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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 475, de 21/06/2022
cve: BOCG-14-D-475 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


21 de junio de 2022


Núm. 475



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a solicitar la liberación de los opositores cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo ... (Página6)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/004284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a proceder a las reformas legislativas necesarias para paliar los efectos adversos de la volatilidad de los precios sobre los costes de ejecución de las
obras públicas ... (Página7)


161/004285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a terminar con las situaciones de discriminación que sufre el colectivo de los trabajadores autónomos con relación al tratamiento fiscal de sus
contribuciones a planes de pensiones ... (Página9)


161/004303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a proceder a una reforma puntual y urgente de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que facilite la revisión de precios en los contratos, y
para impulsar una aplicación del régimen previsto para las modificaciones contractuales, con el objetivo de paliar los efectos negativos derivados del incremento de precios en el Sector Público y las PYMES ... (Página10)


Comisión de Interior


161/004295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a poner en marcha un plan nacional global, integral y coordinado de formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información ... (Página13)


161/004301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre garantía y defensa de los derechos de las personas internas en los centros de internamiento de extranjeros ... (Página14)



Página 2





Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir la conexión ferroviaria Granada-Motril en la propuesta de revisión de la Red Transeuropea de Transporte ... href='#(Página18)'>(Página18)


161/004306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prolongación de la autovía de titularidad autonómica AG-31 entre Celanova y la frontera de Portugal ... (Página19)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de unos currículos de contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que
garanticen la igualdad de oportunidades del alumnado ... (Página20)


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/004287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a terminar con las situaciones de discriminación que sufre el colectivo de los trabajadores autónomos con relación al tratamiento fiscal de sus
contribuciones a planes de pensiones ... (Página23)


161/004293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de mejora del ingreso mínimo vital ... (Página24)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/004289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rediseño, adaptación, refuerzo y mejora urgente de las condiciones competitivas y sostenibles de los Programas de Turismo Social y de
Termalismo del IMSERSO de cara a la próxima convocatoria ... (Página26)


161/004305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la implementación de un plan de modernización de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz
... (Página29)


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/004288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rediseño, adaptación, refuerzo y mejora urgente de las condiciones competitivas y sostenibles de los Programas de Turismo Social y de
Termalismo del IMSERSO de cara a la próxima convocatoria ... (Página33)


161/004294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de mejora del ingreso mínimo vital ... (Página36)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/004290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el borrador de Resolución estableciendo disposición de ordenación de la pesca del abadejo en la zona CIEM 8C (POL/08C) ... href='#(Página38)'>(Página38)


161/004307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover y facilitar la creación de mercados locales de productos agroalimentarios y artesanales ... (Página40)



Página 3





161/004308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la gestión de la pesquería de túnidos desarrollada en el Océano Atlántico ... (Página41)


161/004309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el fomento de la transición de riego a fertiirrigación en cultivos intensivos ... (Página42)


161/004311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyar al olivar tradicional con mayores dificultades ... (Página43)


Comisión de Cultura y Deporte


161/003321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promoción, reconocimiento y divulgación de las Vías Ferratas y, en concreto, para el apoyo a la intervención de una de ellas de nueva creación
localizada en La Rioja, Peña Jembres, próxima al municipio de Sajazarra.


Retirada... (Página44)


161/004300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la transparencia y buenas prácticas de la Real Federación Española de Fútbol de cara a la candidatura hispano-lusa para el Mundial de
Fútbol 2030 ... (Página45)


161/004304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 50º Aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso ... (Página45)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/004286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a terminar con las situaciones de discriminación que sufre el colectivo de los trabajadores autónomos con relación al tratamiento fiscal de sus
contribuciones a planes de pensiones ... (Página47)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/004302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la concesión de ayudas para pacientes en diálisis domiciliaria ... (Página48)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/004310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el refuerzo de la internacionalización del sistema de ciencia e investigación ... (Página49)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/004283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha de la LOPIVI y la proclamación del día del buen trato hacia la infancia ... (Página50)


Comisión sobre Seguridad Vial


161/004292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al inicio inmediato de las negociaciones por parte del Gobierno para el traslado de las instalaciones del Centro de Exámenes de El Saler
de la Dirección General de Tráfico a otro espacio adecuado y accesible dentro del término municipal de Valencia ... (Página51)



Página 4





Comisión de Política Territorial


161/004296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a poner en marcha un plan nacional global, integral y coordinado de formación para todas las Administraciones Públicas, en la mejora del
conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías y de la información ... (Página53)


161/004298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas ... (Página54)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001866 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si los sucesivos cambios en los plazos definidos para la
presentación de solicitudes de ayudas, una vez lanzada la convocatoria, garantiza las condiciones de concurrencia competitiva a todos los participantes en relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el
sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) ... (Página55)


181/001867 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre grado de cumplimiento del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en relación con
el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) y, en especial, en relación con las garantías de transparencia y concurrencia competitiva ... href='#(Página55)'>(Página55)


181/001868 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si los sucesivos cambios en los plazos definidos para la
presentación de solicitudes de ayudas, una vez lanzada la convocatoria, ha podido perjudicar la presentación de proyectos con inversiones que exigían plazos de ejecución superiores a los contemplados en las Bases reguladoras del Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) ... (Página56)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001872 Pregunta formulada por los Diputados Mireia Borrás Pabón (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX) y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre forma en la que va a afectar a los españoles la decisión del Gobierno de Argelia de suspender el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática y Popular, debido a la posición unilateral del Gobierno español en relación con la entrega de la antigua provincia española del Sáhara Occidental a Marruecos ... (Página56)


Comisión de Sanidad y Consumo


181/001869 Pregunta formulada por los Diputados Ana Prieto Nieto (GS) y Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS), sobre principales medidas y acciones previstas por el Gobierno para atender de manera prioritaria la salud mental de la
población, en el marco del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 ... (Página57)



Página 5





181/001870 Pregunta formulada por los Diputados Ana Prieto Nieto (GS) y Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS), sobre actuaciones previstas para mejorar la atención a las personas con riesgo suicida y su entorno laboral ... href='#(Página57)'>(Página57)


181/001871 Pregunta formulada por el Diputado don Ana Prieto Nieto (GS) y Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS), sobre actuaciones previstas en relación con la incorporación progresiva de la salud bucodental en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud ... (Página57)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página57)


184/088310 Autor: Botran Pahissa, Albert


Agente de la Policía Nacional matriculado en una universidad pública de Cataluña, infiltrado en el SEPC, en el Casal Lina y en el movimiento en defensa del derecho a la vivienda ... (Página58)



Página 6





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/004291


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley solicitando la liberación de los
opositores cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El pasado 30 de mayo se iniciaba en La Habana el juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, artistas y opositores cubanos vinculados a las protestas que se desarrollaron en la isla en julio de 2021 -en medio de la pandemia
y en el marco de una fuerte crisis económica, desabastecimiento y apagones- y miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de jóvenes opositores.


Tras diez meses y un año en prisión -pese a que la fase de investigación de la Fiscalía en Cuba suele durar 90 días-, se les ha negado sistemáticamente recursos legales para su liberación. Ahora, la Fiscalía les solicita, para Alcántara, 7
años de cárcel, y para Castillo 10 años de cárcel, acusados, entre otros, de 'atentado', 'desacato' y 'desórdenes públicos', cargos que los grupos opositores califican de persecución política.


El juicio se ha desarrollado sin ninguna garantía procesal, ni siquiera respetando los derechos que un acusado debe tener. De hecho, diferentes medios de comunicaciones informaron que las áreas cercanas al lugar del juicio estaban tomadas
por agentes y que le fue negado el acceso al tribunal a agencias de prensa internacionales y diplomáticos europeos que llegaron hasta allí (Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia) se acercaron a la sede del tribunal,
pero no pudieron acceder a su interior. Además, varios activistas denunciaron este lunes que sus casas habían sido sitiadas por la policía para impedirles llegar al juicio y algunos también reportaron que les habían cortado la conexión a internet.


Aunque el régimen cubano no se ha pronunciado oficialmente sobre el juicio, sí han calificado previamente a Otero Alcántara y Castillo como 'mercenarios al servicio de EE.UU.' que se prestan para 'farsas y espectáculo mediáticos'.


Amnistía Internacional considera a Otero 'preso de conciencia' y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas calificó de 'ilegal' la detención de Castillo. Human Rights Watch calificó el proceso judicial de 'farsa'.


Como en anteriores ocasiones, el régimen de Díaz Canel muestra su faceta más represora y dura contra una población que solo pide libertad.



Página 7





Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar las actuaciones del régimen cubano en relación con el juicio al que han sido sometidos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo.


2. Solicitar al régimen cubano la liberación inmediata de ambos artistas y el cese de la represión contra la población.


3. Condenar la vulneración de los derechos civiles y democráticos y denunciar públicamente la falta de independencia del poder judicial en Cuba.


4. Hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se una al rechazo de la vulneración de derechos y libertades en Cuba.


5. Liderar en la Unión Europea los esfuerzos internacionales para promover el Estado de derecho y restaurar la democracia mediante elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Cuba cuando se den las circunstancias
necesarias para hacerlo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Belén Hoyo Juliá, María Valentina Martínez Ferro y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/004284


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Justicia, una
Proposición no de Ley para proceder a las reformas legislativas necesarias para paliar los efectos adversos de la volatilidad de los precios sobre los costes de ejecución de las obras públicas.


Exposición de motivos


El actual contexto de excepcional y extraordinaria inestabilidad de los mercados de la energía y las materias primas comporta una gran volatilidad en los precios que hace especialmente difícil la licitación y posterior ejecución de las obras
públicas.


En el momento inicial de la contratación, la dificultad para el órgano de contratación radica en fijar un presupuesto de licitación adecuado a los precios de mercado, especialmente cuando los proyectos se han redactado con una antelación de
meses o años. La falta de adecuación del precio puede comportar que la licitación fracase por falta de ofertas o por la renuncia de los lidiadores a la adjudicación, con el consiguiente perjuicio para la Administración Pública (entendiendo como tal
cualquiera de los entes, organismos o entidades del sector público enumerados en el artículo 3.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), las empresas y, en especial, para la ciudadanía, destinataria última de la
infraestructura o el equipamiento.


En el momento de ejecución de las obras, esta situación puede comportar que el precio inicial de adjudicación quede totalmente desfasado, rompiendo el equilibrio económico del contrato y poniendo en riesgo la conclusión de las obras, con el
consiguiente perjuicio para la Administración Pública, las empresas y la ciudadanía.


Ante esta situación proponemos, en primer lugar, que se lleven a cabo las reformas necesarias para propiciar la aplicación de la fórmula oficial de revisión de precios que corresponda en función de la naturaleza de las obras al presupuesto
de licitación, tomando de referencia como índice subcero el de la fecha de elaboración del proyecto.


Este mecanismo permitiría, al menos en parte, corregir de forma ágil y rápida la volatilidad de los precios, de modo que la contratación del sector público pueda dar cumplimiento al mandato de



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adecuar el precio de la licitación a los precios del mercado mediante un mecanismo sencillo, conocido por todos los agentes, objetivo y basado en la utilización de unas fórmulas oficiales, aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas,
y de los índices oficiales de precios de los materiales que aprueba periódicamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública.


En segundo lugar, proponemos que se lleven a cabo las reformas necesarias para que con carácter general toda licitación de obra cuyo precio se haya actualizado en la forma prevista en la primera reforma que proponemos, incluya en su pliego
de cláusulas administrativas el mecanismo extraordinario de revisión de precios que se aplicará desde del momento de inicio de las obras hasta su conclusión, sin restricción ni de tiempo ni de volumen de obra ejecutada. Es decir, que se permita
aplicar la revisión de precios desde el inicio de las obras, sin aplicar las actuales restricciones existentes, el transcurso de dos años y la ejecución del 20 % de la obra.


De esta forma se permitiría corregir el impacto que la extrema volatilidad de los precios de las materias primas y la energía tiene en la ejecución de las obras, posibilitando ajustar el precio de la obra a la realidad de los mercados y
garantizando su continuidad.


La adopción de estas medidas requiere reformas legales específicas que, atendiendo a las circunstancias de especial necesidad y urgencia, puedan dar cobertura legal a la aplicación de un régimen excepcional para el conjunto de las
Administraciones Públicas.


En definitiva, estas medidas desarrollan y adecúan el régimen legal de revisión de precios ya vigente, y constituyen una vía adecuada para disponer de unos mecanismos sencillos, ágiles, objetivos y conocidos por los agentes del sector que
permitan la actualización de los precios de los proyectos objeto de licitación, así como su corrección de las desviaciones extraordinarias que se puedan producir durante la ejecución del contrato.


De esta forma, se puede conseguir el doble objetivo de evitar tanto que los procesos de licitación queden desiertos, como que las obras en ejecución deban detenerse, con el consecuente perjuicio para la Administración Pública, las empresas
y, en especial, la ciudadanía, que es la destinataria de estas infraestructuras y equipamientos.


Finalmente, la actualización de los precios comportará un aumento de los costes de las obras a las Administraciones Públicas que deberá ser adecuadamente compensado mediante el establecimiento de un fondo estatal que permita cubrir la parte
correspondiente de la variación de los costes.


Por todo ello, los diputados y diputadas de Junts per Catalunya, presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las disposiciones legales específicas que, atendiendo a las circunstancias de especial necesidad y urgencia, den cobertura legal a la aplicación de un régimen excepcional que permita:


1. Propiciar la aplicación de la fórmula oficial de revisión de precios que corresponda en función de la naturaleza de las obras al presupuesto de licitación, tomando de referencia como índice subcero el de la fecha de elaboración del
proyecto, de forma que se posibilite la corrección al menos en parte y de forma ágil y rápida la volatilidad de los precios, con el objetivo que las Administraciones Públicas puedan adecuar el precio de la licitación a los precios del mercado
mediante un mecanismo sencillo, conocido por todos los agentes, objetivo y basado en la utilización de unas fórmulas oficiales, aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, y de los índices oficiales de precios de los materiales que aprueba
periódicamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública.


2. Establecer con carácter general que toda licitación de obra, cuyo precio se haya actualizado en la forma prevista de acuerdo con el régimen anterior, incluya en su pliego de cláusulas administrativas el mecanismo extraordinario de
revisión de precios que se aplicará desde del momento de inicio de las obras hasta su conclusión, sin restricción ni de tiempo ni de volumen de obra ejecutada, y por tanto, aplicar la



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revisión de precios desde el inicio de las obras sin las actuales restricciones existentes en la ley, el transcurso de dos años y la ejecución del 20 % de la obra.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


161/004285


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para terminar con las situaciones de discriminación que
sufre el colectivo de los trabajadores autónomos con relación al tratamiento fiscal de sus contribuciones a planes de pensiones, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


Actualmente se está tramitando en el Parlamento el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes de Pensiones y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.


Con relación a los autónomos y por lo que ahora interesa, esta nueva norma prevé la modificación del artículo 5.3.a) de la citada Ley de Regulación de los Planes de Pensiones, y el correlativo artículo 52.1 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de establecer un incremento de 4.250 euros anuales sobre el límite general, para las aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos,
de nueva creación en el citado Proyecto.


Si bien este incremento supone una mejora con relación a los beneficios fiscales de que disfrutaban hasta ahora los autónomos por sus contribuciones a planes de pensiones, la misma sigue siendo insuficiente y mantiene una notoria
discriminación con respecto a los incentivos fiscales que se contemplan para los trabajadores por cuenta ajena. Así, estos últimos disponen de un incremento de hasta 8.500 euros anuales, el doble que los profesionales autónomos. No establecer
límites idénticos a situaciones idénticas, supone imponer de manera injustificada un trato desigual y discriminatorio entre ambos tipos de trabajadores, en detrimento de los que lo son por cuenta propia. Además, dicha diferenciación arbitraria
contradice las recomendaciones al respecto del Pacto de Toledo, que persigue buscar la equiparación en derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los previstos para los trabajadores del Régimen General.


Por otro lado, la discriminación a que se somete al colectivo de autónomos, en este caso, a aquellos que tienen trabajadores a su cargo, va más allá, pues igualmente se les excluye inmerecidamente del trato fiscal favorable que sí se otorga
a las sociedades que contribuyen a planes de pensiones a favor de sus empleados. Así, el Proyecto de Ley en tramitación ha incluido una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades en virtud de la cual, los sujetos pasivos de este impuesto
(empresas, compañías y sociedades en general), pueden practicar una deducción en cuota, del 10 % de las contribuciones empresariales que realicen a planes de pensiones a favor de sus trabajadores, en determinados supuestos. Sin embargo, de manera
inexplicable, ningún incentivo fiscal se contempla cuando quien realiza las aportaciones a favor de sus empleados en nómina no es una empresa, sino un autónomo.


Por último, el colectivo de trabajadores autónomos, tan esencial en nuestro país y que de manera tan severa ha acusado los efectos de una crisis post-pandemia que aún no ha acabado y, ahora, de la guerra en Ucrania, se siente desprotegido
cuando debe enfrentar unos gastos por cotizaciones sociales sin haber generado ingresos. En este sentido, es necesario definir un sistema de cotización para los autónomos, que se aleje de los desproporcionados umbrales de cotización planteados por
el Gobierno y que contribuya a mejorar la protección social y la sostenibilidad financiera de este colectivo, con el fin de continuar incentivando y favoreciendo la creación de empleo y riqueza.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aumentar el incremento contenido en el artículo 52.1.2.º) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la normativa sobre previsión social concordante, hasta la cantidad de 8.500
euros anuales para las aportaciones realizadas por trabajadores autónomos a los planes de pensiones contenidos en dicho artículo, en justa correspondencia con el límite previsto para las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena.


2. Aprobar una deducción en cuota en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los trabajadores por cuenta propia que tuvieran empleados en nómina a su cargo y que imputaran a su favor contribuciones empresariales a planes de
pensiones, en los mismos términos contemplados en el artículo 38.ter de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.


3. Aprobar un sistema de cotizaciones sociales de los autónomos que se adecue a las necesidades del sector y que tenga en cuenta la realidad de sus ingresos, alejado de umbrales de cotización desproporcionados y que garantice la
sostenibilidad financiera del colectivo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/004303


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Hacienda y Función
Pública, una Proposición no de Ley para proceder a una reforma puntual y urgente de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que facilite la revisión de precios en los contratos, y para impulsar una aplicación del régimen previsto para las
modificaciones contractuales, con el objetivo de paliar los efectos negativos derivados del incremento de precios en el Sector Público y las PYMES.


Exposición de motivos


I


El actual contexto de excepcional y extraordinario incremento continuado de los precios, está alterando el equilibrio económico de los contratos públicos en ejecución, especialmente en detrimento de las pequeñas y medianas empresas (en
adelante PYMES), que son los operadores con menos capacidad de respuesta en las presentes circunstancias.


Al mismo tiempo, esta circunstancia también está afectando negativamente a la provisión de servicios, suministros y obras que el sector público está comprometido a que sea prestado con diligencia, eficiencia e interés público.


La normativa vigente de contratación pública prevé, particularmente en el artículo 103 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), la procedencia y los límites de la revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público.


Por otra parte, la LCSP también prevé, mediante lo establecido en el artículo 205.2 letra b), la posibilidad de modificar el contrato cuando esta circunstancia no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en
adelante PCAP), y se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.



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No obstante, esta normativa sobre contratación pública necesita ser urgentemente modificada (artículo 103 de la LCSP) y se debe impulsar una interpretación acorde con la finalidad con la que fue aprobada aprovechando su literalidad (artículo
205.2 letra b) de la LCSP).


II


En primer lugar, la redacción actualmente vigente del artículo 103 de la LCSP, referente a la revisión de precios en los contratos, no permite hacer frente a una situación como la actual, puesto que establece unos requisitos que lo
inhabilitan para dar respuesta a los flagrantes desequilibrios económicos que se están produciendo en la ejecución de los contratos públicos.


Es por ello que se propone instar al Gobierno a adoptar las disposiciones legales específicas que, atendiendo a las circunstancias de especial necesidad y urgencia descritas, posibiliten una modificación del artículo 103 de la LCSP en la
línea de la siguiente redacción:


'Artículo 103. Procedencia y límites.


1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.


Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.


2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y
predeterminada de precios se podrá llevar a cabo en todo tipo de contratos en los que se haya producido un desequilibrio del contrato (artículo 103 y artículo 248).


No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos; se revisarán
cuando el período de duración del contrato sea igual o superior a un año y la intensidad en el uso del factor trabajo sea igual o superior al 30 % de los costes totales del importe del contrato, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en
el Real Decreto. La revisión se realizará actualizando los costes salariales a las establecidas por Ley o convenios colectivos sectoriales aplicables al contrato.


3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación deberá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación correspondiente el derecho a la revisión periódica y predeterminada de precios y fijará
la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. También, el órgano de contratación deberá establecer sistemas de revisión dinámica en
los que cualquiera de las partes del contrato pueda solicitar la revisión de los precios de los contratos para restablecer el equilibrio del contrato.


4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la
fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se
produce con posterioridad.


5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y que el incremento de costes del contrato sea superior al 5 %,


No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios ni en los contratos con plazos de ejecución
inferiores a seis meses.


6. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada para los
contratos previstos en el apartado 2.


A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y
las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros.



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Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el procedimiento descrito, fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a esta en los pliegos y contratos.


En los contratos de ejecución de obras se utilizarán las fórmulas de revisión establecidas en el RD 1359/2011 de 7 de octubre Anexo. Los pliegos de condiciones definirán la formula aplicable a cada contrato de obra.


7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías contenidos en el Real Decreto referido en el apartado 2 de la presente disposición reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los componentes
básicos de costes relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.


8. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden del
Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales básicos observadas en el
mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.


9. En los contratos de suministros y servicios las organizaciones empresariales más representativas propondrán los índices de referencia más oportunos para la revisión de precios de los contratos, que deberán ser aprobados por Orden del
Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.'


Esta modificación podría perfectamente inserirse en el conjunto de modificaciones de la LCSP 'que se consideren necesarias a la vista, fundamentalmente, de la experiencia en su aplicación' que prevé el Plan Anual Normativo para 2022
(apartado 'Ley sobre la contratación pública', p. 79 del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, aprobado por el Gobierno de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, que contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante dicho año natural al Consejo de Ministros para su aprobación).


III


Por su parte, en relación con las modificaciones contractuales derivadas de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, la literalidad del artículo 205.2 b) de la LCSP no cuenta con el respaldo interpretativo adecuado para hacer de él una
herramienta útil para dar efectiva solución a las urgencias actuales.


Es perentorio por tanto promover una aplicación adecuada del régimen previsto para las modificaciones contractuales derivadas de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, una aplicación que permita solucionar las situaciones de
desequilibrio económico, especialmente cuando este desequilibrio afecte a PYMES y a sus trabajadores. Esta aplicación no solo es posible y coherente con la literalidad del vigente artículo 205.2 b) de la LCSP, sino que permite cumplir el objetivo
con el que fue aprobado.


Por tanto, en segundo lugar, se propone instar al Gobierno a impulsar entre los órganos de contratación una interpretación más acorde del artículo 205.2 b) de la LCSP con las circunstancias y urgencias actuales derivadas del excepcional y
extraordinario incremento continuado de los precios, adoptando las medidas que considere adecuadas (entre otras, medidas normativas, instrucciones, resoluciones).


La adopción de las dos medidas recogidas en esta Proposición no de Ley permitirá, en primera instancia, poder hacer frente a la contingencia que resulta del fuerte incremento de precios, como respuesta de interés público, y en defensa
también del tejido de las PYMES, que no pueden soportar los desequilibrios económicos por aplicación de un marco normativo que ha quedado claramente superado.


Finalmente, es oportuno enfatizar que estas medidas no solo afectan a la contratación de obras, sino que son en interés del correcto provisionamiento de suministros y servicios al sector público, afectando a todos los sectores productivos y
de servicios de nuestra economía. Al mismo tiempo, tales correcciones incluyen una previsión específica para que se puedan revisar los precios a partir de la actualización de los costes salariales establecidos por Ley o en los convenios colectivos
sectoriales aplicables al contrato.



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar las disposiciones legales específicas que, atendiendo a las circunstancias de especial necesidad y urgencia descritas, y con el objetivo de dar respuesta a los flagrantes desequilibrios económicos que se están produciendo en la
ejecución de los contratos públicos, posibiliten una modificación del artículo 103 de la LCSP, referente a la revisión de precios en los contratos del Sector Público.


2. Promover las modificaciones de contratos del sector público que se encuentran en situación de desequilibrio económico, especialmente cuando este desequilibrio afecte a PYMES y a sus trabajadores, mediante el mecanismo de modificación de
contrato previsto en el artículo 205.2 letra b) de la LCSP para el supuesto de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


Comisión de Interior


161/004295


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a poner en marcha un plan
nacional global, integral y coordinado, de Formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información para su debate en Comisión de
Interior.


Exposición de motivos


Según el análisis del Departamento de Seguridad Nacional que a continuación se transcribe;


'El Informe de Evaluación de la Amenaza del Crimen organizado en Internet (IOCTA, por sus siglas en inglés) de 2021 -elaborado por Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol, por sus siglas en inglés)- constata que,
tras la pandemia mundial, la nueva realidad ha implicado una rápida adaptación de la sociedad en su conjunto que, en ciertos aspectos, se ha transformado de forma permanente. Con ello, tal y como reflejaba el informe IOCTA 2020, ha conllevado
también una continua evolución y adaptación de la ciberdelincuencia.


Según el informe, la utilización de ransomware (malware que cifra los ficheros solicitando un rescate para recuperarlos), aprovechando cada vez más el teletrabajo generalizado, sigue siendo una de las principales amenazas, junto a otras como
el clásico escaneo de redes en busca de conexiones inseguras. Los cibercriminales también han aprovechado el aumento de las compras en línea con la pretensión de engañar a sus víctimas para que descarguen software malicioso, robar sus credenciales
o perpetrar diferentes formas de fraude.


Por otro lado, los troyanos bancarios para dispositivos móviles se han convertido en una amenaza notable debido a la creciente popularidad de la banca online. Por otro lado, los delincuentes han seguido utilizando narrativas COVID-19 para
la venta en línea de productos médicos falsificados y para robar credenciales de acceso a través del vishing: una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para obtener informaciones
delicadas, como puede ser la financiera o los datos de identidad.


Asimismo, se considera que los ataques conocidos como denegación de servicio distribuida (DDoS) podrían reproducirse debido a una mayor dependencia de los servicios en la red.


Además, es preocupante el aumento de captación de menores en la red debido al incremento del tiempo que están conectados, y también por el hábito de producir y compartir material para ganar reputación o dinero.



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En este contexto general, las acciones con ransomware se centran cada vez más en ataques contra grandes organizaciones y sus cadenas de suministro. Esta evolución ya fue pronosticada en la edición anterior del IOCTA, pero la transición ha
sido más rápida de lo esperado, y ya ha afectado a compañías como Microsoft Exchange Server, SolarWinds y Kaseya.


Los cibercriminales son cada vez más metódicos y agresivos en su forma de actuar. El año pasado, Europol señaló el aumento del uso de ransomware con métodos de doble extorsión, obteniendo así datos de las víctimas y amenazando con
publicarlos. Ahora, el IOCTA 2021 recoge se diferentes y variados métodos de coacción, que se amplían con llamadas telefónicas a periodistas, clientes y socios de las víctimas, o empleados, etc.


Los ladrones de información producen un cuantioso material comercializable como subproducto del ataque principal, que es muy codiciado en el mercado. Entre estos datos robados durante los ataques, la información personal y las credenciales
son muy pretendidas.


En el ámbito de las criptomonedas, las plataformas de compraventa, monederos virtuales y otros servicios están aumentando su popularidad, con lo que también se han incrementado las estafas a víctimas poco precavidas. Los delincuentes están
convirtiendo, cada vez más, sus ganancias ilícitas en criptomonedas, incluso los beneficios obtenidos por el material de pornografía infantil ya se comercializan también en este tipo de moneda digital.


En el ámbito de la respuesta, el mayor conocimiento y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de los autores de estos delitos, unido a una mayor concienciación de las posibles víctimas (empresas y
grandes corporaciones), está provocando un incremento en las medidas de seguridad que adoptan los criminales.


El anonimato en la red, agravado por la adopción a gran escala de tecnologías de cifrado, puede beneficiar a la privacidad de los usuarios, pero también a los delincuentes. Esta evidencia está generando un debate social y político en cuanto
a medidas legales y tecnológicas.


Por último, una de las principales necesidades planteadas en el IOCTA 2021 es que las Fuerzas de Seguridad requieren más formación y herramientas para descubrir y detener la actividad delictiva en el ámbito digital. Por otro lado, también
exige continuar mejorando el conocimiento y la concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información.'


Por todo lo expuesto el Grupo Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Que ponga en marcha un plan nacional global, integral y coordinado en la mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información, y herramientas para detectar y denunciar posibles amenazas en
internet.


- Que dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado de más formación y herramientas para descubrir y detener la actividad delictiva en el ámbito digital.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/004301


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de garantía y defensa
de los derechos de las personas internas en los Centro de Internamiento de Extranjeros, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


En el mes de julio del 2021, las entidades Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos - SJM, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, y el Centro de Documentación contra la Tortura



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denunciaron ante la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial un preocupante aumento de la violencia hacia las personas migrantes internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), así como la continua
vulneración de sus derechos fundamentales. Con el fin de proteger los derechos de las personas internas y garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva, se reunieron con cada uno de los actores relacionados con el funcionamiento del CIE para
tratar aspectos de mejoras en los que poder colaborar, finalizando con la elaboración de una propuesta.


Los Jueces de Control del 'CIE de Madrid' convocaron una reunión en sede judicial para la discusión de las medidas presentadas que tuvo lugar el 12 de enero del 2022. A dicha convocatoria fueron citados la Fiscal Delegada de Extranjería, el
Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, el Director y Secretario de Policía del CIE de Aluche, la Directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, la supervisora del servicio
sanitario del 'CIE de Madrid' y el director de Clínicas Madrid, los médicos forenses de los juzgados de control, los subdirectores adjuntos de la Oficina de Asilo y Refugio, el responsable del Servicio de Orientación Jurídica al Extranjero del ICAM
y representantes de Cruz Roja, ACNUR, Pueblos Unidos-SJM, Mundo en Movimiento, Centro de Documentación Contra la Tortura, Observatorio de Derechos Humanos y Karibu.


La adopción de las diversas medidas es fruto del trabajo coordinado entre organizaciones sociales, del acompañamiento efectivo en el 'CIE de Madrid' a las personas internas y a sus familias y de la documentación escrupulosa de las
violaciones denunciadas por las personas internas. Asimismo, la rigurosa actividad en los Centros de Internamiento de Extranjeros que lleva a cabo desde hace años el Defensor del Pueblo, ha permitido destacar aquellas prácticas mejorables de la
administración que luego son abordadas por la labor de vigilancia y control de los juzgados de control del 'CIE de Madrid', que han adoptado siete medidas en las que requieren a distintas instituciones y autoridades la ejecución de determinadas
actuaciones en relación a las denuncias por malos tratos, la tutela judicial efectiva, la protección de la salud de las personas internas y el establecimiento de medidas especiales ante el preocupante internamiento de mujeres migrantes víctimas de
violencia de género, teniendo la obligación de atender a las mismas.


La iniciativa judicial entra de lleno en el asunto de las agresiones y el trato degradante repetidamente denunciado y solicita la puesta en marcha de un protocolo anteriormente recomendado por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, aún quedan
por tratar muchos aspectos y por resolver otros, encaminados al refuerzo de las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.


Estas medidas judiciales recogen el trabajo de muchos años y reconocen las vulneraciones de derechos que se vienen denunciando incesantemente desde la creación de los 'CIE de Madrid', lo que debería favorecer el respeto y garantía de los
derechos de las personas internas en estos centros. Sin su valentía para denunciar, a pesar de las consecuencias y dificultades, y sin el trabajo previo realizado por las entidades sociales en los centros de internamiento, esta resolución judicial
no habría sido posible.


Las entidades sociales reclaman con justicia la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el respeto de los derechos reconocidos en la normativa y en las resoluciones judiciales y administrativas aplicables, apelando a la
colaboración y realización de buenas prácticas de todos los agentes implicados:


- en relación con el Derecho a la tutela judicial efectiva: Ante las situaciones de violencia dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros en la que las personas internas denuncian haber sufrido una agresión por parte de la policía
custodia, el Defensor del Pueblo realizó una recomendación sobre la aprobación 'por el director general de la Policía de una instrucción en la que se incluya un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas
de libertad en los CIE';


- con el Derecho a la protección de la salud: Durante el acompañamiento efectuado a las personas privadas de libertad en CIE identificamos que continúan incumpliéndose las resoluciones dictadas por los juzgados de control y las obligaciones
previstas en el pliego de condiciones de contratación del servicio médico, manteniendo las carencias que el Defensor del Pueblo viene identificando respecto a la normativa aplicable. Es fundamental que se garantice el respeto de las leyes
existentes en materia sanitaria y que se vigile su cumplimiento por parte de la empresa a la que se externaliza esta asistencia;


- con el Derecho a Protección internacional: La protección internacional es un derecho de vital importancia amparado por el texto Constitucional, así como en leyes nacionales e internacionales. Es fundamental guardar con el mayor de los
escrúpulos todas las garantías para el ejercicio de este derecho en



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los centros de internamiento, donde el procedimiento sufre las consecuencias de la urgencia en la tramitación y se pone en riesgo el principio de non refoulement ante una inminente expulsión al país de origen;


- y con el Derecho a visitas de las ONG autorizadas: Tanto el derecho de las organizaciones civiles a visitar estos centros y entrevistarse con las personas internas, como el derecho de éstas a ponerse en contacto con ONG queda recogido y
amparado en el Reglamento de funcionamiento de los CIE, además de en la ley orgánica de extranjería. La falta de reglas públicas específicas para el desempeño de esta labor dificulta el ejercicio de este derecho con garantías, ocasionando en
ocasiones desigualdades en detrimento del derecho de las personas internadas en los distintos Centros de Internamiento de Extranjeros de España.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:


1. En base a la recomendación del Defensor del Pueblo, elaborar y poner en marcha un protocolo sobre la tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros, y
que el mismo se publique y sea revestido de las garantías jurídicas pertinentes. Y que, dentro de las medidas a aprobar en el marco del mencionado protocolo, se prevea la paralización inmediata de la expulsión hasta que el juzgado de instrucción
resuelva sobre el procedimiento penal, garantizando el buen fin del proceso y realización de investigaciones.


2. Garantizar la asistencia sanitaria a puerta cerrada y sin presencia policial 1 en los Centros de Internamiento de Extranjeros, y en caso de que ésta se estime necesaria, se informe al juzgado de control de guardia y se registre la
motivación suficiente que lo justifique en su historia clínica e informes sanitarios preceptivos, así como la identificación personal de los agentes presentes durante la asistencia. Ofrecer asistencia e información sanitaria a las personas internas
que no comprenden o no hablen castellano, con la colaboración de profesionales oficiales de traducción e interpretación especializados en la materia 2, reflejando su identificación en la historia clínica e informes sanitarios que se deben emitir
tras cualquier intervención de salud que suceda en los Centros de Internamiento de Extranjeros.


3. En los Centros de Internamiento de Extranjero, adaptar los informes sanitarios y la historia clínica a los formatos oficiales e incluir los datos mínimos establecidos por ley 3, constando al menos y en todo caso con: la identificación
de los profesionales sanitarios y no sanitarios implicados en la asistencia, identificación del paciente, motivo de la intervención, antecedentes, exploración clínica, diagnóstico/s, tratamientos ofrecidos y administrados (aceptados y/o rechazados),
prescripciones y registro de las intervenciones y actividades específicas del personal de enfermería, como administración de medicación por indicación médica y realización de curas.


4. Elaborar un protocolo de coordinación con el servicio sanitario público y privado, especialmente el prestado en centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y penitenciarios y, para la rápida identificación de diagnósticos que requieran
de tratamiento urgente y desaconsejen el internamiento para no poner en riesgo la protección de la salud individual y/o colectiva 4. Que se incluya la realización de pruebas analíticas de enfermedades infectocontagiosas y que se utilice la
información recabada en dichos servicios para la elaboración de la historia clínica de cada persona interna y que se autorice la asistencia a las citas sanitarias que se identifiquen y que ya estuvieran establecidas 5.


5. Garantizar que el personal sanitario de medicina y enfermería, público y privado, que actúen en los en los Centros de Internamiento de Extranjero, vaya identificado con nombre, apellido y número de


1 En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 41/2002 y de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitaria sobre el ejercicio libre de la profesión sin coacción.


2 Artículos 4.5, 6 y 7 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y artículo 16.2.j) del Real Decreto 162/2014, de 14 de
marzo.


3 Recogido en el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.


4 El Juzgado de lo Penal ha dictado Sentencia no 201/2019, de 10 de junio, en el procedimiento abreviado 10794/2011 por la muerte de Samba Martine, Resolución 143/2016 (FC/mc) de la Secretaría General Técnica sobre la Reclamación de
responsabilidad patrimonial por el caso de Da Samba Martine y recomendación del Defensor del Pueblo de 05/12/2017 (expediente 17003552), artículo 20 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.


5 Regulación prevista en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación y en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitario.



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colegiación y que esta identificación quede registrada de la misma forma en los informes sanitarios que se emitan (elaboración de partes de lesiones, administración de medicación, curas, toma de muestras...).


6. Entregar sistemáticamente la copia de los informes incluidos en la historia clínica por parte del personal sanitario a las personas internas en los Centros de Internamiento de Extranjero, así como de los informes que resulten de la
asistencia de un servicio de emergencias o de la derivación a un centro hospitalario 6.


7. Ante la liberación o deportación de la persona interna en los Centros de Internamiento de Extranjero, entregar copia de los informes recogidos en la historia clínica durante el internamiento, incluyendo la información recogida en la
valoración sanitaria previa al internamiento, el certificado médico del estado actual de salud y, en caso de deportación, un certificado Fit to travel 7. Incluir en el pliego de actividades del servicio sanitario, la atención a padecimientos
relativos a la salud mental, contando con personal experto en el centro que pueda realizar acompañamiento psicológico y derivación, en su caso, a especialista de psiquiatría 8.


8. En los Centros de Internamiento de Extranjero, emitir partes de lesiones con mayor precisión técnica, con inclusión de fotografías (cumpliendo con los requisitos establecidos en los convenios nacionales e internacionales) y siempre que
se observe la existencia de lesiones, para que posteriormente pueda estudiarse la compatibilidad de estas en cuanto a etiología 9. Así mismo, que los partes de lesiones sean directamente remitidos al juzgado de guardia 10.


9. Actualizar el protocolo sanitario de prevención de la COVID19 elaborado en marzo de 2020 en los temas que conciernen al internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjero, como criterio de realización de pruebas diagnósticas,
aislamiento de contactos, tiempo máximo de aislamiento individual en caso de ser positivo y certificado de vacunación.


10. Realizar un reconocimiento médico sistemático a todos los internos de los Centros de Internamiento de Extranjero que pasen a la situación de separación temporal, tanto antes como inmediatamente después de salir, se recoja en informe
sanitario y adjunte en historia clínica 11.


11. Posibilitar la derivación a asistencia sanitaria especializada por solicitud de la persona interna en los Centros de Internamiento de Extranjero, y que en todo caso la derivación a los servicios de emergencias se tramite exclusivamente
por el personal del servicio sanitario, garantizando la asistencia por la unidad sanitaria desplazada.


12. Garantizar el acceso a la solicitud de protección internacional en cualquier día y horario de la manera más inmediata posible tras la manifestación de la persona interna en los Centros de Internamiento de Extranjero.


13. Facilitar la participación de los técnicos/as de la OAR y sus traductores/as (que hablen mismo dialecto que el/la solicitante) en la solicitud de protección internacional y en el reexamen de las solicitudes en los Centros de
Internamiento de Extranjero 12.


14. Facilitar y garantizar la reunión de los solicitantes con sus abogados con carácter previo a entrevista de formalización de solicitud de protección internacional y en la entrevista previa al reexamen, así como la identificación y
contacto de los abogados/as intervinientes, en los Centros de Internamiento de Extranjero.


15. Facilitar un espacio seguro y con carácter confidencial, fuera de los Centros de Internamiento de Extranjero, en donde poder realizar la entrevista de protección internacional de las personas internas que refuerce la confianza del
solicitante.


6 Artículo 18. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.


7 Artículo 37.4 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.


8 Principio de atención especializada del artículo 1.4 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo.


9 Protocolo de Estambul Presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 9 de agosto de 1999 y recomendaciones recogidas en el Estudio del Defensor del Pueblo de 2014 sobre partes de lesiones en personas
privadas de libertad del Defensor del Pueblo.


10 Auto 103/2021 del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de 28 de enero de 2021 en el expediente de control CIE 2040/2020 y artículo 262 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


11 Recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblos a la Dirección General de Policía en el expediente 14010886 (números 42 a 55) disponible en Resoluciones-Defensor del Pueblo.


12 Artículo 14 de la Directiva 2013/32, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.



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16. Aplicar criterios de género ante las solicitudes enunciadas por mujeres y ante aquellas personas que denuncian motivos de persecución por su género u orientación sexual 13, teniendo así mismo en cuenta los factores culturales del/la
solicitante, en los Centros de Internamiento de Extranjero.


17. Ofrecer formación específica en protección internacional a los técnicos de la OAR centrada en la complejidad del espacio y procedimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros.


18. Establecer normas escritas de realización de visitas por parte de las entidades de las ONG, a los Centros de Internamiento de Extranjero, garantizando el ejercicio de derechos recogido en el reglamento de su aplicación y autos dictados
de los jueces de control 14 y debiendo plantear previamente cualquier modificación ante los mismos.


19. Establecer periódicamente una revisión de las medidas de restricción por COVID en los Centros de Internamiento de Extranjero.


20. Garantizar el envío de los listados de las personas internas en los Centros de Internamiento de Extranjero con los contenidos mínimos acordados por los juzgados de control, actualizados y con una periodicidad mínima semanal,
garantizando que todas las personas internas puedan contactar con las ONG y éstas, ponerse en contacto con toda persona que sea internada.


21. Publicar y facilitar el acceso a las normas de régimen interno de los Centros de internamiento de Extranjeros para su público conocimiento y consulta, así como por labor de transparencia debida de los poderes públicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2022.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/004297


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir la conexión ferroviaria
Granada-Motril en la propuesta de revisión de la Red Transeuropea de Transporte, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


El Reglamento (UE) n.º 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, regula la política de la Unión en materia de infraestructuras de transporte. Esta política tiene por objeto, en
particular, facilitar los flujos de transporte entre los Estados miembros y apoyar la cohesión territorial, económica y social a través de infraestructuras modernas y eficaces que van más allá de las simples redes de transporte nacionales.


En consonancia con el Plan de Acción, incluido en la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, y la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente, el 14 de diciembre de 2021 la Comisión Europea presentaba su propuesta de
revisión del Reglamento sobre la RTE-T.


En dicha propuesta se establece una RTE-T que garantice, a más tardar en 2050, una conectividad sostenible en toda la Unión Europea, en la que no haya discontinuidades físicas, cuellos de botella ni enlaces pendientes. Esta red contribuirá
al buen funcionamiento del mercado interior, a la cohesión económica, social y territorial del territorio de la UE y a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Debe desarrollarse gradualmente y por etapas, con plazos intermedios en 2030 y 2040, con
el objetivo general de lograr una red europea multimodal e interoperable de alto nivel de calidad, respetando al mismo tiempo la neutralidad climática general de la Unión y los objetivos medioambientales: la finalización de una red básica en 2030,
de una red básica ampliada en 2040 y de la red global en 2050.


13 Artículo 46 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.


14 Autos del Juzgado de instrucción n.º 6 de Madrid de fecha 13/01/2011 y 26/12/2017, así como acuerdo gubernativo de los juzgados de control del 12/12/2017.



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En la propuesta de Reglamento se describe gráficamente la red en el territorio español, tanto para vías navegables como para la red ferroviaria de mercancías y pasajeros, así como la red de carreteras.


En la propuesta relativa a la red ferroviaria de la provincia de Granada y su entorno, no se incluye la conexión ferroviaria de Motril y su zona portuaria con el nodo urbano de la ciudad de Granada, y desde ahí con todo el hinterland
potencial del Puerto de Motril hasta el centro peninsular.


Presentada la propuesta de Reglamento, la Comisión Europea ha establecido a continuación un procedimiento abierto a comentarios al respecto del documento. Dicho procedimiento fue iniciado el pasado 16 de diciembre de 2021. La Comisión
Europea tiene previsto resumir todos los comentarios recibidos y remitirlos al Parlamento Europeo y al Consejo para alimentar el debate legislativo.


El mapa de líneas ferroviarias en Andalucía Oriental presenta unos déficits históricos que es necesario remediar con la finalidad de poder afrontar los próximos años con un sistema de transporte eficiente y sostenible. El esquema de la red
ferroviaria, que debería de ser similar al de la actual red de carreteras de alta capacidad -conectando de forma directa todas las capitales y principales centros de transporte, como los puertos-, está incompleto. Sus capitales de provincia
(Granada y Jaén) carecen de conexión ferroviaria directa, como tampoco la tiene aún el Puerto de Interés General de Motril y la Comarca de la Costa Tropical.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las acciones necesarias ante las instituciones europeas para que la conexión ferroviaria de Motril a Granada sea incluida en la Propuesta de Revisión de la Red Transeuropea de
Transporte.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Mario Garcés Sanagustín y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


161/004306


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prolongación de la autovía de titularidad autonómica AG-31 entre Celanova
y la frontera de Portugal, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La AG-31 comienza en la salida 217 de la autovía A-52 a la altura de Currás y transcurre íntegramente por la provincia de Ourense hasta Celanova, localidad que circunvala, finalizando en un enlace con la carretera OU-540, que transcurre
también íntegramente por Ourense hasta Portugal. La AG-31, que suma actualmente 18,7 kilómetros en servicio, fue inaugurada en el año 2013 y su ejecución fue impulsada inicialmente por el Gobierno gallego de Emilio Pérez Touriño.


Su construcción ha permitido mejorar las comunicaciones con las localidades próximas a la misma pero dicho trazado resulta insuficiente, a reivindicación de alcaldes y agentes económicos de la provincia ourensana, y resulta fundamental
continuar su prolongación hasta la frontera portuguesa.


Entre las principales razones económicas, sociales y políticas para ejecutar la prolongación entre Celanova y Portugal, nos encontraríamos:


- Vertebración territorial del suroeste de Ourense.


- Conectividad con dos de las tres mayores ciudades de Portugal.


- Reforzar la posición geoestratégica de Ourense como puerta de entrada a Galicia.


- La disponibilidad de los fondos europeos para su ejecución dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



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- Mejora de los tiempos de viaje y de la seguridad, permitiendo conectar la ciudad de Ourense con la de Braga en 1 hora y 15 minutos y con Oporto en 1 hora y 40 minutos.


- Se multiplicaría el potencial de flujo de visitantes en el ámbito comercial y turístico.


- Potenciación de las relaciones transfronterizas con carácter institucional y comercial.


- Aprovechamiento de la infraestructura como tractor económico, especialmente a la hora de crear empleo.


La ejecución de la conexión internacional entre Lobios y entorno de la localidad portuguesa de Lindoso a través de la frontera de A Madalena corresponde, en base a lo previsto en el artículo 149.3.24ª de la Constitución Española, a los
Gobiernos centrales de España y Portugal.


En Portugal ya está en proyecto la prolongación de la vía rápida IC-28 desde Ponte da Barca hasta la frontera de española, en Lindoso (28 km).


La actual AG-31 no se trata de una carretera incorporada a la red de carreteras del Estado, ya que forma parte de la red propia de Galicia, por lo tanto, parece lógico que sea la comunidad autónoma quien remate su ejecución, en base a lo
previsto en los planes iniciales y según lo establecido en la propia Constitución Española (artículo 148 apartados 4 o y 5.º) y en el propio Estatuto de Galicia, en el artículo 27 apartados 7.º y 8.º


Además, la OU-540, vía convencional de la que sería alternativa y que articula el corredor hacia Portugal, es asimismo de titularidad autonómica, no del Estado.


El proyecto actualmente en marcha por la Xunta de Galicia se encuentra en proceso de licitación y se limita a modificar parcialmente el trazado de la actual carretera convencional OU-540, mediante corrección de curvas, mejora de algunas
intersecciones y creación de carriles de adelantamiento. No ejecuta, en ningún caso, una autovía de nuevo trazado y también descarta la ejecución de las variantes de los núcleos urbanos de Bande y Verea, localidades por las que se mantendrá el paso
de vehículos.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la conexión de la AG-31 con Portugal es una infraestructura prioritaria, pues Ourense y el norte de Portugal necesitan una vía de conexión del siglo XXI, tomando como premisa la
necesidad del cumplimiento de la ejecución de la parte que compete a la Xunta de Galicia.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la conexión internacional de AG-31 con Portugal, a través de la frontera de la Madalena, llevando a cabo todas las acciones necesarias y oportunas, con el objetivo de garantizar la
conexión internacional con una vía de alta capacidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Uxía Tizón Vázquez, Adolfo Pérez Abellás y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/004299


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de unos
currículos de contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que garanticen la igualdad de oportunidades del alumnado, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.



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Exposición de motivos


La disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), regula el calendario de implantación de ésta y establece que las modificaciones
introducidas en el currículo, la organización y objetivos de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato se implantarán, en el caso de los cursos impares, un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y en el de
los pares, dos años después de la entrada en vigor, que tuvo lugar el 19 de enero de 2021.


Más de un año después, y a tres meses de finalizar el curso escolar, el Gobierno ha aprobado los Reales Decretos de organización y enseñanzas mínimas de las etapas educativas siguientes:


- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.


- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.


- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.


- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.


La publicación de los Reales Decretos ha generado una profunda alarma social. Los medios se han hecho eco de la inquietud y de la gran preocupación en la sociedad y entre los expertos en las diferentes disciplinas.


El Gobierno ha diseñado un modelo que se basa en el aprendizaje de competencias, pero que no homologa el sistema educativo español con la vanguardia europea e internacional por la alarmante devaluación de los conocimientos, como se ha
denunciado por la comunidad educativa y la sociedad civil.


El Gobierno permite expedir títulos a costa de empobrecer la educación poniendo en riesgo la equidad de la educación, con un enfoque de naturaleza pedagógico-ideológica en el currículo, que desvirtúa la naturaleza de la relación entre
conocimientos y competencias, en particular para los de carácter cognitivo, cuyos efectos más negativos se darían entre la población más vulnerable.


Existe un amplio consenso internacional sobre el hecho de que un enfoque del currículo orientado a la adquisición de las competencias clave, a igualdad de contenidos específicos, comporta una mayor complejidad y un nivel superior de demanda
cognitiva o intelectual, lo que no se da en estos currículos. A ello se une la ausencia en la Ley de un modelo de evaluación censal y externa que permita detectar y corregir las posibles deficiencias en el sistema educativo.


Países vecinos como Portugal adoptaron medidas como la atención a las disciplinas esenciales, un aprendizaje estructurado, un currículo ambicioso, evaluaciones y apoyo a los que tienen más dificultades, sin con eso bajar el rigor y la
exigencia en el sistema educativo.


La elaboración del currículo responde al objetivo del Gobierno de evitar la repetición y a este principio somete la organización y el currículo de cada etapa educativa. Con esta finalidad reduce los contenidos y empobrece la formación,
configurando un sistema educativo que no busca la excelencia ni recompensa la exigencia ni el esfuerzo.


Se abre la puerta para promocionar y titular con asignaturas suspensas, porque en la ESO no habrá límite claro de suspensos para obtener el título y en Bachillerato se permitirá titular con un suspenso, desautorizando a los docentes, que han
manifestado su desafección con la reforma, y denostando la cultura del esfuerzo, la superación y la exigencia. Se suprimen las calificaciones numéricas en primaria y secundaria y desaparecen las matrículas y menciones de honor.


Los currículos, en definitiva, suponen una notable pérdida de calidad de nuestro sistema educativo, lo que conllevará el incremento de las desigualdades educativas y sociales.


La Real Academia de la Historia, cuya presidenta, Carmen Iglesias ha afirmado que 'eso no es Historia, es manipulación', ha formulado alegaciones y una propuesta alternativa en la que el estudio de las 'Sociedades en el tiempo' constituya la
parte fundamental y medular de los saberes básicos de la asignatura, una propuesta que ha sido desoída.


La Red Española de Filosofía ha puesto de manifiesto su decepción ante el incumplimiento del acuerdo parlamentario de 2018 de todos los grupos parlamentarios, que instaba a introducir Ética en 4.º de la ESO como materia obligatoria y común,
lo que atenta a la capacidad de pensamiento crítico de los estudiantes.



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La División de Divulgación y Difusión de la Física ha calificado de 'desastre' el tratamiento de la materia y propone su reformulación porque no permite identificar los saberes que deberán conocer los alumnos.


La Sociedad Científica Informática de España (SCIE) ha puesto de manifiesto que la competencia digital que se predica en la LOMLOE sólo habilita al alumno como usuario, no como creador y, por ello, solicitó al Ministerio que se implanten
asignaturas obligatorias de informática en los cursos de primero y segundo de Bachillerato.


La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha calificado el decreto de secundaria de retroceso y ha denunciado que el Gobierno quiere reescribir la historia ante la ausencia de mención expresa al terrorismo de ETA en el currículo.


Los profesores también han alertado que desaparecen contenidos básicos en el nuevo currículo de Matemáticas y Literatura Castellana.


El Consejo Escolar del Estado ha advertido de que la asignatura de Historia es tan genérica que será difícil cumplir la ley para garantizar la validez de los títulos y que el planteamiento es tan complejo que no se podrá dar una formación
común de Historia en toda España.


El Consejo de Estado, por su parte, ha considerado que los currículos son complejos e indeterminados y que se deberían reforzar para ayudar a los docentes a poder desenvolverse. Y respecto al Bachillerato ha sido muy crítico, ha cuestionado
que el nuevo Bachillerato prepare a nuestros alumnos para el empleo y reconoce los problemas que van a tener los docentes y las comunidades para adaptarse a los cambios normativos porque el texto es abstracto y complejo.


El Grupo Popular, consciente de que está en juego la formación que determinará el futuro de los jóvenes y de una sociedad cohesionada, propone la modernización del currículo educativo para garantizar la igualdad de oportunidades del
alumnado, con un modelo de educación de calidad, de equidad y en libertad.


Por todo ello el Grupo Popular propone para su debate y votación la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Retirar los Reales Decretos por los que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.


2. Diseñar un currículo común para todo el sistema educativo no universitario, que contenga unas enseñanzas comunes en sus propios términos, que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos, respetando las competencias que a tal
efecto contempla la Constitución en su artículo 149.1.30, sin perjuicio de la necesaria cooperación leal con las comunidades autónomas y del respeto a su ámbito competencial.


3. Constituir una Comisión independiente formada por especialistas de las diferentes materias que componen el currículo, a indicación de las Reales Academias, y que formularán las propuestas que consideren pertinentes.


4. Los currículos incluirán unos contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que proporcionen una atención adecuada a los aprendizajes profundos, al desarrollo de habilidades no cognitivas, a las
tecnologías digitales y habilidades computacionales, al emprendimiento y a la innovación, a las humanidades y a la educación científica, con la finalidad de garantizar la calidad de los títulos educativos que se expiden, la vertebración, la cohesión
social y la equidad de la educación.


5. Establecer criterios objetivos para promocionar, evaluar y titular, que tengan en cuenta los valores del esfuerzo, la exigencia personal y la perseverancia y que sean comunes en todo el territorio nacional.


6. La nueva ordenación dará un tiempo razonable a las administraciones educativas, para que puedan elaborar sus currículos, previa solicitud de los informes pertinentes, así como para la organización de los centros y docentes.


7. En los nuevos Reales Decretos que elaborará el Gobierno, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, se contemplará al menos lo siguiente:


- La materia de Historia se configurará como la disciplina científica que busca el conocimiento objetivo y general del pasado y que está dotada de los instrumentos adecuados y específicos para tal fin, despojando a la misma de postulados
ideológicos y de apreciaciones de carácter subjetivo, parcial y cambiante, conforme a las alegaciones que ha formulado la Real Academia de la Historia.



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- Un ciclo formativo en Filosofía secuenciado durante los cursos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), primero y segundo de Bachillerato. El nuevo currículo de 4.º de la ESO incorporará la asignatura de Ética como materia
común y obligatoria.


- La informática se mantendrá como materia de modalidad en cada una de las modalidades de los primeros y segundos cursos de Bachillerato.


- El refuerzo de las materias instrumentales, como las matemáticas, las ciencias y las materias humanísticas, fundamentales en una sociedad en la que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es cada vez más importante y debe ser
desarrollada conforme a los sólidos pilares de una formación humanística.


8. Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para que en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial se garantice la utilización de ambas lenguas como vehiculares bajo un principio de equilibro, promoviendo además la progresiva
introducción de una lengua extranjera.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Óscar Clavell López y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/004287


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para terminar con las situaciones de discriminación que
sufre el colectivo de los trabajadores autónomos con relación al tratamiento fiscal de sus contribuciones a planes de pensiones, para su posterior debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


Actualmente se está tramitando en el Parlamento el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes de Pensiones y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.


Con relación a los autónomos y por lo que ahora interesa, esta nueva norma prevé la modificación del artículo 5.3.a) de la citada Ley de Regulación de los Planes de Pensiones, y el correlativo artículo 52.1 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de establecer un incremento de 4.250 euros anuales sobre el límite general, para las aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos,
de nueva creación en el citado Proyecto.


Si bien este incremento supone una mejora con relación a los beneficios fiscales de que disfrutaban hasta ahora los autónomos por sus contribuciones a planes de pensiones, la misma sigue siendo insuficiente y mantiene una notoria
discriminación con respecto a los incentivos fiscales que se contemplan para los trabajadores por cuenta ajena. Así, estos últimos disponen de un incremento de hasta 8.500 euros anuales, el doble que los profesionales autónomos. No establecer
límites idénticos a situaciones idénticas, supone imponer de manera injustificada un trato desigual y discriminatorio entre ambos tipos de trabajadores, en detrimento de los que lo son por cuenta propia. Además, dicha diferenciación arbitraria
contradice las recomendaciones al respecto del Pacto de Toledo, que persigue buscar la equiparación en derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los previstos para los trabajadores del Régimen General.


Por otro lado, la discriminación a que se somete al colectivo de autónomos, en este caso, a aquellos que tienen trabajadores a su cargo, va más allá, pues igualmente se les excluye inmerecidamente del trato fiscal favorable que sí se otorga
a las sociedades que contribuyen a planes de pensiones a favor de sus empleados. Así, el Proyecto de Ley en tramitación ha incluido una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades en virtud de la cual, los sujetos pasivos de este impuesto
(empresas, compañías y sociedades en general), pueden practicar una deducción en cuota, del 10 % de las contribuciones empresariales que



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realicen a planes de pensiones a favor de sus trabajadores, en determinados supuestos. Sin embargo, de manera inexplicable, ningún incentivo fiscal se contempla cuando quien realiza las aportaciones a favor de sus empleados en nómina no es
una empresa, sino un autónomo.


Por último, el colectivo de trabajadores autónomos, tan esencial en nuestro país y que de manera tan severa ha acusado los efectos de una crisis post-pandemia que aún no ha acabado y, ahora, de la guerra en Ucrania, se siente desprotegido
cuando debe enfrentar unos gastos por cotizaciones sociales sin haber generado ingresos. En este sentido, es necesario definir un sistema de cotización para los autónomos, que se aleje de los desproporcionados umbrales de cotización planteados por
el Gobierno y que contribuya a mejorar la protección social y la sostenibilidad financiera de este colectivo, con el fin de continuar incentivando y favoreciendo la creación de empleo y riqueza.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aumentar el incremento contenido en el artículo 52.1.2.º) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la normativa sobre previsión social concordante, hasta la cantidad de 8.500
euros anuales para las aportaciones realizadas por trabajadores autónomos a los planes de pensiones contenidos en dicho artículo, en justa correspondencia con el límite previsto para las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena.


2. Aprobar una deducción en cuota en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los trabajadores por cuenta propia que tuvieran empleados en nómina a su cargo y que imputaran a su favor contribuciones empresariales a planes de
pensiones, en los mismos términos contemplados en el artículo 38.ter de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.


3. Aprobar un sistema de cotizaciones sociales de los autónomos que se adecue a las necesidades del sector y que tenga en cuenta la realidad de sus ingresos, alejado de umbrales de cotización desproporcionados y que garantice la
sostenibilidad financiera del colectivo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/004293


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de mejora del Ingreso
Mínimo Vital, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


España sufre una crisis social y económica de terribles consecuencias: 3.108.000 parados, con una tasa de paro que duplica la media europea, especialmente en desempleo femenino y juvenil, casi 100.000 trabajadores que siguen en ERTE y
68.000 empresas cotizantes menos inscritas en la Seguridad Social. Las familias tienen dificultades para hacer frente a sus necesidades básicas, pues a la descomunal subida del precio de la luz, los hidrocarburos, la cesta de la compra, se une una
inflación que roza ya los dos dígitos, y son ya 11 millones los españoles que viven en riesgo de pobreza, 6 millones en pobreza severa (dos millones más que en 2018).


Frente a esta situación, el llamado 'escudo social' puesto en marcha por el Gobierno, especialmente el Ingreso Mínimo Vital, no está logrando mitigar las situaciones de necesidad que viven cientos de miles de familias en España, puesto que,
apenas el 12,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza lo recibe, según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, haciéndolo, además, de manera muy desigual en el territorio nacional.



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El Gobierno sigue denegando tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, habiendo incumplido su promesa inicial de alcanzar los 2.300.000 beneficiarios, pues prácticamente dos años después de su aprobación, solo ha llegado al 46
% de esa previsión. Una cifra aquella inicial que incluso ya resulta obsoleta, dado el notable incremento de la pobreza en España.


Entre las causas que se apuntan como factores clave para ese bajo índice de cobertura se encuentra la complejidad del procedimiento, la excesiva burocracia y la escasez de medios humanos y materiales en las oficinas del Instituto Nacional de
la Seguridad Social para hacer frente al aumento de la carga de trabajo que vienen padeciendo desde hace dos años, en gran medida provocada por la aprobación precipitada de la prestación, sin tener en cuenta todos estos factores, ni contar con la
experiencia acreditada durante décadas en la gestión de rentas mínimas por los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como de las entidades del Tercer Sector.


Como ha destacado CCOO en su Informe sobre el Mercado de Trabajo y Protección por desempleo correspondiente al segundo semestre de 2021, 'El Ingreso Mínimo Vital no fue objeto de concertación social, salvo un muy breve periodo de consultas
que no permitió incidir en un diseño que debió ser negociado, y finalmente, al decidir el Gobierno aprobarlo con motivo del inicio de la pandemia, se aprobó de forma precipitada, con vocación estructural, en lugar de haber regulado una medida de
choque y haber abordado esta cuestión de forma más participada y mejor diseñada. El resultado: sucesivas correcciones y un aún escaso desarrollo del IMV'.


Otros de los motivos claves que dificultan su concesión, es la preferencia dada a la tramitación telemática frente a la presencial, lo que dificulta gravemente el acceso a personas vulnerables como consecuencia de la brecha digital, no
olvidemos que es un nuevo motivo de exclusión social, unido a la falta de medios humanos y materiales de las Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para suplirlo mediante la atención presencial y telefónica.


Es más, muchas de dichas denegaciones son debidas a simples errores o problemas con la documentación que podrían ser subsanados, o incluso a cuestiones de interpretación de la propia Administración, causas que, sin embargo, no son
expresamente reflejadas en las correspondientes resoluciones desestimatorias dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la consiguiente indefensión que ello causa al administrado. Es por ello por lo que, según datos facilitados
por el propio Gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2021, el número de reclamaciones previas a la vía judicial interpuestas contra resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social ascendía a 102.173, de las que hasta esa fecha
habían sido estimadas 11.913.


Y es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha visto desbordado por las miles de solicitudes de prestaciones que no están siendo atendidas ni en su totalidad, ni en los plazos fijados debido a la carencia de personal. Tal es
así, que, en determinadas ocasiones, ha colapsado el reconocimiento de otras prestaciones como las de jubilación, viudedad, orfandad, etc. En los momentos más críticos, han sido los empleados públicos los que con su esfuerzo y dedicación han
garantizado el funcionamiento de los servicios públicos sobre todo en las áreas más sensibles y necesarias para la sociedad, sin contar para ello con los refuerzos necesarios.


Todo ello ha implicado que incluso, CCOO, UGT y CSIF hayan denunciado que la gestión del Gobierno ha generado una situación de 'siniestro total' en la Seguridad Social, señalando la falta total de personal y los problemas que tienen los
ciudadanos para ser atendidos y ver solucionadas sus demandas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Simplificar y clarificar la documentación a aportar por los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, eliminando las trabas existentes hasta el momento.


2. Que, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se cumplan los plazos establecidos legalmente para la notificación de las resoluciones administrativas de concesión y/o denegación de la prestación del Ingreso Mínimo Vital,
así como para resolver las reclamaciones y recursos administrativos que contra las mismas puedan interponer los interesados.


3. Que las referidas resoluciones vayan debidamente motivadas, especialmente en caso de denegación de solicitudes o desestimación de las reclamaciones y recursos.



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4. En los supuestos de Sentencias de los Juzgados de lo Social estimatorias de las demandas interpuestas contra resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en procedimientos de Ingreso Mínimo Vital, se inicie con celeridad,
por el referido Instituto, la aplicación del artículo 294 de la Ley 3/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, sobre ejecución provisional de la Sentencia condenatoria al pago de prestaciones de pago periódico de la Seguridad
Social.


5. Establecer la atención presencial suficiente y necesaria en las distintas Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para atender a todos los ciudadanos en tiempo y forma, incluidos los solicitantes de la prestación del
Ingreso Mínimo Vital, agilizando el sistema de citaciones para la misma, todo ello compatible con la atención telefónica y telemática, dejándolo a elección del ciudadano una u otra modalidad.


6. Reforzar, en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los medios personales y materiales que resulten necesarios para agilizar la tramitación, resolución y abono de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital en el menor
tiempo posible, así como el resto de prestaciones: jubilación, viudedad, orfandad, etc.


7. Impulsar y ofrecer en toda España a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital los itinerarios individualizados de inserción laboral, evitando cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos por vivir en una u otra Comunidad
Autónoma.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-María Teresa Angulo Romero, Alicia García Rodríguez, Llanos de Luna Tobarra, Margarita Prohens Rigo y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/004289


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rediseño, adaptación,
refuerzo y mejora urgente de las condiciones competitivas y sostenibles de los Programas de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO de cara a la próxima convocatoria, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


En la presente temporada 2021/2022 ha tenido lugar con notable retraso la reanudación de los Programas de Turismo Social para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, así como de Termalismo del IMSERSO, tras
su suspensión inicial y posterior cancelación en 2020 motivado por la irrupción y el curso de la pandemia. En efecto, de manera absolutamente repentina más de 300 establecimientos hoteleros de nuestro país, la red de agencias de viaje españolas
minoristas, el amplio sector de los restaurantes y cafeterías, empresas de transporte, locales de ocio nocturno y resto de la oferta turística complementaria de los destinos españoles habituales con cuota de afluencia de circuitos IMSERSO, -que
venían vinculando de manera directa e inducida a aproximadamente 100.000 puestos de trabajo, con un volumen de facturación directa e indirecta de 600 millones de euros-, se veían impactados por una parálisis de ambos Programas que desgraciadamente
se ha prolongado por espacio de dos años.


A efectos de dimensionar la importancia de dichos Programas para el colectivo beneficiario de las personas mayores con cerca de cuatro décadas de funcionamiento y experiencia a las espaldas, hay que subrayar que los Programas IMSERSO, como
servicio complementario a las prestaciones de la Seguridad Social, se han convertido en un referente consolidado de las políticas que intentan mejorar el bienestar físico, emocional y mental de las personas mayores, debiéndose destacar que más de
10.000 personas con discapacidad vienen disfrutando anualmente de estos Programas, debiéndose tener presente además



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que el 65 % de los pensionistas que suelen participar en dichos Programas cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros/mes. Ciertamente, los Programas de Turismo Social y Termalismo son un elemento básico del envejecimiento activo y
saludable que también contribuyen a luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores, resultando obvio asimismo señalar que el impacto de la pandemia ha repercutido de forma sustancial en la salud y ocio de nuestros mayores. De hecho, la
relevancia de ambos Programas en la actualidad se refleja en las cifras de tráfico web del IMSERSO durante el primer trimestre de 2022, donde se ha incrementado el número de visitas en un 86 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos
de Google Analytics, alcanzando 1.600.000.


No obstante, a pesar que con carácter bastante previo al comienzo de la crisis de salud pública, los distintos operadores turísticos intervinientes en estos Programas ya venían trasladando al Gobierno de España la imperiosa necesidad de
iniciar conjuntamente los trabajos de análisis que diesen paso a una mejora del marco de las condiciones económicas de contratación impuestas a nuestros empresarios hoteleros, agencias de viajes distribuidoras, etc., dado el evidente estado de
obsolescencia del mismo, sin embargo, el relanzamiento de la última convocatoria para la temporada en ejecución, -tras dos años transcurridos en medio de la mayor crisis en la historia del turismo español-, no ha hecho sino seguir cronificando unas
condiciones desventajosas, absolutamente fuera de mercado y que a la postre se han visto obligados a secundar muchos establecimientos alojativos adheridos, fundamentalmente por el retraso en la normalización de la demanda turística en nuestro país y
la falta de nichos de actividad alternativos. En este sentido, resulta procedente volver a recordar aquí que en la actual campaña, uno de los parámetros básicos exigidos a nuestros proveedores consiste en cubrir los costes de producción (incluidos
costes laborales) de los servicios y actividades -mediante un importe de 23€/20,90€ IVA excluido-, para una plaza de alojamiento en hotel preferentemente de 4 estrellas, con desayuno, almuerzo, cena, wifi gratis, animación y todos los servicios
hoteleros, cuando los operadores cifran en estos momentos el coste de producción real en 34€ por persona y día.


Así las cosas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya más de tres meses y los efectos económicos subsiguientes que han desembocado en la mayor escalada inflacionista, de aumento de los costes energéticos y de una subida
generalizada del precio de los alimentos y otras materias primas, problemas de suministro, etc., experimentados por España a lo largo de las últimas décadas, se ha traducido inexorablemente en que sólo a lo largo del último periodo, de media los
alojamientos turísticos hayan visto incrementados sus costes operacionales en más de un +20 %, ahondando con ello en un empeoramiento si cabe mayor aún de sus márgenes y condiciones, en este caso de los Programas IMSERSO.


Es por ello que en este contexto altamente inflacionista a lo largo de los últimos meses hemos venido escuchando las denuncias y reclamaciones de este sector, demandando ser atendidos sin éxito por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dentro
de un planteamiento absolutamente legítimo y equitativo desde el punto de vista empresarial: 'Nos aboca a la ruina'; 'esto no es negocio, no es bueno y no es sostenible en el tiempo'; 'el Gobierno está dejando pasar una gran oportunidad para
tener un programa adecuado a los tiempos'; 'nos den la clave de cuadrar este Programa con incrementos de los principales costes hoteleros'; 'no existe ningún argumento para negar la actualización económica del Programa del IMSERSO', son solamente
algunas de las afirmaciones llevadas a cabo a lo largo de las últimas fechas por parte de líderes y voces cualificadas de la industria hotelera española, como resulta el caso del propio Presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Manchal a cuenta de la viabilidad de los Programas IMSERSO.


A todo lo anterior, hay que traer a la memoria además del recorte en el número de plazas de la actual temporada (desde las 900.000 plazas ofertadas en la convocatoria de 2019 hasta la cifra de poco más de 800.000 en esta última), el retraso
considerable en el comienzo de la distribución y comercialización de los viajes de ambos Programas, solapándose con el desarrollo de la pasada campaña de Navidad en medio de una época meteorológica más adversa; la pérdida de ingresos y actividad
económica en los destinos receptores perjudicados por el retraso en el arranque de ambos Programas durante más de un trimestre; el impacto de la variante ómicron y el incremento de la incidencia acumulada coincidiendo con el inicio de los viajes;
las denuncias de la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL) por la demora a la hora de formalizar los contratos con los establecimientos termales, y perjudicando por extensión a las áreas de influencia de los balnearios; incumplimientos en
materia de política de precios mínimos por plaza; etc., elementos que en definitiva, han arrojado como resultado un grado de ejecución y cumplimiento manifiestamente mejorables de la presente temporada a tenor de las cifras de plazas efectivamente
cubiertas en el caso del Programa de Turismo Social, -poco más del 60 % del total de las ofertadas-;



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mientras que el de Termalismo con 12.000 puestos de trabajo vinculados de una manera u otra a alrededor de un centenar de balnearios, presenta aún más pobres resultados, tanto en términos del número de establecimientos que han tomado parte,
como en lo relativo también a los usuarios inscritos sobre el conjunto de las plazas ofrecidas. En este punto, convendría detenerse para poner en valor la importancia del Programa de Termalismo como propulsor económico vital en comarcas enteras de
la España interior y que durante la etapa pandémica han hecho en muchos casos un esfuerzo importante para mejorar y modernizar sus instalaciones.


Para terminar, el pasado miércoles 1 de junio durante el transcurso de una comparecencia en esta Cámara, en relación con los Programas de los que venimos hablando y de cara a la inminente convocatoria 2022/2023, la Ministra titular de
Derechos Sociales y Agenda 2030, doña lone Belarra, manifestó que 'recuperaremos esta actividad con solidez, con seguridad y sin modificar los precios que pagan las personas mayores, que no tendrán ni un céntimo de subida en sus viajes'. A renglón
seguido, organizaciones representativas del sector hotelero español han reaccionado, solicitando la dimisión de la Ministra responsable.


Por último, cabe recordar aquí que ante los sucesivos incumplimientos producidos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia y siendo perfectamente conscientes de la capilaridad de estos Programas, así como de la posible
repercusión en términos de mantenimiento de empleo en muchos destinos españoles, además lógicamente de los daños y perjuicios ocasionados a las personas mayores consumidoras de los productos turísticos IMSERSO, el Grupo Popular en el Congreso ha
venido presentando diversas iniciativas reiteradas a este respecto: en concreto, en mayo de 2021 planteaba una Proposición no de Ley relativa a la recuperación urgente de estos Programas y con posterioridad, en septiembre también de 2021, se
registraba otra Proposición relativa a la adjudicación y formalización urgente de la contratación de los servicios para la organización, gestión y ejecución de ambos Programas.


Por todo lo anteriormente expuesto, en medio de un contexto macroeconómico complejo para nuestro empresariado turístico, a fin de proceder sin mayor dilación a una actualización equitativa de las características generales actuales y
desfasadas de los Programas de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO, reparando a la mayor brevedad las condiciones precarizadas impuestas a los actores turísticos hasta ahora con el propósito de garantizar en todo caso una adecuada u óptima
concurrencia de establecimientos hoteleros y termales de cara a la siguiente temporada, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:


1. Habilitación de los créditos presupuestarios necesarios y suficientes, que posibiliten introducir acciones globales de mejora en la convocatoria de la próxima temporada 2022/2023 de los Programas de Turismo Social para personas mayores y
mantenimiento del empleo en zonas turísticas y de Termalismo del IMSERSO, tales como la mejora cualitativa de las condiciones de rentabilidad aplicadas a los proveedores o ampliando la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar.


2. Activar y garantizar en todo caso de cara a la tramitación de las próximas licitaciones de estos Programas por parte de la entidad adjudicadora, la inclusión de precios unitarios con valores de mercado, ajustados a los costes reales de
producción en la actual coyuntura, preservando parámetros de calidad en las ofertas de los viajes y los servicios prestados.


3. Garantizar a los pensionistas usuarios acreditados en la próxima temporada el mantenimiento y congelación de los precios aplicados para la temporada 2021/2022, habida cuenta de la coyuntura inflacionista y consecuentemente, la reducción
de renta disponible en los hogares españoles.


4. Asegurar de manera coordinada a la cadena de valor turística de los destinos receptores de circuitos IMSERSO, el cumplimiento efectivo de los calendarios y plazos de ejecución predeterminados de cara a la siguiente convocatoria,
corrigiendo los perjuicios causados a la planificación de la gestión operativa de los proveedores durante esta temporada.


5. Enriquecer desde el punto de vista turístico la oferta experienciaI de las personas mayores usuarias de los circuitos IMSERSO, apostando por el desarrollo de nuevos productos adaptados a los gustos y preferencias específicos de este
colectivo de la población y considerando las nuevas tendencias dentro de la industria turística, etc.


6. Introducir mejoras en la gestión que afecten a operadores y usuarios a través de la opcionalidad de digitalización de los procesos y simplificación de los trámites en aras de aumentar su eficiencia.



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7. Abordar y acordar conjuntamente con operadores, distribuidores u otros proveedores en el seno de una mesa de trabajo constituida al efecto, cualquier aspecto susceptible de mejora de ambos Programas, que pueda redundar en pro de una
verdadera apuesta por un modelo turístico de calidad para los destinos españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Eduardo de Olano Vela, Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/004305


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, relativa a la implementación de un plan de modernización de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz.


Exposición de motivos


Los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz se constituyen como el motor industrial y económico más importante y con más capacidad de arrastre en relación con el empleo de toda la provincia. Está conformado por tres centros (San
Fernando, Cádiz y Puerto Real) que aglutinan unas capacidades que convierten a este polo industrial en el más importante de Europa en el sector naval.


Navantia San Fernando reúne tres áreas productivas con un importante valor añadido en lo que respecta a alta tecnología. El Área de Reparaciones se posiciona como referente a nivel internacional en la reparación y modernización de buques,
siendo la base sobre la que Navantia ha creado su estructura de Apoyo al Ciclo de Vida de embarcaciones navales. Estas instalaciones son también punteras en la dotación de sistemas para buques militares. Asimismo, el área de Sistemas FABA
proporciona un valor añadido en materia de innovación y alta tecnología aplicado en todas las factorías de la compañía. Todo ello posiciona a este astillero como puntero a nivel internacional, pese a lo cual no cuenta con carga de trabajo a largo
plazo.


Por otro lado, Navantia Cádiz también está especializada en reparaciones y transformaciones, contando entre sus hitos más importantes la modernización de cuatro fragatas de la armada española y la reparación de numerosos gaseros. Asimismo,
es líder mundial en la reparación y mantenimiento de grandes cruceros de pasajeros. Estas últimas líneas de trabajo se han intensificado de cara al futuro. De hecho, se trata del único centro de Navantia que se dedica en exclusividad a las
Reparaciones y las Transformaciones de buques, lo que sumado a su proximidad a importantes rutas en el tráfico marítimo lo posicionan como punto neurálgico en el futuro desarrollo de la compañía.


En tercer lugar, Navantia Puerto Real se perfila como la factoría más grande de Navantia y con mayor capacidad de construcción de grandes buques. Está diseñada principalmente para la construcción de buques civiles, pero también ha cubierto
con éxito la construcción de uno de los buques más grandes de la armada española, el buque Cantabria. Por tanto, es un centro con unas grandes potencialidades, especialmente en segmentos de alto valor añadido y alta tecnología, y con unos precios
estables dentro de la coyuntura económica. Fruto de ello, durante la última década ha construido hasta trece buques entre Gaseros, Ferrys, Ro-Pax, Ro-Ro's y Fspo.


Los astilleros de la Bahía de Cádiz muestran, así, grandes potencialidades de cara al futuro. Ahora bien, la viabilidad y consolidación de estos astilleros pasa por la realización de nuevas inversiones en infraestructuras internas (grúas,
muelles, etc.) que pongan en valor las instalaciones con las que actualmente cuentan. Dichas instalaciones requieren urgentemente de una puesta a punto que revitalice y haga posible mantener y aumentar las cuotas de negocio. También se requieren
mejoras a nivel de organización interna y de relación con las empresas auxiliares y los equipos de trabajadores que prestan sus servicios en estos astilleros. En este marco, resulta necesario vincular a la industria auxiliar de manera más efectiva
a futuros proyectos, de modo que dichas empresas puedan prever de manera anticipada las



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necesidades productivas y las cargas de trabajo, manteniendo la calidad y cantidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras de estas industrias auxiliares. Asimismo, resulta fundamental que los centros educativos de Formación
Profesional de la provincia orienten su oferta educativa de manera coordinada con las necesidades industriales reales de la Bahía de Cádiz.


En lo relativo a los recientes cambios en la organización de la empresa, el Plan Estratégico de Navantia 2018-2022 ha establecido la conformación de tres áreas principales de trabajo: la construcción naval, los servicios y las energías
verdes-economía circular. Esta modificación en la estructura organizativa ha recibido críticas por parte de los Comités de Empresa, que no han sido llamados a participar en este proceso.


Con los cambios realizados, el astillero de Puerto Real quedaría encuadrado en la Dirección de Energías Verdes y Economía Circular. El encuadramiento de este astillero limita su capacidad de gestión de proyectos, esto es, pasa de ser
gerente de los proyectos a ser subcontratista. Mientras que en los distintos proyectos de construcción naval es la propia Navantia la que lidera todas las etapas de los proyectos, desde la ingeniería conceptual (definición del proyecto), pasando
por la ingeniería de producción, fabricación, hasta la entrega y apoyo al ciclo de vida, en el caso de las energías verdes estos procesos los lideran las empresas privadas que promueven los proyectos. En estos casos, la aportación de Navantia es la
de subcontratista que suministra la mano de obra de fabricación, en su mayor parte subcontratada a sus empresas auxiliares, y que ofrece sus instalaciones como taller de fabricación. A efectos económicos, estos cambios pueden reducir los márgenes
de beneficios de la empresa y su capacidad para capitalizar este tipo de proyectos.


Esta nueva división organizativa también puede perjudicar al astillero en materia de empleo, tanto por el número de proyectos que acometería como por la naturaleza de los mismos. Entre los años 2016 y 2020 se construyeron en este astillero
cuatro petroleros tipo Suezmax, que generaron 1.700 empleos de media, mientras que la construcción de tres plataformas offshore y jackets de soporte de aerogeneradores solo revirtió en la creación de 310 empleos de media, datos que darían sustento a
estas previsiones. La nueva organización propuesta por la empresa igualmente afecta a la disposición de personal cualificado y conocimiento acumulado, lo que podría revertir de manera negativa sobre el nivel de competitividad de la compañía. Los
proyectos relacionados con las energías verdes generan carga de trabajo en las secciones de montadores de estructuras, soldadores, pintores y andamieros. En menor medida y en función del tipo de offshore, también se puede requerir el trabajo de
electricistas, técnicos electrónicos, caldereros y personal de gestión. En cambio, en el caso del diseño y la construcción de buques intervienen, además de estos gremios, los dedicados a ingeniería, compras, logística, habilitadores, frigoristas y
mecánicos, entre otros. El mantenimiento de estos gremios y del conocimiento y experiencia acumulados se podría ver seriamente afectado en caso de que el astillero de Puerto Real dejara de construir buques.


Una solución a esta situación podría darse por medio de la diversificación de las construcciones de buques hacia la construcción civil. El propio documento 'Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en
España', publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece lo siguiente en su análisis sobre el sector de la industria naval, astilleros y portuario: 'El mercado energético marino se posiciona como una
importante fuente de demanda de buques para dar apoyo a las actividades de construcción, puesta en marcha y mantenimiento de parques eólicos ubicados en el mar. La industria e ingeniería naval españolas están capacitadas para atender a las futuras
demandas de otros sectores industriales y con ello la apertura a nuevos segmentos de mercado. En este sentido, la experiencia en la construcción de buques de apoyo para operaciones offshore en el ámbito del oil & gas del sector naval español puede
ser aprovechada para la construcción de buques especiales asociados al despliegue de las energías renovables marinas'. Lamentablemente, el astillero de Puerto Real no tiene en la actualidad carga de trabajo, más allá de alguna reparación derivada
del astillero de Cádiz por saturación del mismo, lo que aporta una carga de trabajo mínima.


El sector naval es un sector impulsor de la economía y el empleo por su capacidad de arrastre sobre el sistema productivo. Tales efectos son más sensibles en las áreas adyacentes a la propia localización de los astilleros. Los siguientes
datos avalan estas afirmaciones:


- Por cada euro gastado por el Estado en el sector naval, retornan 4 euros a las arcas públicas a través del IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.


- Navantia es la empresa con mayor efecto multiplicador sobre la demanda en la economía española.


- Por cada euro que aumenta la cifra de negocio de Navantia, se incrementa en 3,6 euros en el resto de sectores productivos.



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- Por cada euro que aumenta la cifra de negocio de Navantia aumenta el Valor Añadido Bruto de España en 1,4 euros.


- 1 millón de euros de aumento de la cifra de negocio de Navantia provoca un incremento en 34,1 empleos (5,8 directos y 28,3 indirectos).


- Navantia tiene una alta intensidad exportadora, el 52,3 % de sus ventas, lo que redunda positivamente en la balanza comercial española.


- La plantilla propia de Navantia en la Bahía de Cádiz asciende a 1.000 personas empleadas en San Fernando, 400 en Puerto Real y 150 en Cádiz, es decir, alrededor de 1.600 trabajadores y trabajadoras. También se genera un volumen de empleo
indirecto que multiplica por seis estas cifras.


- Navantia aglutinó el 3,1 % del empleo en la provincia de Cádiz y el 2,48 % de su PIB en el año 2010. En el año 2011 supuso el 3,45 % del PIB provincial. El número de empresas proveedoras de Navantia en la Bahía de Cádiz supera las 200,
en su mayoría localizadas en la provincia y otras limítrofes. Asimismo, la facturación con estas empresas supera los 220 millones de euros anuales.


- En el año 2019, por cada trabajador de Navantia Reparaciones Cádiz-San Fernando se facturó un millón de euros, mostrando claramente que el negocio de reparaciones tiene una capacidad de crecimiento, generación de empleo y riqueza sin
parangón en toda la compañía. Se trata sin lugar a dudas de una actividad con grandes posibilidades de expansión y crecimiento.


La continuidad y desarrollo de las actuales líneas de negocio de Navantia resulta crucial para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en la Bahía de Cádiz, para lo que se requiere la realización de las oportunas inversiones y
el refuerzo de la actividad comercial. Pero resulta necesario incidir en la diversificación de su actividad. En primer lugar, retomando y potenciando la construcción de buques civiles, que ha sufrido una caída desde el año 2006 que puede lastrar
su posicionamiento en los mercados. Esta vía de negocios aportaría estabilidad productiva a los astilleros de la Bahía, así como al empleo de la industria auxiliar, por cuanto la construcción civil especializada en buques de alto valor añadido
necesita una mano de obra de alta intensidad y cualificación. La construcción de un solo buque de este tipo tiene potencial para generar alrededor de 1.800 puestos de trabajo directos e indirectos.


Con relación al sector de la eólica marina, se constituye como un ámbito de interés especial por el crecimiento actual y futuro de este sector, lo que conferiría estabilidad a la actividad y carga de trabajo de estos astilleros, aliviando su
nivel de exposición a la inestabilidad de los mercados que se ha dado en las últimas décadas. Los objetivos delimitados por la Unión Europea respecto a que la energía eólica soporte el 50 % de la generación de energía en el año 2050 ha provocado
que por parte de diferentes países de nuestro entorno, principalmente Alemania, Noruega, Dinamarca, Holanda o Reino Unido, se empiece a propulsar la instalación de parques eólicos marinos de gran envergadura. Solo para el decenio 2010-2020 se
preveía pasar de 3.554 MW instalados a los 74.771 MW, lo que da idea de la potencialidad de este mercado.


En los próximos 3 años se construirán más de 450 estructuras/plataformas de soporte para aerogeneradores y subestaciones eléctricas. En Puerto Real se han construido ya varias subestaciones, por lo que se cuenta con la infraestructura y el
conocimiento sobre los que desarrollar esta área de negocio. Además, estas previsiones de instalaciones de parques marinos llevan aparejada la necesidad de construir una flota de barcos especializados para el desarrollo de esta industria, tanto
barcos instaladores, como auxiliares y de mantenimiento. Las estimaciones apuntan a que en los próximos años se generarán alrededor de 215.000 puestos de trabajo en este sector, lo que se constituye como una gran oportunidad para los astilleros de
Navantia y la Bahía de Cádiz. La construcción de las plataformas requiere de grandes instalaciones de almacenaje, potentes medios de elevación y la posibilidad de disponer en las cercanías de los centros constructores de terrenos para desarrollar
otras actividades relacionadas con este negocio, ámbitos ya cubiertos en parte en estos astilleros pero que requieren de una optimización por parte de la empresa.


En lo tocante a las reparaciones de buques, los centros de reparaciones de Cádiz y San Fernando están preparados para dar el salto definitivo en este negocio. La media de ofertas gestionadas al año así lo demuestra. A las capacidades
propias se suman el riguroso cumplimiento en los plazos de entrega, las buenas condiciones climatológicas de la zona y, sobre todo, la experiencia y garantía que convierten a los astilleros de Navantia en la Bahía en un sello de calidad en el
negocio de las reparaciones. Solo en este tipo de negocio y durante los tres últimos años, a pesar de la pandemia y la crisis internacional, Navantia Reparaciones Cádiz-San Fernando ha facturado aproximadamente 430 millones de euros, siendo el
único astillero de toda la compañía con cuenta de resultados positiva. Estos datos apuntan al gran potencial en



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el desarrollo de esta línea de negocio, cuyo pleno aprovechamiento pasa por el refuerzo de las consabidas inversiones y acciones comerciales.


En paralelo a estos desarrollos, se hace necesario reforzar el sistema de seguridad y salud de los astilleros. La construcción naval es una actividad con muchos riesgos especiales que requiere de una dotación adecuada y suficiente de medios
humanos y materiales de cara a garantizar el óptimo cumplimiento de las medidas de control y prevención. También se debe velar por la autonomía orgánica y funcional de los servicios de Seguridad y Salud siguiendo el modelo aplicado en otros países,
evitando que estos equipos dependan de las direcciones de personal, de las de proyectos u otras equivalentes. La progresiva reducción de las plantillas propias de Navantia durante los últimos años ha tenido un efecto directo sobre el empeoramiento
de las capacidades en este plano. Esto se debe a que el sistema de prevención integrada que rige en la empresa hace que todos los trabajadores propios tengan encomendadas tareas relativas a la seguridad y la salud. Al disminuir la ratio de
trabajadores propios sobre trabajadores de empresas externas, disminuyen las capacidades efectivas para el control y la gestión de las tareas de seguridad y salud. También, la disminución del personal propio y la acumulación de responsabilidades en
estos y otros ámbitos está produciendo un incremento de los riesgos psicosociales, lo que no hace sino agravar la situación. Se hace necesario, así, dotar a la empresa matriz de más personal propio para compensar las ratios entre personal interno y
externo y así garantizar el adecuado desempeño de estas labores, así como incrementar las dotaciones de personal propio especializado en los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues la subcontratación temporal de estas labores no resulta
una solución estable ni aporta las debidas garantías. Todo ello debe ir unido a una mejora en la dotación de medios materiales destinados al efecto.


En suma, es necesario realizar las oportunas inversiones, el adecuado dimensionamiento de las plantillas y el refuerzo de la acción comercial de Navantia, especialmente en los mercados internacionales, de cara a la consolidación y desarrollo
de la actividad de esta empresa pública. Ello debe ir acompañado por la debida acción diplomática que facilite la apertura de nuevos nichos de mercado y la consolidación de la actividad y el empleo en la Bahía de Cádiz.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reforzar el sector naval como sector de futuro y de generación de empleo digno y con estabilidad, recogiendo en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas concretas necesarias para acometer un plan de modernización de
los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, que provea de las necesarias inversiones para la consolidación de las diferentes líneas de producción en desarrollo y la diversificación de su actividad.


2. Exigir la máxima eficacia en cuanto a gestiones a realizar por la dirección comercial de Navantia y el propio Gobierno que cristalicen en nueva carga de trabajo, introduciendo como criterio principal de actuación la rentabilidad social
de la actividad, y no solo su rentabilidad económica.


3. Cumplir con la contratación de la carga de trabajo pendiente de los acuerdos de diciembre de 2004 en lo que se refiere a la segunda fase de los BAM (buques de acción marítima) y los acuerdos del Plan Estratégico de Navantia.


4. Realizar prospecciones de mercado para la identificación de nuevos nichos de mercado y potenciales producciones.


5. Promover el desarrollo de un programa de inversiones en l+D+i específico para productos civiles, dando vía libre para la construcción de buques offshore, gaseros, ferrys y otros navíos en el astillero de Puerto Real, dentro del marco de
los acuerdos europeos y fomentando la negociación con los armadores.


6. Relanzar y desarrollar la actividad de las reparaciones, acometiendo las inversiones necesarias e intensificando las gestiones comerciales que posibiliten una ampliación de la actividad y el empleo en este ámbito.


7. Realizar las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad relacionada con la eólica marina, energías verdes y economía circular, potenciando los proyectos gestionados por la propia empresa que promuevan la generación y
estabilización de empleo y actividad económica en la Bahía de Cádiz.



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8. Promover un adecuado dimensionamiento de las plantillas de los astilleros, dejándose de amortizar los puestos que van quedando vacantes y apostando por la formación como pilar que sostenga este sector. La formación debe ser flexible y
especializada, para que aporte una mayor cualificación y por consiguiente mayor competitividad y excelencia en el resultado final, y así procurar una capacitación integral de los trabajadores y trabajadoras de la industria auxiliaren todas las fases
de la construcción, lo que permitiría participar en mayor medida en los programas y facilitaría mayor estabilidad en el empleo.


9. Dotar a los astilleros de la Bahía de Cádiz de una plantilla suficiente de trabajadores propios, con el fin de evitar la práctica abusiva de la externalización de trabajos y el consiguiente deterioro de las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras del sector, así como de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Ello requiere garantizar el cumplimiento de los acuerdos laborales a través de un estricto control y fiscalización de los mismos.


10. Agilizar el sistema de subcontrataciones con las empresas auxiliares y dotarlas de herramientas para facilitar su acceso a las ofertas de trabajo de Navantia, garantizando la competencia en igualdad de condiciones a las distintas
empresas auxiliares y superando las restricciones a las que lleva en la práctica el sistema del acuerdo marco actual.


11. Consolidar el tratamiento al polo industrial naval de la Bahía de Cádiz como sector estratégico y establecer mecanismos para fortalecer la industria auxiliar complementaria.


12. Garantizar que se da continuidad a la realización de auditorías legales que se realizan con carácter anual a los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo.


13. Asegurar una ratio mínima de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa matriz por operario y aumentar la dotación de medios materiales al efecto en los tres astilleros de la Bahía de Cádiz.


14. Garantizar que todos los trabajos que se realicen en los astilleros se ejecutan en cumplimiento de la normativa vigente y de los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo y que el control y la gestión de las tareas de seguridad y salud
se realizan de manera adecuada.


15. Garantizar que los gerentes, dirección y técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo sean orgánicamente independientes a la dirección de proyectos, la dirección de personal u otros niveles de dirección.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/004288


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rediseño, adaptación,
refuerzo y mejora urgente de las condiciones competitivas y sostenibles de los Programas de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO de cara a la próxima convocatoria, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad.


Exposición de motivos


En la presente temporada 2021/2022 ha tenido lugar con notable retraso la reanudación de los Programas de Turismo Social para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, así como de Termalismo del IMSERSO, tras
su suspensión inicial y posterior cancelación en 2020 motivado por la irrupción y el curso de la pandemia. En efecto, de manera absolutamente repentina más de 300 establecimientos hoteleros de nuestro país, la red de agencias de viaje españolas
minoristas, el amplio sector de los restaurantes y cafeterías, empresas de transporte, locales de ocio nocturno y resto de la oferta turística complementaria de los destinos españoles habituales con cuota de afluencia de circuitos IMSERSO, -que
venían vinculando de manera directa e inducida a



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aproximadamente 100.000 puestos de trabajo, con un volumen de facturación directa e indirecta de 600 millones de euros-, se veían impactados por una parálisis de ambos Programas que desgraciadamente se ha prolongado por espacio de dos años.


A efectos de dimensionar la importancia de dichos Programas para el colectivo beneficiario de las personas mayores con cerca de cuatro décadas de funcionamiento y experiencia a las espaldas, hay que subrayar que los Programas IMSERSO, como
servicio complementario a las prestaciones de la Seguridad Social, se han convertido en un referente consolidado de las políticas que intentan mejorar el bienestar físico, emocional y mental de las personas mayores, debiéndose destacar que más de
10.000 personas con discapacidad vienen disfrutando anualmente de estos Programas, debiéndose tener presente además que el 65 % de los pensionistas que suelen participar en dichos Programas cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros/mes.
Ciertamente, los Programas de Turismo Social y Termalismo son un elemento básico del envejecimiento activo y saludable que también contribuyen a luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores, resultando obvio asimismo señalar que el
impacto de la pandemia ha repercutido de forma sustancial en la salud y ocio de nuestros mayores. De hecho, la relevancia de ambos Programas en la actualidad se refleja en las cifras de tráfico web del IMSERSO durante el primer trimestre de 2022,
donde se ha incrementado el número de visitas en un 86 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Google Analytics, alcanzando 1.600.000.


No obstante, a pesar que con carácter bastante previo al comienzo de la crisis de salud pública, los distintos operadores turísticos intervinientes en estos Programas ya venían trasladando al Gobierno de España la imperiosa necesidad de
iniciar conjuntamente los trabajos de análisis que diesen paso a una mejora del marco de las condiciones económicas de contratación impuestas a nuestros empresarios hoteleros, agencias de viajes distribuidoras, etc., dado el evidente estado de
obsolescencia del mismo, sin embargo, el relanzamiento de la última convocatoria para la temporada en ejecución, -tras dos años transcurridos en medio de la mayor crisis en la historia del turismo español-, no ha hecho sino seguir cronificando unas
condiciones desventajosas, absolutamente fuera de mercado y que a la postre se han visto obligados a secundar muchos establecimientos alojativos adheridos, fundamentalmente por el retraso en la normalización de la demanda turística en nuestro país y
la falta de nichos de actividad alternativos. En este sentido, resulta procedente volver a recordar aquí que en la actual campaña, uno de los parámetros básicos exigidos a nuestros proveedores consiste en cubrir los costes de producción (incluidos
costes laborales) de los servicios y actividades -mediante un importe de 23€/20,90 € IVA excluido-, para una plaza de alojamiento en hotel preferentemente de 4 estrellas, con desayuno, almuerzo, cena, wifi gratis, animación y todos los servicios
hoteleros, cuando los operadores cifran en estos momentos el coste de producción real en 34€ por persona y día.


Así las cosas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya más de tres meses y los efectos económicos subsiguientes que han desembocado en la mayor escalada inflacionista, de aumento de los costes energéticos y de una subida
generalizada del precio de los alimentos y otras materias primas, problemas de suministro, etc., experimentados por España a lo largo de las últimas décadas, se ha traducido inexorablemente en que sólo a lo largo del último periodo, de media los
alojamientos turísticos hayan visto incrementados sus costes operacionales en más de un +20 %, ahondando con ello en un empeoramiento si cabe mayor aún de sus márgenes y condiciones, en este caso de los Programas IMSERSO.


Es por ello que en este contexto altamente inflacionista a lo largo de los últimos meses hemos venido escuchando las denuncias y reclamaciones de este sector, demandando ser atendidos sin éxito por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dentro
de un planteamiento absolutamente legítimo y equitativo desde el punto de vista empresarial: 'Nos aboca a la ruina'; 'esto no es negocio, no es bueno y no es sostenible en el tiempo'; 'el Gobierno está dejando pasar una gran oportunidad para
tener un programa adecuado a los tiempos'; 'nos den la clave de cuadrar este Programa con incrementos de los principales costes hoteleros'; 'no existe ningún argumento para negar la actualización económica del Programa del IMSERSO', son solamente
algunas de las afirmaciones llevadas a cabo a lo largo de las últimas fechas por parte de líderes y voces cualificadas de la industria hotelera española, como resulta el caso del propio Presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Manchal a cuenta de la viabilidad de los Programas IMSERSO.


A todo lo anterior, hay que traer a la memoria además del recorte en el número de plazas de la actual temporada (desde las 900.000 plazas ofertadas en la convocatoria de 2019 hasta la cifra de poco más de 800.000 en esta última), el retraso
considerable en el comienzo de la distribución y comercialización de los viajes de ambos Programas, solapándose con el desarrollo de la pasada campaña de Navidad en medio



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de una época meteorológica más adversa; la pérdida de ingresos y actividad económica en los destinos receptores perjudicados por el retraso en el arranque de ambos Programas durante más de un trimestre; el impacto de la variante ómicron y
el incremento de la incidencia acumulada coincidiendo con el inicio de los viajes; las denuncias de la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL) por la demora a la hora de formalizar los contratos con los establecimientos termales, y perjudicando
por extensión a las áreas de influencia de los balnearios; incumplimientos en materia de política de precios mínimos por plaza; etc., elementos que en definitiva, han arrojado como resultado un grado de ejecución y cumplimiento manifiestamente
mejorables de la presente temporada a tenor de las cifras de plazas efectivamente cubiertas en el caso del Programa de Turismo Social, -poco más del 60 % del total de las ofertadas-; mientras que el de Termalismo con 12.000 puestos de trabajo
vinculados de una manera u otra a alrededor de un centenar de balnearios, presenta aún más pobres resultados, tanto en términos del número de establecimientos que han tomado parte, como en lo relativo también a los usuarios inscritos sobre el
conjunto de las plazas ofrecidas. En este punto, convendría detenerse para poner en valor la importancia del Programa de Termalismo como propulsor económico vital en comarcas enteras de la España interior y que durante la etapa pandémica han hecho
en muchos casos un esfuerzo importante para mejorar y modernizar sus instalaciones.


Para terminar, el pasado miércoles 1 de junio durante el transcurso de una comparecencia en esta Cámara, en relación con los Programas de los que venimos hablando y de cara a la inminente convocatoria 2022/2023, la Ministra titular de
Derechos Sociales y Agenda 2030, doña lone Belarra, manifestó que 'recuperaremos esta actividad con solidez, con seguridad y sin modificar los precios que pagan las personas mayores, que no tendrán ni un céntimo de subida en sus viajes'. A renglón
seguido, organizaciones representativas del sector hotelero español han reaccionado, solicitando la dimisión de la Ministra responsable.


Por último, cabe recordar aquí que ante los sucesivos incumplimientos producidos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia y siendo perfectamente conscientes de la capilaridad de estos Programas, así como de la posible
repercusión en términos de mantenimiento de empleo en muchos destinos españoles, además lógicamente de los daños y perjuicios ocasionados a las personas mayores consumidoras de los productos turísticos IMSERSO, el Grupo Popular en el Congreso ha
venido presentando diversas iniciativas reiteradas a este respecto: en concreto, en mayo de 2021 planteaba una Proposición no de Ley relativa a la recuperación urgente de estos Programas y con posterioridad, en septiembre también de 2021, se
registraba otra Proposición relativa a la adjudicación y formalización urgente de la contratación de los servicios para la organización, gestión y ejecución de ambos Programas.


Por todo lo anteriormente expuesto, en medio de un contexto macroeconómico complejo para nuestro empresariado turístico, a fin de proceder sin mayor dilación a una actualización equitativa de las características generales actuales y
desfasadas de los Programas de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO, reparando a la mayor brevedad las condiciones precarizadas impuestas a los actores turísticos hasta ahora con el propósito de garantizar en todo caso una adecuada u óptima
concurrencia de establecimientos hoteleros y termales de cara a la siguiente temporada, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:


1. Habilitación de los créditos presupuestarios necesarios y suficientes, que posibiliten introducir acciones globales de mejora en la convocatoria de la próxima temporada 2022/2023 de los Programas de Turismo Social para personas mayores y
mantenimiento del empleo en zonas turísticas y de Termalismo del IMSERSO, tales como la mejora cualitativa de las condiciones de rentabilidad aplicadas a los proveedores o ampliando la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar.


2. Activar y garantizar en todo caso de cara a la tramitación de las próximas licitaciones de estos Programas por parte de la entidad adjudicadora, la inclusión de precios unitarios con valores de mercado, ajustados a los costes reales de
producción en la actual coyuntura, preservando parámetros de calidad en las ofertas de los viajes y los servicios prestados.


3. Garantizar a los pensionistas usuarios acreditados en la próxima temporada el mantenimiento y congelación de los precios aplicados para la temporada 2021/2022, habida cuenta de la coyuntura inflacionista y consecuentemente, la reducción
de renta disponible en los hogares españoles.


4. Asegurar de manera coordinada a la cadena de valor turística de los destinos receptores de circuitos IMSERSO, el cumplimiento efectivo de los calendarios y plazos de ejecución predeterminados de



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cara a la siguiente convocatoria, corrigiendo los perjuicios causados a la planificación de la gestión operativa de los proveedores durante esta temporada.


5. Enriquecer desde el punto de vista turístico la oferta experiencia! de las personas mayores usuarias de los circuitos IMSERSO, apostando por el desarrollo de nuevos productos adaptados a los gustos y preferencias específicos de este
colectivo de la población y considerando las nuevas tendencias dentro de la industria turística, etc.


6. Introducir mejoras en la gestión que afecten a operadores y usuarios a través de la opcionalidad de digitalización de los procesos y simplificación de los trámites en aras de aumentar su eficiencia.


7. Abordar y acordar conjuntamente con operadores, distribuidores u otros proveedores en el seno de una mesa de trabajo constituida al efecto, cualquier aspecto susceptible de mejora de ambos Programas, que pueda redundar en pro de una
verdadera apuesta por un modelo turístico de calidad para los destinos españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio 2022.-Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo, Marta González Vázquez, Agustín Almodóbar Barceló, Isabel María Borrego Cortés y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/004294


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de mejora del Ingreso
Mínimo Vital, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


España sufre una crisis social y económica de terribles consecuencias: 3.108.000 parados, con una tasa de paro que duplica la media europea, especialmente en desempleo femenino y juvenil, casi 100.000 trabajadores que siguen en ERTE y
68.000 empresas cotizantes menos inscritas en la Seguridad Social. Las familias tienen dificultades para hacer frente a sus necesidades básicas, pues a la descomunal subida del precio de la luz, los hidrocarburos, la cesta de la compra, se une una
inflación que roza ya los dos dígitos, y son ya 11 millones los españoles que viven en riesgo de pobreza, 6 millones en pobreza severa (dos millones más que en 2018).


Frente a esta situación, el llamado 'escudo social' puesto en marcha por el Gobierno, especialmente el Ingreso Mínimo Vital, no está logrando mitigar las situaciones de necesidad que viven cientos de miles de familias en España, puesto que,
apenas el 12,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza lo recibe, según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, haciéndolo, además, de manera muy desigual en el territorio nacional.


El Gobierno sigue denegando tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, habiendo incumplido su promesa inicial de alcanzar los 2.300.000 beneficiarios, pues prácticamente dos años después de su aprobación, solo ha llegado al 46
% de esa previsión. Una cifra aquella inicial que incluso ya resulta obsoleta, dado el notable incremento de la pobreza en España.


Entre las causas que se apuntan como factores clave para ese bajo índice de cobertura se encuentra la complejidad del procedimiento, la excesiva burocracia y la escasez de medios humanos y materiales en las oficinas del Instituto Nacional de
la Seguridad Social para hacer frente al aumento de la carga de trabajo que vienen padeciendo desde hace dos años, en gran medida provocada por la aprobación precipitada de la prestación, sin tener en cuenta todos estos factores, ni contar con la
experiencia acreditada durante décadas en la gestión de rentas mínimas por los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como de las entidades del Tercer Sector.


Como ha destacado CCOO en su Informe sobre el Mercado de Trabajo y Protección por desempleo correspondiente al segundo semestre de 2021, 'El Ingreso Mínimo Vital no fue objeto de concertación social, salvo un muy breve periodo de consultas
que no permitió incidir en un diseño que debió ser



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negociado, y finalmente, al decidir el Gobierno aprobarlo con motivo del inicio de la pandemia, se aprobó de forma precipitada, con vocación estructural, en lugar de haber regulado una medida de choque y haber abordado esta cuestión de forma
más participada y mejor diseñada. El resultado: sucesivas correcciones y un aún escaso desarrollo del IMV'.


Otros de los motivos claves que dificultan su concesión, es la preferencia dada a la tramitación telemática frente a la presencial, lo que dificulta gravemente el acceso a personas vulnerables como consecuencia de la brecha digital, no
olvidemos que es un nuevo motivo de exclusión social, unido a la falta de medios humanos y materiales de las Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para suplirlo mediante la atención presencial y telefónica.


Es más, muchas de dichas denegaciones son debidas a simples errores o problemas con la documentación que podrían ser subsanados, o incluso a cuestiones de interpretación de la propia Administración, causas que, sin embargo, no son
expresamente reflejadas en las correspondientes resoluciones desestimatorias dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la consiguiente indefensión que ello causa al administrado. Es por ello por lo que, según datos facilitados
por el propio Gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2021, el número de reclamaciones previas a la vía judicial interpuestas contra resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social ascendía a 102.173, de las que hasta esa fecha
habían sido estimadas 11.913.


Y es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha visto desbordado por las miles de solicitudes de prestaciones que no están siendo atendidas ni en su totalidad, ni en los plazos fijados debido a la carencia de personal. Tal es
así, que, en determinadas ocasiones, ha colapsado el reconocimiento de otras prestaciones como las de jubilación, viudedad, orfandad, etc. En los momentos más críticos, han sido los empleados públicos los que con su esfuerzo y dedicación han
garantizado el funcionamiento de los servicios públicos sobre todo en las áreas más sensibles y necesarias para la sociedad, sin contar para ello con los refuerzos necesarios.


Todo ello ha implicado que incluso, CCOO, UGT y CSIF hayan denunciado que la gestión del Gobierno ha generado una situación de 'siniestro total' en la Seguridad Social, señalando la falta total de personal y los problemas que tienen los
ciudadanos para ser atendidos y ver solucionadas sus demandas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Simplificar y clarificar la documentación a aportar por los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, eliminando las trabas existentes hasta el momento.


2 Que, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se cumplan los plazos establecidos legalmente para la notificación de las resoluciones administrativas de concesión y/o denegación de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, así
como para resolver las reclamaciones y recursos administrativos que contra las mismas puedan interponer los interesados.


3. Que, las referidas resoluciones vayan debidamente motivadas, especialmente en caso de denegación de solicitudes o desestimación de las reclamaciones y recursos.


4. En los supuestos de Sentencias de los Juzgados de lo Social estimatorias de las demandas interpuestas contra resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en procedimientos de Ingreso Mínimo Vital, se inicie con celeridad,
por el referido Instituto, la aplicación del artículo 294 de la Ley 3/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, sobre ejecución provisional de la Sentencia condenatoria al pago de prestaciones de pago periódico de la Seguridad
Social.


5. Establecer la atención presencial suficiente y necesaria en las distintas Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para atender a todos los ciudadanos en tiempo y forma, incluidos los solicitantes de la prestación del
Ingreso Mínimo Vital, agilizando el sistema de citaciones para la misma, todo ello compatible con la atención telefónica y telemática, dejándolo a elección del ciudadano una u otra modalidad.


6. Reforzar, en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los medios personales y materiales que resulten necesarios para agilizar la tramitación, resolución y abono de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital en el menor
tiempo posible, así como el resto de prestaciones: jubilación, viudedad, orfandad, etc.



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7. Impulsar y ofrecer en toda España a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital los itinerarios individualizados de inserción laboral, evitando cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos por vivir en una u otra Comunidad
Autónoma.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-María Teresa Angulo Romero, Alicia García Rodríguez, Llanos de Luna Tobarra y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/004290


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el borrador de Resolución estableciendo disposición de ordenación de la pesca del abadejo en la zona CIEM 8C (POL/08C), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El pasado mes de mayo, la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación remitió a las cofradías un borrador de Resolución estableciendo disposición de ordenación de la pesca del abadejo en la zona CIEM 8C
(POL/08C).


El borrador recoge lo establecido en el Reglamento (UE) 2022/109, del 27 de enero, por el que se establecen para 2022 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en aguas de la Unión Europea. Un
Reglamento que fija para el stock POL/O8c un TAC para 2022 de 166 toneladas de abadejo, de las que al Estado español le corresponden 149, una cantidad igual que la fijada en el 2021, y que, una vez sumado el 5 % de la cuota del POL/9/3411 en la zona
8C (9,8 Tn.), y el sobrante disponible de 2021 (17 Tn.), llega a las 175,8 Tn, superior a las 160 Tn, fijadas para 2021.


El TAC del stock de abadejo fue evaluado como categoría 5 de ICES, lo que significa que conlleva un 'enfoque precautorio' en la fijación del mismo. Según el borrador de Resolución, ese enfoque precautorio viene dado 'por la escasez de
información clara al respecto de la abundancia y nivel de explotación' del stock, lo que llama poderosamente la atención ya que fija un TAC 'precautorio' sin existir estudios que lo indiquen y, lo que es aún más grave, sin que la Administración se
tenga puesto en contacto con el sector de la pesca profesional para evaluar y obtener información fidedigna.


Partiendo del ritmo de consumo de cuota registrado (82.000 Kg.) en lo que va de 2022, superior a la del año 2021 en este momento en más de 30.000 Kg., la Secretaría General de Pesca decide establecer los siguientes topes de captura de Kilos
de abadejo por barco y semana en cada trimestre:


;2.o Trimestre;3.o Trimestre;4.o Trimestre


Volanta CNW.;15;70;300


Palangre CNW.;10;30;80


Artes menores CNW.;10;30;80


Lo primero que se observa en esta distribución es la importante diferencia entre unos censos y otros, suponiendo un agravio para la pesca artesanal. También resultan muy significativos los recortes, sobre todo si tenemos en cuenta que el
abadejo nunca cerró por sobrepesca, ni siquiera se tuvo que restringir la pesca y desde hace años viene sobrando cuota.



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Todo esto está provocando un profundo malestar en las cofradías y entre los patrones y las tripulaciones de las embarcaciones que ven como se les va a imponer una cuota muy restrictiva en una especie que nunca la tuvo y que nunca la
necesitó, con unos topes inasumibles para la flota artesanal y que significarían, en la práctica, que un barco de artes menores, de 3 y 4 tripulantes, solo podría pescar una o dos piezas de abadejo a la semana en este trimestre.


No puede entenderse y es muy difícil de justificar que, no existiendo estudios que avalen la decisión, se establezca una cuota de 175,8 Tn., superior a las 160 Tn, del 2021, y de la que hubo sobrante sin que existieran cupos por barco, para
que ahora se establezca una cantidad de captura verdaderamente insignificante.


Es evidente que si en el año 2021, sin cupos establecidos, hubo sobrante, este año 2022, con cupos, significaría que ese sobrante sería aún mucho mayor al final del año, época en la que las embarcaciones de artes menores no la podrían
aprovechar por estar dedicadas de lleno a la captura de otras especies.


No es la primera vez que la Secretaría General de Pesca dicta normas que poco o nada atienden a la lógica de la flota y de las poblaciones de las especies. El ejemplo más llamativo es el que se dio con la raya en 2021, donde las medidas
fueron tan rigurosas que, después de estar cerrada varios meses la pesca, se volvió a abrir a final de año, después de ver que había un 52 % de cuota sin consumir y justo cuando la flota pesquera está dedicando su tiempo y sus esfuerzos a otras
especies más comerciales para la campaña de Navidad.


El sector entiende perfectamente los topes de captura y es el primer interesado en practicar una pesca sostenible y que les garantice su medio de vida, pero ese imprescindible que pueda pescar durante todo el año y que la distribución sea
razonable.


En este caso, tanto las importantes diferencias entre censos como la ínfima cantidad de abadejo que se les permitiría capturar harían impensable su mantenimiento, máxime en los tiempos actuales donde los precios de los combustibles hacen
imposible, de hecho, salir al mar para capturar 10, 30 o 80 Kg, por semana y barco.


Medidas como la que se quiere poner en marcha sólo serviría para incidir en la inviabilidad, cada vez mayor, de la flota pesquera gallega, concretamente de las artes menores, que ya a día de hoy ve peligrar claramente su actividad. Sólo
supondría pérdidas, y no solo para las embarcaciones y las tripulaciones sino también para las lonjas, los compradores y los demás puestos de trabajo indirectos y, en definitiva, para la economía de las zonas costeras gallegas.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Rectificar y no aprobar definitivamente la Resolución de la Secretaría General de Pesca sobre la disposición de la pesca del abadejo en la zona CIEM 8C (POL/08C) para 2022.


2. Recabar la opinión del sector para evaluar las posibilidades reales en cuanto a la pesca del abadejo en la zona 8C para 2022.


3. Llevar a cabo los estudios precisos que proporcionen información clara sobre el nivel del stock para, posteriormente, tomar las decisiones, siempre en contacto permanente con el sector afectado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.



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161/004307


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover y facilitar la creación de mercados locales de productos
agroalimentarios y artesanales para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


A lo largo de las últimas décadas, se ha podido percibir que el formato comercial tradicional ha sido reemplazado por el modelo de la gran distribución, distanciando a los productores de los consumidores.


Esta desconexión ha hecho que los consumidores conozcan cada vez menos el origen de los alimentos. En el otro lado de la balanza, los productores, en particular los de pequeña escala, han visto el valor añadido de los alimentos capturado
por las grandes empresas agroalimentarias, procesadoras, minoristas y otros intermediarios.


Asegurar una retribución justa a los agricultores o el desarrollo del medio rural son de capital importancia para el modelo de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno de España, la Unión Europea y otros organismos internacionales.


La promulgación del contenido de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria en nuestro país debe suponer un impulso de crucial importancia para que, de una vez por todas, no se produzca la venta a pérdidas en nuestra agricultura y ganadería.


Conviene tener claro algunos conceptos que posibiliten una adecuada comprensión de la terminología y que permitan poder tomar decisiones en la dirección correcta. No existe una definición precisa de 'venta directa', 'canal corto de
distribución' o 'venta de proximidad' que sea de aplicación al amplio elenco de sistemas productivos y de distribución de alimentos.


Para intentar aclarar estos conceptos podemos indicar:


- Venta directa en la explotación: se produce cuando los productores comercializan sus productos en el mismo emplazamiento donde son producidos, lugar al que los consumidores se desplazan para adquirirlos.


- Mercados de productores: son los espacios en lo que los productores ponen a la venta sus productos en ferias y mercados organizados por los Ayuntamientos y otras instituciones públicas o privadas.


- Tiendas de venta directa: son los lugares en los que varios productores tienen la posibilidad de asociarse para poner en común medios para vender conjuntamente sus productos.


- Grupos de consumo: en esta ocasión son los consumidores los que se asocian para comprar directamente a los productores y organizar el reparto. Al hacer pedidos periódicos de cierto volumen, son capaces de reducir el coste.


- Plataformas online: son páginas web donde los productores exponen y venden sus productos on-line sin intermediarios.


- Venta a restauración colectiva: el productor suministra directamente los alimentos a comedores colectivos, hospitales, geriátricos, etc.


La venta directa de productos agroalimentarios desde el productor hasta el consumidor, cumpliendo con la normativa en vigor, supone una mejora en la calidad del producto que llega a la ciudadanía y una oportunidad de rentabilidad para los
profesionales del sector agrario.


Los pequeños productores, tanto de alimentos frescos como elaborados, tienen la posibilidad de venta directa al consumidor final, a los centros de restauración, comedores colectivos, etc., sin la intervención de una empresa intermediaria
para mejorar su rentabilidad.


La creación de un espacio para la venta presencial y online de productos artesanos de la zona, mediante la puesta en marcha de mercados locales de productores, es una herramienta que puede tener especial relevancia, con la necesaria
implicación de las comunidades autónomas.


Estos mercados locales de productores, concebidos como una instalación como pool de empresas artesanas, punto de venta y distribución online, incluyendo las instalaciones necesarias para el almacenamiento y la distribución corta de productos
artesanos, gestión de la tienda física, virtual, stock y expedición de los pedidos, puede suponer una herramienta adecuada.



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Conviene resaltar, para la puesta en marcha de estos mercados locales de productores, la importancia de la formación y creación de un equipo de expertos en venta online, gestión de stocks y expediciones, con especial hincapié en la
comunicación en RRSS y gestión de contenidos.


El objetivo concreto con los mercados locales de productores es la creación de una instalación ecosostenible, implantación de un 'vivero de artesanos', puesta en marcha del mercado presencial y virtual y realización de mercados sectorizados.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas y profesionales del sector, promover y facilitar la creación de mercados locales de productos agroalimentarios y artesanales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/004308


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la gestión de la pesquería de túnidos desarrollada en el Océano
Atlántico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El Atún Blanco pertenece a la familia de los Escómbridos, orden Perciformes, En su migración entra en la Península por el noroeste, dividiéndose en dos ramas, una de las cuales se va al Mediterráneo, mientras que la otra, la más voluminosa,
recorre durante primavera y verano toda la costa cantábrica. Es, por tanto, un pez de aguas no muy frías, que vive en profundidades medias (a unos 100 m de profundidad) y nada formando grandes bancos que se acercan a la costa sólo en primavera. La
temporada del Atún Blanco comprende los meses de verano, principalmente mayo, junio e incluso octubre. A este periodo se le conoce con el nombre de 'costera del bonito'.


El Bonito del norte o Atún Blanco vive durante el invierno en las aguas próximas a las islas Azores y, a finales de primavera, se desplaza hacia el Mar Cantábrico, a la zona del Golfo de Vizcaya. La época de captura en el Mar Cantábrico
suele comenzar en junio y finaliza en septiembre.


Esta especie es capturada en el Cantábrico por parte de la Flota de Bajura durante la Costera, entre los meses de julio a septiembre, y también en Canarias en los periodos en los que se desplaza hacia esas aguas. Se captura con artes de
pesca tradicionales: cebo vivo y cacea o curricán. Son dos artes tradicionales que utilizan la caña y el anzuelo. Esto significa que el bonito se pesca uno a uno. Estas artes de pesca son respetuosas con el recurso marino, evitan las capturas
accidentales de otras especies y permiten una gestión pesquera sostenible.


El Atún Blanco es uno de los principales representantes del grupo de los pescados azules, de importante valor económico, por lo que representa su pesquería para algunas flotas, especialmente del norte. Asimismo, es uno de los más apreciados
de la familia de los túnidos tanto para su consumo en fresco como para la industria conservera, por su elevado interés gastronómico y sus grandes aportaciones nutricionales y energéticas.


La profundidad en el conocimiento de los hábitos y las características biológicas del atún blanco ha permitido determinar con bastante precisión la capacidad de reproducción de esta especie y los límites de su explotación.


En febrero de 2021, España consiguió que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) aprobase una subida del total admisible de capturas (TASC) de atún blanco o bonito del norte del 12 % en 2021. Esta medida de
cuota de bonito se mantendrá para los próximos dos años. Así, España dispondrá de una cuota de más de 18.000 toneladas anuales en el período 2021-2023.



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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a crear un grupo de trabajo con el sector y las Comunidades Autónomas para estudiar en detalle los resultados de la última campaña, así como los datos disponibles de campañas
precedentes, con el fin de disponer de información suficiente con el fin de plantear alternativas para mejorar la gestión de la pesquería de túnidos desarrollada en el Océano Atlántico por la flota pesquera de los puertos del norte de España y de
Canarias con artes tradicionales, también conocida como 'costera del bonito'.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Ariagona González Pérez, Juan Francisco Serrano Martínez, José Luis Aceves Galindo, Herminio Rufino Sancho íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Javier Cerqueiro González, María Luisa
Faneca López, Mariana de Gracia Canales Duque, Juan Luis Soto Burillo, Indalecio Gutiérrez Salinas, Montse Mínguez García, Lázaro Azorín Salar y Mariano Sánchez Escobar, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/004309


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la transición de Riego a Fertiirrigación en cultivos intensivos,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La distribución del regadío en España, tal como refleja esta tabla del ESYRCE, nos dice que hay 1.917.892 ha de riego localizado de las cuales un alto porcentaje no utiliza fertiirrigación; es decir, agua más concentración de fertilizantes
para aplicar en los diversos momentos fenológicos de la planta. Se riega, pero en muchos casos aún se utiliza el fertilizante sólido o bien líquido sin tener en cuenta la dosificación, concentración y momento apropiado.


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La optimización tanto de fertilizantes como de agua está en línea con las recomendaciones de Farm to Fork lo cual nos lleva a una reducción del consumo de fertilizantes y a un consumo menor del módulo de agua por superficie de cultivo.


Incentivar la transición de riego a fertirriego y, también, de la transformación del riego por gravedad (926.585 ha) a otra forma de riego controlado y fertiirrigación redundará en una mayor disponibilidad de agua, más superficie de cultivo
regado y mediante la fertiirrigación a un menor consumo de nutrientes totales con los consiguientes beneficios para el cultivo, tanto en rendimiento de la cosecha como en calidad de la misma evitando a su vez pérdidas de Nitrógeno por lixiviación,
arrastre y volatilización y retrogradación de Fósforo.


Entendemos que es una transformación que ha de incentivarse por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Confederaciones Hidrográficas y CC. AA. en línea con las recomendaciones de Farm to Fork y el proyecto de Real Decreto por
el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.


La cooperación Ministerio, Empresas fabricantes de Fertilizantes - Nutrientes y Organizaciones Sindicales, Cooperativas Agroalimentarias y Confederaciones Hidrográficas resulta imprescindible para llevarlo a cabo.


Se trata de incentivar un Plan Nacional de Comunicación que haga llegar los objetivos de Farm to Fork y la implementación práctica del nuevo Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que ponga en marcha actividades de formación y divulgación para que llegue a agricultores, técnicos y empresas agrarias y facilite el conocimiento y cumplimiento de los requisitos del Real Decreto por el que se establecen normas para la
nutrición sostenible en los suelos agrarios.


2. Colaborar con aquellos organismos docentes, cooperativas y sindicatos agrarios, empresas de fertilizantes y otros agentes del mundo rural involucrados en una nutrición de suelos agrarios sostenible y respetuosa con el medio ambiente para
que realicen actividades que faciliten el rápido conocimiento y cumplimiento del Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/004311


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar al Olivar tradicional con mayores dificultades, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El sector del aceite de oliva es un sostén esencial en el sistema agroalimentario español.


El sector del olivar tiene una evidente trascendencia económica, social, ambiental y territorialmente. Hay más de 350.000 agricultores que se dedican al cultivo del olivar. El sector aporta más de 15.000 empleos en la industria.


El cultivo del olivar está presente en 15 de las 17 comunidades autónomas. Andalucía es la mayor región productora con 1,67 millones de hectáreas, con el 80 % del total, concentrándose principalmente en la provincia de Jaén, con el 37 % del
total.



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En España, el Olivar Tradicional representa el 76 % del olivar español, de los que el 52 % es mecanizable y un 24 % no mecanizable. De la superficie restante, el 22 % correspondería a olivar intensivo y el 2 % a super intensivo. Este tipo
de cultivo aporta beneficios medioambientales como la absorción de CO2 (1 millón de toneladas al día), reducción de la erosión del suelo y de la desertización. Otro factor a tener en cuenta del cultivo del olivar tradicional es el mantenimiento del
empleo, lo que lleva consigo la detención de la despoblación en el campo, sobre todo en territorios donde otros cultivos no pueden desarrollarse por el clima y la orografía.


El cultivo del olivar tradicional nunca podrá competir en rentabilidad con los olivares de cultivo intensivo y super intensivo, tanto en secano como en regadío. Esto está poniendo en peligro la continuidad de las explotaciones de olivar
tradicional. Prácticamente la totalidad de las nuevas plantaciones descartan el olivar tradicional. Incluso se da el hecho de que se están arrancando olivares tradicionales poco productivos para implantar olivares intensivos y super intensivos.


Estos factores hacen que en España exista un riego de abandono del olivar tradicional, se ha estimado que más del 20 % del olivar tradicional español se encuentra en riesgo de desaparición. Esta es la principal conclusión del informe
'Salvemos el buen aceite', elaborado por el analista oleícola internacional, Juan Vilar, por encargo de Doleo. Esto llevaría consigo la pérdida del motor económico de numerosas zonas, al ser este cultivo la principal o única fuente de ingresos de
manera directa o indirecta.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a seguir aplicando políticas adecuadas para la supervivencia del olivar tradicional con mayores dificultades mediante apoyos específicos, ya que por sus particulares condiciones y sus
costes de producción muy superiores al resto del sector, presenta un elevado riesgo de abandono. Apoyando al olivar tradicional se luchará contra la despoblación en el medio rural, contribuyendo a la cohesión social del territorio, se fomentará la
creación de empleo, protegiendo social y económicamente muchos territorios rurales; además, se conseguirá beneficios medioambientales, reduciendo la erosión del suelo y la desertización, entre otros factores para la conservación del medio
ambiente.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, María de Gracia Canales Duque y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comisión de Cultura y Deporte


161/003321


Mediante escrito de fecha 8 de junio de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre la promoción, reconocimiento y divulgación de las Vías Ferratas y, en concreto, para el apoyo a la intervención
de una de ellas de nueva creación localizada en La Rioja, Peña Jembres, próxima al municipio de Sajazarra, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 350, de 26 de octubre de 2021.


Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2022.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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161/004300


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la transparencia y buenas
prácticas de la RFEF de cara a la candidatura hispano-lusa para el Mundial de Fútbol 2030, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Desde que, a principios de año, la candidatura británica decayese en su propósito de organizar el Mundial de Fútbol de 2030, la candidatura conjunta lanzada por España y Portugal ha quedado como la única candidatura europea para albergar el
evento más importante del fútbol a nivel global. Tendrá que medirse frente a otras candidaturas de América, Asia y África que, por otro lado, aún no se han hecho oficiales.


La organización en España y Portugal de este evento deportivo, sólo superado en importancia por los Juegos Olímpicos, supondría un espaldarazo al deporte español, a nuestra economía, y a múltiples proyectos como las conexiones ferroviarias
de alta velocidad con nuestro país vecino. Ello es especialmente cierto teniendo en cuenta las enormes dificultades que, a nivel institucional y político, está encontrando la candidatura española para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de
manera conjunta entre Aragón y Cataluña.


Sin embargo, además de la estabilidad política y capacidad de infraestructuras que un evento como el Mundial requiere, también es fundamental disponer de un sistema institucional y empresarial transparente y fiable. En este sentido, son muy
preocupantes las noticias que se han venido publicando sobre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, entidad encargada de gestionar la parte española de la candidatura al Mundial y, en su caso, la celebración del mismo en nuestro
país.


Tras la polémica suscitada por las revelaciones sobre la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí, el grupo parlamentario Ciudadanos introdujo varias enmiendas al Proyecto de Ley del Deporte, con el objeto de aumentar la transparencia
y prohibir la celebración de este tipo de eventos y competiciones en países donde no se respeten los principios de igualdad de trato y no discriminación. También es preocupante, en términos de transparencia, que el puesto en cuestión traiga
asociada una remuneración ocho veces superior a la del presidente del Gobierno, dos veces superior a la de su homólogo alemán, o cinco veces superior a la de su antecesor en el cargo, también investigado por corrupción en su día.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Tomar cuantas acciones sean necesarias, a través del Ministerio de Cultura y Deporte y del Consejo Superior de Deportes, para maximizar las oportunidades de la candidatura ibérica al Mundial de Fútbol de 2030, garantizando la
transparencia en su gestión.


2. Llamar a la Real Federación Española de Fútbol a garantizar también la total transparencia de su gestión, aprobando un nuevo plan general de buenas prácticas.


3. Elevar al TAD, sin dilación, cualquier irregularidad que el Gobierno crea de su incumbencia en referencia a la RFEF.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/004304


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 50º Aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso, para su debate en la
Comisión Cultura y Deporte.



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Exposición de motivos


El 8 de abril de 2023 se cumplirá el quincuagésimo aniversario de la muerte del artista español Pablo Ruiz Picasso, se hizo famoso como uno de los pioneros del Cubismo, que creó junto con Georges Braque, y continuó desarrollando sus
diferentes facetas artísticas a un ritmo comparable a la celeridad de los cambios culturales y tecnológicos del siglo XX, cuyo arte dominó y revolucionó.


Su expresión artística permeó la arquitectura, la moda y la escultura, es quizás el más grande artista del siglo XX, no solo por su calidad pictórica, sino por su prolífica producción, que arrojó más de 43.000 piezas en varias fases y
estilos (de lejos más que ningún otro).


Destacable es también la relación del artista malagueño con Francia, no dejó nunca de ser un extranjero en Francia. Sin embargo, muchos franceses aún están convencidos de que el pintor malagueño era francés. Picasso conectó con varios
pintores españoles y franceses que alimentaron los estilos cambiantes del artista. La capital francesa, muy bohemia por aquel entonces, también influenció tanto su vida como su obra, haciendo de esta una época muy desenfrenada.


Como no podía ser de otra manera, en París se halla uno de los museos dedicados al genio. Situado en el distrito de Marais, exhibe alrededor de 5.000 de las obras del maestro como las pinturas cubistas 'Hombre con guitarra', 'Hombre con
mandolina', 'Pinturas de guerra' y diversas esculturas del período del pop art por el que pasó.


Cannes inspiró a Picasso a producir parte de sus obras más conocidas, como el estudio de Las Meninas y Las 9 telas sobre las Palomas (que hoy en día se pueden ver en la Fundación Picasso de Barcelona) y que pintó en su estudio de la villa La
Californie, también conocida como Villa Picasso o Pavillon de Flore.


En lo referente a las aportaciones artísticas a nivel internacional, podemos destacar el Guernica como símbolo internacional y convertido hoy en emblema colectivo de la defensa de los derechos humanos. Pintado en París entre abril y mayo de
1937 reflejó el horror de la Guerra Civil española cuyo título alude al bombardeo nazi que sufrió el municipio Vizcaíno. No solo es considerado una de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico 'icono
del siglo', símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos.


Picasso ha tenido un impacto monumental en la cultura popular y conocido por su particular manera de vivir, gozar y sufrir a lo largo de su prolongada existencia, sus obras siempre encontraron mercado, y en lo que respecta a las casas de
subastas, ese sigue siendo el caso. Picasso no deja de tener un enorme atractivo y facturas enormes sumas. A comienzos de la década pasada dos de sus cuadros rondaron los 100 millones de dólares (Dora Maar au chat y Garçon à la pipe).


En palabras del director del museo Picasso en Málaga, José Lebrero 'A partir de Picasso y llegando a Picasso podemos ir a muchos sitios: a Creta, al arte precolombino, a la rebelión contra la academia del siglo XIX. También podemos ir
hacia adelante: hay una figura que Picasso crea en torno a sí mismo, una especie de mito internacional'.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Impulsar una comisión bilateral con el gobierno de Francia, para la celebración conjunta del 50º aniversario de la muerte de Picasso.


2. Programar actividades accesibles al público en general, para ensalzar la figura de Picasso como artista polifacético.


3. Desarrollar exposiciones de manera simultánea en España y Francia para que el legado del pintor malagueño resuene en toda Europa.


4. Reivindicar la trayectoria de Picasso como defensor de la paz y de la tradición cultural europea e internacional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Marc Lamuà Estañol, Julio del Valle de Íscar, Fuensanta Lima Cid, José Carlos Durán Peralta e Ignacio López Cano, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/004286


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para terminar con las situaciones de discriminación que
sufre el colectivo de los trabajadores autónomos con relación al tratamiento fiscal de sus contribuciones a planes de pensiones, para su posterior debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


Actualmente se está tramitando en el Parlamento el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes de Pensiones y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.


Con relación a los autónomos y por lo que ahora interesa, esta nueva norma prevé la modificación del artículo 5.3.a) de la citada Ley de Regulación de los Planes de Pensiones, y el correlativo artículo 52.1 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de establecer un incremento de 4.250 euros anuales sobre el límite general, para las aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos,
de nueva creación en el citado Proyecto.


Si bien este incremento supone una mejora con relación a los beneficios fiscales de que disfrutaban hasta ahora los autónomos por sus contribuciones a planes de pensiones, la misma sigue siendo insuficiente y mantiene una notoria
discriminación con respecto a los incentivos fiscales que se contemplan para los trabajadores por cuenta ajena. Así, estos últimos disponen de un incremento de hasta 8.500 euros anuales, el doble que los profesionales autónomos. No establecer
límites idénticos a situaciones idénticas, supone imponer de manera injustificada un trato desigual y discriminatorio entre ambos tipos de trabajadores, en detrimento de los que lo son por cuenta propia. Además, dicha diferenciación arbitraria
contradice las recomendaciones al respecto del Pacto de Toledo, que persigue buscar la equiparación en derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los previstos para los trabajadores del Régimen General.


Por otro lado, la discriminación a que se somete al colectivo de autónomos, en este caso, a aquellos que tienen trabajadores a su cargo, va más allá, pues igualmente se les excluye inmerecidamente del trato fiscal favorable que sí se otorga
a las sociedades que contribuyen a planes de pensiones a favor de sus empleados. Así, el Proyecto de Ley en tramitación ha incluido una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades en virtud de la cual, los sujetos pasivos de este impuesto
(empresas, compañías y sociedades en general), pueden practicar una deducción en cuota, del 10 % de las contribuciones empresariales que realicen a planes de pensiones a favor de sus trabajadores, en determinados supuestos. Sin embargo, de manera
inexplicable, ningún incentivo fiscal se contempla cuando quien realiza las aportaciones a favor de sus empleados en nómina no es una empresa, sino un autónomo.


Por último, el colectivo de trabajadores autónomos, tan esencial en nuestro país y que de manera tan severa ha acusado los efectos de una crisis post-pandemia que aún no ha acabado y, ahora, de la guerra en Ucrania, se siente desprotegido
cuando debe enfrentar unos gastos por cotizaciones sociales sin haber generado ingresos. En este sentido, es necesario definir un sistema de cotización para los autónomos, que se aleje de los desproporcionados umbrales de cotización planteados por
el Gobierno y que contribuya a mejorar la protección social y la sostenibilidad financiera de este colectivo, con el fin de continuar incentivando y favoreciendo la creación de empleo y riqueza.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aumentar el incremento contenido en el artículo 52.1.2.º) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la normativa sobre previsión social



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concordante, hasta la cantidad de 8.500 euros anuales para las aportaciones realizadas por trabajadores autónomos a los planes de pensiones contenidos en dicho artículo, en justa correspondencia con el límite previsto para las aportaciones
de los trabajadores por cuenta ajena.


2. Aprobar una deducción en cuota en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los trabajadores por cuenta propia que tuvieran empleados en nómina a su cargo y que imputaran a su favor contribuciones empresariales a planes de
pensiones, en los mismos términos contemplados en el artículo 38.ter de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.


3. Aprobar un sistema de cotizaciones sociales de los autónomos que se adecue a las necesidades del sector y que tenga en cuenta la realidad de sus ingresos, alejado de umbrales de cotización desproporcionados y que garantice la
sostenibilidad financiera del colectivo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Sanidad y Consumo


161/004302


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la concesión de ayudas
para pacientes en diálisis domiciliaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


El elevado incremento del precio de la factura de la luz, desde junio de 2021, está ocasionando una situación especialmente grave para las personas que sufren enfermedades crónicas y que requieren de tratamientos domiciliarios, como es el
caso de las 4.000 personas con enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis domiciliaria, incapaces de asumir, en muchos casos, esta subida.


Esta situación preocupa también a los profesionales de la Nefrología, que temen una reversión en la tendencia de crecimiento de las modalidades de diálisis domiciliaria, un tratamiento que es más cómodo y seguro para los pacientes con
enfermedad renal crónica, al reducir la necesidad de traslados a centros sanitarios y permitir un mayor bienestar del paciente.


Además, se estima que los tratamientos de diálisis domiciliaria son un 30 % más coste-efectivos que los tratamientos similares en centros sanitarios, lo que supone además un ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Un paciente tratado con
técnicas domiciliarias puede suponer hasta 25.000 euros menos al año, lo que supondría más de 40.000 euros de diferencia por año de vida ganado ajustado por calidad. Cuando el tratamiento se ofrece en el hospital o centro de diálisis, el paciente
no tiene que abonar nada por el tratamiento; sin embargo, cuando esta opción se lleva al domicilio sí que tiene que sufragar el gasto extra de luz que ello le supone.


Los tratamientos sanitarios de la cartera básica se financian con impuestos y no pueden suponer un coste extra por llevárselo a casa, más cuando encima supone un menor coste para el sistema público de salud. Sin embargo, es necesario
asegurar que no existen barreras a la equidad a la hora de que los pacientes puedan acceder a estos tratamientos, que son un derecho dentro de la cartera de servicios. La escalada de precios de la luz se ha convertido, sin duda, en una de esas
barreras.


Los hogares con pacientes electrodependientes han tenido que afrontar incrementos del coste de la factura mensual de la luz de entre 30 y 40 euros o, lo que es lo mismo, de 600 euros anuales si se mantienen estos precios. Muchos pacientes,
de hecho, están rechazando estos tratamientos, pese a las mejoras que suponen para su bienestar y autonomía y pese a los costes que pueden ahorrar estas terapias al Sistema Nacional de Salud, por los costes asociados a los mismos.


Solo ocho comunidades (Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Islas Canarias y País Vasco) tienen en este momento algunas ayudas para estos pacientes,



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y estas no superan en ningún caso los 80 euros mensuales, siendo por tanto insuficientes para compensar la diferencia de la factura. Por el contrario, la mayoría de las comunidades autónomas siguen sin poner en marcha medidas de apoyo, y el
Gobierno de España tampoco ha señalado ninguna acción en particular que tenga como objetivo facilitar el acceso a tratamientos domiciliarios en este contexto.


Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner en marcha medidas específicas o ayudas que permitan financiar, de forma permanente, el coste de la electricidad de las familias con pacientes en diálisis domiciliaria.


2. Impulsar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una homogeneización de los sistemas de ayudas o bonificaciones a las familias con pacientes en diálisis domiciliaria, evitando así posibles inequidades.


3. Incluir a los pacientes de diálisis domiciliaria entre los destinatarios prioritarios de las ayudas o beneficios relacionados con las medidas de choque para paliar el impacto de la subida de luz sobre estos pacientes crónicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2022.-Carmen Riolobos Regadera, Elvira Velasco Morillo, Carmen Navarro Lacoba, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo Romero,
Elena Castillo López, Juan Antonio Callejas Cano, Gabriel Elorriaga Pisarik y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/004310


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la internacionalización del sistema de ciencia e
investigación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) son motores innegables del progreso social y del desarrollo económico mundial, pero, además, su carácter universal supone un elemento fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales,
otorgando a la diplomacia una importancia en el fortalecimiento de la presencia de un país y su imagen en el mundo.


La actual Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el anteproyecto para su modificación, contemplan la internacionalización y la cooperación al desarrollo de la investigación científica como objetivos
generales de nuestro sistema. A través de la colaboración y concertación de relaciones internacionales se permite un intercambio de experiencias y la adopción de políticas públicas nacionales e internacionales eficaces en el ámbito de la l+D+i,
sobre todo en aquellas economías que aún se encuentran en desarrollo.


Si algo nos ha enseñado la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, es la necesidad de que la Ciencia sea universal y exista un entorno en el que sea capaz de atravesar fronteras. La internacionalización de la ciencia y la investigación se
configuran como claves para poder afrontar en un futuro otras posibles emergencias a las que estamos expuestos como consecuencia, por ejemplo, del cambio climático.


Asimismo, establecer medidas que favorezcan la internacionalización de la ciencia y la investigación permitiría contribuir con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así lo
señala la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y



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Desarrollo, donde esta internacionalización puede propiciar la mejora de la productividad, el crecimiento económico y la promoción de la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Del mismo modo, el establecer medidas que permitan
alcanzar los ODS consta ya como objetivo en la Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología, en línea con el programa europeo Horizonte Europa.


La adopción de medidas públicas de cooperación internacional y diplomacia científica permitirían desarrollar un entorno favorable a las empresas españolas en el objetivo de búsqueda de sinergias y participación de éstas en actividades de
internacionalización de la l+D+i, donde España lidera los proyectos europeos. Además, hay que recordar que nuestro país también es un gran generador de producción científica, escalando en los últimos años en los puestos de la clasificación mundial
tal y como apuntan los datos del último informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).


En este sentido, es importante destacar el papel que realizan nuestras embajadas en el exterior en la tarea de detectar líneas estratégicas de interés y facilitar la atracción de talento a nuestro país, así como la promoción de los hallazgos
científicos y tecnológicos. Además, una estrecha colaboración con estas permitiría fortalecer y propiciar programas de contacto e intercambio.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Desarrollar, entre los ministerios competentes (Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación-AECID) y en colaboración con la comunidad científica y universitaria, una Estrategia de
Diplomacia Científica y Tecnológica que tenga como objetivo el reforzar la internacionalización del sistema de ciencia e investigación para de este modo apostar por la universalidad de la ciencia, la cooperación científica entre países y la
promoción de la paz y el desarrollo sostenible.


2. Impulsar los programas del ICEX España Exportación e Inversiones de apoyo a la internacionalización de las empresas tecnológicas e innovadoras españolas y el fomento de la atracción de inversiones extranjeras en España.


3. Colaborar con las embajadas de España en países de interés y con asociaciones científicas nacionales en el exterior para la organización de seminarios bilaterales e internacionales que permitan a España promocionar sus proyectos de l+D+i
y difundir los hallazgos científicos y tecnológicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Javier Alfonso Cendón, Sandra Guaita Esteruelas, Roberto García Morís y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/004283


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de la LOPIVI y la proclamación del día
del buen trato hacia la infancia, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.


Exposición de motivos


La aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (en adelante LOPIVI) viene de una demanda social, una necesidad jurídica y un compromiso político. Todos los grupos
parlamentarios, gobiernos, sociedad civil y expertas trabajaron durante años por el correcto desarrollo y aprobación de esta ley.


La norma cumple con una labor primordialmente preventiva y pedagógica, pues pretende dar respuesta a una necesidad de transformación social que permita romper con todas las formas de violencia



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que sufre la infancia y su vínculo con cuestiones culturales. Es por ello que en el texto se incluye la prioridad de prevenir toda forma de violencia y se prohíbe de manera inequívoca, a la vez que se define y se fomenta el buen trato.


De este modo, la violencia que se ejerce contra los niños y las niñas es tan inaceptable como evitable. Toda forma de violencia contra la infancia siempre es prevenible y nunca está justificada, y supone además una vulneración de sus
derechos fundamentales. Entendemos la violencia contra la infancia en su sentido amplio y acorde con la LOPIVI, así como la Convención de los Derechos del Niño y las Observaciones Generales del Comité: violencia es cualquier daño físico, mental o
emocional que perjudica el desarrollo normal del niño y su bienestar físico y psicológico.


Para luchar contra la violencia, la LOPIVI señala que es imprescindible promover una transformación social. Esto es, que reflexionemos como sociedad sobre el trato que recibe la infancia y nos preguntemos: ¿Estamos tratando y protegiendo a
la infancia lo mejor que podemos? ¿La estamos teniendo en cuenta como sujeto de derechos?


Aunque hemos avanzado mucho y el pasado 20 de mayo se cumplió el primer aniversario de la aprobación de la LOPIVI, debemos seguir trabajando en erradicar cualquier forma de violencia contra la infancia. Esta Ley ha supuesto un antes y un
después en términos de derechos de infancia en España. Sin embargo, es importante avanzar hacia su desarrollo efectivo. Tanto a nivel estatal como autonómico.


Por todo ello, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas a:


a) Declarar de manera simbólica el día 20 de mayo como el día del 'buen trato hacia la infancia' como gesto que ayudará a avanzar hacia la transformación social que rechace cualquier tipo de violencia hacia los niños y las niñas.


b) Implementación urgente de la LOPIVI de manera eficaz e integral a través de la Estrategia de Erradicación de la Violencia que aterrice todas las medidas a todos los niveles administrativos: estatal, autonómico y local.


c) La especialización de la justicia en violencia contra la infancia, incluidos juzgados y tribunales, fiscalía y equipos técnicos especializados. Tal y como prevé la ley, para poder continuar el buen trato a la infancia en la atención a
las víctimas, una vez que ya hemos llegado tarde y se ha ejercido la violencia. Esperamos que el anuncio del Ministerio de Justicia sobre los trabajos para la elaboración del proyecto de ley, establezcan una especialización de los órganos y
profesionales de la justicia, con todas las garantías.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/004292


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al inicio inmediato de las
negociaciones por parte del Gobierno para el traslado de las instalaciones del Centro de Exámenes de El Saler de la Dirección General de Tráfico a otro espacio adecuado y accesible dentro del término municipal de Valencia para su debate en la
Comisión sobre Seguridad Vial.


Exposición de motivos


El 8 de julio de 1986, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, el Consell de la Generalitat Valenciana declaró Parque Natural el sistema



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conformado por el lago de la Albufera de Valencia, su entorno húmedo y la barra o cordón litoral adyacente a ambos, con el ámbito territorial.


En 1993, de nuevo el Gobierno valenciano, está vez de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y de acuerdo con las competencias de la
Generalitat en esa materia, aprobó el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, de régimen jurídico del Parque de la Albufera.


Al resultar incongruente que un parque natural tenga unas instalaciones del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico donde se efectúan los exámenes para la obtención del permiso de conducir por ser incompatible la protección del
medio ambiente con la presencia masiva de vehículos que provocan una contaminación atmosférica y acústica que perturba la tranquilidad y provoca problemas medioambientales y de convivencia, en noviembre de 2016, el Congreso de los Diputados instó al
Gobierno a que iniciara las negociaciones conducentes al traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico fuera del entorno del Parque Natural de la Albufera y dentro del término municipal de la ciudad de Valencia.


En el momento del registro de esta Proposición, la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia continúa manteniendo operativo el Centro de Exámenes de El Saler de la calle del Riu, 550 (Pinedo. El Saler) en el espacio protegido de la
Albufera.


El Gobierno viene obviando la referida Proposición no de Ley que la Comisión de Interior del Congreso, que en su sesión del día 30 de noviembre de 2016, acordó aprobar sobre el traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico
(DGT) en el Parque Natural de la Albufera y la total regeneración de la franja dunar de El Saler, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1. En colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, inicien las negociaciones conducentes al traslado de las instalaciones de la DGT fuera del entorno del Parque Natural de la Albufera, dentro del término
municipal de la ciudad de Valencia y en terrenos cedidos a la mencionada DGT en condiciones similares a las actuales.


2. Se coordinen las administraciones competentes para una total regeneración del espacio ocupado actualmente por dichas instalaciones.'


El 25 de mayo de 2018, el grupo parlamentario socialista registró en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra el Presidente Rajoy lo que llevó a un cambio en la Presidencia del Gobierno.


Es manifiesta la inacción por parte del Gobierno pues continua permitiendo que se mantengan las instalaciones del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico dependiente del Ministerio del Interior para la realización de las pruebas
para la obtención del permiso de conducir en pleno Parque Natural de la Albufera.


Por otro lado el Ayuntamiento de Valencia, a través del Servicio de Devesa-Albufera y el Servicio de Proyectos Urbanos, en una respuesta a la Associació Veïnal del poble del Saler ha reconocido no haber recibido 'comunicación' alguna de la
Dirección General de Tráfico en la que indicara 'su intención de dejar de utilizar las instalaciones'; y que por su parte, según han publicado distintos medios de comunicación, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de
la Generalitat no tiene ninguna constancia de la petición de traslado del centro de la Dirección General de Tráfico en el Parque Natural de l'Albufera.


A las peticiones vecinales se suman las de las asociaciones representativas del sector de las autoescuelas en la provincia de Valencia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1. Adopte las medidas necesarias para iniciar inmediatamente la negociación con el Consell de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para trasladar las instalaciones que la Dirección General de Tráfico tiene en el Parque Natural de la
Albufera en otro espacio adecuado y accesible, consensuado con las asociaciones representativas del sector de las autoescuelas en la provincia de Valencia, dentro del término municipal de la ciudad de Valencia.



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2. El Ministerio del Interior comunique inmediatamente al Ayuntamiento de Valencia su intención de dejar de utilizar las instalaciones del Centro de Exámenes de El Saler manifestando su voluntad de cambiar la ubicación de las instalaciones
existentes de la Dirección General de Tráfico en un suelo alternativo suficiente ofrecido por el Ayuntamiento de Valencia o la administración autonómica dentro del término municipal de la ciudad de Valencia.


3. El Ministerio del Interior ordene a la Dirección General de Tráfico que adecue inmediatamente una sala de los exámenes para la realización de las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir y recuperación del permiso por
perdida de puntos en las actuales dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico en la ciudad de Valencia.


4. Coordine con las administraciones competentes las actuaciones conducentes a la total regeneración del espacio que actualmente utiliza la Jefatura Central de Tráfico como Centro de Exámenes de El Saler.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Óscar Gamazo Micó y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Política Territorial


161/004296


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a poner en marcha un plan
nacional global, integral y coordinado de Formación para todas las Administraciones Públicas, en la mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información para su debate en Comisión de Política
Territorial.


Exposición de motivos


Según la publicación del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España (DSN) relativa al informe de Evaluación de la Amenaza del Crimen organizado en internet (IOCTA, por sus siglas en inglés):


'El IOCTA, que ha sido elaborado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol, por sus siglas en inglés), constata que tras la pandemia mundial, la nueva realidad ha implicado una rápida adaptación de la sociedad
en su conjunto que, en ciertos aspectos, se ha transformado deforma permanente. Con ello, tal y como reflejaba el informe IOCTA 2020, se ha producido una continua evolución y adaptación de la ciberdelincuencia. Según el informe, la utilización de
ransomware (malware que cifra los ficheros solicitando un rescate para recuperarlos), aprovechando cada vez más el teletrabajo generalizado, sigue siendo una de las principales amenazas, junto a otras como el clásico escaneo de redes en busca de
conexiones inseguras. Los cibercriminales también han aprovechado el aumento de las compras en línea con la pretensión de engañar a sus víctimas para que descarguen software malicioso, robar sus credenciales o perpetrar diferentes formas de
fraude.'


Este tipo de fraudes y acciones maliciosas en Internet afectan igualmente a las administraciones públicas de toda España. De hecho, en un informe reciente, la Policía Nacional ha alertado sobre un incremento de estafas también a las
Administraciones Públicas, y de manera particular, a la Administración General del Estado. Los investigadores de este tipo de delitos están detectando un aumento de los mismos en los que de una forma u otra, un organismo oficial aparece involucrado
en alguna tentativa de este tipo de fraude, ya sea como víctima o como parte involuntaria del engaño por haber sido suplantado. El incremento mayor se está dando en el BEC (Business Email Compromise), en el que el 'cebo' empleado es un cambio
imprevisto en la cuenta bancaria de pago a proveedores. En el caso de las Administraciones Públicas, las organizaciones criminales defraudadoras pueden obtener, vía 'on line' y



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sin rastro alguno, información pormenorizada sobre contratos establecidos por la Administración Pública y los altos cargos públicos responsables de su tramitación.


Es por todo lo expuesto que el ministerio de Política Territorial no puede estar ajeno a esta realidad y ha de coordinar herramientas específicas para que las administraciones y quienes a diario trabajan en las mismas, puedan tener más
capacidad de detección de estas intrusiones en los sistemas públicos, de modo que se pueda actuar más rápido y más eficazmente; protegiendo el servicio público y el interés general de los ciudadanos.


Por todo lo expuesto el Grupo Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un plan nacional global, integral y coordinado de Formación para todas las Administraciones Públicas, en la mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia
de tecnologías de la información, y herramientas para detectar y denunciar posibles amenazas en internet.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Carlos Rojas García y Vicente Betoret Coll, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/004298


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Autonomía Fiscal de las
Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


El Gobierno de la Nación ha anunciado en repetidas ocasiones su voluntad de 'armonizar' distintos impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas (CCAA), en particular, los de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.


Esta 'armonización' esconde, en la práctica, un ataque frontal a las competencias y a la autonomía fiscal de ciertas CCAA. Se les niega, de esta manera, la libertad para fijar las tarifas, reducciones, bonificaciones o exenciones que
consideren oportunas para sus residentes.


Más aún, el Gobierno se ha cuidado muy mucho de aclarar que la referida 'armonización' no se aplicaría a los territorios históricos del País Vasco ni a la comunidad foral de Navarra. Esto significa, en la práctica, que lo que se busca con
esta artimaña fiscal es subir la presión fiscal en Comunidades Autónomas de signo político contrario al del Gobierno de la Nación y, en particular, en Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia.


Desde un punto de vista territorial, la amenaza de una 'armonización' fiscal como la anunciada es contraria al principio constitucional de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas previsto en el artículo 156 de la Constitución
Española. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en innumerables ocasiones, la autonomía financiera es 'un instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política' de las CCAA. Es muy relevante en este mismo sentido el artículo
137 de la Constitución, el cual establece que las CCAA 'gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses'.


Es verdaderamente llamativo que quienes más se precian en defender una España 'federal' y 'plurinacional' sean los que, al mismo tiempo, se nieguen a respetar la autonomía política de aquellas comunidades autónomas que quieran bajarles los
impuestos a sus ciudadanos. No es de recibo que la libertad fiscal implique, en la práctica, libertad sólo para subir impuestos.


Las competencias normativas, en suma, sobre cuantificación de tributos cedidos son una manifestación de la autonomía de las CCAA, que tiene como correlato constitucional la imposición al Estado central de un deber de tolerar un margen
político para que éstas puedan regular los recursos financieros para el ejercicio de sus competencias.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar el principio constitucional de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, a asumir las bases de la organización territorial española en lo que se refiere,
en particular, a la capacidad de las comunidades autónomas para decidir libremente sus ingresos y gastos en el marco de sus competencias.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Carlos Rojas García, Vicente Betoret Coll, Alberto Casero Ávila, Milagros Marcos Ortega, Carmen Navarro Lacoba, Ana María Beltrán Villalba, Juan Manuel Constenla Carbón, Llanos de
Luna Tobarra, Beatriz Jiménez Linuesa y Percival Manglano Albacar, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001866


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya y don Juan Diego Requena Ruiz y Diputada doña Tristana Moraleja Gómez.


Texto:


¿Considera el Gobierno que los sucesivos cambios en los plazos definidos para la presentación de solicitudes de ayudas, una vez lanzada la convocatoria, garantiza las condiciones de concurrencia competitiva a todos los participantes en
relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC)?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


181/001867


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya y don Juan Diego Requena Ruiz y Diputada doña Tristana Moraleja Gómez.



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Texto:


¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte del Ministerio -en relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) y, en especial, en relación con
las garantías de transparencia y concurrencia competitiva-, del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


181/001868


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya y don Juan Diego Requena Ruiz y Diputada doña Tristana Moraleja Gómez.


Texto:


¿Considera el Gobierno que los sucesivos cambios en los plazos definidos para la presentación de solicitudes de ayudas, una vez lanzada la convocatoria, ha podido perjudicar la presentación de proyectos con inversiones que exigían plazos de
ejecución superiores a los contemplados en las Bases reguladoras del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC)?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001872


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados doña Mireia Borrás Pabón, don Ricardo Chamorro Delmo, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus
condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Texto:


¿Cómo va a afectar a los españoles la decisión del Gobierno de Argelia de suspender el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular debido a la posición unilateral
del gobierno español en relación con la entrega de la antigua provincia española del Sáhara Occidental a Marruecos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2022.-Mireia Borrás Pabón, Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.



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Comisión de Sanidad y Consumo


181/001869


Grupo Parlamentario Socialista


Diputada doña Ana Prieto Nieto y Diputado don Guillermo Meijón Couselo.


Texto:


¿Cuáles son las principales medidas y acciones previstas por el Gobierno de España para atender de manera prioritaria la salud mental de la población, en el marco del aprobado Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, en coordinación con la
Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS)?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Ana Prieto Nieto y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.


181/001870


Grupo Parlamentario Socialista


Diputada doña Ana Prieto Nieto y Diputado don Guillermo Meijón Couselo.


Texto:


¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de España para mejorar la atención a las personas con riesgo suicida y su entorno laboral?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Ana Prieto Nieto y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.


181/001871


Grupo Parlamentario Socialista


Diputada doña Ana Prieto Nieto y Diputado don Guillermo Meijón Couselo.


Texto:


¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno con relación a la incorporación progresiva de la salud bucodental en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Ana Prieto Nieto y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a



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continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Núm. expte.: 184/085487.


Núm. registro: 212248.


Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).


Objeto iniciativa: Proyecto de regeneración del complejo duna-marisma de la playa Grande de Miño.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 454, de 17 de mayo de 2022.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001873.


184/088310


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Botran Pahissa, Albert (GMx).


Agente de la Policía Nacional matriculado en una universidad pública de Cataluña, infiltrado en el SEPC, en el Casal Lina y en el movimiento en defensa del derecho a la vivienda.


Acuerdo:


Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto las preguntas contenidas en el punto 5, en la medida en que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través
de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Albert Botran i Pahissa, diputado del Grupo Parlamentario Mixto (CUP-PR), al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.


1. En el día 07/06/2022 ha salido publicado en el semanario La Directa, y en Rueda de prensa l'Esquerra Independentista se ha denunciado que un agente de la Policía Nacional I.J.E.G. con nombre falso Marc Hernández Pon llevaba casi dos
años con una identidad falsa matriculado en una universidad pública del Principat de Catalunya, infiltrado en el SEPC, en el Casal Lina y en el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. ¿Tenía el Presidente del Gobierno conocimiento de estos
hechos?


2. ¿Quién autorizó esta operación?



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3. ¿Qué personas estaban siendo informadas de esta operación?


4. ¿Por qué motivo se autorizó esta operación?


5. [...]


6. Existe una causa judicial abierta contra El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)? En caso afirmativo, ¿En qué tribunal?, ¿Y contra el Casal Lina?, ¿Y contra Resistim Gòtic?


7. ¿Qué coste ha tenido para las arcas públicas esta operación? ¿A cargo de qué partida presupuestaria?


8. ¿Quién ha falsificado la información y documentos necesarios para crear esta identidad falsa de Marc Hernández Pon? ¿Qué documentos en concreto se han falsificado?


9. ¿Tiene la Policía Nacional o la Guardia Civil más agentes infiltrados en el movimiento popular u organizaciones políticas legales en los Països Catalans?, ¿Cuántos?, ¿Quién lo ha autorizado?, ¿Quién lo supervisa?, ¿A qué miembros del
Gobierno informan sobre estas operaciones?, ¿Con qué pretexto?, ¿Con qué fin?, y ¿Desde cuándo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-Albert Botran Pahissa, Diputado.