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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 16/12/2021
cve: DSCD-14-PL-147
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 147
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 141
celebrada el jueves,
16 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de la Presidencia ... (Página4)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 67-1, de 17 de septiembre de 2021. (Número de expediente 121/000067) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. (BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 2021). (Número de expediente 130/000067) ...
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 25-1, de 19 de junio de 2020. (Número de expediente 121/000025)
... (Página31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación) ... (Página41)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación):
- Votación de conjunto ... (Página47)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página47)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página48)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Palabras de la Presidencia ... (Página4)
La Presidencia anuncia que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, la votación final del proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, no se producirá antes de las 11:30 horas.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página4)
- Proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional ... (Página4)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno y, en su caso, fijación de posición, intervienen el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu; Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Sabanés Nadal y Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras
Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano, Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX y Jiménez Linuesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Sancho Guardia, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página18)
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación ... (Página18)
La señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Martínez Granados, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Pérez Merino, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo
Parlamentario VOX y Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y, por último, la señora Mínguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado ... (Página31)
Proyecto de ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo) ... (Página31)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Barandarian Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
los señores Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; las
señoras Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Baños Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación)? ... (Página41)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
la política del Gobierno en materia de transporte de mercancías por carretera, queda rechazada por 147 votos a favor; 180 en contra y 3 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional, se rechaza por 147 votos a favor; 181 en contra y 2 abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página41)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión al proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, queda aprobado por 171 votos a favor; 88 en contra y 71 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página47)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 171 votos a favor más 9 votos telemáticos, 180; 87 votos en contra más 1 voto telemático, 88; y 72 abstenciones más 3 votos telemáticos, 75.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página47)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se aprueba por 276 votos a favor más 11 votos telemáticos, 287; y 53
abstenciones más 2 votos telemáticos, 55.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, queda rechazada por 146 votos más 3 votos telemáticos, 149; 183 votos en contra más 10 votos telemáticos, 193; y 1 abstención.
Enmiendas del Senado ... (Página31)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo), quedan aprobadas por 169 votos a favor; 98 en contra y 63
abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA:
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y en concreto el que se refiere al proyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional. Por tener carácter de ley
orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las
votaciones no se producirán antes de las once y media.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. (Número de expediente 121/000067).
La señora PRESIDENTA: Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante una reforma de gran calado en la que es necesario acertar en su contenido por la trascendencia de esta nueva ley y conseguir una nueva que perdure en el tiempo para modernizar y dar estabilidad a la Formación
Profesional. Nosotros vamos a apoyar esta ley, la vamos apoyar porque entendemos que los avances que proporciona son sustanciales para la Formación Profesional; porque entendemos que la Formación Profesional debe ser modernizada y potenciada en
tanto que pilar básico del sistema educativo en España; porque entendemos que un buen funcionamiento de la Formación Profesional en los centros educativos de las comarcas y de las provincias con problemas de despoblación es una herramienta muy
potente para corregir los desequilibrios territoriales y, del mismo modo, la existencia de oportunidades de formación permanente para las personas adultas y los profesionales en las comarcas afectadas pueden contribuir en la lucha contra la
despoblación
Durante la tramitación hemos presentado enmiendas para mejorar la ley en su conjunto y para acercar la Formación Profesional de calidad a los jóvenes del medio rural así como las posibilidades de formación permanente. Estas enmiendas han
sido preparadas por el grupo de educación del movimiento ciudadano Teruel Existe. Como en otras ocasiones, nuestro compromiso y nuestra voluntad han sido trasladar las demandas básicas de la ciudadanía al Parlamento y a los textos legislativos que
finalmente se aprueben. La agrupación de electores a la que represento en este hemiciclo se preocupa de los temas generales del país al menos tanto como los grandes partidos políticos que están representados en esta Cámara. Entre nuestras
enmiendas hay algunas de calado organizativo en los artículos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Guitarte, espere un momento, por favor.
Son las nueve de la mañana, no quiero empezar pidiendo silencio a las nueve de la mañana, por favor. Si quieren mantener conversaciones largas salgan del hemiciclo -se puede salir del hemiciclo-, pero no las mantengan dentro, porque es
imposible seguir las intervenciones de la persona que tiene el uso de la palabra. Muchas gracias.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señoría.
Entre las enmiendas hay algunas de calado organizativo en los artículos 68 y 69 que han sido objeto de transacción en la Comisión de Educación y que van a permitir que cualquier centro reconocido pueda tener una oferta parcial de formación
en cualquier familia profesional siempre y cuando se coordine con
otro centro reconocido que colabore con la implantación de esta oferta. Pensamos que por esta vía se abren las posibilidades de la Formación Profesional combinando la formación en línea y la presencial. En definitiva, se trata de mejorar y
flexibilizar la oferta de todos los centros educativos que va a ser muy útil en los centros pequeños como los de la España vaciada. También hemos presentado mejoras de interés general -que, en este caso, no hemos llegado a transaccionar- sobre la
edad de acceso así como la propuesta de un nuevo itinerario formativo. Esperamos que la ley tenga un buen desarrollo y una aplicación decidida y con dotaciones presupuestarias suficientes en el marco de las competencias de las comunidades
autónomas, para que las posibilidades que ofrece la formación modular puedan abrir oportunidades a muchas personas. No obstante, nos gustaría que el Ministerio de Educación y Formación Profesional estudiase un nuevo itinerario formativo,
ESO-Formación Profesional de grado medio, para la Formación Profesional que no ha quedado recogido en este articulado y para que la nueva ley de formación pueda contribuir de alguna manera a abrir expectativas a todos los jóvenes, incluidos los que
se ven afectados por el fracaso escolar. Si es posible contribuir con algunos elementos a reducir el fracaso escolar no debería despreciarse. Por ello, pedimos una reflexión sobre el camino que abre la siguiente propuesta. Es un itinerario
formativo dirigido a los alumnos de educación secundaria con un problema grave de fracaso escolar y que están incluidos en programas de diversificación. Se trata de que estos alumnos cuenten también con una modalidad de itinerario adaptado a sus
circunstancias que permita compatibilizar su formación general en los últimos cursos de Educación Secundaria Obligatoria con otra de carácter ocupacional en un grado medio de Formación Profesional. El objetivo de esta propuesta es conseguir un
aprovechamiento educativo en todos los alumnos. Quizá es bueno recordar que el admirado sistema educativo de Finlandia tiene un itinerario formativo para este perfil de alumnos como el que proponía nuestra enmienda que ha quedado fuera. Nos
preocupa la educación, las oportunidades de formación de todas las personas, nos preocupa la emigración del talento en la diáspora educativa que viven las provincias poco pobladas en beneficio de unas pocas grandes ciudades globales. Por ello, ayer
mismo pudimos defender la necesidad de formar, retener y atraer talento no solo hacia las capitales de las comunidades autónomas, sino también hacia el medio rural, donde falta personal técnico, jóvenes cualificados en sectores clave para la
modernización de la economía y para impulsar proyectos de innovación y desarrollo endógeno.
Nada más, muchas gracias. Deseamos una larga vida a esta nueva ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Tras un proceso de comparecencias, enmiendas y mejoras, hoy se lleva a cabo la votación de la ley de Formación Profesional. Desde un primer momento, Euskal Herria Bildu reconoció que la música del anteproyecto de ley sonaba bien, pero los
ajustes a realizar nos parecían, como mínimo, complicados y, desde luego, sin un consenso en la comunidad educativa de los centros públicos sería imposible. Que nadie piense -ni los que emprenden un nuevo camino en el desarrollo de la estrategia de
la FP ni los que emprendieron antes en cualquier comunidad autónoma- que el éxito de este camino depende de los políticos que estaban al mando de la nave en un momento determinado. Nada más lejos de la realidad. Son las y los profesionales del
sector quienes asegurarán el éxito si de verdad cuentan con ellas o certificarán el fracaso si no se les toma en consideración. Toda ley que se precie debe tener mecanismos para evaluar los logros a corto, medio y largo plazo y, para eso, desde el
punto de vista de Euskal Herria Bildu, hay que tener en cuenta que los objetivos mínimos a evaluar deberían basarse en los siguientes puntos fundamentales: La Formación Profesional debe contribuir al empoderamiento social y económico de las mujeres
partícipes en esta sociedad. Además, debe servir para la integración social y económica de los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas migrantes. La Formación Profesional debe ayudar a conseguir la integración social y económica de
los colectivos en situación de privación de libertad y facilitar el acceso a la formación en las mejores condiciones. Su nivel de calidad debe servir para colocar a la sociedad en unos niveles de alta competitividad, integración social e
inclusividad y debe servir para llevar a cabo proyectos para las pymes en el desarrollo de las estrategias de innovación y mejora de los procesos productivos. La Formación Profesional tiene que garantizar al estudiantado un sistema dual, que tengan
unas condiciones económicas que les permitan acercarse a unos niveles de autonomía personal. A la vez, debe garantizar la libertad a cada comunidad autónoma para que siga su ritmo en el desarrollo
de su propia estrategia. La Formación Profesional debe ayudar a la juventud emprendedora a desarrollar sus iniciativas, para que de esta manera contribuya al desarrollo social y económico de su país formando en competencias y valores en
función de las necesidades de la sociedad y desarrollando unas políticas lingüísticas que permitan a cada comunidad comunicarse en su propia lengua sin renunciar a la comunicación en otras lenguas. La Formación Profesional debe servir para que cada
comunidad tenga la posibilidad de desarrollar estrategias a nivel internacional basadas en sus propias necesidades sociales o de su sector productivo, contribuyendo a establecer sinergias con el resto del sistema educativo y también con los
ayuntamientos, agencias de desarrollo, centros tecnológicos y agentes implicados. Si no hay un sistema de evaluación permanente de esta ley de Formación Profesional basado en conocer el cumplimiento de estos objetivos a corto, medio y largo plazo,
nos quedaremos con la sensación de que el tiempo empleado en discusiones, comparecencias o enmiendas no valió para nada.
Desde el inicio de la elaboración de esta ley, Euskal Herria Bildu se prestó a colaborar desde la humildad, desde el respeto al pueblo trabajador del Estado español, a sabiendas de que la educación es un vector imprescindible para la
emancipación personal, para crear una sociedad justa y equilibrada. Nos prestamos a colaborar desde la experiencia que tenemos por el trabajo elaborado durante años en las cuatro provincias de Euskal Herria respecto a la Formación Profesional.
Pero desde la colaboración, desde el apoyo, solicitamos que la ley que hoy se aprueba no intercepte el trabajo, el camino que se ha hecho en nuestro país. Harán falta recursos económicos y humanos, ambos en gran cantidad. Será imprescindible un
impulso fuerte y mantenido durante más de un lustro, pero es cierto que este trabajo en nuestro caso, en el caso de las tierras vascas, en gran parte ya está hecho.
Agradecemos la actitud de los grupos que sostienen al Gobierno en toda esta negociación, ya que distintas enmiendas que hemos propuesto han sido incluidas. Entre ellas nos parecen importantes la inclusión del servicio de orientación
sociopedagógico en los grados básicos y medios de la FP, la coordinación con los servicios sociales, todo aquello relacionado con el ámbito competencial y la realidad socioeconómica de las cuatro provincias vascas, poder trabajar con y entre
distintas regiones que a día de hoy dividen nuestro país, sean las tres provincias vascas del Estado francés o las de este lado de la muga, divididas en dos comunidades autónomas, la posibilidad de participar en proyectos internacionales o el punto
relacionado con las personas en prisión. Por todo ello, hoy votaremos a favor de esta ley.
Milesker.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorozpe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, ministra. Intervengo en nombre del Grupo Vasco para defender las enmiendas vivas, para hablar de la ley y para hablar sobre todo de la Formación
Profesional.
Sabe usted mejor que nadie, pero también el resto de compañeras y compañeros que han estado trabajando a lo largo de la ponencia, las comparecencias y en la Comisión de Educación y Formación Profesional, que el modelo de FP vasco ha sido uno
de los modelos que han tomado como referencia y que se ha estado trabajando de forma colaborativa a la hora de redactar el proyecto de ley que es objeto de debate en esta ocasión. Por eso quiero empezar a hablar de eso, de lo que considero que es
una virtud de esta ley, y es que el éxito de un modelo de Formación Profesional no depende solo de una parte, depende de las alianzas, de la política colaborativa, de la política constructiva, y creo que es una virtud que ha tenido esta ley a lo
largo del trabajo. Hemos podido escuchar distintas comparecencias en la Comisión previa a la ponencia y todos los agentes sociales, económicos y productivos y distintos representantes que venían decían que había cosas que no les gustaban, que había
cosas que incorporarían y no han sido atendidas, como así nos ha pasado también a nosotros como grupo, pero que sí tenían la percepción de que se les había escuchado y se les había atendido. Por tanto, la clave del éxito en todas las políticas
públicas -y en este caso en la FP en Euskadi ha sido la clave- son las alianzas, las tres ces: la colaboración, el consenso y el compromiso, y creo que es algo con lo que también en esta ley se ha ido trabajando. Necesitamos trabajar con alianzas,
alianzas entre el sector público y el concertado, alianzas entre el sector educativo y el sector de la empresa; si no hay alianzas, alianzas entre los centros, los profesionales y las instituciones, si no tenemos todo ese tejido con un ambiente
colaborativo, va a ser muy difícil que avancemos con éxito.
El Partido Nacionalista Vasco es un partido humanista, nos definimos como tal, y eso quiere decir que el enfoque con el que nos aproximamos al abordaje de todas las políticas públicas es un enfoque humanitario. Estamos abordando y vamos a
abordar grandes cambios, unas transformaciones enormes en el tejido productivo, en los empleos y, por supuesto, en el sistema educativo, porque en un entorno tan dinámico como el que estamos viviendo no nos podemos permitir tener un sector educativo
y una Formación Profesional estáticos. Debemos tener capacidad para poder adaptarnos a estos cambios que serán disruptivos; y en todo este cambio o transformación que hay, cuando en nuestro grupo decimos que tenemos que aproximarnos con un enfoque
humanitario lo que queremos decir es que el bien que tenemos que proteger son las personas. Vamos a trabajar codo con codo con robots, la automatización va a llevarnos a esa situación, y tenemos que preparar a las personas con unas capacidades
tecnológicas, culturales y científicas que superen y sean capaces de aportar valor añadido. Tenemos que pasar de proteger los puestos de trabajo, que también hay que protegerlos, a proteger sobre todo a las personas que cubrirán esos puestos de
trabajo.
Paso a defender parte de las enmiendas vivas que hemos mantenido, y quiero pararme en dos en concreto. En primer lugar, la que hace referencia a la necesidad de incorporar en la ley que se puedan crear becas para la Formación Profesional
dual intensiva, becas remuneradas por la empresa como mínimo con el salario mínimo interprofesional. Esto en Euskadi ya se está haciendo por decreto, está recogido por decreto, pero nos parece muy importante que también en la ley se recoja este
enfoque. Porque la precariedad también se tiene que empezar a evitar desde el ámbito educativo, y la Formación Profesional intensiva es educación, pero en parte también es trabajo, y nos parecía que era muy importante. Y otra de las enmiendas que
nosotros hemos presentado -la 412 y que mantenemos viva- lo que pedía es que en el contrato de formación y aprendizaje se quite el límite de edad de veinticinco años que tiene establecido, porque tenemos que permitir que a la Formación Profesional
se incorporen aquellos colectivos más vulnerables; mujeres y hombres talluditos, ya en edad avanzada, tendrán que estar formándose a lo largo de toda su vida para un puesto de trabajo o para varios. Por lo tanto, pensamos que es muy importante que
se incorpore, es necesario que se permita, porque es la única forma que van a tener de que las empresas puedan conocerlos. Suena música de que se va a modificar, pero por si acaso esa melodía se corta, nosotros queríamos y seguimos queriendo que en
la ley se recoja específicamente nuestra pretensión para que pueda garantizarse que todos estos colectivos se puedan incorporar. Necesitamos dar respuestas acertadas y creemos que en la ley se avanza en internalización, en digitalización, en nuevos
métodos de aprendizaje. Los centros de Formación Profesional tienen que transformarse radicalmente; en Euskadi ya se están transformando con formación para el profesorado, con transformación digital, como estaba diciendo; unos nuevos centros que
sean capaces de dar respuestas a las necesidades que van a ir surgiendo.
Los cambios introducidos en el emprendimiento, en la relación de la FP con la universidad, en la relación de la FP con la empresa y en el avance de la internacionalización y el conocimiento de idiomas nos parecen absolutamente importantes.
Hay aspectos que nos gustan menos, a los que hemos presentado enmiendas en el ámbito competencial, como algunos de los registros que han presentado, y por ello hemos incorporado en la fase previa una salvaguarda competencial para poder defender el
ámbito competencial. De ustedes dependerá, ministra, que en el desarrollo reglamentario que se haga de esta ley y en la aplicación que de la propia ley se haga se respete el ámbito competencial y se permita seguir el recorrido a modelos de
Formación Profesional como el vasco, que tienen éxito, que han sido una referencia para ustedes y que tienen el reconocimiento a nivel europeo e incluso en otros ámbitos mundiales; necesitan tener ese marco de referencia para seguir avanzando. En
el camino, nosotras y nosotros estaremos encantados de poder colaborar y seguir avanzando, porque lo que nos jugamos es mucho en el futuro de las trabajadoras y de los trabajadores que van a emprender su camino por la vía de FP. Para una exalumna
de FP es todo un honor haber participado en esta ley de Formación Profesional.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señora ministra, en Ciudadanos creemos que la aprobación de la ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional en el Congreso de los Diputados supone un hito importante en
materia de políticas públicas educativas en nuestro país. En primer lugar, creo que va a ser la primera ley educativa de nuestra historia democrática que se aprobará, presuntamente, sin ningún voto en contra, y me parece que es importante
dar al sistema cierta estabilidad en el tiempo y podremos valorar su funcionamiento a medio y largo plazo. En este sentido, quiero agradecer a los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos, especialmente a Mari Luz, con quien he estado
negociando de una manera exhaustiva, las posibilidades de entendimiento, aunque creo que son conscientes de que nos hubiese gustado mejorar algo más algunas partes del proyecto de ley. Nuestro grupo parlamentario hace una valoración positiva del
dictamen aprobado por la Comisión de Educación y Formación Profesional. En todo caso, creemos que es importante decir que la redacción inicial del artículo que regulaba el funcionamiento del Registro Estatal de Centros de Formación Profesional era
mejor que la que finalmente se aprobará. Asimismo, hubiera sido importante incrementar la duración de la formación en el régimen intensivo de FP dual, en línea con el anteproyecto de ley.
En segundo lugar, creo que los miembros de esta Cámara debemos estar de enhorabuena, porque esta ley va a ayudar a abordar uno de los problemas más importantes que tenemos en la actualidad, que son nuestros datos de desempleo. Como bien
saben, los últimos datos de la OCDE nos dan un 14,5 % de tasa de desempleo en nuestro país, y si avanzamos y vemos la situación de los jóvenes, esta cifra se eleva a más del 30 %. Por todos es sabido que entre las causas de los datos del desempleo
en España se encuentran la falta de una oferta amplia y estable de estudios de Formación Profesional y el desacoplamiento existente entre la oferta formativa y las necesidades del capital humano del sector público y del sector privado. Por un lado,
esta ley pone las bases para articular, ampliar y dignificar estos estudios. La apuesta clara por la Formación Profesional dual con periodos de prácticas o experiencia formativa en empresas, según el régimen, debería suponer un salto de calidad en
la enseñanza del alumnado al incorporar un mayor periodo de práctico; sin embargo, es necesario realizar un esfuerzo económico por parte de las distintas administraciones educativas implicadas para garantizar las plazas suficientes de todo el
alumnado. El pasado mes de septiembre conocíamos que el Defensor del Pueblo había decidido investigar la falta de plazas públicas en FP en Madrid y en Cataluña ante las numerosas quejas que se habían acumulado. En esta última convocatoria, la
demanda de FP superior en la Comunidad de Madrid fue de 18 000 plazas para una oferta de 2218 vacantes. En Cataluña, para la oferta formativa de grado medio había a finales de julio más de diez mil plazas menos que peticiones de inscripción. Si de
verdad nos creemos la Formación Profesional, las comunidades autónomas deberán hacer un esfuerzo económico que deberá estar respaldado por el Estado a través de mayor financiación que la existente.
Sobre el desacoplamiento entre la oferta de los ciclos y la demanda y las necesidades del propio tejido productivo, esta ley da un salto de calidad muy importante gracias al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Por primera vez se realizará un
estudio cada cuatro años sobre el estado del sistema de la Formación Profesional, sobre esa oferta de los ciclos formativos, su adecuación a la demanda por parte de los estudiantes y el porcentaje de empleabilidad de los estudiantes de Formación
Profesional y las necesidades presentes y futuras del capital humano del sector público y el sector privado. Creemos que este análisis, esta evaluación, es muy importante para ver la respuesta que debe dar esta ley a las necesidades actuales.
Sobre esto, nos sorprenden las palabras del portavoz del Grupo Popular en la propia Comisión, cuando decía que aprobar una ley de Formación Profesional que no tenga en cuenta la inserción laboral ya nace fracasada. Esto es aún más sorprendente si
tenemos en cuenta que su grupo parlamentario y el grupo VOX no apoyaron nuestra propuesta en relación con un sistema de evaluación de la Formación Profesional.
También hemos conseguido incorporar, gracias a Ciudadanos, un aprendizaje de idiomas para que las comunidades autónomas puedan fijar la asignatura de lengua extranjera técnica que consideren. Hay que tener en cuenta que en España hay
regiones que mantienen relaciones económicas muy relevantes con países de habla no inglesa que tenemos que seguir fomentando. Por ejemplo, las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón realizan un importante número de exportaciones a Francia.
Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene en Portugal un mercado de exportaciones muy importante. En nuestra modesta opinión, creemos que estas medidas aportarán mayor flexibilidad al sistema y aumentarán sus posibilidades de éxito. A su
vez, se ha hecho un gran esfuerzo para lograr un equilibrio positivo entre los intereses del alumnado y las empresas y por garantizar un sistema inclusivo de Formación Profesional. El alumnado de Formación Profesional va a contar con medio día más
de descanso obligatorio a la semana, en línea con los derechos del resto de trabajadores.
En relación con las empresas, estas tendrán un plazo hasta final de 2028 para transicionar del sistema de becas a contrato de formación, lo que supondrá un alivio económico tras el impacto de la crisis para
todas las entidades empresariales que quieran participar en la formación del alumnado. Le pedimos al Ejecutivo que mantenga su buena disposición para el diálogo con las entidades empresariales durante el desarrollo reglamentario de esta
ley, ya que sin ellas la Formación Profesional dual no será posible.
En cuanto a la inclusividad del sistema, nos mostramos contentos por los avances que se han alcanzado, dado que la ley facilitará los apoyos y las adaptaciones curriculares necesarias para que las personas con discapacidad se puedan
beneficiar también del sistema de la Formación Profesional.
En definitiva, nos mostramos satisfechos con el texto del dictamen, que deberá suponer un cambio de paradigma en lo relativo a nuestro sistema educativo y potenciar la Formación Profesional como herramienta para mejorar el desarrollo
económico y social de España y, principalmente, de nuestros jóvenes.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
En el proceso de debate de esta ley orgánica de formación profesional fue mejorado el texto inicial; entre otras, fueron incorporadas algunas propuestas del BNG a través de enmiendas transaccionales, aunque no aquellas que afectaban a
cuestiones que consideramos fundamentales, particularmente en relación con la implantación de toda la FP como dual, general e intensiva, el proceso de integración del profesorado técnico de formación profesional al cuerpo de PES o respeto de las
cuestiones competenciales.
Empezando por este último asunto, parece que no hay ley que salga de este Congreso que no pretenda dar otra vuelta de tuerca a un permanente proceso de centralización. Por fortuna, algunos aspectos fueron corregidos en el trámite de
enmienda; otros, aún no. El principal problema que apreciamos en esta ley deriva de la conversión de toda la FP en dual, por lo que supone de caminar en una dirección de cierta privatización de un sector clave de la enseñanza, de pérdida de
puestos de trabajo y de intervención de la empresa privada en el desarrollo de la formación profesional, desde un mayor control del currículum hasta la admisión o la evaluación del alumnado. También aquí, a pesar de algunos cambios, se mantiene una
orientación general que no compartimos.
En cuanto a la integración del profesorado técnico de formación profesional, se resuelve solo parcialmente, a nuestro juicio, el problema creado con la Lomloe. Es un avance la creación del cuerpo de profesorado especialista en sectores
singulares de formación profesional, pero perpetúa lo que teóricamente venía a solucionar: la diferencia en dos cuerpos, con diferencias salariales y de carrera profesional, para realizar las mismas funciones en la FP, además de otras limitaciones
a la plena incorporación de este profesorado.
Por estas y algunas otras razones, el Bloque Nacionalista Galego se va a abstener.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora ministra.
Para Más País, Verdes-Equo hoy es un día importante para nuestro país, porque vamos a aprobar por fin una ley de formación profesional. Es una ley que, evidentemente, el sector necesitaba, pero es fundamentalmente una ley que el país
necesita de forma urgente, porque el reto de la transición ecológica va a precisar de muchísima cualificación para adaptarse a la modificación del sistema productivo y porque la rehabilitación para la eficiencia energética, la instalación de
renovables, la fabricación de vehículos más sostenibles, la electrificación del transporte y un largo etcétera van a necesitar un alto grado de cualificación. En este contexto, poner en valor el trabajo y la formación profesional es de una enorme
importancia. Además, va a permitir que personas que se habían retirado, desenganchado del sistema educativo puedan volver para obtener una cualificación que les garantice un empleo digno.
En definitiva, esta ley es una piedra angular para la transformación que necesitamos, para pasar de ser un país que basa muchísimas expectativas en el turismo y en la hostelería -que pueden ser
importantes en un país- a uno que se base en las transformaciones económicas del sistema productivo que necesitamos.
Sin embargo, para nosotros hay un flanco que esta ley deja escaso -lo hemos planteado en la Ley de educación, en los presupuestos y en otros ámbitos-, que es el tema del cuidado de la salud mental, de la que tanto se ha hablado últimamente.
Las personas jóvenes son uno de los colectivos más vulnerables a esa pandemia silenciosa. Los trastornos alimentarios, la ansiedad o los intentos de suicidio son temas que han generado una gran alarma social. Los centros educativos, también los de
formación profesional, son lugares donde saltan las primeras alarmas. Por eso, nosotros hemos mantenido una enmienda para garantizar que haya un orientador o psicólogo por cada uno de los centros de formación profesional. Les pido que, si están de
acuerdo con este planteamiento, apoyen nuestra enmienda 423.
También hemos mantenido una enmienda que significa garantizar las suficientes plazas públicas, porque, como ya se ha planteado aquí, ha habido un desajuste entre la demanda de plazas y las posibilidades de acceder a la formación profesional
en algunas comunidades. No obstante, como les decía al inicio, nosotros consideramos que esta ley es un avance significativo y muy importante...
La señora PRESIDENTA: Señora Sabanés, tiene usted que terminar, por favor.
La señora SABANÉS NADAL: Termino, presidenta.
... para nuestro país, por todo lo cual, vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia. Bon dia, señora presidenta.
Ha llegado por fin al Pleno el proyecto de ley de formación profesional, y aunque Junts per Catalunya no ha sido ponente ni es portavoz en la Comisión de Educación por la distribución interna que tenemos en el Grupo Plural, sí hemos
trabajado desde el primer momento en este proyecto de ley para mejorarlo desde nuestro punto de vista.
Para nosotros era prioritario, indispensable e innegociable que no hubiese afectación competencial y que se permitiese mantener el modelo vigente en Cataluña. Por eso en su momento registramos cincuenta y ocho enmiendas, preparadas de
acuerdo con entidades y organizaciones y con distintos sectores. Algunas tienen el objetivo de rebajar la regulación excesiva que creemos que contiene el texto. Consideramos que hay disposiciones desproporcionadamente detalladas que pueden
dificultar en el futuro su aplicación. Otras están destinadas a tener en cuenta las especificidades de los distintos territorios. También incluimos enmiendas en relación con el profesorado, pues existe una situación compleja que debe ser
solucionada -ya se ha mencionado-, y otras para variar los porcentajes de formación en empresa con el objetivo de diferenciar mejor el régimen general del régimen intensivo.
Mantenemos vivas varias enmiendas, para las que les pido su voto favorable. Son las siguientes: la 215, porque consideramos que debe dejarse a los centros privados adoptar sus propias normas de pertenencia; la 222, la 223 y la 224, porque
van dirigidas a especificar que las empresas tengan debidamente en cuenta el nivel formativo del alumno que realiza la formación. Puede parecer obvio, pero a veces el estudiante de grado medio y el de grado superior realizan las mismas funciones y
no debe ser así. La 235, la 252 y la 253, ya que no puede obviarse en la regulación a los centros sostenidos con fondos públicos, puesto que forman parte de la red que da respuesta a las necesidades de formación. Y la 251, porque si se otorga un
derecho a los alumnos, debe dotarse de recursos a los centros; en caso contrario, el ejercicio de este derecho no será posible.
¿Se ha negociado? Bueno, en función de lo que se entienda por negociar. El Grupo Socialista nos presentó dieciocho enmiendas transaccionales, de las que pudimos aceptar ocho, porque el resto desvirtuaban nuestras ideas. Valoren ustedes el
grado de negociación. Nosotros creemos que se podría haber incrementado, aunque siempre se hizo con muy buena intención, eso es cierto.
¿Se trata de un buen o magnífico proyecto de ley? A nosotros no nos lo parece; creemos que es mejorable. ¿Se trata de un mal proyecto de ley? Tampoco lo podemos afirmar. Era necesario ordenar la FP y este proyecto de ley supone una
mejora, aunque no perfecta.
No quiero terminar sin decir que estamos muy muy contentos de que se haya incluido en el texto la enmienda que presentamos dirigida a incluir a los centros integrados de segunda oportunidad -els centres de noves oportunitats- como centros
que podrán impartir ofertas de formación profesional. Hacen un trabajo excelente, que contribuye a reducir la exclusión, y pueden convertirse en una pasarela de acceso a ciclos formativos. Mi agradecimiento a todos ellos por su trabajo.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Gracias, presidenta.
Tener una amplia oferta de formación profesional es una inversión, una inversión en progreso económico y social y en formación y realización individual, porque permitir que las personas se formen en aquello que les gusta e interesa no solo
aporta beneficios individuales en términos de realización y felicidad, sino que también es fundamental para tener buenos profesionales, que a su vez es la base para tener una economía competitiva e incluso para poder conseguir avances en
investigación y desarrollo. Contrariamente, se produciría una importante pérdida de oportunidad y de talento. Además, es importante que se permita una oferta de formación profesional continua durante toda la vida laboral, para garantizar una
modernización y competitividad permanente que permita una rápida y óptima adaptación a los cambios económicos o productivos y a retos como las nuevas tecnologías o la economía circular y sostenible.
Una amplia oferta de formación profesional también permite que las empresas de todos los sectores puedan disponer de profesionales cualificados, y esto no solo redunda en el éxito empresarial y en la diversificación económica, sino incluso
en la creación de nuevos nichos de mercado. En tal sentido, también se necesitan unos mecanismos adecuados de vinculación de la formación profesional con todo el tejido productivo y, en especial, con las pymes, que en mi país significan más del 90
% de las empresas. Pero para garantizar una oferta amplia de formación profesional y que tenga los suficientes recursos materiales para consolidar la excelencia educativa se necesitan recursos económicos, muchos recursos económicos, y esta ley no
garantiza esos recursos económicos. Las buenas intenciones sin dinero que las respalde no resuelven los retos y los problemas de la formación profesional.
Saben ustedes que en Cataluña tenemos desde 2015 la Llei de Formació i Qualificació Professionals, aprobada por el Parlament con un consenso del 90 %. ¿Por qué lo comento? Porque llevamos ya seis años de experiencia con un modelo que nos
funciona y nos funciona muy bien. Fíjense en los datos de nuestro modelo dual actual. Curso 2020-2021: centros participantes, 317; empresas que acogen alumnos de FP Dual, 3608; alumnos participantes de modalidad de FP Dual, 7741. Como ven,
nuestro modelo, que entendemos de éxito, se basa en una distribución curricular que permite las dos modalidades de formación dual que la nueva ley contempla, con una estancia mínima en la empresa del 20 % y una máxima del 50 %, pero con una
afectación del 33 % del currículum. Esta es la propuesta que nosotros defendemos en la enmienda 77 y que justo hoy ustedes van a votar; es la que hace referencia al artículo 55.5.
Nuestros centros, con una amplia oferta formativa, como les decía, flexibilizan y adaptan los currículums con una amplia tradición de relaciones con el entorno para la realización de la formación práctica en centros de trabajo, para la
impartición de enseñanzas en modalidad de alternancia y dual, que se han convertido en la mejor vía para la inserción profesional y para cubrir los puestos de trabajo que demandan las empresas. Estos centros han de ser el referente para la
cualificación y recualificación de las personas, para dar respuesta a sus expectativas y necesidades, con una formación inclusiva en la que, sobre todo, todas las personas tengan cabida. Por ello nuestra insistencia en que la ley concrete un marco
de referencia, pero que a la vez sea lo suficientemente flexible para permitir adaptarse a las realidades distintas, las ya presentes y las futuras. Respecto a las presentes, en nuestro caso, los datos reflejados que os acabo de entregar así lo
avalan.
Resumiendo, es una ley que en este nuevo esquema gradual y modular ordena más que integra. Hay que reconocer que una ordenación de la acreditación de competencias, los certificados profesionales y los ciclos formativos es una muy buena
iniciativa. Sin embargo, la integración no acaba de dejar satisfechos ni a los Gobiernos, que tienen que ejecutar la política, ni a los agentes sociales. La ley catalana crea un sistema de gobernanza donde las patronales y los sindicatos más
representativos tienen mucho peso en la decisión final de las políticas públicas a desarrollar. ¿Es más lento? Sí, pero también es más seguro.
Nos consta que hay agentes sociales que han pedido este modelo y les ha sido denegado; es una pena. Las políticas de formación y cualificación profesional requieren de la corresponsabilidad de las empresas y de los representantes de las
trabajadoras, y eso se demuestra con un modelo lo más democrático posible. Por otra parte, el Estado español, como ustedes saben, está compuesto principalmente por pymes y esta ley les brinda una oportunidad para generalizar la FP dual, el
instrumento más relevante para generar inserción en todos los sectores que andan un poco desesperados por encontrar perfiles. Ahora bien, sin partidas que permitan la creación de tutores mancomunados, de programas que acompañen a los gremios en el
despliegue será imposible y la dual se quedará en las grandes empresas. La obligación de crear un tutor de dual sin acompañamiento inicial nos puede llevar al fracaso.
Acabo pidiendo, señora ministra, que respeten al máximo nuestro ámbito competencial. Seguiremos muy de cerca el despliegue de esta ley, de modo que no se altere el buen funcionamiento de la formación dual en Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bassa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Trías Gil.
La señora TRÍAS GIL: Gracias, presidenta.
España es el único país europeo que no consigue bajar del 30 % de paro juvenil, tasa que dobla la de la zona euro y la de la Unión Europea, triplica la de la OCDE y es cinco veces superior a la alemana; España es el único país que acumula
un paro tan alto entre los menores de veinticuatro años. Más del 50 % de las empresas españolas no encuentran a los profesionales que necesitan. España es el segundo país con mayor abandono escolar de toda la Unión Europea y supera en un 60 % el
objetivo fijado para 2020.
Ante este panorama tan sombrío, tenemos la enorme responsabilidad de llevar a cabo políticas que permitan a los jóvenes ilusionarse por la vida; jóvenes que con un trabajo digno y estable puedan formar una familia en ciudades seguras y
recuperar la ilusión por tener hijos; jóvenes que valoren el esfuerzo y se motiven por dar lo mejor de sí mismos a la sociedad y a los demás. Pero legislando en contra de la vida, de la infancia, de la dignidad de la persona y de la igualdad entre
españoles, como viene haciendo su Gobierno de forma sistemática desde que ha llegado al poder, es imposible revertir estas cifras y, sobre todo, es imposible generar esperanza entre los jóvenes. (Aplausos). Ustedes fomentan una juventud resignada,
conformista y sin ideales, les crean la falsa ilusión de estar satisfechos, con paguitas y bonos para tenerles sometidos.
En este mismo sentido, el texto que debatimos señala como problema la ausencia de capacidades entre muchas personas, pero no se menciona la responsabilidad que puede tener en ello el sistema educativo español. Y es que esta cuestión no
podemos pasarla de puntillas, pues el verdadero éxito de la formación profesional pasa por que la educación previa -la educación obligatoria- se fundamente en la excelencia, el mérito, la capacidad y el esfuerzo, conceptos que abandonó la Ley Celaá
al propiciar, por ejemplo, que todos titulen, pudiendo pasar de curso con asignaturas suspensas y sin exámenes de recuperación. (Aplausos). De este modo, en lugar de afrontar el problema, lo evita, lo prolonga y lo convierte en endémico. No en
vano, los españoles que acaban la educación obligatoria y la universidad tienen un nivel inferior que los jóvenes de los países del entorno. Y es que sin cultura de esfuerzo y de excelencia no hay nación que salga adelante. No hay ley que pueda
con tanto destrozo, ni siquiera esta que debatimos hoy, por mucho que pueda servir para blanquear y para que nos olvidemos un poco del atropello constante de este Gobierno a nuestros derechos fundamentales, de sus graves omisiones y del constante
rodillo ideológico del que tampoco esta ley sale indemne. Por ejemplo, leemos: eliminación de los estereotipos profesionales y sesgos de género en las opciones formativas profesionales. También: la ampliación de las expectativas hacia familias
profesionales STEM de las jóvenes, así como de los jóvenes hacia familias profesionales feminizadas. Miren, todas las expresiones de este tipo sobran. Lo que debemos hacer es presentar todas las ofertas formativas de forma atractiva a hombres y
mujeres y que sean ellos los que, en libertad y sin estar condicionados, decidan; sencillo, señorías. (Aplausos). También hemos propuesto quitar todas las referencias al lenguaje inclusivo, del todo inútil y farragoso; y es que no era necesario
en absoluto manchar con tanto sesgo ideológico una ley de formación profesional que debe ser eminentemente resolutiva de un problema grave de empleabilidad entre los jóvenes españoles.
En nuestras enmiendas apostamos por un registro único que alivie la carga burocrática que las diecisiete comunidades autónomas imponen al sistema de formación profesional. Por eso, pedimos que el Registro General de Centros de Formación
Profesional sea único y con validez en todo el territorio nacional. Los expertos en el sector vienen denunciando hace años que hay hasta diecisiete formaciones profesionales duales diferentes en España, y eso hace que una empresa con sedes en
comunidades autónomas diversas tenga que realizar distintos trámites administrativos en función de la comunidad en la que estén para implementar la FP dual. Eso, lógicamente, desincentiva a las empresas.
Por otro lado, esta ley prioriza el sector público en lo que a los centros de formación se refiere - reminiscencias de la Lomloe-, pero en este caso contraviniendo todo el espíritu de la ley, pues para lograr ese sistema ágil y flexible de
formación y aprendizaje que se pretende, la colaboración público-privada es del todo necesaria. Asoma allí de nuevo el fantasma del comunismo, que quiere controlarlo todo ante el pánico que le suscita todo lo que huela a libertad, aun entrando en
contradicción con otros artículos de la misma ley. ¿Cómo van a lograr, por ejemplo, el objetivo de duplicar con rapidez y solvencia el número de personas con formación intermedia para poder responder a las necesidades del sistema productivo? ¿Cómo
lo van a hacer sin apostar por la libertad de creación de centros y por una mayor autonomía de los mismos? Además, falta en la ley apuntar hacia la gratuidad de la formación profesional con distintas formas de financiación.
Con respecto a la FP dual, sin duda constituye la excelencia de la formación profesional, pero la FP dual, que en esta ley se llama intensiva y que es la que combina un alto porcentaje de la formación en la empresa, no llega al 4 % de toda
la FP en España a día de hoy, así que resulta cuando menos dudoso que vaya a conseguir extenderse tal y como se está proponiendo, aunque venda decirlo. Por otro lado, hubiera sido necesario simplificar el sistema de formación y no hacerlo tan
farragoso. Es un reto que no se ha acometido. Tampoco quedan satisfactoriamente resueltos los temas de la formación virtual, del profesorado y de acompañar esta ley con un plan de reindustrialización nacional.
En definitiva, necesitamos un modelo de formación profesional más ambicioso, menos reglado, menos burocrático, menos rígido, más acorde en definitiva con los tiempos que vivimos. Y aunque consideramos que el texto en general ha empeorado
después de la ponencia y que las enmiendas introducidas van a hacer la ley bastante inoperativa, nos abstendremos.
La señora PRESIDENTA: Señora Trías, tiene usted que terminar, por favor.
La señora TRÍAS GIL: Sí, un segundín.
Son ustedes mismos, con las concesiones a separatistas y comunistas, los que ya han puesto freno a una ley que intentaba despegar con medio vuelo.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Trías.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Jiménez Linuesa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Consenso y unanimidad, esos han sido los conceptos que durante la tramitación de esta ley más hemos escuchado por parte del Grupo Parlamentario Socialista, desde que el pasado 8 de septiembre entrara en esta Cámara. Eso debería ser lo
lógico. Lo lógico debería ser que cuando en esta Cámara se fuera a debatir una propuesta que todos consideramos necesaria para adecuar la formación profesional a las nuevas necesidades y demandas, el espíritu de todos nosotros, de todos los grupos
parlamentarios fuera el consenso. Yo creo que así lo ha demostrado mi grupo parlamentario, pero quizás el bloque de la izquierda ha utilizado el término consenso y no ha querido que se hiciera realidad. Y es que cuando ustedes gobiernan, cuando
gobierna la izquierda, pretenden siempre imponer sus propuestas y que todos, o en este caso el Partido Popular, acepten por bueno todo aquello que ustedes propongan. Pero, claro, si es el Partido Popular el que gobierna, la cosa cambia; ahí ya no
hablan de consenso ni de unanimidad, ahí, por defecto, encontramos siempre la negativa y el enfrentamiento con ustedes. ¿O es que en 2002 ustedes no consideraban que la formación profesional también debía adecuarse a las necesidades? Es importante
recordar que la actual Ley de formación profesional fue redactada y propuesta por el Partido Popular, que fue aprobada con sus votos en contra y que, además,
el Partido Socialista presentó una enmienda a la totalidad. Como decía antes, ustedes, ante todo lo que venga del Partido Popular, negativa y enfrentamiento.
El Partido Popular en esta ocasión, ante este proyecto de ley, no ha presentado enmienda a la totalidad y hemos estudiado el texto de manera positiva, eso sí, siempre intentando modificar y añadir aquello que creíamos que hacía el texto más
justo e igualitario para todos. Es por ello que mi grupo parlamentario ha presentado ochenta y tres enmiendas, de las cuales han sido aceptadas cuatro, cuatro de ochenta y tres. ¿Ese es el consenso y la unanimidad que dicen buscar para la
aprobación de esta norma? Entendemos que nos rechacen algunas enmiendas, porque ustedes no creen en la libertad, y entendemos que nos rechacen algunas enmiendas, porque sus socios de Gobierno -comunistas, independentistas y herederos de ETA- no se
lo permiten -todos sabemos que su Gobierno se sustenta en ellos y que su discurso político se lo hacen ellos-, pero no podemos entender que, por ejemplo, la relativa a la actividad física y al cuidado del cuerpo, que hemos propuesto para que
formaran parte de los contenidos de la formación profesional, también haya sido rechazada. Por eso les digo que ustedes dicen buscar el consenso de cara a la opinión pública, pero lo que hacen es imponernos su ideología, como han hecho siempre,
como han hecho con la Lomloe y como quieren hacer con esta ley. Pero ¿saben lo que pasa con esta carga ideológica? Que nos perjudica a todos, pero sobre todo perjudica a las bases de la escuela pública, esa que ustedes tanto dicen defender.
Miren, de las 147 enmiendas que han transaccionado, la mitad lo han hecho ustedes con los nacionalistas y solo diecisiete con mi grupo parlamentario. Queda claro con quiénes querían buscar ustedes verdaderamente el consenso (aplausos), y es
que el sillón de Moncloa les gusta demasiado.
Miren, no podemos ser cómplices apoyándoles enmiendas que limitan la capacidad de decisión de estudiantes y familias y que pretenden dejar fuera del sistema educativo a una parte del sector. Señorías, el populismo de la escuela pública ya
no les sirve. La ciudadanía sabe que lo público puede convivir con otros modelos educativos, como los conciertos o como la educación privada, porque son necesarios y complementarios, y más si hablemos de la formación profesional. Somos
partidarios, por supuesto, de dotar de los mejores recursos a la educación pública. Es la mayoritaria y, por ello, la defendemos y queremos que sea de calidad, pero también creemos en esa oferta plural y diversa y en el derecho, tanto de quienes la
imparten como de quienes la reciben, de elegir el tipo de educación que quieren.
Hemos creído necesario mejorar este texto y hemos presentado aspectos fundamentales que han sido rechazados. Por ejemplo, insistimos de nuevo, mejorar la inserción laboral de los estudiantes, porque si la formación que se plantea no está
totalmente vinculada a encontrar trabajo es una FP que fracasará. Además, consideramos esencial mantener las becas formativas y no solo el contrato de formación que, además, debe ser flexible para poder adaptarse a las necesidades de la formación
profesional dual y también poner en marcha incentivos para las empresas. Valoramos positivamente el poder limitar la modalidad dual en los ciclos de grado básico, en los supuestos siempre que se determinen, ya que la edad de estos alumnos hace que
debamos replantearnos esta opción. Pero, vamos, yo creo que mi grupo no es sospechoso de su apuesta clara y firme por la formación profesional dual, pues fuimos nosotros quienes en 2012 la pusimos en marcha. Creemos también esencial valorar la
participación de las organizaciones sindicales y empresariales, pero más representativas del sector, para poder llevar a cabo la gobernanza de la formación profesional. Y también hemos pretendido mejorar el texto con diversas enmiendas para
dignificar la formación profesional, incluidas las relativas al profesorado. En la primera ponencia de la ley mi grupo parlamentario solicitó una tercera ponencia, ya que solo se habían establecido dos, para tratar, de forma monográfica y
exclusiva, la regulación relativa al profesorado de formación profesional, porque consideramos que era, y es, una de las cuestiones más controvertidas dentro de la ley. Pero el Partido Socialista y sus socios se negaron siempre, porque la propuesta
venía por parte del Partido Popular. La Lomloe y otras normas que afectan directamente al profesorado y al acceso a la Función pública de los mismos han generado una inseguridad jurídica enorme. La disposición adicional undécima de la Lomloe y el
desarrollo de esta norma no hacen más que complicar la situación del profesorado, sin dar soluciones reales y llevando a este colectivo a no saber cómo queda su situación.
Si hacemos un análisis, los datos preocupan: el desempleo en España, un 33 % y, además un 20 % de los jóvenes ni estudia ni trabaja; un 25 % de la población activa sin una cualificación intermedia, y un 55 % de las empresas buscando
trabajadores con formación que no encuentran. Es decir, en nuestra mano está la solución. Por favor, señores de la izquierda, no la conviertan en el problema.
Termino, presidenta, animándoles, señores de la izquierda, a realizar un análisis reflexivo de cómo han asimilado históricamente ustedes las propuestas del Partido Popular en materia educativa, incluida esta última ley.
La señora PRESIDENTA: Señora Jiménez, tiene usted que terminar.
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Termino, presidenta.
Vayan haciendo este ejercicio, porque cuando el PP gane las próximas elecciones vamos a recordarles nuestro comportamiento y el suyo, y quién estuvo de la mano de estudiantes y empresarios y quién jugó a hacer política y a negociar con un
tema tan importante como la formación profesional.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Montesinos de Miguel: Muy bien).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jiménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Esta mañana vamos a aprobar una nueva ley para la ordenación e integración de la formación profesional; una ley que quiere situar a la formación profesional en la vanguardia del desarrollo de nuestro país, y que corrige una debilidad
histórica que tenía nuestro sistema educativo. Es una ley que también salda una deuda con el alumnado que elige el camino de la formación profesional, un camino que muchas veces ha sido menospreciado y calificado injustamente como educación de
segundo nivel. Nuestro país necesitaba modernizar su sistema de formación profesional, dotarlo de calidad y convertirlo en una pieza clave del ascensor social que debería representar la educación pública.
En este sentido, me gustaría recordar con ustedes unos datos que nos reafirman en la necesidad esta de ley. Actualmente, el 48 % de la población activa carece de cualquier acreditación profesional, esto es, 11 millones de trabajadores y
trabajadoras sin título de formación profesionalizante y sin poder acreditar la experiencia laboral que tienen. Por otra parte, tenemos unos índices muy por debajo de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a matriculación de la formación
profesional, que en España se sitúa en el 12 % mientras que en el entorno europeo llega al 25 %. Pero también quiero dar desde esta tribuna un dato esperanzador, y es que el paro juvenil baja del 42 al 7 % en los titulados de formación profesional.
Pues, bien, ¿qué nos dice todo esto? Que era urgente y necesario emprender ese camino de la renovación, que ya iniciamos en la Lomloe, e impulsar la modernización y el alcance de la formación profesional, pero ese camino ciertamente se podía
dibujar de muchas maneras, y este Gobierno de coalición ha optado por ser fiel a los principios que conforman su acción. Por tanto, estamos hablando de una ley para una formación profesional pública, digna para el cuerpo docente, y acorde con el
cambio de modelo productivo que necesitamos para culminar la transición ecológica de nuestras sociedades.
Pública, porque es nuestro deber y obligación garantizar el acceso de la ciudadanía a la educación y hacerlo además en igualdad de condiciones. Según datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020, el 20 % de los jóvenes entre dieciocho y
veinticuatro años no tiene acceso ni a un trabajo ni a formación, mientras que la media europea estaría en el 13 %. Y, a la vez, año tras año tenemos que ver cómo miles y miles de alumnos y alumnas que solicitan una plaza pública de FP se quedan
fuera, y necesitan pasarse un año en blanco o tienen que ir a un centro privado, donde les pueden cobrar por la matrícula más de cinco mil euros. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, más de la mitad de las personas que querían estudiar este
curso un grado superior se han quedado sin plaza pública. Por eso, en Unidas Podemos hemos transaccionado varias enmiendas con el Grupo Socialista para que las administraciones públicas tengan la obligación de garantizar una oferta de plazas
públicas de formación profesional suficiente. Ya solo faltará, por tanto, que las comunidades donde gobierna la derecha, donde gobiernan los señores y las señoras del Partido Popular se dignen a cumplir esta ley y no la saboteen, como hacen
habitualmente con la Lomloe. (Aplausos).
Es también una ley digna para el cuerpo docente, porque aborda la mejora de las condiciones del profesorado técnico en cuanto a derechos laborales y equiparación salarial. En este sentido, es una ley que da respuesta a una reivindicación
histórica del profesorado de formación profesional, haciendo posible que todos aquellos profesores técnicos que cuenten con titulación de grado, licenciatura o ingeniería
puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Y, por otro lado, también crea un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, en los que podrán impartir docencia técnica aquellos
técnicos superiores de formación profesional.
Estamos ante una ley de formación profesional, sobre todo, acorde con el cambio de modelo productivo que demanda nuestro país, y que tiene en la transición ecológica, en el desarrollo del sector de los cuidados y en la digitalización de la
economía sus principales retos. En este sentido, estamos ante una ley que mira hacia esos nuevos sectores, que establece un sistema único e integrado de formación profesional a lo largo de toda la vida, y que crea un catálogo de estándares de
competencias profesionales. Toda la formación profesional tendrá además un carácter dual y se crearán centros de excelencia especializados por sectores, estableciendo las bases para una relación entre la formación profesional y la universidad.
Todo ello sin olvidar que esta nueva ley de formación profesional debe ser también una herramienta para acabar con los abusos que ciertas empresas hacen con los estudiantes en prácticas, estableciendo así unas prácticas formativas con plenas
garantías. En esta línea, la ley consolida y regula las acciones formativas, la colaboración y la corresponsabilidad entre centros formativos y empresas, con el objetivo de que el periodo formativo del alumno o la alumna sea genuinamente formativo,
y de que en ningún caso suponga la suplantación de funciones que solo corresponden a los trabajadores.
Para finalizar también quiero reconocer el consenso con el que nace esta ley, porque es una legislación que se ha hecho escuchando a la sociedad civil, pero no solo, también es una ley que llega con amplios acuerdos entre los grupos
parlamentarios. Así, de las 592 enmiendas que se han presentado, hemos logrado transaccionar y aprobar 209; esto es más de un tercio de las enmiendas que han presentado la totalidad de los grupos, lo que señala la voluntad de entendimiento y de
acuerdo que ha presidido la tramitación de toda esta ley.
Señorías -voy terminando-, creo que estamos ante una oportunidad única para la expansión y la mejora de nuestro sistema de formación profesional, una formación profesional para el siglo XXI, para garantizar la mejor cualificación técnica,
por supuesto, de los alumnos y alumnas, pero también para promover su acceso a la ciudadanía laboral, es decir, al ejercicio de los derechos que como trabajadores tenemos todos los ciudadanos. No ha sido otro el objetivo que ha movilizado nuestras
energías en toda esta tramitación y, por eso, votaremos a favor. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sancho Guardia.
El señor SANCHO GUARDIA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra. Debatimos el dictamen del proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional y, en primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo de los portavoces de los grupos parlamentarios, de
la letrada, del personal de nuestro grupo parlamentario y, especialmente de mis compañeros, Luz Martínez y Lázaro Azorín. Es un proyecto de ley para una formación profesional moderna y europea, que articula la FP del sistema educativo y la FP para
el empleo, y la sitúa en la vanguardia del progreso y del desarrollo de nuestro país como elemento de transformación económica, en una clara demostración de voluntad política y de prioridades de este Gobierno y de su presidente. De su presidente de
forma decidida desde que llegó a La Moncloa, apostando de forma importante por la FP, estableciéndola como una prioridad y situándola de forma preferente entre sus objetivos políticos; llevando a cabo en los últimos tres años el Plan Estratégico de
la FP, la integración del doble sistema de FP en un solo ministerio, el Plan de Modernización, impulsando su desarrollo con 2200 millones del Plan de Recuperación, promoviendo la Alianza de la Formación Profesional: una estrategia de país. Y
finalmente hoy, con la aprobación de esta ley, se ratifica rotundamente el compromiso de este Gobierno con la formación profesional y con el objetivo marcado: modernizar y consolidar la FP como enseñanzas de éxito, asociadas al talento, la
innovación, la empleabilidad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas. (Aplausos).
Nunca se había hablado tanto ni había despertado tanto interés la formación profesional. Y esto no es una casualidad, no ha surgido por generación espontánea, ha sido inducido por este Gobierno y los socialistas nos sentimos orgullosos.
Porque, señorías, la transformación de la FP no es solo la actualización de unas enseñanzas del sistema educativo, es el motor del cambio del modelo productivo,
pieza angular para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país. Y para nosotros, para los socialistas, es algo más: se trata de poner los recursos y la formación profesional al servicio de todas las personas, de todas, que son el
centro del sistema, de la manera más accesible y en cualquier momento de su vida. Significa igualdad de oportunidades, porque consideramos la educación y la formación el pilar fundamental para el progreso en equidad y justicia social. Es una ley
que surge como fruto del consenso entre centros docentes, empresarios, sindicatos, comunidades autónomas, organizaciones del tercer sector y el Gobierno. Nunca se había conseguido un acuerdo tan transversal para el futuro de la formación
profesional en nuestro país, con un procedimiento impecable, tanto en los trabajos previos como en su proceso de elaboración y tramitación parlamentaria e intensa labor de información y de exposición pública, consulta con comunidades autónomas,
conversaciones bilaterales con todos los sectores con implicación en la formación profesional y un proceso de participación de más de cuatreo mil sugerencias.
A propuesta de los grupos parlamentarios tuvimos sesiones de comparecencias en Comisión de organismos, instituciones, asociaciones y agentes sociales; fruto de todo ese proceso hubo muchas incorporaciones: todo lo que no fuese
contradictorio entre sí u objeto de posterior desarrollo reglamentario, con incisos muy importantes como el medio rural o despoblación, los procesos de digitalización, la sostenibilidad ambiental, atención a colectivos con necesidades especiales y
otros de carácter social. Y ya como proyecto de ley recibió 592 enmiendas, de las cuales se han aprobado finalmente, entre directas y transacciondas, 213 enmiendas de los grupos que han desgranado aquí los portavoces en sus intervenciones, y que
han permitido modificar o incorporar aspectos importantes como pueden ser la acreditación de las competencias por experiencia laboral o vías no formales e informales, el profesorado, centros de segunda oportunidad, Plan de Competencias Digitales,
becas en la dual, enseñanza semipresencial y virtual, registro, informe del sistema, etcétera. Son aportaciones, señorías, que han mejorado el proyecto de ley, aunque es cierto que tengo que admitir que hay quien piensa lo contrario, ¿verdad,
señora Trías? Yo eso de que el trámite parlamentario ha empeorado la ley, y ya es la segunda vez que se lo oigo, haciendo caso omiso al prepotente desprecio hacia nuestra labor, ¿eso qué es? ¿El evidente carácter de involución y de negación de la
realidad de su grupo o, también tengo que pensar sonriéndome, una oda a la labor del Gobierno en su iniciativa legislativa? (Aplausos).
Señora, Jiménez, yo que hoy venía imbuido del espíritu propio de las fechas, cuando les oigo, al final siempre y a pesar del consenso, me recuerdan a la fábula del escorpión y la rana. Usted habla de consenso diciendo que no se ha
producido. ¿Sabe cuántas transacciones le ofrecimos a su grupo parlamentario de las que ofreció el Grupo Parlamentario Socialista? El 40 % de las que les ofrecimos a todos los grupos. ¡Si eso no es consenso! (La señora Jiménez Linuesa hace gestos
negativos). Habla también de juventud y de paro juvenil. El señor Clavell el otro día me dejó bastante sorprendido. Hoy, comparando con ustedes, 3 puntos menos; hoy, en paro juvenil, en creación de empleo, el dato más destacado. Pero es que les
tengo que recordar qué ocurría ayer. ¿Cuál fue su mayor aportación al paro juvenil? Un Plan que se denominaba de Movilidad Exterior, creo que se llama. ¡Por favor!
Respecto de la memoria económica, de lo que también han hablado ustedes, señora Trías, son 5400 millones de euros. Solo en el presupuesto de este año para 2022, 2299 millones, y en el Plan de Modernización, que ya se está ejecutando en este
momento, hay 2075 millones. No sé qué más quiere que haya en este momento. Supongo que si alguien tiene aspiraciones a gobernar, algo tendrán que hacer ellos, porque nosotros no se lo vamos a enseñar (aplausos). Aun en un tema tan importante como
este, señorías, su jefe de filas actúa como el escorpión con la rana mientras se hundía, diciéndole: no he podido evitarlo, es mi naturaleza.
Finalmente, he de decirles que hoy damos un salto de gigante con la aprobación de esta ley. Tenemos una gran oportunidad económica y social, y por eso para nosotros esta ley es una apuesta estratégica de país, pero, señorías, el futuro del
país dependerá también de ustedes, de lo que seamos capaces de construir juntos.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 27/2021, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN. (Número de expediente 130/000067).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 27/ 2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Comparezco hoy para defender la convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Se trata de una norma que se une a la batería de medidas
que hemos venido poniendo en marcha con agilidad, con determinación y con eficacia desde marzo de 2020 para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares. Llevamos casi dos años desde que se inició la pandemia, y los datos
confirman la eficacia de las medidas adoptadas para evitar un impacto estructural sobre la economía. Hemos impulsado una respuesta eficaz en el plano sanitario, pero también en el plano económico y social, y gracias a estas medidas hemos evitado
una caída del PIB superior al 25 %, la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo, una crisis financiera global de impacto impredecible y un daño muy grande para nuestra sociedad.
El avance del proceso de vacunación y la mejora de la situación sanitaria han permitido recuperar la movilidad, impulsando la recuperación de la economía y una mejora de la solvencia empresarial, que ha ido cobrando mayor intensidad en la
segunda parte de este año. Hemos dejado atrás lo más duro y la fuerte recuperación va reforzando las cuentas empresariales. No obstante, la persistencia de la pandemia en el entorno europeo y la vulnerabilidad de las empresas en los sectores más
afectados hacen precisa la extensión de algunas de las medidas excepcionales, con el fin de garantizar que las empresas viables podrán aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de expansión económica. Esta extensión se
realiza en el contexto de las decisiones adoptadas por la propia Comisión Europea, que hace un mes aprobó la sexta enmienda al marco temporal de ayudas, prorrogando la vigencia de algunas de las medidas de apoyo a las empresas, cuyo plazo en
principio terminaba a finales de este año.
Igualmente resulta necesario establecer disposiciones en materia energética que garanticen un régimen de precios en caso de cambio de suministrador de gas, la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras de último
recurso, y el fomento del despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, así como medidas para atender la protección y recuperación ambiental del Mar Menor.
Por último, dada la extensión de los trabajos de cierre y restauración ligados a la clausura de la actividad minera de las empresas del carbón, se hace necesario acompasar las ayudas públicas al ritmo de ejecución de dichos trabajos, para
que los trabajadores que realizan las labores no se vean perjudicados en el acceso a las mismas.
Paso, señorías, a detallar cada una de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley que hoy se somete a convalidación. En primer lugar, se extiende el plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia de nuestro tejido productivo hasta el
30 de junio de 2022. Mediante los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020 se introdujeron dos líneas de avales, por importe de hasta 140 000 millones de euros, para garantizar la financiación concedida a los autónomos y a las empresas españolas para
paliar el impacto de la pandemia. En un principio la capacidad de otorgar los avales terminaba el 31 de diciembre de 2020, en línea con el marco temporal de ayudas de la Comisión Europea y, con ocasión de la sucesiva ampliación de dicho marco
temporal, se ha extendido la posibilidad de los avales en dos ocasiones: hasta el 30 de junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de este año. Recientemente, como he señalado, se aprobó la sexta enmienda del marco temporal europeo, que extiende la
vigencia con carácter general hasta el 30 de junio de 2022, y en este contexto resulta adecuado alinear la normativa española al nuevo plazo puesto que, si bien no cabe ninguna duda del proceso de recuperación económica en nuestro país, que está en
marcha y es fuerte, persisten
algunos de sus efectos y conviene mantener los apoyos a las empresas y autónomos hasta que la recuperación esté totalmente consolidada para impulsar ese crecimiento económico.
A fecha 9 de diciembre de 2021, las dos líneas han desplegado avales por importe superior a 103 000 millones de euros, lo que ha permitido movilizar más de 135 000 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo, con más de 1
148 000 operaciones de las que el 98 % han sido suscritas por pymes y autónomos. Sin duda, las líneas de avales están siendo uno de nuestros programas más eficaces para responder a la pandemia, y es uno de los programas más eficaces de todos los
países de la Unión Europea en cuanto al uso, la extensión en el tejido productivo y la capacidad de amortiguar ese impacto negativo de un shock sin precedentes en nuestra economía. Igualmente, con este real decreto-ley extendemos hasta el 30 de
junio de 2022 el plazo para la devolución, por parte de las comunidades y ciudades autónomas, del remanente de las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021, para que estas administraciones dispongan de los fondos
necesarios para hacer frente a los posibles recursos que se produzcan en vía administrativa. Cabe recordar que este Real Decreto-ley 5/2021 creó la línea COVID de ayudas directas, por un importe de 7000 millones de euros. La gestión y control de
esta línea se encomienda a las comunidades y ciudades autónomas, disponiéndose que tenían que devolver los remanentes antes del 31 de marzo de 2022. Desde el Gobierno hemos ido adaptando la normativa para permitir a las ciudades y comunidades
autónomas maximizar la ejecución, y que el apoyo público llegue de verdad a quien lo necesita. Así, ya hay alguna comunidad autónoma que está cerca del cien por cien de concesión, aunque hay una enorme variabilidad en el grado de ejecución de las
mismas por parte de las distintas comunidades y ciudades autónomas. Teniendo en cuenta que algunos solicitantes de ayudas han interpuesto recursos en vía administrativa contra las resoluciones de carácter negativo, denegatorias, resulta necesario
ampliar el plazo de reintegro al Estado de los remanentes para que las administraciones autonómicas dispongan de los fondos necesarios para hacer frente a estos recursos administrativos. Así que, con este real decreto-ley extendemos hasta el 30 de
junio de 2022 el plazo para devolver el resto de los saldos no ejecutados.
En segundo lugar, este real decreto-ley extiende al ejercicio 2021 la exclusión de pérdidas a efectos de la aplicación de la causa de disolución empresarial. A través del Real Decreto-ley 16/2020, que ya fue sustituido por la Ley 3/2020, se
acordó no computar las pérdidas de 2020 a los efectos de la determinación de las causas de disolución de sociedades de capital. Gracias a dicha medida, hemos evitado la liquidación de empresas viables en unas condiciones de funcionamiento de
mercado normales, pero que estaban sujetas a una situación excepcional como consecuencia de la pandemia. Con ello, hemos evitado un escenario totalmente indeseable, desde el punto de vista de la estabilidad económica y también de la preservación
del valor económico de las empresas, así como los puestos de trabajo.
Dado el impacto de la crisis sanitaria sobre los resultados empresariales también en este ejercicio 2021, y en tanto que culmina también el proceso en marcha de la reforma de la normativa concursal, resulta conveniente extender el
tratamiento excepcional de la situación patrimonial de las empresas durante un ejercicio adicional, incluyendo así el ejercicio 2021 para mantener y preservar los objetivos perseguidos. En esta misma línea, con este real decreto-ley se extienden
hasta el 30 de junio de 2022 las moratorias previstas para evitar el desencadenamiento automático de procesos concursales. Como decía, la finalidad es dar un tiempo adicional a aquellas empresas más afectadas por la pandemia para que puedan
reequilibrar sus balances, evitando una innecesaria entrada en concurso de empresas viables. Esta prórroga se corresponde también con la ampliación del marco temporal de ayudas y, además, nos da seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta
que entre en vigor la reforma de la Ley Concursal, que constituye uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que espero que llegue pronto aquí, a la sede parlamentaria, para su tramitación.
En tercer lugar, con este real decreto-ley se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo transitorio que suspende la liberalización total de las inversiones extranjeras directas en España provenientes de la Unión Europea y de la
Asociación Europea de Libre Comercio. Como saben, en el contexto de la pandemia, a través del Real Decreto-ley 8/2020, se introdujo la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España,
sometiéndolas a un régimen de autorización previa. En concreto, el régimen de suspensión afecta a las inversiones extranjeras directas que se realicen por residentes en países fuera de la Unión Europea y también de la Asociación Europea de Libre
Comercio, o por residentes cuando los titulares reales residan fuera y que lleven al inversor a ostentar un 10 % o más de la compañía española o una participación efectiva en su gestión y control. Con posterioridad, esta medida de control se
extendió hasta el 30 de junio de 2021 y luego hasta el 31 de
diciembre de 2021. Dada la persistencia de algunas de las circunstancias que motivaron la introducción de este régimen extraordinario de control, este real decreto-ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 el régimen transitorio que
proporciona seguridad jurídica a los inversores, pero también nos permite realizar el adecuado control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
El presente real decreto-ley también recoge tres medidas en el marco de la política energética. En primer lugar, se fija un plazo máximo de seis meses de cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato
de suministro. En el caso de los suministros esenciales -por ejemplo para centros sanitarios y hospitales, guarderías y colegios, asilos y residencias de ancianos, instituciones vinculadas a la defensa nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, etcétera- la interrupción del suministro no es de aplicación con carácter general. Para evitar que en el resto de situaciones el consumidor pudiera seguir consumiendo gas sin contrato, algo que sería irregular, el presente real
decreto-ley extiende la obligación de suministro de los comercializadores de último recurso a estos clientes durante un máximo de seis meses o hasta que tengan -esta es la situación preferente, por supuesto- un contrato de suministro con un
comercializador.
En segundo lugar, el real decreto-ley refuerza la garantía de cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas natural de los déficit que puedan surgir tras las medidas introducidas en 2021 para mitigar el impacto de la
escalada de precios del gas natural en los mercados internacionales, ese impacto sobre los mercados minoristas de gas y electricidad en nuestro país. Para cumplir este objetivo, este real decreto-ley incluye el sistema gasista como garante
subsidiario de las cantidades adeudadas.
En tercer lugar, para fomentar el despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, otro de los elementos de inversión fundamentales del Plan de recuperación, se prohíbe la inclusión del servicio
de recarga eléctrica dentro de los contratos exclusivos de suministro de carburante que se producen cuando se opera bajo un régimen de abanderamiento o franquicia. El objetivo es claro: que el titular de la estación de servicio pueda instalar
puntos de recarga eléctricos por sí mismo o a través de un tercero distinto al operador petrolífero con el que tiene el contrato de suministro de franquicia.
Adicionalmente, el presente real decreto-ley regula aspectos relativos a la descarbonización e impulso de las energías renovables, dentro del Acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las
comarcas mineras para el periodo 2019-2027, que incluyó un conjunto de elementos de apoyo a las empresas y trabajadores que cerraban, en concreto dando cobertura a los trabajadores que perdían sus puestos de trabajo y respaldando la actividad
económica de las comarcas mineras. Para lograr este objetivo se instrumentaron medidas dirigidas a dar nuevas ayudas sociales, cuyo plazo concluía el 31 de diciembre de 2018 para aquellos trabajadores cuya relación laboral se extingue con el cierre
de la unidad productiva y medidas que concluían el 31 de diciembre de 2021 para los que mantuvieran un vínculo laboral al estar realizando labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado. Teniendo en cuenta que estas labores se
están extendiendo más allá del plazo límite del 31 de diciembre de este año, y para evitar que estos trabajadores se vean perjudicados, el presente real decreto-ley permite el acceso a dichas ayudas de los trabajadores que realicen las labores de
cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.
Por último, este real decreto-ley establece medidas destinadas a la reconstrucción del Mar Menor. La intensificación de los usos del territorio y de los recursos que tienen lugar en la cuenca vertiente al Mar Menor, junto a los efectos del
cambio climático, han hecho que en poco tiempo se hayan registrado episodios catastróficos, como son las mortalidades masivas de peces y otros organismos marinos acaecidas en 2019 y más recientemente en agosto de 2021. Para revertir la situación de
deterioro ecológico, entre otras medidas, resulta necesario dar un impulso decidido a las obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor. Así pues, el presente real decreto-ley establece la declaración de interés general de estas obras
como mecanismo para posibilitar una acción coordinada y decidida con unos principios orientadores comunes: la restauración del buen estado ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su dinámica ambiental, la restauración y
renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza.
Señorías, compartirán conmigo que estas medidas del real decreto-ley que hoy se convalida -espero- por su naturaleza y finalidad justifican plenamente las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la
Constitución española como presupuesto habilitante para la adopción de un real decreto-ley. Este real decreto-ley se inserta dentro del conjunto de medidas que
hemos desplegado desde el comienzo de la pandemia y de las que ya vemos claramente el impacto positivo, ya que hemos podido proteger una base sólida para una rápida recuperación.
España hoy crece, crea empleo y está en plena recuperación, con una evolución especialmente positiva del mercado de trabajo. España ya cuenta con el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda su historia, unos veinte millones
de personas. Se han recuperado o incluso mejorado los niveles prepandemia en afiliación, paro y paro juvenil. Los trabajadores en ERTE COVID siguen descendiendo y se sitúan en unos ochenta mil. Esto quiere decir que en tan solo un año y medio
hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia, mientras que en la anterior crisis financiera este proceso costó a nuestro país más de una década.
Este Real Decreto-ley cierra el conjunto de medidas de carácter general adoptadas como respuesta a la pandemia. Ahora nos encontramos en una fase diferente caracterizada por esta rápida recuperación, y los apoyos actuales son más
específicos, se destinan de forma más concreta a aquellas empresas o aquellos sectores que pueden todavía necesitar este apoyo especial. También las medidas de apoyo están poco a poco dando paso al impulso derivado del Plan de recuperación. Así
que cuento con que todos ustedes sabrán ver la importancia de la votación que afrontamos esta mañana y que, como han hecho en los reales decretosleyes anteriores que hemos presentado, voten a favor de su convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Voy a abstenerme en la convalidación de las medidas contenidas en el real decreto-ley que usted acaba de explicar. Pero, una vez más, no
voy a desaprovechar la oportunidad para subrayar que este procedimiento para el que acaba de pedir usted respaldo es otra respuesta de urgencia ante una deriva socioeconómica que no es producto de la pandemia, señora Calviño, sino de los
incumplimientos de los compromisos del Gobierno y de los vaivenes a los que nos arrastra una política económica que no se corresponde ni de lejos con la situación que está viviendo la sociedad y que tiene en vilo a miles de autónomos, empresas y
trabajadores. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Señorías, resulta bochornoso escuchar en este hemiciclo la autocomplacencia del Gobierno respecto a las medidas energéticas que han fracasado rotundamente. ¿Dónde quedó aquel compromiso solemne adquirido en la investidura del candidato
Sánchez para abaratar el precio de la luz, hoy en su récord histórico? ¿En qué rincón de olvido quedaron las disposiciones incumplidas del Acuerdo marco de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras asturianas y del resto
de España? De la mano negra de este Ejecutivo, auxiliado por sindicatos cómplices y entregados, hemos pasado de la transición justa a la transición mustia, de las descarbonización a la desertización, del empleo a la ruina y de lleno hacia el
empobrecimiento general. La renuncia a la soberanía energética de España es un desastre sin paliativos, producto de una política medioambiental radical y atropellada sin parangón en Europa y en el mundo. Hoy traen ustedes tiritas para detener una
sangría productiva y demográfica irreversible y letal a la que nos aboca este Gobierno.
Señora vicepresidenta, las medidas económicas que se aplican a través de este real decreto-ley son un remedio de urgencia para paliar el fracaso de otras tomadas anteriormente por el Consejo de Ministros y anticipan el tratamiento con
placebos ante la inconsistencia de las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. No es futurología, pero estoy seguro de que, mientras forme usted parte de este Gobierno, el próximo año volverá aquí a
proponer nuevas fórmulas con las que corregirse a sí misma y a sus colegas del banco azul. Llevamos toda la XIV Legislatura con este maratón de la convalidación con la que el Gobierno suplanta la principal función de las Cortes Generales, que es la
de legislar. En un año, es la tercera vez -la tercera- en la que extiende el plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia porque se quedó muy lejos la previsión multiplicadora anunciada por el Gobierno.
Concluyo, señora presidenta, porque con este método normativo sustentado en la necesidad a dar problemas propios generados por el Gobierno pues no se puede ir a ninguna parte.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Señora vicepresidenta, estas medidas son claramente insuficientes. Es un decreto para la recuperación y su insuficiencia es manifiesta, somos el país de la Unión Europea al que más le está costando recuperarse. Por
lo tanto, significa que las medidas no son malas, pero no son suficientes. Lo que me gustaría preguntarle al Gobierno es qué medidas piensa poner en marcha en un momento en el que los precios están aumentando un 5,5 %, que no lo hacían así desde el
año 1992; en un momento en el que el precio de la luz en los mercados mayoristas se ha incrementado en casi un 500 %; y en un momento en el que hay sectores lastrados por este tipo de cuestiones de los precios o del precio del carburante o del
precio de la electricidad. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para que estas cuestiones repercutan lo menos posible en la economía? Es que vimos al presidente del Gobierno decir que los españoles iban a pagar este año por la luz lo mismo, en términos
similares, que en el año 2018. Todavía no sabemos qué es lo que va a hacer el Gobierno para que eso sea una realidad. Quedan quince días para acabar el año y la luz en el mercado mayorista ha pasado de 50 euros megavatio/hora a 300 euros
megavatio/hora y está alcanzando un récord diario. ¿Se puede saber qué es lo que va a hacer el Gobierno para que las familias paguen en la factura de la luz en términos similares al año 2018? Pues yo le voy a responder: nada, no van a hacer nada.
Entonces, la otra pregunta es: ¿piensa salir alguien del Gobierno a pedir disculpas a los españoles por un nuevo compromiso que ha sido un engaño otra vez? Porque es evidente que esto es un engaño, señora vicepresidenta. Desde luego, si
hay un miembro del Gobierno que debería salir a pedir disculpas a los españoles por algo que prometieron y que no van a cumplir, es un ministro, especialmente, el que debería dimitir directamente, dimitir. No está aquí el señor Garzón, pero le
debería dar vergüenza seguir formando parte de un Consejo de Ministros cuando él dijo exactamente esto cuando el Gobierno era del Partido Popular: 'Esta Navidad la luz tendrá un precio un 10 % superior al año pasado. Miles de familias no podrán
mantener sus casas con temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud a los que menos tienen. Ningún Gobierno decente debería tolerarlo'. Si el señor Garzón decía que no era un Gobierno decente aquel que toleraba que la luz
subiera un 10 %, ¿qué piensa de un Gobierno con el que la luz ha subido un 500 %? (Aplausos). ¿Qué piensa el señor Garzón? ¿Puede seguir el señor Garzón siendo miembro de un Gobierno, según sus palabras, no indecente, sino absolutamente indecente
porque el precio de la luz se ha incrementado un 500 %? ¿O piensa seguir enchufado a la poltrona, con el calor que le produce el escaño, mientras los españoles no pueden calentar sus hogares? Eso es el señor Garzón, esa es la política de este
Gobierno, la de unas recetas cuando son oposición y unas recetas completamente distintas cuando son Gobierno. Lo que están esperando los españoles y la economía son medidas del Gobierno, no eslóganes de que nadie se va a quedar atrás, señora
vicepresidenta. Necesitamos medidas reales, somos la economía a la que más le está costando recuperarse de toda la Unión Europea. Claro que tenemos un crecimiento importante, pero es que venimos de una caída económica de un 11 %.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Señor Sayas, tiene que terminar.
El señor SAYAS LÓPEZ: Las medidas son insuficientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on danori.
Señora vicepresidenta, hoy volvemos a debatir un decreto que nosotros sí vamos a apoyar por responsabilidad porque, a pesar del avance de la vacunación y la recuperación económica -que nosotros sí creemos que se está dando, aunque quizás de
forma más lenta a la esperada-, las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID continúan, desde luego, impactando, sobre todo a aquellos colectivos de las personas trabajadoras por cuenta propia y las pymes, a las que creemos que hay
que seguir
acompañando. Nosotros sí creemos que hay medidas, no se puede decir que no haya medidas económicas, porque las ha habido a lo largo de todos los reales decretos.
Un decreto que es verdad que lo que hace es extender la vigencia de una serie disposiciones para proporcionar seguridad jurídica, estabilidad económica y dar apoyo a las empresas en esta fase tan importante que es la de la recuperación.
Usted ha explicado ya las medidas, yo no voy a volver a repetirlas, pero sí quiero hacer una pequeña crítica -como ya vengo haciéndolo muchas veces-, porque este decreto no se ha consensuado ni negociado con los grupos parlamentarios, por lo menos
no con este grupo. Es necesario que los grupos podamos conocer con antelación suficiente aquellos proyectos e iniciativas que el Gobierno desea impulsar e intentar llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia. Así lo acordaron con
este grupo y lo cierto es, vicepresidenta, que sí nos llaman con uno o dos días de antelación, nos cuentan el grueso de las medidas, pero no conocemos la letra pequeña, y no hay un texto con anterioridad que podamos analizar con mayor profundidad.
Creo que eso es, simplemente, una llamada de cortesía, y por eso le solicitamos que lo hagan de otra manera.
Creemos, también, que llevan demasiado tiempo escudándose en la pandemia para traer reales decretosleyes que, en muchos casos, creemos que no obedecen a premisas de urgente necesidad y se están convirtiendo en instrumentos con una fórmula
ordinaria para tramitar esas medidas. Lo único que nos queda a los grupos, y con suerte, es introducir mejoras en aquellos proyectos de ley en su fase de tramitación. Digo suerte porque hasta ahora todo está en standby. Semana tras semana se
prorrogan las ampliaciones y hoy nos traen un decreto por el que se modifican los siguiente reales decretos: los reales decretos-leyes 25/2020 y 8/2020, en el que se amplía la concesión de avales; la Ley 3/2020, de medidas procesales; el Real
Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial del sector energético; el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial; la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real
Decreto-ley 25/2018, de medidas urgentes para una transición justa en la minería del carbón; el Real Decreto-ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural, y el Real Decreto 104/2010, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural. En total, seis reales decretos dictados. ¿Sabe cuántos se tendrían que tramitar como proyecto de ley? Cinco. Y seguimos con modificaciones de los
mismos, pero eso sí, con su tramitación como proyecto de ley todavía en el limbo. Entonces, me gustaría saber también qué dirían ustedes si esto ocurriera estando en la oposición y si ese Gobierno hiciese lo mismo. Creo que deberían tenerlo en
cuenta. Ahí lo dejo.
Simplemente, nosotros votaremos a favor por responsabilidad, como he dicho. Y votaremos, además, en contra de su tramitación como proyecto de ley. ¿Por qué? Porque todos esos reales decretos que se están modificando ya están en esa fase
de tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchísimas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracia, presidenta.
Señorías, vicepresidenta, mi grupo parlamentario va a apoyar este real decreto-ley. Lo vamos a hacer porque nos encontramos con un real decreto-ley -como nos hemos encontrado muchos durante esta legislatura- que es una mezcla de temas y
sobre todo de parches, aunque muchos de ellos sean necesarios.
Entendemos como positivo que se amplíen los plazos para las concesiones de avales frente al impacto económico del COVID-19, así como la modificación de la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID en el
ámbito de la Administración y la ampliación de los plazos de prórroga de los concursos y la modificación del Real Decreto-ley 34/2020 para ampliar el régimen de suspensión de la liberalización de determinadas inversiones extranjeras. Son cosas
positivas, pero, después, dentro de este real decreto-ley vuelven a llegar los parches. Cuando digo parches es por algo que ha comentado también la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ya que han tenido oportunidad de modificar muchísimos
reales decretos en la tramitación como proyecto de ley, por ejemplo, los reales decretos que han estado dirigidos a implementar medidas para reducir el impacto de la subida de la factura de la luz, y no lo hacen; tres reales decretos para intentar
solucionar un primer real decreto que lo único que quería era intervenir el mercado de la electricidad. Eso es lo que no nos gusta, porque en este real decreto ya tendría que haber venido una medida, que es la reducción del IVA de la factura de la
luz y esa paralización o esa
bajada también del impuesto de la electricidad, porque hay que hacerlo con tiempo y los ciudadanos necesitan saber con tiempo qué va a pasar con su factura. ¿Por qué? Porque con ese real decretos con el que han querido llevar a cabo la
minoración de los beneficios de las empresas eléctricas, lo único que han conseguido es que haya incertidumbre y que los mercados vean que se puede intervenir un mercado por cualquier motivo, pero ¿la factura se ha bajado realmente? ¿Por qué no
utilizan reales decretos para medidas urgentes de verdad y lo hacen con tiempo?
La bajada de la factura de la luz es algo muy importante que, de verdad, necesitan los ciudadanos, y ya debería estar aprobada en los Presupuestos Generales del Estado. Ciudadanos presentó una enmienda para reducir el IVA. Teníamos tiempo
y aún tenemos tiempo para tomar decisiones y bajar realmente la factura. Con estos reales decretos, que han querido volver a modificar aquí, creemos que no lo consiguen. Tenían tiempo, podían haberlos traído ya aquí y podían haberse aprobado en
los presupuestos. Como digo, tomen mejores decisiones y, sobre todo, dennos la oportunidad a los grupos parlamentarios de poder enmendar en la tramitación como proyecto de ley, porque podríamos haber acelerado muchísimas de las decisiones que se
toman con este real decreto. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Respecto a las medidas sobre movilidad eléctrica y a las de transición justa de la minería, también creemos que dentro de este real decreto son, quizá, de las menos profundas, podrían haber sido mucho más ambiciosas. El Gobierno debe
abandonar las propuestas meramente cosméticas y hacer un acercamiento real a la movilidad sostenible. Creemos que para seguir trabajando en esa transición ecológica, en esa transición energética, necesitamos que el Gobierno apueste firmemente. No
nos vale, solamente, con eliminar una barrera de movilidad eléctrica. El Gobierno debe implementar medidas más rápido, porque vamos a tener solo dos años para implementar muchos puntos de recarga. ¿Cómo pretendemos que la gente confíe en ir
acercándose al vehículo eléctrico -que ya, de por sí, les va a costar por el elevado coste que todavía tiene y porque las medidas que se están implementando para subvencionar o ayudar a la compra de los coches eléctricos llegan tarde- si no saben
qué va a pasar con los puntos de recarga? Tuvimos la oportunidad de modificar el tema de los puntos de recarga en la Ley de Cambio Climático. Nosotros presentamos una enmienda proponiendo que hubiera más puntos de recarga y para que en la Ley de
Cambio Climático hubiera ya un primer compromiso, para que la gente viese que las medidas que toma el Gobierno son positivas y van a una velocidad suficiente, pero aquí vuelven a tomar una pequeña medida que creemos que se queda corta.
Con respecto a la transición justa de la minería del carbón, tampoco basta con prolongar las ayudas por cierre de las instalaciones de la minería del carbón sin ofrecer alternativas fiables y seguras a los trabajadores, que llevan toda su
vida laboral en el sector. ¿Por qué no ha incluido el Gobierno en este real decreto-ley ninguna iniciativa o plan alternativo para que el empleo fijo no se pierda? Podrían haber aprovechado. La bolsa de empleo del Instituto para la Transición
Justa prevé crear entre doscientos cincuenta y trescientos puestos de trabajo, con una duración de entre treinta y seis y cuarenta y ocho meses. Pero, por ejemplo, para regiones como Aragón la cifra que se prevé crear allí es muy pequeña y, según
el último informe de la Comisión de Minería, se queda muy por debajo de lo que realmente necesita la zona. Aún más, el mismo informe admite que no se ha dado posibilidad a la recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de las empresas,
aquellos que no tienen derecho a la prejubilación. Por tanto, ¿de verdad prolongar solamente cuatro años de ayudas es lo único que puede hacer el Gobierno? Creemos que ahora, en un momento en el que están surgiendo nuevos empleos en el sector
energético, sería una buena oportunidad para tomar medidas más útiles para la creación de empleo. Es una oportunidad perdida dentro de este real decreto.
Dentro de las medidas que creemos que son interesantes y muy importantes están las dirigidas a solventar los problemas que existen con el Mar Menor, en Murcia. Es un gran problema el que tienen allí los murcianos con la contaminación, con
todas las obras que tienen que hacer y que están pendientes. Es importante que se tomen medidas urgentes para mitigar el impacto de los problemas que existen con la contaminación del Mar Menor, pero también nos preocupa la velocidad a la que se
implementan. Por eso, desde aquí le queremos pedir que, si realmente son urgentes, por favor, se implementen con celeridad porque en Murcia no pueden esperar mucho más para salvar el Mar Menor.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Vicepresidenta, señorías, nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley por los motivos que después voy a explicar, y de forma excepcional, no vamos a apoyar la tramitación como proyecto de ley. Vamos a aprobar la
convalidación no porque, como alguna otra portavoz ha dicho, se nos haya consultado previamente -no ha sido así en este caso-, sino porque compartimos las medidas que se establecen en este real decreto-ley. La mayoría de las medidas que se
establecen es una ampliación de plazos de anteriores de reales decretos-leyes y da la casualidad de que algunos de esos reales decretos-leyes se están tramitando como proyectos de ley, pero con un retraso tal que hace prácticamente inviable y hace
que pierda sentido la tramitación como proyecto de ley.
Me explico. Se empezó la tramitación parlamentaria de los reales decretos-leyes 8 y 25, pero como eran reales decretosleyes, que con otros cuatro se modificaban unos a otros, decidimos tramitarlos como un único proyecto de ley, pero todavía
no se ha iniciado su tramitación en el ámbito de la ponencia. Al Real decreto-ley 34 le sucede algo muy similar. El Real Decreto-ley 5/2021, el de las ayudas, al que después también haré mención, está todavía en periodo de presentación de
enmiendas a pesar de que se convalidó hace prácticamente diez meses, cuando la mayoría de estas ayudas -la mayoría, sí, no la parte que nos gustaría- ya están concedidas. Por tanto, hemos entrado en una dinámica legislativa muy ineficiente y, a su
vez, muy ineficaz. Yo ya sé que me van a decir que esto no le corresponde al Gobierno, que esto es cuestión del Legislativo, pero quiero volver a denunciarlo otra vez desde esta tribuna.
Respecto al contenido del real decreto-ley, que, como usted ha desmenuzado, tiene varios aspectos, quisiera hacerle algunas observaciones; esencialmente, dos. En el artículo 3 del real decreto-ley se procede a ampliar la moratoria respecto
a los procedimientos concursales, con buen criterio desde nuestra óptica. Y usted misma desde esta tribuna ha dicho algo que también parece razonable: bueno, vamos a ver si cuando finalice esta moratoria somos capaces de que la reforma de la Ley
Concursal ya esté en vigor. Pero yo quiero advertirles de una situación con la que nos podemos encontrar. Después de prácticamente un año y medio con los procedimientos concursales suspendidos -tanto la tramitación voluntaria como el de instar el
concurso por parte de terceros-, es posible que nos encontremos con bastantes procedimientos acumulados en el momento en que se levante la moratoria. Si este levantamiento de la moratoria coincide con una nueva ley concursal, con reformas
importantes, profundas -esperemos- y necesarias, se puede producir durante la primera parte del segundo semestre del 2022 un cuello de botella, un cierto colapso en determinados juzgados de lo Mercantil para la tramitación de proyectos; primero,
porque tendrán que aplicar una ley nueva sobre la cual no tendrán todavía práctica y, segundo, porque va a haber un importante número de casos acumulados. Por ello, instamos al Gobierno a que apruebe lo más rápido posible el proyecto de ley de
reforma de la Ley Concursal e instamos a la Cámara a que se tramite de la forma más urgente, porque, si no, va a haber un problema. A la vez, también pedimos que el Ministerio de Justicia piense en un plan de choque para reforzar los juzgados de lo
Mercantil, para que en este periodo del segundo semestre del 2022 no se colapsen estos juzgados, generando un problema importante en la tramitación de estos procedimientos. Hemos estudiado el anteproyecto y vemos aspectos muy positivos en la
reforma de la Ley Concursal, aspectos necesarios, pero ya le avanzo que plantearemos algunas enmiendas, especialmente en el ámbito que afecta a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas o, si quiere usted, las micro y las pequeñas empresas.
La segunda cuestión que le quiero comentar es respecto a las modificaciones del Real Decreto-ley 5/2021. Estamos de acuerdo con ampliar este plazo para que las comunidades autónomas puedan hacer justificaciones, pero quisiera hacer una
reflexión, la misma que hacíamos desde esta tribuna cuando se propuso la convalidación del real decreto-ley. Y es que aquellos 7000 millones -5000 en términos globales- para todas las comunidades autónomas, más allá de Canarias y las Islas
Baleares, que parecían una cantidad importante pero que algunos intuíamos que era insuficiente, resulta que diez meses después todavía no se han agotado. Uno puede pensar que es porque las empresas no los necesitaban, pero otros continuamos
pensando que es porque no se flexibilizaron las convocatorias de forma suficiente para que aquellas empresas que realmente los necesitaban pudiesen acceder a ellos. Se ha constatado que esto ha sido así, porque todavía hoy estos fondos en algunas
comunidades autónomas no se han agotado.
En todo caso, muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pérez Merino.
La señora PÉREZ MERINO: Muchas gracias, presidente.
Hoy debatimos un real decreto-ley que forma parte del escudo social del Gobierno de coalición. Señorías, el Gobierno ha construido un escudo social que protege a quienes más lo necesitan en un contexto de máxima dificultad. Medidas como
los ERTE, la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, las garantías de suministros o el ingreso mínimo vital son buenos ejemplos de cómo debe actuar un Gobierno en una situación de crisis. Y esta es una lección que nunca
debemos olvidar, porque en la crisis de 2008 las políticas de recortes y austeridad provocaron mucho dolor y mucho sufrimiento y, lo que es peor, solo sirvieron para agravar la crisis económica.
No nos olvidamos de quienes vieron en la gran recesión de 2008 una coyuntura para acabar con la igualdad de oportunidades, ni de los que, aprovechando una situación de crisis mundial, enriquecieron sus ya enormes cuentas a costa del
sufrimiento de muchos. Ya era algo evidente entonces, pero ahora la certeza empírica es muy reciente: mientras los recortes agravan las crisis, las políticas sociales ayudan a enfrentar las crisis. Dicen algunos que el mérito no es del Gobierno
de coalición, sino que el mérito es de la Unión Europea. Es verdad que hoy en día nadie niega ya que la respuesta de la Unión Europea también ha sido diferente a las de crisis anteriores, pero no es menos cierto que hay dos formas de estar en
Europa. El Gobierno de coalición progresista fue a Bruselas a exigir una respuesta social a la pandemia, mientras que el Partido Popular se posicionaba del lado de los Países Bajos para que España no recibiera los fondos europeos, y todavía hoy
siguen maniobrando en Bruselas para perjudicar los intereses de España. Hay dos formas de estar en Europa. Para algunos, Europa debe ser el guardián supranacional de las esencias neoliberales y, para otras, Europa es un espacio común, una
democracia compartida que sirve para proteger los derechos sociales, como ha demostrado hace unos días la vicepresidenta Yolanda Díaz, impulsando la directiva sobre salarios mínimos europeos.
Señorías, la pandemia no ha terminado, aunque estamos en buena disposición para combatirla e intentar acabar con ella. Para defender la salud pública debemos mantener un mensaje de prudencia y para defender la cohesión social y salvar
empleos debemos mantener el escudo social y las medidas de protección de nuestro tejido productivo. Esto es lo que hace el real decreto-ley, prorrogar las ayudas a la liquidez de las empresas y las medidas de apoyo a su solvencia. Este real
decreto contiene, además, medidas facilitadoras para garantizar los suministros energéticos y la movilidad eléctrica, y eso está bien, aunque no debemos olvidar que tenemos un serio problema con el oligopolio eléctrico y que, por tanto, necesitamos
una empresa pública de energía para pilotar la transición energética y reducir la factura de la luz. (Aplausos). En cuanto a las medidas relacionadas con la difícil situación del Mar Menor, quiero decir que es positivo que se declaren de interés
general determinadas obras de protección y recuperación ambiental, pero una catástrofe ecológica como la que están sufriendo en el Mar Menor necesita muchas otras medidas, aunque, lamentablemente, el Gobierno de la Región de Murcia no está dispuesto
a tomarlas. Necesitamos actuar conforme al diagnóstico riguroso que la ciudadanía está poniendo encima de la mesa, creando un parque regional del Mar Menor que proteja a la laguna en su conjunto y fije un marco legal estable. Necesitamos un escudo
protector para el Mar Menor y poner coto a las multinacionales del agronegocio y el urbanismo salvaje.
Por último, me gustaría trasladar un mensaje, aunque quizás no sea el que se espera de un diputado o de una diputada. Normalmente, es la gente la que nos pide las cosas, como no puede ser de otra manera, y los poderes públicos tenemos la
obligación de trabajar para defender los intereses de la mayoría social. Y este real decreto va en esa dirección. Esperemos que las derechas tengan la gallardía de no votar en contra de todas estas medidas sociales, como han venido haciendo. Pero
hoy me voy a tomar la licencia de pedir algo y dirigirme a esa mayoría sindical y social, que, por cierto, está en la calle reivindicando las subidas de salarios. Yo vengo de las luchas sindicales, del sindicalismo de tajo en la empresa, y tengo
claro que no basta con que el Gobierno defienda a la mayoría trabajadora: tenemos muy recientes las lecciones que nos han dado los trabajadores de Cádiz. La clase trabajadora debe y tiene que organizarse; la clase trabajadora y la sociedad civil
tienen que defenderse y movilizarse para intentar entre todos forzar y ayudar a revertir el desastre de país que nos dejaron esos desafueros cometidos por el Gobierno del PP, que con impudicia y bajo un manto de corruptas cuentas B y oscuras
maniobras, entre otros desmanes,
descerrajó los derechos sociales y civiles, vació nuestra hucha de las pensiones, regaló miles de millones a la banca y desreguló absolutamente el mercado laboral. (Aplausos). Y todo ello para mayor beneficio del gran capital de grandes
empresarios e incluso de algunos personajes estrechamente vinculados al Gobierno y al propio partido del PP. Y todo eso mientras se hundía y se dejaba indefensos a nuestros conciudadanos más humildes. Mucho de lo que hay ahora viene de ahí. La
historia nos demuestra que la lucha de la clase trabajadora a veces no es suficiente, pero no es menos cierto que siempre que se han producido avances democráticos ha sido porque los trabajadores y las trabajadoras nos hemos organizado para empujar
los derechos sociales. Y digo más, el Gobierno de coalición necesita la presión y el empuje de la clase trabajadora, de la sociedad civil, de los movimientos feministas, que promueven la inclusión de todas y todos sin excepciones, y del movimiento
ecologista.
Señorías, compatriotas, compañeras, compañeros de luchas civiles, sociales y sindicales, no nos olvidemos nunca de que los ricos y poderosos sí que tienen su conciencia de su clase y presionan cada día a través de sus decisiones económicas y
sus medios de comunicación para conservar y aumentar sus privilegios. Por ello, todos y todas debemos trabajar unidas y organizadas para defender los derechos y el bienestar de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Por ello, votaremos a
favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más -y ya son muchas- el Gobierno de Pedro Sánchez se presenta ante esta Cámara para continuar imponiendo lo que se está convirtiendo ya en un auténtico fraude legislativo, un atropello que no podemos ni debemos dejar de
denunciar. Porque erosionar el papel del Legislativo es erosionar la democracia. Al abuso en la utilización de la figura del real decreto-ley como modelo de legislar ordinario -son ya ochenta y siete los decretos-leyes aprobados por Pedro Sánchez-
ustedes añaden algo más: la sistemática e irregular práctica de incluir en la misma norma, con rango de ley, asuntos que poco o nada tienen que ver entre sí. Y lo hacen de forma rutinaria.
Vale la pena traer esto a colación hoy cuando tratan de prorrogar medidas incorporadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, porque precisamente entonces trataron de aprovechar esa norma dirigida a regular, en teoría, medidas
económicas para, por la puerta de atrás y burlando el debate parlamentario, modificar la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia e incorporar de tapadillo en la ejecutiva de ese órgano al entonces vicepresidente segundo del Gobierno,
Pablo Iglesias. ¿Se acuerdan? Porque nosotros sí. Y el Tribunal Constitucional también se acuerda, porque lo recurrimos y el alto tribunal nos dio la razón, apreciando el recurso de inconstitucionalidad que condena al Gobierno por el abuso en la
utilización de este instrumento legislativo. (Aplausos). Pero a ustedes les da igual y reinciden.
El Real Decreto-ley 27/2021 que hoy traen a convalidar trata de regular en una sola norma cuestiones tan variadas y desconectadas entre sí como el derecho concursal, el suministro de gas, la devolución de las ayudas directas no ejecutadas o
el desarrollo de las comarcas mineras o la situación del Mar Menor. Un auténtico despropósito. Señora vicepresidenta, legislar así supone una falta de respeto al principio de separación de poderes y a esta Cámara. Además, con esto ustedes generan
una enorme inseguridad jurídica, algo tan perjudicial para la confianza, clave para la recuperación económica. Pero es que, además, en un ejercicio de frivolidad que no habíamos visto nunca, el Gobierno está utilizando normas jurídicas que trae a
convalidar a esta Cámara para hacer una propaganda sencillamente inadmisible. El autobombo que les voy a citar textualmente a continuación no es el extracto de un mitin de Pedro Sánchez en medio del fragor electoral, no es una octavilla informativa
que se reparta en las sedes del Partido Socialista, no es ni siquiera algo extraído de la web del PSOE, no. Esto es del Boletín Oficial del Estado refiriéndose a las medidas para proteger el tejido productivo, el empleo y la renta de los hogares.
El real decreto-ley dice así: 'Menos de dos años después del inicio de la pandemia, los datos confirman la eficacia de las medidas adoptadas para evitar un impacto estructural sobre la economía'. ¡Confirman la eficacia! ¿Por qué? ¿Por decreto?
Señora ministra, es posible hundir la economía a base de decretos -sí, están ustedes en ello-, pero es absolutamente imposible recuperar una economía por decreto; al revés. Durante el confinamiento, España fue el país que más empresas destruyó de
toda Europa. Todavía hoy tenemos cincuenta mil
empresas menos que antes de la crisis. En el coronavirus, nuestro país fue el que destruyó más empleo del continente, a un ritmo diez veces superior al conjunto de la Unión Europea. Y estamos muy lejos, por cierto, de recuperar todavía el
nivel efectivo de empleo en el sector privado, que se está viendo lastrado por el efecto crowding out o expulsión por el sector público. Registramos en España el peor dato de Europa en relación con la renta de los hogares y somos los que estamos
más lejos de recuperar el nivel económico de antes del COVID, mientras muchos países ya lo han superado.
Señora ministra, la gestión del Gobierno no está siendo un éxito. Si algo confirman los datos es que las medidas implementadas por este Gobierno fueron y siguen siendo un estrepitoso fracaso. En VOX fuimos los primeros en solicitar la
creación de líneas de avales para la financiación de empresas afectadas por la epidemia, pero denunciamos su insuficiencia y su lentitud. Solicitamos, en su momento, medidas ágiles, contundentes y enfocadas a salvar empresas y empleos y urgimos a
implementar una política económica que favoreciera el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Durante muchos meses España fue el único país de Europa sin ayudas directas, y cuando por fin las aprobaron lo hicieron a regañadientes, por un
importe muy inferior a las necesidades reales y a través de mecanismos tan mal diseñados que su desarrollo ha sido un completo fiasco. Ocurrió con el ingreso mínimo vital, que apenas ha llegado al 41 % de los hogares para los que estaba previsto;
ocurrió con el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y, hoy, un año después de su puesta en marcha, ha llegado a empresas vinculadas con el chavismo -sí-, pero apenas se ha ejecutado un 10 %; ha ocurrido con el mecanismo de ayudas
directas. De los 7000 millones previstos, 2500 van a ser devueltos por las comunidades autónomas a causa de las dificultades administrativas para acceder al dinero, y, desgraciadamente, estamos viendo que está sucediendo con los fondos europeos,
cuyo grado de ejecución final está siendo tan desastroso que las empresas todavía no han visto un solo euro.
Señora ministra, nuestro tejido productivo está seriamente dañado. El Banco de España advierte de aún más señales de deterioro en la solvencia de las empresas. Nuestro país lidera ahora el incremento de insolvencias empresariales del mundo
desarrollado. Sencillamente, no pueden ustedes mirar para otro lado e instalarse en un discurso triunfalista y prorrogar lo que nunca ha funcionado. España tiene que rectificar el rumbo de su política económica, y debe hacerlo ya, sin demoras. No
pueden ustedes lastrar nuestra credibilidad y continuar fundamentando unas cuentas públicas en unas previsiones económicas que ya no se cree nadie. No pueden ustedes seguir incrementando el déficit y la deuda pública como si no hubiera un mañana,
condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos a soportar una losa inasumible. No pueden continuar incrementando el gasto político, electoralista y clientelar asfixiando a los españoles sin que eso tenga consecuencias. No pueden ustedes seguir
haciendo de España el único país que sube los impuestos en medio de una crisis económica. No pueden consolidar una política energética que nos ha condenado a que la luz y el gas alcance el precio más alto de la historia. No pueden continuar
incrementando las cotizaciones sociales cuando mantenemos la tasa de paro más elevada de Europa. No pueden seguir condenando a nuestros jóvenes al paro con leyes educativas que permiten pasar de curso suspendiendo.
Podría seguir y seguir, aunque siempre llegaría a la misma conclusión. Los que no pueden continuar son ustedes, señora ministra, porque ustedes son el mayor obstáculo para la recuperación. Así que, ayuden a España y márchense cuanto antes,
porque solo saldremos adelante cuando les dejemos a ustedes atrás.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señora vicepresidenta.
Este real decreto muestra que el discurso triunfalista del Gobierno va por un lado y la realidad económica y social va por otro, y por eso es necesario seguir prorrogando las medidas económicas y la moratoria concursal para evitar una
quiebra en cadena de miles de autónomos y de empresas. Además, el Gobierno aprovecha para traer otro real decreto, pequeño cajón de sastre que incluye medidas de varios ámbitos. Estamos a favor de las medidas medioambientales que declaran de
interés general determinadas obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor, pero necesitamos saber cuáles y, sobre todo, cuándo. Y la mayoría son económicas: de esas, tres de cuatro son extensiones de
plazo; la extensión, por tercera vez, del plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia. A 30 de noviembre se habían avalado ya el 92,5 %. Muy bien, pero es que el presidente Sánchez, señora vicepresidenta, nos vendió la movilización
de 200 000 millones, un efecto multiplicador por dos, y la realidad ha sido una financiación de 121 922 millones, un efecto multiplicador del 1,31, muy lejos de ese dos. Además, muchas empresas se han quedado fuera, porque sus entidades no se han
comprometido con la línea o se han concedido en casos sin necesidad. Como la avisé en la convalidación de un decreto en el año 2020, no están poniendo condiciones a las entidades financieras y eso supone un riesgo que no podemos asumir. Y la línea
ICO COVID de inversión podríamos considerarla un fracaso: solo se han cubierto 10 397 millones de los 40 000 aprobados, y es previsible que siga sin cubrirse porque las expectativas de crecimiento son mucho menores de lo previsto por el Gobierno y
la incertidumbre regulatoria muy grande -reforma laboral, costes energéticos-, lo que desanima claramente la inversión.
Se extiende también a junio el plazo para la devolución, por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, del remanente de las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto 5/2021. Sigue habiendo,
todavía, 2500 millones de los 7000 que no pueden llegar a los autónomos ni a las pymes con los requisitos que se exigen. No se trata tanto de ampliar el plazo como de quitar el corsé. Nadie entiende una manga tan ancha con las ayudas a Plus Ultra
y tan estrecha para los autónomos; ellos tampoco lo entienden. Si hablamos del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, no hemos llegado, ni siquiera, al 15 % de concesión, después de año y medio desde su aprobación. Otro 'éxito'
más, señora vicepresidenta.
Estamos de acuerdo con la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 para los efectos a causa de disolución. Si estamos viendo que ustedes no sirven para aplicar medidas de forma efectiva, tampoco para hacer previsiones. Las de 2021 han sido
arrasadas, primero por las estimaciones de analistas e instituciones y después por la realidad. Las de 2022 van por el mismo camino, porque ya han sido reducidas por todas las previsiones. Usted dice 'equis', los analistas dicen 'equis menos y' y
usted sigue, erre que erre, empeñada en la equis. Al final, acaba teniendo que rectificar. Y yo me pregunto si las previsiones sirven para algo. Si no sirven, no se molesten, y si valen, seguro que valen, hagámoslas bien, que nos jugamos mucho, y
déjense de tanta demagogia. Y hablando de demagogia, ayer nos decía varias cosas. Nos hablaba de los buenos datos de empleo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Pues derogar la reforma laboral que lo hace posible. Perfecto. Nos hablaba también de la
alta recaudación tributaria. Pues claro, nos han freído a impuestos. Mientras a muchísimos españoles les cuesta llegar a fin de mes, ustedes recaudando. Nos habla continuamente de la velocidad de crucero de nuestra economía. Lleva más de un año
con esa cantinela, señora vicepresidenta, diciendo que el próximo trimestre cogeremos velocidad de crucero, pero no sé si hemos perdido el crucero o si no tiene suficiente motor para coger tanta velocidad, pero nunca acaba de llegar. También nos
decía que el crecimiento es sólido y que la recuperación es muy fuerte -luego ya bajó a fuerte-. Con la caída que hemos tenido, ¿cómo no vamos a recuperarnos? Es de cajón.
El análisis al que usted debe enfrentarse, si tiene el valor suficiente, que por ahora no lo ha tenido, es al de la comparación con nuestros iguales, y ahí salimos perdiendo. Incluso hoy por la mañana nos decía que se podía hacer peor.
¿Peor que qué? ¿Que ser el último país de la Unión Europea, según la OCDE, Funcas y otros análisis, en recuperar los niveles precrisis? Hasta 2023 no se espera, señora vicepresidenta; hasta tres años después. ¿Se acuerda usted de la V? ¿Peor
que qué? ¿Que ser el país que tenía una deuda con una diferencia de 9 puntos con la Unión Europea en 2019 y que ahora esté en 32 puntos, siendo quizás en el que más ha crecido la deuda pública de toda Europa? ¿Peor que qué? ¿Que ser el país
europeo en el que más ha caído la productividad -último dato también muy dañino- y con mucha diferencia? Estos son sus 'éxitos', señora vicepresidenta. ¿Cuándo va a enfrentarse a ellos?
Señora vicepresidenta, usted nos hablaba ayer de una España solidaria, y estamos totalmente de acuerdo. Lo hemos demostrado en la anterior crisis y en esta, especialmente en la campaña de vacunación. Nos hablaba también de una España que
mira al futuro con confianza y esperanza, y es verdad. Por eso, todas las encuestas dicen que el próximo presidente del Gobierno será Pablo Casado. Los españoles tienen esperanza, porque saben que se puede hacer de otra manera y, además, saben
quién lo va a hacer. (Aplausos). Por eso, señora vicepresidenta, todavía es más intolerable su falta de respeto de ayer al líder de la oposición. No se lo podemos permitir. No hay ninguna justificación y debe rectificar cuanto antes. ¿Cómo no
va a exigirles responsabilidades a ustedes por intentar ocultar abusos a menores tuteladas bajo Gobiernos socialistas? (Aplausos.-El señor Hispán Iglesias de Ussel: ¡Muy bien!).
Usted estará asqueada, pero le aseguro que más asqueados están los españoles de su comportamiento mezquino y, lo que es peor, de los resultados nefastos de su gestión económica.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mínguez García.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Señor Espinosa de los Monteros, ¿sabe qué es tener frivolidad extrema? Subirse a esta tribuna, dar lecciones e intentar no pagar impuestos. (Aplausos). Pague los impuestos que debe, porque ha recibido una condena. Eso es tener mucha
frivolidad.
Señora vicepresidenta, gracias por el detalle del real decreto-ley. Los españoles y las españolas tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de nuestro país, a pesar de las barbaridades que oímos en este hemiciclo. Lideramos a nivel
mundial la vacunación, lideramos el despliegue del Plan de recuperación, somos el primer país de la Unión Europea en recibir el primer pago oficial de 10 000 millones de euros, hay más afiliados ahora a la Seguridad Social que antes de la pandemia,
hay menos paro ahora que antes de la pandemia y los datos económicos demuestran esa recuperación. Y no podía empezar de otra manera que felicitándola en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora vicepresidenta, por haber sido elegida por
todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea para ser presidenta del principal órgano asesor del Fondo Monetario Internacional. (Aplausos). Eso es un orgullo y demuestra que nuestra economía está en buenas manos.
Hoy un nuevo real decreto de ley, que es el reflejo de para qué gobernamos. Es extraordinario y urgente porque la situación es extraordinaria y urgente. Hemos oído aquí que son parches. ¡Parches! Extender la ayuda a las empresas son
parches. Extender la ayuda a los trabajadores para algunos son parches. Apoyar al Mar Menor son parches. Apoyar medidas que garanticen el suministro del gas para algunos son parches. Pues no, no son parches ni este real decreto ni los 87 que
tenemos anteriores. Son un conjunto de medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores y a las empresas en esta recuperación tan necesaria de nuestro país. Y hoy parece que sí, hoy parece que van a dar apoyo a este real decreto. Hoy van a
apretar el botón verde. A lo mejor, o no: por el amarillo; igual es que les sale urticaria apretando el botón verde. Este es el camino. El camino que no es, señor Paniagua, el insulto constante, continuo, bochornoso que nuestro grupo
parlamentario hoy aquí quiere denunciar. (Aplausos.-El señor Paniagua Núñez hace gestos negativos). Estamos cansados de que en este hemiciclo se recurra al odio, se recurra al insulto y se traslade allí fuera a la ciudadanía. Esto no es un
espectáculo. Respeto. Podemos confrontar ideas, podemos ser diferentes en muchas cosas, pero jamás nos podemos escudar en el insulto. Es una vergüenza que nosotros queremos denunciar, y no nos van a encontrar.
Están acostumbrados a negarlo todo; niegan toda la realidad. Resulta que las ayudas no están llegando a las empresas, cuando las ayudas del fondo las están gestionando las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma lo está haciendo a
su manera y a su ritmo, y no todas las comunidades autónomas están teniendo el mismo porcentaje de ejecución. Pero no podemos decir que las ayudas no están llegando, no lo podemos decir, porque decir eso es negar la realidad. ¿Nos están diciendo
ustedes que una comunidad autónoma como la de Madrid no ha sido capaz de gestionar los 700 millones de euros para ayudar a las empresas y a los autónomos? ¿Nos están diciendo que la señora Ayuso no ha sido capaz de hacerlo? Déjenla sin cena de
Navidad si quieren -es su batalla interna, y ya sabemos que les están poniendo nerviosos: solo hace falta ver al señor Casado ayer aquí en la sesión de control-, pero no nieguen la realidad. En la Comunidad de Madrid se ha repartido el 70 % de los
fondos para ayudar a las empresas y a los autónomos, 500 millones de euros, 27 000 empresas y autónomos han recibido estas ayudas directas. Eso no puede significar que el dinero no está llegando. El dinero está llegando. Baleares y Canarias han
agotado los fondos, y, como les decía, otras comunidades autónomas están yendo a otro ritmo. No nos quieran meter a los españoles y a las españolas en sus líos internos de partido. Nieguen a la señora Ayuso la cena de Navidad, pero no nieguen que
las ayudas están llegado, con el objetivo que tienen, a las empresas y los trabajadores. (Aplausos).
Y sobre el Mar Menor, ahora resulta que sí, que lo ven todo muy importante y resulta que el señor Paniagua dice que necesita el detalle de esas obras e inversiones. Señorías, la degradación del Mar Menor
no es de ayer, no es incluso de cuando la pandemia. En el año 2010, un año antes de que ustedes llegaran al Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente ya hizo un informe calificando de urgente y necesaria la inversión sobre el Mar Menor.
¿Qué hicieron ustedes? Negar de nuevo la realidad. Nos están acostumbrando a negarlo todo: no existe la Gürtel, no existe la Kitchen, había unos hilillos de plastilina y, cuando en 2016 se produjo el gran y triste episodio de la sopa verde en el
Mar Menor, a ustedes solo se les ocurrió decir que el Mar Menor estaba mejor que nunca. Y cuánto vimos al señor García Egea haciéndose videos diciendo que se bañaba cada día en el Mar Menor. Pero esos videos eran con camisa, en su despacho y sin
bañador. Él se bañaba siempre en el Mar Menor porque la situación era mejor que nunca.
Hace dos meses, los defensores de la iniciativa legislativa popular, no nosotros, ya les dijeron que, por favor, dejaran de mentir, que ustedes desaprovecharon casi dos legislaturas en cuanto a medidas medioambientales en el Mar Menor. Y
ahora al señor Paniagua le falta el detalle. Dos legislaturas sin hacer nada, dos legislaturas desaprovechadas. Ustedes, de la misma manera que en la anterior crisis financiera abandonaron a las empresas y a las familias, también abandonaron al
Mar Menor. Desaprovecharon casi diez años de iniciativas, dejaron contaminar la zona, al igual que ahora, semana tras semana, intentan contaminar el país. Pero nos tienen enfrente. En cada Consejo de Ministros estamos demostrando que se puede
gobernar de una manera diferente. Hoy el Gobierno vuelve a cumplir con las empresas, con los trabajadores y, sí, también cumple con las necesidades medioambientales y urgentes que se necesitan en el Mar Menor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
ENMIENDAS DEL SENADO:
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO). (Número de expediente 121/000025).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se establece el ingreso mínimo vital, procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.
Antes de pasar al tema que nos ocupa, querría plantear dos observaciones previas. La primera es que hoy hay huelga de universidades en Cataluña convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans para protestar contra la Llei
Castells. Desde aquí, total suport. Visca les studiants que lluitan.
Y la segunda previa es que hace una hora han empezado las detenciones en Cádiz por la huelga que hubo hace unos días. Parece que, aunque el Gobierno salió a defender desde esta tribuna a los astilleros y a los obreros en lucha, hoy ya se
les ha olvidado la defensa de la clase trabajadora de Cádiz y ahora está habiendo detenciones. Así no van las cosas. El derecho a huelga es un derecho y lo que no vale es empezar a detener días después sin motivo alguno más que el de ir en contra
del derecho fundamental de la huelga. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).
Paso al tema que nos ocupa, que son las enmiendas del Senado a este decreto ley. Nosotros nos vamos a abstener, sobre todo por las afectaciones locales de la financiación; pensamos que no es una buena noticia. Pero es que además el texto
tiene otros problemas. El ingreso mínimo vital no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando, señorías? Porque, según datos de la CGT, el 60 % de los expedientes están mal tramitados, lo que conlleva otro problema mucho más grave, y es que
unos 4700 expedientes y, por tanto, unidades de convivencia, han generado una deuda. Esto quiere decir que van a tener que devolver la cuantía del ingreso mínimo vital y que además va a tener afectaciones en otras peticiones de prestaciones.
¿Pueden ustedes imaginar la angustia que puede suponer para las familias que piden el ingreso mínimo vital que, además de su situación económica compleja, tengan una deuda, señorías? (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora VEHÍ CANTENYS: Se lo agradezco, porque parece que el tema de la deuda de las familias no les importa mucho a sus señorías. Supongo que es por el sueldo que cobran y que no se tienen que ver pidiendo una prestación y sin dormir
por si la tienen que devolver.
El segundo elemento que falla en el ingreso mínimo vital es la burocratización de la prestación. Hay que demostrar ser pobre. Es una especie de vía crucis, como las siete pruebas de Asterix. Hay que pasar por muchísimas fases en el
proceso de pedir la prestación, una prestación que, como ustedes saben, no arregla mucho las economías familiares. Es un parche; un parche que bienvenido sea, obviamente, pero, si para este parche tienes que demostrar una y otra vez que eres
pobre, tampoco está funcionando muy bien.
Incompetencia de la Administración y además burocratización extrema del ingreso mínimo vital, una prestación que, como ustedes saben, es fundamental para muchas familias porque la situación económica es muy complicada. Pero además para
nosotros hay una discrepancia de fondo, que es la concepción última que hay detrás del ingreso mínimo vital. Nosotros pensamos que las sociedades democráticas tienen que fundamentarse en una idea que es muy bonita, muy sencilla, pero que cuesta
mucho que sea realidad, la idea de libertad, la idea de libertad entendida en términos republicanos, es decir, la libertad entendida como la igualdad material. Y esto no es el ingreso mínimo vital. Lo que fundamenta la libertad en términos
republicanos es la renta básica. ¿Por qué? Porque supone una redistribución de los recursos, porque asigna una prestación económica a una persona por el mero derecho de existir y porque detrás de la renta básica universal hay una idea hermosa, que
es que todas las personas tienen derecho a existir con dignidad y que la función del Estado es darlas esta dignidad, y no ubicarlas y distribuir de forma desigual, según el trabajo que tengan o -datos del último mes- la herencia que tengan, porque
en el Reino de España la gente no tiene oportunidades según lo que estudia o lo que trabaja, en el Reino de España la gente tiene oportunidades según quién es su familia y qué apellidos tiene, porque lo que más distribuye es la herencia. Por lo
tanto, si lo que más distribuye es la herencia, es de justicia que el Estado corrija esto y es de justicia una renta básica.
Se ha hablado mucho de salud mental últimamente y en esta legislatura. Uno de los principales elementos de desestabilización de las personas y las familias es la sensación de angustia por no llegar a final de mes. Se habla mucho también de
violencia machista. Una de las herramientas principales para evitar las situaciones de violencia machista es que las mujeres tengan independencia económica, y esto también es la renta básica. La igualdad de oportunidades, esa especie de fantasma
que siempre está en el ambiente, es una ficción cuando la distribución de las oportunidades va por herencia. La igualdad de oportunidades será una realidad cuando todo el mundo tenga las mismas oportunidades, cuando la libertad esté fundamentada en
elementos materiales.
Ayer en el Parlamento de Cataluña se inauguró la oficina para la prueba piloto de la renta básica gracias a una propuesta de la CUP. Este es el camino. Y esto no es una utopía, la renta básica universal no es una cosa que nos hayamos
inventado la izquierda radical independentista. Esta es una realidad, que se puede llevar a cabo según cómo se distribuya la riqueza. Y el Gobierno más progresista de la historia, si quiere hacer honor a su nombre, en vez de reprimir obreros en
huelga, lo que podría hacer es redistribuir recursos.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señoa Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias a los servicios de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias.
Señora presidenta, señorías -muy brevemente-, el ingreso mínimo vital es una prestación cuyo contenido ya ha sido analizado en esta Cámara, respecto del que nos hemos pronunciado de forma favorable y respecto del que determinadas enmiendas
sostenidas hoy día sobre todo por un grupo catalán, aun cuando vayamos a poder coincidir en los propósitos de algunas de ellas, entendemos que hoy en día solo van a distorsionar el contenido de esta ley, motivo por el cual vamos a votar en contra.
No obstante, de cara al futuro, podamos compartir alguna de las cuestiones que en ellas se contienen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, volvemos a hablar de ingreso mínimo vital en esta Cámara y desde Ciudadanos hemos insistido en que el ingreso mínimo vital es una herramienta esencial... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ:...para que nuestro Estado del bienestar sea efectivo, priorizando la intervención pública en aquellos colectivos que se encuentran en situación de pobreza material severa, que justo son quienes más lo necesitan.
La importancia y la complejidad de este instrumento, algo que ya manifestamos en su momento, habría recomendado una paulatina implantación, que, sin embargo, se vio apresurada con la irrupción de la pandemia, y la tramitación de esta normativa
creemos que se deja cosas en el tintero.
Entendemos que en el trabajo parlamentario se han conseguido importantes logros, y quiero destacar el buen acuerdo que alcanzamos consiguiendo que se incluyese entre las personas beneficiarias a los tutelados y los huérfanos y hubiese una
exención de rentas, de modo que no se compute la pensión de alimentos. Igualmente, quiero recalcar que ha habido una corrección relevante dada la insistencia de distintos grupos parlamentarios y el trabajo realizado por la incidencia de las
plataformas de infancia relacionadas con el tercer sector. Anteriormente este ingreso mínimo vital se cargó de un plumazo la prestación por hijo a cargo, es decir, los hogares en situación de pobreza relativa con niños no tenían acceso a esa
prestación totalmente necesaria, por lo que distintos grupos parlamentarios, entre los que estamos los liberales y las plataformas implicadas, empezamos a manifestar nuestra posición, lo que llevó a una corrección en la normativa, estableciéndose un
complemento que viene a paliar la deficiencia existente.
Me parece relevante hacer una referencia a cuál es el objetivo del ingreso mínimo vital, que es ayudar a aquellas familias que se encuentran en situaciones de pobreza severa. Y me sorprende que a lo largo de todo el trabajo parlamentario
tanto el Ministerio de Inclusión como los grupos proponentes de Gobierno hayan hecho oídos sordos frente a determinadas necesidades que creemos que hemos plasmado de manera real. Tenemos claro que el ingreso mínimo vital es necesario, pero tenemos
claro también que no está llegando ni a la mitad de las familias destinatarias que lo necesitan y ni siquiera se está gastando el presupuesto adjudicado para ello. Entonces, ¿por qué no se hace caso a las realidades que pone de manifiesto nuestro
grupo parlamentario, al igual que el propio Consejo de la Juventud? ¿Por qué no se incluye a aquellas personas entre 18 y 22 años que pertenecen a grupos vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y se independizan porque tienen una
visión de vida diferente? Esto afecta a grupos de personas relacionadas con la inmigración y con la comunidad gitana. ¿Por qué no se incluye la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital? ¿Por qué hay una discriminación por edad? Lo he
dicho en distintas ocasiones, pero la normativa sale con este defecto, con el defecto de no llegar a quienes más lo necesitan...
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: ... y sale con el desacuerdo de nuestro Gobierno por no haber querido incorporar una enmienda en este sentido. Por lo tanto, quiero destacar este déficit. Entre 18 y 22 años hay una discriminación por edad y se
ha hecho oídos sordos a una necesidad totalmente real.
Y en referencia a otro déficit que también tiene el ingreso mínimo vital, como ya he señalado, ¿por qué no se consideran dos familias que viven en la misma vivienda a dos hermanos, como sucede en muchos casos, porque, si no, no llegan a
final de mes? Son situaciones de pobreza real y sería una forma de llegar a aquellos que más lo necesitan. ¿Por qué no pueden pedir dos ingresos mínimos vitales si son dos unidades de convivencia diferentes? Esto también lo hemos puesto de
manifiesto, al igual que distintas organizaciones del tercer sector, pero nuevamente tiene otro déficit el ingreso mínimo vital haciéndose oídos sordos ante determinadas realidades.
Desde Ciudadanos también hemos venido manteniendo que se deben contabilizar los ingresos de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud. La propuesta del Gobierno, más que clarificar, creemos que genera confusión. No entendemos, por
tanto, por qué no se acepta esta rigurosidad en lo que supone mejorar el acceso a este ingreso mínimo vital.
Por otro lado, estamos ante un gran músculo social relacionado con la pobreza que únicamente contempla una acción asistencialista, sin que la propia norma incluya los itinerarios de inserción sociolaboral que nosotros propusimos, porque sí
creemos en un ingreso mínimo vital como músculo social, pero también creemos en la necesidad de las salidas de la situación de pobreza a través de la formación y el
empleo. ¿Por qué la norma no incluye los itinerarios? De hecho, una de las enmiendas que vienen del Senado lo que hace es cargarse las acciones de empleabilidad.
Por tanto, nosotros creemos que el ingreso mínimo vital, abordar la pobreza severa, con todos los datos que tenemos en la actualidad sobre situaciones de necesidad de muchas familias, es totalmente necesario. Ahora bien, hay exceso de
burocracia y hay dificultades en el acceso, no hemos hablado durante esta tramitación de aquellas personas que lo están cobrando pero están cobrando cuantías ridículas, que no son las que uno considera que deberían ser, y se ha hablado también de
las devoluciones de las propias prestaciones. Por tanto, soy crítica, porque creo que no se va a dar la respuesta que el país y las situaciones de vulnerabilidad necesitan, habiendo trabajado a nivel parlamentario para que hubiera enmiendas a
través de las cuales el objetivo final que realmente tiene esta prestación pudiese resultar muchísimo más efectivo. Ciudadanos siempre está a favor de las medidas sociales, de mejorar la promoción de los colectivos vulnerables, de avanzar en
igualdad, pero avanzar con utilidad, con efectividad y realismo, porque creo que a una parte del Gobierno se le ha olvidado lo que es el realismo sobre las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas que deben ser perceptoras
del ingreso mínimo vital.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias a los servicios de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Plural, en primer lugar tiene la palabra señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.
Más de un año y medio después de que fuese aprobado por decreto, se está concluyendo el proceso de tramitación legislativa con el debate y aprobación de las enmiendas del Senado del ingreso mínimo vital, enmiendas que no nos parecen
significativas, y podríamos abstenernos, salvo una, la que afecta a la disposición adicional tercera, en su primer punto, que nos parece negativa, por lo que votaremos en contra. Tenemos claro que son los servicios sociales de los concellos los que
mejor conocen la situación de las personas en riesgo de exclusión o con otros problemas que residen en su ámbito, de ahí la posibilidad de conveniar entre el INSS y las entidades locales para la incoación del proceso, incluso para la tramitación
previa a la resolución, pero para ello hasta ahora en el texto se establecía la financiación de esa gestión con cargo a un fondo específico estatal y, sin embargo, ahora se elimina y se establece que debieran financiarse con cargo a los ingresos
corrientes de los municipios.
En todo caso, estos dieciocho meses sirvieron para constatar los déficits del modelo implantado por el Gobierno, con poco más de un tercio de los hogares previstos beneficiados y también con la tercera parte de los recursos previstos sin
gastar. Esto, señoras y señores del Gobierno y de los partidos que apoyan al Gobierno, en una situación de crecientes dificultades económicas, que afectan particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos en exclusión o en
riesgo de exclusión, no es aceptable y deberían hacer una valoración crítica del funcionamiento del ingreso mínimo vital para producir cambios profundos que faciliten su gestión y favorezcan que cumpla sus objetivos. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
En ese sentido, quiero recordar la propuesta que desde el principio colocó sobre la mesa el BNG para garantizar ingresos mínimos a toda la población que la permitan vivir con dignidad, partiendo de que la mejor manera de hacerlo es asegurar
un empleo estable y un salario justo. Por eso nosotros propusimos caminar hacia un salario de inserción laboral y social, y esto, como se concibe, es evidente que tiene su importancia, porque el principal objetivo debe ser precisamente la
incorporación de todas las personas, en condiciones de hacerlo y con voluntad de hacerlo, al mundo laboral. Avanzábamos también que el horizonte ideal sería que ese salario de inserción se equiparase al salario mínimo interprofesional y este a su
vez progresivamente al 60 % del salario medio. Desde esta perspectiva, es evidente que el ingreso mínimo vital que ustedes pusieron en marcha, siendo positivo, quedó corto en su concepción y también en su cuantía, aunque, lamentablemente, como
decíamos, ni siquiera llegase a ser toda utilizada.
Quiero recordar que, a pesar de las diferencias manifestadas, el BNG apoyó en su día la implantación del ingreso mínimo vital. Hoy no podemos apoyar estas enmiendas del Senado. Pero, sobre todo, reiteramos el llamamiento a revisar y
mejorar el conjunto del mecanismo, porque creemos que es necesario si realmente queremos avanzar en la protección social.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Gracias, presidenta. Buenos días.
Señorías, nos encontramos ahora en el trámite correspondiente a valorar las enmiendas que vienen del Senado de aquella ley que salió de aquí, del Congreso, sobre el ingreso mínimo vital. Y en este ámbito, les tengo que poner en contexto, en
el sentido de que en la Comisión en la que se aprobó el proyecto de ley del ingreso mínimo vital para que hiciera el curso hacia el Senado se incorporaron algunas enmiendas que planteó el PDeCAT, algunas enmiendas muy técnicas, que tuvieron el
consenso y la mayoría suficiente para poder incorporarse al texto de la ley. Pues bien, ahora ese texto que salió del Congreso con esas incorporaciones viene del Senado con unas enmiendas del Grupo Socialista que precisamente lo que pretenden es
desmontar aquellos logros que se consiguieron en la Comisión del Congreso de los Diputados, y por esta razón nosotros no vamos a dar apoyo a que se incorporen las enmiendas del Senado al texto de la ley. Y voy a referirme exactamente a algunas de
ellas para que vean el alcance del contenido de lo que se plantea.
En primer lugar, se elimina la cuestión relativa a la participación de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital en las acciones sobre mejora de la empleabilidad y la búsqueda activa de empleo. Creíamos que era necesario que aparte
de este subsidio se creara también una red de apoyo, de inclusión social, de empleo y mejora para las personas beneficiarias de esta prestación, y esto quiere decir acciones de formación, acciones de orientación laboral y acompañamiento en la
búsqueda activa de empleo a través de políticas activas de ocupación.
También teníamos incorporadas ya -y esto va a caer gracias a las enmiendas del Partido Socialista- las aportaciones a los patrimonios protegidos. Es decir, respecto a aquellas familias con una persona con discapacidad, sobre las que está
calculado que el sobrecoste anual que tienen en gastos es de alrededor de 24 000 euros anuales o incluso 47 000 euros por personas con grandes necesidades de apoyo, entendemos que las aportaciones al patrimonio protegido y al sistema articulado
alrededor del patrimonio protegido resultaban un buen sistema para compensar a esas familias por aquellos sobrecostes que tenían, por lo que queríamos que en el ingreso mínimo vital no se tuvieran en cuenta esas aportaciones al patrimonio protegido
entre los ingresos, porque se configuró el patrimonio protegido de las personas con discapacidad precisamente para paliar ese sobrecoste que tenían en sus necesidades de apoyo.
Finalmente, otra de las cuestiones que, previsiblemente, va a caer a resultas de estas enmiendas es la relativa a aquellos autónomos que eran administradores de sociedades, aquellos autónomos societarios -cabe recordar que son más de 1 300
000- que quedaban excluidos del ingreso mínimo vital por el mero hecho de estar constando todavía como administradores de derecho en alguna escritura en el Registro Mercantil. Por tanto, nosotros preveíamos aquel escenario en el que a aquella
persona que veía que su negocio había tenido que cerrar -sobre todo en el escenario de pandemia- seguramente todavía no le había dado tiempo a hacer todos los papeles, toda la documentación y todo el cierre de esa empresa, y podría ser que
apareciera todavía como autónomo societario sin tener ningún tipo de ingresos y teniendo la actividad cerrada. Por tanto, en estos casos en los que no había actividad, creíamos que era necesario que, si se acreditaba la no actividad, el mero hecho
de constar como administrador no fuera limitante y no fuera un impedimento que le excluyera del ingreso mínimo vital.
Pues bien, estas enmiendas que vienen del Senado van a desmontar todos estos logros que se consiguieron en la Comisión del Congreso. Por ese motivo, nosotros entendemos que no se puede dar apoyo a la incorporación de las enmiendas del
Senado al texto de la ley que salió del Congreso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch. (Denegación).
Pasamos al siguiente grupo parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona. (Rumores).
Señorías, por favor, guarden un poco de silencio.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
Señorías, el 20 de mayo del año 2020, el Consejo de Ministros acordó la creación de un nuevo derecho para atender a las personas de nuestro país en situación de pobreza, el ingreso mínimo vital. En él han trabajado intensamente los
ministerios de Inclusión y de Derechos Sociales, y se actuó rápidamente demostrando una gran capacidad de respuesta de nuestro Gobierno ante la pandemia que estábamos sufriendo. Pero este derecho viene a hacer frente a uno de los mayores problemas
de nuestro país, una situación estructural de décadas en la que no ha dejado de aumentar la desigualdad y la pobreza. Este, señorías, es de esos días en los que el Congreso, la sede de representación popular, hace gala de su nombre. Hoy cumplimos
con nuestro deber. Ojalá esta vuelva a ser la normalidad de esta Cámara. Hoy aprobamos definitivamente el ingreso mínimo vital, un nuevo derecho, como decía, cuyo único objetivo es proteger a quienes la economía ha dado la espalda.
La desigualdad, señorías, no ha parado de aumentar en décadas y, sobre todo, se aceleró en los inicios de los años ochenta, con la entrada al poder de Reagan en EEUU y de Thatcher en Reino Unido, gobiernos ultraliberales que siguieron al
dedillo los mitos del liberalismo y que comenzaron una política voraz de bajada de impuestos, que llegaron a cifras de hasta 40 puntos en el caso de los ingresos de los más ricos; todo ello con la teoría liberal de que las bajadas de impuestos
provocan mayor crecimiento económico. Pero los datos nos demuestran que esta teoría es falsa, pues, de lo contrario, lo que nos encontramos desde esa fecha es que no ha dejado de aumentar la desigualdad, como afirma el estudio de David Hope y
Julian Limberg; los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres.
El Partido Popular nos pide que aprendamos de las experiencias de las comunidades autónomas donde gobiernan. Pues bien, hoy les voy a explicar lo que hacen en Andalucía Moreno Bonilla, del Partido Popular, y Juan Marín, de Ciudadanos,
siguiendo justamente esta política fracasada. El mayor éxito del Partido Popular de Andalucía es la rebaja fiscal al 5 % de la población con rentas superiores a los 80 000 euros al año, es decir, las rentas más altas. Mientras tanto, la gestión de
rentas mínimas de las que el Partido Popular nos pide que aprendamos las vemos muy bien, como digo, en mi tierra, en Andalucía, con la gestión de Moreno Bonilla.
La renta mínima de inserción social en Andalucía nació en 2018 con un presupuesto claramente insuficiente y el Partido Popular, desde entonces, no ha hecho más que imponer recortes absolutamente agresivos de hasta el 60 %, 20 millones menos
en 2021, y proyectaron para los presupuestos de 2022 -que finalmente fracasaron- otro recorte de 35 millones de euros. En Andalucía, donde tenemos una de las mayores tasas de desigualdad y pobreza de toda la Unión Europea, el Gobierno de Moreno
Bonilla les ha robado a los andaluces que peor lo están pasando hasta 55 millones de euros de la renta mínima para dárselo a los más ricos. Además, una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno andaluz cuando se aprobó el ingreso mínimo vital
fue mandar una carta a los ayuntamientos andaluces mandándoles paralizar los procedimientos de la renta mínima andaluza. Esta, señorías, es la política del Partido Popular y de Ciudadanos. Debería darles vergüenza. (Rumores).
En las enmiendas que se han aprobado en el Senado lo que se hace básicamente es reducir trabas para que haya un mejor y mayor acceso de la población -que, como digo, peor lo está pasando- con mayores tasas de desigualdad y pobreza para que
haya un mayor acceso al ingreso mínimo vital. Además, en el Congreso aprobamos ciertas mejoras que también suponen un mayor acceso a este nuevo derecho: un complemento equivalente al 22 % de la cuantía de unidades de convivencia con alguna persona
con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %; eliminación de la maldita expresión de incapacitado judicialmente, como recomienda la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; también se aumentaron los
umbrales de renta y patrimonio para que más gente pueda acceder a este derecho; hay una mayor protección a las familias monomarentales; además, aquellas personas que agoten el subsidio por desempleo -y esto es sumamente importante- también van a
contar con una plataforma que les da acceso directo al ingreso mínimo vital si cumplen los requisitos de esta ley; se reduce el requisito de unidad de convivencia independiente a los dos años para las personas mayores de treinta años, con lo que,
además, se evita el rechazo de muchas de las solicitudes, y se excluye de este requisito a quienes más tenemos que proteger, que son ni más ni menos que las víctimas de violencia de género, las víctimas de trata de seres humanos y de explotación
sexual, las personas sin hogar y a quienes están en trámite de separación y divorcio. Además, se ha creado una nueva prestación de protección a la infancia que es mayor a la actual prestación familiar y que, por tanto, la amplía para las familias
que tienen hijos o hijas de 0 a 3 años, para que puedan percibir una prestación cuya cuantía es fija de 100 euros... (Rumores). ¿Puedo seguir?
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
La señora FRANCO CARMONA: Como decía, para familias que tienen hijos e hijas de 0 a 3 años, para que puedan percibir una cuantía fija de 100 euros; para familias que tienen hijos de 3 a 6 años, para que puedan percibir una cuantía de 70
euros, y para familias con hijos de 6 a 18 años, para que puedan percibir una cuantía fija de 30 euros.
Este Gobierno, señorías, está trabajando en el buen sentido. Este Gobierno -y lo está está demostrando- tiene su corazón y el centro de su trabajo en proteger a la población, especialmente a la población más vulnerable. Señorías,
felicidades, enhorabuena, porque hoy aumentamos derechos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Franco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
No vamos a apoyar las enmiendas que vienen del Senado porque, como se ha dicho, efectivamente, empeoran todavía más el texto de esta ley.
Ingreso mínimo vital sí, pero no así, señorías; no así. (Aplausos). Esta ley es la rúbrica de un fracaso, la culminación de cómo la izquierda y el consenso de los que dicen no serlo en torno a agendas impostadas prefieren gestionar la
miseria a crear riqueza, de un modelo que idolatra al Estado como gran tótem amamantador de consuelos, como el padre de todas las falsas bondades, que disputa sin descanso su hegemonía y considera el gasto social desmesurado como progreso y no el
resultado de la frustración de una sociedad inerme, en lucha permanente contra otra visión de entender el orden social: la del individuo como centro del universo, sin trascendencia ni plenitud, cuyas virtudes se mercantilizan despojándolo de su
integridad como persona, a semejanza de aquella Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Entre estos dos modelos hay otro más sensato, más pulcro, más humano, más justo: aquel cuya acción política debe tener como razón última el bien común y estar
inspirada en el respeto a la dignidad humana y a los derechos que les son inherentes como persona.
Esta ley es un fracaso de un Estado fallido que recurre para su propia subsistencia -nunca mejor dicho- al saqueo de sus súbditos, donde primero les hurta lo que han conseguido con su esfuerzo para repartir dádivas para la supervivencia del
paisanaje. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: claro que el Estado -y, fíjense, digo el Estado- debe estar atento, vigilante y responsable de las necesidades de los más débiles, de los parias que no cantan la Internacional porque no tienen
fuerza ni siquiera para dar un paso merecedor de recompensa. Claro que sí. En eso está VOX, en la firme creencia de la subsidiariedad del Estado para con los más necesitados. Pero no les usurpemos su dignidad. Para ello, hemos de crear
oportunidades de trabajo, cobijarnos en lo natural, volver a la persona, más allá de lo colectivo del Estado, recuperar el sentido primero, primario y esencial de la familia, de premiar el esfuerzo, favorecer el trabajo, facilitar a las empresas su
creación, actividad y expansión. En fin, una sociedad abierta, libre, dinámica, optimista, creadora de solidaridad efectiva y no de parches consecuencia de gabelas sangrantes. Y todo ello con un 14,6 % de paro en España y, como se ha dicho también
por otro diputado, a punto del colapso concursal que se avecina.
Ingreso mínimo vital sí, pero no así. Ya nos lo advirtió el ministro Escrivá, que tenía gran dificultad armar esta ley, una gran dificultad, y así se reconoció en la Comisión de Trabajo.
Me voy a centrar en tres aspectos -ya solo por estos tres- que nos impiden dar el voto a favor. La diputada de Ciudadanos, señora Jiménez, hablaba de que, efectivamente, si eres joven de dieciocho a veintitrés años no tienes derecho al
ingreso mínimo vital. Es un requisito de edad. Pero hay una excepción -lo sabemos, ¿verdad?-: en el mismo artículo, la excepción dice, textualmente: No se exigirá el cumplimiento de este requisito de edad a las personas entre dieciocho y
veintidós años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas. Así pues, los españoles jóvenes de dieciocho a veintitrés años no tienen derecho al ingreso mínimo vital y los menas, que vienen
de forma irregular a España, sí que tendrán derecho al ingreso mínimo vital. (Protestas.-El señor Serrano Martínez: ¡No es verdad, no es verdad!-Aplausos). Este es un dato objetivo; es un dato objetivo. Lean la norma, lean el artículo 4.
(Aplausos). Léanla, léanla, que les irá bien leerla. Ingreso mínimo vital sí, pero no así. Léanlo, léanlo, léanlo.
Hay otro requisito de acceso, el de la residencia legal, artículo 10. Lo conocen ustedes perfectamente. ¿Y cuál es la excepción? ¿Cuál es la excepción? La excepción a este requisito son las personas de entre dieciocho y veintidós años
que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas; la misma llamada a la inmigración ilegal plenamente identificada en los dos requisitos. (Aplausos). Y sobre la obligación de figurar inscrito
como demandante de empleo, así como apareciera en el antiguo artículo 7 -sí, en el artículo 7-, ya no aparece en dicho artículo y es un requerimiento que se hace a posteriori, una vez concedido el ingreso mínimo vital. Lean la ley, lean la ley.
En definitiva, pedíamos el criterio de nacionalidad y no se nos ha hecho caso, porque los españoles quedan detrás en esta ley. Pedíamos que se denegara el acceso a todos aquellos que hubiesen entrado de forma irregular en España y no se nos
ha hecho caso. También pedíamos que se negase este ingreso mínimo vital a aquellos que rechazaran sin justificar un puesto de trabajo, y tampoco se nos ha hecho caso, con un 14,6 % de paro. Es absolutamente ridículo y por eso decimos que ingreso
mínimo vital sí, pero no así (aplausos), en una norma complicada, rebuscada. Uno lee el artículo 1255 del Código Civil, de autonomía de la voluntad, y ve en un solo artículo cómo se articula el funcionamiento de los contratos, de las voluntades, de
las causas, mientras que el ingreso mínimo vital es complejo, con cuarenta y un artículos, diez disposiciones adicionales y ocho transitorias. Señorías, esto no soluciona el tema. El ingreso mínimo vital no soluciona el tema.
Estamos en Navidad. ¿Recuerdan hace tiempo que en Navidad había gente con cestas y lotes por las calles? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan las luces, los enamorados, las familias? De joven uno llegaba a casa, abría el lote y le hacía ilusión, al
joven, a la familia, y se discutía entre amigos y se decía: ¡Mira qué lote! Había un sacrificio por parte de la familia. Hasta que hubo un hecho imponible, el de la liberalidad de la empresa y el de la mayor renta en especie para el trabajador.
¿Y saben qué había detrás de ese lote? No había ninguna...
La señora PRESIDENTA: Señor Aizcorbe, tiene usted que terminar.
El señor AIZCORBE TORRA: Finalizo. Detrás de ese lote, lo que había detrás de cada uno de esos lotes era un puesto de trabajo. Eso es lo que necesitan los españoles: puestos de trabajo y no dádivas.
Feliz Navidad. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señorías, hablamos de nuevo del ingreso mínimo vital, una medida que el Grupo Popular apoyó para que sirviera a un doble objetivo: atender a las personas en situación de pobreza para, simultáneamente, ofrecerles herramientas para su
inclusión social y laboral, porque el empleo es lo que da oportunidades y nos hace más libres e independientes. Fue el Partido Popular quien aprobó las primeras rentas mínimas en las comunidades autónomas y quien encargó a la AIReF un estudio sobre
la aprobación de una prestación de carácter nacional. Sin embargo, y a pesar de contar con esas bases, el Gobierno ha convertido el IMV en un gran fracaso, que no está cumpliendo el fin para el que nació, dejando atrás a millones de españoles. Ya
advertimos humildemente al señor Escrivá que su aprobación atropellada, despreciando la experiencia de comunidades autónomas y ayuntamientos, sin diálogo, tendría nefastas consecuencias para su implantación que acabarían pagando los más vulnerables.
Por eso pedimos la tramitación como proyecto de ley, para colaborar en su mejora. El espíritu constructivo del PP también ha sido despreciado y año y medio después el balance es negativo. Frente a los 2 300 000 beneficiarios prometidos, apenas lo
reciben un tercio. Quienes tras meses esperando lo reciben, se encuentran con lo que algunos llaman ya broma macabra: 10 o 20 euros. Las personas afectadas por la crisis del COVID, causa dada para acelerar la norma, no lo han recibido. De los
3000 millones presupuestados, solo han ejecutado la mitad. Y lo peor: no solo no están reduciendo la pobreza, sino que esta ha crecido hasta el punto de que hoy 6 millones de españoles están en pobreza severa y ustedes les responden denegando tres
de cada cuatro solicitudes.
No solo han incumplido su propio objetivo, sino que este ya es obsoleto por la nueva pobreza que sus políticas están generando. Y ante un fracaso que todo el mundo les reprocha, modifican, rectifican,
modifican lo rectificado, creando un galimatías jurídico que ha supuesto un colapso a la Seguridad Social y grandes dificultades para solicitarlo a los más vulnerables. (Rumores). Porque en lugar de...
La señora PRESIDENTA: Señora Angulo, perdone que la interrumpa. Vamos a ver si conseguimos un poco de silencio para que pueda continuar su intervención. (Pausa). Muchísimas gracias.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Porque en lugar de una tramitación accesible y ágil, como proponíamos en nuestras enmiendas, crean un procedimiento engorroso y con tramitación telemática que impide acceder al IMV a los que más lo necesitan, creando una nueva forma de
exclusión. Estos son los documentos que hay que desplegar para solicitar el ingreso mínimo vital (despliega y cuelga de la tribuna una tira de folios pegados). ¿No creen que esto es excluyente? (Aplausos). Así, Cáritas afirma que el 92 % de las
personas en pobreza severa no lo han recibido. Ahora, a pesar de que despreciaron su experiencia, derivan a los servicios sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos muchos trámites, pero, como siempre hace este Gobierno antimunicipalista,
sin financiación para reforzar los medios necesarios. Y aquí me detengo.
Los 8100 ayuntamientos españoles deben saber que esta ley vuelve al Congreso porque el Partido Socialista elimina vía enmienda la aprobación de un fondo destinado a los ayuntamientos que suscriban convenios para colaborar en el IMV, que el
Partido Popular consiguió incorporar en la Comisión, aquí, en el Congreso, que también nos vetaron vía los presupuestos y que lo hicimos atendiendo a la petición unánime de la FEMP, a la que ahora, si esta enmienda sale, el presidente de la FEMP
socialista tendrá que dar muchas explicaciones (aplausos). Como tendrán que dársela a sus alcaldes los que apoyen esta enmienda, especialmente esos grupos que cambien ahora de opinión sumándose -no sabemos a cambio de qué- a este abandono a los
ayuntamientos.
Y tampoco cumplen el objetivo de hacer del IMV un medio hacia la inclusión laboral. No han aprobado las estrategias de inclusión ni han ofrecido itinerarios de formación o recualificación profesional, privando así a los que tienen más
dificultades de acceso al mercado de trabajo de la oportunidad de su inserción laboral y de desarrollar un proyecto de vida digno e independiente, que debe ser el fin principal de esta prestación y no perpetuar la pobreza. Rechazaron nuestras
enmiendas dirigidas a mejorar las condiciones de determinadas personas: discapacitados, autónomos en riesgo de exclusión a quienes expresamente excluyen, a los españoles emigrantes retornados o a las familias numerosas, los grandes olvidados de
este Gobierno, y a las familias vulnerables, a quienes quitaron la prestación familiar, dejándolas sin nada estos dos años de grave crisis. Un recorte social que, gracias a la presión recibida también del Partido Popular, ahora quieren rectificar
con la aprobación de un complemento que nosotros apoyamos, pero que no justifica la supresión de ninguna ayuda familiar y que se ha convertido también en una nueva batalla entre los socios de Gobierno, como ocurrió con el propio IMV. Esperamos que
no conviertan esto en otro gran fracaso. Y, precisamente para que el dinero público llegue a quien más lo necesita, propusimos obligaciones razonables para los beneficiarios, como la participación en la búsqueda de empleo o prohibir que una casa
okupada ilegalmente pueda considerarse domicilio a efectos de pedir el ingreso mínimo vital, y también se opusieron. Por si esto fuera poco, rompen la condición de prestación de la Seguridad Social de carácter nacional, competencia exclusiva del
Estado, fijando diferencias entre unas comunidades y otras, con argumentos que no justifican ni legal ni constitucionalmente esa discriminación entre españoles, pues nada tienen que ver ni con la foralidad de las haciendas ni con el cupo (aplausos).
Lo que supone es la ruptura de la unidad del sistema de Seguridad Social, buque insignia de nuestro país.
La falta de diálogo, su incompetencia y el rodillo con estas enmiendas han convertido el IMV en un fracaso, que además está creando dificultades a quienes ya percibían otras rentas. En definitiva, un ejemplo más de la capacidad de Sánchez
de convertir en un fracaso algo que ya tenía décadas de éxito, de su incapacidad de dar soluciones eficaces a los problemas de los ciudadanos, de la disposición de Sánchez a utilizar cualquier recurso, aunque con ello rompa la igualdad de los
españoles, como moneda de cambio para mantenerse en el poder. Y, mientras, la pobreza sigue creciendo en España, como siempre, siempre, siempre, siempre ocurre cuando gobierna el partido Socialista. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Angulo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Baños Ruiz.
La señora BAÑOS RUIZ: Gracias presidenta.
Señorías, hace dos años comparecía el ministro Escrivá para dar a conocer las líneas generales de su departamento y señalaba que este Gobierno situaba la lucha contra la pobreza como una política palanca transversal para revertir las
situaciones de pobreza y desprotección que viven determinados colectivos en este país. Les estábamos diciendo que este Gobierno no les iba a abandonar y que iba a trabajar por su inclusión, y recordábamos entonces cómo el relator de Naciones
Unidas, el señor Alston, señalaba que la pobreza era una decisión política, a lo que yo añado que la falta de decisiones políticas de los gobiernos de la derecha hicieron de la pobreza estructural este país una anomalía social. Pues bien, este
Gobierno ha demostrado que su decisión política es erradicarla, y así lo demostró cuando en apenas tres meses de esa comparecencia se aprobó el Real Decreto-ley de 29 de mayo de 2020, del ingreso mínimo vital. Desde aquel momento hasta hoy, esta
prestación ha estado sometida a una evaluación continua. Primero, con el fin de conseguir su objetivo principal, que es facilitar el tránsito desde un riesgo cierto de exclusión hasta la participación social plena a través de una garantía de
ingresos como un derecho de ciudadanía. Segundo, porque además se puso en marcha en plena pandemia COVID, que exigía una atención permanente para evitar nuevas situaciones de desprotección. Aprovecho este punto para dar las gracias a todos los
funcionarios que en aquellos momentos tan difíciles, encerrados en sus casas, hicieron posible que esta prestación empezara a llegar a miles de hogares y beneficiarios. (Aplausos). Hoy estos beneficiarios son más de 822 000, de los cuales 305 000
son menores; llegamos a 360 000 hogares, el 55 % de ellos con niños y niñas. Todas las pobrezas tienen caras de mujer y de menores. Pues bien, hoy 450 000 mujeres son menos pobres y 305 000 niños y niñas tienen más garantía de inclusión. El 66,5
% de las personas titulares son mujeres, lo que evidencia que cuando su titular es una mujer llega a más menores, pero también a más adultos. Es una prestación que habla de estructura social, de reparto de roles de género, de quienes se ocupan de
los menores y también de los mayores de dieciocho años; nos señala que la precariedad tiene rostro de mujer y, por derivación, también nos habla de pobreza infantil. Es ahí donde incide esta política, en combatir el riesgo de exclusión al que
fundamentalmente están abocadas las mujeres y, con ellas, sus hijos e hijas. Como señalaba el premio nobel de economía Joseph Stiglitz, las injusticias no se corrigen, se heredan. (Rumores).
Señorías, en esta evaluación continua hemos ampliado la cobertura del ingreso mínimo vital, con un complemento de ayuda a la infancia para las familias más vulnerables, pero que también llegará a otras familias de rentas bajas. Se amplía a
los jóvenes extutelados -extranjeros y también españoles, señorías de VOX- y a jóvenes con dieciocho años que se quedan huérfanos. (Rumores). Se reconoce un 22 % para las familias de hogares monoparentales y también para las familias donde uno de
sus miembros tenga una discapacidad igual o superior al 65 %. Se ha ampliado la cobertura para aquellas situaciones de pobreza sobrevenida y se reduce el periodo de antigüedad de la unidad de convivencia de doce a seis meses y el de vida
independiente para los jóvenes menores de treinta años de tres a dos años. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora BAÑOS RUIZ: Señorías, es una prestación para no dejar a nadie atrás, que hace más grande nuestra democracia, que completa nuestro Estado del bienestar y nos hace avanzar como sociedad, porque luchar contra la desigualdad nos hace
mejores y más fuertes. (Aplausos).
En este punto, señorías, quiero reconocer la determinación y el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar un proyecto concebido en el año 2015, cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, cuando hablar de
pobreza infantil en esta tribuna provocaba la mofa de la bancada de la derecha y cuando Montoro negaba las cifras de pobreza que daba Cáritas. Gracias, presidente Sánchez, por mantener durante estos siete años la convicción de que España necesitaba
fortalecer y modernizar el sistema de protección de los más vulnerables, en especial de los menores. Es un compromiso por el que los socialistas siempre vamos a estar agradecidos, como estamos agradecidos a Felipe González por la Ley General de
Sanidad o a Zapatero por los avances en legislación sobre memoria histórica, derechos LGTBI o atención a la dependencia. (Aplausos).
Acabo, señorías, agradeciendo su trabajo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a los ministerios implicados en este ingreso mínimo vital, especialmente a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y
Previsión Social; a la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, doña Milagros Paniagua, a todo su equipo y, de forma particular, a la asesora doña Elena Rodríguez; a los grupos políticos que desde el principio
han contribuido con sus aportaciones a mejorar el proyecto de ley, de manera muy especial, a Unidas Podemos, a Isabel Franco y Pilar Garrido;
a las ONG y entidades del tercer sector, que nos abrieron los ojos y fueron nuestras manos en los momentos más duros de la pandemia, y, por supuesto, a mis compañeros, también ponentes de esta ley, Elvira Ramón y Pau Marí, sin olvidar a
nuestra asesora parlamentaria Encarna Orozco.
Finalizo, presidenta. Señorías, sintámonos muy orgullosos porque hoy somos un país mejor. Estamos ante un avance histórico en un terreno en el que, por desgracia, muy poco se había hecho. La redistribución de la renta repercute en la
creación de riqueza de un país, pero sobre todo contribuye a la certeza de vivir en un país más digno y que apuesta por la justicia social.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Baños. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señorías, votamos en tres minutos. (Pausa).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. (Número de expediente 173/000112).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la política del Gobierno en materia de transporte de
mercancías por carretera. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 147; en contra, 180; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA ENSEÑANZA DEL CASTELLANO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 173/000113).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional. Se vota en los
términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 147; en contra, 181; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. (Número de expediente 121/000067).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional. Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte
Gimeno. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 12; en contra, 311; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Enmienda 173.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; votos a favor, 28; en contra, 295; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 174.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 16; en contra, 308; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 175.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 15; en contra, 297; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 175.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 15; en contra, 299; abstenciones, 16. 1
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmienda 97.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 20; en contra, 307; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 120.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; votos a favor, 106; en contra, 219; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 127.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 15; en contra, 300; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 128.
Comienza la votación. (Pausa).
1 Votación repetida por error.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 65; en contra, 251; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 129.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 67; en contra, 249; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 142.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 75; en contra, 239; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 143 y 146.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; votos a favor, 73; en contra, 256; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 412.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 129; en contra, 197; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 26; en contra, 297; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmienda 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 97; en contra, 179; abstenciones, 54.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 26.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 59; en contra, 270; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 53.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 13; en contra, 301; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil. Enmiendas 376 a 379.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 15; en contra, 307; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 389 y 400.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 4; en contra, 310; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 395.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 94; en contra, 220; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 409.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 104; en contra, 211; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 4; en contra, 320; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Baldoví Roda.
Enmienda 455.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 184; en contra, 146.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señora Sabanés Nadal. Enmienda 425.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 25; en contra, 299; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 427.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 5; en contra, 298; abstenciones, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 430.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 40; en contra, 274; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señora Sabanés Nadal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 2; en contra, 319; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señora Illamola Dausà. Enmienda 215.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 67; en contra, 249; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 222.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 103; en contra, 220; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 223 y 224.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 154; en contra, 165; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 235.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 160; en contra, 165; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 252.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 160; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señora Illamola Dausà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 94; en contra, 184; abstenciones, 52.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano. Enmiendas 74, 75 y 81.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 53; en contra, 262; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 24; en contra, 300; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Enmiendas 482 a 484, 486, 493, 499, 502, 504, 512, 514 a 516, 519, 523, 525, 530, 534 a 536, 538, 540, 544 a 546, 548, 549 y 551.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 50; en contra, 271; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 485, 495, 500, 501, 520, 527, 533, 543 y 547.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 58; en contra, 183; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 138; en contra, 192.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmiendas 293 a 295, 297, 301 a 304, 306, 326, 332, 356, 357 y 368.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 98; en contra, 183; abstenciones, 48.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 300, 307, 315, 318, 325, 333, 338, 341, 351 y 354.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 99; en contra, 231.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 319 y 363.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 119; en contra, 158; abstenciones, 53.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 347, 360 a 362 y 365.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 157; en contra, 158; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 147; en contra, 183.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 171; en contra, 88; abstenciones, 71.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen. (Aplausos).
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: A continuación, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 13 votos telemáticos, 343; a favor, 171 más 9 votos telemáticos, 180; en contra, 87 más 1 voto telemático, 88; abstenciones, 72 más 3 votos telemáticos, 75.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común y de los miembros del Gobierno, puestos en pie, dirigidos hacia la señora ministra de Educación y Formación Profesional, Alegría Continente).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 27/2021, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN. (Número de expediente 130/000067).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretosleyes.
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 13 votos telemáticos, 342; a favor, 276 más 11 votos telemáticos, 287; abstenciones, 53 más 2 votos telemáticos, 55.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley. Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 13 votos telemáticos, 343; a favor 146 más 3 votos telemáticos, 149; en contra 183 más 10 votos telemáticos, 193; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL (Número de expediente 121/000025).
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley por la que se establece el ingreso mínimo vital, procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. Votación en bloque de las enmiendas al proyecto de ley por la que se
establece el ingreso mínimo vital procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor 169; en contra 98; abstenciones 63.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.