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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 394, de 11/05/2021
cve: DSCD-14-CO-394
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 394
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
Sesión núm. 20
celebrada el martes,
11 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión:
- Elección de la Vicepresidencia Primera. (Número de expediente 041/000014) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos para incrementar la protección de los arrendadores. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000507) ...
- Relativa a garantizar a colectivos que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la Administración de Justicia la conciliación de su vida personal y familiar con su actividad profesional en el ámbito jurisdiccional. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000711) ... (Página8)
- Relativa a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. Presentada por los grupos parlamentarios Euskal Herria Bildu y Republicano. (Número de expediente 161/001858) ... (Página14)
- Relativa a garantizar la implementación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002200) ...
- Relativa a reforzar la justicia universal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/002448) ... (Página24)
- Relativa a instar al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, para garantizar la imparcialidad de la actuación del ministerio fiscal y para limitar el ejercicio
de la gracia del indulto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002454) ... (Página31)
- Para la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002455)... (Página37)
Votaciones ... (Página40)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA. (Número de expediente 041/000014).
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Justicia conforme al orden del día de la convocatoria.
Como todos ustedes conocen, en primer lugar, vamos a proceder a la elección de vacante en la Mesa de la Comisión correspondiente a la Vicepresidencia Primera que hasta ahora ocupaba el señor Enrique Santiago, al que quiero trasladarle mi
afecto, respeto y consideración y mi agradecimiento por el tiempo que hemos compartido en esta Mesa de la Comisión de Justicia.
Esta votación se realizará a través de papeleta. La correspondiente papeleta será depositada en la urna conforme al turno de entrega que el letrado irá haciendo de los nombres de sus señorías.
En el caso de que alguno de ustedes esté haciendo una sustitución de un miembro nato de la Comisión, ustedes deben comunicarlo en voz alta. Los miembros de la Comisión procederán a escribir un solo nombre en la papeleta, el nombre de la
propuesta que haga cada uno de ustedes. Insisto, un solo nombre en la papeleta.
Señorías, conforme me indica el letrado, el llamamiento a la votación en urna lo hará con el nombre del sustituido.
Vamos a iniciar el procedimiento de elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión de Justicia. El letrado irá llamando a cada uno de ustedes.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el recuento correspondiente a las papeletas entregadas, el señor Ruiz Navarro ha obtenido 5 votos, el señor Uriarte ha obtenido 16 votos y ha habido 12 votos en blanco. Por lo tanto, queda proclamado
vicepresidente primero de la Mesa de la Comisión de Justicia el señor Roberto Uriarte.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS PARA INCREMENTAR LA PROTECCIÓN DE LOS ARRENDADORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000507).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a continuar con el desarrollo de la sesión conforme al orden del día.
Vamos a proceder al debate y votación de las proposiciones no de ley enumeradas conforme al orden que tienen y que ha sido entregado. El tiempo para su defensa por parte del proponente será de cinco minutos y tres minutos será el tiempo
correspondiente al resto de los intervinientes. Les ruego que se ciñan a esos tiempos porque son ustedes conocedores de que el tiempo del que disponemos es escaso y precisamente hemos celebrado la convocatoria a las once de la mañana para facilitar
la asistencia de todos ustedes.
Haremos todas las votaciones finales al finalizar la defensa y debate de todas las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos
para incrementar la protección de los arrendadores.
El grupo parlamentario proponente es el Grupo Parlamentario VOX y hará su defensa en este debate su portavoz en este caso el señor Ruiz Navarro.
Tiene usted la palabra.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.
Señorías, de acuerdo con los datos que suministra el INE, en España hay algo más de 3,4 millones de viviendas vacías, esto es, viviendas que no sirven al uso para el que fueron construidas porque no tienen uso alguno. Teniendo en cuenta la
necesidad de vivienda a precio asequible que existe en nuestra nación, parece razonable que se impulsen medidas que permitan acompasar la poca oferta existente con la importante demanda y entendemos que no hay mejor receta que ayudar a que estas
viviendas vacías entren en el mercado.
En VOX partimos de la siguiente premisa: impulsar más la oferta de vivienda pública en régimen de propiedad y de alquiler social, que no es incompatible con fomentar medidas que permitan la libre competencia en el mercado del alquiler
porque la libre competencia es el mejor sistema regulatorio de los precios en beneficio del consumidor, que en este caso es el inquilino. Seamos claros. El Estado por sí solo no tiene capacidad de satisfacer la demanda de viviendas que existen en
la sociedad española y por ello es necesario contar también con las viviendas que no son de propiedad pública para que contribuyan a satisfacer la demanda existente. Y la receta para incorporar este parque de viviendas de propiedad privada al
mercado no pasa ni por castigar a sus propietarios ni por amenazarles con las penas del infierno, pasa por adoptar medidas de distinta naturaleza que les ofrezcan seguridad y confianza. Ya sabemos que en este Parlamento hay grupos que piensan que
el mejor sistema de vivienda es el modelo cubano, es decir, aquel en virtud del cual el Estado es quien tiene el monopolio para adjudicar viviendas en uso a quien lo solicita. Pero este modelo, tan propio de regímenes marxistas, solo conlleva
escasez y fracaso, lo cual es una forma más de repartir la miseria que caracteriza al comunismo.
En España no queremos eso, señorías, y por ello entendemos que la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos debería ser modificada para equilibrar la posición jurídica de arrendadores y de arrendatarios porque actualmente ha quedado claramente
desequilibrada a favor de los segundos. Señorías, de nada sirve reconocer todos los derechos del mundo a la parte arrendataria si no hay parte arrendadora que se atreva por falta de garantías a poner la vivienda de su propiedad en régimen de
alquiler. El Estado debe introducir medidas e incentivos que ofrezcan a los propietarios garantías de que sus expectativas y derechos serán respetados. Estas garantías no son incompatibles, en absoluto, con los derechos que puedan reconocerse a
los arrendatarios, sino que son complementarios. Por citar algunos ejemplos, no ayuda a equilibrar las posiciones de las partes el hecho de que el artículo 10 de la LAU establezca plazos diferentes de preaviso para arrendadores y para arrendatarios
respecto a su voluntad de prorrogar el contrato de alquiler. Tampoco ayuda que en el artículo 9 se obligue a los arrendadores a tener sus viviendas sujetas a contrato de alquiler durante al menos cinco años, siete en el caso de que sean personas
jurídicas, sin que exista una contraprestación equivalente a cargo de la parte arrendataria y, por supuesto, tampoco ayuda que las medidas legales en caso de concurrencia de situación de vulnerabilidad solo pongan el foco en la parte arrendataria,
olvidando apoyar a la parte arrendadora ante una situación de impago de rentas. Lo que proponemos será la herramienta que debe permitir y ampliar la oferta existente y con ello permitir, además, que los precios se ajusten a través de la consecución
de un equilibrio sano entre la oferta y la demanda.
Los incentivos a los propietarios para que arrienden pueden ser de diversa índole como, por ejemplo, jurídicos, económicos e incluso de protección, dándoles, por ejemplo, cobertura ante posibles impagos o potenciando el peso de la
desgravación fiscal en las declaraciones de impuestos tanto de IRPF como de sociedades.
Señorías, es evidente que si introducir una vivienda en el mercado del alquiler presta un servicio a la sociedad, esta debe reconocer de alguna forma la relevancia del servicio que recibe. Dejemos, por favor, de mirar ya al propietario como
un enemigo y mirémosle como un aliado, un aliado que permita compensar la situación de necesidad de viviendas para los inquilinos y que, por tanto, ayude a los poderes públicos a que los españoles puedan encontrar vivienda en régimen de alquiler y a
buen precio. Ya toca también apoyar al propietario.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz Navarro y muchas gracias por la buena gestión del tiempo. Muy amable, gracias.
Por el grupo enmendante, el Grupo Popular, intervendrá su portavoz el señor Betoret Coll.
Tiene usted la palabra.
El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es evidente que los cambios operados en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos por parte del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, han sido cambios que se han hecho pensando poco en el interés general, más
bien en el interés de alguna de las partes, cambios poco meditados y exclusivamente políticos. De otro modo, es imposible entender el desequilibrio que se genera en la posición de los arrendadores y entre la posición de los arrendadores y los
arrendatarios en los contratos privados de arrendamiento. Y digo esto porque únicamente desde la ceguera que produce el sectarismo es posible pensar que los cambios que el mencionado real decreto-ley hace en la LAU no van a tener efecto negativo en
el mercado del alquiler, más aún si se tiene en cuenta que se está hablando de intervenir en mayor medida en el mercado de la vivienda de alquiler con la posibilidad de limitar el precio de estos negocios jurídicos para combatir el desproporcionado
coste de los mismos. Al igual que es evidente que limitar el precio de los alquileres no va a hacer que los precios bajen, la experiencia negativa de la medida en ciudades como París y Berlín así lo acreditan, del mismo modo es más que evidente que
debilitar la posición del arrendador no va a favorecer que los propietarios de viviendas las saquen al mercado del alquiler, dado que se les genera una situación de inseguridad jurídica al no poder disponer de ella, por ejemplo, para su venta
urgente en caso de una necesidad perentoria, mientras, por otro lado, el arrendatario puede resolver el contrato de manera unilateral sin que exista ningún tipo de compensación ni penalización económica que resarza los perjuicios provocados por la
mencionada resolución unilateral de un contrato cuyo horizonte temporal para el arrendador se alarga de manera obligatoria hasta los cinco años.
Seguramente se pensó al redactar el texto en los grandes tenedores de vivienda y no en la familia que, con sus ahorros de toda la vida, ha invertido o heredó una vivienda y que la aprovecha para complementar sus ingresos mileuristas
mensuales, lo que les permite tener una vida más digna y llegar a final de mes. En este último supuesto, si el arrendatario desiste del contrato, la posición de máxima debilidad y el desamparo se traslada irremediablemente a la posición del
arrendador que, hasta que consiga un nuevo inquilino, deja de ingresar rentas que constituyen parte de su sustento.
Señorías, nosotros creemos en la libertad y creemos en las bondades de la mínima intervención de los poderes públicos en los negocios jurídicos privados como es el caso. Además, creemos que la legislación está para aplicarse y para
desarrollarse en todos sus términos y es por eso que hemos presentado una enmienda que, a nuestro juicio, completa la redacción de la proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario VOX a esta Comisión. En ella pedimos que se dé
cumplimiento a la disposición tercera del Real Decreto-ley 37/2020 que, bajo el título utilización de recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, establece que, antes del 22 de enero de este año 2021, se debería aprobar un real decreto para que
las comunidades autónomas pudieran utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda para hacer frente a las compensaciones a los arrendadores y titulares de viviendas afectados por las medidas extraordinarias en el ámbito de la vivienda prevista
en el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo.
Es evidente que en esta materia, como en otras muchas durante la pandemia, el Gobierno llega tarde y mal. Estamos cerca de los cuatro meses de retraso para la aplicación de una medida extraordinaria que a todas luces era urgente y de la que
no se tiene noticia alguna por el momento. Es urgente aprobar el real decreto o, de otro modo, tendremos que empezar a pensar que es otra de las mentiras de este Gobierno, mentiras como el comité de expertos, el salimos más fuertes, el informe de
la Johns Hopkins y otras tantas falsas promesas que sirven para llenar titulares de prensa y propaganda, pero que nunca llegan a materializarse.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Betoret.
Iniciamos el turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Les recuerdo que su tiempo máximo es de tres minutos y le corresponde el turno a la portavoz del Grupo Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias.
No hago uso de la palabra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Tampoco haré uso de la palabra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Quiero dejar claro que desde Ciudadanos no podemos sino convenir en la necesidad obvia e irrenunciable de equilibrar la posición jurídica de las partes contractuales y otorgar más seguridad jurídica en nuestro ordenamiento y, en particular,
al mercado de la vivienda. Con todo, nos parece que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX adolece de una falta de concreción en cuanto a sus objetivos. Por supuesto que tenemos que asegurar un equilibrio de la posición jurídica
entre las partes que firman un contrato de arrendamiento y, por supuesto, que hemos de garantizar la seguridad jurídica a quienes ocupen la posición de arrendadores, pero ¿de qué manera hay que hacerlo, señorías? No queda clara en su propuesta. Si
no nos lo ha dicho la coalición de Gobierno, también la posición en el ámbito de vivienda ha sido concreta en dos posiciones, la regulación por ley del precio de los alquileres y la protección de los okupas. Es difícil también con este tipo de
propuestas encontrar dos medidas que realmente impulsen lo que es la protección del mercado, de los ciudadanos y del Estado de derecho, más bien nos encontramos con estas dos medidas del Gobierno en dos medidas que son totalmente nocivas.
Nuestro grupo parlamentario quiere dejar claro que lo que queremos es proteger los intereses de ambas partes contratantes al objeto último de lograr un equilibrio que permita el desarrollo del mercado y que favorezca el interés general. Ha
quedado claro con la crisis del coronavirus y, sobre todo en los primeros momentos del confinamiento, el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró diversas iniciativas para favorecer un verdadero equilibrio. Nuestro único propósito es nuevamente
dejar muy claro que lo que queremos es proteger el interés de estas dos partes, favorecer un equilibrio sano durante este periodo provisional que ha habido en la economía que se vio suspendido por unos meses y el futuro del mercado laboral.
En definitiva, favorecimos la aprobación de las medidas constructivas que permitiesen la protección de los intereses de ambas partes y, sobre todo, la preservación de la relajación jurídica existente entre las mismas, un vínculo que a menudo
es mucho más importante de lo que parece. Por lo tanto, valoraremos cuál es la posición en relación con esta proposición presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Republicano su turno de intervención, señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Creo que el debate que se está haciendo con esta PNL es totalmente erróneo. Nuestra obligación como servidores públicos es defender siempre el interés general y a las personas más débiles, y en los contratos de
arrendamientos la parte más débil siempre es el arrendatario. Porque ustedes, señorías de VOX, olvidan continuamente la función social de la propiedad. Si se okupan inmuebles es porque muchísimas personas no pueden acceder a una vivienda digna.
Quiero recordarles la diferencia de un Gobierno de izquierdas y uno de derechas. La Conselleria de Justícia, bajo la dirección de la consellera Ester Capella, de Esquerra Republicana, junto con el Sindicat de Llogateres han defendido con
uñas y dientes una ley de defensa de la vivienda con medidas urgentes. Y hemos legislado de acuerdo con los problemas que sufre la gente, no de acuerdo con los intereses privados de las élites, que tienen cientos y cientos de propiedades que no
utilizan. Hemos limitado los precios del alquiler para así frenar la burbuja especulativa. Lamentablemente, esto tampoco está ocurriendo en el Estado español, a pesar de que quien gobierna es el Partido Socialista. Porque recuerdo que durante el
primer trimestre del 2020 se produjeron 10 000 desahucios, es decir, 200 desahucios diarios bajo el Gobierno supuestamente más progresista de la historia del PSOE y Unidas Podemos. Pero lo peor de la crisis económica y de la crisis de vivienda está
por llegar. Garantizar el derecho efectivo del acceso a la
vivienda y a los suministros básicos será uno de los mayores retos a los que se van a enfrentar todas las administraciones públicas, pero debemos ser conscientes de que la COVID ha agravado extraordinariamente una situación preexistente.
¿Qué pasará cuando se terminen los ERTE? Que van a empezar los desahucios y pasaremos de la burbuja de las hipotecas a la burbuja del alquiler. Y el resultado continúa siendo el mismo, gente sin casa, pisos vacíos y desahucios salvajes. Se pueden
y se deben tomar medidas ambiciosas como las que hemos adoptado en el Govern de la Generalitat, pero está claro que por si VOX fuera solo habría casas para los más ricos y sus amiguitos, mientras que al resto nos tocaría vivir debajo de un puente.
Porque eso es VOX, un partido de ultraderecha y fascista que lo que quiere es que el rico sea más rico y el pobre más pobre, y que haya casas sin gente y gente sin casas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señorías, reitero siempre en todas las sesiones de la Comisión de Justicia que celebramos el respeto que debemos a las personas y también a las instituciones que representamos.
Ahora le corresponde la intervención al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. El señor Santiago es su portavoz.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Tratar de forma igual a los desiguales no es ni democrático ni justo. El Real Decreto-ley 7/2019 derogó las modificaciones más importantes que el Partido Popular había aprobado, los arrendatarios vuelven a tener contratos de alquiler de
cinco años -o siete si el propietario es una persona jurídica- y se dio un trato diferenciado y preferente a los pequeños propietarios de vivienda, que buscan una relación de confianza con el inquilino de su piso, no como las personas jurídicas que
hacen negocio con un bien de primera necesidad. Un trabajador arrendatario no está en la misma posición jurídica que un gran tenedor de viviendas o que un fondo buitre transnacional que invierte en vivienda para especular. Hoy sigue existiendo un
desequilibrio entre las partes contratantes a favor del arrendador. Para el arrendatario acceder a una vivienda en alquiler es una necesidad esencial para garantizar techo a su familia. Para el arrendador, por lo general, suscribir el contrato no
es una condición esencial para garantizar el disfrute de ningún derecho fundamental. Este real decreto fue un primer paso, fruto del acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, para equilibrar la relación jurídica entre arrendadores e
inquilinos, después de que las reformas del Partido Popular siempre fueran a favor de los grandes propietarios, como ahora pretende VOX con esta PNL. Reformas que dejaron desprotegidas a las personas inquilinas -y a los pequeños propietarios de
vivienda también- en beneficio de bancos, grandes inmobiliarias, fondos de inversión y las socimis. Fueron los ayuntamientos junto con las asociaciones de vecinos, las plataformas de afectados por las hipotecas y los sindicatos de inquilinos
quienes aguantaron las consecuencias de los denominados desahucios invisibles, defendiendo a las familias del auténtico mobbing realizado por los fondos de inversión, ante las listas cada vez más largas de demandantes de vivienda pública en alquiler
por la imposibilidad de las familias de pagar los precios del mercado privado. La reforma de 2013 provocó que los precios del alquiler se dispararan durante 2017, incrementándose de media el precio de la vivienda en alquiler un 18,4 %. El mismo
año los salarios no subieron más de un 0,5 %, es decir, subieron 37 veces menos los salarios que los precios de los alquileres. En ese año, más del 42 % de los hogares españoles destinaban más del 40 % de sus ingresos a pagar alquileres, situación
considerada inaceptable por la Unión Europea; no por Cuba, por la Unión Europea. El Gobierno está trabajando por primera vez en una ley de vivienda que acabe con las subidas abusivas de los precios del alquiler, para garantizar alquiler estable,
asequible y seguro. Esperamos que se apruebe en breve para poder promover un parque público de alquiler social y aumentar el gasto público en vivienda. Pero esta PNL, a contracorriente totalmente, defiende los grandes beneficios del sector
inmobiliario y financiero, que han generado una crisis habitacional que ha vulnerado el derecho constitucional a una vivienda digna. La crisis habitacional, el incremento de los precios de la vivienda, ha sido consecuencia de estas políticas.
Nosotros estamos con la gente, no con los fondos buitres y especuladores. Por eso, votaremos en contra, para garantizar el acceso a una vivienda digna a todas las personas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
Para finalizar el debate de esta proposición no de ley le corresponde el turno al Grupo Socialista y lo hará su portavoz, la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.
Señores de VOX, he esperado a su intervención para saber exactamente qué pedían en esta iniciativa. La verdad es que no piden nada, solo hacen unas argumentaciones vacías y retuercen -léase su intervención- los argumentarios. Porque eso es
lo que hacen ustedes, no proponen nada, buscan un titular y ya está, nos vamos para casa.
Fíjense, ha sido curioso, al inicio de su intervención ha parecido que no, pero su política de frentes se ha vuelto hoy a poner de manifiesto. Ustedes y su política de los unos contra los otros. ¿Hoy qué toca? Hoy toca propietarios frente
a inquilinos. Hoy se ha creado otra vez la dicotomía entre enemigos y aliados y lo ha dicho usted clarísimamente. Una falsa dicotomía que sirve, como digo, para confrontar y generar odio. Esa es la que utilizan ustedes sistemáticamente en sus
intervenciones. Podría haber planteado medidas; mire que la portavoz de Ciudadanos se lo ha dicho con elegancia, pero nada.
Pues bien, la política de vivienda, como una política de Estado que es, no puede hacerse a base de titulares vacíos ni tampoco de parches para buscar titulares que son, desde luego, estériles. La política de vivienda se conforma de
políticas integrales a nivel institucional, realizadas por las autonomías, el Estado y la administración local y también debe tener contenidos sustantivos, cuyo objetivo sea garantizar el derecho a la vivienda y la protección de arrendadores y
arrendatarios, ambos. Ustedes, creando esta falsa dicotomía, vienen a decir -bueno, lo han dicho- que para que el libre mercado se ajuste a la oferta y la demanda lo mejor es no hacer nada. Pues bien, ya lo decía el portavoz del Grupo Confederal,
el Estado ha de intervenir cuando el mercado altera la igualdad de oportunidades. En políticas de derechos de ciudadanía para la ciudadanía solo cabe una política propositiva y esta es la que lleva a cabo el Gobierno de coalición. Las medidas
llevadas a cabo durante la pandemia para proteger a propietarios y arrendatarios, en términos de desahucio o de contratación del alquiler, han sido las moratorias, las condonaciones parciales de renta de alquiler cuando el arrendador o propietario
sea un gran tenedor, la prórroga extraordinaria de seis meses del alquiler, la suspensión de los desahucios en caso de que no haya alternativa habitacional o de personas víctimas de violencia de género -mujeres y niños- o la lucha contra la
ocupación ilegal. Políticas integrales -y voy acabando-, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que llevan a cabo -evidentemente igual que el anteproyecto de la ley de vivienda y el plan de creación de 20 000 viviendas- el blindaje de la
función social de la vivienda y la promoción de parques públicos de vivienda estatales. En definitiva, garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda, porque el objetivo de toda sociedad que se llame a sí misma democrática y de
derecho y en la que se propugne la justicia social como principio incontestable es garantizar que nadie se quede atrás.
Por ese motivo votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Perea.
Nos había quedado pendiente el turno de intervención del Grupo Plural y lo hará el señor Pagès. Con esto finalizaremos el debate de esta proposición no de ley.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias, presidenta.
Señorías, lo que hemos oído aquí es una propuesta con una alta dosis de demagogia. No hay medidas que se propongan para solucionar el problema que se plantea, que no es otro que otorgar una razonable seguridad jurídica a quienes ocupen la
posición de arrendadores. Si se trata de otorgar seguridad jurídica, al menos debería haber algún tipo de solución o de mecanismo.
De todos es conocida la situación del mercado de la vivienda. En algunas áreas es especialmente difícil el acceso a la propiedad, con una enorme subida de precios de la propiedad en los últimos años que ha repercutido también en los
alquileres. Se trata de la regulación del derecho a una vivienda digna y asequible que está contenido en la propia Constitución. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de igualdad material, de justicia material, que también está recogida en la
Constitución como un mandato a los poderes públicos, en el artículo 9.2 de la Constitución española. En definitiva, es una obligación cívica poner coto a los abusos de bancos, socimis, grandes tenedores, fondos buitre, especuladores, etcétera.
Estas medidas contra el mobbing inmobiliario no solo son una solución para los arrendatarios, sino también para los pequeños arrendadores.
En este sentido, el Parlamento de Cataluña aprobó en 2020, adelantándose precisamente a la regulación que pretende impulsar el Estado español y a la que han hecho referencia el representante del Grupo Confederal y también la representante
del Grupo Socialista, la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, Llei catalana de mesures urgents en materia de contenció de rendes. Esta ley es un primer paso que se ha dado para solucionar esta grave cuestión social.
En definitiva, por estas razones, por lógica y por coherencia con lo que el grupo Junts per Catalunya ya defendió en el Parlament de Catalunya, vamos a oponernos a la aprobación de esta PNL.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.
Señor Ruiz Navarro, como portavoz del grupo parlamentario proponente, el Grupo VOX, ¿acepta usted la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
El señor RUIZ NAVARRO: La aceptamos, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, así lo votaremos.
Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley que figura en el orden del día como punto 4 porque hemos alterado el orden por incompatibilidad de asistencia a otras comisiones de alguna de sus señorías. Así que procedemos con la número
4, la relativa a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. El proponente... (El señor Jerez Juan pide la palabra).
Sí, señor Jerez.
El señor JEREZ JUAN: Señora presidenta, faltará alguien para intervenir en nombre de algún grupo parlamentario, pero sí que es cierto que esta alteración del orden del día también a nosotros nos coge por sorpresa porque la persona que tiene
que intervenir, en este caso por nuestro grupo, está pensando que se sustanciaría en su orden, es decir, en el número 4. Como eso no se ha producido, yo creo que lo que hay que hacer es imputar esa responsabilidad al grupo que tenía que haber
intervenido en segundo lugar y no a aquellos que tenemos que intervenir en el orden que nos toca y estamos preparados para ello.
Muchas gracias. (El señor González Caballero pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.
Señor González.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista quiero intervenir para explicar un poco la historia de esta modificación. Ayer se solicitó el cambio del orden del día, incluso trasladamos al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular esa propuesta. En cualquier caso, si hay algún inconveniente por la ausencia de algún grupo parlamentario, no pondremos óbice para que no se produzca este cambio.
- RELATIVA A GARANTIZAR A COLECTIVOS QUE REALIZAN SUS LABORES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LA CONCILIACIÓN DE SU VIDA PERSONAL Y FAMILIAR CON SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000711).
La señora PRESIDENTA: Entonces continuamos conforme al orden del día repartido y entregado a todos los miembros de la comisión.
Así que procedemos con la número 2, la proposición no de ley relativa a garantizar a colectivos que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la Administración de Justicia la conciliación de su vida personal y familiar con su
actividad profesional en el ámbito jurisdiccional. El autor proponente de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista e intervendrá su portavoz en esta ocasión la señora Ramón. Tiene usted la palabra.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.
Conciliar la vida familiar y laboral es un derecho, como así viene recogido en nuestra legislación actual. La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores sobre los que se asienta el Tratado de la Unión Europea y que, por
supuesto, España, como país integrante, debe preservar y respetar. También el Tratado de Ámsterdam de 1999 y la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fueron ratificados por España.
Nuestra Constitución española en el artículo 14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Y el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En 2007 se dio un paso muy importante
con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley. Todos ellos han sido pasos muy importantes y es justo reconocer los avances que se
han producido en el ámbito legislativo, pero es evidente que aún queda mucho camino por recorrer para llegar a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Ese es el motivo por el que mi grupo, el Grupo Socialista, trae aquí esta proposición no de ley. Somos conscientes del compromiso que tiene el Gobierno con la conciliación de la vida personal y familiar y la actividad profesional en el
ámbito jurisdiccional de la mediación y el arbitraje. Por eso, me gustaría destacar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de marzo el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que sustituye al actual, en vigor desde hace veinte años.
El texto regula las condiciones de colegiación de los profesionales de la abogacía y las normas generales de funcionamiento de los colegios de abogados y de su consejo general. El nuevo texto regula también la igualdad efectiva de mujeres y hombres
en la provisión de órganos colegiados y promueve de forma colectiva la conciliación de la vida familiar y profesional estableciendo medidas y garantías para ello. Así, en el artículo 97 establece que el Consejo General de la Abogacía Española
promoverá la adopción por parte de los órganos y administraciones competentes de cuantas acciones resulten precisas para hacer efectiva la conciliación de la vida familiar y profesional de todos los profesionales de la abogacía. Asimismo, podrá
proponer a los órganos competentes las modificaciones normativas necesarias para conseguir una plena efectividad de los derechos reconocidos en la legislación orgánica sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por ello y conscientes del compromiso del Gobierno y de la necesidad imperiosa de que se introduzcan estas modificaciones contando, por supuesto, con los profesionales de la Administración de Justicia -como no puede ser de otra manera-,
traemos esta proposición no de ley como medida de impulso a la acción del Gobierno y no, según dice algún grupo, como una declaración de intenciones. Porque está claro, señores de VOX, que en materia de igualdad no aceptamos clases y, desde luego,
menos de ustedes. Conciliar facilita que cualquier persona pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado de su familia y a su formación y, por supuesto, el disfrute también de su ocio y tiempo libre.
Hay varias normas que han introducido modificaciones destinadas a equiparar la regulación del permiso de paternidad y de maternidad con carácter general a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, especialmente en la última reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero es necesario que estas medidas sean extensibles a otros colectivos como abogados y abogadas, procuradores o graduados sociales que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la Administración de
Justicia. En este ámbito tenemos que reconocer que hay situaciones que hacen inviable a veces el ejercicio del derecho a conciliar. Por eso se hace imprescindible introducir algunas causas en materia de suspensiones de procedimientos, vistas y
actos procesales que actualmente no están previstas y sin las cuales resulta imposible la conciliación de la vida familiar y profesional que, además, de ser un derecho de ciudadanía, es una condición esencial para garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres sin que nadie, especialmente las mujeres, se tenga que ver obligado a elegir entre su carrera profesional o su vida familiar. Las políticas de conciliación y corresponsabilidad nos harán avanzar en una sociedad más igual.
Necesitamos avanzar en ellas y es nuestra responsabilidad que sean una prioridad dentro de la agenda política.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ramón.
Es el turno de los grupos enmendantes e intervendrá, en primer lugar, el Grupo Parlamentario VOX. Su portavoz en esta ocasión es el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señora presidente.
Señorías, no cabe duda de que las medidas de conciliación son un instrumento que debemos potenciar para que ser padres y formar una familia no se convierta en una misión casi imposible. Tener un hijo debe ser un magnífico acontecimiento en
la vida de una pareja y debe ser perfectamente compatible con el desarrollo de una vida laboral o profesional. Podemos debatir si las medidas de conciliación son medidas que van dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres o si son medidas que buscan la mejora de las condiciones laborales y profesionales en general, tanto de hombres como de mujeres. La realidad es que son medidas necesarias y, sin embargo, la propuesta del Grupo Socialista entendemos que está
vacía de un contenido real, pues no concreta orientación política alguna salvo la de hacer una genérica declaración de intenciones que todos, en nuestra medida, podemos compartir. No
podemos caer en meras declaraciones vacías de contenido de cara a la galería. Hablamos de más de 160 000 profesionales de la justicia y la izquierda no aceptará clases, pero es evidente que les hacen falta clases.
Por ello, les proponemos algo concreto, les proponemos una enmienda extensamente argumentada que se centra en uno de los elementos que, hoy por hoy, los profesionales de la justicia nos demandan reformar. Les proponemos que a la iniciativa
se añada básica y esquemáticamente una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se dirija a la introducción en la legislación del concepto de vacaciones judiciales -un concepto tan demandado por los sectores profesionales-, a efectos de
notificación y comunicación que hayan de practicarse en periodos vacacionales contemplados en las leyes. Asimismo y en relación con lo anterior, promover una verdadera desconexión de LexNET en tales períodos vacacionales, de manera que se impida la
práctica de notificaciones y comunicaciones por los juzgados y tribunales durante tales períodos. En definitiva, estas sí son medidas concretas que son útiles para los profesionales. También promover la unificación de criterios en materia de
sustanciación y tramitación de procedimientos, vistas y actos procesales y, en este marco, ampliar los supuestos de suspensión de vistas y plazos de presentación de escritos en casos como partos; embarazos; nacimiento, acogimiento y adopción;
baja por enfermedad o accidente; fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o pareja en análoga relación de afectividad o familiar hasta primer grado de consanguinidad o afinidad en línea ascendiente o descendiente; viajes programados
por motivos profesionales, etcétera. En definitiva, señores, propuestas concretas.
No puedo dejar pasar la enmienda propuesta por el Grupo Popular. Al parecer el Partido Popular para las recientes elecciones se puso en modo doña Cayetana Díaz Ayuso y ahora, celebradas ya, se pone en modo Casado. Porque, señorías, me
parece como mínimo absurdo que el Partido Popular reclame únicamente para abogadas, procuradoras y, en definitiva, profesionales del sexo femenino el derecho de conciliación en caso de adopción o nacimiento de un hijo. Señorías del Partido Popular,
les voy a dar una sorpresa, los hombres también adoptan hijos y cuando son padres, aunque no dan a luz físicamente a sus hijos, también tienen deberes y responsabilidades que condicionan sus horarios, también la paternidad afecta notablemente al
progenitor masculino y, especialmente, en las primeras semanas. Por ello me resulta increíble que desde el Partido Popular se reclame que las medidas de conciliación de la vida profesional y familiar lo sean únicamente para mujeres. Me parece que
quieren parecer algo feministas, pero ya les digo que vuelven a entrar ustedes en modo Casado.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También es grupo enmendante el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra su portavoz, la señora Prohens.
La señora PROHENS RIGO: Muchísimas gracias, señora presidenta.
La desigualdad entre hombres y mujeres está patente en todos los ámbitos y campos, y el ámbito de la justicia -la carrera judicial, el ejercicio de la abogacía o los puestos directivos de Fiscalía- no es ajeno a ello. Según datos de la
asociación Women in a Legal World, publicados recientemente, si tomamos de referencia los hombres y mujeres que se dedican a la abogacía, tenemos un 51,7 % de hombres frente al 48,3 % de mujeres. Podríamos decir que prácticamente hay igualdad. En
cambio, si vamos a los decanos de colegios de abogados, encontramos a 71 hombres frente a 12 mujeres. Podemos ir también a los socios directores de los 89 principales despachos de abogados, encontrándonos con 91 hombres frente a 5 mujeres, o a los
socios de los principales despachos de abogados también de España y encontrarnos a 851 hombres frente a 201 mujeres. Esto, lo quieran o no ver, es una muestra patente de que en este ámbito también existe la desigualdad y de que estamos lejos
todavía de una igualdad real entre hombres y mujeres. La pandemia, además, ha puesto en evidencia que la conciliación en España no existía y tampoco ha existido en la agenda del Gobierno durante estos meses. Ha acabado ya el estado de alarma y el
Gobierno sigue sin dar una solución a, por ejemplo, aquellos padres y madres que tienen que estar en casa debido a que sus hijos han sido puestos en cuarentena por contacto estrecho con un positivo. Asimismo, las cifras de igualdad en España
también son las que son: 300 000 mujeres más en el paro desde que gobierna la izquierda, más brecha salarial y España ha caído diez puntos en el ranking de igualdad de la Universidad de Georgetown.
Los sistemas de protección social de la mayor parte de abogados y abogadas en España son la adscripción a la mutualidad en el ámbito que les corresponda. Las profesionales escritas al régimen de la
Seguridad Social tienen derecho ya a descanso o baja retributiva con motivo de nacimiento o adopción, pero no ocurre lo mismo con aquellas profesionales mutualistas a las que no les corresponde este derecho. Debería regularse pues como
causa justificada de suspensión de procedimientos judiciales en la Ley de Enjuiciamiento Civil los casos de nacimiento o adopción, ya que en estos casos carecen del derecho efectivo a la conciliación de su vida profesional y familiar. De hecho, el
pasado mes de abril, a propuesta planteada por el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, se aceptó ampliar el protocolo de suspensión de actos judiciales por paternidad o maternidad
a los profesionales de la abogacía balear. Y planteaba la posibilidad de suspender los procedimientos judiciales durante los veinte días anteriores al día previsto para el parto y los veinte días posteriores al alumbramiento. Es una medida que
consigue avanzar en esta conciliación y es un paso más para conseguir esta igualdad entre hombres y mujeres. Señorías de VOX, en la falta de igualdad entre hombres y mujeres las que pierden siempre son las mujeres, y ahí están los datos, aunque
ustedes se empeñen en negarlo semana tras semana.
Por eso nosotros proponemos una enmienda concisa, una enmienda que va más allá de este petitum genérico y esta declaración de intenciones que nos proponía el Grupo Socialista, y que va en la línea de esta propuesta del Colegio de Abogados de
las Illes Balears, por lo que esperamos que sea aceptada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Prohens.
El turno de intervención de los restantes grupos parlamentarios se inicia con el grupo de Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: No haré uso de la palabra, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.
Es el turno del Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Intervendré muy brevemente, presidenta, simplemente para manifestar nuestro voto favorable a esta iniciativa de conciliar la vida personal y familiar de las personas que ejercen su actividad profesional en el
ámbito de la Administración de Justicia y de la mediación y el arbitraje.
En otras legislaturas ya se registraron iniciativas legislativas en este sentido, pero decayeron al finalizar las legislaturas. Simplemente quiero reiterar que votaremos a favor con dos observaciones. Nos llama la atención -ya lo he
destacado en alguna otra comisión ante situaciones equiparables a esta- que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno nos pida al resto de grupos que instemos al Gobierno. No deja de ser una paradoja. Si es el grupo parlamentario que apoya
al Gobierno y es la correa de transmisión del Gobierno, pues que lo presente al Gobierno y no nos inste a los demás a pedirle una cosa al Gobierno. La segunda observación es que esta iniciativa, que nos parece muy correcta, entendemos que podía
haberse ya iniciado su aplicación el verano pasado, no habiendo habilitado el mes de agosto para una serie de actuaciones judiciales. En esta Cámara recibimos numerosísimas peticiones en el sentido de que, por favor, no se habilitara el mes de
agosto para actuaciones judiciales. No se tuvieron en cuenta y se desaprovechó una buena ocasión que ahora, sin embargo, este proyecto parece reclamar con carácter general.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Claramente, en nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque supone un avance en la conciliación de la vida personal y familiar para una serie de sectores profesionales del ámbito jurisdiccional como son
abogados, procuradores y graduados sociales, a los que hay que reforzar. Vamos a votar a favor, pero no podemos dejar de insistir en el hecho de que es un tanto absurdo que sea el grupo del Gobierno el que eleve a la Comisión de Justicia esta
iniciativa cuando es su propio partido, a través del ministro de Justicia, el que tiene que abordar todas esas medidas normativas necesarias que permitan y garanticen la conciliación de la vida personal y familiar. Además, las medidas que se deben
adoptar, que pueden ser aprobación de protocolos, la suscripción de acuerdos, incluso aprobación de medidas legislativas cuyo contenido puede ser algo más conflictivo, debe ponerlas en marcha el propio
Gobierno. Y otra cuestión que tenemos que recordar es que hay que ser conscientes. La conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito de la justicia pasa por invertir más medios materiales y humanos en la justicia; pasa por eso y,
además, por gastarlos eficientemente. Lo hemos dicho muchas veces: la actual organización de la Administración de Justicia es ineficiente y costosa. Es preciso garantizar una organización de los medios personales y materiales más eficiente y
racional para lograr una mejor distribución de los equipos de trabajo; de lo contrario, el desarrollo de la labor jurisdiccional y, en definitiva, la profesionalidad de esta función seguirá resintiéndose y también, indirectamente, la conciliación
de la vida personal y familiar con la actividad profesional de todos aquellos que ejercen esta actividad en el ámbito jurisdiccional.
Quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de conciliación de la vida personal y laboral en el sector de la justicia, los datos evidencian que somos las mujeres las que más perjudicadas salimos, con lo cual, no tiene ningún sentido que por
parte de ninguna otra formación política se nieguen realidades a las que nos enfrentamos muchas juristas que venimos del mundo profesional de la abogacía y que hemos visto claramente cómo es muy difícil conciliar tu vida familiar y laboral. La
situación por la que pasamos la mayor parte de las mujeres que somos madres no es la misma situación por la que pasan los padres, aunque sean igualmente padres y aunque estén igualmente implicados, los puntos de partida en este ámbito no son los
mismos. Ya me encantaría decir en otro momento que la situación es distinta, pero tenemos que ser conscientes de que hay una desigualdad de género y que el ámbito de la justicia está afectado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Plural, le corresponde la palabra a su portavoz, el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Presidenta. Señorías.
Querer que los abogados y los procuradores y también los graduados y graduadas sociales de este país puedan conciliar es un buen deseo, así que votaremos a favor, pero, primero, vamos a hacer tres consideraciones. La primera es que, como
señalaba el señor Legarda con mucho acierto, continúa intrigándonos esta voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de impulsar políticas y de instar al Gobierno a través de una proposición no de ley cuando tiene sus vías adecuadas para hacerlo,
que es directamente a través del Gobierno. En segundo lugar, también nos ha llamado la atención que, después de la habilitación del mes de agosto pasado, ahora surja esta preocupación por la situación de la conciliación laboral cuando,
efectivamente, en agosto pasado se podía haber adoptado una medida de mantener el mes de vacaciones. Y, finalmente, no desperdiciaremos la oportunidad de decirles que esta proposición es un ejercicio de desconocimiento de la realidad, porque esta
iniciativa, que nos parece buena en el fondo, que aceptamos como positiva en el fondo, parece que quiere dar el trato que se dispensa a los empleados públicos de justicia a los abogados, procuradores y graduados sociales que trabajan en esta
Administración de Justicia.
En este país tenemos muchos problemas, uno de ellos es la falta de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la conciliación y otro, que llevaría a una doble victimización, es el régimen de los autónomos. Los autónomos y también los
pequeños empresarios son los grandes olvidados de este país y, sin embargo, sustentan en buena parte la economía, pagan sus impuestos, generan empleo y dinamizan la economía. Una gran parte de abogados, procuradores y graduados sociales de este
país son autónomos, o autónomas evidentemente, trabajan mayoritariamente solos o compartiendo despacho y se deben a unos clientes; y no solo esto, sino que esos clientes son los sujetos a los que se deben proteger sus derechos mediante el
funcionamiento adecuado de la justicia. ¿Cuáles son estos clientes en muchas ocasiones? Son arquitectos, arquitectas, ingenieros, etcétera, que no tienen esta posibilidad de tener un régimen de conciliación laboral.
Por esto, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero recordando que estas medidas de conciliación no pueden pararse en el ámbito de la justicia, no pueden pararse en el ámbito de los empleados públicos de la justicia y de los
abogados, procuradores, etcétera, que trabajan con la justicia, sino que deberían ampliarse a todo el espectro del mundo de los autónomos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Suscribo perfectamente lo que acaba de comentar mi compañero del Grupo Plural y para no reiterarnos en lo que él ha comentado, queríamos hacer una pequeña puntualización a las señorías del PSOE. Nos parece muy bien y son totalmente
necesarias todas las medidas que vayan a favorecer una justa conciliación de la vida personal familiar y no solo en el ámbito de la Administración de Justicia, sino en todas las esferas. Pero eso se hace con políticas de verdad, con políticas
valientes, con políticas feministas, con esa perspectiva de género que venimos reclamando constantemente. No pueden darse situaciones como las que se están dando. En mi propia experiencia, les pongo un caso real que yo misma vi de una compañera,
una abogada embarazada, con fecha de señalamiento para su juicio y con una cesárea programada. Solicitó la suspensión de la vista porque tenía una cesárea programada y el juez no se la suspendió. Estábamos juntas en un juicio y ella tuvo que
correr para buscar a un compañero que la pudiera sustituir porque no le quisieron suspender la vista, a pesar de que había acreditado todos los informes médicos. Situaciones como esta no se pueden producir en la Administración de Justicia.
Quiero aprovechar, asimismo, para recordarles que, en la Comisión de Política Territorial, nuestro grupo presentó también una proposición no de ley para favorecer esta conciliación de la vida familiar y laboral para todas aquellas mujeres
con cargos electos, especialmente a las concejalas de los ayuntamientos, y debo decir que, curiosamente, PSOE y Unidas Podemos votaron en contra, seguramente por falta de argumentos, alegando que la delegación de voto era por otras cuestiones
políticas cuando no era cierto; era simplemente una PNL para favorecer esa conciliación de las mujeres que son concejalas. En definitiva, no decimos nada que no se sepa y lo hemos dicho hasta la saciedad: todas las políticas, si de verdad se cree
en ellas y hay voluntad, se deben dotar de presupuesto y con presupuesto se pueden llevar a cabo de manera efectiva, para garantizar esa conciliación de la que tanto nos llenamos todas la boca, pero que luego, al final, no se llevan a cabo, eso
también ayudaría a descongestionar los juzgados y a garantizar una justicia mejor para el ciudadano.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, la señora Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Esta propuesta resulta no solamente de indudable interés, sino además imperativa para el colectivo de los y las profesionales del ámbito de la justicia. La conciliación familiar y personal no es solo un derecho, sino que también es un
vehículo para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es necesario implementar políticas y ampliar también las que ya existen para otros colectivos, que permitan conciliar adecuadamente la vida laboral y familiar, lo que es clave
para las mujeres, que siguen siendo todavía las grandes perjudicadas, para que tengan una incorporación plena al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres. En este sentido, y centrándonos en el caso especial de la abogacía,
procuradores y procuradoras, graduados y graduadas sociales, es evidente que hay muchísimo muchísimo trabajo por hacer.
Como se menciona en el texto de la proposición, en efecto, hace falta una prohibición expresa para introducir normativamente la posibilidad de causas nuevas de suspensiones de procedimientos, vistas o actos procesales que actualmente quedan
un poco al albur de la potestad decisoria y discrecional de los o las letradas de la Administración de Justicia o los magistrados y magistradas, y eso produce cierta inseguridad jurídica. Hemos visto recientemente casos como en el Juzgado de lo
Penal número 2 de Cáceres, donde se negó la solicitud de suspensión solicitada por un abogado y una abogada que, siendo pareja, tenían un juicio señalado dos días después de la fecha prevista para el parto de su primer hijo y, en la resolución
judicial, la magistrada indicó que se trataba de una baja de previsible larga duración que dilataría la causa, negándoles así la suspensión. También está el caso de una abogada de Vigo que fue citada para asistir a un juicio en plena baja de
maternidad, porque el juzgado no tuvo en cuenta las dieciséis semanas ni el periodo de lactancia y la obligó a ir con su bebé, y tuvo que darle de mamar en pleno juzgado. Como persona que ha ejercido la abogacía, estos ejemplos los he vivido de
manera personal con muchísimas compañeras. Cuando ha intervenido VOX, me gustaría que desde VOX les dijesen a mis compañeras eso que han dicho aquí para que ellas les dijeran todo lo que han pasado durante estos años. Estas situaciones no pueden
quedar, por tanto, a la discreción de la mejor o peor voluntad de cada juzgado, sino que los derechos tienen que reconocerse con propuestas normativas concretas.
El nuevo Estatuto General de la Abogacía -se ha dicho aquí- prevé que deberán adoptarse por parte de los órganos y administraciones competentes cuantas acciones resulten precisas para hacer eficaz la conciliación de la vida familiar y
profesional de todos los profesionales de la abogacía y, además, podrá proponer a los órganos competentes las modificaciones normativas necesarias para conseguir una plena efectividad de los derechos reconocidos en la legislación orgánica sobre la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Asimismo, nosotras creemos que también es necesario prever la posibilidad de suspensión para las situaciones de dependencia y para supuestos de hijos menores a cargo que no pueden quedarse con su progenitor.
Termino. En definitiva, estos eran algunos de los ejemplos de la necesidad de acometer estas reformas de gran calado para conseguir esa conciliación real y nosotros vamos a dar el voto afirmativo a esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Señora Ramón, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Popular?
La señora RAMÓN UTRABO: Al Grupo Popular voy a proponerle una transaccional y se la haremos llegar a la Mesa en caso de que esté de acuerdo; si no, se votará en sus términos.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que, en su caso, nos la haga llegar para proceder a su votación. Muchas gracias.
- RELATIVA A RECLAMAR LA REVERSIÓN DE LOS BIENES INMATRICULADOS A FAVOR DE LA IGLESIA. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EUSKAL HERRIA BILDU Y REPUBLICANO. (Número de expediente 161/001858).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley relativa a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu y hará su
defensa la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días. Egun on.
Antes de comenzar la defensa, queremos informar de que vamos a plantear la votación de la PNL punto a punto.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Hoy traemos a esta Comisión de nuevo el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, más concretamente, del escándalo que suponen las inmatriculaciones de la Iglesia católica por cómo se han hecho, sin
aportar títulos de dominio, y porque hablamos de unos 100 000 bienes inmatriculados de forma irregular, irregularidades que aún continúan. Es por ello que creemos que ya es hora de que se arbitre una solución global.
Como sabrán, a partir de 1947, época preconstitucional, la Iglesia católica pudo inscribir bienes con una simple certificación eclesiástica; de esta forma, se equiparaba la Iglesia católica con el Estado a efectos de facilitar la
inmatriculación y se pudieron inscribir bienes a nombre de la Iglesia católica que no habían sido registrados anteriormente sin necesidad de aportar otro título que la autocertificación. A partir de la aprobación de la Constitución española,
ninguna confesión tendrá carácter estatal, por tanto, la separación entre el Estado y la Iglesia católica debería haberse dado en todos sus términos. Sería lógico pensar que seguir concediendo un privilegio a una confesión religiosa concreta estaba
fuera del ordenamiento jurídico, pero esto no ocurrió, porque en la práctica no se ha respetado esta separación, vulnerando tanto la Constitución que a la mayoría de ustedes tanto les gusta como los derechos garantizados por la Convención Europea.
Y no solo lo decimos nosotras, lo dice el Tribunal Supremo y, en varias ocasiones también, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Por ello, no hay más solución que deshacer lo mal hecho y hacer lo que no se hizo, cancelar de oficio todos los
asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho y determinar por ley cuáles son los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y proceder a su catalogación y registro, sin
privilegios y sin irregularidades. Por eso, defenderemos que la nulidad y el dominio público no se deben negociar, sino corregir de inmediato una anomalía proveniente del franquismo que privilegiaba a la Iglesia católica para poder usurpar
patrimonio cultural que debería ser público. En consecuencia, dado
que no se trata de un acto aislado, sino de una violación continuada y masiva de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos, los poderes públicos están obligados a investigar y solucionar la magnitud real de
lo apropiado por la jerarquía católica. Si bien es cierto que se ha dado a conocer la lista parcial de algunos de los bienes inmatriculados, esto es totalmente insuficiente y por eso, pedimos que el Gobierno publique la lista de todos los bienes
inmatriculados y actúe de oficio para revertir las inmatriculaciones ilegales y solucionar así esta situación de una vez.
No queremos terminar sin apuntar que nuestros dos Parlamentos, el Parlamento vasco y el Parlamento navarro, ya se posicionaron a favor de dar una solución justa y rápida a esta anomalía democrática y, por tanto, hoy pedimos que atiendan
también las demandas mayoritarias que nuestros Parlamentos han hecho y actúen en consecuencia, votando a favor de esta propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.
También en calidad de grupo proponente, intervendrá el Grupo Republicano, su portavoz, la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Para complementar lo que ha dicho mi compañera Bel Pozueta, la inmatriculación -para las personas que no lo sepan- es el registro de un bien inmueble por primera vez. La polémica sobre los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tiene
ya su origen en esa Ley Hipotecaria que comentaba mi compañera que el franquismo aprobó en 1946. Esta norma ha estado vigente hasta 2015 y daba la potestad a la Iglesia como si de una Administración se tratara para inmatricular una finca, a pesar
de que no se tuviera ningún título que acreditara la propiedad; vamos, el artículo 206 de dicha ley equiparaba a la Iglesia como si fuera un notario. La mayor parte de las discrepancias son por la inscripción de lugares de culto ubicados en
propiedades privadas y solares rústicos, así como también equipamientos deportivos y plazas públicas en los alrededores de las iglesias y rectorías. Entre los lugares de culto, destacan conjuntos monumentales que son patrimonio histórico y cultural
y si no se pone solución para revertir esta situación, se van a derivar numerosas demandas. Y es que se da una situación totalmente injusta: la inmatriculación presupone la titularidad de la Iglesia, mientras que el legítimo propietario de esa
finca, si quiere recuperarla, se tiene que dirigir a los juzgados para demostrar documentalmente que el inmueble le pertenece; es decir, a la Iglesia se le presupone que aquello es suyo por una simple inscripción mediante una certificación y, en
cambio, el legítimo propietario tiene que acudir al juzgado y demostrar que es el propietario de esa finca.
No se trata de señalar a nadie con el dedo sino de buscar soluciones, porque la función de los Gobiernos es buscar soluciones y no alimentar los conflictos. Por eso, también quiero destacar que la Generalitat de Catalunya ha sido la primera
Administración de todo el Estado en publicar la relación de los bienes inmatriculados de la Iglesia católica, nadie antes se había atrevido a publicarlos, y eso es un claro ejemplo de nuestro compromiso con la transparencia. En definitiva, debemos
revertir esta situación tan injusta, acabar con los privilegios de la Iglesia y proceder a la cancelación, por nulidad insubsanable, de todas las inscripciones que la Iglesia católica ha hecho, sin tener título ni legitimidad para ello, de todos
aquellos bienes que se atribuyó sin ser la propietaria, con el amparo de una ley franquista, y los devuelva a sus legítimos propietarios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Como grupo enmendante, le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Socialista, a su portavoz, el señor Soto Burillo.
El señor SOTO BURILLO: Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Hoy debatimos una proposición no de ley en relación con las posibles inmatriculaciones indebidas por parte de la Iglesia católica. Es preciso empezar este debate afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple. Ha cumplido con el
compromiso por la transparencia, publicando los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1998, año de la reforma del Gobierno de Aznar, que amplía la inscripción que podría hacer la Iglesia de los lugares de culto. Gracias a este
compromiso cumplido, ha sido posible sacar a la luz los registros de más de 34 000 bienes inmatriculados de la Iglesia, la mayoría de ellos realizados únicamente mediante certificación obispal, una exigencia del Congreso de los Diputados a raíz de
una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que se ha hecho efectiva.
Una vez dejado este punto claro, manifestamos nuestro criterio desfavorable con respecto a esta propuesta no por una cuestión de fondo sino de procedimiento. El Grupo Parlamentario Socialista comparte el fondo del análisis de la posición de
privilegio a la hora de inmatricular los bienes que ha tenido históricamente la Iglesia en nuestro sistema en virtud del extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria, una posición anclada en el siglo XIX a raíz de la desamortización, que no tiene
ningún encaje en nuestro sistema constitucional, en el que se enmarca la aconfesionalidad del Estado en virtud de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Dicho eso, hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica que nos impiden
votarla a favor y que se recogen en el informe de 16 de febrero presentado en el Parlamento. En primer lugar, aunque ha sido un tema controvertido judicialmente, estamos ante una cuestión en la que no ha existido un pronunciamiento expreso por
parte del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, en relación con lo anterior, contamos con serias dudas de efectividad en la retroactividad de las normas, pues, tal y como expresa el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
las sentencias del Alto Tribunal son vinculantes desde la fecha de su publicación, lo que impide su retroactividad. Hechas las objeciones de procedimiento, somos partidarios de la revisión de cualquier bien indebidamente inmatriculado por la
Iglesia y lo dirigiremos a la acción legal pertinente.
No quiero terminar mi intervención sin reiterar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la transparencia y el control de las posibles inmatriculaciones indebidas llevadas a cabo por la Iglesia. Prueba de ello está en la información
sobre la relación de bienes inmatriculados ante esta Cámara y la revisión de todas esas inmatriculaciones que se pueda realizar, lo que arrojará luz a la opacidad de este tema y redundará en una mejora de la transparencia, claridad e igualdad en el
tráfico jurídico de todos los operadores. Ese es el sentido de la enmienda que proponemos, de la que pedimos su aceptación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Soto.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda tiene la palabra.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Intervendré de manera breve.
Como se ha señalado por los distintos miembros de la Comisión que ya se han pronunciado, efectivamente, la equiparación en materia hipotecaria, a efectos de inscripción de bienes inmuebles, entre la Iglesia católica y la Administración
pública, hasta la modificación, como se ha dicho, del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y de su desarrollo reglamentario, ha permitido a la Iglesia católica inscribir infinidad de bienes inmuebles sin aportar título de dominio, como se ha indicado
ya, con la sola certificación eclesiástica; en este sentido, equiparando a la Iglesia con la Administración y también a sus ministros -como se denominan- con funcionarios públicos. Esto ha generado un profundo debate social, jurídico y
jurisprudencial, y digo jurisprudencial porque, aunque, efectivamente, el Tribunal no se ha pronunciado en el caso concreto, sí lo ha hecho en casos aledaños, digamos, y sobre arrendamientos urbanos, así como también el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos se ha pronunciado sobre el asunto. Este debate social, jurídico y jurisprudencial ha traído causa de la denuncia de situaciones de abuso que se han ido planteando sin entrar en el fondo de si eran correctas -pero es que hay un profundo
malestar social- y también de otras personas que manifestaban tener un mejor título más allá del de la certificación eclesiástica. En definitiva, nuestro grupo parlamentario considera, como así también lo consideró -ya se ha indicado- el Parlamento
vasco, que esta situación reclama una evaluación general de la situación generada y de los hechos consumados y también la adopción de medidas generales que permitan dar cauce a las distintas reclamaciones particulares ante situaciones que se
pudieran considerar teóricamente situaciones de hecho o incluso ante las distintas situaciones de inscripciones sin título de propiedad per se.
Para finalizar, respecto a la parte dispositiva de la proposición, nuestro grupo parlamentario apoyará los puntos 1 y 3, y respecto al punto 2, creemos que necesita una evaluación más general y más profunda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
En relación con esta iniciativa, debemos tener en cuenta que, desde el punto de vista del derecho, la nulidad sobrevenida no puede darse en este caso de ninguna manera, que es la cuestión que se está planteando. Tenemos un punto de vista de
partida jurídico que hace insostenible la propuesta que se nos
plantea; se trata, simplemente, de un disparate inadmisible en un Estado de derecho y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en el principio de seguridad jurídica. Por lo demás, podemos estar relativamente de acuerdo con todo ello en
aras de la transparencia, de solicitar al Gobierno la elaboración o publicación de un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015, pero el resto de la iniciativa propone medidas simplemente inadmisibles en
nuestra ordenamiento jurídico. Por ello, no votaremos a favor de la proposición que nos realizan Bildu y Esquerra.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Plural, tiene la palabra su portavoz, el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Señora presidenta, solamente para expresar nuestro voto favorable.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación, le corresponde el turno de intervención al Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la señora Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo mantiene la posición respecto al fondo y me gustaría recordar el compromiso que asumimos ante el conjunto de la ciudadanía española con el actual Gobierno en el que participamos, cito literalmente nuestro punto de acuerdo 5.11:
Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basados en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones
de sus propios miembros.
Partiendo de esa base, nuestra posición de partida fue y es la proposición no de ley que presentamos en el Congreso el 10 de enero de 2017, con la que instábamos al Gobierno a tomar las medidas legales oportunas para declarar nulas las
inmatriculaciones de bienes del Estado por parte de la Iglesia católica realizadas entre 1998 y 2015 y devolver estos bienes al Estado como legítimo propietario. Hecha la presentación en el Consejo de Ministros el pasado 16 de febrero por la
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del informe sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 y su remisión al Congreso de los Diputados, en
nuestro grupo parlamentario destacamos la importancia de un desarrollo legislativo que permitiese su recuperación para el dominio público. Es cierto que esperábamos más y mejor hecho; es decir, en el listado no se detallan las inmatriculaciones
que se realizaron desde 1946 a 1998, que, aunque no eran objeto de esa PNL que motivó su elaboración, es una información necesaria de la que entendemos que este Gobierno se tiene que ocupar. Además, sigue habiendo dificultades para identificar los
bienes inmatriculados y se deberían haber incorporado las notas simples de cada uno de ellos como un instrumento decisivo para avanzar en la recuperación planteada como objetivo de Gobierno. También señaló mi grupo en la declaración pública que
hicimos que el Ministerio de Cultura debería reclamar por todas las vías a su alcance todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio histórico, de igual manera que el resto de administraciones públicas que se hayan visto afectadas. Es
evidente que hay que articular esas fórmulas normativas que permitan declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin títulos suficientes, en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa que tiene que estar afectado al
dominio público, tal como ocurre en países de nuestro entorno.
Somos conscientes de la complejidad técnica de esta nueva regulación que va a requerir un esfuerzo de este Gobierno con la colaboración de los grupos que lo apoyamos, pero también con los apoyos parlamentarios necesarios para sacarla
adelante, por lo que vamos a trabajar para alcanzar ese amplio consenso progresista que la impulse.
Votaremos a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. Con la venia, señora presidenta.
Estamos aquí de nuevo, como en la sesión de la Diputación Permanente celebrada en verano, con un dúo Bildu-Esquerra Republicana de Catalunya, entonces contra la monarquía, ahora contra la iglesia. En
su anacronismo, estos señores creen que están luchando contra el antiguo régimen, pero me parece que están desfasados cerca de doscientos años. Ahora contra la iglesia, diciendo mentiras podridas, que es lo que acostumbran, no sé si
deliberadamente porque son mentirosos o por pura ignorancia. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria no es una creación del franquismo, no saben ustedes nada, y si lo saben lo ocultan. Esta disposición que ustedes critican tiene su origen en la
desamortización y en las consecuencias de esta reguladas en sendos reales decretos de 1863, del 6 de noviembre y del 19 de junio, y otro del 11 de noviembre de 1864. Tan claro es esto, que el artículo 1 del primero de los reales decretos citados
disponía la posibilidad de inscribir mediante certificación emitida por la autoridad a favor de Estado y administraciones el dominio y otros derechos reales sobre bienes desamortizados. El artículo 13 establecía la posibilidad de inscripción por
certificación, en este caso eclesiástica, de la posesión o la propiedad de los bienes que posee el clero o se le devuelvan o deban permanecer en su poder amortizados.
La evolución de estos textos normativos dio lugar a diversas modificaciones, siendo la más relevante la de 1915 del reglamento hipotecario. En esa norma se hizo excepción de la inscripción de los bienes de dominio público y de los templos
dedicados al culto católico empleando términos idénticos a los de la norma anterior, la de 1864, pero cambiando el sentido; es decir, lo que entonces era simplemente una dispensa, porque la regla general era la obligación de inscribir, se convirtió
en una prohibición, por lo que se estableció la imposibilidad de inscripción de los templos destinados al culto católico. Esto continuó en los mismos términos en la Ley Hipotecaria de 1946, previa una reforma de 1944, y finalmente en el reglamento
hipotecario de 1947 el artículo 304 atribuyó la facultad certificante en el caso de la Iglesia católica al obispo, es decir, a los diocesanos, no ya de la posesión, sino del dominio, porque desde 1944 la posesión no accedía al registro. En esta
situación en la que la iglesia tenía prohibida la inscripción de los templos católicos de los que era titular sobrevino la reforma del reglamento hipotecario de 1998, por la que entre otras modificaciones se suprimió esa prohibición de inscripción,
tal como resulta del artículo 4 de dicha ley.
Por tanto, esto que explican ustedes en su origen es falso, y lo es en su sentido. Al menos hay dos sentencias del Tribunal Supremo que han considerado que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria no es inconstitucional. Por cierto, en una de
ellas, en la de 16 de noviembre de 2006, se dice expresamente que en todo caso hay que ver quién es titular del dominio. ¿Me pueden ustedes decir por qué el Estado es titular del dominio de los templos dedicados al culto católico? Porque lo dicen
ustedes. ¿Ese es el motivo? ¿Qué título puede exhibir el Estado? Ustedes vienen aquí a tomar el pelo a todos los españoles.
En segundo lugar, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2016...
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir finalizando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... dice que el problema es que no ha habido una posibilidad de audiencia de terceros en el trámite de inscripción registral. Nada más. Lean el número 13 de dicha sentencia y comprobarán lo que estoy diciendo.
Por último -y concluyo de verdad-, los remedios para esta situación según Bildu y Esquerra Republicana: un decreto u orden ministerial de cancelación de los asientos. Así por las buenas. Ya se lo ha dicho a ustedes el portavoz del PNV.
Por este procedimiento nosotros vamos a proponer un decreto u orden ministerial de cancelación del asiento de la inscripción de la casa de Galapagar del señor Iglesias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Finalizaré con una mención histórica y comienzo con una mención jurídica. Hasta 1998 la legislación hipotecaria no permitía a la Iglesia católica inmatricular los templos, las iglesias, las capillas en Galicia, porque se entendía que la
propiedad era evidente. Incluso la confesión católica era la única que no podía inmatricular estos bienes. Quiero hacer mención a que la inscripción de los bienes en el registro no otorga la propiedad, solo tiene función probatoria, pero no
constitutiva de la propiedad, como aquí hemos escuchado. Es más, la Ley aprobado en 1998 articula una serie de medidas de seguridad. El 16 de febrero, como ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista, se conoció un contundente y exhaustivo
informe del Colegio de Registradores de la Propiedad en el que dice que 34 961 propiedades analizadas e inmatriculadas por la Iglesia católica se han realizado conforme a la ley y que tienen título bastante y suficiente. De acuerdo también con el
párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare
su inexactitud en los términos de la ley, debiendo, por tanto, acudirse, en su caso, a la vía judicial y no a la administrativa si lo que se pretende es declarar la nulidad de unas inscripciones.
Dicho esto, tengo que mencionar a que en Galicia de 313 ayuntamientos las inscripciones afectaron a 262. Pero permítanme decir que en ese momento las portadas de todos los periódicos las abrió la iglesia de mi pueblo. En todos los medios a
nivel nacional ponía: La iglesia más antigua de España es inmatriculada por la Iglesia católica. Yo no voy a debatir si es la más antigua, porque tendría que hacerlo con San Juan de Baños, en Palencia, que dicen que es la suya. En todo caso, la
iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, del siglo VII es la primera de Galicia, incluso se hizo seis años antes que la catedral de Santiago. Consideramos que para todos los historiadores esa fue la entrada del cristianismo en Galicia.
Comprenderán que los de mi pueblo no podemos llamar al rey Recesvinto para preguntar si la propiedad en la que se hizo la iglesia era del vecino de al lado, suya o del rey que posteriormente continuó construyendo esa ermita.
Si hay algún problema, a la justicia. También quiero decir que este año, en agosto, se cumplen cien años de que la iglesia de Santa Comba de Bande fue declarada monumento nacional. También hago un llamamiento a que quizá habrá que
presentar una iniciativa en la Comisión de Cultura, porque la iglesia también tiene que colaborar mucho con las administraciones, puesto que el patrimonio histórico, cultural, monumental que tenemos que disfrutar todos, tanto la Xunta de Galicia
como el Gobierno de España a través del 1 % cultural -conozco varios proyectos- han hecho un gran esfuerzo con el dinero de todos. Igual tenemos que reflexionar, pero en otra Comisión, como la de Cultura, para intentar rentabilizar la brillantez y
la historia de estos monumentos y de estas iglesias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vázquez.
Conforme a la petición de los grupos proponentes, votaremos esta iniciativa punto por punto en el momento procedimental que corresponda.
- RELATIVA A GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002200).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley relativa a garantizar la implementación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Araujo.
La señora ARAUJO MORALES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el 28 de mayo de 2021 se cumplen veinte años de la firma del Pacto de Estado para la reforma de la justicia entre el Gobierno de España, el Partido Socialista y el Partido Popular. Entre los objetivos propuestos en el mismo se
recogía lo siguiente: Se persigue que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados; que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los
derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles; que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada regida por una coherencia
institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales. Entre los principios objetivos y procedimientos que habrían de conformar el nuevo modelo de justicia y las acciones y los medios precisos para impulsar y
hacerlo realidad se recogía un punto decimotercero que hablaba, efectivamente, de la proposición no de ley que trae el Grupo Socialista sobre la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la justicia; que atienda los principios de transparencia,
información y atención adecuada, y que establezca los derechos de los usuarios de la justicia.
Pues bien, el grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado elaboró una propuesta de Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la justicia, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados
en abril de 2002 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, cuyos principios rectores debían ser la transparencia, información y atención adecuada y el establecimiento de los derechos de los usuarios de la justicia, especialmente de los más
desprotegidos, para de este modo garantizar una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir las reparaciones, si es que hubiera lugar.
En cuanto a la eficacia de estos derechos, la propia Carta estableció que el Congreso de los Diputados, a través de esta Comisión, llevaría a cabo un seguimiento y una evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta, a cuyo
efecto sería regularmente informado por el Gobierno y los órganos del Estado e instituciones públicos a los que se solicite. Además, la memoria anual elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales debería incluir una
referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Si bien una parte de la Carta ha sido llevada a término a través de las distintas reformas legislativas producidas en los últimos diecinueve años, es muy difícil tener un conocimiento cabal de todas aquellas reformas que pudieran necesitarse
para su implementación y aplicación. Entendemos, pues, necesaria una recapitulación del estado de situación del desarrollo y observancia de los derechos referidos en la Carta, a fin de que esta comisión pueda promover las medidas que resulten
oportunas de cara a su correcta y completa implantación.
Por ello, pedimos el apoyo a todos los grupos presentes para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que remita a esta Cámara en el plazo de tres meses un informe exhaustivo de las actuaciones llevadas a cabo por los distintos
agentes y operadores implicados en la administración de justicia a fin de implementar y hacer efectiva la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Araujo.
No habiéndose presentado enmiendas a esta iniciativa, corresponde abrir un turno de fijación de posiciones, que se realizará de mayor a menor.
Por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias.
No haré uso de la palabra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Intervendré brevemente para manifestar que daremos nuestro apoyo a la iniciativa con dos matizaciones. Estos documentos aprobados por el Congreso que no se articulan en un texto normativo en realidad no tienen
ninguna vinculación jurídica, más allá de la que las sucesivas cámaras u operadores jurídicos quieran activar. En este sentido, parte de esta Carta se ha ido introduciendo en el ordenamiento jurídico de manera sistemática. Hay otros presupuestos,
mandatos o líneas de actuación que se cumplen, por ejemplo, por el Consejo General del Poder Judicial cuando nos presenta la memoria anual de transparencia. Pero garantizar la implementación de un documento que, más allá de lo que se ha incorporado
al ordenamiento, murió con la legislatura en la que se aprobó, es un propósito loable, pero no puede tener esta naturaleza conminativa que parece que tiene la PNL. Es un repaso de aquello que unas Cortes, digamos, que ya no existen decidieron que
no se articularan jurídicamente todas sus propuestas. Reconsiderarlo por esta Cámara y por el Gobierno va a tener nuestro apoyo, pero con estas matizaciones.
La segunda consideración -no quiero extenderme- es volver a reiterar lo que ya había manifestado con ocasión de la anterior iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista pidiéndonos que instemos al Gobierno medidas de impulso o de acción
normativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos ante una iniciativa que lo que pretende es la implementación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia, y claramente volvemos a decir que estamos de acuerdo con una propuesta de
este tipo, pero insistimos en que siendo ustedes del Gobierno, y no solo eso, sino siendo el ministro de Justicia quien puede ejecutar esa implementación, nos parece algo absurdo. ¿Nos proponen que pidamos que su ministro nos informe sobre lo poco
que ha estado
trabajando estos meses para implementar la Carta de los Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia? ¿Por qué en lugar de malgastar el tiempo en presentar una iniciativa de este tipo no piden personalmente a su compañero de
partido que se ponga manos a la obra? Realmente estoy convencida de que a ustedes les hará caso, pero a nosotros no nos lo va a hacer.
Recordamos que la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia tiene como finalidad conseguir una justicia moderna, abierta a los ciudadanos, para lo cual desarrolla en su primera parte los principios de
transparencia, información y atención adecuada. Igualmente pretende prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación más desprotegida. En su tercera
parte proclama los derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los abogados y procuradores. Por último, concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. Por tanto, no podemos estar más de
acuerdo con la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia ni más en desacuerdo con la labor realizada por el ministro hasta el momento y con esta iniciativa en cuestión hasta ahora inexistente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a hablarles de cartas. Esta carta a la que se hace referencia en esta proposición no de ley, como ha señalado el señor Legarda, no tiene vinculación jurídica y en cambio sí señala que es un acuerdo mediante el que se persigue
una justicia comprensible, atenta con el ciudadano. Otra carta que también tiene que ver con la justicia, y que desgraciadamente no se aplica aunque es vinculante jurídicamente, es la Carta Europea de la Lenguas Regionales o Minoritarias en la
Justicia. Esta carta, firmada por España en el año 2001, es derecho interno del Estado español, es derecho vigente, se tiene que aplicar. Durante los seis ciclos de control de la aplicación y cumplimiento de la Carta de las Lenguas Minoritarias,
el comité de expertos ha denunciado de manera continuada que no se cumplen las obligaciones derivadas de ella. Concretamente, en el año 2019 el comité de expertos señaló, y el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó al Estado español
-recomendación que tiene carácter obligatorio- que sustituya el régimen del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé un sistema de traductores para los usuarios de las lenguas cooficiales, por un sistema de competencia
lingüística. Esto sí que es un derecho a la justicia comprensible, a la justicia atenta con las circunstancias sociales y culturales de los ciudadanos y ciudadanos a quienes va dirigida la justicia. Esto no se cumple y es derecho interno vigente,
obligatorio para el Estado español, que de forma renuente, constante, durante veinte años se niega a cumplir las obligaciones que asumió en el año 2001.
Vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero vamos a dejar claro que, tal y como venimos insistiendo mediante una pregunta que hizo recientemente el Grupo de Junts per
Catalunya, y tal y como plantearemos en el futuro en una proposición no de ley, lo entendemos estrechamente vinculado con el cumplimiento que debe dar el Estado español a las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa que
conllevan la necesaria competencia lingüística de los jueces, magistrados y personal judicial destinado a las zonas del Estado español donde hay lenguas cooficiales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pagès.
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.
No haremos uso del turno de palabra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, señora presidente.
Como ya se ha afirmado, una de las prioridades del Pacto de Estado para la reforma de la justicia fue la elaboración de la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia, que se aprobó
aquí en el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002. Han pasado muchísimos años y es necesario ver en qué punto se encuentra su implementación para avanzar hacia una mayor consecución de sus objetivos, y sobre todo para que la Carta
de Derechos de la Ciudadanía no quede como un texto meramente programático y asegurar su eficacia real.
La misma Carta proclamaba su exigibilidad a jueces, juezas, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, abogadas, procuradores y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia, y es necesario
mejorar y favorecer la defensa y el ejercicio de sus derechos por las personas y colectivos sociales con menos recursos socioeconómicos. Para ello, entre otras cuestiones, es imprescindible el empleo de un lenguaje que sea más sencillo y
comprensible del ámbito jurídico por parte de las administraciones, a las que corresponde impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía, el famoso derecho al derecho, entendido como la posibilidad real y concreta de
alcanzar a conocer las disposiciones que nos rigen más o menos directamente como seres humanos. El Plan de Justicia 2030 asume las previsiones de la Carta como estrategia para hacer más accesible, más eficiente el servicio público de la justicia
con el objetivo imprescindible de promover una mayor eficiencia y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio de nuestro país. El papel de esta Comisión creemos que está claro. Los proyectos normativos, la reforma del Código Penal en
materia de delitos contra la libertad sexual, delitos de maltrato, abandono animal o la reforma del delito de sedición, entre otros muchos, contribuirán a avanzar hacia una mayor eficacia de los derechos de la Carta, y me atrevo a afirmar que
incluso van más allá de lo que inicialmente se pensaba en el año 2002 cuando se aprobó.
No obstante, también tenemos que afirmar que lamentablemente algunas de sus previsiones son conculcadas en el día a día de los juzgados y tribunales de justicia, como la que afirma que las víctimas de un delito tienen derecho a ser
protegidas frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales, o que las personas extranjeras tienen derecho a ser atendidas por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia, de
acuerdo con lo establecido en la Carta, y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias.
Mediante esta proposición no de ley esta Comisión solicita al Gobierno el informe exhaustivo de las actuaciones llevadas a cabo por los distintos agentes implicados, pero también consideramos que comparte con ellos la responsabilidad de
implementar y hacer efectiva la carta de derechos a través de los proyectos normativos en tramitación y los que lo estarán en un futuro.
Pensamos que la Carta de Derechos de la Ciudadanía no debe entenderse como algo estático, sino como una guía para su evolución progresiva junto con los avances sociales y que debe interpretarse siempre en un sentido evolutivo y garantista de
los derechos de la ciudadanía.
Apoyaremos esta proposición. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo que tengo en mi mano es mi acreditación como diputado nacional (muestra su acreditación a la Comisión) y a todos ustedes les dieron una similar. Señorías, ¿acaso cree ustedes que cuando les dieron esta acreditación se
transformaron en seres más bellos, más inteligentes? No, señorías, el ser diputados no nos confiere cualidades personales especiales. Para nuestra desgracia, seguimos siendo igual de feos e igual de torpes que antes. Les digo esto porque cuando
leo este tipo de iniciativas parece que se colocan ustedes en otro plano de la realidad, superior, por supuesto, desde el que creen disfrutar de esas cualidades especiales. Cualquier profesional, como yo mismo, que llevo veinticinco años de
ejercicio profesional como abogado, puede describirles lo que es entrar en un juzgado con torres de expedientes en el suelo, lo que es que se tarde un año en admitir a trámite una demanda, lo que es tratar con un cliente que se le echa a llorar
porque solo pide una justicia que nunca llega y que recibe un trato inhumano del propio sistema.
Por ello, nos resulta sorprendente no ya que intenten desde la izquierda controlar el Poder Judicial, la Fiscalía o, en definitiva, todos los poderes de la nación, sino que se mantengan en esa permanente desconexión de la realidad, de lo que
verdaderamente está pasando en la nación. Hablan ustedes de grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado que elaboró una propuesta de Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de
Justicia, ciudadanos que podrán formular quejas y sugerencias. Si yo le digo eso a un ciudadano que reclama justicia no pueden ni imaginar cuál sería su respuesta. Yo no la voy a adelantar aquí porque creo que sería incluso indecorosa
para esta sala. Y se permiten desde el Grupo Socialista interesar del propio Gobierno un informe por escrito, sin comparecencia personal alguna, en una suerte de representación teatral de programada autocomplacencia, autoalabanza, para que
por escrito el propio Gobierno nos presente una realidad virtual. Mientras nuestra Administración de Justicia carece de medios, ustedes reparten competencias entre las comunidades autónomas y destinan el presupuesto y los recursos económicos a
cuestiones sin sentido. Mientras, en definitiva, el emperador sigue desnudo y se creen ustedes que por el mero hecho de ser diputados recibieron unas capacidades de las que realmente carecen. Bajen del pedestal, pisen la realidad y quizá entonces
entiendan lo que les quiero decir. En mi opinión, en este Congreso de los Diputados lo que hace falta son toneladas de humildad.
Siguiendo con ese criterio que acabo de explicar, me permito, si la presidenta me lo autoriza, contestar con total humildad a las alusiones personales que me dirigieron en el punto anterior. Simplemente les diré que como letrado en
ejercicio comparto que es una barbaridad imponer la asistencia de abogadas en los casos que se han descrito en esta sala, en una vista, pero también les recuerdo que lo que pedimos son medidas de conciliación para mujeres y hombres en el ámbito de
la justicia, no solamente para mujeres, y que una cosa no quita la otra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zambrano.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz el señor Merino.
El señor MERINO MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular sí que vamos a apoyar esta proposición no de ley y, a diferencia de otros grupos, nos parece que está bien traída; yo creo que sí. No sé si somos más guapos, más feos, más listos o más tontos, quizá
debería juzgarlo un tercero, pero somos representantes de los ciudadanos y para eso nos votaron libre y democráticamente en unas elecciones. Y los ciudadanos en este momento lo que sí que piden son pactos, pactos por la justicia, por ejemplo, como
el que se hizo en 2001, el 28 de mayo se cumplirán veinte años, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso sí que nos lo están pidiendo los ciudadanos. Por cierto, un pacto que trajo y ha traído grandes avances en la Administración de
Justicia de nuestro país y, por supuesto, de las comunidades autónomas. En estos veinte años esta carta, que desde luego es una declaración de cuarenta y un derechos de los ciudadanos, es un gran acuerdo al más alto nivel y ha traído grandes
reformas. Para que fuera una justicia moderna y abierta ha tenido que haber una revolución digital y eso se ha producido también gracias a la aprobación de leyes y gracias a la puesta en marcha y encima de la mesa de medidas y presupuesto público
tanto del Estado como de las comunidades autónomas, independientemente de quién gobierne.
Para que fuera una justicia que protegiese a los más débiles ha habido también que aprobar leyes. Hace pocos días aprobábamos una precisamente para la protección de los menores. Para que la relación de confianza entre abogados,
procuradores y ciudadanos fuera mejor, los colegios profesionales también han aprobado sus códigos deontológicos y han avanzado en sus normas de gobierno. Y, efectivamente, para la eficacia de la carta de los derechos de los ciudadanos ante la
justicia, hay que dar cuenta de si se ha avanzado o no se ha avanzado en estos años. Y yo estoy seguro de que se ha avanzado y quedan muchas cosas por hacer, pero en una comunidad autónoma como la mía, La Rioja, de tener una justicia, como decía el
parlamentario, con expedientes tirados en el suelo, tenemos un gran palacio de justicia donde esta carta de los derechos de los ciudadanos se puede cumplir y se puede llevar a efecto. Eso es avanzar en estos veinte años, pero también para seguir
pactando en justicia hace falta voluntad por ambas partes.
Decía uno de los parlamentarios de 2002, el señor López Garrido, por cierto, del Partido Socialista, que él renunciaba a su protagonismo como oposición en esa proposición no de ley para compartirlo con el Gobierno del Partido Popular y salir
más fortalecida esa proposición no de ley.
Creo que son unas palabras muy importantes y verdaderamente algo que deberíamos imitar. En este caso, en la oposición el Partido Popular y en el Gobierno el Partido Socialista. Ese protagonismo para avanzar en justicia debería ser
compartido, pero por los derechos de los ciudadanos ante la justicia, que es también para lo que hoy estamos aquí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
- RELATIVA A REFORZAR LA JUSTICIA UNIVERSAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/002448).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente debate de la proposición no de ley relativa a reforzar la justicia universal.
El autor de la proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y la defenderá su portavoz la señora Velarde.
Tiene usted la palabra.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Como saben, la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el Partido Popular derogó el sistema de jurisdicción universal que todavía se encontraba vigente hasta ese momento en
nuestro país. Hasta entonces esa legislación había permitido la persecución y enjuiciamiento por parte de los tribunales españoles de los más graves delitos y violaciones de derechos humanos como los perpetrados en Chile, Argentina y Guatemala y
había colocado a España, además, como referente en la persecución de los crímenes internacionales y la defensa de los derechos humanos. Pues bien, el Partido Popular provocó una reforma por la vía de urgencia a través de una proposición de ley, no
a través de un proyecto de ley del Gobierno, con lo que evitaba así todos los informes obligatorios que el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para reformas que afectan a derechos fundamentales y ninguneó al Consejo General del
Poder Judicial, al Consejo de Estado y, en última instancia, ninguneó y ha ninguneado a las víctimas.
En menos de dos meses el sistema de jurisdicción universal que había sido derogado para evitar incómodos conflictos económicos y diplomáticos por el Partido Popular, ese sistema implantado con la vigente redacción del artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ha dejado reducida a cenizas las obligaciones internacionales en la persecución de los más graves delitos contra los derechos humanos, estableciendo delito a delito criterios de conexión no previstos en el derecho
internacional, exigiendo, además, la querella del ofendido o del ministerio fiscal y dejando fuera la legitimización para incoar este tipo de procesos a las acusaciones populares que tanto, y lo decimos, han hecho por la jurisdicción universal y por
la defensa de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, recordemos que si no hubiese sido por ese incansable esfuerzo y trabajo, quizá hoy no habría condenas a graves violaciones de derechos humanos. El principio de jurisdicción universal es aquel que en virtud del cual se asignan
competencias a las autoridades de un Estado para la represión de delitos que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o de las víctimas, atentan contra bienes jurídicos internacionales o supranacionales de
especial importancia y que por ello trascienden la esfera de intereses individuales y específicos de uno o varios Estados en particular. Estos crímenes afectan a toda la comunidad internacional estén o no estén incluidos en las legislaciones
nacionales y, para que sus responsables no queden impunes, la normativa internacional establece principios como la no prescripción del delito, prohibición de amnistiar al autor, la amplia responsabilidad penal individual de quien lo cometa o sea
cómplice, lo ordene, induzca o encubra y la persecución obligatoria por parte de cualquier jurisdicción estatal o internacional. Sin embargo, la normativa, que todavía se encuentra vigente, limita esa competencia de los tribunales españoles hasta
el punto de que en los delitos más graves como genocidio, lesa humanidad y contra las personas o bienes en el caso de conflicto armado, es indiferente que las víctimas de estos hechos tengan nacionalidad española, exigiéndose que la persona a la que
se le impute el hecho delictivo tenga nacionalidad española o sea extranjero, pero con residencia en España o, aunque se encuentre en un territorio español, hayan denegado su extradición las autoridades españolas. En el caso, por ejemplo, de los
delitos de tortura, solo podrá iniciarse el procedimiento cuando se dirija contra un español o cuando la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se le impute la comisión del delito se
encuentre en territorio español. En fin, estos son solo varios ejemplos con los actuales requisitos de perseguibilidad de lo inviable que nos parece en la práctica la persecución de estos crímenes contra la humanidad.
Por si esto anterior que he dicho no fuese suficiente, la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, impuso que las causas que se encontraban en tramitación quedaran sobreseídas hasta que no se acreditase el
cumplimiento de los requisitos establecidos en ella.
Eso conllevó a que en casos muy graves de crímenes contra la humanidad como los casos Couso, los vuelos de la CIA o Guantánamo, entre otros, quedaran archivados al privar a los órganos jurisdiccionales españoles del presupuesto procesal de
jurisdicción sobre estos hechos. Voy a aprovechar para mandar un cariñoso abrazo a la familia Couso.
Termino. Por esta razón el Gobierno de coalición progresista llegó a este acuerdo de cambiar esta situación en su punto 12.4 y esta medida resulta desde nuestro punto de vista indispensable para recuperar el principio de jurisdicción
universal que ha sido y tiene que seguir siendo un instrumento fundamental para restringir los movimientos de presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos y, sobre todo, para garantizar la protección de las víctimas y su derecho
a la persecución y enjuiciamiento de los responsables de los delitos más graves contra la humanidad. Por eso pedimos el apoyo de todas las fuerzas que están aquí ahora mismo en esta Comisión a esta proposición para revertir la modificación del año
2014 llevada a cabo por el Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Velarde.
No han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa y corresponde el turno de intervención a la portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
El debate de esta proposición no de ley nos lleva a denunciar el tema de que los poderes del Estado han invocado de manera continuada a diferentes obstáculos legales para negar sistemáticamente la investigación y el enjuiciamiento de los
crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición. Los tribunales españoles en más de cien resoluciones judiciales en las que han dado respuesta a ochenta querellas criminales presentadas en el Estado español
invocan la Ley de Amnistía como norma que consolida la impunidad y despliega efectos para evitar la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista. Niega que son crímenes contra la
humanidad, considerándolos delitos aislados que han prescrito. Se escudan en las limitaciones de la normativa interna para oponerse a la persecución de los crímenes contra la humanidad, no aplicando los tratados internacionales ratificados por el
Estado español. Estos argumentos son absolutamente improcedentes y contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, tal y como se ha venido recordando al Estado español desde diferentes instancias internacionales, el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas o el Consejo de Europa entre otras.
Por todo ello, vemos necesario impulsar y aprobar iniciativas legislativas para garantizar definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello nuestro voto será a favor.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.
Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Viendo esta iniciativa, ya he puesto en anteriores puntos de manifiesto un poco la perplejidad de que el grupo parlamentario que apoya o que forma parte del Gobierno nos traiga iniciativas para instar al Gobierno. Esto todavía es un rizo
más en esa manera de proceder porque nos traen, como nos ha dicho nuestra compañera la portavoz de Podemos, una iniciativa que es un punto de su acuerdo para formar Gobierno de coalición. Pues si es un punto de su acuerdo de coalición, hablen con
sus socios de Gobierno y hagan la transformación. Estamos a principios de semana y tampoco quiero ser especialmente incisivo con estas cuestiones, pero, bueno, tenía que ponerlo de manifiesto. (Rumores.-Risas).
Respecto al fondo del asunto, nos relata la iniciativa y, sobre todo, en el discurso de nuestra compañera la reforma de 2014 operada por el PP en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la de justicia universal, y nos
indica que ahí se produjo la quiebra de la justicia universal. Tengo que corregirla, la quiebra no se produjo con la reforma la Ley Orgánica 1/14, en realidad la primera quiebra se produce con la reforma del PSOE de 2009 que introdujo lo que no
existía en al texto original de la Ley Orgánica del Poder Judicial: los puntos de conexión. Es decir, puntos de conexión con España, que es precisamente algo antinómico a la justicia universal. Porque si algo es la justicia universal en realidad,
es un fuero universal de las jurisdicciones nacionales para la persecución de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero sin ningún punto de conexión y fue en 2009 la introducción de los
primeros puntos de conexión que ciertamente en 2014 se ampliaron y se restringió la legitimación. Pero yo le preguntaría a nuestra compañera de Podemos cuando se dice en la proposición no de ley en la parte dispositiva siguiendo las mejores
prácticas y en atención a los distintos tratados internacionales, ¿por qué se para en la reforma de 2014? ¿Por qué no lo retrotrae a la reforma de 2009? Claro, es que ahí se inició realmente el debate de cuándo se produjo una desviación en la
justicia universal en su contemplación originaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Más allá de estas consideraciones, votaremos a favor, a pesar de que lo que nos proponen no es ni mucho menos la situación de las mejores prácticas y en atención a los distintos tratados internacionales. Consideramos que es una mejora
retrotraer la reforma de 2014, pero, desde luego, no con esta descripción tan épica para recuperar las mejores prácticas y los distintos tratados. Esto se lograría con la contrarreforma de la reforma de 2009, no solo con la de 2014.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
El Grupo de Unidas Podemos presenta este debate de proposición en relación con reforzar la llamada justicia universal. Compartimos parte de la argumentación que motiva esta iniciativa. La reforma que ustedes plantean pretende que los
jueces y tribunales españoles, por lo que a los crímenes internacionales se refiere, puedan ejercer una jurisdicción independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos. Esto viene a
convertir prácticamente a los tribunales españoles en una suerte de tribunales universales con capacidad de intervención sin límites y sin cortapisas de ningún tipo en relación con este tipo de delitos.
Reconozco que esto nos provoca sensaciones encontradas. Por un lado, evidentemente, se trata de un tipo de delitos que en un principio, principio moral que tiene cualquier demócrata, indica que debe perseguirse en cualquier lugar y bajo
cualquier condición, pero, por otro lado, también existe el choque con otro principio, que es el principio de la realidad porque bajo ningún concepto queremos generar frustración en las personas que pueden pensar que los juzgados y tribunales
españoles hoy en día tienen la capacidad suficiente para perseguir cualquier tipo de delito en cualquier lugar del universo con los medios de los que se disponen. Lo cierto es que nuestra Administración de Justicia no tiene esa capacidad en la
actualidad, es el lugar donde existen más casos pendientes de resolución por cada cien habitantes en la Unión Europea, siendo solo superados por Italia, Portugal y Eslovenia y donde la espera media para la resolución de la demanda de un tribunal es
de las más altas, de quinientos días. Por lo tanto, todavía más importante y urgente que la iniciativa que propone Unidas Podemos es, a nuestro juicio, la necesidad de reformar nuestra Administración de Justicia y, en especial, en todo lo que se
refiere a la inversión intensa en medios materiales y humanos. Sólo una vez logrado esto podemos comenzar a hablar de exprimir hasta el límite las capacidades de nuestra administración de justicia. Y, como ya se ha dicho también anteriormente por
alguno de los compañeros que han intervenido, realmente no es menos cierto que precisamente el partido de Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo, tiene iniciativa y verdadera capacidad de impulsar reformas de calado. ¿Por qué la coalición de
Gobierno en todo este tiempo que lleva al frente del Gobierno no ha hecho nada para mejorar el funcionamiento de la justicia?
En cuanto a la inversión en medios materiales y humanos, sigue siendo profundamente insuficiente. En cuanto a otras cuestiones como la independencia judicial, es mejor no hablar porque por todos es sabido que hemos empeorado sustancialmente
desde su llegada al Gobierno. Por lo tanto, sí que compartimos el espíritu que anima esta proposición y vamos a valorar la posición más adecuada contemplando la realidad a la que nos enfrentamos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Plural le corresponde el turno de intervención a su portavoz el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, evidentemente, vamos a votar a favor de la proposición presentada. Estamos totalmente a favor de la jurisdicción universal porque los derechos humanos son universales, pero tenemos un pequeño problema y es que la justicia española
tiene una obsesión con la cuestión territorial y con la impunidad del
franquismo, extendida ahora a la impunidad de la monarquía. Curiosamente, esta obcecación no tiene nada que ver con la protección de los derechos fundamentales, sino con la unidad de España. Ya lo dijo señor Lesmes, curiosamente en
septiembre de 2017, cuando dijo que la indisoluble unidad de la nación española es el basamento último nuclear e irreductible de todo el derecho de un Estado. ¡Mentira! El basamento último, nuclear e irreductible de todo el derecho de un Estado
debe ser solo los derechos fundamentales, no la unidad de nada, los derechos fundamentales de cada persona, de cada ciudadano.
¿Qué credenciales tiene la justicia española para pretender impartir justicia universal en Europa si después del franquismo no se hizo ningún tipo de limpieza ideológica de la estructura judicial, al contrario de lo que hizo, por ejemplo,
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial con la desnazificación del Poder Judicial o lo que hizo también Alemania del Este cuando se incorporó a la República Federal de Alemania?
Está muy bien la teoría de la justicia universal, pero tenemos un problema si esta justicia universal la tiene que impartir una justicia española en la que la ideología nacional y constitucional están muy presentes y, de hecho, se ha
subrogado en una ideología franquista que impregna toda las estructuras del Poder Judicial. Nosotros en Cataluña lo sabemos muy bien porque España es un país que tiene presos políticos. ¿Con estas credenciales vamos a ir Europa? ¿Con presos
políticos en el Estado español?
La cultura jurídica franquista, repetimos, es un mal basamento y es un mal fundamento para pretender justicia universal. Por el contrario, cuando la justicia española ha ido a Europa, sí que ha encontrado principios de justicia universal.
Schleswig-Holstein. Los jueces Martin Probst, presidente de la sala, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann son ejemplos de justicia universal. El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein nos marcó un camino. También el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea o el ridículo constante del señor Llarena en Europa con las ODE son símbolos claros de principios universales de justicia.
Habiendo hecho estas consideraciones, solo vamos a expresar nuestro voto favorable a la propuesta presentada, pero con esta reflexión sobre la justicia española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.
Le corresponde el turno de intervención al Grupo Republicano.
Señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Lo primero de todo quisiera recordarles que el 9 de septiembre de 2016 Esquerra Republicana presentó ante esta Cámara una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la mejora de la justicia
universal. Se tomó en consideración el 1 de marzo de 2017 y acabó cayendo por la falta de voluntad política de los partidos mayoritarios del Congreso. Es decir, presentamos una iniciativa legislativa que realmente tenía facultad y voluntad de
hacer efectiva esta justicia universal, no una proposición no de ley.
Joan Tardà ya lo dijo en su día en el debate de toma en consideración que el comportamiento del Gobierno español, sea del color que sea, no respetaba los derechos humanos, recortando las libertades y los derechos civiles como, por ejemplo,
la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza y que la justicia universal estaba en jaque mate. Y, efectivamente, hoy la justicia universal está finiquitada aquí en el Estado español. Estamos instaladas en la casi imposibilidad de que se
puedan juzgar crímenes fuera de los límites del Estado español y esto se constata porque, además, es necesaria una concurrencia de requisitos muy estrictos como que el responsable deba ser español o extranjero, que haya adquirido la nacionalidad con
posterioridad al delito, que el hecho sea punible en el lugar de la ejecución, que el agraviado o la fiscalía interpongan querella ante los tribunales, nada de acusación popular, se excluye la acusación popular, y que el delincuente no haya sido
absuelto, indultado o penado en el extranjero.
Quiero recordar aquí como además de todos estos requisitos anteriores nos encontramos con que el PP sobreseía todas las causas que estaban en tramitación. Recordarán también muchísimas oportunidades, pero una de ellas es la oportunidad que
tuvimos de poder juzgar a antiguos miembros de la SS que habían sido guardias en los campos de exterminio, donde tantos republicanos españoles y catalanes fueron exterminados. Estos, como muchos otros casos, se perdieron.
Además, Amnistía Internacional nos ha hecho llegar una serie de recomendaciones que deberíamos tenerlas muy, muy en cuenta. La primera, que se promueva una legislación que prevea sin limitaciones indebidas el principio de jurisdicción
universal. Esta legislación debería permitir a las autoridades judiciales
investigar y procesar a toda persona sospechosa de cometer un crimen de derecho internacional con independencia del lugar en el que se haya perpetrado o de la nacionalidad del acusado o de la víctima, así como conceder reparaciones a esta y
a sus familiares y que no obstaculicen, por supuesto, las investigaciones de las causas que se encuentren actualmente en tramitación en virtud del principio de jurisdicción universal y del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Termino. Las republicanas catalanas nos posicionamos en su día en contra de las reformas de 2009 y de 2014, razón por la cual aspiramos a poder revertir todo lo perdido. También lo saben, aspiramos una república catalana que tenga el
compromiso firme de hacer triunfar la justicia universal.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlmentario VOX le corresponde el turno de intervención a su portavoz el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidenta.
Estoy perplejo ante algunas intervenciones y, desde luego, no voy a caer en la prudencia del señor Legarda ni voy a hacer esto que él ha dicho que quería evitar, que es ser incisivo. ¿Pero cómo puede venir aquí la portavoz del Grupo Euskal
Herria Bildu a decir que es muy grave la situación en España porque no se ha hecho justicia para muchos crímenes cometidos? ¿Pero esta señora cree que está en grado de hacer esta afirmación en este Parlamento? Usted tendría que tener vergüenza y
lo que manifiesta por sus frases es que no la tiene.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez García, le ruego que se ciña a la iniciativa y también que todos guardemos el debido respeto que nos merecemos las personas y la institución.
Me consta que usted lo hará. Se lo agradezco.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí. Gracias, señora presidenta.
En cuanto a los dos portavoces del Grupo Plural de partidos independentistas catalanes,... (La señora Telechea i Lozano: No, no, Esquerra Republicana no forma parte).
Perdón, me he equivocado.
La señora PRESIDENTA: Por favor, que no haya réplicas. La mañana es muy larga, la sesión es larga y tenemos Pleno. Por favor, dejen al interviniente terminar su intervención.
Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
Quizá me he equivocado, le pido disculpas, pero me parece que Esquerra Republicana de Catalunya es un partido independentista y creo que el portavoz del otro grupo, el Grupo Plural, también es independentista.
En todo caso, hablan del franquismo y también de la monarquía. ¡Otra vez con esta obsesión que tienen ustedes! Ya les dije un día en el Pleno que tendrían que ir al psiquiatra. ¿Me pueden decir qué relación guarda esto con la justicia
universal? Porque si ustedes dicen que se tienen que perseguir los crímenes del franquismo y de la monarquía, será en España. ¿O dónde se van a perseguir? ¿En Tombuctú o en Pernambuco? ¿Dónde quieren ustedes perseguirlos?
Hecha esta observación, no saben ustedes de qué hablan, tienen una confusión mental espantosa, lo mezclan todo y vienen aquí a decir cualquier cosa, siempre arrimando el ascua a su sardina, pero es que es una sardina que está ya podrida y es
tóxica. Entonces, sobre esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, ¿qué es lo que quieren estos señores? ¿Darle trabajo a Garzón más del que tiene? Porque a mí me parece que a Garzón le gusta mucho viajar, no sé por qué insisten
en que litigue en España, que litigue en los cinco continentes y así lo pasará mejor además de ganar dinero. No voy a hacer ninguna observación sobre este señor porque la observación que se podía hacer ya la hizo en su día el Tribunal Supremo que
lo condenó y fue expulsado de la carrera judicial.
No es exactamente cierto, como dice Legarda, que, a pesar de que esa afirmación la hizo el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 237/2005, el artículo original, el 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciera un principio
de justicia universal absoluto porque, si leemos la letra g), decía: Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales deba ser perseguido en España. Con lo cual, la remisión al tratado era una remisión al tratado dando por
supuesto que el tratado establecía un
vínculo o una conexión. Luego no es tan evidente esto como parece. Por lo demás, es sabido que las actuaciones absolutamente demenciales de ciertos jueces instructores -de alguno ya he mencionado su nombre- en los años noventa en la
Audiencia Nacional dieron lugar a una evolución de la jurisprudencia vacilante y a diversas reformas legales de este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya se ha dicho por autorizada doctrina que el texto en vigor resulta farragoso, de
difícil aplicación, etcétera. Todo esto puede ser cierto, nosotros no vamos ahora a entrar en el detalle porque es un texto muy largo. Pero lo que también es cierto es que la jurisdicción universal en sentido absoluto, predicada por un
ordenamiento interno para su foro, es un problema, pero un problema necesario porque choca con la jurisdicción de los otros Estados soberanos. De modo que lo razonable en este punto es que España sea competente para los delitos contra el derecho de
gente, sean de primer grado -como se distingue en la doctrina que son esencialmente el genocidio y los crímenes de guerra- o sean de segundo grado -el resto-, cuando lo dispongan así los tratados...
La señora PRESIDENTA: Debe finalizar, señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... de los que España y se prescinda de normas internas sobre este particular. Esto es lo razonable y prudente para que haya armonía en la sociedad internacional.
Votaremos en contra, gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez García.
Por el Grupo Popular tomará la palabra su portavoz la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Ante la lectura de esta iniciativa y la exposición que ha hecho la proponente cabe hacer dos consideraciones previas. La primera es que, señorías, esta iniciativa es sorprendente no por la materia ni siquiera por las medias
verdades que utilizan siempre que afrontan este tema, sino porque, como ya se ha dicho, son el grupo que sustenta al Gobierno y vienen a solicitar a esta Comisión que nos pronunciemos sobre un acuerdo de investidura y de Gobierno que solo vincula a
los firmantes. Los demás grupos no tenemos compromiso alguno con el cumplimiento de ese acuerdo. Por tanto, no son estos ni el lugar ni el cauce oportunos para medir el nivel de cumplimiento de un acuerdo entre grupos políticos. Desde luego, a
nosotros, al Grupo Popular, solo nos obliga el compromiso con los españoles y sus necesidades, que en este momento de grave crisis sanitaria y económica son otras muy distintas. La segunda consideración es que antes que la justicia universal,
primero hay que respetar a la justicia española. Ni las intervenciones de sus líderes ni las reformas que han planteado como urgentes demuestran otra cosa que falta de respeto a la justicia hasta llegar a tener que ser reprendidos por las
instituciones europeas. Traer aquí esta PNL resulta inaudito. Cuando ustedes quieren reformar algo -lo han demostrado, en particular con la Ley Orgánica del Poder Judicial- no dudan en traspasar todas las líneas rojas y acometer la reforma de
urgencia. Cuando tengan ese respeto, serán creíbles en el planteamiento de otros temas. Los ciudadanos y los profesionales de la justicia necesitan que se recupere el respeto a la separación de poderes y a su independencia y que se dote a la
justicia de medios y medidas eficaces para su modernización organizativa, tecnológica y normativa, como gusta defender al ministro.
En cuanto al fondo, realmente proponen que se recupere el sistema de justicia universal y que se amplíe la competencia de juzgados y tribunales. Señorías, basta recurrir a los boletines de esta Cámara de la Legislatura XII y a los Diarios
de Sesiones para comprobar la posición de este grupo, favorable a que los ajustes técnicos y de actualización de la norma pudieran hacerse, pero no un planteamiento de ausencia de límites de una justicia urbi et orbi, ajena, por otra parte, a la de
otros países de la Unión Europea. El principio de justicia universal es una excepción al principio de territorialidad, que, a su vez, es manifestación básica del principio de legalidad penal y no hay una única forma de regularlo. Como ya señaló la
sentencia del Tribunal Supremo 327/2003, el ejercicio de jurisdicción no puede contravenir otros principios del derecho internacional público ni operar cuando no existe un punto de conexión directa con intereses nacionales. No le corresponde a
ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden recurriendo al derecho penal contra todos y en todo el mundo. Esto llevó a la reforma de 2009 del Gobierno socialista, como ya se ha dicho, y, en esa línea, se aprobó la
Ley Orgánica 1/2014 y la reforma de 2015, aunque en estas reformas -y no se dice- se ampliaron los tipos penales, se perfilaron más los supuestos de territorialidad y se reforzó la seguridad jurídica en delitos tan importantes
como los que van contra la libertad de indemnidad sexual con víctimas menores, delitos vinculados a la violencia de género, abuso de menores, turismo sexual cuando las víctimas son menores, etcétera. Nosotros ya propusimos mejorar el texto
y, además, incorporar una regulación para la mejor persecución de delitos de tráfico de órganos, trata de seres humanos y delitos de pesca ilegal. Propusimos dar facultades a la autoridad respecto a bienes y perseguirles en tránsito, como en el
caso de tráfico de drogas. En esos puntos habíamos avanzado para mejorar la regulación, pero ahora ni vamos a entrometernos en impulsar la hoja de ruta que se marcaron en el acuerdo de legislatura -que es lo que de verdad piden en su PNL- ni
apoyaremos una extensión urbi et orbi de la jurisdicción española, generando falsas expectativas para solo causar una vez más desesperanza, desconfianza y decepción, y menos para alimentar el negocio de algunos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro
Finaliza el turno de intervención en esta iniciativa el grupo Parlamentario Socialista y lo hará su portavoz la señora Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar y al margen del contenido de la PNL, quiero manifestar que los grupos parlamentarios, tanto de Podemos del PSOE y atendiendo también a los intereses de la ciudadanía, podemos presentar proposiciones
no de ley instando al Gobierno... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Les ruego silencio, por favor.
La señora NARVÁEZ BANDERA: ... con, por supuesto, el visto bueno de los ministerios. No creo que haya sido la primera legislatura en la que esto suceda.
El principio de jurisdicción universal es un principio de solidaridad universal en materia de enjuiciamiento penal, señorías. Supone la persecución de delitos, de crímenes de especial gravedad, sin tomar en consideración ni el lugar donde
fueron cometidos ni la nacionalidad de sus autores. La persecución de delitos que trascienden la frontera física y que no pueden quedar impunes, señorías. (Rumores). Efectivamente, la modificación de la Ley Orgánica 1/2014 estaba recogida en el
acuerdo de Gobierno, un Gobierno como el nuestro, progresista y defensor de los más elementales derechos humanos...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, no se escucha.
La señora NARVÁEZ BANDERA: ... porque, hasta ese momento, España había sido referente. Una ley orgánica, aprobada por el rodillo del Partido Popular en el año 2014, que supuso la derogación del sistema de jurisdicción universal vigente
hasta ese momento en España. Porque, a diferencia de nosotros, cuando ustedes gobiernan, señores de la derecha, recortan todos esos derechos y libertades con los que luego se les llena la boca y siempre los recortan en beneficio del más fuerte.
Esa modificación de 2014 supuso dificultar que los tribunales españoles persiguieran y enjuiciaran delitos que atentan contra los derechos humanos. Estamos hablando de genocidio, de torturas, de delitos de terrorismo, delitos que, como he dicho,
trascienden las fronteras físicas y que en numerosas ocasiones el poder individual de un Estado no ha sido suficiente para su persecución, facilitándose en muchos casos que quedasen impunes. Por ello, se hace tan necesaria la intervención de un
tercer país que los persiga.
Entendemos que se deviene absolutamente necesaria la modificación del artículo 23.4 de esta ley orgánica que introdujo la exigencia de la nacionalidad, la presencia del acusado en territorio nacional, etcétera, y que ha provocado que el
concepto de justicia universal se devenga ineficaz. Votaremos a favor de la PNL para que nuestro país vuelva a ser un referente en esto, para no limitar el principio de justicia universal y que sea una herramienta eficaz para la reparación del daño
causado a las víctimas por esos crímenes; una reparación que, fundamentalmente, es una reparación moral y que, además, sirva como mecanismo coercitivo o persuasivo para que no se cometan crímenes como estos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Narváez.
Señorías, nos resta el debate de dos iniciativas y toda la votación de la sesión de esta mañana. Les pido contención y rigor en la gestión de los tiempos.
- RELATIVA A INSTAR AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA EL REFORZAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Y PARA LIMITAR EL EJERCICIO
DE LA GRACIA DEL INDULTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002454).
La señora PRESIDENTA: A continuación, iniciamos el debate de la proposición no de ley relativa a instar al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial para garantizar
la imparcialidad de la actuación del ministerio fiscal y para limitar el ejercicio de la gracia del indulto. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la presentará su portavoz el señor Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con la venia, venimos a presentar una proposición no de ley para el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, por un lado; para garantizar la imparcialidad de la actuación del ministerio fiscal, por otro, y para limitar el
ejercicio de la gracia del indulto. Sobre estos tres ejes pivota nuestra proposición no de ley.
Señorías, el principio de separación de poderes es la piedra angular de toda democracia, y así lo es en España. En virtud del artículo 1 de la Constitución de 1978, como saben, nuestro país se constituye en un Estado social y democrático de
derecho.
Señorías, el persistente acecho que sufre el Poder Judicial en los últimos tiempos con este Gobierno, perpetrado por los partidos que lo soportan, no solo ha causado consternación en nuestro país, sino que ha despertado la preocupación de
las instituciones de la Unión Europea, que están siempre alerta para defender los valores democráticos, que son consustanciales a la existencia de la propia Unión. A lo largo de esta legislatura son varias las polémicas que han tenido como diana la
independencia del Poder Judicial, como las declaraciones de miembros del Gobierno diciendo que los jueces eran togados reaccionarios. Eso fue, nada más y nada menos, al principio del Gobierno. Señorías, el primer escándalo se produjo a los pocos
días de haber tomado posesión el Gobierno, cuando se inició el procedimiento para nombrar a doña Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que concluyó con su designación, pasando de ser ministra de Justicia y diputada del Grupo Parlamentario
Socialista a ocupar la más alta magistratura del ministerio fiscal, prácticamente sin solución de continuidad. No hay que olvidar que el ministerio fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia, integrado en el
Poder Judicial, aunque sea con autonomía funcional. Esta decisión, convendrán conmigo señorías, va directa contra la apariencia o la percepción de la independencia de la justicia. También son preocupantes los rumores continuos surgidos en torno al
ejercicio de la prerrogativa de gracia del indulto en beneficio de quienes están cumpliendo penas por un delito de tantísima gravedad como es el de sedición, entre otros. Con un Gobierno de esta naturaleza todo es posible. Finalmente, la profusión
de la actividad legislativa de los grupos que sostienen al Gobierno con el fin de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido el detonante del agotamiento de la paciencia de las asociaciones judiciales. Como nunca se había dado en la
historia de nuestra democracia, señorías, tres de las cuatro asociaciones más representativas han tenido que tomar cartas en el asunto de la injerencia de los partidos del Gobierno y del Gobierno en la independencia de la justicia y se han dirigido
directamente a la Unión Europea para contar lo que estaba sucediendo. El 2 de diciembre de 2020 se produjo un nuevo sobresalto con la presentación por parte de estos mismos grupos que apoyan al Gobierno de una nueva iniciativa -que conocen
perfectamente sus señorías- de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la limitación de sus competencias cuando se han superado los cinco años desde la designación de los miembros del Poder Judicial. Una proposición de ley orgánica
tramitada a marchas forzadas y que ya está promulgada y sancionada.
Señorías, la Comisión Europea ya anunció en octubre que estaría vigilante ante las intenciones del Gobierno de España de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías para la elección de los vocales, algo que también
se pretendía por parte de los partidos del Gobierno. Y Europa ya ha hablado sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial y también sobre la Fiscalía General del Estado. En su informe de 2020 sobre el Estado de derecho en la Unión
Europea, la Comisión Europea ha considerado que la relación entre el fiscal general y el Gobierno suscita controversia, enfatizando la necesidad de reformas dirigidas a perfeccionar nuestro modelo y aproximarlo a los más elevados estándares
exigibles. Por tanto, señorías, es necesario eliminar toda mácula de sospechas sobre la parcialidad de la Fiscalía General del Estado, impidiéndose la propuesta para el nombramiento del cargo
a todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento. Esta exigencia se refuerza con el expreso reconocimiento de la competencia del Consejo General del Poder Judicial
para pronunciarse sobre la idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno.
Por tanto, señorías, proponemos que se impulse un proyecto de ley -en uso de las facultades que tiene atribuidas el Gobierno en virtud de los artículos 87 y 88 de la Constitución- para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y establecer que los vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en
servicio activo. También proponemos impulsar mediante proyecto de ley -en uso de su facultad atribuida en virtud de los artículos 87 y 88 de la Constitución- la legislación oportuna que garantice la participación del Poder Judicial en todas las
reformas que afecten a dicho poder del Estado, no como ha ocurrido hasta ahora, que se han hecho reformas legislativas sin la opinión del Consejo General del Poder Judicial en temas que eran del Consejo General del Poder Judicial. Pretendemos
corregir esto. En un tercer punto pedimos impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar, entre otras cuestiones, la imparcialidad del titular de la Fiscalía General del Estado mediante el establecimiento
de un sistema objetivo para su elección y en el que, además, se refuercen los contrapesos al ejercicio de las facultades con las que cuenta, incrementando las competencias y atribuciones del Consejo Fiscal. En un cuarto punto instamos al Gobierno
de España a que la Abogacía del Estado exija la abstención del fiscal general del Estado en los casos que le afectan por haber sido miembro del Gobierno de España. En un quinto punto instamos al Gobierno a impulsar un proyecto -en el uso de su
facultad legislativa- para reformar el derecho de gracia para que no puedan ser indultadas aquellas personas que han sido condenadas por los gravísimos delitos de rebelión y sedición. Finalmente, señorías, dentro de la reforma del ejercicio de la
gracia del indulto y al objeto de reducir la discrecionalidad del Gobierno, pedimos la dotación de carácter vinculante para los informes de la Fiscalía y del órgano sentenciador, de tal forma que el Ejecutivo no pueda conceder indultos cuando exista
un informe contrario de la Fiscalía o del tribunal sentenciador en el caso de delitos de especial gravedad.
Señora presidenta, muchas gracias por su benevolencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rojas.
No existen grupos enmendantes a esta iniciativa. Por lo tanto, el turno de intervención se inicia con el Grupo Euskal Herria Bildu y su portavoz de la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, no haré uso del turno de palabra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.
Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, seré muy breve.
Nos opondremos a la iniciativa porque ya la hemos debatido en esta Cámara en distintos momentos, bien a través de mociones bien a través de PNL. En fin, es una cuestión en la que, por nuestra parte, todos los puntos ya los hemos tratado en
otras ocasiones y nos hemos pronunciado negativamente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
La iniciativa que nos trae el Grupo Parlamentario Popular, la cual vamos a apoyar, nos da pie para hablar de cuál es la situación, que la coalición de Gobierno formada por el Partido Socialista y Unidas Podemos ha tomado las peores
decisiones que yo recuerdo respecto a la independencia judicial. El desprestigio de las instituciones al que nos han conducido ustedes es inconcebible.
Lo primero que hicieron al llegar al Gobierno fue nombrar a la que entonces era ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Ese nombramiento que realizó Pedro Sánchez de su
compañera de partido y de Gobierno supuso un durísimo golpe contra la decencia democrática e institucional y, sobre todo, para la carrera fiscal. Fue una humillación y una vergüenza para estos funcionarios públicos que cada día se esfuerzan con su
incansable labor. A continuación, por si esto fuera poco, nos propusieron una reforma de la justicia al más puro estilo polaco,
una reforma que ha sido criticada por todos, absolutamente todos. Los señores del Partido Socialista recurrieron a una falacia absurda para tratar de justificar su interés de doblegar al Poder Judicial a sus intereses. Nos decían que en
una democracia todo debe pasar por el Parlamento, que nada ni nadie tiene mayor legitimidad que el Congreso y el Senado; populismo puro. Lo que han de hacer los jueces es aplicar la ley y esa ley se aprueba por los representantes de la voluntad
popular, es decir, los que están presentes en esta Cámara. Por lo tanto, no queremos ni necesitamos que los partidos dicten sentencia; lo que necesitamos son profesionales neutrales e independientes que conozcan las leyes, que son la expresión de
la voluntad popular, y las apliquen por igual a todos los ciudadanos. A raíz de todo esto recibieron distintas críticas del comisario de Justicia de la Unión Europea y de la vicepresidenta de la Comisión Europea, que obligaron al Gobierno a
paralizar esa ley. Lo que hicieron luego fue reformularla y registrar algo menos ambicioso que provocó limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando este se encuentre en funciones. Por lo tanto, hay toda una trayectoria de
trabajo que ha deslegitimado esa independencia judicial que tanto valor tiene en nuestro Estado democrático, hasta el punto de que tres de las cuatro asociaciones profesionales de jueces -que representan nada más y nada menos que a 2500 jueces y
magistrados de nuestro país- tuvieron que dirigirse a la Comisión Europea.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado en distintas ocasiones varias proposiciones de ley para intentar abordar este tipo de problemas. Por un lado, lo que queremos es la independencia de los jueces, queremos que los jueces sean quienes
elijan a los jueces, que no haya dedazos. También hemos presentado todas y cada una de las legislaturas una proposición para regular un ministerio fiscal verdaderamente autónomo del Ejecutivo, un fiscal que lo sea del Estado y no del Gobierno, al
igual que una modificación de la Ley del indulto para prohibir indultos por corrupción y limitar la arbitrariedad en su concesión en general. Ninguna de estas propuestas ha sido bien recibida, pero sí vamos a apoyar la propuesta que hoy presenta el
Grupo Popular.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Plural tiene la palabra su portavoz el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Señora presidenta, señorías.
Al respecto de la independencia del Poder Judicial, creo que es relevante tener en cuenta lo que ya he expuesto anteriormente sobre la cultura jurídica dominante, que no exclusiva, presente en el Poder Judicial, que es la cultura jurídica
herencia directa del franquismo. Por tanto, de entrada, vamos a posicionarnos en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
En concreto, respecto al tema de los indultos, todos sabemos que esta proposición no de ley en el fondo hace referencia al indulto a los presos políticos catalanes. Al respecto quiero comentar algunas cuestiones. La primera es que más de
cien catedráticos ya dijeron en su momento que no había hechos para la aplicación del delito de sedición o rebelión en este caso. Amnistía Internacional también ha emitido varios informes poniendo de relieve la inexistencia de hechos que lleven a
la aplicación del delito de sedición o rebelión y también ha afirmado la desproporción de las penas. El tipo penal de la sedición -que, recordemos, forma parte del apartado de desórdenes públicos- conlleva unas penas desproporcionadas porque es
aplicable en supuestos absolutamente diferentes. En concreto, en el caso del 1 de octubre y del procés la aplicación de este tipo penal a los presos políticos catalanes se ha basado en una supuesta violencia solo percibida en algunas mentes
realmente con mucha imaginación. Por tanto, creemos que en este caso el indulto puede ser una solución humanitaria. Es el ejercicio de un derecho de gracia que no es una institución nueva ni mucho menos, tiene una larga historia en el ordenamiento
jurídico español y tiene sentido cuando se aplica por razones de justicia, equidad o utilidad pública.
En este asunto del indulto a los presos políticos catalanes también quiero señalar una cuestión y es que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, eliminó el delito de referéndum ilegal en su momento, un delito que tenía penas de tres a
cinco años de prisión, y el Partido Popular ratificó la supresión de este delito ya que no lo restituyó cuando tuvo la mayoría necesaria para hacerlo. Por otro lado, la existencia de este delito de sedición ha estado puesta en cuestión por los dos
votos particulares de los magistrados Xiol y Balaguer en la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto del recurso interpuesto por el conseller Jordi Turull. Estos dos votos particulares -entre otras muchas consideraciones referidas, por
ejemplo, a la violación de derechos fundamentales- ponen de relieve que es una pena absolutamente desproporcionada. Por esta razón, aunque nosotros estamos a favor de la amnistía, consideramos que en este caso por razones humanitarias se tiene que
tramitar inmediatamente el indulto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Republicano tiene la palabra su portavoz, la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
El Grupo Popular trae hoy a debate una propuesta aparentemente muy rigurosa; insisto, aparentemente. El Grupo Popular propone alguna medida que dice perseguir la independencia del Poder Judicial y se amparan, según ellos, en
recomendaciones comunitarias. Sin embargo, vemos que, como todas sus propuestas, acaba en el mismo sitio de siempre, buscando la forma de endurecer la represión contra la disidencia política y, en particular, contra el movimiento independentista.
El grupo proponente plantea en el punto 5 de su proposición no de ley -y cito textualmente- 'que no puedan ser indultadas aquellas personas que hayan sido condenadas por delito de rebelión, previsto y penado en los artículos 472 a 484 del Código
Penal, y de sedición, previsto y penado en los artículos 544 a 549 del Código Penal'.
En primer lugar, resulta curioso el momento que han escogido para traer a debate esta propuesta. No se les ocurrió presentarla, por poner un ejemplo, en el año 1988 cuando fue indultado el general Alfonso Armada, que había sido condenado a
treinta años de prisión por rebelión militar consumada. En ese momento no les pareció necesario limitar la figura del indulto, aunque ese fascista hubiera cumplido solo cinco meses de cárcel por irrumpir con pistolas en el Congreso. No era para
tanto, ¿verdad? En segundo lugar, ya no resulta curioso, sino totalmente cínico que planteen la limitación del indulto precisamente para las figuras jurídicas de la sedición y la rebelión, pero no para los delitos de corrupción. No existe mayor
fraude contra la ciudadanía que un político indultando a otro que ha sido descubierto metiendo la mano en la caja de las arcas públicas. Sin embargo, al Partido Popular no le parece para tanto comparado con querer hacer un referéndum. Y mira que
durante estos últimos años hemos tenido ocasión de indignarnos una y mil veces por las corruptelas e indultos a corruptos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Concretamente, el Reino de España puede presumir de haber concedido 227
indultos a personas condenadas por delitos de corrupción desde el año 1996. Si no tienen el récord, poco les debe faltar, pero claro esto no es que no lo quieran limitar o que no lo condenen, es que lo protagonizan. De los 227 indultos a
corruptos, 139 fueron concedidos por Gobiernos de José María Aznar y 16 por Gobiernos de Mariano Rajoy. ¿Recuerdan a Margarita Mariscal de Gante y Ángel Acebes? Ambos son los dos ministros de Justicia que tienen el récord y el honor de liderar el
ranking de personas que más veces han estampado su firma en indultos a favor de personas condenadas por corrupción. Ustedes, que comparten partido con ellos, podrían preguntarles, como expertos en la materia, qué opinan de la proposición que hoy
nos traen a debate.
Señorías, ningún preso político de Esquerra Republicana ni ningún otro líder independentista catalán ha presentado solicitud de indulto. La única forma de resolver políticamente el conflicto entre el Estado español y Cataluña es la amnistía
y el referéndum de autodeterminación. Sin embargo, no pensamos ser cómplices de su hipocresía dando apoyo a esta PNL que pretenden utilizar como una herramienta más de represión política. Con esta PNL demuestran claramente el uso malintencionado
que hace la política española de la justicia. Quieren modificar a dedo un artículo que afecta a los presos polítics; esta es la España auténtica y su justicia politizada. No hace falta que les recuerde todo lo que ha hecho el señor Lesmes,
presidente del Consejo General del Poder Judicial, para favorecer las causas abiertas contra el Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea, su tiempo ha terminado, gracias.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos su portavoz, el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, presidenta.
Es en la soberanía popular en quien descansa la facultad de elegir a los poderes del Estado. Los ministros no eligen al Consejo de Ministros, los diputados no eligen al Parlamento y, por la misma lógica, los jueces no deben elegir al Poder
Judicial. Los tres poderes deben ser elegidos por los ciudadanos o por sus representantes. El Partido Popular tampoco tiene mucha autoridad para objetar sobre el respeto de este Gobierno a la independencia del ministerio fiscal. El 26 de
noviembre del año 2014 el fiscal general nombrado por el Partido Popular, el señor Torres-Dulce, compareció en esta misma Comisión de Justicia y, durante su intervención, realizó manifestaciones como las siguientes: No he tolerado nunca que el
Gobierno me diga lo que tengo que hacer. No se me puede decir que soy un fiscal proclive al Gobierno
cuando investigo a Bárcenas, solicito prisión para él o sostengo criterio propio en el caso de Jaume Matas. Veinte días después, Torres-Dulce presentaba su dimisión y el Ministerio de Justicia del Partido Popular explicó que se debía a
motivos personales. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación coincidieron en que la dimisión se debía a las presiones por parte del Gobierno del Partido Popular. Libertad Digital, por ejemplo, tituló: 'Moncloa y Génova presionaron a
Eduardo Torres-Dulce'. La noticia la firmaba el periodista Pablo Montesinos, hoy diputado del Partido Popular y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Y antes de decir que eso es mentira, señorías del PP, pregunten al señor
Montesinos.
Esta propuesta para limitar indultos también es una enmienda a la totalidad de la actuación del Gobierno del Partido Popular en la materia. Los Gobiernos de José María Aznar en ocho años concedieron 6000 indultos, en ocho años el doble de
indultos que en los siguientes diecisiete años. Mientras en su primer año completo el Ejecutivo de Aznar concedió 738 indultos, el de Mariano Rajoy concedió en su primer año 534 y en el primer año del Gobierno de coalición se han concedido 30
indultos. Ahora hablemos de condenados por corrupción e indultos: Aznar concedió 139, Rajoy sumó 16 más, la mayoría de ellos que perdonaban a condenados por delitos de prevaricación y malversación. Algo más del 60 % de todos los indultos a
corruptos se concedieron durante el Gobierno de José María Aznar, que concedía casi 18 indultos a corruptos al año. El 1 de diciembre de 2012, Acebes firmó 1328 indultos en un Consejo de Ministros, récord europeo imbatible; en esa lista se
escondían 67 condenados por corrupción. En España no existe norma alguna que permita discrecionalidad absoluta del Gobierno en materia de indultos. La Sala tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia, en noviembre del año 2013, revocando el
indulto que el Consejo de Ministros había concedido al kamikaze que había matado a un conductor de 25 años en una autopista. El condenado por homicidio, indultado por el Partido Popular, era compañero de despacho del hijo del ministro Gallardón.
Eso sí es discrecionalidad de manual. Ustedes quieren prohibir indulto para los líderes catalanes condenados por actuaciones políticas, mientras han dado indultos a corruptos, malversadores u homicidas o han aceptado sin objetar el indulto a
quienes dieron el Golpe de Estado del 23 de febrero. Señores del Partido Popular, cesen en su arbitrariedad.
Votaremos no a esta PNL.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
Por el Grupo Parlamentario VOX, corresponde el turno de intervención a su portavoz, el señor Ortega Smith.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta proposición que nos trae el Grupo Popular debería llevar como título: proposición no de ley hagan lo que digo, pero no hagan lo que hago ni lo que hice ni lo que pienso hacer, porque es de la incoherencia más absoluta. Evidentemente,
el contenido lo aprobamos en su totalidad, claro que sí, pero es que resulta que la incoherencia política es incuestionable y esto supone una pérdida absoluta de confianza y de credibilidad para quien presenta una proposición de este tipo.
VOX ha venido defendiendo, desde que entró en el panorama político hace tan sólo siete años, evidentemente, la independencia en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la independencia en el nombramiento y en
el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, la supresión hasta donde se pueda llegar de todo lo que supone el indulto en todos los tipos de delito, porque, al final, es una institución anacrónica, es una institución que
podríamos considerar absolutamente contraria a un Estado de derecho, en el que el Poder Judicial debe ser el máximo garante con todo tipo de recursos ordinarios y extraordinarios. El Consejo General del Poder Judicial tuvo su ley, la del año 1980,
que estableció, de acuerdo con la Constitución, un sistema que fue derogado en el año 1985 por el Partido Socialista, y que evidentemente, facilito o abrió la puerta a la intromisión de los partidos políticos en la designación de los doce miembros
que eran de procedencia judicial. Pero aquí está el problema: que el Partido Popular estuvo gobernando y gobernó con mayoría absoluta y dictó leyes como la de 2001 y la de 2013 y no hizo la reforma, ni por asomo, que ahora nos propone. Igualmente
podría decirse con el nombramiento de los fiscales generales del Estado tanto por parte del Partido Socialista con sus socios en aquel momento como del Partido Popular con los suyos. Por cierto, los socios siempre eran los mismos: Convergència i
Unió, con todas las derivadas que ha tenido ahora y cambios de nombre, y el PNV. La verdad es que a estos separatistas, otra cosa no, pero hay que reconocerles que saben aprovechar la oportunidad para sus objetivos, y hay quienes se la brindan en
bandeja.
Con respecto al indulto, ya se ha comentado en esta sesión: evidentemente, cómo viene usted a pedirnos esto de reducir o limitar el indulto cuando lo ha utilizado cuando le ha interesado. Por ejemplo, recordamos el primer Consejo de
Ministros de Mariano Rajoy, el indulto a dos condenados en sentencia firme por motivos de corrupción. No eran de su partido, no, eran de otros partidos, pero tenían informe contrario del órgano sentenciador y la Fiscalía y eran por causas de
corrupción y los indultaron.
Voy terminando, señora presidenta, para ajustarme al tiempo. La gran diferencia entre quienes creemos en lo que defendemos y quienes solo actúan por oportunidad u oportunismo cuando están en la oposición es la coherencia, eso es lo que nos
diferencia, que algunos lo que decimos lo cumplimos y lo vamos a cumplir cuando gobernemos y otros han perdido la credibilidad para defender estas posiciones. No obstante, obviamente, apoyaremos, claro que sí, esta proposición, entre otras cosas,
porque la venimos defendiendo en nuestras diferentes iniciativas desde que entramos en política.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith.
Finaliza el turno de intervenciones en esta iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández Benéitez.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Señorías del Grupo Popular, una vez leída su iniciativa, he de felicitarles porque es un texto muy pormenorizado y completo. Sin embargo, me gustaría preguntarles: ¿durante los años que ustedes han estado en el Gobierno, por qué no han
hecho esta misma reflexión? Y ya no es que no hayan reflexionado, es que ustedes se han relacionado de forma poco ética con el Poder Judicial en multitud de ocasiones. No sé si recuerdan aquello de: Controlaremos la Sala segunda del Supremo desde
atrás, de Cosidó. Supongo que en este ejemplo ustedes apelarían a que es un caso aislado; esto sería creíble si Cosidó no hubiera sido promocionado recientemente por el PP de Castilla y León; y este es solo un ejemplo de una larga lista. Esto no
es serio, señorías. Aun con ello, ustedes no dudan en disertar sobre la independencia de los jueces y, no contentos con eso, llevan más de un año obstaculizando la renovación del Poder Judicial. Ustedes han usado irresponsablemente la justicia,
con el detrimento que ello supone para la calidad democrática y les ha dado igual; pero, insisto, vienen ustedes aquí a instar al Gobierno a defenderla. Miren, esto es que no es serio. Tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Socialista han
trabajado de forma leal, honesta y mirando por el bien del país. Ustedes saben, porque lo saben, que las negociaciones para renovar el Poder Judicial han sido leales y buscando el bien común. ¿Qué hace el PP? Negarse a renovar, jugar con los
tiempos y enquistar cualquier posibilidad de acuerdo. Señorías, no son ustedes coherentes. (Rumores). En cualquier caso, hago unas precisiones. Perdone, señor Ortega Smith, yo he estado en silencio mientras usted intervenía, le agradecería la
misma consideración por su parte hacia mí. Gracias.
En cualquier caso, como decía, haré unas precisiones. La única reforma que ha aprobado este Parlamento, que no el Gobierno, el Parlamento, es una ley que pretende actualizar el régimen del Consejo General del Poder Judicial cuando actúa en
funciones. Sobre los indultos, como bien saben ustedes, porque lo han defendido infinidad de veces, esta figura jurídica responde a un procedimiento que está sujeto al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870;
no existe un derecho subjetivo al indulto. Además, la propia naturaleza de la institución reside en que le pertenece al Gobierno, por lo que el hecho de que los informes fueran vinculantes vaciaría de contenido la facultad del Ejecutivo sobre el
derecho de gracia. Además, la resolución debe ser perfectamente motivada, porque, como ustedes saben, arbitrariedad en ningún caso significa discrecionalidad.
Para finalizar, ustedes saben también que el Parlamento no elige jueces, sino que participa en la elección del gobierno de estos. Esto es así porque en democracia la soberanía nacional debe participar en los tres poderes del Estado; no es
este sistema el que mina la independencia judicial precisamente.
En fin, señorías, estamos ante una iniciativa oportunista que no aporta nada nuevo y que solo pretende dejar caer que el Gobierno no respeta la independencia judicial, algo que es falso. Por ello votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández Benéitez.
- PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PARTIDO JUDICIAL EN LA ISLA DE FORMENTERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002455).
La señora PRESIDENTA: Con ánimo, vamos a por la última de las iniciativas que vamos a debatir en la sesión de hoy, la proposición no de ley para la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera. Su autor es el Grupo
parlamentario Popular e intervendrá su portavoz el señor Jerez.
El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de visitar la isla de Formentera; si no lo han hecho todavía, háganlo cuanto antes, no les dejará indiferente. Es una isla muy solicitada en verano a la que todos queremos ir, con las
mejores playas, con los mejores atardeceres y con una sensibilidad especial hacia la sostenibilidad medioambiental; un paraíso, pero un paraíso sin justicia. Y es que la justicia, aunque no lo crean, no ha llegado todavía a la isla de Formentera.
La isla de Formentera es la historia de una reivindicación constante, la isla ha ido ganando con el tiempo mejoras en sus servicios, pero, lamentablemente, en Formentera todo se tiene que reivindicar y esta es una reivindicación más; cada conquista
es un hito. Hasta hace no tantos años, en Formentera se podía nacer pero no se podía morir en un hospital; hace catorce años que se creó el hospital de Formentera, solo hace catorce años. Hace no tantos años, administrativamente, Formentera
dependía de la isla de Ibiza hasta que Formentera tuvo su propio Consell insular. Hasta hace no tantos años, en Formentera no existía una oficina para tramitar las ayudas por desempleo hasta que se abrió una pequeña oficina del SEPE donde
tramitarlas. Formentera sigue sin una oficina de tráfico, sin registro de la propiedad, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria o una oficina de extranjería, entre otros servicios. Y la isla de Formentera, en pleno siglo XXI, sigue sin
justicia, una justicia que está en otra isla distinta y a la que hay que llegar en barco; una justicia alejada de los ciudadanos y una justicia que no se cuenta por kilómetros, sino que se cuenta en millas náuticas.
Si atendemos a criterios de población, la isla de Formentera se sitúa cerca de los 13 000 habitantes de derecho, a los que hay que sumar la población flotante de temporada, que se multiplica notablemente en verano. Para que se hagan una
idea y tengamos un registro de la diferencia entre territorios, les diré que en la localidad de Almazán, por ejemplo, en Soria -que conozco-, existe un partido judicial con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y esta población cuenta con
poco más de 11 000 habitantes. Les diré que la isla de Hierro cuenta con 11 000 habitantes y cuenta con un partido judicial y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y también está rodeada de agua por todas partes. Por tanto, explíquenme
ustedes la razón por la que en la Isla de Formentera y en pleno siglo XXI, con cerca de 13 000 habitantes censados, población superior a las anteriores, sus administrados siguen teniendo que coger una barca para navegar a otra isla distinta y poder
así tener acceso en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de la isla de El Hierro, por ejemplo. Hoy, para denunciar ante el juez de guardia el incumplimiento de una orden de alejamiento, un allanamiento o una agresión, hay que
coger una barca; hoy, para comparecer en un procedimiento judicial, hay que coger una barca; hoy, para consultar un expediente, hay que coger una barca; hoy, para otorgar un poder apud acta, hay que coger una barca. Me atrevo a decir que es el
único territorio de España donde al juzgado se llega en barca y eso se tiene que terminar de una vez y, además, para siempre. Sí, los juzgados están a media hora en barco, pero la justicia está muy lejos todavía de Formentera.
Desde distintas instancias políticas, institucionales, incluso judiciales se ha venido insistiendo, desde principios de los años ochenta, en la necesidad de que la isla de Formentera cuente con un juzgado de primera instancia e instrucción;
treinta años después, volvemos a estar aquí. Treinta años después, y varias reformas de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial se han practicado sin que nada pase, sin que nada suceda y sin que la justicia esté presente y al servicio de la
gente en la isla de Formentera. En este Congreso se han reiterado en repetidas ocasiones y además se han aprobado iniciativas como esta siempre por unanimidad. Debo reconocer, y lo hago, la sensibilidad de los distintos grupos parlamentarios y los
portavoces que en su día lo defendieron con independencia del grupo al que pertenecieran, reconozco el mérito y esa especial sensibilidad, pero volvemos a llegar tarde, lo hacemos demasiado tarde. Espero que esta sea la última vez que vemos esta
iniciativa en este Congreso, pero, sobre todo, espero y confío en que el Gobierno, el Ministerio de Justicia en concreto, y muy particularmente el ministro de Justicia no se atreva más a hablar de justicia de proximidad, no se atreva más hablar de
acercar la justicia al ciudadano y no se atreva más a hablar de hacer una justicia más accesible, mientras
los ciudadanos de Formentera sigan teniendo que montarse en una barca para tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de ustedes, que el resto de los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.
Son tres los grupos enmendantes. Comenzaremos por el primero de ellos, el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda que simplemente es añadir a lo que ya regula o contempla la proposición no de ley: el juzgado de primera instancia e instrucción en la isla de Formentera sin perjuicio del actual Juzgado de paz, y lo
justificamos de la siguiente manera. El establecimiento de este órgano judicial es una reivindicación histórica de Formentera, como bien ha dicho el compañero del Grupo Popular. Existe unanimidad de los partidos de la isla, manifestada en sus
programas electorales desde hace años, y de forma también institucional en la proposición no de ley aprobada en 2013 por unanimidad por el Parlament de las Illes Balears y otra en 2015, también por unanimidad, por el Consell insular de Formentera.
De hecho, el Consell insular ya ha manifestado su disposición de ceder un espacio para instalar las dependencias del juzgado. Además, para poner un ejemplo comparativo, en la isla de El Hierro, un archipiélago canario con 11 147 habitantes -datos
de 2020-, 800 habitantes menos que en Formentera, sí existe un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, por lo que no entendemos justificada la ausencia de dicho órgano en Formentera, que continúa siendo la única isla en el Estado español sin
juzgado de primera instancia, lo que ahonda en los efectos negativos de la triple insularidad que sufre la isla.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario VOX, su portavoz será el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señora presidente.
El Grupo Popular nos presenta una PNL en cuyo encabezamiento habla de la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera, en cuyo petitum interesa que se inste al Gobierno a realizar dos actuaciones: primera, la creación del
mencionado partido judicial en la isla de Formentera y, segunda, la implementación en la mencionada isla de la primera oficina judicial para el caso de aprobarse el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia,
en tanto no se cree el nuevo partido judicial.
Tal como se menciona en la exposición de motivos, la creación de un partido judicial es siempre el paso previo a la creación de un juzgado de primera instancia e instrucción, aunque en realidad conviene precisar que no puede existir un
partido judicial sin al menos un juzgado de primera instancia e instrucción como dotación mínima. La iniciativa que nos presenta el Grupo Popular nos parece que como idea para mejorar el acceso a la justicia va bien encaminada y entendemos que, en
el caso de los españoles que viven en Formentera, la doble insularidad es una circunstancia especial y determinante a favor de que se cree en la isla un partido judicial con su propio juzgado de primera instancia e instrucción; es de justicia que
se haga, nunca mejor dicho. Teniendo en cuenta la población que tiene la isla de Formentera, que según el INE son unos 13 000 habitantes de derecho, estos ciudadanos, para solventar sus litigios, todos aquellos que exceden de la competencia del
Juzgado de paz, y que son la gran mayoría, tienen que desplazarse a otra isla con los problemas inherentes, y no solo eso. La justicia penal, por ejemplo, que requiere de actuaciones de guardia urgentes, también implica desplazamientos desde la
isla de Ibiza hasta la de Formentera tanto de ciudadanos como de jueces y letrados de justicia, de fiscales y de abogados de guardia cuando han de intervenir en cualquier diligencia de instrucción que haya de practicarse, como digo, en funciones de
guardia.
No obstante, estando esencialmente de acuerdo con la idea que subyace en lo que propone el Grupo Popular, nos llama la atención que la iniciativa se base en lo que dispone un anteproyecto de ley, es decir, en un texto que no produce efectos
jurídicos, y que hable de oficina judicial cuando la oficina judicial, de acuerdo con lo que dispone el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, sino una organización de carácter instrumental, lo cual,
lógicamente, no puede servir para el fin que se pretende con esta iniciativa. Porque la oficina judicial por sí misma no es poder judicial, no
sirve para cumplir con el mandato constitucional propio del Poder Judicial, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por ello, hemos presentado una enmienda de modificación, para que se haga específicamente referencia al juzgado de
primera instancia e instrucción de nueva creación para el partido judicial de Formentera.
Y por aclarar, los juzgados de paz solo pueden funcionar en aquellos partidos judiciales que cuentan con varios municipios; no es el caso de Formentera, que tiene un único municipio y, por tanto, la creación del juzgado de primera instancia
e instrucción sustituiría al Juzgado de paz, que desaparecería.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Pons Sampietro.
El señor PONS SAMPIETRO: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Una pequeña reflexión, una anécdota: está claro, como ha dicho el señor Jerez, que incluso en los paraísos no todo es perfecto. Es una evidencia.
Para complementar y ser breve, ya que estamos al final, en primer lugar, quiero decir que esta es una reivindicación histórica desde hace más de veinticinco años que han reivindicado todos los partidos políticos en las dos orillas
ideológicas o las tres a las cuatro que haya en las islas y, por tanto, está claro que eso, primero, es una realidad reivindicada por todas las fuerzas de Baleares. En segundo lugar, discrepo sobre la doble insularidad; esta es una situación de
triple insularidad, porque los ciudadanos de Formentera padecen una triple insularidad porque tienen que sufrir, por una parte, la insularidad con Ibiza, pero también la insularidad con la isla mayor, que es la isla de Mallorca. Por tanto, el
padecimiento es triple.
Otro tema interesante, que yo creo que no tiene parangón con ningún otro territorio, es que si ustedes miran las cifras de densidad humana, por ejemplo, de antes de la pandemia, el 13 de agosto de 2019, había 329 000 personas que estaban
sobre - entre comillas- territorio ibicenco y había 37 293 el 15 de agosto en territorio de Formentera, lo que significa una densidad añadida a esa triple insularidad y a esa situación de paraíso imperfecto que decía el señor Jerez. Por tanto, es
evidente que esta es una situación precaria para los ciudadanos y ciudadanas de Formentera.
El señor Jerez ha dado muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos extremos que él conoce tan bien es que hay casos de agresiones contra mujeres en los que después el agresor y la mujer -porque suelen ser siempre las mujeres las agredidas-
tienen que viajar en la misma barca para ir desde Formentera a Ibiza, una cosa que, como nos comentan las personas que viven en Formentera, es absolutamente dantesca, especialmente para la víctima.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa con unas modificaciones que hemos hecho, que conoce el Grupo Popular, y esperamos que se apruebe, instando, efectivamente, a que se aceleren y nos consta, además, que desde el Ministerio de
Justicia hay negociaciones y hay buena voluntad, pero somos conscientes de que llevamos un retraso largo. No obstante, existe esa voluntad y estoy seguro de que en estos próximos años no tendremos que volver aquí a reclamar una mejora para un
territorio que lo merece y también especialmente en esos meses de verano que hay esa densidad tan fuerte.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pere Joan Pons.
Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: No voy a hacer uso de la palabra. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, pero no intervendré.
La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Brevemente.
Vamos a apoyar la proposición presentada al considerar que es necesaria la mejora judicial en la isla de Formentera. Quiero insistir en lo que anteriormente he señalado en varias manifestaciones: la
necesidad de más medios materiales y humanos en la justicia, porque hay que gastarlos de manera eficiente y, actualmente, la organización de la Administración de Justicia, como antes he dicho, es ineficiente y costosa. El nuevo modelo
organizativo de la Oficina Judicial que había de impulsar una organización de los medios personales y materiales más eficiente y de una manera racional para lograr una mejor distribución del trabajo en equipos ha resultado ser obsoleto en la
actualidad a causa de su incapacidad para adaptarse a las circunstancias demográficas y socioeconómicas de la sociedad actual. Esto sin mencionar que quedan muchas de las instalaciones relacionadas con la justicia que son verdaderamente antiguas y
algunas se encuentran, incluso, en un estado deplorable. Por tanto, consideramos que es una iniciativa necesaria y que hay que seguir avanzando, principalmente, en la mejora de nuestro sistema de justicia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Plural, el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Sí, señora presidenta.
Solo hacemos uso de la palabra para expresar nuestro voto favorable.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Finalizará el turno de intervención por los grupos parlamentarios el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y lo hará la señora Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta. Voy a ser breve.
Estamos de acuerdo con los términos de la enmienda registrada por el Grupo Socialista, nos ocupa hoy aquí una reivindicación histórica de la isla de Formentera. Y en relación con el debate que hemos tenido anteriormente sobre la Carta de
Derechos, es imprescindible la cercanía de la Administración de Justicia a la ciudadanía para que puedan hacerse efectivos sus derechos y garantizar la tutela judicial efectiva.
El pasado 20 de abril, el Consejo de Ministros fue informado sobre el texto del anteproyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
contempla la creación de figuras fundamentales, que son los tribunales de instancia, la oficina Judicial y la oficina de justicia en el municipio. El Plan de Justicia 2030 -también lo recuerdo- recoge la creación de las oficinas de justicia en el
municipio, que van a hacer posible que cerca de 18 millones de ciudadanos y ciudadanas que residen en 7700 pequeños y medianos municipios puedan hacer los trámites judiciales y de otro tipo sin necesidad de desplazarse hasta las sedes judiciales.
Así que consideramos que es una buena oportunidad y que deberá aprovecharse también la tarea que tendrá encomendada esta Comisión en un futuro, que será, como digo, la tramitación de la ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia
para que el Gobierno implemente en la isla de Formentera la oficina de justicia en el municipio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Vamos a votar en breve.
Señor Jerez, ¿acepta usted alguna de las enmiendas presentadas por los grupos?
El señor JEREZ JUAN: Gracias, señora presidenta.
Básicamente lo que hemos intentado en el Grupo Parlamentario Popular es fusionar las enmiendas que se han presentado a este texto y entiendo, por las conversaciones previas que he tenido con los portavoces de los grupos, que vamos a llegar a
un acuerdo con una transacción, que en breve le pasaré.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Entréguela en la Mesa en cuanto pueda, por favor, señor Jerez.
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.
Señor Uriarte, le agradecería que se incorporase a la Mesa en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Justicia.
El señor URIARTE TORREALDAY: Le pido disculpas porque no he podido incorporarme antes.
La señora PRESIDENTA: Pues hágalo ahora. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Pausa).
Señorías, les ruego que vayan tomando asiento. Vamos a proceder a las votaciones, lo haremos por el mismo orden que aparece en el orden del día de la convocatoria y como se ha desarrollado el debate.
Primera de las votaciones, la correspondiente a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX relativa a arrendamientos urbanos. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el
Grupo Popular
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la materia de conciliación de la vida personal y familiar en el ámbito de la Administración de Justicia. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa a la reclamación de la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la iglesia, presentada por los Grupos Parlamentarios de Euskal Herria Bildu y Grupo Republicano. Se vota cada uno de los
puntos por separado, conforme a la petición realizada.
Votamos el primer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el segundo punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el tercer y último punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Simplemente quiero hacer una observación. ¿En el primer punto ha dicho usted ocho votos a favor, veintisiete en contra y cero abstenciones?
La señora PRESIDENTA: Sí.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Según mis cuentas, falta un voto. No sé si ha habido algún error.
La señora PRESIDENTA: Es posible que no haya votado alguien. ¿Desea usted que repitamos la votación?
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: No, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Votamos la proposición no de ley relativa a garantizar la implementación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía en la Administración de Justicia. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición relativa a reforzar la justicia universal, presentada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición relativa al reforzamiento de la independencia del Poder Judicial para garantizar la imparcialidad de la actuación del ministerio fiscal y limitar el ejercicio de la gracia del indulto, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos finalmente la proposición no de ley para la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se votará en los términos de la transaccional acordada.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Les felicito. Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.