la decisión de los jueces. Nosotros siempre defendimos cuál
era su función, y lo que dijimos es que era necesaria una reforma y una modificación. Me sorprende que lo que ustedes están haciendo no es solo en referencia a que se produzca una revisión de la pena, sino a que volvamos a las penas anteriores,
porque fueron ustedes los que, ante el caso de La Manada, pidieron a la Comisión de codificación hacer una revisión. Por tanto, tratemos el tema con el rigor que merece.


Hay que revisar, pero no hay que volver a los tipos anteriores, y quiero señalar lo que puede suceder volviendo a ellos. En noviembre, con la ley anterior, la Audiencia Provincial de Valencia, puesto que eran hechos anteriores, ha condenado
a un celador que abusó de una mujer bajo anestesia únicamente por abuso sexual. ¿Ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren que en un caso como el de La Manada pueda producirse otra vez una sentencia de abuso sexual? ¿Ustedes no quieren que cuando
nuestras hijas, nuestras sobrinas salgan por la noche y puedan ser víctimas de una situación de agresión sexual con uso de burundanga no se suban las penas? ¿Ustedes no quieren que cuando una persona con discapacidad sea víctima de una agresión
sexual no se suban las penas al agresor? Para cuando se trate de menores y en el ámbito de Internet se utilicen estas nuevas tecnologías para las agresiones, ¿ustedes no quieren que se suba este tipo de tipificación?


Creo que la posición correcta es saber reconocer todo, reconocer que existe una grieta y que hay que mejorar. Pero no es una ley que haya que revisar en todos sus aspectos. No en todos sus puntos es despectiva, también es una ley avanzada.
Creo que ninguna de las personas aquí presentes, nadie de quienes hemos trabajado en el ejercicio de esta norma vamos a querer en ningún momento que suceda lo que ahora vemos, como tampoco nadie quiere dar un paso atrás respecto a los avances. Por
lo tanto, seamos conscientes de una posición jurídicamente correcta: ni lo anterior es lo bueno ni lo que tenemos no hay que reformarlo.


Por eso desde mi grupo parlamentario hemos presentado una enmienda. Hagan caso, por favor, a las enmiendas que presenta Ciudadanos, y dejen de hacer caso omiso. Seguiremos trabajando por una respuesta eficiente, coherente y, sobre todo,
pensando en que, si hay cualquier error legislativo, la culpa no la tiene otro poder del Estado, sino que habremos de ser responsables los parlamentarios y modificarlo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. (Pausa). No se encuentra en el hemiciclo.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Sayas López.


El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Señorías del Partido Socialista, de Unidas Podemos y todos los que han apoyado el cambio de la ley del sí es sí, ¿qué más necesitan que pase para darse cuenta de que esta ley es una chapuza, un bodrio y está sirviendo para proteger a los
agresores y a los violadores, en lugar de proteger a las víctimas? Once agresores están en la calle gracias a esta ley, son casi cuarenta las revisiones de sentencia favorables para los agresores y hay 447 susceptibles de ser revisadas. ¿Qué más
necesitan que pase? Se lo ha dicho el Tribunal Supremo, la Audiencia de Madrid, la Audiencia de Málaga, la de La Rioja, la de Vizcaya,

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la de Córdoba, la de Valencia, la de Zaragoza. De verdad, ¿todos son machistas? ¿No es más fácil pensar que la ley es mala y que ustedes son incompetentes? Es mucho más fácil pensar eso.


Y además de la incompetencia ampliamente demostrada, les ha pasado otra cosa que todavía es mucho más grave. Todo el mundo se puede equivocar, pero al error lo último que hay que poner es la soberbia que están sumando ustedes (aplausos),
una soberbia que les está sirviendo para estar ciegos y no enmendar un error manifiesto. Esa soberbia les lleva a decir que los jueces que no dictan las sentencias como ustedes quieren que las dicten son machistas, que los medios de comunicación
que no informan como ustedes quieren que informen son elementos distorsionadores de la realidad y agitadores sociales, que los que nos oponemos a sus leyes somos fascistas. Ustedes han hecho una campaña de comunicación, pagada por el Gobierno de
España, poniendo en la diana a periodistas de este país. No tienen ustedes escrúpulos, no tienen vergüenza, no se dan cuenta de que son el Gobierno de todos los españoles. La soberbia, sin duda alguna, les ciega.


Desde luego, es mucho pedir a este Gobierno competencia. Pero, ya que es difícil que les podamos pedir que se comporten de manera competente, les vamos a exigir al menos que actúen con madurez, porque muchas veces es lastimoso ver cómo
tenemos un conjunto de ministros y ministras que, en vez de ir a un Consejo de Ministros, parece que van al patio de un instituto y son incapaces de asumir la responsabilidad de sus actos. Y ya está bien, porque ustedes están representando a todos
los españoles. Y en política la responsabilidad se asume desde una palabra, que es la dimisión, que ya llega tarde y no puede esperar más.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señorías del PP y resto de la derecha ultra, esta PNL contra la ley del solo sí es sí, contra el Ministerio de Igualdad e Irene Montero es igual de miserable que la campaña de acoso y violencia política que
ustedes, junto con sus centrales mediáticas, han emprendido contra las conquistas feministas y quienes las impulsan. Es un avance feminista indudable, y, por mucho que a ustedes les duela, por mucho que algunos jueces estén haciendo una
interpretación torticera de esta ley para alimentar y apuntalar sus ataques, este es un avance en derechos, y no duden de que vendrán más.


No perderé ni un minuto más en alimentar su relato. La ley del solo sí es sí protege a las mujeres, avanza en derechos feministas. La ley del solo sí es sí ofrece herramientas de prevención, protección, acompañamiento, reparación para
todas las mujeres. Como he dicho, no duden de que vendrán más avances, muchos más.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on, buenas tardes a todas y todos.


El ruido en política no produce más que distorsión, y, aunque a veces parezca lo contrario, con ruido no se escucha nada. Y digo esto en torno al tema que nos trae hoy el Partido Popular, una proposición no de ley con una parte expositiva
tan amplia y trabajada como tendenciosa, que relata hechos con apreciaciones jurídicas con el objetivo de construir un relato válido para generar el previo necesario a la parte dispositiva, es decir, la resolución de la trama planteada.


Vamos a empezar por el final, con dos afirmaciones. En primer lugar, lo que proponen en esta proposición no de ley no sirve para solucionar lo que ustedes dicen que quieren solucionar, y, en segundo lugar, no vamos a votar a favor. Y no lo
vamos a hacer, además de por la razón expuesta ahora mismo, porque no soluciona lo que dicen querer solucionar, debido a que lo que buscan es pescar lo que sea en este río revuelto que baja por este hemiciclo, por las redes sociales, por la opinión
pública, en general. Ustedes presumen de sosiego, templanza, predictibilidad y prudencia, pero están actuando de la manera contraria, más bien a golpe de titulares.


Dicho esto, es evidente que hay unos hechos, en algunos casos exagerados o incluso manipulados pero evidentes, ante los que no podemos hacer oídos sordos. La ley de libertad sexual marca un hito importantísimo, como garante de la respuesta
jurídica ante las agresiones sexuales que las mujeres

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sufren y han sufrido. La libertad sexual no es solamente que no te agredan, evidentemente, pero esta ley da el salto cualitativo, poniéndonos al nivel de otras democracias, para que todo delito contra la libertad sexual sea castigado como
agresión, dando pie al leitmotiv del solo sí es sí, por lo que todo lo demás es no.


No vamos a reproducir los diferentes debates que surgieron en la tramitación de esta ley, pero qué duda cabe de que mayoritariamente este Parlamento decidió que esta ley era necesaria, respondía al clamor social ante las situaciones de
injusticia que se estaban cometiendo con la aplicación de las leyes vigentes y que a partir de ahora las mujeres se podían sentir más libres y más seguras. Y eso es así porque el eje central de esta ley pone el consentimiento de la mujer en el
centro. Es ese, y no otro, el eje sobre el que pivota el cambio estructural e ideológico de la ley, más allá del ámbito puramente punitivo, que no lo soslaya. ¡Faltaría más!


Además, con esta ley se generan mecanismos de protección a las víctimas que antes no se daban. Nuestro grupo votó a favor de esta ley, y lo volvería a hacer, porque creemos que es más justa y porque compartimos el criterio de que todo
aquello que esté fuera del consentimiento es agresión a la libertad sexual de la mujer. Y ustedes, en el fondo, quieren que se revise la ley para volver a esa diferenciación, porque ustedes estaban en contra de este criterio unificador. Ustedes
creen que no todo es agresión, y ahora se quieren agarrar a la parte punitiva de una u otra parte para justificar lo que en el fondo buscan, volver a lo anterior, y eso no va a pasar.


La ley ha entrado en vigor y es cierto que ha habido casos de peticiones de revisión de la condena por ciertos delitos de índole sexual, que, en virtud a la unificación de los delitos de abuso y agresión en uno solo y en aplicación de la
nueva ley, podrían beneficiar al condenado, pero ha habido autos que han resuelto rebajar esas condenas, de la misma manera que ha habido otros muchos casos en los que no se han dado esas revisiones y, por lo tanto, siguen manteniéndose las condenas
previas. Si en la aplicación práctica de la ley se favoreciera a futuro en algunos casos la rebaja de las penas a los agresores, deberíamos revisar los aspectos que lo están posibilitando, sin prejuicio alguno, aunque quizá no los encontremos
necesariamente en la ley.


No confundan a la gente, un cambio en la ley no va a afectar a aquellos delitos ya cometidos. Ahora bien, es evidente que, por lo que fuere, no está habiendo un criterio unívoco entre los jueces que tienen que examinar la posible aplicación
de la ley a casos anteriores. Por ello, antes de instar al Gobierno a que revise por la vía de urgencia la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ¿no sería más prudente por parte de todos y todas que esperáramos a ver qué camino establece
el Tribunal Supremo? Aunque hoy hayamos tenido noticia de una sentencia por parte del Alto Tribunal, no podemos decir que se haya sentado doctrina hasta que tengamos la propia sentencia en su totalidad, más allá de los titulares. Hay que esperar,
pues, a que se aclare cómo va a ser la transitoriedad de una legislación a otra.


En política, y ahora, en particular, la paciencia y el sosiego se están convirtiendo en hábitos inusuales, evidentemente, porque la inmediatez y el actuar a golpe de impulsos son considerados por algunos como más rentables a nivel electoral.
Por lo tanto, y para concluir, mi grupo no va a rehuir debates, pero tampoco se va a dejar llevar por la improvisación y el populismo.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene que terminar, por favor.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Esperemos, veamos y procedamos. Solo sí es sí y todo lo demás es no. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.


La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, presidenta.


Hay que decir que los políticos estamos obligados a buscar soluciones cuando estas son viables, si no, no; cuando estas son viables. En Junts valoramos la posibilidad de introducir ahora, aprovechando la tramitación de otro texto orgánico,
una transitoria para la ley del solo sí es sí para intentar restringir el margen de interpretación de los jueces en la revisión de condenas por agresión sexual, pero con la ley vigente, abierta ya la ventana de oportunidad para quienes solicitan esa
revisión, no sirve de nada. Ni siquiera hacer una nueva ley y derogar la ley del solo sí es sí, como defiende el PP desde el populismo, impediría que siguiese el goteo de casos en revisión de agresores condenados anteriormente. Lo saben, tampoco
serviría de nada. Los ministerios de Igualdad o de Justicia no vieron necesaria una transitoria ad hoc para esta ley y, a toro pasado, es evidente que ha habido inseguridad jurídica. Está claro que hubiera

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sido conveniente incorporarla estableciendo que no hay que revisar condenas si la condena anterior entra en el rango de la nueva norma. Es cierto que existe una transitoria similar vigente en el Código Penal a la que se han acogido algunos
de los jueces que no han revisado condenas, como en el caso de La Rioja, pero también es cierto que ha habido otros jueces que la han considerado obsoleta. Así pues, hay que pensar que sí que hubiera sido mejor introducir esa transitoria.


El Grupo Popular dice también que la ley del solo sí es sí está mal en lo fundamental: eliminar la separación entre abuso y agresión sexual y la redacción del consentimiento expreso. La unificación del tipo -ahora todo es agresión- adapta
la legislación al Convenio de Estambul; un convenio que el propio PP defiende pero también tergiversa. Por ejemplo, dicen ustedes que el Convenio de Estambul no impone una definición concreta de consentimiento, sino que da margen de apreciación a
cada Estado. ¿Qué dice el convenio? Artículo 36.2: 'El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes'. ¿Qué pide la ley? Que el
consentimiento sea libre, voluntario y manifestado. ¿Dónde está el problema? El problema es que, por conseguir rédito político, para ustedes parece que a veces vale todo, incluso ponerse en modo alfombra ante el Consejo General del Poder Judicial,
que se niega a aplicar lo acordado en el Convenio de Estambul. Ya sabemos que al Consejo le cuesta a veces adaptarse a los estándares de la justicia europea. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX comienzan a entrar
progresivamente en el hemiciclo).


Esta es una buena ley para las mujeres, una ley feminista que empodera, que protege más, pero ya hemos dicho que tal vez no se cerró bien. (Rumores). Incluso hay quien considera que faltó un periodo de seis meses -no de treinta días- para
la entrada en vigor de las modificaciones penales. Es cierto que ese plazo nos hubiera dado margen para poder estudiar qué suponía la aplicación de la nueva ley y rectificarla si era necesario antes de abrir esa ventana de oportunidad que ya no
podemos cerrar. Hubo urgencia en anunciar y aplicar lo antes posible un nuevo marco protector para las víctimas de violencia sexual.


Llegados a este punto, una reflexión para todas y todos. ¿De qué sirve hacer una ley más dura, con más años de condena, si fallamos como sociedad en lo fundamental? La concienciación, la educación, la prevención. No hay más que ver el
informe del Hospital Clínic de Barcelona: de enero a octubre 556 víctimas de agresión sexual, un 51 % más que en el mismo período del año anterior (pronuncia palabras en catalán), y el 90 % de las víctimas son mujeres. ¿Y saben qué? Todos los
agresores -todos- son hombres, y cada vez más jóvenes. Es una desgracia. Ya podemos hacer leyes, pero si no cambiamos la mentalidad de los niños y de los jóvenes no hay nada que hacer.


Una referencia de cierre a VOX, porque veo que algunos han vuelto. Mal van ustedes cuando para defender a la señora Toscano, reprobada el otro día por su violencia política contra la ministra Irene Montero, necesitan decir que tiene mucha
hombría. Esa también es una forma de lenguaje machista, señor Sánchez del Real, cuando recurren a cualidades de hombre para poner en valor a una mujer. Aquí ni hombría ni 'hembría' -ya sé que la palabra 'hembría' no existe en el Diccionario de la
Real Academia-, aquí sororidad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bona tarda, diputades, diputats.


A vueltas con la ley del solo sí es sí; a vueltas, por tanto, con las propuestas feministas que se sustancian en esta Cámara y que, como legisladores, debemos sancionar y debemos poner en marcha, porque, en definitiva, si lo miramos con un
poco de perspectiva, lo que es evidente es que, cuando se trata de feminismo, cuando se trata de violencia contra las mujeres, cuando se trata de agresiones y abusos, todo vale. Todo vale quiere decir que un partido supuestamente de gobierno, como
el Partido Popular, comete la imprudencia, desde nuestra perspectiva, de traer hoy aquí esta propuesta para reabrir el caso, para crear más alarma social, para calificar a esa ley como una inutilidad hecha por un ministerio que solo trabaja sobre la
base de la ideología. Claro que sí, ¿sobre la base de qué va a trabajar? Es obvio que parte de nuestro trabajo es traspasar nuestra ideología a las leyes que estamos redactando. Si no, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Más ideológicas que sus
leyes he visto pocas; la ley mordaza, sin ir más lejos. Por tanto, traspasamos ideología. Sí, se trata de eso, efectivamente, han descubierto la política.


Dicho esto, me viene a la cabeza este afán que nos ha cogido a todos de defender a jueces y juezas. ¡A ver si nos entendemos de una vez! Estamos en este punto porque el 7 de julio de 2016 una chica fue atacada y agredida y se consideró que
era un abuso. La sociedad feminista, la sociedad progresista, salió

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en masa a la calle para decirles a los jueces: ¡Os habéis equivocado! Efectivamente, esa sentencia se revisó y pasó del abuso a la agresión. ¿Eran grandes juristas las que había en la calle? No, no, era gente con sentido común. Por
tanto, se traspasó al Legislativo la necesidad de impedir a la judicatura que siguiera emitiendo sentencias obviamente injustas. Ya no entro en si eran ilegales o legales; digo injustas. De ahí la fusión de los dos tipos. ¿Que ha acarreado una
rebaja de determinadas penas aunque se mantiene la horquilla fundamental? Sí, pero es que no estamos aquí para resolverlo todo con prisión, prisión y más prisión. Sobre todo, porque ustedes no entienden que la finalidad del derecho penal y de la
prisión no es únicamente retributiva. ¿Dónde está la rehabilitación? ¿Dónde está la ponderación?


De algún modo, la ley lo que recoge es la necesidad de prevención que impida estas conductas y, por tanto, avanza; de la recuperación de las víctimas y, por tanto, avanza; de la no revictimización en los procesos judiciales y en los
personales que se siguen después y, por tanto, avanza. ¿Ustedes creen realmente que la diferencia va a ser si los tenemos quince años en prisión -por cierto, como no imponen nunca las penas más altas, tampoco las cumplen nunca- o son catorce?
¿Esta va a ser la gran diferencia? No, señores, la gran diferencia para las víctimas va a ser un proceso con garantías, un proceso con rehabilitación del agresor y con recuperación y acompañamiento de la víctima. La gran diferencia va a ser que
pongamos instrumentos al servicio de las mujeres que han sufrido las agresiones para que recuperen su vida anterior. Y la gran aportación va a ser que hagamos entender a toda la sociedad que las agresiones sexuales no son tolerables. Son un
atentado a los derechos humanos que tenemos las mujeres; que, por cierto, somos humanas, por si alguien se ha perdido en este camino. Eso es lo que va a servir de algo. Por tanto, no es verdad decir aquí: ¡Uy!, alarma social, todos los
violadores van a salir. (Aplausos). ¡No es verdad!


Y vuelvo a lo anterior: si los jueces hubiesen querido, aplicando la disposición transitoria quinta no habría habido ni una sola revisión de sentencia. Y aquí dejo un dato: los abogados y las abogadas hacen bien intentando la revisión de
sentencia, es su trabajo. Son los jueces los que deben saber y valorar -porque no debe entrarse de nuevo en el caso- si esa disposición transitoria quinta es de aplicación o no.


La señora PRESIDENTA: Señora Vallugera, tiene usted que terminar, por favor.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Acabo inmediatamente.


Y se ha hecho en general. ¿Por qué ahora? Porque es feminismo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: No deberían echarte droga que provoque sumisión química, pero pasa; así que, bonita, vigila tu copa. No deberían aprovechar que vas escuchando un podcast por la calle para arrinconarte en un portal, pero
pasa; así que, mujer, estate alerta. No deberían agredirte sexualmente cuando sales a correr, pero pasa; así que, señora, mejor no salga usted a hacer deporte. No debería haber campañas así, culpabilizadoras de las mujeres y responsabilizando a
las víctimas que, por despreocupación, por despiste o simplemente por no tener que estar continuamente en tensión, pueden ser violadas. No debería haber campañas así, pero pasa. La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, ha sacado esta
campaña nada menos que el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es el mismo Partido Popular que todo el día se autoproclama impulsor del pacto de Estado pero que ignora las propias recomendaciones
del pacto, que dicen nítidamente en la medida 25 que las campañas han de poner el foco sobre el agresor y dejar de cargar la responsabilidad en la víctima; sí, la medida 25. Y, sí, en el debate de su oportunista, vaga y carente de datos empíricos
proposición no de ley hablo de esta campaña en Galiza, porque el asunto no deja de ser el mismo: el mismo por el que presentaron una enmienda a la totalidad, el mismo por el que creen que todo se arregla con penas más altas, el mismo por el que
atacan sistemáticamente al Ministerio de Igualdad y atacan también, por extensión, al movimiento feminista.


Porque esto de lo que va es de hacer uso de la libertad, de colocar el consentimiento en el centro, de que nuestro deseo importe y decida, de que las mujeres -todas las mujeres- tengamos autonomía y no se nos sobreentienda más. Por eso
hemos acabado con la distinción entre abuso y agresión, porque esto no va de evitar que nos penetren a costa de llegar a poner en riesgo nuestra vida, como ocurre. Porque no debería pasar, pero pasa que hay quienes saben que el miedo paraliza. Y
no debería pasar, pero pasa

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que hay quienes ven en las chicas borrachas la oportunidad de tener sexo esa anoche. No debería pasar, pero pasa que hay quienes piensan que si tienes una pareja no cabe que te diga que no. No debería pasar, pero pasa que hay colegas que
se organizan en un chat para violar brutalmente. No debería pasar, pero pasa que se graban vídeos sin consentimiento mientras se tienen relaciones sexuales. Tampoco debería pasar, pero pasa que esos vídeos se difunden. No debería pasar, pero pasa
que a alguien le llega uno de esos vídeos y, en lugar de borrarlo, lo comparte. No debería pasar, pero pasa que los hay que se quitan el preservativo a conciencia diciendo que es un accidente y sin avisar. No debería pasar, pero pasa que hay
jueces que ven jolgorio en una violación grupal, que no ven agravantes en situaciones de superioridad, que han llegado a exigir a una niña de cinco años que diga no cuando es agredida sexualmente. Porque no debería pasar, pero pasa que hay adultos
que abusan de su cercanía, parentesco o superioridad para obligar a adolescentes a hacerles una felación. No debería pasar, pero pasa, y nos lo advierte la Recomendación General 33 del Comité CEDAW.


No debería pasar, pero pasa. Por eso la ley del solo sí es sí explicita que es necesaria la formación con perspectiva de género para todos los operadores jurídicos, igual que lo es en derechos humanos. Porque no debería pasar pero pasa, la
ley prima la atención integral, la sensibilización, la prevención, la protección, el acompañamiento, la reparación. Porque no debería pasar, pero pasa que hay quienes piensan que el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. Por eso la ley del
solo sí es sí sabe la importancia de la educación. Porque no debería pasar que hubiera agresores amparándose en el silencio, en el pánico al estigma de la víctima, pero pasa. Por eso esta ley atiende a las mujeres sin necesidad de denuncia. Por
eso esta ley pone centros de crisis durante las veinticuatro horas. Porque tampoco debería pasar que la prioridad para unos jueces en un país con injusticias flagrantes, con desahucios, con despidos, con daño, con dolor, con represión fuera la de
avisar raudos a unos abogados para que puedan, como decía la diputada de Esquerra, hacer su trabajo y puedan bajar las penas retroactivamente, saltándose la disposición transitoria quinta del Código Penal, de la reforma de 1995 y también de la
reforma de 2015 por la que no cabe la revisión cuando la pena que se está ejecutando sea imponible con arreglo a la nueva legislación. No debería pasar, pero pasa que una parte de nuestra sociedad sigue siendo machista, patriarcal, clasista,
sexófoba, antigitanista, LGTBIfóbica y capacitista. Y porque esto ocurre y porque hay otra parte de la sociedad -cada vez mayor- que defiende los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social es por lo que hay una ley del solo sí
es sí, entre otras.


Los avances del feminismo no los van a poder detener, porque ya han recurrido todas las veces que han querido la Ley 1/2004 y el Tribunal Constitucional siempre les ha quitado la razón. Y les ha dicho algo más en esa respuesta, les ha dicho
que dejen de resistirse a vivir en el siglo XXI.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, tiene usted que terminar, por favor.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Acabo ya, presidenta.


Les dice que hagan el favor de ser una derecha democrática -a ver si son capaces-, porque, cuanto más ataquen, más nos tendrán enfrente a las feministas y a quienes defendemos la justicia social. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias presidenta.


Buenas tardes, señorías. Quiero empezar mi intervención diciendo que esta propuesta que nos trae hoy el Grupo Popular entraña al menos una buena noticia, y es que el Partido Popular, por primera vez en la historia de la democracia española,
tiene iniciativa propia en materia de igualdad entre hombres y mujeres. (Rumores). Vamos a hacer un pequeño repaso. En 1985 el Partido Popular vota en contra de la despenalización del aborto. En septiembre de 2002 el Partido Popular vota en
contra de una proposición de ley orgánica de medidas para la protección integral contra la violencia de género que impulsa el Grupo Parlamentario Socialista. En diciembre de 2004, con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se
vuelve a impulsar la ley integral contra la violencia de género y -entonces sí- se aprueba por unanimidad. En febrero de 2007 el Partido Popular no apoya la Ley orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, no contentos con eso, la
recurren al Tribunal Constitucional -¡atención!- por las listas paritarias. En 2008 el Tribunal Constitucional declara la legalidad de la norma y hoy en día es un hito en materia de igualdad en nuestro país. En junio de 2010 el Partido Popular
vota en contra de la Ley

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de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y presenta otra vez un recurso al Constitucional que todavía está sin resolver, por lo que sigue poniendo en juego el derecho a la salud y la autonomía de las
mujeres.


Pero esperen, que hay más. En diciembre de 2013 la propuesta que plantea el Partido Popular, tratando de sustituir la ley del aborto, es un anteproyecto para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada;
saben bien cómo terminó aquella historia. Sigo, señorías. En septiembre de 2017 se aprueba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que no nombran ustedes en su proposición. El PSOE lideró en el Parlamento la elaboración de este pacto
que cuenta con el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Unidas Podemos. En aquellos momentos gobernaba el Partido Popular. Pues, fíjense, en mayo de 2018 miles de personas tienen que salir otra vez a la calle para
exigir al Gobierno que incluya en los presupuestos generales los 200 millones que, según el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos, eran necesarios para dotar económicamente el pacto de Estado. Y aun con todo, no es hasta agosto de 2018,
con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se hace efectiva la financiación y las transferencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales. (El señor Garcés Sanagustín: No es así.-Rumores). Sí, señor Garcés. Y para finalizar
este breve repaso, en 2022 el Partido Popular vota en contra de una iniciativa del PSOE que ha convertido el acoso en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo en un delito, una reforma que hoy funciona perfectamente, alejando a estos
grupos integristas de las clínicas y protegiendo el derecho a la intimidad y a la libertad de las pacientes.


Señorías del Grupo Popular, en materia de igualdad ustedes siempre han manejado dos escenarios: o se oponen frontal y radicalmente y recurren las leyes de igualdad al Tribunal Constitucional, o acaban asumiendo a rebufo las posiciones del
Partido Socialista. (Aplausos). En ambos casos todas estas normas tienen algo en común, que se han convertido en grandísimos consensos sociales y todas las ha impulsado el Partido Socialista. Fíjense que también les sucedió a ustedes lo mismo con
el matrimonio igualitario. A ustedes, señorías del Grupo Popular, no se les conoce ni una sola propuesta, idea o medida que ahonde en los derechos de ciudadanía de las mujeres, ¡ni una! Señorías, es una incoherencia -por no ponerle palabras
mayores- que ahora muestren tanta urgencia y tanta preocupación por la seguridad de las mujeres, cuando es evidente que es una causa a la que ustedes no son sensibles, salvo si huele a rentabilidad política.


En cualquier caso, quiero recordarles que esta ley tiene una vocación de ser integral. Recoge importantísimas medidas, como ya han indicado otros portavoces; medidas en materia social, asistencial, sanitaria, preventiva, etcétera; y,
además, también recoge el derecho a la reparación de las víctimas. Por eso, les pediría que dejaran ustedes el oportunismo y el populismo punitivista a un lado, al menos hasta que podamos conocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Señorías,
las prisas no son buenas consejeras. Si no quieren respetar a este Gobierno, respeten al menos el trabajo de los operadores jurídicos que, por cierto, quiero recordar que es fundamental en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.
(Aplausos).


Señorías del Grupo Popular, en materia de igualdad en el mejor de los casos ustedes han llegado tarde. Sin embargo, como invariablemente hemos hecho, el Partido Socialista siempre les estará esperando para trabajar por la igualdad.


Muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.


Señora Romero, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?


La señora ROMERO SÁNCHEZ: De momento, estamos estudiándolas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muy bien.


Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL CRECIENTE DETERIORO DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS. (Número de expediente 173/000179).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que va a ser el último que debatiremos hoy dejando, por tanto, para mañana una moción.

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Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el creciente deterioro de los servicios ferroviarios. Por el grupo autor
de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora CruzGuzmán García.


La señora CRUZ-GUZMÁN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debatimos hoy esta necesaria moción consecuencia de interpelación urgente de mi grupo, que tiene como objetivo reforzar el compromiso con el ferrocarril, vertebrador del territorio y herramienta de cohesión social, exceptuando en
aquellos territorios que adolecen de dicha infraestructura; el medio de transporte más sostenible y más seguro que todos los grupos que conformamos esta Cámara alguna vez hemos defendido.


Exponíamos en nuestra interpelación el abandono de la red ferroviaria y ahora pedimos el apoyo a medidas específicas, porque, señorías, el problema que tiene Sánchez es que ha pasado de crear un eslogan para su Gobierno a convertir su
Gobierno en un mero eslogan, solo eso. (Aplausos). Del 'no dejar a nadie atrás' -que se lo cuenten a las familias españolas- al 'sí es sí', lema que ha quedado exclusivamente para encabezar la manifestación de delincuentes que salen de prisión
antes de tiempo y atemorizan a las víctimas de agresiones sexuales. Hoy mismo hemos visto la rebaja de la pena del caso Arandina en La Rioja; no puedo imaginar el dolor de esas madres ni de esas jóvenes. Mucha publicidad y poca realidad, mucho
marketing y poca gestión es lo que ofrece Sánchez y desespera a los españoles.


Nos increpaba la ministra Sánchez diciendo que no entendía cómo nos atreveríamos a quejarnos ante esta situación; que somos poco patriotas, nos decía. Y es justo lo contrario: queremos que España vaya bien. Se apoyaba la ministra para su
crítica en los buenos datos de encuestas europeas con relación al ferrocarril. No sé si habrá intervenido la cocina del señor Tezanos, pero la animo a que pise la calle, a que se asome a las verdaderas encuestas en España y a que le eche un ojo a
la prensa diaria de nuestro país. La Voz de Galicia: quejas de usuarios porque las demoras en Ourense son sistemáticas. (Muestra un recorte de prensa). El Español: viajeros del AVE Madrid-Málaga que se quedaron más de tres horas tirados.
(Muestra otro recorte de prensa). La Tribuna de Ciudad Real, que señalaba que durante octubre han tenido la semana del caos en los Avant. (Muestra otro recorte de prensa). Y -¡cómo no!- el tren de Extremadura, que ha provocado nuevos retrasos,
dos horas en el Alvia en la conexión Badajoz-Madrid; y era la tercera vez en la misma semana en el mes de octubre. Ayer mismo, nuestro alcalde de Algeciras, Landaluce, denunciaba un nuevo retraso entre Madrid y Algeciras; eso sí, dice que
solamente ha sido media hora de retraso, de forma irónica, por supuesto. Además de estos inconvenientes, encontramos que las frecuencias pre-COVID siguen sin recuperarse. ¿Dónde está la línea AVE Zaragoza-Madrid de las siete de la mañana? ¿O el
prometido aumento de frecuencias entre Alicante y la capital? Nada de nada. ¿Quién falta a la verdad? ¿El Gobierno, que asegura que las frecuencias están al cien por cien, o los periodistas que denuncian esta falta de servicio?


Señor y señora Sánchez, si no creen a los periodistas, a esos que censuran y estigmatizan diciendo que son de derechas o de izquierdas, buceen en las redes sociales. En Twitter solamente tiene que poner: quejas de Renfe. Y pueden leer a
Carolina Alonso de Podemos, que dice que Renfe ha colapsado la Comunidad de Madrid. (Muestra un tuit). O pueden ver los trenes de media distancia de Galicia, que tienen cientos de vídeos con aglomeraciones y embudos. Y, si no, disfruten del
ingenio y creatividad de nuestro país con otro tuitero que nos dice: Todos mis videos virales son de Renfe. (Muestra un tuit). Debe ser el único tema que une a todos los españoles.


Este es el resumen: cientos de usuarios denunciando la situación, trenes de cercanías y media distancia con retrasos y averías, colas kilométricas y falta de personal. Los trabajadores son los que sufren en primera persona la dejadez del
Gobierno en la inversión y planificación de nuestro sistema ferroviario. Hablen también con ellos y que les digan cómo se sienten, porque ellos son los que tienen que dar la cara por su incompetencia. Destaco, por ejemplo, las agresiones sufridas
hace unos días por los maquinistas en Cataluña ante una gran falta de seguridad. Precisamente por esa falta de maquinistas es por lo que no se han puesto en funcionamiento el cien por cien de las frecuencias. Es ahora, después de cuatro años de
legislatura, cuando convocan cuatrocientas plazas de maquinistas. Vamos a ver, ¿dónde está la planificación de los recursos humanos de Renfe? Los maquinistas tienen que pasar por un espacio de mentorización con aquellos que tienen más experiencia,
porque está en juego la seguridad de muchos viajeros. Pedimos, por eso, que se cumpla el plan de empleo de Renfe, con sentido común -aunque es el sentido menos común que tiene este Gobierno- y con transparencia en el sistema de selección, porque ya
han invalidado alguna convocatoria por falta de seguridad jurídica y de transparencia.

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Pero si tenemos que poner un ejemplo del caos en la gestión fruto de las medidas improvisadas, sin análisis y sin escuchar ni a los expertos -que les aseguro que existen- ni a sus propios técnicos, es sin duda alguna su deriva del 'todo es
gratis para todos' también en el tren; medidas a las que Europa está diciendo que no y a las que no está dando su visto bueno. Su regalo está provocando el colapso de muchas líneas, mientras que se quedan los vagones vacíos ante la desesperación
de los usuarios. Su objetivo ha sido la búsqueda de votos y lo que están encontrando es un enfado generalizado, porque a muchos el regalo les está saliendo muy caro al tener que buscar otro medio de transporte o pagar su billete sin descuentos si
consiguen subirse al tren sin billete. Ahora dicen que van a poner remedio tras meses de caos; veremos cómo lo hacen. Era tan sencillo como haber ayudado a quienes más lo necesitaban, a los trabajadores y estudiantes, rebajándoles el bono.
Además, pedimos que revisen las tarifas, esas que poco a poco, con nocturnidad y alevosía, van subiendo extra a extra, haciendo caja y poniendo al consumidor las cosas cada vez más difíciles, utilizando hasta pop-ups en su web a ver si pica algún
incauto. Por cierto, una web y una aplicación que falla más que el tren de Extremadura.


Este carísimo obsequio ha costado a los españoles 660 millones de euros que podrían haber supuesto un impulso a los retrasados corredores ferroviarios, que mejorarán nuestra economía y que traerán el mejor regalo que podemos ofrecer: la
disminución del desempleo y trabajos dignos que permitan libertad plena a los españoles para viajar donde y cuando quieran.


Señor Sánchez, le aseguro que no pasará a la historia por sus exhumaciones, sino como el gobernante que exhibió la peor historia de nuestro país, el que hizo tambalear a las instituciones, el que enturbió la separación de poderes y el que
dejó desmantelado el sistema ferroviario. Su deuda no nos permitirá olvidar en décadas su nefasta gestión al frente de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cruz-Guzmán.


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, creemos que el transporte de pasajeros y de mercancías por ferrocarril debe mejorarse de manera sustancial en España, pero diferimos con algunos puntos de la exposición de motivos de la moción presentada por el Grupo Popular.


Para Teruel Existe el principal problema del ferrocarril en España se encuentra en la desatención, cuando no en el abandono, a lo largo de una etapa histórica del ferrocarril convencional, así como en la falta de modernización de los
servicios de transporte de pasajeros que utilizan estas infraestructuras. Por el contrario, las políticas que han mantenido los sucesivos gobiernos han primado la construcción de infraestructuras de vías de alta capacidad y la modernización de los
transportes de cercanías, especialmente en Madrid y en las grandes ciudades.


Debe quedar claro que no discutimos la necesidad de mejorar las cercanías allí donde las haya, sin embargo, es muy preocupante que la planificación se haya limitado de manera exclusiva a las infraestructuras de alta velocidad radiales,
obviando, desatendiendo e ignorando sin justificación alguna la conexión de la nueva red con las pequeñas y medianas ciudades, utilizando, como podía, la infraestructura ferroviaria convencional existente.


Por ello presentamos enmiendas de adición en seis puntos, que amplían las propuestas contenidas en la moción mediante, por ejemplo, la iniciativa de urgir la construcción también del corredor de alta capacidad cantábrico-mediterráneo por
Teruel, con vía doble electrificada, para uso mixto de transporte de pasajeros y mercancías, tal como está contemplado en la planificación española y europea, pero que nunca se materializa y, del mismo modo, para acelerar la reapertura del túnel y
la estación de Canfranc para el tráfico ferroviario internacional. Se propone también la realización de un estudio para mejorar la vertebración territorial con la modernización del ferrocarril convencional, estudio que ya estaba incluido en nuestro
acuerdo de investidura como elemento central de transporte y la conexión a las líneas de autobús y a los servicios de transporte bajo demanda. También la modernización del transporte de pasajeros en las líneas de ferrocarril convencional en las
provincias de Huesca y Zaragoza y el estudio informativo para un ramal ferroviario entre Samper de Calanda y Alcañiz, en Teruel.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte.


Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Las medidas contenidas en los seis puntos de esta moción ferroviaria del Grupo Popular son de urgente aplicación, y lo sabemos muy bien en Asturias, una comunidad en la que el servicio de cercanías está en pleno proceso de desmantelamiento,
tanto la red de ancho métrico de la antigua FEVE como la convencional.


Tampoco nos va mejor con los planes de integración urbana del ferrocarril, caso singular del de Gijón, la población más numerosa de la región, que tiene construido, y sin entrar en servicio desde hace casi diez años, un túnel de casi 4
kilómetros, pese a que el primer Gobierno de Sánchez firmó el convenio consensuado en 2019, que no solo ha incumplido desde entonces, sino que ha roto unilateralmente.


Señoras y señores diputados, Asturias y todo el noroeste peninsular continúan excluidos de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario, (TEN-T), en una inaceptable discriminación territorial que nos arrastra a una merma de competitividad y
de empleo. Asimismo, la variante de Pajares, por la que circularán trenes el próximo 2023, no será de alta velocidad, desperdiciando así una inversión de casi 4000 millones de euros y las características de un gran proyecto rechazado contumazmente
una y otra vez por los socialistas en esta Cámara, que fue concebido para comunicar Madrid y Oviedo en menos de dos horas y media; ahora, baja velocidad mediante, se anuncia que en tres horas y cuarto. Sin salir de Asturias, sus dos grandes
puertos, El Musel y Avilés, carecen de infraestructuras y de enlaces ferroviarios para el transporte de mercancías dignos del siglo XXI. De esta guisa se desaprovechan las grandes inversiones ya realizadas en los dos puertos principales de
Asturias.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Buenas tardes. En esta moción se mezclan todo tipo de cuestiones que van desde los servicios suspendidos por la pandemia hasta el corredor atlántico-mediterráneo, pasando por las tarifas, las cercanías y la media distancia. Todo esto está
muy relacionado, pero no deja de ser oportunista porque: ¿quién puede decir que no a estas cuestiones? Hay que reconocer que el Gobierno sí contempla estas partidas en estos presupuestos, y estos objetivos los tiene ya situados.


Si tuviéramos que decir cuáles son las prioridades para Cantabria, yo las centraría en la renovación de la flota de trenes, que realmente tiene unas carencias enormes, y también en los elementos de seguridad, la implantación del Alfa, los
enclavamientos, etcétera, que están originando un caos y es un clamor total. Naturalmente, todas las obras en marcha valen para cercanías, mercancías, acceso a puertos, etcétera, por lo que hay que decir que sí.


Diría que a nosotros en Cantabria nos preocupa especialmente algo, que es el sexto punto -que no está contemplado como nos gusta- sobre el corredor ferroviario atlántico, del que Cantabria está excluida. A pesar de que en los
complementarios hay ramales a Galicia y Asturias, nosotros no los tenemos. Hemos solicitado la inclusión en este ramal del tramo Bilbao-Santander -esperamos contar con nuestros vecinos vascos- y esta misma semana una delegación de Cantabria va a
Bruselas para ver si se puede introducir en lo que se denomina la red básica ampliada que tiene el horizonte 2040, y creo que no es mucho pedir algo con una perspectiva de casi veinte años.


Por eso nosotros no podemos aprobar esta moción y vamos a centrarnos en lo positivo, que es lo que está intentando hacer el Gobierno, para ver si conseguimos incluir Bilbao-Santander como complemento del corredor atlántico.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.


El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.


Hoy vamos a hablar de trenes y, como he hecho desde el año 2016, voy a hablar del tren de Extremadura, como todo el mundo puede imaginar, y además seguiré haciéndolo hasta que los extremeños tengamos todo el corredor completo porque creo que
es imprescindible.

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Hay una moda ahora, que puede apuntarse la gente que se presente a las próximas elecciones, que es montarse en el tren de Extremadura. El otro día Feijóo se montó en el tren para llegar a Cáceres y creo que está bien. El hecho de que los
políticos utilicemos el tren está bien, pero el problema es que se utiliza como gesto y que la política se ha convertido en una pose permanente. Creo que los políticos tenemos que utilizar el tren para saber cómo funciona, para conocer sus
carencias y para saber en qué tiene que mejorar. Lo hago habitualmente y es cierto que el tren de Extremadura ha tenido incidencias, sí, pero como la mayoría de los trenes de este país y la mayoría de los trenes de Europa, pero la mayoría de las
veces que me he montado en el tren ha llegado puntual, y hay que decirlo.


Voy a reconocer que esto de las redes sociales y del wasap nos ayuda a los políticos a saber la situación que los ciudadanos viven. Quiero nombrar a un amigo, a Paco, que es un extremeño que utiliza el tren habitualmente, un tío exigente, y
me parece bien que sea exigente; un tío, reivindicativo, y me parece bien que sea reivindicativo, y una persona que tiene una discapacidad visual y que necesita el transporte público para llegar a su trabajo, para desplazarse de Madrid a
Extremadura y de Extremadura a Madrid. Por eso me sirve mucho lo que los ciudadanos dicen a través de las redes y de los mensajes. No creo que Feijóo buscara que la gente le diera su opinión cuando fue a Extremadura en tren y dudo que preguntara a
alguien cómo estaba el servicio ferroviario. Por eso yo reconozco que cada vez que hay una incidencia a veces tengo la sensación que soy el presidente de Renfe. (Rumores). La gente me empieza a mandar mensajes de wasap y me increpa por las redes
sociales como si yo tuviera alguna responsabilidad. Voy a reconocer que no me molesta, voy a reconocer que me alegra y, además, voy a pedir que lo sigan haciendo, porque cuando me presenté como candidato al Congreso de los Diputados por la
provincia de Cáceres lo que buscaba era que la gente me tuviera de referencia (aplausos); que la gente, cuando tuviera un problema, pudiera decírmelo, y que la gente supiera que se la escucha, siendo su altavoz sus diputados cuando hablan en el
Congreso.


Me resulta curioso que el Partido Popular traiga esta iniciativa aquí porque han gobernado hasta hace relativamente poco. (Risas). Feijóo pidió el otro día para los extremeños un tren digno de alta velocidad, como tienen otras comunidades
autónomas, y estoy de acuerdo con Feijóo porque yo también quiero eso. Lo que tengo muy claro es que si el Partido Popular llega a gobernar este país no garantizará que los extremeños tengamos lo que nos merecemos por una sencilla razón y es porque
en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, la puntualidad de los trenes extremeños era del 60 % y a día de hoy es del 85 %; cuando en 2018 gobernaba el Partido Popular, la mayoría de las obras del tren extremeño estaban paradas, y a día
de hoy están todas las obras en marcha -esa es la diferencia con el Partido Popular-, y cuando vemos además que estos presupuestos que aprobamos el jueves con el voto en contra del Partido Popular duplican lo que invertía en ferrocarriles el Partido
Popular, evidentemente digo que como extremeño, como socialista y como usuario del tren, no quiero que este país vuelva a estar gobernado por el Partido Popular porque eso supone un retroceso para regiones como Extremadura, y creo que no nos lo
merecemos. (Aplausos).


En política, sobre todo, tenemos que ser coherentes. Me alegro -y además felicito al Partido Popular por ello- de que haya traído esta iniciativa aquí, pero la trae en un momento en el que este Gobierno es referencia por tener las políticas
ferroviarias más ambiciosas que se han hecho en este país, y las cifras lo dicen: 4600 millones para nuevos trenes. Claro, cuando se estropeaban los trenes extremeños, uno se preguntaba: ¿por qué se estropeaban? Porque el Partido Popular no
había comprado ningún tren nuevo. Cuando uno se daba cuenta de que había incidencias permanentes en las infraestructuras, se preguntaba: ¿por qué ocurría eso? Ocurría porque el Partido Popular no invertía en las infraestructuras que necesitábamos
todos los extremeños.


Se ha puesto en marcha una medida que me parece ejemplar, valiente y de referencia, que son los bonos del transporte. Conozco a gente que se tiene que desplazar cada día entre Plasencia y Mérida que antes se gastaba 800 euros al mes y ahora
lo puede hacer de forma gratuita. Las políticas de este Gobierno acercan personas y facilitan que todos tengamos las mismas oportunidades.


Quiero terminar con un reconocimiento al ministro Ábalos, que fue el que creyó en Extremadura y el que empezó a impulsar el tren de Extremadura y gracias a eso los extremeños ahora podemos sentirnos más iguales y con las mismas oportunidades
que tiene el resto. (Aplausos). Por políticas como esa merece la pena estar en política, merece la pena ser socialista y merece la pena votar lo que siempre decide este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.


Con su permiso, intervendré desde el escaño. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!


La señora GOROSPE ELEZCANO: Señora Cruz-Guzmán, nos trae a debate hoy -está entretenida con sus compañeros, pero me dirijo a usted en cualquier caso- una moción que está alineada con muchas de las iniciativas que nuestro grupo
parlamentario, el Grupo Vasco, tanto aquí como en el Senado, en reiteradas ocasiones para distintas líneas ferroviarias ha promovido y ha favorecido, y ha solicitado que se mejoren las dotaciones de medios, que se mejoren las frecuencias, que se
hagan inversiones en mantenimiento y en seguridad, unos aspectos que, a nuestro juicio, son totalmente necesarios. Si se apuesta por la cohesión territorial -usted decía que las infraestructuras ferroviarias son elementos vertebradores
territoriales, cuestión que nuestro grupo comparte por completo-, social y económica, hay que apostar por una importante, potente, actualizada y de calidad red de infraestructuras y también de infraestructuras ferroviarias, como no puede ser de otra
forma, porque realmente es lo que une a la ciudadanía con sus entornos sociales y económicos y con sus centros de estudios y es lo que realmente les da oportunidades, genera empleo y riqueza. Porque si se apuesta por la sostenibilidad, es indudable
también la sostenibilidad medioambiental, social y económica, hay que apostar de una manera decidida por una importante red de transporte y un sistema de transporte público de calidad ferroviario. Y si se apuesta -y desde luego el Grupo Vasco
(EAJ-PNV) apuesta de forma decidida- por favorecer la accesibilidad a ese sistema de transporte público ferroviario, hay que adoptar medidas que permitan eliminar desigualdades y que puedan ayudar más en situaciones de crisis económica como la que
estamos viviendo ahora a aquellas personas que tienen mayores dificultades para favorecer que desaparezcan esas desigualdades sociales. Por tanto, desde nuestro enfoque, el proyecto ideológico del Grupo Vasco (EAJ-PNV) va dirigido a una política de
desarrollo humano, no desarrollista, que favorezca a aquellas personas poniéndolas en el centro de nuestras decisiones políticas, y sostenible. Indudablemente nuestra apuesta es clara por este tipo de medidas.


Hay aspectos de su moción que no compartimos por completo y nos generan algunas dudas. Sin embargo, otros sí nos parecen acertados y contarían con nuestro apoyo si su grupo parlamentario aceptara que pudiéramos votar por puntos. Por si no
lo va a aceptar, le diré, para que conste en el Diario de Sesiones, cuáles son aquellos aspectos de su iniciativa que a nuestro grupo le parecen bien. Por ejemplo, restituir el cien por cien de los servicios ferroviarios que fueron suspendidos tras
la declaración del estado de alarma de la pandemia, nos parece una medida que realmente se debe favorecer; recuperar la plantilla de maquinistas mediante el cumplimiento del plan de empleo, porque de otra forma va a ser difícil mejorar esas
frecuencias que reclamamos, y, por supuesto, también acelerar la construcción de los corredores, el corredor atlántico y el mediterráneo, en su caso. Con este planteamiento, si usted acepta votar por puntos, contará con nuestro apoyo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes. Si hay una cosa evidente que en principio es una opinión de quien suscribe, pero que creo que saben todos los españoles, es que los servicios ferroviarios en España han ido a peor y, además, han ido a peor en los
últimos meses mucho más allá de lo que permite excusar la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus. Esta es, por tanto, una justificación que ya no se sostiene actualmente para recuperar todos aquellos servicios ferroviarios que se
suspendieron precisamente por aquel motivo ante las limitaciones a la movilidad de la ciudadanía. Muchas de esas líneas o frecuencias siguen pendientes de volverse a poner en marcha hoy, fundamentalmente además en la red convencional. De hecho, a
preguntas de este diputado por la perspectiva de plazo y la voluntad de recuperación en cada comunidad autónoma de esos servicios el pasado 25 de febrero, el Gobierno respondía a todas las preguntas, como digo, una por cada comunidad española,
exactamente con el mismo texto, refiriendo

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únicamente un 'estamos en ello', reconociendo expresamente las deficiencias en el servicio ferroviario y achacándolo a la pandemia por no disponerse literalmente de personal de conducción, que está en proceso de formación y habilitación.
Así consta en las respuestas que se me dieron el 28 de marzo de este mismo año. Pero lo más curioso es que con los servicios suspendidos tras la pandemia y no recuperados, con trenes parados que dejaron de circular y con líneas y frecuencias que no
vuelven a estar en funcionamiento, Renfe asegura que tiene en estos momentos la plantilla de maquinistas más alta de los últimos años. El problema, señorías, no es que no haya maquinistas, según parece y nos dicen, sino que los maquinistas no están
conduciendo trenes. Esa es la única conclusión posible a la ecuación de menos trenes y más maquinistas que nos explican. Porque ese es el problema, que se nos anuncia la contratación de maquinistas, pero no aumentan los trenes que circulan por
nuestra red ferroviaria. Peor es la situación de Cercanías y Rodalies, que llevan muchos años de abandono en muchas de ellas: vías sin electrificar, tramos sin desdoblar, instalaciones faltas de reforma y material rodante obsoleto, digno de una
época que en muchos casos dista décadas de la actual.


Este Gobierno ha vuelto a prometer -la semana pasada sin ir más lejos- a grupos anclados en sus territorios infraestructuras ferroviarias. Son las mismas infraestructuras que se prometieron el año pasado, que se prometieron el anterior, que
vienen siendo prometidas desde hace muchos años y que nunca llegan. Al señor Guitarte, de Teruel Existe, parece que ya no le engañan más, aunque no pasa lo mismo, aparentemente, con el señor Baldoví, de Compromís, o con el señor Mazón, regionalista
cántabro, como hoy mismo nos han demostrado, que andan aún creyendo en la promesa de las mismas infraestructuras un año tras otro. No digamos ya nada del nacionalismo catalán de derecha e izquierda, que ha llegado a criticar que el problema
-supongo que se refieren al problema de Cataluña en exclusiva- es que hay demasiada inversión, pero escasa ejecución, y con eso está todo dicho. En la próxima campaña electoral -no lo dudo- les veremos volver a disparar contra un Gobierno que no
cumple en infraestructuras ferroviarias, pero olvidando que les han votado una vez más los presupuestos.


Los problemas se suceden y las quejas aumentan. Para muestra, un botón, el famoso AVE de Extremadura que ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista, el señor Ramos, que de AVE solo tiene el nombre. El pasado 1 de noviembre tuvo lugar
el enésimo incidente con un tren que llegó con un retraso de casi una hora a Madrid y, lo que es peor, con parte de su pasaje sentado en los pasillos de los vagones. El 3 de noviembre este diputado pregunto qué es lo que había pasado porque se
decía que el problema es que hubo que cambiar de tren porque el maquinista no se presentó y el sustituto no tenía habilitación para operar precisamente el Alvia 730. No es que hubiera que cambiar de maquinista, es que hubo que cambiar de tren, y
así lo confirma la respuesta del Gobierno de hace escasamente unos días, que, efectivamente, eso es lo que pasó, y la solución es, simplemente, el cese de los responsables de servicio público y de los servicios comerciales. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Entiendo que el señor Ramos, pese a la tranquilidad que hoy dice tener como diputado socialista, como extremeño y como portavoz de Transportes, esté al borde de infartar cada mañana, porque esas tres
circunstancias, socialista, extremeño y portavoz de Transportes deben ser factor de riesgo en materia ferroviaria.


Miren, una más. Llevamos semanas viendo los trenes de media y larga distancia circulando en muchas líneas con plazas sin ocupar, pero siendo imposible adquirir un billete porque está todo el pasaje vendido. Este ha sido el maravilloso
resultado -lo decía el otro día- de un programa de bonificación de viajeros frecuentes que ha permitido adquirir plazas gratuitas sin control alguno sobre su efectivo uso por los adquirentes. Precisamente, es un efecto perverso y contrario al que
se perseguía. Ahora anuncian el mismo programa para el transporte de pasajeros por carretera. Lo que es de esperar es que se controle que, efectivamente, no se pagan billetes por asientos en autobús que no se ocupan realmente porque están
subvencionados.


Por supuesto, apoyaremos una moción que reclama acelerar inversiones y obras en los corredores previstos y comprometidos dentro de la red transeuropea de transportes, infraestructuras vitales para el desarrollo de España y su conexión con
Europa, unos corredores que, con el retraso que acumulan, son cualquier cosa menos, precisamente, corredores. Como digo, apoyaremos la moción.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Señores del PP, estamos de acuerdo en lo que dicen. De hecho, a pesar del elevado grado de oportunismo y de demagogia, vamos a votar a favor porque siempre es positivo que se apriete al Gobierno para que ejecute actuaciones que son
necesarias, pero, entre otras cosas, ustedes una vez más se han olvidado de Galiza. Hablan del bajo grado de ejecución de actuaciones en materia ferroviaria y olvidan, por ejemplo, que, en el caso de cercanías, en Galiza no existen. No sé si es
intencionado o tal vez refleja ese sentimiento de responsabilidad porque ustedes estuvieron en el Gobierno muchos años. La señora Ana Pastor fue ministra de Fomento y no cumplió con nuestro país, porque no implantó ese servicio de cercanías
ferroviarias, al que también parece que se resiste el Partido Socialista y que nosotros continuaremos reclamando.


Acabo. Nos sorprende que las enmiendas del Partido Socialista vayan en la dirección de eliminar cualquier referencia al corredor atlántico de mercancías.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


En primer lugar, quería comenzar felicitando a la Mesa; ya estaba bien. En segundo lugar, cuatro tuits de Cercanías València Oficial. Cercanías 08:55, Gandía-València Nord, circula a su paso por Xeraco con cuarenta minutos de demora.
Cercanías 09:12, Gandía-València Nord, suprimido; siguiente tren a las 09:25. Cercanías 15:49, València Nord-Xàtiva, hoy suprimido; siguiente tren, 16:19. Una usuaria contesta: ¿En serio? Hay gente que va a recoger a sus hijos al colegio.
Si fuera algo puntual, pero es que es día tras día. ¡Qué impotencia! Impotencia por llegar tarde, por no llegar y por tener que pedir un justificante para entregarlo en el trabajo y en la universidad.


Y esto va para ustedes. No podemos permitir que la derecha nos saque los colores en el transporte público, porque es una puerta abierta a futuras privatizaciones y hemos de conseguir que este servicio público sea eficiente. Tenemos que
sentirnos orgullosos también de nuestros servicios públicos de transporte, porque, si no, abriremos puertas. Y estaría bien que ya se hiciera una ley del transporte público con criterios objetivos a la hora de repartir el dinero público para los
diferentes transportes públicos.


Moltes gràcies, senyora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Baldoví.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.


La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.


Señora diputada del PP, decía usted que el Gobierno no está cumpliendo con los planes de rodalies, pero ustedes tampoco lo hicieron. Decía usted que no reparan en el deterioro de los servicios, pero ustedes tampoco lo hicieron. Decía que
hacen falta trenes nuevos, pero ustedes no compraron ni un solo tren nuevo en Cataluña. Su gestión en Cataluña, señores del Partido Popular, fue nefasta -y utilizo el mismo concepto que utilizó la ministra la semana pasada en la interpelación-,
pero igual de nefasta que la del Gobierno actual. Si en algún punto podíamos estar de acuerdo en esta moción es en el punto 6: acelerar el corredor mediterrani. Con su enmienda, el Partido Socialista elimina el punto 6. Este es el interés de
este Gobierno por el corredor mediterrani.


Esta mañana los diputados de Junts no hemos podido asistir a la rueda de prensa que teníamos prevista porque el tren que hemos cogido en Barcelona ha salido una hora tarde, y así se encuentran cada día los usuarios de los trenes en Cataluña:
llegan tarde a sus trabajos, llegan tarde a la universidad, llegan tarde a sus citas... Con ustedes perdemos productividad, perdemos tiempo y perdemos dinero. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor.


La señora NOGUERAS I CAMERO: Eso sí, el servicio es gratis. Solo hace falta revisar los datos que ustedes mismos publican en las webs de los ministerios para afirmar que todos ustedes, unos y otros, faltan a la verdad. Por ejemplo, el
impacto de la no ejecución de los presupuestos es la pérdida de oportunidad de la creación de unos 100 000 puestos de trabajo en Cataluña. Hay planes de inversión en Cataluña que llevan

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más de treinta años en la mesa del Partido Popular, en la mesa del Partido Socialista, en la mesa del Gobierno más progresista de la historia. Eso sí, cada año no falla el anuncio de la lluvia de millones.


En lo que va de año, Adif ha notificado más de 330 incidencias solo en Cataluña. Rodalies de Catalunya registra un 44 % más de incidencias y averías que Cercanías Madrid, y parece que como el mal servicio es gratuito no nos podemos quejar.
Pues nos quejamos, nos quejamos porque no queremos caridad, queremos inversión. Si tocan cien, se pagan cien y no se pagan veinticuatro. No queremos titulares, ni reencuentros, ni inventos, queremos lo que nos corresponde.


Termino, presidenta. Los ciudadanos de Cataluña pagan impuestos y pagan muchos impuestos para disponer de unos servicios dignos y que funcionen. (Termina su intervención en catalán).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidenta. Diputats i diputades, bona tarda.


Les confieso, señorías del Partido Popular, que he comprobado bastantes veces la autoría de la moción y cada vez que he visto que realmente era el Partido Popular quien la proponía, me ha sorprendido. ¿Cuántos años gobernó el Partido
Popular sin invertir en cercanías? ¿Acelerar la construcción de los corredores mediterráneo y atlántico? ¿Saben que no van a pasar por Madrid? Celebramos que ahora se preocupen por el transporte público y por rodalies, o como mínimo que lo hagan
ver, porque cuando han tenido la oportunidad de gobernar, estas inversiones que ahora piden, en Cataluña ni las olíamos. Aunque, para ser justos, tenemos claro que gobierne quien gobierne en la Moncloa el Estado nunca va a ir a favor de Cataluña ni
dels països catalans. El modelo de inversión del Estado y de la política de infraestructuras define a la perfección el funcionamiento de un Estado caracterizado por la ineficiencia, el centralismo y el nepotismo. (Aplausos). Su modelo de
infraestructuras es irracional desde un punto de vista económico, productivo y de justicia territorial, mucho más basado en el interés de unos pocos que en un diseño que beneficie a la mayoría. Una clara penalización para las clases populares y las
zonas más despobladas. Su lógica nacionalista española solo responde a una visión centralista y radial, sustentada por los intereses económicos de grupos empresariales demasiado vinculados a estructuras de los partidos españoles.


Su partido creó una auténtica trama de corrupción donde se beneficiaban individualmente los corruptos y los corruptores. Incluso su partido se beneficiaba de corrupciones ilegales. Resultado de esta corrupción institucional: un diseño
ineficiente del sistema ferroviario de alta velocidad, provocando que no se haya tenido en cuenta la rentabilidad y viabilidad económica de los más de 50 000 millones invertidos en AVE; retrasos en el corredor del mediterráneo de mercancías y
pasajeros; falta de conexión ferroviaria digna entre el País Valencià y Cataluña, falta de conexión de alta velocidad con Europa, retrasos en los accesos ferroviario a los puertos de Barcelona, Tarragona y Valencia. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Falta crónica de inversión en Rodalies, especialmente en Cataluña. Lo hemos repetido en otras ocasiones, hay líneas en estado muy deficiente. Por enumerarles algunas: R-4, R-3 y R-12, todas ellas en
Cataluña, con trayectos que tardan ahora más que hace cien años. (Aplausos). La cantidad de incidencias, retrasos y cancelaciones de trenes que afectan cada día a la red ha degradado la calidad del servicio hasta el punto de minar la capacidad
productiva, económica y competitiva de todos los municipios dels països catalans.


No queremos acabar sin antes mencionar la cantidad de veces que se ha tratado este tema del déficit del transporte ferroviario, tanto en el Congreso como en el Senado -PNL, mociones, preguntas orales, escritas...-, para mejorar el servicio y
hacerlo digno. Desde nuestro grupo reivindicamos un modelo de movilidad sostenible, priorizando la movilidad no contaminante, con más protagonismo para el transporte público y no para los vehículos privados. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Granollers. Perdone que la interrumpa. Señorías, es imposible seguir la intervención de quien está en uso de la palabra. Les pido silencio, por favor.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Infraestructuras sostenibles al servicio de la economía productiva, planificadas con criterios de rentabilidad socioeconómica, de evaluación de coste y de impacto social, territorial y medioambiental.
Fomentar el transporte público como piedra angular de las políticas de derecho a la movilidad. La programación de una intermodalidad y los sistemas de financiación son básicos para una gestión

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eficiente de un servicio público de calidad. Consolidación y mejora de la actual red de ferrocarril, con el sistema de cercanías como prioritario. Queremos asegurar infraestructuras para el país, un servicio cien por cien público y de
calidad, así como blindar los derechos a las clases populares y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Para ello, nosotros lo tenemos claro. Dos cosas: visión republicana y municipalista en la planificación de las infraestructuras. No
se pregunten más por qué somos independentistas.


Termino. Celebramos su visión. Les adelanto que votaremos a favor de esta moción. ¿Cómo íbamos a votar en contra? Pero se lo advierto, la vamos a guardar porque si algún día -esperemos que no- gobiernan, vamos a ver lo que van a hacer en
este tema.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Granollers.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López Domínguez.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


La verdad es que me bastarían bastantes pocas palabras para explicar nuestra posición sobre la moción que presenta hoy el Partido Popular. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. ¡Silencio!


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Vamos a votar en contra y no porque estemos en contra de las mejoras del servicio ferroviario, sino porque estamos en contra de la hipocresía del Partido Popular. Les podría decir que me ha sorprendido que el
Partido Popular presentase esa interpelación, la interpelación que precede a esta moción que estamos debatiendo hoy, pero la verdad es que no me ha sorprendido porque ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular a decir una cosa cuando está en la
oposición y hacer la contraria cuando está en el Gobierno. Pensé que debía ser una cosa de novatos. Recordemos que tanto la señora portavoz aquí, en el Congreso, como el señor presidente del Partido Popular hace muy poco que están en sus cargos, y
digo: quizás es que no se han parado a mirar lo que han hecho sus antecesores cuando están en el Gobierno. Descarté esa idea porque no me parece muy lógica. Luego pensé: ¡Ah, calla, que al Partido Popular eso de la memoria histórica no lo lleva
muy bien! Debe ser esto, que no se acuerdan de lo que hacen ellos cuando gobiernan. Pero hay periódicos, por lo que la idea tampoco era muy coherente. Así que solo he llegado a la conclusión de que lo que pasa es que el Partido Popular tiene mucha
mucha barra. Su señoría del Partido Popular, que se encargó de defender la interpelación que precede a esta moción, tuvo la desfachatez de erigirse como defensor de los servicios públicos, cuando es evidente y notorio el desmantelamiento de la
sanidad pública, de un servicio público que están haciendo en comunidades como Madrid.


El Partido Popular, además, tiene la desfachatez de presentarse, con esta moción, en defensa del tren público con precios más asequibles, del mantenimiento de las vías, cuando fueron ellos los principales artífices del deterioro de nuestros
servicios ferroviarios. Además, vienen aquí y hablan del deterioro de las vías -que es verdad hay algunas que están mal y nuestro grupo parlamentario ya ha defendido que esto no es un motivo para el desmantelamiento de ciertas líneas-, como si el
deterioro de las vías fuera de un día para otro. Pero, señores del Partido Popular, si en seis años que estuvieron en el Gobierno no invirtieron nada para su mantenimiento, ahora no se quejen. Si ustedes no limpian la cocina en seis años, la grasa
no se va y no le pueden echar luego la culpa al inquilino siguiente. (Aplausos).


En España, señorías, se han equivocado mucho con el tren, por el diseño centralista, por el desmantelamiento de vías que sí que ejercían la función de cohesión social y territorial que debe cumplir un transporte público. De hecho, estamos
viendo cómo algunas iniciativas ciudadanas están recuperando proyectos que, en su momento, ya existían y fueron desmantelados. Sin ir más lejos, les puedo hablar de la provincia de Girona, del tren-tram de la Costa Brava, un proyecto surgido de la
iniciativa ciudadana que pretende dotar con tren las comarcas del Baix Empordà; una comarca, señorías, donde se ha contabilizado que hay 970 vehículos por cada mil habitantes. Esto es una muestra evidente del déficit que tenemos de servicios de
transporte público. Por cierto, aprovecho para dar las gracias a la Asociación de Promoción del Transporte Público, que es quien ha promovido la iniciativa de la que les he hablado del tren-tram de la Costa Brava. En España, como les decía, se han
equivocado mucho con el tren: en la gestión del transporte ferroviario de mercancías, que no llega ni por asomo a la media europea; nos hemos equivocado en la gestión de la lamentable privatización, y se han equivocado invirtiendo en AVE y
olvidando las cercanías. Ahora no puede venir el PP a vendernos la moto. Bueno, el tren, mejor dicho.

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Cuando el Partido Popular gobernó por última vez, enterró debajo de la alfombra los planes de cercanías del anterior Gobierno, y solo se recordó que existían las cercanías, en este caso, de Cataluña, por fines electoralistas. Vimos,
incluso, titulares -leo literalmente- como: Rajoy se sube en cercanías por primera vez en seis años de Gobierno; por primera vez en seis años de Gobierno alguna inversión destacable en cercanías. Y, luego, nos vienen con que las líneas están
deterioradas. ¡Hombre, claro que están deterioradas! El Gobierno del Partido Popular nos endeudó a todos con un AVE que nadie necesitaba y que todavía estamos pagando.


Les voy a poner un ejemplo. Unos presupuestos del Partido Popular dedicaban el 67 % de la inversión en infraestructuras ferroviarias al AVE, que solo lo utilizaba el 7 % de la gente; 67/7. En cambio, solo dedicaba el 5 % del presupuesto
ferroviario a la línea de cercanías, que lo utilizaba un 88 % de la gente, más que nada clase trabajadora. Supongo que por eso no le interesaba.


La señora PRESIDENTA: Señora López, tiene usted que terminar, por favor. (Rumores). Silencio, por favor.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Voy terminando.


Decimos no a la hipocresía del Partido Popular, pero decimos sí a cercanías, a un convenio colectivo para las personas que trabajan en el sector, sí al tren nocturno y sí a un transporte público, social, asequible y sostenible.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Miralles Martín. (Aplausos).


El señor MIRALLES MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia.


Querida Patricia, la hierba es verde, la leche es blanca, los mosquitos pican y una persona condenada por enaltecimiento del terrorismo tiene un nombre; y que se te quite la palabra por utilizar ese nombre en esta Cámara es una vergüenza.
¡Viva la libertad! (Aplausos).


Se trae a debate una moción del Grupo Popular por medio de la cual, grosso modo, se insta al Gobierno a restituir el cien por cien de los servicios ferroviarios suspendidos tras el estado de alarma, la recuperación de la plantilla de
maquinistas, la impulsión de planes de mejora, la revisión del sistema tarifario, así como el impulso de los corredores mediterráneo y atlántico, un tanto deslavazada por cuanto han introducido este último punto del petitum, en mi opinión, que no
viene demasiado a cuento, que aun siendo una necesidad -como digo- no viene al caso.


De la lectura de la moción y de la intervención del portavoz socialista, he recordado la estrategia, cada vez más común, que se trae al debate parlamentario, que es la del partido de tenis sin red, en el que ni hay reglas ni hay técnica ni
hay capacidad, los reproches se eternizan y, por tanto, se eternizan las infraestructuras ante la absoluta desesperación de los espectadores, que son los sufridos españoles hartos de raquetazos de zurdos y ambidextros. (Aplausos).


El primer set de este hipotético partido de tenis sin red es el AVE a Extremadura, que lo prometía por escrito hace diez años el portavoz de infraestructura del Partido Socialista y ahora se mofa cuando se le recuerda. El segundo set de
este hipotético partido de tenis sin red podría ser el tren de Motril a Granada. Hace pocos días, el brillante secretario general de Infraestructuras del ministerio anunció que ha desechado el proyecto por inviable, dando datos de TIR negativos,
llegando a esa conclusión sin que haya un estudio de viabilidad, algo que me parece colosal. Con políticos así de eficaces es indudable que ahorraremos lo indecible en estudios y, por supuesto, en obras; brillantez y eficacia, dicho sea entre
comillas, que también ha puesto hoy de manifiesto el señor Rodríguez Gómez de Celis. Se ve que ese don lo inoculan en el Jaime Vera. Ese secretario general del PSOE que estaba al frente de las reivindicaciones del tren Granada-Motril es del mismo
partido que estaba al frente de las mareas amarillas reclamando en Granada el soterramiento del AVE. Hoy aquel PSOE les vuelve la cara a los vecinos de La Chana, de Pajaritos, de Rosaleda y de la barriada de la Juventud, y ahora el PP los jalea sin
recordar que antes ese mismo PP les daba la espalda.


Aprovecho el cambio de set para contarles que, hoy, esos motrileños y almuñequeros de los que hablaba la semana pasada a colación de los presupuestos se encuentran con su pancarta, en catalán, pidiendo infraestructuras en la puerta del
Palacio de la Moncloa. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

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El señor MIRALLES MARTÍN: Vamos al tercer set del partido de tenis sin red, el corredor de la Costa del Sol. En 2016, lo reclamaba el Partido Socialista en sede parlamentaria y se rasgaban las vestiduras pidiéndolo, y en 2020 la pelota la
tiraba el Partido Popular con una PNL para vincular dicho corredor mediterráneo a los fondos Next Generation.


Vamos al cuarto set, y prometo que es el último, porque podríamos estar aquí hablando del partido de tenis sin red durante largo tiempo, que es el corredor mediterráneo, que se queda en Almería. Ya está contento el lobby valenciano y ya
están contentos los amigos del independentismo catalán.


Concluyo, señora presidenta, con tres preguntas. ¿Por qué no existe ningún plan nacional concreto que se cumpla de forma efectiva? ¿Han pensado alguna vez en solucionar problemas en lugar de ser ustedes el problema? ¿No será debido, entre
otras cosas, a la entrega del Gobierno por acción o por omisión a la voracidad insaciable de los independentistas y enemigos de la nación?


Espero contestación a estas preguntas, así como también espero que pronto termine este suplicio a manos de un Gobierno que beneficia a terroristas y filoetarras, que es el término con el que se conoce comúnmente a la persona condenada por
enaltecimiento del terrorismo.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Una señora diputada: ¡Olé!).


La señora PRESIDENTA: Señor Miralles, le recuerdo que es obligación de todos los diputados y diputadas observar el Reglamento de la Cámara y, claramente, las últimas expresiones a las que ha hecho referencia vulneran el artículo 16 del
Reglamento de la Cámara. Muchas gracias.


Señora CruzGuzmán García, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?


La señora CRUZGUZMÁN GARCÍA: No aceptamos las enmiendas, pero sí aceptamos votar por puntos.


La señora PRESIDENTA: Muy bien. Pues la moción será votada por puntos.


Votamos en cinco minutos. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DE MOTIVACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ADMISIÓN E INADMISIÓN DE LOS
RECURSOS DE AMPARO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000095).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar las votaciones. Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y publicación de las resoluciones de admisión e inadmisión de los recursos de amparo. Tiene carácter de orgánica.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 167; en contra, 176; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL Y PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. (Número de expediente
122/000248).


La señora PRESIDENTA: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de
propietarios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 160; en contra, 178; abstenciones, 6.

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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


Muchas gracias a todos. Buenas noches.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las ocho de la noche.


Corrección de error.


En el Diario de Sesiones número 225, correspondiente a la sesión plenaria número 217, celebrada el jueves 24 de noviembre de 2022, en la página 45, en la intervención del señor Bal Francés, tercera línea, donde dice: 'Carlos Campillo,
Camino,...' debe decir 'Carlos Campillos, Canino,...'.