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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 164, de 30/09/2020
cve: DSCD-14-CO-164
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 164
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª YOLANDA SEVA RUIZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
30 de septiembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación del acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia, a efectos del artículo 44 del Reglamento del Congreso:
- De doña Almudena Escorial Senante, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, para dar cuenta a la Comisión sobre propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000252) ... (Página4)
- De doña Ángela Alemany Rojo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, para valorar la situación de la infancia en España. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000269)
... (Página14)
- De doña Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Política de Infancia de Save the Children, para dar cuenta a la Comisión sobre propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000253) ... (Página22)
- De doña Catalina Perazzo Aragoneses, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, para valorar la situación de la infancia en España. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000271) ...
- De doña Clara Martínez García, profesora de Derecho Administrativo y Fundamentos del Derecho Público, especialista en prevención e intervención en casos de abusos a menores y personas vulnerables: abordajes en entornos eclesiales, para
valorar la situación de la infancia en España. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000270) ... (Página32)
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001) ... (Página4)
Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página4)
Se abre la sesión.
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, OÍDOS LOS PORTAVOCES, SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia. En primer lugar, me gustaría disculpar a la presidenta de esta Comisión, doña Norma Pujol,
que por motivos de salud no puede acompañarnos y a la que transmitimos nuestros mejores deseos.
Antes de comenzar con el orden del día y con las comparecencias que con sus intervenciones aportarán a esta Comisión datos y puntos de vista que enriquecerán la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, me gustaría
trasladar nuestro más sentido pésame a las familias que hoy sufren la pérdida de un ser querido por la covid-19. Del mismo modo, trasladar nuestro reconocimiento y profundo respeto hacia los profesionales que en primera línea nos cuidan y protegen
de esta pandemia que ha supuesto un cambio en el modo de vida de todos y todas. Por ello, solicitarles a ustedes, señorías, y a la ciudadanía responsabilidad, el uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y, cómo no, la higiene.
Gracias por su compromiso con la lucha contra este virus. Recuerden que este virus lo paramos unidos.
Se abre la sesión procediéndose a tramitar el siguiente orden del día: ratificación del acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia conforme al artículo 44 del Reglamento.
Antes de someter a la Comisión la ratificación del acuerdo, les informo que desde la Plataforma de Infancia nos han comunicado que, en lugar de comparecer el señor Ibarra Roca, director de la Plataforma, como se había solicitado,
comparecería en su lugar doña Almudena Escorial Senante, responsable de la Incidencia Política de la Plataforma. Por tanto, las solicitudes de comparecencia serían: de doña Almudena Escorial Senante, responsable de Incidencia Política de la
Plataforma de Infancia, para dar cuenta a la Comisión sobre propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; de doña Catalina Perazzo Aragoneses, directora de
Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, para dar cuenta a la Comisión sobre propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; de doña Ángela
Alemany Rojo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, para valorar la situación de la infancia en España; y de doña Clara Martínez García, profesora de Derecho Administrativo y Fundamentos del Derecho Público,
especialista en prevención e intervención en casos de abusos a menores y personas vulnerables, abordajes en entornos eclesiales, para valorar la situación de la infancia en España.
¿Algún grupo desea intervenir al respecto? Señor Martínez Oblanca, tiene usted la palabra.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente, para reiterar las quejas que formulé en la reunión de la Mesa de Portavoces que tuvimos ayer, en el sentido de que fue
ayer precisamente cuando yo tuve conocimiento, y creo que otros compañeros, que otros grupos parlamentarios también, tuve conocimiento de la celebración de estas cuatro comparecencias a celebrar a partir de ahora. Creo que no son formas de
tratar a los grupos parlamentarios, y no quiero con ello menospreciar, ni muchísimo menos, a ninguno de los comparecientes, todos me parecen interesantes, pero quiero reiterar, como hice ayer, señora presidenta, que desde el mes de febrero registré
una petición de comparecencia del juez Emilio Calatayud, personalidad que tiene mucho que decir en relación con la protección de los derechos de los menores, y quisiera, pese a que soy un grupo minoritario, quisiera que fuese tenida en cuenta esta
petición en lugar de ser soslayada permanentemente a lo largo del año, porque creo que es importante para el Congreso disponer de los mejores especialistas en esta materia. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señor Martínez Oblanca. ¿Alguna intervención más? Señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta. En la misma línea que manifestamos ayer, nosotros queremos exponer que nos parece que no se ha respetado el Reglamento, que efectivamente, tal y como ha expuesto el portavoz anterior,
además de ser una falta de respeto personal cómo se han hecho las cosas, creemos que se han vulnerado algunas de las cuestiones esenciales en esta Cámara. Hemos solicitado, en nombre también de otros grupos, una Mesa de Portavoces al finalizar esta
Comisión para pedir un informe jurídico al Letrado Mayor sobre lo que ha sucedido en esta Comisión.
Al mismo tiempo, en la misma línea de lo que se ha manifestado, con todos los respetos a los comparecientes, mis intervenciones se ceñirán al segundo objeto de la petición de comparecencia, relativo a la situación de la infancia, porque
consideramos que las cuestiones relativas a la ley de infancia deberán tratarse en la ponencia de infancia cuando se constituya. En esta ponencia, mi grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia de los grupos que han venido ahora mismo a
explicarnos su visión y volveremos a reiterarla, y esperemos que se mantenga una comisión de comparecencias ajustada al funcionamiento general que se tiene en otras comisiones. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Martín. Señor Calvo, tiene usted la palabra.
El señor CALVO LISTE: Gracias, señora presidenta. También coincidir con los que me han precedido en el uso de la palabra, nuestro descontento y malestar por la decisión de la Mesa del día de ayer, decisiones que entendemos que son, en
cierto modo, totalitarias y sin consenso por los portavoces. ¿Qué objeto tiene convocar una mesa de portavoces cuando ya está predeterminado el orden del día a tratar y este orden del día no se nos comunica? Ni siquiera se ha esperado para
convocar a las asociaciones hasta saber el resultado de la Mesa de Portavoces. Ayer podía haber resultado una votación negativa, con lo cual todas aquellas personas que estaban citadas para el día de hoy pues se les hubiera hecho un perjuicio en
sus agendas. Entendemos también que la convocatoria debería haberse realizado con 48 horas de margen, y ni siquiera han mediado 24, con lo cual creemos que también se está conculcando el propio Reglamento. Pese a ello, esto no quita para que
nosotros también entendamos la necesidad de la comparecencia de estas asociaciones, pero, con independencia de ello, sí que queríamos hacer constar nuestra propuesta y que se pudiera evidenciar nuestro malestar por la forma de proceder de la Mesa en
este sentido. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias por su intervención, señor Calvo. Entiendo que la votación no será por asentimiento. Pues pasamos a la votación.
Votos a favor: 21; votos en contra: 5; y abstenciones: 3. Quedan aprobadas las solicitudes de comparecencia.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983 (Número de
expediente: 042/000001).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): En el segundo punto del orden del día, la delegación en la Mesa de la Comisión de la Competencia para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la
resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Esta delegación, tal y como se acordó por la Mesa, oídos los portavoces en su reunión de 29 de septiembre, se llevaría a cabo en los siguientes términos. De conformidad con lo
establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso del 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. En los términos planteados, se somete esta
propuesta de delegación al voto de la Comisión. ¿Se aprueba por asentimiento? No, pues pasamos a la votación.
Votamos primero la incondicional. Con 14 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones, se aprueba la delegación. Pasamos a la votación de la condicionada. El Grupo Popular tendría que votar a favor o en contra también de la
incondicional. Pues repetimos la votación.
Votos a favor: 15; votos en contra: 12; y abstenciones: 1. Queda aprobada la delegación incondicional en la Mesa. Ya no votamos la condicionada.
CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN:
- DE LA SEÑORA ESCORIAL SENANTE (RESPONSABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA DE PLATAFORMA DE INFANCIA), PARA DAR CUENTA A LA COMISIÓN SOBRE PROPUESTA DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
FRENTE A LA VIOLENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 219/000252).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): El tercer punto es la celebración, en su caso, de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión. Les informo que, tal y como se acordó en la reunión de la Mesa de ayer, los tiempos de
intervención serán los siguientes: quince minutos para el compareciente, tres minutos para cada grupo parlamentario, comenzando por el autor de la iniciativa y a continuación de menor a mayor, y por último responderá a las cuestiones planteadas el
compareciente, por un tiempo de diez minutos.
La primera comparecencia será la de doña Almudena Escorial Senante, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, a la que damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por un tiempo de quince minutos. Tiene
usted la palabra.
La señora ESCORIAL SENANTE, ALMUDENA (Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia): Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Plataforma de Infancia y de las 68 entidades a las que representa, queríamos agradecer
la invitación a comparecer aquí y queríamos recalcar la importancia que tiene todo esto que vamos a hacer hoy.
La ley que hoy vamos a debatir es una ley muy necesaria porque nuestro sistema no tiene las herramientas necesarias para poder proteger a los niños y las niñas de la violencia de manera integral. Desde 2009, cuando la Plataforma de Infancia
incluyó la propuesta de esta ley en el informe complementario al Comité de Derechos del Niño y éste hizo esta recomendación a España en 2010, han pasado muchas cosas, se han dado muchos pasos por muchas personas, partidos, organizaciones...
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Disculpe un momento, doña Almudena. Por favor, mantenemos silencio. Está interviniendo la primera compareciente. Gracias.
La señora ESCORIAL SENANTE, ALMUDENA (Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia): Continúo. Como decía, se han ido dando muchos pasos desde entonces y hoy estamos ya debatiendo en este trámite parlamentario este
proyecto de ley.
Se trata de un buen proyecto de ley, por muchas razones, una de ellas es que tiene detrás el trabajo de varias formaciones políticas y el trabajo de búsqueda de consenso con organizaciones sociales y con
expertos y expertas, pero sobre todo es un buen proyecto de ley porque mejora sustancialmente la protección de los niños y niñas frente a la violencia en España. No me puedo detener en este punto por el tiempo limitado, pero hay muchos
pasos que se están dando y que esta ley va a aportar, desde la creación de la Conferencia Sectorial, la formación de agentes clave, el refuerzo de la prueba preconstituida y otros componentes de sensibilización social que conlleva esta ley, y en
este sentido queremos pedirles a todos el apoyo a la ley. Sin embargo, hoy queremos poner sobre la mesa algunas cuestiones que consideramos necesario abordar ya que pensamos que son necesarias para cumplir con el objetivo que la propia ley
explicita en su artículo 1, y esto es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia.
La Plataforma de Infancia ha trabajado con sus entidades y les hizo llegar en su momento dos documentos, que también hemos traído hoy aquí, que son un análisis sobre el proyecto de ley y una propuesta de enmiendas. En ellos abordamos muchos
temas que podría mejorar la ley, como puede ser reducir la discrecionalidad, dotar de mayor concreción a la estrategia y asegurar que el Observatorio de Infancia pueda participar, definir grupos vulnerables y algunos más, sin embargo, hoy me quiero
centrar en tres aspectos fundamentales que consideramos prioritarios.
En primer lugar, pensamos que es necesario reforzar el derecho a ser escuchado y a participar de los niños y niñas. El Comité de Derechos del Niño ha venido reiteradamente recomendando a España que ponga en valor y que promueva el respeto a
las opiniones de los niños, niñas y adolescentes independientemente de su edad y en cualquier ámbito en el que se encuentre. Si bien el proyecto de ley, por supuesto, recoge estas precisiones, consideramos que en algún punto limita
injustificadamente la capacidad de los niños y niñas frente a la Administración y, además, pensamos que en otros puntos debe ir más allá.
Les voy a poner algunos ejemplos de propuestas de enmiendas que pueden encontrar en el documento. En primer lugar, pensamos que es necesario garantizar que las denuncias que los niños y niñas puedan interponer ellos mismos, y así la ley lo
prevé, que lo puedan hacer siempre que lo soliciten y que su validez no dependa de la valoración que pueda hacer el funcionario de policía de la madurez del niño o de la niña. En segundo lugar, pensamos que es necesario reforzar también las
garantías de los mecanismos de denuncia y de comunicación accesibles, de manera que en todos los ámbitos existan estos canales, que no necesiten la intervención de su representante legal y que los puedan encontrar en los idiomas que hablen estos
niños o niñas. Es necesario garantizar la asistencia letrada en todos los procedimientos administrativos y judiciales, y en este sentido sí que pensamos que es necesario ampliar la asistencia jurídica gratuita a todos los delitos a los que más
habitualmente están expuestos los niños y niñas, y en este sentido recordamos algunos como la integridad moral o contra el honor. Asimismo, pensamos que es necesario garantizar que los niños y niñas puedan participar en la elaboración de la
estrategia para erradicar la violencia, y esto se puede hacer a través de un proceso participativo que se haga en el Observatorio de Infancia. Si queremos proteger a los niños y niñas, tenemos que empezar por escucharles y para ello tenemos que
adaptar el sistema a sus capacidades y habilidades, independientemente de su situación o la edad que tengan. No se puede hacer de otra manera.
El segundo punto que quería resaltar aquí es que es necesario reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental. Los niños y niñas tutelados por las administraciones públicas son uno de los grupos más vulnerables
frente a la violencia, por una multiplicidad de factores, entre ellos, porque no se encuentran con sus familiares y porque además tienen una falta de referentes adultos cercanos, porque en muchas ocasiones estos niños y niñas del sistema de
protección han sido víctimas de violencia y no se ha trabajado con ellos, no se les ha dado un apoyo posterior, o porque las redes de explotación, conscientes de su vulnerabilidad y conocedores de dónde se encuentran estos niños, van a por ellos,
pero también es importante saber que también es por la falta de herramientas que nuestro sistema de protección tiene para protegerlos, especialmente en recursos residenciales grandes.
Los casos de violencia contra niños y niñas dentro del sistema de protección no son un problema aislado, son un problema estructural que viene de lejos en nuestro país. Diferentes organizaciones y testimonios de niños nos han alertado de
que esto es un problema que viene de más atrás y que además es en todo el territorio nacional. No en vano el Comité de Derechos del Niño mostró su preocupación a España en 2018, y leo, 'por los casos de malos tratos y de trato degradante de niños
atendidos en centros de acogida, incluso denuncias de reclusión en condiciones de aislamiento, diagnósticos médicos erróneos y tratamiento médico incorrecto, además de la falta de sistemas de vigilancia y de denuncia centrados en los niños y de
mecanismos de queja a disposición de éstos'. Hace unos meses, el Defensor
del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia que acabara con las sujeciones físicas como medidas de contención en los centros de responsabilidad penal. Decía el Defensor del Pueblo que esta práctica exige el uso de la fuerza, por lo que
constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física.
El proyecto que hoy analizamos no aborda esta cuestión de manera contundente, siendo insuficientes las previsiones que dedica a ella, de hecho, no lo considera un ámbito prioritario a contemplar en la estrategia ni sobre el que haya que
tomar medidas específicas de prevención, además, no hace referencia a otros centros como los centros de cumplimiento de medidas judiciales. El proyecto de ley debería eliminar toda posibilidad de que los niños y niñas privados de cuidado parental,
en cualquier centro, pudieran ser sometidos a prácticas que impliquen violencia. A nuestro modo de ver, requeriría la obligación de que explícitamente se prohíba todo tipo de medida que pueda suponer un menoscabo a la integridad física o psíquica.
Por otro lado, se deberían reforzar las medidas para luchar contra la violencia dentro del sistema de protección, y en este sentido quería destacar solo algunas. La ley debería prever que las administraciones públicas competentes garanticen
los mecanismos internos de prevención, detección, intervención e investigación que deben operar en los recursos residenciales y no dejar esta cuestión al desarrollo de protocolos de los centros, ya que es una cuestión que genera mucha inseguridad
jurídica y además, como todos sabemos, los protocolos están para coordinar a las instituciones. En segundo lugar, creemos que es necesario eliminar todos los obstáculos procesales existentes actualmente para garantizar la capacidad de los niños y
niñas de manera que cuando un niño o niña interponga una denuncia por haber sufrido violencia dentro del sistema de protección pueda ser parte en los procedimientos y no requiriendo el impulso del tutor, es decir, esto requeriría que, en caso de
denuncia, se reconozca automáticamente el conflicto de intereses existente y por tanto el nombramiento de un defensor judicial que defienda los intereses del niño. En tercer lugar, creemos que es necesario prever y habilitar canales accesibles y
permanentes de denuncia a los niños para que puedan tener acceso a instituciones como las fiscales de protección sin que tengan que pasar por las entidades de protección o el personal del centro, en cualquier momento y sin que sea necesario esperar
a las visitas que hace la Fiscalía. Por último, solo quería señalar que pensamos que este ámbito debería ser prioritario en la ley y en la estrategia y que se deberían tomar otras medidas como se hace en el ámbito educativo, nombrando la figura
análoga al coordinador de protección pero en el sistema de protección.
Esta ley no va de generar alarmas ni de señalar a nadie, ni a padres, ni a madres, ni a profesores, ni a compañeros, ni a profesionales del sistema de protección. Va de proteger a los niños, de prevenir la violencia creando ambientes
protectores y de establecer las garantías necesarias para detectar rápidamente y proteger a los niños y niñas. No podemos permitir que esta ley, que va a dar un paso de gigante, que va a ser ejemplo en el mundo, que esta ley no aborde de manera
adecuada la violencia que pueden sufrir los niños y niñas que se ven privados de sus familias por diferentes razones. Y tampoco podemos permitir que el hecho que pueda motivar la retirada de tutela de una familia se pueda repetir en el lugar donde
se le debía proteger sin que estos niños y niñas sepan cómo pedir ayuda y sin que el sistema pueda detectarlo. El hecho de que nos parezca inadmisible no puede llevarnos a no abordar esta situación de manera contundente y no poner el remedio para
ello.
Y, en tercer lugar, quería hacer referencia a la necesidad de reforzar el apoyo a las familias y dotar de garantías los procedimientos de riesgo y desamparo. Una de las cuestiones fundamentales de esta ley es reforzar la capacidad del
sistema para poder detectar situaciones de riesgo y actuar de manera rápida para evitar que ningún niño o niña sufra violencia, es decir, debe poner a disposición de las administraciones públicas todas las herramientas necesarias para intervenir
cuando sea necesario. En este sentido consideramos que la ley avanza, como puede ser con la intensificación del deber de denuncia para toda la sociedad, y esto para las organizaciones de infancia es irrenunciable, sin embargo, creemos que esta
cuestión debe regularse teniendo en cuenta dos cuestiones muy importantes. Por un lado, teniendo en cuenta que es responsabilidad de los poderes públicos apoyar a las familias para cuidar, atender a sus hijos y respetar sus derechos, y evitar así
que haya que producir una separación del niño de su familia.
Tal y como recogen las directrices de Naciones Unidas de modalidades alternativas de cuidado, la familia es el núcleo fundamental y el medio natural para el crecimiento, bienestar y protección de los niños. Cuando la familia no pueda, ni
siquiera con el apoyo apropiado, proveer al cuidado del niño o cuando le abandone o renuncie a su guarda, es el Estado el encargado de hacerlo. Si bien el proyecto consideramos que prevé el apoyo que las familias necesitan para prevenir desde la
primera infancia factores de riesgo y
fortalecer los factores de protección, pensamos que esta cuestión debe reforzarse aún más en el texto, asegurando el apoyo a las familias con todo tipo de medidas, económicas, formativas y de acompañamiento. En este sentido consideramos
fundamental proteger a las familias más vulnerables, por ello, hemos propuesto que no se elimine del actual artículo 17 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor una precisión que consideramos fundamental, y es esta: 'la concurrencia de
circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar'. Pero además de garantizar el apoyo para prevenir la separación, es necesario asegurar el trabajo de los
Servicios Sociales con esa familia para tratar de conseguir la reintegración del niño una vez desaparezcan las causas que motivaron dicha separación. Para ello consideramos que es necesario intensificar la labor de los Servicios Sociales para poder
trabajar con las familias.
La segunda cuestión que pensamos que es necesaria en este punto es que es necesario velar para que las retiradas de tutela, es decir, la separación del niño de su familia, estén dotadas de mayores garantías, tal y como recomienda el Comité
de Derechos del Niño, y lo hizo en 2018 en sus observaciones finales. El marco legislativo español adolece de graves carencias en lo que se refiere a las garantías jurídicas en situaciones de tutela administrativa, lo cual deja a los niños y las
niñas y a las familias en situación de indefensión y asimetría frente a la Administración. Es decir, los procedimientos de riesgo y desamparo tienen menos garantías que otros procedimientos administrativos en España.
El texto del proyecto de ley no aborda esta cuestión ni establece garantías, por ello, la Plataforma de Infancia ha realizado una serie de propuestas en este sentido. Simplemente voy a nombrar algunas porque hoy comparece aquí la profesora
doña Clara Martínez, que es una experta en esta materia, por lo tanto, no me voy a detener en este punto. Entre las garantías que consideramos fundamentales en los procedimientos de riesgo y desamparo están las siguientes: garantizar la condición
de interesados de los niños y niñas, garantizar la asistencia letrada, asegurar la notificación de los expedientes de riesgo y establecer plazos en los procedimientos de riesgo y desamparo. Pero, incluso, el texto en algún punto podría estar
avanzando en sentido contrario al que estamos exponiendo ahora mismo, cuando en el artículo 39 se da la condición de autoridad al personal de los Servicios Sociales. A nuestro modo de ver, esto debería suprimirse. Conferir dicha condición al
personal de los Servicios Sociales, además de no aportar nada al papel que deben tener los Servicios Sociales y que puede quebrar la relación de confianza que se debe establecer con las familias, aumenta la asimetría y el desequilibrio de las
familias ante la Administración. El propio artículo ya prevé que los Servicios Sociales puedan apoyarse y servirse del auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que tienen las capacidades para poder hacerlo.
Para terminar, y creo que en tiempo, como conclusión, solo reiterar que estamos ante un proyecto de ley de consenso, que mejora mucho la protección de los niños y niñas frente a la violencia en España, pero que creemos que debe reforzar
algunas cuestiones como el derecho a ser escuchado y la participación de los niños y niñas, la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental y reforzar a las familias para el cuidado de sus hijos y reforzar las garantías de los
procedimientos de riesgo y desamparo. Creemos que no podemos perder la oportunidad de hacerlo, por ello apelamos a todos los grupos a priorizar, ante todo, el interés superior de todos los niños y niñas. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias por su intervención, la verdad es que en tiempo. Muchísimas gracias. Pasaríamos a la intervención de los grupos parlamentarios, por un tiempo de tres minutos, comenzando con el
solicitante y luego el resto, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Redondo tiene la palabra.
La señora REDONDO CALVILLO: Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora Escorial. Nosotros le damos la bienvenida, e independientemente de lo que ha escuchado usted al principio, que quizás debería haber tenido lugar antes de su
incorporación, sí que es verdad que nosotros entendíamos que era muy importante que viniera. Una vez que uno ha estudiado sus enmiendas, yo creo que a todo el mundo le habrán venido a la cabeza muchísimas dudas y entendíamos que era la manera más
fácil y más lógica de que nos las resolviera, independientemente del procedimiento.
Nosotros al principio pensábamos, y además recuerdo la primera reunión que tuvimos con ustedes, que casi suplicaban que hubiera consenso con esta ley, y la verdad es que tampoco hizo mucha falta que insistieran porque nosotros apostábamos
por esta ley y era una ley que teníamos en mente que saliera y que muy difícilmente no la íbamos a apoyar, pero sí que nos ha sorprendido muchísimo la cantidad tan disparatada, casi diría, de enmiendas. Yo la última vez que las conté, que esta
semana hemos recibido
otras, habíamos sobrepasado las 600 enmiendas, y ahí sí que nos hemos llevado una sorpresa y hemos visto que, bueno, a lo mejor es que no había tanto consenso como al principio parecía.
Sí que estamos totalmente de acuerdo con el enfoque que ha hecho de lo que se denomina las tres 'P': la participación, la promoción y la protección. Nosotros siempre lo hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno. Coincidimos muchísimo
en el apoyo a las familias, entendemos que es fundamental, y ustedes hacen un importante número de enmiendas a ese respecto, al apoyo de las familias para evitar por todos los medios la separación y, una vez que ha ocurrido, que no se queden los
expedientes ahí y se puedan recuperar y se puedan resolver las situaciones. Ahí sí que queríamos que nos hiciera un poco de hincapié porque entendemos que es uno de los ámbitos donde desde el primer momento se puede ver la violencia.
Ustedes nos han comentado en diferentes ocasiones que hay propuestas en lo que se refiere a la protección de los niños, en lo que se refiere a los centros de protección, que ya hicieron en la ley anterior y que no fueron admitidas y que, en
cambio, sí que se han admitido, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el deporte. Nos gustaría que también se refiriera algo a esas propuestas que precisamente han repetido y que para ustedes son tan importantes.
Y, por último, sí que quería decirle lo siguiente. Ustedes han hecho muchas enmiendas en el sentido de hacer la ley más garantista, porque hay enmiendas donde se trata solamente de cambiar quizás una palabra por otra pero que en el sentido
real de la ley es mucho, o sea, no es 'promover' sino que quieren ustedes 'garantizar', esto por un lado, pero después, en cambio, pues también concretan, en exceso quizá, lo que son el desarrollo de los protocolos, el establecimiento de los
mecanismos. ¿No cree usted que en una ley que... (La señora Vicepresidenta: 'Señora Redondo: Vaya finalizando, por favor') es tan trasversal puede chocar el hecho de cerrar mucho por el hecho de que tienen que actuar otras administraciones y
puede ser que por ahí no se hayan admitido enmiendas que ustedes hayan hecho en ese sentido?
Y, por último, y ya termino (es que tenía muchísimo, yo necesitaba veinte minutos), lo mismo que hay mecanismos que cierran mucho, que creemos que precisamente en la ley de lo que se trata es que después nos reunamos y después se puedan
desarrollar las cosas, sí que, por ejemplo, deja claro que no funciona el control parental pero no, por lo menos nosotros no lo hemos encontrado, qué es lo que propone, es decir, deja claro que no funciona, pero ¿qué es lo que propone?
Lo siento, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Redondo. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca por el Grupo Mixto.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Saludo muy cordialmente a la señora Escorial Senante, que representa a la Plataforma de Infancia, y me sumo a la bienvenida a esta Comisión, en la que ustedes ya comparecieron
en la decimosegunda legislatura y, nuevamente, hace tres meses, por lo tanto, son ustedes especialistas de referencia para este órgano de las Cortes Generales, lo que le agradezco porque pueden ustedes ofrecer una visión comparativa de la evolución
desde aquel 16 de octubre de hace cuatro años y la situación actual, no en vano su plataforma representa a más de medio centenar de organizaciones relacionadas con la sociedad civil que se ocupan de estos asuntos de la infancia y a las cuales, desde
luego, animamos en su inmensa tarea.
Dos cuestiones que le quiero plantear. La primera es que uno de los aspectos críticos de esta ley es, a juicio de algunos de los expertos que yo he tenido oportunidad de atender, la aparición de una serie de protocolos de actuación frente a
indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier forma de violencia, y con objeto de aplicar estos protocolos se pretende crear en todos los centros educativos la figura de un coordinador o
coordinadora de bienestar y protección. Le pregunto si tienen ustedes criterio en relación con esta figura. ¿De quién creen ustedes que tiene que depender este coordinador? ¿Del Gobierno, de la comunidad autónoma, de los centros educativos, de
las asociaciones de padres y madres de alumnos? ¿De quién? Se ha dicho que si esta figura de coordinación en cada colegio va a depender de un gobierno, pues se estaría avanzando hacia el control de los alumnos por parte del Estado, por parte de la
Administración, con merma de responsabilidades de los padres en una materia fundamental como es la implicación familiar en la educación de los hijos.
La segunda cuestión que le quiero plantear. He leído o he mirado con cierta atención el documento que la plataforma nos ha hecho entrega, con sus preocupaciones y prioridades, y una de esas preocupaciones hace referencia al refuerzo para
que las familias puedan cumplir el desempeño del cuidado de los hijos con el fin de evitar la intervención de las administraciones en caso de riesgo y
desamparo para el menor, y usted hizo referencia en su intervención a esta cuestión y lo calificó de niños privados de cuidado parental. Si fuera posible, señora Escorial, le agradecería que nos ampliara ese dato objetivo pero que está
certificado. En España va aumentando paulatinamente el número de niños y niñas que tienen que ser objeto de protección. Leo en el informe de la plataforma que también está aumentando el número de menores institucionalizados, lo que pone de
manifiesto un fracaso de nuestras vigentes herramientas legislativas. Y concluyo, señora presidenta, señalando que peor aún es la deriva que usted nos ha explicado, incluidas las llamadas de atención del Defensor del Pueblo y de las propias
organizaciones que se aplican a operar en cuestiones relacionadas con la infancia. En todo caso, tomo nota de las carencias que usted ha señalado para tratar de corregirlas y le agradezco nuevamente su comparecencia en esta Comisión. Muchas
gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta Fernández tiene la palabra.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenas tardes. Tan solo informar que hace siete minutos que he llegado, estaba en otra comisión, entonces, no he tenido la oportunidad de escuchar a la ponente, pero sí que aprovecho para agradecer que haya
podido venir para poder compartir y también le informo que en nuestro grupo estamos realizando un análisis exhaustivo de todas las enmiendas que se están planteando y que estamos recibiendo de los diferentes grupos y que prontamente nos pondremos en
contacto. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Pozueta. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV no veo a nadie, entonces, pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, como siempre, a la Plataforma de Infancia por todas las aportaciones que nos hacen.
Me gustaría empezar puntualizando dos cosas que se han dicho y que no son culpa de la compareciente sino, seguramente, de la información que le han hecho llegar. En este momento, en esta Comisión no se está debatiendo ningún proyecto de
ley, el proyecto de ley se debatirá cuando se cierre el período de enmiendas, que saldrá la ponencia, y en ese momento, seguramente, nosotros les llamaremos para que vuelvan a comparecer y podamos matizar estas cuestiones. Lo digo porque uno no
está dentro de la estructura, a veces, y es difícil entender los mecanismos, pero creo que es importante respetar los tiempos y respetar los foros.
En segundo lugar, quería hacerle algunas preguntas y algunas precisiones con respecto algunas de las cuestiones que ha expuesto. Nosotros hemos leído detenidamente sus enmiendas, sabe que las hemos trabajado, las vamos a tener en
consideración y en el momento en el que se cierre el plazo de enmiendas volveremos a hablar con ustedes y seguramente volveremos a pedir que comparezca, pero en este contexto uno de los temas por los que se les ha llamado a comparecer es la
situación de la infancia en este momento. Ha hablado usted de la violencia en el seno de las instituciones. Sabe usted que a nosotros es una cuestión que nos preocupa, que hemos trabajado y que, obviamente, vamos a intentar mejorar. Quería saber
si tienen ustedes datos de cómo ha evolucionado esta violencia en el seno de las instituciones a raíz del contexto de la pandemia del covid, si saben si se ha disparado o si se ha hecho algún estudio. Y me gustaría también saber por qué creen que
es tan difícil que se trate esta cuestión, por qué hay tantas trabas para que se investiguen presuntos abusos o delitos en niños que están en manos de la Administración Pública, por qué es tan difícil, por ejemplo, abrir comisiones de investigación
respecto a algunos casos muy sonados que hemos tenido recientemente.
Quería también preguntarle con respecto a una cuestión importante que ha mencionado, el tema de las retiradas de tutela. Quería saber si tienen ustedes alguna información de qué ha pasado desde marzo hasta ahora, si se ha disparado, porque,
en parte, las retiradas de tutela muchas veces obedecen a las situaciones socioeconómicas del contexto familiar y es claro que estamos en una crisis económica que puede ir a más. Me gustaría saber su opinión. Y también me gustaría saber cuál es su
visión sobre el tema de las tutelas rápidas a los niños que llegan de otros países, a los menores no acompañados, si cree usted que están funcionando lo suficientemente bien o si cree usted que hay que modificar algo a este respecto.
Muchas gracias, y todas las consideraciones relativas a las enmiendas concretas las hablaremos en privado y después en la Comisión. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señora Martín Llaguno. Por el Grupo Plural creo que tampoco hay nadie. Pues pasamos al Grupo Parlamentario Republicano. Señora Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Buenos días. Gracias, presidenta. Primero, agradecer a la señora Almudena Escorial por su comparecencia. Yo estoy aquí sustituyendo a Norma Pujol, que, como ha dicho la presidenta antes de empezar, está
ausente por motivos de salud. Está siguiendo la intervención desde su casa y seguro que tendrá ocasión de ponerse en contacto ella directamente con vuestra plataforma.
Solo le voy a hacer una pregunta sobre el coordinador escolar, porque, siendo el coordinador o coordinadora de bienestar y protección una figura de nueva creación en el marco escolar, ha surgido un lógico debate sobre quién debe ejercer esta
función. Hay quien habla que tendrían que ser los mismos profesores los que puedan ejercer dicha función, otros gremios o colectivos profesionales piden que se restrinja esta figura a titulaciones específicas, entonces, nos gustaría saber su
opinión porque esto nos parece un debate relevante y complejo y nos gustaría saber qué es lo que piensa su plataforma al respecto. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señora Granollers. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la compareciente. Siempre es un placer escuchar a la Plataforma de Infancia, una organización muy representativa y que, por tanto, conviene tener en cuenta siempre que
se abordan cuestiones de infancia.
Nosotros coincidimos, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, coincidimos en que la protección a los niños, niñas y adolescentes es un deber de los poderes públicos y que, por tanto, necesitábamos, tal y como
nos decía el Comité de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia, una ley que tuviera una perspectiva integral con el fin de proteger a la infancia frente a la violencia. Mucha gente se puede preguntar para qué sirve esta ley. ¿No estaba ya
protegida la infancia en este país? Bueno, había una protección jurídica, pero no existía ningún marco legal que tuviera en cuenta los diferentes ámbitos donde se puede dar esa violencia y establecer los mecanismos para prevenirla y, en el caso de
que se produzca, repararla.
Como bien explicaba la compareciente, es una ley que ha sido propuesta colectivamente, que lleva muchos años trabajándose y que está siendo, digamos, muy participativa porque, tal y como explicaba también la portavoz del Partido Popular, la
cantidad y el volumen de enmiendas que hemos recibido está obligándonos a aplazar una semanita más los plazos de enmienda, pero estoy segura de que pronto se va a cerrar ese plazo y vamos a seguir con la tramitación parlamentaria. Hemos estado
estudiando todas las enmiendas durante el verano y tomamos nota de todos los apuntes que han querido subrayar en esta Comisión, pero me gustaría que si pudiera, por visibilizarlo también, explicara un poco las enmiendas que van orientadas a reforzar
el enfoque de género. Nada más y muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Calvo.
El señor CALVO LISTE: Gracias, señora presidenta. Señora Escorial, muchas gracias por su comparecencia en nombre de la Plataforma de Infancia.
Coincidimos en muchas cuestiones, en algunas no, pero sí quisiera hacer especial incidencia en uno de los puntos en los que sí que estamos de acuerdo como es el tema de la violencia institucional. Entendemos que las actuaciones llevadas a
cabo por determinados centros de protección de menores han revelado que maltratos tanto físicos como psíquicos o la pasividad ante ellos no respetan los derechos ni la dignidad de los niños, acciones u omisiones de las que son responsables no solo
sus actores sino también la propia administración de la que dependen. Esto hace que se convierta en una pura y dura violencia institucional. Entendemos que el proyecto de ley omite la violencia en el ámbito social que está ejercida también en el
ámbito institucional, comprendiendo esta última, por un lado, la retirada de menores en el ámbito familiar y la asunción de tutelas por parte de administraciones cuando se dan los motivos legalmente recogidos para ello, como son el desamparo, el
maltrato o la desprotección, en base a lo cual y a lo preceptivo por la Ley de Protección Jurídica del Menor se deben incluir los centros institucionales
como espacios de posible violencia. La alta tasa de niños y adolescentes que están en instituciones administrativas obliga a hacer una mención como elemento de vigilancia.
Y coincidimos en considerar a la familia como una institución de las mejores valoradas por los ciudadanos según el CIS, año tras año, y la propia Constitución Española protege esta figura en el artículo 39. La unión de la familia asegura
que los integrantes se estabilizan emocional, social y económicamente, y es donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y a desarrollarse. Es un derecho, como digo, que se reconoce también en el 27.3 de nuestro texto
constitucional, mediante el cual los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa, moral, que esté de acuerdo con sus propias creencias.
Nuestra opinión al respecto es que, como consecuencia lógica de lo anterior, los padres que profesen una religión y pretendan educar a su descendencia en los postulados de la misma no pueden hacerlo al chocar frontalmente con la visión
unívoca del Estado que parece que subyace en la ley, la cual les formará en la consideración que han de merecer todos y cada uno de los estereotipos de género que pretenden suprimir, todo ello independientemente de si estos estereotipos son los que,
en el ejercicio de la libertad religiosa y derechos sobre la educación de los hijos, se presentan como un deseable y consideración de la intención de los padres. Esto supondría, en definitiva, un daño irreparable a la libertad de los padres para
educar a sus hijos. Al respecto debemos destacar las limitaciones de la regulación internacional que expresa acerca de la crianza de los niños fuera de la familia, en concreto, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece y
consagra como derecho fundamental el respeto a la vida familiar, y, de igual forma, el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de junio, sobre el sistema de protección de la infancia y el interés superior del menor en las decisiones que le
afecten teniendo en cuenta la búsqueda de la labor suplementaria de concreción e individualización en cada caso por los tribunales de justicia.
Por ello, le quería hacer una pregunta muy sencilla en cuanto a las denuncias que usted ha... (La señora Vicepresidenta: 'Señor Calvo, vaya finalizando su intervención, por favor'.) Sí, termino con la pregunta. Gracias, señora presidenta.
La ley hace una promoción de las denuncias como pilar básico para poder proteger a los menores. Los ciudadanos deben denunciar por indicios, los niños deben denunciar, los colegios deben denunciar. Se establece un procedimiento de denuncia, se
capacita o se pretende capacitar a los niños para detectar la violencia, se pretende formar a los profesionales en la detección de la violencia en numerosos artículos, todo ello con una atención a los profesionales en los que se focaliza la
detección de la violencia a los niños y se les predispone a intervenir desde esa perspectiva. Por otro lado, el listado de doce indicadores de riesgo, amplísimo, como pueden ser genéricos indeterminados como acción, omisión, padres, tutores,
delitos, faltas, es decir, una serie de... (La señora vicepresidenta: 'Señor Calvo: Por favor, finalice la intervención'.) Sí, brevemente. Quería que me contestara al respecto si no le parece que el tema de la denuncia está excesivamente
desarrollado en el texto. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señor Calvo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchísimas gracias, presidenta. Comienzo la intervención dando las gracias a la plataforma de organizaciones de infancia por el enorme esfuerzo que han realizado de lectura minuciosa del proyecto de ley y proponer
mejoras para que el texto quede, no solamente desde el punto de vista de los contenidos sino también de la forma, bien trabado.
En segundo lugar, también quiero agradecer la actitud del conjunto de grupos parlamentarios hacia esta ley, algo que se comparte como necesario, y recordar que esta ley es la culminación de un proceso que se inicia primeramente en el Senado
y posteriormente en el Congreso, con la creación de una subcomisión para estudiar la situación de violencia de los niños, y ahí es donde ya se empieza a proponer la necesidad de esta ley y a partir de ahí empieza todo el recorrido que culmina ahora.
Por tanto, parece sensato que sigamos manteniendo ese espíritu de consenso para lograr la protección de la infancia.
En tercer lugar, quisiera poner de manifiesto que esta ley pretende en primer lugar que se visualice un asunto que estaba muy oculto en la sociedad. Yo creo que el principal valor de esta ley, más allá de comas y puntos en los que podamos
detenernos, es visibilizar este asunto y concienciar al conjunto de la sociedad de que existe este problema trasversal en nuestra sociedad y que es necesario que tomemos conciencia colectiva. Y en segundo lugar u otro principal valor que tiene es
que los delitos cometidos sobre los niños no prescriban. Estos son los dos principales elementos. No obstante, el propio contenido de la
ley es bastante holístico, lo cual da tentación u origen a la tentación de adentrarse en modificaciones de otros marcos legislativos que están vigentes y que le son próximos, como las leyes de protección de la infancia del año 2015, que
arrancan en 1986 y posteriormente en 2015, o la Ley de violencia de género, que le resultan próximos. Por tanto, yo quisiera llamar la atención para recentralizar sobre el tema que nos ocupa que es la violencia sobre los niños y poner de relieve
algo que las leyes de 2015 pretendieron que es que los niños son sujeto de derecho propio, ni de sus familias ni de sus tutores, son sujetos de derecho propio, y eso es el enfoque que tenemos que llevar a la ley.
Y termino haciendo una anotación sobre una cuestión que flotó por aquí sobre la pobreza. La pobreza no es motivo de retirar la tutela a los padres. Hay que atender a las familias, hay que dar recursos a las familias que no los tienen,
atender a esa situación de pobreza infantil, pero, desde luego, ni la pobreza ni la situación de pobreza es motivo de violencia, a veces, al contrario. Son cuestiones que yo creo que tenemos que tener muy presentes.
Y ya, de verdad, termino con una cuestión. Me parece oportuna la comparecencia ahora, antes de que se hagan las enmiendas, y no al revés. Muchísimas gracias. En todo caso, agradecerle el enorme trabajo de síntesis de todas las
organizaciones de infancia y de las propuestas de enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señora Carcedo. Toma la palabra para contestar a los señores diputados doña Almudena Escorial por un tiempo de diez minutos.
La señora ESCORIAL SENANTE, ALMUDENA (Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia): Muchas gracias a todos los grupos.
Hilo lo último que ha dicho el Grupo Socialista con lo que empezó diciendo el Partido Popular. Somos conscientes de que se han enviado muchas enmiendas. Es una ley muy esperada, es una ley que afecta a muchas cuestiones, es decir, la
violencia, la prevención, la protección, la detección o la reparación afectan a muchas cuestiones. Hemos intentado en la plataforma centralizar muchas de las propuestas y sabemos que otras entidades han realizado también, por supuesto, sus
propuestas, pero aunque ha habido muchas, estamos seguros de que la mayoría coincide en los puntos clave porque las hemos debatido mucho todas las organizaciones.
Voy a intentar responder a todos juntando preguntas porque si no creo que va a ser imposible en diez minutos, así que empiezo.
Hablábamos del tema del apoyo a las familias. Nosotros, los estándares internacionales, nuestra ley, hablamos de que la familia, los padres y las madres son los que deben velar por sus hijos y el Estado es el que subsidiariamente, si éstos
no lo cumplen, debe hacerse cargo de ellos, pero mientras, como he dicho, tiene la obligación de apoyar a las familias. Es en este sentido donde pensamos que hay que fortalecer en alguna medida la ley.
Sobre el sistema de protección me preguntaba el Grupo Popular qué cuestiones que se dan en otros ámbitos no se estaban dando en el sistema de protección. Solo hay que ver el articulado de otros capítulos, por ejemplo, del sistema de
protección en el ámbito educativo, para ver la diferencia, pero vamos a poner un ejemplo, para no alargarme mucho, de una cuestión como es el tema del coordinador de protección. En los centros educativos se prevé que tiene que haber un coordinador
de protección, en los centros de deporte también tiene que haber uno, pero no se prevé que en el sistema de protección -donde duermen niños, viven niños, niños muy vulnerables- haya un coordinador de protección. Este es un ejemplo en el que
pensamos que la comparación evidencia que se ha prestado menos atención.
En relación a la existencia de demasiada concreción en determinados puntos, sí queríamos decir que estamos hablando del derecho a la intimidad física y moral de los niños. Estamos hablando de un derecho fundamental. Si nosotros revisamos
otras leyes de nuestro ordenamiento que hacen referencia a derechos fundamentales, vamos a ver cómo se detallan exhaustivamente, en ley orgánica, muchos de los apartados. Pongo un ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana te dice cómo tienes que
realizar los cacheos. Es decir, nosotros no queremos traspasar la línea que establece nuestro ordenamiento de distribución competencial, por supuesto que no, y por eso, de hecho, en ese punto concreto del sistema de protección nosotros proponíamos
una enmienda que decía que las administraciones públicas competentes desarrollarán los mecanismos. Donde queremos hacer hincapié es en que no pueden ser protocolos, tiene que ser normativa autonómica. No puede quedar al arbitrio de un centro el
que establezca su protocolo, esto es una cuestión que afecta a un derecho fundamental, y por eso queríamos ampliar el foco.
En relación al control parental, la cuestión que nosotros queremos poner sobre la mesa es que no puede depender únicamente de los padres el control de los hijos en relación a la violencia online que
puede haber, y me explico. Por un lado, apelábamos a que las empresas tienen un deber de colaborar también y tienen que colaborar en esta protección, y, por otro lado, que es necesario trabajar con los niños y niñas el autocontrol, es
decir, la formación o el diálogo, porque en un momento los padres y madres no vamos a estar. Por eso pensamos que es más efectivo trabajar la educación, la formación, para que los niños y niñas sepan los riesgos que hay y dónde se meten, y por eso
contraponíamos un poco el control parental a las otras formas de trabajarlo.
En relación a la figura del coordinador de protección, que ha habido varias preguntas, este es un tema que se ha debatido mucho porque entendemos que tiene varias visiones. Nosotros en la Plataforma de Infancia, al final, con nuestras
organizaciones, lo que vimos claro es que la ley lo que tiene que prever es la presencia de un coordinador en cada centro, sus funciones y que los centros dedican los recursos y los medios necesarios para que la persona que desempeñe el cargo lo
pueda hacer de manera adecuada. Esto es lo que consideramos que debe entrar en esta ley, luego ya cada comunidad autónoma pensamos que debe desarrollarlo. Ahí no podemos entrar más allá porque pensamos que sí se estaría traspasando un poco la
línea de distribución competencial.
En cuanto al tema del sistema de protección, que ha habido varias preguntas, tenía aquí los datos. No tenemos datos desde que empezó el confinamiento, no podemos dar datos en ese sentido, pero sí que los datos nos dicen que el número de
acogimientos residenciales ha aumentado en los últimos años, es decir, hay más niños tutelados y hay más niños en centros, y la cuestión es que todas las directrices que vienen de la Unión Europea o de Naciones Unidas señalan que tendría que ser al
revés, es decir, tenemos que ir a la desinstitucionalización de nuestro sistema. ¿Y eso cómo se hace? No, por supuesto, dejando a los niños en peligro, no, de hecho, ya he reiterado que esta ley tiene que poder actuar rápidamente si es necesario,
pero la manera que nosotros pensamos es la de trabajar con las familias, apoyar a las familias para que puedan desempeñar esta labor y, desde luego, tender a un modelo de centros más pequeños donde los niños puedan tener una situación más parecida a
lo que sería estar en una familia.
Por hilar también un poco la pregunta de Ciudadanos sobre si habían aumentado los casos, no sabemos lo que ha pasado en el sistema de protección, y este es uno de los ámbitos que hemos visto que se ha quedado un poquito más disperso, no está
en el centro de los temas de infancia. Si ya los temas de infancia consideramos que no han estado completamente en el centro de las políticas durante estos meses, los niños y niñas en el sistema de protección pues no han sido precisamente el foco,
entonces, no sabemos lo que ha pasado ahí. Lo que sí sabemos es que las denuncias de violencia en los hogares sí han descendido, pero eso no es una buena noticia. Lo que estamos viendo no es que se hayan reducido, sino que los niños no han tenido
mecanismos ni agentes externos que hayan podido detectar situaciones de violencia.
De ahí la importancia, e hilo con otra pregunta, de los mecanismos de denuncia. Nosotros creemos que es básico que un niño o una niña sepa a quién pedir ayuda cuando tiene la fuerza para hacerlo, que no todos los niños pueden hacerlo en un
momento dado, entonces, por eso hablamos de que es necesario que haya mecanismos accesibles y efectivos, que realmente funcionen, y, al mismo tiempo, pensamos que es necesario que la sociedad sepa dónde acudir. Por supuesto que todo esto, por eso
lo decíamos, es decir, si se va a intensificar el mecanismo de denuncia, es necesario que haya más garantías en los procedimientos de retirada de las tutelas. Consideramos que ahora mismo hay una carencia en estos procedimientos y por eso creemos
que se deben fortalecer, pero nunca, nunca, o sea, al revés, creemos que los mecanismos de denuncia son uno de los puntos que más hay que fortalecer en nuestro sistema.
En relación a los niños no acompañados, es un tema en el que la Plataforma de Infancia hemos hecho propuestas en esta ley porque considerábamos que entraba dentro. Aun así, la cuestión es que son niños que, por un lado, están dentro del
sistema de protección, con lo cual hay que tratarlos igualmente que a otros niños, y, por otro, todo el tema de la determinación de la edad es una cuestión que también queremos que se reforme, que sabemos que el Gobierno está en ello y que además se
han creado unos grupos de trabajo, pero tenemos propuestas en relación a este tema porque sí que pensamos que requieren una vuelta total debido a las vulneraciones de derechos que puede haber.
En relación a las enmiendas de enfoque de género, nosotros lo que pensamos es que el texto debería reforzar algunas cuestiones para garantizar el enfoque trasversal de género. Y sí que hemos detectado algunas carencias, por ejemplo, no
parte explícitamente, en algunos casos, de la vulnerabilidad de las niñas. En cualquier caso, nosotros las propuestas que hemos hecho, por resumirlas un poco, van en relación a fomentar el tema de la seguridad y responsabilidad digital, el uso
adecuado de internet, contenidos sexistas o todo el tema del acceso a la pornografía. La compareciente de Save the Children,
que estará luego, hablará del acceso, de cómo acceden los niños y niñas a la pornografía en España y el problema que existe ahí, por tanto, este tema creemos que es fundamental. El tema de la prohibición de la esterilización forzosa y el
aborto coercitivo es una de las enmiendas que también hemos acordado todas las entidades porque nos parece necesario. Y luego hay un bloque de enmiendas sobre violencia de género que lo que pretenden es un poco reforzar las cuestiones que ya están
en el Pacto de Estado. Estamos hablando del tema de la mediación, de la ayuda psicológica a los niños sin que sea necesario el consentimiento de los padres en un proceso de violencia de género, el tema de las guardas y custodias en procedimientos
para proteger a los niños, es decir, van en relación, como digo, a todas las cuestiones que ya se prevén en el pacto.
En relación a la formación y al choque que puede haber o que se planteaba de la ley con relación a la formación que eligen las familias, nosotros pensamos que en el contenido que incluye la ley estamos hablando de derechos humanos, formación
en derechos humanos, que es una obligación del Estado proporcionarla a los niños y niñas porque es su derecho. La educación es un derecho fundamental que implica muchísimas cuestiones que van más allá de las cuestiones académicas, por así decirlo,
y que está enfocado al desarrollo integral de las personas. Todas estas cuestiones que incluye la ley consideramos que son fundamentales y que es obligación, como digo, no solo del Estado sino de las familias, porque la Convención y todo lo que
conlleva nos vincula a todas las personas.
Y ya por último, en relación a la intervención del Grupo Socialista, estoy de acuerdo en que uno de los efectos más importantes de esta ley es el cambio de mentalidades. Creemos que es una de las cuestiones más necesarias que la ley ya está
trayendo, este propio debate lo está trayendo, y eso es algo muy positivo que nosotros siempre hemos visibilizado. Creemos que el tema de la prescripción de los delitos es fundamental, por supuesto, pero creemos que hay muchísimos más, de hecho,
creemos que esta ley lo que va a conseguir, porque estamos seguros de que va a pasar, es ofrecer una protección integral. Si hablamos de una protección integral, es necesario reformar varias cuestiones de nuestro ordenamiento. El propio proyecto
de ley, en sus disposiciones finales, está reformando muchísimas leyes, como la Ley de Publicidad, Estatuto de la Víctima, etcétera, es decir, el propio proyecto está reformando un montón de leyes. Y pensamos que para conseguir esta protección
integral no podemos quedarnos en cuestiones estanco, tenemos que hablar realmente de esos ambientes protectores, tenemos que hablar de garantías, tenemos que hablar de ello en todos los órdenes (en educación, en el sistema de protección, en el
sistema judicial), por lo tanto, ahí lo que consideramos es que el foco tiene que ser integral, por supuesto.
Y una última mención a la última cuestión. Somos conscientes de que no se está pretendiendo criminalizar la pobreza, por supuesto, pero sí que nos llamó la atención que se suprimiera de este artículo 17 esa frase que se introdujo en 2015,
entonces, nos llamaba la atención que se quitara precisamente esa frase en el proyecto de ley. Es simplemente una puntualización, porque pensamos que esto es un pilar y hay que mantenerlo ahí, que la pobreza en ningún caso puede llevar a esas
situaciones. Sabemos que no es intención del proyecto de ley, pero nos llamaba la atención esta eliminación. Y yo creo que ya he contestado a todas las cuestiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias. Gracias por su presencia, por la información facilitada, que será muy provechosa para esta Comisión y para el desarrollo de la ley. Muchas gracias.
Unos minutos para cambiar de compareciente y continuamos con la Comisión.
- DE LA SEÑORA ALEMANY ROJO (MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS), PARA VALORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente: 219/000269).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Vamos ocupando ya nuestros lugares. Comparece en segundo lugar doña Ángela Alemany Rojo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, para valorar la situación de la
infancia en España.
Damos la bienvenida a doña Ángela y le damos la palabra por un tiempo de quince minutos. Tiene usted la palabra.
La señora ALEMANY ROJO, ÁNGELA (Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis): Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí en nombre de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
En la exposición me limitaré solo a algunos aspectos, pero, de todos modos, está recogido en unas propuestas que se han hecho y que se han trasladado para que ustedes puedan valorar todas las propuestas que se han hecho desde mi asociación.
He de decir en primer lugar, y voy a ir muy rápido porque tengo poco tiempo, que hay una serie de aspectos que nos parecen muy positivos dentro de la ley. En relación con ello, pues a nosotras nos parece muy positivo el que se haya creado un
coordinador específico de bienestar y protección para los menores, también nos parece muy positivo el protocolo común de actuación y, en el ámbito jurídico, nos parece muy positivo el que se haya introducido la prueba preconstituida, aunque a
nosotras nos hubiera gustado que se hubiera introducido hasta los dieciséis años. También nos parecen positivas otras de las medidas que se adoptan así como el plazo de prescripción, que contará a partir de que la víctima cumpla 30 años, aunque
nosotras pedíamos que fueran 50 años, y también el que se incorpore la edad como una causa de discriminación así como la infracción del hecho de dar ocupación a personas con antecedentes en materia de agresión a menores.
En relación a aspectos no recogidos en la ley, pues sí nos gustaría resaltar las previsiones que se hacen desde la Ley de violencia de género, donde se consideran víctimas directas a los menores, y, sin embargo, en esta ley no se trata en
ningún momento esta situación, además de no recogerse las medidas que se adoptaron en el Eje 4 del Pacto de Estado en relación con la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores así como las situaciones de custodia compartida, la
prohibición de visitas a los padres condenados a prisión (recientemente hemos tenido una situación en este sentido en Valencia) y también el impedir a los padres maltratadores que puedan acceder a las valoraciones realizadas con motivo de la
exploración judicial de los menores. Además de esto, o como cuestión previa, en vez de recogerse el concepto de parentalidad positiva, nos parece más adecuado que se recogiera el concepto de responsabilidad parental, que es un término recogido en
el ámbito comunitario. Y a partir de aquí voy a hacer una serie de exposiciones en relación con los artículos concretos.
En relación con el artículo primero 2, se habla de pornografía no consentida o no solicitada. Entendemos que estamos hablando de menores, por tanto, al hablar de menores no podemos hablar de pornografía no consentida o no solicitada, por lo
que consideramos que se debería suprimir eso y recogerse 'pornografía infantil' y también el concepto de prostitución.
En los artículos 4 y 5 echamos en falta el que no se hable de promoción de igualdad de trato de los niños y las niñas y que no se hable del concepto de igualdad como tal. Nos parece que es un concepto muy importante no solo jurídicamente
hablando, sino porque creemos que además hay que hacer intervención en los menores en las edades más tempranas para que se adopten medidas concretas con el fin de que estos niños no adquieran estereotipos de género. Y en el artículo 5 tampoco se
habla del concepto de igualdad, que nos parece que es sumamente importante en la formación.
En el artículo 9 observamos que se habla del derecho a que su orientación sexual o identidad de género sea sentida o expresada. Nosotras proponemos que este término, 'sentida o expresada', se suprima en base a que consideramos que es la
interpretación que existe en la legislación vigente de 2007 y a la norma que la ha interpretado, que exige la verificación de una situación estable de transexualidad para que se pueda llevar a efecto, y además así lo dicen el Tribunal
Constitucional, en sentencias que tenéis ahí recogidas, y el Tribunal Supremo, también en sentencias de 2019.
En cuanto al artículo 10, se habla de las competencias de la Oficina de Atención a las Víctimas. Aquí nos hacemos una serie de preguntas, la primera es qué ocurre con el asesoramiento previo. Porque las Oficinas de Atención a las Víctimas
la competencia la tienen desde que se interpone la denuncia pero no con anterioridad a la denuncia, por tanto, entendemos que se debería adoptar una medida en relación con ese asesoramiento previo tanto a las familias como a las víctimas. ¿Se prevé
la dotación a las oficinas de personal especializado para tratar a los menores? ¿Y se van a implementar protocolos para acceder a la comunicación con los y las menores? Estas son preguntas que nos hacemos porque creemos que es una situación
específica. Las Oficinas de Atención a las Víctimas tratan a todas las víctimas en general, no solo a los menores.
En cuanto al artículo 12, se habla de la legitimación para la defensa. Aquí vemos que la legitimación se hace a través de la representación legal, o bien a través del defensor judicial, y entonces se nos plantea una situación que es la
dispensa a declarar. La dispensa a declarar hemos visto actualmente que, en muchos casos, se está adoptando por representantes legales, o bien por el defensor judicial, cuando los representantes legales o el defensor judicial entendemos que no
deberían adoptarlo porque es un derecho personalísimo y así lo consideramos. Así lo han considerado también, en algunos extremos, las sentencias del Tribunal Supremo, pero es verdad que en este año, en concreto, el 25 de mayo de 2020,
hubo una sentencia que absolvió por considerar que tenían que haber adoptado la decisión los representantes legales o, si no, el defensor judicial, cuando había ya una prueba preconstituida y se habían negado los padres, que eran los
representantes legales en este caso. Para que no ocurran estas cosas, primero, pensamos que es un derecho personalísimo y que por tanto no se puede adoptar por los representantes, y, segundo, además hay que valorar, es decir, el objetivo
prioritario del derecho penal es la verdad material, entonces, tendremos que intentar esa verdad material, y cuando tenemos ya una declaración efectuada preconstituida no deberíamos dejarnos llevar por otras situaciones para no llegar a lo que es la
verdad material, que, como digo, es a mi juicio el objetivo prioritario del derecho penal.
En cuanto al artículo 23, se habla de la prevención frente a los procesos de radicalización y adoctrinamiento. Nosotras proponemos en vez de eso que se acote el término y se hable de procesos en los que se prime el aprendizaje de modelos de
conducta violentas o de conductas delictivas.
En cuanto al artículo 24, proponemos que se fomente la obligación de la denuncia directa de los profesionales ante la Policía y la Guardia Civil y no se diga que se lo tienen que comunicar a los representantes legales.
En cuanto al artículo 27, la situación de ruptura familiar, se expresan dos medidas, una de impulso y servicio de apoyo a las familias, los puntos de encuentro y otros recursos, así como el acompañamiento profesional. Aquí echamos de menos
algo que he oído en esta sala a la anterior ponente que es la valoración de la opinión del menor. Entendemos que es superimportante, que es muy importante la valoración de la opinión del menor y que debe ser respetada en relación con la guarda y
custodia y las visitas, y deben utilizarse parámetros objetivos cuando se actúe en contra de la misma. Creemos que hay que desarrollar reglamentariamente modelos de actuación para valorar el interés del menor, que es un concepto muy indeterminado y
que en muchos casos se utiliza para una cosa y para la contraria, exactamente la contraria, y así lo vemos reflejado en las sentencias judiciales.
Deben erradicarse las malas prácticas como la aplicación del mal llamado 'síndrome de alienación parental', que significa utilizar la terapia de la coacción y de la amenaza frente a los menores, para conseguir además, en muchos casos, que el
menor haga algo que no quiere hacer. Esto es algo que nos preocupa enormemente porque se está realizando constantemente, bueno, no constantemente, pero en muchos juzgados se está realizando. Reivindicamos el fortalecimiento de los gabinetes
psicosociales de los juzgados y proponemos suprimir el apartado B, o bien que se efectúe su redacción de otro modo, porque entendemos que con esta redacción, primero, se está hablando de que cuando hay ruptura son los juzgados los que van a
intervenir, que de alguna manera se está diciendo que es función de los juzgados formar a los padres en su responsabilidad parental, considerando que no es así, que los juzgados no están para formar a los padres. Y, por otro lado, su contenido
también sugiere, a nuestro juicio, dar pábulo a la campaña que han realizado ciertos sectores a favor de la coordinación de parentalidad, que no está dentro de nuestra legislación y a la que esta asociación se ha opuesto porque en la práctica, en
los casos que nos han reportado nuestras abogadas, en realidad ha servido para aplicar el SAP o síndrome de alienación parental y crear inseguridad jurídica, sobre todo a las mujeres. No me voy a detener en por qué estamos en contra de la
coordinación parental (tenemos colgado en la red los documentos en este sentido) porque si no esto me llevaría demasiado tiempo.
Y, miren, hay una cosa que también les quiero decir. Hay una cosa que a mi juicio se escapa en esta ley, y es que el procedimiento penal puede acabar en una solución o en un archivo, pero esto no quiere decir que no exista un riesgo para
esas personas. Hay algunas sentencias que lo recogen en la propia sentencia, cuando la víctima no declara, etcétera, incluso recogen que los Servicios Sociales hagan un seguimiento de esas personas, y así lo hemos visto en un trabajo que se ha
hecho sobre agresión sexual a menores. Esto creemos que es un problema muy importante y que se debería reflejar en esta ley, porque lo único que queda después son los tribunales civiles o los tribunales, por ejemplo, de familia, y estoy hablando de
cuando hay una situación de agresión sexual, por ejemplo, en la familia o violencia en la familia, etcétera. Esto se tiene que valorar de alguna manera, se tiene que valorar si puede existir algún tipo de riesgo.
En cuanto al artículo 56, simplemente comentar que a nosotros nos gustaría que se incluyera que los empleadores tuvieran que solicitar a las personas trabajadoras, al inicio de la relación laboral y en períodos bianuales, desde la
contratación, un certificado del Registro de Antecedentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque entendemos que dejar al albur de los trabajadores el que tengan que presentar el Certificado del Registro de Antecedentes puede conllevar que no lo
presenten. A una persona que está condenada por un delito grave, bueno, si está en la cárcel, no, pero si está fuera, puede que le dé igual no presentar ese
Certificado de Antecedentes, por lo que entendemos que es mejor que se tenga que requerir por el propio empleador para que, en su caso, si se niega, pues lo pueda requerir.
Simplemente, y ya con esto acabo, en el artículo 154 del Código Civil se añade que cuando hay un cambio del lugar de residencia habitual se tendrá que hacer mediante la modificación con el consentimiento de ambos progenitores o, en su
defecto, por autorización judicial. Miren, nosotras estamos en contra de que se introduzca esta modificación en el Código Civil, y les voy a explicar por qué. Primero, porque consideramos que esto lo que va a hacer es que haya mayor
judicialización de los temas de familia y además va a haber un número importante de situaciones que van a llegar a los tribunales. Segundo, porque el cambio de domicilio, si afecta a los menores, será un cambio de circunstancias y como tal está
recogido en la legislación actual, o sea, que cualquiera de los progenitores puede presentar una demanda por cambio de circunstancias. Y tercero, porque no afecta absolutamente para nada que yo me cambie de un barrio a otro en la misma ciudad o en
el mismo pueblo, eso no va a afectar para nada a los derechos del menor, sin embargo, a lo mejor me tengo que cambiar, entonces, si tengo que ir a la autoridad judicial porque resulta que el otro progenitor no se pone de acuerdo conmigo o no quiere
firmarme que sí, pues realmente, lo que decía antes, carga mucho y, además, también puede haber pleitos en los que incluso haya que tener que llegar a acuerdos o a coacciones de alguna manera para poder cambiarte de domicilio. Esto entendemos que
no es coherente y que ya existe en la ley un procedimiento específico por cambio de circunstancias que se puede adoptar en este sentido.
Y en el artículo 510, que entendemos que regula los delitos de odio del Código Penal, se rebajan las penas. Antes eran cuatro años y ahora puede ser una simple multa, porque antes era prisión y/o multa y ahora es prisión o multa e incluso,
en la fórmula más cualificada, se está rebajando simplemente a multa y se deja a la discrecionalidad judicial, lo cual no nos parece razonable.
Nada más, simplemente me gustaría hacer una manifestación en el sentido de que los niños y las niñas son sujetos de derecho y, como sabemos, tienen los mismos derechos civiles y políticos, que deben ser respetados en igualdad de condiciones
con los adultos. Desgraciadamente, hay muchos ejemplos de irrelevancia penal de conductas violentas hacia los menores por considerar que es una acción insignificante, como agresiones físicas leves, coacciones o abusos, por lo que les pido que no lo
olviden al abordar este asunto y no favorezcan conductas de tolerancia a la violencia. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señora Alemany. Pasamos, por un tiempo de tres minutos, a las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzando con el solicitante y después el resto, de menor a mayor. Tiene
la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Muchas gracias, presidenta. Gracias, Ángela Alemany, como representante de Themis, de la Asociación de Mujeres Juristas, por acompañarnos hoy aquí para explicar esa labor ingente que habéis hecho durante estos meses
estivales para presentar enmiendas que harán de la Ley de la protección de la infancia y la adolescencia una ley más justa y una ley que tenga perspectiva de género y que por lo tanto sea más igualitaria. Se ve ahí el compromiso que tiene vuestra
entidad por conseguir esa sociedad más justa e igualitaria en vuestras enmiendas, en las que tratáis de que incorporemos la perspectiva feminista y conseguir así una legislación igualitaria para los dos sexos, para hombres y mujeres, para niños y
niñas.
Es importante, usted lo ha destacado, tener como marco jurídico el Pacto de Estado que se aprobó en sede parlamentaria en el año 2017, un pacto que ya en su Eje 4 establece que los niños y niñas que viven en espacios domésticos o en espacios
privados en los que se ejerce violencia de género son, a su vez, víctimas directas de esa violencia de género, y es importante que lo digamos y lo repitamos porque los niños, como usted bien decía, son sujetos de derecho propio. Y es importante que
lo tengamos en cuenta porque es importante también que los poderes públicos tengamos claro que se debe suspender de manera automática y de manera imperativa ese régimen de visitas y esa custodia compartida en el caso de los hombres que ejerzan
violencia de género contra sus compañeras sentimentales, contra las mujeres con las que conviven, que, como hemos dicho, los niños y las niñas son víctimas también directas de esa violencia. Y es importante porque no podemos ni debemos seguir
primando las relaciones paternofiliales al interés superior del menor, que lo hemos visto, desgraciadamente, estos días en Valencia y no podemos seguir consintiendo que esto suceda. No lo decimos nosotras, no lo dice la Asociación de Mujeres
Juristas, no lo dice el movimiento feminista, lo dice el Convenio de Estambul, lo dice la Ley de violencia de género
del año 2004 (el año 2004, hace dieciséis años que la aprobamos) o la Ley de modificación de la protección de la infancia del año 2015, así como el Pacto de Estado que ya he citado anteriormente. Por lo tanto, es importante que primemos
siempre el interés superior del menor como sujeto de derecho propio.
Violencia que no únicamente sufren los y las menores cuando son testigos de la misma, sino que también la pueden sufrir en su propia piel con lo que conocemos como violencia vicaria, esa violencia que se ejerce contra los niños y contra las
niñas con el único objetivo de dañar a las madres de éstos. Yo quiero recordar que, por desgracia, en este año 2020 la primera mujer víctima de violencia de género fue en Esplugas, la víspera de Reyes, que su compañero sentimental la asesinó a ella
junto a su hija menor. Así empezábamos el año en España en relación a la violencia de género, con dos víctimas, una mujer adulta y una niña que convivía con el agresor. Y lo hemos visto también, desgraciadamente, hace tan solo una semana en
Zaragoza, cuando el agresor decidió asesinar a su propia hija, una muestra más de esa violencia vicaria que también debe recoger la Ley de protección de la infancia y la adolescencia. (La señora Vicepresidenta: 'Señora Guerra, vaya finalizando la
intervención'.) Voy a ir finalizando, presidenta. También es importante, yo creo, destacar, y así nos lo ha hecho llegar Themis con sus enmiendas pero también otras entidades feministas que nos las han hecho llegar, como la Plataforma Feminista 7N
o la Asociación de Mujeres Juezas de España, esa violencia estructural que sufren las niñas por el simple hecho de nacer niñas en una sociedad machista y patriarcal como la que vivimos.
Para acabar, me gustaría hacerlo con una cita de una autora feminista, una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, que afirma que para las feministas cada mujer es la causa del feminismo, cada mujer tiene el derecho a autoproclamarse, a tener
derechos, recursos y condiciones para desarrollarse y vivir en democracia, y cada mujer, cada niña tiene derecho a vivir en libertad y a gozar de la vida. Y a mí me gustaría, señora Ángela, en relación a su presentación y a las enmiendas que ha
presentado su entidad, cuando usted ha hablado del síndrome de alienación parental, esa teoría... (La señora Vicepresidenta: 'Señora Guerra, finalice la intervención, por favor'), esa teoría pseudocientífica que todavía se aplica en algunos
juzgados de nuestro país, me gustaría que nos recomendase cómo debemos seguir trabajando legislativamente para impedir ese síndrome de alienación parental. Muchísimas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Guerra. El Grupo Mixto no tiene representante, Euskal Herria Bildu tampoco, el Grupo Parlamentario Vasco tampoco, por tanto, pasaríamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Martín
Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la ponente por la exposición que nos ha hecho. Yo reitero lo que he expuesto con la compareciente anterior. Agradezco mucho la comparecencia, me ha parecido realmente
interesante. Nosotros debatiremos y hablaremos todas las cuestiones relacionadas con las enmiendas en el contexto en el que toque, que será el de la apertura de la ponencia de la ley.
En cualquier caso, ya que Themis es una asociación de referencia en todas las cuestiones jurídicas relacionadas con la igualdad y también con la violencia de género, yo quería aprovechar para hacerle una pregunta a la compareciente. En
primer lugar, me gustaría saber cuál es, bajo su punto de vista, la mejor solución jurídica que se podría dar para combatir la violencia contra la infancia, y me explico. Esta es la piedra filosofal en esta ley y no se ha querido tocar, no se ha
querido tocar yo creo que voluntariamente porque genera conflicto y, según con quien te reúnas y con quien hables, hay quienes plantean que es mejor favorecer o reforzar todo el tema de los juzgados de familia y hay quienes plantean que la mejor
solución es reproducir el sistema que se ha implantado para el combate contra la violencia de género, de violencia contra la mujer. Me gustaría saber su opinión.
Me gustaría saber también su opinión sobre qué le parecería incluir la solución de la protección del denunciante que plantea la Directiva de protección del denunciante, que hay que trasponer, y aplicarla al tema de la protección de la
infancia. Nosotros hemos valorado que ésta podría ser una solución que deberíamos recoger y quería saber cuál es su opinión.
Y ya desde el punto de vista de lo que pone la comparecencia, que es hacer una valoración de la situación de la infancia en estos momentos, me gustaría saber qué repercusiones puede tener desde su punto de vista la dilución en algún punto o
la ampliación que se está intentando hacer desde el Ministerio de Igualdad a través de la Macroencuesta de violencia de género sobre el concepto claro que existía antes, en el año 2007, en la Ley integral de violencia de género, de la violencia de
género entendida como la violencia del compañero íntimo, como contempla la OMS. Me gustaría saber si en la Macroencuesta, que seguro que usted conoce y maneja con mucho detalle, le parece que haber mezclado, por ejemplo,
el tema de una mirada lasciva o un piropo mal traído con el tema de las agresiones sexuales y de las agresiones físicas contribuye a combatir y a sensibilizar a la opinión pública sobre este problema. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Martín. El Grupo Plural no tiene representante, pasaríamos entonces al Grupo Parlamentario Republicano. Señora Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidenta. Gracias, señora Ángela Alemany, por sus explicaciones.
Tomamos buena nota de sus propuestas sobre las garantías. Somos conscientes de que la ley ofrece importantes mejoras en cuanto a garantías procesales, pero nos sigue pareciendo excesivamente ambigua en cuanto a la potestad judicial o
policial para las diligencias para solicitar declaraciones adicionales. Nos gustaría conocer su opinión, como también que nos comentara qué le parece la prolongación a los treinta años del período en el que se inicia el descuento para la
prescripción de los delitos más graves de carácter sexual o de violencia grave, porque, a nuestro parecer, es aún insuficiente y más hoy, sabiendo que la justicia no actúa justamente, pues han rebajado una condena a un profesor pederasta del Opus
Dei, mientras tanto, esta semana o el lunes en Cataluña se han vulnerado todos los derechos de los votantes inhabilitando al president de la Generalitat de Cataluña, al honorable president Quim Torra. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Granollers. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidenta. Bienvenida y saludo a la compareciente, alabando la importancia del tema que ha tratado durante su comparecencia.
Desde nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sabemos que la violencia de género, como forma específica de las violencias machistas, pues es una vulneración flagrante
de los derechos humanos, y así lo reconocen instituciones internacionales como la CEDAW misma. Nosotras tenemos claro que la erradicación de las violencias machistas no solo es un avance hacia una sociedad más democrática, más abierta y más plural,
sino que es la forma de garantizar la libertad de las mujeres y también de los niños y niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia de género.
Nosotras creemos que su comparecencia de hoy es de vital importancia para avanzar en los derechos de las mujeres, de todas, pero también de los niños y niñas y adolescentes que viven en entornos de violencia, y, por tanto, queriendo avanzar
y contando con su presencia aquí, me gustaría hacerle algunas preguntas que puedan arrojar luz sobre cómo acercarnos a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la violencia de género específicamente. En primer
lugar, me gustaría preguntarle qué piensa usted sobre el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como víctimas cuando viven situaciones de violencia de género en el ámbito familiar y si para ello le parecería correcto elaborar protocolos
de detección y respuesta, específicos e integrales, en los servicios especiales de Atención Integral para la Violencia de Género. En segundo lugar, me gustaría trasladarle algunas cuestiones demandadas por la sociedad civil, sociedad civil
feminista, relativas a algunas cuestiones concretas sobre la patria potestad en este sentido. ¿Creen ustedes que sería necesario evitar que las víctimas de violencia de género tengan que buscar el acuerdo de la expareja agresora para cosas como,
por ejemplo, el cambio de domicilio? Y si así lo creyera, ¿cuál cree que sería la fórmula más eficaz? Y finalmente, en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, las medidas 144 y 145 están enfocadas sobre la necesidad de reforzar el
carácter imperativo de la suspensión de algunos derechos en aquellos casos en los que los niños, niñas y adolescentes hubieran vivido situaciones de violencia en casa. ¿Creen ustedes que la suspensión del régimen de visitas, usted lo ha mencionado
pero se lo pregunto también, u otros derechos paternofiliales deberían suspenderse si los menores han presenciado, sufrido o convivido en hogares con manifestaciones de violencia de género? Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Calvo.
El señor CALVO LISTE: Gracias, señora presidenta. Primero, agradecer la comparecencia que hemos podido oír de la señora Alemany.
Concretar que desde Vox se está entendiendo que se otorgan unos derechos especiales y determinados a un grupo colectivo de víctimas de delitos. Todas las víctimas, desde luego, han de tener los mismos derechos y se han de tomar las mismas
medidas necesarias para que sean efectivos, atendiendo, eso sí, a las circunstancias personales que concurren en ellas, ya sean menores, mayores o discapacitados. No es necesario reflejar derechos exclusivos para los menores, entendemos. No se
debe reflejar por vía legislativa lo que son tendencias jurisprudenciales.
Por otro lado, en cuanto a la materia de la pornografía, coincidimos en que debería ser eliminado del proyecto la frase 'pornografía no consentida o no solicitada', eliminar precisamente la última de las coletillas, 'no consentida o
solicitada', puesto que en ningún caso se debería considerar aceptable la pornografía.
Por otro lado, en cuanto al término de parentalidad positiva, que usted ha dicho que sería partidaria de modificarlo por el de responsabilidad parental, tenemos dudas sobre este término. ¿Es necesario dotar de herramientas de parentalidad
positiva cuando este concepto no está dirigido sino a la intromisión de la vida las familias? ¿Qué parámetros y quién decide si es positiva o no, en definitiva? Por eso, nuestras preguntas van encaminadas en ese sentido. ¿Quién establece esta
parentalidad? ¿No es un concepto subjetivo? Y, sobre todo, si los niños y adolescentes van a recibir una educación afectivo-sexual adaptada a su nivel madurativo, entendemos que la educación no debe interponer el perfil de educación que en materia
sexual los padres deberían dar a sus hijos y decidir en qué momento. Simplemente eso. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Calvo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Jiménez.
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Agradecer en primer lugar a Themis su comparecencia en esta Comisión, en el Congreso de los Diputados, así como su exposición detallada, y resaltar la importancia de
esta ley que el Partido Popular ya impulsó, así como el Pacto de Estado contra la violencia de género, y recordar asimismo nuestro compromiso para aportar mejoras en un proyecto como éste.
En relación a sus enmiendas, me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con algunos artículos, como, por ejemplo, el 27. ¿Qué consideran como parámetros objetivos? ¿Consideran que el trabajo de los equipos psicosociales y sus
informes periciales siempre se rigen por parámetros objetivos? En este mismo sentido, ¿qué sucede cuando ha habido una clara instrumentalización por parte de uno de los progenitores? En un proceso de ruptura familiar, las administraciones públicas
desarrollan programas especializados orientados a los procesos de ruptura, pero, al igual que ustedes, nosotros entendemos que no debe establecerse la obligatoriedad, ofreciéndose y consolidándose como recursos estables y al alcance de los
progenitores. Por último, mencionarle su propuesta ante las actuaciones de los Servicios Sociales en una situación de sospecha de violencia. Cualquier agente, cualquier profesional que tenga la sospecha de que se ha podido ejercer violencia sobre
un menor tiene el deber de comunicarlo, así como ponerlo en comunicación de la autoridad competente. ¿Consideran que en el ejercicio de sus competencias están sometidos a una situación de vulnerabilidad muy acusada? ¿Verían oportuno su
consideración como agentes de la autoridad para que puedan complementarse unas actuaciones tan sensibles como las que estamos hablando con la correcta protección para el desarrollo de su trabajo? Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señora Jiménez. A continuación, para contestar a sus señorías, toma la palabra la señora Alemany Rojo, por un tiempo de diez minutos.
La señora ALEMANY ROJO, ÁNGELA (Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis): Voy a intentar contestar a todas las preguntas, aunque han sido muchas, e intentaré incluso hacerlo hacia todos ustedes.
En primer lugar, en relación con las víctimas directas de violencia, los menores, los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género, están ya reconocidos en la ley como víctimas directas y como tales deben ser tratados, y a nosotras,
como hemos dicho, nos parecía importante que esto se reflejara en esta ley porque son víctimas de violencia y esta ley es sobre la violencia en la infancia y la adolescencia, por lo
tanto, entra dentro del marco de la ley. En relación con la violencia vicaria, que nos parece muy importante, evidentemente, en ese caso ya son víctimas absolutamente, ni siquiera hace falta que lo ponga en una ley, en ese caso, los niños y
las niñas son claramente víctimas. Esto creo que es un grave problema que tenemos y que se tendrá que intentar solucionar, y en el que, además, llevamos tiempo. Hay que recordar que ya hubo una víctima, como es Ángeles González Carreño, hace
muchos años, y sobre esto se han pronunciado diferentes organismos. Nuestro Estado no ha sido correcto, España no ha sido correcta a la hora de actuar en relación con este asunto, con lo cual tenemos que mejorar mucho en estas situaciones.
En relación con las soluciones jurídicas que podemos dar a la violencia contra la infancia, pues yo me he remitido a cuestiones concretas. Evidentemente, la varita mágica todavía no la he desarrollado. En los juzgados de violencia, como he
dicho, a mí me gustaría que se tratara el asunto, no el asunto de la violencia, evidentemente, que para eso están los juzgados específicos de violencia sobre la mujer y en esos juzgados específicos habrá que tratar la violencia de género.
Independientemente de eso, existen los juzgados civiles, que deben adoptar medidas, y por eso hablaba antes que cuando no haya un procedimiento penal abierto, cuando ya no exista ese procedimiento, se pueden adoptar medidas en el ámbito civil. Y
con esto también contesto a otra pregunta que se me ha hecho en ese sentido. Yo creo que sí, que los juzgados civiles pueden adoptar medidas cuando la situación no llega a tener la trascendencia como para llegar a un procedimiento penal, pero esto
no quiere decir que no exista. Hay cosas que existen, y todos lo sabemos. Hay veces que los menores no nos están contando lo que les ocurre o les cuesta mucho contarlo, pero esto no quiere decir que no haya podido existir, y el sistema tendrá que
efectuar un seguimiento de esa situación, no puede dejar a los niños totalmente indefensos, por tanto, creemos que los juzgados de lo civil están ahí. Y nos enfrentamos, por ejemplo, a situaciones en las que a lo mejor se le retira la guarda y
custodia a una mujer por el hecho en sí de que la denuncia se ha archivado, y entonces ya no estamos en el ámbito de la violencia de género. ¿Hasta qué punto eso tiene que ser así? Porque no tiene por qué ser de ese modo, de forma automática, de
hecho, hay veces que los juzgados y las audiencias no lo consideran de ese modo.
En cuanto al SAP, pues, miren ustedes, tenemos un grave problema en los juzgados con esto, con el síndrome de alienación parental, y tenemos un grave problema porque a veces se considera que cuando un menor dice que quiere estar con su
madre, automáticamente se está considerando que está manipulado. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar manipulado?
Me preguntaban ustedes, en algún momento me han preguntado, me parece que ha sido el Grupo Popular, si no creía que los psicosociales eran objetivos a la hora de argumentar. Miren, yo creo que los psicosociales tienen muy buena voluntad,
además, nosotras abogamos por que se potencie esa figura, pero ello no quiere decir que ocurra a veces pues desde que les falte formación, porque hay veces que les falta formación, hasta que no haya equipos suficientes, tenemos una falta enorme de
equipos psicosociales, etcétera, pero además de eso, hay que conseguir hacer una fórmula que esté totalmente adecuada, que no pueda ser que un profesional porque piense una cosa lo aplique y otro profesional porque piense otra cosa no lo aplique.
Tenemos que partir de criterios objetivos, y partir de criterios objetivos hay que decidir cuándo se considera que pueda haber un riesgo o cuándo no se considera que pueda haber un riesgo. Y por el hecho en sí de que un menor manifieste que quiere
estar o quiere tener una custodia con uno de los progenitores, eso no quiere decir que esté manipulado, solo eso, exclusivamente eso no lo quiere decir, o porque llore a la hora de manifestarlo no quiere decir que esté manipulado, y, sin embargo, ya
les digo, hay veces que los psicosociales dicen que porque llora es que está manipulado. Señorías, claro que se pueden adoptar medidas muy concretas, es más, las observancias a la Convención de los Derechos del Niño ya dan directrices de cómo se
podrían adoptar esos protocolos y esas medidas concretas. Y como les he explicado antes, muchas veces se dice que se hace una cosa por el interés del menor y a veces se dice lo contrario. Esto no puede ser, tendremos que objetivar, insisto,
tenemos que objetivar porque la ley se tiene que aplicar con carácter objetivo, por tanto, esto es importante y creo que ustedes tendrían que tenerlo en cuenta. Yo no puedo contarles aquí cuáles son las medidas concretas, podría desarrollarles una
serie de medidas, pero no me da tiempo, sinceramente.
Me hablaban ustedes de la protección a la infancia. Evidentemente, creo que la infancia tiene que ser protegida en todo momento, y para eso están ustedes en esta ley.
En relación con la prescripción, yo he dicho antes que nosotros consideramos que se debería haber ampliado a los cincuenta años en vez de a los treinta, eso es lo que hemos puesto en nuestras propuestas.
Respecto a una cosa de la que sí que quería que habláramos en relación con la patria potestad como es el cambio de domicilio, como les he explicado anteriormente, el cambio de domicilio entiendo que no
se debería incluir como patria potestad porque entiendo que existe un procedimiento actualmente que es lo suficientemente garantista como para que si uno de los progenitores considera que hay un cambio esencial de circunstancias se pueda
llevar a efecto, y creo que con eso ya se está garantizando suficientemente la situación. En el tema de violencia de género en el ámbito familiar, en relación con el cambio de domicilio es que además hay una situación añadida, y es que si una mujer
víctima de violencia de género quiere cambiar el domicilio y no tiene visitas (aunque es extraño porque generalmente los juzgados están dando visitas, aunque no deberían darlas conforme al Pacto de Estado, pero se están dando visitas, no solo
visitas, se están dando incluso, a veces, custodias compartidas, como he explicado, aunque está específicamente prohibido por la ley), pero, evidentemente, si no tuviera estos regímenes de visitas o son en un punto de encuentro, pues, lógicamente,
claro que podría cambiar de domicilio, se le debería facilitar el cambio de residencia incluso por seguridad.
No sé si he contestado a todas sus preguntas o se me ha quedado alguna, pero en relación sobre todo con los temas de violencia de género sí quiero insistirles en que no se están adoptando las medidas que en su día se aprobaron en el Pacto de
Estado, y esto es bastante lamentable. Y lo que realmente me parece tremendo es que hayamos visto cómo ha tenido que ir un menor, bueno, que no ha ido porque la Policía ha decidido que estaba temblando y por eso no llegó a ir, pero no es admisible
que un juez dictamine que tiene que ir un menor, directa o indirectamente víctima de violencia de género, a ver a la persona que la ha ejercido dado que la víctima era su madre. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias. Agradecemos su presencia y la información facilitada a esta Comisión, que será muy beneficiosa para el desarrollo de la ley. Muchísimas gracias.
Unos minutos de receso para cambiar al compareciente y continuamos con la Comisión.
- DE LA SEÑORA PERAZZO ARAGONESES (DIRECTORA DE SENSIBILIZACIÓN Y POLÍTICAS DE INFANCIA DE SAVE THE CHILDREN), PARA DAR CUENTA A LA COMISIÓN SOBRE PROPUESTA DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente: 219/000253).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Vamos ocupando nuestros lugares para continuar con la Comisión. En tercer lugar comparece en la Comisión doña Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the
Children, para dar cuenta a la Comisión sobre propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Damos la bienvenida a doña Catalina y tiene el uso de la palabra por un
tiempo de quince minutos.
La señora PERAZZO ARAGONESES, CATALINA (Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children): Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a la Comisión la oportunidad que nos dan a Save the
Children de estar aquí, en una cuestión de tal importancia como es la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El placer es aún mayor porque he coincidido aquí, durante esta mañana, con algunas colegas con las que he
compartido este camino durante varios años. De hecho, como muchos saben, Save the Children es una organización que trabaja en la protección y la promoción de los derechos de la infancia en el mundo y una de nuestras principales líneas de trabajo es
precisamente la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y es que combatir la violencia contra la infancia, hacerlo de una manera eficaz, creemos que exige medidas excepcionales y de urgencia, que estén basadas en el más
amplio consenso político posible, de rechazo a todas las formas de violencia contra los niños y las niñas.
En este contexto de lucha contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, mientras preparaba mi intervención, me acordaba de algunos hitos que han marcado todo este proceso. Y es que justo el 7 de octubre de 2014 celebrábamos la
creación de la subcomisión en el Congreso de la que antes se ha hablado para tratar el tema de la violencia contra la infancia, el mismo día que yo entraba a trabajar en Save the Children, con lo cual me acuerdo muy bien. Esta subcomisión fue
acordada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y su creación supuso un paso inicial muy importante hacia el estudio y valoración de una situación que evidenció, mediante los trabajos del grupo y las comparecencias que hubo ante el mismo,
las necesidades específicas de prevención, protección y reparación en esta materia. La conclusión a la que unánimemente llegó la subcomisión fue que era necesario unificar la respuesta de los poderes públicos en torno a la defensa del derecho a la
vida, a la integridad física y moral. Se recogía
así el testigo de las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño que se hicieron a España en 2010 y que después se reiterarían en 2018. Y en ese mismo espacio de tiempo, y yo me atrevo a decir que no en planos completamente
paralelos, se produjeron importantes avances en la promoción y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. Se modificó la legislación de infancia en 2015, donde se extendía, por ejemplo, la condición de víctima a los hijos e hijas de
las mujeres víctimas de violencia de género, como comentábamos ahora, se reformó todo el sistema de protección, se elevó la edad del consentimiento sexual así como la edad para contraer matrimonio y se traspusieron algunas directivas muy relevantes
al Código Penal. Sin embargo, seguía siendo necesario este abordaje integral de la violencia, desde todos los ámbitos y en todos los ámbitos de intervención. Así, el 11 de julio de 2017 se registró en el Congreso una proposición no de ley donde se
instaba al Gobierno a comenzar a trabajar en este texto, para acabar con la violencia contra la infancia, y se les daba un plazo de un año. Algunas de ustedes incluso recordarán una foto que fue tomada en las escaleras de esta casa para mostrar,
una vez más, el consenso frente a esta lacra. Huelga decir que la PNL fue aprobada en el Pleno casi por unanimidad. Comenzaron así los trabajos para la elaboración de esta tan necesaria ley, las consultas con expertas, especialistas, sociedad
civil, niños y niñas.
Yo me estoy tomando la libertad de hacer un breve recorrido por estos hitos de la iniciativa, pero creo que no hace falta que recorra los momentos políticos de nuestro país que esta ley ha tenido que presenciar, y es que hasta de un Estado
de alarma ha sido testigo, ya son muchos años. Y es que lo que yo quiero que trascienda de este relato es que hay consenso en torno a la necesidad y a la urgencia de esta ley. Estamos hablando de una ley que es sólida, está consensuada, está
trabajada por la sociedad civil, los poderes públicos, los expertos y las expertas. Es un gran paso para todos los niños, niñas y adolescentes, y ha sido, como decía, recomendada en varias ocasiones por el Comité de Derechos del Niño y sigue las
recomendaciones del Consejo de Europa. Solo con esta ley, España va a poder contar con una legislación marco e integral que aborde esta realidad, pero también que sea la columna vertebral de una estrategia que posteriormente permita aterrizar a
todos los niveles administrativos las medidas de concienciación, prevención, detección, protección y restauración que realmente permitan paliar los efectos de esta situación, acabar con la violencia hacia la infancia y la adolescencia. Por eso
puede ser que hablemos de muchas enmiendas, muchas propuestas que han llegado, y es que somos muchos, y son ustedes también muchos y muchas, los que estamos implicados en esto, los que realmente creemos que esta ley es necesaria y queremos que sea
la mejor, pero es verdad que muchas veces, en este contexto, como decía el antiguo miembro del Comité de Derechos del Niño Jorge Cardona, a quien conocerán de sobra, la mejor ley es enemiga de una buena ley. Entonces, creo que tenemos que tener en
cuenta que estamos ante un gran texto, que también tenemos que tener en cuenta, y después lo mencionaré, que se trata de una ley orgánica que tiene que llegar hasta donde tiene que llegar y que después deberá aterrizarse en esta estrategia que
mencionaba.
Por consiguiente, a mí me gustaría centrarme en cinco aspectos fundamentales, brevemente: la ley como desarrollo de un derecho fundamental; el objeto y el ámbito de aplicación de esta norma; los principios rectores y los fines, que deben
ser acordes con la Convención de Derechos del Niño; las garantías jurídicas en todos los procedimientos, que se ha mencionado en intervenciones anteriores; y, como decía, la necesidad de esta estrategia integral para la erradicación de la
violencia de la que esta ley debería ser columna vertebral.
Vemos que la razón fundamental de que esta ley sea estatal es que el objetivo principal que tiene es el desarrollo de un derecho fundamental, en particular, el derecho a la integridad física y moral de toda persona, incluidos los niños,
niñas y adolescentes como titulares de este derecho. Por eso, creemos que es necesario que se refleje así, que estamos hablando realmente de un derecho fundamental, y que le demos la entidad que merece.
En cuanto al objeto y al ámbito de aplicación en la violencia contra la infancia, en relación a este tema podríamos contar aquí muchas anécdotas de todos los debates que hubo en estos años respecto a este tema, porque es necesario partir del
consenso también en cuanto al concepto y la definición de violencia. Hemos visto en la legislación actual, tanto en la estatal como en las normas autonómicas, que no existe un consenso respecto a un concepto de violencia. Por eso, y también por
guardar el espíritu internacional de esta materia con enfoque de derechos, vemos que es necesario mantenerse fiel al artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño que establece una definición amplia de lo que sería violencia, que recoja todas
las formas de violencia, tanto las actuales como las que puedan venir, porque les aseguro que en estos años que llevamos incluso han surgido nuevas formas de violencia que, si detallamos
mucho, nos podríamos haber dejado fuera, por eso, si hablamos solo de algunas formas de violencia, nos dejaremos o estaremos haciendo, igual que estamos haciendo hasta ahora, un abordaje parcial de la violencia contra la infancia. Y en
cuanto al otro punto, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, creemos que es necesario remitirse a la jurisdicción española, que es lo que se proponía ya en el texto de la sociedad civil, porque si no, por ejemplo, estarían excluidos los casos
de hechos que estén realizados en el extranjero a una víctima española o aquellos hechos que tienen consecuencias en territorio español.
Respecto a los fines y principios rectores, nosotros valoramos positivamente que los criterios generales específicos en la actuación contra la violencia que se han incluido en el texto sean los que son, sin embargo, creemos que la
denominación más ajustada sería 'principios rectores' porque eso le dota de una mayor fuerza y es además más fácil exigirlo luego ante la justicia si fuese necesario. Por otra parte, entendemos también necesario reforzar el lenguaje de todo el
texto. Mencionaba antes la diputada del Grupo Popular un ejemplo que es la diferencia entre 'los poderes públicos garantizarán o promoverán', que es un matiz de lenguaje, y creemos que, ya que estamos haciendo mejor esta ley, pues cosas así pueden
matizarse en el trámite de enmiendas.
Para que esta ley sea realmente eficaz y cumpla con las metas que le hemos puesto, a lo largo del texto se pueden reforzar estos cuatro pilares. Uno es el derecho a la no discriminación, garantizando a todos los niños, niñas y adolescentes
los mismos derechos sin atender a ninguna de sus condiciones, incluso entrando a establecer algunas medidas específicas como pueden ser para los niños y niñas con discapacidad, los niños y niñas migrantes o los colectivos LGTBI, pero sin olvidar,
como decía antes, que se trata de una ley que tiene unas características específicas y que puede entrar hasta donde puede entrar, y otras cosas deben quedar en otros ámbitos y en otro detalle que no corresponden a una ley orgánica.
El segundo principio es el de la supervivencia y el desarrollo, fundamental en este texto, donde estamos hablando de garantizar la integridad física y moral de los niños y niñas, con lo cual es fundamental que se aborde como principio, que
se tenga en cuenta la coordinación de todos los agentes involucrados para poder dar una respuesta adecuada a la violencia. Y entre estos ámbitos no podemos olvidar el entorno digital, que ya no podemos llamarlo nuevo porque si no incluso delatamos
la edad que tenemos algunos, pero la línea que separa el mundo físico del virtual cada vez es más fina y es tan real un mundo como el otro y tan reales son las consecuencias en uno como en otro, máxime en las condiciones que hemos visto en las
semanas de confinamiento y en esta realidad que se nos presenta como nueva, entonces, tenemos que tener en cuenta este ámbito, sin duda.
Por último, otros dos principios que están muy relacionados. Uno es el interés superior del menor, este principio del interés superior del niño que tanto se ha utilizado como un paraguas, ese gran paso que dimos en la legislación de 2015
reconociéndolo como derecho. En el caso de la violencia contra la infancia, es muy necesario que concretemos, que podamos aterrizar y realmente hacerlo valer como derecho, como garantía y como norma de procedimiento, es decir, que podamos realmente
entrar a valorar en cada caso qué es lo mejor para el niño poniéndole en el centro, y esto está muy relacionado con la participación. No podemos decidir qué es lo mejor para un niño o una niña si no escuchamos qué es lo que tiene que decir. Y un
poco en relación con lo que comentaba la colega de Themis, no se trata de escuchar y hacer tal cual lo que dice un niño o una niña, si nos lo creemos o no nos lo creemos, se trata de adaptarnos. Las instituciones y todos tenemos que adaptarnos para
poder escuchar a los niños y luego tener en cuenta esta opinión y poder argumentar a favor o en contra, pero hacerlo realmente en el interés superior del niño o de la niña, solo así se podrá realmente garantizar este derecho a la participación. Y
en el contexto de violencia esto también implica el derecho a denunciar, a disponer de mecanismos adaptados, a escucharles obligatoriamente en todos los procesos que les afecten, eso sin duda.
Y aparte de estos principios rectores, para nosotras es importante también que esta ley recoja entre sus fines una referencia expresa a los entornos seguros, que son aquellos que respetan los derechos de la infancia y que promueven un
ambiente protector físico, psicológico y social, incluido, como decía, el entorno digital. Esto pasa por profesionales especializados y especializadas, y en esto la ley marcará un antes y un después, también en políticas y en protocolos de
prevención y de actuación frente a la violencia, mecanismos de denuncia adaptados y atendiendo también a la diversidad y a las necesidades específicas de las personas menores de edad, y que todo ello permita hacer unos procesos de evaluación y
seguimiento de lo que en este texto se establezca.
En cuanto al punto de garantías jurídicas en todos los procedimientos, se ha detenido antes la representante de la Plataforma de Infancia sobre cómo es necesario que todos los procedimientos en los
que participen los niños y las niñas tengan suficientes garantías, es decir, que se garanticen sus derechos. Nosotros solamente queremos recalcar que, a grandes rasgos, hay dos tipos de procedimientos, el administrativo y el judicial, y que
ambos son cruciales para la prevención y la actuación frente a la violencia, por tanto, las garantías son las que van a permitir que los niños, niñas y adolescentes que se vean envueltos en estos procedimientos puedan realmente ejercer sus derechos.
Dos ejemplos, por señalar alguno, uno es el de las declaraciones de riesgo y desamparo en los procesos de retirada de tutela, que señalaba Almudena, y, por otro lado, la asistencia jurídica gratuita, que creemos que es necesaria no solo en los
procedimientos judiciales sino también en los administrativos, ya que creemos que necesitan recibir el asesoramiento adecuado para su interés superior y bienestar y poder entender el procedimiento y participar plenamente. Otras necesidades que en
este sentido es necesario recalcar son la prueba preconstituida, la obligación de declarar de las personas que estén en su entorno y que sean conocedoras de la violencia y la prevención de la revictimización, que, como saben, es un gran problema que
tenemos en nuestro sistema judicial.
Y, por último, el punto que yo creo que además fue uno de los que marcó el inicio de todo esto, la recomendación del Consejo de Europa de una estrategia integral de lucha frente a la violencia y la adolescencia. Esta estrategia, que será,
entiendo, la siguiente herramienta clave y en el texto de la ley se prevé para dentro de un año, tiene que basarse en un diagnóstico empírico, tiene que basarse en datos, y además que se prevea una recopilación de datos continuada que luego permita
la evaluación y seguimiento de esta estrategia. La estrategia debe ser plurianual, y es verdad que hay que intentar que se concrete en unos tiempos específicos y permita ese seguimiento, como decía. Además, debe ser obligatorio contar con la
participación de niños, niñas y adolescentes y establecer los mecanismos adecuados para ello, también con la sociedad civil, por ejemplo, a través del Observatorio de la Infancia, como se recogía a través de las propuestas que hicimos llegar desde
la sociedad civil. En este punto, por último, pero yo creo que es muy importante destacar, entre los ámbitos de la estrategia no podemos dejarnos el ámbito judicial, si no, la estrategia va a estar coja, la ley va a estar coja. No podemos dejar el
ámbito judicial. O sea, acogemos positivamente que se prevea la especialización de los profesionales, de jueces y fiscales, y también esa intención de aprobar un proyecto de ley respecto a la especialización de los juzgados de instrucción, pero,
aparte de que instamos tanto al Gobierno como a esta Cámara a que esta especialización se lleve a cabo en el plazo convenido, creemos que es importante que se recoja que la estrategia también tiene que ser en este ámbito, si no, no va a ser
completamente integral, y es que esto realmente va a marcar la diferencia y sería la primera estrategia de estas características en todo el mundo.
Y por terminar, cerrar mi intervención con algunas cifras. En 2020, ya han fallecido doce niños y niñas por causas violentas y, según los últimos datos del Ministerio del Interior, de 2018, se interpusieron 38 000 denuncias que tenían como
víctima a un niño o una niña, y esto es solo la punta del iceberg. Siempre pasa lo mismo con las cifras en violencia, que es que el aumento de las denuncias nos hace llevarnos las manos a la cabeza, pero también nos hace pensar que, cada vez más,
los niños y las niñas y, en muchos casos, las familias se atreven a dar un paso adelante, reconocen las situaciones de violencia y se animan a denunciar. En cualquier caso, la necesidad de datos sigue siendo muy grande.
Y ahora nos encontramos, como decía al principio, en un momento decisivo de la protección a la infancia y la adolescencia, y es que los niños y las niñas y la sociedad no pueden esperar más. En Save the Children, a lo largo de todo este
tiempo, hemos recogido 520 000 firmas, que se dice pronto, más de medio millón de firmas para pedir que se apruebe una ley integral de protección a la infancia y la adolescencia frente a todas las formas de violencia. Para nosotros es que el
momento es ahora. Es el momento de escuchar a estas miles de personas y a los niños y niñas, que también hicieron llegar sus propuestas. Y si esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, una de ellas ha sido que la infancia y la adolescencia
siempre se quedan atrás. No han sido las víctimas de la emergencia sanitaria pero sí de la crisis económica y social que ha venido como consecuencia. En este caso lo hemos visto en el confinamiento, con el cierre de los centros educativos, la
menor asistencia a los centros sanitarios. Esto ha hecho que la infancia y la adolescencia se queden completamente encerradas en su hogar, sin ojos ni oídos en las casas. Hemos visto noticias conmovedoras en las últimas semanas de niños y niñas
que han muerto a manos de sus padres o sus madres, y no son casos aislados. Esto es una lacra social que no ha nacido de la nada y de un día para otro, lo venimos viendo durante muchos años, entonces, no queda más que decir. La violencia contra la
infancia es parte de una sociedad que no está viendo a la infancia, que no está viendo a los niños y a las niñas como sujetos de derechos que forman parte de esta sociedad. La protección de la infancia y la adolescencia es una cuestión de Estado,
es responsabilidad de la sociedad,
y esta ley es la respuesta. Yo quiero terminar diciendo que su aprobación sería un éxito social, un éxito como sociedad, y si conseguimos seguir evitando cualquier tipo de politización en este ámbito, que hemos conseguido mostrar que hay
consenso político y hay consenso social, ahora solo tenemos que conseguir que la ley sea una realidad cuanto antes.
Y por mi parte, muchas gracias y quedo pendiente de sus preguntas y comentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias por la intervención. Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios, por un tiempo de tres minutos, comenzando por los solicitantes y posteriormente el resto, de menor a
mayor. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Popular. La señora García tiene la palabra.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer que Save the Children venga a su casa, porque esta Comisión es, sin duda, vuestra casa, y agradecer a Catalina, la directora de Sensibilización y Políticas de
Infancia, que esté hoy aquí y que además nos aproxime de manera presencial el trabajo de enmiendas que han venido haciendo durante estos meses, que ha sido muy complicado para todos pero especialmente para las organizaciones de infancia.
Quiero agradecer también el recorrido que ha hecho de los antecedentes porque, sin duda, durante estos años ha habido hitos muy importantes, y yo quiero destacar el trabajo de la sociedad civil organizada y la sociedad en general, pero
también el trabajo que hizo el Partido Popular al incorporar y al trabajar precisamente con las organizaciones de infancia y con los expertos a través de la Dirección General de Infancia para conseguir un anteproyecto, un borrador, y estamos también
satisfechos por ello.
Creo que es muy positivo que se llegue a un acuerdo respecto a este tema en el ámbito del artículo 39 de la Constitución Española, de la protección de las personas menores de edad, como una obligación prioritaria, pero sobre todo con la
propuesta de ampliar el concepto de violencia según el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, para también saber qué es y qué no es violencia, siendo un concepto más amplio que permite mayor consenso, tal y como se plantea.
Consideramos que es muy importante para la prevención y para la detección de cualquier forma de violencia mejorar la formación, que sea continua, que sea especializada, y que sobre todo se haga especial hincapié en la violencia online sobre
los menores. Creo que hay que reforzar, y así se plantea, la colaboración y cooperación entre las administraciones públicas y los agentes. Creo que es muy importante, y así lo plantean en sus enmiendas y me gustaría que profundizara, la
colaboración de las administraciones públicas con la autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que creo que en la ley se podría aún mejorar. Me gustaría saber el papel o cómo se puede reforzar a través de esta ley el papel
del Observatorio de Infancia como órgano consultivo. También nos suena bastante bien que se amplíe el derecho a ser informado de los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que es muy importante para garantizar esa atención integral que inspira
toda la ley incluir el asesoramiento jurídico gratuito y la designación de un abogado de oficio y que vayamos más allá con un turno de oficio especial.
En el ámbito de la comunicación, hay un tema que nos interesa bastante, en el que, si es posible, nos gustaría que profundizara, y es que la comunicación debe realizarse con todas las garantías para que se pueda llevar a cabo la
investigación. Los casos pueden llegar también a través de la Administración de Justicia, bien a través de la Fiscalía, bien mediante resolución judicial, pero ¿queda claro en la ley a la hora de determinar la necesidad o no de actuar? ¿Queda
claro también cuál debe ser la intensidad y la forma de actuación de los agentes que intervienen? Por eso yo creo que se podría incluso ampliar y mejorar. Y otra pregunta: ¿Quedan cubiertas en el ámbito de la comunicación las situaciones de
desprotección o riesgo? ¿O se puede incluso reforzar?
En cuanto a la estrategia, consideramos igualmente que tiene que ser evaluada, tiene que haber indicadores. En materia de prevención, la formación continua y especializada, pero además de medidas específicas en todos los ámbitos. En el
ámbito de la detección, pues... (La señora Vicepresidenta: 'Señora García, Vaya terminando la intervención'.) En un segundito, presidenta, termino. Sí que me gustaría saber cómo se pueden plantear entornos digitales seguros con el fin de proteger
a los niños y niñas, como plantea Save the Children. Y para terminar, en el ámbito de los centros de menores la detección es requisito imprescindible. Ustedes sugieren que haya plazas especializadas de atención a menores de edad víctimas de
explotación sexual y de trata de personas, quiere que se habiliten recursos para derivar y trasladarlas, y me gustaría saber también o un poco que profundice en este ámbito.
Así que muchas gracias y enhorabuena por su intervención y por el trabajo de enmiendas que se ha hecho. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, que vaya por delante mi agradecimiento a doña Catalina y, sobre todo, a Save the Children por el trabajo que han venido realizando, no ahora sino desde siempre, para
combatir las desigualdades, y es verdad que ahora hemos visto, por culpa de esta terrible pandemia, la necesidad que tenían las familias y, sobre todo, la infancia de una ley como esta para proteger frente a todas las adversidades que tienen en el
día a día.
Hoy aprovechamos esta jornada para intentar, a través de sus comparecencias, tener más luz sobre esta ley y sobre todo lo que va a significar para la sociedad esta ley. Me van a permitir además que como portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista exprese mi orgullo de que en este momento tan complejo, en mitad de una epidemia mundial que además está atacando duramente a este continente, este Gobierno continúe con su agenda política y social y permita la tramitación y la aprobación
de esta ley, que viene a cambiar y a reflejar lo que durante muchos años mucha sociedad civil nos ha pedido a los gobiernos que hagamos. Creo que esta ley viene no solamente a combatir la violencia, sino que también viene a dotar de un ordenamiento
jurídico a nuestras administraciones no solamente, como decía, para combatir la violencia sino también para poder prevenirla.
Compartimos con ustedes, y hago referencia a todas las enmiendas que nos han hecho llegar, que para poder prevenir esa violencia tenemos que trabajar en campañas de prevención y sensibilización frente a todo tipo de violencias, se debe
reforzar la formación de los y las profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia, así como reforzar los protocolos de detección temprana y, finalmente, la actuación en los centros escolares, en el ámbito sociosanitario, en el ocio y también
en el deporte. Por otro lado, necesitamos proteger a la infancia en este nuevo mundo al que usted hacía referencia de la tecnología para que esa propia tecnología no se convierta en un nuevo espacio hostil más para la infancia y no siga siendo un
nuevo foco de acoso y abuso hacia nuestra infancia.
Es importante dotar de conocimientos y de dinámicas que promuevan la igualdad dentro de la infancia. Si se quieren combatir y prevenir de manera efectiva las futuras violencias, todas y cada una de ellas pero en especial la violencia
machista, algo que creo que compartimos todos y cada uno de los miembros de los grupos parlamentarios, debemos dar la oportunidad a las nuevas generaciones de convivir y de crecer en plena igualdad.
Como decía, no solamente debemos trabajar en la prevención sino también, por cierto, en los métodos y mecanismos de denuncia. Debemos tratar de garantizar un proceso en el que la víctima de violencia o de abusos no pase por un proceso tras
otro, teniendo que exponerse una y otra vez a la situación de relatar lo ocurrido, con el proceso y con el coste personal, tan complejo y tan duro, que conlleva para las víctimas y para las familias. Se debe tratar, dicho de otra forma, de evitar
la revictimización de la víctima y de las familias y tratar de hacer este proceso tan doloroso de la manera menos compleja y menos duradera para las víctimas.
Yo termino ya, señora presidenta. En solo tres minutos es complicado relatar o sacar a la luz todas y cada una de las cosas positivas que viene esta ley a proponer para la nueva sociedad. Por ello, quiero terminar agradeciendo a quienes
han impulsado esta ley desde hace décadas, una ley que viene, como ya he dicho antes, a combatir la violencia ejercida sobre un sector muy vulnerable y especialmente vulnerable como es la infancia. El simple hecho de la aprobación de esta ley
demuestra que este Gobierno tiene un objetivo inequívoco de nunca mirar, jamás, hacia otro lado cuando salga a la luz una injusticia social. La infancia de nuestro país se merece esta ley, pero, sobre todo, este país se merece tener una infancia
libre de cualquier tipo de violencia, y ese debe ser el objetivo común y único de todos y cada uno de los que conformamos esta Comisión. Sin más, muchísimas gracias por su comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señor Anguita. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta, y, por supuesto, muchas gracias también a la señora Perazzo Aragoneses por su intervención y gracias a la organización que representa, a Save the Children, porque es una de las
que más colaboran con los diputados a la hora de hacernos llegar documentación, material y reflexiones sobre la situación de la infancia y de la adolescencia.
Yo, si me permite, quisiera plantearle a usted una cuestión que ya formulé a una anterior compareciente sobre lo que ha sido calificado como uno de los puntos críticos del Proyecto de Ley de protección integral
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es la relativa a los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, acoso sexual, ciberacoso, suicidio, autolesión y, en definitiva, cualquier forma de violencia contra los
niños y las niñas. Es conocido por todos que el proyecto de ley incorpora una figura que intervendrá en la aplicación de estos protocolos que será el llamado 'coordinador de bienestar y protección'. Este punto crítico de la ley, al menos para
algunos expertos, no parece que sea sobre la aparición de este coordinador, que está bien, sino más bien sobre su dependencia, porque relegar a los padres de una tarea fundamental como es la implicación de cada familia en la educación de los hijos
pues hay quien lo interpreta como una cesión de responsabilidades hacia la administración, no se sabe si del Estado, si de la comunidad autónoma, del centro educativo, de profesionales habilitados o de quién, y le pediría en este sentido un
comentario al respecto.
Y, en segundo lugar, también le pediría otro comentario en relación con la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que este proyecto de ley plantea. Usted sabe que se plantea esta estrategia y que
además va a tener una amplia participación, no solamente de organismos ministeriales o de comunidades autónomas, sino que también habrá una amplia participación de representantes del tercer sector como Save the Children. Se contemplan para esta
estrategia evaluaciones anuales, y yo le pregunto si a usted le parece este un plazo adecuado, teniendo en cuenta que hablamos de menores y de necesidades que tal vez requieran de plazos más cortos para detectar en su caso una detección de los
problemas y la elaboración de las correspondientes políticas públicas. Todos conocemos cómo funciona la Administración, con exasperante lentitud, y tal vez pudieran establecerse evaluaciones de esta estrategia de erradicación de la violencia más
perentorias en lugar de hacerlas anualmente, por lo menos hacer algún tipo de evaluación previa.
Por mi parte, nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. Pasaríamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta. Voy a volver a exponer que en el contexto en el que nos encontramos, nosotros plantearemos todas las cuestiones relativas a las enmiendas en la ponencia de la ley, no en esta Comisión, pero
aprovecho para agradecer muchísimo la comparecencia de Save the Children, que siempre aporta luz en cuestión de infancia y de desigualdades. Creo que ha sido muy interesante ver su visión de algunas intervenciones que son necesarias, pero me
gustaría también obtener su visión sobre otras que no se están llevando a cabo.
Voy a repetir la misma pregunta que he hecho a la Plataforma de Infancia. Me gustaría saber si ustedes, que trabajan con política basada en la evidencia, disponen de datos para evaluar qué impacto ha tenido sobre la violencia y sobre la
infancia esta situación de pandemia y esta repercusión de la crisis. Se lo digo porque una de las cuestiones que usted ha apuntado, con la que nosotros coincidimos, es que lo primero que hay que hacer para poder intervenir correctamente es
diagnosticar correctamente. Me gustaría que me diera su opinión sobre qué dificultades encuentran tanto con la actual estructura normativa con respecto a los temas de infancia, que es difícil porque las competencias están transferidas, como con el
tema de la recopilación de datos y el análisis de desigualdad con relación a los temas de menores y hasta qué punto ustedes plantean alternativas o cómo podemos abordar esta cuestión. Porque está claro que el Observatorio de la Infancia existe,
pero a mí me da miedo, como ya han apuntado algunos de los comparecientes anteriores, porque se está hablando en esta ley de crear figuras nuevas, por ejemplo, el coordinador de protección en los centros o el coordinador de bienestar, cuando ya
existen otros mecanismos, que incluso nosotros vamos a proponer que se contemplen, que normativamente existen pero que de facto no se utilizan. Estoy hablando, por ejemplo, del Observatorio de Convivencia Escolar, que sabe usted que ha sido una de
las reivindicaciones, que está y, sin embargo, no se utiliza y no se pone en marcha. Me da un poco de miedo y me gustaría saber su valoración de hasta qué punto puede pasar esto si no se dota de mecanismos de puesta en acción.
Quería también preguntarle una cuestión muy concreta. Hay bastante debate o hay debate entre plataformas y colectivos que trabajan con la infancia sobre la necesidad de judicializar ciertos procesos que ahora son administrativos, y me estoy
refiriendo por ejemplo a cuestiones concretas de retirada de tutela, etcétera. Me gustaría saber si tienen ustedes una opinión conformada a este respecto y si creen que esto daría mayores garantías tanto a las familias como a los propios menores.
Nada más y, por supuesto, seguiremos trabajando conjuntamente cualquier cuestión de mejora para que cuando llegue el momento de cambiar o de proponer esta ley. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidenta. Nuestro agradecimiento a la señora Catalina y en especial a la plataforma a la que representa por todo el trabajo que han hecho en la ayuda de las enmiendas y en la ley.
Parece que hay un consenso amplio sobre la idoneidad y necesidad de esta ley y se han destacado muchas virtudes y mejoras importantes, pero sí que nos parece que tiene una ausencia muy relevante y queríamos preguntarle qué le parece a usted
y a su asociación. Se trata de los menores migrantes solos, los mal llamados 'menas', que no aparecen en dicho proyecto. Está claro que cada vez hay más niños y niñas que abandonan sus países huyendo de la guerra o de la pobreza, y este panorama
se refleja, por ejemplo, en que en todo el mundo hay 30 millones de niños refugiados y desplazados internos. No todos los niños que llegan actualmente al Estado son tutelados, en muchas ocasiones el sistema les excluye y los abandona sin ningún
apoyo, y luego, aun en los casos en que se les ofrece apoyo institucional, este apoyo se hace con una limitación de recursos extraordinaria e instituciones como la Vegalla en Cataluña tienen que hacer auténticos malabares para no dejar en la calle a
muchos de estos niños. También hay un grave problema con los jóvenes ex tutelados y la dificultad para acceder a los permisos de trabajo y residencia. Esta precariedad puede generar problemas derivados como los de la caída en redes de trata o
delincuencia, así como una revulnerabilización que lleva a muchos jóvenes a la exclusión y al desarraigo. Nos gustaría saber su opinión sobre esta cuestión y qué medidas consideran que son necesarias y, sobre todo, qué recursos se deberían
movilizar para afrontar este problema. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Granollers. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Buenas tardes, bona tarda. Muchas gracia, presidenta. Muchas gracias a la compareciente por su intervención, por su labor en Save the Children, por la labor que ha realizado esta organización en favor de los niños y
en favor de esta ley que nos ocupa hoy.
Ante la imposibilidad, por la limitación de tiempo, de todo lo que me gustaría abordar, voy a centrarme en un tema, un tema que además usted ha citado brevemente pero que no ha sido abordado en las anteriores comparecencias y que me parece
importante, que es el tema de la infancia y su relación con la identidad de género y la diversidad de género, lo que sería el acrónimo LGTBI, puesto que estamos en un momento donde existe una verdadera ofensiva contra las personas LGTBI, y contra la
infancia, en tanto que son personas más vulnerables, pues esta ofensiva se recrudece, si cabe, aún más. Querría apoyarme en este libro, que se titula 'No estamos tan bien', del periodista Rubén Serrano, que lleva por subtítulo 'Nacer, crecer y
vivir fuera de la norma en España', y entonces voy a centrarme en eso, en qué significa crecer fuera de la norma de género en España. Rubén Serrano cita que el 55 % de niñas y niños homosexuales y de niños y niñas trans han sufrido acoso escolar,
55 % en el caso de homosexuales y esto aumenta en el caso de niños y niñas trans, incluso pone algún testimonio desgarrador sobre niños y niñas que han sufrido incluso violencia y discriminación institucional.
Me gustaría saber en concreto cuál es su opinión respecto a algunas sugerencias que llegan desde el espectro más a la derecha de nuestro sistema parlamentario, e incluso no solo desde ahí sino desde otro tipo de asociaciones también, que
quieren eliminar de la ley el derecho a la identidad de género sentida, y digo que quieren eliminar no solo de la ley sino también de la realidad este derecho, puesto que es un derecho que a nuestro modo de ver está fundamentado, fundamentado no
solo en diversas leyes autonómicas sino también en convenios internacionales suscritos por nuestro país, en sentencias, en directrices ministeriales y en un largo etcétera que el tiempo reducido me impide especificar. Querría saber su opinión al
respecto de esas propuestas de enmiendas que nuestro grupo parlamentario considera que son un ataque a este derecho que, al fin y al cabo, es un derecho humano de los niños y las niñas. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señora García Puig. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Calvo.
El señor CALVO LISTE: Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer también la comparecencia de doña Catalina Perazzo.
Por comenzar hablando del iter normativo al que antes hacía referencia, entendemos que a nivel particular habría que analizar los resultados de los últimos cambios legislativos y comprobar cuáles han sido y en qué medida se han cumplido sus
objetivos. En el año 2015, como sabemos, se llevó a cabo una profunda revisión legal y no se entiende la necesidad de introducir nuevos cambios cuando ni siquiera se han llegado a evaluar los resultados y la eficacia de la última modificación.
Creo que también habría que tener en cuenta las recomendaciones que ha hecho a España el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el año 2018, entre ellas, por sacar unas pinceladas, sobre todo del punto 28 que es el más importante al respecto,
establece que sea el juez quien adopte o revise las decisiones sobre la separación de un niño de su entorno, también que habría que aumentar los recursos destinados a evitar la separación de los niños de sus familias, habría que promover que los
centros de acogida se utilicen como último recurso y también habría que asignar recursos humanos financieros para promover la atención de las familias de acogida. Ante ello, yo le querría preguntar si no cree que la protección de los niños desde el
control y la coacción o la coerción a lo que llevará en definitiva es a enfrentamientos entre los profesionales y las familias más desfavorecidas, que además son las más afectadas, o que el adoctrinamiento de los niños y la promoción de las
denuncias conducirán a un incremento de casos sin fundamento. Entendemos que las prisas y las investigaciones por indicios, así como el uso de métodos poco rigurosos, lo que harán será aumentar los errores. ¿No cree usted también que si se crean
casos y se cronifican, y mientras tanto los niños son separados de sus padres y van pasando de mano en mano por diferentes centros o por familias de acogida, no va en perjuicio de ellos?
Por último, le quería preguntar dos cuestiones. ¿Qué profesional entiende usted que es el más idóneo para cubrir la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros, así como la figura del delegado de protección en
actividades deportivas? Y, por último, si considera que los funcionarios de Servicios Sociales deben ser agentes de la autoridad, como en muchas enmiendas y en el propio texto se propone, y, en su caso, por qué razón. Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Calvo. A continuación toma la palabra, para contestar a sus señorías, doña Catalina Perazzo, por un tiempo de diez minutos.
La señora PERAZZO ARAGONESES, CATALINA (Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children): Muchas gracias, gracias por todas las intervenciones. Voy a intentar contestar el máximo de cuestiones que se han
planteado.
Respecto al papel del Observatorio de Infancia, es verdad que es una de las cuestiones que echamos en falta en el texto, que creemos que se ha perdido en ese proceso y que creemos que sería importante reflejar, por ejemplo, en la Conferencia
Sectorial, que la verdad es que nos hemos alegrado mucho de que realmente se le vaya a dar esa importancia a la infancia, que realmente se vaya a elevar al nivel de Conferencia Sectorial el espacio en el que se habla de los problemas de la infancia
y la adolescencia, entonces, ahí creemos que el Observatorio de Infancia puede estar. La participación de la infancia la vemos fundamental y, bueno, podría canalizarse a través del Observatorio, pero es verdad que lo más importante es que participe
realmente en la elaboración de la estrategia.
Por lo que se refiere a las situaciones de desprotección, de riesgo o de desamparo, creemos que cualquier situación de riesgo debería dar lugar a una comunicación y sí que creemos que es necesario que haya una lista mínima de indicios de
riesgo que sea común, para que se pueda proteger efectivamente y actuar y detectar estas situaciones de riesgo.
Por lo que se refiere a los centros de protección de niños y niñas que señalaban, desde Save the Children defendemos la creación de plazas especializadas para niñas víctimas de trata. Efectivamente, creemos que tienen unas necesidades
específicas, que el contexto de la trata de personas hace que esto también sea necesario. Es necesario separarlas de un entorno perjudicial y del que muchas veces se nos escapan y desaparecen, para lo que es necesario poner en marcha o activar un
protocolo de traslados, que ya existe, y de derivación en todo el Estado, que sería lo más adecuado, y crear estas plazas específicas para realmente atender a unas necesidades específicas.
Por contestar respecto a la estrategia y a la necesidad de las evaluaciones anuales, la verdad es que creemos que es un plazo suficiente para realmente evaluar lo que es el conjunto de la estrategia. O sea, la estrategia va a aterrizar a
todos los niveles administrativos, en muchas intervenciones, y va a desarrollar protocolos o va a establecer muchas pautas que seguramente puedan evaluarse en otros espacios de
tiempo, pero para una evaluación que sea continuada, y ojalá llegase realmente en este plazo, lo creemos suficiente.
Respecto a los datos de los efectos de la pandemia, algo señalaba, los niños y niñas encerrados en casa. Nosotros hicimos una encuesta a nivel estatal y vimos que había aumentado en un 30 % el nivel de conflictos en el hogar y que incluso
uno de cada cuatro padres o madres, responsables parentales que habían contestado, reconocía haber perdido los nervios en algún momento y haber propinado una bofetada. En este sentido, vemos que datos hay muy pocos y lo peor es todo aquello que se
ha quedado sin detectar, sin un colegio en el que identificar los casos, sin un centro de salud con esas revisiones de niños tan necesarias, entonces, nos hemos quedado sin saber qué situaciones de violencia se han dado y por eso también la urgencia
de la ley y la necesidad de impulsarla al máximo.
Los colegios son un espacio fundamental, desde luego. No se trata de restar competencias o responsabilidades a las familias, ni mucho menos, se trata de proteger a los niños y a las niñas. La creación de la figura del coordinador de
bienestar será un paso adelante siempre y cuando tenga la formación y la especialización necesarias. Desde Save the Children, nosotros consideramos que no es necesario elegir una única titulación, es decir, realmente no se trata de una competencia
estatal el decidir este tipo de características, pero sí creemos que es importante la especialización, y después también creemos que esta flexibilidad es necesaria para que se puedan adaptar a los distintos tipos de centro y de alumnado y a las
necesidades. No todos los centros en España son iguales, ni tienen el mismo alumnado, ni estudiantes con el mismo origen socioeconómico, ni problemáticas, con lo cual, por eso creemos que éste tampoco es el texto para esa batalla.
Respecto a la judicialización de los procesos, que me preguntaban varios, de todo lo que tiene que ver con la separación de los niños de las familias, es verdad que el Comité de Derechos del Niño se ha pronunciado en ese sentido. Creemos
que en todo lo que hemos contestado, tanto Almudena Escorial antes en representación de la Plataforma de Infancia como yo misma, hemos señalado que no es necesaria esta judicialización per se, sino que lo que hace falta son garantías, garantías de
procedimiento, y para eso está el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta, los mecanismos de denuncia, la asistencia jurídica gratuita, etcétera. Un sistema, un procedimiento puede hacerse realmente garantista con
otras medidas, y probablemente este proceso de desjudicialización que se vivió en 2015 debería ir reforzado con todas estas garantías que señalaba y que pasa también por crear entornos seguros en los que los niños y las niñas realmente se sientan
protegidos.
Esto me remite a la pregunta sobre los niños de origen migrante que llegan solos a nuestro país. Probablemente esta ley no tenga que tener un apartado específico para hablar de los menores extranjeros no acompañados. Probablemente debamos
empezar a hablar de los niños que llegan solos a nuestro país y que están dentro de un sistema de protección como niños y que realmente la creación de estos entornos seguros les incluya también a ellos y no les tratemos de manera diferente, que
cuando hablemos de no discriminación podamos mencionarles para que realmente se tenga en cuenta, cuando hablemos de profesionales especializados, de interés superior, de tener en cuenta las necesidades específicas que tiene este colectivo, y que
podamos hacer esas intervenciones educativas individualizadas de verdad y no criminalizando este perfil.
Y, por último, por contestar la pregunta respecto a la infancia y la adolescencia LGTBI, nosotros creemos que este texto no es el lugar, no debería ser el campo de batalla ideológico de todos estos debates que se están gestando en torno a la
identidad de género. Creemos que los niños y las niñas tienen derecho a desarrollarse plenamente y a que sus derechos sean garantizados, y la identidad de género es uno de ellos y creemos que deben ser libres para sentir y expresar esta identidad.
Lo que no puede permitirse y lo que sí debe ser objeto de esta ley es proteger a los niños frente a cualquier forma de violencia y la violencia por motivos de identidad de género es una violencia real, por muy pocos casos que haya, que habrá más
cuando miremos con los ojos correctos.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias por su presencia y la información facilitada y gracias por el tiempo dedicado a esta Comisión.
Unos minutos para cambiar de compareciente y continuamos con la Comisión.
- DE LA SEÑORA MARTÍNEZ GARCÍA (PROFESORA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO PÚBLICO, ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABUSOS A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES: ABORDAJES EN ENTORNOS ECLESIALES), PARA
VALORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 219/000270).
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): En cuarto y último lugar comparece doña Clara Martínez García, profesora de Derecho Administrativo y Fundamentos del Derecho Público, especialista en prevención e intervención en casos de abusos a
menores y personas vulnerables: abordajes en entornos eclesiales, para valorar la situación de la infancia en España. Damos la palabra a doña Clara por un tiempo de quince minutos.
La señora MARTÍNEZ GARCÍA, CLARA (Profesora de Derecho Administrativo y Fundamentos del Derecho Público. Especialista en prevención e intervención en casos de abusos a menores y personas vulnerables: abordajes en entornos eclesiales):
Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, hablando de un tema que a mí personalmente, y como directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, pues nos
viene ocupando y preocupando desde hace ya un tiempo y donde esperamos poder hacer alguna aportación a todo el trabajo que se ha estado presentando aquí. Me ha dado mucho gusto escuchar a mis compañeras, a las personas que me han precedido en el
uso de la palabra anteriormente, y me sumo a la valoración que vienen haciendo del texto del proyecto de ley sobre el que se está hablando, aunque ahora me han puesto difícil hablar y sacar algún tema que pueda ser sugerente y que siga manteniendo a
la audiencia despierta con un tema tan importante.
A mí se me pedía, de alguna manera, hacer una valoración o exponer una cierta foto sobre la situación de la infancia en general, lo cual llevaría muchísimo tiempo, pero ciertamente, por decir un titular o un resumen más o menos comprensivo,
vamos a ver, nosotros llevamos treinta años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, va a hacer treinta años ya en noviembre de este año que la ratificamos, y, por tanto, algo se ha avanzado. Se ha avanzado mucho en la concepción y
en el nuevo paradigma o en el paradigma que en su momento incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño, y es el paradigma que no debemos olvidar nunca cuando estamos tomando cualquier medida, cualquier decisión sobre la protección de los
niños y de las niñas y, por tanto, tampoco cuando estamos adoptando medidas legislativas sobre protección de los niños y de las niñas. Ya adelanto que creo que esta ley asume plenamente el mandato de la Convención de incorporar la idea de
protección integral con enfoque de derechos del niño, por lo tanto, eso me parece ya un elemento, un pilar fundamental del texto que se está proponiendo.
Más allá de eso, creo que hemos avanzado en la cuestión de los presupuestos; en los de 2019, que finalmente no se aprobaron, se hizo una primera memoria de impacto de infancia en los presupuestos. Hemos avanzado, aunque no mucho, nos lo
dice el Comité, en cuestiones de coordinación. Este proyecto también intenta yo creo que fortalecer y mejora muchísimo la coordinación o pretende la coordinación interterritorial e intersectorial. Hemos avanzado también en cuestiones como, por
ejemplo, la planificación estratégica y, respecto a esa otra coordinación, en actuaciones en relación con la pobreza infantil, muy intensificada con la pandemia, por desgracia. Hemos hecho avances también en derechos y libertades civiles de los
niños y de las niñas. Bueno, hemos tenido treinta años para hacer todos estos avances. Sin embargo, tenemos una parte que yo creo que es una parte importante que es la de la violencia contra la infancia, que no es una cuestión menor, es una
cuestión súper relevante de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas que no está suficientemente atendida, a mi modo de ver, en la legislación actual.
Me gusta mucho la primera frase que aparece en la exposición de motivos del proyecto: 'La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos'. Esta es la primera cuestión que creo que es absolutamente fundamental
y esto enmarca el resto de la regulación. La violencia contra la infancia es una realidad que tenemos ahora mismo en España. No es una realidad nueva y tampoco es una realidad exclusiva de España, pero es verdad que los poderes públicos tienen
obligación de atenderla, eso es lo que nos marca la Convención sobre los Derechos del Niño. Nosotros ratificamos la Convención y, desde el momento en que publicamos en el Boletín Oficial del Estado el instrumento de ratificación de la Convención,
pasa a formar parte de nuestro derecho interno y, en consecuencia, es jurídicamente exigible todo lo que en ella está mandatado. Luego, más allá de la necesidad o no necesidad de un nuevo texto en relación con la violencia contra la infancia, sobre
lo que se ha hablado mucho hoy, si no es
necesario, y es necesario porque los datos avalan esto, yo añadiría incluso que jurídicamente es exigible. ¿Y por qué creo que jurídicamente es exigible que se haga una regulación específica sobre la violencia contra la infancia? Pues
porque el marco regulatorio que tenemos ahora y el que hemos venido teniendo todo este tiempo ha demostrado que no es suficiente y que no es adecuado.
Es un marco legislativo, como ya se dijo en la subcomisión de 2014, que está fundamentalmente basado en la reacción, es decir, los poderes públicos reaccionan cuando ya se ha producido el daño y entonces protegen al niño cuyos derechos han
sido vulnerados, y pone el acento en la represión o en la sanción de la conducta del agresor, volviendo a poner en el centro la conducta de éste y no tanto la centralidad de la víctima, que en este caso, además, es una persona menor de edad. Si
atendemos a lo que nos dice el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, este texto, este artículo, que es de obligado cumplimiento, además de definir la violencia en los términos en los que se acoge en la propia legislación,
establece que los estados, los poderes públicos, en la institucionalidad que corresponda, cada uno de ellos tendrá que adoptar la totalidad de las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho del niño a vivir libre de violencia. La
Convención recoge derechos y, de manera correlativa, impone obligaciones jurídicamente exigibles. El marco legislativo que tenemos ahora mismo no es suficiente porque, básicamente, no atiende y no pone en el centro de la acción pública la
prevención de la violencia. Se ha dado mucha importancia a la tipificación de conductas en el Código Penal, se ha sofisticado también la regulación procesal en el ámbito civil y en el ámbito criminal, en la Ley de enjuiciamiento criminal, y parece
que todo lo que no está en el Código Penal está permitido. Creo que esta ley lo que viene a poner de manifiesto es que hay un montón de violencia contra la infancia y un montón de ámbitos y de conductas contra la infancia que, no estando
tipificadas como delitos, son violencia contra la infancia y por tanto vulneran su derecho a vivir libres de ella. Ahí es donde tienen que actuar, a mi modo de ver, los poderes públicos y creo que esta ley viene precisamente a atender todo ese
enorme espacio que actualmente está sin cubrir.
La legislación del año 2015, que supuso también una mejora, sobre todo técnica, del sistema pero mantiene las estructuras del sistema que veníamos arrastrando ya desde 1996, incorporó como principio rector de la actuación de los poderes
públicos la lucha contra la violencia, eso es una mejora, incorporó el registro de delincuentes sexuales, esto fue otra medida interesante, también consiguió que se considerasen como víctimas de la violencia de género a los niños que directamente, o
por vivir en un ambiente en el que hay violencia doméstica, la sufren, pero, evidentemente, eso sigue siendo insuficiente. ¿Es mejor que lo que había? Sí. ¿Es suficiente? A todas luces, no, las cifras lo demuestran. No estamos avanzando, no
estamos mejorando, y los datos son insuficientes, no están correctamente homogeneizados para que se pueda establecer una comparación, pero con todo, a pesar de la poca fiabilidad incluso de los datos que tenemos, podemos estar pensando en que esto
es la punta del iceberg. Hay muchísima más violencia por debajo y esto es lo que tenemos que conocer, porque las medidas que se adopten, también las legislativas, presupuestarias, económicas, etcétera, tienen que estar basadas en la evidencia, este
es el punto, y todos los datos, los que hay, apuntan a que la violencia, en distintos ámbitos, es algo que sigue existiendo, que es grave y que produce consecuencias nefastas para los niños.
Hace unos años, nosotros, con Educo también, hicimos un estudio sobre los costes económicos y sociales de la violencia contra la infancia. Quiero decir que a lo mejor hay algunos a los que les cuesta más ver la cosa de los derechos humanos
o hasta qué punto estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, y me parece que un argumento a añadir es precisamente el del coste que supone atender, de mala manera o inadecuadamente, todos
los supuestos de violencia contra la infancia. En este estudio en particular salía que solo el abuso sexual contra la infancia le venía costando al Estado prácticamente 1000 millones de euros al año, por dar una cifra, solo esa modalidad de
violencia, en costes sanitarios, judiciales, policiales, educativos, familiares y de los Servicios Sociales, por ejemplo.
¿Hace falta entonces una ley sobre violencia contra la Infancia? A mi modo de ver, hace falta una ley sobre violencia contra la infancia por el mandato del artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño. Y la siguiente pregunta que yo
me hacía preparando esta intervención era: ¿Pero hace falta otra ley sobre violencia contra la infancia? Yo creo que hace falta una ley porque, como ha señalado antes Catalina Perazzo, esto es un derecho fundamental regulado en el artículo 15, y
el desarrollo de un derecho fundamental se tiene que hacer por medio de una ley orgánica, por tanto, aplicable a nivel estatal en su desarrollo como tal derecho fundamental. Ahora bien, siendo una materia que tiene que ser regulada por ley, ¿es
necesario que haya otra ley teniendo ya una ley que hemos modificado en el año 2015? Pues, a
mi juicio, sí. Yo creo que aquella ley se quedó muy corta, por las razones que fueran, al abordar el tema de la violencia, y seguimos encasillando toda la respuesta de los poderes públicos, principalmente administrativos, en la dualidad
'situación de riesgo/situación de desamparo' y venimos arrastrando lo que fue un avance en su momento pero que a lo mejor tenemos que ir mejorando técnicamente.
Yo creo que hace falta una ley específica sobre violencia porque, como ha dicho el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de vigilancia independiente del cumplimiento de la Convención, y como ha dicho el Consejo de Europa, que son
quienes marcan de alguna manera los estándares internacionales que nosotros, voluntariamente, decidimos asumir como país, la violencia presenta o actúa o interviene o se produce en ámbitos específicos en los que a lo mejor hay que abordarla de
manera singular, presenta formas y grados que tienen que tener también un abordaje especial, tiene unas consecuencias para los niños muy concretas que otros tipos de desprotección o de vulneración pueden no producir y, además, porque es importante
que la ley recoja los principios conforme a los cuales todos los poderes públicos tienen que actuar, poderes públicos y todos los que estamos en el sistema, y esto incluye a los ciudadanos, a las familias, centros educativos, etcétera. Es además
una recomendación del Comité de los Derechos del Niño, es recomendación, no es jurídicamente vinculante, pero creo que es interesante tener en cuenta que ya en 2010 el Comité de los Derechos del Niño nos dijo que hiciéramos en España una ley de
estas características, y esta Cámara, además, aprobó una proposición no de ley, creo recordar que por unanimidad, instando al Gobierno, entonces del Partido Popular, a impulsar y traer una ley sobre violencia contra la infancia.
Así que creo que hace falta una ley, creo que hace falta otra ley, y la siguiente pregunta es: ¿Y es necesaria esta ley, este proyecto? También mi respuesta es que sí. ¿Y por qué creo que esta ley, esta, con este texto que se está
tramitando, es oportuna, necesaria y técnicamente muy razonable? Pues porque acoge el concepto de protección integral, no solamente en el nombre sino también en el desarrollo de su articulado, que es el concepto fundamental que contempló la
Convención. El niño está en el centro, el niño como persona es titular de derechos, por lo tanto, la obligación de los responsables parentales y del Estado es garantizar el ejercicio de todos esos derechos, en este caso, el derecho a vivir libre de
violencia, y no solamente el derecho a vivir sin violencia o a no ser objeto de ninguna forma de violencia, sino además a procurar su desarrollo integral, por eso uno de los principios que a mí me parece muy importante de esta ley es el principio,
que yo creo que hasta se podría decir el derecho, al buen trato a la infancia. No es suficiente con garantizar que no van a ser maltratados, sino que es imprescindible, y jurídicamente yo creo que hasta se puede fundamentar, garantizar el buen
trato, el cuidado, la promoción y el desarrollo integral de cada niño atendiendo a sus particulares circunstancias. Y esto, si atendemos a lo que ha dicho el Comité un montón de veces y en todas sus observaciones generales, cuando se refiere a la
interpretación holística de la Convención, es decir, no se trata de ir derecho por derecho, sino de hacer una lectura completa. Si juntamos el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño precisamente con el supraprincipio que habla del
derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a mí me parece que tenemos todos la obligación, ya digo, no solamente de garantizar que no va a ser objeto de violencia, sino además que van a recibir un buen trato. Esto no es nada sencillo,
pero creo que conviene tenerlo en mente.
Segundo argumento para pensar que esta ley es una ley positiva y que, desde luego, supondría un avance sustancial. Viene a recoger prácticamente la totalidad de las recomendaciones que ha recogido el Comité de los Derechos del Niño en las
observaciones a España de 2018. Esta justamente que se ha comentado anteriormente sobre los jueces, pues yo, con todos los respetos, opino que se extralimita un poco, porque asignar ahora mismo, en nuestro marco de reparto constitucional y
estatutario de competencias sobre protección de la infancia, que los jueces serán los que decidan la necesidad o no de separar a un niño de la familia, creo que puede llevar a una reforma que excede con mucho incluso lo que puede decir el Comité,
porque es que ahora mismo todas las comunidades autónomas, todas, han asumido la competencia exclusiva en esta materia. Esta es una competencia de las entidades públicas que son las comunidades autónomas, y, por lo tanto, la revisión judicial está
siempre garantizada pero previa impugnación por parte del particular que no esté de acuerdo con la decisión que se haya tomado. Luego, yo creo que, tal como tenemos ahora nuestro modelo de Estado, y como señalaba Catalina y también Almudena
anteriormente, no es una cuestión de optar por un modelo administrativo o un modelo judicial, sino de, inequívocamente, optar por un modelo con garantías jurídicas para todos los afectados por una decisión administrativa, y estos son, según la
legislación incluso administrativa, ya que estamos hablando de administraciones públicas, los interesados en el procedimiento, que no solo va a ser el niño,
también van a ser los padres. Por eso yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso si optamos por un modelo totalmente administrativizado, como el que escogió la legislación de 2015, con los contrapesos que existen al poder de autotutela
declarativa y ejecutiva de la Administración, y poner un control judicial importante y unas garantías formales para todos los que van a ser destinatarios de la decisión, la que sea, puede ser la declaración de riesgo, puede ser la declaración de
desamparo.
Tercera razón. ¿Por qué prioriza la prevención? El informe mundial sobre la violencia contra los niños que encargó el secretario general de Naciones Unidas, en todos los ámbitos en los que hizo el estudio, en todos los países del mundo,
siempre empezaba diciendo lo mismo: 'Toda forma de violencia contra la infancia se puede prevenir'. Por lo tanto, y con un enfoque de derechos, no tenemos que esperar a que se vulnere el derecho para cuidar al niño, eso, por supuesto, si se
produce, tenemos que hacerlo como Estado, pero la tarea del Estado es anterior. El Estado, los padres y todos lo que tenemos que garantizar es el disfrute de esos derechos, no esperar a su vulneración y, por tanto, contar ya con que se van a ver
vulnerados para actuar. La prevención tiene que ser el criterio absolutamente prioritario. Cuando luego lo combinamos con los distintos ámbitos que recoge la ley, encontramos, por ejemplo, que el ámbito familiar es importantísimo, también el de
los Servicios Sociales, el deporte, el ocio, el esparcimiento, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una ley ambiciosísima, incluso va más allá que el propio informe mundial del año
2006, pero creo que aborda con valentía esta cuestión de la prevención y que aspira a otra línea que es importante en la Convención y en nuestra legislación interna que es la de sistema. Es decir, aquí no funcionamos con compartimentos estancos,
sino que somos parte de un sistema. El niño tiene que estar protegido en el ámbito educativo, tiene que estar protegido como hacen ahora cuando un niño aparece con su madre o con su padre en el médico y el médico detecta que aparecen signos que a
él le hacen sospechar o dudar del modo en el que se han producido esos daños, entonces tiene obligación de notificar, y el médico notifica inmediatamente una sospecha de maltrato. En el ámbito educativo, esto me parece absolutamente importante, no
solamente para los casos que se puedan producir en el propio ámbito escolar, sino también en los que se puedan detectar porque se hayan producido fuera de ese ámbito, como que el niño viene desnutrido, que ha sufrido golpes, que se duerme por las
mañanas, la cuestión que sea. Por eso creo que es importante que también en ese ámbito, que es donde los niños pasan muchas horas, es muy importante que se tengan canales claros para detectar la posible violencia que se está produciendo frente a
ellos. O un vecino o quien sea, porque hoy el ordenamiento jurídico y las obligaciones legales no se paran en la puerta del domicilio. El niño sigue teniendo derechos en la escuela, sigue teniendo derechos en el ámbito familiar, sigue teniendo
derechos cuando va al equipo de fútbol en el que está jugando, no se los deja fuera de todos estos espacios.
Bueno, esta idea ya la decía, la de las garantías jurídicas, esto me parece absolutamente fundamental. Creo que aparece, y no es una de las cuestiones centrales del objeto de la ley, aunque en la regulación que se hace de la situación de
riesgo yo hasta hubiera ido a lo mejor más lejos, pero creo que es un avance que hacía muchísima falta en la legislación de 2015. Se hizo para la situación de desamparo, pero luego no se abordó para la de riesgo. ¿A qué me refiero? La situación
de desamparo estaba definida en el Código Civil. Como es una definición llena de conflictos jurídicos indeterminados, muchas comunidades autónomas, en ejercicio de su exclusiva competencia legislativa sobre protección de la infancia, enumeraron
como consideraron mejor cuáles eran los supuestos que constituían situación de desamparo en su ámbito territorial, con lo cual teníamos que determinadas situaciones que constituían desamparo, y por tanto se podía separar al niño de la familia, lo
eran en un ámbito territorial y no en otro. La legislación de 2015 dio una serie de supuestos que unificaban sustancialmente, no donde hay Derecho Civil foral o especial pero sí en el resto del territorio español, esa definición, pero, sin embargo,
la situación de riesgo quedaba en una indefinición muy grande. Aquí es donde, precisamente por el poder que les hemos dado a las administraciones, y ya voy concluyendo, donde les hemos dado ese poder tan grande a las administraciones públicas
tenemos que intentar rebajar la discrecionalidad administrativa. La discrecionalidad administrativa es necesaria para el gobierno y para las sociedades, lo que tenemos que tener es el contrapeso. Claro que el profesional correspondiente va a
apreciar y va a valorar la gravedad de la situación, para eso es un profesional, pero eso no significa que eso sea inapelable, lo que tiene que haber es un control. Esto en la situación de riesgo, el hecho de recoger, por ejemplo, una serie de
indicadores que están contrastados, que provienen de textos, por ejemplo, yo he podido comprobar que son muy similares a los que recogen algunas leyes autonómicas o a instrumentos técnicos como el Valora
o el Valórame, me parece importante que se recojan en la ley porque permite una igualdad de aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
Quedan retos pendientes, naturalmente, pero yo también, por el sitio del que vengo, tenemos un dicho, igual que Catalina señalaba otro, y para nosotros lo más importante en la situación en la que estamos, en cualquiera de ellas, en cualquier
ámbito de la vida, nosotros siempre tenemos que pensar en el siguiente paso posible, y este es un paso necesario y este es un paso posible el que se podría dar con esta ley. A mí me parece una oportunidad, siempre dentro de la idea de que todo es
perceptible y mejorable. Creo que supondría un enorme avance en la garantía y protección de los derechos del niño y además nos permitiría no solo cumplir jurídicamente con la Convención, que es una obligación que tenemos, especialmente en esta casa
en la que estamos, sino además una exigencia para el cumplimiento, por lo menos, del objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el horizonte hacia el que caminar y yo creo que esto puede ser un paso en esa dirección. Muchas
gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, doña Clara. Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios, por un tiempo de tres minutos, comenzando con el solicitante y siguiendo con el resto, de menor a mayor. Tiene
la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Marí Klose.
El señor MARÍ KLOSE: Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer mucho sus comentarios, su reflexión sobre lo que yo creo que es mal llamada Ley Rhodes. Yo también le agradezco a Rhodes todo su esfuerzo, todo su empuje, todo su
entusiasmo, pero yo creo que esto fundamentalmente es un proyecto colectivo.
Fíjese, es un proyecto de tres ministros, o de un ministro y dos ministras. Yo tengo opinión sobre quién ha hecho más y quién ha hecho menos, pero me la voy a reservar. Es un proyecto de directores generales, directores generales
entregados, y es un proyecto de funcionarios y es un proyecto de la sociedad civil. Es un proyecto de entidades sociales, y aquí han desfilado algunas, pero yo quiero mencionar a otras, es un proyecto también de Save the Children, de Plataforma de
Infancia, evidentemente, de Unicef, de Fundación ANAR, de Educo, de Vicki Bernadet, de Infancia Robada, de Aldeas Infantiles, y de varias más, que no las puedo citar todas. Es decir, esto es un proyecto muy trabajado, muy dialogado, muy
interlocutado, muy consensuado. Y, evidentemente, no me quisiera olvidar de que es un proyecto de académicos, de muy buenos académicos. Usted estaba en el origen de los primeros borradores que circularon y yo creo que su exposición refleja todavía
muy bien el espíritu inicial de esta ley, que yo creo que preserva. Se ha mencionado a algún otro, creo que ha sido Catalina Perazzo la que ha mencionado a Jorge Cardona, y yo creo que a Jorge Cardona hay que mencionarlo en una ley como esta.
Entonces, es una ley que consolida avances, como usted ha dicho, que se hicieron en 1996, se hicieron en 2015, pero que debían completarse o coronarse con algo como esta ley. Y se han destacado muchísimas cosas, esa sintonía con la
Convención, con observaciones del Comité, muchas cosas positivas respecto a la ley. Yo coincido con usted respecto al hecho de que lo más importante es la prevención y el desarrollo de una cultura de buen trato. Vamos a empezar a hablar de la
infancia y de la necesidad de cuidar a la infancia. Entonces, en ese afán de buscar sintonía con los dictámenes internacionales, yo creo que todos los partidos hemos hecho un cierto esfuerzo de contención para no llevar nuestras reivindicaciones
más singulares a la ley a toda costa, y todo el mundo ha hecho un pequeño sacrificio en ese sentido y es un sacrificio que yo agradezco. Sin embargo, hay determinadas retóricas que pueden acabar tensionando algo tan consolidado como este consenso.
Y me gustaría acabar con una pregunta que tiene que ver con una posible retórica que tensiona el consenso. Algunas enmiendas que nos han llegado de diferentes entidades se refieren al concepto de 'violencia institucional' para referirse a
incidentes producidos en centros de protección o en otros entornos de carácter público. Este concepto que desde nuestro punto de vista pone en cierto modo una sombra de sospecha sobre profesionales, que además estamos intentando que asuman la ley y
la desarrollen con diligencia, estamos desarrollando unidades especiales para abordar problemáticas y salen nuevos protocolos, ¿cree usted que realmente es necesario este concepto?
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Marí Klose. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias. No sabe, señora presidenta, lo que me agradó escuchar, por certero, al portavoz del Grupo Socialista discrepando del bautizo como Ley Rhodes a lo que efectivamente es un proyecto colectivo en una
materia de la que participan muchas personas y entidades de nuestro país, que están implicadas desde hace muchísimos años en una cuestión fundamental para los españoles y para todo el mundo como es la protección de nuestros niños y adolescentes. Y
precisamente una de esas personas es la profesora Martínez García, a la que saludo muy cordialmente y le doy las gracias por su comparecencia y por el enorme bagaje profesional que usted ha desarrollado en defensa de los problemas derivados de la
violencia contra nuestros niños y jóvenes.
Como ha recordado en su intervención, usted ha sido partícipe de modificaciones, actualizaciones y propuestas de reformas legislativas. He leído que una de las grandes dificultades con la que nos encontramos en España es que existen
obstáculos insalvables para aproximarnos a los datos reales de violencia contra nuestros niños y adolescentes, usted lo ha remarcado en su intervención. Hace un año que usted y otros investigadores, integrados en la Cátedra Santander de los
Derechos del Niño, publicaron un dato tan demoledor como desolador cual es que la quinta parte de nuestros menores son víctimas de abuso o maltrato, es decir, uno de cada cinco. Usted lo resumía en su intervención cuando afirmaba que hay mucha
violencia camuflada, me parece que dijo algo así como 'por debajo'. Y esta tarde, efectivamente también se ha referido a los costes económicos, importantísimos, enormes, que se derivan de los episodios de violencia, concretamente, valoraron los
autores de esta investigación que algo menos de 4000 casos denunciados de violencia solo de tipo sexual han supuesto costes cercanos a 1000 millones de euros.
Este dato y la condición investigadora de la profesora Martínez García me permite enlazar con el capítulo de la ley que hace referencia a la educación superior. El capítulo 5 es muy breve, pero a mí me parece que es muy relevante porque
promueve la implicación de la educación superior en la erradicación de la violencia sobre niños y adolescentes. Le pediría a usted un comentario en este sentido, porque a mí me resulta estimulante que los ciclos formativos superiores y las
especializaciones de diferentes profesiones puedan encaminarse hacia futuras tareas relacionadas con el combate contra la violencia sobre menores de edad. Es este uno de esos retos pendientes que tenemos que abordar.
Y finalmente, con brevedad, señora presidenta, quiero apelar también a los conocimientos de la compareciente, sus amplios conocimientos, para preguntarle por la situación en España en relación con otros países de la Unión Europea y homólogos
nuestros en todo el mundo y cómo son sus legislaciones, qué podemos copiar de ellas. En cualquier caso, muchas gracias, doña Clara, porque su comparecencia considero que ha sido muy enriquecedora para esta Comisión. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora Martínez García. La verdad es que ha sido un placer escucharla, no lo había hecho nunca y me ha parecido que se nota que es usted académica y que expone con mucha precisión, así que
enhorabuena y gracias.
La estaba escuchando y estaba pensando en el paralelismo de lo que sucedió en este país con el tema de la violencia de género en su momento, y me preguntaba cuál es la razón por la cual no se ha producido una visibilización pública como la
hay en otros países, por ejemplo, en Reino Unido, con respecto a la incidencia y la prevalencia en el tema de la violencia contra los menores. Porque realmente, sí, nos asusta mucho ver casos puntuales que a veces aparecen en la prensa, pero ni
siquiera hemos etiquetado como un problema claro esta cuestión, ni hemos conseguido que sea la presión pública la que empuje a las instituciones, de hecho, el proceso está siendo a la inversa, han sido los organismos internacionales a través de
exigencias quienes nos están derivando a la generación de una ley, que si logramos que funcione, porque una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, pues entiendo que generará un ciclo de interés público y al final sensibilizaremos y
conseguiremos llegar al fondo de la cuestión. Yo sí que he trabajado el tema de la violencia de género y creo que fue clarísimo que hubo un caso en particular, el caso de Ana Orantes, el que puso el foco a partir de ahí, y creo que precisamente la
visibilización ha sido una clave esencial de la posibilidad de combatir el problema, pero no lo hemos conseguido en este caso. Me gustaría saber cuál es su opinión y cómo cree que podemos conseguirlo. Porque usted lo ha dicho, y a mí me parece
importante, en esta ley se habla del tema de la sensibilización como una pata fundamental frente a la perspectiva que se había tenido anteriormente, pero sensibilizar a la opinión
pública no es fácil y no se concreta en esta ley cómo lo vamos a conseguir, así que era una cuestión que quería plantearle.
Y luego, se lo ha planteado el portavoz anterior, pero yo también quería preguntarle cuál es, bajo su punto de vista, el país que mejor operacionaliza y trata los indicadores con respecto a este problema. Porque yo creo que sin un buen
diagnóstico, y creo que es uno de los fallos que tenemos aquí, que no hay una operacionalización clara, ni siquiera con la propia definición del concepto de violencia infantil o de violencia vamos a poder hacerlo desde el mundo académico, no
sabremos cómo medirlo. Me gustaría saber cuál es su modelo y cuál cree que debería ser o cómo podríamos hacer benchmarking de algún sitio concreto para hacerlo bien.
Y finalmente, quería preguntarle, bueno, yo discrepo con el portavoz del Partido Socialista, creo que sí que es necesario hablar de la violencia en las instituciones porque creo que se produce. Creo que es un problema y creo que es
gravísimo que sea el propio Estado, quien tiene que ser garante del derecho superior del menor, el que permita o no garantice en entidades que dependen directamente de la Administración el que esto se produzca. Pero sí me gustaría saber cuál es su
opinión de por qué hay tanta traba y tanto miedo a incluir esta dimensión de los problemas. No creo que sea para nada un menosprecio a los profesionales que trabajan y trabajan con pulcritud, con interés y con atención, sino todo lo contrario, una
garantía para poner en valor su trabajo y una garantía, sobre todo, para lo que les tiene que preocupar que es el bienestar del menor, lo demás es aledaño.
Muchas gracias. De verdad, me ha interesado mucho su exposición y voy a buscarla para leerme todos sus artículos. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidenta. Me sumo también a los agradecimientos de mis compañeros a la señora Clara Martínez por su intervención y por lo claro que nos ha explicado todos los proyectos en los que ha estado
trabajando.
En el Proyecto de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que es de gran importancia, vemos carencias. Igual que antes a su compañera le hemos preguntado por los menores no tutelados,
ahora le pregunto por la infancia que no tiene reconocida la ciudadanía o cuyos progenitores o tutores no tienen la ciudadanía. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital que fue aprobado como una medida social por parte del Gobierno para luchar contra
la desigualdad y la pobreza en el país, sin embargo, frente a la demanda de distintos espacios de la sociedad civil y del movimiento migrante, finalmente las personas y familias en situación administrativa irregular quedaron fuera del ingreso mínimo
vital. Estamos hablando de niños y niñas que han nacido en España pero que no tienen nacionalidad ya que ésta se transfiere cuando los progenitores son españoles y no por haber nacido en el territorio. Vemos con gran preocupación cómo estas
situaciones pueden acabar en una quita de custodia y violando el derecho de todos los niños y niñas a vivir con su familia, tal como recoge la Convención de los Derechos del Niño, y los derechos que les corresponden sin distinción alguna,
independientemente de la raza, color, sexo, idioma o religión. Quería saber qué es lo que piensan sobre esto y si están analizando estas realidades.
Y después, ya para acabar, pensamos que todas las leyes están bien intencionadas, pero tienen que ir acompañadas de recursos, y muchas veces las administraciones competentes en protección de la infancia se ven incapacitadas a desarrollar
unas políticas ambiciosas por falta de recursos. ¿Qué inversión consideran ustedes imprescindible para desarrollar una estrategia verdaderamente ambiciosa en materia de protección a la infancia y la adolescencia? Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Gracias, señora Granollers. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Muchas gracias. Bona tarda, buenas tardes. En primer lugar, sumarme al agradecimiento por la información que nos ha proporcionado en esta comparecencia, pero también por la defensa que ha hecho de esta ley, de su
necesidad. Esta Comisión, que es una comisión relativamente joven y en la que me consta que muchísimos de los diputados y diputadas que estamos aquí hemos puesto mucho interés y mucho trabajo, es una comisión que por su propia naturaleza tendría
que ser la
comisión del consenso y que de hecho en su historia ha conseguido algunos consensos importantes. Creo que debe existir un consenso en la necesidad de esta ley, que podemos, por supuesto, mejorar con enmiendas, y creo que su intervención
contribuirá mucho, sin duda, a este consenso tan necesario para que esta ley salga fuerte del Congreso de los Diputados, por lo tanto, muchísimas gracias.
Me ha interesado muy especialmente lo que usted ha dicho sobre el principio de buen trato a la infancia y en ese sentido he pensado en los mal llamados 'menas', los menores extranjeros no acompañados. Me gustaría saber su opinión como
experta, su análisis de la realidad actual de estos niños y niñas, y también cómo cree que una ley de este tipo puede contribuir a mejorar y que se aplique realmente el principio del buen trato a la infancia en estos niños y niñas.
También querría sumarme a las peticiones. Quizá uno de los puntos más conflictivos que hemos podido ver respecto a la ley está en lo que respecta a la violencia institucional, por lo tanto, me sumo a las peticiones de que usted nos ofrezca
su opinión respecto a la violencia institucional en esta ley, cómo podría codificarse, si es necesario, etcétera. Muchísimas gracias. Ah, una cosa. Me tendré que ir porque tengo un tren, pero, sin duda, voy a ver sus respuestas en el Diario de
Sesiones. Muchísimas gracias de nuevo.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias, señora García Puig. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Calvo.
El señor CALVO LISTE: Gracias, señora presidenta. Igualmente, agradecer a la profesora Martínez García su presencia hoy aquí.
Y me va a permitir que me aproveche de su condición de jurista para ahondar quizás en una faceta que se ha tocado poco y que forma parte casi de la mitad del proyecto. Comenzando por su alusión al tema de las autonomías, entendemos que con
la colaboración autonómica, si además es legislativa, se producirían diecisiete formas de abordar la protección. Esto debe ser una cuestión nacional y única, pues precisamente el fraccionamiento operativo que se pretende evitar es lo que se va a
conseguir si se permite que la colaboración vaya más allá de un aspecto meramente formal.
La reforma que se pretende con el proyecto es de gran calado en varias normas, sobre todo a nivel del Código Penal. Significa determinados tipos, se establece una nueva visión de lo que debe ser el perdón y hay una serie de supuestos de
riesgo muy amplios. Sería muy prolijo entrar ahora en cada uno de ellos, pero quería que me hiciera una valoración sobre estas modificaciones.
Por otro lado, quería hacer también mención a lo que el proyecto denomina 'juzgados especiales'. Entendemos que otorgar nuevas obligaciones legales a juzgados y tribunales, al Instituto de Medicina Legal, a las Oficinas de Atención a
Víctimas o a los órganos técnicos, a los Servicios Sociales, etcétera, no obedece nada más que a la creación de un nuevo colectivo, similar al que ahora mismo existe de género, y que, por tanto, compartimenta a la sociedad. Esto hace que se cree un
grupo especial de víctimas que precisen de una protección distinta, de ahí la creación de los juzgados especiales, entiendo, y específica, además, frente al resto de ciudadanos, por eso, quería hacerle unas preguntas muy concretas en este sentido.
¿No considera que debería ser beneficiosa una mayor intervención de la Fiscalía para la protección de la intimidad en los menores, sobre todo con los delitos relacionados con internet, el ciberacoso, ciberbullying, etc.? ¿Cree que los derechos
especiales justifican unos juzgados especiales a su vez? Y, por último, le pregunto si no son suficientes y deseables el juzgado de familia existente para el ámbito civil y el juzgado de menores, por otra parte, infrautilizado, para los asuntos en
el ámbito penal. Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Calvo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Martínez. He seguido muy atentamente su intervención, su exposición, y tengo que calificarla como brillante. Sinceramente, enhorabuena porque nos ha dado un baño
de información en poco más de un cuarto de hora la verdad que muy, muy interesante.
He ido anotando cuestiones conforme usted iba explicándolas y me han surgido ciertas dudas o ciertas preguntas en las que quisiera que entrase un poquito más en detalle, si es posible. La primera de ellas, ha hablado usted de la pobreza
infantil y que esta pandemia en cierta manera la ha intensificado.
Quisiera saber si tienen contabilizada esa intensificación, ese aumento de pobreza infantil en qué nivel porcentual ha consistido.
La segunda, un aspecto que me ha llamado mucho la atención también, que existe violencia no tipificada contra la infancia. Me gustaría saber cuáles son esos tipos de violencia. Porque muchas veces hablamos de la violencia doméstica, la que
se produce en el hogar, hablamos muchas veces de, si me permite la expresión, la violencia online o a través de redes sociales, incluso de la violencia escolar en el ámbito educativo, que normalmente suele ser entre iguales esta violencia escolar o
educativa.
Por eso, mi tercera cuestión y última, acogiéndome a lo de la violencia educativa, primero, se actúa, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo con usted, se actúa siempre tarde, cuando ya se ha cometido la agresión, es cierto,
normalmente suele ser así, entonces, ¿qué medidas, porque usted ha insistido mucho en la prevención, qué medidas de prevención implantaría? Y una vez se ha detectado ese caso de violencia, ¿cuál es la mejor manera de actuar?
Y ahora, aprovechando que en Educación estamos en una situación muy similar a esta Comisión, estamos en unos trámites muy parecidos, muy similares de aprobación de una nueva ley educativa, la LOMLOE, y espero que se abra un período de
comparecencias como en esta en aquella Comisión de Educación, si se abre, me encantaría que viniese usted a comparecer porque seguro que algún tipo de aportación en cuanto a la prevención podría usted indicarnos en la nueva ley educativa.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchas gracias, señor Clavell. A continuación toma la palabra de nuevo la señora Martínez García, por un tiempo de diez minutos, para contestar a sus señorías.
La señora MARTÍNEZ GARCÍA, CLARA (Profesora de Derecho Administrativo y Fundamentos del Derecho Público. Especialista en prevención e intervención en casos de abusos a menores y personas vulnerables: abordajes en entornos eclesiales):
Pues muchísimas gracias por todos los comentarios, las preguntas y las sugerencias. Voy a intentar responder también a todas, por lo menos, en las que pueda decir alguna cosa medio sensata, porque alguna otra es que era tan concreta que no sé si
voy a estar en condiciones de responder ahora mismo, pero me ofrezco y me pongo a su disposición para averiguar la respuesta más adecuada.
Hay un tema que veo que suscita un interés por la importancia que tiene y porque tiene esa connotación, como señalaba el diputado del Grupo Socialista, tiene una connotación muy negativa porque es que realmente es una realidad muy negativa,
y me refiero a la violencia institucional. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero también creo que se pueden abordar las cuestiones sin necesidad, a lo mejor, de exponerla en toda la crudeza. ¿Existe la violencia
institucional? Sobre esto no hay ninguna duda, tenemos informes del Defensor del Pueblo y hace poco ha presentado la Fundación Raíces un informe sobre los niños extranjeros no acompañados en particular. Lo que pasa es que cuando hablamos de la
violencia institucional quizá estamos dando a entender que esto es como un mal congénito al hecho de ser una institución. Creo que el hecho de que ahora tengamos aquí delante la posibilidad de aprobar una ley en la que específicamente un capítulo
entero está dedicado precisamente a los centros de protección u otro tipo de instituciones en las que los niños se encuentran bajo la custodia o bajo la guarda, el cuidado, en definitiva, del Estado, yo lo vería en positivo. Es decir, la cuestión,
y así lo dicen también los estándares internacionales, es prever y contemplar garantías para que los niños puedan presentar una queja, presentar una sugerencia, presentar cualquier opinión que tengan o una denuncia, si se quiere en términos
procesales, por cualquier situación que puedan estar viviendo. Quiero decir, no se trataría tanto de regular la violencia institucional porque parece que ya la estamos dando por hecho, como de ver qué mecanismos tendríamos que incluir en la ley y
si estos son suficientes para evitar y erradicar la violencia institucional.
Una cuestión que lleva a la violencia institucional es el maltrato institucional, que es previo y tiene que ver precisamente con el mal diseño del propio sistema, del sistema legislativo, del sistema presupuestario. Es decir, si nosotros no
estamos incorporando adecuadamente los principios de la Convención, malamente vamos a poder recoger en la ley lo que nos está pidiendo y malamente vamos a poder exigir a los profesionales que cumplan con lo que dice la Convención. Porque en esa
trazabilidad que tiene que haber siempre y que no se puede romper respecto del mandato que aparece en la norma superior, cuando hablamos de violencia institucional es porque antes se ha roto esa cadena, se ha roto. Es decir, ¿por qué hay violencia
institucional? Han fallado los mecanismos.
Y yo creo, además, que esta es una cuestión que está en la ley. Cuando en el capítulo 5 se regula precisamente la prevención de la violencia en los centros de protección, creo que ahí está regulada. ¿Se puede mejorar, se puede ampliar? Se
puede, pero creo que ahí está regulada. Yo creo que la ley no lo ha rehuido, no ha rehuido esta cuestión. Yo creo que incluso hay mecanismos en el propio sistema de protección que no solamente contemplan como delito la conducta de algún
profesional que pueda haberse extralimitado y haber causado un daño, del tipo que sea, a un menor que está bajo su custodia, y que tiene la gravedad de que es la persona que se supone que lo está protegiendo y cuidando, sin embargo, es el que le
agrede. A mí me parece que hay una pieza en todo el sistema que cuando la demos habremos avanzado muchísimo hacia la superación del asistencialismo, incluso de alguna reminiscencia casi de caridad y de beneficencia que sigue teniendo el sistema, y
tiene que ver con la exigencia de responsabilidad, hasta patrimonial, a las administraciones públicas por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de un servicio público. Esto está recogido en la Constitución, lo que pasa es que
como seguimos pensando que estos niños, bastante que los tenemos ahí y los tenemos en el centro, no estamos, digamos, balanceando ese cuidado con la exigencia de los controles de calidad que serían absolutamente necesarios. Algo se ha avanzado
también en el Observatorio, pero si nosotros cumpliéramos la legislación que hay de 2015, en la que se exige una habilitación previa para todos los centros de protección de menores, y nadie sabe dónde está esa habilitación, ni qué es lo que se
exige, ni quién comprueba ex ante, durante y ex post cómo es el cuidado que se está llevando a cabo sobre los niños, mientras no avancemos y no seamos capaces de aplicar incluso lo que ya tenemos, no vamos a poder evitar lo de la violencia
institucional. Tenemos ya mecanismos y creo que la ley avanza mucho, aunque se puede ir más lejos, con el tema de la violencia institucional.
El tema de la educación superior me ha gustado mucho. Nosotros como universidad, la universidad a la que yo pertenezco, estamos intentando, o sea, hay una cátedra de Derechos del Niño, pero, además, desde los distintos grados que tenemos en
la propia facultad, estamos intentando precisamente ir incorporando este conocimiento porque entendemos que nuestros egresados marcarán una diferencia si tienen un conocimiento, por ejemplo, sobre lo que es la creación de entornos seguros o entornos
protectores, por ejemplo, personas que estudien educación, psicología, trabajo social o derecho. Ese gran cambio cultural pasa por lo que vaya haciendo cada una de las personas y la formación, siempre, y la formación en el ámbito de la educación
superior nos parece absolutamente relevante. En esas estamos, en esas estamos. No somos los que más éxito tenemos porque esto pasa con los niños siempre. Se suele decir que todas las cuestiones de infancia suscitan un alto consenso pero de baja
intensidad. Todo el mundo está muy de acuerdo en que hay que hacer cosas, pero a la hora de ponerse a hacerlas, pues parece que cuesta, por muchas razones.
En relación con otros países, ¿cómo estamos? Pues estamos bien, porque no hay ninguna legislación, no hay en todo el mundo una ley sobre violencia contra la infancia, un texto que tenga una visión integral de la violencia contra la infancia
como la ley que aquí se está pretendiendo hacer. Existen regulaciones parciales en algunos textos, existe una estrategia, por ejemplo, en Noruega se llevó a cabo, pero este va a ser el primer texto legal integral que acoja por completo los mandatos
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hasta en eso tenemos una oportunidad que yo creo que es importantísima, y hay muchos países, especialmente en América Latina, y eso me consta, que están mirando qué es lo que estamos trabajando para
poder después hacer el benchmarking y de alguna manera ellos también adaptarlo. Porque yo recuerdo cuando empezamos con los trabajos sobre esta ley, que lo primero que nos llevó varias sesiones fue definir qué es violencia contra la infancia, dónde
están los datos, o sea, es muy complicado saber qué elementos tiene que haber en una ley sobre violencia contra la infancia. En ese sentido creo que podemos estar satisfechos con el trabajo, en términos comparativos.
El tema de la visibilización. Pues, efectivamente, se intenta y cuesta muchísimo. Costó muchísimo el tema del género, de las mujeres, y que efectivamente ganara esa posición en la sociedad, y ahora está pasando también con los niños. Yo
espero que estemos haciendo algunos avances y espero que no tengamos que acudir a casos macabros para que se hable de los niños. Porque yo recuerdo con el anteproyecto anterior, en algún momento que se me preguntó, por ejemplo, algún medio de
comunicación ya lo llamaba una ley de abusos sexuales contra la infancia, porque como era la Ley Rhodes y era un momento en el que se hablaba también de los abusos en la iglesia y en otros sectores, bueno, pues es que esto es una ley sobre los
abusos sexuales contra la infancia. Es una ley de violencia contra la infancia, por eso tiene que ver con lo de la violencia no tipificada. Es que hay mucho más que todo esto. Yo creo que les hacemos un flaco favor a los niños cuando estamos
mandando la idea de que la protección de los
niños es la de los niños desfavorecidos, la de los niños pobres o la de los niños maltratados. Por supuesto que hay que actuar ahí, pero de lo que estamos hablando es de la protección de sus derechos y eso pasa por la protección de los
derechos de todos los niños, ricos, pobres, altos, bajos, nacionales o extranjeros. Todo niño que se encuentre en territorio nacional tiene que estar protegido por el Estado hasta que cumpla los dieciocho años, por lo menos, eso es lo que dice la
Convención.
Por lo tanto, no sé cómo hacerlo. Yo creo mucho, evidentemente, en la educación, creo por eso que es muy importante que nuestros niños también reciban una formación sobre una realidad y que puedan hablar de estas cuestiones, y no digamos en
el colegio cuando haya bullying que eso es cosa de niños y es que los niños son muy crueles y lo dejemos pasar, porque hay auténticas desgracias con ese tema y no es cosa de niños, es violencia entre iguales. Cuando es una violencia entre los niños
le quitamos esa importancia. No, en absoluto, hay que hablar, y eso tiene mucho que ver también con el tema de la legislación sobre la educación. Hay que educar en la no violencia.
En relación con alguna de las preguntas que se han hecho, lo he apuntado antes aquí, me parece importantísimo, por poner otro ejemplo de derecho comparado, a Francia el Comité de los Derechos del Niño le ha regañado recientemente en sus
observaciones finales porque no había suprimido una cosa que nosotros suprimimos en 2007 que era el derecho de los padres a corregir razonable y moderadamente a los niños, o sea, a darle un cachete al niño, y cada uno tiene el umbral de cachete
donde más o menos le parece, por eso había que suprimirlo. Francia lo ha suprimido y ha hecho un gesto que es que en la fórmula de celebración del matrimonio civil ha incluido que los contrayentes se comprometen a educar de manera no violenta a sus
hijos y recoge esa fórmula en un momento que, además de muy bonito, a mí me parece muy oportuno para decir, oiga, ustedes están construyendo una familia en la que se comprometen, están asumiendo estos compromisos a no resolver o a no, digamos,
imponer esa disciplina violenta. Es que se confunde a veces, yo creo, lo que es la disciplina con la violencia, la firmeza con la violencia, y se puede, se puede ser firme sin ser violento, esto es lo que tenemos todos que aprender. Yo soy la
primera que tengo hijos adolescentes, así que ya con eso lo digo todo, y estas canas las voy contando, esta es de tal día. Pero, ahora ya fuera de broma, claro que tenemos que aprender a hacer algo así, claro que tenemos que revisar también lo que
nosotros estamos haciendo respecto de ellos, y se puede y se debe además tener esa premisa.
Sobre esto, el Consejo de Europa ha elaborado una recomendación interesantísima, tiene muchas, pero hay una que es sobre el ejercicio positivo de la parentalidad, para no hablar de parentalidad positiva y negativa, como criminalizando o
diciendo estos lo hacen bien y estos lo hacen mal. No, es sencillamente una parentalidad, es decir, un ejercicio de la responsabilidad parental que nos impone a los padres y madres el Código Civil conforme al interés superior del niño, pero no como
algo que defina cada uno de nosotros sino como un criterio objetivo, que aparece en el artículo 2 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, que dice que el interés superior del niño tiene que ser evaluado y determinado atendiendo a las
circunstancias del caso y siempre contando con el niño. Es decir, como contaba Jorge Cardona tantas veces cuando iba por ahí e iba a un país y le decían: 'Yo es que le pego a mi hijo porque yo sé lo que le conviene'. Ese no es un interés
superior, no puede ser conforme al interés superior del niño que se vulneren sus derechos, es que es incompatible, es que el interés superior del niño es precisamente la garantía de todos sus derechos. Por lo tanto, ese mismo interés que debe regir
la actuación de los padres tiene que estar presente también en la educación que les demos. Y me estoy yendo por las ramas muchísimo.
Preguntaban también por la infancia que no tiene ciudadanía, la situación administrativa irregular y el acceso al ingreso mínimo vital. Bueno, esto yo no sé si es objeto de una ley sobre violencia contra la infancia. Todo, como he dicho,
es un sistema y, por lo tanto, todo tiene que ver con todo. Cómo atajemos la pobreza o las situaciones de pobreza infantil tiene mucho que ver también... Hoy mismo he leído en Twitter un informe del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil que
relaciona pobreza y violencia. No vamos a decir que son dos cosas, no, tienen que ver. La última resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de diciembre de 2019, aborda precisamente el tema de la pobreza,
otra vez, como que hay que ir a la causa, y los ODS en primer lugar. Hay que ir y combatir la pobreza como raíz de muchos otros males que vienen después.
Yo no creo que sea objeto de esta ley, pero, ciertamente, como he señalado antes, los derechos del niño, tal como están en la Convención, y sobre todo las obligaciones que correlativamente le corresponden al Estado consisten en garantizar
todos esos derechos sin discriminación alguna. Ya el tema de la ciudadanía o no ciudadanía, ahí nos podemos meter en una cosa que ni es mi ámbito de conocimiento
primero, por tanto, técnicamente seguro que diría algo que pudiera estar mal, pero lo que sí tengo claro es que los derechos de todos los niños, sean quienes sean y hayan venido como hayan venido, tienen que quedar garantizados por el
Estado. Y no de cualquier manera, es decir, yo lo meto en un centro y ya lo tengo garantizado. No, aquí estamos hablando de que tiene que ser con una calidad. ¿Y qué mide la calidad o qué mide la adecuación o no de la respuesta del Estado? Lo
que mide es el grado de cumplimiento de la Convención. Estaremos protegiendo bien si protegemos conforme a la Convención. Estamos protegiendo mal si no cumplimos la Convención, en la medida en que lo hemos integrado en nuestra legislación interna,
pues también en la medida en que cumplamos. Por tanto, esos niños, a mi juicio, por supuesto que necesitarían y tienen reconocido el derecho a la educación, a un nivel de vida, a un nivel de salud, al juego, el esparcimiento, el ocio, a no ser
separados de sus padres. ¿Qué tendría que hacer el Estado en esos casos? Hacer todo lo posible para que el niño permanezca en la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La primera tarea del Estado es precisamente apoyar a la
familia para que el niño permanezca ahí, salvo que su superior interés exija la separación, y en esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Esto es importante (perdón, que me enrollo un poco) porque si fuera la familia el único ámbito en el que
está el niño, sería la Convención de los Derechos del Hijo y, sin embargo, es la Convención de los Derechos del Niño, porque el niño tiene derechos por su condición de persona, no por su condición de hijo.
El principio del buen trato, que me han preguntado. Yo soy absolutamente partidaria. Creo que hay fundamentación jurídica y recorrido y, además, creo que esto, por ejemplo, puede ser una buena fórmula con el tema de la violencia
institucional. Hablemos del buen trato institucional. Hablemos de que las instituciones en las que no queda más remedio que ingresar a los niños que han quedado separados de los padres tienen que ser de calidad y tienen que atender a las
circunstancias específicas de cada niño, menores extranjeros, niños con discapacidad, niños con dificultades de aprendizaje, mayores, pequeños, pobres, de todo tipo, no compartimentar más.
Y el tema de las comunidades autónomas y las diecisiete leyes pues es como Blancanieves y los siete enanitos, pero es que nosotros vivimos en un estado que es un estado autonómico y la competencia exclusiva es verdad que ha ido asumiendo
cada vez más, no más sino con mayor amplitud, el concepto de protección. Se acogió la del artículo 148.1.20 de la Constitución, que habla de asistencia social, y cada vez ha ido a más el tema de la protección de la infancia. A mí no me preocupa
excesivamente que haya diecisiete leyes autonómicas. Esta ley que se está tramitando ahora, precisamente, al tratarse de un desarrollo de un derecho fundamental, es una ley en la que está asegurado que su núcleo fundamental se va a aplicar por
igual a todo el territorio nacional. Más, la legislación de 2015 también asegura su aplicación en la situación de riesgo y la situación de desamparo, que es la medida que cabe en las situaciones de desprotección, salvo en Cataluña, Galicia y
algunos otros territorios en los que hay derecho civil foral o especial y no se aplicaría, se aplica la suya propia. Por tanto, creo que la heterogeneidad tiene más que ver con la prisa que convendría que se dieran las comunidades autónomas por
actualizar su legislación y acomodarla a las exigencias de la Convención, para que no sea una discusión sobre la jerarquía normativa entre el Estado y las comunidades autónomas.
Y sobre la jurisdicción, y ya termino, de verdad, pero es que no quiero dejar de responder, francamente, nosotros hicimos una propuesta desde la academia, que ahí, como nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pues proponemos lo que nos
parece. A nosotros nos hubiera gustado mucho más también que la intervención de los jueces no fuera tan, digamos, que no tuviera un alcance tan grande la necesidad de crear una jurisdicción o una especialidad dentro de la que ya existe. Porque,
precisamente en esa idea de la prevención, optábamos, y hablo del grupo que estuvimos en los comienzos, por el modelo que se acaba de inaugurar, la semana pasada, yo creo, en Tarragona que es el de la Barnahus, es decir, una fórmula que pretende
procurar una protección integral e integrada del niño que ha sufrido abusos sexuales o violencia sexual grave, pero también otros tipos de violencia, de manera que al estar el niño en el centro, todos los profesionales se acercan a él y no como
ocurre ahora, que el niño tiene que ir al médico, el niño con su familia tiene que ir a la policía a poner la denuncia, el niño tiene que ir al juzgado porque el señor juez no se acerca a hacer la prueba preconstituida, tenemos (...) pero no se
utilizan. Entonces, dentro de todo, me parece necesario porque yo sí creo que son unas víctimas especiales que tienen unos derechos que ser protegidos especialmente. ¿Y por qué lo creo? Porque lo dice la Convención. Lo que dice la Convención es
que las personas entre 0 y 18 años, por sus características evolutivas especiales, merecen una protección especial y, en esa medida, diferenciada de la protección que recibimos los adultos. Por tanto, no es a lo mejor la situación que yo hubiera
escogido
para el diseño, que a lo mejor no podría por la cuestión competencial, pero sí me parece importante que exista una jurisdicción que específicamente entienda de estos casos de manera integral.
Y me parece que me faltaba lo de la violencia no tipificada. ¿Puedo? Me refería simplemente (bueno, ya ni espero a que me resuelva la señora presidenta), me refiero simplemente a esa dualidad que puede estar un poco dentro de la mentalidad
de las personas. Es esto que se pregunta tantas veces: 'Entonces, si le doy un cachete, ¿me llevan a la cárcel?'. Bueno, primero, no debemos dar un cachete y, segundo, seguro que si se lo hemos dado la solución no es ir a la cárcel, y, desde
luego, esta ley no es lo que pretende, la criminalización del cachete. No, entre otras cosas, porque eso ya está, ya está y ya ha habido sentencias que han condenado por eso, o sea, esto no es esta ley. Precisamente lo importante es la prevención
y precisamente es llamar la atención sobre un insulto, una violencia psicológica, una determinada manera de castigar al niño, no darle de comer, obligarle a comer alimentos que no están..., en fin, no quiero tampoco hacer una lista de situaciones
escabrosillas, pero todas esas formas de violencia contra la infancia conforme al artículo 19 que no están en el Código Penal. Existe violencia no tipificada penalmente que lo es y que merece una atención, principalmente desde la prevención, a mi
juicio. Y ahora ya sí que sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Seva Ruiz): Muchísimas gracias. Y al contrario. Yo no sé a ustedes, pero hemos doblado el tiempo y nos ha parecido corto. Agradecerle su presencia y la información que nos ha facilitado, y ojalá podamos contar
con su presencia en muchas más ocasiones.
Agradecer también a todos los comparecientes y a sus señorías, que han medido muy bien los tiempos y me lo han puesto muy fácil hoy como presidenta, en mi estreno, en mi debut como presidenta me lo han puesto muy fácil. Muchas gracias a
todos.
Se levanta la sesión.