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BOCG. Senado, apartado I, núm. 124-1110, de 17/12/2020
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I. Iniciativas legislativas


Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Propuestas de veto
621/000012
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.7, Núm.exp.
121/000007)



El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Palacio del Senado, 15 de diciembre de 2020.—La Portavoz, Lorena Roldán Suárez.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs)

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

La
caótica situación que atravesó nuestro país entre los meses de marzo y junio, en atención a la crisis sanitaria Covid-19, debía obligar al Gobierno de España a pactar con los partidos estatales medidas en el ámbito educativo con la finalidad de
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación previsto en el artículo 27 de la Constitución Española, así como para la mejora de la coordinación y cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas a tal objeto. A pesar del
contexto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional se negó a entablar algún tipo de diálogo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados durante el tiempo en el que los centros escolares permanecieron cerrados.
En este tiempo, el mencionado Departamento renunció a sus obligaciones y delegó la gestión de la caótica situación en las comunidades autónomas, mostrando una total ausencia de liderazgo, que llegó a ser criticada por sus socios de gobierno.


Paralelamente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos instó en numerosas ocasiones a la Ministra de Educación y Formación Profesional a retirar el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 (LOMLOE) para centrar todos los
esfuerzos en impulsar, con carácter inmediato, una evaluación sobre el impacto que tuvo el cierre de los centros educativos en el rendimiento del alumnado, así como a adoptar medidas para evitar, en la medida de lo posible, para evitar las
externalidades más negativas, relativas a la perdidas de competencias y aprendizaje de los estudiantes.

Sin embargo, a pesar del contexto en el que nos encontrábamos, el Gobierno de España decidió seguir adelante con la tramitación en el
Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado el 3 de marzo de 2020 en el Consejo de Ministros.

El momento en el que se ha tramitado el referido
Proyecto de Ley no ha sido el más adecuado para abordar una reforma educativa de calado y con voluntad de permanencia en el tiempo.

Así, el texto final aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados ahonda más en las problemáticas
inicialmente señaladas por nuestra formación política al inicio de su tramitación, problemáticas que fueron también señaladas por una parte de la opinión pública y de los actores más importantes del sistema educativo.

De hecho, la redacción
finalmente aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados ha dividido a una parte muy importante de los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso. El consenso entre las formaciones de ámbito nacional ha sido siempre para nuestra
formación política una condición necesaria para participar y aprobar cualquier reforma educativa, en aras de garantizar su estabilidad en el tiempo. A pesar de ello, el Gobierno de España y las formaciones políticas que sostienen al Ejecutivo no
solo se han negado a dialogar con el resto de formaciones políticas de ámbito nacional, sino que además vetaron la participación de la comunidad educativa y de expertos en la materia, impidiendo cualquier tipo reflexión en relación con el contenido
del texto.

Otro de los aspectos más controvertidos del Proyecto de Ley, refiere a que el Gobierno de España no ha detallado todavía el impacto económico que tendrá la entrada en vigor de la LOMLOE para las distintas Administraciones
educativas y, en especial, para la Administración General del Estado. En relación con esta cuestión, cabe destacar que la ausencia de plan presupuestario por parte del Ejecutivo dificultará aumento progresivo de la gratuidad de las unidades del
primer ciclo en Educación Infantil. La LOMLOE determina en su disposición adicional quinta «que el Gobierno de España, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará un plan para extender la oferta de plazas del primer ciclo en esta
etapa en un plazo de 8 años». Sin embargo, la inexistencia de una proyección del gasto que este concepto tendrá en futuros Presupuestos Generales del Estado reduce a mera propaganda esta medida, a pesar de las constantes declaraciones del Gobierno
de España.

A su vez, la ausencia de planificación económica en lo relativo al gasto afecta de manera directa al alumnado con necesidades educativas especiales. En concreto, la disposición adicional cuarta, sobre la evolución de la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, dispone que «en el plazo de diez años los centros ordinarios deberán contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad a
la vez que se establece que los centros de educación especial recibirán el apoyo necesario para escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada». El nivel de precisión que alcanza el texto en lo relativo a esta
materia no se ve acompañado por ningún tipo de plan económico que garantice el derecho que asiste a los padres, madres y tutores a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas en centros ordinarios o en centros de educación especial en función de sus
preferencias.

Otro argumento de peso que justifica para el Grupo Parlamentario Ciudadanos la presente enmienda de devolución obedece a la falta de reconocimiento del castellano como lengua vehicular así como de mecanismos para garantizar su
uso como lengua de enseñanza. La LOMLOE supone un enorme paso atrás, en comparación a la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y a la texto inicial de la LOMLOE en este aspecto. Si
la última reforma educativa ya resultaba precaria en cuanto a las garantías por parte del Estado a la hora de garantizar el derecho del alumnado a estudiar en castellano en las comunidades autónomas con lengua cooficial y, en particular en Cataluña,
su nueva redacción compromete el cumplimiento de las distintas sentencias judiciales que establecen que «el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Las consecuencias de marginar el
castellano como lengua vehicular de enseñanza en Cataluña trasciende la vulneración de lo dispuesto en el Título Preliminar de la Constitución Española y de las numerosas sentencias judiciales sobre esta cuestión, ya que revierten de manera negativa
en el rendimiento académico del alumnado. En febrero de 2019, Jorge Calero y Álvaro Choi presentaron el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña», donde se acreditaba que «el alumnado que tiene
el castellano como lengua materna alcanza un rendimiento inferior al de sus compañeros catalanoparlantes en las competencias de Lectura y Ciencia, y esto sucede a igualdad del resto de características personales, socioculturales y económica». Los
resultados que arroja este informe sobre el impacto de la inmersión lingüística en la enseñanza suponen la confirmación de lo que era una obviedad para nuestra formación política y para diferentes organizaciones de la sociedad civil en Cataluña.


En último lugar, la actual redacción de la LOMLOE relega a un papel de carácter subsidiario a los centros concertados a la hora de articular la programación educativa. La posición adoptada por el Gobierno de España y por los partidos que han
dado apoyo a esta Ley es más que discutible en términos constitucionales. Si atendemos al contenido de las diferentes sentencias judiciales que abordan esta cuestión, los centros educativos concertados tienen carácter complementario de los centros
educativos de titularidad estatal a la hora de garantizar una educación gratuita. Por fuera poco, el Gobierno de España se ha negado en todo momento a aceptar las enmiendas presentadas al texto para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición
adicional vigesimonovena de la LOE, sobre la fijación del importe de los módulos, que determina la obligación del Ejecutivo de actualizar la cuantía que reciben los centros concertados para garantizar la existencias de plazas gratuitas y una
educación de calidad. La actitud adoptada por el Ejecutivo en lo que respecta al papel que deben jugar los centros concertados no solo compromete el cumplimiento de la Carta Magna, sino que pone en jaque la viabilidad económica de estos centros,
con el consecuente perjuicio que esto supondrá para el alumnado, el derecho al acceso a una enseñanza gratuita y la libertad que asiste a los padres, madres y tutores legales  para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta enmienda de Veto al Proyecto de Ley de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la que se
solicita su devolución al Gobierno.

El Senador Alberto Prudencio Catalán Higueras (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Palacio del Senado, 15 de diciembre de 2020.—Alberto Prudencio Catalán Higueras.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Alberto Prudencio Catalán Higueras (GPMX)

El
Senador Alberto Prudencio Catalán Higueras (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno de España tramita, ante el Senado, una nueva ley de Educación.


Otra más, y van unas cuantas. En este país no hay ministro de Educación que no tenga la tentación de aprobar una nueva norma educativa que sustituya a la anterior. Es como si les fascinara pasar a la posteridad por haber aprobado una regulación
educativa, más aun si luego se denomina con su propio nombre. Y si se redacta, como es el caso, desde un punto partidista y sectario parece que todavía es mejor.

En los cuarenta y dos años desde la instauración de la democracia en España han
sido ocho las leyes educativas aprobadas y que han ido sucediéndose, unas a otras, desde la Ley General de Educación de 1970. En 1980 la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE); en 1985 la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación (LODE); en 1990 la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE); en 1995 la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG); en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE), que no llegó a aplicarse; en 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE), y en 2013 la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

A lo largo de los años hemos venido escuchando la importancia de establecer una
ley educativa ambiciosa, justa, solidaria, adaptada a la realidad y a las necesidades reales de la educación y, sobre todo, que surgiese del consenso y acuerdo de las principales formaciones políticas del país y con la participación de todos los
sectores afectados. Desde asociaciones de padres y madres, profesorado, familias, centros educativos, expertos, Comunidades Autónomas (CC. AA.), etc., la ley no podía hacerse de espaldas a la comunidad educativa, se insistía.

Incluso se ha
venido reclamado un Pacto por la Educación, por una educación de calidad, en la que la equidad fuera uno de los objetivos fundamentales. Donde la lucha contra el abandono escolar estuviese muy presente con soluciones reales. Con una financiación
adecuada y que cubriese las verdaderas necesidades del sistema educativo español. Un Pacto para que todos los escolares tengan las mismas posibilidades independientemente del poder adquisitivo de sus familias o su lugar de origen. ¿Por qué no van
a tener la misma oportunidad de acceder, por ejemplo, al aprendizaje de lenguas extranjeras, como el inglés, aquellos niños de los pueblos de igual manera que los de las ciudades o los de familias de rentas bajas de igual forma que los de rentas
altas? El sistema educativo español debe hacer posible, con medidas y recursos, ese derecho. Algo en lo que tampoco avanza el contenido del proyecto de ley.

Junto a ello, es imprescindible que cualquier normativa educativa salvaguarde los
derechos de la familia a elegir la educación que quieren para sus hijos y a que sean educados en las creencias morales y religiosas que consideren adecuadas. Tal y como recoge la Constitución Española y otras normas internacionales. Algo que esta
ley ni respeta ni ampara.

En este sentido, no deja de sorprender cómo muchos dirigentes y responsables públicos cuestionan la red concertada y luego escolarizan a sus hijos en esos centros educativos.

Pero, además, la norma debiera
recoger el amparo a las familias, profesorado y demás componentes de la comunidad educativa por parte de las Administraciones Públicas ante las decisiones sectarias e impositivas de determinados responsables educativos de las Comunidades Autónomas,
fundamentalmente las regidas por nacionalistas. El independentismo siempre opta por el adoctrinamiento, la imposición y el sectarismo. La educación al servicio de sus objetivos secesionistas. Se ha vuelto a comprobar con la incorporación de
determinadas enmiendas durante el trámite del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de España debe establecer las medidas pertinentes, a través fundamentalmente de la Alta Inspección de Educación, presente en todas las
CC. AA., para combatir ese adoctrinamiento, garantizar los derechos de la comunidad educativa y poner freno a la utilización de libros de texto que no respetan los currículos oficiales y que, incluso, llegan a vulnerar la realidad institucional en
un claro ejemplo de manipulación de los escolares. Situaciones de amparo que tampoco se ven recogidas en el articulado del proyecto de ley.

Con el comportamiento del Gobierno se vuelve a perder una magnífica oportunidad para abordar una
cuestión tan importante como es la educación desde el acuerdo y el consenso, alejados del sectarismo que viene caracterizando la aprobación de estas normas de manera unilateral por el ejecutivo de turno.

En este sentido, es oportuno recordar
las palabras del que fuera ministro de Educación, el socialista Ángel Gabilondo, y que durante su mandato intentó alcanzar un Pacto educativo. El entonces Gobierno de Navarra, bajo la responsabilidad de Unión del Pueblo Navarro (UPN), mantuvo una
postura positiva y colaborativa para alcanzar dicho acuerdo.

El Sr. Gabilondo manifestaba: «El pacto educativo es una necesidad para el país», y sin él «iremos más lentos y menos lejos». «Los ciudadanos están esperando que seamos capaces
de estar a la altura de este desafío», afirmaba.

Pues bien, hoy el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, en el ejecutivo, con el apoyo de otros grupos parlamentarios, aprueba de manera unilateral una nueva ley educativa. Una ley no participada
ni consensuada con toda la comunidad educativa, una ley sectaria que pretende imponer unos postulados ideológicos sin tener en cuenta los derechos de una buena parte de la sociedad española.

Además, a pesar de disponer de un plazo de dos
meses para aprobar la ley, la tramitación de la misma en el Senado se hace de manera atropellada. Sin tiempo y haciéndola coincidir con el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Se ha rechazado la propuesta, de
diferentes formaciones políticas, para habilitar el mes de enero y que compareciesen en la Comisión de Educación de la Cámara Alta representantes de la Comunidad Educativa (sindicatos, familias, centros concertados, etc.), responsables de las
Consejerías y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas, expertos para conocer su opinión en relación a la ley y a las incorporaciones realizadas en el Congreso de los Diputados. La opacidad ha llegado a tal extremo que se ha
impedido, incluso, la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional.

Es inaudito que en España haya alumnos que no puedan ser escolarizados teniendo como lengua vehicular la oficial en todo el país. Concepto que ha sido
eliminado del texto del proyecto de ley en el trámite parlamentario como consecuencia de las cesiones al independentismo. Consideración de desprecio a la lengua oficial de toda España que ya padecieron los centros escolares públicos navarros en
castellano, que —por cierto— escolarizan al mayor número de alumnos con necesidades de apoyo educativo, siendo castigados por el Gobierno nacionalista que padecimos durante la anterior legislatura en la Comunidad Foral.

El
proyecto de ley tampoco recoge ninguna medida nueva para mejorar la atención en aquellos centros, públicos y concertados, que escolarizan a un número elevado de alumnos con necesidades educativas específicas. No recoge refuerzos añadidos, reducción
de ratios, etc. Nada de nada.

Desde hace años se vienen incorporando a los centros educativos, al comienzo del curso escolar o durante el mismo, miles de escolares de familias socioeconómicamente desfavorecidas, de origen extranjero y con
grandes necesidades de apoyo educativo. A pesar de los esfuerzos de los docentes los recursos no se incrementan en la medida en que son necesarios.

Durante el curso 2019-2020 se incorporaron al sistema educativo navarro 1.187 alumnos con
estas características. 337 alumnos al comienzo del curso y 810 alumnos durante el curso escolar. De ellos, 1.064 alumnos en centros públicos, en su inmensa mayoría en centros públicos en castellano.

En Navarra, aproximadamente el 66 % de los
alumnos con necesidades específicas de apoyo escolar están escolarizados en los centros públicos de castellano, el 21 % en centros concertados en la misma lengua, el 12 % en públicos que utilizan el euskera y un número insignificante en los
concertados en euskera. Esa es la realidad del sistema educativo navarro. Situación que no se ve atendida en la nueva normativa.

Por otro lado, se ha evidenciado que colectivos como los docentes que realizan su actividad en centros de
Formación Profesional también se han visto afectados por el proyecto de ley sin que se haya escuchado su opinión y criterio. Lo mismo sucede con aquellos titulados en filosofía o en otras ramas.

El fracaso escolar lo aborda la norma
posibilitando el paso de curso de los alumnos promocionándolos con suspensos. Incluso en Bachillerato. Con esta estrategia se pretende engañar las cifras pero, en ningún caso, la realidad. Algo que servirá de muy poco para afrontar los malos
resultados del sistema educativo español en relación con los de otros países del mundo.

También son un auténtico despropósito las referencias que se hacen a la educación especial. En lugar de reconocer el esfuerzo y trabajo realizado por los
profesionales que realizan su labor en dichos centros, con la excusa, mal entendida en este caso, de la inclusión, los ponen en el objetivo de su desaparición. La previsión ha generado inquietud, preocupación y enfado por parte de la comunidad
educativa, fundamentalmente, de los padres.

Tampoco el proyecto de ley aporta nada positivo a la hora de reconocer la labor docente de los profesionales de la educación. La educación de lenguas extranjeras no requiere ninguna aportación por
parte del ejecutivo.

La Formación Profesional de la que se dice que se hace una apuesta decidida deja fuera a muchos de los profesionales técnicos que han hecho posible su avance en las últimas décadas.

En definitiva, estamos ante una
nueva oportunidad perdida para aprobar una ley en materia educativa que perdure en el tiempo, con el consenso necesario y alejada de cualquier interés sectario, partidista e independentista.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Palacio del Senado, 15 de diciembre
de 2020.—El Portavoz, Javier Ignacio Maroto Aranzábal.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE) el 3 de marzo de 2020. Once días después el Gobierno
decretó el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Nuestro país está viviendo un hecho sin precedentes que, en su aspecto más dramático, ha provocado ya la muerte de más 60.000 personas y arrojado a miles de familias a
situaciones económicas de profunda incertidumbre; una situación a la que no puede permanecer ajena ninguna decisión política.

Sorprendentemente, en este escenario, el proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación
(LOMLOE) impulsada por del Gobierno, inició su trámite parlamentario, si bien, el Grupo Parlamentario Popular solicitó que este debate se produjese una vez hubiese finalizado el estado de alarma, cosa que no ocurrió. Es más, la tramitación continuó
y, pese a todo, fue aprobada esta propuesta de Ley en el Congreso hace escasas semanas, a pesar del gran rechazo social y de la comunidad educativa.

De forma injustificable, la tramitación de la Ley no ha contado con la comparecencia ni de
expertos en materia educativa ni de las entidades implicadas al respecto, lo que hace de ésta una Ley profundamente unilateral y carente de todo consenso y acuerdo. No podemos olvidar que las leyes se elaboran y aprueban con una clara finalidad:
la perdurabilidad, virtud que no se ha pretendido alcanzar con esta tramitación y por cuya ausencia esta Ley nace ya fracasada para desgracia de la nación y nuestro futuro.

Detrás de la crisis sanitaria del COVID 19 se ha vislumbrado la
gestión de una política educativa que carece de liderazgo, de capacidad de consenso y de los déficits que adolece nuestro sistema educativo.

En estas circunstancias se pone aún más de manifiesto que el futuro de una nación, su capacidad de
proporcionar a sus miembros oportunidades y empleo, de incrementar la cohesión social, de asentar su convivencia en valores sólidos, de estar en condiciones de hacer frente a las exigencias de un mundo cada vez más abierto y dinámico, tiene mucho
que ver con la formación de sus ciudadanos. Por eso, la mejora de la educación debería constituirse en un objetivo nacional prioritario. España no puede ser ajena a esta circunstancia histórica, de modo que ahora más que nunca, este es y será
nuestro mayor patrimonio individual y social.

A pesar de todo, las Cortes Generales no pueden renunciar a incluir la búsqueda de un gran Pacto Nacional por la Educación, aquel por el que se trabajó en la Subcomisión del Congreso de los
Diputados durante casi dos años y que el PSOE abandonó bajo excusas espurias. Un pacto que se asiente sobre los pilares que diseña el artículo 27 de la Constitución española: el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza; la
construcción de una gran arquitectura educativa de consenso y de acuerdo.

Todas las acciones que los poderes políticos deben impulsar han de estar inspiradas y ser congruentes con los valores y preceptos de nuestra Carta Magna. Durante la
tramitación de la Ley en el Congreso la propia sociedad española mostró su perplejidad ante la que es considerada como una Ley profundamente ideologizada y unilateral. Por las muestras de rechazo generalizadas en el seno de la sociedad en general y
de la comunidad educativa en particular, ha quedado demostrado que esta Ley afrenta, en gran parte de su articulado, a la propia Constitución.

El sistema educativo necesita profundas reformas y ahora más que nunca, aquellas que permitan
resolver sus acuciantes problemas, en los que coincide la gran mayoría de la comunidad educativa y los sectores más avanzados de la sociedad española, con el propósito de caminar por la senda de una mayor calidad. Pero, sin reformas en la buena
dirección, el sistema educativo español no podrá contribuir a la necesaria transformación e impulso de nuestro modelo económico y social.

Desgraciadamente, la Ley que ya ha sido aprobada, provisionalmente, en el Congreso y que ahora se
plantea al Senado, adolece del consenso que nos reclama el conjunto de la sociedad. Además no fue informada por el Consejo de Estado, como si hicieron los anteriores proyectos educativos. Este hecho también evidencia que este Gobierno no le
concede a la educación la especial trascendencia y repercusión que debe ostentar.

El Proyecto de Ley no afronta los retos y desafíos de nuestra sociedad, las transformaciones tecnológicas, sociales y económicas de nuestro tiempo, retrocede a
un modelo educativo comprensivo, que devalúa la cultura del esfuerzo, que no garantiza un sistema educativo vertebrado y de cohesión, y que se aleja de las estructuras flexibles y modernizadoras educativas que han emprendido los países de nuestro
entorno.

El Grupo Parlamentario Popular presenta este veto con la finalidad de que el Gobierno retire su Proyecto de Ley, en aras a alcanzar el máximo acuerdo, para debatir los temas de esencial trascendencia en los que el ámbito educativo no
puede permanecer ajeno.

No renunciamos a una alternativa que, entre otras cuestiones, tenga como objetivo facilitar el acceso a toda la población a la educación Secundaria Superior, sin que lo puedan dificultar obstáculos de naturaleza
socioeconómica, mediante una configuración flexible capaz de adaptarse a las diferencias individuales en aptitudes, intereses y ritmos de maduración de las personas, homologar nuestro sistema educativo con los países de nuestro entorno y garantizar
unos niveles básicos de calidad exigibles a todos los alumnos cualquiera que sea su lugar de residencia y centro en el que cursen sus estudios.

Un modelo en el que se mantenga un sistema educativo vertebrado, que asegure una formación común
básica a todos los españoles y garantice que se ejerzan en condiciones de igualdad los derechos y libertades reconocidos en la Constitución en el ámbito educativo.

Una alternativa en que los valores del esfuerzo y de la exigencia personal,
de la disciplina y la perseverancia, así como las correspondientes habilidades no cognitivas, es decir no dependientes de la inteligencia general, constituyen condiciones básicas para la mejora de la calidad del sistema educativo. Un modelo que
reconozca a los padres como principales responsables de sus hijos.

Y que ofrezca una modernización de los contenidos curriculares, la reducción de la extensión en beneficio de su dominio, así como de sus enfoques metodológicos, mediante la
formulación de algunos principios y directrices inspiradores; que refuerce la cultura de la evaluación y defina un modelo integrado de evaluación general del sistema educativo; y fortalezca la profesión docente, la mejora de sus condiciones
profesionales, articule una carrera profesional, y eleve su consideración social, son, entre otras, las reformas necesarias que debemos emprender.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta este veto.