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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 438, de 12/04/2022
cve: BOCG-14-D-438
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de abril de 2022
Núm. 438
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000003 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página4)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a declarar persona non grata al Presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin ... (Página5)
161/004028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al mantenimiento del cierre de la frontera entre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla con el Reino de Marruecos ... (Página7)
161/004033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui ... (Página9)
Comisión de Defensa
161/004029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del régimen de la concesión de ascensos en reserva y empleos de carácter honorífico, establecidos en Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la Carrera Militar ... (Página10)
161/004036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre España como país líder en la aplicación y enseñanza de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad ... (Página12)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la exención fiscal de las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del vuelo GWI9525 en concepto de responsabilidad civil o ayudas
voluntarias.
Retirada. ... (Página13)
161/004025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a actualizar, revisar y adecuar los complementos de residencia e insularidad de los empleados públicos del Estado
... (Página14)
Comisión de Interior
161/004034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un nuevo premio de periodismo Concepción Arenal mediante la modificación del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración del proyecto y posterior ejecución de las obras en el enlace de Lentille en la A-52 salida 282 ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a elaborar un plan nacional de apoyo a la industria española que procure una transición energética eficiente y con el menor perjuicio posible a sus actores
... (Página17)
161/004040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de códigos éticos en el sector turístico ... (Página25)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el derecho al descanso del cuidador no profesional de las personas con trastorno del espectro autista ...
161/004031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a abordar las causas de la soledad y el aislamiento social en la sociedad española ... (Página27)
161/004032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un estudio sobre la incidencia de la eutanasia desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la
eutanasia ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio del Vila de Pitanxo ... (Página36)
161/004043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las frutas y hortalizas producidas en España ... (Página37)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la creación de una tarifa social para el gas y la electricidad ... (Página38)
161/004039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas para la protección del Parque Nacional de Doñana ... (Página40)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora del conocimiento y de la prevención del ictus ... (Página42)
161/004042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de frutas y hortalizas producidas en nuestro país ... (Página43)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001727 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Segura
Just, Juan Carlos (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre acciones que está realizando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para esclarecer las irregularidades
de seguridad denunciadas por el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial supuestamente cometidas por el operador CANAIR durante la erupción volcánica en la isla de La Palma ... (Página45)
181/001728 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Segura
Just, Juan Carlos (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre refuerzo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de los controles y la supervisión en relación
con la seguridad de la navegación aérea durante la erupción volcánica en la isla de La Palma ... (Página45)
181/001729 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Segura
Just, Juan Carlos (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre detección por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de algún incumplimiento o irregularidad en materia de seguridad aérea por parte de los operadores aéreos que realizaron
vuelos en el archipiélago canario durante la erupción volcánica en la isla de La Palma ... (Página46)
181/001730 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Segura
Just, Juan Carlos (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre actuaciones previstas para asegurar el cumplimiento de los principios de la 'Cultura justa' por todos los operadores aéreos bajo Certificado de Operador Aéreo (AOC) español
... (Página46)
181/001731 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y,
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre motivo por el que no se convocó a la Plataforma para la Defensa del Transporte a la negociación que se mantuvo el 24/03/2022 con el Comité Nacional del Transporte ... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PLENO
051/000003
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
CASADO BLANCO, Pablo 04-04-2022.
Alta:
MANGLANO ALBACAR, Percival 05-04-2022.
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Madrid:
MANGLANO ALBACAR, Percival PP.
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MANGLANO ALBACAR, Percival.
Circunscripción: Madrid.
Número: 390.
Fecha: 5 de abril de 2022.
Formación electoral: PP.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (061/000006)
Titulares:
Baja:
CASADO BLANCO, Pablo 04-04-2022.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000004)
Número de miembros al 6 de abril de 2022: 88.
Baja:
CASADO BLANCO, Pablo 04-04-2022.
Alta:
MANGLANO ALBACAR, Percival 06-04-2022.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio del Valle
Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta, Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de
Ley por la que se insta al Gobierno a declarar persona non grata al presidente de Rusia, don Vladímir Vladímirovich Putin, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La invasión militar criminal rusa.
Lo peor que le puede suceder a un pueblo es estar gobernado por un dictador fanático con aspiraciones totalitarias, bárbaras y criminales.
La invasión militar criminal de Ucrania dirigida por don Vladímir Vladímirovich Putin supone una violación sumamente grave del derecho internacional y de la soberanía nacional, por lo que desde el Congreso de los Diputados hemos mostrado la
solidaridad con el pueblo ucraniano que está defendiendo
su independencia ante este ataque y agresión que está destrozando a sus ciudadanos, a sus pueblos y a sus ciudades.
No se sabe cuándo terminará este terror que se extiende más allá de las fronteras de Ucrania, pero esta guerra al final se saldará con miles de muertos y asesinados, la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales, de pueblos y de
ciudades. Millones de personas se verán obligadas a abandonar sus casas y familias para ser acogidas en otros lugares de Europa.
Esta ola de terror no se libra solo en el territorio de Ucrania. El pueblo ruso que se atreve a manifestarse o a levantar la voz para que cese la invasión es detenido y silenciado. Los medios de comunicación que llevan la contraria al
presidente han tenido que cerrar. Los corresponsales extranjeros que intentan comunicar lo que sucede en Rusia han tenido que salir del país. Los periodistas que tratan de contar la verdad y desvelar la guerra criminal del señor Putin son
perseguidos y asesinados.
El ataque a la soberanía nacional y la integridad territorial de un pueblo no se puede consentir, por lo que cualquier medida adecuada para proteger las fronteras debe ser apoyada.
El único responsable de lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia es el señor Putin con sus ansias expansionistas y de poder. El pueblo ruso también es víctima de la tiranía del régimen de un sátrapa y no debe sufrir las consecuencias de
lo que hace un dictador que no debería volver a pisar la capital de España.
Además, debe denunciarse la injerencia del régimen totalitario de Putin en las naciones hermanas que conforman la Iberosfera a través del apoyo directo a la narco dictadura de Maduro y a la tiranía cubana.
Segundo. La declaración de persona non grata.
Según dispone el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas firmado en Viena el día 18 de abril de 1961, en su artículo 9:
'1. El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier
otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su
llegada al territorio del Estado receptor.
2. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona
de que se trate.'
Si bien tal declaración, en el marco del Convenio, se circunscribe al jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión, por extensión puede considerarse persona non grata al sujeto que hubiere cometidos delitos y, en especial, si
estos son considerados de lesa humanidad, sin importar el lugar de su comisión.
Así pues, la declaración de persona non grata no solo se emplea como mecanismo de expulsión de personal diplomático, sino que también se ha utilizado para con sospechosos de espionaje, o, sencillamente, como una figura simbólica de
contrariedad y desagrado.
Es evidente que tales declaraciones no tratan de alterar el status jurídico internacional de quien se ocupan las mismas, pues, de pretenderlo, 'hubiesen incurrido en nulidad de pleno derecho, por carecer manifiestamente de competencia en
materia de relaciones internacionales y por haber dictado un acto de contenido imposible' 1.
De modo que, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.a, Sección 4.a, de 17 de julio de 1998 (Rec, ap. 6168/1992), tiene un 'significado estigmatizante, con incidencia en la esfera moral y aun patrimonial del destinatario, que
puede ver, incluso, deterioradas sus expectativas profesionales o mercantiles con el propio vecindario'.
Efecto este último, pretendido por este Grupo Parlamentario en virtud de la presente iniciativa, sin perjuicio de la ulterior depuración de las responsabilidades que, con arreglo al derecho penal internacional, pudieren corresponder.
1 Doménech Pascual, G. (2004). 'Las declaraciones administrativas de persona non grata, reflexiones sobre la actividad no jurídica, verbi gratia informativa, de la administración'. Revista General de Derecho Administrativo, 7,
(www.iustel.com).
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía nacional y representante del pueblo español, declara al presidente de Rusia, don Vladímir Vladímirovich Putin, persona non grata.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar, de forma inmediata, persona non grata al presidente de Rusia, don Vladímir Vladímirovich Putin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro y Emilio del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván Espinosa
de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/004028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro, doña María Teresa López Álvarez y don Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa al mantenimiento del cierre de la frontera entre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla con el Reino de Marruecos, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Nuevas formas de conflicto: acciones en la 'zona gris'.
El modo contemporáneo de 'hacer la guerra' ha difuminado la diferencia entre las acciones definitorias del conflicto armado de aquellas propias de relaciones pacíficas. Así pues, un aspecto relevante de esta 'zona gris' es que, al
desarrollarse por debajo del umbral bélico, 'un actor puede desafiar a otro más poderoso militarmente, siguiendo un cálculo acorde con la paradoja estabilidad/inestabilidad: que un Estado posea el dominio de la escalada en un nivel del conflicto no
impide -e incluso invita a- que sus rivales lleven la pugna a estratos inferiores' 2.
En este sentido, el investigador Javier Jordán, con estos argumentos, lo resume de la siguiente manera:
'La zona gris es un espacio intermedio en el espectro de conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer política, del enfrentamiento armado directo y continuado. El conflicto en la zona gris gira
en torno a una incompatibilidad relevante para al menos uno de los actores. Las estrategias utilizadas son multidimensionales, de implementación gradual y con objetivos a largo plazo.' 3
Segundo. Las agresiones del Reino de Marruecos a la soberanía española: El caso de Ceuta y Melilla.
Estos 'modos' de actuación en la 'zona gris' tienen su aplicación práctica. Un buen ejemplo de esto son los sucesos que están aconteciendo en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, en las que el Reino de Marruecos permitió -y,
posiblemente, promovió- una auténtica invasión migratoria ilegal desde su territorio al objeto de presionar a España para que actúe en favor de sus intereses. Estos actos se enmarcan en conceptos más amplios como el de 'guerra híbrida' o 'conflicto
en la zona gris'. El Reino de Marruecos está desarrollando una serie de acciones cuyo único objetivo es ultimar la conquista de las
2 Jordan, Javier: 'El conflicto internacional en la zona gris: una propuesta teórica desde la perspectiva del realismo ofensivo', Revista Española de Ciencia Política, n°48,.2018, p.131. Disponible [en línea]:
https://www.ugr.es/~jjordan/Conflicto-zona-gris.pdf.
3 Ibidem. P. 133.
ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Esta es la perenne y añeja aspiración de Marruecos. Un ejemplo paradigmático de estas actuaciones acaeció el pasado mayo en la ciudad española de Ceuta, con la invasión de más de 10.000 inmigrantes
ilegales orquestada por las autoridades marroquíes. Así lo confirman tanto la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia ('CNI'), que califican de 'amenaza latente' la posibilidad de que este hecho se pueda reproducir en cualquier
momento. Especialmente en Melilla y las Islas Canarias 4.
Consciente de su inferioridad -aunque cada vez menos evidente de poder frente a España-, el reino alauita realiza está actuaciones 'en la zona gris', al objeto de erosionar la posición española y facilitar la consecución de sus intereses.
Asimismo, las autoridades marroquíes están llevando a cabo actuaciones en el ámbito económico, como el bloqueo de ambas ciudades españolas, al objeto de fomentar sus propios puertos. Este es el caso de Melilla, que durante años viene soportando
cierres arbitrarios de la frontera, con el perjuicio económico que esto supone. Todo ello para favorecer el puerto marroquí de Nador 5.
Tercero. La aceptación del Gobierno de España del Plan Marroquí para el Sáhara Occidental.
En este estado de cosas, el pasado viernes 18 de marzo, el Gobierno español anunció de manera sorpresiva su respaldo a la propuesta del Reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. El Ejecutivo definió el plan marroquí como
'la base más seria, creíble y realista' para zanjar el conflicto 6. Esta actuación por parte del Ejecutivo es una decisión unilateral y arbitraria con desprecio total a la soberanía nacional, al parlamento y al Estado de Derecho. El Gobierno de
Pedro Sánchez ha enviado esta carta -publicada por la Casa Real marroquí-, que modifica la posición histórica de España respecto al Sáhara eludiendo todo debate parlamentario, a S.M. el Rey, al resto de su propio gobierno e incluso la posición de
su propio partido.
En el marco de la aceptación del plan marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, compareció el pasado 23 de marzo ante la Comisión del ramo. En su intervención, el señor Albares anuncio
que realizaría un viaje oficial a Rabat el próximo 1 de abril. El objeto de dicho viaje será 'la normalización completa de las conexiones con España, incluidas las marítimas, y la operación Paso del Estrecho. También está el refuerzo de manera
controlada en la circulación de personas y bienes entre los dos países' 7.
Por su parte, tal y como hemos señalado supra, el Gobierno marroquí persiste en su política asertiva agresiva con sus reclamaciones de soberanía sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. No obstante, estas demandas carecen de
fundamento, ni histórico ni legal. Así las cosas, acciones como las citadas revelan un irredentismo que desconoce cualquier apaciguamiento. Y es precisamente esto lo que pretende el Ejecutivo español con la fútil esperanza de que Marruecos
abandone sus reclamaciones.
Cuarto. Conclusiones.
El panorama internacional actual no tiene como leitmotiv el multilateralismo, sino la competición estratégica por el poder. Por contra, el Gobierno español tiene como ejes de actuación el feminismo, la diversidad, la firme defensa de un
mundo más sostenible, habitable y verde, o la mejora de la gobernanza global a través de la promoción de una mayor integración regional y de un multilateralismo renovado y reforzado 8. Evidentemente, la divergencia entre estos y el entorno en el
que nuestro país debe actuar hace imposible una actuación exitosa de nuestro país. Con el detrimento para los intereses nacionales y, por ende, de nuestra sociedad.
4 Lázaro, Fernando: 'Expertos españoles en seguridad: Es una invasión consentida por Marruecos', El Mundo, 20.05.21. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/espana/2021/05/20/60a6154221efa07c408b4659.html.
5 Ginés, Guillermo: 'El puerto de Melilla, víctima del bloqueo comercial con Marruecos', ABC, 07.12.18. Disponible [en línea]: El puerto de Melilla, víctima del bloqueo comercial con Marruecos (abc.es).
6 Zohra Bouaziz, Fatima: '¿En qué consiste el plan de autonomía para el Sáhara Occidental', El Mundo, 20.03.22. Recuperado. https://www.elmundo.es/espana/2022/03/20/62376cca21efa08b7d8b45c6.html.
7 Romero, Juanma: 'Albares anuncia la apertura de la frontera de Ceuta y Melilla la vuelta del Paso del Estrecho', El Periódico, 23.03.22. Disponible [en línea]: Albares anuncia la apertura de la frontera de Ceuta y Melilla y la vuelta
del Paso del Estrecho (elperiodico.com).
8 Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. Disponible [en línea]: La Moncloa. 27/04/2021. Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 [Consejo de Ministros].
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a mantener el cierre de las fronteras con el Reino de Marruecos, en tanto en cuanto este no reconozca explícitamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y demás plazas de
soberanía nacional en el Norte de África.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Alberto Asarta Cuevas, María Teresa López Álvarez, Víctor Manuel Sánchez del Real y Agustín Rosety Fernández de
Castro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La decisión del Gobierno español de modificar su posición en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, conocida a través de una carta de Pedro Sánchez al Rey de Marruecos en la que expresamente manifiesta que 'España considera la
propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo' supone que el Estado español se sitúa al margen de las resoluciones de la ONU y de los esfuerzos por verificar el
referéndum de autodeterminación previsto por este organismo internacional para resolver el conflicto.
Este cambio de posición, que además se produce sin consultar al Congreso de los Diputados y -con seguridad- sin tomar en consideración la opinión mayoritaria de las fuerzas políticas y de la ciudadanía, significa también que el Estado
español adopta una posición de parte, apoyando la solución marroquí que implica la anexión del Sáhara Occidental, e inviabilizando un papel activo de mediación para llegar cuanto antes a una solución pacífica por la vía de los acuerdos y
resoluciones de las Naciones Unidas.
Si el Gobierno no rectifica, esta sería la segunda ocasión en que el Estado español deja abandonado a su suerte al pueblo saharaui, después de permitir en 1975 la invasión marroquí y aceptar la división del territorio entre Marruecos y
Mauritania en el Acuerdo Tripartito de Madrid de noviembre de ese año.
La posición manifestada por el Presidente del Gobierno, además de injusta con el pueblo saharaui e imprudente dado el contexto actual, pone en cuestión su neutralidad y el papel que como potencia legalmente administradora del territorio no
autónomo pendiente de descolonizar debería desempeñar para buscar una solución justa y duradera que garantice el respeto a los derechos del pueblo saharaui.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Ratificar su apoyo al proceso de descolonización del Sáhara Occidental, siguiendo las resoluciones de la ONU y el trabajo de la MINURSO para que sea posible realizar cuanto antes el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
2. Rectificar la posición expresada por su presidente en la carta remitida al Rey de Marruecos en la que expresaba su apoyo a la propuesta marroquí de autonomía y a volver al consenso social y a acompañar el trabajo de los organismos
internacionales para una resolución justa y duradera del conflicto.
3. Dirigirse al Gobierno de Marruecos para exigirle el respeto a los derechos humanos de la población saharaui que vive en los territorios ilegalmente ocupados del Sáhara Occidental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Defensa
161/004029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas don Víctor González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del régimen de
la concesión de ascensos en reserva y empleos de carácter honorífico, establecidos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La vinculación efectiva del personal militar tras su pase a retirado en especiales circunstancias.
La Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ('Ley 46/2015'), dio cumplimiento al mandato dispuesto en la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta disposición establecía que en el plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor, 'el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma
del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación y que a estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes
elementos del período transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro
del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos económicos'.
Las propuestas incluidas en el informe de la Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ('Ley 39/2007') que la Comisión de Defensa aprobó, en su sesión de 9 de julio de 2014,
fueron recogidas en la referida Ley 46/2015.
En este sentido, la disposición transitoria decimotercera relativa a la concesión de empleo honorífico a retirados de la Ley 46/2015 establece lo siguiente:
'1. A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, hubieran pertenecido a una
escala en la que exista el empleo de coronel, no tuvieran limitación legal para ascender y cumplan antes del 30 de junio del año 2019 diez años en su empleo, computando el tiempo en servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá
conceder el empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente, que se asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones.
2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en los mismos términos y condiciones a aquellos suboficiales que, estando incluidos en dicha disposición, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones
psicofísicas producidas en acto de servicio, concediéndoles el empleo honorífico de teniente con la antigüedad de la fecha en la que hubieran pasado a la situación de reserva de haber continuado en servicio activo.
3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas no fuera en acto de servicio, podrá ascender en las mismas condiciones que aquellos, siempre
que al pasar a retiro contara con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar profesional.
4. No procederá la concesión de estos empleos al militar al que, en aplicación del artículo 24, le hubiera sido concedido un empleo con carácter honorífico superior a alférez.
5. La concesión de estos empleos se efectuará previa solicitud de los interesados y no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación de la pensión que como retirado perciba el interesado.' 9.
Con esta reforma se definía la vinculación efectiva del personal militar tras su pase a retirado en especiales circunstancias, mediante su adscripción voluntaria a las Fuerzas Armadas, permitiéndole alcanzar sucesivos ascensos honoríficos.
No obstante, se hace necesario extender este régimen de ascensos porque la redacción de esta disposición discrimina, sin causa justificada, a los miembros de las escalas de oficiales que, por causas ajenas a su voluntad, tuvieron que pasar a retiro
por insuficiencia de condiciones psicofísicas; tanto si ocurrió como consecuencia de un acto de servicio -apartado primero-, como si se debió a circunstancias ajenas al servicio -apartado tercero-. Esta condición no existe para la escala de
suboficiales.
Segundo. El ascenso al empleo superior.
El ascenso al empleo superior es, normalmente, la expresión de la honrada ambición de todo militar de carrera. De esta manera, cumpliéndose todas las condiciones para el ascenso -tras su preceptiva evaluación-, y llegado el momento de
finalizar el servicio activo, el acceso al empleo superior con carácter honorífico es el colofón del militar profesional por su servicio a España.
Esta limitación -reserva de este derecho a los militares de carrera- evita la posible profusión de este tipo de solicitudes por parte del personal militar que no haya tenido una vinculación estable y permanente con las Fuerzas Armadas.
La aplicación del régimen transitorio de ascensos en la Reserva, previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 39/2007, impide solicitar el ascenso al superior inmediato a ciertos capitanes, comandantes y tenientes coroneles que, a
30 de junio de 2019, no hubieran completado diez años en el empleo.
Así, algunos oficiales, siendo la última vez que podían haber sido evaluados para el ascenso al empleo superior, no han podido obtenerlo. Debe tenerse en cuenta que la introducción en la derogada Ley 17/1989, Reguladora del Régimen del
Personal Militar Profesional ('Ley 17/1989') del procedimiento de ascenso por selección supuso un cambio radical respecto al sistema de antigüedad cerrado que regía la promoción a los sucesivos empleos. Ello supuso una pérdida de expectativas de
carrera de los oficiales que, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada norma, se cifraban en culminar la carrera en el empleo de coronel.
Tercero. Las consecuencias del régimen transitorio.
La Ley 39/2007 propició el ascenso al empleo de coronel por el procedimiento de elección y no por el de selección, como venía sucediendo. Este cambio supuso no ya el retraso o exclusión en la práctica de algunos oficiales a la promoción al
empleo de coronel, sino la limitación al empleo de teniente coronel de la carrera de los no elegidos.
Parece evidente que la voluntad del legislador plasmada en la Ley 46/2015, sobre la posibilidad del ascenso en la Reserva, tiene por objeto atenuar los efectos negativos de la Ley 39/2007. Esta voluntad puede detraerse del ofrecimiento
recogido en la Ley 46/2015, cual es la posibilidad de optar a un ascenso con carácter honorífico al empleo superior al pasar a la situación de retiro a todos los militares de carrera que hubieran accedido a su primer empleo con anterioridad al 1 de
enero de 1990, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1989.
Tal ofrecimiento podría extenderse, con carácter excepcional, a los coroneles -no contemplados en la disposición transitoria arriba transcrita- quienes, pese a su singular capacidad y prestigio, no hayan podido ser elegidos para el ascenso
al empleo de general por no concurrir la necesaria vacante.
9 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. Disponible [en línea]: BOE.es-BOE-A-2007-19880_Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en las Cortes Generales, un Proyecto de Ley que modifique la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, contemplando las siguientes medidas:
1. El ascenso, previa solicitud, al empleo superior para los capitanes, comandantes y tenientes coroneles en situación de reserva que hayan obtenido su primer empleo como oficial de carrera con anterioridad al 1 de enero 1990 y que cumplan
con los demás requisitos establecidos en la citada Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
2. La concesión de empleo honorífico superior a aquellos capitanes, comandantes y tenientes coroneles que hayan pasado a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, antes y después de la entrada en
vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y que cumplan con el resto de los requisitos de la citada ley. Este ascenso honorífico también se podrá conceder, ceteris paribus, a aquellos tenientes coroneles, comandantes y
capitanes que hayan pasado a la situación de reserva antes del 1 de enero de 1990 o hayan obtenido su primer empleo como oficial de carrera con anterioridad a esta fecha.
3. Todos aquellos militares de carrera que, habiendo sido evaluados para el ascenso al empleo superior al último ostentado en situación de actividad, podrán solicitar dicho ascenso con carácter honorífico, hasta el empleo de Coronel, cuando
se encuentren en situación de retirado.
4. El Gobierno podrá conceder excepcionalmente el ascenso a General con carácter honorífico a aquellos Coroneles de reconocido prestigio que, habiendo superado el Curso de Ascenso y estando evaluados favorablemente, hayan pasado al retiro
sin ser promovidos a dicho empleo por no mediar la oportuna vacante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.- Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre España como país líder en la aplicación y enseñanza de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Cualquier conflicto armado es una gran catástrofe que provoca muerte, sufrimiento, destrucción, desplazados, grave escasez de alimentos y caos; cualquier conflicto armado ataca y viola sistemáticamente los derechos humanos de miles, sino de
millones, de personas, donde los más afectados suelen ser las mujeres y los niños.
En cualquier conflicto armado la protección a la población, el respeto del Derecho Internacional Humanitario, y de la normativa internacional sobre derechos humanos ha de ser, en todo momento, una prioridad indiscutible e inaplazable.
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad ha propiciado que los diferentes estados firmantes hayan tomado conciencia del aumento desproporcionado de la violencia que se ejerce contra las
mujeres en el marco de los conflictos armados. Pero también ha supuesto una aportación innovadora y determinante en este ámbito ya que por primera vez se reconoce a la mujer no solo como víctima sino también como agente activo que contribuye de
modo propio y diferenciado en los procesos de paz.
Y para abordar eficazmente este aspecto, es importante que los participantes en operaciones en el exterior, tanto militares como civiles, comprendan cómo se perciben las diferencias de género a nivel local,
qué tipo de implicaciones pueden tener en una situación de conflicto armado y cómo se puede crear una situación segura para todas las personas, independientemente de su sexo.
Conscientes de esta realidad el Gobierno de España, el Ministerio de Defensa ha asumido un papel protagonista en la formación en este ámbito, tanto en el marco de la OTAN, como de la Política de Defensa y Seguridad Común Europea,
participando en diversas actividades formativas relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género a sus procedimientos de actuación.
Es fundamental que nuestros miembros de las FAS, y en especial aquellos que van a desplazarse en misiones en el exterior, cuenten con una amplia y completa consciencia de la letra y espíritu de la Resolución 1325. El objetivo es que sean
capaces de reconocer el diferente grado de impacto de los conflictos en hombres y mujeres; así como las oportunidades y desafíos que se presenten para favorecer la participación de estas últimas en la prevención de conflictos, en la gestión de
crisis y en la resolución y reconstrucción posterior.
La labor en este sentido del Ministerio de Defensa es importante y continua; pero también es cierto que no se ha de bajar la guardia y hay que estar siempre atentos a los cambios y evoluciones que se producen en los conflictos armados y en
cómo estos afectan a los no combatientes.
Y es que nuestros militares han de ser capaces de concienciar tanto a la organización a la que pertenezcan como, por medio de su ejemplo, a la sociedad civil española de la necesidad de implementar la perspectiva de género como un elemento
esencial para aumentar la efectividad operativa y mejorar la situación general de seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar implementando y manteniendo un firme compromiso con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) de Naciones Unidas, nacida de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.
2. Explicar y potenciar, dentro del marco de la Política de Defensa, el importante papel de las mujeres en los conflictos armados como agentes activos que contribuye de modo propio y diferenciado en los procesos de paz.
3. Continuar llevando a cabo todas las acciones formativas posibles y necesarias en el seno de los diferentes centros de formación de las Fuerzas Armadas, sean del nivel que sean, la implementación de la Agenda MPS, de modo que España sea
considerada líder y referente mundial en el adiestramiento militar en materia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2022.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Natividad
González Laso, Antidio Fagúndez Campo, Felipe Jesús Sicilia Alférez, José Ramón Ortega Domínguez, José Antonio Rodríguez Salas y Esther Peña Camarero, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003516
Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Plural la Proposición no de Ley sobre la exención fiscal de las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del vuelo GWI9525 en concepto de
responsabilidad civil o ayudas voluntarias, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 383, de 29 de diciembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/004025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a actualizar,
revisar y adecuar los complementos de residencia e insularidad de los empleados públicos del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La indemnización por residencia, también conocido como plus por residencia, es una retribución complementaria de carácter compensatorio, con una larga tradición en la normativa de función pública española y que encuentra su origen histórico
en las especiales características, fundamentalmente geográficas, de algunos de nuestros territorios.
Este complemento histórico en la Administración General del Estado (AGE) ha tenido por objeto resarcir a los funcionarios públicos de los mayores gastos que vienen soportando por razón de su residencia en una determinada Comunidad Autónoma y
que la han convertido en zona de difícil cobertura.
Desde la publicación de la Resolución de 17 de abril de 2000 de la Subsecretaría de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2000 por el que se modifica otro Acuerdo anterior
(de diciembre de 1992) sobre indemnización por residencia, no se han revisado las cuantías de las indemnizaciones pese a haber transcurrido casi 22 años y pese a que la situación actual respecto al encarecimiento de la vida y de la vivienda han
cambiado sustancialmente.
Durante este largo periodo de tiempo, también ha cambiado la situación política, económica y social en algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo en Cataluña, en donde el desafío separatista, la 'inmersión lingüística en catalán' en la
enseñanza (con absoluta falta de respeto y desprecio al bilingüismo y al castellano por parte de la autoridades educativas autonómicas), el hostigamiento del entorno independentista, la división social y los problemas de convivencia, unido a la
carestía de la vida, ha provocado que los funcionarios de nuevo ingreso no soliciten plazas en esa Comunidad Autónoma y que los ya existentes soliciten en los concursos de traslados destinos en otras zonas de España.
Problemas similares se producen también en el País Vasco en donde el personal de la AGE y la presencia del Estado es cada vez más residual.
Por tanto, sería aconsejable revisar la relación actual de los territorios de la nación tributarios de indemnizaciones por la dificultad de cobertura de los puestos vacantes en los que se incluyan otros con similares dificultades debido a
alguna de las circunstancias descritas.
Todo lo anterior, está produciendo una gran inestabilidad en las plantillas de la AGE ocasionando por una parte, la sobrecarga de trabajo de los funcionarios destinados en esos territorios y el aumento del estrés laboral y por otra, la
repercusión directa que tiene en los ciudadanos al privárseles de unos servicios públicos ágiles y de calidad.
Otra consecuencia de las dificultades para su cobertura por funcionarios de carrera es que se pongan 'parches temporales' contratando a funcionarios interinos. Temporalidad que resulta enormemente negativa por aumentar la precariedad
laboral y suponer una falta de profesionalización y continuidad en la gestión de los servicios públicos.
En la actualidad el sistema retributivo de indemnización por residencia, se aplica a los funcionarios que prestan servicios en Baleares, Canarias, el Valle de Arán y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Pluses o complementos, como
señalaba, que no se actualizan desde hace 22 años.
Pero además de la necesaria actualización de las cuantías, también es imprescindible en la AGE un estudio en profundidad de las CCAA de difícil cobertura, de sus mermadas y envejecidas plantillas por la escasez de funcionarios y por la
ausencia de incorporación de los de nuevo ingreso, analizar las cargas de trabajo por funcionario, de los tiempos medios de resolución y de respuesta a las peticiones de los ciudadanos, etc., y una vez detectados los anteriores parámetros, impulsar
el establecimiento de un plus o incentivo económico o profesional con la finalidad de dotar de estabilidad, eficacia y eficiencia a los servicios públicos prestados por la Administración del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y actualizar las cuantías de las indemnizaciones por residencia actualmente contempladas para Baleares, Canarias, Valle de Arán, y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en la Resolución de la Subsecretaría de Presidencia de 17 de
abril de 2000.
2. Abordar un estudio en profundidad de los organismos públicos del Estado en las distintas Comunidades Autónomas, detectar las zonas de difícil cobertura así como sus causas, y establecer pluses o incentivos económicos o profesionales que
permitan dotar de estabilidad a las plantillas con la finalidad de prestar unos servicios públicos eficaces y eficientes.
3. Establecer un plus o incentivo económico para los puestos de la AGE en Cataluña y en el País Vasco, al tratarse de Comunidades Autónomas de difícil cobertura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Llanos de Luna Tobarra, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/004034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un nuevo premio de
periodismo Concepción Arenal mediante la modificación del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El sistema penitenciario español constituye un instrumento fundamental en la configuración de nuestro país como un Estado Social y Democrático de Derecho. Su vocación orientada a la garantía de la seguridad a través de la reinserción social
de los penados, como proclama el artículo 25 de la Constitución Española, es ampliamente reconocida tanto por nuestra sociedad como por los países de nuestro entorno.
El sistema cuenta, en la disposición adicional tercera del Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, con elementos para reconocer y poner en valor la labor de todas aquellas personas que desarrollan su carrera
profesional en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero también de institución, entidades sociales y particulares que se distingan en su colaboración con la misma siendo buena muestra de ello el Premio Nacional Victoria Kent.
La necesidad de adaptarse a nuevas realidades y cambios sociales producidos desde 1996 fue asumido por el Gobierno de España en su Plan Anual Normativo para 2022 asumió la modificación de este para la creación del Distintivo Concepción
Arenal al Periodismo Penitenciario aspecto que en palabras del Consejo de Estado es 'adecuado, habida cuenta de la vinculación de la figura de Concepción Arenal con el mundo penitenciario', por lo que 'el nuevo premio encaja apropiadamente en este
contexto'.
Con esta iniciativa se cumple una finalidad doble, por un lado, honrar la figura de Concepción Arenal cuya trayectoria dedicada a la salvaguarda de los principios de la dignidad y la justicia a de las personas privadas de libertad constituye
una influencia decisiva del carácter resocializador que define nuestro sistema de instituciones penitenciarias. Por otro lado, con el premio Concepción Arenal de Periodismo Penitenciario, se busca reconocer la labor actual de los profesionales de
los medios de comunicación por su especial dedicación al medio penitenciario, puesta de manifiesto a través de una trayectoria consolidada o mediante la elaboración uno o varios trabajos de investigación que cuenten con una adecuada y contrastada
calidad informativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar la modificación de la disposición adicional tercera el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se rige el Reglamento Penitenciario para introducir un nuevo premio
Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2022.-Francisco Aranda Vargas, Gemma Araujo Morales, Manuel Arribas Maroto, Zaida Cantera de Castro, Luc André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro, Rafael José Vélez, Ignacio López Cano, Ana
Prieto Nieto, José Antonio Rodríguez Salas, David Serrada Pariente y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración del proyecto y
posterior ejecución de las obras en el enlace de Lentille en la A-52 salida 282, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La autovía A-52 es la principal vía de comunicación del sur de Galicia con la meseta y en ella se encuentra la salida 282 de Lentille, que da servicio a los vecinos de los municipios de Covelo, Mondariz, A Cañiza, Mondariz-Balneaño y As
Neves.
Sin embargo, existe un problema al que los vecinos de estas localidades están pidiendo que se le dé solución desde hace mucho tiempo y este Gobierno no lo está haciendo.
Y es que en esa salida 282 sólo se permite abandonar la autovía si el vehículo circula en sentido Vigo-Ourense; y sólo se permite la entrada a la misma si la incorporación se realiza en sentido Vigo.
Por tanto, si un vehículo circula en sentido Ourense-Vigo, la autovía no tiene salida en ese punto, y si un vehículo se quiere incorporar hacia Ourense, tampoco tiene entrada.
Y este hecho provoca un grave perjuicio a los vecinos de dichos municipios, ya que, al carecer de esa entrada y de esa salida, les supone continuas pérdidas de tiempo y un elevado riesgo de accidentes al tener que recorrer alrededor de 20 Km
por la N120, la cual se encuentra habitualmente en mal estado y en la misma las nieblas, la nieve o los animales sueltos son habituales en invierno.
Por ello, en enero del año 2019 los alcaldes de estos ayuntamientos remitieron una carta conjunta al entonces Ministerio de Fomento, en donde se solicitaba que, a la mayor brevedad posible, se acometiesen las obras necesarias en el enlace de
Lentille de la autovía A-52 para completar la movilidad en ambos sentidos.
Asimismo, incorporaron para su estudio una solución técnica que consideraban viable, sin perjuicio de que los técnicos del Ministerio aportaran otras soluciones que consideraran más oportunas.
En ese mismo mes de enero de 2019, el Ministerio contesta la carta indicando que en el año 2016 se había aprobado por parte del Ministerio de Fomento una Orden de Estudio para un anteproyecto de construcción de un enlace completo en la
Autovía A-52. Y que, a esa fecha, dicho anteproyecto todavía tenía pendiente la licitación del correspondiente contrato de servicios para su redacción.
Lo cierto es que, transcurridos más de 3 años, nada se sabe de ese anteproyecto.
Desde el Grupo Parlamentario Popular ya veníamos detectando una preocupante pasividad del Gobierno en este asunto y, por ello, presentamos sendas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de los años 2021 y 2022, en las que
solicitábamos una partida económica para la elaboración del
proyecto y posterior inicio de las obras, con las que dar una solución definitiva al problema que están sufriendo los vecinos de estas localidades.
Desgraciadamente, el Grupo Parlamentario Socialista dio la espalda a los vecinos y votó en contra de ambas enmiendas.
Por tanto, se hace necesario agilizar los plazos para dar respuesta a la demanda de los alcaldes de los municipios de Covelo, Mondariz, A Cañiza, Mondariz-Balneario y As Neves plasmada en la carta conjunta que enviaron al Ministerio en enero
de 2019.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En un plazo no superior a 6 meses, elabore un proyecto que posibilite completar la movilidad en ambos sentidos del enlace de Lentille en la autovía A-52 (salida 282), de forma que se permita también la incorporación de vehículos en
sentido Vigo-Ourense y la salida de vehículos en sentido Ourense-Vigo.
2. Una vez conocido el importe de ejecución de las obras, se consigne la correspondiente dotación económica, y se inicie el proceso de adjudicación y ejecución de las obras a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-Ana María Pastor Julián, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón, Andrés Lorite Lorite y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mirela Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a elaborar un plan
nacional de apoyo a la industria española que procure una transición energética eficiente y con el menor perjuicio posible a sus actores, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Industria 5.0 en España.
1. En el año 2014 se sitúa el inicio de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o Industria 4.0, aunque ya se hacía referencia a este término en la feria de Hannover dedicada a la tecnología industrial en 2011 10.
2. La Industria 4.0 ha sido conocida como un proceso de reindustrialización marcado por las nuevas tecnologías y basado en un modelo de organización en el que se combinaban las técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías
inteligentes que integraban en las organizaciones, las personas y los activos 11.
10 Schwab K.: The Fourth Industrial Revolution (2016). World Economic Forum. http://40.70.207.114/documentosV2/La %20cuarta %20revolucion %20industrial-Klaus %20Schwab %20(l).pdf
11 https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0,html [fecha de consulta: 18 de enero de 2022].
3. En España se iniciaba la puesta en marcha de la Industria 4.0 en 2015, con la publicación por el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo del informe La transformación digital de la industria española 12, en el que se fijaban
los siguientes objetivos (pág. 47):
i. Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.
ii. Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones
digitales.
iii. Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.
4. Recientemente ha surgido la conocida como quinta revolución industrial o Industria 5.0 que, conforme exponía la Comisión Europea en su presentación del informe 'Industry 5.0 Towards a sustainable', 'human-centric and resilient European
industry', pretende complementar el paradigma existente de la Industria 4.0 al destacar la investigación y la innovación como impulsores de una transición hacia una industria europea sostenible, centrada en el ser humano y resiliente.
Cambia el enfoque del valor del accionista al valor de las partes interesadas, con beneficios para todos los interesados. Industria 5.0 intenta capturar el valor de las nuevas tecnologías, brindando prosperidad más allá del empleo y el
crecimiento, mientras respetando los límites planetarios y colocando el bienestar del trabajador de la industria en el centro del proceso productivo 13.
5. En consecuencia, se entiende que la Industria 4.0 supuso la llegada de tecnologías de automatización y la Industria 5.0 busca potenciar la colaboración entre la maquinaria tecnológica y el trabajador 14.
6. Sobre España y la Industria 5.0 se ha emitido un informe, por 'Erice Waterhouse Coopers' y patrocinado por Siemens, denominado Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0. (el 'Informe'). En este Informe se evidencia cómo los
objetivos fijados en 2014 aún se mantienen, puesto que no han conseguido ser alcanzados.
7. Según el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), la industria representa el 14,68 % del Producto Interior Bruto ('PIB') en España en 2020 15. Así, conforme se expone en el Informe, sigue siendo una utopía que el peso de la industria
en el PIB alcance el 20 % del PIB (pág. 17 y 63), se presenta un desarrollo sectorial y geográfico de la industria muy dispar (pág. 69) y se indica cómo España ocupa el puesto 22 de 28 de la Unión Europea en exportación de productos manufacturados
(pág. 70).
Segundo. Debilidades de la industria española.
8. En el referido Informe se fijan como factores que influyen en la competitividad de industria española, entre otros, los siguientes:
i. Concentración sectorial y geográfica
9. Además de que la industria española tiene poco peso en nuestra economía en comparación con el sector terciario, su participación en los diferentes sectores y en las regiones es muy dispar. En cuanto a la aportación por sectores, las
diferencias se aprecian en el Valor Añadido Bruto Industrial ('VAB') aportado por cada sector en 2019 en España 16:
12 https://www.industriaconectada40.gob.es/SiteCollectionDocuments/informe-industria-conectada40.pdf [fecha de consulta: 18 de enero de 2022]
13 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-lleb'b59f-01aa75ed71al/[fecha de consulta: 18 de enero de 2022].
14 https://cic40.es/cic40/avanzamos-hacia-la-industria-5-0/ y https://nexusintegra.io/es/industria-5-0-la-nueva-revolucion/ [fecha de consulta: 18 de enero de 2022],
15 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439 &menu=resultados&idp=1254735576581
16 www.mincotur.gob.es/es-es/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones %20sectoriales/00. %20T [fecha de consulta: 19 de enero de 2022]
10. Y, en cuanto a las diferencias por autonomías, en el Valor Añadido Bruto que tiene la industria sobre el total de cada región 17:
11. La consecuencia de lo expuesto es que unos sectores y determinadas autonomías están más preparados que otros para su reindustrialización. Esta situación crea una nueva situación de desigualdad entre los españoles que deriva en que,
ante una crisis como la actual, cada región autonómica y sector tenga una recuperación dispar 18.
ii. Coste energético.
12. En el Informe se hace referencia a la influencia del coste de los inputs en la capacidad para competir del sector industrial. En concreto, en lo referente a la energía se recoge la repercusión de su consumo en industrias como las
electrointensivas, donde el coste energético puede llegar a ser un 50 % por ciento del total 19. Actualmente, se ha evidenciado que esto afecta no solo a la competitividad, sino que puede llevar al cierre definitivo de determinadas empresas 20.
17 El Informe, pág. 68.
18 https://elpais.com/economia/2021-06-27/una-recuperacion-economica-desigual.html [fecha de consulta: 19 de enero de 2022].
19 El Informe, págs. 70 y ss.
20 https://elpais.com/economia/2021-10-13/la-subida-de-los-precios-de-la-energia-pone-en-jaque-a-la-industria.html [Fecha de consulta: 11 de enero de 2022],
13. Haciendo una comparativa entre países como Alemania y Francia, se demuestra cómo el coste unitario final, en el que se incluye el precio de mercado, costes regulados, impuestos, la retribución de la gestión de la demanda y la
compensación indirecta de derechos de CO2, es un 35 % y un 45 % inferior, respectivamente 21.
14. Como se indica en el Informe, el incremento de la eficiencia energética y la digitalización ayudarán a reducir estos costes. No obstante, existen otros factores determinantes en estos precios, como son las políticas actuales en materia
de energía.
15. La falta de soberanía energética es uno de los problemas que padece la industria. No obstante, las políticas energéticas específicas llevadas a cabo por el Gobierno de España han tenido como consecuencia un incremento considerable de
los costes energéticos superior al experimentado en otros países de la zona euro.
16. En este sentido se pronunciaba el Banco de España, en su informe El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España, al
concluir lo siguiente 22:
En el período comprendido entre diciembre de 2020 y junio de 2021, los precios del mercado mayorista de la electricidad han experimentado un aumento pronunciado. De acuerdo con las estimaciones de este documento, una quinta parte de este
aumento se explicaría por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, a su vez atribuible a los cambios recientes en los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Frente a este factor, aproximadamente la
mitad del aumento de los precios en el mercado de generación de electricidad sería consecuencia de la elevación del precio del gas.
Con este trasfondo, el comportamiento de los precios en los mercados mayoristas de la electricidad de los principales países del área del euro ha sido similar al observado en el caso español. Sin embargo, la traslación de estos desarrollos
a los precios minoristas habría sido heterogénea por países, lo que se explicaría por las diferencias en algunas características de los respectivos mercados, en particular por lo que respecta a su regulación y al sistema de fijación de precios. En
concreto, en el caso español la traslación ha sido particularmente elevada. Las estimaciones realizadas indican que el incremento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas sería responsable de una tercera parte del repunte del IAPC
observado en nuestro país en el primer semestre de 2021. Por el contrario, el impacto habría sido notablemente menor tanto en el conjunto del área del euro como en sus tres principales economías.
17. Por tanto, como un factor determinante en el incremento de los costes energéticos se encuentra la falta de soberanía energética y la consecuente dependencia energética derivada de las políticas europeas, tal y como se pudo apreciar con
la aprobación del Nord Stream 2, que ha sido recientemente paralizado y que haría que Europa dependiese aún más del gas ruso 23. O, también, con una implicación más directa para España, como se demostró con el conflicto entre Argelia y Marruecos y
el consiguiente encarecimiento del gas durante los siguientes meses 24.
18. La realidad es que todas estas políticas en materia de energía han tenido una repercusión directa y negativa sobre nuestra industria. No obstante, las medidas y decisiones adoptadas por el Gobierno han llevado a que España se vea
especialmente afectada por las subidas de los costes
21 El Informe, pág. 71.
22 BANCO DE ESPAÑA: Documentos Ocasionales N.° 2120 El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España (2021)
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocurnentosOcasionaIes/21/Fích/do2120.pdf
23 https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/espana-falta-interconexiones-gas-electricidad-nord-stream-2/ 2851871/ y
https://www.economist.com/leaders/2021/10/16/fhe-first-big-energy-shock-of-the-green-era?giftId=0e3f8b46-cb37-4ad4-a79a-dl8eaf3792c3 [fecha de consulta: 19 de enero de 2021].
24 Entre otros, https://www.pohticaexterior.com/articulo/ruptura-argelia-marruecos/, https://okdiario.com/economía/enagas-vuelve-subir-8-prevision-consumo-gas-este-invierno-crece-riesgo-apagones-8397252 o
https://www.elconfidencial.com/mercados/2022-01-07/gas-importado-espana-argelia-eeuu-gasoducto-argelia-gnl 3354894/ [fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
energéticos. En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los precios de la electricidad durante los últimos años:
Fuente: OMIE 25
19. Un ejemplo en el que el Ejecutivo ha adoptado una posición particular y perjudicial para la industria energética ha sido la decisión de no incluir la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía verde europea. La Comisión Europea
elaboró un borrador de propuesta de taxonomía para los Estados miembros de la Unión Europea en la que se clasifica como 'verde' la inversión en proyectos de energía nuclear y de las centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas natural, si
sustituyen al carbón y emiten hasta 270 gramos de CO2 por kW/h.
20. Pese a ello, el 3 de enero de 2022, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante nota de prensa titulada España reitera su rechazo a incluir la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía verde europea
afirmaba que tanto la energía nuclear como el gas natural tienen un papel que jugar en la transición pero limitado en el tiempo, por lo que ambas energías deben ser tratadas deforma aparte y no como verdes, donde están otras energías claves para la
descarbonización y sin riesgo ni daño ambiental 26.
21. Estas declaraciones del Ministerio dan la espalda a España en un contexto en el que la Unión Europea apuesta por la nuclear como vector en el proceso de descarbonización de la economía. En este sentido, el comisario europeo de Mercado
Interior, Thierry Bretón, apela a una inversión de medio billón de euros en nuevos reactores atómicos de aquí a 2050, cerca de 20.000 millones de euros anuales para los reactores de nueva generación y 50.000 millones de aquí a 2030 para poder
mantener en funcionamiento las centrales nucleares en activo. Subraya también que la energía nuclear tiene un 'papel fundamental' para alcanzar los compromisos internacionales asumidos en el conjunto de la Unión Europea 27.
22. Se trata de un escollo más en el camino de la energía nuclear después de que el Ejecutivo haya pactado un calendario de cese de explotación ordenado de todas las centrales entre 2027 y 2035 y de que, posteriormente, haya aprobado el
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, por el que se impone un mecanismo de minoración de la retribución
de la actividad de producción de energía eléctrica de las instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero, en una cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la
incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales.
23. En definitiva, todas estas políticas impiden una transición hacia la descarbonización con orden y criterio que permita una adaptación de la industria y sus herramientas. En consecuencia, se pierde eficiencia, se incrementan costes, se
pierde competitividad y se concluye en una destrucción del tejido empresarial. (iii) Competencia internacional
25 https://www.omie.es/es/market-results/interannual/daily-market/daily-prices?scope=interannual&system=1 [Fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
26 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa %C3 %Bla-reitera-su-rechazo-a-incluir-la-energ %C3 %ADa-nuclear-y-el-gas-natural-en-la-taxonom %C3 % ADa-verde-europea/tcm:30-534764 [fecha de consulta: 19 de enero de 2022].
27 https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bruselas-defiende-apuesta-nucleares-insta-invertir-medio-billon/2857285/ [fecha de consulta: 19 de enero de 2021].
24. Otro de los principales problemas que ha experimentado la industria española en la última década es la inclusión de la producción en las cadenas de valor globales o la deslocalización. Muchas industrias españolas han comenzado a
producir en otros países donde los costes son más bajos. Ello es debido a unas legislaciones más permisivas en cuanto a los requisitos medioambientales y sanitarios de los productos y unas condiciones laborales sin las exigencias que existen en
España 28.
25. A esto hay que añadir un exceso de regulación en la industria española, con las referidas diferencias entre territorios españoles, una fiscalidad alta y asfixiante, así como unas imposiciones medioambientales que ignoran las necesidades
y capacidades propias de España a la hora de aplicarse.
26. Si bien la deslocalización puede tener efectos positivos en otros países donde se localizan estas industrias, como la generación de empleo, en España el daño es evidente: un aumento paralelo del desempleo y un efecto de arrastre a la
deslocalización en las industrias competidoras 29.
27. La deslocalización de la industria española se puede apreciar en el número de empresas industriales existentes. Así, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero
de 2021 30, existían 192.555 empresas dedicadas a la industria, con 231.198 locales activos. Sin embargo, en 2010, en plena crisis, existían 230.301 empresas activas dedicadas a la industria con 259.531 locales abiertos 31.
28. En el siguiente cuadro se muestra la progresiva reducción del peso de la industria manufacturera en la economía de España 32:
29. Además del problema de la deslocalización en sí misma se encuentra el de la llegada de esos productos a España. Estos productos y su producción sometidos a unos requisitos sanitarios, medioambientales y legales mucho menos exigentes
que a los que se encuentran sujetos los artículos españoles. Ello deriva en que los primeros sean comercializados por unos precios más bajos que los segundos y que, por tanto, no compitan en igualdad de condiciones con los que son producidos en
España.
30. La fragilidad de la industria española y la dependencia de terceros países, consecuencia de los motivos expuestos, se ha podido comprobar en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando irrumpió el virus de Wuhan, en España se comprobó que
no había mascarillas ni elementos de protección individual para evitar contagio y proteger a nuestros sanitarios, que se vieron abandonados. Esto fue debido a la falta de
28 https://www.publico.es/internacional/bangladesh-industria-textil-ropa-esclavitud.html [Fecha de consulta: 11 de enero de 2022],
29 https://retos-operaciones-logistica.eae.es/deslocalizacion-empresarial/ [fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
30 https://www.ine.es/prensa/dirce 2021.pdf [fecha de consulta: 11 de enero de 2022],
31 https://public.tableau.com/views/CCAA_4/Dashboardl?:showVizHome'no&:embed=true [fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
32 https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/industria/radiografia-industria-manufacturera-espanola [fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
capacidad de organización y previsión del Gobierno, por lo que el sector se vio obligado a prepararse para producir en un tiempo récord y sin ayuda 33.
31. Más recientemente, la falta de suministro de materias primas ha tenido como consecuencia la paralización, siquiera temporal, de algunas fábricas. Ha sido especialmente grave en el sector de la automoción, donde la falta de
semiconductores ha provocado una caída de la producción de vehículos que se estima de un 36,1 % en el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo en 2019 34.
32. Todos los problemas expuestos muestran que la industria española necesita de medidas públicas que ayuden al sector a encontrarse en una posición de igualdad a la hora de competir con el resto de países.
33. En primer lugar, el empleo industrial es un empleo de calidad y altamente especializado, pues se calcula que ocupa el sector a algo más de la séptima parte de los trabajadores, 2,73 millones de 19,96 según los datos de la EPA (Encuesta
de Población Activa) del INE referentes al cuarto trimestre del año pasado 35. España necesita recuperar puestos de trabajo perdidos por la deslocalización industrial y crear más, especialmente entre los más jóvenes y los mayores de 50 años.
34. En segundo lugar, la industria es el sector que más impulsa la I+D+i. Precisamente por la competencia en condiciones normales, la industria se está renovando continuamente y se retroalimenta. En 2020, la inversión en I+D aumentó un 1,3
%, siendo el 1,41 % del PIB 36, mientras que en Europa el objetivo marcado en la estrategia Horizonte 2020, era del 3 % del PIB 37, por lo que queda mucho trabajo por delante.
35. En tercer lugar, el sector industrial es un elemento de gran importancia en el impulso del sector primario; uno de los sectores más maltratados por las políticas globalistas y, a su vez, el impulso del sector primario es una de las
herramientas fundamentales para evitar la despoblación del campo español.
36. En definitiva, es imperativo recuperar el peso de la industria española en la economía, garantizando la soberanía energética y adaptando las políticas de descarbonización a las circunstancias de la industria y la economía españolas,
primando los intereses de España y de los españoles sobre las agendas mundialistas.
37. La industria española, caracterizada por problemas de deslocalización, por los altos costes energéticos y por la pérdida de competitividad, ha sido uno de los sectores más castigados por el Covid-19. No se debe olvidar que los estados
de alarma, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional gracias a los recursos interpuestos por el Grupo Parlamentario VOX, provocaron el cierre temporal de plantas de producción y, además, se iniciaron expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) para miles de personas. Ahora se observan con tristeza procesos masivos de despidos en la industria ante una menor carga de trabajo y una situación crítica que incluso se había iniciado antes de la crisis sanitaria.
38. La deslocalización de fábricas, la falta de inversión, así como la ausencia de una fuerte política industrial nacional ponen en peligro a nuestra industria, a las empresas, pymes, autónomos y trabajadores de un sector que es esencial en
España y que pierde competitividad ante los delirios ideológicos maquillados de verde de quienes gobiernan.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan nacional de apoyo a la industria española que contenga, entre otras, las siguientes medidas:
1. Implementación de políticas eficaces que impulsen la reindustrialización de España.
2. Protección de las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España, apoyando la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas.
33 https://www.publico.es/economia/covid-19-pandemia-desnuda-industria-situa-pais-reto-reconversion.html [fecha de consulta:20 de enero de 2022].
34 https://anfac.com/actualidad/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-hasta-noviembre-cae-un-6-respecto-de-2020/, https://www.telecinco.es/informativos/economía/semiconductores-paraliza~automovil-perdidas-millones.18 3219571532.html,
https://www.autopista.es/noticias-motor/falta-chips-semiconductores-paraliza-fabricas-coches-durara-minimo-hasta-2022 236757 102.html o https://okdiario.com/economía/proveedor-renault-prepara-ere-desplome-actividad-falta-suministro-8397242, entre
otros muchos [Fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
35 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t~4130#!tabs-tabla [fecha de consulta: 20 de enero de 2022].
36 https://www.ine.es/prensa/imasd 2020.pdf [Fecha de consulta: 11 de enero de 2022].
37 Comunicación [COM(2010) 2020 final] denominada Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0028&from=ES) [Fecha de consulta:
11 de enero de 2022],
3. Adopción de las actuaciones necesarias para garantizar la soberanía energética de España y reducir la dependencia del suministro energético de terceros países.
4. Estudio de mecanismos para la reducción de impuestos y tasas que graven en el precio de la energía y su generación.
5. Desarrollo de un sistema de incentivos que permitan (i) el retorno de industrias deslocalizadas y (ii) que las empresas del sector industrial se establezcan en el medio rural con el objetivo de evitar la despoblación.
6. Impulso de la ampliación de los beneficios fiscales e incentivos para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en la industria española.
7. Estudio para la adaptación de los plazos establecidos para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización a las posibilidades de la industria española, al interés general y al mantenimiento del empleo.
8. Promoción del refuerzo de los controles fronterizos de los productos que entran en España con el fin de proteger a los consumidores españoles, la industria nacional, empresas y trabajadores, poniendo especial atención al etiquetado de
los productos y al empleo de productos fitosanitarios prohibidos. De esta forma se evitará el fraude, la transmisión de información errónea y la llegada a España de pesticidas o productos fitosanitarios que llevan años prohibidos en Europa.
9. Revisión de los acuerdos comerciales que tenga España con terceros países que no cumplan con los derechos de los trabajadores.
10. Promoción, en coordinación con otras administraciones, de la creación de programas de formación tanto de capacitación como de actualización y digitalización relacionados con la industria.
11. Establecimiento de medidas de fomento de la consolidación de las PYMEs y reforzar la colaboración de las mismas para la ejecución de proyectos conjuntos.
12. Dignificación de la Formación Técnica Profesional, íntimamente ligada a las necesidades de reindustrialización y el futuro laboral de los jóvenes. Es necesario desarrollar programas de mejora de la percepción de la formación
profesional.
13. Fomento de la orientación comercial de los proyectos de I+D+i., e incentivar y reforzar el uso eficiente de los recursos destinados a la inversión en esta materia. Asimismo, es necesario fomentar la colaboración público-privada en
I+D+i.
14. Establecimiento de medidas de apoyo a las empresas industriales españolas en su actividad exportadora tanto a la UE como a países de alto potencial fuera de la UE. Es necesario crear una lista de países prioritarios y sectores con
mayor potencial de incremento de las exportaciones fuera de la UE, y fortalecer las relaciones comerciales entre España y dichos países (EE.UU, Canadá, Japón, entre otros).
15. Optimización y refuerzo de programas de estímulo de productos industriales con mayor efecto multiplicador en la economía. Fomento, a su vez, del consumo de productos industriales fabricados en España (Made in Spain) y, a tal fin,
diseño de un nuevo sistema de etiquetado de productos españoles y una campaña de publicidad, en coordinación con las empresas interesadas, para informar a los consumidores españoles de los beneficios de consumir productos fabricados en nuestro país
y su contribución a la economía nacional
16. Desarrollo de medidas que permitan el aprovechamiento de fuentes de energías autóctonas y competitivas, así como garantía de la competitividad del suministro energético a las empresas industriales españolas y diseño de medidas de
eficiencia energética en procesos industriales.
17. Refuerzo de la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Es necesario abordar un proceso urgente de simplificación normativa. La seguridad y la sencillez y homogeneidad del marco regulatorio son necesarios para la
recuperación de la inversión extranjera.
18. Promoción de medidas de reducción de la carga fiscal de la industria.
19. Fortalecimiento de las condiciones de apoyo a las inversiones tecnológicas y potenciación de las actuaciones encaminadas a la digitalización. Se hace necesario una acción decidida por el Gobierno en consonancia con el sector privado,
el establecimiento de clústeres de digitalización de empresas afines, incentivos a la inversión y fomento de la actividad y el respeto a los derechos de propiedad intelectual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley para el impulso de códigos éticos en el sector turístico, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La palabra 'ético' proviene del griego, 'ethos', que significa 'costumbre' o 'carácter' y, según la Real Academia Española, hace referencia al 'conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una
persona o una comunidad'. Dichos rasgos y comportamientos nos configuran como sociedad y es base de nuestra convivencia. La ética permite definir los criterios sobre todo lo que ocurre en nuestro entorno y establece los valores en todos los
ámbitos de nuestra vida.
Tras la pandemia de la COVID-19, nos encontramos ante un cambio de paradigma que está permitiendo acelerar transformaciones como lograr un sector turístico más sostenible, digitalizado, orientado hacia la calidad y que sea ético con el
turista para, de este modo, ser responsable con la economía, sociedad, cultura y medio ambiente.
En el año 1999, la Organización Mundial del Turismo (OMT) aprobó el Código Ético Mundial para el Turismo (CEMT), un documento de diez artículos aprobados por su Asamblea General. El objetivo: que los gobiernos, Comunidades Autónomas,
entidades desarrollen y participen de un turismo sostenible y responsable.
Una década después, en el año 2011 , la OMT logró introducir el 'Compromiso del Sector Privado' con dicho Código para que las empresas de todo el mundo pudieran adherirse con la intención de defender, promover e implementar los valores
éticos en su actividad.
En el año 2020, el Comité Mundial de Ética del Turismo, regulado en el artículo 10 de dicho Código, elaboró los 'Consejos para un Viajero Responsable'. Su intención era resaltar aquellos principios del texto que se encuentran vinculados con
el turista y orientarles para que su comportamiento sea responsable en los destinos.
El tipo de turismo que queremos para nuestro país ha de dirigirse hacia dichos principios que integren la responsabilidad y la sostenibilidad en la actividad del sector y sean fuerza motriz de un nuevo modelo de crecimiento económico. En
este sentido, los países han de impulsar políticas que favorezcan el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU). España es un país
altamente comprometido con dicha iniciativa mundial.
En esta tarea, las Comunidades Autónomas y entidades locales son actores principales en la consecución de dichos objetivos y en el cumplimiento de las 169 metas marcadas por los ODS en otras áreas con alto impacto en el turismo como la
energía, medio ambiente, igualdad de género, educación o el impulso de modelos de ciudad y negocios sostenibles.
En la actualidad, ya existen Comunidades Autónomas como el País Vasco que, en el año 2019, aprobaron su propio Código Ético en línea con las recomendaciones de la OMT y adaptado a su realidad, incluyendo principios como el respeto al turista
y derechos de las personas, la igualdad, inclusión, diversidad, fomento de la cultura local, preservación del patrimonio, formación y respeto de los derechos laborales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar, junto a las Comunidades Autónomas, para que estas establezcan marcos de ética de referencia para el turismo responsable y sostenible de acuerdo con los principios marcados por el Código Ético Mundial de la Organización Mundial
del Turismo.
2. Auspiciar la firma de convenios con las Comunidades Autónomas para impulsar la adaptación del Código Ético Mundial de la OMT a sus respectivas realidades y, de este modo, logren introducir en sus correspondientes leyes y normas dichos
principios.
3. Promover los principios del Código Ético Mundial en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) con el objetivo de que los agentes turísticos puedan integrarlos en su actividad y mejorar así la
calidad de los destinos.
4. Impulsar entre las empresas turísticas la adopción de prácticas responsables en el turismo y la firma del Compromiso del Sector Privado con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2022.-Alejandro Soler Mur, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Francisco Serrano Martínez, Cristina López Zamora, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ana María Botella
Gómez, María del Pilar Rodríguez Gómez, Patxi López Álvarez, Adolfo Pérez Abellás, Germán Renau Martínez y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el derecho al descanso del cuidador no
profesional de las personas con Trastorno del Espectro Autista, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Esta afección afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Según la
información reportada en el año 2019 por la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tienen (TEA). A su vez, según los estudios publicados en el año 2021 por Autismo Europa y compartidos por Autismo España, arrojan una prevalencia de
aproximadamente 1 caso por cada 100 nacimientos; es decir, el 1 % de la población podría presentar TEA
Aunque en la actualidad no existe un registro de personas con TEA en nuestro país, teniendo en cuenta los distintos estudios realizados, la Federación Autismo Galicia cifra en su página web en 450.000 el número de personas con esta afección
en España. A su vez, según los datos referenciados por la misma entidad, en los últimos años se ha experimentado un incremento de la prevalencia como consecuencia, posiblemente, del avance en el conocimiento científico sobre el TEA, la mejora en
las herramientas diagnósticas o la mejor formación de los profesionales.
En la actualidad, muchas de los cuidadores de las personas con TEA tienen carácter no profesional, figura reconocida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Para garantizar el derecho al descanso de estas personas, las administraciones públicas financian el ingreso de estos ciudadanos en centros residenciales a las personas con TEA y para personas con discapacidad. Sin embargo, en muchas
ocasiones, los centros residenciales no se encuentran adaptados a las necesidades de estas personas. Esta disposición aparece prevista en el artículo 25 de la Ley 39/2006, de Servicios de Atención Residencial, que dispone que la prestación por
atención residencial podrá tener carácter temporal cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales.
Sin embargo, la regulación actual de esta situación se ha mostrado ineficaz a la hora garantizar el derecho al descanso de los cuidadores no profesionales de las personas con TEA en la medida en que la saturación de nuestro servicio de
atención a la dependencia. Los cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales conocidos el pasado mes de enero, sitúan en 63.000 los ciudadanos que esperan una plaza en estos centros. A su vez, tal y como hemos comentado
anteriormente, las familias consideran este recurso totalmente inadecuado para atender las necesidades de las personas con TEA y facilitar de esta manera el descanso del cuidador.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar los cambios normativos necesarios para facilitar el acceso a la prestación por descanso de los cuidadores no profesionales cuando se acredite la estancia de las personas con el
Trastorno del Espectro Autista en campamentos u otras actividades de ocio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.- Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para abordar las causas de la soledad y el aislamiento
social en la sociedad española, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La dimensión relacional del ser humano.
El hombre es un animal social y político por naturaleza (Aristóteles) 38. No puede vivir sino relacionado, arraigado, en comunidad: 'siempre y en todo lugar la huella humana brota, discurre y se encamina hacia el encuentro con sus
semejantes. La sociedad humana es un ámbito de encuentro donde la vida del hombre y de la mujer adquieren perfil y rostro personal' 39. No en vano, es en su interacción y alteridad con otros seres humanos donde el ser humano alcanza su plenitud.
En este sentido, ZUBIRI señala que la vida en sociedad 'no es una realización externa que modifica a un hombre ya constituido en su 'plena' realidad, sino que la realidad del hombre solo es 'plena' por envolver ya su radical socialidad'.
La sociedad primigenia y central de la vida social es la familia, institución de Derecho natural, anterior a cualquier forma de organización política. La familia es el primer hecho diferencial netamente humano, 'un reducido ámbito de
convivencia humana que sale al encuentro de la innata precariedad del hombre y busca el enriquecimiento humano de sus miembros mediante la distribución de tareas y el cuidado mutuo. Se manifiesta así que vivir, para el ser humano, es convivir,
compartir la vida teniendo que contar de alguna forma con otras personas' 40. Se trata de 'un bien para la sociedad, y no solamente para los individuos que la componen' 41 y, en consecuencia, puede afirmarse plenamente su carácter de 'institución',
en tanto que 'pauta estable de interacción entre seres humanos de la cual se derivan beneficios para toda la comunidad (y no sólo para los que participan directamente en ella) y que, por esa razón, es formalizada y promovida por el Derecho' 42.
Así, 'los vínculos de filiación entre un padre [o una madre] y sus hijos constituyen un tipo de relación social precisa, la cual, sistematizada junto con otras relaciones complementarias o afines a ella, constituyen una institución que es la
familia'.
38 ARISTÓTELES, Política, 1, 1253a
39 https://www.fiIosofiayeducacion.es/Tema-ll-Dimension-social-del-ser-humano-C-159.htmI
40 Ibidem.
41 HERTFELDER, E. y VELARDE, L., La familia, desafío para una nueva política, Instituto de Política Familiar, Madrid, 2011, p. 28.
42 CONTRERAS, F. J., en La fragilidad de la libertad, Homo Legens, Madrid, 2020, p. 56.
De la anterior afirmación radical del carácter social del hombre deriva necesariamente que el bien particular de cada persona alcanza su plenitud en el bien común y, en este sentido, el progreso de la solidaridad -como manifestación de
nuestra interdependencia y del respeto a la persona humana- repercute en el bien de toda la comunidad política. En definitiva, 'la acción política debe tener como razón última el bien común y estar inspirada en el respeto a la dignidad humana y a
los derechos que le son inherentes a la persona' 43.
En el ordenamiento jurídico nacional, la propia Constitución Española de 1978 ('CE') está informada de principios basados en las anteriores afirmaciones, que dan cuenta de la implicación real y esencial, jurídico-política, entre persona y
sociedad. De esta manera, el artículo 10.1 CE enmarca la inviolabilidad y libertad de la persona y su individualidad en un contexto social, en tanto que 'la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social'. Por su parte, el artículo 9.2 CE encomienda a los poderes públicos la protección de esta dignidad, por cuanto corresponde a
estos 'promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'.
Del mismo modo, el artículo 35 CE vincula la remuneración que se obtiene del trabajo a la satisfacción de las necesidades de 'los españoles [...] y las de su familia', al tiempo que el artículo 39 CE enumera, como primero de los 'principios
rectores de la política social y económica' la 'protección social, económica y jurídica de la familia'.
En el ámbito supranacional se afirma también la preeminencia de la familia y, así, el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, expresa
que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Segundo. La degradación de la institución familiar como consecuencia de la desinstitucionalización del matrimonio.
Como se acaba de exponer, el ser humano vive su primera experiencia 'social' en el seno de la familia 44, que es el lugar en el que aprende los fundamentos para su posterior desenvolvimiento e interacción en comunidades de mayor tamaño y
que, por su interés para el conjunto de la sociedad, y no solo para sus miembros estrictamente, ha de ser fomentada y promovida por el Derecho. También se ha señalado que esta es una 'institución de instituciones', atravesada por un haz de
relaciones 'complementarias o afines'.
Pues bien, entre estas últimas relaciones se encuentra, como prius de la propia familia, el matrimonio. Se trata de otra institución de Derecho natural, anterior a todas las religiones 45, creadora de las vidas que trascienden a los
cónyuges y que amplían el núcleo familiar, que por su propia naturaleza ha de calificarse como hecho fundante de la propia familia.
Sin embargo, a pesar de su carácter casi inherente al ser humano, de sus indudables beneficios sociales (con vertientes económicas, educativas o de estabilidad personal) y del impulso que, por su carácter de institución, debiera promover el
ordenamiento jurídico y los poderes públicos, el matrimonio se encuentra en la actualidad en una crisis profunda.
En relación con el elemento cuantitativo, es evidente el descenso de las celebraciones matrimoniales, sean civiles o religiosas, como es obvio el incremento de las rupturas.
43 https://xn--agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana VOX.pdf
44 El citado ALVIRA señala que 'la institución familiar expresa y significa lo humano con más plenitud que cada individuo. En ella, dice, somos conservadores, pues tenemos motivos para conservar; somos sociales, pues allí aprendemos a
apreciar a los demás; somos liberales, pues en ella adquirimos personalidad propia; somos progresivos, porque es la institución del crecimiento'. En https://www.aceprensa.com/reseñas-libros/el-lugar-al-que-se-vuelve-reflexiones-sobre-la-fam/
45 Roger SCRUTON afirmó que 'no es necesario considerar el matrimonio como un sacramento y como un compromiso contraído ante Dios para compartir la visión tradicional del mismo. En toda sociedad de la que hay memoria, el matrimonio era
visto como un vínculo entre hombre y mujer en el que toda la sociedad está interesada. El matrimonio es el comienzo de una familia, y las obligaciones contraídas por los cónyuges van mucho más allá de un simple contrato entre ellos, pues afectan a
personas que aún no han nacido y que dependerán del vínculo sustancial entre sus padres'. En How To Be a Conservativo, Bloomsbury, Londres, p. 144.
En lo que se refiere al factor cualitativo, el análisis debe centrarse en las razones conceptuales que apunta Contreras y que se resumen en una: el proceso de desinstitucionalización del matrimonio y la pérdida de su carácter objetivo.
En definitiva, el matrimonio ha dejado en la actualidad de ser una institución para convertirse en un 'derecho subjetivo'. A este respecto, el artículo 32 CE reconoce el derecho del 'hombre y la mujer [...] a contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica' .
Tercero. La soledad y el aislamiento social.
La soledad y el aislamiento son hechos generalizados en la práctica totalidad de las sociedades posmodernas (paradigmáticamente, Japón) y que se dan de manera creciente en todas las sociedades europeas, incluso, de manera sorprendente, en
aquellas con una fuerte componente de comunidad, como la española.
'En general, se habla de aislamiento social como la ausencia de relaciones sociales satisfactorias y de un nivel bajo de participación en la vida comunitaria. El aislamiento social implica experimentar una serie de factores como bajo nivel
de participación social y niveles de actividad social que la persona percibe como inadecuada. Hall y Havens (1999) definieron el aislamiento social como la medida objetiva de tener mínimas interacciones con otros; y aislamiento emocional (o
soledad), como el sentimiento subjetivo de insatisfacción con el bajo número de contactos sociales mantenidos. El paralelismo entre soledad objetiva-soledad social-aislamiento social y soledad subjetiva-soledad emocional-aislamiento emocional
resulta obvio y para muchos autores configura el significado de ambos términos' 46.
Por lo tanto, si la soledad está íntimamente relacionada con la experiencia personal y el sentimiento causado por la ausencia de compañía, el aislamiento social está caracterizado por su dimensión objetiva, donde influyen diversos factores
económico-sociales y culturales.
El Informe España 2020, elaborado por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, señala que, 'en una sociedad de alta densidad social, hiperconectada y con una incesante actividad social, hay un fenómeno de aislamiento
que hace sufrir a un porcentaje creciente de nuestras sociedades' 47. Entre sus conclusiones, destacan las siguientes:
a) La inmensa mayoría opina que vivimos en una sociedad con más soledad y despreocupada por los demás.
- El 90,5 % de la población encuestada cree que tanto la soledad como el aislamiento están aumentando en la sociedad.
- El 86,1 % piensa que normalmente en la sociedad actual la gente no se preocupa suficientemente por los demás.
b) El 12 % de la población pasa solo todo el día o casi todo el día laboral.
c) Hay un 42 % de soledad en general, 29 % de aislamiento, 20 % de soledad en la última semana, 26 % de exclusión relacional, 5,5 % sin nadie.
- El 42 % se siente solo: soledad intensa (5,2%), frente a la leve (37%).
- El 20 % ha tenido sentimientos de soledad la última semana.
- Al 28,6 % le falta compañía algunas veces y al 5,5 % intensamente.
- Hasta un 29 % de la población siente aislamiento social: el 26 % leve y el 3 % de modo intenso.
- El 26,2 % ha sentido exclusión relacional: 23 % algunas veces y el 3,2 % persistentemente.
d) El 21 % de la gente tiene sentimientos de soledad en su centro de trabajo o estudios 48.
Asimismo, el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, de Cáritas y la Fundación FOESSA, alerta de lo siguiente: 'numerosos estudios han perfilado la alta vulnerabilidad que han mostrado las personas
mayores a la soledad (Pinazo-Hernandis, 2020) [...] Estas
46 Revista de Ciencias Sociales Sociedad y Utopía, n.° 41 (2013): https://www.fpablovi.org/sociedad-y-utopia/41/41.pdf
47 https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-1.pdf
48 Ibidem.
restricciones a la relación social, según Armitage y Nellums (2020) han incrementado el ya preexistente riesgo de soledad y aislamiento de las personas mayores. Por ello, consecuencias en la salud de esta 'desconexión social' han sido diana
de las políticas de atención a la población mayor' 49.
De manera complementaria, numerosos estudios, como el Informe 2018 -Las personas mayores en España, del IMSERSO, inciden en mostrar la gravedad de la denominada soledad no deseada 50, que afecta principalmente a los ancianos, sobre los que
amenaza, y amenazará cada día más, la sombra de la eutanasia:
'La soledad es una experiencia humana que puede suceder a lo largo de todo el ciclo vital, si bien durante la vejez concurren diversos factores que pueden maximizar sus efectos amenazando la salud de las personas mayores. Tan grande es su
impacto en las personas mayores que el Gobierno británico ha creado recientemente un Ministerio de Soledad, en Japón la soledad ha sido declarada un asunto social alarmante y la prensa se hace eco de ello. Para algunos medios de comunicación la
soledad es una 'epidemia' (Klinenberg, 2018) un 'serio problema de salud pública' (Blackpool, Gjovik, y Tokyo, 2018); 'una moderna enfermedad del cuerpo y no solo de la mente' (Bound, 2018); 'algo que afecta no solo a las personas mayores sino a
cualquier edad' (Hammond, 2018); para otros, el 'mayor asunto de salud pública (Worland, 2015)'' 51.
Sin embargo, si bien la soledad y el aislamiento social afectan con especial crudeza a las personas mayores de 65 años, ambos son fenómenos reseñables en todos los grupos etarios. Según los datos del citado Informe España 2020, 'el
sentimiento de soledad se dobla entre los jóvenes: se han sentido solos el 14,7 % de los mayores de 60 años, el 18 % de quienes tienen entre 30 y 60 años, y el 31 % de los jóvenes menores de 30 años' 52. Asimismo, 'tienen más aislamiento social:
5 % (media 3 %)' 53.
En este marco, la variable de personas separadas y divorciadas 'contiene uno de los más altos riesgos de aislamiento social'. Por otro lado, las personas viudas 'sufren niveles extremos de soledad' 54 (del total de hogares unipersonales, el
12,1 % de los habitados por hombres eran viudos y el 45,5 % de los habitados por mujeres eran viudas 55). Por último, cabe destacar que 'las personas económicamente vulnerables se ven afectadas por grados muy desproporcionados de soledad. La
pobreza aísla y el aislamiento social multiplica el riesgo de pobreza' 56. Así, 'la clase social multiplica por seis el aislamiento severo, hasta el 12 % (2 % en el estrato superior, 3 % de media)' 57.
Cuarto. El aumento de los hogares unipersonales en España.
En el sentido expuesto, y de acuerdo con la dimensión netamente relacional del ser humano, el hogar ('el lugar al que se vuelve', según ALVIRA 58) desempeña un papel esencial en la protección del hombre, en proporcionar la certeza de que no
se está solo en el mundo. De esta manera, HEIDEGGER expuso que habitar una casa, vivir en la propia morada o ser acogido en la del amigo significa 'sentirse protegido sobre la tierra; su estancia en la tierra la siente el hombre seguro, amparada,
protegida'.
Sin embargo, en los últimos tiempos se ha consolidado una tendencia consistente en que cada vez existan en España un mayor número de hogares formados por una sola persona. Así, según la última Encuesta Continua de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística 59, en 2020 había 4.849.900 hogares
49 https://www.caritas.es/noticias/foessa-presenta-Ia-primera-radiografia-social-completa-de-Ia-crisis-de-la-covid-19-en-toda-espana/
50 'Es la soledad forzada, la no deseada y no elegida la que duele, la que se hace insoportable. Este significado de la soledad como estado de ánimo negativo ha llevado a la confusión del término con otros estados emocionales como la
depresión; la soledad se refiere en particular a los sentimientos sobre las relaciones sociales y la depresión es un sentimiento general negativo hacia todo lo que rodea a la persona (Cacioppo et al., 2010; Weiss, 1973)'. En:
https://www.imserso.es/InterPresentl/groups/imserso/documents/binarío/informe_ppmm_2018.pdf
51 Ibídem.
52 https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-1.pdf
53 Ibídem.
54 Ibídem.
55 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm7c-Estadistica_C&cid=1254736176952&me-nu=resultados &idpM254735572981
56 https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-1.pdf
57 Ibídem.
58 https://www.eunsa.es/media/universidad_navarra/files/sample-101354.pdf
59 Publicada en abril de 2021.
unipersonales. Ello supone una variación de un 2 % respecto al año anterior (96.200 personas más) y de un 6,1 % en el caso de las personas de 65 años o más (un aumento de 122.300 personas).
Los hogares unipersonales representan ya el 26,1 % del total de hogares y el 10,4 % del total de la población. Se trata así del segundo tipo de hogar más frecuente después del compuesto por pareja e hijos (33,1 %), y seguido de las parejas
convivientes sin hijos (20,9%) 60. Así, cerca del 60 % de los hogares españoles están compuestos solo por una o dos personas.
Fuente: INE
Las comunidades autónomas con un mayor número de personas viviendo solas en 2020 fueron Asturias (31,0 %), Castilla y León (30,2 %) y La Rioja (28,9 %). Por otro lado, los territorios con menor número de hogares unipersonales fueron Melilla
(18,9 %), Ceuta (20,9 %) y la Región de Murcia (21,6 %).
Quinto. Conclusiones: la necesidad de actuar frente a la emergencia demográfica.
La solución a los problemas expuestos no puede ser, por su propia naturaleza, inmediata. Pero la puesta en marcha de medidas que conduzcan a ella sí es urgente. Asimismo, es preciso combatir el origen de los fenómenos de soledad y
aislamiento social: la precariedad de la familia y del matrimonio en las tendencias sociales actuales y la bajísima natalidad.
En relación con lo último, el director de la fundación Renacimiento Demográfico, D. Alejandro Macarrón, ha alertado en numerosas ocasiones acerca de las consecuencias del invierno demográfico. 'El desplome mundial de la fecundidad -señala-
anticipa un escenario generalizado de envejecimiento
60 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176952&menu=ultiDatos&idp= 1254735572981
social, soledad y tendencia a la despoblación en próximas décadas' 61. Con las pautas de natalidad del año 2019, tendrán ningún hijo y el 50° % no tendrán ningún nieto' 62.
Como señala en su estudio sobre Evolución demográfica de España (1976-2016), 'antes de 2020, por primera vez en la Historia, según la ONU, habrá más personas en el mundo mayores de 64 años que menores de 5. En España ya hay cuatro mayores
de 64 por cada menor de 5' 63.
El aumento de la soledad y el aislamiento social se encuentran íntimamente relacionados con la debacle de la familia y la descomposición de la vida social. Si bien es cierto que existen factores económico-sociales que contribuyen al
aislamiento social, como exponíamos anteriormente, la realidad es que, a menos familias y menor número de hijos, mayor soledad y aislamiento social. Como señalan desde la fundación Renacimiento Demográfico, 'a menos estructuración familiar, más
riesgo de pobreza afectiva en la infancia. Prevenir la soledad que generan la baja natalidad y nupcialidad, y la alta divorcialidad (tres cosas interrelacionadas), debería ser un gran empeño de las sociedades europeas' 64.
Las consecuencias de todo lo antedicho, al margen de las económicas, son evidentes: el envejecimiento social, indisociable de la baja natalidad, nos llevará a una sociedad con mayor soledad. En consecuencia, abordar el problema de la
soledad significa apelar a la realización de políticas a favor de la natalidad, el matrimonio y la familia. El Grupo Parlamentario VOX sostiene que ha de defenderse sin ambages la promoción de políticas destinadas a reforzar los lazos, el
matrimonio y la familia, fomentando una cultura de la vida, de la comunidad y del cuidado. Ello, frente a una izquierda que pretende desintegrar las instituciones de las que se nutre el progreso del ser humano y que desempeñan una indispensable
función social, como el matrimonio y la familia. Los poderes públicos deben impulsar un modelo de verdadero respeto a la persona y a las instituciones humanas, que tenga como fin 'la única forma en que la libertad es significativa: libertad para
actuar en los diversos escenarios vitales acompañada de la responsabilidad por las consecuencias de esas acciones [...], ingrediente esencial de lo que hace a la vida digna de ser vivida' 65.
61 Ibídem.
62 https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/solo-mitad-los-espanoles-tendran-nietos-20210324_1206298
63 MACARRON, A., Evolución demográfica de España (1976-2016), Cuadernos de estrategia, ISSN 1697-6924, N.º 190, 2017 (Ejemplar dedicado a: La evolución de la demografía y su incidencia en la defensa y seguridad nacional), págs. 47-54
64 https://twitter.com/ren_demografico/status/1418895492705132550/photo/1
65 MURRAY, C., en CONTRERAS, op. cit, p. 231.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en el ámbito de la Administración General del Estado, y a fomentar, en el ámbito competencial de otras entidades territoriales, el diseño y realización de políticas de
reconocimiento, defensa, protección y promoción de la familia, del matrimonio y de la natalidad con el fin de abordar desde la raíz las causas de la soledad y el aislamiento social en la sociedad española y, en particular, las siguientes:
1. En materia de personas mayores, en general, la promoción de la cultura de su cuidado y respeto y, en particular, el impulso de la finalización y puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la soledad no deseada de las personas
mayores.
2. En materia de familia, la creación de un sólido sistema de apoyo a la familia que agrupe medidas institucionales, tributarias, sociales, laborales, bioéticas y de concienciación social, que sitúe a esta en el centro de las políticas
públicas e incorpore también la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes y disposiciones.
3. En materia de natalidad, la puesta en marcha de ayudas directas progresivas por número de hijos, de facilidades en el acceso a una vivienda y a los suministros básicos y bonificaciones y de deducciones e incentivos fiscales a quienes
tienen hijos y en función del número de estos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/004032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un estudio sobre la incidencia
de la eutanasia desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/1021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La vida y la dignidad humana ante la eutanasia.
La eutanasia puede ser definida como 'conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones compasivas y en un contexto médico' 66. Por otro
lado, hay quienes entienden por eutanasia el suicidio médicamente asistido 67.
Los promotores y defensores de la cultura de la muerte utilizan términos eufemísticos, como 'muerte digna' o 'derecho a morir con dignidad', para referirse a la eutanasia. En vez de preocuparse por proteger a los más débiles, abren la
puerta al homicidio legal, al horror disfrazado de compasión. Tratan de transmitir la idea de que existen unas vidas más dignas que otras, considerando que no se deben destinar recursos públicos a paliar el dolor de aquellos que más sufren.
66 GERMÁN ZURRIARÁIN, R., 'Vulneración de la dignidad humana al final de la vida', Cuadernos de Bioética, vol. 28, n° 1, 2017, p. 84. Acceso en línea: https://www.redalyc.org/pdf/875/87550119007.pdf
67 Ídem. Tanto la Sociedad Española de Cuidados Paliativos como la Asociación Médica Mundial definen eutanasia 'como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es
contraria a la ética'. A su vez, la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre Suicido con ayuda médica determina que 'el suicidio con ayuda médica, como la eutanasia, es contrario a la ética y debe ser condenado por la profesión médica.
Cuando el médico ayuda intencional y deliberadamente a la persona a poner fin a su vida, entonces el médico actúa contra la ética'.
La llegada de la eutanasia al debate público, así como su reciente positivización en nuestro ordenamiento jurídico, tienen su origen en el incansable intento de los diferentes gobiernos de subvertir el valor fundamental de la vida que
inspira nuestro ordenamiento jurídico.
Volviendo a la perversión que denota hablar de un 'derecho a morir con dignidad' para referirse a la eutanasia, debemos recalcar que 'lo que existe es el derecho a la vida, que, por otra parte, es un derecho fundamental, luego anterior a
cualquier concesión legislativa, y como tal, intrínseco a la dignidad humana que no se basa en determinaciones de las mayorías' 68.
Lo cierto es, por tanto, que, en el caso de la eutanasia, nos hallamos ante una colisión frontal con el derecho fundamental a la vida que, de acuerdo con la jurisprudencia existente en la materia, es 'el derecho fundamental esencial y
troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible' (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3).
Por lo tanto, nos encontramos ante un derecho fundamental de carácter absoluto que, de admitirse que debe ceder frente a otros bienes constitucionales, no solo traería consigo la extinción de la propia vida de una manera irreparable, sino
también, e irremediablemente, la de los restantes derechos y bienes constitucionales, en cuanto queda destruida la vida como base de todos ellos.
En cuanto a la dignidad humana, esta la poseen todos los seres humanos por el mero hecho de existir; es intrínseca a su existencia. Atendiendo a su regulación, la Constitución Española ('CE') recoge en su artículo 10 que 'la dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social'. La dignidad humana es el principio ético
personal y social por excelencia. Es principio ético personal porque corresponde a la 'autonomía del individuo tiene su referente en la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su estado de salud física o psíquica, o simplemente
está vacío de contenido' 69. Por otro lado, la dignidad humana es también principio social, porque 'nuestro vivir en sociedad se rige por ella, luego la sociedad está obligada a protegerla. El ser humano no es un ser aislado; no es una isla, sino
que es un ser que vive en sociedad, en convivencia con los demás. Sus acciones repercuten en uno mismo y en los demás' 70.
A la luz de lo expuesto en los párrafos anteriores, es preciso remarcar que, pese a que una persona enferme, no pierde en modo alguno su dignidad inalienable por su condición de ser humano, siendo por tanto su vida objeto del máximo respeto
y protección.
Segundo. La eutanasia en España.
La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LO 3/2021) entró en vigor en España el día 25 de junio del año 2021. En el Preámbulo, se define la eutanasia como 'el acto deliberado de dar fin a la vida de una
persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento'.
Atendiendo a su artículo primero, se establece que el objeto de la presente ley es 'regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento
que ha de seguirse y las garantías que han de observarse'. Sin embargo, lo que verdaderamente se persigue con la LO 3/2021 es la prestación pública -bajo la tutela del Estado- de la muerte a las personas que cumplan las condiciones y requisitos
establecidos en el artículo 5 de la norma. De esta manera, es el Estado quien se erige como garante del derecho a morir o, mejor dicho, al derecho a ser matado, atentando así frontalmente contra lo recogido en el artículo 15 CE, el cual establece
que 'todos tienen derecho a la vida y ala integridad física y moral' 71. Nada dice en cambio el texto constitucional de un derecho a la muerte, y menos aún de que dicha muerte sea infligida por un tercero, obligado a ello en virtud de la fuerza de
la ley.
Lo cierto es que desde, la entrada en vigor de la LO 3/2021, no se han llevado a cabo informes y estudios oficiales acerca de la incidencia real que está teniendo la ley de la eutanasia en España: cuántos
68 GERMÁN ZURRIARÁIN, R., 'Vulneración de la dignidad humana al final de la vida', Cuadernos de Bioética, vol. 28, n° 1,2017, p. 89. Acceso en línea: https://www.redalyc.org/pdf/875/875501190Q7.pdf
69 GERMÁN ZURRIARÁIN, R., 'Vulneración de la dignidad humana al final de la vida', Cuadernos de Bioética, vol. 28, n° 1,2017, p. 86. Acceso en línea: https:// www.redalyc.org/pdf/875/87550119007.pdf
70 Ídem.
71 Resulta evidente que la eutanasia no forma parte de la integridad física y moral de un sujeto. Ya hemos visto que la jurisprudencia constitucional señala que el artículo 15 CE no integra un derecho subjetivo a provocar la propia muerte.
El derecho a la integridad física y moral protege a la persona 'no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo y su espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular' (STC
120/1990, de 27 de junio, FJ 8).
casos se han producido, en qué situación familiar y personal se encontraban las personas que han optado por la muerte, etc. Ha transcurrido un año desde que se promulgó la ley, y los datos facilitados por los diferentes medios de
comunicación y divulgación son contradictorios y dispares. Por un lado, hay medios que apuntan a que, en el último año, en España se han practicado aproximadamente 100 eutanasias y unas 200 personas más la han solicitado 72. Destacan también los
medios que existe cierta opacidad por parte de las Comunidades Autónomas a la hora de hacer públicos los datos sobre el número de eutanasias practicadas y solicitadas, así como sobre el número de profesionales que han objetado en conciencia a la
hora de practicarlas. Así, una noticia afirma que, hasta la fecha, 'solo dos comunidades, País Vasco y Cataluña, han facilitado estas cifras. Así un total de 34 vascos han solicitado la eutanasia a Osakidetza y a 13 de ellos ya se les ha
practicado; mientras que un total de 53 personas han pedido la eutanasia en Cataluña, la mitad de las solicitudes (28) ya han sido aprobadas y 24 ya han recibido la asistencia para una muerte digna por parte de profesionales sanitarios, entre los
que solo 90 se han acogido a la objeción de conciencia' 73. La asociación 'Derecho a una Vida Digna' afirma que la mayoría de los casos de eutanasia se han practicado sobre personas que padecían algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, por
encima de aquellas con enfermedades de otro cariz, como las oncológicas. Por lo general, según esta noticia, las eutanasias se han llevado a cabo principalmente en domicilios -con las variaciones procedimentales, los riesgos sanitarios y la
ausencia de garantías en general que ello conlleva-, más que en centros sanitarios. Las edades de las personas con cuya vida se ha acabado se hallaban comprendidas entre los 40 y 80 años 74.
Por otro lado, y atendiendo a otras fuentes consultadas, se estima que, al menos, se han ejecutado 50 eutanasias desde la aprobación de la LO 3/2021. Desde la publicación de esta ley en el BOE, en Cataluña, el País Vasco, Valencia, Madrid,
Galicia, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra se han presentado, aproximadamente, 130 solicitudes de eutanasia 75. Esta fuente afirma que 'la mayoría en el País Vasco y en Cataluña. Ambas han acaparado el 58,6 por
ciento de las peticiones y han practicado el 74 por ciento de las eutanasias' 76.
Si nos remitimos al caso del aborto -ámbito en el cual el Grupo Parlamentario VOX ha defendido, en innumerables ocasiones, la igual y plena dignidad ontológica y jurídica de toda vida-, lo cierto es que el Ministerio de Sanidad publica un
informe anual que recibe el nombre de 'Interrupción Voluntaria del Embarazo'. A pesar de las múltiples carencias que existen en el mismo, entre las que destacan las causas por las que se practican los abortos, así como el total de abortos químicos
perpetrados, lo cierto es que de él se pueden extraer datos relacionados con el número de abortos practicados en función de cada rango de edad, el país de nacimiento, el tipo de centro, etc 77. Se constata, empero, la ausencia de un informe análogo
en el caso de la eutanasia.
Por todo ello, urge la necesidad de que el Gobierno de España publique un informe o estudio, con datos oficiales, sobre la incidencia que la eutanasia está teniendo en nuestro país, el cual deberá especificar toda la información que pudiera
ayudar a comprender la magnitud de esta. Deberá hacerlo en coordinación con las diferentes Comunidades Autónomas en aras de una verdadera transparencia en los datos que se recaben.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar y publicar un estudio, partiendo de la base de los datos oficiales recabados de todas las Administraciones Públicas, sobre la incidencia de la eutanasia en nuestro país desde la aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley
Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. El citado estudio se remitirá, en el plazo más breve posible, a la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
2. Elaborar y publicar un informe que contenga datos a nivel nacional, recabados a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que detallen los procesos a través de los cuales se están llevando a cabo las eutanasias
en España desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de
72 https://theobjective.com/sociedad/2021-12-18/eutanasia-muertes-espana/
73 https://theobjective.com/sociedad/2021-12-18/eutanasia-muertes-espana/
74 Ídem.
75 https://www.abc.es/sociedad/ abci-sistema-sanitario-ejecutado-menos-50-eutanasias-seis-meses-202201021950noticia.html
76 Ídem.
77 https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm#datos
24 de marzo, de regulación de la eutanasia, así como las diferencias que a este respecto se produzcan entre las diferentes regiones de España. El citado informe se remitirá, en el plazo más breve posible, a la Comisión de Derechos sociales
y Políticas integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de Ley sobre la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio del Vila de Pitanxo para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En las pasadas semanas, el Gobierno del Estado comprometió públicamente su implicación en la búsqueda de medios para descender, previa localización, al pecio del buque 'Villa de Pitanxo', naufragado en aguas próximas a Canadá. Sin embargo,
ha transcurrido un plazo más que prudencial desde que se realizó ese anuncio y, tras un período de total falta de noticias, se ha señalado finalmente desde el ejecutivo que no se van a acometer las operaciones de rescate, una acción vergonzosa, que
desoye las peticiones e incumple los compromisos del Gobierno mientras ignora el dolor de las familias de los 21 marineros desaparecidos y de toda la gente del mar.
El Gobierno tiene a su disposición los medios necesarios para poder afrontar las tareas de recuperación. Cualquiera de las fragatas de la Armada con base en Ferrol dispone de sonar que permitiría realizar un barrido de la zona en la que se
cree que se encuentra el barco para localizarlo. Según los cálculos que se manejan, se estima que el pesquero se encuentra a una profundidad de entre 900 a 1000 metros, lo que permitiría el fácil acceso al mismo mediante el despliegue de un
vehículo submarino no tripulado (ROV), que son habitualmente utilizados en condiciones semejantes para labores arqueológicas, prospecciones o cableados submarinos. El ejecutivo pone como excusa ahora la dificultad de encontrar los cuerpos o la
imposibilidad de acceder al interior del buque, lo cual aunque fuera cierto, no puede servir para negarse cuando menos a intentar localizar el pecio hundido, del cual se podrían obtener imágenes y obtener datos de su estado, que arrojarían luz sobre
si es o no posible otro tipo de actuaciones y también sobre las circunstancias que rodearon el naufragio.
Debe recordarse, que la Fiscalía ha señalado la existencia de indicios de homicidio imprudente en el hundimiento del 'Villa de Pitanxo', cuestión por la que con más razón todavía, la obtención de grabaciones o fotografías del pecio podrían
servir para aportar información importante para la investigación y el esclarecimiento de la verdad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG haciendo suyas las peticiones de las familias de los marineros desaparecidos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a cumplir con el compromiso público adquirido con las familias y poner en marcha una operación de trabajo subacuático que permita localizar el pecio del buque 'Villa de Pitanxo',
descender al mismo y elaborar un trabajo fotográfico y audiovisual sobre el estado del mismo, así como reconocer sus alrededores y zona exterior del buque para verificar la localización de cuerpos de los tripulantes desaparecidos, lo que también
permitiría aportar pruebas a fin de conocer la verdad de las causas del naufragio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de Ley sobre las frutas y hortalizas producidas en España, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agroalimentario es una pieza clave dentro de la economía española. Este sector aportó en 2020 casi 100.000 millones de euros, el 9,7 % del valor añadido bruto, y ha generado 2.270.000 empleos, el 11,7 % del total nacional. En ese
sentido, es muy importante la protección de los cítricos, la fruta y la verdura producida en nuestro país, así como la seguridad alimentaria.
Las importaciones de productos agroalimentarios de terceros países suponen un problema para el sector agroalimentario español debido a:
a) Pone en riesgo el sector agroalimentario a causa de la competencia desleal para los productores europeos.
b) Estos productos no cumplen con la legislación comunitaria sobre el uso de fitosanitarios. Esto supone un riesgo potencial para la salud de los consumidores y para la sostenibilidad ambiental ya que pone en riesgo la sanidad vegetal y
forestal de los cultivos de la UE.
c) Tiene un impacto negativo en el consumo local y de proximidad.
Los objetivos de la Unión Europea en relación con el medio ambiente y la salud vegetal y humana son claros y tienen como principal fin contribuir a la neutralidad climática de aquí a 2050 a través de la estrategia 'de la Granja a la Mesa'.
Esta estrategia persigue, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes y la venta de antimicrobianos.
b) Aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica.
c) Promover un consumo de alimentos y unas dietas saludable más sostenibles.
Para cumplir con los objetivos 'de la Granja a la Mesa' y el Pacto Europeo es esencial trabajar por un sector primario sostenible, local y de proximidad. Teniendo la Unión Europa la competencia exclusiva sobre la política comercial es muy
importante, por tanto, instar a las instituciones europeas a vigilar y cambiar las condiciones fitosanitarias para introducir productos agrícolas en el territorio de la Unión Europea y que estos cumplan con los mismos requisitos fitosanitarios que
los productos comunitarios. También es fundamental regular el etiquetado de frutas y hortalizas para así conocer la procedencia real de la mercancía y proteger a los agricultores y consumidores comunitarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar realizando los controles según la legislación comunitaria y nacional vigente para garantizar que las importaciones de frutas y hortalizas cumplen con las prescripciones técnicas, fitosanitarias, sanitarias y aduaneras exigidas
por la normativa nacional y comunitaria, sobre la base de una evaluación general del riesgo, especialmente en relación con el uso de plaguicidas para el cultivo y postcosecha no permitidos en el territorio de la UE, para garantizar así la salud de
los consumidores, la calidad de los productos, y el cumplimiento de los cupos fijados.
2. Colaborar con todas las administraciones implicadas con el objetivo de activar las inspecciones de los productos importado para evitar el reetiquetado de las frutas y hortalizas procedentes de terceros países evitando fraudes a los
consumidores.
3. Mantener el compromiso de España con iniciativas de este ámbito y alcance internacional que permitan contribuir a la mejora del sector agrícola y al crecimiento económico en el marco del programa 'De la Granja a la Mesa' dentro del marco
del Pacto Verde Europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Lázaro Azorín Salar, Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Daniel Senderos Oraá, Montse Mínguez García, José Luis Aceves Galindo, Herminio Rufino Sancho Íñiguez,
Javier Cerqueiro González, Indalecio Gutiérrez Salinas, María Luisa Faneca López, Mariano Sánchez Escobar y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, sobre la creación de una tarifa social para el gas y la electricidad.
Exposición de motivos
La invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero ha generado, además de las terribles consecuencias humanitarias, un enorme impacto en el mercado de energía en Europa, ya de por sí en crisis. Respecto al Estado español, ha
profundizado en las desigualdades y arbitrariedades que rigen las reglas del mercado eléctrico, por un lado, y la enorme dependencia energética que tenemos con respecto a otros países, por otro. En este sentido, llevamos ya varios meses arrastrando
un brutal encarecimiento del precio mayorista de la luz en España debido, entre otras cosas, a nuestro actual modelo de mercado, que ha repercutido en la economía de los hogares españoles con subidas nunca vistas a lo largo de 2021. Este alza de
los precios se ha visto incrementado de manera exponencial con el comienzo de la guerra, por el encarecimiento del gas y del petróleo, del que en gran medida depende Europa de Rusia.
Los datos son claros: el mes de febrero de 2022 los precios medios de la electricidad se mantuvieron iguales a los del mes anterior, pero el inicio de la guerra los ha disparado hasta niveles totalmente desconocidos hasta ahora. En
concreto, en el mercado mayorista, el coste medio de cada MWh ascendió durante el mes de febrero a 200,2 euros/MWh y cerró el mes con máximos diarios de 277,78 euros/MWh. El pasado lunes 14 de marzo el precio de la luz se situó en una media de
442,54 euros /MWh, con un pico de 500 euros en la hora más cara, cifras nunca vistas y 10 veces superiores al promedio de la década pasada. Según las estimaciones de la OCU, el mercado de futuros adelanta precios superiores a los 300 euros/MWh
durante todo 2022.
El principal responsable de este aumento de la factura eléctrica es el precio del gas, que se traslada a todas las formas de producción de electricidad independientemente de si usan gas o no, por el diseño marginalista del mercado eléctrico.
En paralelo, la subida de precios del gas también afecta a las familias y empresas españolas a través del consumo directo para calefacción, agua corriente y sanitaria (ACS) y los usos industriales, que conforman, de hecho, el consumo mayoritario de
gas natural en nuestro país.
En este contexto, la batería de medidas que el Gobierno lleva aplicando desde el pasado mes de junio hasta el día de hoy, como la reducción del IVA de las facturas de luz del 21 % al 10 %, se han mostrado claramente insuficientes para
combatir esta escalada de precios, por lo que es necesaria una acción más decidida ante esta situación de crisis energética y de consumo. Partiendo de esta necesidad y en un escenario de crisis energética acuciante, el gobierno anunció el pasado
lunes 14 de marzo un 'Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania'. Asimismo, ha mantenido la posición dentro de la Unión Europea de desacoplar el impacto del gas del precio de la electricidad como una de
las medidas concretas, urgentes y de efecto inmediato que permitan reducir sustantivamente los precios de la electricidad que se debatirán en el próximo encuentro del Consejo Europeo en Lisboa los días 24 y 25 de marzo.
Algunas de estas medidas son positivas, pues desacoplar el impacto del precio del gas del de la electricidad a nivel europeo es fundamental para reducir el precio de la electricidad,. Sin embargo, no son suficientes. En primer lugar, el
gobierno debe impulsar de manera decidida la creación de impuestos especiales para recaudar parte de los beneficios caídos del cielo (windfall profits) que están recibiendo las eléctricas y destinarlos a reducir la factura eléctrica que pagan los
ciudadanos. Sólo con la creación de estos impuestos podremos hacer frente a la crisis que se avecina. Más importante aún: el Gobierno debe proteger a los consumidores vulnerables de las subidas de la electricidad y del gas. Actualmente esto se
hace a través del bono social de la electricidad, que supone descuentos en la factura eléctrica de hasta un 60- 70 % y el bono social térmico para el consumo de gas, que otorga entre 25 y 123,94 euros para ese fin. Es conocido, sin embargo, que
estos bonos sociales tienen muchos problemas. La concesión no se hace de forma automática como vienen reclamando organizaciones ecologistas como ECODES, Fundación Renovables o el Consejo de Consumidores y Usuarios y, de hecho, tiene numerosos
trabas burocráticas entre las que destaca la gestión opaca por parte del algoritmo BOSCO, cuya falta de transparencia ha sido repetidas veces denunciada por organizaciones como CIVIO. El resultado es su baja cobertura: los últimos datos
disponibles de mayo de 2021 indican que hay 1.161.214 beneficiarios del bono social eléctrico frente a los entre 2 y 3 millones de hogares que tienen gastos energéticos desproporcionados o sufren de pobreza energética. Es necesario, por tanto,
reformar los mecanismos de protección de consumidores vulnerables para reducir su coste y facilitar que se activen de forma automática, ampliando la cobertura.
Por otro lado, el modelo de tarifa eléctrica actual es binómico, con una parte fija que depende de la potencia contratada, y un término variable, que también incluye algunos costes regulados. Esta configuración introduce diferentes
distorsiones entre las que destaca que no favorece ni el ahorro ni el autoconsumo fotovoltaico. Por eso, sería deseable que una mayor parte de los costes y peajes del sistema que ahora se incluyen en la parte fija pasen a la parte variable de
manera que se paguen de forma proporcional al consumo. Esto ya ocurre parcialmente en el caso de los peajes y cargos de la factura de gas en la que existen tres tipos de peajes cuyo coste es proporcional al consumo anual de gas. Igualmente, los
diferentes impuestos que se incluyen dentro de la tarifa eléctrica o del gas podrían referenciarse a los niveles de consumo, de forma que aquellos hogares que consumen poca energía (generalmente de baja renta) tengan menores contribuciones
impositivas que aquellos hogares que consumen mucha energía (generalmente de mayor renta).
Debemos, por tanto, apostar por modelos de tarifas que sean progresivos en función del consumo tanto en los que los costes regulados y peajes que se pagan como en los impuestos que se aplican. Esto puede hacerse estableciendo tramos
diferenciados que asuman porcentajes crecientes de costes del sistema y de contribuciones fiscales. Este tipo de tarifas progresivas ya existen en nuestro país, por ejemplo, en algunos sistemas de gestión del agua, como el Canal de Isabel II o
Aigües de Barcelona. Así, por ejemplo, se podrían definir, tanto para el gas como para la electricidad, tres tramos de consumo bajo, medio y elevado:
En el primer tramo de bajo consumo, o mínimo vital, correspondiente al consumo de una unidad familiar pequeña, que pagaría bajos costes y peajes y que tendría un IVA superreducido del 4 %. En el caso de consumidores vulnerables, este tramo
podría completarse o ser parcialmente bonificado de forma automática sin necesidad de que se solicitase, cruzando los datos necesarios con otras administraciones.
Un segundo tramo de consumo medio, en el rango del consumidor más común, que asumiría una parte proporcional de costes y peajes y un IVA del 10 %.
Un último tramo de alto consumo que se vería penalizado con una mayor proporción de costes y peajes y una contribución fiscal más alta, manteniendo en este tramo el IVA al 21 %.
Esta diferenciación en tramos con costes crecientes supondría una señal clara para incentivar el ahorro y la inversión en eficiencia energética y, en el caso de la factura eléctrica, el auto- consumo fotovoltaico, pero también un reparto más
equitativo de los costes del sistema energético, dos de las medidas más necesarias en estos momentos de crisis energética.
A ello hay que añadir que los mecanismos existentes no están siendo eficientes en la atención a los consumidores vulnerables y vulnerables severos. Particularmente el bono social de electricidad, que no llega a todos los hogares que podrían
acogerse a él. El hecho de que se tenga que tramitar por los propios consumidores ante las comercializadoras de último recurso supone una barrera de entrada importante. El hecho de que el bono social térmico esté ligado al eléctrico, acrecienta el
problema, ya que son las propias comercializadoras eléctricas las que deben dar la información de los hogares acogidos al bono social, y
que posteriormente percibirán el pago del bono térmico. En este sentido, el hecho de que el pago del bono social térmico se realice a posteriori del periodo invernal, limita en gran medida su utilidad.
Por ello, desde el gobierno, se deberían poner los máximos medios posibles para asegurar que todo el que tenga derecho a ello se pueda beneficiar de la correspondiente reducción en la factura eléctrica, poniendo en marcha los mecanismos
pertinentes para asegurar que las grandes comercializadoras cumplen con sus obligaciones, por ejemplo, mediante campañas de información lo más personalizadas posible, a aquellos grupos de población que podrían ser beneficiarios del bono social cuya
identificación pueda desprenderse de los datos en manos de las Administraciones, como los perceptores de pensiones mínimas o del ingreso mínimo vital, en la que además se identifique de forma clara la compañía responsable de la tramitación del bono
social en cada caso.
Por ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer tarifas progresivas y justas para los suministros de gas y electricidad, diferenciados por tramos de consumo en los que, tanto los cargos y peajes como las contribuciones fiscales, sean mayores cuanto mayor sea el consumo.
2. Mientras se establecen dichas tarifas avanzar, en colaboración con las CCAA, en la automatización de la concesión del Bono Social de Electricidad para los hogares que cumplan los requisitos.
3. Llevar a cabo, en coordinación con los servicios sociales de las CCAA una campaña de información vía correo postal a los hogares compuestos por perceptores de pensiones mínimas, o del ingreso mínimo vital, en la que se dé a conocer la
compañía responsable de tramitar el bono social de electricidad y se incluya una explicación sencilla y accesible de cómo tramitarlo.
4. Revisar, en coordinación con las CCAA, el Bono Social Térmico, para mejorar su efectividad y gestión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo parlamentario Plural.
161/004039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, sobre medidas para la protección del Parque Nacional de Doñana.
Exposición de motivos
Doñana fue declarado Parque Nacional en 1969 y ampliado sucesivamente, con la intención de proteger sus 54.252 hectáreas de extensión, un tesoro natural que alberga en sus marismas y costas, entre otras, más de 300 especies de aves. Su
enorme valor ecológico motivó que fuera declarado sitio Ramsar en 1982, y que se incluyera en la Red Natura como ZEPA y Zona de Especial Conservación y lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1994, siendo una de las más grandes e
importantes reservas de la biosfera de España, con casi 270.000 hectáreas protegidas, incluido todo el Espacio Natural Doñana (74,278 ha) y su área de influencia socioeconómica.
Sin embargo, son muchos los peligros que todavía ponen en riesgo la conservación de Doñana, su fauna y su flora. Su privilegiado enclave, cercano a la desembocadura del Guadalquivir, también lo convierte en objeto de sobreexplotación. Son
ya muchos los años que las organizaciones ecologistas y numerosas entidades o instituciones vienen denunciando la escandalosa proliferación de pozos ilegales y la contaminación de sus aguas. Además, estas actividades ilegales aportan diversos
compuestos tóxicos como metales, dioxinas, hidrocarburos, fertilizantes, pesticidas, fármacos o detergentes. Todo ello ha
provocado un grave deterioro de los ecosistemas. A título de ejemplo, Doñana ha pasado de tener 2.867 lagunas temporales en 2004 a solo dos en la actualidad.
En abril de 2010, la organización ecologista WWF España presentó una queja en Bruselas en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas. Como
consecuencia de este procedimiento el estado español ya ha sido condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hizo pública el pasado mes de junio una sentencia en la que concluye que las extracciones desmesuradas de agua
subterránea en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats. La sentencia también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua y
manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.
Doñana lleva décadas sufriendo el expolio de su acuífero, fundamentalmente para el riego de fresas y otros frutos rojos, aunque también para arroz o algodón, lo que ha provocado un descenso en los niveles de las aguas subterráneas. Una
situación que se agrava, más aún, con las sequías que se vienen padeciendo durante años y que amenazan con la desertización, lo que supondría la degradación ecológica definitiva del espacio y la desaparición de suelo fértil y productivo en su
entorno. Ello sería letal para el futuro del Parque y los 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz que viven de sus ramales de agua dulce.
Con esta delicada situación, en enero de 2022 hemos visto cómo algunos grupos del Parlamento de Andalucía, entre ellos los que forman parte del Gobierno autonómico de la Junta, han registrado una Proposición de Ley para la revisión del Plan
de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, también llamado el 'Plan de la fresa'. Con dicha Proposición de Ley se pretende regularizar y legalizar una gran cantidad de pozos e infraestructuras extractoras de agua, así como 1.400
hectáreas nuevas de regadío, bajo la premisa de dar 'seguridad jurídica a los agricultores de la zona', aunque esta reforma signifique un drenando alarmante el agua de Doñana.
Una investigación a pie de campo realizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, usando datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estima que existen más de 2.000 infraestructuras para la captación en arroyos,
acuíferos, balsas o pozos. Muchas de estas infraestructuras pertenecen a explotaciones agrarias irregulares, que vulneran el actual marco jurídico y que, lejos de remitir, han hecho que la superficie de cultivos rojos en situación irregular haya
aumentado en más de un 15 % durante los últimos años.
La Proposición de Ley registrada en el Parlamento Andaluz, con visos de aprobarse, supondría un espaldarazo definitivo tanto a los actuales pozos extractivos, como al incremento de las actividades agrícolas que están llevando al límite la
supervivencia del Parque. Es decir, que la política ambiental auspiciada por la Junta de Andalucía, lejos de pretender mitigar la sobreexplotación de Doñana, garantizando su supervivencia, está apostando justo por la dirección contraria, con todos
los riesgos que ello conlleva para la fauna, la flora y, en su conjunto, para el delicado equilibrio ambiental de la Reserva.
Si bien las Comunidades Autónomas ostentan competencias para la ordenación de su territorio y, como parte de esta actividad, para definir y delimitar los usos del suelo, el hecho de que Doñana sea un Parque Nacional -además, Patrimonio de la
Humanidad- con tantas figuras de protección internacionales debería suponer una garantía de protección territorial y por lo tanto límites necesarios y razonables al desarrollo económico. La calificación como Parque Nacional y espacio de la Red
Natura 2000, hace de Doñana una parte valiosísima del patrimonio natural europeo y, por tanto, de todas las ciudadanas y ciudadanos de España y Europa.
Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejercer sus competencias y funciones sobre el Parque Nacional de Doñana para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de justicia de la UE, la directiva marco del agua y las de aves y hábitats, incluyendo la paralización
de toda tramitación normativa que permita consolidar o auspiciar la sobreexplotación de los acuíferos.
2. Garantizar el cumplimiento de las 15 recomendaciones de la UNESCO de julio de 2021 para preservar el Parque nacional de Doñana, como se comprometieron tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, especialmente las dirigidas a
la implementación del Plan Especial de la Corona Forestal, la creación de una zona de amortiguación que incluya al Parque Natural, la zona Ramsar, la zona
declarada por la UE como Natura 2000 y otras áreas protegidas en las cuencas inmediatas, la actualización de los indicadores de seguimiento o a incrementar los esfuerzos de investigación dirigidos a entender las relaciones entre la
hidrología y la ecología de este espacio.
3. Incrementar los recursos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para cumplir eficazmente con sus competencias de control de los recursos
hídricos, así como las tareas imprescindibles de inspección y medidas para detener la sobreexplotación de los acuíferos incluyendo el cierre de todas las captaciones ilegales que están robando agua al Espacio Natural de Doñana.
4. Implementar urgentemente las medidas planificadas para las captaciones de Matalascañas y frenar aquellas infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora del conocimiento y de la prevención del ictus, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El ictus es una enfermedad cerebrovascular de elevada prevalencia, que constituye la primera causa de discapacidad adquirida en personas adultas y la segunda causa de demencia, precedida del Alzheimer.
Según la Sociedad Española de Neurología, 120.000 personas sufren ictus cada año en España.
De ellas, según datos de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, 40.000 fallecen. El 30 % padecen discapacidad adquirida. Y 330.000 sufren algún tipo de limitación funcional como consecuencia de haber sufrido un infarto cerebral.
Según el Atlas del Ictus en España 2019, dos de cada tres personas que sobreviven al ictus presentan algún tipo de secuela física relacionada con la movilidad, la visión o el habla, que impacta en su funcionalidad y calidad de vida.
Según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, la tasa de mortalidad por esta causa en nuestro país ha pasado de 31,64 por 100.000 habitantes en 2008 a 22,25 por 100.000 habitantes en 2018, y la tasa de mortalidad prematura por ictus
(menores de 75 años) ha pasado de 10,24 por 100.000 habitantes en 2008 a 7,75 por 100.000 habitantes en 2018.
Sin embargo, el ictus sigue siendo la segunda causa de mortalidad en España. La primera entre las mujeres.
Las previsiones de futuro no son positivas. Estudios anteriores a pandemia por COVID-19 ya preveían un incremento de las defunciones relacionadas con el ictus un 39 % entre 2015 y 2035.
Una reciente investigación llevada a cabo por el grupo de investigación neurovascular del Hospital del Mar (Barcelona) revela que las personas menores de 60 años que hayan sufrido ictus, tienen tres veces más probabilidades de morir si han
padecido COVID-19. A este grupo, le sigue el grupo de personas entre 60 y 70 años.
En menores de 60 años, el riesgo de muerte es cinco veces más alto en caso de ictus hemorrágico y hemorragia subaracnoidea; y tres veces, en caso de ictus isquémico.
En el grupo de edad entre 70 y 80 años, el riesgo es dos veces más alto en caso de ictus hemorrágico, y 1,3 veces en ictus isquémico.
La causa de este mayor riesgo se encuentra en que este colectivo sufre mayor grado de discapacidad derivado del ictus y los problemas de movilidad agravan la infección a nivel respiratorio, ya que tienen mayor dificultad para ventilar o
tragar.
En contraposición a la elevada incidencia y prevalencia del ictus, son conocidos los factores de riesgo para la prevención y evitar la aparición enfermedad.
Un 90 % de los ictus se deben a factores de riesgos modificables, como son la hipertensión, el consumo de alcohol y tabaco, la dieta, la inactividad física y la fibrilación auricular no valvular.
Un manejo adecuado de la fibrilación y del resto de factores modificables puede reducir significativamente el riesgo de ictus.
De la misma manera que, para reducir su impacto y sus secuelas, es fundamental el tiempo. Actuar con celeridad, es una de claves del éxito en su tratamiento.
Para el consenso médico, el ictus es siempre una emergencia médica y debe atenderse de manera inmediata ante los primeros síntomas.
Según los conocimientos disponibles, cada minuto de isquemia en el cerebro, se pierden dos millones de neuronas y 14 billones de conexiones. Una hora supone un envejecimiento cerebral de 3,6 años y una pérdida de 120 millones de neuronas.
Dar visibilidad a esta enfermedad de gran repercusión social, tanto para prevenirla, como para el reconocimiento temprano ante la manifestación de los síntomas, son factores clave para salvar vidas, tal y como advierte Fundación Freno al
Ictus.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional la educación para la salud, incorporada en la LOMLOE, para la adquisición de hábitos de vida saludable.
2. Impulsar en el seno del Consejo Interterritorial la elaboración de una Guía de Práctica Clínica sobre el abordaje del ictus, priorizando las medidas de promoción de la salud y prevención de los factores de riesgo.
2.1 Desde la Atención Primaria, impulsar los Consejos de Salud para el desarrollo de medidas de salud comunitaria, información específica sobre hábitos saludables y participación de pacientes, así como impulso a la labor de la Enfermería
Comunitaria.
3. Promover la equidad territorial en el acceso a las unidades de tratamiento de ictus, a nivel hospitalario, como factor de reducción de la mortalidad por ictus y de reducción de sus secuelas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2022.-Carmen Andrés Añón, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces, Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Ana Prieto Nieto, Elvira Ramón Utrabo,
María Soledad Sánchez Jódar, Daniel Vicente Viondi, Agustín Zamarrón Moreno, José Ramón Ortega Domínguez y Julio Navalpotro Gómez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de frutas y hortalizas producidos en nuestro país, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El sector agroalimentario es una pieza clave dentro de la economía española. Este sector aportó en 2020 casi 100.000 millones de euros, el 9,7 % del valor añadido bruto, y ha generado 2.270.000 empleos, el 11,7 % del total nacional. En ese
sentido, es muy importante la protección de los cítricos, la fruta y la verdura producida en nuestro país, así como la seguridad alimentaria.
Las importaciones de productos agroalimentarios de terceros países suponen un problema para el sector agroalimentario español debido a:
a) Pone en riesgo el sector agroalimentario a causa de la competencia desleal para los productores europeos.
b) Estos productos no cumplen con la legislación comunitaria sobre el uso de fitosanitarios. Esto supone un riesgo potencial para la salud de los consumidores y para la sostenibilidad ambiental ya que pone en riesgo la sanidad vegetal y
forestal de los cultivos de la UE.
c) Tiene un impacto negativo en el consumo local y de proximidad.
Los objetivos de la Unión Europea en relación con el medio ambiente y la saludvegetal y humana son claros y tienen como principal fin contribuir a la neutralidad climática de aquí a 2050 a través de la estrategia 'de la Granja a la Mesa'.
Esta estrategia persigue, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes y la venta de antimicrobianos.
b) Aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica.
c) Promover un consumo de alimentos y unas dietas saludable más sostenibles.
Para cumplir con los objetivos 'de la Granja a la Mesa' y el Pacto Europeo es esencial trabajar por un sector primario sostenible, local y de proximidad. Teniendo la Unión Europa la competencia exclusiva sobre la política comercial es muy
importante, por tanto, instar a las instituciones europeas a vigilar y cambiar las condiciones fitosanitarias para introducir productos agrícolas en el territorio de la Unión Europea y que estos cumplan con los mismos requisitos fitosanitarios que
los productos comunitarios. También es fundamental regular el etiquetado de frutas y hortalizas para así conocer la procedencia real de la mercancía y proteger a los agricultores y consumidores comunitarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar realizando los controles según la legislación comunitaria y nacional vigente para garantizar que las importaciones de frutas y hortalizas cumplen con las prescripciones técnicas, fitosanitarias, sanitarias y aduaneras exigidas
por la normativa nacional y comunitaria, sobre la base de una evaluación general del riesgo, especialmente en relación con el uso de plaguicidas para el cultivo y postcosecha no permitidos en el territorio de la UE, para garantizar así la salud de
los consumidores, la calidad de los productos, y el cumplimiento de los cupos fijados.
2. Colaborar con todas las administraciones implicadas con el objetivo de activar las inspecciones de los productos importado para evitar el reetiquetado de las frutas y hortalizas procedentes de terceros países evitando fraudes a los
consumidores.
3. Mantener el compromiso de España con iniciativas de este ámbito y alcance internacional que permitan contribuir a la mejora del sector agrícola y al crecimiento económico en el marco del programa 'De la Granja a la Mesa' dentro del marco
del Pacto Verde Europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-Elvira Ramón Utrabo, Josefa Andrés Barea y Marisol Sánchez Jódar, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias, don Juan Carlos Segura Just y don Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué acciones está realizando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para esclarecer las irregularidades de seguridad denunciadas por el Colegio Oficial de Pilotos de la
Aviación Comercial supuestamente cometidas por el operador CAN AIR durante la erupción volcánica en la isla de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just, Rubén Darío Vega Arias y Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/001728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Meras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias, don Juan Carlos Segura Just y don Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Reforzó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), los controles y la supervisión en relación con la seguridad de la navegación aérea durante la erupción volcánica en
la isla de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just, Rubén Darío Vega Arias y Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/001729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias, don Juan Carlos Segura Just y don Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Tiene constancia de si la Agencia Estatal de Seguridad Aérea detectó algún incumplimiento o irregularidad en materia de seguridad aérea por parte de los operadores aéreos que realizaron vuelos en el archipiélago canario durante la erupción
volcánica en la isla de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just, Rubén Darío Vega Arias y Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/001730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias, don Juan Carlos Segura Just y don Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para asegurar el cumplimiento de los principios de la 'Cultura justa' por todos los operadores aéreos bajo Certificado de Operador Aéreo
(AOC) español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just, Rubén Darío Vega Arias y Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/001731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Por qué no se convocó a la Plataforma para la Defensa del Transporte a la negociación que se mantuvo el pasado 24 de marzo de 2022 con el Comité Nacional del Transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.