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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 693, de 31/05/2022
cve: DSCD-14-CO-693
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 693
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 27
celebrada el martes,
31 de mayo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias:
- De la señora secretaria general de Fondos Europeos, para informar sobre las subvenciones otorgadas bajo el instrumento jurídico de concesiones directas a proyectos piloto durante el año 2021 de los fondos provenientes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/002097) ... (Página2)
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública, para que informe sobre el efecto que ha tenido la inflación sobre los ingresos por tributación en el año 2021. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/001731) ... (Página2)
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública, para explicar las vías de financiación por el Gobierno del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), así como si las partidas presupuestarias del citado
plan para el año 2022 requerirán de créditos extraordinarios, ampliaciones de crédito, suplementos de crédito u otros mecanismos para su financiación. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/001953) ...
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública, para que explique la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados a su Ministerio hasta el 31/03/2022. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 213/002017) ... (Página2)
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Función Pública (Sánchez Milán):
- Para informar del anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. (Número de expediente 212/002164) ... (Página6)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, PARA INFORMAR SOBRE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS BAJO EL INSTRUMENTO JURÍDICO DE CONCESIONES DIRECTAS A PROYECTOS PILOTO DURANTE EL AÑO 2021 DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/002097).
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE INFORME SOBRE EL EFECTO QUE HA TENIDO LA INFLACIÓN SOBRE LOS INGRESOS POR TRIBUTACIÓN EN EL AÑO 2021. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/001731).
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, PARA EXPLICAR LAS VÍAS DE FINANCIACIÓN POR EL GOBIERNO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES (PEIEM), ASÍ COMO SI LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL CITADO
PLAN PARA EL AÑO 2022 REQUERIRÁN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, AMPLIACIONES DE CRÉDITO, SUPLEMENTOS DE CRÉDITO U OTROS MECANISMOS PARA SU FINANCIACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/001953).
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE EXPLIQUE LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA ASIGNADOS A SU MINISTERIO HASTA EL 31/03/2022. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 213/002017).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo al orden del día.
Como todas sus señorías saben, hay cuatro solicitudes de comparecencia, que la Mesa, el pasado día 17, decidió, por mayoría, no celebrar. Por lo tanto, como no hubo unanimidad en el acuerdo, y dada la aplicación del acuerdo de delegación
condicionado en la Mesa, el cual determina competente a esta Comisión de Hacienda, se procede a su debate y posterior votación.
La secretaria de Estado está esperando y, por lo tanto, les comunico a sus señorías que las cuatro solicitudes de comparecencia se agrupan en una. Tendrán un turno de 5 minutos. Las solicitudes de comparecencia son las siguientes: de la
secretaria general de Fondos Europeos, para informar sobre las subvenciones otorgadas bajo el instrumento jurídico de concesiones directas a proyectos piloto durante el año 2021 de los fondos previstos del Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia; de la ministra de Hacienda y Función Pública, para que informe sobre el efecto que ha tenido la inflación sobre los ingresos por la tributación en el año 2021; de la ministra de Hacienda y Función Pública, para explicar las vías de
financiación por el Gobierno del Plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como si las partidas presupuestarias del citado plan para el año 2022 requerirán créditos extraordinarios, ampliaciones de crédito, suplementos de
crédito u otros mecanismos; y la última de la ministra de Hacienda y Función Pública, para que explique la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados a su ministerio hasta el 31 de marzo de 2022.
Así pues, damos comienzo al debate. Por el Grupo Mixto, señor Mazón. ¿Quiere intervenir?
El señor MAZÓN RAMOS: No, gracias. No voy a intervenir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, señor Legarda, ¿desea intervenir?
El señor LEGARDA URIARTE: No, presidente. No haré uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Grupo Ciudadanos, ¿quiere intervenir? (Denegación). Tampoco. El Grupo Republicano, tampoco. Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, ¿quiere intervenir? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
El motivo de por qué nos vemos hoy, antes de que comparezca la secretaria general de Función Pública, es porque este grupo parlamentario, desde que se inició esta legislatura, viene solicitando cada vez que tenemos reunión de Mesa y
portavoces comparecencias que casi siempre están siendo vetadas por el Gobierno.
Les voy a refrescar a sus señorías cuáles han sido las comparecencias que hemos tenido en esta Comisión en esta legislatura. Durante 2020, la ministra vino tres veces, la AIReF vino dos veces, ha habido un debate de PNL durante cinco
sesiones y se ha debatido sobre el proyecto de ley de la tasa Google y modificación de la Ley 58/2003. Durante 2021, vino el director general de la Agencia Tributaria, ha habido cuatro sesiones de PNL, la ministra ha comparecido dos veces, se
debatió el proyecto de ley de fraude fiscal y la AIReF compareció una vez. Durante este 2022, de momento, excepto el director de la Agencia Tributaria y la secretaria de Estado de Función Pública, que viene hoy, no ha habido ni una sola
comparecencia por parte de la ministra ni ningún alto directivo. En relación con estas solicitudes de comparecencia -lo digo para la votación posterior a los demás grupos parlamentarios- entendemos que el veto que está haciendo el Gobierno no nos
parece que sea de justicia porque, además, está evitando la labor de control que los grupos parlamentarios tenemos que hacer al Gobierno.
Por otro lado, VOX solicitó dos comparecencias. La primera, de la secretaria general de Fondos Europeos. ¿Por qué pedíamos esta comparecencia? Nosotros la solicitábamos porque sobre el Real Decreto 902/2021 -se trata de una subvención
concedida a tres proyectos piloto- resulta una recomendada y poco frecuente herramienta de las políticas públicas, que tiene como objetivo realizar experiencias innovadoras con un cierto carácter experimental, con el objetivo de poder extenderlas
con posterioridad al conjunto del sistema. Este real decreto dota con 9 millones de euros. Además, en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, hay una dotación de 109 millones de euros y, al igual, se trata de una subvención concedida a
dieciséis proyectos piloto, mediante una recomendada y poco frecuente herramienta de las políticas públicas.
¿Por qué solicitamos esta comparecencia? Porque queremos saber cuáles han sido los criterios que determinaron que esta asignación se haya realizado a través del instrumento jurídico concesión directa para proyecto piloto, y no nos queda
otra opción que tener que expresarlo en esta Comisión para que se nos escuche. ¿Se han ejecutado en su totalidad los fondos destinados a estos proyectos? ¿Qué resultado transformador han tenido estos proyectos piloto sobre la igualdad, la
inclusión social y la lucha contra la pobreza?
Por otro lado, el Grupo Parlamentario VOX ha solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para explicar las vías de financiación por el Gobierno del Plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
¿Por qué hemos solicitado esta comparecencia? Porque creemos que la ministra debe dar explicaciones, porque saben ustedes, sus señorías, que existe un presupuesto de 20 319 millones de euros para el Ministerio de Igualdad y nos gustaría saber
exactamente para qué se destina este dinero.
Hay bastante información sobre este plan, pero es difícil hacer un seguimiento. La verdad es que su control presupuestario es prácticamente imposible de ser seguido. Esta imposibilidad, además, se debe a que no vienen definidas todas las
aplicaciones presupuestarias que se reparten de todos los ministerios, siendo un acto de fe el poder saber su efectividad y ejecución real, no solo en términos de contabilidad presupuestaria, sino también en términos de contabilidad nacional.
Asimismo, sobre esta dotación, no existe una evaluación de esta política pública, que es de contenido exclusivamente ideológico, lo que invalida el plan por sí mismo y analiza los efectos reales sobre lo que se persigue con una ingente cantidad,
como bien saben sus señorías, de más de 20 000 millones de euros, provenientes de los recursos de los contribuyentes. Cabe recordar el titánico esfuerzo del contribuyente, ya que la recaudación tributaria acumulada hasta el mes de abril de 2022
había alcanzado un total de 85 000 millones.
Señorías, la crisis vivida y la que estamos afrontando ahora en las que las familias españolas han perdido capacidad de ahorro y de compra, en donde se está destruyendo empleo privado, a costa de
engordar las administraciones públicas, en donde los precios de los alimentos básicos registran cifras de dos dígitos de aumentos, y todo ello con unas cuentas públicas muy debilitadas, con un importante riesgo ante el escenario de
endurecimiento de las medidas de política monetaria, hace que dispendiar 20 000 millones en ideología de chiringuitos, sea una irresponsabilidad para el gestor público; una irresponsabilidad que ninguna economía doméstica se podría permitir. Por
eso, les ruego a sus señorías, una vez hecha esta intervención, que apoyen la solicitud de estas comparecencias para que la ministra y la secretaria general de Fondos Europeos venga a dar las explicaciones oportunas.
Nada más, señor presidente. No quiero hacer esperar a la secretaria de Estado. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz tiene la palabra, por cinco minutos.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Cuando tomamos posesión como diputados, sabemos que tenemos que cumplir el artículo 66 de la Constitución y esta Cámara tiene que ser garante de que se siga cumpliendo. Eso incluye las dos funciones principales que
como diputados asumimos cuando juramos o prometemos nuestro cargo -la función legislativa y la función controladora- y que nos da el artículo 66 de la de la Constitución. Durante estos casi ya tres años, esta Cámara legisla poco, legisla tarde y
legisla mal. No sé cuántas leyes han salido de esta Cámara. Sé las que están en cola, en lista de espera, en periodo indefinido de ampliación de trámite de enmiendas, en una práctica legislativa desde luego poco recomendable, poco democrática,
poco saludable y poco ética. También sé que controlamos poco, y no porque este grupo de diputados en el que yo hoy estoy ejerciendo de portavoz no lo pida o no lo solicite, no porque no lo estemos intentando, no porque no estemos día y noche
pidiendo comparecencias y pidiendo que se dé luz sobre donde solo hay tinieblas, sino porque precisamente es el Gobierno de este país el que se está negando a comparecer, el que se está negando a asistir a esta Cámara para ser controlado por los
diputados que, por el artículo 66 de la Constitución y por nuestro propio juramento, tenemos que hacerlo. Nuestra principal función aquí es legislar y controlar, y se nos está impidiendo ejercer ambas
Cuando gobierna el PSOE le sobra esta Cámara. Yo, que he estado en esta Cámara cuando el PSOE está en el Gobierno y cuando ha estado en la oposición, puedo decir que son dos partidos absolutamente diferentes. Cuando gobiernan, esta Cámara
le sobra absolutamente, le sobran los controles y le sobra todo lo que suene a transparencia. Hoy hemos pedido la comparecencia de la ministra y de la secretaria de Estado de Fondos Europeos. La ministra no ha querido venir hoy, y yo me he ido a
su agenda. He pensado que tendrá algo muchísimo más importante que hacer que venir aquí a estar con unos diputados a dar cuenta de su trabajo. Sin embargo, lo único que aparece en su agenda es una entrevista esta tarde en Cuatro. Para ella es más
importante estar hoy en una entrevista televisiva -que es lo único que tiene en agenda-, que estar con este grupo de diputados y diputadas trasladando su opinión, aceptando nuestras preguntas y contestándolas en la medida de sus posibilidades. Yo
creo que de eso va el juego parlamentario: de venir aquí, de dar cuenta, de informar y de dejar mostrar nuestras opiniones diferentes y plantear nuestra alternativa a lo que ella está haciendo. Sin embargo, ella prefiere ir a una entrevista de
televisión, lo que define perfectamente a este Gobierno.
No sé qué más tiene que pasar en este país para que la ministra venga a esta Comisión. Ayer conocimos el dato de inflación, el 8,7 % en el pasado mes. No sé qué más tiene que pasar en este país para que la ministra se digne a venir, en lo
que me parece una falta de respeto no hacia mí ni hacia nosotros como diputados sino hacia los españoles que nos ven. Seguramente, algunos nos siguen desde sus casas o siguen los medios de comunicación y comprueban cómo la ministra huye semana tras
semana y día tras día del debate parlamentario y del control parlamentario que estos grupos de la oposición pretenden hacer.
Saldrá el Grupo Socialista y dirá que lo que estoy diciendo es falso, que ellos han comparecido más que nadie. Mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha explicado claramente, ha dado los números de las comparecencias
que llevamos en estos años. Son insignificantes y, desde luego, insuficientes. Y, si no, nos vamos a la Comisión de Presupuestos, en la que han abandonado todas las buenas prácticas parlamentarias desde hace cuarenta años. La secretaria de Estado
de Presupuestos, nombrada en el año 2018, no ha comparecido ni una vez en esa Comisión; ni una vez. Esa es la transparencia, ese es el respeto por las normas, ese es el respeto por el juego democrático, esa es la dación de cuentas que este
Gobierno promueve. La ministra tampoco comparece en la Comisión de Presupuestos, ni siquiera se convoca la Mesa, y aquí tampoco quiere comparecer.
No sabemos qué más podemos hacer, más allá de seguir pidiendo que venga y de seguir denunciando públicamente que no viene. Los españoles merecen el respeto que esta ministra no les da.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Píriz.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.
En primer lugar, quería hacer constar en esta sesión la queja formal del Grupo Parlamentario Socialista por lo que está sucediendo esta mañana. Estamos ante un orden del día que no es el que estableció la Mesa y portavoces de la Comisión.
Por unanimidad, el primer punto era la comparecencia de la secretaria de Estado y, después, el resto de puntos. Esa es la realidad, y me remito al acta de esa Comisión para poderlo comprobar. Por lo tanto, en primer lugar, quiero manifestar la
queja formal de este grupo ante esta manipulación que está sucediendo esta mañana.
Segunda cuestión. Esto es una falta de respeto a esta Cámara: en primer lugar, al compareciente del Gobierno; en segundo lugar, a todos los miembros de esta Comisión, y desde luego, a la Mesa y portavoces. Señorías, eso es evidente y no
puede volver a suceder. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista no va a permitir como grupo mayoritario de esta Cámara que vuelva a suceder lo que está sucediendo esta mañana.
En tercer lugar, esto es una mera manipulación, porque se aprovecha la petición de comparecencias. Va a haber un día que los grupos de la oposición van a pedir cien o cuarenta u ochenta comparecencias, las que quieran. Van a estar aquí
treinta y cinco minutos intentando abrir un debate que es superfluo porque no sirve para nada, porque no hay ningún compareciente, simplemente para intentar dañar y manipular. Por lo tanto, lo que hace es denigrar a esta Comisión. Señorías, la
denigra. Es un debate absurdo, completamente absurdo, porque ya dije en la Mesa y portavoces -hoy lo vuelvo a repetir- que es normal que cualquier parlamentario y cualquier grupo pueda pedir las peticiones necesarias, pero es inaudito que en una
Comisión en la que comparece un miembro destacado del Gobierno se intente el mismo ejercicio de siempre, diciendo que no se comparece y que no viene el Gobierno. Pero si se les cae el discurso, señorías. Sin embargo, ustedes siguen con esa
manipulación. La verdad es que es lamentable que en este país y en esta Cámara tengamos que soportar una oposición de estas características, que solo intenta manipular y dañar, sin ningún otro objetivo, sin importarle los temas que se van a
debatir, sin importarle los temas que le importan a la gente. Nada, simplemente buscan ese absurdo. Por otro lado, cinco minutos para debatir creo que solo conduce a la crispación. Señorías, a la crispación. (Risas). Pues muy bien, las risas
también se las devuelvo, señorías.
La verdad es que no quería entrar en nada más que plantear esta situación, pero por dar algún dato más, hay algo que no puedo dejar de obviar. Señor Píriz, estudie un poquito más. Por lo menos, cuando venga dé datos oficiales. Decía que
se legisla poco, mal y tarde. Le voy a dar datos oficiales. ¿Sabe cuántas leyes se aprobaron bajo el Gobierno del Partido Popular en la Legislatura 2016-2018? Fueron 39. Señorías, ¿sabe cuántas leyes se aprobaron -entre orgánicas y ordinarias-
en todos los años de Gobierno del Partido Popular con el señor Rajoy? Fueron 192. En esta Legislatura, en la XIV, en poco más de dos años, ya van más de 160 leyes: leyes orgánicas, leyes ordinarias y real decreto leyes. (El señor Jiménez
Revuelta: Ahí, ahí.-Risas). Por lo tanto, aplíquense la medicina.
Señor presidente, si esto es un circo, dígamelo. Por las risas, digo.
El señor PRESIDENTE: Señor Aceves, hasta la fecha, aquí el que dirige la sesión soy yo. Yo diré cuándo se tiene que callar alguien y cuándo puede seguir.
El señor ACEVES GALINDO: Perfecto. Le agradezco también su condescendencia con las risas.
El señor PRESIDENTE: Señor Aceves, no debata con este presidente.
El señor ACEVES GALINDO: Yo no he debatido, señor presidente, simplemente he dado las gracias. ¿Tampoco para dar las gracias en esta Comisión? Es lo que faltaba ya, que también se le perturbe a un parlamentario la facultad de hablar.
Señor presidente, lamentable. (El señor Guijarro García: Totalmente).
Termino, señorías, diciendo que, desde luego, cuando se están tramitando solo la semana pasada once leyes en esta Cámara, cuando están en tramitación más de cincuenta, que se diga en esta
Comisión que este Parlamento legisla poco, mal y tarde, realmente creo que a la persona que lo dice le califica plenamente con una burda manipulación de los datos oficiales. Cada uno que se aplique su medida.
Señor presidente, termino, desde luego, manifestando una vez más que debemos tratar entre todos -porque esto es labor de todos- que esto no vuelva a suceder, porque lo que hoy ha sucedido creo que no ayuda para nada al funcionamiento normal
de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aceves, le garantizo que no volverá a suceder. Créame que no volverá a suceder, porque es evidente que a lo mejor la buena voluntad de este presidente ha originado un problema. Lo que sí me
sorprende es que usted haga las manifestaciones que hace, cuando sabe que ha habido un grupo -que es el Grupo Parlamentario Popular- que ha manifestado que no votaría si a ustedes les faltaba algún miembro de su grupo. En cualquier caso, ya le
insisto, no volverá a suceder.
Pasamos a la votación para su aprobación o rechazo de la celebración de la siguiente comparecencia: de la secretaria general de Fondos Europeos, para informar sobre las subvenciones otorgadas bajo el instrumento jurídico de concesiones
directas a proyectos piloto durante el año 2021 de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para que informe sobre el efecto que ha tenido la inflación sobre los ingresos por tributación en el año 2021.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para explicar las vías de financiación por el Gobierno del Plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como si las partidas presupuestarias del
citado plan para el año 2022 requerirán de créditos extraordinarios, ampliaciones de crédito, suplementos de crédito u otros mecanismos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Última petición de comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para que explique la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados a su ministerio hasta el 31 de marzo de 2022.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, interrumpimos por un minuto la sesión para que la compareciente pueda entrar. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (SÁNCHEZ MILÁN):
- PARA INFORMAR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 212/002164).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a sustanciar el segundo punto del orden del día, la celebración de la comparecencia de la secretaria de Estado de Función Pública para informar del anteproyecto de la ley de institucionalización de
evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado.
Tiene la palabra la señora Sánchez, por el tiempo que estime oportuno, para exponer el tema.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Muchas gracias, presidente.
Señorías, buenos días a todos y a todas. Para mí es un privilegio estar aquí y agradezco este momento para poder compartir algo que para este Gobierno es muy importante, como es este proyecto de ley que paso a compartir. El proyecto de ley
de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado se aprobó como tal proyecto de ley en el Consejo de Ministros del día 24 de mayo -hoy hace una semana- y, si no ha llegado ya,
está a punto de hacerlo a este Congreso para continuar su tramitación. Por tanto, creo que es oportuno poder compartir desde este primer momento qué nos animó, qué nos llevó y qué contenidos y líneas marca este proyecto de ley. Además, este
proyecto ha sido muy demandado desde distintos ámbitos muy variados de instancias políticas de muy distinto signo, ya que su finalidad es planificar y medir el impacto final que tienen las decisiones públicas, nada más y nada menos. Y con la
aprobación de esta norma, el Gobierno aborda la evaluación de las políticas públicas para evidenciar su impacto en la ciudadanía en ámbitos tan relevantes como la igualdad de género, el medio ambiente, la transición energética, la extensión de los
derechos sociales y un largo etcétera que abarca la totalidad de las políticas públicas más relevantes que se llevan a cabo en el ámbito de la Administración Pública, en este caso de la AGE. Y todo ello en la ley gira, además, en torno al valor
público porque después de la fase más intensa y más dura de la pandemia el valor público es una de las palancas de cambio que han de guiar el proceso de transformación de la Administración. Estamos inmersos en un momento ahora mismo en el que hay
una serie de reformas que se están llevando a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado que persiguen ese proceso de transformación, para lo cual nos parece imprescindible una visión transversal con un enfoque en los derechos y
libertades públicas, que es lo que pretende este proyecto de ley. Los objetivos finales de la norma que voy a compartir con ustedes, señorías, son optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, impulsar la innovación en la actuación del
sector público, colaborar para que el sector público estatal sea eficaz y permitir el control de las responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad. Por tanto, cuando hablamos de este proyecto de ley y hablamos de evaluación de políticas
públicas, nos referimos a calidad democrática, innovación, participación, eficacia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Una vez expuesta la situación central que preside esta regulación, esta se produce en un momento de coincidencia de muchos elementos relevantes, que son los siguientes. Organizaciones internacionales, como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, han puesto de manifiesto la importancia de institucionalizar la evaluación de políticas públicas para dar respuesta a tres objetivos fundamentales: en primer lugar, generalizar la evaluación de las
intervenciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza o el soporte que las contenga -ya sea una norma, un proyecto, una estrategia o un plan-; en segundo lugar, potenciar que los elementos necesarios para la evaluación estén presentes desde el
inicio de la planificación de esa política pública, y, en tercer lugar, incorporar los resultados de esa evaluación en la toma de decisiones. Por tanto, generalizar, potenciar e incorporar son los elementos clave que están presentes en este
proyecto de ley.
Por todas esas razones, este proyecto constituye uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que fue incorporado, además, siguiendo la recomendación de la propia Comisión Europea que, conocedora de los
planteamientos que le estábamos haciendo en la conformación del plan sobre los elementos de reforma para la transformación de la Administración pública, nos manifestó que le parecía clave que con estos elementos y con estas indicaciones que acabo de
exponerles se incorporara esa reforma, consistente en aprobar una ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas; además, hubo una feliz coincidencia porque era un elemento en el que ya veníamos trabajando. Con el apoyo, como
he expuesto, tanto de la OCDE como de la Unión Europea -que vamos en el mismo sentido- España se va a posicionar con esta ley entre los países más avanzados del mundo en materia de evaluación de políticas públicas. Estados Unidos, Japón y Canadá
acaban de aprobar unas normas estableciendo este proceso de institucionalización, implantando obligaciones de evaluación acompañadas, además, de guías, directrices y metodologías serias y sólidas que la hagan posible. Para nosotros es muy
importante compartir que este texto nace con una vocación de consenso, nace con la vocación de ser una oportunidad para todos y para todas para dotar a la Administración General del Estado de un marco jurídico de permanencia y estabilidad para la
práctica de la evaluación.
Los principios que inspiran este proyecto de ley los compartiré en este momento. Cuando llevamos a cabo la consulta pública para compartir con la ciudadanía la intención del Gobierno de llevar a cabo la elaboración de lo que en ese momento
iba a ser un anteproyecto de ley, tuvimos muchas aportaciones,
tanto colectivas como individuales, en las que había una altísima coincidencia en la necesidad de que la evaluación de políticas públicas, además de ser integral y participativa, tenía que ser permanente y estable, tenía que formar parte del
funcionamiento ordinario de la Administración pública. A nosotros nos parece, además, que no estamos ante una ley que queremos que cumpla y responda a un compromiso, a un mandato o a una tramitación procedimental, sino que esta ley tiene una
profunda vocación renovadora, de mejora de nuestro servicio público. Como he dicho antes, en la parte más dura de la pandemia y después de ella se puso de manifiesto la importancia de lo público como nunca, sobre todo en aquellos aspectos
esenciales en los que el paradigma era la sanidad pública, gratuita y universal. Pero nosotros lo que pretendemos es que la práctica de la evaluación penetre en toda la variada actividad de la intervención pública, en un contexto además como el
actual, tan complejo y variable. La evaluación, por tanto, tiene que estar presente en las políticas públicas que se van a implementar, pero también en las políticas públicas que se están ya implementando y la evaluación de los resultados en las
políticas públicas ya implementadas; todo esto es determinante para detectar las desviaciones de su finalidad. Estamos, por tanto, ante un auténtico cambio cultural en la gestión de lo público. También está en el centro de la intención de esta
ley la rendición de cuentas a la ciudadanía como un elemento sustancial de este proceso, ya que nos ayudará a explicar si una determinada política consigue el objetivo que se planteó cuando fue diseñada y aprobada.
Además, en el ámbito de la Administración General del Estado no partimos de cero, tenemos valiosas experiencias en materia de evaluación en las que hay un amplio elenco de unidades, organismos e instituciones que tienen entre sus cometidos
algunos de los aspectos de la evaluación. Destacaría, por ejemplo, la evaluación de la spending review de la AIReF, centrada en la evaluación ex post del gasto público, pero también es habitual, como todos ustedes saben, que la evaluación vaya
acompañando la ejecución de los fondos europeos o la actuación que llevan a cabo instituciones tan necesarias como la Intervención General de la Administración del Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Inspección de Servicios,
sin querer agotar estos ejemplos. El objetivo es que el mayor número de unidades del ámbito de la Administración refuercen los mecanismos de coordinación para el aprovechamiento de las sinergias y complementariedades y el aseguramiento de la
calidad de la evaluación. Y no me dejo atrás, antes al contrario, a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han prestado atención a la evaluación de las políticas públicas, bien mediante leyes, bien mediante unidades que llevan a cabo
esta actuación; tampoco me puedo olvidar del mundo académico, del científico o del profesional, de las asociaciones del tercer sector y de muchos de los ámbitos que están básicamente en el marco del Foro de Gobierno Abierto, que apuestan por esta
actividad y por esta actuación pública. Todo esto nos lleva a que la ley contenga también un órgano consultivo y de colaboración para compartir buenas prácticas con las distintas administraciones públicas o para retroalimentarnos con la sociedad
civil; se trata del consejo general de evaluación, al que me referiré más adelante.
Nosotros queremos, además, abordar un marco normativo que sea referente para el resto de administraciones públicas, dotándonos de una metodología y de un sistema organizativo básico, junto con una serie de obligaciones que tendrán que
cumplir los distintos organismos a la hora de llevar a cabo la planificación de la evaluación. La AGE es una organización muy compleja y se necesitan muchas palancas para llevar a cabo cambios de esta envergadura. Por tanto, nos parece
imprescindible -y de ahí el contenido de la ley- que haya una metodología sistemática de evaluación, un rigor basado en evidencias que nos van a permitir avanzar a través de indicadores claros y compartidos que midan y permitan el seguimiento de la
evaluación.
Por tanto, la ley se asienta en tres pilares básicos. Por un lado, contiene un marco institucional que comprende la totalidad de la organización de la Administración General del Estado para llevar a cabo esa implementación y ese proceso de
integración de la evaluación de políticas públicas como una actividad cotidiana, ordinaria y fundamental en la gestión de lo público. Diseñamos también en este sistema institucional que parta de las estructuras ya existentes que devienen en cada
ministerio en una unidad de coordinación de la evaluación, pero también creando un órgano de colaboración y de gestión colectiva, que es la comisión superior de evaluación, en el que estarán presentes todos los ministerios para avanzar juntos en
esta materia y, sobre todo, algo también muy relevante de estos procesos de cambio es contribuir a la capacitación del personal en esta materia. Culmina todo este marco institucional la autorización que contiene la ley de creación de la agencia
estatal de evaluación de las políticas públicas como organismo que supervisará, coordinará e impulsará el sistema público de evaluación, desempeñando el papel de cierre institucional de la organización. El segundo pilar es todo lo relativo a la
práctica de la evaluación
-que también se contiene en la ley-, que es cómo llevar a cabo este proceso atendiendo siempre a la calidad de las evaluaciones. Para eso, como he dicho antes, contiene una metodología sólida para dar resultados de confianza a la ciudadanía
y a las instituciones, un refuerzo de los mecanismos internos de intercambio de datos y de información, pero también sistemas de información interconectados que permitirán que esos datos puedan nutrir el proceso de evaluación. Y lo más importante,
el tercer pilar de la ley es la incorporación de los resultados de las evaluaciones al ciclo político administrativo, estableciendo unos mecanismos específicos de seguimiento de las recomendaciones que la evaluación dé lugar y facilitando el acceso
a esas evaluaciones, en una apuesta por la transparencia porque todas y cada una de ellas serán públicas. Hablamos, por tanto, de la vinculación de las evaluaciones a la toma de decisiones públicas, y por eso digo que es el pilar más importante de
este proceso. Se trata, además, del principio de aplicar o explicar de manera que tenderemos a no desviarnos de esas recomendaciones y, si es necesario, tendrá que estar muy justificado para que se lleve a cabo.
Quiero destacar, como he dicho antes, que un proceso sistemático, estable, participado y general de implantación de la evaluación en el ámbito ordinario de la práctica pública requiere la planificación de las actividades y de las actuaciones
que se vayan a llevar a cabo. Destaco que la ley establece como obligatorios dos instrumentos de planificación de la evaluación que consideramos muy relevantes. Por un lado, el plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, que aprobará el
Consejo de Ministros con carácter cuatrienal, en el que se incluirán aquellas políticas que por su relevancia se les otorga una consideración estratégica determinándose, además, el tipo de evaluación que se va a llevar a cabo, así como los recursos
y los plazos de realización previstos. La otra contraparte será que en todos y cada uno de los departamentos ministeriales se aprobarán los planes de evaluación departamental -en este caso, de carácter bienal- que incluirán las actividades ya
concretas a realizar en materia de evaluación en cada ministerio. Y, como he dicho antes, para la planificación hay un elemento fundamental que es la formación, la formación de todos y cada uno de los empleados y empleadas públicas que deberán
conocer la importancia de esta actividad, y poder, además, desempeñarla de forma profesionalizada. Esta formación se priorizará en los planes anuales de formación de los correspondientes institutos, en este caso, del INAP y del Instituto de
Estudios Fiscales, y cuantos institutos de formación y órganos de formación existen en la Administración General del Estado.
Como ya les he dicho, el proyecto recoge como segundo pilar relevante la práctica de la evaluación, definiendo las distintas modalidades de evaluación que existen y en qué momento se debe producir cada una de ellas. Se le da un refuerzo muy
muy especial a la evaluación ex ante, a la evaluación que se produce desde el primer momento, cuando uno se plantea el análisis de la planificación para llevar a cabo una política pública. Habrá una necesaria producción de un análisis previo de
evaluabilidad para que esa política contenga todos los elementos que la hagan evaluable y, por tanto, que los contenga desde el principio y la acompañen durante todo el proceso. Como digo, habrá evaluaciones ex ante y evaluaciones ex post en todos
aquellos ministerios que lleven a cabo políticas públicas que tengan una especial relevancia en el presupuesto o una gran relevancia desde el punto de vista del impacto económico o social en todos los ámbitos de las grandes líneas de actuación. Se
recomienda también en la ley -en este caso no es una obligación, es una recomendación- la elaboración de evaluaciones intermedias de aquellas políticas que tengan una duración de cuatro años o más.
Hay todo un sistema que se establece para su desarrollo posterior, por parte de la agencia de evaluación de políticas públicas y los distintos departamentos ministeriales competentes en función del sector de que se trate, para crear un
sistema de indicadores comunes para facilitar esta gestión. A su vez, la ley contiene la fase del proceso de evaluación que, al ser integral, está presente en todas y cada una de las fases de elaboración y ejecución de una política pública.
Tendremos el encargo de la evaluación, tendremos el diseño con la regulación en un equipo evaluador independiente e imparcial, tendremos una recopilación y análisis de información, el informe final de evaluación y el seguimiento de los resultados a
través del informe de resultados.
Hay un elemento que también está presente en la ley y que es muy relevante, y más en estos tiempos. Es el acceso al intercambio de información, el tratamiento del dato y compartir el dato dentro, por supuesto, del respeto a su protección.
El dato es hoy un elemento de mucho valor, de ahí que se hayan dado ya los primeros pasos con la creación de la Oficina del Dato adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos. Visibilizaremos la trascendencia que tiene el acceso a los mismos a
través de la colaboración que se establece en la propia ley entre el Instituto Nacional de Estadística y la propia agencia de evaluación proyectada. Como digo, es muy importante hacer hincapié en que todo este esfuerzo se hace, sobre todo,
para que fundamente la toma de decisiones que desde lo público se va a llevar a cabo en la ejecución de esas políticas. Culminamos esa organización con un portal temático como herramienta de intercambio de información y un espacio
colaborativo y participativo.
Yo creo que para esta pincelada inicial esto es suficiente. Concluyo esta primera intervención diciéndoles que la pretensión es impulsar un cambio cultural para ganar en calidad democrática, en mayor eficiencia de las políticas públicas, en
transparencia y en rendición de cuentas. Y no me refiero solamente, como he dicho antes, a la eficiencia o no del gasto público -eso es algo a lo que no renunciamos y que está siempre presente-, sino que queremos extender todos estos aspectos a
determinar si la política pública ha conseguido el objetivo que perseguía en términos de reducir desigualdades, de mejorar la equidad, de incentivar el progreso económico o de velar por la protección del medio ambiente. Para ello, como he dicho,
hay una serie de palancas múltiples que pretendemos que contribuyan a este cambio y que he citado como una metodología sistemática y clara, unos indicadores, una planificación adecuada y unos sistemas de información interconectados.
Confiamos en contar con el apoyo de todos y de todas para superar este primer paso que garantice que la Administración General del Estado avance de forma decidida en la senda de la innovación.
Muchas gracias y me pongo a su disposición para aclarar cuantas cuestiones y comentarios puedan plantear.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días.
Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Recibimos con satisfacción el anuncio de este proyecto de ley y solo podemos desearle que tenga éxito, pero también hay que decir que esta es una cuestión delicada que ha tenido muchos fracasos
históricamente.
Aquí no se ha hablado mucho de la evaluación del desempeño de los propios funcionarios, que es algo muy delicado. Ha habido muchas experiencias. A veces uno no sabe si es mejor o no incentivar a los funcionarios o diferenciarles con las
productividades, porque en ocasiones se generan los problemas contrarios, pero yo creo que siempre hay que intentarlo, sobre todo en la Administración, que es una organización que tiene un patrón bastante flojo, por lo que, si no reforzamos el
equipo directivo de una manera adecuada, es difícil que todos los objetivos se cumplan o se puedan exigir. Pasa lo mismo en general cuando comienzan las legislaturas y comparecen los ministros de turno, que todos anuncian muchas cosas que luego al
final se suelen quedar en agua de borrajas, y yo creo que hacen falta unas declaraciones más contundentes que demuestren la voluntad política -ya no digo de la secretaria de Estado, sino de la ministra o hasta del propio presidente del Gobierno- de
tener en mente, de verdad, potenciar la Administración. Es un hecho que cada vez funciona peor, cada vez los funcionarios desempeñan su trabajo con menos exigencias, la burocracia cada vez es más difícil, las normativas se van acumulando y
realmente yo creo que la eficiencia deja mucho que desear. En cualquier caso, siempre es bienvenido cualquier intento y, por lo tanto, la animo, a ver si usted como secretaria de Estado es capaz de dar de verdad un impulso, aunque le cueste vencer
bastantes resistencias internas, que siempre las hay, sobre todo cuando una Administración tan grande o una organización tan grande -porque también pasa en otras grandes organizaciones- necesita un cambio. Nada más sobre esto.
Pero voy a aprovechar su comparecencia para hablarle de dos cuestiones. En primer lugar, quiero preguntarle por una cuestión que se ha debatido y que se ha aprobado en este Congreso sobre los funcionarios de entidades locales con
habilitación nacional, es decir, los secretarios de ayuntamientos, interventores y tesoreros. Es un clamor la necesidad que hay, por lo que se está instando al Gobierno a que convoque pruebas cuanto antes para que estos puestos se puedan ir
cubriendo y renovando, porque aparte de las vacantes, necesitan una importante renovación. Querría saber si esto le ha llegado a usted y si tiene la voluntad de cumplir estas resoluciones que se toman en el Congreso.
Y luego ya una cuestión muy puntual, una petición que vienen haciendo los funcionarios públicos en muchos sitios sobre sus gastos de kilometraje, que se están quedando muy obsoletos. Todos piden que al menos se suba a 25 céntimos el precio
por kilómetro en los desplazamientos, porque todas estas subidas que ha habido en la gasolina y demás realmente están repercutiendo de manera negativa. No sé si tienen algo previsto. Sé que en algunas comunidades autónomas está en marcha y no sé
si la Administración General del Estado tiene algo previsto.
Nada más. Ya le digo que deseo de verdad que sea capaz de implantar esta evaluación de las políticas públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, secretaria de Estado, por su presencia y por la introducción del proyecto de ley que recibimos a finales de la semana pasada.
Mientras la estaba escuchando, estaba leyéndolo -como se dice- a uña de caballo y, con carácter general, nos parece que efectivamente uno de los elementos importantes para la modernización de la Administración -que ya estaba prevista en el
componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- es la evaluación de las políticas públicas. Es una cuestión de actualidad, al menos en nuestro entorno administrativo o cultural.
Como le decía, he leído el proyecto a uña de caballo mientras usted intervenía y me han surgido algunas cuestiones que igual usted nos puede aclarar. Esta evaluación ex ante, durante y ex post no va a ser un proceso arbitrario, sino que
está sometido a unos parámetros. Entiendo que son los nueve criterios que relata el artículo 7 del proyecto, que algunos son de fácil entendimiento. Al margen de la opinión que tengamos de los criterios -porque esto es una cuestión política-, hay
algunos que no los entiendo, sobre todo porque dejan un amplio margen de apreciación, y también le preguntaré quién determina el margen de apreciación. El primer criterio que me suscita una cierta perplejidad es la pertinencia. La pertinencia de
una disposición -más allá de que sea coherente, eficaz, eficiente, sostenible desde el punto de vista económico, social, de igualdad, de equidad, etcétera- forma parte del programa político, de la ejecución del programa político de la formación que
ha conseguido constituir Gobierno a través de la investidura. Entonces, ¿ustedes en qué estaban pensando cuando hablaban de la pertinencia en el artículo 7, más allá del resto de los criterios? Otro criterio que también me llama la atención por
ser muy polifacético es la ética pública. Estamos en una sociedad plural en la que hay pluralidad de valores y pluralidad de éticas, como vemos día a día. El proyecto habla de un criterio de la ética pública y, claro, el proyecto de ley tiene una
vocación de permanencia, de ser un producto que sobreviva a los distintos cambios de Gobierno, salvo que se modifique por otra norma de igual rango y posterior en el tiempo, es decir, por otra ley. Entonces, ¿qué significado tiene en este proyecto
la ética pública cuando se pretende hacer criterios objetivos? Porque los indicadores van a ser el desarrollo de estos criterios del artículo 7. Esta es mi pregunta sobre la ética pública. En tercer lugar, como último elemento o parámetro para
evaluar las políticas públicas, se definen 'otros criterios' en función de la política pública. De los nueve criterios, nos gustaría que estos tres -pertinencia, ética pública y otros criterios- nos los desarrollara un poco más, así como si no le
parece que tienen una cierta inconsistencia dentro del marco de una ley, en la medida en que, como decía, pretenden ser perennes y no caducos en función de cada Gobierno y de cada definición de pertinencia, ética pública u otros criterios. Quizá la
solución de esto podría ser la final tercera, las cláusulas genéricas de habilitación normativa, que lo que viene a decir es que los aspectos de esta norma me los desarrolle el Gobierno de turno. Con lo cual, estaríamos en una cierta -entre
comillas, aunque lo voy a decir incorrectamente- deslegalización, porque se establece un criterio general sin parámetros, sin indicadores, porque son muy etéreos y dependen de las distintas concepciones de ética, las distintas consideraciones de
pertinencia, etcétera. Quisiera saber si no le parecen un poco inconsistentes estos tres criterios dentro de los nueve.
Y luego otra pregunta concreta -y voy finalizando, presidente-, veo en la ley que, por un lado, los evaluadores son externos. Se dice en el artículo 11 que los evaluadores son internos o externos, aunque luego parece que la ley en el 15 se
sesga a evaluadores externos. Dice: Excepcionalmente o en ocasiones son un sumatorio del órgano que quiere implantar la política pública o el departamento y externos. ¿En realidad en qué están pensando ustedes, en externos o en internos? Ya
sabemos que los indicadores los va a poner la agencia. Pero ¿esa evaluación qué es, interna, externa o mixta? ¿Con tal de que se garantice la independencia puede ser interna? Es decir, yo creo que ahí también hay una cierta inconsistencia, según
lo que he leído de una manera muy rápida mientras usted intervenía y la escuchaba con un oído. No me ha dado tiempo a leer la MAIN, la memoria, pero ¿cuál es el acercamiento del departamento proponente o elaborador de la disposición?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchísimas gracias, presidente.
Muchísimas gracias por su comparecencia. En principio, valoramos el proyecto de una forma positiva, porque además sigue las recomendaciones de la Comisión Europea y de la OCDE, que ambas son partidarias de fortalecer la evaluación de
nuestras políticas públicas. Su puesta en marcha forma parte incluso de uno de los hitos del Plan de recuperación, además de contar con el apoyo de muchos investigadores en el campo de las ciencias sociales. El objetivo del proyecto de ley es muy
positivo, la evaluación de políticas públicas debe pasar por impulsar y sistematizar este fin. Con él se pretende implantar una organización que permita evaluar las políticas públicas de manera sistemática y para ello se establece la creación de un
sistema de indicadores comunes de seguimiento de las políticas públicas que se aplicarán en la AGE que servirá de referencia para el resto de administraciones y donde la evaluación se realizará por un equipo diferente al responsable. Las
iniciativas se evaluarán de manera previa, de forma que los resultados se utilizarán para mejorar esas políticas.
Bajo estos objetivos creemos que la iniciativa es adecuada. No podemos oponernos a la idea de que para tomar buenas decisiones sobre políticas públicas es necesario evaluarlas y medir bien sus impactos, pero parece imprescindible regular
los nuevos métodos de recolección de información que permitan tomar estas decisiones que multipliquen los efectos positivos para los ciudadanos y la propia Administración. Sin embargo, no todo es tan sencillo y sabemos que, si esta valiosa
información no es utilizada de forma adecuada, este mecanismo quedará obsoleto o sin ningún efecto real sobre los ciudadanos, que al final es lo que creemos que se tiene que buscar. Tengamos en cuenta el ejemplo del caso omiso que muchas veces hace
el Gobierno de los informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, esa información está, se utilizan recursos públicos para obtenerla, pero después no se emplea de manera adecuada. Lo malo de todo esto es que de
poco sirve la evaluación si los incentivos del decisor no existen. Desde Ciudadanos apostamos por mejorar los mecanismos de procesos de evaluación de políticas públicas, pero entendemos que deben ir acompañados de la buena voluntad del legislador,
que en muchas ocasiones, contando ya con datos suficientes, no ha hecho todo lo posible por implementar el valor de estas políticas públicas, como, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas de vivienda, que actualmente tienen una pésima
regulación pero no porque falte información, sino porque los malos incentivos de ciertos políticos así lo señalan, porque los interesados, los que tienen que actuar solo están interesados en el corto plazo, por lo que al final esa información acaba
siendo irrelevante y se termina perdiendo. En muchos sectores sabemos bien que hay reformas que hacer o, al menos, en qué dirección hacerlas, pero con la mayoría de los gobiernos al final se quedan a medias.
Otra de las preocupaciones que tenemos es que este proyecto sirva no para ayudar a la toma de decisiones sino para justificar el acierto de las decisiones ya tomadas, que pueda utilizarse por parte del Gobierno para justificar las decisiones
y que esa información al final se use en otro sentido del que realmente se necesita. La manipulación de las encuestas del CIS es el caso más destacable de este tipo de ejemplos, donde queda realmente patente el empleo de una información que, como
digo, podría ser muy buena, muy positiva para tomar decisiones pero se utiliza como herramienta del gobierno de turno.
En principio, como digo, creemos que es buena esta iniciativa pero podemos encontrar ciertos problemas y sería interesante que cuando se tramitara pudiéramos acotarla bien para que este tipo de dudas que nos surgen pudieran resolverse.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Honrubia tiene la palabra.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.
Gracias, secretaria de Estado, por las explicaciones que nos ha dado, por la información que nos transmite sobre el proyecto de ley. Quiero trasladarle que, en principio, la opinión que tenemos desde nuestro grupo sobre el proyecto
presentado es positiva, creemos que puede ir en la buena línea de lo que se necesita para la aplicación de forma correcta de las políticas de evaluación de políticas públicas.
La verdad es que cuando supimos que había un compromiso por parte del Gobierno de hacer esta norma nos surgieron algunas dudas que cuando hemos visto el proyecto de ley afortunadamente se han
solucionado en sentido positivo. A nuestro grupo parlamentario todas estas cuestiones en las que se relaciona la técnica con la política siempre nos generan algún tipo de duda. Sabemos que hay unas ciertas tradiciones políticas desde
finales de los años setenta y que prácticamente han sido hegemónicas en el mundo occidental mediante las que ha habido una especie de intento de sustitución de la política por la técnica, con unas tradiciones tecnocráticas, que muchas veces se han
plasmado en forma de leyes, de manera que las políticas de evaluación de políticas públicas a veces entroncan con algunas de esas tradiciones. En esta misma Cámara, en la Comisión de calidad democrática ya debatimos en relación a estas cuestiones
en referencia a la autoridad independiente, etcétera, y respecto al informe que se presentó en la subcomisión hubo algunos grupos que específicamente reclamaron la cuestión de la evaluación de las políticas públicas como algo que echaban en falta e
intentando que tuvieran más peso dentro de la actuación de estos organismos. Básicamente, la respuesta que nosotros dimos en aquel momento fue que entendemos que la evaluación principal de las políticas públicas es la que se produce una vez cada
cuatro años o cuando se convocan elecciones, que es cuando el pueblo vota en función de su criterio y la evaluación que hace de las políticas que hubiera aplicado el gobierno anterior. Por tanto, consideramos que cualquier intento de condicionar la
independencia de un gobierno en la toma de decisiones a través de cuestiones técnicas siempre debe ser rechazable.
En ese sentido teníamos dos dudas, por un lado respecto a cómo se implementaría la gestión de la evaluación ex ante, si se iba a utilizar de alguna manera para restringir la posibilidad de lanzar una política pública, es decir, si se iba a
utilizar para que tuviera que acreditarse mediante esta evaluación algún tipo de compromiso o restricción que pudiera limitar la capacidad que tiene el gobierno de poner en marcha esa política, y, por otro, en cuanto a la incorporación de los
resultados de la evaluación, de las tres formas de evaluación que se recogen en la ley, respecto a las decisiones que tomaran los diferentes gobiernos. Afortunadamente, tal y como se plantea en la ley, hemos visto que estas dudas quedan resueltas.
En lo que tiene que ver con la evaluación ex ante no solo no se va a utilizar para restringir la posibilidad de lanzar determinadas políticas públicas, sino que incorpora criterios que a nuestro juicio son acertados, como la cuestión de la equidad
de género, la lucha contra la despoblación, etcétera. Por tanto, creemos que va en un sentido correcto, y no en el que pudiera suponer un potencial peligro, como ya hemos dicho. Y, por otro lado, sobre las dudas que nos surgían respecto a cómo se
incorporan los resultados de la evaluación, vemos que se tendrá que hacer un informe por parte de la Administración que realiza esa política, si bien no tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones. Aunque tendrá que justificar por qué no
lo hace, entendemos que eso siempre es positivo, porque al final quien ha de tener la capacidad de decidir sobre si aplicar una recomendación o no es el gobierno y la política que ha sido votada por los ciudadanos, y no el grupo de expertos, por muy
independiente que sea, que realiza este tipo de informes de evaluación. Por tanto, desde este punto de vista, lo vemos positivo.
También creemos que está bien entender qué puede aportar la evaluación a la modernización de la Administración, a la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, pero entendemos que lo fundamental para que una política pública
funcione tiene que ver con que se financie adecuadamente, se tenga personal cualificado suficiente y el uso de los recursos se lleve a cabo de manera correcta, sin que haya por medio comisionistas o sobrecostes, de modo que al final el dinero se
destine a otra cosa o vaya al bolsillo de personas, y no a la aplicación de esa política. Nos llamó la atención que en el informe que se realizó y sirvió de base para la elaboración de leyes, cuando se preguntaba a las personas que trabajan en el
ámbito de la evaluación sobre los problemas principales que había tenido dicha política de evaluación de políticas públicas en España durante los años principalmente contestaban que estos eran dos, la falta de financiación y la falta de personal
especializado. Y nos resulta curioso, porque nos parece paradigmático, es decir, lo que ha pasado en la evaluación de políticas públicas es exactamente lo que sucede en muchas otras políticas públicas, y creemos que la idea principal que todos
debemos tener en la mente es esa, que para disponer de buenas políticas públicas hace falta dinero y personal capacitado que las desarrolle.
A la vez, esto nos genera un par de un par de reflexiones, y la primera tiene que ver con la incongruencia de la Comisión Europea, que, por un lado, nos pide que implementemos políticas de evaluación pública, pero, por otro, durante toda una
década estuvo aplicando brutales políticas de recorte que de sobra sabía que iban a generar una serie de consecuencias a nivel de desigualdad, precariedad, incertidumbre vital totalmente previsibles, sin entonces evaluar correctamente las
consecuencias de esas políticas y lo que nos hubiéramos ahorrado con ello.
Por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con cómo podemos evaluar una política pública cuyo fin no está declarado, como, por ejemplo, una política pública que se planifica de tal forma que lo que pretende precisamente es degradar el
funcionamiento de lo público para beneficiar lo privado. Ejemplos tenemos muchos en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular: degradar la sanidad pública, la educación pública, la dependencia para que una vez que se produce
esa degradación la gente, si puede pagárselo, tenga que ir a la privada y, por tanto, beneficiar así intereses privados. ¿Esto cómo se va a evaluar? ¿Cómo se puede evaluar? Esto sí nos genera dudas. Se puede hacer una evaluación con la que se
puede legitimar esa política y decir que si tienes diez médicos que atienden a diez personas y recortas cinco médicos y se atiende a siete se está haciendo bien porque se es más productivo, o bien se puede evaluar considerando que se está dejando de
atender a tres personas. ¿Cómo se va a asegurar que la evaluación va a ir en la línea de defender los intereses sociales en las políticas públicas, y no tanto respecto a otros criterios?
En definitiva, vamos a estar pendientes de que en la tramitación del proyecto no se rompa la línea que creemos que lleva hasta ahora, que no se dé la posibilidad de que lo técnico sustituya a lo político y lo económico a lo social. Mientras
que se vaya por la línea actual, lo apoyaremos, pero, si en algún momento algunos grupos plantean una perspectiva diferente, como ya hemos escuchado antes, por ejemplo, en la intervención del Grupo Ciudadanos, no contará con el apoyo de nuestro
grupo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX el señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA JUST: Con su permiso, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario VOX no vemos la necesidad de esta ley. De hecho, existía la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, la AEVAL, que fue suprimida en su tiempo por un acuerdo entre el
Partido Popular y Ciudadanos después de once años de vida, y crearon el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, el IEPP, que ha tenido cuatro años de vida. Todo es mejorable, pero podríamos decir que su trabajo, en términos generales,
ha sido aceptable. Y, señorías, según lo que quiero plantear, ¿cuál es la función de un diputado? Entiendo que un diputado tiene dos funciones: primero, detectar pufos y, segundo, detectar chiringuitos, y los chiringuitos son una forma de pufo.
Y esta ley introduce tres nuevos chiringuitos, lo que ya es un récord, porque normalmente suele haber un chiringuito por ley -no hay ley socialista que no tenga chiringuito aparejado para colocar a su gente y a los amiguetes de turno-. Aquí nos
encontramos con tres chiringuitos, que ahora mencionaré, y me llama la atención que los grupos que me han precedido en el uso de la palabra no hayan dicho nada sobre ellos. Han discutido cuestiones triviales o relativas de la ley, pero no acerca de
que les cuelan tres chiringuitos donde van a colocar a un montón de personas con sueldo, con cargo, no sé si con coches oficiales y cuantas cosas más, porque tampoco la ley lo expresa, aunque ya veremos qué dice después el Partido Popular
-evidentemente, ya sé lo que va a decir el Partido Socialista-, porque da la sensación de que quieren hacer lo mismo cuando lleguen al poder, es decir, también hacer leyes para crear chiringuitos.
Primer chiringuito, la agencia estatal de evaluación de políticas públicas. Se establece una definición tan vaga como que se valoran políticas y programas públicos, un uso racional de los recursos e impulso de gestión de calidad de los
servicios. La verdad es que esto poca cosa me dice, porque son palabras muy genéricas, que no especifican exactamente lo que va a hacer este chiringuito-agencia estatal. La secretaria de Estado nos ha ilustrado aquí con una gran locuacidad, pero
yo tengo la idea de que cuando una cosa que no tiene contenido se tiene que explicar públicamente hay que utilizar mucho la locuacidad, mientras que cuando una cosa es muy concreta y muy definitoria no es necesario hablar tanto rato y usar tantas
palabras vacías. Y le digo la verdad, que había momentos en que me ha costado seguirla, y eso que he puesto mucha atención. ¿Por qué? Porque usted ha utilizado palabras vacías de contenido, conceptos vanos, como mejora del servicio, etcétera.
Evidentemente, eso ya lo sabemos todos, pero no me ha explicado en qué consiste esa entelequia que usted nos ha planteado. Respecto a esta agencia estatal de evaluación de políticas públicas, nos ha hablado de un equipo externo - también algún otro
diputado ha hecho mención de ello-, y ya sabemos, por experiencia, dónde busca y escoge esos equipos externos el Partido Socialista, el Gobierno de España para favorecer sus intereses, como tampoco sabemos, en la tónica diametral y tradicional de
los chiringuitos, si esos equipos externos van a estar remunerados, etcétera. Segundo chiringuito, el consejo general de evaluación de entidades y asociaciones,
con lo que -repitiendo lo que he dicho antes- parece ser que propondrán o apoyarán la cultura evaluadora, pero no nos dicen nada más, con lo cual entiendo que más amiguetes colocados. Comprendo que la legislatura se está acabando y que el
Partido Socialista tiene la sensación de que le queda un año de poder, de manera que hay que colocar a la gente antes de que se tengan que ir de aquí corriendo. Y con el tercer chiringuito, la comisión superior de evaluación, sucede más de lo
mismo. Se dice que es para fomentar la coordinación entre diferentes carteras del Gobierno. Pero, señora secretaria de Estado, si es para coordinar las distintas carteras del Gobierno, en vez de hacer un chiringuito con un presidente, un
vicepresidente o vicepresidenta, secretarios, funcionarios, tener que contratar personal nuevo, gasto para el Estado, ¿por qué no se hacen ustedes un grupo de Whatsapp y ya está, y así ahorramos dinero a los contribuyentes? Se comunican ustedes con
un grupo de Whatsapp y ya no hace falta crear un organismo para que se comuniquen ustedes; utilicen más el teléfono móvil, que para eso está.
Insisto, chiringuitos, y esto es chiringuitolandia. Ustedes han convertido el Estado en una especie de parque temático, y cada chiringuito lleva aparejado un gasto, con lo que entramos en el concepto de orgía de gasto: España es uno de los
países del mundo con más gasto público, la deuda exterior de España es una de las más grandes del mundo. No sé si nos gana Argentina o algún país más, como Venezuela, pero es precisamente por esto, por hacer un leviatán del Estado, un macroestado,
que, en vez de reducir, ustedes agrandan cada vez más. Insisto, señores socialistas, creo que ustedes no saben legislar sin crear chiringuitos, sin colocar a amiguetes y generar más gasto público. Tendrían que hacerse un reset e intentar legislar
y gobernar de forma diferente. La idea del Grupo Parlamentario VOX es que, evidentemente, tiene que haber menos gasto público, las arcas del Estado tienen que estar más racionalizadas, con mayor control del gasto público. Si hay una cosa que ya
existe, que es el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, el IEPP, que creó el Partido Popular con Ciudadanos, mejorémosla; no hagamos un instituto nuevo, utilicemos el que ya hay. Insisto en que nosotros utilizamos para la
Administración pública solo dos criterios: primero, efectividad, que significa la resolución de los temas, y, segundo, equilibrio presupuestario, o sea, procurar ajustarnos al gasto, cosa que ustedes ya desde los tiempos de Felipe González no saben
lo que es, no lo han hecho nunca. Y luego, evidentemente, la rapidez en la Administración del Estado, porque el Estado tiene fama de ser extremadamente lento, y no lo digo como diputado sino como ciudadano, porque el ciudadano, con cita previa o
sin ella, que llega a un organismo de la Administración del Estado sabe que puede pasarse allí toda la mañana y que posiblemente saldrá sin haber solucionado su problema. Por tanto, menos institutos, menos organismos, menos chiringuitos, menos
historias y procuren pensar un poco más en los ciudadanos.
Y lo que también me llama la atención profundamente de esta ley es que ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen, al margen de los organismos externos, que ya sé que van a ser amigos del Gobierno para dar su aprobación, un sobresaliente cum
laude a la Administración pública, porque esto es como si en un restorán los cocineros son los que deciden si se come bien en él. Evidentemente, los cocineros van a decir que se come muy bien, pero a mí no me interesa la opinión de los cocineros,
que son ustedes, el Estado, sino la opinión de los clientes. Y en un restorán donde los clientes dicen que se come fatal y los cocineros dicen que se come muy bien, yo creo, la verdad, que se come muy mal. En definitiva, ustedes se dan autobombo,
esta ley va en esa línea y ustedes no van a conseguir nada con ello. Sobre la Administración pública, no importa lo que piensen los políticos y los funcionarios, lo que importa es lo que piensan de ella los ciudadanos, y a fecha de hoy los
ciudadanos tienen una mala opinión de la gestión de la Administración pública, y me parece que esta ley no solamente no lo va a solucionar, sino que encima lo va a agravar. Yo les pido a ustedes, al ministerio, que sean valientes y hagan un sistema
fácil. Le pongo un ejemplo: el otro día estuve en un banco, y a la salida había una pantalla con una cara sonriente y una cara de mal humor para que el ciudadano tocara una tecla u otra. Tengan ustedes valentía de poner esto en organismos de la
Administración del Estado. ¿Por qué no lo hacen? Porque, de cada cien personas, noventa y nueve van a poner la cara negativa y solo una va a señalar la cara positiva. Sean valientes, háganlo, en vez de estas leyes tan bonitas. En vez de venir
usted aquí a contar fantasías, hagan cosas de cara a la ciudadanía, porque estamos aquí, somos diputados por los ciudadanos, no por otra cosa.
Por otra parte, el proyecto de ley habla de herramientas para analizar el impacto de las políticas públicas de la ciudadanía, pero tampoco dice qué herramientas. Y usted ha hecho una referencia muy de pasada a las comunidades autónomas. Si
ustedes aplican esto, ¿qué quiere decir, según su visión? ¿Que habrá una Administración pública del Estado rápida y eficiente y que las comunidades autónomas que no la aplican tendrán una Administración del Estado mala o deficiente? ¿Las que la
aplican sí y las que no la aplican no? Más disparidad autonómica, más disparidad de Administración pública, y, en definitiva, quien
la paga es el sufridor de siempre, el ciudadano. Se lo he dicho antes, sean ustedes valientes, hagan encuestas de calidad. Basta con un simple escrito formalizado cuando un señor va a una oficina pública en el que se pueda indicar que tal
cosa le parece que está mal o podría mejorar. En este caso, cuando el problema es del ciudadano con la Administración pública, tiene que ir a un juzgado contencioso-administrativo, que es el único que lo va a solucionar, y esperar cinco, seis años
a la resolución del problema. ¿No pueden hacerlo ustedes de una forma más fácil, con una simple hoja de reclamación?
Veo que se me acaba el tiempo. En este proyecto de ley se habla de planes cuatrienales, y me recuerda a los planes quinquenales de la Unión Soviética y a la Agenda 2030, que no deja de ser un plan octogonal. La economía planificada, muy
típica de gobiernos totalitarios, me aterra. Yo creo en la política del día a día, no en establecer planes, que, al final, ¿qué ocurre?, que no se cumplen. Esto me recuerda que el Gobierno del PSOE me parece de un Estado soviético, más de la
economía de un país como Venezuela. Esto es lo que está llegando a España, economía venezolana, estado soviético, y el Grupo VOX estará aquí para impedirlo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora De Luna tiene la palabra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidente.
Gracias, señora secretaria de Estado, por sus explicaciones. He de confesarle que nos sorprendió su petición de comparecencia en esta Comisión, teniendo en cuenta la cantidad de comparecencias que tanto mi grupo parlamentario como el resto
de grupos de esta Comisión tenemos solicitadas y nunca son atendidas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Las solicitudes de comparecencia de la ministra, como hace un rato hemos visto y hemos votado, son rehusadas
constantemente, huyendo del control parlamentario y dejando patente la falta de respeto y desconsideración que tiene hacia esta Comisión, esta Cámara y los diputados que las integran.
Me ha sorprendido que, con los importantes temas que actualmente afectan a la Función Pública y sobre los que existe auténtica opacidad, su primera comparecencia en esta Comisión sea para hablar de la evaluación de las políticas públicas de
la Administración General del Estado, de modo que, además de dirigirme, como es lógico, a este tema que usted ha venido a explicar, también aprovecharé para hacerle una serie de preguntas sobre otras materias de su competencia, de su Secretaría de
Estado.
Dice usted que esta evaluación es un instrumento de mejora y aprendizaje sobre las acciones de gobierno para la toma de decisiones y rendir cuentas ante la ciudadanía. Pero lo de rendir cuentas ante la ciudadanía nos resulta paradójico,
tratándose del gobierno más opaco y menos transparente de la democracia. Prueba de ello son las reiteradas negativas a informar sobre los viajes del presidente, informar en lo relativo a los comités de expertos o dado el apagón informativo del
portal de transparencia. Ustedes han conseguido que durante 2020 los ciudadanos presentaran ante el Consejo de Transparencia casi tres reclamaciones al día contra el Gobierno por negarles información.
Pero, volviendo a la futura ley de evaluación, esta contempla la creación de una agencia estatal de evaluación de políticas públicas, y nos gustaría saber, si nos lo puede avanzar, señora secretaria de Estado, cuál será su estructura y
composición y si estará integrada por funcionarios de carrera.
Asimismo, quiero comentarle que, cuando se aprobó el anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, se publicó -y usted también ha aludido a ello- que propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un consejo
general de evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán al fomento de la cultura evaluadora. Permítame decirle que nos resulte poco creíble lo de la participación de las organizaciones y asociaciones, teniendo en cuenta la
manifiesta falta de diálogo tanto con los sindicatos como, en particular, con FEDECA. Y, hablando de esta federación, me gustaría preguntarle por qué se ha negado a recibirlos y ni siquiera ha contestado a sus reiteradas peticiones de reunirse con
usted y la ministra. Si nos puede indicar el motivo, por favor díganoslo.
También le voy a preguntar sobre varias materias de su competencia de interés para los empleados públicos, y empezaré por la ley de Función pública de la Administración General del Estado. Hace un año, en mayo de 2021, el Grupo Socialista
presentó en esta Comisión una PNL en la que instaba a su propio Gobierno a que trajera a esta Cámara un proyecto de ley de Función Pública, una PNL respecto de la que, aunque extemporánea, ya que se presentó una vez que se había iniciado el trámite
de consulta pública, es de agradecer que instaran a presentar un proyecto de ley, teniendo en cuenta el gusto que tiene este Gobierno por abusar del decreto ley y, por tanto, de sustraer a esta Cámara el normal ejercicio de la
competencia legislativa. El trámite de consulta finalizó el 10 de junio de 2020, es decir, hace dos años, y le pregunto al respecto: ¿Existe ya un borrador avanzado de la ley de Función Pública? De existir, ¿qué calendario tiene previsto
al respecto? ¿Cuándo se someterá al trámite de consultas internas, remitiéndose a las comunidades autónomas y a las entidades locales? ¿Quiénes están trabajando en el texto? ¿Con qué fuentes se está elaborando? Comprenderá que le haga estas
preguntas debido a la trascendencia de los aspectos que tendrán que ser regulados en esta ley, entre otros, jornadas y permisos de empleados públicos, regulación de los cuerpos y escalas, clases de personal, delimitación de sus funciones, acceso a
la carrera profesional, régimen retributivo, etcétera. Por eso, dada su importancia, creemos que esta ley tiene que ser ampliamente informada por los órganos consultivos y absolutamente consensuada con los sindicatos más representativos de la AGE,
las asociaciones de funcionarios y los grupos parlamentarios, tratándose de una ley que va a regir el futuro de la Administración General del Estado, de cuyo borrador y trámite, señora secretaria de Estado, desconocemos absolutamente todo.
Otra cuestión importante en su ámbito es el teletrabajo, ahora rebautizado como trabajo a distancia. El pasado 22 de abril recibimos del Gobierno contestación a unas preguntas que formulamos en las que se indicaba que el real decreto que
regulará el teletrabajo en la AGE se encuentra en tramitación, habiéndose sustanciado ya el trámite de audiencia pública. Añadían -y leo textualmente-: 'Su elaboración conlleva la realización de trámites en los que participan diversos centros
gestores a efectos de coadyuvar a la consecución de un texto normativo solvente y proporcionado en sus posibles impactos que contribuya a la plena satisfacción de la finalidad que persigue'. Entonces, señora secretaria, ¿por qué acaban de
despreciar esa laboriosa y cuidada elaboración de la regulación del teletrabajo y recientemente lo han metido con calzador en medidas destinadas al ahorro energético y sin ningún tipo de negociación con los sindicatos? ¿Por qué han reducido la
regulación del teletrabajo a un mero sistema de gestión de solicitudes que va a resolver cada ministerio a través de los distintos subsecretarios? ¿Habrá entonces veintidós tipos de teletrabajo en consonancia con el desorbitado número de
ministerios?
Otras cuestiones que también le quiero plantear son las relativas a la Muface que, como sabe, presta atención sanitaria a más de dos millones de mutualistas: ¿por qué han reducido la cartera de servicios que tradicionalmente ofrece?; ¿por
qué han limitado en el nuevo concierto la posibilidad de optar por la cobertura de la asistencia sanitaria dos veces al año y lo han dejado solamente en una y no en dos, como se hacía tradicionalmente en enero y junio?, ¿quieren dejar que Muface
muera poco a poco, limitando los servicios que se ofrecen y, al mismo tiempo, limitando y quitando flexibilidad a la posibilidad de la elección, como digo, de la asistencia sanitaria?
Señora Sánchez, ya conoce usted la alarma que ha creado este tema entre los mutualistas y las denuncias públicas que también CSIF ha hecho por la reducción significativa de muchos hospitales y tratamientos médicos como consecuencia de haber
sido desconcertados por las compañías aseguradoras que prestan esta asistencia, toda vez que, con los importes del concierto, no cubren los gastos de la asistencia sanitaria que se está dispensando. ¿Tiene previsto solucionar este problema? ¿De
qué forma?
Otra cuestión por la que también quiero preguntarle es la oferta de empleo público que recientemente acaban de publicar. Dado que existe disparidad de las cifras que se han publicado en los distintos medios, seguro que usted nos puede
aclarar una serie de cuestiones que nos preocupan. La primera sería cuántas plazas se han convocado y, de ellas, si nos puede indicar cuántas son de nuevo ingreso, cuántas de promoción interna y cuántas van destinadas a la estabilización del
personal eventual y también de los funcionarios interinos.
Señora Sánchez, respecto al proceso de estabilización también nos gustaría saber si Función pública está haciendo algún tipo de seguimiento en cuanto a los procesos selectivos que las entidades locales y las comunidades autónomas están
convocando ahora para que se cumplan los plazos que se han previsto en la Ley 20/2021 y si están haciendo un seguimiento para que esto se haga conforme a lo que prescribe la propia ley.
¿Qué criterios han seguido para redimensionar las plazas de nuevo ingreso? ¿Se ha hecho un análisis pormenorizado de las necesidades en cada uno de los ministerios y en la Administración periférica del Estado? ¿Se han analizado las
necesidades reales del número de plazas de cada uno de los subgrupos que han convocado, A1 y A2, etcétera? ¿Se ha consultado a los subsecretarios de los ministerios para fijar los criterios de la oferta de empleo público? ¿Se han tenido en cuenta
también las acuciantes necesidades de los funcionarios del Estado en aquellas comunidades de difícil cobertura como Cataluña, País Vasco y Baleares? ¿Han diseñado algún tipo de estrategia para la asignación y distribución del personal de la AGE en
esos territorios?
Señora secretaria de Estado, ya ve la cantidad de preguntas que tenemos en temas de suma importancia. Como hay una absoluta falta de información y oscurantismo, aprovechamos su comparecencia porque seguro que usted nos va a dar mucha luz
sobre todo lo que le planteamos.
Otra cuestión que también nos preocupa es la profesionalización y cualificación de los directivos de la Administración General del Estado. Usted sabe que contamos actualmente con unos funcionarios pertenecientes a los distintos grupos A1,
que gozan de una cualificación muy alta. En abril de 2021, el Gobierno anunció la constitución de un grupo de análisis y de trabajo que iba a hacer propuestas de reformas a la Administración del Estado, entre ellas, unas propuestas para modificar
los procesos selectivos de acceso a los cuerpos superiores. Desde entonces no ha habido ningún tipo de información de estos trabajos. Lo poco que ha trascendido no ha gustado, no ha concitado la aprobación de nadie y, además, ha creado una alarma
porque la recomendación ha sido bajar el nivel de exigencia en las pruebas teóricas -en los orales, destinados a la teoría- y aumentar las pruebas de tipo subjetivo y práctico. Si bien estamos de acuerdo en que pueden mejorarse estos procesos
selectivos y en que se pueden incorporar una serie de pruebas que sean más acordes con las necesidades reales como, por ejemplo, aumentar la digitalización, pruebas de idiomas, etcétera, entendemos que no debe reducirse la parte teórica porque,
además de evidenciar los conocimientos que los opositores tienen sobre la materia de los distintos cuerpos superiores de la Administración a los que van a acceder, como usted sabe, permite al tribunal formular preguntas durante la exposición y
también pone de manifiesto una serie de habilidades como la capacidad de expresión, de resolución, de gestionar la tensión, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señora De Luna, tiene que ir acabando ya, por favor.
La señora DE LUNA TOBARRA: Acabo con este tema que es muy cortito y ya sigo con lo demás.
Quería decirle que nos parece inconcebible que no hayan contado con la colaboración de los Cuerpos A1 del Estado -no los han tenido en cuenta ni les han contestado y se lo han pedido reiteradas veces- en el diseño de los procesos selectivos,
cuando pensamos que son los que conocen la Administración y los que, además, pueden dar unas ideas novedosas e innovadoras para mejorarlos.
Aprovecharé la segunda parte de mi intervención porque todavía tengo algunas preguntas, señora secretaria, sobre otros temas.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Luna.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Aceves.
El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quería agradecer a la secretaria de Estado su comparecencia y sus explicaciones sobre un proyecto de ley que, desde luego, a este grupo le parece muy importante. Pero también permítanme, señorías, por cortesía parlamentaria
-no lo he hecho en el otro punto por olvido- agradecer el gesto del Grupo Parlamentario Popular en la anterior votación para que la mayoría en esta Cámara siguiera con la misma aritmética. Me gustaría que figurara en el Diario de Sesiones en este
momento por cortesía parlamentaria y por olvido en mi primera intervención.
Señorías, hablamos de un proyecto de ley que, si tuviéramos que ir a su máxima reducción, podríamos decir que abunda en la calidad democrática. Y es fundamental esta terminología porque, después de haber escuchado lo que en algunas
intervenciones he escuchado esta mañana, seguramente todavía es mucho más importante para nuestro grupo decir que este proyecto de ley es un proyecto de ley que abunda en la calidad democrática.
Señorías, el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, está en esta Cámara a disposición de todos los grupos y de todos los diputados desde el pasado 26 de mayo.
Además, después de su lectura -no todavía profunda, pero al menos su lectura- podríamos definirlo como el intento de reforzar el valor de la evaluación de las políticas públicas para dar estabilidad, calidad y universalidad a un proceso amparado por
la voluntad de este Gobierno -como ya se ha hecho referencia en algunas intervenciones- en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las aportaciones de la OCDE, en las aportaciones de la Unión Europea y en la
petición de amplísimos sectores de nuestro país que demandaban que con rango de ley tuviéramos en nuestro país un instrumento para evaluar las políticas públicas. Creo que esa verdadera cultura de evaluación viene bien para sistematizar
-importante, señorías- este análisis, las
medidas adoptadas y las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo para que, entre todos, pudiéramos mejorar ampliamente la calidad democrática de nuestro país con un enfoque triple: transversal, integral y participativo.
Creo que es una herramienta imprescindible, señorías. Este grupo parlamentario y, desde luego, el Partido Socialista, han defendido siempre históricamente -y lo vuelven a hacer una vez más- que es imprescindible dotarnos de sistemas de
evaluación de calidad en un proceso que además tiene que ser de aprendizaje y organizativo en una institución pública, en todas las instituciones públicas. En este caso, señorías, el proyecto de ley es de la Administración General del Estado, pero
yo también como grupo creo que deberíamos de apelar a que fuera una herramienta que se utilizara también en el resto de administraciones públicas para que llegara a todo el sector de nuestro país.
Además, es una herramienta de mejora y con su llegada a este Parlamento, señorías, estamos todos los grupos y todos los diputados de esta Comisión emplazados a trabajar para sacar una futura ley, siguiendo además las pautas europeas. En
cuanto al enfoque de la evaluación en nuestro país, quiero reiterar aquí, y es importante remarcarlo, el trabajo que la AIReF ha hecho en este aspecto de evaluación y también el de otros muchos trabajadores públicos que llevan trabajando en este
sistema mucho tiempo. Aprovecho mi intervención también para, una vez más, poner en valor el trabajo desde lo público de las empleadas y los empleados públicos.
No me voy a parar, señorías, porque creo que la secretaria de Estado lo ha explicado en los treinta y dos artículos -creo recordar- que tiene la ley y sus disposiciones, en más detalles, pero sí quiero hacer referencia a dos cuestiones que
me han parecido importantes en esta Comisión. Al Grupo Parlamentario VOX le quiero agradecer su intervención, porque demuestra claramente lo que es como partido y como grupo parlamentario. Sus señorías de VOX han hablado de frivolidades con un
claro desconocimiento de lo que significa lo público, porque ni siquiera se han molestado en leer el texto que está en esta Cámara desde el día 26; ni siquiera se han molestado. Como ustedes son tan previsibles, les reconozco que tenía claro iban
a utilizar el término chiringuito. ¿Saben por qué? Porque sus subconscientes les traicionan, y saben que su líder utilizó durante años un chiringuito, que ahora desprecian, para poder vivir de lo público. Es así de claro, señorías: un
chiringuito para vivir de lo público y hacer muy poquito; madrugar poco y trabajar mucho menos todavía. Pero es que, además, tienen ahora una tremenda oportunidad y por eso digo que es una frivolidad. En mi tierra, Castilla y León, por desgracia,
gobiernan y yo les pregunto: ¿Van ustedes a eliminar los chiringuitos que hay en Castilla y León? (El señor Segura Just hace gestos afirmativos). Espero que mañana hagan un listado de todos los que van a eliminar, empezando por los que tienen en
las consejerías que gobiernan, por ejemplo, en Agricultura, en Castilla y León. Espero que hagan un listado y nos digan en qué momento van a eliminar esos chiringuitos. Como todos sabemos, lamentablemente es simplemente fuego de artificio, porque
han nombrado a sus familiares cercanos personal de confianza en Castilla y León, y está publicado en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, señorías, yo creo que no merece la pena entretenernos en esto mucho más.
Quiero hacer una última apreciación al Grupo VOX. Le agradezco su intervención porque cuando ha hablado literalmente de que hay una mala opinión de los servicios públicos por parte de los ciudadanos y de que ustedes están con ello, ¿sabe lo
que ha dicho? Que están en contra de la sanidad, de la educación, de la policía, de los bomberos y de las gestiones que coordinan los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Gracias por decirlo claramente. Si es que esta exposición que ha
hecho es buenísima para que toda la ciudadanía tenga claro lo que ustedes defienden, que es ir en contra de los servicios públicos, en contra de los trabajadores públicos, todos, señorías -hasta de los que algunas veces aquí sacan pecho y
defienden-, y en contra de todos los servidores públicos, aproximadamente 2,7 millones en nuestro país.
Para terminar quiero decirles a ustedes -hoy tengo la oportunidad de que quede reflejado en el Diario de Sesiones-, que precisamente son los amigos de Putin y que hablan gratuitamente de un Estado soviético, que se apliquen lo que realmente
defienden y lo que, entre bambalinas, utilizan.
Para terminar me dirijo, en este caso a la señora De Luna, del Grupo Parlamentario Popular. Es verdad que en cuanto al tema ha hecho una pequeña apreciación y lo demás son otros temas de Función pública. Señora De Luna, por supuesto que la
secretaria de Estado le contestará, yo no tengo interés, conviene poner en valor los datos de los que ha hablado. Mire, ha hablado literalmente de la falta de diálogo con los sindicatos. ¿Pero es que ustedes no se han leído el otro día que la
histórica oferta de empleo público -que cada año que hay una oferta de empleo público en este país bajo Presidencia del presidente Sánchez es histórica- está firmada por los tres grandes sindicatos de nuestro país? La verdad es que cuando dicen
este tipo de contradicciones tan evidentes lo que hacen es denigrar, incluso, a la
representación sindical, salvo que estén ya tan cercanos al Grupo VOX que también apoyen como hemos oído en mi tierra, en Castilla y León, que quieren eliminar todos los recursos relacionados con el diálogo social. Bueno, pues díganlo
también. ¡Si está bien que lo digan! Si ustedes están en contra del papel fundamental y además constitucional que tienen en nuestro país las organizaciones sindicales y empresariales, díganlo, no pasa nada porque hay libertad para decirlo; si no,
utilicen otro tipo de argumentos para buscar cualquier crítica, porque este es un Gobierno que tanto en esto como en la temporalidad -y en otros muchos aspectos- siempre firma acuerdos con los sindicatos para poner en marcha medidas que ayuden al
empleo público en nuestro país.
También ha hablado de cifras del empleo público. Se las voy a dar, seguramente la secretaria de Estado lo hará con mucho más detalle, como agradecimiento en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a la labor del Gobierno. El total de la
oferta de empleo público en nuestro país es de 44 787 plazas, que tiene cuatro patas: la primera, 34 151, que es un 12,17 % más que el ejercicio anterior, que ya era histórico, señorías, y que ascendió a 30 445. A eso se suman 10 636 puestos
adicionales del proceso extraordinario de estabilización. Pero es que, señorías, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno -mañana, precisamente, se cumplen cuatro años- ha tenido oportunidad de poner en valor las políticas públicas con
143 869 plazas de oferta de empleo público en nuestro país, el doble exactamente de las ofertadas en los siete años de Gobierno de Rajoy; en la mitad del tiempo, el doble de apuesta por lo público. Hay un detalle importante que se nos olvida a
todos y es que en todos los presupuestos con una subida salarial. En esta Cámara el Partido Popular ha reclamado recortes y que no se subiera el sueldo a los empleados públicos y este Gobierno ha hecho lo contrario, lo que tenía que hacer en apoyo
a las empleadas y a los empleados públicos de nuestro país.
Y termino con algo que me parece fundamental y es que este grupo parlamentario, señorías, se reúne -este portavoz y el viceportavoz también- habitualmente con todos los sindicatos que lo piden, con todos, y también con todas las asociaciones
de funcionarios, incluida -como decía la señora De Luna- FEDECA. Pero también les digo una cosa, señorías, y es que todos son escuchados porque este grupo trabaja para todos los grupos funcionariales, desde el A1 y el A2 hasta el C1 y el C2, para
todos, porque creo que es de justicia atender, trabajar y ofrecer medidas para todos los grupos de funcionarios en nuestro país. Todos tienen reivindicaciones que tienen que ser atendidas y así lo hacemos y, desde luego, trasladamos al Gobierno
también nuestra opinión en este sentido. Creo que no es justo decir que no se atienden.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aceves.
A continuación, para dar respuesta a las cuestiones planteadas por sus señorías, la señora Sánchez tiene de nuevo la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a todos y a todas por sus aportaciones y sus reflexiones, porque también me hacen a mí reflexionar y hacerlo mejor, sin duda. No quisiera empezar contestando a cada uno de ustedes en particular, pero no me resisto a compartir
con el señor Mazón que nosotros estamos hoy aquí presentando un producto y una realidad y no un planteamiento de futuro y de lo que vamos a hacer, sino de lo que estamos haciendo y, por la propia evolución lógica de una legislatura, este es el
momento en el que con más profusión se producirán entradas en este Parlamento de las distintas acciones concretas que el Gobierno está llevando a cabo. Además, seguiremos con estos paquetes de reforma, de la que el Proyecto de Ley de
Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas es un elemento más, que aquí también llegarán. No es cuestión solo de este Gobierno ni de esta secretaría de Estado que les habla ni del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, la
ley de evaluación es una ley que, como proyecto de ley, nace de un amplísimo consenso y de una amplísima participación. Ha tenido un recorrido interno muy intenso en todos los órdenes, también -como bien decía el señor Honrubia- en el ámbito del
Gobierno, con ochenta reflexiones y aportaciones que los veintidós ministerios han llevado a cabo. Por tanto, esta propuesta ha sido fruto, como digo, del consenso.
También hemos hecho una apuesta decidida en todo el espectro. Voy a intercalar algunas cuestiones que ustedes han planteado que no tienen nada que ver con la evaluación, pero me parece oportuno compartir la mayor parte de ellas. En los
planteamientos que hemos hecho de la oferta de empleo, por supuesto que hay una apuesta decidida también por los funcionarios con habilitación nacional, no solamente para incrementar las plazas de promoción interna del colectivo, sino también para
que el
producto y el fruto de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el sector público llegue por fin a este colectivo al que no había llegado hasta ahora. Son 1467 los puestos que se ofertan en el ámbito de habilitados nacionales, y
quería compartir ese dato.
Señor Legarda, la verdad es que la evaluación de políticas públicas ha despertado en todos nosotros -en el propio ministerio y en los demás ministerios- mucho debate y mucha reflexión porque se presta a esos análisis. Quiero matizar puntual
y mínimamente que todos esos principios que recoge la ley, más que criterios, son principios inspiradores de actuación relacionados con la formulación en sí misma de las políticas públicas, no con los criterios para llevar a cabo la evaluación. Me
parece que es importante esa diferencia porque cuando hablamos, por ejemplo, de la pertinencia, si vemos que la finalidad que persigue una política fruto de ese análisis no está respondiendo al objetivo legítimo que la planteó, no es pertinente el
contenido de la misma; no la finalidad, insisto, que es la decisión política, sino su contenido.
¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Nosotros no pretendemos definir la política en sí misma ni suplir, como bien decía también el señor Honrubia, la acción pública, la acción política, sino lograr el objetivo de la acción pública y que
llegue a buen puerto lo que se pretende hacer. La evaluación externa no significa que la evaluación vaya a producirse fuera del ámbito de la Administración General del Estado -habrá algunas ocasiones en que así será, porque sea recomendable por la
tipología, la especialidad o cualquiera de las razones que puedan fundamentarlo-, sino que no la lleve a cabo el equipo que está formulando la política pública, no ya del departamento ministerial, sino de la Dirección General del ámbito de la unidad
o del órgano de que se trate, para que haya una mirada diferente. Los equipos mixtos serían aquellos que están integrados por los equipos que formulan las políticas y por los de otros departamentos que las evalúan o incluso por ámbitos externos
absolutamente a la Administración que, insisto, deben seguir por esa especialidad. Se trata también de ser flexible y de no establecer marcos rígidos, marcos que encorseten en exceso a la hora de poder llevarla a cabo.
El señor Honrubia decía que, unánimemente, los que llevaban tiempo evaluando o participando de este mundo y planteaban cuáles eran sus principales dificultades, las centraban en dos: la financiación y los recursos humanos experimentados o
suficientes, tanto para llevar a cabo la política como para la evaluación en sí misma. Y precisamente eso forma parte de lo que pretende la evaluación ex ante, que no solamente los objetivos que se persiguen den cumplimiento y satisfacción a la
política que se está implementando o articulando, sino que se disponga de los recursos humanos suficientes para llevar a efecto la evaluación que he planteado antes. Una de las patas más importantes del proyecto y de la acción que va a conllevar su
entrada en vigor es redoblar la apuesta por la formación interna para que los propios empleados y empleadas públicos sean los que de una manera imparcial lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos que la Administración tiene encomendada. Por
tanto, no suple la acción pública, sino que la analiza y la mide para ver exactamente si lo que se está llevando a cabo está en el camino de lo que se pretendía. Por tanto, tampoco es un elemento de auditoría y control, sino un elemento, como
decíamos antes, de aprendizaje para llevar a cabo la calidad de servicio público que se está pretendiendo.
Con alguno de los intervinientes, como el señor Segura, no comparto el modelo; podríamos estar mucho tiempo debatiendo sobre él y difícilmente llegaríamos a un punto de consenso. Es verdad que, aunque consideramos que es legítimo cualquier
planteamiento que necesite organismos para llevar a efecto su función, la Ley de evaluación de políticas públicas no crea ningún organismo ex novo, evoluciona uno existente de evaluación de políticas públicas y las comisiones que contiene son
órganos colegiados conformados, en el caso del Consejo Superior de Evaluación, por la Secretaría de Estado de Función Pública y los subsecretarios de los departamentos, para avanzar de manera colaborativa y coordinada en este proceso y en esta
empresa tan importante que nos hemos planteado de implantar y sistematizar la evaluación de las políticas públicas.
La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas es una agencia que todavía no está formulada en su contenido ni en su estructura ni en su composición. La ley establece que, seis meses después de que la ley entre en vigor, la agencia
tendrá que estar en funcionamiento con la aprobación de sus estatutos. Constituye también uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque así lo planteamos a la Comisión Europea y así lo entendió la Comisión, que era
necesario un instrumento que se dedicara a acompañar, coordinar e impulsar todo este proceso de implantación. Estará formada por funcionarios de carrera que llevarán a cabo ese cometido.
Quiero decirle también, señora De Luna, que antes me he referido a la comisión superior de evaluación, pero por ejemplo, el consejo general de evaluación es un órgano colegiado de puesta en común del que ya tenemos una experiencia muy
fructífera y muy realista de participación y aportación,
como es el Foro de Gobierno Abierto en el que estamos ya en el cuarto plan y que he citado anteriormente, con un modelo de gobernanza que se basa en esa implicación y participación de la ciudadanía y de los distintos elementos que componen
los sectores de participación.
En cuanto a la transparencia no transparente, quiero decirle que el Portal de la Transparencia, a fecha de 30 de abril -que es el último dato que tenemos constatado- tiene finalizado y respondido el 97,35 % de las demandas y preguntas.
También quiero decirle que en breve, si ustedes así lo consideran, nuestro ministerio estará aquí presentando también la ley de función pública de la Administración General del Estado, de la que ya existe un borrador. Estamos internamente ultimando
el proceso de integración de los aspectos que la componen. Es una ley ambiciosa de desarrollo del EBEP, pero también de incorporación con carácter básico al EBEP de cuestiones que desde el año 2007 se han visto como necesarias. Es otra de las
leyes que forman parte de los compromisos del plan de recuperación para este año 2022. Luego, el calendario lo marca ese compromiso con Europa, a cuyo cumplimiento estamos absolutamente todos orientados, y así está sucediendo, como se ha ido
comprobando con los distintos desembolsos que se han producido por parte de la Comisión Europea y que son fruto del cumplimiento de algo tan complejo como el plan de recuperación. Creo que nunca hemos acometido en la Administración General del
Estado y en las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos un trabajo tan complejo como la ejecución del plan.
También está muy próximo a ver la luz el real decreto de regulación del teletrabajo en la Administración del Estado, fruto de la negociación sindical y del diálogo social, como se plasmó en su momento en el acuerdo de modificación del EBEP
para incorporar ese modo de prestación del servicio -el acuerdo de abril del 2021- y para definir cuáles debían ser los elementos que definieran el teletrabajo. Tenemos muy claro que buscamos un modelo común a los veintidós ministerios y a los
distintos organismos, pero también un modelo flexible a las circunstancias que en cada momento se produzcan. Hemos hecho un avance puntual en el plan de ahorro y eficiencia energética que se aprobó en el Consejo de Ministros el 24 de mayo, donde
intencionadamente hablamos del trabajo a distancia por el respeto profundo que tenemos hacia el teletrabajo, que no es tal si no tiene todos y cada uno de los elementos que lo componen. El teletrabajo, que probablemente verá la luz a lo largo de
este mes, necesita claramente -y así lo establece el texto- una identificación de objetivos y una evaluación de dichos objetivos para que esa modalidad de prestación del servicio no merme el acceso al servicio por parte de todos los ciudadanos.
Clara, total y rotundamente, el servicio del mutualismo administrativo -tanto MUFACE como ISFAS y MUGEJU- contiene la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, todos y cada uno de los elementos que lo integran. Es más, en
el concierto vigente se han añadido nuevos servicios que han ido incorporándose al Sistema Nacional de Salud y se han computado a efectos de su financiación; financiación que ha tenido una subida del 10 %, que está muy por encima de la que tuvo en
los últimos años, una subida que, en ese sentido, ha sido histórica. Lógicamente, un organismo vivo y en un ámbito tan delicado como la sanidad o la salud pública tiene su mecanismo de presentación de reclamaciones, pero tengo que decirles que,
durante el primer trimestre de este año -que es el dato que tenemos-, ha habido presentación de reclamaciones por parte del 0,09 % de los mutualistas. Como no puede ser de otra manera, el interés del organismo que preside la actuación -en este
caso, MUFACE, porque el dato que estoy comentando es, concretamente, de MUFACE- es que se resuelva rápidamente la situación. Se acomete un acompañamiento en momentos que son delicados para cualquier persona y se lleva a cabo su resolución, con un
nivel de respuesta en un corto espacio de tiempo.
En cuanto a la oferta de empleo público, creo que todos y todas debemos estar muy orgullosos y orgullosas del nivel de empleo público que ponemos en la calle en un momento tan complicado como este y que es fruto de tres leyes que han salido
de este Congreso y del Senado, es decir, del Parlamento. En primer lugar, es el fruto de una tasa de reposición que se estableció en la ley de presupuestos de este año 2022 aprobada en el seno de este Parlamento, que no solo flexibilizó el cálculo
que ha permitido que hagamos un refuerzo histórico en la Seguridad Social y en todos sus organismos, con un apoyo unánime de los sindicatos que componen la mesa general, sino que ha supuesto un incremento medio de más de un 20 % respecto a lo que
supondría la reposición vegetativa si hubiéramos ido al 100 % de la reposición. Por primera vez se genera empleo neto -ya empezamos en el año 2021- y ese es el resultado de la oferta de empleo más importante de la democracia. No obstante, junto a
la ley de presupuestos, hay otras dos leyes importantes que coadyuvan a que esta oferta de empleo público sea tan relevante: la Ley 20/2021 de estabilización -el señor Aceves ya ha dado datos sobre lo que supone- y el Real Decreto Ley 32/2021 de la
reforma laboral. Ambas leyes han supuesto una apuesta decidida por el empleo estable y de calidad en el sector público y por la dignidad del trabajo que se lleva a cabo.
Les doy un dato que considero muy relevante en ese 'no dejar a nadie atrás'. Junto a la histórica oferta de 44 787 plazas entre acceso libre general, ordinario, promoción interna y acceso por estabilización, en el ámbito de las entidades
del sector público se ha llevado a cabo un acompañamiento -y lo seguimos llevando a cabo- para afrontar no solamente la reposición ordinaria para seguir prestando la imprescindible función que realizan, sino para la estabilización del empleo con la
reforma laboral, lo que supone la superación de fórmulas de contratación que generaban precariedad y abuso. Eso nos lleva a que en las empresas públicas hay una oferta este año de 19 639 plazas, de las cuales 5947 son de tasa de reposición
ordinaria -por jubilación o excedencia del personal fijo- y 13 692 de estabilización y adaptación a la reforma laboral. Creo que todos debemos felicitarnos por que se haya hecho realidad esa oferta de empleo público, que es el instrumento por
excelencia de la planificación de los recursos humanos. Además, es una realidad que mira al territorio y, a pesar de que los cuerpos generales son objeto de distribución en un momento posterior -no en la fase de aprobación de la oferta de empleo
público, sino en la fase de las convocatorias-, más de un 63 % del número de puestos de la oferta de empleo van destinados al territorio, básicamente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a las direcciones provinciales de Economía y
Hacienda y de Seguridad Social, al SEPE... No quiero ser exhaustiva en la enumeración, porque todos conocemos cuál es el territorio.
Fruto de ese acuerdo que usted ha citado de orientaciones para el cambio en la selección de abril de 2021, ahora estamos llevando a cabo la ejecución de ese plan, es decir, de lo que se acordó de manera muy participada por todos los sectores
que tenían algo que decir, incluidas, por supuesto, las asociaciones que aglutinan a los funcionarios de carrera de los cuerpos superiores.
Termino apostillando en positivo lo que el señor Aceves decía. Hay tres fases en la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: la primera fase es esta que estamos compartiendo, la aprobación del Proyecto de Ley de
Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas; la segunda fase se tiene que cumplir en el segundo semestre o en el tercer cuatrimestre -según se mire- del año que viene, y es la entrada en funcionamiento de la agencia estatal de
evaluación de políticas públicas, y la tercera fase -no menos importante- es la elaboración de una estrategia de un sistema público de evaluación de políticas públicas con el más absoluto respeto a la gobernanza con las comunidades autónomas y con
los ayuntamientos. En este último caso, existe el compromiso de elaborarla con el concurso y la participación de todas las administraciones públicas, porque una tarea tan relevante tiene que llegar hasta el último rincón del último ámbito de la
Administración.
Seguro que me he dejado cosas, pero por mi parte nada más, solo darles las gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias de nuevo, señora secretaria de Estado.
A continuación, habrá un segundo turno breve. El Señor Mazón no quiere intervenir. Señor Legarda, ¿quiere intervenir? (Asentimiento). Cuando quiera.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por sus explicaciones. Quisiera formularle dos brevísimas cuestiones para finalizar. En primer lugar, si -como parece- uno de los objetivos buscados en la agencia era lograr el mayor grado de
autonomía, ¿por qué dentro de las figuras de la ley de régimen jurídico han elegido la forma de agencia y no la forma de administración independiente, que es la que más alto grado de autonomía tiene?
En segundo lugar, ¿cuál ha sido el motivo -porque seguro que lo hay- para no haber solicitado el dictamen del Consejo de Estado? Entiendo que esta ley es consecuencia del cumplimiento de un reglamento europeo; como señala la memoria, del
Reglamento 2021/241 de las disposiciones operativas para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta ley está vinculada al cumplimiento de ese reglamento y, a su vez, es uno de los hitos para la libranza de fondos. La Ley Orgánica del Consejo
de Estado dice que sus informes son preceptivos -lo voy a leer por encima- en anteproyectos en ejecución de cumplimiento o desarrollo del derecho comunitario europeo, y entiendo que este caso lo es. Entonces, ¿por qué no ha sido solicitado el
informe del Consejo de Estado?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
La señora Martínez no está. El señor Honrubia, de Unidas Podemos, no va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA JUST: Con su permiso, señor presidente.
Simplemente, quiero recordar que ha habido una alusión diciendo que VOX es el partido de Putin. A ver, le recuerdo al portavoz del Grupo Socialista que el partido de Putin se llama Rusia Unida. Además, hace poco en la Comisión de Asuntos
Exteriores -yo estaba presente- el Grupo Parlamentario VOX presentó una proposición para que el Gobierno de España declarase al señor Vladímir Putin persona non grata. Votaron a favor VOX, el Grupo Popular y Ciudadanos. Sin embargo, el Grupo
Socialista, junto con Podemos, independentistas, nacionalistas, etcétera, votó en contra; o sea que yo ya tengo aquí muy claro quién apoya a Putin y cuál es el partido de Putin.
Paso a dirigirme a usted, señora secretaria de Estado. Le digo con todos los respetos que ustedes han tenido varios gobiernos del Partido Socialista durante muchísimos años. ¿Se acuerdan ahora de mejorar la calidad de la Administración de
Justicia, cuando han tenido casi treinta años para hacerlo? Por tanto, yo entiendo que a ustedes les falta credibilidad. Les doy un consejo: no evalúen a la Administración pública, sino evalúense a sí mismos. Y si no lo hacen, no se preocupe,
que de aquí a un año el pueblo español les va a evaluar en unas elecciones generales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidente. Gracias, señora Sánchez.
En primer lugar, el señor Aceves ha hablado de la oferta de empleo público y creo que no ha debido oír mi exposición, porque yo nunca he dicho si me parecen muchas o pocas las plazas convocadas; solo he planteado que me hiciera un desglose
de las que eran de nuevo ingreso, de promoción interna y de estabilización. Además, ha afirmado que los sueldos se han subido con el Partido Socialista. Yo quería decirle que en la primera sesión plenaria que hubo en este Congreso nada más
iniciarse la legislatura se aprobó un decreto ley para aplicar unas medidas que había acordado ya el Partido Popular con los sindicatos en el año 2018 en relación con la subida del sueldo de los funcionarios en una parte fija y, luego, en una parte
variable que nunca llegó a efecto porque iba en función de cómo fuera la economía. Asimismo, quiero recordarle que los mayores recortes que se han hecho fueron en mayo de 2010 con Zapatero, cuando se recortó una media de un 5 % el sueldo de los
funcionarios -votó aquí a favor el actual presidente Sánchez- y también se congelaron las pensiones. Todo esto se hizo en época socialista y no en la época del Partido Popular.
Señora Sánchez, yo quiero decirle que para que haya unas buenas políticas de lo público lo primero que tiene que haber son unos buenos profesionales dentro de la Administración pública y, por supuesto, entre sus directivos. Entendemos que
en las pruebas de acceso para los grupos A1 -aparte de que se puedan introducir, como les decía, determinadas adaptaciones a las realidades sociales actuales o a las necesidades que haya- se tiene que contar con las aportaciones de los grupos A1,
que son los que conocen verdaderamente la Administración y, además, son los que actualmente la están dirigiendo. Usted ha afirmado aquí categóricamente que se han tenido en cuenta sus aportaciones, cuando, sin ir más lejos, este fin de semana en
distintos programas de televisión se hacían entrevistas a diferentes personas de FEDECA, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, que decían que no se ha contado en absoluto con ellos.
Precisamente también nos lo dijeron en distintas reuniones que hemos tenido con ellos, como me imagino que habrá tenido el resto de los grupos. Usted ha afirmado categóricamente que sí, cuando el propio FEDECA ha dicho que ni siquiera los ha
recibido usted y, a pesar de que han pedido varias veces reuniones tanto con usted como con la ministra, no han tenido respuesta. Por tanto, ha hecho unas afirmaciones con las que parece que está contradiciendo lo que esta asociación de cuerpos
superiores ha mantenido en este sentido, que es que no se ha contado en absoluto con ellos.
Luego, ha dicho que les preocupa el territorio y que lo han tenido en cuenta. Me gustaría saber cuáles van a ser los criterios o las estrategias que van a llevar a cabo en la Función pública precisamente para la cobertura de los puestos de
la AGE. Usted ha enumerado los distintos organismos que existen en las diferentes comunidades y nos preocupan muchísimo determinadas comunidades donde, aparte de la escasez de plantilla, hay un envejecimiento tremendo, como usted sabe, y se están
produciendo muchísimas jubilaciones. Queremos saber qué estrategias van a llevar a cabo en estos territorios de difícil cobertura -como Cataluña-, donde la AGE va poco a poco casi desapareciendo por falta de funcionarios del Estado. Queremos saber
qué estrategias van a llevar a cabo, una vez que se convoque esta oferta,
para que se cubran las plazas en el País Vasco, en Cataluña o en Baleares que, como sabe, son territorios de difícil cobertura.
Respecto a MUFACE, hablaba de que se había hecho un concierto con un aumento de un 10 %. Cuando el señor Iceta estaba en Función pública, recuerdo que había un borrador para MUFACE en el que el incremento era bastante superior al 10 %,
precisamente como consecuencia de todos los gastos que habían tenido que asumir las compañías aseguradoras con la pandemia. Asimismo, no solamente hemos visto constantes denuncias, manifestaciones y concentraciones de los sindicatos, sino también
de los propios mutualistas -han salido en todos los medios de comunicación- debido a que se habían reducido muchísimo los servicios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, por parte de MUFACE; también por parte de ISFAS y MUGEJU, que en realidad
siguen la tónica de la mutualidad rectora, que es MUFACE, la que mayor número de mutualistas tiene. Decían que se había reducido muchísimo la cartera de servicios y que incluso las propias aseguradoras han desconcertado hospitales porque, aunque
hayan subido este 10 %, no se cubren los gastos de la asistencia sanitaria de la pandemia y tampoco los actuales. Esto, por una parte.
Respecto al teletrabajo, dice que está pendiente de esta regulación y de este decreto ambicioso al que yo también me refería por su exposición, pero lo han metido ustedes ahora con calzador en unas medidas de ahorro energético. Un
chascarrillo de los funcionarios dice: El ahorro ¿para quién?, porque, si ahora tenemos que pedirlo de esta manera, el incremento energético va a ser el de los que estemos en casa utilizando nuestros propios medios para trabajar. Tampoco hay una
regulación clara, dado que se va a hacer, como le decía, con un sistema de peticiones de cada funcionario, que se tiene que dirigir a cada ministerio y donde va a resolver cada subsecretaría. Por tanto, no va a haber una regulación homogénea,
teniendo en cuenta los veintidós ministerios que tenemos actualmente -un número desorbitado- en esta gran Administración pública que ustedes han creado, absolutamente desproporcionada y elefantiásica.
Por último, también nos ha hablado de la ley de la función pública, que es importantísima. Yo ya he empezado diciendo que es muy relevante por todos los aspectos que va a regular, pero quiero ponerle de manifiesto que hay una opacidad
tremenda. Ustedes hablan de un borrador, pero nadie conoce ese borrador; no se conoce ni en los propios ministerios, donde tampoco saben nada las subsecretarías de las distintas direcciones generales.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora De Luna, por favor.
La señora DE LUNA TOBARRA: De todas formas, señora Sánchez, le agradezco sus explicaciones, a pesar de que nos ha faltado un poquito de concreción en todas las respuestas. Iremos formulando las preguntas también por escrito y seguramente
ahí tendrá más tiempo para poder contestar respecto a todos los graves problemas que nos preocupan y que son materia de su competencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves.
El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidente.
Quería agradecer a la secretaria de Estado sus explicaciones en esta segunda intervención a preguntas que incluso no tenían que ver con la comparecencia, lo cual demuestra voluntad de informar, voluntad de transparencia y, por supuesto,
voluntad de dar las explicaciones oportunas en esta Cámara, incluso sobre asuntos fuera del orden del día, lo cual en este grupo agradecemos.
Quería también hacer un par de aclaraciones. El portavoz del Grupo VOX creo que no me ha entendido bien y se lo voy a explicar claramente. Les he dicho que ustedes son amigos de Putin; y no lo digo yo solo, sino que hay un informe del
Parlamento Europeo en el que se publica con detalle la financiación de Rusia a partidos de ultraderecha en Europa, entre ellos, a VOX a través de la Fundación HazteOir -por si no me ha entendido antes, se lo digo claramente- y a un grupo armado
iraní al que también pagó sueldos, entre ellos, los de su líder. Por lo tanto, para que quede claro, se lo digo, señoría.
Señora De Luna, la verdad es que no tenía intención de intervenir, pero es que ha mencionado dos o tres cuestiones a las que no puedo dejar de referirme. La primera: ¡qué bien hacen ustedes, señorías, su papel en la oposición, queriendo
ser los adalides de todo lo contrario que hicieron cuando estaban en el Gobierno! Todo lo contrario, porque su labor de Gobierno fue siempre la de recortar, la de no dialogar, la de imponer y la de llevar el servicio público a unas cifras
completamente lamentables. Encima, utilizan el
comodín de las pensiones. Pero, señoría, ¡si gastaban más dinero en mandar sobres y sellos diciendo a cada pensionista lo que le subían la pensión, un euro! ¡Si costaba más el envío que lo que realmente le subían! ¿Y siguen con esa falta de
decoro de decir que se han bajado las pensiones? Pero si ustedes proponían un 0,25 % de incremento, algo que ya hemos derogado en este Parlamento -a pesar de ustedes- para que los pensionistas realmente tengan unas pensiones dignas. Ustedes
votaron en contra y ahora quieren utilizar las pensiones, cuando en ese debate, señorías, ustedes hacen todo lo contrario, que es denigrar a las y los pensionistas de nuestro país.
Ya que estamos hablando de estas cuestiones y ya que su líder parece que está desaparecido, me gustaría también que nos dijeran qué les parece la noticia que hemos conocido hoy de que la policía ha incautado a la mafia rusa el audio de una
operación para silenciar a Bárcenas y salvar al Partido Popular. Querían negociar y extorsionar al extesorero para que no facilitara información sobre la caja B de Génova. De verdad que sería muy interesante que nos lo contaran. Seguramente lo
harán otro día.
Muchas gracias, presidente. (La señora De Luna Tobarra: ¡Qué nivel! ¡Qué nivel!).
El señor PRESIDENTE: Iba a hacer una reflexión sobre una cuestión que ha planteado el señor Aceves, cuando ha dicho que la señora secretaria ha respondido a todas las cuestiones. Quiero que sepan sus señorías que la he advertido
previamente de que no tiene la obligación de contestar a aquello que no se ajusta a la comparecencia. A partir de ahí, no voy a hacer ningún comentario, porque es evidente que casi ninguna de sus señorías se ha atenido al estricto orden del día.
No obstante, ya les he hecho algunas otras veces estas reflexiones y, por lo tanto, no las voy a repetir. La protagonista es la compareciente y entiendo que a ella deberían dedicar todos sus esfuerzos sus señorías, pero lo dejo ahí.
Para finalizar, tiene de nuevo usted la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a todos y a todas. Muy brevemente quiero decir que cuando estuvimos valorando la naturaleza del organismo que queríamos crear estuvo sobre la mesa la autoridad independiente, pero nos pareció que no respondía a la finalidad
que persigue la institucionalización de la evaluación de políticas públicas, porque son organismos mucho más relacionados con sectores regulados y con aspectos de control. Como he dicho antes, lo que nosotros perseguimos es un organismo que
acompañe, coordine e impulse todo este proceso de cambio cultural que implica trabajar desde la medición de las políticas públicas.
La ley no ha pasado por el dictamen del Consejo de Estado y no es por ninguna intención extraña, aunque sé que usted tampoco la supone. Es verdad que es una ley instrumental y organizativa del funcionamiento de la Administración y no entra,
por tanto, dentro de la tipología destinada a esos dictámenes. Además, quiero aclararle también que es una ley que no se hace en ejecución de ninguna disposición, directiva o reglamento europeo. Es una iniciativa propia, autónoma y soberana del
Gobierno de España de llevar a cabo esa apuesta, pero no tiene esa relación. Así pues, ni por un lado ni por otro era necesario.
Todos y cada uno de ustedes me merecen el mayor de los respetos y, por supuesto, también todos y cada uno de los empleados y las empleadas públicas, así como los que los representan en asociaciones como la del cuerpo superior. Yo creo que
hay aquí un cierto equivoco. Estamos en el tiempo de la ejecución del planteamiento que en el año 2021 se analizó con una gran intensidad y de forma muy participada y amplia, incluyendo a la asociación que aglutina a los cuerpos superiores de la
Administración General del Estado, en ese marco que presentó el ministro Iceta en abril del año 2021. Ahora mismo estamos en la ejecución de aquel proceso. No todo lo que contiene es fruto de la unanimidad, sino de la incorporación de elementos
por parte de todos los que allí aportaron, incluida FEDECA. Ahora mismo estamos en el momento de la ejecución y todo lo que estamos haciendo se está llevando a cabo ya, como esa implementación en los órganos de representación del EBEP, de la mesa
general y de las mesas sectoriales. Luego, no hay ningún ánimo de excluir a nadie. Interpreto que hay un cierto equivoco sobre el momento en el que estamos, porque repito que no hay ninguna intención excluyente.
El real decreto del teletrabajo, del que ahora mismo el Consejo de Estado está llevando a cabo el análisis para el dictamen correspondiente, es una formulación de una manera diferente de prestar el servicio público. El trabajo a distancia
que hemos incorporado en el plan de eficiencia y ahorro energético incluye medidas a corto plazo y de alto impacto que nos permitan resultados inmediatos y efectividad. Se han incorporado aquellos elementos del trabajo a distancia que podían
incluirse en el marco de un plan y
no de una regulación. Pero en el momento en que entre en vigor el teletrabajo -no solamente al que no renunciamos sino que estamos impulsando activamente- ya dejará de estar operativo el previsto en el plan de choque, que son medidas
coyunturales y de impacto intenso y rápido en el tiempo. Luego será sustituida por un sistema de prestación del servicio, en este caso del teletrabajo, con profundo y absoluto respeto y defensa del trabajo presencial, de la presencialidad, para no
dejar a nadie fuera. Esa sería quizá un poco la explicación de que uno no sustituya al otro, sino que son para finalidades diferentes y en momentos distintos.
La Ley de Función Pública está en la fase en la que está, que es la interna, como le decía antes. En cuestión de pocos días empezará el recorrido no solamente ministerial, como tiene que ser, sino con las organizaciones sindicales para la
negociación de la ley más importante del empleo público de la que se tiene que dotar este Gobierno.
Termino dando las gracias por haberme permitido la oportunidad de explicarme en función de lo que represento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y de este Gobierno, porque esto es un proyecto de ley del Gobierno. Nos parece,
además, que es la ocasión de dar un paso al frente, de impulsar un servicio público moderno, un servicio público innovador, un servicio público integrador. Tenemos el convencimiento, además, de que las políticas públicas se legitiman en la medida
en que la ciudadanía las comparte y las hace suyas. Por tanto, es necesario esta herramienta, que creemos que es de mejora continua, en todo el proceso de implementación de las políticas públicas y de las decisiones que tan lejos llegan en la vida
de la gente. Sin duda profundizar en este debate es ilusionante, es apasionante para todos aquellos y aquellas que creemos en el valor de lo público. Por tanto, como yo decía al principio de mi intervención, es un orgullo el poder estar aquí
compartiendo este proyecto, que sin duda sus intervenciones enriquecen y seguirán enriqueciendo durante la tramitación parlamentaria. Cuento además con su trabajo para sacarlo adelante, porque esta ley tiene como fundamento que aquello que no se
mide no mejora.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.
Señorías, sin más asuntos, se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.