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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 712, de 23/06/2022
cve: DSCD-14-CO-712
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 712
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ
Sesión núm. 68
celebrada el jueves,
23 de junio de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Decaída del orden del día:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el impulso de un plan de salud bucodental. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001801) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre la acreditación de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/002891) ... (Página2)
- Relativa al tratamiento de los restos de un feto abortado. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003400) ... (Página6)
- Sobre la protección de los consumidores frente a las ofertas promocionales 'sin IVA'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003865) ... (Página9)
- Relativa a la adopción de medidas en favor de los pacientes con cáncer renal y para facilitar el acceso sin demoras a las combinaciones farmacológicas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003970) ... (Página13)
- Sobre abusos en las llamadas comerciales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/004015) ... (Página17)
- Relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/004180) ...
- Sobre garantía de la calidad de vida de los pacientes electrodependientes. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/004215) ... (Página24)
Votaciones ... (Página28)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
DECAÍDA DEL ORDEN DEL DÍA:
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL IMPULSO DE UN PLAN DE SALUD BUCODENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001801).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Vamos a proceder a tramitar el orden del día consistente en el debate y votación de proposiciones no de ley, como saben. Quiero recordarles que el debate lo vamos a desarrollar como siempre: el portavoz autor de la iniciativa dispondrá de
siete minutos; para la defensa de sus enmiendas, los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos y, finalmente, para la fijación de posiciones, el resto de portavoces que quiera intervenir, de menor a mayor, dispondrán de tres minutos.
También les comunico que la proposición no de ley que figura en el punto primero del orden del día, sobre el impulso de un plan de salud bucodental, del Grupo Parlamentario Socialista, se ha retirado, con lo cual desaparece del orden del
día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA ACREDITACIÓN DE UNA ENTIDAD DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/002891).
La señora PRESIDENTA: Empezamos por la primera proposición no de ley que tenemos en el orden del día, que figuraba como punto número 2, que es sobre la acreditación de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo
en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo. El autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Riolobos por tiempo de siete minutos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hace unos días nos enterábamos de que quince mil usuarios del aeropuerto de Barajas habían visto perdidas sus interconexiones con otros vuelos debido a los retrasos en el paso de seguridad y, especialmente, en el control de pasaportes del
aeropuerto. (Muestra un cartel en el que se lee: 'Usuarios de transporte aéreo que han perdido interconexiones. 15 000'). Después de esta espectacular noticia, nos enteramos de que, desde hacía unos días, había problemas importantes en los
aeropuertos españoles debido a las colas en los pasos de pasaporte, fundamentalmente, y de seguridad. Por eso, el Partido Popular presenta a su proposición no de ley una enmienda en la cual pedimos que se protejan y se garanticen los derechos de
los usuarios de los aeropuertos españoles, mediante tres medidas. En primer lugar, pedimos que se reduzcan los tiempos de espera en el pase de control de seguridad para evitar colas, aglomeraciones y retrasos. En segundo lugar, pedimos que se
incrementen los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la seguridad y que el pase de pasaporte sea ágil y seguro. Y, en tercer lugar, pedimos garantizar las interconexiones entre vuelos en los aeropuertos españoles. ¿Por qué
hemos pedido esto, además de que se acredite y notifique una única entidad de resolución de litigios para
los usuarios de los transportes aéreos? Porque entendemos que, durante este verano especialmente, se va a incrementar de una forma espectacular el uso de nuestros aeropuertos y no es de recibo que tengamos un cuello de botella de estas
características. Por una parte, se les dificulta a los usuarios de los aeropuertos el tránsito y, por otra parte, se genera una inseguridad importante.
Tenemos que recordar que hemos planteado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas al Gobierno, porque nos gustaría saber si el cierre de filtros automáticos y la carencia de personal y de policías han causado retrasos y en los
vuelos y a cuántos usuarios han afectado; cuántas quejas y reclamaciones se han planteado por esos retrasos en los vuelos; cuántos usuarios han perdido interconexiones, además de los que ya ha planteado la asociación específica de líneas aéreas,
que lo calcula en unos quince mil vuelos perdidos, más todos los retrasos que ha habido en la T-4 y en el resto de aeropuertos españoles. Además, creemos que el Gobierno debería explicar también, especialmente el ministro de Consumo, como
responsable máximo de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios del aeropuerto y de las líneas aéreas, qué medidas ha propuesto para que esto no vuelva a ocurrir, qué medidas ha propuesto el ministerio para reducir los tiempos de
espera y qué medidas ha propuesto para que se incremente el número de trabajadores. Estas son las tres peticiones que nosotros hemos hecho en esta proposición no de ley con la enmienda que hemos presentado.
Para nosotros es fundamental que el Ministerio de Transportes acredite ya y notifique a Bruselas, a Europa, cuál es la institución que en nuestro país lleva a cabo la recogida de reclamaciones y la resolución de litigios de los usuarios de
los aeropuertos españoles y de las líneas aéreas que tienen que pasar por nuestro país. Quiero recordar a sus señorías que esto llega tardísimo y que, aun así, no se ha hecho. Les voy a recordar lo que ha pasado hasta ahora. En el 2017,
gobernando el Partido Popular, se traspusieron las directivas correspondientes a la protección de los usuarios del transporte aéreo y, curiosamente, en marzo del 2021 el Partido Socialista trajo una PNL a esta Comisión, que fue aprobada casi por
mayoría absoluta de los miembros de la Comisión, porque era urgente que, después del 2017, es decir, después de cuatro años, se creara esta entidad de resolución de litigios y recogida de quejas y reclamaciones de los usuarios de aeropuertos. Pero,
curiosamente, ha pasado un año y el Gobierno, a pesar de que fue el Partido Socialista el que tuvo esta iniciativa, no lo ha hecho; lo único que ha hecho es sacar un decreto. A nosotros ese decreto no nos gusta, porque deja determinados elementos
fuera y, desde luego, lo que no nos parece de recibo es que, a estas alturas, no tengamos acreditada esa institución -podría ser AESA- ni esté notificada a Europa. Somos de los pocos países que no han notificado a Europa cuál es su organismo de
resolución de litigios. No hemos podido hablar con la portavoz del Partido Socialista todavía, pero estamos trabajando con VOX para transaccionar dos enmiendas y hacer una solo, que recogería, en primer lugar, la exigencia al Gobierno de que ponga
en marcha de inmediato y acredite una entidad de resolución de litigios única en España y que, además, se notifique a Europa; en segundo lugar, que se haga en un plazo de seis meses, porque no podemos estar esperando a que pase otro año y el
Gobierno no lo haya hecho, y, en tercer lugar, las reclamaciones que había planteado yo inicialmente de reducir los tiempos de espera, incrementar los recursos humanos y garantizar las interconexiones de los usuarios de los aeropuertos.
Este Gobierno cacarea mucho su defensa a los consumidores y usuarios, pero en la práctica no lo hace, y le voy a explicar por qué. Mire, en el año 2020, en plena pandemia, cuando se cancelaron miles de vuelos porque no se podían utilizar
los aeropuertos y porque había dificultades, se presentaron en la AESA algo así como treinta mil reclamaciones. El año pasado, el 2021, se presentaron veinte mil reclamaciones, diez mil menos, es decir, hubo un decrecimiento importante. Y si solo
si han reclamado estos quince mil usuarios que se quedaron sin interconexiones, en lo que va de año podríamos tener probablemente más de veinte mil. Por lo tanto, este Gobierno, en lugar de proteger, lo que está haciendo es perjudicar,
sistemáticamente, a los consumidores, pero también, en este caso, a los usuarios de los aeropuertos españoles y de las líneas aéreas.
Por lo tanto, a modo de resumen, se trata de exigir al Gobierno que acredite y notifique una entidad para la resolución de litigios, que puede ser la AESA, que se reduzcan los tiempos de espera, que se incrementen los recursos humanos y que
se garantice la interconexión.
Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano y para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta, muy brevemente.
Proponemos una modificación de la parte dispositiva en el punto donde se habla de que haya una acreditación y notificación a la Comisión Europea que sea una única entidad para la resolución de litigios de consumo. Nosotros creemos que,
según el artículo 18.1 de la Directiva 2013/11 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se establece que, en cada caso, será el Estado miembro quien pueda
designar más de una autoridad competente. Por lo tanto, no es una obligación establecer una única autoridad, sino que es una decisión que depende directamente del Estado. En ese sentido, creemos nosotros que sería más respetuoso con la
distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores que, en lugar de que fuese única autoridad, no hubiese ningún perjuicio en que fuesen varias las autoridades competentes que tuviesen
capacidad en ese sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, que también ha presentado enmienda, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Bueno, estamos ante una iniciativa que originalmente era a favor de la acreditación y comunicación de la entidad para la resolución de litigios de consumo prevista en la Directiva de 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios
en materia de consumo. A este respecto hemos presentado una enmienda con una serie de correcciones técnicas y la introducción de un plazo máximo de seis meses para evitar la prolongación del incumplimiento por parte del Gobierno socialcomunista del
presidente Sánchez de la obligación referida sobre la acreditación y comunicación de la entidad para la resolución de los litigios de consumo.
Por la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista parece que el Gobierno está cómodo con la anómala y contraproducente situación que generaron al designar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como entidad para la resolución
de litigios de consumo. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué tiene que ver la seguridad aérea con la defensa de derechos de consumidores y usuarios? Tuve el honor de ser miembro de la Comisión de investigación relativa al accidente
del vuelo JK5022 de Spanair y en las conclusiones del dictamen de la Comisión no salía muy bien parada la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Ustedes, lejos de haber asumido algunas de las recomendaciones de dicho dictamen encaminadas a evitar la
repetición de otro accidente aéreo, trasladan a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea labores completamente impropias de su competencia natural, que es la seguridad aérea. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, son ustedes unos auténticos
irresponsables. ¿Qué tiene que suceder para que se tomen en serio asuntos tan importantes como la seguridad aérea?
En relación con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular supone un giro significativo respecto al título y al objeto de su propia iniciativa. En cualquier caso, se trata de una cuestión acuciante, fruto de la lamentable incapacidad
de planificación y gestión del Gobierno socialcomunista del presidente Sánchez. No podrán decir, señorías del 'Partido Socialista Antiespañol' y de 'Unidas Podíamos' que les ha pillado por sorpresa. Con muchos meses de antelación los sindicatos de
Policía Nacional advirtieron al Gobierno del problema que se les venía encima en nuestros aeropuertos como consecuencia del brexit. Su incapacidad para gestionar el problema está teniendo gravísimas consecuencias. En nuestra coyuntura económica,
después de más de dos años de pandemia asolando el sector turístico, no nos podemos permitir maltratar a los turistas británicos, que, a día de hoy, representan un grandísimo porcentaje de los turistas que nos visitan cada año. En destinos
turísticos como mi tierra, las islas Canarias, el turismo británico representa casi la mitad de los turistas que nos visitan. No nos podemos permitir perderlos y que elijan otro destino fuera de España. Italia y Portugal han tomado medidas al
respecto y han puesto en marcha las denominadas RAPIDforALL e-gate. ¿Son conscientes de lo que supondría para el maltrecho sector turístico español, sus empresarios y sus cientos de miles de trabajadores? Han demostrado una vez más ser el Gobierno
de la ruina y de la miseria para todos los españoles, el peor Gobierno en el peor momento.
En cuanto a la enmienda que ha presentado el Grupo Republicano, se trata de un capítulo más de sus reivindicaciones autonómicas, que son el mejor cimiento para sus pretensiones independentistas. Por eso en VOX no cejamos en nuestro empeño
por poner de manifiesto la amenaza del Estado autonómico contra la integridad territorial de España y contra los españoles, por ser la mayor causa de generación de desigualdad interterritorial y de odio entre españoles y por suponer un peso
económico gigantesco y
completamente innecesario que los hogares españoles tienen que soportar para el disfrute de los políticos autonómicos y todas sus televisiones y chiringuitos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, también en defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra la señora Berja.
La señora BERJA VEGA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes ya, señorías. El Partido Popular nos trae aquí una iniciativa que ellos mismos reconocen como desfasada, porque esa autoenmienda que el Partido Popular ha presentado nos está hablando ya de una cosa totalmente diferente.
Pasan ustedes de hablar de litigio a pedir que se mejoren las interconexiones de los aeropuertos, y lo hacen en una Comisión de Sanidad. Son ustedes unos artistas, señora Riolobos. Demuestran así lo que les interesa de verdad la reclamación de los
consumidores y las consumidoras. Esta PNL está desfasada porque el Gobierno de España ya la ha cumplido. El primer paso para que se acredite la autoridad para la resolución alternativa de litigios de los usuarios del transporte aéreo ya se ha
dado, lo pueden ustedes mismos consultar, señora Riolobos, en la Orden Ministerial del 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo sobre los derechos reconocidos en el
ámbito de la Unión Europea en materia de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de la persona con discapacidad o movilidad reducida. Desde que entrara en vigor
esa orden, AESA ha ido adaptando su funcionamiento y procedimientos para poder ser acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana es quien, mediante resolución publicada en el
BOE, acredita a la agencia para permitir empezar a utilizar este procedimiento. La enmienda que presentamos, señora Riolobos, es necesaria, sobre todo para evitar lo que ustedes intentaban hacer desde Partido Popular: crear un alarmismo
innecesario acusando al Gobierno de que no había hecho nada en esta materia. Una acusación que ustedes mismos, el Partido Popular, intentan disimular, con esta autoenmienda que se va por los cerros de Úbeda, como ustedes saben.
Por lo tanto, nuestra enmienda se ajusta a la realidad de la situación actual del procedimiento de acreditación de esta autoridad. Es decir, reconoce los pasos que ya se ha dado por parte del Gobierno para esta acreditación y, por lo tanto,
insta al Gobierno a seguir trabajando en la defensa de los derechos de los pasajeros y las pasajeras. Señorías, este tipo de procedimientos se configuran como mecanismo para que los pasajeros y pasajeras eviten acudir a procesos judiciales, que
resultan costoso para los mismos. La resolución alternativa de litigios es un procedimiento gratuito voluntario para los pasajeros y pasajeras, pero obligatorio para las compañías aéreas, y su resultado será vinculante, sin perjuicio de su posible
impugnación ante la jurisdicción competente.
Hay algo, señora Riolobos, que no puedo dejar pasar. Por cierto, la disposición adicional a la que aluden fue impulsada por el PSOE. Señorías del PP, si quieren dejamos para otro momento el debate de lo que el Partido Popular pretendía
hacer con la autoridad para la resolución de litigios, porque si entramos en eso, igual le da bastante vergüenza haber traído aquí esta PNL.
Una cosita a VOX. Es curioso, señorías de VOX, que estén ustedes tan interesados en las personas que vienen de fuera de España, en los turistas ingleses, ya podían ustedes mostrar la misma consideración, el mismo respeto y el mismo interés
por el resto de personas que llegan a este país en situación y en condiciones mucho más desfavorables y más duras. (Aplausos).
Termino, señorías. El Gobierno cumple así con la directiva europea y con el compromiso político de garantizar los derechos de los consumidores y las consumidoras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
Como ya han dicho otros grupos parlamentarios, nosotros en principio, íbamos a apoyar esta iniciativa porque nos parecía coherente, porque nos parece que ya va en línea de lo que está haciendo el Gobierno,
pero con la autoenmienda presentada por el mismo Partido Popular cambia absolutamente el sentido, por lo que no creemos que en esta Comisión se tenga que dar este debate.
Sí que quería decir, como han dicho su señoría del PSOE, que no es verdad que el Gobierno no esté haciendo nada en esta materia. Su señoría, lo ha explicado: la Orden Ministerial del 14 de marzo, inició los trámites necesarios. Asimismo,
quería expresar una duda, quizás por desconocimiento, pero parece raro cuando una se aproxima a la proposición no de ley del Partido Popular que digan que el Gobierno va tarde. Si no recuerdo mal, el señor Rajoy no se tuvo que ir hasta bastantes
meses después de que esta legislación fuera aprobada, de manera que el Partido Popular tuvo un margen bastante amplio para hacer lo que ahora dice que este Gobierno no está haciendo. Quizás haya alguna cosa que desconozco, pero parece bastante
sorprendente.
Por otra parte, yo creo que sería interesante que se hablara de las aerolíneas, ya que hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. Lo primero es que si realmente es necesario una autoridad alternativa para la resolución de litigios es
que los litigios existen. Por tanto, lo que estamos poniendo sobre la mesa, lo que estamos reconociendo entre todos y todas es que hay ciertas empresas que abusan de los derechos de los consumidores y las consumidoras, en este caso, las personas
usuarias de los servicios que prestan las aerolíneas. De hecho es una cosa que no me sorprende. Si alguien ha tenido ocasión de coger un avión sabrá que algunas empresas dificultan hasta tal punto el poder acceder al servicio de reclamaciones que
parece imposible. O sea, el servicio se mantiene, se ofrece como una posibilidad, pero en la práctica no es una posibilidad a la que mucha gente pueda tener acceso. De hecho, tampoco sería el único caso que conocemos de abuso en las aerolíneas.
Sabemos también que muchas aerolíneas -algunas no, obviamente, pero sabemos que algunas- tienen una situación de abuso para con sus personas trabajadoras, con unas prácticas que no contemplan los derechos sindicales, que no contemplan los horarios,
y lo hacen con diferentes prácticas que, si bien podrían entrar de manera dudosa dentro de la legalidad, están pensadas para saltarse los derechos de las personas trabajadoras.
El tercer caso en el que creo que también se produce un abuso de las aerolíneas es el abuso para el medio ambiente. Sabemos que hay una presión alta del sector aéreo para ampliar aeropuertos, para ampliar conexiones. Desde el Grupo
Confederal creemos que esto no puede continuar así. Recordando a mi querido Cat Stevens, Yusuf Islam, yo no tengo nada en contra de que las aeronaves vuelen, pero vamos a pensar dónde van a jugar los niños si continuamos ampliando aeropuertos y
contaminando de manera innecesaria, y es por esto que hemos propuesto que los viajes más cortos sean sustituidos por el tren, mucho más sostenible con el medio ambiente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Riolobos, ¿acepta o rechaza las enmiendas presentadas?
La señora RIOLOBOS REGADERA: Todavía estamos negociando, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Nos lo dirá al final.
Muchas gracias.
- RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS DE UN FETO ABORTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003400).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley relativa al tratamiento de los restos de un feto abortado. El autor es el Grupo Parlamentario VOX. Para la defensa de la iniciativa, por tiempo de siete minutos, tiene la palabra su
portavoz, el señor Steegmann.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Creía que le había enviado un wasap, señoría.
La señora PRESIDENTA: Lo tenía. Todo correcto. Gracias.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Señorías, el dolor ante la muerte de un hijo antes de nacer o a los pocos días de hacerlo, lo que llamamos duelo perinatal, es indescriptible para los que no lo hemos padecido, aunque sepamos de forma
científica y fehaciente que su intensidad es similar a otros tipos de pérdida de seres queridos. De hecho, un 50 % de las mujeres que sufren un aborto espontáneo tienen ansiedad y un 15 % depresión, y esto es mucho peor, tanto física como
psicológicamente, si se trata de un
aborto provocado. En 2019 se generaron un total de 99 149 abortos, el 91 % antes de la decimocuarta semana de gestación y a petición de la mujer, sin alegar causa médica alguna. Son cien mil muertes y cien mil mujeres en riesgo de
problemas psicológicos.
Juan Luis Arsuaga, en su obra El collar del neandertal, nos dice que ya estos practicaban ritos funerarios. El rito funerario, el tratamiento digno de los restos humanos, forma parte de la piedad y de la compasión inherente al ser humano
-recuerden a Antígona, nos ilumina-. La delicadeza en el manejo del cadáver forma parte de lo que nos enseñan a los profesionales sanitarios cuando se nos recuerda la sagrada dignidad del ser humano. Los ritos funerarios son fundamentales, porque
facilitan ir aceptando e integrando esa realidad horrible de la pérdida, y ver al bebé fallecido tras el parto, sostenerlo, despedirse de él, es un aspecto medular para el consuelo del duelo perinatal, ya que el paso previo para la aceptación de la
muerte es la admisión, lo que significa la evidencia de la pérdida. Pero además es preciso que a ese ser humano se le dé un nombre. La dignidad del ser humano comienza desde el momento de la concepción, es en ese momento cuando la información del
ADN del padre y de la madre se recombinan en la meiosis, y así surge un nuevo ser humano cuya individualidad está predeterminada por esa nueva y única carga genética. La dignidad de ese ser humano debe ser reflejada en el tratamiento de sus restos.
El destino final del cadáver de los neonatos, según dice el Decreto 2263/1974, debe ser la incineración, el enterramiento o la inmersión en alta mar.
Si pasamos al tema del aborto, nuestra legislación consideraba que el feto procedente de un aborto quedaba subsumido en la definición de restos humanos a partir de la semana decimocuarta. Sin embargo, el artículo 6 del Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria dice que el destino final será el mismo que el de los cadáveres de los recién nacidos, es decir, enterramiento, incineración o inmersión. ¡Qué mayor reconocimiento, señorías, de la suficiente entidad que poder otorgar un nombre
al nasciturus! Ahí damos con la Ley del Registro Civil, que en su disposición adicional cuarta dice que figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se produzcan con posterioridad a los seis meses de
gestación. Pareciera que la presente disposición solo permite que los padres que han perdido a su hijo con más de 180 días puedan darle un nombre, pero eso no es así, según veremos más tarde. Agarrándose a esa ambigüedad, muchos centros sanitarios
se han negado a entregar los restos fetales a sus padres cuando estos pesaran menos de 500 gramos o hubieran tenido una vida gestacional inferior a 180 días, y lo tratan como residuos anatómicos: esterilización, trituración, depósito en vertedero.
Pero, señorías, estas dos controversias, la de la inscripción en el Registro Civil y la de la disposición de los restos, fueron solucionadas por medio de la Sentencia 11/2016 del Tribunal Constitucional, que determinó que con la negativa de entregar
a los padres los restos de su hijo, con independencia de su peso y edad gestacional, se estaría violando el derecho fundamental de dichos padres -artículo 18.1 de la Constitución española-. Por ello se reconoce en la sentencia el derecho de una
familia a disponer del cuerpo de su bebé fallecido y a enterrarlo o incinerarlo en la intimidad familiar, con independencia del tiempo de gestación. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional tiene dos consecuencias: primera, que la
legislación en materia registral es cierto que impone un deber de inscripción a partir de un determinado tiempo, pero no impide la anotación de criaturas abortivas de menos de 180 días; segunda, que de la imposición del deber de inscripción no cabe
deducir la prohibición de entrega para su enterramiento o incineración de criaturas abortivas de menor tiempo -cito textualmente-. Por tanto, decimos que los centros sanitarios han realizado una interpretación sin base legal con respecto a la
entrega de los restos del feto a los padres.
Señorías, un adiós digno a un hijo perdido es un acto de piedad, una reivindicación de la dignidad del ser humano, pero también una de las mejores maneras de consolar, de tratar el duelo, de aliviar el dolor que sufren sus progenitores,
especialmente la madre. Los restos de un feto, tengan el tiempo de gestación que tengan, no deben ser tratados como material quirúrgico, porque tal consideración atenta a la más elemental dignidad, y deben ser entregados para su enterramiento o
incineración si alguno de sus padres lo solicitan, tal como se ha avalado por la sentencia del máximo tribunal.
Voy terminando, señorías. Los creyentes pensamos, como dice Isaías, que Dios nos otorgará un nombre eterno que no se olvidará, pero no hace falta ser creyente para recordar el enorme poder de individualización del nombre, y este es otro
aspecto que trata esta proposición no de ley en su primer punto del petitum, una petición que está avalada por la sentencia del Tribunal Constitucional y que la refuerza. Se debe posibilitar la inscripción con plenos efectos jurídicos del
nasciturus en los libros del Registro Civil desde el momento de su concepción. Insistimos, nunca más, nunca más tratar a los restos de un neonato muerto, de un feto abortado, como si de un resto quirúrgico se tratase; dar a los progenitores
la posibilidad de poder despedirse de su hijo fallecido y de disponer de sus restos con la dignidad que todo ser humano merece, un ser humano individualizado y único, con un nombre que nunca se olvidará.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
No se han presentado enmiendas. Por tanto, a continuación, pasamos a fijación de posiciones, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Votaremos que no. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidenta.
Señorías, cuando una persona decide ser madre, ser padre, inicia el mayor proyecto de vida y en ello pone la mayor de las ilusiones y esperanzas. En algunas ocasiones, ese proyecto se ve interrumpido de forma dolorosa. A pesar de ser una
muerte perinatal o neonatal, en sus primeros meses de concepción, no se debe infravalorar o incluso negar el proceso de duelo ligado a estas muertes; son momentos muy duros para esa madre y para ese padre, que deben contar con los recursos
necesarios, y sobre todo con la atención adecuada y que requiera en su libertad de nuestro sistema de salud. De ahí esta PNL que estamos debatiendo y que ya les anuncio que contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros, desde el
Partido Popular, siempre hemos sido sensibles a esta cuestión.
En España no existía, por ejemplo, un registro para los bebés que morían antes de nacer. Ante este vacío, lo fundamental era su reconocimiento jurídico y administrativo a todos los efectos. En 2009 elevamos, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, una propuesta en esta Cámara para elaborar una fórmula legal, y con la nueva Ley 20/2011, del Registro Civil, se introdujo la modificación que posibilita al padre y a la madre la adjudicación de un nombre para su hijo
fallecido. A ello he de añadir algo relevante, y es que en los últimos años se está tomando una mayor sensibilidad por la ciudadanía, y también por las administraciones, y esto es muy importante, sobre la importancia de una correcta atención en los
casos de muerte perinatal. Ahí es fundamental ofrecer al personal sanitario los recursos necesarios para esos momentos tan duros. Es cierto que existen una serie de protocolos y guías dirigidos a los profesionales de la atención sanitaria en caso
de la muerte perinatal y neonatal, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir avanzando, y lo tenemos que hacer con la mayor de las sensibilidades y empatía hacia ese padre o a esa madre.
Señoría, creo humildemente que si en cuestiones como estas ponemos la empatía por encima de la ideología, el debate no existiría y todos iríamos de la mano en esta materia, que es lo que se requiere de nosotros como servidores públicos.
Muestra de ello es la iniciativa aprobada en la Asamblea de Madrid con el voto favorable del Partido Popular, partido de Gobierno en la Comunidad de Madrid, para que la madre o padre que lo desee pueda enterrar a ese bebé que fallece antes de nacer.
La Consejería de Sanidad ha recomendado, dentro de su política de humanización, que todas las muertes intrauterinas reciban una disposición respetuosa y sensible, independientemente de la edad gestacional, de manera que los restos sean tratados en
todo momento como restos humanos y no sean dispuestos como otros restos biológicos. Es importante que se unifique un protocolo con esta y otras cuestiones a nivel nacional para que en todas las comunidades autónomas ese padre o esa madre reciban
una atención e información similar y los profesionales sanitarios cuenten con los mismos protocolos. Por ello, nuestro sí a esta propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Elvira Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.
El artículo 4 de la Ley 20/2011, del Registros Civil, en su artículo 4 establece que tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona y que son, por tanto,
inscribibles el nacimiento, la filiación, el nombre, los apellidos y sus cambios, el sexo y el cambio de sexo, entre otros. En cuanto a la inscripción del nacimiento, el artículo 44 de esta misma ley señala que son inscribibles los nacimientos de
las personas conforme a lo previsto en el
artículo 20 del Código Civil. Señores de VOX, es en el Código Civil donde se determina quién es persona. En su artículo 30 señala que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero
desprendimiento del seno materno. Esto se modificó cambiando su condición jurídica y se les consideró personas por el mero hecho de nacer y, por tanto, tenían acceso al Registro Civil inscribiendo su nacimiento y su fallecimiento y pudiendo constar
en los libros de familia y certificación de nacimiento y de defunción como un hijo o hija nacido y fallecido. Antes se exigía que vivieran durante veinticuatro horas. En caso de no llegar a nacer, la disposición adicional cuarta de la misma ley
regula que habrá constancia en el Registro Civil de los fallecimientos con posterioridad a los seis meses de gestación, de manera que figurarán en un archivo sometido a publicidad restringida del Registro Civil los fallecimientos que se produzcan
con posterioridad a las seis semanas de gestación y no cumplieran las condiciones previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo los progenitores otorgar nombre. La Ley del Registro Civil no es sino un reflejo de la legislación civil, que
es la que determina quién debe considerarse persona y que ya protege a lo largo de su articulado la figura del nasciturus. Ustedes plantean una modificación del Registro Civil y en todo caso debería ser del Código Civil.
En definitiva, en la actualidad existen, y ustedes lo saben, registros del nacido y registros de la interrupción del embarazo. La iniciativa que se presenta es de tal calado que hasta cuestiona quién debe considerarse persona. No hablamos
solo de connotaciones morales e ideológicas. Por ejemplo, tendría importantes efectos en materia de sucesiones, pero está claro que ustedes van por el tema ideológico, lo único que pretenden es resucitar un debate en nuestra sociedad, como es el
derecho al aborto y la libertad para decidir, que ya está totalmente superado en nuestra sociedad, y no se lo vamos a permitir. Le recuerdo qué le pasó al exministro Gallardón cuando lo intentó. ¿Saben qué le pasó? Pues que el movimiento
feminista salió más unido y con más fuerza que nunca y se evitó ese retroceso. Por eso le digo que no se lo vamos a permitir. Mucho hablar de fetos, de restos, de moralina y adoctrinamiento, coaccionando a las mujeres a las puertas de clínicas de
interrupción voluntaria del embarazo, que gracias a este Gobierno ya es un delito, pero qué poco apoyo les brindan ustedes a los nacidos en muchas ocasiones, a esos menores no acompañados, cuando lo único que hacen es sembrar odio. Por tanto,
nuestro voto va a ser negativo a esta proposición no de ley. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LAS OFERTAS PROMOCIONALES 'SIN IVA'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003865).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre la protección de los consumidores frente a las ofertas promocionales sin IVA. Autor: el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la iniciativa, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el señor José Ramón Ortega.
El señor ORTEGA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
Presentamos una propuesta que plantea la adopción de medidas de cara a evitar las campañas de publicidad engañosa a los consumidores conocidas como día sin IVA, y son engañosas ya que no es cierto que los comercios o empresas puedan
prescindir de recaudar el IVA -eso lo sabemos todos- en la venta de productos y servicios. Lo que hacen es efectuar un descuento del 21 % en el precio sin IVA del producto para posteriormente añadir ese impuesto, por lo que, además de ser falso que
quiten el IVA, como hemos dicho, resulta que el descuento no es del 21 %, es inferior. Queda claro, por tanto, que estamos ante campañas de publicidad engañosa en los términos recogidos en el artículo 5 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, que
considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz -no es el caso-, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar
su comportamiento económico. Concretado que estamos ante una publicidad engañosa, debemos recordar también que la Ley 34/1988, General de Publicidad, la califica de ilícita y que, por tanto, no deberían existir a priori grupos que rechacen esta
propuesta, porque, en sentido contrario, se posicionan en mantener este fraude al consumidor mediante esta publicidad engañosa.
Aparte, además de un engaño, este tipo de campañas afectan negativamente a la conciencia fiscal de los contribuyentes, presentando los impuestos como el elemento causante del encarecimiento de los
precios y no como un mecanismo imprescindible para el mantenimiento del Estado, de sus servicios públicos y de redistribución de riqueza. Ninguna empresa, evidentemente, se atrevería a realizar campañas del estilo día sin médicos, día sin
enfermeras, día sin hospitales ni colegios, día sin policías, guardias civiles ni militares, día sin jueces ni profesores, etcétera. Pero eso es a lo que nos conduciría esa mentalidad fiscal. Es evidente también que esa mentalidad es la que
intentan generalizar las derechas entre la población, y por ello es probable que no estén de acuerdo con esta PNL que presentamos, ya le digo, aunque sea posicionarse a favor del engaño a los consumidores.
De hecho, el Partido Popular presenta una enmienda que nada tiene que ver con lo que aquí planteamos -como digo, la defensa de consumidores y consumidoras ante engaños-, sino que plantea una serie de bajadas de impuestos -como la bajada del
IVA de la luz, que ya es aplicada hace meses y que ayer el presidente Pedro Sánchez anunció ampliaba, rebajando del 10 % al 5 %-, que son medidas que evidentemente no evitan la subida de precio de la luz ni la mejora del margen de beneficio de
determinadas empresas eléctricas, salvo que se limite el precio del producto o servicio, en este caso la electricidad. Recuerdo que este paso también se ha dado en esta ocasión y que por eso puede tener más sentido esa rebaja del IVA. Recuerdo
también, hablando de los impuestos a la electricidad, que también se rebajó el impuesto especial sobre la electricidad hasta el mínimo autorizado por la normativa europea y el impuesto que grava con un 7 % el valor de producción de la energía
eléctrica que inventó Rajoy, que también se suspendió. Todas estas medidas que solicita la enmienda son medidas que el Partido Popular jamás aplica cuando gobierna ni tampoco solicita ante los beneficios exagerados de ninguna empresa, aunque sí es
capaz de aprobar la amnistía fiscal a defraudadores, eso sí. Más bien podrían haber planteado ustedes un control de precios para evitar que se aumenten los precios de los productos antes de aplicar las campañas promocionales, que eso sí es un
fraude; que no se limiten a la venta el número de productos promocionados; que no se seleccionen unos productos y no otros en estas campañas generalizadas. Es decir, que buscaran y enmendaran medidas reales y efectivas de protección a
consumidores y consumidoras, pero, como digo, lo que hacen es incidir en su planteamiento de piñón fijo, mientras están en la oposición, de rebaja generalizada de impuestos. Y digo de piñón fijo en la oposición porque cuando están en el Gobierno
suben todos los impuestos. Podemos recordar la campaña 'No más IVA', en la que el PP recogía firmas -incluso Rajoy firmaba-, para nada más llegar al Gobierno subir el IVA, además de sociedades, IRPF, instaurar los copagos sanitarios, la creación
del impuesto al sol, a las loterías; y es que, por subir, subieron hasta el impuesto de 'los chuches', como él decía. Entre 2011 y 2015, en subidas de impuestos 23 000 millones, y ahora vienen a predicar y a pedir lo contrario; claro, que no es
muy creíble. Además, no les sirvió tampoco para evitar el vaciamiento de la hucha de las pensiones, los 68 000 millones que había. Pero es lo que tiene ir a Europa a preguntar cuánto más pueden recortar en lugar de hacer, como Pedro Sánchez, y
luchar por fondos por valor de 140 000 millones para evitar recortes. En todo caso, es una enmienda que no es pertinente -entiendo- en esta Comisión, porque, como digo, obvia la cuestión del engaño que suponen estas campañas, no añade medidas de
protección al consumidor y plantea medidas fiscales que deberían trasladarse, en todo caso, a las comisiones de Economía y Hacienda para su debate.
Por su parte, Esquerra también plantea una enmienda, en la que solicita quitar la mención a la Conferencia Sectorial de Consumo justificando que el Estado no tiene competencias de coordinación vinculantes, cuestión que nosotros no hemos
indicado en nuestra propuesta y que tampoco es una intención escondida; al contrario, entendemos que hay un marco competencial definido, que hay unas competencias que tienen las comunidades autónomas. En ese sentido iba nuestra mención a esta
Conferencia Sectorial de Consumo, pero no tenemos ningún inconveniente en aceptar esa enmienda y solicitar al resto de grupos que se posicionen en contra de este engaño al consumidor para su aprobación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Evidentemente, tal como he comentado, el hecho de incluir y de promover en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo el tema de la protección efectiva lo vemos como un exceso de celo. El marco competencial está establecido como está y
los mecanismos de coordinación están incluso establecidos. Así como en sanidad, por ejemplo, tiene sentido la interterritorial de salud para muchos temas, en ese
caso concreto yo creo que no hay necesidad y, por tanto, lo vemos como un exceso de celo. En ese sentido, proponemos que se mantenga exactamente el punto, pero sacando el tema de la Conferencia Sectorial de Consumo. En todo caso, la
formalización de relaciones de cooperación es voluntaria y, por tanto, creemos que no es necesario o no corresponde a la conferencia sectorial en ese sentido, en esta misma línea. Por tanto, sobre la base de ese principio del marco competencial,
creemos que es mucho más adecuado definir ese texto tal cual lo definimos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Castillo, también en defensa de las enmiendas presentadas.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señorías del Partido Socialista, resulta curioso, por no decir surrealista, oírles hablar de campañas engañosas precisamente a ustedes, al Gobierno del despilfarro y de la mentira, al Gobierno de las chapuzas
legislativas, de las chapuzas diplomáticas, de las chapuzas técnicas y de las chapuzas energéticas. En definitiva, al Gobierno de la chapuza política, que está más preocupado por las campañas promocionales del sector privado que por los efectos
letales que la galopante inflación está causando en la economía de las familias españolas.
Parece que ustedes no han aprendido absolutamente nada, señorías del Partido Socialista. Cada cierto tiempo traen a esta Comisión PNL con el objetivo de dar un tirón de orejas al ministro destroyer, pero hoy dan un pasito más y, en lugar de
intentar paliar el silencio, el abandono y la traición del señor Garzón a los consumidores, nos traen a debate una PNL que no tiene otro objetivo que limpiar su conciencia, señorías. Intentan ocultar su voracidad recaudatoria apelando a una
conciencia fiscal de los contribuyentes.
Señorías del Partido Socialista, ¿ustedes echan gasolina o gasóleo al coche? ¿Van a hacer la compra? ¿Van a comprar, simplemente, el pan todos los días? ¿Pagan el recibo de la luz o tienen que llevar el coche al taller mecánico? ¿Son
ustedes conscientes de que las familias españolas cada día son más pobres, de que cada día les cuesta más llegar a final de mes? Pues han recaudado ustedes 17 000 millones de euros en los primeros cinco meses de este año, más de lo que tenían
ustedes en previsión; y si realmente les preocupan los consumidores, lo que tendrían que hacer es devolverles esos más de 10 000 millones de euros de dinero cobrado a los consumidores, con los que ustedes no contaban y con los que les pueden
insuflar un poquito de aire para salir de esa asfixia diaria en la que se ven inmersos.
Con precios récord en la factura eléctrica, en los carburantes, en el gas, en el butano, se preocupan ustedes por campañas publicitarias, campañas que llevan desde el año 2017, y no quiero recordarle quién estaba gobernando en el año 2007
-perdón, no 2017, 2007-, porque en el año 2007 estaba gobernando el Partido Socialista. Y lo que a priori podía tener un pase, nos tememos que lo van a acabar ustedes convirtiendo en un nuevo intento de demonizar al sector del comercio, al igual
que atacaron irresponsablemente a los agricultores con el aceite de oliva, a los ganaderos con la carne, a la industria agroalimentaria, al turismo, al sector del juego privado, a los restaurantes o al sector juguetero.
Señorías, a este Gobierno solo le va bien cuando rectifica. Lo vimos ayer, cuando su presidente nos anunciaba esa bajada del IVA de la luz del 10 al 5 %, una medida coyuntural que el Partido Popular ya contemplaba en el plan de medidas
urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España y que nuestro presidente, el señor Feijóo, les entregó gratuitamente por el bien de España y de los españoles. El Partido Popular tendió la mano a los españoles y
confiamos, señorías del Partido Socialista, en que sus anuncios no se queden simplemente en la bajada del 10 al 5 % del IVA de la luz.
Si realmente están preocupados por esos consumidores, porque se les engañe en el tema del IVA -ya todos los españoles saben que la campaña sin IVA no significa que no se pague ese impuesto, sino que se paga o se rebaja el equivalente a esa
cantidad en los productos que se ofertan-, por eso les planteábamos una enmienda para hacer útil o para convertir en útil esta iniciativa, que a priori creíamos que solamente les servía a ustedes para tapar sus vergüenzas. Les pedíamos minorar el
IVA del gas y de la electricidad en el mínimo permitido por la Unión Europea. Les pedíamos reducir el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea. Les pedíamos reducir la tributación en estimación
objetiva en IRPF y del régimen simplificado en IVA, y del régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de los precios y los costes. Y también les pedíamos, en defensa de los
consumidores, promover en el seno de la
Conferencia Sectorial de Consumo la protección efectiva de consumidores y usuarios, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, frente a la desorbitada subida de la cesta de la compra. Esto, señorías del Partido Socialista, sí
es del hoy, del día a día, de las necesidades de los consumidores. Y si ustedes quieren realmente hacer algo por ellos, preocúpense del IVA, pero no de recaudarlo, sino de devolverles las partes que necesitan para aliviarles en su día a día.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos la señora López.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
Déjenme, por favor, hacer solo un apunte. Los que somos diputados y diputadas realmente nos podemos llegar a notar cansados y cansadas de los tonos que utilizan las derechas de este país. De VOX es esperable que utilicen malas palabras,
burlas, enfados, riñas, pero, de verdad, del Partido Popular esperaría un poco más de familiaridad. Creo que ustedes deben ser distintos de VOX y, desgraciadamente, me parece que están imitando cada día la falta de respeto. La verdad es que cansa
un poco; y si a nosotras nos cansa, imagino que a las ciudadanas les debe cansar todavía más.
Dicho esto, empiezo por responder a una pregunta que el Partido Popular va repitiendo últimamente, sobre si vamos a comprar el pan, si echamos gasolina, etcétera. Le tengo que decir, a propósito de las personas que tenemos conciencia de que
no se pueden despilfarrar alimentos y las que sabemos lo que cuesta llegar a final de mes -no lo digo por ahora, sino por otros momentos de mi vida-, que el pan no se va a comprar cada día porque se aprovecha al día siguiente; lo guardas con papel
o con trapos y te lo comes al día siguiente y, si puedes, lo metes en el congelador y lo descongelas un ratito. Así que no, no voy a comprar el pan cada día. Y tampoco echo gasolina porque resulta que hay servicio público de autobús, que es más
sostenible, y la compañía ya se encarga de echar gasolina y de llevarme a los sitios.
Estamos completamente de acuerdo con la iniciativa que presenta hoy aquí el Partido Socialista. Está en la línea de nuestras perspectivas en materia de consumo y también en relaciones de consumo. Además, creemos que se podría extender a
cualquier campaña de publicidad agresiva que solo busca un aumento del consumo indeseable e innecesario.
En el último minuto que tengo para esta intervención, quiero pararme en un punto que realmente encuentro interesante y es que con estas campañas publicitarias de días y semanas sin IVA, realmente lo que se está haciendo es agrandar esa
conciencia o ese pensamiento de que los impuestos son malos. A mí se me ocurren tres propuestas más para no ahondar en esta falsedad de que los impuestos son malos. La primera sería, por ejemplo, una reforma fiscal progresiva. Si incentivamos que
las personas ricas paguen más impuestos y que las personas que tienen menos dinero paguen proporcionalmente bastante menos, creo que la gente pensará que los impuestos son realmente lo que son, que son buenos y necesarios para nuestro Estado del
bienestar. Y este es el segundo punto. Si tenemos unos servicios completos, fuertes y accesibles, la gente va a ver que los impuestos sirven para pagar el Estado del bienestar y para que no haya, como decía el compañero del PSOE, días sin médicos,
como pasa en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Por alusiones de la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos, creo que lo que debería hacer es argumentar y no descalificar. El problema que ustedes tienen es con la tolerancia, porque no admiten discrepancias. La tolerancia es una
virtud que se predica entre diferentes, no entre iguales. Cuando se impone un pensamiento, ahí no hay tolerancia; es decir, cuando alguien piensa distinto, se es tolerante cuando se respeta la opinión contraria y yo creo que usted en su
intervención lo que ha hecho ha sido descalificarnos y no referirse a nuestros argumentos.
Otro aspecto que ha mencionado ha sido el de los impuestos. Ha hablado de impuestos -ha aprovechado esta iniciativa, que habla del IVA en relación con las ofertas comerciales- y de la reforma. Entiendo que se refiere a aumentar impuestos a
los más ricos, o algo así creo que ha dicho. Es interesante
que sepa que, precisamente, el objeto de esta intervención, que es el IVA, es un impuesto indirecto y no sé si lo sabe, pero en el sistema tributario los impuestos indirectos son regresivos, es decir, tienen que pagar más los que son más
pobres, precisamente porque dedican más parte de su renta disponible a adquirir productos de primera necesidad.
Respecto a la proposición que debatimos, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su iniciativa insta al Gobierno a promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, la protección efectiva de los consumidores y usuarios frente
a las ofertas publicitarias que anuncien cualquier tipo de campaña sin IVA. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que creo que no tiene nada que ver con el objeto de esta proposición no de ley. En cuanto a la enmienda que ha
presentado el Grupo Republicano, como en la iniciativa del punto anterior, ahora alegando erróneamente una competencia exclusiva, el Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que la aceptará. Entiendo que necesitan contentar a sus socios, enemigos de
España, para poder mantener el Gobierno de la ruina y de la miseria del presidente Sánchez. La enmienda del Grupo Republicano es un capítulo más de sus reivindicaciones autonomistas, que son el mejor cimiento para sus pretensiones independentistas.
Por eso, desde VOX no cejamos en nuestro empeño por poner de manifiesto la amenaza del Estado autonómico contra la integridad territorial de España y contra los españoles, por ser la mayor causa de generación de desigualdad interterritorial y de
odio entre españoles y por suponer un peso económico gigantesco y completamente innecesario que los hogares españoles tienen que soportar para el disfrute de los políticos autonómicos, sus televisiones y sus chiringuitos.
Nuestra posición es clara respecto a esta iniciativa: el término sin IVA induce a engaño, en tanto que en la práctica sí se paga dicho impuesto, cumpliendo con la obligación fiscal. Por lo tanto, son ofertas que entran en conflicto con la
obligación de incluir el precio final completo, prevista en el artículo 20 de la ley general de consumidores y usuarios, y deben ser prohibidas en favor de la protección de consumidores y usuarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Le pregunto al señor Ramón Ortega solo a los efectos de si acepta o rechaza las enmiendas presentadas.
El señor ORTEGA DOMÍNGUEZ: Sí, se acepta la de Esquerra Republicana.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PACIENTES CON CÁNCER RENAL Y PARA FACILITAR EL ACCESO SIN DEMORAS A LAS COMBINACIONES FARMACOLÓGICAS AUTORIZADAS POR LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003970).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas en favor de los pacientes con carácter renal y para facilitar el acceso sin demoras a las combinaciones farmacológicas autorizadas por la Agencia
Europea del Medicamento. La presenta el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra su portavoz, la señora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señorías. El cáncer de células renales es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestículo de los túbulos del riñón. Por otro lado, el cáncer que comienza en los
uréteres o en la pelvis renal es diferente al cáncer de células renales. El cáncer de células renales es responsable de un 2 o 3 % de todos los tumores malignos en el adulto. Es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres. La mayoría de los
casos se diagnostican entre la cuarta y la sexta década de la vida, pero se puede presentar a cualquier edad. Se estima, además, que es responsable de la muerte de más de 35 000 personas al año en Europa y en España, según el informe de la Sociedad
Española de Oncología Médica, en 2022, el último año fueron 8078 los pacientes. El hallazgo incidental u ocasional de los tumores renales en pacientes asintomáticos ha pasado a ser la principal vía de diagnóstico, lo cual contribuye a la detección
de tumores renales en estadios mucho más precoces y, en definitiva, mejora a su vez el pronóstico de esta enfermedad. El cáncer de células renales se presenta más frecuentemente de forma esporádica y raras veces forma parte de un síndrome
hereditario.
La historia natural del cáncer de células renales es muy variable. Aproximadamente un 30 % de los pacientes se presentarán como enfermedad diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico y un tercio de los restantes desarrollarán
metástasis a lo largo de su evolución. Se desconocen las causas directas que ocasionan este tipo de cáncer, pero hay una serie de factores de riesgo que coinciden en padecerlo, como son el tabaco, que es uno de los factores de riesgo más
peligrosos, la obesidad, la dieta rica en grasas, la exposición al cadmio, enfermedades renales o factores genéticos con respecto a algunas enfermedades genéticas. Estos son, como decía, algunos de los factores de riesgo y el pronóstico y las
acciones de tratamiento dependen básicamente de dos factores: del estadio de la enfermedad -a medida que avanza el estadio, de I a IV, menores son las posibilidades de curación- y de la edad del paciente y su estado general de salud. En la
enfermedad avanzada o metastásica los niveles de hemoglobina, neutrófilos, plaquetas y calcio en sangre, conjuntamente con el estado general y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico, son factores que clasifican a los pacientes en tres grupos de
riesgo pronóstico: grupo de buen pronóstico, grupo de pronóstico intermedio y grupo de mal pronóstico.
Entre los tratamientos, tenemos la cirugía con nefrectomía radical o parcial; la radioterapia, que se utiliza para eliminar las células cancerosas; la terapia biológica, que es un tipo de terapia para estimular la capacidad del sistema
inmune y combatir así el cáncer; la quimioterapia y la terapia dirigida contra dianas específicas, como la terapia antiangiogénica, que está orientada a casos de cáncer avanzado y actúa sobre los receptores críticos de los vasos sanguíneos que se
han desarrollado en el tumor.
Señorías, gracias a la investigación, el tratamiento del cáncer renal se ha modificado en gran medida en los últimos años. Además de los constantes avances en el tratamiento local radical de los tumores renales en estadio precoz, hay que
destacar los resultados de los principales ensayos sobre tratamiento adyuvante con antiangiogénicos en cáncer renal o no diseminado. Además, los avances en la biología molecular del carcinoma de células renales avanzado han permitido identificar
vías de señalización que juegan un papel relevante en la progresión de estos tumores.
Lo habitual es que los pacientes con carcinoma renal avanzado reciban a lo largo de la evolución de su enfermedad una secuencia de distintos tratamientos que logren prolongar al máximo su supervivencia incluso hasta medianas superiores ya a
los treinta meses. En primera línea, varias opciones terapéuticas ya clásicas se mantienen hoy en día como alternativas eficaces en el control de la enfermedad, pero hay tratamientos ya autorizados por la EMA que en España aún no se han
incorporado, existiendo una demora en algunos casos de hasta tres años para decidir su financiación e incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Señorías, les estoy hablando de la inmunoterapia, que se incorpora al
tratamiento de primera línea del cáncer renal y que ya se encuentra estandarizada en otras modalidades del cáncer, como puede ser el cáncer de mama, leucemia y linfoma, entre otros. Estos pacientes están en una clara discriminación con respecto a
otros pacientes que padecen cáncer cuya eficacia en ellos está científicamente demostrada.
Señorías, uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestro Sistema Nacional de Salud y todos los agentes participantes en la toma de decisiones es la conciliación de la sostenibilidad y la garantía del acceso a la innovación, una
innovación integral que incorpore la prevención, diagnóstico, tratamiento y manejo de la patología, impactando todas ellas en la calidad de vida del paciente desde su entrada en el sistema sanitario de salud, garantizando en todo momento su alcance
universal, equitativo y sostenible. Podríamos hablar también de la implantación de la medicina personalizada de precisión, que asegura la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente, mejorando notablemente
la atención y el diagnóstico recibidos por el paciente.
Señorías, la lucha contra el cáncer, segunda causa de muerte, figura como un objetivo prioritario dentro de la política sanitaria de la Unión Europea y así va a seguir siendo, como hemos visto, a través del Plan Europeo de Lucha contra el
Cáncer para los próximos años. El plan europeo asigna a los Estados miembros responsabilidades concretas y les insta a que la adopción de medidas que reduzcan el sufrimiento de los pacientes y sus familias fomenten la investigación y la innovación
en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento, hoy en cáncer de riñón con el debate de esta iniciativa. Incorporar las nuevas innovaciones terapéuticas a la cartera básica común del sistema nacional debe ser una de las cuestiones a mejorar.
Dotación de recursos y programas que impulsen la investigación en materia de cáncer. Los pacientes deben estar presentes junto a los profesionales sanitarios en los ámbitos que supongan una mayor mejora para su proceso asistencial.
Señorías, la semana pasada, el día 16, se celebró el Día Mundial del Cáncer Renal y desde esta Comisión contribuimos a mejorar la vida de las personas que padecen cáncer renal. Antes de nada,
agradezco la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX, que ya le digo de antemano que la vamos a aceptar, y espero y deseo que el resto de grupos parlamentarios sean sensibles a este tema y a través de esta iniciativa logremos
aportar un granito sobre los tratamientos y la incorporación en cuanto a los pacientes que padecen cáncer renal. Desde luego, son muchas las necesidades que tienen los profesionales sanitarios e incluso los específicos que participan en el proceso
asistencial del cáncer renal. Desgraciadamente, al no contar con un verdadero plan de recursos humanos, le digo a la compañera de Podemos que no solo hay necesidad de profesionales en la Comunidad de Madrid, sino, por desgracia, en todas las
comunidades autónomas de España. Espero y deseo que también desde esta Comisión contribuyamos a contar con un verdadero plan de recursos humanos que aborde no solo la situación del cáncer renal, sino de toda la asistencia sanitaria del sistema
nacional español.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Salvá.
El señor SALVÁ VERD: Muchísimas gracias.
Ante todo, he de decir que me ha asombrado muchísimo el texto inicial que nos llegó y lo que la señora Velasco acaba de decir. Además, es un texto en el que no se nombra en ningún momento a los urólogos, que somos pieza fundamental en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer renal. Lo digo porque me asombró. Aquí la señora Velasco -se lo agradezco muchísimo- ha dicho en siete minutos lo que se puede decir del tratamiento del cáncer renal. El primer texto que llegó a mis manos era
muy deficiente y lo ha rehecho, lo cual le agradezco, pero no tiene nada que ver lo que ha hablado con lo que a mí me llegó. Eso sí lo puedo decir.
¿Por qué los urólogos somos fundamentales en el diagnóstico del cáncer renal? Por una cosa elemental, porque los enfermos con patología renal, después de ir a atención primaria, van a los urólogos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Lo primero de todo es adoptar las medidas necesarias para, en colaboración con las sociedades científicas, implementar la incorporación de especialistas en urología que puedan dar soporte y seguimiento a los pacientes con cáncer renal y, en
particular, para realizar la coordinación y seguimiento de los tratamientos oncológicos según el estadio del tumor renal.
Ha dicho una cosa que es muy cierta. En estos momentos de innovación del tratamiento del cáncer renal metastásico o avanzado, con el creciente papel de la inmunoterapia y los tratamientos de precisión en estos pacientes, hay que tener en
consideración que la mayoría de los diagnósticos son casuales. En el argot urológico se conoce como un causaloma o un incendilotoma, que no me sale muy bien la palabra. Las estadísticas que he estudiado dicen que son aproximadamente el 50 %, pero
en mi experiencia personal tengo que decir que llegan al 90 %, que esto es muy importante.
Resulta imprescindible que en la adopción de medidas de abordaje efectivo del cáncer renal se tenga en consideración, sobre todo, a la Asociación Española de Urología y, en concreto, a los urólogos. La Asociación Española de Urología es la
que más representa a todos los urólogos y, sobre todo, a los estudios e investigaciones que se hacen. Tengo que decir aquí que es de las sociedades médicas más antiguas de España, por no decir la más antigua. A lo mejor aquí saldrá alguna otra
especialidad y dirá que es la suya. Ya en tiempos de Albarrán se empezó con la urología, que es una especialidad muy particular, tiene más de cien años de vida. Incluso en el juramento hipocrático se nombra a los urólogos, cosa que no es extraña,
porque se habla del mal de la piedra. Hasta que no apareció Thompson, en el año mil ochocientos y algo, que fue el padre auténtico de la urología moderna, hay que decir que el mal de la piedra fue un azote para la humanidad. Si en este momento
-Dios quiera que no- hubiera un fallo de energía mundial, el mal de la piedra retornaría. Por tanto, quiero decir, aunque esté el doctor Steegmann aquí, que es una especialidad muy importante. Podría hablar y no parar. Por eso, quiero agradecer a
la señora Elvira Velasco que haya traído esto, pero le ha faltado nombrar a los urólogos y, por dignidad urológica, hemos hecho esta enmienda de adición que espero que los demás grupos apoyen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Eritja por el Grupo Republicano. ¿Va a intervenir? (Denegaciones). Entonces, tiene la palabra, por Unidas Podemos, la señora Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
La lucha contra el cáncer figura como principal objetivo prioritario dentro de la política sanitaria de la Unión Europea y, por supuesto, de España. Esa parte faltaba, por lo menos en el texto que yo tengo. Parece que al PP en su cruzada
de ataque al Gobierno se le olvida ese detalle, que España tiene ese objetivo prioritario, como es evidente. El Grupo Popular se preocupa por datos como que el 25 % de los pacientes presenta ya cánceres en estados avanzados al diagnóstico. ¡Y
tanto que es para preocuparse! Parece que la prevención y el diagnóstico precoz están poco atendidos, probablemente porque son tareas a llevar a cabo por la atención primaria, tan débil en estos momentos como consecuencia de las políticas de
recortes del Partido Popular, que la dejaron en cuadro, y por la falta de recursos humanos en el presente. Pero les aseguro que esa falta de recursos humanos ya viene coleando desde hace muchísimos años, porque para eso está el PP, para recortar
los servicios públicos. El PP sabe muy bien que sin la atención primaria no se pueden llevar las labores de prevención y diagnóstico precoz. Quizá por eso se desgañitan pidiendo que se bajen los impuestos, sobre todo a los ricos -si es que se les
pueden bajar un poquito más todavía-, a pesar de que 'defienden' tanto la prevención. Pero sin impuestos no habrá dinero para pagar los servicios públicos ni habrá dinero para prevenir las enfermedades y para hacer diagnósticos precoces. Piden,
piden y piden mientras solicitan que no se paguen impuestos en esa especie de contradicción que tanto les encanta y que les resbala absolutamente. Quizá también por eso, por esa defensa de la prevención y del diagnóstico precoz, quieren que se
mantengan Muface, Mugeju e Isfas, aunque, como todos sabemos, por su estructura carecen de atención primaria y no pueden desarrollar labores de prevención ni de diagnóstico precoz. A lo mejor eso es lo que deberían saber los funcionarios públicos
que eligen las privadas para que les traten. Quizá por eso quieren que se privatice la sanidad pública, porque la sanidad privada no hace tareas de prevención ni de diagnóstico precoz porque es caro y porque carece de estructura para hacerla.
Quizá por eso quieren que se aumente el gasto militar, aunque el dinero se saque de recortar en educación, en sanidad, en igualdad y en derechos sociales, que es donde el PP es experto en recortes.
Se quejan de las demoras en la financiación de tratamientos exitosos para el cáncer renal autorizados por la EMA, aunque señalan que ese problema no se da en otros tumores: mamá, ovario o cerebral. Parece que hay una discriminación
alucinante entre los que tienen unos tumores y los que tienen otros. Saben perfectamente que están creando un problema falso y están generando alarma con sus PNL. Plantean el problema como si la Agencia Española del Medicamento no estuviera
abordando y valorando la efectividad de los nuevos medicamentos.
Deberían proponer aumento de los impuestos para salvar nuestros servicios públicos, porque esa es la verdadera medida para poder abordar eso que están pidiendo.
Votaremos en contra, por si no ha quedado claro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Josefa Andrés.
La señora ANDRÉS BAREA: Gracias, presidenta.
Le agradezco a la señora Elvira Velasco su exposición, que no tiene nada que ver con la PNL presentada -en esto estoy de acuerdo con el señor Salvá-, aunque es escasa y poco precisa. Da un poco la sensación de que quieren que adivinemos,
pero la verdad es que la cuestión no es para adivinar. La cuestión no es completar solo con la palabra 'urólogos', que es una parte, sino que aquí lo importante son los pacientes, que al parecer a ustedes no les preocupan.
Yo le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué asociación es la que reivindica? Porque he mirado la página web y no he visto ningún tipo de reivindicación. ¿Cuál es su queja? ¿De qué terapia combinada estamos hablando: inmunoterapia,
anticuerpos, vacunas, inhibidores de control inmunológico, terapias celulares con CART...? ¿De qué estamos hablando? Porque, la verdad, no lo entendemos. No es que yo sea una experta -evidentemente, no lo soy-; simplemente me he informado para
intentar comprender. ¿Usted sabe que el informe Evaluación y fijación de precios de los medicamentos oncológicos 20162021, aprobado en 2022, nos dice que la financiación de los medicamentos oncológicos en España es muy elevada? En diciembre de
2021, el 90 % de los medicamentos eran financiados, incrementándose en relación con 2019 en un 7,48 %; es decir, nueve de cada diez medicamentos oncológicos que se evalúan se financian por el Sistema Nacional de Salud. Entonces, yo me pregunto:
¿esto para qué sirve? ¿Para qué ha servido esta PNL? ¿Para generar desconfianza, sospecha, inseguridad? ¿Para qué? ¿Para desanimar a los pacientes? ¿Es un granito más en el camino de intentar desmontar la sanidad pública?
Porque, la verdad, es incomprensible, es totalmente incomprensible. El compromiso de este Gobierno con la oncología es robusto y pionero, y usted lo sabe. Como dicen las propias cifras, en marzo de 2022 los principios activos de
medicamentos oncológicos registrados fueron 197; financiados, 159; no financiados, 16; en estudio de financiación, 22. Dígame usted dónde está la deficiencia.
Necesitamos una sanidad pública robusta, fuerte, que sea capaz de dar respuestas y pionera en la investigación, porque una de cada diez mujeres tendremos cáncer de mama y uno de cada ocho de los hombres que están aquí tendrán cáncer de
próstata, y necesitamos tratamientos adecuados que podamos utilizar. ¿Usted sabe lo que vale un tratamiento oncológico en general? Unos 90 000 euros, unos 45 000 por año como término medio, indistintamente de las patologías. Este Gobierno
socialista y comunista -como ustedes nos han dicho en este caso- presentó en marzo de 2021 el Plan Estratégico contra el Cáncer, que se aprobó por unanimidad en el consejo interterritorial -ese que tiene capacidad de decisión- con el objetivo de
detectar las necesidades, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías, así como de establecer los objetivos de trabajo, acciones y actuaciones consensuadas de aplicación en general al Sistema Nacional de Salud. Se lo digo
porque el otro día leí que la señora Pastor decía que el Gobierno de Andalucía tendrá sus manos libres para hacer su plan sanitario. Le recuerdo a la señora Pastor -que hoy no está- que, para evitar las desigualdades entre los territorios que tanto
han propugnado ustedes, se ha presentado en estas Cortes la ley para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión. No tendrá las manos libres, tendrá que cumplir unos principios, y para eso está el Consejo Interterritorial de Salud.
Díganos qué demandas tiene ese paciente o ese grupo de pacientes que ha venido y díganos qué cuestiones son las que les preocupan para que podamos conjuntamente preguntar al ministerio. Pero no inventen, por favor, no inventen. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
- SOBRE ABUSOS EN LAS LLAMADAS COMERCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/004015).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Pasamos a la proposición no de ley sobre abusos en las llamadas comerciales, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista y con número de expediente 161/004015. Para la defensa de la iniciativa, y por
un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Sánchez Jódar.
La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Gracias, presidente.
La proposición no de ley que mi grupo presenta aquí esta mañana quiere visibilizar una realidad que sufrimos todas las personas consumidoras y usuarias o que hemos sufrido en algún momento, que es el abuso de llamadas comerciales
reiterativas para tratar de venderte un producto cuando realmente no existe una relación de consumo en muchos de los casos, y aun existiendo. Además, es una realidad de la que se quejan muchos ciudadanos y ciudadanas y que, paradójicamente, la ley
ya prohíbe en bastantes situaciones.
El planteamiento que subyace en esta propuesta que presentamos es el de que la suma de los agentes en materia de consumo deben ser capaces de hacer que el acoso telefónico de diferentes empresas acabe cuanto antes, y lo deben hacer gracias a
un intenso trabajo para el mayor fortalecimiento posible del conocimiento de sus derechos por parte de los consumidores con una dinámica progresiva de denuncias, de inspección y de sanción por parte de las administraciones competentes. Realizar
propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, por fax, por correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia constituye una práctica que en infinidad de casos se puede considerar ni más ni menos que agresiva por constituir un acoso
desleal hacia los consumidores. Por ello, hay que recordar la Ley de Competencia Desleal, que en su artículo 8 regula las prácticas agresivas y considera desleal todo comportamiento que, teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea
susceptible de mermar de manera significativa mediante acoso la libertad de elección o conducta del destinatario en relación con el bien o servicio correspondiente. Es acoso, según la doctrina jurídica, el hecho de perseguir, importunar, incomodar
o apremiar al consumidor como medio para obtener su decisión de compra o de determinar su comportamiento en el marco de una relación ya establecida. Es cierto que cualquier contacto personal entre el consumidor o el usuario que responda a las
técnicas de marketing directo no puede calificarse como acoso y que solamente tendrán la consideración de prácticas desleales de este tipo si se realizan
de manera persistente o en contra de la voluntad expresa del consumidor. Hay que recordar también que la Ley de Competencia Desleal considera desleal realizar esas propuestas cuando el consumidor ha dejado constancia expresa de su oposición
a seguir recibiendo propuestas comerciales, exigiéndose, para que el consumidor pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición, que en esas propuestas por vía telefónica las llamadas se realicen desde un número de teléfono identificable.
Además, el Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige en el caso de comunicaciones comerciales telefónicas que se informe explícita y claramente al
inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario sobre la identidad del empresario y que en ningún caso esas llamadas se realicen antes de las 9:00 horas, más tarde de las 21:00 horas, en festivos o en fines de semana.
Nos encontramos, pues, ante un escenario paradójico en el que nuestra normativa interna ampara a los consumidores para frenar este tipo de conductas, pero existe una generalizada sensación entre la ciudadanía de desprotección frente a la
reiteración de ofertas comerciales, principalmente telefónicas, a las que nos vemos sometidos cotidianamente. Por tanto, parece claro que esta sensación de vulnerabilidad no estaría provocada por una falta de regulación, sino más bien por un
incumplimiento taxativo en muchos aspectos de la normativa vigente por parte de determinadas empresas y también por el desconocimiento de los consumidores en algunas ocasiones de los mecanismos con los que cuentan para dejar de recibir ofertas no
deseadas, y ello a pesar del habitual buen trabajo al respecto de organizaciones de consumidores y de instituciones oficiales en materia de consumo. Por ello, el planteamiento de nuestra moción es doble. Por un lado, promover la realización de
campañas de información y divulgación a través del Consejo de Consumidores y Usuarios sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias, así como sobre la forma de ejercerlos frente a prácticas comerciales desleales, especialmente en
relación con ese derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales telefónicas no deseadas. Por otro lado, impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial de Consumo la realización de campañas de inspección de la publicidad
comercial y de las prácticas comerciales desleales con las personas consumidoras con objeto de garantizar una efectiva aplicación de la normativa que protege a consumidores y usuarios frente a esas prácticas que, como decimos, en muchas ocasiones
hartan literalmente a una gran parte de la ciudadanía.
Gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
En defensa de las enmiendas presentadas, y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, por el Grupo VOX, la señora Jara Moreno.
La señora JARA MORENO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Dentro de las herramientas que existen en publicidad para la promoción de distintos productos, como pueden ser anuncios en televisión, radio, prensa, aplicaciones en el teléfono, correo electrónico y llamadas
telefónicas, habría que reseñar que estas últimas resultan especialmente molestas. Estas llamadas interrumpen cualquier actividad de la vida cotidiana y en muchas ocasiones es simplemente una grabación y no un comercial al que poder expresar que no
deseamos más contactos telefónicos. Se atenta de esta forma contra los derechos de los consumidores al no poder comunicarse con el interlocutor. Los horarios en los que con más frecuencia realizan estas llamadas las empresas son durante las
comidas, interrumpiendo así la vida familiar de los usuarios o consumidores y su descanso, al igual que se suceden durante el horario laboral o mientras realizamos actividades peligrosas como, por ejemplo, conducir.
Así pues, estamos de acuerdo en buscar maneras para que los consumidores se puedan comunicar con las empresas y hacerles ver que están pecando de agresividad e intromisión en la vida de las personas y que están limitando el derecho a la
intimidad y el derecho a decidir si se atiende o no la llamada, ya que no se sabe quién la realiza hasta que se descuelga. Hay que dar también al usuario la posibilidad de limitar la entrada de llamadas publicitarias y expresar su disponibilidad o
no para atender publicidad promocionando iniciativas como la conocida Lista Robinson. Se puede restringir la publicidad no deseada inscribiéndose de forma gratuita y voluntaria en este fichero de exclusión publicitaria gestionado por la Asociación
Española de la Economía Digital. Esta lista debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas. Pese a que el consumidor esté inscrito en la Lista Robinson, los comerciantes
pueden remitir publicidad de sus productos o servicios a los clientes si se les ha dado consentimiento. Al inscribirse el usuario en la Lista Robinson,
puede elegir el medio o canal de comunicación a través del cual no desea recibir publicidad: correo postal, llamadas telefónicas, correo electrónico u otro medio. Por ejemplo, la inscripción de los datos en esta lista puede ser una buena
solución para evitar las llamadas telefónicas dirigidas a promocionar los productos o servicios de empresas a las que no se haya prestado consentimiento para que hagan publicidad o de las que no se sea cliente; solo hay que registrar los números de
teléfono en los que no se desea recibir ofertas comerciales. Por tanto, habría que promocionar acciones desde la Administración similares a esta a fin de proteger a los consumidores.
Estamos de acuerdo con los dos puntos del petitum, pero creemos que se podría complementar el primero con la siguiente enmienda de adición: sustituyendo la expresión 'personas consumidoras y usuarias' en consonancia con el artículo 51.1 de
nuestra Constitución española, que hace referencia a la protección de 'los consumidores y usuarios'. En segunda instancia, y tal como se recomienda desde la Agencia Española de Protección de Datos, la inscripción de los datos en la Lista Robinson
puede ser una buena solución para evitar las llamadas telefónicas promocionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Callejas.
El señor CALLEJAS CANO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Creo que las palabras molestia, frustración, desconfianza, reticencia e incluso hartura es lo que la mayoría de los españoles sentimos ante el exceso de las llamadas telefónicas para realizar ventas a puerta fría o lo que también se denomina
spam telefónico. El Grupo Parlamentario Popular está radicalmente en contra de este abuso y proponemos la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 96.2, de manera que quede
redactado del modo que sigue: 'En el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente al inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario la identidad del empresario o, si procede, la identidad de la persona
por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar la finalidad comercial de la misma. En ningún caso las llamadas telefónicas se efectuarán fuera del periodo de las 9:00 a 14:00 horas o de las 16:00 a las 21:00 horas, ni en festivos ni
en fines de semana'. Dicho de otro modo, en primer lugar, queremos que sea obligatorio que sepamos desde el primer segundo quién nos llama; en segundo lugar, para qué, y, en tercer lugar, que no puedan llamarnos nunca en periodos de tiempo de
descanso u horas habituales de alimentación, así como que se respete la insularidad. Señorías, dicho en román paladino: la comida y la siesta en España han de ser respetadas. (Una señora diputada: ¡Y la cena!).
El Grupo Popular está a favor de que se realicen campañas de divulgación y formación dirigidas a todos los consumidores en colaboración con las asociaciones y organizaciones de consumidores de cualquier tipo, ya que es la mejor manera de
prevenir abusos y de que toda la ciudadanía sepa cómo defender sus derechos. En cambio, desde el Grupo Popular creemos que la realización de campañas de inspección de la publicidad comercial y de las prácticas comerciales en relación con las
llamadas telefónicas abusivas no sería eficaz, ya que dichas llamadas son difícilmente comprobables mediante una campaña de inspección, siendo más adecuado hacer las comprobaciones partiendo de una causa real, de una persona que presente una
reclamación o denuncia. En este sentido, me gustaría aportarles la información que ha confeccionado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, en relación con la identificación de las llamadas abusivas, siendo los datos abrumadores.
(Muestra un gráfico). Lo pueden ver en este gráfico. El 66 % de las llamadas -es decir, dos de cada tres-son imposibles de identificar cuando se devuelve la llamada al número desde el que te han llamado: el 7 % siempre comunica, el 17 % no se
identifica, el 27 % no da tono o se corta y en el 49 % sale un mensaje grabado. No obstante, el 34 % -es decir, una de cada tres- sí se puede identificar, pero en el 33 % de ellas es imposible darse de baja para que no te vuelvan a llamar; en el
37 % es dudoso que te puedas dar de baja y solamente en el 30 % te puedes dar de baja de los ficheros donde aparecen tus números de teléfono. En resumen, actualmente solo el 10 % de las personas que no quieren recibir llamadas abusivas o spam
telefónico logran su objetivo.
Para solucionar este problema, nos hacemos eco de lo que desde la Federación de Usuarios Consumidores Independientes de Castilla-La Mancha, FUCI, su presidente, Pedro Romero Rodríguez, propone, que es que se regule legislativamente la
obligación de velar por el cumplimiento de la Lista Robinson. Esta lista es un servicio gratuito de exclusión publicitaria a disposición de los consumidores que tiene como objetivo la disminución de la publicidad que estos reciben. ¿Cómo se puede
hacer?
Inscribiéndose en la página web www.listarobinson.es, especificando que no se desea ser contactado por teléfono, correo postal, correo electrónico o mensajes SMS. De esta manera solo podrán contactarte las empresas a las que des un
consentimiento expreso. Otra opción sería usar la función de identificación de llamadas spam que ofrecen algunas versiones de IOS y Android; y otra, buscar el número de teléfono en Internet para ver a qué empresa pertenece o si el número figura en
alguna lista de spam o números sospechosos.
Finalmente, he de decir que me sorprende que el grupo proponente de esta PNL se preocupe de promover inspecciones de la publicidad comercial en materia de llamadas, pero que impida en este Parlamento que se tramite la proposición de ley para
regular la publicidad sanitaria que trajo el Grupo Popular a estas Cortes el pasado 28 de abril y que estaba dirigida a proteger a los pacientes y a los sanitarios. No dejaron ustedes ni que se iniciara su tramitación y he de decirles, dado que
estamos en la Comisión de Sanidad, que todos los colegios profesionales sanitarios -repito, todos- estaban de acuerdo con ella: Medicina, Odontología, Enfermería, Farmacia, Psicología, Fisioterapia y Veterinaria. En fin, desde el Grupo Popular
apelamos a la coherencia y a trabajar parlamentariamente con seriedad y en favor del bien común.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Finalmente, y a los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, tiene la palabra la señora Sánchez Jódar.
La señora SÁNCHEZ JÓDAR: No aceptamos las enmiendas. Se mantiene en sus términos.
Gracias.
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
- RELATIVA A LA EQUIDAD, UNIVERSALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/004180).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Pasamos al siguiente punto. Proposición no de ley relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Común
Podem-Galicia en Común, y con número de expediente 161/004180. Para la defensa de la iniciativa, y por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la portavoz del grupo parlamentario, la señora Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Gracias, señor presidente.
El Ministerio de Sanidad acaba de remitir al Congreso el anteproyecto de ley de equidad sanitaria que, en palabras de la ministra Darias, va a blindar la sanidad pública. Sin embargo, pese a meses de propuestas y de negociaciones, en
nuestra opinión el texto del Ministerio de Sanidad no sirve para impedir que se siga privatizando el Sistema Nacional de Salud y que grandes empresas privadas se lucren a su costa. El principal motivo es que la ley Darias no deroga la Ley 15/1997
con la que el Gobierno de Aznar abrió las puertas a que las empresas privadas hiciesen negocio con la sanidad pública, algo que va en detrimento de la calidad de la atención que reciben los pacientes. El texto del ministerio se limita a decir que
los servicios sanitarios se gestionarán y se prestarán preferentemente de forma pública, pero permite que en condiciones de excepcionalidad se externalicen y privaticen, es decir, que el proyecto de la ley Darias se queda en un ejercicio de retórica
que no va más allá porque no define ni concreta cuáles son esas circunstancias excepcionales en las que se podrá privatizar la asistencia sanitaria; en otras palabras, cualquier supuesto es susceptible de ser calificado como excepcional o bastará
simplemente un informe HADO. De esa manera, un Gobierno autonómico que así lo establezca, podrá seguir troceando, privatizando y dejando en manos de multinacionales y fondos buitre nuestra sanidad, como sucede en Madrid, por ejemplo.
Esta preocupación de Unidas Podemos es la misma que expresó este martes, por ejemplo, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, quien alertó de que la norma que propone el
Partido Socialista y el Ministerio de Sanidad no es adecuada precisamente porque las excepcionalidades quedan a criterio de cada comunidad autónoma, por lo que no se lograrán revertir las privatizaciones. Lo que es necesario -añadió- es que todo el
dinero que va a los conciertos con la sanidad privada se dedique a reforzar el sistema público. Como dice Sánchez Bayle,
la ley Darias es insuficiente para hacer frente a gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso, que ya han demostrado sobradamente no tener escrúpulos a la hora de entregar los servicios públicos a grandes empresas privadas. Por ejemplo, según
datos de IDIS, la patronal de la sanidad privada, la Comunidad de Madrid gasta más de 902 millones de euros al año en conciertos -dato de 2020- y casi 1 de cada 10 euros del presupuesto sanitario se va al bolsillo de empresas privadas, un 30 % más
que en 2008. ¿Alguien duda de que Ayuso encontrará la manera de fabricar los informes necesarios para justificar más privatizaciones por mucho que Darias recomiende la gestión pública?
Conscientes de este problema, desde Unidas Podemos hemos planteado alternativas para mejorar el texto del Ministerio de Sanidad. En este sentido, para que esta norma sea realmente valiente y ambiciosa en defensa de la sanidad pública, hemos
sugerido especificar la excepcionalidad; especificar, por ejemplo, que en ningún caso podrá privatizarse por completo un área de salud. Pero el ministerio rechaza este tipo de acotamiento, este tipo de regulación, porque, desde nuestro punto de
vista, en realidad no quiere desprivatizar.
La conclusión es que el texto actual de la ley de cohesión del Ministerio de Sanidad mantiene el espíritu de la ley Aznar y no revisa a fondo esa norma, lo que va en contra de los acuerdos de coalición con Unidas Podemos. Esta posición de
nuestro socio de gobierno para nosotros es decepcionante, porque la salud es un derecho constitucional que debe garantizarse mediante un sistema público que tenga como única finalidad el bienestar de los ciudadanos y no la obtención de beneficios
empresariales, porque la colaboración públicoprivada establecida en la actualidad es una parasitación de lo público por parte de empresas privadas que solo obtienen beneficios y no arriesgan absolutamente nada. Es decir, clientes asegurados y
dinero público. Los modelos de gestión privada se han demostrado totalmente ineficientes e implican básicamente una fuente de dinero para empresas privadas absolutamente parasitarias.
Presentamos aquí esta PNL porque es un foro más en el que podemos seguir defendiendo por todas las vías posibles una equidad real, una universalidad real y, desde luego, la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Por eso, pedimos el apoyo a
esta PNL.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
En defensa de la enmienda presentada, y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Prieto.
La señora PRIETO NIETO: Gracias, presidente.
Señorías, hoy Unidas Podemos nos trae a debate una iniciativa relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Hay que decir que el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros del pasado 14 de junio una
importante medida en materia de sanidad, un proyecto de ley que consolida la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, estamos ante un proyecto de ley que consolida la equidad, la universalidad y el sistema
público de salud de nuestro país para todos los ciudadanos, a cuyo desarrollo nadie debería considerarse ajeno.
Este proyecto de ley emana del programa de Gobierno progresista de coalición trazado bajo la premisa de que el sistema sanitario público es uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar, y cumple con los compromisos del programa
electoral del Partido Socialista.
Tenemos la experiencia de más de cuarenta años de haber puesto en marcha un sistema sanitario con las características que conocemos todas las personas que estamos aquí, que venía de un sistema de Seguridad Social de la época franquista. El
salto cualitativo se dio a partir de los años ochenta, cuando en 1986 se concretó el modelo sanitario actual de acceso universal, un gran triunfo del socialismo para nuestro país y para nuestra sociedad que resultó de la aprobación de la socialista
Ley General de Sanidad -por cierto, les recuerdo que la derecha en ese momento se abstuvo en la votación-, pero ahora el objetivo es blindar la sanidad pública y para ello el proyecto de ley está alineado y diría que es más amplio que la proposición
no de ley que hoy debatimos. Identifica como modelo de gestión del Sistema Nacional de Salud la gestión directa, evitando la privatización de servicios. Además, es una medida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contribuirá a
contar con un modelo sanitario más robusto y resiliente.
Señorías, este proyecto de ley de equidad sanitaria, consensuado con todos los ministerios, amplía y devuelve a la ciudadanía derechos que desacertadamente gobiernos anteriores habían suprimido. Por ejemplo, en relación con la protección
del derecho a la salud y la atención sanitaria, avanza en el desarrollo del decreto ley de Pedro Sánchez, que recuperó la universalidad en 2018 y revirtió el desacertado Real
Decreto Ley 16/2012 del Gobierno del PP. De esta manera, amplía el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a
territorio español y a sus familiares que los acompañen y a las personas ascendientes reagrupadas por su hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria. Señorías, garantiza la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a
la salud a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España; recupera también la cartera común de servicios única, que evita barreras de acceso a personas vulnerables, y fija las garantías necesarias para evitar nuevos copagos
implementados por los Gobiernos del PP. ¿Se acuerdan, señorías del Partido Popular? (Rumores). Pretendían establecer los copagos hospitalarios (risas), medidas poco inteligentes sanitariamente hablando.
Señorías, el Gobierno de coalición ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos, beneficiando a unos 6 millones de personas consideradas vulnerables. Este proyecto elimina el copago ortoprotésico a estos colectivos; concreta
la medicina de precisión, personalizada y predictiva; incorpora el establecimiento de mecanismos estructurales de coordinación entre los servicios sanitarios sociales y, en su caso, educativos, lección evidente de esta pandemia; establece la
evaluación del impacto de salud en las iniciativas legislativas del Gobierno; incorpora la voz de los pacientes, de las personas con discapacidad y de la ciudadanía a través del Foro Abierto de Salud, que se constituye como un órgano de
asesoramiento del Sistema Nacional de Salud de carácter permanente; incorpora una previsión relativa al FOGA, posibilitando el desarrollo reglamentario que garantizará la cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud, y deroga la Ley 15/1997,
pues en su disposición derogatoria única dice que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley y, en particular, con la Ley 15/1997, de 25 de abril,
sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud. El proyecto de ley, que como he dicho al principio ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, ya recoge los compromisos contenidos en programa de Gobierno, los cuales
acabo de describir.
Por todo lo expuesto, la proposición no de ley no nos parece necesaria y, por lo tanto, nos abstendremos.
Señorías -y voy terminando ya, presidente-, ojalá todos los grupos políticos estemos a la altura de lo que España y sus ciudadanos necesitan.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, de menor a mayor y por un tiempo de tres minutos, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como saben ustedes, en las democracias la gente vota con las manos y con los pies; es decir, votamos con las manos en los procesos electorales y votamos con los pies si no nos gusta el país donde vivimos o su sistema. En los
países comunistas se construye es un muro para que los habitantes no huyan y esto es lo que pretende Podemos. Hemos asistido aquí a una especie de combate, de tongo, en términos de boxeo, en el que, en algún sentido, ha parecido que se ha dicho:
no me haces caso en el Consejo de Ministros, ¡qué triste estoy!
No estamos discutiendo aquí la proposición de ley, señora Prieto, estamos discutiendo la proposición no de ley de Podemos, que pretende, en definitiva, acabar con la provisión privada de servicios sanitarios. ¿Dónde están las propuestas
para reformar el sistema público en esta PNL? ¿Dónde están las propuestas para aumentar la excelencia? ¿Dónde están las propuestas para aumentar la calidad de los resultados? ¿Dónde están las propuestas para recompensar a los sanitarios,
especialmente durante la epidemia? ¡Si nosotros tenemos una Ley 16/2003 que recoge la garantía de respuesta de calidad asistencial como un compromiso público! ¡Y estos compromisos no se cumplen en miles de casos al año! Hay 706 000 casos de lista
de espera quirúrgica y es algo constante. ¿Por qué es constante? Porque es un mal endémico de la sanidad pública.
En 2021 se ha incrementado el número de pacientes en lista de espera de consulta de especialista y, además, hay inequidad dependiendo de las autonomías y -paradójicamente, dirán ustedes, pero racionalmente, decimos nosotros- desde 2015 el
número de asegurados en la sanidad privada ha pasado de 9 238 000 a 11 553 000. Es decir, los españoles buscan otros servicios que la sanidad pública no da. Ustedes no proponen mejoras, ustedes lo que quieren es encerrar a los españoles en un
sistema que se ha demostrado
ineficiente para disminuir las listas de espera, es decir, secuestrar a los españoles, cuando la sanidad privada asume el 30 % del gasto sanitario y el 40 % de la actividad en España. Ustedes van a aumentar la inequidad y las listas de
espera y van a castigar a los españoles e impedir que mejoren su asistencia.
Además, con ese muro que quieren construir los señores de Podemos, en el que los españoles no pueden tener servicios privados, pretenden garantizar que todo el mundo venga a España para tener asistencia sanitaria, porque sabemos que el
empadronamiento se puede hacer sin presencia física y que es un coladero. Lo que van a hacer es impedir a los españoles que tengan un servicio privado, si quieren, y, eso sí, meter a todo el mundo, a todos los habitantes de la tierra, en un sistema
público que, señorías -siento mucho decirlo porque siempre he trabajado para la medicina pública-, se ha demostrado ineficiente y está ahora en una crisis tremenda.
En estos momentos necesitamos juntar todos los recursos, públicos y privados, para dar garantía de una buena asistencia sanitaria a los españoles. Ustedes quieren encerrar a los españoles y, además, sustituirlos por todos los habitantes de
la tierra y no lo vamos a consentir.
Gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias.
No creo que la función de esta Comisión del Congreso de los Diputados sea escuchar las desavenencias del Consejo de Ministros o recibir los lamentos de Podemos por su falta de capacidad dentro del Gobierno. No estamos aquí para consolar sus
frustraciones, estamos para otra cosa y me parece que esta escena que hoy alcanza casi sus máximas cotas se repite prácticamente de manera asidua en cada una de las sesiones de esta Comisión.
Porque lo que es cierto, y ya se ha repetido, es que hace apenas unos días se aprobó un proyecto de ley en el Consejo de Ministros, del que su fuerza política forma parte, al menos de momento, se remitió un texto a las Cortes Generales para
su debate y se hizo además con urgencia. Probablemente, me atrevo a decir que con urgencia electoral, porque el proyecto llevaba remansado más de seis meses en la mesa del Consejo de Ministros porque no había urgencia alguna, pero, de repente, en
plena campaña electoral de Andalucía, se vio. Y supongo que esa misma urgencia les ha llevado ustedes a registrar esta PNL para debatirla hoy aquí y para que seamos todos testigos de sus malas relaciones internas dentro del Gobierno.
Creo que el truco de la sanidad pública no les funciona y no les funciona de manera reiterada, y es difícil entender cómo ustedes no se dan cuenta. Tras décadas de gestión del Sistema Nacional de Salud por gobiernos nacionales del Partido
Popular en su momento y por muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular durante décadas, los ciudadanos solo ven año tras año cómo se mejora la calidad de los servicios públicos y esos mismos gobiernos lo único que reciben es la reválida, una y
otra vez, de los ciudadanos que les votan reiteradamente.
Es difícil entender cómo usted se empeña una y otra vez en traer a la Comunidad de Madrid aquí después del vergonzoso resultado electoral que su formación política obtuvo. Supongo que dentro de poco nos hablará de Andalucía, después del
vergonzoso resultado electoral que su fuerza política ha obtenido. Es decir, empeñarse en que los ciudadanos son idiotas y no entienden la calidad de los servicios públicos que reciben es una forma de hacer política realmente peculiar. (Aplausos).
El dictamen, que también por urgencia ha emitido el Consejo Económico y Social, donde están representados los sindicatos y las fuerzas sociales -le recuerdo-, indica con mucha precisión que, tras más de veinticinco años, se carece hasta
ahora de un sistema de evaluación de resultados en salud de las distintas fórmulas de gestión, sean tanto públicas directas como públicoprivadas, que no hay evidencias y que no existen indicadores comunes y homogéneos que faciliten la toma de
decisiones. Es decir, lo único que trae usted aquí son prejuicios una y otra vez que carecen de cualquier fundamento en dato o evidencia alguna.
Conviene que esto le quede perfectamente claro, entre otras cosas, porque el Gobierno del que usted forma parte hace exactamente lo contrario de lo que ustedes predican. Es decir, nos habla de dedicar más recursos y le recuerdo -y con esto
termino ya- que el Plan de estabilidad remitido por su Gobierno -por su Gobierno, insisto- a la Unión Europea habla de un recorte progresivo del PIB destinado a la sanidad pública, que pasará del 7,1 %, que el Gobierno dice estar invirtiendo en este
año, al 6,9 % en 2023 y al 6,7 % en 2024 y 2025. ¡Y su Gobierno es el mismo que no ha dedicado fondos europeos al gasto
sanitario, salvo en un 1,4 %! ¡Ese es su Gobierno! Por tanto, lo único que le pido es coherencia y honradez, porque se está en el Gobierno para hacer algo y, si no se hace, lo mejor es abandonarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
Finalmente, solo a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Se votará en sus términos.
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
- SOBRE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/004215).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Pasamos al último punto, que es la Proposición no de ley sobre la garantía de calidad de vida de los pacientes electrodependientes. Su autor es el Grupo Parlamentario Republicano. Número de expediente
161/004215.
Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, Xavier Eritja. Intervendré y volveré a subir.
La señora SECRETARIA (Angulo Romero): Efectivamente, el señor Eritja tiene la palabra.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias.
Todos hemos sido testigos de las diferentes medidas legislativas encaminadas a contener los efectos de la crisis tarifaria energética, por un lado, en el tema de hidrocarburos, y, por otro, en el tema de tarifas eléctricas. Precisamente,
fruto del conflicto de Ucrania, aunque ya sabemos que desde hace meses y años se está hablando de que realmente hay una cierta crisis del modelo energético, esas medidas afectaban a sectores económicos específicos, como, por ejemplo, el
transportista o el agrario, pero también se han aprobado medidas más genéricas y específicas para aquellos colectivos más vulnerables, y aquí estamos hablando de colectivos vulnerables.
A un paciente electrodependiente la escalada del precio de la luz le supone un incremento medio de 30 a 60 euros al mes, es decir, unos 600 euros mensuales. Además, la nueva regulación eléctrica establece un precio diferente según la hora
del día, siendo la franja de doce de la noche a ocho de la mañana la más barata. Esto fuerza un poco a que algunos pacientes que tienen capacidad de gestionar el horario de su tratamiento, temerosos de que la factura de luz se incremente, adapten
su tratamiento muchas veces a horas muy tempranas, saltándose el ritmo habitual; eso siempre y cuando los pacientes puedan tener capacidad en la gestión de los horarios y del propio tratamiento. Lo importante es que son tratamientos de soporte
vital y suponen una clara mejora de su calidad de vida. En algunos casos, si me permiten magnificarlo, aunque soy consciente de que puede exagerarse, son decisiones de vida o muerte.
Aunque en la exposición de motivos nos hemos centrado, sobre todo, en las demandas de los pacientes que necesitan terapia renal sustitutiva -es evidente que la diálisis peritoneal es la mejor alternativa costeefectiva para la sostenibilidad
del tratamiento con diálisis y que, aunque acaba suponiendo un ahorro significativo al sistema sanitario también debemos tener en cuenta que traslada los costes energéticos a las familias- no solo se trata de ese tipo de pacientes, ya que hay casos
paradigmáticos precisamente de pacientes adultos con secuelas de ataques cerebrovasculares y de accidentes viales, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, con diabetes, con hipertensión arterial o con enfermedades neuromusculares que
utilizan maquinaria con unos costes energéticos importantes. En el caso de los niños, la prematuridad extrema, las enfermedades congénitas y las diversas afecciones neuromusculares requieren apoyo ventilatorio mecánico, entre otros.
Aunque no quiero alargarme mucho porque ya en la exposición de motivos hemos detallado en cada caso concreto hasta qué punto es necesaria una intervención en ese sentido, voy a hacer referencia a la Ley de electrodependientes, aprobada en
Argentina en mayo de 2017, que beneficia, con un tratamiento tarifario especial gratuito, a todos aquellos pacientes que requieran de un suministro eléctrico constante y con niveles de tensión eléctrica adecuados para poder alimentar el equipamiento
médico prescrito por un médico matriculado y necesario para evitar riesgos en su vida o salud. Hago referencia a esto porque ha habido experiencias legislativas en ese sentido y en esa vía. También disponen de un registro y un modelo de
acreditación, que es otro elemento importante.
Sin alargarme más, quería hablar sobre las enmiendas que han presentado tanto el Grupo VOX como el Grupo Popular. Realmente, en las enmiendas se insiste, sobre todo -creo que es el punto más importante-, en la creación de un registro;
incluso VOX llega mucho más allá al hablar de unas variables muy concretas. En ese sentido, hemos valorado realmente esta propuesta o ese elemento de la elaboración de un registro, creemos que es importante, y estamos elaborando una transaccional,
sobre todo con el Grupo Popular, donde incorporamos un punto que habla de que debe ser en el Consejo Interterritorial donde se deben tomar, de alguna manera, las decisiones y los acuerdos de los que estamos hablando. Estamos en el proceso de acabar
de definir la transaccional y, en todo caso, una vez lo haya hablado con los portavoces de las enmiendas, la repartiremos al resto de portavoces.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora SECRETARIA (Angulo Romero): En defensa de las enmiendas presentadas, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Steegmann.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor Eritja, no sé con qué portavoz ha hablado de VOX, pero aquí estoy.
Voy a ser muy breve. Nosotros proponemos una modificación en el primer punto. Quiero hacer una previa, haciendo un matiz. Lo que proponen es absolutamente justo, nosotros lo vamos a apoyar, independientemente de que admitan o no nuestra
enmienda que, como usted reconoce, es una enmienda puesta en razón. Es puesta en razón porque hacer un registro de personas electrodependientes, de enfermos crónicos electrodependientes es fundamental. Tenemos, efectivamente, experiencias
internacionales, y estas variables que nosotros hemos puesto aquí son las variables que se recogen en algunos países que ya tienen registros. Nosotros creemos que es una enmienda en positivo y que construye, como todas las que hacemos.
Por otra parte, señalo la mínima variación acerca de que nosotros no poníamos personas electrodependientes, sino personas con enfermedades crónicas que sean electrodependientes. La electrodependencia también debe incluir, como ha dicho su
señoría de Esquerra Republicana de Catalunya, otros grupos de pacientes que están detallados: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; incluso pacientes con apnea del sueño; por supuesto, pacientes con enfermedades neuromusculares, como usted
ha mencionado. Es absolutamente necesario saber cuántos pacientes tenemos en España que son electrodependientes, pero no solamente necesitamos saber cuántos son, sino esas variables tan específicas que hemos puesto de potencia, por ejemplo, del
aparato que utilizan. Es importante que instemos a que en ese registro se pongan esas variables para saber no solamente el consumo individual, que es distinto dependiendo del aparato -si puedo hacer una pequeña digresión, aprovechando, además, que
está el doctor Salvá, que es urólogo, pero que también entiende mucho de nefrología-; es distinto el consumo de un aparato de hemodiálisis domiciliaria que, señorías, los hay, aunque la mayoría se hacen con diálisis peritoneal. Como posiblemente
saben ustedes, los aparatos de hemodiálisis domiciliaria no consumen tanta electricidad, aunque necesitan unas habilitaciones técnicas por parte de los pacientes y un entrenamiento más sofisticado que el de la diálisis peritoneal.
Por lo tanto, nosotros creemos que está muy puesta en razón. Creemos que nuestras enmiendas son muy constructivas y que enriquecen una ya de por sí interesante proposición no de ley. Dicho esto, apoyaremos la PNL, y sí nos gustaría leer lo
que dice usted que me ha enseñado, la enmienda transaccional.
Muchísimas gracias.
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
En defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Popular, en último lugar, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias presidente.
Efectivamente, los españoles están viviendo un año terrible como consecuencia de unas políticas que están empobreciendo a las familias, que este año pagarán de media 500 euros más por la cesta de la compra, 1000 euros más por la gasolina o
600 euros más por la luz. Familias que tienen que elegir ya entre un servicio básico u otro porque no pueden hacer frente a todos. Desde junio de 2021, el precio de la luz no ha parado de subir, por eso, el Partido Popular lleva meses proponiendo
medidas para bajar la factura de la luz y mejorar el bono social. Lo hemos hecho -y todos son testigos- muchas veces en
esta Comisión y siempre hemos contado con el rechazo de la izquierda. Han tenido que recibir los señores del Gobierno un baño de realidad para que por fin acepten una de las propuestas hechas por el presidente Feijóo de bajar el IVA de la
luz al 5 %. Cuántas situaciones angustiosas se hubieran evitado si hubieran tomado a tiempo esta medida. Nosotros nos alegramos, aunque llegue tarde, pero es insuficiente, porque si la situación es inasumible para la mayoría de los ciudadanos,
piensen en las personas que por padecer una enfermedad necesitan, para poder vivir o evitar riesgos graves en su salud, de dispositivos que funcionan con suministro eléctrico, como aquí se ha dicho, los pacientes electrodependientes. Ya en 2018
esta Comisión aprobó una PNL del Partido Popular para regular la figura del electrodependiente, para que se establecieran ayudas para afrontar el coste de la luz y para su inclusión en el bono social eléctrico. Se aprobó por unanimidad, pero el
Gobierno no ha ejecutado nada. Ahora, la desorbitada subida de la luz está afectando negativamente a la salud de estas personas. Hablamos, por ejemplo, de los más de 4000 pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis
domiciliaria; un tratamiento un 30 % más efectivo que un tratamiento similar en centros sanitarios. Y, como denuncia la Sociedad Española de Nefrología, están rechazando muchos pacientes porque recibir esta diálisis en casa se ha convertido en un
lujo que no pueden permitirse, porque su factura ha crecido un 40 %, algo que puede repercutir directa y negativamente en su salud, especialmente en personas con rentas bajas.
Pero hablamos también, como aquí se ha dicho, de pacientes con EPOC, de ELA, con hipertensión pulmonar que necesitan que sus sistemas de respiración estén conectados prácticamente todo el día o unas condiciones ambientales óptimas. Esto,
señorías, a nuestro entender, es una injusticia que no podemos permitir, porque esos dispositivos son el tratamiento que su médico les ha prescrito; un dispositivo que sí les facilita el sistema de salud, pero no el suministro necesario para que
funcione: la electricidad, que ha de correr por su cuenta. ¿Creen ustedes que estas personas pueden pagar las horas de luz que necesitan, a veces todo el día, a 545 euros el megavatio hora como ha llegado a estar? Estamos además ante la paradoja
de que en casos como la diálisis domiciliaria supone para el Sistema Nacional de Salud un ahorro respecto al coste del mismo tratamiento en un centro sanitario.
Ante esta situación de vulnerabilidad, entendemos que no se ha hecho nada, porque las medidas que ha anunciado el Gobierno no les han servido para nada a estos pacientes, porque la luz, bien esencial de su tratamiento médico, ha seguido
subiendo y subiendo, algo que contribuye a añadir angustia a su enfermedad y que a algunos les lleva a no seguir correctamente el tratamiento o a hacerlo alterando significativamente sus condiciones de vida. Por eso, como ya hicimos en el año 2018,
el Partido Popular tiene registrada en esta Comisión una iniciativa para poner en marcha medidas específicas o ayudas que permitan financiar el coste de la electricidad, que impulse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud esa
homogeneización de ayudas para estos pacientes como destinatarios prioritarios de las medidas de choque para paliar el impacto de la subida de la luz.
En la enmienda que hemos presentado, como se ha dicho, nosotros hemos vuelto a incluir, como ya hicimos en el año 2018, la necesidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cree un registro de las personas
electrodependientes para garantizar su correcta acreditación e identificación por las compañías eléctricas. Esperamos poder alcanzar ese acuerdo, porque a nosotros lo que el proponente nos ofrece nos parece poco ambicioso, porque fía a que el
Gobierno estudie los mecanismos para garantizar su acceso a la energía eléctrica, y nosotros creemos que la situación complicada de estas personas necesita de actuaciones más concretas y urgentes. No obstante, como aquí se ha dicho, en aras del
consenso y para instar otra vez al Gobierno a que vuelva a tener en cuenta lo que aquí ya se aprobó en su día sobre la situación que viven las personas electrodependientes, apoyaremos, como no puede ser de otra manera, esta iniciativa, aunque, como
digo, seguiremos reiterando unas medidas más urgentes y más específicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
Ahora, en el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor y por un tiempo de tres minutos, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Rosa Medel.
La señora MEDEL PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Nosotras creemos que, efectivamente, las personas electrodependientes -imagino que en el texto quería decir enfermos crónicos electrodependientes- son per se personas vulnerables y, por lo tanto, vulnerables respecto al consumo eléctrico,
por supuesto. Como son vulnerables, por ejemplo, todos los
pacientes o enfermos crónicos frente al copago farmacéutico. Hay copago farmacéutico, y este copago no tiene en cuenta en realidad el nivel de renta. Eso es lo que nosotros echábamos en falta en esta PNL, que se tenga en cuenta esto. Está
claro que la PNL plantea un problema real que es algo que hay que abordar, pero no a todo el mundo por igual. Hay una serie de condiciones que se tienen que tomar en cuenta, por supuesto, pero nos parece que, efectivamente, pone encima de la mesa y
aborda un problema que es muy importante.
Votaremos según cómo quede la transaccional.
Gracias.
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zamarrón.
El señor ZAMARRÓN MORENO: Muchas gracias, señor presidente. Con su anuencia.
Señorías, la presente proposición no de ley, tras la exposición de la problemática de los pacientes con insuficiencia renal severa y sus opciones de tratamiento, que entendemos es ejemplo de una situación de electrodependencia por patología
orgánica, insta al Gobierno español a promover las reformas necesarias de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para que los electrodependientes y personas con enfermedades crónicas puedan acceder a la energía en los términos previstos para los
consumidores vulnerables severos. Esta consideración unívoca entre afectos de enfermedad crónica electrodependientes y consumidores vulnerables severos deja fuera de valoración otros factores de correlación económica que, en conclusión, es lo que
debe ser valorado, es decir, la situación que ha de ser paliable económicamente mediante el bono social eléctrico.
En contraposición a este planteamiento, el Real Decreto 897/2017 define la figura de consumidor vulnerable asociándolo al índice e indicador público de renta de efectos múltiples, y pondera la situación de renta de la unidad vivencial,
estableciendo el grado de necesidad y su compensación mediante el bono eléctrico; además, determina o define los grados de vulnerabilidad.
Finalmente, el muy reciente Real Decreto Ley de respuesta a la guerra de Ucrania reactiva el análisis y dice, entre sus consideraciones, que se incrementarán en cada caso los auxilios si el consumidor o alguno de los miembros de la unidad
tiene una discapacidad superior al 33 % o un grado de dependencia II o III, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Por lo tanto, las condiciones para ser beneficiario del bono social eléctrico no solo abarcan variables
socioeconómicas, sino que, entre otras, se incluyen la situación de discapacidad y de dependencia de los consumidores. Estimamos que es un modo, si complejo, más exacto en la valoración de la vulnerabilidad y de la adecuación de medidas de ayuda
que la presente PNL plantea.
Señorías, no existe democracia que no deba adjetivarse. La nuestra es liberal, social, constitucional y se asienta en los principios y valores de la Unión Europea. Son derechos consustanciales a su naturaleza, por eminencia entre los
derechos ciudadanos, los derechos del hombre en sociedad, derechos que cifro en la educación, la sanidad y los apoyos sociales. Se plantea aquí en torno al ciudadano eléctricamente vulnerable la confluencia de dos de estos derechos: los de salud y
de soporte social. Por tanto, comulgamos con los proponentes en la necesidad y progreso de los derechos que la PNL alienta, sin duda, al menos cuando acciones internas y externas muestran la intención de destruir nuestro Estado de derecho para
quebrarlo en aras de imponer un Estado nuevo, tan viejo y peligroso como los movimientos políticos que se sustentan en ideas fuerza y la acción corrosiva de quienes anteponiendo la codicia ventajista corrompen los pilares de las instituciones y la
confianza de la ciudadanía.
Señorías, sabemos que se está llegando a un acuerdo de transaccional y, por lo tanto, para lograr una mejor aproximación global a los problemas tan importantes que plantean, miraremos la redacción final de la transaccional para definir
nuestra posición de voto.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor SECRETARIO (Eritja Ciuró): Muchas gracias.
Habiendo finalizado ya el debate de las proposiciones no de ley, vamos a hacer una pausa de unos minutos, porque todavía hay algunos grupos que tienen que hablar precisamente sobre sus transaccionales con otros grupos. En todo caso,
dejaremos un tiempo prudencial hasta que empecemos las votaciones; en principio, creo que será suficiente con cinco o diez minutos. (Pausa- La señora presidencia ocupa la Presidencia).
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones.
Se somete a votación la proposición no de ley sobre la acreditación de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo. Esta proposición no de ley se
somete a votación con la incorporación de la enmienda transaccional que se ha presentado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa al tratamiento de los restos de un feto abortado. Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la protección de los consumidores frente a las ofertas promocionales 'sin IVA'. Esta proposición no de ley se somete a votación con la incorporación de la enmienda del Grupo Republicano que ha aceptado el autor
de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas en favor de los pacientes con cáncer renal y para facilitar el acceso sin demoras a las combinaciones farmacológicas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Esta
proposición no de ley se somete a votación con la incorporación de la enmienda de VOX aceptada por el autor de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre abusos en las llamadas comerciales. Esta proposición no de ley se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Esta proposición no de ley se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 15; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, proposición no de ley sobre garantía de la calidad de vida de los pacientes electrodependientes. Se somete a votación esta proposición no de ley con la incorporación de la enmienda transaccional que se ha presentado.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.