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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 528, de 26/10/2021
cve: DSCD-14-CO-528
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 528
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ISMAEL CORTÉS GÓMEZ
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm, 18
celebrada el msrtes,
26 de octubre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (Número de expediente 121/000070):
- Del señor subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 (García Celada). A solicitud de los grupos parlamentarios Plural (número de expediente 212/001938); VOX (número de expediente 212/001514); Popular en el Congreso (número de
expediente 212/001643), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/001806) ... (Página2)
- Del señor secretario de Estado de Derechos Sociales (Álvarez Peralta). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001890); Plural (números de expediente 212/001476 y 212/001936); VOX (número de
expediente 212/001504); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001641), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/001804) ... (Página15)
- Del señor secretario de Estado para la Agenda 2030 (Santiago Romero). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001891); Plural (números de expediente 212/001477 y 212/001937); VOX (número de
expediente 212/001506); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001642), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/001805) ... (Página33)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022. (Número de expediente 121/000070):
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (GARCÍA CELADA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL (número de expediente 212/001938); VOX (número de expediente 212/001514); POPULAR EN EL CONGRESO (número de
expediente 212/001643); Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/001806).
El señor VICEPRESIDENTE (Cortés Gómez): Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Se ha producido una alteración en el orden del día, y vamos a empezar con la comparecencia del señor subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030. A continuación se producirá la comparecencia del señor secretario de Derechos Sociales y
en última instancia la del señor secretario de Estado para la Agenda 2030.
Habrá un turno inicial de treinta minutos por parte del compareciente, un turno de siete minutos para los portavoces y un último turno por parte del compareciente para cerrar la sesión. Tiene la palabra el subsecretario de Derechos Sociales
y Agenda 2030, señor García Celada.
El señor SUBSECRETARIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (García Celada): Buenas tardes, señorías. Siempre es un honor comparecer en esta Comisión para poder exponer las líneas generales del presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030. Empezaré haciendo una descripción general del presupuesto global del ministerio por capítulos y después entraré en más detalle en las partidas del área que corresponde a la subsecretaría y en la que se integran la Secretaría General
Técnica y la Dirección General de Derechos de los Animales.
El proyecto que se presenta para 2022 ahonda en el presupuesto de claro corte social que se estableció para el año 2021 y ha de representar el arranque de las políticas que tiene asignadas el departamento en esta nueva realidad pospandemia.
Por tanto, se trata principalmente de cumplir con los compromisos que suponen los fondos europeos y los proyectos que se han asociado a estos fondos en lo que suponen las previsiones del servicio 50, que se complementan en el presupuesto ordinario
con otra serie de fondos, resaltando especialmente la dependencia, pretendiendo también recuperar las pérdidas presupuestarias que se habían producido en años anteriores para reforzar todos los servicios asociados a las necesidades de la
dependencia. Asimismo, asociada a la salida de la pandemia está también la salida de una crisis económica. Aunque se ha empezado a reactivar la economía gradualmente, todavía hay un cierto grado de incertidumbre ante los efectos desiguales que ha
tenido sobre distintos sectores, en distintos estratos de la población o sobre las empresas, que han resultado trágicos en muchos supuestos, si bien una estructura de defensa de los más vulnerables basada en el escudo social ha permitido que no se
ahondase en esa situación. La aprobación en el Consejo de Ministros de una nueva prórroga del escudo social viene a garantizar que no se produzca un derrumbe inmediato ante la retirada de estas medidas, cuando todavía decimos que existe este grado
de incertidumbre y no se ha producido una recuperación suficientemente importante. Al mismo tiempo, vamos a empezar a lanzar políticas sociales y de ayudas a los más desfavorecidos que nos permitan asegurar que no se va a quedar nadie atrás.
Por tanto, se quiere volver a una senda económica expansiva y progresista, que responda a esta situación extraordinaria y permita actuaciones que ya se iniciaron el año pasado con el modelo de una salida sostenible de la crisis, pero, sobre
todo, socialmente justa. Se trata de asegurar que los derechos sociales de la ciudadanía se asienten en unas bases que además han de permitir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 establecidos por la ONU y que
también son competencia de este departamento en su seguimiento y garantía trasversal. También hay otras acciones en protección a la infancia, a las familias y a las personas dependientes, junto a una promoción del bienestar animal, que también es
competencia del departamento. Por eso, el proyecto de presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el ejercicio 2022, si excluimos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, asciende a 3 547 541 000 euros, lo que supone un
incremento del 21,54 % respecto del presupuesto de 2021, con una variación neta de 628 800 110 euros, que, como veremos, en
buena medida está asociada a lo que hablábamos sobre ese relanzamiento de los servicios de la dependencia. Y a estas cifras habría que añadir las del servicio 50 para los proyectos de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia dirigidos al reforzamiento del sistema de cuidados, protección a la infancia y a la familia y atención a la pobreza infantil como elementos estratégicos, con un presupuesto global de 1 060 342 820 euros, un 15,65 % superior al del pasado
ejercicio, en respuesta a las proyecciones que para los tres años se hicieron en el servicio 50 para la aplicación de estos fondos de recuperación y resiliencia. En consecuencia, tenemos un presupuesto total no consolidado del ministerio, si
incluimos todas las dotaciones, de 4 607 883 380 euros, con un incremento global del 20,11 % respecto al presupuesto inicial de 2021 y una variación neta de 772 292 000 euros.
Este ministerio surgió de la reestructuración del nuevo Gobierno que se constituyó en 2020 y se ha llevado a cabo su consolidación a lo largo de lo que llevamos de legislatura integrando unidades y organismos que existían en la estructura
anterior, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y sus organismos dependientes, como el Imserso, el Instituto de la Juventud o el Real Patronato de Discapacidad, junto con otros de nueva creación, que fueron la Secretaría de Estado de la
Agenda 2030 y la Dirección General de los Derechos de los Animales, que han contado con presupuesto en 2021 por primera vez. En el proyecto que se presenta para 2022, en lo que se atribuye a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales encontramos
la parte más importante del presupuesto a gestionar durante el ejercicio, que es mucho más de lo que implica todo el departamento, mucho más que el departamento en su conjunto. Este importe asciende a 3 487 074 000 euros, que respecto a 2021 supone
un incremento del 21,96 %, con una variación neta de 628 millones prácticamente. De este presupuesto global de la Secretaría de Estado, 3085 millones se destinan a transferencias al Imserso principalmente asociadas a la dependencia. Para estas
transferencias se ha previsto un incremento neto del crédito presupuestario de 550 millones, lo que equivale al 21,70 % del incremento presupuestario previsto para el ejercicio. El resto del presupuesto de la Secretaría de Estado, con un importe de
402 millones de euros, también experimenta un incremento neto de 77 809 000 euros respecto al año en curso, lo que supone un aumento del 24,01 %. El crecimiento de estas dotaciones se debe a las previsiones que hay en la Dirección General de
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y en la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales principalmente, que tendrán un incremento porcentual para las políticas de su competencia de un 25 % en 2022 respecto a 2021.
El presente ejercicio ha constituido en la práctica el primero en el que se ha podido llevar a cabo de manera efectiva el desarrollo de las políticas del departamento a través de ese marco presupuestario propio y una estructura diseñada de
manera específica para el mismo. También el ministerio, al ser de nueva creación, ha tenido una configuración orgánica peculiar, con una compactación de servicios y una optimización de recursos humanos y materiales que ha agilizado la gestión,
permitiendo actuar de una forma no usual en el resto de los departamentos. Por eso muchos de los cambios en el presupuesto que pueden observar sus señorías tienen que ver con la optimización del presupuesto en conceptos que permiten una mejor
adecuación del gasto, con la finalidad de que la presentación de estados financieros y la información contable sean lo más adecuadas a la naturaleza y transparencia del gasto, así como a la ejecución del mismo y contribuyan a evitar errores. Así,
verán que no hay unos crecimientos netos al uso, como lo que suele haber en otros departamentos, sino ajustes que, sobre todo, en los servicios trasversales pueden resultar sorprendentes si nos limitamos a una mera comparación de cifras. En este
sentido, aunque la mayoría del esfuerzo en dotación y ajuste se ha realizado en el presente ejercicio, todavía ha habido que dotar al departamento respecto a ciertas necesidades, al tiempo que reestructurar ante la falta de necesidad de respaldar
prestaciones internas que fueron consideradas en el presupuesto de 2021. Para ver estas variaciones, vamos a empezar a analizar los capítulos más importantes.
En el capítulo 1, gastos de personal, vemos que hay una disminución respecto a la cantidad que se aprobó en 2020 desde el extinto Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se crea a
partir del real decreto de 12 de enero de 2020, mediante el que se estructuraron departamentos ministeriales, y al que han seguido una serie de normas de desarrollo: el Real Decreto 3/2020, de vicepresidencias del Gobierno; el Real Decreto
10/2020, que crea las subsecretarías de los departamentos, y los reales decretos 139/2020, de estructura orgánica de los departamentos, y 452/2020, de estructura orgánica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, modificado por el Real
Decreto 311/2021, de 4 de mayo. La dotación consignada en el capítulo 1 se ajustó estrictamente a lo necesario para financiar los gastos de personal para la prestación del servicio público encomendado al departamento. Para el año 2022 se ha
previsto un leve incremento, visto en términos
absolutos, que asciende a 31 225 000 euros, un 1,21 % más respecto al ejercicio en curso, con una variación de 374 760 euros. Este incremento no es tal si tenemos en cuenta que el incremento del 2 % del salario de los funcionarios previsto
para acomodarlo al IPC ya es superior a ese 1,21 % de incremento. La realidad es que en la práctica se ha hecho un ajuste adicional en este capítulo para dotar la remuneración de los efectivos con los que realmente cuenta el departamento, que en
2022 serán 603 efectivos en total, resultando funcionarios el 78,44 %, un 16,09 % personal laboral, un 3,65 % personal eventual y el 1,87 % altos cargos, once en total. Los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 contarán en 2022 con 281 efectivos en total, 270 del Instituto de la Juventud y 12 del Real Patronato de Discapacidad. El cómputo total de efectivos en el ministerio se ha incrementado en diez personas respecto de 2021, habiéndose reducido en
cuatro personas en los organismos autónomos, lo que supone un incremento neto de seis efectivos, que no alcanza la cifra del incremento del 1 % respecto al total y evidencia la racionalización de recursos humanos operada, especialmente significativa
cuando estamos en un tiempo de crecimiento global del gasto económico.
En cuanto a algunas de las principales partidas del capítulo 1, en relación con los altos cargos, artículo 10, el Ministerio de Derechos Sociales cuenta estrictamente con los previstos en la normativa antes citada, es decir, además de la
ministra del departamento, hay dos secretarios de Estado, un cargo con rango de subsecretario, que es el de quien les está hablando, y siete directores generales, entre los que se encuentra el director del gabinete de la ministra, con el mismo
rango, lo que supone un total de once altos cargos, como decíamos antes, en el departamento. A ellos se añaden los correspondientes a los organismos autónomos, la directora general del Instituto de la Juventud y el director general del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, Imserso. Respecto al año pasado, se ha reducido en un puesto el número de altos cargos adscritos a este departamento, y las retribuciones anuales de los once altos cargos mencionados alcanzan globalmente un importe de
735 400 euros, lo que supone una disminución de 53 750 euros, un 7 % respecto al presupuesto de 2021.
Por lo que se refiere al personal eventual, artículo 11, los puestos asignados a este personal son los que se establecen en las disposiciones vigentes. El personal eventual previsto se reduce en tres efectivos para el ejercicio de 2022 y,
por tanto, de acuerdo con la normativa, vamos a contar con un total de 22 puestos de carácter eventual, distribuidos de la siguiente manera: doce en el gabinete de la ministra y cinco en cada uno de los gabinetes de las secretarías de Estado de
Derechos Sociales y de Agenda 2030. Del total de los veintidós puestos indicados, dieciséis son del grupo A1, uno del grupo A2, cuatro del C1 y uno del C2. Esta disminución de puestos está directamente vinculada con el carácter del ministerio -ya
no vicepresidencia- respecto de cómo se presentó el de 2021. El coste anual presupuestado para las retribuciones de este personal alcanza una cifra total de 984 400 euros, un 20 % inferior al presupuesto del ejercicio de 2021.En cuanto al personal
funcionario, artículo 12, en la propuesta de presupuestos generales del Estado para 2021 se pasó de 456 a 473 puestos de personal funcionario, distribuidos entre los diferentes servicios que componen la estructura del departamento, correspondiendo
105 puestos al subgrupo A1, 111 al subgrupo A2, 117 al C1, 139 al C2 y uno al grupo E, y el coste total de sus retribuciones es de 20 005 370 euros. En relación con el personal laboral de los diferentes servicios que componen la estructura del
departamento, artículo 13, se ha presupuestado un total de 97 puestos, de los cuales el 46 % corresponde a graduados de educación secundaria, el 20 % a titulados de bachillerato o técnico equivalente, un 21 % a titulados superiores de nivel 1, un 10
% a titulados superiores de nivel 2 y un 1 % a titulados superiores nivel 3, todo ello según la nomenclatura del tercer convenio único, ya que actualmente se está llevando a cabo el encuadramiento del personal laboral en los nuevos grupos, familias
y especialidades del cuarto convenio único.
Los créditos relativos a incentivos del rendimiento, artículo 15, se incluyen de forma unitaria en los subconceptos 150 y 151 del servicio 01 del departamento y desde ahí se distribuyen a toda la plantilla, independientemente de los
servicios en que estén adscritos. En este sentido, el subconcepto 150, de productividad, incluye tanto los créditos correspondientes a los altos cargos como al resto del personal funcionario y eventual. Respecto a la productividad de altos cargos,
se han tenido en cuenta las cantidades que como máximo autorizado determina la Dirección General de Costes de Personal, según el número de altos cargos adscritos al departamento. La dotación prevista en el proyecto es de 2 986 330 euros,
reduciéndose en un 52 % respecto al importe con el que contaba el año anterior y asignándose casi en su totalidad al subconcepto 150, relativo a la productividad, con un importe de 2 945 080 euros. En este ejercicio se elimina prácticamente en su
totalidad la partida consignada en el subconcepto 151, dejando únicamente 41 250 euros en el concepto de gratificaciones. La explicación de estos cambios tiene que ver
con la redistribución de efectivos que se realiza por los ministerios de Sanidad y Consumo a finales del año pasado, que conllevó también una transferencia del dinero correspondiente para el reparto entre los tres ministerios y el personal
que se adscribía a cada uno de ellos.
Por último, en el artículo 16 se recogen las dotaciones destinadas a cuotas, prestaciones y otros gastos sociales. Para cotizaciones a la Seguridad Social, el importe presupuestado es de 1 811 930 euros, que disminuye respecto al
presupuesto en el presente ejercicio para este concepto en 578 600 euros al aplicar los ajustes del reparto de personal laboral también con el Ministerio de Sanidad. Dentro de este mismo artículo 16 se incluyen otros gastos sociales que, al igual
que ocurre con los incentivos al rendimiento, figuran en el servicio 01 del departamento y dan cobertura a todo el personal del ministerio, independientemente del servicio en el que estén adscritos. Es el caso de los créditos para acción social,
subconcepto 160.04, donde se ha presupuestado un total de 68 500 euros, manteniéndose el importe dirigido al abono de las ayudas que se incluyen en el plan de acción social acordado con los representantes sindicales de los trabajadores. Y,
finalmente, tenemos una cantidad de 138 080 euros que se ha mantenido en el presente ejercicio para gastos de formación y perfeccionamiento del personal.
En el capítulo 2, dedicado a los gastos corrientes en bienes y servicios, se pasa de contar en el presupuesto consolidado del departamento con una dotación de 70 846 000 euros a 137 436 000 euros, cifra que casi dobla la cantidad aprobada en
2021, lo que supone en términos relativos un incremento del 94 % respecto al año anterior, con una variación al alza en términos absolutos de 66 590 070 euros. En este incremento se incluyen los importes para la realización de estudios y trabajos
técnicos para la implementación de estrategias y planes operativos en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social y debe tenerse en cuenta que esto tiene que ver con la asunción por parte de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos
Sociales de mantenimientos globales del edificio y servicios trasversales y compartidos con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Consumo. En todo caso, estos incrementos de 66,590 millones en el capítulo 2 corresponden a un incremento en
los gastos corrientes al servicio 50, de servicios sociales y promoción social, puesto que también hay actuaciones del departamento para garantizar la accesibilidad, las mejoras energéticas y demás elementos conectados con los fondos de recuperación
y resiliencia dentro de la propia sede del departamento.
En el capítulo 2 también ha habido una reclasificación de conceptos. El incremento se compensa en parte por la disminución que se produce en otros capítulos, como en el capítulo 6, y que se describirá de manera detallada cuando lleguemos a
cada uno de los servicios responsables de su ejecución.
Por un importe significativamente modesto, 601 940 euros, contribuye al incremento de este capítulo la previsión de dotaciones de material y suministros, como consecuencia del incremento del coste de la energía y por la incorporación de una
nueva sede en la calle López de Hoyos, con una mayor presencialidad de los puestos de trabajo y otros gastos que detallaremos más adelante. Aunque con una cuantía modesta, suponen también un incremento 129 700 euros adicionales en gastos de
indemnizaciones en razón del servicio, al poderse realizar, finalizada la pandemia, una reanudación de los desplazamientos y reuniones presenciales que se financian con cargo a esta partida. Se mantienen las previsiones de gastos, arrendamientos y
publicaciones conforme a cifras del año pasado, si bien hay una disminución en arrendamientos debido a que se hicieron previsiones para poder disponer de una nueva sede, dadas las necesidades de ubicación del personal ante las dificultades de
espacio que tenemos en la sede del Paseo del Prado, 18-20. Dichas previsiones ahora resultan innecesarias, al haber sido dotado a finales del año pasado de unas oficinas, como decía, en la calle López de Hoyos que son propiedad de Patrimonio del
Estado y, por tanto, solo tienen coste de mantenimiento, pero no requieren de gasto en arrendamiento. En términos económicos, el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales es predominantemente de transferencias, puesto que buena parte de las
competencias está en manos de las comunidades autónomas. Lo que se hace es apoyar políticas que se ejecutan a través de comunidades autónomas o administraciones locales, bien a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, bien a
través de las propias comunidades autónomas.
El capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, figura en el proyecto para 2022 dotado con 3 674 556 990 euros, con lo que se contempla como un incremento de 522 785 700 euros, es decir, un 16,52 % más.
Las transferencias que aquí se contemplan tienen diferente naturaleza y de su contenido detallado se dará cuenta más adelante por cada uno de los secretarios de Estado del departamento, quienes expondrán muy claramente las previsiones de los
servicios correspondientes.
Como comentario general sobre el proyecto presentado para el ejercicio de 2022, se mantiene prácticamente sin cambios el importe total de las transferencias a realizar a los organismos autónomos adscritos al departamento, el Instituto de la
Juventud y el Real Patronato sobre Discapacidad. Las transferencias al Imserso, sin embargo, se han incrementado en un 21,7 % respecto del presupuesto del año anterior. Suponen un importe total presupuestado de 3 070 773 000 euros, debido sobre
todo a las transferencias para la cobertura del mínimo garantizado de dependencia, 2146 millones, partida que se incrementa en 400 millones respecto al año 2021, lo que es un 22,91 % más, y al nivel convenido de dependencia en el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se dota con un 70,62 % más del presupuesto asignado en 2021, con un importe presupuestado para 2022 de 473 197 millones y con una variación absoluta de 200 millones más en relación a lo presupuestado el año
pasado. El objeto es cumplir con el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, que ya se anunció el año pasado y, por tanto, hay un incremento presupuestario para recuperar los niveles perdidos durante los años anteriores. Así se dará continuidad y
se reforzarán las medidas iniciadas el año pasado. Integran también esta partida presupuestaria las transferencias externas, en su mayoría destinadas a comunidades autónomas, en concreto 505 132 060 euros, y el resto nominativamente a familias e
instituciones sin ánimo de lucro. Las transferencias corrientes disminuyen un 4,35 % respecto al importe presupuestado en el presente ejercicio debido a ajustes que se realizan para optimizar su gestión.
Es preciso considerar, además, que buena parte de los proyectos en este capítulo están financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como los dirigidos a apoyar la línea de crédito destinada a prestar atención a niñas,
niños y adolescentes no acompañados, para los que se ha previsto un incremento de crédito. Las actuaciones en este capítulo con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuentan en el presente ejercicio con una dotación total de 296 400 000
euros, pero para el ejercicio de 2022 disminuye a 189 691 990 euros, en compensación a otras asignaciones que con cargo a este mecanismo se han consignado en otras partidas presupuestarias debido a la diferente identificación de necesidades y a la
optimización de su gestión, que exige también diferentes mecanismos de financiación.
La concesión directa de subvenciones a comunidades autónomas se destinó el año pasado a sufragar la adquisición de equipos de protección y pruebas diagnósticas para la protección de profesionales y modernización de estructuras. Para el año
próximo, la actuación que se ha identificado como necesitada de mayor apoyo financiero a través de esta vía de financiación es la destinada a sufragar la dotación de equipamientos para cuidados de larga duración en residencias, viviendas y centros
de día, con 45 812 700 euros.
Por último, contribuyen también netamente al incremento en el importe asignado en este capítulo del presupuesto las subvenciones proyectadas por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, con un importe de 15,2 millones, destinados a
promover acciones de impulso y apoyo a la implementación de iniciativas relacionadas con la Agenda 2030 en entidades locales, 6 millones, y en la sociedad civil, en los movimientos sociales, 10 millones. Para apoyar estas iniciativas se ha previsto
un incremento de crédito en su dotación, pero también se han reclasificado las actuaciones con criterios de ajuste y eficiencia del gasto público. En líneas generales, se mantiene el apoyo presupuestario previsto para el reconocimiento de la
aplicación de la Agenda 2030, 200 000 euros, pero se elimina del presupuesto el apoyo a la producción artística y alineación con la Agenda 2030, que se dotó el año pasado con 5 millones. Estos proyectos en su conjunto contarán con un apoyo de un
10,5 % superior respecto al presupuesto de 2021.
En coherencia con el proyecto de ley de presupuestos, en la protección de los derechos de los animales se ha previsto también un incremento de la partida destinada a subvencionar actuaciones promovidas por la dirección general y destinadas a
entidades dedicadas a la protección y defensa de derechos de los animales, la cual contará con un 10 % más del presupuesto en este capítulo, concretamente 3 300 000 euros, introduciendo como novedad el apoyo específico a entidades locales para el
establecimiento de programas de gestión de colonias felinas.
En cuanto al capítulo 6, referido a las inversiones reales, se dispone en conjunto de una dotación de 4 910 670 euros, partida que se ha reducido considerablemente respecto al año pasado, al haberse realizado la mayoría de las inversiones
necesarias en equipos y por los acuerdos establecidos con el Ministerio de Sanidad, que en este ámbito se refieren, sobre todo, a las infraestructuras informáticas compartidas por ambas partes. Se ha acordado hacer una minoración en el presupuesto
de inversiones que tenía asignado el Ministerio de Derechos Sociales para poder hacer frente a su parte en la ampliación y renovación de equipamiento central y que pasará a incrementarse en el capítulo 6 del Ministerio de Sanidad, que de esa forma
asume en solitario esa renovación del equipamiento que da servicio a ambos ministerios. Así, se ha reducido la partida en un 40 % respecto a 2021, previéndose un gasto total
de 4 910 670 euros. También hay aquí una serie de proyectos que se financian a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que contribuye con un total de 2 866 000 euros, siendo los más destacados los que se refieren a dotación y
mejora de edificios más accesibles, más sostenibles y eficientes. También es importante la reducción en el programa de la dirección y servicios generales gestionado por la subsecretaría y que este año se reduce a 1 942 000 euros, una disminución
del 49,45 % respecto al presupuesto anterior, debido a la optimización de las inversiones a través de la compra centralizada y que analizaremos con más detalle más adelante.
El capítulo 7, relativo a transferencias de capital, incrementa su dotación. De 573 884 000 euros pasa a 759 710 620 euros, un incremento del 32 % respecto a 2021. Nuevamente, se trata de transferencias externas de la Secretaría de Estado
de Derechos Sociales, entre las que destaca la dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración y conectados a las nuevas economías de los cuidados y a la desinstitucionalización de esos cuidados para basarse más en una
arquitectura centrada en la persona, incorporando nuevas tecnologías. En su conjunto, la transferencia va a suponer 564 446 340 euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incrementando el presupuesto en un 7,43 %. Se incrementan
también significativamente en 2022 las transferencias de capital para el Plan de Modernización de Servicios Sociales, en particular, la transformación tecnológica, la innovación, la formación y refuerzo de atención a la infancia, creciendo en un
299,48 % respecto al año pasado, destinándose 155 066 710 euros. Las transferencias internas de esta misma secretaría de Estado mantienen el importe del año pasado, 9 384 220 euros, y en su mayoría van dirigidas al Imserso, para el cumplimiento de
sus fines, 4 720 000 euros, y para otros gastos de dependencia, 4 400 000 euros.
Por último, el capítulo 8 de activos financieros experimentó en el presupuesto de 2021 una variación a la baja por la práctica totalidad del crédito consignado al presupuesto anterior del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y
por la desaparición del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia. Mantiene para 2022 la cuantía 42 880 000 euros, la misma que le fue asignada en 2021, destinados a
sufragar los préstamos y anticipos otorgados a los empleados públicos del departamento por este importe.
Paso a analizar con detenimiento las partidas que corresponden a la gestión de esta subsecretaría. En el capítulo 1, como decíamos, los gastos de personal previstos para la propia subsecretaría son 18 278 140 euros, una ligera disminución,
un 0,3 %, sobre lo que se ejecutó en 2021. En la secretaría general técnica, el presupuesto es de 2,3 millones, con un incremento del 22 %, y en la Dirección General de los Derechos de los Animales se reduce también la cuantía en este capítulo en
un 10 % respecto al año pasado, con una cantidad asignada de 416 710 euros. Tras la creación del Ministerio de Derechos Sociales y los acuerdos de traspaso correspondientes, se han terminado de cerrar en este ejercicio las plantillas
correspondientes y, aunque el ajuste de recursos humanos casi se ha completado, queda pendiente la dotación de nuevas estructuras administrativas en el ministerio. El criterio utilizado en la dotación de efectivos es asignar los recursos con la
máxima eficiencia y ajustar el diseño mediante unidades mucho menores que lo que se puede ver en otros departamentos, pero suficientemente eficientes para el trabajo a realizar. De las unidades que dependen de la subsecretaría solo se va a
incrementar la dotación presupuestaria de la secretaría general técnica, compensada con la disminución de otras unidades. En cuanto a los detalles por artículos del presupuesto de este capítulo, me remito a lo que ya he expuesto antes sobre el
capítulo primero. En definitiva, vamos a mantener unos ajustes muy claros en la dotación para las retribuciones de la plantilla de la subsecretaría.
En el capítulo 2, la subsecretaría prevé una dotación de 8,3 millones de euros, un incremento del 9,19 % respecto a 2021. Los créditos de la secretaría general técnica se reducen ligeramente respecto al pasado ejercicio, ascendiendo a 310
950 euros, un 0,3 % inferior, y la Dirección General de los Derechos de los Animales tiene un presupuesto de 2 260 000 euros. En relación con el incremento del presupuesto previsto en la subsecretaría, que asciende a 700 400 euros, se debe en buena
medida a que se sufragan los costes de material, suministros y otros a los que hice alusión anteriormente y que incluyen esos servicios trasversales, incluidos el servicio médico que se presta para los tres ministerios, los servicios de vigilancia y
de atención al público, que pivotan sobre la gestión de la subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales. Aquí están, por tanto, las subidas del coste de la energía y los gastos de material que van asociados a esos servicios.
La segunda dotación más importante es la que se refiere a estudios y trabajos técnicos, que se ha mantenido igual a lo presupuestado en 2021, los 3 millones que figuraban en el presupuesto de 2021. Entre los incrementos de gasto previstos
en el capítulo 2 de la Dirección General de los Derechos de los Animales
cabe destacar una cifra que dobla su cuantía, incrementándose en 1 131 000 euros. La razón de este incremento se basa en la necesidad de apoyar de manera efectiva las consecuencias de la propuesta legislativa del departamento, esto es, la
ley de derechos de los animales, actualmente en elaboración, que va a permitir la protección de los animales domésticos, en particular los de compañía, y la promoción del bienestar animal, con la necesidad de una dotación para material sanitario y
otros suministros que permitan tareas de peritaje e intervención en materia de protección animal, además de financiar los trabajos realizados por empresas y profesionales, para lo que se dotarán 775 000 euros adicionales, lo que supone el incremento
más importante de las partidas en este capítulo de servicio 09, que es el de la dirección general.
La razón de estas necesidades está en el servicio de atención telefónica al ciudadano en temas de protección animal y de maltrato, para adopciones y para la información general administrativa, para lo cual se destinan 500 000 euros. También
se ha previsto la plataforma de formación online en esta materia, con una dotación de 150 000 euros, un servicio veterinario para animales de familias en riesgo de exclusión, que contará con 130 000 euros, y un servicio de transporte, alojamiento y
cuidado de animales, que contará con una dotación modesta de 34 000 euros, pero que permitirá actuar en situaciones excepcionales, como las vividas recientemente en La Palma, catástrofes e incendios que requieran el rescate de estos animales. Se
incrementan también las partidas dirigidas a gastos de publicidad y propaganda y de cursos y conferencias, que contarán con un presupuesto adicional de 386 000 euros. La razón es la necesidad de fomentar la responsabilidad y el compromiso en el
cuidado de los animales de compañía, manteniendo los spots publicitarios contra el abandono de animales en las campañas de verano o impulsando la concienciación para la incorporación responsable de los animales de compañía en la vida familiar,
evitando las compras compulsivas de animales en las campañas de Navidad.
Con este presupuesto se proyectan nuevas actuaciones, como son el apoyo a la organización de campañas y jornadas programadas para aproximar e integrar el concepto de derecho de los animales que subyace en la iniciativa legislativa que está
promoviendo este departamento; la convocatoria de premios que pongan en valor la búsqueda de alternativas a la explotación de animales, como es la utilización de los mismos en experimentación, o el reconocimiento de la concienciación de la sociedad
en el respeto a los animales a través de la creación artística.
Quiero subrayar que en el capítulo 6 de la subsecretaría, tal y como avancé en este capítulo, se reduce a la mitad la cuantía prevista en este ejercicio y se consigna una dotación total de 1 940 000 euros debido a la menor necesidad de
inversión ante el reparto de responsabilidades con el Ministerio de Sanidad y las adquisiciones ya realizadas, que no requieren nuevas inversiones. Se han presupuestado 1,5 millones para el desarrollo de aplicaciones y portales web y solo 988 960
euros para la dotación de equipos físicos y lógicos. No insistiré más en la remodelación que se quiere hacer del edificio sobre accesibilidad y eficiencia energética.
Por todo ello, considero que las previsiones presupuestadas son adecuadas y estudiadas al máximo para conseguir la eficiencia del gasto y no producir incrementos innecesarios.
Muchas gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Empezamos de menor a mayor. Del Grupo Mixto no veo a nadie por aquí. Del Grupo Bildu estaba Merche, pero se ha ido. Del Grupo Nacionalista Vasco, tampoco. Pues entonces, tiene la palabra,
por el Grupo Ciudadanos, la señora Sara Giménez, por un tiempo de siete minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente. No voy a intervenir.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos, entonces, al Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Mercedes.
La señora PÉREZ MERINO: Gracias, señor presidente.
Señor subsecretario, se le agradece el detalle pormenorizado que ha realizado de estos presupuestos, que apoyamos en su totalidad. Apoyamos todas las iniciativas que presentan y apoyamos el gran trabajo que están realizando.
Hace ya un año, nos congratulábamos de la existencia de este ministerio toda vez que gracias a él pudimos hacer frente a la terrible situación en la que nos sumió el COVID. Es cierto que la pandemia ha ido remitiendo poco a poco desde su
primigenia gravedad, aunque queda mucho por prevenir y por
elaborar frente a nuevas oleadas. La pandemia ha remitido gracias a la excelente gestión de este Gobierno en esta gravísima situación mundial, donde hemos dejado patente que España es capaz de liderar todo aquello que se proponga cuando se
cuenta con la gente y se trabaja por y para ella, como ha venido haciendo el Ministerio de Derechos Sociales.
No es menos cierto, como bien se ha comentado, que 2021 se inició con otros problemas que alcanzaron a muchos de nuestros conciudadanos, como el temporal Filomena, una subida desorbitada de la luz, la evidencia del agujero negro que suponía
la gestión en algunas autonomías, como en Madrid, de las residencias de ancianos, donde, por cierto, aún quedan muchas responsabilidades que depurar; como bien sabemos, estas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Vivimos
también, y seguimos viviendo, desahucios promovidos por fondos buitre, que habían adquirido las titularidades de miles de viviendas protegidas y que hubo que parar, tal y como pasó también aquí, en Madrid, debido a una gestión neoliberal, que
alcanzó también a la educación y que ha puesto a España en los puestos de cabeza de un ranking europeo de colegios con segregación por sexo, dejando patente, además, que somos -o éramos- de los que menos dinero destinábamos a la educación pública.
Frente a estas situaciones y actuaciones que se habían tenido anteriormente, Derechos Sociales ha ido poniendo en valor que las cosas sí se podían hacer de otra manera, de forma radicalmente distinta a la que habían estado haciendo las
derechas, esos Gobiernos liberales que rescataban bancos en vez de personas y que hacían negocios con las viviendas públicas, que fomentaban privatizaciones, que, en términos generales, no se preocupaban o no se preocupaban tanto de los derechos
sociales, tal y como ha venido a hacer este ministerio. En contraposición a ellos, este ministerio -y este Gobierno- ha demostrado que se puede gobernar y gestionar por y para las personas. Afortunadamente, hemos propiciado un ingreso mínimo
vital, se aprueba por fin una ley de eutanasia, se quiere regular por ley el precio del alquiler, se pretende crear una empresa pública de vivienda y está en nuestra mente también desarrollar una banca pública, se ha rebajado el recibo de la luz y
queremos crear una empresa pública de energía -ojalá lleguemos algún día a hacerlo-, se está promoviendo un sistema fiscal más justo, se propicia una ley de derechos de los animales y se están desarrollando mecanismos que posibiliten las mejoras en
materia de dependencia, de crianza, de cuidados, de vivienda para nuestros jóvenes y de sostenimiento de las personas y de nuestro planeta.
Con estas y otras iniciativas vamos construyendo futuro y bienestar, este ministerio va construyendo futuro y bienestar y este Gobierno va construyendo futuro y bienestar. Y lo hacemos, por cierto, con grandes impedimentos por parte de esos
poderosos que se niegan a perder sus medievales privilegios. Pero repito que este ministerio y este Gobierno están propiciando que la vida de las personas sea más fácil y sobre todo que sean tratadas con la dignidad y respeto que todo ser humano
merece, sea del color, la edad, la creencia, la ideología o el sexo que sea.
No hay nada que no se pueda llevar a cabo si hay voluntad de hacerlo, y lo estamos demostrando. Como muy bien ha planteado usted, estamos demostrando que se puede hacer, que se puede hacer eficazmente, que se puede hacer sin excesos y que
se pueden conseguir muchísimos beneficios para la ciudadanía sin grandes extorsiones económicas. Usted lo ha dejado patente y clarito cuando ha hecho su presentación. Repito que no hay nada que no pueda llevarse a cabo si hay voluntad de hacerlo,
y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha demostrado con creces desde su inicio que es posible, que con trabajo y buena voluntad puede hacerse y va a hacerse.
Les animo a que continúen con este gran trabajo que tanto está ayudando a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Ya era hora de dejar atrás políticas austericidas que esos Gobiernos neoliberales aplicaron contra los más débiles,
políticas que han sumido a la ciudadanía en el desamparo -afortunadamente, estamos intentando paliarlo- sometiéndola a una injusticia social. Mientras ellos, esa derecha, rescataban bancos entregándoles a fondo perdido 60 000 millones y nuestros
compatriotas se empobrecían en derechos, salarios y futuro, este Gobierno progresista y este ministerio han generado esperanza y proporcionado a la ciudadanía seguridad y un bienestar que poco a poco se irá alcanzado y que sin duda se merece; se
tendrá alcanzar y, por tanto, no debemos permitir que no nos dejen continuar haciéndolo.
No quiero finalizar sin hacer mención al trabajo que están haciendo desde este ministerio para paliar la desdicha y la desolación que está sumiendo a nuestros compatriotas canarios, que tienen nuestro cariño y solidaridad y que seguro que
van a contar con todo el esfuerzo de este ministerio, de este Gobierno y de esta sociedad, porque somos tremendamente solidarios, y creo que se ha dejado claro.
Por último, vaya de nuevo mi agradecimiento. Les animamos a que consigan los retos que entre todos y todas nos hemos propuesto, a que saquen adelante a nuestra ciudadanía. Como solemos decir en el ámbito de donde yo vengo, ni un paso
atrás. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Nevado.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señor García. Le agradezco que esté aquí, que haya venido a comparecer y que haya hablado de sostenibilidad, de inclusión o de perspectiva de género. Pero yo me voy a centrar en lo que depende de su subsecretaría, que es,
por un lado, los servicios generales de derechos sociales y de Agenda 2030 y, por otro, la Dirección General de Derechos de los Animales, cuyo director general es Sergio Antonio García Torres.
En la Dirección de Servicios Generales usted ha duplicado el presupuesto y lo ha derivado todo a suministros y a otros. Y yo le pregunto si de verdad va a gastar el doble que el año pasado en bienes y servicios. ¿Por qué lo duplican? ¿En
qué prevén que van a gastar 1 100 000 euros, señor García? Por lo menos se habrán asegurado de poder pagar la calefacción y pasar un invierno sin frío. Y le digo esto del frío porque estos días en los que ha salido el anteproyecto de ley de
bienestar animal los internautas han recuperado un vídeo del señor Sergio García Torres donde hablaba de lo siguiente -se lo voy a transcribir literalmente-: 'Más de sesenta mil familias en la Comunidad de Madrid no pueden pagar la luz. La factura
de la luz de media es de 75 euros. Si la Comunidad de Madrid garantizara el suministro de luz a estas sesenta mil familias, el coste ascendería a 4,8 millones de euros. La Comunidad de Madrid se gasta más de 3 millones de euros en financiar la
tauromaquia. ¿No creéis que sería mucho más interesante garantizar a estas familias que no pasaran frío?'. Pues bien, yo estoy aquí para darle voz al pueblo y le voy a leer también las respuestas que algunos internautas le daban al señor Sergio
Torres. Le decía uno, por ejemplo: 'En 2016, el precio medio del megavatio/hora era de 75 euros; ahora, ha sobrepasado los 240 euros'. Y Sergio García Torres no dice ni mu, ya tiene el dinerito para sus amiguetes y él cobra 80 000 euros al año.
Otro internauta decía: '¿Y si quitamos el chiringuito de derechos de los animales y nos ahorramos los 6 080 000 euros presupuestados para 2022? Y otro señor decía: 'Da ejemplo y destina esos 6 080 000 euros a que nadie pase frío este invierno'.
Creo que deberían ustedes reflexionar, señor García, o tener más cuidado con las personas que ponen al frente de determinadas direcciones. Porque ese mismo mes, el señor Sergio García Torres, en una manifestación antiespecista, hacía las
siguientes declaraciones: 'Estamos reivindicando que todos los animales son iguales. Hoy es el día en el que tenemos que tener un pie en la calle y otro pie en las instituciones. Seguiremos en la calle reivindicando los derechos de los animales'.
Manifestación antiespecista, señor García. ¿Se puede saber lo que hace un señor al frente de un organismo relacionado con los animales cuando se considera antiespecista? Se lo pregunto porque no lo entiende casi nadie en este país. El señor
García Torres pertenece a un movimiento vegano y utiliza términos, por ejemplo, como el de asesinato alimentario. Y eso lo pagamos entre todos. Estos grupos veganos y ecologistas pretenden defender al individuo y no se dan cuenta de que hay que
defender al sistema, que hay que defender la naturaleza, tanto urbana como silvestre. Ustedes no aceptan la realidad de la cadena trófica, señor García. El director general de Derechos de los Animales es probablemente una de las personas que menos
entiende de animales, y se atreve a hablar de ello. ¿De verdad cree usted que es coherente...? (Rumores.-Una señora diputada: Respeto para ella, que está hablando).
¿De verdad cree usted que es coherente tener al frente de la Dirección General de Derechos de los Animales a alguien que considera que todas las especies son iguales? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Les parece razonable que desde la Dirección de
Derechos de los Animales se pretenda terminar con las normas básicas del derecho, que funcionan hace más de dos mil años? ¿Sí? ¿Les parece razonable? Miren, para los animales, cuidados, respeto y tenencia responsable, y punto. Los animales no
tienen capacidad para asumir responsabilidades y, por tanto, no pueden ser sujetos de derecho.
Vamos al presupuesto, que es a lo que hemos venido aquí. Los llamados derechos de los animales, lo que dirige el señor García Torres, han incrementado la partida en un 32,25 %, 1 482 950 euros más que en el ejercicio anterior, 6 080 610
euros. ¿Y para qué? ¿Para que los ayuntamientos sigan sin poder controlar las colonias felinas y repartan el dinero entre particulares que van a dar de comer a los gatos callejeros? ¿No sería más razonable llevar a esos gatos a protectoras,
socializarlos y después darlos en adopción? No se puede entregar el dinero público a cualquier particular sin control. Ese dinero se debe
entregar a los que tengan un núcleo zoológico registrado y con servicios de recogida. La propia confederación Ecologistas en Acción, nada sospechosa de no ser de la cuerda de la izquierda, ha advertido que contribuir de la manera que
ustedes lo hacen a la existencia de gatos callejeros no es la solución. Destinan 6 millones de euros para blindar centros animalistas, como el de las veganas que acusan a los gallos de violar a las gallinas. Le voy a decir una cosa, señor García,
a pesar de todo creo que se trata de los 6 millones mejor destinados de todo el presupuesto para 2022.
¿Y sabe por qué? Porque de su subsecretaría sale un anteproyecto de ley de bienestar animal delirante y, al final, va a resultar que esos 6 millones van a servir para tumbar definitivamente a este Gobierno. Con ese dinero se pretende
concienciar de la necesidad de dejar de comer carne, esos 6 millones atacan a la gente de campo, a la industria cárnica, a la caza y a todos los que de verdad amamos a los animales y a la naturaleza. Este anteproyecto de bienestar animal ofende a
todos los que amamos a los animales, y desde luego le digo que si necesitan un curso para manejar a perros potencialmente peligrosos, aquí estoy yo para dárselo. Por cierto, también le digo que voy a tener una camada de mis alanos españoles.
Felicíteme porque me hace muchísima ilusión.
Derechos para los animales no; obligaciones para mí sí. Poner a legislar a personas que no distinguen una oveja de una cabra o una encina de un alcornoque es probablemente el último disparate que veremos de este Gobierno porque, créame,
los amantes de la naturaleza se van a poner en pie. Tiren a la basura toda la legislación que sale de su subsecretaría y, si les da por cambiar algo, pregúntennos a los que sabemos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Nevado.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la diputada González Guinda.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.
Señor subsecretario, señor García Celada, el año pasado nos encontramos aquí, en esta misma sala, en su comparecencia de presupuestos, y recordará que le dije, tras su calificación de los presupuestos de 2021 como expansivos socialmente y de
apoyo a los más vulnerables, que no tendríamos problema en aplaudir sus palabras si realmente creyéramos que ese presupuesto era real y positivo para España. Le dijimos entonces que eran unos presupuestos irreales, no creíbles porque nacían
desfasados y con unas previsiones de ingresos totalmente ficticias. Ustedes entonces nos mintieron con las previsiones para este año 2021, desoyendo a propio gobernador del Banco de España y a la presidenta de la AIReF.
Nuestras previsiones sí se cumplieron: en abril de este año, el Gobierno se vio obligado a revisar el crecimiento a la baja, del 9,8 al 6,5; el 23 de septiembre, el INE realizó una histórica revisión del crecimiento a la baja y el robusto
crecimiento del Gobierno quedó en un frágil crecimiento del 0,5 en la primera mitad de 2021. Los datos muestran que será prácticamente imposible cumplir el objetivo del 6,5 y, de hecho, la AIReF estima que el crecimiento interanual de nuestra
economía a día 6 de octubre es del 2,6, lo que nos deja como el país europeo que más lejos está de recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Por cierto, unos presupuestos, los de 2021, con un grado de ejecución de los fondos
europeos de un 5 %.
Este año, señor García Celada, no hay novedades al respecto; de nuevo nos miente con estos presupuestos. Bueno, lo que sí cambia es que quien preside su ministerio, la señora Belarra, debería ya, por dignidad, haber sido cesada tras sus
graves ataques a los jueces del Tribunal Supremo. Ya le digo que más de lo mismo en este nuevo presupuesto. El propio gobernador del Banco de España, en su comparecencia de ayer en esta casa, ya anunció una revisión significativa a la baja del
crecimiento del PIB, motivada precisamente por esa revisión del INE que rebaja el rebote del PIB, previsiblemente en el tercer trimestre, del 2,8 al 1,1. Por tanto, yo aquí le digo lo mismo que le dije el año pasado, que podríamos estar aplaudiendo
estos presupuestos si el Gobierno no se hubiera negado a corregir sus previsiones, que lo invalidan a todas luces, y si el Gobierno, esta vez, hubiera partido de unas previsiones creíbles. Pero dejando las cifras macro, y en lo que respecta al área
social que aquí nos compete, me va a permitir que yo, como portavoz de Discapacidad, lo lleve a mi terreno.
Mire, señor García Celada, las familias con algún miembro con discapacidad, según informes recientes, posteriores al COVID, realizados por Plena Inclusión, han tenido que afrontar esta pandemia con sobrecarga, estrés y grandes dificultades
emocionales. El 43 % de las familias encuestadas se han visto muy afectadas económicamente por la crisis COVID. Un 30 % indica que han visto incrementados sus gastos familiares, y ello viene a agravar la situación de desventaja de la que parten,
ya que en condiciones de normalidad afrontan un sobresfuerzo económico medio anual de 24 237 euros, que pueden
alcanzar los 47 129 en el caso de personas con más necesidades de apoyo, según estudios sobre esfuerzo económico realizados por la misma entidad.
Mire, si yo hoy aquí le pregunto sobre cómo va a influir la subida de la luz en su ministerio, me respondería -bastaría coger el presupuesto- que el incremento de la partida de gastos de energía eléctrica de su departamento pasa de 742 840
euros en el presupuesto de 2021 a 1 003 000 euros en el actual, un incremento de un 35 %. Si le pregunto por la subida de combustible, me diría que la partida pasa de 40 840 euros a 129 440, un incremento del 216 %. En cuanto a la partida de
vestuario de su ministerio, pasa de 55 000 euros a 61 520, un 12 %. Fíjese en cómo ustedes mismos prevén una inflación desbordada para el próximo año, con subidas de la luz que este Gobierno es incapaz de frenar, haciendo caso omiso a la oposición
y a sus propuestas de sacar de la factura los costes no energéticos, que supondrían 9000 millones de euros de ahorro para los españoles, pero, claro, eso les rebajaría la recaudación vía factura. Pues fíjese, si ha estimado ese incremento tan
importante en esas partidas para el funcionamiento de su ministerio, imagínese la repercusión en las familias. Y ahora póngase en la situación de una familia con personas con discapacidad entre sus miembros, familias que tienen en muchos casos a
personas conectadas dependientes de dispositivos eléctricos. Pero ustedes nos anuncian como remedio ante la pobreza energética una bolsa de 100 millones adicionales, una engañifa, ya que si tenemos en cuenta que la recaudación en este año se ha
incrementado en 3300 millones de euros por el incremento del precio de la luz, pues, fíjese, les podemos decir que las familias salimos perdiendo 3200 millones de euros. Ahí queda el escudo social. Y todo ello sin tener en cuenta el hachazo
fiscal: una subida de impuestos de 4000 millones de euros.
Las políticas sociales no dependen solo del dinero que se destine, sino de las medidas que se adopten. Así, aunque el presupuesto de 2021 fue expansivo en gasto social, a día de hoy podemos reconocer que hay 11 millones, 2 más que en 2018,
de personas en el umbral de la pobreza y 6 millones en pobreza extrema. Y hablando de medidas, y centrándome en el tercer sector, el más vulnerable, nada hay en este presupuesto acerca de la actualización de los tipos reducidos de IVA para
productos tecnológicos, de higiene y aquellos relacionados con los cuidados de personas dependientes y con discapacidad. Nada para la creación de un fondo extraordinario de rescate del tercer sector, que debería estar dotado con un millón de euros
y con destino exclusivo a las organizaciones sociales de ámbito estatal. Nada para transformación tecnológica de las propias entidades del sector de acción social, para transformar y digitalizar sus servicios. Nada para la creación de un comité
consultivo con representantes de entidades del tercer sector que contemple la posibilidad de que estas entidades puedan participar en la distribución de los fondos del Sistema de Dependencia. Nada de incrementar en un 0,3 la cuota íntegra del IRPF
destinada a actividades de carácter general de acción social ni para el destino íntegro de lo recaudado a través del 0,7 del impuesto de sociedades para que sea en exclusividad para las entidades del tercer sector. Nada para la financiación de una
estrategia nacional de autismo a pesar de la creciente prevalencia y, por cierto, sin partida tampoco para el Centro de Referencia Estatal de Autismo, que, como leonesa, no me cansaré de exigir. Eso sí, hay incrementos en algunas partidas de los
que deseamos se nos informe y que por falta de tiempo le pasaré por escrito, pero me gustaría plantearle tres de ellas. En la partida de la Dirección General sobre Derechos de los Animales de trabajos realizados por otras empresas, en la que
aparece el concepto 'Otros' dotado con 890 000 euros, nos gustaría que nos la desglosara. La partida de gastos de inversión de carácter inmaterial, dotada con 400 000 euros, querríamos saber a qué va destinada. Y también querría preguntarle por
qué no se recuperan los premios Reina Letizia de Accesibilidad Universal de Municipios o el Premio Reina Letizia de Tecnologías de Accesibilidad, presentes en los presupuestos prorrogados de 2018 y que ya se eliminaron en los presupuestos del año
pasado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora González.
Para cerrar el turno de portavoces tiene la palabra la señora Seva.
La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor subsecretario, por su detallada intervención, que nos acerca a la realidad que atravesamos y que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 atienden de manera concreta para una recuperación económica justa, incluyendo el
mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado del bienestar. El 59,8 % de los presupuestos irá destinado a inversión social, lo que quiere decir que seis de cada diez euros irán destinados a gasto social. Como portavoz adjunta de
Políticas Integrales de la Discapacidad en esta Comisión, me gustaría centrar mi intervención en cómo estos presupuestos van a
beneficiar de forma especial a dicho colectivo. Pero no quería dejar pasar esto sin hacer mención a algunas cifras, porque al final se trata de eso, cuánto y cómo vamos a invertir en las personas que más lo necesitan. Porque, no nos
equivoquemos, hoy por hoy tenemos la responsabilidad de trabajar para los colectivos más vulnerables, los que se han visto más afectados por la pandemia y sus consecuencias. El colectivo de la discapacidad es trasversal a diferentes ámbitos de este
presupuesto. Por ello, es importante destacar el aumento en las diferentes partidas, donde se ve reflejado el interés particular de este Gobierno por y para las personas con discapacidad, además de la actividad legislativa que desde el Gobierno de
coalición se está impulsando para garantizar y reconocer derechos en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía; parece mentira, pero sí: para garantizar de manera efectiva y reconocer derechos a las personas con discapacidad.
Apreciamos el aumento cuantitativo y cualitativo de los presupuestos de 2022. El avance en derechos viene reflejado en la aprobación de leyes como la Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o
no consentida de personas con discapacidad; la Lomloe, que garantiza la educación exclusiva, los centros de educación especial y la formación profesional dual, que favorecerá la integración laboral en condiciones de igualdad; la Ley de Protección
a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que dotará de medidas de protección también a los niños y niñas con discapacidad; la Ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en su
capacidad jurídica, y la futura modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y
aplicación, que confiamos se constituya la ponencia de trabajo en breve.
Para el desarrollo de estas leyes y su correcto marco normativo se hace necesario un presupuesto adecuado, y este Gobierno, comprometido con la población más vulnerable, lo va a hacer posible. El presupuesto en sanidad aumenta un 11 %, 5434
millones de euros para la atención sanitaria, aparte del presupuesto para la vacunación, tan importante para nuestros mayores y el colectivo de la discapacidad. En educación, el presupuesto aumenta un 2,6 %, 5000 millones de euros, que se verá
también reflejado en el mantenimiento de los centros educativos, entre ellos los de educación especial, y con especial atención a la dotación de recursos para la educación inclusiva en la escuela pública; 4436 millones de euros del ingreso mínimo
vital; el aumento del 4,8 % en las pensiones y de un 3 % en las no contributivas, incluidas las de invalidez. Un aumento de 1000 millones de euros, hasta alcanzar los 6154, que revertirán los recortes del Partido Popular y eliminarán las listas de
espera. Luchando contra la brecha de género; no nos engañemos: mujer y discapacidad, doble discriminación. La atención a la dependencia aumenta un 23,3 % y llegará a más de 350 000 beneficiarios. Importantísimo el Plan de Apoyo y Cuidados de
Larga Duración, con un presupuesto de más de 725 millones de euros, que permitirá transitar hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración centrado en la persona y que permita la permanencia en el domicilio y en el entorno de convivencia de
dicha persona. Y elaborar y difundir la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, de acuerdo al principio 18 del pilar europeo de derechos sociales.
La discapacidad no puede, no debe ser la gran olvidada, y por ello se ponen en marcha diferentes planes para la integración y la accesibilidad universal: el Plan de Modernización de los Servicios Sociales, España País Accesible, el Plan de
choque de movilidad sostenible, el de rehabilitación de viviendas o el de movilidad sostenible, segura y conectada. Señor subsecretario, ¿nos podría detallar alguno de los proyectos que van a mejorar la accesibilidad universal? Por ejemplo, el
Plan España País Accesible, que está dotado con un total de 58,8 millones de euros, para mejorar la accesibilidad y eliminar barreras, garantizando la inclusión social, entre otras personas, de las personas con discapacidad. En el reconocimiento de
derechos seguimos apostando por la igualdad de oportunidades, desarrollo y participación plena, también en el ámbito laboral, y me gustaría que hiciera referencia a esto: frenando el desempleo, con sistemas de control que velen por la legalidad en
la contratación, la integración, fomentar el empleo con apoyo, la reserva de puestos en empresas, administraciones y en las pruebas selectivas, la importancia de los centros especiales de empleo o la coordinación con los enclaves laborales en
empresas.
Debemos conseguir, y es lo que nos ocupa, que la diversidad sea norma y no excepción, apostando por la accesibilidad en todos los entornos en condiciones de no discriminación, en todos los ámbitos: cultura, deporte, educación, vivienda,
ocio, transporte, sufragio, capacidad jurídica o vida política. De ese modo conseguiremos la plena inclusión, integración, protección, participación, libertad y adquisición de derechos.
Estos presupuestos y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han puesto en marcha el escudo social que el colectivo de personas con discapacidad necesita. Queda mucho por andar. El camino recorrido ha dado buenos resultados.
Hagamos posibles nuevos retos aprobando estos presupuestos; no hacerlo sería una irresponsabilidad y dejaría a muchas personas sin la posibilidad de seguir avanzando.
Este grupo parlamentario le agradece su asistencia hoy a esta Comisión y la detallada intervención que ha realizado.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Seva.
A continuación tiene un último turno el señor subsecretario García Celada, por tiempo de diez minutos.
El señor SUBSECRETARIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (García Celada): Este Ministerio de Derechos Sociales ha participado en muchas más cosas que las que son estrictamente su gestión, y tanto en su gestión como en esa participación ha
incidido en muchas de las cuestiones que se han comentado aquí. He de reiterar -y también lo han dicho sus señorías- que el escudo social ha evitado que muchos miles de personas hayan acabado sin vivienda o hayan acabado sin suministros básicos.
Esas medidas van a quedar además consolidadas en la ley de vivienda, que hoy ha hecho su primera vuelta por el Consejo de Ministros y que, por tanto, pronto será conocida en toda su extensión, en la cual además se van a recoger ideas sobre la
accesibilidad que también resultan novedosas y de las que no se habla -porque se inventan polémicas sobre otros puntos-, en las cuales va a formar parte del mismo concepto de vivienda digna el criterio de la accesibilidad. Se va también a hablar de
la necesidad de acomodar la accesibilidad, por un lado, como un derecho que tienen las personas que necesitan de esa garantía de accesibilidad universal y, por otro lado, porque la mayor parte de la población vamos a necesitar en un determinado
momento de esas capacidades de accesibilidad y han de preverse los mecanismos por los cuales alguien que en un determinado momento necesite poder disponer de esas instalaciones en su vivienda, o bien se pueda adaptar, o bien pueda acceder a una
vivienda que tenga esas prestaciones, y que, por tanto, exista el mecanismo que lo garantice, como ya se hace en alguna comunidad autónoma, por cierto.
En esa misma línea, se ha estado trabajando en los temas relacionados con el consumo energético, y claro que prevemos en nuestro presupuesto las necesidades de consumo energético; ojalá no haga falta. Pero, créanme, vean la factura del mes
de octubre, porque hay mucha literatura pero se empiezan a ver ahora, y verán que hay recortes en lo que paga una familia en la electricidad, los hay, hay recortes. Las medidas que se han aplicado son desde el 15 de septiembre y se van a ver en la
factura que llega ahora. Hasta ahora, son teorizaciones, pero lo van a ver ahora, esa es la cuestión, y, sinceramente, se van a ver.
Este ministerio ha reactivado el plan y la participación interministerial en lo relativo a la Cañada Real, por hablar nuevamente de cosas directas y concretas, en las cuales han colaborado además organizaciones y entidades y la propia
Comunidad de Madrid, quiero decir que no es que sea precisamente de los partidos en el Gobierno. Efectivamente, se ha fomentado esa colaboración para llegar a que no vuelva a ocurrir lo que sucedió el invierno pasado y que después de un año
intentemos superar esa situación con las medidas que sean, que efectivamente son de consenso, como de hecho en el ministerio han sido todas las que se han planteado en las comisiones territoriales y sectoriales, que se han aprobado por unanimidad
con la variopinta representación política que lógicamente corresponde a las distintas comunidades autónomas. Ahora, el secretario de Estado, si quieren, les podrá detallar con más precisión.
Somos copartícipes de esa ley de vivienda que mencionaba. Se está preparando también una ley de familias, que, después de todo lo que se dice, no existe y, por tanto, vamos a poner encima de la mesa la primera ley de familias; de todas las
familias. Se va a trabajar en una ley de servicios sociales. Nuevamente, invito a que el secretario de Estado les pueda dar más datos al respecto.
Y respecto de las cuotas del 0,7 del IRPF, pues, como saben, el Constitucional ya dictó una sentencia en la cual, al revés, se va recortando la participación estatal; eso es una interpretación sobre cómo jurídicamente se pueden hacer las
cosas. Lo que sí se ha hecho es incorporar el 0,7 del impuesto de sociedades, que no estaba y que además ahora (esperamos conseguir llegar a tiempo), a final de año, se va a poder hacer el primer reparto. El año pasado hubo que hacerlo mediante
subvenciones directas porque no dio tiempo -y lo digo porque eso afecta a mi terreno- a poder hacer la articulación del reparto. Bueno, pues vamos a intentar este año -si llegamos, aunque vamos muy mal- poder hacer ese reparto, y si no
garantizaremos que llegue efectivamente al tercer sector de un modo u otro, buscaremos el instrumento jurídico suficiente.
Y por aclarar, los 890 000 euros del 227.99 tienen una serie de actuaciones sobre estudios de colonias felinas, de control de la población de cotorras, de estudios sobre perros de guarda y marcación con GPS, del desarrollo del DNI animal,
esto es a lo que responden esas dotaciones -lo tienen en la memoria de los presupuestos-, porque precisamente no queremos que se tomen medidas sin hacer los estudios correspondientes y conocer la realidad antes de tomar resoluciones a ese respecto.
La dotación del 62, que no 64, material de inversiones, se refiere a la adquisición de los vehículos para el apoyo a los peritajes. Porque si se ha adquirido el compromiso de que participe la Dirección General de Derechos de los Animales en
los peritajes, tiene que poderse desplazar y habrá que adquirir esos vehículos de los que, evidentemente, no disponemos.
Yo les agradezco además el interés, que creo que eso es trasversal y que nos apoya a todos, en las necesidades de los más desfavorecidos y de los servicios sociales, que es nuestra materia por excelencia. Agradezco mucho a ustedes sus
intervenciones y en lo que puedan ayudar a precisar nuestro trabajo y mejorarlo, por supuesto.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Damos por finalizada esta comparecencia. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (ÁLVAREZ PERALTA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001890); PLURAL (números de expediente 212/001476 y 212/001936); VOX (número de
expediente 212/001504); POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001641), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/001804).
El señor VICEPRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia del señor secretario de Estado de Derechos Sociales, don Ignacio Álvarez, que tendrá un turno inicial de treinta minutos, después será el turno de los grupos parlamentarios y
finalmente cerrará, como en la comparecencia anterior, con un último turno de réplica por tiempo de diez minutos.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias. Buenas tardes.
Es un honor y un placer poder comparecer en esta Comisión, como en ocasiones anteriores, para dar cuenta ante el Congreso y ante sus señorías del presupuesto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, del proyecto de presupuestos de la
Secretaría de Estado para 2022.
Comparezco en esta Comisión de Derechos Sociales para presentar estas líneas principales del proyecto de presupuestos que corresponde a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, pero, en todo caso, querría antes poner en contexto este
proyecto de presupuestos que corresponde a la Secretaría de Estado y que corresponde al conjunto del Gobierno.
Cuando hace un año presentamos el proyecto de presupuestos de 2021, el objetivo, sin duda, era el de dar respuesta a una gravísima situación económica, sanitaria y social que se cernía sobre este país, en la que estaba inmerso este país a
consecuencia de la pandemia del COVID-19. En ese momento, en los pasados presupuestos generales del año 2021, el Gobierno apostó por, en primer lugar, un refuerzo sin precedentes del sistema sanitario público; en segundo lugar, por un ambicioso
programa de inversiones para impulsar la recuperación económica y para vincular esa recuperación económica a la transformación de nuestro tejido empresarial y de nuestro sistema productivo para acometer los retos de futuro que tiene nuestro sistema
(el cambio climático, la digitalización, la cohesión territorial), y, en tercer lugar, por un despliegue del llamado escudo social. Yo creo que, con todos los matices, con todas las discusiones que se puedan tener, un año después podemos claramente
decir que el Gobierno de coalición acertó con la respuesta dada a la crisis sanitaria, económica y social. Frente a las políticas de austeridad de hace una década, la apuesta por políticas fiscales contracíclicas y expansivas ha permitido una
recuperación mucho más rápida de la actividad económica, como evidencia la evolución de la filiación a la Seguridad Social. El rápido despliegue de los ERTE ha permitido salvar millones de empleos. Hemos tenido a más de tres millones y medio de
personas en ERTE en este país, de los que quedan poco menos de 200 000, y ha sido una medida que ha permitido durante este año de presupuestos generales de 2021 salvaguardar en buena medida el empleo en nuestro país. Y el resto de medidas
vinculadas al escudo social, las
prestaciones para autónomos, el desarrollo del ingreso mínimo vital, las garantías de suministros básicos, la protección al derecho de la vivienda o los refuerzos de los servicios sociales han logrado limitar la extensión de las
desigualdades y la exclusión social. En una crisis como esta, en ausencia de medidas como los ERTE o el escudo social, los efectos sobre las desigualdades, sobre la pobreza que hubiésemos visto habrían sido atroces.
Por tanto, la respuesta podemos decir que ha sido la que tenía que ser para evitar esa fortísima destrucción de empleo y ese crecimiento de las desigualdades derivadas de la pandemia.
La vuelta a unos niveles de empleo prácticamente ya de prepandemia es un indicador, yo diría, del éxito de estas políticas económicas. En la década pasada tardamos más de ocho años en alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis. En
esta ocasión, en poco más de año y medio nos hemos situado de nuevo en los niveles prepandemia. En todo caso, nada de complacencias. Creo que lejos de caer en ella, este Gobierno es consciente y, desde luego, todos los integrantes de este Gobierno
deben ser muy conscientes de que es necesario seguir avanzando en políticas ambiciosas que permitan apuntalar la recuperación, que permitan avanzar en la transformación de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido empresarial y, desde luego y en
lo que tiene que ver con las competencias de esta Secretaría de Estado, convertir el escudo social en nuevos derechos sociales en lo que resta de legislatura. Esta es, a grandes rasgos, la hoja de ruta en materia presupuestaria que ha guiado las
negociaciones del acuerdo de coalición, que ha guiado el proyecto de presupuestos que hemos remitido a esta casa y que pensamos que abre una nueva etapa, una segunda parte de legislatura de recuperación, en la que el progreso económico y social del
país debe verse, lógicamente, reforzado.
Estos presupuestos además vienen de la mano de acuerdos de gran calado en lo que a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en particular se refiere, acuerdos que acompañan al proyecto de presupuestos generales y que son de una enorme
importancia para los derechos sociales y el bienestar social del país. En primer lugar, hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley de vivienda que por fin trata a la vivienda como un derecho, y no solo como un bien de mercado; una ley
que regulará los alquileres en zonas tensionadas, protegerá a las familias en situación de vulnerabilidad, facilitará el desarrollo del alquiler social de una forma muy importante y por primera vez en nuestro país, protegerá frente a los desahucios
y además viene acompañada de otros acuerdos que en este trámite de presupuestos generales se están implementando. Como ya es sabido, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno han alcanzado un acuerdo también en el trámite de enmiendas del
ingreso mínimo vital que mejorarán sustancialmente su diseño respecto a la posibilidad de solicitarlo según los ingresos del año en curso, de que haya una exención de los subsidios de desempleo ya agotados cuando hablemos de la recepción de este
ingreso mínimo vital, así como de las prestaciones por dependencia -algo de lo que nos congratulamos mucho todos los gestores de administraciones públicas, desde luego de la Administración General del Estado, pero estoy seguro que de las comunidades
autónomas también en lo que se refiere a la gestión de la dependencia-, al tiempo que mejorarán las cuantías para las personas con discapacidad y simplificarán varios de los requisitos que se estaban exigiendo en la tramitación del ingreso mínimo
vital.
El proyecto de presupuestos generales viene acompañado también, como decía, de acuerdos no solo en materia de vivienda o del ingreso mínimo vital, sino de pensiones, infancia y juventud. En materia de pensiones, recuperamos la actualización
de las pensiones contributivas con el IPC, tal y como sus señorías conocen, por la reforma de pensiones que ha sido remitida a esta Cámara por parte del Gobierno, que además vuelve a centrar su política social en las rentas más bajas. Las pensiones
mínimas y no contributivas en este proyecto de presupuestos se incrementan en un 3 %, igual que las rentas del ingreso mínimo vital, y el IPREM se incrementará en un 2,5 %. Creo que todas las personas que estamos en esta Comisión sabemos lo que
significa que el IPREM se incrementase el año pasado en un 5 % y este en un 2,5 %, dado que es un indicador del que dependen muchas prestaciones y beneficios sociales.
Querría ir pasando al detalle de prioridades que establecen los presupuestos específicamente vinculados a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, pero no de modo que mi comparecencia pareciera sencillamente una sucesión de cifras y
números, sino que estos tradujeran bien las prioridades de las políticas públicas de nuestra secretaría de Estado. En todo caso, creo que hay un número que resume bien el proyecto de presupuestos del conjunto del Gobierno en lo que se refiere a los
derechos sociales. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, de acuerdo al proyecto de 2022, va a gestionar casi 3500 millones de euros, con un aumento del 21 %, algo que refleja claramente el compromiso de este Gobierno con los derechos
sociales y los servicios sociales. Paso entonces a referirme a las prioridades de las políticas públicas de esta Secretaría de Estado, lógicamente reflejadas en decisiones
presupuestarias, y, en concreto, querría destacar cinco importantes mejoras que desde mi punto de vista se pueden observar en el nuevo proyecto de presupuestos generales en lo que se refiere estrictamente al perímetro de la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales.
En primer lugar, ya se vio el año pasado y vuelve a constatarse en la apuesta de presupuestos generales de este año que el Plan de Choque en Dependencia, acordado y abordado en el Consejo territorial con el conjunto de las comunidades
autónomas, de nuevo es una prioridad central de los presupuestos generales del Estado y de este presupuesto de la Secretaría de Estado. El Consejo territorial aprobó en enero un Plan de Choque en Dependencia que tenía diversos objetivos; los
fundamentales, reducir listas de espera en dependencia, mejorar las condiciones laborales y la calidad de los servicios profesionales y mejorar las prestaciones. El año pasado se consagró una financiación adicional de 600 millones de euros a este
Plan de Choque en Dependencia y en el proyecto de presupuestos remitido a estas Cortes se consagran otros 600 millones de euros al mismo, con una subida tanto de las cuantías de nivel mínimo como de nivel acordado, 200 millones de euros en el nivel
acordado y 400 millones de euros en el nivel mínimo, para seguir avanzando en los objetivos del plan, cuyos efectos ya se están notando. Así, entre enero y septiembre de 2021, asistimos ya a una notable reducción del 8 % de personas que se
encuentran en espera para la valoración de su grado y a un incremento del 6 % en el número de personas con prestación concedida. Estamos hablando de que en septiembre de este año había 60 000 personas más con una prestación concedida en el Sistema
de atención a la dependencia, fruto del esfuerzo presupuestario que está haciendo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el conjunto del Gobierno, pero quiero destacar que fruto también de la colaboración institucional que en el seno del
Consejo territorial tienen el conjunto de las comunidades autónomas en este objetivo.
En segundo lugar, quiero destacar un refuerzo de los servicios sociales, otra de las líneas estratégicas del Gobierno, en este proyecto de presupuestos. Se incrementa en quince millones de euros el Plan Concertado de Servicios Sociales, que
ya se incrementó también el año pasado, de forma que si entonces llevábamos la financiación del plan hasta el nivel nominal que tenía en 2012, este año revertimos completamente los recortes y, en términos reales, es decir, contando con la inflación
acumulada, situamos la financiación del plan en el mismo nivel que tenía en 2012, de modo que con ello se revierten por fin en términos reales los recortes de toda una década.
Asimismo, se incorporan veinticinco millones de euros adicionales para reforzar los servicios sociales, en particular en materia de infancia, para que sea posible desplegar la Ley de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia.
Recordarán que la memoria económica que acompañaba a esta ley establecía un presupuesto en torno a 70 millones de euros para el despliegue de la ley, y lo que esta Secretaría de Estado hace es incorporar de forma sucesiva esta financiación, de
manera que este año se incorporan ya los primeros 25 millones, que se seguirán incorporando en los ejercicios siguientes, para poder desplegar las exigencias que la Ley de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia conlleva.
Se incrementa también en medio millón de euros la financiación para el Plan de Desarrollo Gitano. Saben ustedes que en el marco de la renovación del Marco europeo de estrategias nacionales para la inclusión social de la población gitana,
todos los Estados miembros tenemos la obligación de desarrollar estrategias nacionales específicas, y en este sentido se incorpora este medio millón de euros adicional para reforzar el despliegue de la estrategia nacional en el caso español, que
además tengo el orgullo de anunciar que muy pronto será remitida a Consejo de Ministros para su aprobación.
Hay una tercera prioridad a la que me quiero referir, que es el fondo para reforzar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas, que el año pasado tuvo una financiación de 27
millones de euros y este año se incrementa hasta los 35 millones de euros. Esta financiación ya ha sido utilizada en 2021, fundamentalmente con dos grandes motivos: en primer lugar, para financiar los traslados solidarios que han sido acordados y
decididos en el seno del Consejo territorial con todas las comunidades autónomas, por el cual se ha procedido al traslado de doscientos menores que estaban en el sistema de servicios sociales de Ceuta al conjunto de las comunidades autónomas
-insisto, al conjunto de las comunidades autónomas-, dado que todas hicieron un esfuerzo muy importante en esta materia, y, en segundo lugar, para reforzar la financiación de aquellas comunidades autónomas que tienen una mayor exigencia y requieren
de un mayor esfuerzo para financiar sus servicios sociales en esta materia, y estoy pensando en las comunidades de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, principalmente.
En cuarto lugar, el Plan contra la pobreza en Canarias se incorpora de manera permanente a nuestro presupuesto mediante una subvención nominativa, con treinta millones de euros de partida para este año,
a diferencia de ejercicios anteriores. Como saben ustedes, es un programa que tiene como objetivo la reducción de la pobreza y la exclusión en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Finalmente, un quinto ámbito es el referido a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el año 2022 vamos a canalizar aproximadamente mil millones de euros en tres grandes líneas de inversión, a las que me
referiré posteriormente.
El detalle de los presupuestos de la Secretaría de Estado, que pasaré a revisar a continuación, remite en primer lugar a una serie de grandes líneas o políticas, agrupadas de forma temática. De los 3500 millones de euros que tiene como
presupuesto la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que hoy nos ocupa en esta sesión, aproximadamente tres mil millones, el 88 %, corresponden a transferencias al Imserso, principalmente vinculadas al Sistema de Atención a la Dependencia. La
Administración General del Estado -quiero decirlo muy claro- ha duplicado la financiación de atención a la dependencia en los últimos años. Aunque sigue sin alcanzarse el umbral comprometido en la Ley de Dependencia de reparto entre comunidades
autónomas y Administración General del Estado, hemos duplicado la financiación que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, que aporta al Sistema de Atención a la Dependencia, y de ahí el enorme peso que el presupuesto del Imserso tiene en
el seno del presupuesto total de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Algo más de 230 millones corresponden a políticas de reforzamiento de los servicios sociales, transferencias a las comunidades autónomas y a ayuntamientos para financiar
programas sociales y de apoyo a las familias, y otros 340 millones de euros corresponden a financiación al tercer sector en acción social, en lo que tiene que ver en su mayor parte con los más de 330 millones de euros que se remiten a través del 0,7
% del impuesto de sociedades y del 0,7 del IRPF, pero también con los más de diez millones de euros vinculados a subvenciones nominativas incorporadas ya, como en años anteriores, en los propios presupuestos generales del Estado. El Injuve, las
políticas de juventud tienen una financiación de más de cincuenta millones de euros, y el resto del presupuesto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se destina a políticas de discapacidad, con una financiación aproximada de quince
millones de euros. Como decía anteriormente, el presupuesto de esta Secretaría de Estado hoy es en casi 1300 millones de euros superior al de 2020 y en 600 millones de euros superior al del año pasado, fundamentalmente debido a los fuertes
incrementos consolidados en el Sistema de Atención a la Dependencia.
Sin detenerme demasiado, querría entrar en el detalle de cada uno de los centros directivos que corresponden a esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales. En primer lugar me referiré a la Dirección General de Diversidad Familiar y
Servicios Sociales, cuyo presupuesto asciende a 348 millones de euros, con un aumento de cuarenta millones respecto al año pasado, y, como he referido anteriormente, comprende la financiación del Plan concertado de servicios sociales, con un
incremento de quince millones, que incluye el reforzamiento del Programa VECA, un programa que, como saben sus señorías, está orientado a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, pero también con ese incremento al que me referí
anteriormente de veinticinco millones de euros para poder financiar la dotación de equipos de intervención familiar y de infancia de profesionales asociados a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.
Al hablar de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales quería referirme expresamente a la financiación del 0,7. Como saben ustedes, la previsión sobre financiación no la conocemos aún, dado que no conocemos el
montante de la recaudación asociado al 0,7 de sociedades y del IRPF, y, por lo tanto, en presupuestos generales lo que se establece es una previsión inicial, que después todos los años es ampliada en función de la recaudación. No obstante, querría
referirme expresamente a un acuerdo diría que de dimensiones muy importantes, un acuerdo alcanzado por el Gobierno con las entidades del tercer sector, con la Plataforma Tercer Sector, refrendado, como no puede ser de otra forma, por el Consejo
Territorial, por el conjunto de las comunidades autónomas, por el cual se fusiona la financiación del 0,7 del IRPF con el 0,7 de sociedades. Se procede a esta fusión de instrumentos precisamente para dar satisfacción a demandas legítimas de
comunidades autónomas y del Tercer Sector de Acción Social en referencia a una estabilidad en la financiación que venía demandando el tercer sector, al tiempo que con este acuerdo también se considera la aspiración por parte de las comunidades
autónomas a participar en el 0,7 del impuesto de sociedades. El acuerdo, alcanzado tanto en el Consejo Territorial como con las entidades del tercer sector y refrendado con estas este verano, en el mes de julio, y, en particular, con la Plataforma
del Tercer Sector, establece un paulatino acercamiento a un reparto de la financiación de esta agregación del 0,7 de sociedades y del IRPF en el umbral del 20 % para un tramo estatal y el 80 % para un tramo autonómico, umbral que no se consigue
todavía en este proyecto de presupuestos, dado que haberlo
conseguido hubiera supuesto una modificación importante de la financiación demasiado rápida, pero que se conseguirá al año que viene o al siguiente, de modo que mantendremos el acuerdo alcanzado con las entidades del tercer sector para
garantizar su estabilidad en la financiación.
Me quiero referir también a un segundo centro directivo, la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, cuyo presupuesto asciende a 38 millones de euros, con un aumento de siete millones. Esta Dirección General de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia no solo ha reforzado la colaboración interadministrativa e interautonómica con la puesta en marcha de una conferencia sectorial el pasado 29 de septiembre, una conferencia sectorial específicamente destinada
a trabajar cuestiones de infancia, sino que además ha iniciado hace apenas algunas semanas los trabajos de elaboración de la Estrategia Nacional de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que queremos que suponga un salto cualitativo en políticas
públicas para trasversalizar los derechos de la infancia y el interés superior del menor en el conjunto de las políticas públicas del país, para lo cual contamos con ese incremento en el presupuesto de este centro directivo.
Como es sabido, se están desarrollando los trabajos para el plan nacional de acción de la garantía infantil. La Garantía Infantil Europea ya debe tener formulado este plan de acción en marzo y la coordinadora nacional de este plan de acción
es la directora general de Derechos de la Infancia. El plan entraña una apuesta muy importante del conjunto del Gobierno, yo diría que una apuesta clave del país para que España destine, igual que otros socios europeos en el seno de esta Garantía
Infantil Europea, al menos el 5 % del Fondo Social Europeo a la lucha contra la pobreza infantil. Estamos hablando del entorno de los 780 millones de euros que deberán ser destinados de aquí a 2027 a la lucha contra la pobreza infantil. Creo que
es un compromiso de enorme valor en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea y, desde luego, en lo que se refiere a este Gobierno.
La Dirección General de Políticas de Discapacidad, cuyo presupuesto total es de 7,5 millones de euros, más los 7 millones de euros del Real Patronato de Discapacidad, como saben ustedes, destina en buena medida esta cantidad a las entidades
sociales del ámbito de la discapacidad, si bien incorpora alguna novedad este año, como es el reconocimiento presupuestario al mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar en España la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, con lo que se da respuesta a una observación que nos hizo Naciones Unidas hace ya algún tiempo. Al mismo tiempo, la Dirección General de Políticas de Discapacidad, a través del Real Patronato de Discapacidad,
multiplica por cinco la financiación que teníamos al inicio de la legislatura en esta materia, el presupuesto para el programa de becas Reina Letizia, un programa de becas orientado a reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad, y, en
particular, para que puedan desarrollar un plan formativo, para sufragar la asistencia de personal, los intérpretes de lengua de signos, los guías para personas sordociegas o diversos apoyos que necesitan las personas con discapacidad. Insisto,
ello supone multiplicar por cinco el presupuesto que tenía el programa de becas Reina Letizia al inicio de la legislatura.
Como saben ustedes, entre los centros directivos de esta Secretaría de Estado tenemos también el Imserso y el INJUVE, que son organismos autónomos. En el caso del INJUVE, se consolidan esos 52 millones de euros que tiene de presupuesto,
cuyo fin fundamental, además de la propia tramitación de los programas Erasmus, como es conocido, es influir en el desarrollo de políticas trasversales para orientar las políticas del conjunto del Gobierno a la incorporación de medidas que tengan en
cuenta los problemas específicos de la juventud, y estoy pensando en la estabilidad en el empleo, la mejora de las políticas de vivienda o el acceso igualitario a la formación y la cultura.
Y en el caso del último centro directivo al que me quiero referir, el Imserso, como saben ustedes, esta es una entidad gestora de la Seguridad Social y, por lo tanto, su presupuesto no se recoge como tal en la Secretaría de Estado, si bien,
lógicamente, sí se recogen las transferencias que realiza a este centro nuestra Secretaría de Estado para la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia. El Imserso consolida un presupuesto de casi 5900 millones de euros para 2022, lo que
supone un incremento del 11 % respecto del año anterior y del 36 % respecto de 2020, en buena medida un incremento debido a la apuesta de este Gobierno por reforzar el Plan de choque de atención a la dependencia.
Para terminar y no extenderme más, me quiero referir en esta primera intervención al llamado presupuesto extraordinario -hasta ahora me he venido refiriendo al presupuesto ordinario de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales-, asociado
a los fondos Next Generation, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, en particular, al componente 22, un componente que es público, conocido, que está colgado en la página web de Moncloa y puede ser de acceso para todo aquel que
quiera consultarlo, y que es coordinado por esta Secretaría de Estado y su objetivo fundamental es la
modernización del conjunto de los servicios sociales del país y el cambio del modelo de cuidados, y, en particular, los de larga duración, hacia un modelo en el que se promueva la innovación y la atención centrada en la persona.
El compromiso presupuestario que esta Secretaría de Estado tiene por esta vía, por el componente 22, tiene una dimensión, yo diría, enormemente importante. Estamos hablando de 3500 millones de euros a lo largo de esta legislatura, en torno
a algo más de 1000 millones de euros al año, y esta financiación fundamentalmente se orienta en tres grandes líneas de inversión. Todas ellas, lógicamente, han sido trabajadas, discutidas y negociadas en el ámbito del Consejo Territorial con las
comunidades autónomas, dado que en buena medida el reparto competencial de nuestro ministerio y, en particular, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales requiere que su ejecución sea llevada a cabo por las comunidades autónomas, y, por lo
tanto, en más de un 80 % esta financiación o estos 3500 millones de euros van a ser ejecutados por las comunidades autónomas. Ya han sido discutidos los criterios de reparto en el Consejo Territorial, ya ha sido acordado con las comunidades
autónomas este reparto, ya se han firmado los convenios prácticamente con todas ellas, queda alguna por firmar este convenio, pero ya se han firmado los convenios bilaterales con todas las comunidades autónomas o prácticamente con todas ellas, y son
convenios bilaterales que recogen en cascada una serie de hitos y objetivos específicos que tienen que ser acordados entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para el uso y el despliegue de los fondos europeos en las
tres líneas de inversión a las que a continuación me refiero, y con ello terminaré.
Una primera línea es relativa a la transformación del modelo de apoyos y cuidados de larga duración, impulsando un cambio en el modelo, más centrado en la persona, más centrado en los servicios de apoyo comunitario, que prime y priorice la
teleasistencia avanzada y la atención domiciliaria y que, en definitiva, permita a las personas mayores que puedan vivir y puedan desarrollar su vejez allá donde quieran y para ello puedan contar con los apoyos necesarios. Hoy no se envejece como
se envejecía hace veinticinco y treinta años, y, por lo tanto, el cambio en los modelos de cuidados de larga duración que impera ya en otros países europeos es hora de que también lleguen a nuestro país. Tenemos experiencias piloto muy interesantes
en muchas comunidades autónomas, y ahora de lo que se trata es de poder escalar al conjunto del territorio esas experiencias piloto, con un reforzamiento en la dotación de equipamientos públicos para estos cuidados de larga duración, una
remodelación y adaptación de los equipamientos ya existentes en las comunidades autónomas, la incorporación de nuevas tecnologías a este servicio de cuidados para impulsar la teleasistencia avanzada y el impulso de una estrategia nacional de
desinstitucionalización. La segunda gran línea de inversión que financian estos 3500 millones de euros, y, en particular, los 1000 millones que se presupuestan en este año, es la relativa a la modernización y mejora de los servicios sociales
públicos, con la transformación tecnológica de estos servicios sociales, pero también de las entidades del tercer sector, dado que una parte relevante de la financiación va al desarrollo de proyectos piloto de innovación para las propias entidades
del tercer sector y la mejora de la formación de los profesionales de los servicios sociales en nuestro país. Finalmente, la tercera línea de inversión es la que se refiere al Plan España País Accesible, que tiene como objetivo reforzar la
accesibilidad universal, ahora más allá de su componente más urbanística y técnica, como se ha concebido tradicionalmente en nuestro país, abarcando también nuevos campos relativos al acceso al conjunto de los servicios de ciudadanía en lo que tiene
que ver con la educación, la sanidad, la cultura o los servicios audiovisuales.
Termino señalando de nuevo la oportunidad que tiene no este Gobierno, sino el conjunto del país, el conjunto de las administraciones públicas, de uno y otro signo, el conjunto de las comunidades autónomas y ayuntamientos, para, con el uso de
estos convenios bilaterales, desarrollar inversiones muy relevantes, y así nos consta que se está haciendo. En este momento tenemos ya acordados más de 400 proyectos con las comunidades autónomas para el desarrollo de este acuerdo del Consejo
Territorial sobre los 900 millones de euros que este año se vuelven a trasladar a las comunidades autónomas para el uso de estos fondos europeos.
Muchas gracias. Quedo a disposición de sus señorías para cualquier pregunta que quieran hacerme. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor secretario, y también por ajustarse al tiempo; esta Comisión se lo agradece.
Ahora pasamos al turno de los grupos por tiempo de siete minutos, de menor a mayor. El Grupo Mixto veo que no está. El Grupo Bildu no interviene. El Grupo Parlamentario Vasco no está. Por lo tanto, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra la diputada Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señor secretario de Estado, es un placer volverle a escuchar en esta comparecencia en relación con los Presupuestos Generales del Estado. Retrotrayéndonos al trabajo que hicimos en la propia Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica, allí es donde realmente se puso sobre la mesa la necesidad de afrontar los grandes retos de nuestro país en materia de servicios sociales y adaptarnos a las situaciones y a las exigencias del siglo XXI. Por lo tanto, en aquel momento
estaban muy claras para todos los grupos parlamentarios las debilidades que teníamos en el sistema de dependencia y en el sistema de servicios sociales, que la pandemia nos hizo visibilizar, y la necesidad de que ajustemos y provoquemos determinados
cambios. De hecho, allí se hablaba de la importancia de identificar las necesidades de financiación a corto y a medio plazo, de elaborar un libro blanco sobre el diagnóstico de la situación para sentar las bases de un nuevo sistema nacional de
cuidados o de poner en marcha un plan estratégico contra la soledad no deseada. Esas fueron algunas de las cuestiones. Me retrotraigo porque luego no se aprobó el bloque social del ámbito del trabajo de la Comisión para la Reconstrucción por un
desacuerdo en materia educativa y este es nuestro punto de partida en esta materia. Nosotros celebramos que se apueste por impulsar el trabajo de la Administración pública en materia de dependencia. Nos parece importante todo el trabajo y todo el
impulso que se realice y que se establezca un sistema de evaluación y una estrategia para reformarlo poniendo las luces largas. Quiero compartir que a nuestro grupo parlamentario le parece muy importante que en cualquier avance que se produzca en
dependencia haya una evaluación exhaustiva por los malos antecedentes que tenemos en la ejecución en materia de materia de dependencia.
Igualmente, uno de los problemas que tenemos en la actualidad son los precios de la luz y del gas, principalmente para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Creemos que es necesario simplificar los trámites para que
las personas que reciben el ingreso mínimo vital puedan acceder al Bono Social Eléctrico y al Bono Social Térmico. Es una cuestión de necesidad para nuestro sistema de bienestar y, además, un compromiso que tiene nuestro Gobierno con la Unión
Europea.
Ha estado hablando de la discapacidad y todos los avances que hemos trabajado también en esta Cámara en materia de discapacidad, desde la propia reforma del artículo 49 de la Constitución hasta la esterilización forzosa. Creo que estamos en
un cauce óptimo en ese ámbito. Por eso, quiero poner encima de la mesa una cuestión que me preocupa. Hemos presentado relacionada con la discapacidad -aunque está más ligada a la salud, todo roza el ámbito de los servicios sociales- una iniciativa
para no dejar atrás a las personas que sufren ELA. Son 4000 personas. Cuando el estado de la enfermedad es grave, necesitan asistencia en su domicilio, pero es una asistencia principalmente médica, y actualmente no se les está brindando apoyo ni
la prestación de servicios que necesitan. Más bien las personas que la padecen, además de tener esta cruel y horrible enfermedad, de lo único que se preocupan es de no ser una carga para su familia. Hablando con la Fundación Luzón, esos servicios
que se necesitan para las personas que tienen ELA en los grados más importantes en la enfermedad en su domicilio supondrían a nivel presupuestario un 0,02 % de nuestro presupuesto. Tengo que manifestarle indignación, porque actualmente el trámite
se ha vetado por parte del Gobierno por una cuestión presupuestaria. Me gustaría pedirle que se esfuerce para que esto se reconsidere, porque creo que es un deber social garantizar el derecho a la salud y a la asistencia de las personas con ELA.
En cuanto a otras iniciativas, ha hablado bastante del plan de modernización y del sistema de coordinación que debe haber, con lo que estoy totalmente de acuerdo, porque en nuestro sistema de prestaciones es totalmente necesaria la reforma
de los servicios sociales, como ya dijimos el año pasado. Me gustaría saber si se prevé que haya una mejor coordinación para establecer y armonizar nuestro sistema de prestaciones e incluso, dado que en el ingreso mínimo vital se están viendo
determinados desajustes entre las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y la propia prestación estatal porque no hay una conexión de información y de datos, si se prevé en ese sistema de modernización que haya una mayor fluidez de
la información desde los distintos niveles de la Administración General del Estado a las administraciones autonómicas en esta materia, porque creo que es importante.
Luego, en relación con el ingreso mínimo vital, ya que en los documentos se habla en varias ocasiones de ese despliegue, quiero decirle, por un lado, que nosotros como grupo parlamentario apoyamos ese músculo social, porque creemos en un
músculo social que haga de garantía. Ahora bien, estamos descontentos porque no está llegando al número de familias a las que debería llegar, porque, como bien se sabe, no se están cumpliendo objetivos. Por otro lado, me gustaría que me explicase
un poco más cuál es ese despliegue del propio ingreso mínimo vital del que hablan en los documentos.
Finalmente, me gustaría también resaltar otro de los temas que hemos mencionado en varias ocasiones. Parece que va a haber una prestación por crianza y parece que el ingreso mínimo vital va a mejorar la cuestión relacionada con la
prestación por hijo a cargo, pero el caso es que en la actualidad una prestación que ya había en el sistema ha desaparecido y, por tanto, aquellas familias que tienen hijos y no están en esos intervalos están sin cubrir. Me gustaría saber si tiene
información al respecto, porque el resultado final es que hay familias que realmente quedan desprotegidas.
Igualmente, en cuanto al trabajo en algunas enfermedades, lo que desde Ciudadanos proponemos que es la creación de la villa Alzheimer. Es un proyecto que está impulsando Francia como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las
personas con esta enfermedad y para la investigación de la misma. Incluso llevamos una propuesta específica para que este proyecto se localice en Jaén, que es una de las zonas rurales con tasas de desempleo más elevadas.
Asimismo, nos gustaría que se impulsara un programa para facilitar la práctica deportiva entre los colectivos más vulnerables, porque el Ministerio de Cultura y Deporte ha suprimido esta partida que debía ser gestionada por la FEMP y que no
se ha ejecutado.
También ha hablado de la ley de vivienda y me parece relevante que sea un avance social. En todas mis manifestaciones he dicho que creo que no ha habido una política seria de vivienda en nuestro país y que debe haber un aumento de las
viviendas sociales. Me gustaría saber si va a haber una partida específica para eliminar o erradicar el chabolismo y la infravivienda. Dentro de esa ley de vivienda he visto que hay una partida generalista, pero me gustaría saber si se va a
contemplar de una manera específica abolir la infravivienda y el chabolismo. ¿Cuál es su opinión respecto a eliminar la disposición que obliga a los inquilinos a pagar los gastos de la gestión inmobiliaria que corren a cuenta del arrendador? Esta
es una de las propuestas que desde Ciudadanos realizábamos para facilitar, sobre todo a los más jóvenes, el acceso a la vivienda en alquiler.
Además, destaco la importancia de incrementar las cuantías del Bono Social Térmico, como he dicho antes, y facilitar el acceso automático tanto al Bono Social Térmico como al Bono Social Eléctrico de las personas que son perceptoras del
ingreso mínimo vital.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Giménez.
El Grupo Parlamentario Plural no está. Esquerra Republicana tampoco está aquí. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la diputada Pilar Garrido.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.
Primero, quiero agradecer la exposición que ha hecho el secretario de Estado sobre los presupuestos que afectan a su secretaría. En ese sentido, quizás empezaría remarcando la importancia que tienen los Presupuestos Generales del Estado
como principal instrumento que marca la orientación y el sentido de la política y cuáles son las prioridades para un Gobierno.
Tal y como ha expuesto el secretario de Estado, está claro que los ejes centrales establecen ciertas prioridades que nos llevan a pensar -creo ya que de una manera definitiva- que hay un cambio de paradigma que comenzó en los presupuestos de
20202021, que pusieron fin a esa época oscura, austericida, de recortes y de escasa inversión que dejó nuestro Estado del bienestar en una situación bastante delicada. Además, como ya sabemos y hemos comprobado de una manera muy dura, dicha
situación hizo que la llegada de la pandemia azotara todavía con más fuerza e hiciera más daño a las familias en este país, sobre todo a aquellos grupos sociales que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, creemos
que todo el dinero dedicado a servicios sociales y a protección social no solo es necesario desde un punto de vista de cohesión social para crear una sociedad más cohesionada, sino que, desde luego, tiene que ver también con la eficiencia económica.
Difícilmente vamos a ser una sociedad avanzada si no somos una sociedad cohesionada. Por eso, me alegra conocer las prioridades que ha comentado el secretario de Estado. Me alegra que el presupuesto vaya incrementándose -hablaba de un 20 % más de
presupuesto en este ejercicio- y también me parece que son oportunas las prioridades o las líneas de trabajo que se establecen.
Como decía cuando comentaba el Plan de Choque en Dependencia, teníamos un lastre muy importante y muy doloroso, que son las listas de espera, es decir, que haya ciudadanos y ciudadanas que tienen reconocidas sus prestaciones pero que están
en un limbo, incluso falleciendo desgraciadamente muchos de ellos sin llegar ni siquiera a que se hagan efectivas. La verdad es que esto dice poco de una
sociedad democráticamente avanzada. También me alegro -y mucho- de que este plan de choque no se ponga en marcha de una manera unilateral, aunque no podría ser dado el reparto de competencias. Sé que se ha hecho un esfuerzo importante en
ese consejo territorial y, por lo tanto, se hace en colaboración -como no puede ser de otra manera- con las comunidades autónomas y con las entidades locales.
Otra de las líneas de trabajo que están desarrollando desde hace tiempo tiene que ver con el refuerzo de los derechos de los servicios sociales. Esto ya lo vimos en plena pandemia con el escudo social, pero también con ese plan concertado
que empieza ya, según he entendido. Diríamos que ya casi se han revertido los recortes. Era un clamor al cielo que nos llegaba a todas desde las entidades municipales, que son, como sabemos, la primera puerta de entrada cuando hay dificultades.
Por lo tanto, creo que esa también es una gran noticia.
Respecto al Plan de recuperación, también las líneas de trabajo que ha comentado me parecen oportunas. Por ejemplo, esa modernización de los servicios sociales para que ya no sean la última red, sino que sean unos servicios sociales
modernos para el siglo XXI, porque los nuevos riesgos poco tienen que ver con los riesgos a los que las familias tenían que hacer frente en el siglo XX. Entonces, hablar de nuevos servicios sociales, hablar incluso de innovación tecnológica y de
formación me parece muy oportuno.
Acabo citando otra línea de trabajo que a mí me parece de justicia por todo lo que hemos visto reflejado durante estos meses de pandemia; me estoy refiriendo al modelo de cuidados de larga duración. Hemos visto que los modelos
residenciales para nuestros mayores se podían llamar de todo menos modelos de cuidados. Entonces, es bueno que empecemos a hablar de un nuevo modelo de cuidados, centrado en la persona y con enfoque comunitario. Yo vengo de Euskadi y allí es una
demanda. También creo que tenemos experiencias interesantes que espero que el secretario de Estado tome en consideración. Hay que hacer todavía más experiencias piloto y yo le animaría a que esas experiencias piloto nos sirvan de pruebaerror para
ir caminando hacia ese nuevo modelo de cuidados del que estamos hablando.
Acabo ya refiriéndome a dos cuestiones que me parecen importantes. El escudo social implicó medidas fundamentales y muy necesarias, aunque seguramente insuficientes porque la catástrofe era tremenda. Ese escudo social se ha prolongado
hasta finales de año, pero yo creo que esas medidas deberían formar parte estructuralmente de nuestro modelo. Por lo tanto, es bienvenido todo ese organigrama que va a partir de la ley de vivienda que llegará pronto al Congreso, y espero que ahí
aparezcan reflejadas algunas de esas cuestiones que tienen que ver con los déficits de los que adolece el Estado desde hace demasiado tiempo. Quiero animarle a que todas esas medidas incluyan -si no es en la ley de vivienda, en otras normas o de
otra forma- esas cuestiones que hemos visto que son tan fundamentales; podemos hablar de desahucios, de corte de suministros, de alternativa habitacional y, en fin, de cuestiones que usted conoce muy bien y que, como digo, espero que durante esta
legislatura acaben formando parte de nuestro modelo más allá de ese escudo social.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Garrido.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Álvarez, por su comparecencia. Quiero recordarle el contexto social en el que nos encontramos. Tenemos millones de personas desempleadas, miles de autónomos sin actividad y personas en ERTE y tenemos la mayor tasa de
desempleo juvenil de Europa, además de una presión fiscal en impuestos indirectos agobiante, el precio de la luz y del carburante desatado y un invierno por delante que va a ser muy, muy duro. Con esta realidad, ustedes parecen estar centrados en
seguir creando altos cargos y en atender sus chiringuitos. No olvidemos tampoco las pretensiones de este Gobierno de crear peajes sobre las autovías y de mantener los impuestos a la luz. Esto, además de ser un ataque a la ya maltrecha economía de
miles de españoles, va a causar un incremento considerable del coste de la cesta básica de la compra. Así, ya vemos que, por ejemplo, el precio de los productos básicos ha aumentado un 15 % y seguiremos viendo, por supuesto, largas colas del hambre
en los próximos meses.
En este contexto de verdadera devastación de la economía española, nos traen ustedes unos presupuestos nuevamente ideológicos, antisociales y totalmente alejados de la realidad española, porque lo que quieren es imponernos los objetivos de
la Agenda 2030, que obedecen a intereses supranacionales. No puedo ir objetivo por objetivo, pero, por ejemplo, podría hablar del aumento producido este año en el problema de la infravivienda. Su Gobierno habla mucho de ello, pero lo cierto es que
en España a día de hoy no existe una política decidida de construcción de vivienda pública social y la promoción privada tiene
precios prohibitivos debido a la desmesurada intervención del suelo. Tampoco es posible pararnos a analizar el hecho de que estos presupuestos parecen ignorar el peligro del déficit por gasto corriente. Además, son unos presupuestos
insolidarios, que premian a las regiones gobernadas por partidos desleales pero que les ayudan a ustedes a mantenerse en el poder.
Si analizamos algunos capítulos de los presupuestos como, por ejemplo, el denominado 'otros servicios sociales del Estado' o 'atención a infancia y familias', observamos sobre todo un incremento de transferencias corrientes, lo que quiere
decir que siguen ustedes empleando el dinero público, que es de todos -como bien sabemos-, en financiar entidades afines y en colocar a los suyos. Podemos poner como ejemplo la Asociación de Mujeres del Medio Rural, que es un prototipo de
asociación muy bien subvencionada pero de nulo impacto en la sociedad española. (Rumores).
También vemos una política muy agresiva al emplear dinero público en luchar supuestamente contra el llamado antigitanismo. Me van a perdonar los señores diputados gitanos que se encuentran en esta Comisión de Derechos Sociales, pero todos
los españoles deberían tener las mismas ayudas y, desde luego, por ser españoles y no por pertenecer a una u otra etnia. (La señora Giménez Giménez: ¡Qué falta de información!-Rumores y protestas). Vamos a ver, es que quieren tratar esto como si
España fuera una sociedad racista y cruel en la que los gitanos han vivido en un permanente infierno. (Protestas). En eso consiste el socialismo, en inventar problemas irreales o muy secundarios, exagerarlos, convertirlos en prioridades (la señora
Giménez Giménez: Léase un poco la historia, por favor.-Rumores y protestas), saquear el dinero público para supuestamente combatir esos problemas y, al final, enfrentar a la población creando nuevos conflictos, que de eso se trata, ¿verdad? Y, si
no, como ya le dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo en 2008, lo que les conviene a ustedes es que haya tensión.
Quisiera que nos explicara, por ejemplo, cómo puede ser que el total que se destina a la atención a la infancia y a las familias, que son 42 millones, sea menos de la mitad de lo que se destina a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
Por otro lado, el incremento del 32,25 % en los llamados derechos de los animales nos parece un verdadero disparate. Los humanos tenemos un deber de protección de los animales y del conjunto de la naturaleza, pero eso no quiere decir que
los animales tengan derechos, por la sencilla razón de que no pueden tener derechos los sujetos que no son titulares de obligaciones. En términos económicos, todo se reduce a que unos cuantos de los suyos accederán a dinero público en un país en el
que hay tantas necesidades humanas como es el nuestro; y los ganaderos, los cazadores y los dueños de mascotas se verán con nuevas restricciones y dificultades en su vida diaria, pero de eso ya le ha hablado mi compañera al anterior compareciente.
(Rumores).
El capítulo destinado a la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 merece un comentario especial, ya que en él vemos un aumento en gasto de personal y gastos corrientes, pero comprobamos que existe un descenso de inversiones reales.
Los últimos capítulos de estos Presupuestos Generales del Estado que nos presentan muestran una estructura compleja; desaparecen los fondos de recuperación y resiliencia y cuentan con la presencia de los tan cacareados fondos europeos que
no sabemos si alguna vez van a llegar. Los supuestos beneficiarios de estas partidas serán organismos como el Injuve, el Imserso o el Real Patronato sobre Discapacidad, según nos cuentan en sus papeles, pero la crítica que hacemos a todo esto es su
nula repercusión en la sociedad española. Nosotros no vemos ningún impacto positivo ni en las residencias de ancianos (la señora Pérez Merino: Porque son privadas) ni en las personas dependientes -que siguen recibiendo menos ayudas de las que
precisan, y las que llegan, llegan tarde- ni tampoco vemos repercusión positiva en las organizaciones del tercer sector que trabajan con la dependencia y con la discapacidad. (Rumores).
Ahora vamos a hablar de la juventud, en la que parece que han encontrado ustedes un nuevo filón. Les prometen paguitas a los jóvenes, pero, por supuesto, sacando los recursos de esquilmar a sus padres. Quisiera hacer una mención especial a
lo que ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, que es que algunos menores no acompañados tendrán más derechos que los jóvenes nacionales a la hora de acceder a una vivienda o de recibir ayudas para su vida diaria. Así se refleja ya en
alguno de los boletines oficiales de las comunidades autónomas... (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón, señora Romero.
Pido silencio y que se respete el turno de palabra. Pero también pido a la diputada que se atenga al objeto de la Comisión, que son los Presupuestos Generales del Estado y el apartado que lleva el secretario de Estado de Derechos Sociales.
Usted está entrando y saliendo... (Aplausos).
La señora ROMERO VILCHES: Si me permite, todo esto está englobado y yo estoy aquí para dar mi opinión sobre los presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE: Tengo yo la palabra. Disculpe, señora Romero. Está usted entrando y saliendo en temas que no se atienen al orden del día.
La señora ROMERO VILCHES: De lo que usted me diga que puedo hablar, de eso tengo que hablar, ¿no? De lo que usted me diga que yo puedo hablar. (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE: Cuando yo le dé el turno de palabra, por favor.
La señora ROMERO VILCHES: Es mi turno y yo lo utilizo para hablar de los temas que considero importantes.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Romero, no entremos en réplica porque aún queda una sesión más en la tarde y todos queremos ajustarnos a los tiempos.
La señora ROMERO VILCHES: Es que no hay sesión en la que no me interrumpan ellos y es mi turno. ¡Es mi turno! Mis siete minutos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Romero, estaba pidiendo silencio y que nos atengamos al orden del día.
Continúe.
La señora ROMERO VILCHES: Vale, sí, pero no me tiene que recriminar porque estoy en mi turno. A ver si me dejan terminar alguna vez sin interrumpirme.
Vuelvo a decir ya para terminar que, en resumen, un engañabobos. Para nosotros los presupuestos son un engañabobos, porque nos encontramos con unos presupuestos que ahondan en la brecha cada vez más ancha entre la España oficial y la España
real. La primera de ellas vive en un mundo resiliente y globalista; preocupadísimo por el cambio climático, por las nuevas masculinidades y por el lenguaje inclusivo, y preocupadísimo por decir cosas como 'autoridades y autoridadas', como diría su
ministra Yolanda Díaz. (Rumores y protestas). Pero la España real está agobiada por la falta de trabajo; por la inseguridad de nuestras calles; por la crisis de natalidad; por la falta de ayudas que necesitan las familias, los ancianos y las
personas con discapacidad, y por las nuevas formas de pobreza que están apareciendo al modo de Venezuela y Argentina, países que parecen ser su modelo. Tengo la esperanza de que antes de que ustedes consigan llevarnos a ese extremo los ciudadanos
pongan a los miembros de su Gobierno en el lugar que se merecen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Secretario de Estado, usted presenta unos presupuestos dopados por los fondos europeos. Hoy volvemos a estar en el día de la marmota. La incapacidad, ineptitud, desidia y dejadez en la gestión invalidan los presupuestos que hoy nos
presenta. ¿Por qué? Porque los presupuestos vigentes no han conseguido que nadie quede atrás; todo lo contrario, han conseguido que nadie quede en pie. Ustedes se creen el ombligo del mundo, pero naufragan en lo social. ¿Qué credibilidad tiene
el presupuesto que hoy nos presenta? ¿Ha mejorado en algo la vida de las familias? ¿Estamos mejor que el año pasado? ¿Acaso a las familias vulnerables no les va a afectar el hachazo fiscal de los presupuestos? ¿A los autónomos, muchos de ellos
en situación complicada, este presupuesto les va a impedir que sufran las subidas de las cotizaciones? ¿Acaso este presupuesto va a suponer que las familias numerosas o monoparentales no vayan a tener que pagar más por la luz, la cesta de la compra
o el gas? ¿O no les va a perjudicar el catastrazo? Son unos presupuestos que castigan a las clases medias cada vez más pobres, sablean con impuestos, con la luz disparada -hoy martes récord-, la inflación al 4 % y la cesta de la compra por las
nubes. Hay familias que van a tener que elegir entre comida y calor, entre cultura y pañales, entre ordenador o zapatos. ¿O tendrán que mandar a los niños a la cama a las siete de la tarde para que no pasen frío? Su escudo social no es escudo ni
es social. Con ustedes gobernando, España es más pobre, más desigual y líder en paro, con menos oportunidades para las mujeres y para las familias, con más
desprotección para los menores, las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social. Hay 4 millones de personas en España que quieren trabajar y no pueden, pero ustedes parasitan con condenados e investigados en el
Ministerio de Igualdad. Tenemos más paro, las tasas más altas de paro juvenil y femenino, un 18 % y un 35 %. Tenemos el doble de hogares con todos sus miembros en paro respecto a 2018, más desigualdad, un 26,4 % de personas en riesgo de pobreza y
exclusión social -es la primera vez que aumenta desde 2014- y más pobreza, un 7 % de personas en pobreza severa frente al 4,7 % del año anterior. Es verdad que estos presupuestos crecen, pero a la misma velocidad que crece la pobreza en España.
Los que venían a conquistar los derechos sociales hoy nos traen una pandemia de pobreza. Hay 11 millones de personas en exclusión social -son datos de Cáritas-, 2,5 millones más que en 2018. Es la primera vez desde 2007 que las personas en
exclusión severa superan los 6 millones de personas, 2 millones más que en 2018. Secretario de Estado, con la propaganda no se come. ¿Cuántos minutos de silencio tendríamos que guardar en esta Cámara por las víctimas de la pobreza? Claro, pisan
moqueta y ustedes se olvidan.
El ingreso mínimo vital ha sido un fracaso en la gestión. Se han reconocido 330 000 prestaciones, cuando el objetivo era llegar a 2 300 000 personas. ¿Es esto recuperación justa? Se cargan la prestación por hijo a cargo en el ingreso
mínimo vital y ahora sacan un complemento al ingreso mínimo vital y la ministra habla de prestación universal. ¿En qué quedamos, señor secretario de Estado? Olvidan el permiso de paternidad de 4 a 6 semanas, la bajada del IVA a los productos de
higiene femenina y a los pañales de los mayores, menores y dependientes, y encima hay un ministerio que no paga. No han abonado el Bono Social Térmico del año 2020 que afecta a un 1 300 000 familias. ¿Cuándo piensan pagar los 100 millones a las
comunidades autónomas? No han pagado el plan concertado, no han abonado el 0,7 % del impuesto sobre sociedades y del IRPF, el tercer sector en octubre sigue sin recibir los fondos de los que tanto alardea, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo
cortes de suministro eléctrico. ¿Usted sabe que Hacienda está acorralando a 2000 familias de Burgos investigando su desgravación fiscal por hijo con discapacidad? Tome nota, pero tome medidas.
Ustedes, que venían a salvar lo público, incrementan las partidas de estudios y trabajos técnicos -¡qué casualidad!- para encomendárselas a sus amigos y afines. En cuanto a la Ley de infancia, la ministra anunció para este año para el
presupuesto 2022, en esta sede y en abril, 79 millones de euros para la Ley de infancia. Presupuestan 25 millones y yo le pregunto: ¿van a destinar algo contra el abuso y la explotación sexual de menores en centros tutelados? ¿O van a mirar para
otro lado, como han hecho con los gravísimos hechos ocurridos en Baleares y Valencia? Abandonaron a los mayores en las residencias y fallecieron 35 000 personas. La aportación del ministerio en el año 2020 fue de 300 millones de euros. Se
quedaron fuera de los dos fondos COVID, el de 2020 y el de 2021.
Ahora niegan los viajes del Imserso a un millón de personas mayores que tendrían que estar viajando en el mes de octubre. ¿Cuándo van a poder viajar?
Dependencia. En España fallecieron 55 487 personas estando en la lista de espera de dependencia, y yo les pregunto: ¿han ejecutado los 600 millones del plan de choque? ¿A cuántas personas han llegado? ¿Dónde están los 600 millones
adicionales de la enmienda que aprobamos en la tramitación de los presupuestos generales vigentes? Se lo digo yo: en los presupuestos de 2022. Y, según los datos, en los primeros siete meses del año la lista de espera solo se ha reducido en 5044
personas. La ministra se comprometió a que sacaría en este año a 60 000 personas. Y no me cuente milongas, porque lo que usted nos están diciendo es que las 60 000 personas son de valoraciones y los reconocimientos de derecho. No, no, quiero 60
000 personas fuera de la lista de dependencia con el derecho reconocido.
No han mejorando la precariedad de las mujeres trabajadoras. La teleasistencia no llega a todos. Su feminismo hace que cada vez haya más prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. La dejadez del ministerio carga a las
mujeres con los cuidados.
Y llegan los fondos europeos. La ministra decía en abril que están pisando el acelerador. Pues, menos mal, porque un ministerio con escaso peso político y menos influencia se quedó solo con el 4 % del total de la tarta de los fondos
europeos. Pero no solo eso, el ministerio, que han convertido en una gestoría -por lo que usted ha dicho, que solo transfieren dinero a las comunidades autónomas, al tercer sector, que luego no pagan-, ha ejecutado el 27,8 %, pero gracias a las
transferencias a las comunidades autónomas. Y del programa de servicios sociales y promoción social, solo un 2,7 %. Los fondos no ejecutados, que son muchos, se han vuelto a presupuestar en los presupuestos del 2022, y como no van a ejecutar en el
2022, los volverán a presupuestar en el 2023. ¿Así piensa cambiar el modelo residencial? ¿Así piensa transformar el modelo de dependencia?
Concluyo. Mire, este Gobierno es un gallinero, es el Gobierno camarote de los hermanos Marx, todo el día peleados. No se ponen de acuerdo en nada. ¿Qué tipo de ministra solicita, por un tuit, una reunión con un presidente del Gobierno
para evaluar un acuerdo de coalición cuando ni siquiera ella cumple con las competencias de su ministerio? La ministra -y usted y su equipo, además de mostrar la incapacidad, la ineptitud, la dejadez y la desidia al frente del ministerio, porque
peor no se pueden hacer las cosas- ataca a la justicia, a la división de poderes y anima a la sublevación contra las resoluciones judiciales. Solo hay una salida, secretario de Estado, que la ministra dimita o que Pedro Sánchez la cese.
(Aplausos). Entregaremos preguntas para que las conteste por escrito en 48 horas.
Gracias. (Aplausos.-Rumores). Según el Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE: Un momento. Pediría más respeto en las intervenciones. Voy a pedir que no conste en acta...
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ¿Por qué?
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón, tengo yo el uso de la palabra. Voy a pedir que no conste en acta la expresión 'Gobierno gallinero' 1...
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ¡Pero bueno!
El señor VICEPRESIDENTE: Me parece todo un despropósito y una falta de respeto a esta Cámara...
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ¡Pero bueno! Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE: No, tengo yo el uso de la palabra.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Presidente, tiene el uso de la palabra...
El señor VICEPRESIDENTE: Tengo el uso de la palabra.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Tiene el uso de la palabra, pero ustedes dicen cosas...
El señor VICEPRESIDENTE: No, no, presido yo la sesión.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Ya, ya...
El señor VICEPRESIDENTE: Usted ha agotado su tiempo, ha usado la palabra como ha estimado oportuno...
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE: ... ha utilizado descalificativos muy duros...
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Presidente, usted convierte esta Comisión en un gallinero...
El señor VICEPRESIDENTE: ... ha expresado usted descalificativos muy duros...
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ... porque utiliza...
El señor VICEPRESIDENTE: ¡La llamo al orden! La llamo al orden por primera vez.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ... las maniobras totalitarias...
El señor VICEPRESIDENTE: ¡La llamo al orden por segunda vez!
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ... del partido al que representa.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora García, no dé lugar a un espectáculo.
Por último, tiene la palabra, por Grupo el Socialista, la diputada Sonia Guerra.
1 1Ver página 47, las dos últimas intervenciones del señor vicepresidente y la del señor Alonso Pérez.
La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente, y gracias, secretario de Estado, por su intervención detallada acerca de la propuesta de inversión en políticas sociales del Gobierno de España para el ejercicio 2022. Siento que sea este el
ambiente con el que usted se encuentra en el día de hoy. Es a lo que nos tienen acostumbrados los diputados y las diputadas de la derecha y de la extrema derecha, alimentando el virus del odio en una Comisión que tendría que tener en el centro
única y exclusivamente a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. (Aplausos). Cuanto peor, mejor. Ustedes siempre con lo suyo, pero les voy a recordar una historia que parece ser que no es la que ustedes viven, que es cómo el año pasado,
aproximadamente por estas fechas, el secretario de Estado también intervino en esta Comisión y hablábamos entonces de los presupuestos más sociales de la historia de nuestro país para hacer frente en aquel momento a una crisis sanitaria, económica y
social, cuando todavía no teníamos la vacuna contra el COVID. Afortunadamente, el confinamiento ha quedado atrás -no el virus del odio, como hemos podido ver una vez más hoy aquí-; también ha quedado atrás la hibernación de la economía, y el
Gobierno de España continúa invirtiendo en derechos y oportunidades, en atención y protección, en sensibilización y prevención, para no dejar a nadie atrás, como usted ha expuesto, secretario de Estado, a lo largo de su intervención. Sirva de
ejemplo que, justo esta mañana -usted hacía también mención a ello-, el Consejo de ministros y ministras prorrogaba el escudo social hasta febrero de 2022. Casi dos años después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno continúa
trabajando para que la recuperación del COVID sea inclusiva y equitativa para todos los españoles y todas las españolas, sobre todo para los más vulnerables, pese a quien le pese. Y este año tenemos la fortuna de volver a decir, como ya hicimos en
2021, que los presupuestos para 2022 son los presupuestos más sociales de la historia de nuestro país, pese a quien le pese. El presupuesto para 2022 recoge la mayor inversión social de la historia de España, 6 de cada 10 euros en las cuentas
públicas se destinan a inversión social, sin contar los fondos europeos. La inversión social crece un 4,2 % sobre 2021, lo que representa el 55,7 % del total del gasto nacional. La partida destinada a los programas de servicios sociales crece un
19,7 %, entre los que destacan -algunos los ha comentado el secretario de Estado- el Plan de desarrollo gitano; la apuesta por la accesibilidad universal, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo; la lucha contra el sinhogarismo; el Fondo de
Ayuda Europea a las Personas más Desfavorecidas, que incorpora este año itinerarios para la inserción laboral, y los cerca de 200 millones de euros que se destinan a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil; prestaciones básicas
de servicios sociales, como el Plan concertado, el Programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil o el Programa VECA, incrementándose la partida en un 25 % respecto al año anterior. No es un incremento casual, es un incremento
vinculado con la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una ley que aprobamos de manera definitiva en el Congreso los diputados y diputadas el 21 de mayo de este año, y que solo cinco meses después este Gobierno ya
ha priorizado presupuestariamente para la implementación de algunas de las medidas más relevantes, como el coordinador o coordinadora de bienestar en los centros educativos o la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de determinación de la edad
en el marco de las medidas de protección a los menores no acompañados; 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza en Canarias. Una vez más, las decisiones del Gobierno muestran que no solo se ha actuado contra el COVID, sino que también
se ha decidido abordar las reformas estructurales que eran necesarias en nuestro país para acompañar a los y las más vulnerables de nuestra comunidad. La Ley de protección de la infancia; el ingreso mínimo vital, al que se incorpora un complemento
de ayuda a la infancia de 100 euros por hijo o hija a cargo; el bono para el alquiler joven: el incremento del 44 % del bono social térmico; el incremento del 23,3 % de las partidas destinadas a la atención a la dependencia en el marco del plan
de choque 2021-2023. Vergüenza debería darles no reconocer los recortes sistemáticos que hicieron a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; vergüenza. (Aplausos). O los 600 millones de euros que se invirtieron
el año pasado para garantizar el mínimo garantizado y el nivel acordado; para 2022, 600 millones de euros más.
Señorías, podría seguir, pero, como decía, estos presupuestos van mucho más allá, ya que impulsan reformas estructurales para mejorar también el sistema de gestión de las políticas públicas vinculadas con la atención social. Estos
presupuestos son una ventana de oportunidad para el sistema de servicios sociales, porque apuestan por reformas estructurales para mejorar la gestión y la calidad, tanto de los servicios como de atención a la ciudadanía; mejoras en los sistemas de
información y gestión para evitar la victimización secundaria; también para mejorar la coordinación entre los ámbitos, entre los niveles competenciales, la cogobernanza, a la vez que se optimizan recursos para ganar no solo en eficacia, sino
también en eficiencia y efectividad. Y todo ello en colaboración con las comunidades autónomas, con las
administraciones locales y con las entidades del tercer sector, y todo ello poniendo en el centro a las personas. Por eso, este Gobierno aprovecha los fondos Next Generation para poner en el centro de la estrategia no solo a las personas,
sino también el modelo de cuidados de larga duración. Porque no se trata de reeditar las residencias de mayores tal y como las conocemos, sino de hacer posible diversas alternativas para la vida autónoma en la comunidad, con teleasistencia
avanzada, como anunciaba el secretario de Estado, impulsando centros de día innovadores e integrados en la comunidad.
Para finalizar, secretario de Estado, me gustaría plantearle algunas cuestiones. Se ha planteado por parte del Gobierno la necesidad de desinstitucionalizar la vida de los y las mayores dependientes, pero, cuando a pesar de todo, deban
vivir en residencias, ¿cómo se dan esos modelos residenciales? Y otra cuestión que le quería plantear: usted ha hablado también de la necesidad de modernizar los servicios sociales. Sin duda, urge un expediente único, un sistema de información
compartido. ¿Cómo van a abordar este tema a nivel de gestión pública los servicios sociales?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Guerra.
Para un último y único turno de réplica, tiene la palabra, por diez minutos, el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias por sus intervenciones. Seguramente será imposible referirse a todo lo que ha salido en esta Comisión, no únicamente porque son muchas las preguntas, las
críticas, las intervenciones y, por lo tanto, me dejaré lógicamente algunas por contestar, pero querría atender las que me parecen más productivas desde el punto de vista de la gestión de las políticas públicas.
Diputada Jiménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, creo que tenemos un sólido acuerdo en lo que tiene que ver con reforzar la dependencia en este país, y me congratula ese acuerdo. Es un acuerdo que hemos venido trabajando, por ejemplo,
con Andalucía, y tomo buena nota de algo que plantea usted, pero que ya han planteado los consejeros en el consejo territorial y creo que con bastante acierto y con bastante razón, y de hecho esa fue la idea con la que se lanzó el plan de choque en
dependencia, que es la necesidad de que evaluemos. Le estamos dando un incremento al sistema de atención a la dependencia muy fuerte y ese incremento, que ya se está ejecutando, tenemos que ver en qué medida es capaz de acometer los objetivos que
nos hemos marcado. Porque el incremento en el sistema de atención a la dependencia -presupuesto ordinario- viene además acompañado de una mejora muy relevante de la financiación relativa -presupuesto extraordinario, fondos europeos- al cambio del
modelo de cuidados de larga duración, que también afecta al sistema de dependencia. Por lo tanto, creo que tenemos la responsabilidad, la oportunidad de utilizar bien los fondos que tenemos a nuestro alcance. Me consta que las comunidades
autónomas lo están haciendo al ritmo más rápido que pueden, pero, desde luego, la evaluación es uno de los objetivos que se marca el propio plan de choque en dependencia. Se lo marca en lo que tiene que ver con el diálogo social; organizaciones
empresariales y sindicales lo plantearon desde un primer momento y, desde luego, coincidíamos en esa mesa. Pero es que mañana se produce una reunión del consejo territorial en donde uno de los puntos del orden del día precisamente es el que usted
plantea, yo diría que con toda la razón del mundo, que es evaluar el avance que mañana, a fecha de 27 de octubre 2021, está teniendo la propia ejecución de este año en lo que tiene que ver con la reducción de las listas de espera y en lo que tiene
que ver con el avance del plan de choque en otros de los aspectos. Hoy precisamente el Consejo de Ministros aprobaba una medida transitoria en lo relativo al bono social eléctrico y térmico. No solo se incrementa en 100 millones de euros el
presupuesto del bono térmico -que no corresponden a esta secretaría de Estado, por cierto, que corresponden a otro ministerio, y tendrá que ser otro ministerio quien lo ejecute, pero en todo caso reflejan un compromiso muy claro de este Gobierno
para afrontar la situación que en este momento se está viviendo en los mercados mayoristas-, un bono social eléctrico que incrementa del 40 al 70 % el descuento en la factura de la luz para los hogares más vulnerables y del 20 al 60 % el descuento
en la factura de la luz para los hogares con vulnerabilidad relativa. Es una medida importante que anticipa una reforma del propio bono social y que precisamente va en la dirección, mientras llega esa reforma más profunda del bono social, a la que
este Gobierno se ha comprometido y en la que estamos trabajando en colaboración el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Derechos Sociales, para que tengamos ya para 1 200 000 usuarios que en este momento tienen el bono social esos
descuentos de hasta el 70 o el 60 %, de una dimensión muy importante.
Habla usted también de la reforma de los servicios sociales, y después también me referiré a ello por la intervención de la parlamentaria del Grupo Socialista. Creo que esta es una de las asignaturas
pendientes que tiene nuestro país. Sinceramente, no solo es una de las asignaturas pendientes que tiene este Gobierno de coalición, sino que tiene este país. Pensemos que España, sencillamente, no tiene un sistema de servicios sociales, no
lo tiene. Podemos hablar de que tenemos un Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Salud que las distintas administraciones han construido, han creado, y a veces han erosionado, durante las últimas décadas, pero tenemos un Sistema Nacional
de Salud. No podemos decir lo mismo del sistema de servicios sociales. Tenemos diecisiete sistemas de servicios sociales, con carteras de servicios distintas y con realidades muy diferentes y, por lo tanto, forma parte del acuerdo de coalición que
sustenta este Gobierno. Ya se ha planteado, ya se llevó al consejo territorial la necesidad de abordar una ley marco de servicios sociales en la que ya trabaja este ministerio, y también le anticipo, diputada Jiménez, que las dificultades van a ser
importantes y van a ser notables, porque al tiempo que es una ley que claramente tiene como objetivo no invadir ningún elemento competencial que no le corresponda a la coordinación de la Administración General del Estado, son distintas las
comunidades autónomas que han anticipado una posición muy crítica con la posibilidad de que exista una ley marco de servicios sociales en nuestro país, dado que entienden que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por lo tanto,
aquí tenemos un trabajo que, lejos de los focos, exige un hilado fino y exige un trabajo minucioso para poder acometer esos estándares mínimos en el ámbito de los servicios sociales que necesita nuestro país.
Hablaba usted de lo relativo a la reforma de los servicios sociales en lo que tiene que ver con el catálogo de prestación de servicios, pero también con las prestaciones, y yo creo que aquí asistimos a una realidad, la realidad española, que
desde hace décadas acumula prestaciones en el sistema de familias que por el carácter excesivamente contributivo que tienen estas prestaciones lo que hacen es fundamentalmente redistribuir renta de una forma muy ineficaz para resolver los problemas
de pobreza y, en particular, los problemas de los colectivos más vulnerables. España es, después de Italia, el país de la Unión Europea que, a pesar de que tenemos poca renta dedicada al apoyo a las familias, la que tenemos tiene muy poca capacidad
para reducir la pobreza. Esto es una característica estructural de nuestro sistema. Uno de los objetivos precisamente de la Ley de diversidad familiar es no solo el reconocimiento de las nuevas realidades familiares de nuestro país, sino también
la reorganización de las prestaciones familiares para reforzar precisamente que lleguen adonde más falta hace, que sean capaces estas prestaciones de atender los problemas de vulnerabilidad allí donde están y que las desvinculemos en cierto modo del
carácter fuertemente contributivo que tienen las prestaciones de las ayudas familiares en este momento en el sistema de servicios sociales. Y esto tiene que ver con el propio despliegue, al que usted hacía referencia, del ingreso mínimo vital.
Creo que he sido muy claro públicamente en el último año y medio sobre cuál es mi posición y la posición del Ministerio de Derechos Sociales respecto del ingreso mínimo vital, respecto de la necesidad de reformar, completar y seguir mejorando la
prestación. Y creo que se han dado pasos importantes en el trámite parlamentario, se están dando pasos importantes, y ese trámite está abierto al conjunto de las fuerzas políticas que se encuentran en esta Comisión, para que se sigan dando pasos en
esa dirección. En la medida en que se adopten enmiendas que faciliten que se tomen en consideración los ingresos del año en curso, en la medida en que se adopten enmiendas que faciliten, como se van a adoptar, que no se computen para el cálculo de
la cuantía de las prestaciones o subsidios por desempleo ya agotados o las prestaciones por dependencia, estaremos mejorando significativamente la capacidad del ingreso mínimo vital de incorporar a personas que necesitan esa prestación. En la
medida en que desarrollemos el complemento de infancia, estaremos atendiendo como corresponde la vulnerabilidad de muchas familias que, efectivamente, quedaron en su momento sin capacidad de acceder a la prestación por hijo a cargo y que tienen que
ser efectivamente atendidas.
Con relación a la política de vivienda, querría referirme a alguna cuestión a la que usted hacía alusión. En primer lugar, con relación a las especificidades de la ley. La ley está en negociación y, por lo tanto, creo que admite y
precisamente requiere de incorporaciones como la que usted señala. Pero, al mismo tiempo, durante este tiempo y mientras hemos tenido la ley, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha hecho actuaciones importantes. En particular, en lo
que tiene que ver con la Cañada Real, en colaboración tanto con el Ayuntamiento de Madrid, como con el Ayuntamiento de Rivas, como con la propia Comunidad de Madrid, la Secretaría de Estado de Agenda 2030, la Agenda 2030, ha trasladado 4 millones de
euros ya precisamente para avanzar en la lucha contra el chabolismo a 17 kilómetros de la Puerta del Sol, que es una realidad invisible a la que, sin embargo, tenemos que hacer frente en los mismos términos, en los que también este Gobierno se ha
comprometido al desarrollo de una ayuda de 250 euros para los jóvenes para poder acceder a la vivienda, en el marco de esa ley de vivienda.
Intentaré ser rápido porque me queda muy poco tiempo. Desde luego, creo que con la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos compartimos prioridades, compartimos objetivos, que creo que son muy claros: la
necesidad de recuperar y reforzar la dependencia en nuestro país, la necesidad de fijar esa ley marco de servicios sociales y de poder avanzar en la superación de los diecisiete sistemas de servicios sociales que tenemos en nuestro país, con un
respeto escrupuloso al reparto competencial consagrado en la Constitución en materia social, pero desde luego también utilizando aquellas experiencias piloto que en Euskadi y en otras comunidades autónomas existen en relación con la transformación
del modelo de cuidados de larga duración.
La diputada Garrido, de Unidas Podemos, señalaba una cuestión que me parece especialmente importante. Hoy se ha ampliado en el Consejo de Ministros el escudo social durante un tiempo necesario, pero yo diría que la voluntad del Gobierno es
que este escudo social permanezca hasta que entre en vigor la ley de vivienda, de forma que no tengamos un periodo de desprotección entre el escudo social y la Ley de vivienda, porque si un objetivo tiene la acción de Gobierno durante los próximos
meses es precisamente que aquellas cosas que han llegado como consecuencia de la pandemia en materia social, ese escudo social, hayan llegado para quedarse y, por lo tanto, del escudo social pasemos al carácter permanente de los derechos sociales en
nuestro país.
Es difícil responder a lo que planteaba la diputada del Grupo Parlamentario VOX, en tanto que no hay ninguna pregunta formulada como tal, pero sí querría referirme a tres cuestiones que me que me resultan un tanto sorprendentes. En primer
lugar, habla usted de presupuestos antisociales. A mí me sorprende, después de haber duplicado el gasto en dependencia en los últimos años, una política que es transversal al conjunto de las personas mayores y dependientes de este país, porque las
personas mayores votan a Unidas Podemos, votan a PSOE, votan a VOX y votan a Partido Popular. No puedo entender cómo una fuerza como VOX puede decir que los presupuestos generales son antisociales cuando consolidan un derecho tan erosionado en
nuestro país como es la dependencia. (Aplausos). Me sorprende. Y me sorprende todavía más que se pueda decir que la discriminación contra el pueblo gitano es un problema irreal; un problema irreal. Es una realidad que, desgraciadamente, ninguna
de las personas que estamos en esta sala hemos inventado y estoy seguro de que ninguna de las personas que estamos en esta sala queremos, pero es una realidad, por desgracia, bien viva en nuestro país. Por lo tanto, el compromiso de este Gobierno
con las políticas del antigitanismo sigue siendo crucial, igual que lo es el trabajo de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para evitar esta lacra, esta forma de racismo que se mantiene en nuestro país desde hace siglos. Me sorprende
asimismo también la referencia a los compromisos supranacionales. Claro, efectivamente, este Gobierno y este país tienen compromisos supranacionales, es que no vivimos en una isla, es que vivimos en una realidad compleja, en una realidad que
requiere de negociaciones y de acuerdos supranacionales, porque hoy nuestro país y Europa no podrían estar dando la respuesta que están dando a la crisis si no fuera por el acuerdo de los Estados miembros en el marco del Consejo Europeo, es que no
podríamos resolver uno de los problemas más importantes que tenemos, como es el cambio climático, si no lo abordásemos conjuntamente con otros países. ¿O es que acaso pensamos que podemos resolver esos problemas en el modo autárquico con que la
España franquista resolvía esos problemas? Sencillamente, es inviable, es imposible y, por lo tanto, me sorprenden ese tipo de afirmaciones.
Igual que me cuesta responder a lo que plantea la diputada García, del Grupo Popular. Entiendo, lógicamente, las discrepancias. Creo que en democracia las discrepancias son bienvenidas y son lógicas, pero me cuesta esta forma de entender
cómo hacen ustedes oposición, y me cuesta porque la realidad es que este Gobierno de coalición ha tenido que venir para resolver buena parte del destrozo que ustedes nos dejaron. (Aplausos.-Rumores). Y resulta sorprendente porque en la crisis de
2010 a 2012 y en la crisis del 2008 ustedes nos dejaron una reforma de pensiones durísima, una reforma de pensiones que desconectaba el crecimiento de las pensiones de la inflación, uno de los únicos países europeos; una reforma laboral que
propiciaba una fuerte devaluación salarial. Y lo que me choca no es que tengamos que venir nosotros a resolver eso, sino que el Partido Popular siga reivindicando hoy día la reforma laboral del 2012 y la reforma de pensiones del 2013. Me
sorprende. Igual que me sorprenden las críticas a la dependencia, porque les voy a dar un dato: en el año 2018, cuando ustedes abandonaban el Gobierno, el gasto de la Administración General del Estado en dependencia eran 1300 millones de euros.
Hoy, el gasto de la Administración General del Estado son 2600 millones de euros, el doble. Pero esto lo que viene a hacer es básicamente deshacer los recortes que ustedes le imprimieron al sistema de dependencia, y me sorprende de nuevo esa
agresión a un sistema de dependencia y esa agresión a los consensos de este país, también de las comunidades autónomas en donde ustedes gobiernan, con un sistema como es el de
dependencia. Me sorprende porque creo que todos hemos aprendido la lección de que la vía de la austeridad y los recortes fue un fracaso, de que hoy nos encontramos en otro contexto. Creo que también gobernantes liberales y gobernantes
conservadores en Europa han aprendido esa lección. Me sorprende que el Partido Popular siga insistiendo en defender la reforma laboral del 2012, la reforma de pensiones del 2013 y los recortes en el sistema de dependencia. Porque, además, no es mi
experiencia con otros responsables del Partido Popular que entienden de la importancia de reforzar en materia social y en materia de dependencia la situación por la que pasa nuestro país. Creo que la oposición tiene una tarea y que de esa tarea
también nosotros podemos aprender. Sin embargo, con la forma que ustedes tienen de entender la oposición y la tarea de oposición, puramente destructiva, aprovechando una pandemia para derribar un Gobierno, sin aportar nada positivo a cambio, es
difícil aprender nada y es difícil llegar a ningún consenso.
Querría referirme, en último lugar, a la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Sonia Guerra. Creo que es evidente, formamos parte de grupos políticos distintos, tenemos desacuerdos en ocasiones, pero,
al mismo tiempo, yo diría que tenemos un sólido y un firme compromiso; un sólido y firme compromiso en un acuerdo de coalición y en un Gobierno de coalición que no solo está revirtiendo una década perdida de recortes del Partido Popular, sino que
está permitiendo poner a nuestro país en marcha, reforzar el Estado del bienestar, superar una pandemia que ha sido enormemente dura y hacerlo, yo diría, con un grado de compromiso y de consenso muy sólido. Y respondo a las dos preguntas que se me
hacían.
Con relación a la estrategia de desinstitucionalización de personas mayores, esta estrategia no pretende terminar con la necesidad de alojamiento residencial que tienen muchas personas mayores, lo que pretende precisamente es dar
instrumentos de apoyo para que la gente mayor pueda tener una vejez, en la medida de sus posibilidades, como quiera, para que tenga los apoyos para permanecer en su entorno domiciliario y cuente con esos apoyos de teleasistencia avanzada para que
así sea, o para que ingrese en una residencia cuando sea necesario, pero que también en el ámbito residencial experimentemos los cambios necesarios para que la atención centrada en la persona sea una realidad. Esto requiere inversión en
remodelación de los centros existentes y creación de otros nuevos equipamientos más modulares, que cuenten con unidades más pequeñas y en los que la organización no sea la que está en el centro, sino que sea la persona la que esté en el centro y la
organización se adapte a las necesidades de la persona.
Al mismo tiempo, quiero referirme a la segunda pregunta, que ya contestaba anteriormente, en relación con la modernización de los servicios sociales. Este año, en las próximas semanas, no solo va a haber una financiación para las entidades
del tercer sector de acción social de más de 100 millones de euros, con proyectos piloto de innovación, sino que también se va a abordar el traslado a las comunidades autónomas, como ya se está haciendo en el marco de los convenios bilaterales, de
la financiación necesaria para modernizar esos servicios sociales. Pero creo que, más allá de esta financiación -que las comunidades, en lo que tiene que ver con dependencia, con servicios sociales ya han recibido en buena medida y por tanto están
ejecutando-, todo esto estaría cojo si no fuéramos capaces de elevar el modelo y establecer el suelo en una ley marco de servicios sociales, que no solamente permita que se traslade más financiación a las comunidades autónomas, sino que garantice
que la orientación del modelo sea la de una cierta cohesión, una cierta nivelación en el conjunto del territorio y una cartera mínima de servicios asimilable en el conjunto de las comunidades autónomas, siempre desde el respeto a las competencias
autonómicas.
Sin más, querría agradecerles las preguntas y también las críticas. Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Presidente, pido la palabra sobre la base del artículo 71.3.
El señor VICEPRESIDENTE: Por alusiones, tiene que entrecomillar la alusión, señora García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Quiero dejar constancia del malestar y la discrepancia del Partido Popular con la retirada de la palabra 'gallinero', por atentar contra la libertad de expresión.
El señor VICEPRESIDENTE: Muy bien.
Damos por finalizada esta comparecencia. Nos queda una más, la del secretario de Estado para la Agenda 2030. Hacemos un breve receso de un minuto. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (SANTIAGO ROMERO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001891); PLURAL (números de expediente 212/001477 y 212/001937); VOX (número de
expediente 212/001506); POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001642), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/001805).
El señor VICEPRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la última comparecencia, del señor don Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, que tendrá un turno inicial de treinta minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Santiago Romero): Muchísimas gracias, presidente; muchísimas gracias, señorías, y buenas tardes a todas y todos ustedes.
Es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, para presentar en esta ocasión las líneas principales del apartado del proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022 que corresponde a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
Antes de descender al detalle de las partidas presupuestarias específicas de esta secretaría de Estado, creo que es obligado partir de una valoración global del proyecto de ley que ha sido aprobado por este Gobierno progresista el pasado día
7 de octubre, como una herramienta que traduce el compromiso político de este Gobierno con una reconstrucción social y económica plenamente alineada con los principios de la Agenda 2030 y con el compromiso del cumplimiento de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030 aprobada por nuestro Gobierno, porque, como todos ustedes saben, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un compromiso conjunto del Gobierno y, por tanto, trasciende los recursos específicos con los que
contará en el año 2022 esta secretaría de Estado para desarrollar las competencias de impulso, seguimiento y coordinación de esfuerzos que tiene asignadas, una contribución que está evidenciada con sumo detalle y claridad en el informe de
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado remitido a las Cortes el pasado 13 de octubre y al que imagino que todas y todos ustedes han tenido ya el correspondiente
acceso.
El pasado mes de junio tuve el honor de presentar en sede parlamentaria las líneas principales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, una estrategia diseñada para abordar de forma urgente una transición social y ecológica que sitúe
la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de acción gubernamental, que aborde con urgencia problemáticas estructurales como la pobreza y la desigualdad, que impulse la transformación del sistema económico y productivo para
garantizar su sostenibilidad social y medioambiental y que genere también empleo estable y de calidad frente a la precariedad laboral que afecta aún hoy a muchos de nuestros compatriotas, que fortalezca también los servicios públicos con mecanismos
fundamentales para la cohesión social y territorial de nuestro país y que afiance y genere nuevos derechos para no dejar a ningún territorio ni a ninguna persona atrás.
Hoy comparezco con la convicción de que los presupuestos elaborados por el Gobierno son plenamente coherentes con tales pretensiones. Se ha aprobado un texto que refuerza y consolida las bases ya establecidas en el año 2021 para una
reconstrucción basada en una protección social reforzada, también en el establecimiento de garantías efectivas para el ejercicio de derechos, en una apuesta por el feminismo y la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres y en el abordaje,
cómo no, de la emergencia climática, todos ellos ejes articuladores de esa Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada el pasado día 8 de junio. Prueba del marcado cariz social es que 6 de cada 10 euros de los Presupuestos Generales del Estado se
van a destinar a políticas sociales, es decir, un total de 240 375 millones de euros, sin contar con las aportaciones de los fondos europeos; si contáramos con esos fondos, estaríamos hablando de 248 391 millones para políticas sociales, lo que
supone el mayor esfuerzo de inversión pública en materia social de toda la historia de nuestro país. Es francamente para que todos y todas estemos muy orgullosos y muy orgullosas.
No me resulta posible, señorías, abordar en esta comparecencia el conjunto de las inversiones sociales reflejadas en la propuesta presupuestaria del Gobierno, porque son muchísimas, pero permítanme ejemplificar con algunas cifras cómo la
propuesta presupuestaria de 2022 materializa esa transición social que propugna la Estrategia de Desarrollo Sostenible, particularmente en las políticas aceleradoras uno -transición social para redistribuir la riqueza y garantizar derechos- y seis
-servicios públicos reforzados para un Estado del bienestar democráticamente resiliente- que se han incluido y aprobado en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de nuestro país.
Para la protección de los más vulnerables, aumentaremos en un 3 % la partida destinada al ingreso mínimo vital, un aumento que va a ir acompañado de mejoras para ampliar su cobertura y para agilizar la gestión administrativa con el fin de
posibilitar que llegue a todas las familias que lo necesitan. La partida destinada a pensiones se incrementa un 4,8 %, alcanzará 171 165 millones de euros. Eso implica una revalorización de las 9,6 millones de pensiones contributivas, una medida
que va a ir acompañada de la fijación por ley de su aumento en función del IPC, garantizando así el poder adquisitivo de todas las personas pensionistas. La revalorización también va a beneficiar a las pensiones mínimas y no contributivas, que van
a subir un 3 % en el año 2022, y se extenderá asimismo al Iprem, del que, como saben, dependen muchas prestaciones y que tendrá un incremento del 2,5 %, lo que beneficiará sin duda a los grupos de población que se encuentran en situación de mayor
desventaja social. Las personas jóvenes son otro de los colectivos que este Gobierno ha querido priorizar, de forma que la inversión dirigida a este grupo de población se va a incrementar un 84,8 % respecto al año 2021, alcanzando la cifra de 12
550 millones de euros. Además, en el capítulo de becas, vamos a alcanzar también una cifra récord, 2199 millones de euros, de los que 50 millones van a destinarse a becas de acceso a la universidad, contribuyendo así a garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación superior.
Además de las inversiones reseñadas, no podemos olvidar el acuerdo histórico que supone la aprobación del proyecto de ley de vivienda, que tratará la vivienda como un derecho humano y no como un bien de mercado, a través de la regulación de
los alquileres en las zonas de mercado tensionado y de una mayor protección de las familias frente a los desahucios; una ley que corresponsabiliza a los grandes propietarios de vivienda en la garantía de este derecho y que tendrá un efecto
claramente positivo también en las posibilidades de las personas jóvenes de emanciparse y desarrollar su proyecto de vida independiente.
En el ámbito de la transición ecológica, que está vinculada con el reto país 2 y con la política aceleradora un país que respete los límites del planeta, se ha previsto una inversión de casi 12 000 millones de euros, para políticas
medioambientales y de transición energética, que incluyen 2185 millones de euros para fomentar una movilidad sostenible, incluyendo el refuerzo del transporte público y su modernización con vehículos no contaminantes, el establecimiento de zonas de
bajas emisiones o el despliegue de infraestructuras de recarga entra otras actuaciones. Es una apuesta por la transición social y ecológica justa, en la que la innovación va a tener un papel destacado a través de una inversión de casi 13 300
millones de euros destinados a investigación, desarrollo, innovación y digitalización, que igualmente constituye la mayor inversión en la historia de nuestro país y prácticamente duplica, con un incremento de un 88,5 %, la inversión del año 2020.
Esto nos va a permitir algo muy importante, que es sentar los cimientos para que nuestro modelo económico deje de estar basado en los bajos salarios y en sectores de bajo valor añadido y pongamos en marcha un modelo productivo anclado en la
investigación, el desarrollo y la innovación, para generar empleos estables y de calidad y que aumenten los salarios de las personas trabajadoras y nuestras capacidades y soberanía productiva, es decir, una inversión plenamente coherente con la
política aceleradora número 4 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un nuevo modelo económico y productivo, verde, digital y justo.
En esa misma lógica se sitúa la inversión en política industrial, dirigida a incentivar su localización en los distintos territorios del Estado y a apoyar particularmente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas para que puedan
afrontar con garantías la doble transición ecológica y digital, a través del impulso, entre otros instrumentos, de los Perte. En esa misma línea, las políticas de empleo van a tener un lugar muy destacado, destinando un total de 7600 millones de
euros para que esta reconstrucción se haga de la mano del trabajo, decente y de calidad, generando oportunidades para todos los sectores de la sociedad, una inversión que, junto con las reformas y actuaciones que viene implementando el Ministerio de
Trabajo y Economía Social, incluida la inminente reforma laboral, nos va a permitir avanzar en el logro de la política aceleradora 6 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que es calidad y estabilidad en el empleo.
Como decía anteriormente, el fortalecimiento de los servicios públicos y la garantía de derechos es otra de las señas de identidad de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y de los presupuestos aprobados por el Gobierno para el próximo
año. En este ámbito, destaquemos el incremento de un 11 % del presupuesto para sanidad, sin incluirse en ese incremento las vacunas, y un 2,6 % en el caso de educación. A ello podemos sumar la inversión en materia de atención a la dependencia, que
es, como saben, una de las piedras angulares en materia de protección social de este Gobierno, un compromiso que ya se plasmó en el año 2021 en forma de plan de choque, permitiendo revertir en un solo año los recortes que el Partido Popular había
realizado durante su Gobierno. Pues bien, no solo vamos a mantener la inversión del 2021, que son 600 millones de euros, sino que vamos a duplicarla, sumando otros 600
millones adicionales, destinados a cumplir con el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal de las personas en situación de dependencia, que, como saben, reconoce la atención a la dependencia como un derecho universal y
subjetivo, integrado en el sistema de protección social, junto a la sanidad, los servicios sociales y la seguridad social, articulando todo ello el sistema para la autonomía y la gestión de la dependencia. Para todo ello habrá una subida de las
cuantías de nivel mínimo de un 17,4 %. En definitiva, señorías, hablamos de unos incrementos presupuestarios que son plenamente coherentes con las obligaciones establecidas en la política aceleradora número 6 de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible, que comprometen a este Gobierno con unos servicios públicos reforzados para un Estado del bienestar democrático y resiliente.
Por último, en coherencia con el reto de país 3, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que es cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación, el presupuesto destinado a políticas de igualdad superará en el
año 2022 los 500 millones de euros, una inversión que sin duda va a posibilitar avanzar en una necesaria y nueva generación de derechos feministas. Debo destacar que prácticamente el 90 % de los programas que integran los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022 contribuyen a cerrar la brecha de género. Ahora bien, la novedad de estos presupuestos no está solo en el apartado de las inversiones. El de los ingresos, quiero reseñar que el acuerdo alcanzado para fijar un tipo mínimo
efectivo del 15 % del impuesto sobre sociedades sobre la base imponible del impuesto constituye, sin duda, un paso muy importante e imprescindible en la reforma fiscal que debe acometer nuestro país como herramienta clave en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad. Ya saben ustedes que es mucho menos de lo que pagan la media de los trabajadores en su impuesto sobre la renta de las personas físicas y, además, lo pagan sobre todos sus ingresos, no solo sobre los beneficios.
Una vez presentadas las líneas principales de la propuesta de presupuestos generales para el año 2022 y su contribución a las prioridades establecidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, les voy a detallar el presupuesto
correspondiente a esta secretaría de Estado. Lógicamente, el camino emprendido en los presupuestos generales de 2022 hacia un futuro más ecologista, más feminista y más justo socialmente tiene su reflejo, como no puede ser de otro modo, en los
presupuestos de esta secretaría de Estado, que ascienden a 23 millones de euros, un poco más, de los que, extrayendo la partida correspondiente al capítulo 1, gastos de personal, que me imagino que ya ha sido explicada con todo detenimiento en la
comparecencia del señor subsecretario del Ministerio de Derechos Sociales, supone un importe global de 21,5 millones de euros. Esta cantidad, que es la misma del año 2021, se verá incrementada en 4 millones de euros que corresponden al servicio 50
del ministerio, que son los fondos europeos, que serán gestionados por esta secretaría de Estado para la Agenda 2023 y a los que me referiré más adelante. Se consolida por tanto el presupuesto de esta secretaría de Estado, produciéndose en términos
prácticos un incremento de recursos de un 18,56 %. Este es el segundo año de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 desde su creación en el año 2020. Es una secretaría de Estado muy joven, pero en tan breve periodo de tiempo ha sabido
acometer de forma eficaz las tareas que tenía encomendadas en el Real Decreto 452/2020, que desarrolla la estructura orgánica de nuestro ministerio y donde se enumeran las competencias de esta secretaría, competencias en las que se centrará el
esfuerzo presupuestario que voy a presentar.
Estas tareas han tenido, como todos ustedes saben, el hito de la aprobación de la estrategia y su presentación ante las Naciones Unidas el pasado 15 de julio. Una vez aprobada la estrategia, disponemos del pilar fundamental que articula las
prioridades del Gobierno en esta materia para los próximos años. Son el baluarte del cumplimiento de la agenda en nuestro país y, por tanto, los esfuerzos de esta secretaría de Estado en el año 2022 estarán dirigidos al desarrollo de las funciones
de coordinación de las actuaciones para la implementación de sus ocho políticas aceleradoras del desarrollo sostenible; ya saben, una Comisión Delegada del Gobierno en la que figuran hasta catorce ministerios. Por este motivo, las prioridades del
presupuesto de la secretaría de Estado en el año 2022 han querido mirar directamente a los ojos de la ciudadanía y volcarse en la academia, en la economía social, en las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, en definitiva, en la sociedad
civil, y también en las entidades locales, en los ayuntamientos y otras corporaciones locales. Son las dos mayores partidas del presupuesto para el año 2022 las que atienden a estas instituciones. Esto supone 10 millones de euros para los
primeros, para la sociedad civil, igualando la cantidad destinada este año, y 10 600 000 euros para el trabajo en materia de localización de la Agenda 2030, que se desarrollará a través de las entidades locales, como explicaré más adelante.
Lo hemos dicho y lo probamos con hechos, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no es solo un propósito del Gobierno, debe ser y es un tarea que incumbe al conjunto del
país y, al igual que la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido elaborada y diseñada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la sociedad civil, la academia, los sindicatos y el sector empresarial, con un
altísimo grado de coincidencia y consenso, estos actores también deberán ser protagonistas a la hora de extenderla a la sociedad y de ejecutar estos presupuestos, y por eso vamos a contar con su colaboración al igual que ya hemos contado con su
colaboración en este año.
De este modo, en el capítulo 4 del presupuesto de esta secretaría de Estado se mantienen los 10 millones de euros consignados en el presupuesto del año 2021, que estarán dirigidos a posibilitar una nueva convocatoria de subvenciones en el
año 2022 para apoyar actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 y proyectos piloto. Posibilitaremos así continuar con el éxito que ha supuesto la convocatoria de este año, que ha recibido las propuestas de casi 700
entidades (entre asociaciones, fundaciones, universidades y entidades de la economía social) y que hoy está en fase de valoración. Sin duda, los proyectos seleccionados van a ser clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cada
uno de ellos, con sus especificidades, servirá para complementar los esfuerzos de las administraciones públicas en el logro de las prioridades de actuación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, a través de distintas iniciativas en ámbitos de
incidencia política y social, proyecto piloto, buenas prácticas o, sobre todo, iniciativas en el ámbito de la innovación social, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, proyectos que implican a toda la sociedad en la meta de
alcanzar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con esta misma voluntad, la de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las problemáticas más cercanas que afectan a la ciudadanía, desde el propósito de entender el sentir que los ODS sirven para mejorar las condiciones
de vida de la gente, hemos duplicado la inversión dirigida a las entidades locales. Vamos a pasar de los 5 millones de euros consignados en el presupuesto de este año, de 2021, a 10 millones de euros en 2022, de los que 6 millones son recursos del
programa 921. Y de esta secretaría de Estado de los Presupuestos Generales del Estado y otros 4 millones de euros, como decía anteriormente, corresponden al servicio 50 asignado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, concretamente a las
líneas de inversión 1 y 2 del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estarán bajo nuestra gestión directa.
Esta secretaría de Estado está totalmente convencida del papel primordial que corresponde a las entidades locales a la hora de implementar la Agenda 2030 y extender el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, tenemos la
obligación de acompañar a los ayuntamientos para que desplieguen los principios y valores depositados en la Agenda 2030 en las políticas municipales de los más de 8000 municipios que constituyen la entidad básica de la organización territorial del
Estado y que son los cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero sobre todo tenemos la obligación de impulsarlo con acciones concretas, promocionando buenas prácticas y experiencias piloto que pongan de manifiesto que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso de Naciones Unidas, de toda la comunidad internacional, para mejorar la vida de las personas día a día. Y a ello se suma, además, una subvención nominativa a la Federación Española de
Municipios y Provincias, que el año que viene tendrá un importe de 600 000 euros y que estará destinada a reforzar las capacidades de los municipios que integran la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, que actualmente engloba a 348
gobiernos locales y que conjuntamente representan una población total de más de 25 millones de personas. Yo aprovecho para animar a otros ayuntamientos y entidades locales a que se sumen a esta red y podamos continuar avanzando para alcanzar a más
población de este país, ojalá que al cien por cien.
La última partida de este capítulo corresponde a 200 000 euros destinados a poner en valor y reconocer aquellas actuaciones que deban destacarse porque ejemplifiquen buenas prácticas de aplicación de la Agenda 2030, es decir, den a conocer
experiencias importantes con el fin de replicarlas cuando hayan tenido buenos resultados.
En cuanto al capítulo 2, quiero destacar en primer lugar la reducción de la inversión en campañas institucionales de publicidad, pasando de 4,7 millones de euros en este año 2021 a 2 millones de euros en el año 2022. Como ya dije, los
presupuestos de esta secretaría se han confeccionado teniendo presentes las funciones de impulso, seguimiento y cooperación para la implementación de los compromisos recogidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2030. Ello requiere de un
aumento de la inversión en actuaciones de apoyo a su implementación, y eso es lo que hemos hecho. En ese sentido, vamos a posibilitar, entre otros, el desarrollo de estudios y trabajos técnicos para la mejora de los mecanismos de seguimiento de
dicha estrategia, con apoyo de las universidades y otras entidades especializadas, así como con el concurso de las agencias de Naciones Unidas, destinándose a tal fin 1,5 millones de euros. Estamos convencidos,
sinceramente, de que la mejor forma de difundir la importancia de la Agenda 2030 es llevando adelante buenas prácticas y poniendo en marcha proyectos útiles para nuestra sociedad, por eso vamos a acometer este incremento de las inversiones y
una reducción de la publicidad.
Todos estos recursos irán asimismo destinados a posibilitar otros trabajos técnicos para continuar mejorando el marco de indicadores, los mecanismos de seguimiento y reporte anual de los avances, que resultan imprescindibles para conocer el
impacto de las actuaciones y para la rendición de cuentas, incluyendo la puesta en marcha de un sistema integral de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Este trabajo ya saben que se ha venido realizando a través de los mecanismos
normalizados del Estado, fundamentalmente el Instituto Nacional de Estadística y los organismos equivalentes en las distintas comunidades autónomas, y, por tanto, se va a realizar también en el año 2022, con la colaboración activa de los tres
espacios de la cogobernanza y partiendo de las mejores experiencias que existen a nivel internacional, incluidas las recomendaciones de la OCDE. Un millón de euros se va a destinar a la celebración de seminarios y debates especializados en torno a
la implementación de los distintos retos de país y sus políticas aceleradoras, ya que esta debe hacerse de forma reflexiva, meditada, argumentada y debatida, que son los motivos que justifican el aumento de esta partida presupuestaria. Así, la
valoración presupuestaria conjunta de estas dos partidas (estudios y trabajos técnicos más reuniones, conferencias y cursos) pasará de 1,5 millones de euros en 2021 a 2,5 millones de euros en 2022. E, igualmente, los nuevos presupuestos incluyen un
ligero aumento en la partida de viajes institucionales, lo cual es bastante coherente con la actual situación epidémica, que posibilitará una mayor movilidad a diferencia de lo que hemos sufrido en los pasados meses, de forma que se permitirá una
mayor atención al trabajo en materia de la Agenda 2030 en los territorios del Estado. La variación presupuestaria pasa de 100 000 euros en 2021 a 220 000 euros en 2022.
En definitiva, señorías, los presupuestos de esta Secretaría de Estado están pensados para posibilitar el ejercicio de las funciones de impulso y coordinación de esfuerzos que tenemos asignadas, haciendo partícipes de ello a los distintos
órganos de cogobernanza de la Agenda 2030, la Comisión Delegada del Gobierno, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y el Consejo de Desarrollo Sostenible, así como a otros actores particularmente relevantes como son entidades locales,
universidades u organizaciones de la sociedad civil. Todo se enmarca en un esfuerzo conjunto del Gobierno de España plasmado en el conjunto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que esperamos, estamos
convencidos de que va a posibilitar avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través, en nuestro caso, del cumplimiento de nuestra Estrategia de
Desarrollo Sostenible.
Muchas gracias. Quedo a su entera disposición y espero que les haya resultado de utilidad esta exposición.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, y gracias también por el buen uso del tiempo.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la diputada Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Gracias, secretario de Estado, y bienvenido en su condición a esta Comisión. Simplemente, por hacer hincapié en algunas de las cuestiones que usted ha dicho, primero, en relación a lo que son recomendaciones en lo que tiene que ver con los
compromisos de la Agenda 2030 de los organismos internacionales, me gustaría saber cómo van a hacer ese control del cumplimiento de las recomendaciones. Por ejemplo, en materia de igualdad de trato, usted sabe que tenemos ciertas recomendaciones,
por ejemplo, las últimas que se hicieron por parte del EIGE al Estado español, que siguen sin cumplir; de hecho, ahora estamos en el periodo de seguimiento. La Cedaw también ha hecho una serie de recomendaciones; tenemos también cumplimientos en
relación, por ejemplo, al marco del convenio de la OIT, el 189, tenemos que cumplimentarlo. O sea, si va a haber una acción específica también dentro de lo que es el marco de la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el cumplimiento
de las obligaciones a nivel internacional, de seguimiento, porque actualmente creo que tenemos un déficit.
Por otro lado, en relación a los objetivos y dentro de lo que es el propio desarrollo, me gustaría conocer, dentro de lo que es el ámbito de la pobreza y las implicaciones incluso de las personas que viven en extrema vulnerabilidad, cuál es
la iniciativa que tienen de trabajo y, luego, aunar en esa importancia del
trabajo en alianza con el propio tercer sector de acción social lo que es el desarrollo de los objetivos. O sea, simplemente decirle que en eso mostramos acuerdo y si nos puede especificar un poquito más la materia de vivienda y las zonas
de extrema necesidad, hilando también con el anuncio que ha habido de la nueva ley de vivienda y cómo se podría contemplar el que abordemos ese objetivo de la pobreza extrema y de la infravivienda y el chabolismo, que ya le he preguntado al propio
secretario de Estado, pero para tener también su opinión y en ese cumplimiento de los compromisos internacionales.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la diputada Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
Quiero agradecer al secretario de Estado su explicación en relación a los Presupuestos Generales del Estado.
Hay que recordar que el día 25 de septiembre se cumplieron seis años de la resolución de la ONU sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hay que recordarlo especialmente a la extrema derecha negacionista y a la que le gusta
mucho hablar de chiringuitos, además de utilizarlos. Hay que recordar que la agenda, que los ODS son el resultado de un proceso de negociación que involucró a 193 estados y la participación, sin precedentes, de la sociedad civil, con una amplia
representación, propiciada por la ONU, de ONG, sindicatos, empresas y entidades de todo tipo.
Unidas Podemos consideramos los objetivos de la Agenda 2030 como un horizonte y un camino claro de desarrollo justo, sostenible e igualitario, como usted ha dicho. Nos los tomamos en serio. Los ODS requieren dedicarles presupuesto y
planificar y garantizar su implantación, y el secretario de Estado ha dejado claro qué es lo que está haciendo este Gobierno de coalición. Ha sido este Gobierno el que ha asumido este compromiso al más alto nivel, con un ministerio y una secretaría
de Estado, con seriedad, trabajando por alinear todas las políticas de los distintos ministerios, atendiendo a esas prioridades y, ahora, asumiendo los ODS como hoja de ruta para una reconstrucción justa después de la pandemia.
Miremos un poco hacia atrás para valorar cuál ha sido hasta ahora el nivel de compromiso respecto a los ODS en nuestro país. En 2015, una ponencia en el Senado, tras comparecencias de organizaciones y expertos, redactó unas conclusiones,
unos deberes para el Gobierno, diríamos. Comentaré algunos. Planteaba la necesidad de que existiera un mecanismo que ejerciera acciones de liderazgo, impulso y coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto era en 2015, recuerdo.
Pues durante tres años, con gobiernos del Partido Popular, no se hizo nada. El Gobierno surgido de la moción de censura nombró una Alta Comisionada para la Agenda 2030 y en esta legislatura, desde el ministerio y la secretaría de Estado, se ha
constituido una comisión delegada, a la que ha aludido el secretario de Estado y en la que participan quince ministerios, y una conferencia sectorial con comunidades autónomas y Administración local para articular la implementación multinivel de la
agenda. Todo esto se puso en marcha en los primeros seis meses de gobierno. También planteaba esta ponencia del Senado elaborar y publicar un diagnóstico que trazara la línea de base para valorar después la evolución de indicadores. Tampoco se
hizo nada en tres años, y en julio de 2020, la Vicepresidencia del Gobierno presentó el Informe de Progreso del Desarrollo Sostenible, incorporando contribuciones de las comunidades autónomas, y se ha participado en el Foro Político de Alto Nivel de
la ONU, con el compromiso del examen voluntario en 2021. Se recomendaban mecanismos de coordinación, un espacio permanente de participación de todos los interlocutores, administraciones, universidades, empresas, ONG, sindicatos. Este Gobierno lo
puso en marcha en 2020: el Consejo de Desarrollo Sostenible. También se decía que los proyectos de Presupuestos Generales del Estado deberían ir acompañados de un informe de adecuación a las prioridades de la Agenda 2030 y su asignación
presupuestaria. Los gobiernos del Partido Popular nunca tuvieron en cuenta esta adecuación, que era una obligación del Estado adquirida en la Asamblea de la ONU en 2015; sin embargo, los presupuestos de 2020 y 2021, como acaba de explicar el
secretario de Estado, sí incluyen los ODS y el informe de adecuación a la Agenda 2030. También recomendaba favorecer la implicación y participación de toda la sociedad en este espacio, un espacio permanente de carácter global. Hasta ahora no se
había hecho nada, y hoy tenemos, ya se ha explicado, una Estrategia de Desarrollo Sostenible que pretende alinear al Gobierno de coalición, al conjunto de administraciones públicas, comunidades autónomas, municipios, sector privado, sociedad civil y
academia, así como también incluir la protección de los servicios públicos, la planificación de un sistema estatal de cuidados, la apuesta real, como se ha
explicado, por la transición ecológica, la digitalización o la movilidad sostenible. Para eso se está trabajando en foros de movimientos sociales con el sector privado, con especial atención a pymes y autónomos, y a otros ámbitos de la
sociedad civil.
En definitiva, antes de este Gobierno, en relación a la Agenda 2030, se realizaron algunos actos de propaganda y se guardó en un cajón. Este Gobierno de coalición tiene muy claro que los ODS deben dotarse en las políticas económicas y
sociales, las que cambian, las que mejoran la vida de la gente. Trabajamos para hacerlos realidad. Algunas medidas ya tomadas -también se ha mencionado aquí- son: el aumento del salario mínimo interprofesional a 950 euros, el ingreso mínimo vital
(un derecho imprescindible que trabajamos para mejorar), los ERTE, soporte como nunca para trabajadores autónomos, la prohibición de cortes de suministros, la ley de libertad sexual, la derogación del despido por faltas justificadas dentro del
proceso de derogación de la reforma laboral, la Ley de cambio climático y transición energética o la ley de vivienda, que se aprobará próximamente en el Parlamento. Estamos hablando de medidas que mejoran la vida de la gente, muchas veces sacadas
adelante con el voto en contra de la derecha, y que responden a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con la ocupación digna, con la erradicación de la pobreza, con la igualdad de género, con el empleo digno y el crecimiento,
con la lucha contra el cambio climático o ciudades y comunidades sostenibles. Hablamos de objetivos, de medidas y de políticas que mejoran la vida de la gente.
Esta pandemia ha puesto al descubierto debilidades muy graves en nuestro sistema. Hemos visto cómo algunas cuestiones que defendíamos en solitario desde Unidas Podemos en algún momento, hoy tienen un elevado consenso social porque dan
respuesta a los problemas reales, ofrecen seguridad y soberanía, por ejemplo, los servicios públicos, tan importantes, y los imprescindibles servicios sanitarios y educativos universales y de calidad. La pandemia ha hecho evidente que esto es
fundamental para un país y responden al Objetivo 3, de la buena salud, o el 4, de educación de calidad. La reindustrialización, también mencionada, hoy nadie duda de que es un objetivo imprescindible para nuestra soberanía y seguridad como país.
Hay que fabricar en el territorio lo que es vital, que responde al Objetivo número 9, de innovación e infraestructuras. Es importante tener en cuenta que todos estos objetivos tienen que traducirse en políticas que en definitiva mejoran el país y
mejoran la vida de la gente.
Hoy, con los fondos europeos, unos fondos que el Partido Popular boicoteó en Europa y que no quería que llegaran a nuestro país, tenemos la oportunidad de avanzar en estos objetivos y en estas políticas, en las grandes reformas que necesita
nuestro país, y en ello estamos trabajando. Hemos luchado para que sea un compromiso de gobierno, un compromiso serio y trasversal que impregne todas las políticas, y vemos que se está avanzando y realmente lo celebramos.
Un segundo nada más. Le preguntaría al señor Santiago si puede explicar algo más en relación a las ayudas a la Cañada Real, en este empeño de luchar contra la pobreza ante una situación dramática a la que había que dar una respuesta y que
no se había dado hasta ahora.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.
Es el turno del Grupo Parlamentario VOX y tiene la palabra la diputada Magdalena Nevado.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidente.
Señor Santiago, España es el único país de la Unión Europea que se ha montado un ministerio para la Agenda 2030, y han colocado en su organigrama justo a las personas que surgieron de los movimientos del 11 M en contra del globalismo y a
alguno más, como usted. Una sola persona vigilando que las demás comisiones fueran resilientes, sostenibles, inclusivas, ecológicas y con toda la perspectiva de género posible habría sido más que suficiente.
Mire, esta agenda pretende cambiar el mundo basándose en unas tesis del todo anticientíficas que persiguen el fin de la soberanía de las naciones, que nos conducen a la ruina, a la dependencia y a la obediencia absoluta a unas élites que
pretenden gobernar el mundo. Pero no funciona, señor Santiago, y no lo dice Vox porque se oponga a la agenda globalista, lo decimos porque los datos cantan.
Vamos a hablar de la eficacia de la Agenda 2030. El Objetivo número 1 habla de poner fin a la pobreza; en España, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza asciende a casi 10 millones de personas, 142 183 personas más que
en el ejercicio anterior. Objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Tenemos el paro juvenil más elevado de la Unión Europea y la productividad no solo no se ha incrementado, sino que estamos un 3,36 % peor que en el ejercicio anterior.
Objetivo 10, de reducción de las desigualdades. Casi 7 millones de personas perciben ingresos muy inferiores a los 23 375 euros de la
media de España, 427 550 personas más que en el ejercicio anterior. Y en cuanto al Objetivo 11, de ciudades y comunidades sostenibles, vemos cómo la población que vive con deficiencias en su vivienda es de casi 10 millones de personas, 2
137 750 personas más que en el ejercicio anterior. Estos datos son del INE, estos datos no me los he inventado yo. Y a pesar de todos estos datos, ustedes deciden incrementar aún más el gasto en personal y lo aumentan un 23,15 %, que se traduce en
296 000 euros más para colocar a gente en nombre de la pobreza. ¿Me puede decir usted cuánta gente va a colocar por 296 000 euros? Porque, claro, tratándose de ustedes, que les gusta cobrar por encima de los 100 000, pues lo mismo son un par de
ellos.
Nos encontramos, además, una partida de estudios y trabajos técnicos por valor de un 1 520 000 euros. ¡Qué barbaridad! ¿Y esos estudios y trabajos no los pueden realizar esas personas nuevas que van a contratar? Se lo digo porque con 1 520
000 euros, señor Santiago, podrían comer 500 familias durante todo un año.
La partida de publicidad y propaganda tampoco pasa desapercibida. Se ha reducido, pero van a destinar ustedes 2 millones de euros; 2 millones de euros en publicidad y propaganda. Señor Santiago, más de 650 familias podrían comer durante
todo un año con 2 millones de euros. ¿A ustedes no les da cargo de conciencia gastar todo ese dinero en publicidad?
Aumentan también, casi un 11 %, las transferencias corrientes. En 2021, se entregaban a cuenta a entidades locales 5 millones de euros y este año, un 20 % más. ¿Pero son 6 millones a repartir entre todos los ayuntamientos o solo a los
ayuntamientos de Podemos? ¿Cómo lo van a gastar exactamente? ¿En qué? ¿En erradicar la pobreza? ¿Lo van a destinar a subvencionar la luz, a la comida o a lo de siempre, a vender la agenda de colorines a todos y cada uno de los ciudadanos de este
país? Más de 1970 familias podrían comer durante un año con esa partida.
Mire usted, señor Santiago, esta es la agenda (mostrando un documento que pone 'Agenda España') que deberían defender ustedes como españoles que son, porque les pagan los españoles, y esto se lo voy a recordar todos los días.
Pero hay más. El año pasado presupuestaron 5 millones de euros para -esto es increíble- la producción artística alineada con la Agenda 2030; 5 millones de euros para la producción artística alineada con la Agenda 2030. ¿Qué pasó con
aquello? Porque no hemos sido capaces de encontrar qué ocurrió, no sé si es que no encontraron artistas alineados o qué. Lo que sí sé es que este año se destinan directamente 10 millones a los movimientos sociales, es decir, a las ONG, que
deberían llamarse OSG, Organizaciones Sí Gubernamentales, porque si reciben dinero del Gobierno, pues son OSG. Señor Santiago, más de 3200 familias podrían comer durante un año con esos 10 millones de euros. ¿De verdad que no le da a usted cargo
de conciencia?
Ustedes verán, señorías. Podrán engañar a sus conciencias, podrán intentar manipular y engañar a las conciencias de otros, pero la verdad se impone, se impone siempre, aunque sea en el último instante de sus vidas, y espero que ese instante
se les haga tan eterno como a todas esas personas que a diario esperan en las colas del hambre.
Gracias.
La señora SEVA RUIZ: ¿Puedes ponerte la mascarilla?
La señora NEVADO DEL CAMPO: El compareciente se la ha quitado, y yo también. (Rumores).
La señora SEVA RUIZ: Pero todos intervenimos con la mascarilla puesta. Todos los compañeros intervenimos con la mascarilla puesta. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón. Si me permiten una observación al respecto... El interviniente habla sin mascarilla porque hay una distancia suficiente con el resto de los diputadas y diputadas.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Perfecto, para otra vez me voy a una distancia...
El señor VICEPRESIDENTE: Voy a terminar la observación. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Por favor, permitidme terminar. Lo que se hace es que se pide permiso a los diputados o diputadas a quienes pueda
afectarles, quienes tengan delante o detrás, y si hay, digamos, consenso o acuerdo puede intervenir en tal caso sin mascarilla.
La señora ROMERO VILCHES: Perdone, el compareciente anterior estaba a la misma distancia que el señor Santiago de usted, es decir, a la misma que ella pueda estar de cualquier compañero, incluso él está a menos distancia, y no le ha dicho
absolutamente nada.
El señor VICEPRESIDENTE: No entramos en debate porque...
La señora ROMERO VILCHES: No veo lógico que a nosotras, por ser del Grupo VOX, se nos interrumpa constantemente en todas las intervenciones por cualquier motivo.
El señor VICEPRESIDENTE: No se le ha llamado la atención en ese caso.
La señora ROMERO VILCHES: Sí. ¿Cómo que no? Están interrumpiendo. A ver si lo entienden...
El señor VICEPRESIDENTE: Por favor, diputada Romero, se nos va el tiempo. En el caso de los comparecientes... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Por favor, escuchen la lógica que hay detrás para próximas
ocasiones. Los comparecientes acuerdan conmigo, que soy el presidente de la Mesa, al inicio, y el señor Romero lo puede confirmar, si pueden intervenir sin mascarilla; al inicio se coordina y se consensúa. Y en vuestro caso, con los diputados o
diputadas que tengáis delante, detrás, al lado, a izquierda o a derecha, si así lo consideran o si tienen la distancia prudencial, poder intervenir sin mascarilla; si no, tendrán que intervenir con mascarilla. Creo que la lógica está clara.
Entonces, para la siguiente ocasión entraremos en el mismo debate si no se tienen en consideración estas observaciones y atrasaremos el desarrollo normal de la sesión.
Tiene el turno por el Grupo Parlamentario Popular el diputado José Ángel Alonso.
El señor ALONSO PÉREZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señor Santiago. La verdad es que, siendo conscientes de lo poco que le gusta el control al Gobierno, le agradecemos el esfuerzo de comparecer hoy aquí.
Solamente tengo siete minutos, así que trataré de centrarme en la serie azul de los presupuestos para medir el alineamiento de las cuentas públicas con los ODS. Este informe, como usted conoce, los clasifica por su dimensión social,
medioambiental, económica e institucional, y en este orden haré la valoración de mi grupo parlamentario.
El análisis general que hacemos es que estamos ante unas cuentas públicas imprudentes y electoralistas, propias de un gobierno irresponsable, con estimaciones falsas que no tienen en cuenta la inflación y los tipos de interés. Y la pregunta
de muchos ciudadanos es: ¿por qué mienten en los ingresos? Pues la respuesta es muy sencilla: para poder cuadrar las cuentas y poder seguir despilfarrando el dinero público.
Hablan ustedes en estos presupuestos alineados con los ODS de que es necesario desarrollar e implementar una política tributaria justa y progresiva, llevando a cabo procedimientos de control del gasto público. ¿Control del gasto público,
señor Santiago? Lo de implementar la política tributaria reconozco que se les da estupendamente, pero han disparado tanto el gasto público que no lo pueden compensar ni siquiera con su hachazo fiscal a las familias a través de subidas masivas de
impuestos. ¿La consecuencia? La conoce: elevar la deuda pública al peligrosísimo ritmo de un 10 % anual. El mejor ejemplo de esta irresponsabilidad lo hemos visto hace unos días: con una mano les damos a los jóvenes 400 euros para que se lo
gasten donde el Gobierno les diga y con la otra nos endosan a los españoles una deuda de 5350 euros por cabeza; ese es el aumento de la deuda per cápita desde que Sánchez es presidente.
Están volviendo a poner en riesgo el Estado del bienestar, como ya ocurrió con Zapatero en la anterior crisis económica, y ustedes lo saben. Usted personalmente es comunista y es el secretario general del Partido Comunista de España, pero
yo me veo en la obligación de decirles que no han aprendido nada si siguen pensando que gastar más es una cualidad, porque hablan de gasto, gasto, gasto, y no es ninguna cualidad. La mejor ideología: el sentido común. Si cualquier padre de
familia sabe que tiene que ajustar sus gastos a sus ingresos, ¿por qué el Gobierno de España no? Si cualquier autónomo sabe que si sus gastos superan sus ingresos se verá obligado a cerrar su negocio, ¿por qué el Gobierno de España no? Nadie
entiende que mientras los españoles se aprietan el cinturón porque están perdiendo poder adquisitivo, ustedes gasten solo en altos cargos 108 millones de euros más que el último Gobierno del Partido Popular, todos los años.
En la dimensión social de los ODS, y continuando con lo que ya le dije en su anterior comparecencia, nos gustaría que dedicasen menos tiempo a la propaganda y más a trabajar en su fracasado escudo
social, pero veo que no me han hecho mucho caso. Más de un año y medio después de su aprobación, su medida estrella contra la pobreza, a la que ha hecho referencia, el ingreso mínimo vital, alcanza a un tercio de la población que se marcó
como objetivo. Según Cáritas, solo el 18,6 % de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o lo tiene concedido, y a casi la mitad de los solicitantes en pobreza severa les ha sido denegado. A mí me da vergüenza escuchar hablar de éxito
de recuperación cuando la realidad que viven los españoles está tan alejada de lo que ustedes nos venden. Y es que, además, ¿de qué me sirve que estos presupuestos falsos nos anuncien incrementos en las partidas si de 3000 millones de euros
presupuestados solamente se ha ejecutado alrededor de un 50 %? Presupuestar es fácil; gestionar eficaz y ágilmente para ayudar a quienes lo necesitan, ya no tanto. El ingreso mínimo vital, para mí, es el fracaso de la política social de este
Gobierno y lo más grave es que han jugado con las expectativas de los más vulnerables.
En el área de igualdad, lo mismo. Nos lo ha contado, no hacen más que incrementar partidas y señalar que el feminismo atraviesa y permea todo el presupuesto. Pero la realidad es que ya lo decían en sus presupuestos del año pasado y no
hemos visto que hayan contribuido a reducir el desempleo femenino o la brecha de género; de hecho, somos el segundo país con más paro entre las mujeres de la Unión Europea.
Donde sí que se ha ejecutado el presupuesto ha sido para abonar los salarios de la superestructura que tienen de altos cargos y eventuales, a los que hay que sumar nuevas contrataciones que cumplen a la perfección los requisitos que exige
este Gobierno: dos imputados por delito de malversación y prevaricación y, como fichaje estrella, la compañera Isa Serra; una señora condenada a un año y siete meses de inhabilitación por agredir a una mujer que desempeñaba su labor como policía.
¿Cómo valora estos fichajes?
En la parte medioambiental, no puedo evitar centrarme en el Objetivo 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Continuamos con una inacción generalizada para contener el precio de la
luz, que se refleja en estos presupuestos -hoy, martes, un nuevo récord-, y lo poco que se hace son reformas inoportunas, tardías y mal enfocadas que pretenden trasladar el esfuerzo económico a consumidores y empresas, mientras que el Gobierno sigue
sin hacer ningún tipo de esfuerzo presupuestario e incrementa su recaudación fiscal como consecuencia del aumento de dichos costes energéticos. ¿Qué les diría a esos españoles que meten a sus hijos en la cama a las siete de la tarde para que no
pasen frío por una mala política energética? ¿Qué les diría a esas empresas que están paralizando su producción por el alto coste de la electricidad? Y a sus miles de trabajadores, ¿qué les diría, señor Santiago? Pocas luces tiene este Gobierno
para atajar la subida del precio de la electricidad. Será que como está muy cara, hemos decidido apagarlas.
De la parte económica ya le he adelantado una parte importante en la valoración general, pero quiero señalar que me sorprende mucho la disminución del gasto en desempleo para 2022, que baja considerablemente con respecto a 2021. Esta
reducción no se debe a una recuperación del mercado laboral, sino a que cada vez hay más parados que no cobran prestación. Actualmente, cuatro de cada diez parados no reciben prestación por desempleo. A esta mala situación quieren sumar ustedes,
como ha dicho, una reforma laboral contraria al crecimiento, a la flexibilidad empresarial y a la creación de empleo, asegurando así un futuro aún más negro a nuestro mercado de trabajo. Quiero acordarme especialmente de todos los jóvenes en paro
después de que ustedes nos hayan llevado a ganar la Champions League del desempleo juvenil en Europa.
Y, por último, aunque diría muchas cosas más pero tengo poco tiempo, me falta la dimensión institucional de estos presupuestos. Hablan en este informe que tengo aquí de fortalecer a todos los niveles instituciones sólidas, eficaces y
transparentes. Hablan de su elevada contribución a las políticas de justicia, defensa y seguridad ciudadana. Pero, señor secretario de Estado, es que hay que predicar con el ejemplo. ¡Qué nos están contando! Ustedes no creen en las instituciones
de este país y ni mucho menos en fortalecerlas. ¿Les suena de algo el respeto a las decisiones judiciales y el acatamiento y cumplimiento de las sentencias? Porque no hay más que seguirles en las redes sociales. ¿De verdad cree que el espectáculo
dantesco que han dado la semana pasada ante la condena de su compañero Alberto Rodríguez hace algún favor a nuestras instituciones? ¿Va a disculparse y a dimitir usted o la señora Belarra por sus declaraciones? Lo único que fortalecen ustedes es
el amarre a sus escaños, porque cada día que siguen en el Gobierno nuestras instituciones se sienten más amenazadas.
Ahora, para finalizar, que ya me dice el presidente que vaya cortando, le traslado a la Mesa una serie de preguntas muy concretas sobre los presupuestos de esta secretaría.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Terminamos con un último turno. Por el Grupo Socialista, la diputada Noemí Villagrasa.
La señora VILLAGRASA QUERO: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.
Gracias, secretario de Estado. Bienvenido por primera vez a esta Comisión para comparecer desde el otro lado. Gracias también por la exposición detallada que nos ha hecho.
Sin duda, sus palabras nos anuncian que tras haber superado o estando en este momento de superación de una pandemia, que ha afectado con especial virulencia a las personas más vulnerables de nuestro país, este Gobierno progresista se prepara
para hacer realidad la década de la acción con la ambición que mandatan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la propia ciudadanía.
Abordábamos los anteriores Presupuestos Generales del Estado desde el reto al que nos arrojó una pandemia en un momento en el que todavía no avistábamos su final, pero sabíamos bien los esfuerzos que deberíamos hacer como país para dinamizar
y transformar nuestra economía y garantizar que la recuperación llegase y fuese palpable por la gente corriente de este país. Estábamos por ello ante una dotación presupuestaria histórica para la protección social y la inversión pública en España.
Pero la realidad es que la pandemia únicamente ha agravado las circunstancias a las que el conjunto del planeta llevamos años teniendo que hacer frente. Por ello, el contexto de fondo sigue siendo el mismo: un interregno neoliberal ingobernable,
desigual e injusto que nos aboca a la destrucción de la biodiversidad y a la pérdida de la dignidad de la vida humana. Nos urgía entonces salvar la vida de la ciudadanía, y parece que vamos camino de alcanzar ese objetivo, pero, no obstante,
debemos ser más ambiciosos y afirmar que los futuros presupuestos tienen que dirigirse decididamente no solo a paliar esas consecuencias, principalmente económicas, que para los españoles ha provocado la COVID-19, sino sentar las bases para que
puedan recuperar y ganar futuro con dignidad y derechos. Para acelerar la consecución de la Agenda 2030 en el próximo año, 603 388 millones de euros. Repito lo que ya dije en el año 2021, y es que este lo supera. Estamos ante los presupuestos con
mayor visión holística y transversalidad de la historia de nuestro país, anteponiendo lo urgente, que es la sostenibilidad y el bienestar de todas las personas. Con ellos continuamos con un nuevo enfoque de presupuestos que vertebra el compromiso
de España ante la comunidad internacional y aprovechamos la oportunidad histórica que nos ofrece el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, los Next Generation, y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno de España.
Quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor secretario, agradecerle haber consolidado el informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que evidencia el gran trabajo del Ministerio de Derechos Sociales
junto con el Ministerio de Hacienda. Sin duda, estos presupuestos reconocen no solo la transversalidad de la Agenda 2030 y su guía como política de crecimiento y estabilidad, sino el interés político de un gobierno que hace posible la coherencia de
políticas, identificando en los proyectos generales los retos de país de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
Decíamos que son muchos los desafíos que acogen estos presupuestos en su alineación con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la que las socialistas trabajamos en la búsqueda de un consenso que elevase la ambición, acelerase la acción y
midiera el progreso de forma significativa, así como se comprometió este Gobierno, el Gobierno de España, y su ministerio ante la Asamblea de Naciones Unidas en el examen voluntario, como nos detallaba el secretario de Estado, y con reflejo en esas
políticas aceleradoras. Entre esos retos, que se pueden ver bien reflejados en los presupuestos de la secretaría de Estado, quería destacar el rol que se ha reconocido a las entidades locales y cómo la lucha contra la despoblación y el desafío del
reto demográfico han quedado evidenciados en el compromiso que la secretaría ha adquirido para 2022 con la Federación Española de Municipios y Provincias para el fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, de manera
nominativa y explícita, con más de medio millón de euros destinados a generar conocimiento a través del intercambio de las buenas prácticas, y también con las entidades locales, con 6 millones de euros, lo que no significa otra cosa que reconocer,
como decía, el rol de sostenibilidad no solo ambiental sino también social y económica en el país. También quería destacar los 10 millones de euros destinados a la sociedad civil, de los que 6 millones, más de tres cuartas partes de ese modesto
presupuesto que maneja la secretaría de Estado, están destinados al impulso de acciones de implementación de la Agenda 2030 en la calle y con la gente, en los municipios, en la universidad, en las entidades y con las asociaciones.
La Agenda 2030 -esto ya lo he dicho más veces- no es un privilegio que los países ricos podamos permitirnos cuando las cosas van bien, es una alternativa perceptible pero real ante los riesgos
monumentales de un modelo de progreso insostenible, inequitativo e injusto. Los ODS son, al mismo tiempo, la respuesta a muchos de nuestros problemas actuales y una herramienta útil para prevenir los retos del futuro. Sabemos, lo hemos
comprobado, que cuanto mayor sea el esfuerzo y la inversión en el cumplimiento de los ODS, más resilientes serán nuestras sociedades.
Secretario, no le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer un ruego. Tenemos la urgencia de defender la Agenda 2030 y de llamar a la cogobernanza, no por empecinamiento ni por doctrina, tenemos que hacerlo, como lo hemos visto aquí, por
salud democrática, porque es el instrumento que mejor dibuja la España que merecemos: un país feminista y ecologista, igualitario, solidario y corresponsable, que acoge y no expulsa, que protege a su ciudadanía y cumple con los derechos humanos, un
país que redistribuye su riqueza y que ataja la pobreza, que trabaja hacia la transición energética justa ambiental y social, y donde trabajar cuenta con altas cotas de dignidad, un país en el que la prosperidad y el crecimiento estén acompasados
con el medio ambiente y donde en las escuelas se enseñe que la infancia tiene derechos, que somos un país libre, que vive en paz y que tiene memoria democrática, nuevamente, un país donde nadie se quede atrás. Eso se hace en la práctica de dos
formas, es decir, legislando, como se ha hecho esta mañana, con el bono social y térmico, con la ley estatal de la vivienda o con lo que estamos ahora, con los Presupuestos Generales del Estado. Como bien sabe, el reto al que nos enfrentamos como
país no es pequeño y por ello pedimos la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios con estos presupuestos.
Señorías del Partido Popular, les voy a decir dos cosas. Si a la hora de apoyar estos presupuestos van a aplicar su sentido común, el mismo sentido común que aplicaron para la salida de la crisis, mejor no lo apliquen. Por otro lado, en
torno a la ejecución presupuestaria, también nos preocupa a nosotros. Cómo no nos va a preocupar si esta es la mayor tensión orgánica que ha soportado una administración jamás y nunca vista en España. Nos preocupa que las administraciones públicas
estén tensionadas, lo que me extraña es que les preocupe a ustedes, porque todo este tiempo que llevamos de Gobierno nos hemos tenido que dedicar a reponer y a dotar de presupuesto toda aquella falta de inversión que ustedes hicieron con el empleo
público.
Secretario, por conciencia, para que no tengamos cargo, este Gobierno ha llegado hasta aquí no solo con el compromiso, sino con la obligación de hacer de este país un lugar más decente para ser habitado. Este país no es nada sin el resto
del planeta, y usted ha dicho más de una vez que no aspiramos a otra cosa más que a hacer que todas las personas, todas las españolas y todos los españoles vivamos dignamente y bien. No aspiramos a otra cosa que a ser una España imitable,
confortable, respetuosa y que nos proteja. Voy a utilizar, para terminar, al viejo profesor Tierno Galván y diré que no aspiramos a otra cosa que a hacer de nuestros pueblos y ciudades dignos hogares públicos.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Villagrasa.
Concluido el turno de portavoces, pasaremos a un último y único turno de réplica del secretario de Estado, por diez minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Santiago Romero): En primer lugar, quiero agradecer a la señora Giménez su buen tono y su espíritu siempre constructivo.
Efectivamente, quiero decirle que también es una preocupación y una obsesión de esta secretaría de Estado que España cumpla con sus obligaciones a nivel internacional. Para ello, evidentemente, vamos a intentar, estamos intentando, corregir
todo el tiempo perdido respecto a la no implementación de los convenios internacionales en materia de igualdad de trato, de fin de la discriminación y, es más, es voluntad de esta secretaría de Estado impulsar una normativa que convierta en
resoluciones de obligado cumplimiento todas las decisiones de organismos internacionales que tienen que ver con el cumplimiento por cualquier Administración pública de los contenidos de los convenios internacionales suscritos por España en materia
de derechos sociales, derechos económicos, derechos humanos en general y todo lo que tiene que ver con discriminación, porque creemos que eso es una forma de, efectivamente, avanzar para ir acabando con esos problemas. Eso no obsta para que, desde
luego, esta secretaría de Estado entienda que hay mucho que hacer todavía para empujar a que todas las administraciones públicas puedan cumplir esas obligaciones, y eso va a ser nuestro trabajo, intentando corregir todo lo que no se ha hecho en los
últimos años en nuestro país.
Sobre la pobreza, nosotros creemos que la mejor forma de acabar con la pobreza -y ya ha visto, tenemos un incremento del gasto social como nunca ha habido en este país- es cumplir el Reto país 4 y el Reto país 5 de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible, que es una reindustrialización verde y sostenible,
crear empleo de calidad, incrementar la formación de los trabajadores y trabajadoras en este país y el valor añadido de todas las cadenas de producción, es decir, para que no se pueda deslocalizar, es decir, para que ningún empresario pueda
trasladar las cadenas productivas que hay en nuestro país a otros países porque no encuentre trabajadores tan bien formados y tan bien preparados, porque no encuentre mecanismos de innovación, de desarrollo o de investigación para procurar productos
finales tan acabados, y así es como tenemos además que conseguir trabajo de calidad, que es el Reto país 5. Pero, mientras tanto, hemos aprobado el ingreso mínimo vital, y es verdad, como decía el señor Alonso, que, desgraciadamente, por ahora solo
ha alcanzado a un tercio de los que tenía que alcanzar. Por eso el compromiso de todo el Gobierno, cuando se pone en marcha un nuevo derecho, es incrementar y vamos a hacer lo posible -y espero que el Partido Popular nos apoye- para que durante
este año 2022, con estos presupuestos del Estado, ese ingreso mínimo vital llegue al 100 % de la cobertura y, además, mejorando su alcance, que es lo que queremos hacer constantemente.
En materia de infravivienda y nuestro trabajo respecto al chabolismo, en primer lugar, creo que este año ya hemos hecho importantes movimientos en las partidas presupuestarias para poder destinar fondos a contribuir, junto con otras
administraciones, concretamente, con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, a poner en marcha un plan para realojar a la población que hay en la Cañada Real. Esperamos que a final de este año ya podamos
implementar casi 5 millones de euros, cumpliendo el compromiso que España adquirió ante la comunidad internacional cuando el sistema de relatorías de Naciones Unidas requirió crear medidas para llevar adelante esta tarea, que, como saben, se ejecuta
por las comunidades autónomas, en este caso, se tiene que ejecutar y es una obligación de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos competentes.
¿Qué es lo que ha hecho este ministerio y esta secretaría de Estado? Impulsar la creación de un grupo intergubernamental de trabajo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y el Alto
Comisionado del Gobierno contra la Pobreza Infantil, coordinado por la señora delegada del Gobierno en Madrid, para coordinar con el Pacto regional, de forma que hemos conseguido reactivar esas actividades, como bien sabe el Partido Popular, con
absoluta unanimidad de la gestión de esta secretaría de Estado con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, con el Ayuntamiento de RivasVaciamadrid; obviamente, la mayor partida presupuestaria va a ser finalmente
implementada por el Ayuntamiento de Madrid.
No sé quién me preguntaba. Sí, la portavoz de VOX. Hombre, ahí tiene usted el ejemplo, señora Nevado, de cómo implementa esta secretaría de Estado. Nosotros no miramos el color de los ayuntamientos, miramos la gravedad de los problemas, y
hemos considerado que en el problema de la Cañada Real hay unanimidad entre todas las administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de Madrid, donde ustedes, su partido político cumple un importante papel a la hora de mantener ese Gobierno, y ha
habido absoluta unanimidad en la necesidad de poner en marcha ese programa. Y le digo más, hemos movido todos los presupuestos que hemos podido mover para dedicar a eso 5 millones de euros este año y que no sea el único esfuerzo. Porque, además -y
continúo contestando a la señora Giménez-, es voluntad de esta secretaría de Estado acometer, igual que otras muchas tareas, programas para incentivar a las administraciones competentes, que no es esta secretaría de Estado, las administraciones
competentes -las comunidades autónomas y los ayuntamientos- donde hay esos supuestos de infraviviendas, que hay en muchos lugares, hay en Andalucía, hay en Castilla-La Mancha, hay en la Comunidad de Murcia, relacionados habitualmente con el trabajo
de trabajadores y trabajadoras del campo, temporeros habitualmente, también con alguna otra población en situación de vulnerabilidad social, en el año 2022, igual que hemos hecho este año, también vamos a destinar millones de euros a colaborar con
otras administraciones. Ya le digo que no vamos a mirar el color de ninguna de ellas para acometer esas tareas, vamos a mirar la gravedad del problema que haya. Creo que, igual que nos va a salir bien en la Comunidad de Madrid y vamos a dar ese
impulso, también lo haremos en otras comunidades autónomas.
Como tengo poco tiempo, me quedan cuatro minutos, yo quiero simplemente recordar algo. Este Gobierno ha tenido que acometer una tarea muy difícil en medio de la peor pandemia mundial que ha vivido cualquiera de los que estamos aquí, que
hemos vivido todos y todas, y seguro que lo hemos hecho fatal, pero, desde luego, los dramas que se vivieron en la anterior crisis hipotecaria de 2008 no se han visto en este país, es más, se ha desplegado un escudo social, que no lo decimos
nosotros, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas lo ha puesto de ejemplo (rumores), sí, sí, exactamente el secretario general de Naciones Unidas ha puesto el escudo social de este país como ejemplo de buenas prácticas gubernamentales para
acometer el impacto de la pobreza.
Fíjese, de esta forma y durante siete meses consecutivos, en España se ha reducido el desempleo en 750 000 personas, y eso es clave para reducir la pobreza. Hoy hay casi 20 millones, 19,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad
Social, algo que nunca había habido en España. Hombre, si nunca había habido en España 19,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, llegaremos a la conclusión de que hay más empleo en España que durante anteriores Gobiernos.
Solamente en ERTE a empresas del sector privado hemos invertido, hasta mayo de 2021, 8000 millones de euros, pero, mire, ha habido más ayudas a empresas durante la pandemia: líneas de avales por importe de 100 000 millones de euros, 70 000 millones
de euros destinados a pymes y autónomos; en marzo de 2021, nueva línea de ayudas por importe de 11 000 millones de euros para empresas y autónomos frente al COVID. Las ayudas desplegadas en 2020 ascendieron a un 20 % del producto interior bruto,
incluyendo ERTE, ayudas a empresas y autónomos. Es decir, díganme ustedes cifras, díganme los señores de VOX, los señores del Partido Popular, díganme cifras de Gobiernos que hayan dedicado más a mantener el tejido productivo, laboral, a mantener
empresas, trabajadores y autónomos, díganme más. Si ustedes me lo dicen, pues entonces seguro que les daré la razón, porque, insisto, a este Gobierno o por lo menos a esta secretaría de Estado nos da igual el color de las administraciones con las
que colaboramos, atendemos a la gravedad de los problemas.
Señora Nevado, de verdad que lamento mucho que ustedes hayan decidido, para confrontar con este Gobierno, confrontar con la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional, su máxima representación son las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas es la organización que ha preservado a la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial de una nueva catástrofe militarista como la que ocasionó el fascismo y el nazismo en los años treinta. (Rumores). Son las Naciones
Unidas las que han acordado esta agenda para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con multitud de problemas sociales. Y yo no puedo entender que ninguna persona mínimamente humanitaria, incluso cristiana en el sentido bíblico del
cristianismo, preocupada por sus semejantes, no puedo entender que se oponga a la Agenda 2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, hay gente en España que se opone. Mire qué bochorno ante la comunidad internacional (muestra un cartel): el 18 de septiembre del año 2021, en Madrid, una manifestación de nazis, de nazis en Madrid contra la Agenda 2030 ¡Qué
bochorno! (Muestra una fotografía), llenando todo el barrio de Chueca, que es un barrio de tolerancia, de proclamas contra la Agenda 2030, camisas azules contra la Agenda 2030 (muestra otra fotografía). Y a continuación, en los días sucesivos, VOX
presenta en un acto en Madrid su decálogo contra la Agenda 2030. (Muestra un recorte de prensa). A ver, yo no entiendo que se opongan de esta forma a las políticas sociales para sacar a la gente de la pobreza, ahora, sí entiendo perfectamente que
haya gente que se oponga a las Naciones Unidas que acabaron con el nazismo y que acabaron con el fascismo, y entiendo, además, que si hay tal furor y tanto odio a las Naciones Unidas pues alguna relación habrá entre esos dos fenómenos.
Yo les pido que reconsideren de verdad esta actitud porque, francamente, les deja a ustedes en un mal lugar...
La señora NEVADO DEL CAMPO: Perdón, por alusiones. Yo exijo que retire lo que acaba de decir ahora mismo, porque acaba de asociar a mi grupo parlamentario con un grupo nazi...
El señor VICEPRESIDENTE: Si pide la palabra, tiene que decir en virtud de qué artículo la solicita y las alusiones entrecomilladas.
La señora NEVADO DEL CAMPO: El 103 en relación con el 72. Es que se ha referido a mi grupo parlamentario y lo ha asociado con el nazismo y, desde luego, eso no lo puedo consentir...
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Artículo 103 ha dicho usted?
La señora NEVADO DEL CAMPO: Sí.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Cuál es la alegación? ¿Qué alega usted?
La señora NEVADO DEL CAMPO: Alego que ha asimilado a mi grupo parlamentario con un grupo nazi.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Santiago Romero): No. Yo he dicho que hay coincidencia entre las dos manifestaciones. (Vuelve a mostrar una de las fotografías y el recorte de prensa).
La señora NEVADO DEL CAMPO: Pero ¿cómo que hay coincidencias? Señor Santiago, ¡por favor! Esto es vergonzoso. De verdad, es vergonzoso.
Yo tengo mis motivos, mi grupo parlamentario tiene sus motivos para estar en contra de una agenda que pensamos que no beneficia...
El señor VICEPRESIDENTE: No tiene el uso de la palabra.
La señora NEVADO DEL CAMPO: ... y, cuando usted quiera, yo se lo explico, pero eso que está haciendo está muy mal, y lo sabe.
El señor VICEPRESIDENTE: No tiene usted la palabra.
Vamos a dar por concluida la comparecencia.
Si me permiten, haré un último turno de intervención. Aquí se han dicho muchas cosas, se han usado calificativos muy gruesos. (La señora Nevado del Campo: Auténticas barbaridades, como siempre...-Las señoras Nevado del Campo y Romero
Vilches abandonan la sala).
He anunciado que se iba a retirar del acta una calificación concreta referida a 'Gobierno gallinero', y voy a dar la oportunidad al Grupo Parlamentario Popular de que exprese el sentido en el que esta expresión ha sido enunciada.
Doy la palabra al portavoz José Ángel Alonso.
El señor ALONSO PÉREZ: Como no está mi compañera la diputada García, intervengo en su nombre y quiero decir que la RAE, en una de sus acepciones, que es la que ella ha utilizado, coloquial, habla de gallinero como 'reunión donde el griterío
o la discusión embarullada y confusa impide el mutuo entendimiento'. De esta forma se ha referido la diputada García al Gobierno, no con ningún afán de ofender.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aclarado. Yo lo había interpretado como una expresión deshumanizante, por lo tanto, había pedido que se retirase del acta. Sí que pediría para las siguientes sesiones respeto y guardar el decoro de la
Cámara, especialmente para las personas que comparecen.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.