CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 577

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ

Sesión núm. 28

celebrada el miércoles,

22 de diciembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora subsecretaria de Justicia (Sánchez Hernández), al objeto de presentar el informe sobre concesión y denegación de indultos correspondiente al primer semestre del año 2021, en cumplimiento de lo regulado en la
disposición adicional de la Ley de 18 de junio de 1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. (Número de expediente 212/002028) ... (Página2)


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000143) ... (Página12)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000143) ... (Página12)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (SÁNCHEZ HERNÁNDEZ), AL OBJETO DE PRESENTAR EL INFORME SOBRE CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE INDULTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021, EN CUMPLIMIENTO DE LO REGULADO EN LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870, DE REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Número de expediente 212/002028).


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.


Abrimos la sesión de esta Comisión de Justicia para dar cuenta del orden del día que ya conocen. Comenzamos con el 1.º punto del orden del día: comparecencia de la subsecretaria de Justicia para presentar el informe sobre la concesión y
denegación de indultos correspondiente al primer semestre de este año 2021. Como bien saben sus señorías, se acordó en la Mesa que el turno de palabra fuera de siete minutos, en un único turno, para responder a la subsecretaria, que iniciará este
punto con su comparecencia sin tiempo establecido y luego concluirá dando respuesta a los portavoces que hayan tomado la palabra.


Por tanto, señorías, damos la palabra a la señora subsecretaria, a la que también le damos la bienvenida a esta Comisión. Tiene la palabra, señora subsecretaria.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Sánchez Hernández): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco por primera vez ante esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional de la Ley de 18 de junio de 1870, la cual dispone -como saben- que un alto cargo del
Ministerio de Justicia presentará el informe semestral sobre la concesión y denegación de indultos por el Gobierno de España. En este sentido, y de conformidad con la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, me corresponde, como
subsecretaria de Justicia, presentarles el informe semestral que ya obra en su poder.


El informe objeto de la presentación se centra en el análisis descriptivo de los datos correspondientes al ejercicio del derecho de gracia por parte del Gobierno durante el primer semestre de 2021, con el doble propósito de ofrecerles una
imagen fiel de esta actuación en el periodo, así como una muestra de la evolución a lo largo de los últimos años. Como ya disponen por escrito de los datos concretos y pormenorizados, voy a exponerles de manera resumida los aspectos y conclusiones
más relevantes del informe.


Este informe sigue la línea de los presentados en semestres anteriores. Se han incluido, con intención de mejorarlo, algunas de las recomendaciones que se han ido formulando por esta Comisión. Así, se incluyen datos más detallados sobre
solicitudes y expedientes resueltos, se distinguen los expedientes relativos a hombres y mujeres, se han desdoblado algunas de las categorías que se utilizan para identificar los tipos de delitos en la base de datos de indultos, y se ha incorporado
una comparativa con los semestres de años anteriores. En definitiva, entendemos que el informe ofrece una visión precisa de la evolución que ha experimentado en los últimos meses la gestión de estos expedientes que tramita el Ministerio de Justicia
y que, asimismo, permite una comparativa con los años anteriores desde 2016.


Entrando ya en el análisis de los datos y en relación con las solicitudes, en el primer semestre de 2021 han tenido entrada en el Ministerio de Justicia 1817 solicitudes de indulto. Continúa, tal y como se destacaba en el apartado de
conclusiones del informe, la tendencia de disminución de presentación de solicitudes de indulto, puesto que en 2015 había más de 5000 solicitudes, en 2020 se han planteado 3226, y en el primer semestre de este año -como acabo de mencionar-, 1817.


Permítanme que les explique brevemente el procedimiento de estudio y resolución de los expediente de indulto. Las solicitudes de indulto que se reciben proceden de los propios interesados, sus abogados, de terceras personas o de diferentes
instituciones. Una solicitud puede dar lugar a más de una instancia que se corresponde con cada sentencia firme y no cumplida, y cada instancia debe ser informada por el tribunal sentenciador, formándose de esta manera el expediente de indulto
correspondiente. Ello quiere decir que una solicitud de indulto puede originar más de un expediente si el penado tiene varias causas y si solicita el indulto para penas impuestas en más de una de esas causas.


Cuando los expedientes se reciben desde los tribunales, se llevan a cabo varias tareas en orden a comprobar su contenido para asegurar que contienen toda la información preceptiva y necesaria, y de no ser así solicitar al tribunal la
información que se requiere, tratar los datos en la aplicación informática habilitada para indultos y, finalmente, disponer de los expedientes para su resolución. En ocasiones, un

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expediente de indulto se archiva por no haber sido informado por el tribunal, a causa de que durante su tramitación se ha producido el desistimiento del procedimiento por parte del penado, la extinción de la responsabilidad criminal, o bien
por no encontrarse el penado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de condena.


En este sentido, durante el primer semestre de 2021 se han archivado 206 expedientes y se han resuelto un total de 1724 expedientes. De este total, 1503 expedientes correspondían a hombres y 221 expedientes a mujeres. Por tipo de delito,
de los 1724 expedientes de indultos resueltos, la cifra más alta corresponde a los expedientes de delitos contra el patrimonio, el 34 %, seguida de los expedientes de delitos contra la salud pública, el 15 %, y en tercer lugar, con un 13 %, los
delitos de violencia de género y los delitos contra la seguridad vial.


Procedo a distinguir a continuación entre indultos denegados e indultos concedidos. En cuanto a los primeros, los indultos denegados, 1683, hay que destacar que el 87 % tenía los informes desfavorables al indulto tanto del tribunal
sentenciador como del ministerio fiscal, el 2 % el informe desfavorable de la sala y favorable del ministerio fiscal, el 8 % el informe favorable de la sala y desfavorable del ministerio fiscal y el 3 % los dos informes favorables. Tanto de hombres
como de mujeres, la cifra más elevada de expedientes denegados es la relativa a delitos contra el patrimonio seguida, en caso de los hombres, por los expedientes referidos a delitos de violencia de género y para las mujeres en los concernientes a
salud pública. El tercer lugar lo ocupan los delitos contra la seguridad vial, tanto para hombres como para mujeres.


En cuanto a los indultos concedidos, en el primer semestre de 2021 se han concedido 41 indultos, distribuidos en las reuniones del Consejo de Ministros de los días 12 de enero, 16 de febrero, 23 de marzo, 6 de abril, 11 de mayo, 1 de junio y
22 de junio. De los 41 indultos concedidos, 14 corresponden a mujeres y 27 a hombres. En cuanto al tipo de delito cometido por los 41 indultados, 15 habían cometido delitos contra el patrimonio, 10 delitos contra la salud pública, 9 contra el
orden público, 4 contra la integridad física, 2 contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, y un delito contra las relaciones familiares. Las personas a quienes se concedieron indultos tenían penas de prisión que oscilaban entre los
trece años como pena máxima por un delito de sedición y malversación a tres meses y quince días de prisión como pena mínima por un delito de hurto en tentativa.


Otro dato a destacar es que 25 de los indultos concedidos contaban con los informes favorables del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, seis tenían el informe favorable del tribunal sentenciador y en cambio desfavorable del
ministerio fiscal y uno tenía el informe desfavorable del tribunal sentenciador y favorable del ministerio fiscal. En total, el 78 % de los indultos al menos contaba con un informe favorable.


Entre los 41 indultos concedidos, seis se concedieron a penados cuyas solicitudes se recibieron de cofradías, 39 de ellos fueron indultos parciales y dos tuvieron carácter total, representando estos últimos un 2 % del total de los indultos
concedidos. Entre los indultos parciales, dos de ellos habían sido propuestos por el tribunal sentenciador. Dentro de los 39 parciales, 23 corresponden a una conmutación de la pena, tres por trabajos en beneficio de a la comunidad, seis por multa
y catorce por pena de prisión menor.


Dos han sido los indultos totales de la pena privativa de libertad impuesta. Uno de ellos, en un caso de delito contra el patrimonio, se concedió condicionado a que abone el penado las responsabilidades civiles fijadas de la sentencia en el
plazo que determine el tribunal sentenciador y a que no cometa delito doloso en dos años. Y en el otro caso, de delito contra la salud pública, se condiciona a que cumpla el penado el programa de deshabituación de alcohol y drogas que se recomiende
por la unidad de atención de su lugar de residencia y a que no vuelva a cometer un delito doloso en dos años.


En lo concerniente a la posición de la víctima cerca del indulto, cuatro expedientes tenían la posición del parecer del perjudicado. Dicho de otra manera, suponen un 10 % de los 41 indultos concedidos. En un 27 % de los indultos concedidos
no hay víctima y en otro 27 % el perjudicado no se manifiesta sobre el indulto.


Estos son a grandes rasgos los datos más relevantes que aparecen en el informe que se ha remitido a sus señorías. El procedimiento de concesión o denegación del indulto es necesariamente complejo, prolongado en el tiempo y debe hacerse con
extremo rigor jurídico y administrativo. El significativo volumen de asuntos exige realizar un importante esfuerzo de gestión sostenido en el tiempo, que es asumido por un número limitado de funcionarios y funcionarias de la División de Derechos de
Gracia, a quien quiero agradecer su trabajo y profesionalidad. La actividad de la división, como no podía ser de otra manera, se vio condicionada el año pasado por la pandemia, pero podemos afirmar que gracias al esfuerzo de todas y todos vamos
recuperando el ritmo de tramitación y resolución de los expedientes.

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Permítanme para concluir mi intervención destacar los tres aspectos más relevantes de lo acaecido en materia de indultos en el primer semestre de 2021. Lo más reseñable, en primer lugar, es el repunte del número de solicitudes recibidas,
que se cifra en un 21 % respecto del mismo periodo del año anterior. Considerando los expedientes resueltos desde que tiene lugar la presentación de informes semestrales ante el Congreso de los Diputados, queda acreditado en este primer semestre de
2021 un aumento en términos absolutos de indultos concedidos respecto a los años anteriores. Además, la tendencia alcista se extiende igualmente al porcentaje, con un 2,38 % de indultos concedidos respecto al número total de expedientes resueltos,
siendo los delitos contra el patrimonio los que figuran como los más indultados. Este incremento en el número de resoluciones y de concesiones de indultos viene a compensar en cierto modo la ralentización en la tramitación de solicitudes que se
sufrió durante la pandemia y a la que se hacía alusión anteriormente.


Por último, como ya se mencionó en la última comparecencia, en el ámbito de la gestión de los expedientes de indultos, estamos inmersos en un proceso de transformación digital del Ministerio de Justicia y del servicio público de justicia,
que está logrando importantes avances de eficiencia organizativa a través de la vía tecnológica, en coherencia con el propio plan estratégico del ministerio, el Plan Justicia 2030.


Si en el primer semestre de 2020 se inició la conexión telemática con los tribunales mediante LexNET y el procedimiento de digitalización de las solicitudes recibidas en papel, en este primer semestre de 2021 se ha consumado un cambio de
tendencia, siendo superior el número de solicitudes electrónicas, 976, que las de papel, 841. Todavía queda mucho por hacer para que todo el procedimiento de indulto sea completamente electrónico, pero podemos decir que desde el ministerio estamos
intentando realizar todos los esfuerzos posibles para que el periodo de transición del papel a lo electrónico sea lo más rápido posible.


Señorías, esto es todo lo que me cabe informar en este momento. Quedo a su disposición. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora subsecretaria.


Pasamos ahora al turno de las intervenciones de los portavoces, empezando por los grupos más pequeños, de menor a mayor. Tiene la palabra en este momento, por el Grupo Ciudadanos, el señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señora subsecretaria, por comparecer en esta Comisión para dar cuenta del último semestre de la concesión de los indultos. En primer lugar, yo quiero criticarle en mi función de partido de la oposición esta justificación que
nos da con respecto al incremento del número de los indultos. Se han concedido 41 indultos -creo recordar que se concedieron en el último semestre 18-, y usted nos dice que esto es debido a que se han producido más solicitudes. Sí, se han
producido más solicitudes, pero, claro, la diferencia está entre 1776 solicitudes en el anterior semestre y 1817 solicitudes en el actual semestre. Como usted podrá ver, por mucho que lo escriba usted o lo diga, en porcentaje se trata de un
incremento muy pequeño en comparación con el ascenso que se produce entre 18 indultos y 41 indultos. Existe una clara desproporción en el número de indultos que ha dado el Gobierno en este semestre y no se explica desde luego, de ninguna forma, por
qué ha aumentado el número de solicitudes.


En Ciudadanos esto nos preocupa porque nosotros, como grupo político, siempre hemos querido limitar el derecho de indulto, ya que es una lesión a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial que el Ejecutivo se inmiscuya
dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Hemos realizado varias propuestas de proposiciones legislativas en esta Cámara que, lamentablemente, el rodillo del Gobierno y sus socios de la mayoría Frankenstein las han votado en contra para
limitar este derecho de indulto. Usted sabe bien que este derecho se tiene que ejercitar en virtud de causas de justicia, equidad y utilidad pública. El informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el asunto del procés puso de manifiesto que
debía ser interpretada esta Ley de 1870 en el marco del artículo 25 de la Constitución, en el marco de los fines resocializadores de reinserción social de la pena privativa de libertad y que, por lo tanto, no se puede conceder el indulto a aquellas
personas que no expresan arrepentimiento, aquellas personas que dicen que lo volverán a hacer.


Esta es una de las cuestiones que, en segundo lugar, le planteo. Usted dice que en sus informes han acogido las recomendaciones de esta Comisión en anteriores audiencias, pero las han recogido al contrario. Es decir, no recuerdo si en el
anterior semestre yo estuve defendiendo esta postura de mi partido pero, desde luego, en las anteriores sí que he estado y recuerdo los informes anteriores del

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Ministerio de Justicia de equipos anteriores. Lamentablemente, le tengo que decir que este informe es muchísimo peor que los anteriores. ¿Y por qué? Primero, porque no se explican las causas de los indultos. ¿Es por razones de utilidad
pública, es por razones de justicia, es por razones de equidad? Pero es que ni siquiera se citan los casos individuales, porque mal que bien en los anteriores informes que yo he visto me he encontrado con unos datos, sobre todo cuando los
indultados tenían nombres raros, en los que a través de Internet me podía enterar de cuáles eran los casos. Así descubrí hace unas cuantas comparecencias en esta Comisión que se había indultado a dos alcaldes socialistas condenados por
prevaricación y por falsificación de documentos públicos, pero es que ahora no puedo, porque es que no me dice ni los casos, no se expresan en el informe ni los casos. Señora subsecretaria, no se trata de dar información al Congreso, sino que se
está ejerciendo una función política de control al Gobierno respecto a su potestad de ejercitar los indultos. Si usted no me da los datos, me está cercenando mi derecho a controlar al Gobierno.


Le voy a hacer una pregunta muy sencilla que yo creo que es para sacarle los colores a cualquier alto cargo del Ministerio de Justicia: ¿ese delito al que se refiere usted de forma genérica con que es un delito contra las relaciones
familiares, es el delito de Juana Rivas? ¿Sí o no? Porque me tiene usted que poner el delito cometido, por el que ha sido condenada Juana Rivas por un juez de Granada, sobre lo que este grupo parlamentario ha hecho preguntas al Gobierno, o sobre
lo que queremos saber si el Gobierno conocía el criterio del juez de Granada, que ha puesto de manifiesto que el menor pudiera estar en riesgo.


Hombre, muchas condenas por sedición y por malversación no ha habido, luego ya entiendo que esos nueve indultos por sedición o por sedición y malversación, a los que usted se refiere en su informe, tienen nombres y apellidos, porque es un
caso muy conocido. Pues dígamelo, que no tenga que hacer este comentario tan chusco poniendo en evidencia los errores de un informe del Gobierno de España y del Ministerio de Justicia. En este sentido, le digo que solamente hay 25 de los 41
indultos -esta es la cuarta cuestión que le planteo- en donde existe el informe conjunto, concomitante, coherente, del tribunal sentenciador y del fiscal. Solo hay 25 de 41, en los otros casos, no, hay del fiscal o del tribunal. ¡Ah!, mire, pero
hay nueve. ¿Serán los nueve del procés? Nos tiene en ascuas en su respuesta. ¿Serán los nueve casos del procés, en donde su informe dice que no hay informe favorable ni del tribunal ni del fiscal? Serán seguramente, porque este es un caso de
notoriedad pública. Pero ¿y el resto de los asuntos? ¿No tenemos derecho aquí a conocer qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido por razón de equidad? ¿Por qué los fines de la pena no se cumplen? ¿Por qué no se puede reinsertar a estas personas en la
sociedad? ¿Por qué merecen los indultos? ¿No tiene derecho a saberlo esta Comisión de Justicia, los diputados que tienen que controlar al Gobierno de España? Pues no, resulta que cuando nosotros preguntamos por este tema de los nueve indultos por
sedición o por sedición y malversación el Gobierno nos dijo que no nos contestaba. Ha sido a través del recurso contencioso-administrativo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el partido liberal, ha interpuesto ante la jurisdicción
contencioso-administrativa cuando nos hemos enterado de que es el primer caso de la historia democrática de España donde el Gobierno indulta por causa de utilidad pública, es decir, por conveniencia de mantenerse en el poder, vamos a decirlo con
todas las palabras. Claro, no ha sido por razones de equidad ni por razones de justicia, sino por razones de que ustedes sigan gobernando España, estén en el poder y no enfaden a sus socios separatistas. Esta es la traducción que se puede
perfectamente hacer al caso concreto de la causa de utilidad pública que recoge la Ley del indulto del año 1870 y contra el parecer, tanto del tribunal como de la Fiscalía, porque no había arrepentimiento. ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no son
ustedes valientes? ¿Por qué no vienen ustedes aquí a contar lo que de verdad pasa con los indultos?


Pues bien, por si esto fuera poco, nos encontramos con que encima hay cuatro casos en los que también se conceden los indultos en contra de la opinión de la víctima del delito. Yo le quiero decir una cosa, en estos casos los indultos tienen
que ser especialmente cuidadosos, porque este país tiene una obligación de acatar los derechos de las víctimas y el Estatuto de las víctimas. Por tanto, si la víctima dice que no ha lugar al indulto, tenemos que pedir una motivación especial, una
motivación específica, una motivación -termino ya- cuidadosa para proteger los derechos de la víctima. Como le digo -y termino-, el indulto tiene que ser concedido de forma excepcional, supone una quiebra de la separación de poderes y supone una
quiebra de la independencia del Poder Judicial. Así que, por favor, la próxima vez que venga, el próximo semestre, si sigue usted en el cargo, a ver si nos detalla un poquito más el informe.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bal.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.

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El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidente.


En primer lugar, gracias a la señora subsecretaria por comparecer hoy aquí y por los datos que nos ha aportado con su informe, sobre todo por los esfuerzos para conseguir la normalidad administrativa, también por lo que se refiere a la
tramitación de expedientes de indultos dentro de la excepcionalidad que supone la situación de la pandemia. Lo decía mi compañero Roberto Uriarte, en una intervención del pasado sobre los indultos concedidos en los años 2018 y 2019, cuando se
preguntaba qué razones objetivas pueden justificar que del año 2000 al 2019 se pase de tener 1700 indultos a tener solo 39. Consideramos que deben concederse todos aquellos indultos en los que queda justificada la concurrencia de las razones de
justicia material, después de tramitarse el expediente administrativo correspondiente.


La reducción de la concesión de indultos, igual que la reducción de las peticiones, consideramos que per se no es una buena noticia; la buena noticia sería la apreciación por los tribunales de justicia de las razones de justicia material y
de equidad y que eso comportara una reducción de las penas y las condenas impuestas para que fuera menor el número de casos posibles en los que tener que alterar, por la vía del indulto, la ejecución de una pena impuesta por un tribunal. Nos
preocupa que todavía subyace un elemento de desigualdad económica en la aplicación de la justicia, un exceso de punitivismo que se traduce también en la concesión de los indultos. La situación de la pandemia ha afectado sobre todo a los más
débiles, en especial a la población reclusa, y por ello nos preocupa el limitado número de indultos concedidos en 2020, cuando la situación sanitaria en las cárceles fue especialmente delicada. No obstante, al margen de la crítica, que pretende ser
constructiva, apreciamos un cambio de rumbo en el uso del derecho de gracia. Lo que no podía ser es que se repitiera lo que sucedió durante los años del bipartidismo. El indulto se había convertido en una forma de premiar a amigos, corruptos,
policías, torturadores, etcétera, por lo que nos alegramos de que esa anomalía haya dejado de existir.


Dos cosas más, una de ellas en relación al indulto de Juana Rivas, que nos satisface que se haya concedido. Era una anomalía que Juana Rivas estuviera entre rejas, y, por tanto, que se ponga fin a ese calvario, de acuerdo con el indulto que
nosotros pedimos, nos parece una buena noticia. Esperemos, no obstante, que la celeridad con la que se ha resuelto esa petición de indulto sea la misma con la que se resuelvan otras peticiones de indulto que también hemos solicitado nosotros, como
la petición sobre Hasél y Valtònyc.


Y la otra cuestión sobre la que queríamos incidir es precisamente la que estaba tratando ahora el portavoz de Ciudadanos, que ha sido motivo de controversia en diversas ocasiones dentro y fuera de esta Cámara. En este punto nosotros creemos
que es importante recordar lo que dice la ley, porque hemos asistido durante mucho tiempo a un compendio de mentiras por parte del Partido Popular y VOX, pero sobre todo del Partido Popular, y en menor grado de Ciudadanos, aunque a veces también han
concurrido en lo que es alimentar bulos y falsedades sobre la institución del indulto, y, escuchando ahora al portavoz, también se deslizaba alguna incorrección por ahí. Queremos recordar unas cuantas cuestiones que no son verdad y se han dicho.
La primera, los indultos son una injerencia intolerable en el Poder Judicial. Bueno, el señor Aznar concedió seis mil indultos. Segunda mentira, los indultos no deberían haberse tramitado, los del procés, y el rey podría no haberlos firmado. Eso
no es así; de no haberlos tramitado, el Gobierno estaría prevaricando, y el rey evidentemente no puede desobedecer a la Constitución. Esa es otra mentira, como también lo es que esos indultos son arbitrarios, lo que quiere decir caprichosos, sin
fundamento, sin razonamiento, porque seguramente son los más fundamentados de la historia de los indultos con treinta y cuatro páginas por cada uno. Y en este sentido quiero recordar, como ya he hecho en otras ocasiones, los indultos de Acebes, mil
cuatrocientos en un solo día, el récord Guinness en Europa, con argumentos tan peregrinos como que era año del Jubileo, el cambio de milenio o el aniversario de la coronación de Juan Carlos. Otra mentira es que con informes negativos no se pueden
conceder indultos, y esto lo dice el Partido Popular, que indultó al kamikaze que mató a un joven de veinticinco años y al que sustituyeron los trece años de prisión por una multa. Todo el mundo se acuerda, porque ese indulto lo pidió el hijo del
ministro Gallardón, hermano del subsecretario de Justicia de Aznar, y ese indulto se concedió a pesar de tener el informe en contra no solo de los familiares -al que hacía alusión ahora el portavoz de Ciudadanos-, sino también de los fiscales y los
jueces. Este es un ejemplo, aunque podríamos poner mucho más; es un ejemplo de un caso que fue muy conocido. Quinta mentira, el indulto exige arrepentimiento y las penas deben cumplirse íntegramente. No es eso lo que dice la ley, y en ese
sentido quiero recordar que el golpista Armada fue indultado y no había cumplido ni cinco años de prisión de una condena de treinta por un delito de rebelión del que nunca se arrepintió. Sexta mentira, los indultos serán revocados. Eso lo ha dicho
también Ciudadanos, además del Partido Popular, pero es falso, los

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indultos son facultad exclusiva del Gobierno y ningún juez puede sustituir su voluntad; lo único que puede hacer es corregir sus aspectos formales para que el Ejecutivo los subsane. Fin de la historia; está muy bien que la derecha exprese
su posición ante los indultos, están en su derecho, obviamente, como nosotros lo hicimos cuando gobernaban ellos, pero lo que no es aceptable es que se mienta a la ciudadanía y digan que no es una facultad del Gobierno, una facultad discrecional el
concederlos. Por eso queríamos establecer estas verdades, frente a esas mentiras que han difundido el Partido Popular en primer nivel, pero en muchas ocasiones también VOX y Ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Asens.


En turno de portavoces, tiene la palabra por parte del Grupo VOX el señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.


Doña Ana María, dentro de varios meses hablaremos del indulto populista que se ha concedido a Juana Rivas, con el que ya han demostrado el desprecio habitual de este Gobierno a lo que juzgan los tribunales en España. Hoy por hoy lo que
pedimos es que nos contesten a las preguntas que hacemos al Gobierno cuando preguntamos por las razones de ese indulto, que todavía no nos han contestado.


Es verdad que, entre los indultos concedidos en el primer semestre de este año, hay nueve indultos, cuando usted era jefa de gabinete, si no me equivoco, y hoy ya es subsecretaria; nueve indultos, que están recorridos por VOX, concedidos a
los delincuentes golpistas separatistas y que son una auténtica vergüenza, una barbaridad jurídica y apestan. Estos indultos apestan a prevaricación, apestan a ilegalidad, a mercadeo político y a abuso de poder. Son los únicos indultos concedidos
a pesar de tener todos los informes en contra del Ministerio Fiscal y todos los informes en contra del Tribunal Supremo, informes muy detallados y demoledores que dejan muy claro que no procedía conceder esos indultos y dejan muy claro que las penas
eran proporcionadas a la gravedad de unos delitos gravísimos; incluso, aportan un estudio de derecho comparado.


Esos indultos se han concedido incumpliendo la ley, al no haber razón alguna ni de justicia ni de equidad ni de utilidad pública para concederlos, como exige la ley. Como se evidencia de la sentencia, de los informes del Tribunal Supremo y
de Fiscalía, los delitos que cometieron estos delincuentes golpistas fueron un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes, a la convivencia democrática, a la soberanía, a la Constitución, a lo que se añade una gravísima malversación, ya
que utilizaron fondos públicos para fines ilícitos. Los indultos impiden restablecer la legalidad, impiden cumplir los fines que persiguen las penas.


Lo que se ha concedido, en realidad, es un indulto general, prohibido por la ley, a delincuentes condenados por el procés, aunque sea bajo ese disfraz de nueve expedientes distintos. Se ha indultado a delincuentes condenados en el año 2019
a penas de hasta doce y trece años de prisión por esos gravísimos delitos, de los que ninguno de ellos se ha arrepentido; ni de la sedición ni de las malversaciones que cometieron, de los tumultos y de las violencias que provocaron. Intentaron
romper la unidad de España mediante una estrategia que incluía la proclamación unilateral de ruptura con el sistema constitucional. Promovieron de forma absolutamente ilegal la celebración de un pretendido referéndum con el objetivo de romper
España y constituir una república catalana. Ninguno de ellos se ha arrepentido. Ninguno de ellos se ha mostrado dispuesto a devolver el dinero malversado y además han dejado muy claro que van a volver a cometer esos mismos delitos en cuanto tengan
la primera oportunidad. Uno de esos delincuentes indultado, el señor Oriol Junqueras, llegó a decir: El indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del Estado.


Estos indultos han sido una tradición a todos los españoles, y en especial a todos aquellos que sufren en Cataluña desde hace ya años las imposiciones y los acosos de los separatistas. Estos indultos son una clara manifestación de
corrupción política. Este Gobierno ha actuado como actuaban las dictaduras y las monarquías absolutas: sin sujeción alguna a la ley, de forma arbitraria, concediendo los indultos por capricho, a su voluntad y persiguiendo un interés personal. En
este caso el Gobierno solo buscaba algo a cambio, el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana, del Grupo Republicano mediante su apoyo a los presupuestos para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.


Con estos indultos el Gobierno se ríe de lo juzgado por el Tribunal Supremo. En los expedientes tramitados en su ministerio no hay motivación alguna que responda a un mínimo de lógica jurídica en estos casos. La propuesta del ministerio
elevada al Consejo de Ministros está repleta de argumentos que solo pretenden aparentar una inexistente legalidad para estos indultos, argumentos que son absolutamente erróneos y están orientados intencionadamente a crear confusión.

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La propia propuesta para el indulto redactada en su ministerio asume la retórica de los separatistas, pues ustedes hacen la locura de asumir el carácter político del cumplimiento de las condenas y que el encarcelamiento de estos delincuentes
era un obstáculo a la convivencia en Cataluña. Otorgan así un indulto general a quienes son el verdadero obstáculo a una convivencia pacífica y democrática. Han excarcelado ustedes a quienes se esfuerzan por romper la sociedad catalana.


Si a ello unimos los cambios que ha propiciado este Gobierno en el Tribunal de Cuentas, con una estrategia absolutamente deshonesta de cesiones a los separatistas a cambio de apoyo político, la estrategia se define con clara nitidez.
Esquerra Republicana ha llegado a afirmar que confían que con el cambio de consejeros en este Tribunal de Cuentas se propicie para ellos una salida a esa causa abierta a treinta y seis ex altos cargos de la Generalitat por malversar 5,4 millones de
euros.


Este indulto general que se ha concedido es ilegal y es una traición a España, y, como le decía al principio, apesta. Por ello le voy a hacer una serie de preguntas, que espero que me conteste -si un ujier puede acercárselas, las traigo por
escrito para que no se olvide de ninguna-, y las voy a leer para que consten en el Diario de Sesiones. ¿Quién redactó los primeros borradores y las propuestas definitivas de indultos que se elevaron al Consejo de Ministros? Evidentemente, me
refiero a estos nueve indultos y a si me puede dar el cargo y los nombres. ¿Se recibió algún tipo de indicación previa desde la Presidencia del Gobierno o su entorno? En su caso, ¿de quién? ¿Se recibió algún tipo de indicación previa desde el
Partido Socialista o su entorno? ¿De quién, en su caso? Antes de enviar las propuestas al Consejo de Ministros, ¿se mantuvo algún contacto con algún miembro de Esquerra Republicana o alguien de su entorno? En su caso, ¿con quién? ¿El ministro de
Justicia revisó o modificó el texto inicialmente redactado antes de enviar las propuestas definitivas al Consejo de Ministros? Y aunque usted en aquel momento no tenía el cargo que ostenta hoy, le pregunto: ¿Asesoró o tuvo usted personalmente
alguna intervención en la redacción de estas propuestas enviadas al Consejo de Ministros? En caso afirmativo, ¿nos puede explicar qué conocimiento tuvo en esa redacción y cómo intervino?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrano.


A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jerez Juan.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora subsecretaría. Bienvenida a esta Comisión de Justicia para dar cumplimiento a la obligación de informar al Congreso sobre los indultos concedidos a lo largo del
primer semestre del año 2021.


No me detendré demasiado en datos que para lo único que sirven es para engrosar los registros estadísticos, pero sí incidiré, y usted lo entenderá, sobre aquellas cuestiones que han despertado mayor interés social y a la vez mayor rechazo
social, además de poner de relieve un uso inadecuado - perverso, diría yo- de la figura del indulto por razones de conveniencia política. Y digo esto último porque se está empleando una medida de gracia que representa el perdón colectivo de toda la
sociedad española, se está instrumentalizando una medida excepcionalísima que otorga nuestro ordenamiento jurídico al Gobierno, lo que la ha convertido en una medida política, en una medida ideológica y además en una medida de oportunidad
presupuestaria. Lo cierto es que no se trata de una práctica inocente, no se trata de una práctica puntual y no se trata de una práctica aislada, sino que responde a una estrategia consistente en poner todo al servicio del Gobierno. Ha sucedido
con el CIS, con el Poder Judicial, ha sucedido con el Portal de Transparencia, ha sucedido con la aprobación de dos estados de alarma que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que son ilegales y ha sucedido cuando se decidió cerrar este
Congreso, negando con ello a la oposición el ejercicio democrático a la fiscalización de la acción del Gobierno. Pues bien, lamento decirles que el informe que sustanciamos hoy réplica exactamente esa misma técnica, pues la concesión del indulto al
grupo de condenados en la sentencia de procés no obedece ni a razones de equidad -ya se ha dicho aquí- ni obedece a razones de justicia ni mucho menos obedece a razones de interés público, sino a un interés, el del Gobierno, y a otro interés, al de
su presidente, y a nada más responde la concesión de esos indultos.


Todos sabemos que el informe de la Fiscalía y también el informe del Tribunal Supremo eran radicalmente contrarios a la concesión del indulto a los golpistas, y la ley lo que dice es que solo existen tres razones por las cuales se puede
otorgar el indulto. El Gobierno decidió que el criterio de utilidad pública debía invocarse para motivar suficientemente esa decisión, pero es que la utilidad pública no es más -escuchen esto- que el interés general de todos y cada uno de los
españoles. Eso es la utilidad pública, pero, cuando una medida como esta tiene el rechazo de la inmensa mayoría de los españoles

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-porque la tiene, y aun así se toma esa decisión-, no puede decirse que se toma con arreglo a un criterio de utilidad pública, sino que se toma con arreglo a un criterio de oportunidad política. Por lo tanto, debemos concluir que se trata
de una medida que se toma por pura conveniencia e interés personal del presidente del Gobierno, y no para salvaguardar los fundamentos de nuestro Estado de derecho, que con esta concesión sale más debilitado.


En segundo lugar, hay que destacar que no ha habido arrepentimiento alguno y aun así el indulto se ha otorgado y aun así el indulto se ha concedido y quien no se arrepiente de lo mal hecho está convencido de que lo hecho bien hecho está.
Los nueve indultados han fracturado la convivencia en Cataluña, han marginado al discrepante, han llamado también a la rebelión civil, han amenazado el orden constitucional, han declarado unilateralmente una república imposible y han hecho creer a
sus seguidores que la independencia es el camino, y a estos el Gobierno les ha perdonado sin más, sin escuchar la voz de esa otra parte, de esa Cataluña silenciosa que lo único que pide es justicia y lo único que pide es libertad; les han liberado
a cambio de nada, les han indultado absolutamente gratis.


Este que hoy nos trae es el informe de la infamia, tengo que decirlo así. Según este informe, un 22 % de los indultados han tenido en contra el criterio de la Fiscalía y el del tribunal sentenciador. Le haré una pregunta sencilla:
¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que con los dos informes contrarios y desfavorables se indultó al 22 % de los condenados que pidieron el indulto? Insisto, el 22 % con los dos informes desfavorables. Y le daré otro dato: Este informe
señala que no existe opinión de las víctimas porque en el 27 % de los casos no existe ningún perjudicado, pero, por otro lado, señala que el 27 % de las víctimas no se manifiesta sobre el indulto. En este sentido, querría saber dos cosas: en
primer lugar, si en ese 27 % de indultos concedidos en los que no existe perjudicado están incluidos los nueve golpistas -entiendo que sí-, y, en segundo lugar, si el 27 % de las víctimas que no se manifiestan porque no existe perjudicado coinciden
con el 27 % de personas allí donde no existe perjudicado. Me gustaría que me respondiera a esto, porque, según nuestro criterio, sí existe perjudicado, aunque materialmente ustedes no lo consideren así y aunque la ley no lo considere de esta
manera. Perjudicados son todos aquellos a los que se les ha querido fracturar su democracia, la unidad territorial, frente a la amenaza contra el orden constitucional; perjudicados somos a los que se nos ha querido dividir, a los que se nos ha
querido enfrentar y quienes han sido perseguidos en Cataluña por pensar y por hablar diferente. Estos somos los perjudicados. ¡Claro que lo somos y claro que lo son! Perjudicados por un movimiento insaciable y perjudicados por un Gobierno de
España inaceptable en la de defensa de los intereses generales.


Dicho esto, señora subsecretaría, no quería terminar sin antes invocar y plantear otra de las cuestiones que aquí se han tratado y que también ha levantado muchísimas críticas en la opinión pública y que tiene que ver con la concesión de
otro indulto altamente controvertido, y me voy a referir al que se ha concedido a la señora doña Juana Rivas. Del auto dictado por el juez Manuel Piñar se desprende que el interés de los menores también debería haberse tenido en cuenta a la hora de
hacer uso de esa medida de gracia. Y entendemos que en la concesión del indulto a Juana Rivas habría de tenerse en cuenta no solo las cuestiones que afectaban a la penada, señora Rivas, sino también las que rodeaban a su situación, sobre todo en lo
relativo al ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Yo no vengo a plantear en este momento ningún tipo de sospechas sobre la madre, pero sí planteo sospechas sobre el comportamiento de la madre cuando solicita el sobreseimiento de la
presunta agresión sexual a un hijo, existiendo indicios - que existen- de criminalidad. Es posible que el Gobierno en esta operación vuelva a poner todo a su servicio, que utilice nuevamente este caso para promover un discurso ideológico, con la
materia de género como telón de fondo. Tenemos pedida la comparecencia de la ministra, la señora Llop, para que nos aclare este asunto, pero, toda vez que tenemos la oportunidad de tenerla a usted aquí, me gustaría que nos arrojara un poco de luz y
nos diera su opinión en relación al auto del juez que cuestiona la concesión del indulto.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez Juan.


En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Aranda.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


Una previa. Imagino que todos saben -y, si no, también para quienes nos están viendo- que el Gobierno comparece cada seis meses para dar cuenta del informe semestral sobre indultos a semestre cumplido, es decir, de enero a junio en este
caso, no de los concedidos en noviembre, de modo que no

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dejemos que la derecha tenga la oportunidad de sacar su discurso y su tema. Por tanto, vamos a lo que vamos, que es al informe sobre indultos de los seis meses iniciales de este año.


Señora subsecretaria, en primer lugar, bienvenida a esta casa en su primera comparecencia en esta Comisión de Justicia. Gracias por este informe semestral para una vez más rendir cuentas ante esta Cámara, tal y como recoge la ley, en tiempo
y forma, antes de que acabe el año, en el que, como usted ha manifestado, se han recogido las diversas sugerencias y recomendaciones que esta Comisión ha realizado con relación a esta medida de gracia, que es potestad del Gobierno -de este y de
todos, hasta donde yo sé-, así como por la manera de presentarlo ante la Comisión, cosa que en nombre de mi grupo le quiero reconocer.


Podría hablar durante siete minutos sobre la parte técnica y jurídica de los indultos, algo que hemos hecho de manera solvente y reiterada desde mi grupo con ocasión de las diferentes comparecencias que ha tenido el Gobierno a lo largo de
este mandato. Sus señorías, puesto que son gente leída, saben que el indulto es un instrumento plenamente reconocido en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico. Se regula en la Constitución, en las leyes, está presente -atención- en
la mayoría de los países de nuestro entorno y ha sido utilizado -también atención- por todos los Gobiernos de la democracia. Decía el señor Asens, y con razón, que fueron seis mil con Aznar y novecientos con Rajoy, aunque parece que se ha inventado
ahora esta figura. Es un instrumento excepcional, que, según se desprende de la ley, debe aplicarse solamente cuando concurran razones de justicia, equidad o utilidad pública, y esto es verdad que sus señorías lo saben aunque a veces no lo
practiquen.


En este contexto, este Gobierno ha cumplido escrupulosamente con lo que marca la ley tanto en la parte de la tramitación de los indultos como en la rendición de cuentas ante este Congreso -escrupulosamente, repito-, respetando en todo
momento la ley. Y, señorías, el respeto que tiene este Gobierno por la ley, por esta Cámara, por esta Comisión y por sus señorías es infinitamente superior al que algunas de sus señorías tienen por cualquier miembro de este Gobierno, muy superior.
Solo hay que fijarse en el tono, en la sucesión de insultos que la ultraderecha suelta en cada Pleno, incluso en esta Comisión, en tanto que yo podría titular la intervención de algunos miembros de la ultraderecha Insultos por indultos. (Rumores).
Algunas intervenciones son dignas del día de la marmota versión Gore. Pero, claro, no es nada nuevo, no es original, no es aislado ni va a ser la última vez. Estamos acostumbrados a los ataques al Gobierno, por desgracia. Pero, claro, qué vamos a
esperar... (Rumores). Presidente, oigo un murmullo de fondo que me impide concentrarme, y no sé si sus señorías tienen educación.


Decía que qué vamos a esperar de aquellos que llamaban traidor e ilegítimo al Gobierno el primer día de legislatura. Sin embargo, señores de la ultraderecha, les voy a decir, como diputado socialista pero también como catalán, que no van a
conseguir que su siembra dé frutos, no vamos a permitir que germinen las semillas de la discordia, de la división y el enfrentamiento que con tanta ansia plantan sesión tras sesión. Mientras quede un socialista o una socialista que tenga uso de la
palabra, este va a ser un país de concordia, de diálogo y de encuentro. La convivencia es un bien tan preciado que no vamos a permitirles que la pongan en riesgo, porque, cuando la convivencia se pone en riesgo, rige la ley del más fuerte, y ahí
ustedes juegan a ser el más fuerte, en un entorno donde el odio se imponga. Pero esto no va de quién es más fuerte, porque la única fortaleza que queremos es la de la democracia. Y la democracia se fortalece, se engrandece cuando somos capaces de
superar retos, pulsos, divisiones y tensiones, y lo hacemos reforzando las virtudes que nuestra Constitución otorga a nuestro Estado, con altura de miras y con la mirada puesta en el futuro, uniendo a personas, encontrando puntos de acuerdo,
aislando a los extremos que se retroalimentan y nos arrastran al resto a un terreno de juego donde no queremos jugar, y ahora también lo intentan con la lengua.


Como ya se ha dicho, el Gobierno entendió para el indulto a los políticos catalanes vinculados al procés que concurrían razones de utilidad pública, vinculadas al objetivo de lograr la paz social y la convivencia democrática. No seré yo
quien quite gravedad a lo sucedido, sobre todo en 2017, como hemos dicho por activa y por pasiva. Para los catalanes no independentistas lo sucedido sobre todo los días 6 y 7 de septiembre supuso ver cómo el Gobierno que debería ser de todos,
independientemente de quién le votase, se ponía de parte y dejaba desamparada a la mitad de su población. Pero ya estamos casi en 2022 -por cierto, en 2017 a quien le hicieron una declaración unilateral de independencia de ocho segundos fue al
Gobierno del PP-, y nosotros hemos trabajado y trabajamos por eso, para representar una opción política que traslade a la ciudadanía que sí se puede trabajar para todos y para todas y para encauzar las relaciones y los diálogos entre diferentes
posiciones, diferentes ideologías y planteamientos por los caminos de la legalidad, el respeto, la convivencia y los puntos de encuentro. Ese es nuestro estilo,

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esa es nuestra filosofía de vida durante más de ciento cuarenta años, evidentemente muy alejado del de la ultraderecha.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aranda.


Para dar respuesta a los portavoces tiene la palabra la señora subsecretaria.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Sánchez Hernández): Muchas gracias, presidente.


Voy a intentar contestar en la medida de lo posible a las cuestiones que se han planteado. Agradezco las aportaciones de sus señorías, sobre todo las que han sido constructivas, y en todo caso la participación de todo el mundo.


Se ha criticado de este informe que se produjese un incremento en el número de indultos en este primer semestre de 2021 en relación con el primer semestre de 2020. Ya se ha explicado el porqué de este incremento, y no podemos olvidarnos de
que aquel fue el primer semestre de confinamiento, cuando quedaron paralizados los procedimientos administrativos y, obviamente, no se podían adoptar determinadas decisiones. Por eso a lo largo del primer semestre de 2021 se ha intentado corregir
ese retraso que entonces tuvo lugar, y es cierto que se mantiene la tendencia que hemos venido observando desde 2016, momento en que comenzó a darse cuenta ante esta Cámara de la concesión de indultos, una tendencia hacia la reducción tanto en la
concesión del número de indultos como en el número de solicitudes, que, como decía el representante de Podemos, no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Simplemente, el Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, valora y pondera, según lo previsto
en la norma reguladora, si hay personas que merecen este derecho de gracia, derecho que corresponde al Gobierno. También me gustaría señalar que el número de resoluciones no tiene por qué corresponderse con el número de solicitudes que se producen.
Hay muchas resoluciones que están resolviendo solicitudes que no son del año 2021 ni del año 2020, son de años anteriores. Por lo tanto, no existe una correlación exacta entre unos y otros.


Tampoco incluimos datos personales en los informes de indultos. En los que se han presentado en ocasiones anteriores tampoco se han incluido, más que nada porque estamos protegiendo los datos personales de aquellas personas que están
involucradas en estos expedientes y, hasta donde yo sé -llevo poco tiempo en el ministerio, ya lo saben- en la comparecencia del año pasado tampoco se aportaron datos personales de las personas incluidas en el informe. Tampoco se recoge en ningún
lugar que el arrepentimiento deba ser un requisito para poder acceder al indulto. Se podrá tener en cuenta, pero no es un requisito que impida o que haga que se tenga que conceder o no un indulto.


No me quiero dejar los temas más importantes. En cuanto a los datos numéricos, a lo mejor han notado que este año hemos cambiado un poco el orden en que se han expuesto los datos, pero seguimos manteniendo nuestra posición de dar
información sobre las estadísticas y sobre datos, tal y como nos exige la normativa y, sobre todo y ante todo, respetando la legislación de protección de datos. Otra cuestión que ha surgido es el carácter de conceder indultos a solicitudes que
tienen los dos informes desfavorables. El hecho de que haya informes favorables o desfavorables no impide que se conceda un indulto. Cuando existen informes desfavorables, a lo único que está constreñido el Gobierno es a no conceder un indulto
total, pero se pueden conceder indultos parciales, así lo prevé la legislación, y tal cual como lo expone en la ley, el Gobierno lo sigue y, por lo tanto, no se han concedido indultos totales cuando ha habido dos informes desfavorables.


Como comprenderán, se ha hablado de resoluciones de otras instituciones, yo no puedo entrar a valorar aquí decisiones que adoptan otras instituciones, no es mi competencia ni el marco en el que tengo que manifestarme. Sí que me gustaría
decir que, en todo momento, el Gobierno ha seguido el procedimiento legalmente establecido a la hora de conceder los indultos y que la utilidad pública es uno de los motivos que se recoge en la ley para conceder los indultos. Es al Gobierno al que
le corresponde en exclusiva valorar si existe o no existe esta utilidad y, en concreto, como ha salido en alguna ocasión hablar de los indultos de los presos del procés, me gustaría comentar que el Gobierno ha dado cumplida cuenta de estos indultos
en numerosas ocasiones, incluso en el Pleno de esta Cámara, y el paso del tiempo lo único que ha hecho es confirmar que esta medida fue adecuada. Es una medida que ha supuesto una mejora de la situación sociopolítica en Cataluña, han mejorado
claramente las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat y ha normalizado las relaciones institucionales. Entonces, insisto, el Gobierno ha dado ya sobradas explicaciones sobre estos indultos.

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Para finalizar, me gustaría referirme a las palabras que recientemente ha pronunciado la ministra de Justicia ante esta Cámara, en la que ha señalado que los indultos han sido eficaces y que los indultos han funcionado. Lo dice la memoria
de la Fiscalía General del Estado, lo dice la memoria de la fiscal superior de Cataluña, lo dicen los datos, porque se ha reducido en un 62 % los delitos de odio relacionados con la libertad de expresión en relación con la independencia de Cataluña
y, por lo tanto, los indultos han sido eficaces y se han justificado por los motivos de utilidad pública.


Eso es cuanto quería decir. Muchas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: ¿Señor presidente?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora subsecretaria.


Señor Zambrano, ¿a qué artículo hace usted mención para pedir el uso de la palabra?


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Simplemente quiero aclarar si la compareciente no va a contestar a ninguna de las preguntas que le he hecho.


El señor PRESIDENTE: Señor Zambrano, sabe usted que si pide el uso de la palabra es en base a alguno de los artículos, dígame usted a cuál. Al entender de este presidente, no ha habido alusiones ni ninguna falta de respeto. Gracias, señor
Zambrano.


Señora subsecretaria, muchísimas gracias por su comparecencia.


Vamos a interrumpir muy brevemente, durante un par de minutos, la sesión para poder despedir a la subsecretaria y, en cuanto la subsecretaria se marche, continuaremos con la sesión para ver los siguientes puntos del orden del día.


Suspendemos por unos minutos la sesión. (Pausa).


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000143).


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para continuar con el orden del día de esta Comisión y ver el segundo punto, que es la ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa de ley orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se entiende ratificada por asentimiento? (Asentimiento).


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000143).


El señor PRESIDENTE: Siendo así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la emisión del dictamen a la vista del informe de la ponencia sobre esta proposición no de ley a la que antes hacía mención.


Para el turno de fijación de posición y defensa de alguna de las enmiendas que quedaban tiene la palabra en nombre del Grupo EH Bildu la señora Pozueta.


Tiene la palabra, señoría. (Rumores). Discúlpeme. No tiene enmiendas, interviene simplemente para marcar posición del grupo. Señora Pozueta, tiene la palabra.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo comparte los planteamientos de la reforma del artículo 172 que se trae hoy aquí, y por ello votaremos a favor. A lo largo de estos años hemos denunciado el acoso, señalamiento y criminalización

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que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo han sufrido a las puertas de las clínicas donde se realizaba, ya que suponen un ataque a la libertad e intimidad de las mujeres, pero esta reforma del artículo 172 la enmarcamos en una más
integral, global y necesaria, tal y como decíamos también en Pleno, de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó hace once años. Consideramos urgente y necesario evaluarla para adaptarla a las
necesidades existentes en la sociedad de 2021. Seguiremos trabajando para que esto se produzca cuanto antes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozueta.


A continuación, por parte del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervengo muy brevemente, simplemente para manifestar que nos congratulamos con los avances y los acuerdos ya alcanzados y que mantendremos la enmienda número 7.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, quiero recordar la importancia de esta iniciativa que lo que reconoce es el derecho de las mujeres a abortar, a decidir libremente sobre su cuerpo en caso de embarazo. El sistema, como nuestro grupo parlamentario ha manifestado a
lo largo de todas nuestras intervenciones, creemos que tiene que ofrecer los servicios y los apoyos necesarios para que aquellas mujeres que deciden y quieren tener a sus niños lo hagan en las mejores condiciones, pero también tiene que ofrecer
libertad para el ejercicio y la garantía del ejercicio del aborto en aquellos supuestos que ya están reconocidos legalmente. Lamentablemente, algunos grupos de la Cámara hemos visto cómo se han manifestado en contra de la libertad de decisión de
las mujeres, a favor de que vivan hostigamiento, de que igualmente puedan vivir situaciones lamentables cuando ya tienen que afrontar un momento tan difícil como ir a una clínica para abortar, cuestión que me parece totalmente insostenible en un
Estado democrático avanzado como el nuestro.


Creemos que el Partido Popular, en este caso, ya se ha manifestado a favor de derogar la ley actual de interrupción voluntaria del embarazo del año 2010. Cabe recordar, además, que actualmente con el Partido Popular seguimos discutiendo y
nos encontramos ante un recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con la Ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Hay una competición en algunos de los grupos de esta Cámara, en este caso el Partido
Popular y VOX, por corroborar quién es el partido hegemónico de la derecha y no puede hacerse, y no debemos permitir que se haga, a costa de los derechos reproductivos de las mujeres que con tanto esfuerzo hemos conseguido alcanzar.


Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y más siendo una proposición que hemos enmendado, que hemos mejorado en el trámite de trabajo en el informe de ponencia, consideramos que este partido liberal tiene que trabajar no solo
para conquistar los derechos, sino para asegurar el libre ejercicio de los que ya tenemos como sociedad. Nos parece importante que se garantice el derecho de las mujeres a realizar una interrupción voluntaria del embarazo en libertad y también de
todos aquellos profesionales que se encuentran trabajando en esta materia, que tampoco deben recibir ni hostigamiento ni ningún tipo de acoso por ello. Por lo tanto, creo que nos encontramos ante una iniciativa acorde con el avance en igualdad en
estos momentos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Giménez.


A continuación, en nombre del Grupo Republicano tiene palabra la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero comentar que, de las enmiendas que aparecen en el cuadernillo de votación, la número 4 de nuestro grupo creo que esta transaccionada y, por tanto, debe desaparecer porque se formula la transacción. La enmienda número
5 parece ser que tiene problemas de incardinación jurídica y se debería dirigir a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en vez de al Código Penal. En eso

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tienen razón. De todos modos, formularemos una PNL u otro tipo de instrumento para que tengan la consideración de parte interesada las entidades, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus finalidades las que
aquí se mencionan y, por tanto, retiramos la número 5, de modo que no queda ninguna enmienda nuestra para votar.


Esto es así en gran parte porque también queremos facilitar el proceso de adopción del acuerdo que permita llevarlo al Pleno con el máximo acuerdo posible, porque es necesaria esta iniciativa. Y es necesario que el derecho que ya poseemos
las mujeres de interrumpir libremente el embarazo, cuando así consideremos que debamos hacerlo, no se obstaculice a través de apelar a derechos que entran en colisión, como los derechos de reunión o los derechos de expresión. Eso es sobre lo que me
parece que deberíamos reflexionar, porque en realidad no es la defensa de un eventual derecho de reunión o de expresión lo que aquí puede verse afectado, sino que simplemente es el derecho de una parte de la sociedad a imponer a la otra sus
creencias, sus ideas y su manera de vivir.


La violencia sufrida por las mujeres, la violencia sufrida por los acompañantes de las mujeres y la violencia sufrida por los profesionales y las profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo en parte se debe a
nuestra propia incapacidad de llevarlo al paradigma de lo público y, por tanto, que de algún modo queden sin identificar. Pido al Gobierno que sea consciente de ello y que articule la prestación económica necesaria y suficiente como para que los
abortos se realicen en la sanidad pública, y que la objeción de conciencia organizada en determinados centros no sirva como barrera para el acceso a un derecho; y eso nos está pasando en todo el Estado cada día.


Por otra parte -y retomo el tema de la libertad de reunión y de expresión-, esos derechos que pueden ejercitarse perfectamente y no necesariamente en el entorno de las clínicas donde se produce esa interrupción voluntaria del embarazo,
porque transforman lo que llaman las derechas -que ya es curioso- derecho de reunión y de libertad de expresión en hostigamiento, en amenazas, en coacciones, en un momento vital en que si alguna cosa debe hacerse es respetar la voluntad de las
mujeres. Y no estoy de acuerdo, y niego la mayor, cuando se vierte sobre la mesa que eso es información, es dar capacidad de reflexión, etcétera. Todo eso es falso y es un ejemplo más de violencia machista en nuestras calles y violencia machista a
personas, a mujeres, que están en un momento especialmente delicado.


Por eso tiene importancia esta ley, porque son muchos los conceptos que estamos debatiendo y que conforman la base de lo que debería ser el contrato social, basado en la libertad y basado en la no prevalencia del heteropatriarcado, pero,
sobre todo del patriarcado, sobre la vida de las mujeres. Yo ya me he hartado de decirlo en esta Comisión, en el Pleno y en todas partes, nuestros cuerpos son nuestros, nuestras vidas son nuestras, y todo lo que hemos avanzado en los últimos años
ni las derechas ni las otras derechas nos lo van a quitar. Por tanto, con tranquilidad, con acuerdo y con dialogo se plantea esta iniciativa hoy, a la que damos todo el apoyo que podemos dar.


Finalmente, quiero decir que daremos apoyo a la enmienda del PNV porque nos parece adecuado fijar un radio de seguridad concreto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.


Nuestras enmiendas están ya incluidas en el texto transaccional que se ha firmado junto al Partido Socialista, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. Por lo tanto, al estar transaccionado no tenemos nada más que
decir sobre eso. Sí nos gustaría recordar que, según la encuesta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, el 89 % de las mujeres que se han sometido a la intervención se han sentido acosadas, se han sentido
amenazadas también el 66 %, dado que estos grupos religiosos o grupos ultras protagonizan cien acciones de hostigamiento al año. En eso, usan fotografías, fetos de juguete o acusan a las mujeres de asesinar a niños.


Desde luego, nosotras tenemos claro que, igual que no vamos a las iglesias a decirles a las mujeres que tienen el derecho a abortar, tampoco quienes rezan pueden ir a la puerta de las clínicas que están habilitadas para ello a acosar y a
coaccionar a las mujeres para que no ejerzan su libertad y su derecho al aborto. El respeto empieza por separar también los espacios, y eso significa que se respete la libertad para decidir de las mujeres por parte de esas personas que acosan; y
nosotras, como ya lo hacemos, respetamos

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evidentemente la libertad religiosa dentro de las iglesias. No hay nada menos cristiano -y tengo que decirlo- que quienes usan el rezo para golpear la libertad de las mujeres.


Hoy estamos contentas y celebramos que, por fin, se vaya a aprobar esta ley que penaliza ese acoso frente a las clínicas de aborto; y, aun así, tenemos que decir que, dentro del derecho al aborto, todavía queda muchísimo por hacer y, por
eso, tras este paso vamos a seguir trabajando para reformar la Ley de derechos sexuales y reproductivos, porque además de la libertad de las clínicas en las que se practica la interrupción voluntaria del embarazo y de las mujeres que acuden a ella y
también, como hemos recogido en el texto, de los trabajadores y de las trabajadoras, hay que asegurar también que esto se haga dentro de la sanidad pública, sin tutelajes que obliguen a reflexionar tres días y que se garanticen también los derechos
de las chicas de dieciséis y diecisiete años.


Otro problema que también se ha dicho aquí es que exista esa objeción de conciencia cuando hablamos de salud, de la salud de las personas, que tendría que ser lo primordial, la prioridad y lo más importante. Así que celebramos que se haya
traído aquí a debate y a votación esta ley y esperemos que las mujeres puedan tomar sus decisiones con libertad a partir de ahora.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Velarde.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, no nos hablen de libertad. Ayer mismo salía una mujer de uno de los centros de exterminio... (una señora diputada: ¡Por Dios!-Protestas) y, allí, cerca de la puerta, llorando amargamente, se acercó a un rescatador diciendo:
¿por qué no me habré parado aquí hace cuatro horas? (Protestas.-Una señora diputada: ¡Es inaceptable!).


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez, señorías, por favor, les ruego mantengan el orden y el silencio. Ya se encargará esta Presidencia de saber hasta qué punto algunas de las expresiones no son lo que esta Cámara se merece. Por tanto,
dejen que esta Presidencia pueda ejercer el orden del debate.


Señora Méndez, continúe.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


Allí, cerca de la puerta, llorando amargamente; se acercó a un rescatador diciendo: ¿por qué no me habré parado aquí hace cuatro horas? Otro testimonio, Michele: todo mi entorno me presionaba para abortar; nadie me tendió una mano hasta
que llegué a la puerta del abortorio; me habían estado manipulando; nunca me he arrepentido de tener a mi hija; Paula es mi vida.


Señorías, el texto que hoy se vota solo tiene un beneficiario: los centros de exterminio de seres humanos. Están defendiendo los intereses económicos de quien se lucra causando la muerte de otros sin que se ejerza por el Estado ningún tipo
de protección; protección que mandata nuestra carta magna y a la que debiera haber obligado nuestro Tribunal Constitucional desde hace más de diez años. Esa grave e injustificable omisión también del legislador, esa desprotección absoluta, la
intentan paliar como pueden las personas a las que ahora se ataca, que son aquellas que ofrecen su tiempo y cariño a quien en esos momentos más lo necesitan: afecto, recursos, acompañamiento, humanidad y verdad. Ellos son los rescatadores,
asociaciones que se manifiestan pacíficamente ante tan gran injusticia, como hiciera Gandhi en su día clamando justicia. (Rumores). Han salvado más de seis mil vidas de niños y han curado heridas de muchas madres rotas. (Rumores). Entiendo que
la verdad les escueza. Desde aquí, queremos reconocer la admirable labor de todos y cada uno de los voluntarios de las asociaciones provida. Para ustedes debieran estar en la cárcel y esos niños no deberían haber nacido. A nosotros nos devuelven
la esperanza.


Hace un año, el 7 de octubre de 2020, salieron en los medios fotografías como estas (muestra una fotografía) de un ataúd sacado por empleados de una funeraria de uno de sus centros. Al día siguiente, la patronal ACAI fue recibida por la
ministra Montero, a la que hizo llegar un informe y solicitó que se tipificaran estas actividades como delito. Hoy tenemos sobre la mesa el texto que requerían los centros de exterminio. No quieren esas fotos de ataúdes que reflejan la muerte.
Frente al negocio de la muerte nosotros no enmudeceremos. Es bestial y es determinante cómo se incluye una enmienda del PNV para que no haga falta una denuncia de la supuesta víctima. Pueden ser los centros los que denuncien. A día de hoy no ha
habido ninguna denuncia, no ha habido ninguna condena porque no existe tal acoso. Si

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hubiera existido, ¡nuestro Código Penal ya lo contempla! Porque esas supuestas víctimas son mujeres eternamente agradecidas. Serán los centros de exterminio, los que ingresan más de 50 millones al año y que pierden muchos millones con las
vidas que los rescatadores logran salvar, los que a partir de ahora denunciarán. No nos hablen de libertad.


Ustedes hablan de que los rescatadores obstaculizan el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, nadie tiene derecho a matar a nadie. Y, en segundo lugar, este texto obstaculiza el ejercicio de la
libertad de manifestación, de expresión y de circulación. También obstaculiza la última oportunidad de esa mujer que va presionada a abortar para recibir ayuda. Consideran que solo es libre si llega a abortar, no dejan que sea libre para salvar al
bebé. Esta ley trata de asfixiar a las madres para que no puedan ejercer su verdadera libertad, de la misma forma que asfixian a los bebés en los centros de exterminio. ¡No nos hablen de libertad! El 90 % de las mujeres se derivan desde los
servicios sociales de forma automática y gratuita. En algunos casos les dicen: ¿No tienes recursos? Pues has de abortar. ¡Solo les ofrecen un camino! ¿Cómo es posible que no existan ayudas para las mujeres embarazadas que asisten a los servicios
sociales? ¿Cómo es posible que sea mucho mayor el presupuesto para realizar abortos que para ayudar a las mujeres embarazadas? Porque en muchos casos es la propia Administración la que induce a las mujeres a abortar.


Ustedes tipifican como delito una actitud pacífica que salva vidas. ¿No sería más lógico que fuera delito inducir y abocar a una persona a que mate a alguien? Nosotros no criminalizamos a las mujeres, ¡les acusamos a ustedes! Señorías, la
naturaleza no perdona jamás y, aunque al constituirlo como un derecho lo intenten mostrar como algo bueno, aunque cierren los ojos y quieran convencerse de que es un acto libre, aunque piensen que en determinadas circunstancias es la mejor elección,
no es verdad. No nos engañen y no se engañen. La única verdad es que esa mujer, cuando pase esa puerta, dejará que le arrebaten al niño que lleva en sus entrañas, y eso tiene consecuencias. Quieren esconder la amargura. Quieren esconder las
lágrimas, pero no pueden y nunca podrán. La verdad se esconde en todos y cada uno de los corazones, esa verdad que se descubre en el silencio, en el corazón, en lo más hondo de su corazón si la buscaran también. No nos hablen de libertad, porque
solo la verdad, esa que ustedes desprecian, es la que nos hace libres y nos trae la paz.


Pasaremos a la historia como una civilización perversa que no deja nacer a sus hijos, donde sus legisladores promueven que mueran. Desde tiempos antiguos el nacimiento de un hijo ha sido considerado como una bendición. Ahora es una carga y
deben morir. En fin, es una civilización sin futuro, inscrita ya en la historia universal de la iniquidad.


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez, su tiempo concluye. Debe terminar.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente.


A tan solo dos días de la celebración del nacimiento del niño Dios en Belén, un niño que vino a traer la paz al mundo, les deseamos feliz Navidad a todas las personas de buena voluntad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Méndez.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora Angulo.


La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.


La proposición que hoy aprueban, insisto, es otro ejemplo del sectarismo del PSOE y de sus socios, cuya acción de Gobierno se basa en la utilización partidista de las instituciones -como hemos visto en el punto anterior- y del ordenamiento
para ponerlo al servicio de sus intereses políticos. Limitan derechos, discriminan a unos españoles y otorgan privilegios a otros en función del servicio que a ustedes les presten, incluso aunque para ello dejen desamparados a quienes sí de verdad
son víctimas de abuso, de acoso, de hostigamiento o incluso de odio. Bajo esa premisa, vienen modificando nuestro ordenamiento sin garantías ni rigor jurídico, evitando -como en este caso- informes como los del Consejo de Estado, conscientes sin
duda de la más que probable inconstitucionalidad de muchas de sus reformas. Es tal la falta de rigor de esta proposición que el propio PSOE se hace una enmienda a la totalidad, y eso que se trataba de un único artículo.


Ahora, atendiendo a las enmiendas de sus socios y a sus exigencias, limitan aún más los derechos fundamentales de expresión y de reunión a unos ciudadanos concretos, para quienes solicitan el mayor castigo penal: la privación de libertad
por el hecho de pensar distinto y expresarlo. La diputada de Podemos ha sido la más clara, ya ha definido lo que es para ella acosar. Además de considerar acoso

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reunirse en la calle u ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar a clínicas privadas, incluyen como supuestas víctimas a los trabajadores y a los directivos de esos centros, a quienes parecen concederles presunción de veracidad
en sus declaraciones o denuncias. Es una presunción que, sin embargo, en su sectaria reforma de la Ley de seguridad ciudadana niegan a la Policía y a la Guardia Civil para con ello conceder un derecho ilimitado -una impunidad más bien- a quienes se
manifiesten de manera violenta, dejando desprotegidos a la inmensa mayoría de los ciudadanos que actúan de manera pacífica. Y sabedores de que no existen ni denuncias ni sentencias que declaren que efectivamente se ha impedido a una mujer
practicarse un aborto en esos centros contra su voluntad y de manera violenta -porque, de ser así, nuestro Código Penal la ampararía y podría perfectamente haber denunciado-, incluyen este nuevo tipo penal entre los delitos públicos, es decir, que
no necesita denuncia de la persona supuestamente agraviada. Otros delitos de acoso sí. Este no.


Si yo acudo a abortar a una de esas clínicas y lo hago de manera consciente, madurada y perfectamente informada -como presumo que ustedes suponen- y en los aledaños de esa clínica alguien me ofrece información, yo no tengo nada que decir
sobre si me he sentido acosada o si ese hecho ha impedido de manera violenta y contra mi voluntad que yo hiciera aquello que tenía intención de hacer, pero se podrá llevar a los tribunales a esas personas y solicitar para ellos la pena de prisión.
Es decir, frente al principio de intervención mínima del derecho penal, frente a la defensa de la libertad de expresión y reunión, hoy quienes apoyan esta iniciativa crean un tipo penal para criminalizar a unos españoles por el mero hecho de no
pensar como ustedes. Es algo inconcebible en cualquier democracia liberal, pero liberal de verdad, de mínima intervención, no de eslogan.


No voy a extenderme más en lo que significa esta proposición: una clara vulneración de derechos por el mero sectarismo ideológico a la que nosotros vamos a oponernos y un claro ejemplo de la utilización política del ordenamiento.
Precisamente, quienes hoy consideran urgente esta reforma son los mismos que promueven aquelarres de odio contra quienes garantizan nuestra seguridad y quienes alientan o permiten un verdadero acoso, hostigamiento e incitación al odio contra un niño
de cinco años, punta del iceberg de otros muchos niños y ciudadanos españoles perseguidos y acosados por querer educarse o trabajar en su lengua que, además, es el idioma oficial del Estado.


Señores del PSOE, ¡el mundo al revés! Limitación de derechos y libertades y criminalización de quienes defendemos el Estado de derecho y niños y familias acosadas, señaladas y aisladas por ejercer un derecho, pero total impunidad para
quienes señalan, boicotean, incitan al odio o pretenden incumplir la ley. Pues no nos van a callar ni nos van a engañar justificando esta reforma en una supuesta protección a las mujeres mientras se están viviendo gravísimos acontecimientos de
violencia de género en España ante la pasividad del Gobierno y, especialmente, de la incompetente ministra de Igualdad, dedicada a sus 'los, las, les' y a colocar a dedo a condenados por la justicia y no a lo que merece atención urgente. (Rumores).
Dejen de intentar tapar su incompetencia en la protección de las mujeres con causas que no existen y ocúpense de manera efectiva de lo que realmente es grave y urgente. Allá quienes con su apoyo se conviertan en cómplices de un Gobierno radical que
cada día limita derechos y libertades, agranda las desigualdades, la discriminación, las injusticias y abandona a todos aquellos que no sirven a sus intereses. Pero tengan claro -¡muy claro!- que al Partido Popular ni lo van a amedrentar ni lo van
a callar. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Berja.


La señora BERJA VEGA: Gracias, estimado presidente.


Señorías, hoy damos un paso importante en la tramitación parlamentaria de una de las iniciativas que sin duda serán de las más relevantes de la legislatura. Proteger el ejercicio de los derechos es uno de nuestros cometidos como
legisladores y legisladoras. Lo que hoy votamos aquí tiene como objeto proteger el ejercicio de los derechos de las mujeres, señorías. Esta iniciativa tiene tanto consenso porque a casi todas y todos nos escandalizan las imágenes que hemos visto
en las inmediaciones de las clínicas sanitarias donde se producen las concentraciones. Esta iniciativa tiene tanto consenso porque nos hemos puesto en la piel de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y tienen que pasar por el calvario de
soportar estas coacciones y este acoso. Esta situación tiene que acabar y esta iniciativa se dirige a ello.


Señorías, quiero ser muy honesta, la iniciativa se ha mejorado durante la tramitación en esta casa. Como proponentes de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista y las socialistas queremos agradecer el

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trabajo de los grupos parlamentarios que han propuesto mejoras a esta modificación del Código Penal con el fin de ampliar la cobertura de protección y dar más garantías a los procedimientos relacionados con este nuevo tipo del Código Penal.
La transaccional a la que hemos llegado, que hemos acordado y que cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana, del PNV, de Ciudadanos, de Unidas Podemos y del PSOE, da una redacción más amplia a la iniciativa original. Entre los grupos que hemos
firmado, incluso con autoenmiendas de mi propio grupo y de Unidas Podemos, hemos definido mejor la obstaculización del derecho al aborto y hemos incorporado tanto al personal sanitario del ámbito público como a todo el personal de las clínicas
acreditadas para la interrupción del embarazo, porque las clínicas y el personal sanitario también son víctimas del acoso. Incluso hemos recogido en esta transaccional que no sea necesaria la denuncia de la mujer acosada para la persecución de los
hechos. Y todo este consenso ha ocurrido sin la participación del Partido Popular. Lamentamos que ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, se pongan del lado de VOX y de los que hostigan a las mujeres en las clínicas y no hayan
participado en esta iniciativa. Bueno, sí que han participado para oponerse con vetos y enmiendas a la totalidad.


Por cierto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, esta es una proposición de ley, no tiene informes de los órganos consultivos. (La señora Angulo Romero: ¡Claro, claro!-Rumores). Yo sé que tienen muchas ganas de que alguien diga que
es inconstitucional, pero no se lo inventen y sean rigurosos, porque se están inventando lo que acaban de decir. (La señora Angulo Romero: ¿Qué estaba diciendo?-Un señor diputado: Déjenla hablar.-Rumores.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señora Berja, he interrumpido su tiempo.


Señorías, les pido, por favor, silencio. Hemos escuchado a todos los portavoces; en este caso, a todas las portavoces. Les pido silencio, por favor. (Rumores). Silencio, por favor, señorías.


Puede continuar, señora Berja.


La señora BERJA VEGA: Es muy triste, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que ustedes no evolucionen. Hace once años que intentaron boicotear la Ley del aborto, incluso con un recurso al Tribunal Constitucional; de hecho, lo
mantienen. Hace once años y han tenido ustedes la oportunidad de evolucionar. Tienen con esta iniciativa la oportunidad única de reparar ese empeño suyo de oponerse sistemáticamente al reconocimiento de los derechos de las mujeres. No se entiende
que en un país como España la derecha esté tan cerca de la ultraderecha en lo que tiene que ver con los derechos y las libertades de las mujeres.


Como saben, durante el trámite de esta iniciativa yo a VOX le he dedicado muy poco tiempo, pero sí que les tengo que decir una cosa después de escuchar su intervención de hoy. Es fascismo llamar a la libertad de elección exterminio, eso es
fascismo. (Rumores.-Aplausos). El aborto es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico español, por más que les duela a muchos diputados y diputadas de esta sala. Por lo tanto, el acceso a esta prestación sanitaria se debe producir
con plena libertad y sin acoso. Aborto sin acoso, eso es lo que persigue esta iniciativa. (La señora Esteban Calonje: ¡Qué barbaridad!-Rumores).


Señorías, quiero terminar agradeciendo a mi grupo parlamentario la oportunidad que me ha dado de defender esta iniciativa y, a mis compañeras de ponencia, Andrea Fernández y María Guijarro -que nos sigue desde su casa-, su trabajo.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señor Berja, discúlpeme.


Les pido, por favor, silencio. Señora Méndez, la escucho desde aquí. (La señora Méndez Monasterio: ¡Pero si no he abierto la boca!-La señora Esteban Calonje: Ella no ha dicho absolutamente nada.-Rumores). Señora Méndez, discúlpeme, pero
estoy escuchando entonces a sus compañeros. (Rumores). Por tanto, pido a sus compañeros y también a los integrantes del Grupo Parlamentario Popular que mantengan el silencio. (Rumores). Hemos escuchado en silencio a todos los portavoces. (La
señora Esteban Calonje: A nosotros no nos han dejado hablar). Y, por eso, he interrumpido para que la señora Méndez pudiera seguir interviniendo en silencio. Les pido que guarden al menos el mismo comportamiento que otros han tenido. Confío en
no tener que volver a interrumpir nuevamente a mi compañera diputada que está en el uso de la palabra.


Señora Berja, tiene la palabra.


La señora BERJA VEGA: Muchísimas gracias, señor presidente.


Como le decía, voy terminando agradeciendo tanto a mi grupo parlamentario como a mis compañeras, Andrea Fernández y María Guijarro -que nos ve desde su casa-, su trabajo en esta ponencia; también

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a mi portavoz de Justicia, Francisco Aranda, por el apoyo y por la confianza; al presidente de esta Comisión; a los letrados, por su profesionalidad y buen hacer, así como a los trabajadores y trabajadoras que hoy, en un momento muy
difícil, nos dan soporte. Lo último que quiero decir para terminar es que también quiero dar las gracias a la persona que ha hecho posible que esta iniciativa se presente en sede parlamentaria, mi compañera Adriana Lastra.


Muchas gracias. (La señora Vallugera Balañà pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Berja.


Señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Una cuestión de orden. Al final, con tantas cuestiones de orden una se aprende el Reglamento.


El artículo 103.1 dice que cuando se profieren palabras o se vierten conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, a sus miembros, instituciones del Estado o cualquier otra persona o entidad, el presidente debe llamar al orden al orador. La
señora Méndez ha dicho literalmente que en las clínicas se ahogan bebés. Pido que lo retire, porque eso es la atribución de un delito.


El señor PRESIDENTE: Señora Vallugera, a criterio de esta Presidencia formaba parte del debate. Se ha hecho referencia no al decoro de la Cámara, sino a la calificación que se ha hecho de estas clínicas. Por tanto, no vamos a entrar en
esas cuestiones, señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Pero digo yo que las clínicas deben ser entidades.


El señor PRESIDENTE: Señora Vallugera, no vamos a entrar en esa cuestión y vamos a pasar a votar las enmiendas.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Lo lamento, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallugera.


Como les decía, pasamos a continuación a la votación de las enmiendas presentadas a esta proposición de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres
que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. (Rumores). Dado que ha ido muy ágil el debate y, además, somos conscientes de que ahora mismo que se están celebrando otras comisiones, podemos esperar unos minutos para votar.
Por tanto, señorías, interrumpimos durante unos minutos para que los diputados y diputadas que ahora mismo se encuentran en otras comisiones puedan acudir. (Pausa).


Señorías, vamos a proceder a la votación.


Como les decía, señorías, procedemos a la votación de las enmiendas presentadas a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que
acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.


En primer lugar, vamos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, pasamos a votar, también en bloque, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 21; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, pasamos a votar el texto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda dictaminada la proposición de ley orgánica, señorías. (Aplausos).

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Aún no hemos terminado. Después de la votación, señorías, les recuerdo a las señoras y señores diputados que el plazo para la presentación de los escritos de mantenimiento de enmiendas es de cuarenta y ocho horas. Dado que, como saben, no
habrá registro ni el viernes ni el sábado, el plazo se ampliará hasta las 18 horas del lunes 27 de diciembre.


Por mi parte nada más. Señores diputados, señoras diputadas, gracias y felices fiestas. Se levanta la sesión.


Eran las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde.