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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 479, de 28/06/2022
cve: BOCG-14-D-479 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


28 de junio de 2022


Núm. 479



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a condenar con la máxima contundencia la violencia ejercida contra los cristianos alrededor el mundo y en especial en Nigeria ... href='#(Página5)'>(Página5)


Comisión de Defensa


161/004312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre mejora y estímulo de la industria de Defensa ... (Página6)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/004317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma urgente del sistema de financiación autonómica ... (Página9)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la seguridad vial en la N-640 en al Ayuntamiento de A Pontenova ... (Página11)


161/004318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de medidas de impulso a la colaboración público-privada para el desarrollo de grandes infraestructuras como palanca para la
recuperación económica de España ... (Página12)


161/004320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña ... (Página13)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas para combatir la segregación escolar ... (Página15)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/004325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el sector del metal en la Bahía de Cádiz ... (Página17)



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Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/004314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el aprovechamiento del Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), dependiente del Imserso ... href='#(Página18)'>(Página18)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/004324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las consecuencias de la división de Denominación de Origen Calificada Rioja ... (Página20)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/004319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la digitalización del Sistema Nacional de Salud y la inclusión de los servicios de farmacia digital en la cartera básica de servicios
del Sistema Nacional de Salud .... (Página21)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/004323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al trastorno del espectro autista ... (Página24)


Comisión sobre Seguridad Vial


161/004316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la seguridad vial en la N-640 en el Ayuntamiento de A Pontenova ... (Página26)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Interior


181/001882 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre forma en la que se va a asegurar la
seguridad de nuestro país y la integridad de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los aeropuertos españoles en atención al colapso que están sufriendo las terminales por el escaso número de efectivos policiales en ellos desplegados ... href='#(Página28)'>(Página28)


181/001883 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre motivos por los que la Dirección General
de la Policía no ha previsto el número de efectivos necesarios en los controles policiales de los aeropuertos de nuestro país ... (Página28)


181/001884 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre medidas previstas para garantizar la
integridad física de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados en los aeropuertos españoles después de agresiones sufridas por los mismos ... (Página29)



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Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001878 Pregunta formulada por los Diputados Mireia Borrás Pabón (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), de las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega
Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre razones de los sucesivos retrasos en la finalización de las obras de ejecución del tramo Siétamo-Huesca de la autovía A-22 ... (Página29)


181/001881 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre retirada del nuevo mapa concesional de las líneas de autobús estatales que se está elaborando y que en la Comunidad Autónoma de Galicia deja a más de 136.000
ciudadanos sin parada ... (Página29)


181/001885 Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), de las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si actualmente existen datos suficientes para poder adoptar las medidas idóneas y beneficiosas para todos los españoles en materia de vivienda ... href='#(Página30)'>(Página30)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001875 Pregunta formulada por los Diputados Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal
Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas para ayudar a los afectados cuyos cultivos han sido arrasados por la presencia de la plaga de langosta en Badajoz ... (Página30)


181/001876 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre forma en la que
se va a garantizar el suministro y abastecimiento de cereales al sector primario español la próxima temporada tras la invasión de Ucrania por Rusia ... (Página30)


181/001879 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre impacto económico
que va a tener el cierre del comercio con España decretado por el Gobierno de Argelia para el sector primario y agroalimentario español ... (Página31)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001874 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre forma en la que va a garantizar el Gobierno el abastecimiento de agua a los españoles ... (Página31)


181/001877 Pregunta formulada por los Diputados Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María
Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre medidas previstas para controlar y erradicar la presencia de la plaga de langosta en Badajoz y evitar su expansión a otras zonas de España ... href='#(Página31)'>(Página31)



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Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


181/001880 Pregunta formulada por la Diputada Carla Toscano de Balbín (GVOX), sobre opinión de la Ministra de Igualdad acerca de si es importante que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervengan de forma inmediata y eficaz a
favor de los derechos de las víctimas de violencia de género en los primeros momentos tras la agresión ... (Página32)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página32)


184/087470 Autor: Rego Candamil, Néstor.


Puesta en marcha del Bono Alquiler Joven, contemplado en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.


Retirada ... (Página32)



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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004313


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Alberto Asarta Cuevas, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez
del Real, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don Luis Gestoso de Miguel, en su condiciones de Portavoz, Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a condenar con la máxima contundencia la violencia ejercida contra los cristianos alrededor del mundo y en especial en Nigeria, para su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Único. Una nueva masacre en Nigeria ha dejado devastada a las familias y allegados de las víctimas, a Nigeria y la comunidad internacional, cuando el pasado 5 junio de 2022 -Domingo de Pentecostés- unos hombres armados irrumpieron en la
iglesia católica de San Francisco Javier de Owo, en el estado de Ondo, y abrieron fuego contra los fieles que celebraban la solemnidad.


Muchos de ellos, entre ellos varios niños, fueron asesinados. Según fuentes locales, hay más de cuarenta víctimas. Ahora, se teme por los supervivientes que, aunque fueron rescatados inmediatamente y trasladados al hospital, corren el
riesgo de no sobrevivir dada la gravedad de sus heridas y la escasez de servicios sanitarios. Los médicos locales, citados por las agencias internacionales, informan que muchas de las víctimas llegaron al hospital ya sin vida.


Apenas ha transcurrido un mes desde que el pasado 12 mayo 2022 conociésemos el feroz asesinato de Deborah Samuel, estudiante cristiana de la Universidad de Shehu Shagarim en la ciudad de Sokoto, capital del estado del mismo nombre. Una
turba de estudiantes islamistas de esta universidad localizada en el noroeste de Nigeria, irritados porque Deborah Samuel era cristiana, la sacaron a la fuerza del puesto de seguridad donde estaba escondida, la golpearon y la quemaron hasta su
muerte por, presuntamente, haber publicado un mensaje insultando al islam y a Mahoma en un grupo de WhatsApp.


Más allá de la terrible persecución ejercida por Boko Haram en Nigeria, que ha provocado ya que miles de cristianos hayan sido asesinados y miles de desplazamientos internos, no es la primera vez que el fundamentalismo islámico se ensaña con
los cristianos en Nigeria.


Por desgracia, España conoce bien las devastadoras consecuencias de la violencia islamista y muchos pueblos y barrios de toda España viven con miedo por la expansión de las ideas islamistas radicales y sus prácticas humillantes contra la
mujer, como el matrimonio forzoso Estos hechos, en muchas ocasiones no cuentan con la cobertura mediática ni la reacción política con la que deberían. Por



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eso, es responsabilidad de nuestra nación y de sus instituciones mostrar un mensaje claro de condena a la violencia vinculada al islamismo y de apoyo a aquellos que sufren sus estragos.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía nacional y representante del pueblo español, condena con la máxima contundencia la violencia ejercida contra los cristianos alrededor del mundo y, en especial, los hechos acontecidos
el pasado 5 de junio del presente año -Domingo de Pentecostés- en la iglesia católica de San Francisco Javier de Owo, en el estado de Ondo, Nigeria.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a condenar con la máxima contundencia la violencia ejercida contra los cristianos alrededor del mundo, y en especial en Nigeria, y que se tomen todas las medidas necesarias para
garantizar el respeto a la fe cristiana frente a las persecuciones, según nuestros intereses y capacidades, en misiones de seguridad internacional que luchen contra el yihadismo, en defensa de la civilización y del respeto de la dignidad de la
persona y de los derechos inviolables que le son inherentes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Víctor Manuel Sánchez del Real, Manuel Mestre Barea, Agustín Rosety Fernández de Castro y
Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Defensa


161/004312


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Luis Gestoso de
Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley de mejora y estimulo de la Industria de Defensa, para su discusión en la Comisión de Defensa.


Primero. Política Industrial de Defensa y soberanía Nacional.


1. La Constitución Española ('CE') recoge por primera vez, desde 1812, una referencia explícita a la Defensa Nacional 1. En concreto, en su artículo 8 señala:


1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.


2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.


2. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que 2:


No puede caber duda que, dada la importante misión que a las Fuerzas Armadas asigna el art. 8.1 de la C.E., representa un interés de singular relevancia en el orden constitucional el que las mismas se hallen configuradas de modo que sean
idóneas y eficaces para el cumplimiento de sus altos fines, de garantizar


1 MINISTERIO DE DEFENSA (2010): El régimen jurídico de la Industria de la Defensa (Cuaderno 5). Cuadernos de Política Industrial de Defensa. Serie Azul, pág. 5.


2 Auto del Tribunal Constitucional 375/1983, de 30 de julio.



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la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y su ordenamiento constitucional.


3. Lo anterior, permite afirmar que el cumplimiento de los 'altos fines' atribuidos ex lege a las Fuerzas Armadas exige la existencia de una industria nacional de Defensa eficiente y competitiva capaz de proveer a las Fuerzas Armadas de
bienes y servicios de tal manera que se garanticen los principios de 'libertad de acción', 'ventaja operativa' y 'seguridad del suministro'. Principios directamente vinculados con el concepto de 'soberanía' 3. Por ello, el pleno ejercicio de la
soberanía nacional exige la producción autónoma (independiente de terceros) de bienes y servicios a ser utilizados en caso de conflicto 4.


4. En relación con lo anterior, se ha de señalar que la Defensa Nacional tiene la consideración de bien público 5 que garantiza la soberanía nacional, la libertad, la vida y otros derechos esenciales de los ciudadanos 6 y, por tanto, su
prestación es una responsabilidad irrenunciable e indelegable del Estado 7. Así, el apoyo a la Defensa Nacional transciende el mero debate partidista y se enmarca en la obligación de todo Gobierno de proteger a sus ciudadanos y su modo de vida 8.


Segundo. Características y necesidades de la industria de Defensa.


5. En España, se estima que la industria de Defensa genera más de 25.000 puestos de trabajo y supone un volumen de facturación del 7 % del PIB industrial 9.


6. En este sentido, la industria de Defensa se caracteriza por lo siguiente:


a) A nivel general, por su carácter estratégico 10 y fuerte tendencia a la innovación 11.


b) A nivel europeo, por su carácter intervenido y por la existencia de fuertes barreras de entrada para salvaguardar los intereses particulares de los Estados 12.


c) A nivel nacional, por su carácter de 'cuasi' monopolio bilateral 13, derivado de la combinación del elevado coste del diseño, desarrollo y producción de armamento, la existencia de un cliente preferencial (Ministerio Defensa) y la
complejidad y especificidad de los productos demandados (lo cual limita la existencia de competencia).


De hecho, se puede afirmar que el sector económico de la industria de Defensa [ ...] no es un sector en el sentido tradicional del término, [sino que] se trata más bien de un colectivo de empresas 14 que proveen de bienes y servicios al
Ministerio de Defensa 15. Ello hace, pues, que la demanda esté fuertemente fijada por los presupuestos que el Estado dedique a la Defensa 16. En España, son constantes los vaivenes en los presupuestos destinados a Defensa que varían en función de
la oportunidad política del momento, hecho este, que afecta directa y negativamente a la estabilidad y viabilidad económica de la industria 17.


En este sentido se ha venido afirmando que, como forma de reducir la mencionada dependencia de los presupuestos de Defensa, y como forma de preservar los puestos de trabajo y la actividad económica


3 GARCÍA MONTAÑO, J.M. (2015): 'La política industrial de defensa' en Cuadernos de Estrategia, N.° 175. Instituto Español de Estudios Estratégicos, pág. 113.


4 MARTÍN CASARES, G. y AMOR MORENO, M.E. (2019): 'La política industrial de defensa y su financiación' en Economía Industrial, N.° 412. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, págs. 50 y 55.


5 En concreto la Defensa Nacional entendida como bien público se caracteriza por su carácter intangible y no opcional. Del mismo modo, se ve especialmente afectada por el problema del free-rider [vid. AAW (2012): Principios de Economía
Política, Editorial Comares, págs. 139-140].


6 MINISTERIO DE DEFENSA (2010): Criterios básicos para el establecimiento de la política industrial de Defensa (Cuaderno 1). Cuadernos de Política Industrial de Defensa. Serie Azul, pág. 6.


7 MINISTERIO DE DEFENSA (2010): Fundamentos Económicos del Mercado de la Industria de la Defensa (Cuaderno 3). Cuadernos de Política Industrial de Defensa. Serie Azul, págs. 6 y 8.


8 CARLISLE, H. (2017): 'National Defense Is Not a Political Issue' en National Defense, Vol. 102, No. 765, pág. 4.


9 CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, C. (2021): 'Política europea de seguridad y defensa y sus efectos en la industria de defensa' en Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 7, No. 2, pág. 24.


10 ALONSO, V. (2021): 'El comercio internacional de armamento y ventajas comparativas' en Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 7, No. 2, pág. 95.


11 MARTÍ SEMPERE, C. (2019): 'La industria de defensa. Principales características y eficiencia de un sector estratégico' en Economía Industrial, N.° 412. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pág. 170.


12 CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, C. (2021): 'Política europea de seguridad y defensa ...', pág. 23.


13 MINISTERIO DE DEFENSA (2010): Fundamentos Económicos del Mercado de la Industria de la Defensa ..., pág. 10.


14 PYMES en su gran mayoría.


15 MINISTERIO DE DEFENSA (2010): Los cuatro ejes de la intervención del Estado en el sector de la Industria de Defensa (Cuaderno 2). Cuadernos de Política Industrial de Defensa. Serie Azul, pág. 13.


16 MARTÍ SEMPERE, C. (2019): 'La industria de defensa ...', pág. 172.


17 CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, C. (2021): 'Política europea de seguridad y defensa ...', pág. 24.



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que genera, resulta fundamental el apoyo institucional a esta industria para que pueda competir en mercados exteriores 18.


7. Por otro lado, existen factores que repercuten directamente en la industria de la Defensa, a saber 19: 'la modificación de los contextos geoestratégicos', 'la modificación de la naturaleza de los nuevos conflictos' y 'la reducción del
esfuerzo de gasto'.


8. En relación con lo anterior, el Almirante Aniceto Rosique Nieto, Director General de Armamento y Material, ha declarado que la industria de Defensa nacional se enfrenta a un complejo panorama geopolítico, marcado por lo siguiente 20:


a) El desarrollo impulsado por las tecnologías digitales, el cual es exponencial y ha derivado en una carrera tecnológica global y en una creciente utilización del ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Todo ello demandará nuevas
capacidades militares (capacidades multidominio).


b) Los efectos de la pandemia de la COVID-19, los cuales han puesto de manifiesto las dependencias del mercado exterior y vulnerabilidades de nuestra industria: deslocalización de la producción y la crisis de la cadena de suministros,
respectivamente.


c) La invasión de Ucrania, que está llevando a los países de la OTAN y la UE a reconsiderar su compromiso en el gasto en Defensa y, paralelamente, está produciendo un cambio de percepción en la sociedad sobre la necesidad de impulsar la
industria europea con una verdadera autonomía estratégica.


9. En conclusión, resulta imperativo que el Gobierno apoye de forma efectiva la actividad de la industria de Defensa nacional, no solamente por su importancia estratégica, sino también por capacidad de generación de empleo, innovación,
progreso y riqueza entre los españoles.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1.º Impulsar un mecanismo de estabilidad presupuestaria de Defensa que permita dotar de una autonomía estratégica real a las Fuerzas Armadas.


2.º Elaborar un Plan de potenciación de la investigación tecnológica militar articulado en torno a las metas tecnológicas ligadas a las capacidades industriales estratégicas y a las necesidades de nuestra Defensa.


3.º Fomentar la competitividad de las empresas integrantes de la industria de Defensa nacional, haciendo que disminuya su dependencia de los presupuestos del Estado.


4.º Dar a conocer, mediante las pertinentes actuaciones comunicativas y divulgativas, la importancia de la industria de Defensa como generadora de empleo cualificado, innovación, progreso y riqueza entre los españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2022.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros
de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.


18 MARTÍN CASARES, G. y AMOR MORENO, M.E. (2019): 'La política industrial de defensa ...', pág. 52.


19 MARTÍN CASARES, G. y AMOR MORENO, M.E. (2019): 'La política industrial de defensa ...', pág. 50.


20 Jornadas sobre 'La industria de defensa: motor económico y de bienestar social' (días 10 y 11 de mayo de 2022). Accesible en: https://www.youtube.com/ watch?v=51dPNtBChEA.



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Comisión de Hacienda y Función Pública


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reforma urgente del sistema de financiación
autonómica, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


El sistema de financiación autonómica actualmente en vigor, se aprobó en el año 2009 por Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía. En dicha ley se recogía la obligación de revisión de dicho sistema cada cinco años, como consecuencia de tratarse de un asunto tan vulnerable a la coyuntura económica y tan sensible a la situación de cada territorio en un momento
determinado.


Así, la disposición adicional séptima de la citada Ley establece que, con carácter quinquenal, el Comité Técnico Permanente de Evaluación creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, valorará los distintos aspectos
estructurales del Sistema de Financiación, para informar sobre las posibles modificaciones que se puedan realizar al mismo, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema.


A pesar de esta previsión normativa, ninguna actualización se ha realizado desde que el sistema fuera aprobado, hace ya trece años. Por ello, no es exagerado decir que el actual sistema de financiación autonómico está obsoleto y ya no sirve
para el fin con el que fue aprobado, al menos, no es capaz de otorgar ya a todos los territorios las garantías de autonomía, suficiencia y equilibrio presupuestario necesarias. Es, además, un sistema complejo, arbitrario e injusto, que trata de
manera desigual a determinadas comunidades autónomas, produciendo notables diferencias entre los españoles.


Desde que fuera obligatoria su reforma, en el año 2014, se ha sucedido gobiernos del Partido Popular, primero, y del PSOE, ahora, sin que ninguno de ellos haya querido abordar un asunto que, sin embargo, consideran prioritario cuando se
encuentran en la oposición. María Jesús Montero, actual Ministra de Hacienda y principal responsable de poner en marcha esta reforma opinaba, siendo Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía con un Gobierno central del Partido Popular, que la
falta de reforma demostraba 'que el Gobierno central no tiene determinación suficiente para construir un nuevo modelo que asegure una financiación adecuada del Estado de bienestar en España'; criticaba los 'cuatro años de promesas incumplidas'; y
aseguraba que la reforma del sistema tenía que ver con 'si los españoles vivan donde vivan tienen que tener las mismas oportunidades ante la educación, la salud o situaciones de vulnerabilidad social'. Es más, llegó a cuantificar la
infrafinanciación en Andalucía en 1.000 millones de euros anuales, lo que dejaba fuera 'o 220.000 andaluces', llegando a afirmar que la falta de interés del Partido Popular en iniciar esta reforma implicaba que no estaba 'interesado en que las
comunidades tuvieran suficientes recursos para financiar hospitales y colegios'.


Pero la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas que la propia Ministra de Hacienda denunciaba cuando no ocupaba tal cargo en el Gobierno, no se extiende solo a Andalucía. Así, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pese a gastar
menos que el resto de comunidades autónomas, tiene un déficit y un endeudamiento mayores dado que recibe menos ingresos que ninguna otra. Tiene, además, una mayor dependencia del apoyo financiero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Fondo de
Pago a Proveedores (FPP) y del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA), por la necesidad de acudir a ellos de manera recurrente; cosa que no habría sucedido si el modelo se hubiera revisado para corregir sus insuficiencias cuando
correspondía, en 2014. Por otro lado, en dicho territorio el gasto público medio por alumno es entre un 20 % y un 50 % más bajo que en otras comunidades autónomas; el gasto sanitario por habitante es entre un 10 % y un 15 % inferior a la media; y
el gasto en servicios sociales un 60 % menos que las comunidades autónomas que cuentan con mayor disponibilidad de recursos.



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Esta infrafinanciación no solo afecta a los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos, como sanidad, asistencia o educación, sino que resiente, además, las posibilidades de muchos territorios de invertir en actividades que impulsen
su desarrollo económico, los sectores productivos, la l+d+i, la internacionalización o las infraestructuras, entre otros.


La solución a estos problemas no pasa, sin embargo, por criminalizar a algunas comunidades discutiéndoles su autonomía financiera, sino exigir del Gobierno un compromiso inequívoco y urgente para reformar un sistema injusto y obsoleto desde
hace mucho tiempo, que garantice, por encima de cualquier otra consideración, la igualdad entre los españoles vivan donde vivan, y la ausencia de privilegios territoriales injustificados. Indispensable se hace mencionar, a este respecto, el Cupo
Vasco, de previsión constitucional no discutida, pero que debe ser igualmente reformado para hacerlo más equitativo con respecto al resto de comunidades autónomas y más transparente en su cálculo. Así, este Cupo debería reflejar el coste para el
Estado de las competencias no transferidas al País Vasco pero, sin embargo, su cálculo está enormemente sesgado a la baja y es arbitrario, insolidario y opaco, de forma que el gasto en servicios públicos fundamentales por habitante ajustado en las
comunidades torales termina superando en 30 puntos porcentuales el medio de las comunidades autónomas de régimen común.


En Ciudadanos llevamos tiempo pidiendo la reforma del sistema de financiación autonómico y proponiendo medidas, en línea con las principales recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos creado en 2017 para este fin y cuyas
conclusiones llevan años siendo obviadas e ignoradas, como la necesidad de simplificar el sistema haciéndolo más transparente y equitativo; realizar cambios en el cálculo de la población ajustada o necesidades de gasto; aumentar la responsabilidad
fiscal y la autonomía de las Comunidades; potenciar la cooperación entre territorios y la lealtad institucional; o reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera adscribiéndole un equipo técnico y creando comisiones especializadas.


El nuevo sistema debe, a nuestro juicio, garantizar los siguientes principios:


A) Igualdad. Para asegurar un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorios en que residan.


B) Equidad. Para que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas ni entre los niveles de financiación de cada una de ellas.


C) Transparencia. Para que el mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible para los ciudadanos, con suficiencia de recursos que puedan cubrir adecuadamente las necesidades objetivas de gasto de cada territorio.


D) Corresponsabilidad fiscal. Para que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las comunidades autónomas con cargo a
sus propios recursos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


a) Convocar de manera urgente, a lo largo del presente mes de junio, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, con el objeto de tratar sobre una inminente reforma del sistema de financiación autonómico.


b) Presentar, en el plazo máximo de dos meses, un calendario detallado para llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que se especifiquen las distintas fases de la misma, y que concluya con la presentación de una
propuesta de reforma de un nuevo sistema de financiación autonómico justo y equitativo entre todas las comunidades autónomas, antes del fin del presente ejercicio presupuestario.


c) Garantizar una financiación justa que posibilite a todos los españoles tener unos servicios públicos fundamentales dignos, considerando para ello, tanto el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación
Autonómica creado a iniciativa de la Conferencia de Presidentes en el año 2017, como las propuestas contenidas en otros posibles informes al respecto que hayan podido elaborarse, como el segundo informe de la Comisión de Expertos nombrada por las
Cortes Valencianas en diciembre de 2017.



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d) Aprobar de manera urgente medidas transitorias de carácter temporal que compensen la adecuación de recursos a las comunidades autónomas que están infrafinanciadas, como el Fondo de nivelación, hasta que se apruebe el nuevo sistema de
financiación.


e) Reconocer los déficits de financiación acumulados que sufren distintas Comunidades Autónomas, como la Comunidad Autónoma de Valencia, Andalucía o la Región de Murcia, admitiendo el mal funcionamiento del sistema de financiación, y
considerando el establecimiento de mecanismos de compensación del mismo, con el fin de que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004315


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la seguridad vial en la N-640 en el Concello de A Pontenova, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La N-640, la carretera que cruza el casco urbano de A Pontenova y comunica con la ciudad de Lugo capital, se sitúa entre las vías más peligrosas del Estado español atendiendo al número de accidentes de tráfico registrados y a la intensidad
media de circulación.


El tramo urbano de A Pontenova no cuenta con ninguna medida adicional para garantizar la seguridad vial. La velocidad máxima sigue estado señalada a 50 km/h, cuando según la normativa vigente debiera haberse modificado la señalización
vertical y horizontal para indicar que la velocidad máxima es de 30 km/h. Debe recordarse que el nuevo Reglamento de Circulación, aprobado el 10 de noviembre de 2020, establece el límite de velocidad a 30 km/h para las vías urbanas de sentido
único, normativa que entró en vigor el 11 de mayo de 2021. Sin embargo, la mayoría de los vehículos circulan a una velocidad superior, siendo habitual el tránsito de camiones con carga pesada que no reducen al atravesar el casco urbano.


Además de no haberse adecuado la señalización no existe tampoco ningún mecanismo de calmado del tráfico, como los pasos de peatones elevados que obliguen reducir la velocidad o semáforos que se activen con velocidad superior a la permitida.


Por este motivo el grupo municipal del BNG en el Concello de A Pontenova presentó una moción reclamando medidas para la mejora de la seguridad vial que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del consistorio municipal. En esa iniciativa se
reclamaban medidas como las antes citadas, es decir, la sustitución de señales, pasos elevados y la colocación de semáforos ámbar reductores de velocidad, que permitirían disminuir sensiblemente los riesgos de accidente o atropello. Estas
propuestas son también respaldadas por los vecinos y vecinas, así como por los empresarios y comerciantes que señalan específicamente la necesidad de reducir la velocidad en la N-640, que cuenta con una intensidad media diaria de 2.000 vehículos por
el centro del pueblo.


El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, como Administración titular de la vía, debería asegurarse de que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en A Pontenova, sobre todo adaptando la señalización
para adecuarla a la normativa vigente de 30 km/h.



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Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Cumplir con la legalidad vigente y adecuar la señalización en el tramo urbano de la N-640 en el Concello de A Pontenova para ajustarla a la nueva normativa que establece el límite de velocidad a 30 km/h para las vías urbanas de sentido
único.


2. Establecer las comunicaciones necesarias entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Concello de A Pontenova para llegar a un convenio o acuerdo y proceder a sustituir, a la mayor brevedad, las señales de tráfico,
tanto verticales como horizontales atendiendo al nuevo límite de 30 km/h, así como el establecimiento de pasos elevados y la colocación de semáforos ámbar reductores de velocidad, que permitirían disminuir sensiblemente los riesgos de accidente o
atropello.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


161/004318


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de medidas de
impulso a la colaboración Público Privada para el desarrollo de grandes infraestructuras como palanca para la recuperación económica de España, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


En una situación de crisis generado por la pandemia de la COVID-19, y en estos momentos ampliada con la invasión de Rusia a Ucrania, el papel de las infraestructuras emerge como una oportunidad para dinamizar la economía y mejorar su
competitividad. Asimismo, la colaboración público-privada se presenta como una de las claves de la recuperación, partiendo de la oportunidad que proporcionarán las ayudas europeas destinadas a paliar los efectos de la crisis.


Por otro lado, nuestro País, posee un ingente patrimonio empresarial, de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, que ha desarrollado infinidad de proyectos referentes a nivel mundial. Sin embargo, la falta de formación
específica, la falta de rentabilidad que marca la actual normativa española y la excesiva burocracia, han dado como resultado un escaso desarrollo de este tipo de proyectos en nuestro país. Hace falta más conocimientos desde el punto de vista
técnico, y también de los procedimientos para gestionar la colaboración público-privada, en ambas esferas. También una mayor difusión de los casos de éxito.


Para este impulso de Colaboración Público Privada, necesitamos adaptar el marco regulatorio, para que de seguridad y la necesaria rentabilidad al sector privado. Se debe construir un escenario de rentabilidad razonable para los inversores.
El artículo 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española ('RDLD') define el periodo de recuperación de la inversión en contratos públicos, es decir, el
tiempo en el que previsiblemente podrán recuperarse las inversiones realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato.


Aplicando las indicaciones recogidas en dicho Real Decreto, la rentabilidad aproximada es del 2,4 %, una cifra demasiado baja comparada con los propios criterios de la inversión privada,7 -8 %, o comparándolo con otros países como Inglaterra
que llega al 10 %.


El único cambio desarrollado para el cálculo de la rentabilidad de proyectos públicos se ha producido con el artículo 56 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,



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Transformación y Resiliencia, que el sector privado continúa viendo insuficiente para la reactivación de los proyectos Colaboración Público Privada.


Por otro lado, la compra pública innovadora (CPI), sigue siendo un mecanismo que se ha desarrollado en contados casos en España, y que debería ser punta de lanza de la colaboración público-privada.


Poseemos un tejido empresarial privado en España con una experiencia incomparable en el desarrollo de grandes infraestructuras y muestra de ello son los múltiples proyectos que hay en marcha dentro y fuera de nuestro país. Lo único que
falta es un marco específico para llevarlos adelante y promover acciones para que se puedan acometer estas inversiones necesarias para la recuperación económica de España.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un plan de impulso a la colaboración público privada a través de:


- Modificar el artículo 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española con el fin de mejorar el instrumento de deuda de referencia, así como el
diferencial utilizado para el actual cálculo de la tasa de descuento para incrementar dicha tasa permitiendo obtener una rentabilidad razonable al sector privado.


- Estudiar el incremento del plazo de recuperación de las inversiones de gran envergadura en el marco de los contratos de concesión.


- Desarrollar de un plan de formación interadministrativa en el ámbito de la Colaboración Público Privada así como la revisión y agilización de los procedimientos necesarios para articular los protectores de Colaboración Público Privada.


- Desarrollar una base de datos publica de buenas prácticas y proyectos de compra Pública Innovadora.


- Desarrollo de mecanismos Colaboración Público Privada de forma que disminuyan la deuda de las Administraciones Públicas, y que su transferencia a las entidades privadas suponga una dinamización de la economía.


- Establecer garantías de demanda para favorecer la financiación privada de los proyectos, con márgenes razonables y con un impacto aceptable en la tarifa final de los servicios.


- Promover instrumentos que permitan esquemas de proyectos incluyendo Ingeniería, Construcción, Financiación y Operación, de forma que se promuevan infraestructuras preparadas para una óptima operación posterior.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Mario Garcés Sanagustín, Elena Castillo López, Andrés Lorite Lorite, Ana María Zurita Expósito, María Soledad Cruz-Guzmán García, Celso Luis Delgado Arce, Paloma Gázquez Collado,
Macarena Montesinos de Miguel y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/004320


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la línea
ferroviaria Ferrol-A Coruña, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El pasado 21 de diciembre Galicia vivió como un gran acontecimiento la puesta en marcha del AVE desde Madrid a la ciudad de Ourense, después de dos décadas de obras y de continuados retrasos y un largo camino de reivindicaciones políticas y
sociales para la consecución de esta infraestructura tan



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necesaria para una comunidad cuya distancia hasta la capital del país es la distancia más larga que se puede realizar en la península ibérica.


Sin embargo, los vecinos de otras zonas de Galicia, especialmente en las provincias de A Coruña y Lugo, se encuentran asombrados por el contraste entre la modernización del ferrocarril en esa línea y el estado de abandono en el que se
encuentra el ferrocarril que les da servicio.


Especialmente preocupante es la situación al norte de la ciudad de A Coruña. El servicio que se presta hacia Betanzos y Ferrol es más propio del siglo XIX que de la segunda década del siglo XXI, en la que nos encontramos.


La línea ferroviaria A Coruña-Ferrol consta de dos tramos, el primero hasta Betanzos-Infesta, de 26 kms, y el segundo de Betanzos-lnfesta a Ferrol, de 42,8 kilómetros, ambas con ancho de vía ibérico, con una muy baja velocidad máxima de
circulación y sin electrificación.


Mientras que el tiempo de viaje para recorrer los 500 kilómetros entre Ourense y Madrid se reduce a dos horas y quince minutos, siguen necesitándose una hora y veinte minutos para salvar los 60 kilómetros que separan Ferrol de A Coruña,
aproximadamente el doble de lo que lleva hacer ese mismo recorrido en vehículo particular, y mucho más que el viaje en autobús, incluso tres veces más tiempo que desplazarse entre Coruña y Santiago de Compostela. Es evidente que estos tiempos de
servicio no resultan ni atractivos ni eficaces para los viajeros, lo que redunda en una baja demanda, una de las razones aducidas para no acometer ninguna actuación.


Desde hace años, tanto el tejido social como el empresarial de la provincia reclama la mejora de las comunicaciones ferroviarias de las comarcas de Ferrolterra, Eume, Betanzos y A Coruña, ya que, si no se consigue esa mejora, no se podrá
completar el Eje Atlántico de Alta Velocidad ni el Corredor Atlántico de Mercancías.


La Xunta de Galicia, a pesar de ser las competencias ferroviarias un asunto exclusivo del gobierno central elaboró en 2018 un estudio sobre las necesidades de actuación para la modernización y mejora de la línea entre Ferrol y A Coruña.
Planteaba al gobierno central una inversión inicial de 150 millones de euros, con el objetivo de reducir el tiempo de desplazamiento entre una y otra ciudad a 50 minutos. El senador Ángel Mato preguntó oficialmente al gobierno tiempos, plazos y
presupuestos, si bien retiró la pregunta cuando su partido, el PSOE, sacó adelante la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, en junio de 2018.


Igual que sucedió con la autopista, que llegó con 20 años de retraso, la conexión ferroviaria o más bien la inexistencia de una adecuada conexión, supone un lastre para el desarrollo económico, de empleo y social del norte de la provincia,
en un momento en que se hacen imprescindibles para que la recuperación global después de la pandemia de COVID-19 sea una realidad.


En los últimos tres años el gobierno central no realizó ninguna inversión encaminada a modernizar la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 únicamente se contemplan 17.000
euros para avanzar en el estudio del bypass de Betanzos-lnfesta, a todas luces insuficiente para lograr ninguna mejora significativa.


La lamentable situación de la infraestructura ferroviaria entre Ferrol y A Coruña se vio agravada con el deterioro continuo de la oferta de servicios por parte de RENFE, amparada por la pandemia, y que no se ha visto recuperada al darse por
terminada ésta: no se han recuperado ni siquiera a día de hoy los servicios que existían antes de marzo de 2020. El PSdeG, a través de su secretario general, Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes de García Rodríguez y presidente de la
Diputación de A Coruña y por tanto buen conocedor de la situación, ha apuntado la necesidad de 'concienciar' al Estado sobre la necesidad de mejorar el tren Ferrol-A Coruña, en lugar de exigir una planificación concreta de las obras y los
presupuestos necesarios para ponerlas en marcha. Es una muestra de la nula importancia que otorga a este problema o, en su defecto, de su convicción de que el gobierno central no va a prestar atención a estas demandas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Convocar en el plazo máximo de dos meses una reunión con la Xunta de Galicia para la presentación de una planificación concreta y completa, a corto y medio plazo, que tenga por objeto la



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modernización de la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, ofreciendo un tiempo de viaje competitivo que complete el Eje Atlántico de Alta Velocidad y el Corredor de Mercancías.


2. Incorporaren los presupuestos generales del Estado para 2023 el proyecto de modernización del ferrocarril Ferrol-A Coruña y el importe necesario para la licitación de las obras del bypass Betanzos-lnfesta como primera actuación para la
mejora de las comunicaciones ferroviarias en estas comarcas.


3. Demandar a RENFE la restitución completa de la oferta de servicios ferroviarios suprimidos por razón de la pandemia, completando un conjunto de frecuencias y horarios suficientes para atender las necesidades de movilidad de los vecinos
de estas comarcas y para aumentar su utilización.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez y María Valentina Martínez Ferrero, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004321


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para combatir la
segregación escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


Un informe elaborado por 'Save the Children y EsadeEcPol' de abril de 2021 apuntaba que España es el tercer país de la OCDE con más segregación escolar, solo por detrás de Turquía y Lituania. La Comisión Europea, el Comité de los Derechos
del Niño de la ONU ya han avisado a España de que debe revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país y en los que 9 de cada 10 son públicos, según el estudio Magnitud de la
segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Las cifras desvelan la magnitud del problema que hay en España con la segregación escolar, que se repite curso tras curso
privando a cada alumno y alumna que lo sufre de un futuro en igualdad de oportunidades en un sistema en el que la educación debe ser un elemento cohesionador, un bien común y una herramienta de construcción social. La escuela pública y de calidad.


La segregación escolar influye directamente en el fracaso del alumnado porque profundiza y empeora todavía más las desigualdades derivadas de las condiciones socioeconómicas. El indicador ISEC (Índice Socioeconómico y Cultural) muestra que
existe una diferencia de 82 puntos entre el alumnado de familias con un nivel socioeconómico alto y el alumnado de familias con un nivel socioeconómico bajo. Esto equivale a una diferencia de dos años de escolarización. El alumnado de familia con
un indicador socioeconómico y cultural bajo tiene hasta seis veces más riesgo de obtener un rendimiento educativo bajo. Los indicadores socioeconómicos son el principal factor que determina el abandono escolar, cuya tasa se situó en 2021 en un
13,3% en España, frente al 9,7% de media europea.


El alumnado con peores condiciones socioeconómicas ya tiene que derribar una muralla que otros ni ven. Si a ello se suma, además, un entorno poco diverso, la igualdad de oportunidades se esfuma rápidamente. Se trata de una problemática
grave, arrastrada o bien por falta de contundencia en el abordaje de las soluciones o bien por la absoluta ausencia de políticas que impliquen la mejora del sistema educativo, como el aumento de inversión: ahora mismo, sigue siendo inferior a la
que hacen otros países europeos y de la OCDE (5% del PIB en España frente al 5,6% que destinan los países de la OCDE). Son datos que contrastan profundamente con ejemplos como el finlandés, donde un 98% de los alumnos están matriculados en escuelas
públicas, donde el modelo del concierto educativo no existe y donde se destina un 6,9% del PIB, según datos del Instituto de Estadística de la Unesco de 2015 y 2016. En Finlandia han conseguido un financiamiento educativo adecuado, un diseño óptimo
de sus planes educativos y un aprovechamiento de los recursos, hechos relacionados con sus buenos resultados en los



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informes PISA año tras año sin tener la inversión en educación más alta de la UE, aunque claramente superior a la inversión española.


El informe de 'Save the Children y EsadeEcPol' antes citado recoge un dato interesante: la segregación también viene condicionada por las políticas educativas que alimentan el desequilibrio, como la oferta de la escuela concertada que cobra
cuotas a las familias. Cabe recordar que la finalidad de la concertación de centros en España era convertirse en una herramienta para garantizar la escolarización obligatoria allá donde no llegase la escuela pública. Entendida la educación como un
derecho colectivo de construcción social, la concertación servía de manera transitoria mientras se iba fortaleciendo y construyendo la escuela pública. Este modelo temporal se ha ido pervirtiendo y se ha convertido en un sistema de escuela pública,
privada y concertada inamovible, usando el pretexto tergiversado de la libertad de elección del centro educativo. Las cuotas de las escuelas concertadas rompen con el derecho a la educación, que es 'obligatoria y gratuita', y que queda reflejado en
el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que establece que 'el régimen de conciertos que se establece en el presente Título implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de
impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos'. No cumplir con ello implica un factor de desigualdad, así como una ilegalidad.


Es preciso recordar que la segregación no es un elemento nuevo en el debate de esta cámara, ya que a fecha de 5 de julio de 2021 se aprobó, en la Comisión de Educación y Formación Profesional, una Proposición no de ley para instar al
Gobierno a impulsar un grupo de trabajo que realizara un plan contra la segregación escolar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Esta iniciativa fue impulsada por el Partido Socialista, con un resultado de 20 votos a favor, 14 en
contra y una abstención. Además de dicho plan, la Comisión de Educación y Formación Profesional instó a realizar un análisis de la situación.


El 18 de marzo de 2019 se firmó en el Parlament de Catalunya el 'Pacte contra la segregació escolar', impulsado por el Síndic de Greuges en colaboración con el Departament d'Educació y suscrito por más de un centenar de ayuntamientos,
miembros de la comunidad educativa y diputados y diputadas. La valoración que hace el Síndic, mediante un informe publicado este año, es que en estos tres años el pacto se está cumpliendo, pero de manera lenta, la reducción de la segregación desde
2019 (un 10%) es poco significativa y se hace de manera desigual entre los municipios. Entre las 30 actuaciones y 189 medidas propuestas por el Síndic se encuentran la concreción de una proporción máxima de alumnos con necesidades educativas
específicas para centros de una misma zona, la limitación de la escolarización de matrícula viva en centros de alta complejidad o la creación de una oficina virtual de escolarización, además de un nuevo decreto de admisión de alumnos para el curso
siguiente a la firma. El Síndic, por su parte, se comprometía a realizar un informe bianual de balance y de análisis de las actuaciones desarrolladas, así como la actualización del diagnóstico sobre los niveles de segregación escolar del sistema
por medio de indicadores cualitativos y cuantitativos. El seguimiento que realiza el Síndic y el catálogo de medidas para disminuir la segregación se convierte en un buen indicador para constatar si se está haciendo el trabajo desde todos los
frentes implicados.


Por otro lado, la Fundación Bofill presentó en el mes de mayo el estudio 'La sobreoferta educativa en Catalunya,' 2022, en el que aconsejan cerrar grupos de manera selectiva, especialmente en las escuelas concertadas, ya que 'actualmente la
escuela concertada no se encuentra bajo las mismas normas que la pública porque, con la normativa actual, reduce la oferta solo por voluntad. Y la escuela pública no puede asumir todo el peso de las medidas de reducción de la oferta, que serán
ineludibles en los próximos cursos a causa de la bajada demográfica'. 'La corresponsabilidad de las escuelas no puede ser una elección, es un deber y se debe exigir también a la red concertada', explican en el informe, que receta la programación de
la oferta como la primera medida para luchar contra la segregación escolar, y en la que especifican que hace falta 'disminuir una red concertada excesiva'.


En definitiva, se constata un problema grave, urgente y complejo al que las administraciones educativas deben dar respuesta de manera contundente, ya no solo conforme a la misma legalidad y al cumplimiento de derechos, sino en defensa de
nuestro modelo educativo como servicio público, muchas veces ensalzado por todo el arco ideológico pero también denostado tanto por los intentos de privatización como por la falta de inversión continuada y la timidez de algunas reformas que podrían
ser mucho más ambiciosas. No será jamás un servicio público ni se cumplirá con los derechos si no se garantiza que situaciones como la segregación no tengan cabida en ninguno de nuestros centros.



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Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar, en colaboración con las administraciones educativas, un diagnóstico y un plan de actuaciones para combatir la segregación escolar, como establecer una proporción máxima de alumnos con necesidades educativas específicas para
todos los centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos, así como limitar la escolarización de matrícula viva en centros de alta complejidad.


2. Consensuar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, otras medidas que deben impulsar las administraciones educativas competentes con el fin de combatir la segregación escolar.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/004325


A la Mesa de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


A instancia del diputado de CUP-PR, Albert Botran i Pahissa, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley
sobre el sector del metal en la Bahía de Cádiz para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


La huelga del sector del metal en Cádiz de noviembre del 2021 terminó con un acuerdo de CCOO y UGT con la patronal relativo al convenio. Un acuerdo que se dio de espaldas a los trabajadores y que no da respuesta a la crisis estructural del
sector. Con anterioridad, la gran mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso aprobaron una PNL en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del 15 de diciembre de 2020 que constataba esta crisis estructural y por eso se adoptaron los
acuerdos de dotar de carga de trabajo a la industria del metal, declararla como estratégica, así como intensificar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para garantizar los derechos de los trabajadores. También instaba a respetar las bolsas
de trabajo con criterios objetivos; a la reducción de la subcontratación (que alcanza un 80% del total de la actividad de empresas públicas como Navantia). La iniciativa también instaba a que el Estado contase con los astilleros gaditanos para el
impulso de la transición ecológica de la economía y del sistema energético. Y, por último, pedía una auditoría externa para identificar el origen de las decisiones que han tenido como consecuencia la 'merma de las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras de empresas del metal' de titularidad pública: Airbus, Alestis y Navantia, dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).


Sin embargo, en el año y medio transcurrido desde la aprobación de esta PNL, no hemos visto ningún paso en la dirección de lo acordado. Siendo el Estado propietario de estas empresas, su responsabilidad y su capacidad es mucho mayor para
terminar con las subcontrataciones o, como mínimo, para exigir en los pliegues de condiciones que se respete el convenio. Y también podría incidir a través de la Inspección de Trabajo para estos incumplimientos del convenio, como los casos de
cesión ilegal de trabajadores y para jornadas laborales de 12 horas.


Otra problemática es la reparación de barcos a cargo de trabajadores alojados en otros barcos anclados en el mismo puerto y con bandera de conveniencia y, por tanto, con unas condiciones de trabajo aún peores. Es el caso del barco Carnival
Victory que el mes de agosto de 2021 terminaba su reconversión integral y que había sido realizada con trabajadores alojados en el Carnival Sunshine.


Los accidentes, seis en los últimos cinco años, algunos de los cuales mortales, son otra preocupación de los trabajadores del sector. El último, en abril del presente año: Eduardo, de sesenta y dos años,



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trabajador de SIASA y residente en Puerto Real, murió mientras trabajaba en la canasta después de ser golpeado por una grúa de los Astilleros.


Finalmente, es necesaria una d¡versificación productiva, se deberían construir y reparar embarcaciones civiles que sean de carga, pesca o de salvataje y que den cumplimiento a otras PNL de 2017 y 2021 que prohíben la venta de armas a Arabia
Saudí, poniendo fin a construcciones como las de las fragatas. Y para orientar la industria a la transición ecológica, se debe invertir en l+D para una movilidad sostenible y al servicio de las necesidades sociales.


Así pues, teniendo en cuenta los aspectos mencionados, los grupos parlamentarios firmantes, presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Promover, a través del Plan de Empleo de NAVANTIA, la subrogación de los trabajadores de las empresas colaboradoras de Navantia.


- Rescindir los contratos con aquellas empresas colaboradoras de Navantia que no estén cumpliendo con el convenio colectivo que les sea de aplicación, así como con los estándares de NAVANTIA en materia de seguridad y salud laboral y medio
ambiente. Incorporar, a través de la subrogación, a la plantilla de NAVANTIA a los trabajadores de estas empresas colaboradoras.


- Hacer una auditoría externa a NAVANTIA.


- Presentar un informe de las labores de Inspección de Trabajo realizadas en el ámbito de la subcontratación. Esclarecimiento de todas las muertes ocurridas por accidente de trabajo.


- Investigar y denunciar el uso de trabajadores alojados en barcos con bandera de conveniencia, para evitar la normativa laboral, para la reparación de otros barcos.


- Promover la desaparición de las listas negras que impiden trabajar por el mero hecho de ser trabajadores reivindicativos.


- Presentar un Plan de reindustrialización de la Bahía de Cádiz.


- Promover cargas de trabajo estables.


- Promover bolsas de trabajo controladas por los trabajadores y trabajadoras.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2022.-Albert Botran Pahissa, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/004314


A la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad,
la siguiente Proposición no de Ley sobre el aprovechamiento del Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), dependiente del Imserso.


Exposición de motivos


En la localidad asturiana de Langreo, incorporado a su Red de Centros de Referencia Estatal (CRE), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) dispone de un complejo sociosanitario para la atención de personas con Discapacidades
Neurológicas (Credine).


Tras numerosísimas incidencias y vicisitudes durante su construcción, iniciada en 2009 y concluida más de diez años después tras suspensiones de pago de las empresas constructoras, paralización de las obras y sobrecostes de por medio, el
Credine entró parcialmente en servicio a finales del pasado mes de



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mayo de 2022. Previamente, en las primeras oleadas de la pandemia iniciada en 2020, sus instalaciones fueron reconvertidas temporalmente para la atención y hospitalización de pacientes COVID-19 positivos.


Denominado irregularmente durante años como Centro 'Stephen Hawking', el proyecto inicial fue calificado por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera Sánchez-Capitán, como 'uno de los más avanzados del mundo'. Ahora
cualquier parecido con los objetivos planteados son mera coincidencia: no existe previsión alguna para hacer operativas las plazas de atención residencial para lesionados medulares (20), para pacientes con daños cerebrales (20) y para
discapacitados neurológicos (20). Tampoco las treinta plazas de su centro de día tienen expectativas de ser aprovechadas y de hecho tras su apertura solo se atiende a tres usuarios si bien parece que hay previsiones para ir ampliándolo
paulatinamente.


En relación con la faceta investigadora, otro de los factores clave en el proyecto inicial del Credine, el Imserso la ha limitado a dos proyectos piloto de escasa entidad; nada que ver con los grandes objetivos para los que se acometió un
proyecto nacido por el impulso de la sociedad civil asturiana que promovió el equipamiento a través de una plataforma ciudadana que realizó multitud de actos y varias manifestaciones multitudinarias para reclamar la construcción del complejo
sociosanitario.


De la dotación de personal (inicialmente estimada entre 135-180 empleos directos) apenas se ha contratado una pequeñísima parte. Estos días se ha conocido que la directora del Credine, nombrada por el sistema de libre designación el 8 de
octubre de 2019 a raíz de la pandemia de COVID-19, va a ser cesada.


Por otra parte, el Gobierno de España y el autonómico han sido incapaces de resolver eficazmente los acuerdos y protocolos que desde 2007 suscribieron para la correcta ejecución de las obras, así como la colaboración para que el Credine
alcance tanto su plena operatividad como los objetivos para los que fue concebido y construido. La Comisión de Seguimiento creada durante la ejecución de las obras tampoco cumplió con el cometido para la que fue constituida.


Por lo expuesto, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad la siguiente


Proposición no de Ley


'En relación con el Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), dependiente del Imserso, ubicado en la localidad asturiana de Langreo, la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad insta al Gobierno a:


1. Aprovechar en su totalidad y sin dilación las instalaciones del complejo sociosanitario y, en consecuencia, hacer operativas las noventa plazas de las que dispone el Credine:


- Sesenta plazas (60) en régimen residencial.


- Treinta plazas (30) en el centro de día.


2. Dotar al Credine del personal y medios adecuados para la correcta atención de los pacientes y usuarios, tomando como referencia las estimaciones del proyecto inicial en las que se cifraba la creación de empleo directo para 135-180
trabajadores.


3. Incluir entre las finalidades del Credine las tareas de investigación científica sobre enfermedades medulares, así como las relacionadas con la formación y el estudio de las mismas, con especial dedicación a la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), al objeto de reforzar la calidad de la atención y de los recursos disponibles en España.


4. Convocar al Gobierno autonómico del Principado de Asturias para formalizar los acuerdos necesarios de cara a obtener el máximo rendimiento de la inversión realizada en el Credine y la mejor atención de las personas con discapacidades
neurológicas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2022.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/004324


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las consecuencias de la división
de Denominación de Origen Calificada Rioja, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Rioja Alavesa es la zona de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja que se extiende en poco más de 300 kilómetros cuadrados del sur de la provincia de Álava, en la orilla norte del río Ebro. En el mes de julio de 2016, la
Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) hacía pública la intención de promover, por parte de algunos de sus miembros, la creación de una Denominación de Origen Protegida (DOP) nueva, denominada 'Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava'. Esta
decisión suponía desvincularse totalmente de la marca tradicional de la DOCa Rioja, quizás la más reconocida internacionalmente de entre las denominaciones españolas, y superponer dos DO sobre un mismo territorio, sin justificación técnica alguna,
ni varietal, ni respecto a las características del terreno, ni respecto al producto resultante y sin que exista, ni en el mercado ni entre los consumidores, un reconocimiento del término 'vino de Álava', ya que esos vinos en el mercado son
valorados, reconocidos y demandados como vinos de la Rioja alavesa.


El Consejo Regulador de la DOCa Rioja consiguió, mediante un acuerdo adoptado en 2017, paralizar la amenaza de ruptura con la aprobación del desarrollo de los vinos de zona, entre otras medidas. Los promotores de la nueva DOP se
comprometieron por escrito a dejar en suspenso la tramitación de la denominación de origen durante dos años. Los movimientos para provocar la escisión continuaron por diversas vías y antes de que se cumpliera el plazo de dos años, se había
reactivado la solicitud.


Así, con fecha 28 de enero de 2020 fue publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' la Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco para dar publicidad a la solicitud de protección
e inscripción de la DOP 'Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava', iniciando así el procedimiento nacional de oposición.


En el procedimiento administrativo, diversas entidades han manifestado su oposición a la creación de la nueva DOP. Entre ellas, la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC), 'ARAG-ASAJA', la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja, la
Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 'Rías Baixas', el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) 'Rioja', el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida 'Jumilla', el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 'Ribera del Duero', la Federación de Cooperativas Agrarias de la Rioja (FECOAR), la Federación Española del Vino (FEV), el Grupo de Empresas Vinícolas de
Rioja (Grupo Rioja), la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (Oipvr), don Salvador Velilla Córdoba, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Rioja (UAGR), la Unión de Cooperativas
Agroalimentarias de Navarra (UCAN) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Rioja (UPA-Rioja).


Entre las alegaciones que se presentaron cabe destacar que la iniciativa no cumpliría 'con lo prescrito respecto a la delimitación de la zona geográfica, al no existir diferenciación entre los vinos que se pretenden proteger con la DO
Viñedos de Álava y los vinos que están siendo protegidos por la DOCa Rioja, negando igualmente el vínculo con la zona geográfica, con los factores naturales y humanos inherentes, advirtiendo que no existe singularidad ni diferencia alguna en cuanto
a las características climáticas, edáficas o varietales entre la Denominación de Origen solicitada y la comarca denominada Rioja Alavesa, entidad geográfica menor de la Denominación de Origen calificada 'Rioja' puesto que son absolutamente
coincidentes.'


Sin embargo, el pasado 25 de marzo de 2021, el 'Boletín Oficial del País Vasco' publicaba la Resolución de 10 de marzo de 2021, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se emite decisión favorable a la solicitud de
protección e inscripción de la Denominación de Origen Protegida 'Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava', rechazando todos los argumentos de oposición e instando al



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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la transmisión de la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la Comisión Europea.


El Ministerio, dando por cerrado el procedimiento nacional y pese a la existencia de un recurso ante la justicia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada de Rioja, ha remitido a la Comisión Europea la solicitud de los
impulsores del proyecto.


Esta decisión está enfrentando a bodegueros y productores de la zona, repercutirá gravemente en la imagen internacional de la DOCa Rioja y tendrá consecuencias económicas en la primera DO Calificada de España, creada en 1991, que produce
entre 280 y 300 millones de litros anuales (270,90 en 2019), abarca 144 términos municipales de tres CC. AA.; 118 son de La Rioja, 18 de Álava y 8 de Navarra, con 574 bodegas embotelladoras y 449 bodegas criadoras. Además, atenta contra la
integridad de la denominación de origen, pues 'hacer una escisión de algo que ya existe no puede ser una denominación nueva', como ponía de manifiesto el presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Posicionarse claramente en contra de la propuesta planteada por el Gobierno Vasco de crear la Denominación de Origen Protegida Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava ante el perjuicio que esta decisión supone para la principal DO vínica del
país, la DOCa, Rioja manifestado por todo el sector vitivinícola español.


2. Colaborar con las instituciones europeas aportando los informes necesarios para que se pueda cuantificar el perjuicio que esta nueva DO puede suponer para el sector vitivinícola en España en general y en la DO Rioja en particular.


3. Realizar las gestiones oportunas para que la Denominación de Origen Calificada Rioja no pierda el carácter de unidad que tiene en este momento.


4. Promover ante la Comisión Europea el aplazamiento de la publicación en el Diario Oficial de la UE de la autorización transitoria de uso, en relación con la tramitación de la DO Viñedos de Álava, cuando menos hasta que los procedimientos
judiciales pendientes de sentencia estén resueltos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Marta González Vázquez, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín,
Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/004319


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la digitalización del
sistema nacional de salud y la inclusión de los servicios de farmacia digital en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


El Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Modernización de las administraciones públicas, contempla en su inversión 3 la transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública y de las Administraciones de las CCAA y las Entidades Locales, así como el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de



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Salud y la creación de un 'data lake' sanitario, que recoja la información de los sistemas de información para la mejora del diagnóstico y el tratamiento, la identificación de factores de riesgo, análisis de tendencias y predicciones de
amenazas sanitarias, entre otros objetivos.


La mejora y modernización del sistema sanitario público español era y es una necesidad evidente, compartida por muchos otros Estados miembros de la UE. Por ese motivo la Comisión Europea puso en marcha el programa EU4Health, creado por el
Reglamento (UE) 2021/522, como respuesta a la COVID-19, con el objetivo de financiar proyectos en el ese ámbito,


La UE prevé así, para los próximos años una inversión de 5300 millones de euros para reforzar los sistemas sanitarios de los Estados miembros e impulsar una mayor interoperabilidad entre ellos mediante la implementación de las herramientas y
los servicios digitales y la transformación digital de la asistencia sanitaria.


La Estrategia de Salud Digital, elaborada por el Ministerio de Sanidad, supone un paso importante de cara al refuerzo del sistema sanitario español, no obstante, el proceso de transformación digital debería abarcar el conjunto de los
recursos técnicos, económicos y humanos del sistema sanitario y no únicamente los del sistema público y, entre esos recursos deben contarse la farmacia comunitaria y las entidades autorizadas y empresas de distribución cooperativas farmacéuticas de
medicamentos y productos sanitarios.


La red de farmacias comunitarias española es, sin duda alguna, una de las mejor cohesionadas de Europa, como se ha demostrado a lo largo de los casi dos años de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. La oficina de farmacia, y las
estructuras logísticas de las entidades autorizadas y empresas de distribución cooperativas farmacéuticas de medicamentos y productos sanitarios, han sido decisivas en los momentos más duros de la pandemia, tanto mediante el asesoramiento personal
en las oficinas físicas de farmacia como a través de los canales telemáticos y la asistencia domiciliaria. Las farmacias comunitarias han demostrado su capacidad para colaborar en la dispensación de medicamentos de dispensación hospitalaria y han
garantizado, apoyadas por un sistema de distribución que alcanza todos los rincones de la geografía, el acceso a los medicamentos y los productos sanitarios que precisaba la población.


Pero, si bien la emergencia sanitaria ha resaltado su importancia, lo cierto es que la atención farmacéutica y la distribución de los medicamentos y productos sanitarios han sido y son, en todo momento, piezas clave del Sistema Nacional de
Salud y, por tanto, así deberían ser tratadas en todas las normas que afecten a la transformación y el refuerzo del mismo.


Por ello, resulta cuando menos sorprendente que la Estrategia de Salud Digital no considere la red de farmacias comunitarias ni a las empresas de distribución cooperativas farmacéuticas de medicamentos y productos sanitarios como piezas
fundamentales y estratégicas del sistema sanitario, por su contacto diario con los gestores del sistema, pero, sobre todo, con los ciudadanos.


Teniendo en cuenta que la transformación digital, además de nuevas infraestructuras tecnológicas y formación, requiere una nueva definición de criterios y pautas comunes para todo el sistema sanitario en materia de gestión y tratamiento de
datos, las oficinas de farmacia, con más de dos millones de visitas, poseen un potencial informativo de enorme valor a efectos de salud pública, uso racional de los medicamentos, grado de adherencia a los tratamientos, fármaco-vigilancia y
teleasistencia. A ello se une el intercambio fluido de información entre oficina de farmacia y las empresas de distribución de medicamentos y productos sanitarios; un flujo de información que tiene especial relevancia a la hora de recabar datos
sobre el comportamiento sanitario de la población en zonas rurales y poco pobladas donde el envejecimiento demográfico lleva asociado un mayor número de pacientes crónicos o polimedicados. Por ello, resulta indispensable incluir tanto a la farmacia
como a las empresas de distribución de medicamentos en una red intercomunicada y reforzada entre todos los establecimientos y los centros sanitarios.


Por otra parte, y al margen de su capacidad en la recopilación de datos, la farmacia física, ayudada por los nuevos avances tecnológicos, está ampliando día a día sus servicios a los ciudadanos, más allá de la función dispensadora de
medicamentos y productos sanitarios. La dispensación y la atención domiciliaria, unida a servicios asistenciales, tanto presenciales como a través de canales telemáticos, no solo evitan desplazamientos innecesarios a los centros de atención
primaria u hospitalarios, sino que ayuda a reducir la presión asistencial en los mismos, hecho que se ha visto claramente reflejado durante la pandemia de la COVID-19.


Es por ello que también resulta imprescindible incluir en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud los diversos servicios farmacéuticos. Labores como la prevención, la educación para la salud, la resolución de consultas
de síntomas menores, o la dispensación con entrega informada de medicamentos a domicilio, son fundamentales para apoyar el sistema sanitario público y garantizar la equidad del sistema.



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Finalmente, cabe destacar que en una sociedad cada vez más envejecida, la asistencia farmacéutica y la salud digitales pueden presentar desafíos, y es preciso un trabajo de análisis previo que evalúe los riesgos que comporta su implantación
para los ciudadanos. Al implementarlas, debe tenerse en consideración que son precisamente las personas mayores, en muchos casos con enfermedades crónicas y polimedicadas, las que realizan un menor uso de las herramientas digitales y que en nuestra
sociedad todavía existe una importante brecha digital, por motivos geográficos, económicos y generacionales, que provoca que no todos los ciudadanos tengan el mismo acceso o están lo suficientemente familiarizados con esas herramientas digitales.


Sin duda alguna la digitalización del Sistema Sanitario es indispensable, pero esta digitalización solo será equitativa si no se deja a nadie atrás. Por ello, es preciso encontrar un equilibrio que permita la convivencia del modelo digital
y el modelo físico, así como democratizar el acceso de todos los ciudadanos a la tecnología.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incluir los servicios digitales de la farmacia en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), implicándola así en la asistencia, atención sanitaria y en el apoyo a las prestaciones en salud pública para:


a) mejorar la atención farmacéutica, el acceso al medicamento y los productos sanitarios, y la fármaco-vigilancia,


b) promover el uso racional de los medicamentos y el control de la adherencia a los tratamientos,


c) e impulsar la teleasistencia farmacéutica.


Especialmente en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables, de los residentes en zonas rurales y/o en riesgo de despoblación, de las personas con escasa movilidad y de los pacientes crónicos y/o polimedicados.


2. Contar con la Red de farmacias comunitarias y con entidades autorizadas y empresas autorizadas de distribución de medicamentos y productos sanitarios en la creación de un espacio nacional de datos sanitarios, coordinado entre el
Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.


3. Colaborar con las Comunidades Autónomas para impulsar las medidas regulatorias necesarias para crear un sistema de alertas nacional donde el personal sanitario, incluidos los farmacéuticos con oficina de farmacia comunitaria, así como
las empresas de distribución de medicamentos y productos sanitarios autorizadas viertan datos para detección de posibles amenazas sanitarias en beneficio de la salud pública.


4. Integrar la red de farmacias comunitarias en la Estrategia de Salud Digital impulsada por el Gobierno a través de la nueva Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, poniendo en valor la atención presencial y
el asesoramiento sobre el uso racional de los medicamentos como complementos básicos para evitar el aislamiento de colectivos con acceso restringido a las herramientas digitales o con dificultades en su manejo.


5. Paralelamente a la implantación de la Estrategia de Salud Digital, tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las herramientas digitales, luchar para reducir la brecha digital e impulsar la cobertura
de las redes de acceso de banda ancha y de la tecnología 5G para que llegue a toda la población. Estas medidas deben prestar una especial atención a las personas mayores, a personas en situaciones de vulnerabilidad económica y a personas con
discapacidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Carmen Riolobos Regadera, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián, Juan Luis Pedreño Molina, Miguel Ángel Castellón Rubio y Pedro Navarro
López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Sanidad y Consumo


161/004323


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al trastorno del espectro
autista, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso (neurodesarrollo) y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación y en la
interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de quien lo presenta. Tiene características nucleares propias y definitorias. Esta especificidad del TEA se pone de manifiesto en la última versión de los sistemas de
clasificación internacionales de salud, incluyendo los relativos a la salud mental, que han modificado la denominación de la categoría diagnóstica, sustituyendo 'trastorno generalizado del desarrollo' por 'trastorno del espectro del autismo'.


En la actualidad se contabilizan más de 450.000 personas con TEA en España, lo que supone casi un millón y medio de personas vinculadas a este tipo de trastorno si tenemos en cuenta el impacto que produce en sus familias.


Las personas con TEA tienen una serie de necesidades específicas que es preciso tener en cuenta a la hora de promover una atención específica e integral a su salud. Para ello, es imprescindible impulsar la elaboración y generalización de
procesos de atención sanitaria integrales para personas con TEA, que promuevan una atención ajustada a sus necesidades, facilitando la adaptación de la atención médica y las condiciones en las que esta se presta.


Las personas con TEA, en general, presentan un peor estado de salud que aquellas que no tienen esta condición. Son frecuentes algunos trastornos crónicos de salud, como la epilepsia, trastornos del sueño, dermatitis, enfermedades
intestinales o sobrepeso. Estos problemas parecen incrementarse con la edad, en una proporción mayor que en la población general, experimentando un deterioro precoz y evidente a partir de los 40 años y un mayor riesgo de fallecimiento prematuro.
El suicidio es la segunda causa más probable de mortalidad prematura entre las personas con autismo. Hasta un 66% de las personas con TEA sin discapacidad intelectual refieren haber ideado, planeado o tratado de cometer suicidio alguna vez.


En todos estos aspectos, las mujeres con TEA se encuentran en una clara desventaja respecto a los hombres: sus diagnósticos son más tardíos, y por tanto el acceso a los servicios de apoyo especializados o a las prestaciones sociales se
retrasa, su salud es peor y su tasa de desempleo, más alta. También experimentan un mayor riesgo de verse expuestas a situaciones de doble discriminación, y de sufrir abusos y violencia. En general, las mujeres con TEA parecen tener un mayor
riesgo de experimentar alteraciones en la salud que los hombres con TEA. En el caso de vida adulta, entre las mujeres con TEA se detecta una alta coexistencia asociada a otras alteraciones relacionadas con la salud mental (trastornos de la
alimentación, trastornos de la personalidad, etcétera).


Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las familias y personas con TEA es el largo proceso que a menudo transitan desde la identificación de las primeras señales de alarma del TEA hasta la recepción de un diagnóstico formal.
Habitualmente, los primeros signos de alerta de este trastorno se detectan alrededor de los 12-18 meses de vida en el seno familiar o en contextos educativos. Muchas veces estas señales pasan desapercibidas o se minimiza su importancia, ocasionando
un retraso importante en el acceso al diagnóstico y a la intervención especializada. A pesar de que las señales de alerta se suelen identificar en los 2 primeros años de vida del niño o niña, la confirmación diagnóstica de TEA en España es
posterior a los 4 años de edad. Este retraso se agrava aún más en caso de las niñas, ya que sus dificultades sociales y comunicativas son menos evidentes, y pasan más desapercibidas.


En la actualidad existen protocolos de cribado internacionalmente consensuados dirigidos a los profesionales de atención primaria que facilitan la detección específica de las señales de alerta del TEA en las visitas de seguimiento pediátrico
de los 18 y 24 meses de edad. Estos protocolos, que incluyen la



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aplicación de un cuestionario breve y sencillo dirigido a las familias que detectan las posibles señales de alarma e identifican los indicadores precoces de sospecha del autismo y determinan la conveniencia de la derivación del niño o niña
para su posterior evaluación diagnóstica especializada. Sin embargo, en España no se han incorporado de manera específica estos protocolos en el seguimiento del desarrollo infantil que desarrollan los servicios de atención primaria. No existen
procedimientos homogéneos entre las comunidades autónomas para la detección de estas señales de alarma que indican que el niño/a puede presentar un TEA, y que hacen recomendable una valoración exhaustiva de su desarrollo para confirmarlo o
descartarlo.


La tasa de recurrencia de TEA entre hermanos se encuentra en torno a un 20%. Existen otros factores que también incrementan la vulnerabilidad al autismo, como la prematuridad o el bajo peso al nacer. Tampoco existe un protocolo consolidado
de detección y seguimiento del desarrollo de bebés con riesgo incrementado de presentar autismo. Sin embargo, un diagnóstico precoz es la clave para acceder cuanto antes a una atención temprana específica y especializada, que resulta esencial para
favorecer el desarrollo y la calidad de vida de los niños y niñas con autismo, al mismo tiempo que favorece el bienestar emocional de las familias.


La aparición progresiva y sutil de los síntomas del TEA provocan que su identificación y diagnóstico sean muchas veces tardíos o erróneos. Esto conlleva una derivación también tardía a los servicios de atención temprana y un retraso en la
intervención eficaz orientada a minimizar las dificultades y favorecer el desarrollo de los niños y las niñas con TEA.


Una de las principales dificultades a la hora de asegurar una atención temprana precoz y de calidad en España son las disparidades que se generan en la atención entre unas comunidades autónomas y otras, en función del desarrollo que de este
apartado pueda hacer cada una en el marco de su sistema correspondiente, a falta de una normativa marco de ámbito estatal.


Las personas con TEA conforman uno de los colectivos con mayores necesidades de apoyo en esta etapa del desarrollo. La evidencia indica que cuando los niños y niñas con TEA se identifican de forma precoz y reciben intervención intensiva
mejoran sus resultados a corto y largo plazo. El abordaje mediante atención temprana repercutirá significativamente en la calidad de vida de la persona y su familia en el futuro, mejorando sus niveles de autonomía y generando con ello un ahorro de
costes en su atención a corto y largo plazo.


Añadida a los problemas de detección y de atención temprana, existe una elevada prevalencia de problemas de salud mental que pueden aparecer junto al TEA en las distintas etapas de la vida. Los problemas de salud mental son
significativamente más frecuentes entre las personas con TEA que en el resto de la población. Diversos estudios apuntan que siete de cada diez personas con TEA presentan al menos un trastorno comórbido de salud mental a lo largo de su vida. Los
más frecuentes son los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad, que afectan en mayor medida a las personas con TEA mayores de 40 años.


En niños, niñas y adolescentes se han encontrado tasas de prevalencia de un 70% de trastornos mentales clínicamente diagnosticados. Entre ellos, los más frecuentes, son ansiedad, trastornos del estado de ánimo, el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH), los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos disruptivos o del control de impulsos.


Entre las personas con TEA sin discapacidad intelectual, el suicidio es la segunda causa más probable de muerte, solo después de los problemas de corazón. Tales datos encajan con la fuerte evidencia científica que afirma que las personas
con TEA tienen un mayor riesgo de experimentar condiciones asociadas que afectan a su salud mental, como depresión o ansiedad, afecciones neurológicas (especialmente epilepsia) y también otras cuestiones graves de salud, como diabetes y enfermedades
cardíacas. Las personas con TEA se enfrentan a menudo a grandes dificultades para imaginar los pensamientos y sentimientos de las demás personas, así como su propio futuro. Esto hace que les pueda resultar difícil encontrar alternativas que ayuden
a manejar su malestar emocional o a modificar las situaciones que lo originan, incrementando la desesperanza y la sensación de que nunca se sentirán mejor. Sin duda, esto son aspectos que inciden en el riesgo de buscar salidas inmediatas y
definitivas, como el suicidio.


Diferentes estudios apuntan a que la ideación suicida se presenta entre las mujeres con mayor frecuencia que en el caso de los hombres en el espectro, de tal manera que es tres veces más probable que ellas manifiesten la intención de cometer
suicidio que las mujeres sin autismo. Las niñas y mujeres con autismo pasan más desapercibidas en los procesos de detección y diagnóstico que los hombres. Son



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invisibilizadas e ignoradas con mayor frecuencia que ellos y muchas veces privadas de ayuda y apoyos especializados. Además, muchas mujeres con TEA manifiestan sentir un conflicto entre las características propias del TEA y la identidad
tradicionalmente entendida como femenina, un aspecto que indica el importante papel que el sistema de expectativas socioculturales de género juega en la vida de las mujeres con autismo. A menudo, ellas arrastran desde la infancia el peso del
'camuflaje' - el intento de esconder los rasgos de autismo para encajar mejor en la sociedad. Además de esto, el diagnóstico femenino es más tardío en promedio, un hecho que a menudo provoca malestar emocional y problemas de ansiedad que pueden
derivar en conductas de autolesión o ideación suicida.


Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar el cumplimiento del punto 2.2.10 del acuerdo de Gobierno firmado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, en cuanto al desarrollo de un sistema de atención temprana donde se incorporen herramientas de
detección precoz de los TEA en la vigilancia rutinaria del desarrollo infantil, realizando un especial seguimiento de los niños y niñas en situación de riesgo (por ejemplo, hermanos y hermanas de niños y niñas que ya cuenten con un diagnóstico de
TEA o personas con discapacidad intelectual).


2. Favorecer la detección temprana del TEA en los diferentes contextos vinculados al desarrollo infantil (sanitario, educativo, social), promoviendo la capacitación de los profesionales relacionados con estos contextos, realizando una
valoración especializada por un equipo multidisciplinar de profesionales con formación específica en TEA.


3. Impulsar un plan de atención temprana a nivel estatal que armonice la atención y la calidad en las intervenciones que se prestan desde este tipo de servicios, proporcionando una atención temprana, adaptada a las necesidades de los niños
y niñas con TEA y su familia, con equipos interdisciplinares que posean una formación específica para la atención integral a niños y niñas que presentan TEA. Dicho plan deberá reforzar la coordinación de los recursos de los sistemas y las
administraciones implicados.


4. Garantizar que el Plan de Acción que se desarrolle por medio de la Proposición de Ley General de Salud Mental, así como la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, considere a las personas con TEA un colectivo vulnerable, velando por su
bienestar emocional desde la infancia.


5. Tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la incorporación, en los protocolos de seguimiento médico y psicológico, de herramientas sencillas y adaptadas con enfoque de género que permitan identificar el riesgo de suicidio en
el caso de las personas con TEA. Estos protocolos deberán desarrollar metodologías eficaces de detección y prevención que contemplen la realidad de los niños, niñas y adolescentes con TEA, y de manera especial la de niñas y mujeres.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2022.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/004316


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la seguridad vial en la N-640 en el Concello de A Pontenova para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.



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Exposición de motivos


La N-640, la carretera que cruza el casco urbano de A Pontenova y comunica con la ciudad de Lugo capital, se sitúa entre las vías más peligrosas del Estado español atendiendo al número de accidentes de tráfico registrados y a la intensidad
media de circulación.


El tramo urbano de A Pontenova no cuenta con ninguna medida adicional para garantizar la seguridad vial. La velocidad máxima sigue estado señalada a 50 km/h, cuando según la normativa vigente debiera haberse modificado la señalización
vertical y horizontal para indicar que la velocidad máxima es de 30 km/h. Debe recordarse que el nuevo Reglamento de Circulación, aprobado el 10 de noviembre de 2020, establece el límite de velocidad a 30 km/h para las vías urbanas de sentido
único, normativa que entró en vigor el 11 de mayo de 2021. Sin embargo, la mayoría de los vehículos circulan a una velocidad superior, siendo habitual el tránsito de camiones con carga pesada que no reducen al atravesar el casco urbano.


Además de no haberse adecuado la señalización no existe tampoco ningún mecanismo de calmado del tráfico, como los pasos de peatones elevados que obliguen reducir la velocidad o semáforos que se activen con velocidad superior a la permitida.


Por este motivo el grupo municipal del BNG en el Concello de A Pontenova presentó una moción reclamando medidas para la mejora de la seguridad vial que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del consistorio municipal. En esa iniciativa se
reclamaban medidas como las antes citadas, es decir, la sustitución de señales, pasos elevados y la colocación de semáforos ámbar reductores de velocidad, que permitirían disminuir sensiblemente los riesgos de accidente o atropello. Estas
propuestas son también respaldadas por los vecinos y vecinas, así como por los empresarios y comerciantes que señalan específicamente la necesidad de reducir la velocidad en la N-640, que cuenta con una intensidad media diaria de 2.000 vehículos por
el centro del pueblo.


El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, como Administración titular de la vía, debería asegurarse de que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en A Pontenova, sobre todo adaptando la señalización
para adecuarla a la normativa vigente de 30 km/h.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Cumplir con la legalidad vigente y adecuar la señalización en el tramo urbano de la N-640 en el Concello de A Pontenova para ajustarla a la nueva normativa que establece el límite de velocidad a 30km/h para las vías urbanas de sentido
único.


2. Establecer las comunicaciones necesarias entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Concello de A Pontenova para llegar a un convenio o acuerdo y proceder a sustituir, a la mayor brevedad, las señales de tráfico,
tanto verticales como horizontales atendiendo al nuevo límite de 30km/h, así como el establecimiento de pasos elevados y la colocación de semáforos ámbar reductores de velocidad, que permitirían disminuir sensiblemente los riesgos de accidente o
atropello.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.- Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.



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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Interior


181/001882


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz Adjunto y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro del Interior.


Texto:


¿Cómo va a asegurar el Departamento que dirige la seguridad de nuestro país y la integridad de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los aeropuertos españoles en atención al colapso que están sufriendo las terminales de los
principales aeropuertos españoles por el escaso número de efectivos policiales en ellos desplegados?


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.


181/001883


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz Adjunto y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Director General de Policía.


Texto:


¿Cuáles son los motivos por los que la Dirección General de la Policía no ha previsto el número de efectivos necesarios en los controles policiales de los aeropuertos de nuestro país y que han provocado el colapso de muchos de ellos, con
cientos de pérdidas de vuelos y agresiones a sus agentes?


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.



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181/001884


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz Adjunto y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Director General de Policía.


Texto:


¿Qué medidas se van a adoptar desde el Departamento que dirige para garantizar la integridad física de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados en los aeropuertos españoles después de agresiones sufridas por los mismos, como la
vivida en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la que a un agente se le rompió una mano por parte de un turista?


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001878


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Mireia Borrás Pavón, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Qué razones justificarían los sucesivos retrasos en la finalización de las obras de ejecución del tramo Siétamo-Huesca de la autovía A-22?


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Cristina Alicia Esteban Calonje, José María Figaredo Álvarez-Sala, Juan Carlos Segura Just, Rubén Darío Vega Arias y Mireia
Borrás Pavón, Diputados.


181/001881


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Celso Luis Delgado Arce.


Texto:


¿Dará marcha atrás el MITMA y retirará el nuevo mapa concesional de las líneas de autobús estatales que está elaborando, ya que maltrata a la Comunidad Autónoma de Galicia, dejando a más de 136.000 ciudadanos sin parada, eliminando 76
servicios interiores y obligando a muchos gallegos a hacer trasbordos afectando a más de mil tráficos de largo recorrido?


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.



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181/001885


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas condiciones de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Texto:


¿Considera el Gobierno que actualmente existen datos suficientes para poder adoptar las medidas idóneas y beneficiosas para todos los españoles en materia de vivienda?


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


181/001875


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Qué medidas económicas tiene previsto el Gobierno poner en marcha, en colaboración con otras administraciones, para ayudar a los afectados cuyos cultivos han sido arrasados por la presencia de la plaga de langosta en Badajoz?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.


181/001876


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿De qué manera va a garantizar el Gobierno el suministro y abastecimiento de cereales al sector primario español la próxima temporada tras la invasión de Ucrania por Rusia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.



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181/001879


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Texto:


¿Qué impacto económico va a tener el cierre del comercio con España decretado por el gobierno de Argelia para el sector primario y agroalimentario español?


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001874


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus
condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Texto:


Dado que la reserva hidráulica de España sigue perdiendo agua y se sitúa al 49% de su capacidad total, ¿cómo va a garantizar el Gobierno el abastecimiento de agua a los españoles?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.


181/001877


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro
Jesús Requejo Novoa, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Texto:


¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno poner en marcha, en colaboración con otras administraciones, para controlar y erradicar la presencia de la plaga de langosta en Badajoz y evitar su expansión a otras zonas de España?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez, Pedro Jesús
Requejo Novoa y Mireia Borrás Pabón, Diputados.



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Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


181/001880


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputada doña Carla Toscano de Balbín, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Igualdad.


Texto:


¿Considera la Ministra de Igualdad que es importante que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervengan de forma inmediata y eficaz a favor de los derechos de las víctimas de la mal llamada violencia de género en los primeros
momentos tras la agresión?


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2022.-Carla Toscano de Balbín, Diputada.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Núm. expte.: 184/086047.


Núm. registro: 213988.


Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).


Objeto iniciativa: Apertura de un centro de exámenes de la DGT para la obtención del permiso de conducir en Lalín.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 458, de 23 de mayo de 2022.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001886.


184/087470


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Rego Candamil, Néstor (GPlu).


Retirada de su pregunta sobre puesta en marcha del Bono Alquiler Joven, contemplado en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 470, de 13 de junio de 2022.