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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 435, de 07/04/2022
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 435, de 07/04/2022
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/001725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Carla Toscano de Balbín,
doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y don Juan
Luis Steegmann Olmedillas, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Cuántas empleadas públicas del Ministerio de Igualdad realizaron labores
en su domicilio desde que fue nombrada Ministra, el 12 de enero de 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Lourdes Méndez
Monasterio, Carla Toscano de Balbín, Rocío de Meer Méndez, María de la
Cabeza Ruiz Solás y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener
por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a
los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico, la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a
dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2022.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/079561.
Núm. registro: 194715.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Rotura de la presa de Santiago en Valencia do Sil
(Vilamartín de Valdeorras).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 412, de 7 de
marzo de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001726.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000007
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, del Informe aprobado por la Subcomisión relativa al desarrollo
del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la
modificación de la Ley de la Ciencia, constituida en el seno de la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DEL PACTO POR LA CIENCIA
Y LA INNOVACIÓN Y EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
LA CIENCIA
ÍNDICE DEL INFORME
1. INTRODUCCIÓN.
2. ANTECEDENTES.
2.1 Solicitud de creación de la Subcomisión.
2.2 Creación por el Pleno.
2.3 Aprobación del Informe.
3. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN.
4. SESIONES CELEBRADAS Y OBJETO DE LAS MISMAS.
4.1 Sesión de 12 de mayo de 2021.
4.2 Sesión de 19 de mayo de 2021.
4.3 Sesión de 26 de mayo de 2021.
4.4 Sesión de 9 de junio de 2021.
4.5 Sesión de 16 de marzo de 2022.
4.6 Sesión de 24 de marzo de 2022.
5. COMPARECENCIAS ANTE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES.
5.1 Sesiones de comparecencias ante la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
5.2 Resumen de las comparecencias celebradas.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1 Preámbulo.
6.2 Conclusiones y recomendaciones de consenso extraídas de la Subcomisión
como mandatos para un pacto por la ciencia y la innovación.
6.3 Conclusiones y recomendaciones de consenso extraídas de la Subcomisión
como mandatos para la reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
1. INTRODUCCIÓN.
La Subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la
Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la
Ciencia (núm, expte. 154/000007) se creó en el seno de la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades por acuerdo del Pleno del Congreso de
los Diputados adoptado el 25 de marzo de 2021.
La Subcomisión solicitó una prórroga de dos meses del plazo inicialmente
previsto desde su constitución para la finalización de sus trabajos.
La Subcomisión se ha reunido formalmente en seis ocasiones para la
ordenación de los trabajos y la elaboración del Informe. En su reunión de
19 de mayo de 2021, acordó que las comparecencias se celebrarían en
Comisión, habiendo comparecido un total de 29 expertos en la materia
objeto de la Subcomisión.
En su última reunión, de 24 de marzo de 2022, el Informe fue aprobado por
mayoría en aplicación del voto ponderado.
2. ANTECEDENTES.
2.1 Solicitud de creación de la Subcomisión.
La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, en su sesión del día 4
de marzo de 2021, tras debatir la Solicitud de creación de una
Subcomisión, en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades, relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la
Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la
Ciencia, del Grupo Parlamentario Ciudadanos (núm, expte. 158/19), ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio
de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por
dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:
A) Objeto de la Subcomisión.
1. El análisis de la situación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación incluyendo propuestas y conclusiones para desarrollar el
Pacto por la Ciencia y la Innovación, en tres ámbitos: financiación
pública en el medio y largo plazo, estabilidad para las agencias y la
promoción del talento.
2. La Subcomisión analizará la normativa reguladora del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, y elaborará un Informe con propuestas
para la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
B) Composición.
La Subcomisión se compondrá de quince miembros, de los que tres
pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, dos a cada uno de los
Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, VOX y Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y uno a cada uno de los restantes
grupos parlamentarios. Todos los parlamentarios designados deberán ser
miembros de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Los
grupos podrán designar a un suplente por cada uno de sus representantes.
C) Adopción de acuerdos.
Para adoptar acuerdos, la Subcomisión deberá estar reunida
reglamentariamente y contar con la representación de grupos
parlamentarios que integren a la mayoría de los miembros de la Cámara.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto
ponderado. A los efectos de la ponderación del voto, cuando dos o más
integrantes de un mismo grupo parlamentario votaran en sentido
discordante, únicamente se tendrá en cuenta el criterio expresado por el
portavoz del citado grupo en la Comisión. En ausencia del portavoz, se
tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz adjunto. En todo
caso, se reflejará en el acta de la sesión el sentido del voto indicado
por cada Diputado.
D) Funcionamiento.
La Subcomisión podrá solicitar que las comparecencias que se celebren en
relación con su objeto de trabajo se sustancien ante la Comisión. Se
aplicará en ese caso lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la
Cámara.
Los grupos parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para
la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su
constitución.
E) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y aprobar el
correspondiente Informe en un plazo de seis meses desde su constitución.
El Informe será sometido para su aprobación por la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades.
El plazo para la realización de los trabajos podrá prorrogarse. El acuerdo
del Pleno en virtud del cual se concede la prórroga deberá tener lugar
antes de la finalización del plazo de seis meses establecido en el
párrafo anterior.
2.2 Creación por el Pleno.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 25 de marzo
de 2022, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto
Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los
Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades, de la Subcomisión relativa al
desarrollo del Pacto por la Ciencia e Innovación y el estudio y análisis
de la modificación de la Ley de la Ciencia, en los términos de la
calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 243, de 22 de marzo de 2021.
2.3 Aprobación del Informe.
La Subcomisión ha aprobado el Informe, dentro del plazo establecido, el
xxx de marzo de 2022, por mayoría de los miembros presentes.
3. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN.
La Subcomisión ha realizado su trabajo con los siguientes miembros
designados por los respectivos Grupos Parlamentarios:
Vocales:
D. Javier Alfonso Cendón (GS).
D.ª Mireia Borrás Pabón (GVOX).
D. Ismael Cortés Gómez (GCUP-EC-GC) (Alta el 19-07-2021).
D.ª Josune Gorospe Elezcano (GV (EAJ-PNV)).
D.ª Sandra Guaita Esteruelas (GS).
D. Tomás Guitarte Gimeno (GMx).
D. Juan Ignacio López-Bas Valero (GCs).
D. Joan Margall Sastre (GR).
D.ª María Márquez Guerrero (GCUP-EC-GC) (Baja el 08-06-2021).
D. Oskar Matute García De Jalón (GEH Bildu).
D.ª María Jesús Moro Almaraz (GP) (Baja el 27-05-2021).
D. Pedro Navarro López (GP).
D. Juan Luis Pedreño Molina (GP) (Alta el 27-05-2021).
D. Néstor Rego Candamil (GPlu).
D. Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-GC).
D. Juan Francisco Serrano Martínez (GS).
D. Julio Utrilla Cano (GVOX).
Vocales Suplentes:
D.ª Helena Caballero Gutiérrez (GS).
D.ª Elena Castillo López (GP).
D. Mario Cortés Carballo (GP) (Alta el 27-05-2021).
D. Pedro Fernández Hernández (GVOX).
D. Roberto García Morís (GS).
D. Miguel Ángel González Caballero (GS).
D.ª Mariona Illamola Dausà (GPlu).
D. Juan Antonio López De Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC).
D. Juan Luis Pedreño Molina (GP) (Baja el 27-05-2021).
La Subcomisión ha actuado asistida por el Letrado de las Cortes Generales
D. Ignacio Carbajal Iranzo.
4. SESIONES CELEBRADAS Y OBJETO DE LAS MISMAS.
La Subcomisión ha celebrado un total de seis sesiones, realizadas en el
orden y con el objeto siguiente:
4.1 Sesión de 12 de mayo de 2021.
- Se procede a la constitución de la Subcomisión.
- Se acuerda celebrar sesión de la Subcomisión el próximo miércoles, día
19 de mayo de 2021, al finalizar la sesión plenaria, para fijar los cupos
de comparecencias a proponer por los distintos grupos parlamentarios, el
número de comparecientes y otras cuestiones de carácter procedimental.
4.2 Sesión de 19 de mayo de 2021.
- Se acuerda celebrar sesión de la Subcomisión el miércoles, día 26 de
mayo de 2021, al finalizar la sesión plenaria, para ordenación de
trabajos.
- Se establecen los cupos de comparecencias de cada Grupo Parlamentario,
que serán los siguientes: 10 para el Grupo Parlamentario Socialista, 7
para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 4 para el Grupo
Parlamentario VOX, 3 para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y 1 para el resto de los Grupos
Parlamentarios. El total de comparecientes se fija en 30 y se menciona la
posibilidad de un cierto número de comparecientes institucionales,
procedentes de organismos públicos y colectivos relevantes para todos los
Grupos.
Las comparecencias se celebrarán en Comisión y serán tres comparecientes
por sesión. Se intentará fijar en el orden del día una hora de inicio de
cada comparecencia.
El debate se desarrollará de la siguiente manera: 15 minutos para el
compareciente en su intervención inicial y 15 minutos para contestar
preguntas, por lo que se será flexible en la gestión del mismo. Los
Grupos Parlamentarios tendrán un tiempo de 4 minutos para formular
preguntas.
4.3 Sesión de 26 de mayo de 2021.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Abrir un plazo, que finaliza el jueves, 3 de junio, a las 18:00 horas,
para que los Grupos Parlamentarios propongan comparecientes de acuerdo
con el cupo acordado en la reunión de la subcomisión del 19 de mayo de
2021. Para la eventualidad de que varios Grupos propusieran nombres
coincidentes, se podrán proponer hasta tres comparecientes más de los que
corresponderían a cada Grupo por cupo.
- Celebrar la próxima sesión de la Subcomisión el miércoles, 9 de junio,
al finalizar la sesión plenaria.
4.4 Sesión de 9 de junio de 2021.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Celebrar dos sesiones de comparecencias al mes a partir de septiembre,
preferiblemente los miércoles por la tarde.
El debate se desarrollará de la siguiente manera: 15 minutos para el
compareciente en su intervención inicial y 10 minutos para contestar
preguntas. Los Grupos Parlamentarios tendrán un tiempo de 3 minutos para
formular preguntas.
- Aprobada la celebración de las solicitudes de comparecencias presentadas
por los Grupos Parlamentarios, relacionadas en un anexo que se adjunta.
- Establecer un cupo de 4 comparecencias por sesión, hasta completar las
30 comparecencias, y se intentará que haya comparecientes incluidos en
listados de al menos tres grupos en cada sesión. De esta forma, se
acuerda incluir en la primera sesión 2 comparecientes del listado del
G.P. Socialista, un compareciente del listado del G.P. Popular y un
compareciente del listado del G.P. VOX. Para el resto de sesiones, se
incluirán sucesivamente comparecientes del resto de listados, de acuerdo
con un sistema rotatorio, atendiendo al cupo de comparecientes de cada
Grupo Parlamentario, hasta completar los 30 comparecientes.
4.5 Sesión de 16 de marzo de 2022.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Aceptar la propuesta conjunta de los Grupos Parlamentarios Socialista y
Confederal de Unidas Podemos como texto base para la elaboración de las
conclusiones y recomendaciones del Informe.
- Abrir un plazo que finaliza el lunes, día 21 de marzo de 2022, para la
presentación de enmiendas sobre el texto aprobado.
- Convocar sesión de la Subcomisión el jueves, día 24 de marzo de 2022, al
finalizar la sesión plenaria para la ordenación de los trabajos y
aprobación de las enmiendas.
4.6 Sesión de 24 de marzo de 2022.
Se aprueba el informe de la Subcomisión con la incorporación de las
siguientes enmiendas y se eleva a la Comisión para su debate y, en su
caso, aprobación:
- Enmienda transaccional a las propuestas de conclusión n.º 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, y n.º 13, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- Enmienda transaccional a la propuesta de conclusión n.º 3 del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
- Enmienda transaccional a la propuesta de conclusión n.º 6 del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
- Enmienda transaccional a la propuesta de conclusión n.º 8 del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
- Enmienda transaccional a la propuesta de conclusión n.º 9 del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
- Enmienda transaccional a la propuesta de conclusión n.º 16 del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
- Enmienda transaccional a la propuesta de conclusión n.º 19 del Grupo
Parlamentario Mixto.
- Enmienda n.º 20 del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inadmiten las enmiendas presentadas fuera de plazo por el Grupo
Parlamentario VOX.
5. COMPARECENCIAS ANTE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES.
5.1 Sesiones de comparecencias ante la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
La Subcomisión acordó, en su sesión de 19 de mayo de 2021, que las
comparecencias se celebrasen ante la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades. En este sentido, se han celebrado seis sesiones de la
Comisión para la celebración de las siguientes comparecencias, para
informar sobre el objeto de la Subcomisión relativa al desarrollo del
Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la
modificación de la Ley de la Ciencia:
a) Sesión de 8 de septiembre de 2021.
1. D. Juan López-Belmonte Encina, presidente de Farmaindustria y CEO de
ROVI.
2. D. Rafael Mayo García, investigador científico del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
3. D. Luis Fernando Álvarez Gascón, presidente de Foro de Empresas
Innovadoras.
b) Sesión de 22 de septiembre de 2021.
4. D.ª Lina Gálvez Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Industria,
Investigación y Energía del Parlamento Europeo.
5. D. Antonio Martínez Ruiz, vocal de la Asociación Nacional de
Investigadores Hospitalarios (Anih).
6. D. Miquel Duran Portas, catedrático de Química en la Universitat de
Girona.
7. D.ª Alicia Amparo Durán Carrera, profesora de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Cerámica y
Vidrio (ICV) y representante de Comisiones Obreras.
c) Sesión de 6 de octubre de 2021.
8. D.ª Eva Ortega Paíno, Secretaria General de Asociación de
Investigadores Españoles en el Extranjero (RAICEX).
9. D.ª Mariana Francesca Mazzucato, economista de la University College
London.
10. D.ª Zulema Varela Río, investigadora posdoctoral en la Facultad de
Biología de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de
InvestiGal (Rede Galega pola Investigación).
d) Sesión de 20 de octubre de 2021.
11. Conjunta de los responsables de la política de Ciencia, Tecnología,
Innovación e Investigación del Gobierno Vasco: D.ª Estíbaliz Hernáez
Laviña, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital;
D. Adolfo Morais Ezquerro, Viceconsejero de Universidades e
Investigación; y D.ª Cristina Uriarte Toledo, Comisionada para la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
12. D.ª María Amparo Camarero Olivas, Catedrática de Economía de la
Universidad Jaume I.
13. D. Víctor Cruz Salgado, Presidente de la Asociación Española para el
Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI).
14. D.ª Carmen Fenoll Comes, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).
e) Sesión de 14 de febrero de 2022.
15. D. José Manuel Torralba Castelló, Vicepresidente de la Confederación
de Sociedades Científicas de España (COSCE).
16. D. Julián Garde López-Brea, Presidente de la Comisión Sectorial
CRUE-I+D+i y rector de la Universidad de Castilla La Mancha.
17. D. Francisco Palazón Huet, portavoz de la Federación de Jóvenes
Investigadores Precarios.
18. D.ª Soraya Gamonal Camello, Directora en Deloitte de la práctica
Global Investment and Innovation Incentives.
19. D. Javier Olave Gabarre, asesor de las plataformas Ponle Freno y
Constantes y Vitales (Atresmedia).
20. D. Alejandro de Miguel Álvaro, investigador predoctoral y
representante de FPU Investiga.
21. D. Luis Alcalá Martínez, Doctor en Paleontología.
22. D. Javier Sánchez España, en representación del ámbito de Ciencia de
UGT.
f) Sesión de 28 de febrero de 2022.
23. D.ª Ana Polanco Álvarez, Presidenta de la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO).
24. D. Mariano Barbacid Montalbán, exdirector del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO).
25. D. Josep Samitier Martí, Presidente de la Associació Catalana
d'Entitats de Recerca (ACER).
26. D. Juan José Badiola Díez, Director del Centro de Encefalopatías y
Enfermedades Transmisibles Emergentes.
27. D. Fernando P. Cossío Mora, Director científico de Ikerbasque.
28. D. Emilio Lora-Tamayo D'Ocon, Rector de la Universidad Camilo José
Cela y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
29. D. Jorge Barrero Fonticoba, Director General de la Fundación Cotec
para la innovación.
5.2 Resumen de las comparecencias celebradas.
5.2.1 Comparecencia de D. Juan López-Belmonte Encina, Presidente de
Farmaindustria y CEO de ROVI.
El Presidente de Farmaindustria traslada tres reflexiones sobre la
investigación en medicamentos. En primer lugar, el compareciente resalta
que la investigación de fármacos se apoya en la cooperación
público-privada y se sustenta en un modelo abierto, internacional,
cooperativo y orientado para detectar el conocimiento allí donde se
genere, ya sea en una universidad, en un hospital o en una empresa. El
compareciente afirma que existe un problema de traslación de
investigación básica biomédica en centros públicos hacia la industria
privada, debido a que, por un lado, la parte privada desconoce la
investigación que se realiza en centros públicos, y que, por otro lado,
los centros públicos tienen una formación académica y una evolución de
carrera ajenas a la traslación de la investigación a los centros
privados. Por ello, es un acierto que el Gobierno y los Grupos
Parlamentarios consideren como prioritarias esta colaboración
público-privada para una mayor traslación de conocimientos en el ámbito
de la investigación biomédica.
En segundo lugar, la apuesta por la innovación en el campo biomédico es
una necesidad de cualquier sociedad avanzada. La pandemia del COVID-19 ha
permitido constatar la estrecha vinculación entre salud, economía y
bienestar, de tal forma que sólo la ciencia, a través de la
investigación, nos permitirá volver a la normalidad que tanto deseamos.
Por ello, la investigación en materia de medicamentos es crucial. Además,
hay tener en cuenta que, en torno a la investigación biomédica, se
produce una gran concentración de conocimiento en diversos entes que, a
su vez, generan unas dinámicas exitosas con tipos de empleo que son muy
deseables para las nuevas generaciones en España. Para ello, es
importante asegurar la predictibilidad al investigador.
En tercer lugar, la investigación biofarmacéutica ofrece múltiples
oportunidades que España debe aprovechar. Si se tiene en cuenta que
España se ha convertido en estos últimos años una referencia
internacional en ensayos clínicos gracias a la solidez de nuestro sistema
de salud, a la cualificación de nuestros profesionales sanitarios, a la
infraestructura y una administración sensible.
En definitiva, España tiene el potencial para convertirse en un país líder
en la investigación de medicamentos, para lo que es necesario reconocer
en primer lugar que la investigación biomédica es una inversión, no un
gasto. Asimismo, es preciso apostar por la digitalización en la salud y
crear un entorno adecuado para la inversión en I+D, teniendo en cuenta
que la inversión biomédica necesita visión de largo plazo, lo que implica
asumir riesgos y altos costes. Para ello, el Gobierno puede establecer un
marco adecuado de fomento a la investigación, para que la industria
privada apuesta por la investigación en I+D, si bien para ello las
subvenciones no son la mejor solución.
5.2.2 Comparecencia de D. Rafael Mayo García, investigador científico del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).
El compareciente considera que la nueva Ley de Ciencia trata de introducir
mejoras en cuatro ámbitos diferentes. El primer ámbito sería la mejora de
la gobernanza entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Como prueba de
ello cabría citar las primeras convocatorias que acaba de lanzar el
Ministerio de Ciencia e Innovación, si bien sería preciso ir más allá,
mediante un plan integrado que coordine a las distintas instituciones del
Estado.
El segundo ámbito trataría de la mejora de la transferencia del
conocimiento científico a las empresas y a la sociedad, para lo que es
primordial que exista una colaboración público-privada en el sector y en
el ecosistema científico tecnológico, con objeto de que los frutos de la
ciencia puedan llegar a la sociedad de una manera más eficiente, teniendo
en cuenta que la transferencia de conocimiento real y efectiva se hará en
un entorno multidisciplinar. Para ello, el Sr. Mayo aboga para que el
Estado asuma un rol protagonista de coordinación efectiva y no
impositiva, junto a las empresas.
La tercera cuestión versaría sobre el impulso de la innovación, mediante
la colaboración público-privada y el desarrollo de una carrera de
tecnólogos en organismos públicos de investigación. En este ámbito, sería
necesario también fomentar y articular a nivel nacional una oficina de
patentes que mejore la posibilidad de que toda la investigación que se
hace en España se patente. Asimismo, la inversión en I+D+i prevista en el
Pacto de Estado estaría próxima al 2 % del PIB y en un futuro cercano el
3 %. A pesar de este esfuerzo, es imprescindible que la empresa también
invierta en investigación y desarrollo, gracias a herramientas que hagan
atractiva la inversión. Para ello, el compareciente insiste en la
cooperación esencial en un entorno multidisciplinar. En relación con los
organismos públicos de investigación, uno de los mayores desafíos de la
Ley de Ciencia sería conseguir la flexibilización de su gestión para
aumentar su competitividad. Es importante una mayor eficiencia para que
el talento pueda evolucionar de acuerdo con sus capacidades, teniendo en
cuenta la alta competitividad de la ciencia.
La cuarta cuestión sería la reforma de la carrera científica para acabar
con los contratos precarios temporales. Esto permitirá atraer talento y
garantizar la seguridad investigadora. Además, el compareciente aboga por
concienciar a la sociedad sobre la importancia de los científicos.
5.2.3 Comparecencia de D. Luis Fernando Álvarez Gascón, presidente de Foro
de Empresas Innovadoras.
El Presidente de Foro de Empresas Innovadoras considera que el Pacto por
la Ciencia es necesario para, en primer lugar, hacer patente ante la
sociedad española que la ciencia es un asunto estratégico para todos, que
engarza con la política industrial, la Agenda 2030 o la educación.
En segundo lugar, el compareciente considera que es necesario ejecutar los
presupuestos. En este ámbito, la no ejecución de partes significativas
del presupuesto revela la ausencia de idoneidad de determinados
instrumentos. El Foro aboga en este sentido por las subvenciones y por
revisar los mecanismos que no están siendo ejecutados por ausencia de
interés de sus destinatarios.
En relación con los recursos humanos en el sector de la ciencia, el Sr.
Álvarez Gascón recuerda la importancia de proporcionar a los científicos
mayor estabilidad y predictibilidad en sus carreras, así como
flexibilidad en los incentivos y oportunidades para los jóvenes. El Foro
defiende tanto los programas científicos, como una adecuada orientación
de los doctores para facilitarles su transición al mundo de la empresa.
Además, serían necesarios tanto incentivos fiscales, como una mayor
flexibilidad y permeabilidad entre el mundo público de las universidades
y de los centros de investigación y el de las empresas.
Por otro lado, la universidad debe dar importancia a la investigación
empresarial y a la carrera investigadora de las empresas, generando
profesionales aptos para ello. Es preciso superar el concepto de
transferencia unidireccional de la investigación pública hacia la
empresa, para abordar una visión basada en la colaboración que aborde
conjuntamente los retos de la sociedad, como el cambio climático.
Para afrontar los objetivos de inversión privada de I+D, es preciso acudir
a los incentivos que deben responder a criterios de predictibilidad,
estabilidad de las políticas, seguridad jurídica, certidumbre y
continuidad mediante programas dirigidos que permitan elaborar
estrategias a largo plazo. Estos inventivos deben estar basados en
subvenciones más que en créditos. Para ello, resulta especialmente
interesante el concepto de Estado emprendedor a través de la idea de
Misiones. El compareciente menciona a las microempresas, para las que es
importante mejorar la formación de los empresarios. Habría asimismo que
aprovechar el papel tractor de las grandes empresas, junto con la
adopción de medidas adecuadas para PYMES y con el capital riesgo.
Asimismo, España debe establecer mecanismos que permitan competir frente
a países de nuestro entorno para favorecer la implantación de
multinacionales y que estas inviertan en I+D. En comparativa
internacional, se detecta un cierto déficit de I+D en las grandes
empresas en España.
El Foro de Empresas Innovadoras comparte el compromiso con las agencias
financiadoras de la I+D+i, si bien el objetivo debe ser de eficiencia e
impacto, y no sólo de control administrativo del gasto. En este ámbito,
se habría confundido el control presupuestario del gasto con la
evaluación de impacto, por lo que aboga por fijar indicadores de impacto
relacionados con la sociedad y la economía. El compareciente apunta
asimismo a que la evaluación de este tipo de actuaciones sería muy fácil
de conseguir con medios digitales modernos.
En relación con la reforma de la Ley de Ciencia, el Sr. Álvarez Gascón
hace propuestas que incluyen la incorporación en el preámbulo la visión
general de la ciencia, la tecnología y la innovación; el reconocimiento
en el capítulo de la gobernanza de las estrategias y planes de ciencia,
tecnología e innovación; el impulso del papel de las administraciones
públicas como demandantes de innovación, a
través de incentivos y de reformas en el ámbito de la relación entre la
investigación pública y la innovación empresarial; y, finalmente, la
inclusión de una visión integrada de los planes estatales y de las
Comunidades Autónomas.
5.2.4 Comparecencia de D.ª Lina Gálvez Muñoz, vicepresidenta de la
Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.
La compareciente alude a que la pandemia ha mostrado que los sistemas de
ciencia e innovación son imprescindibles para las sociedades modernas, y
que es muy importante tener una buena base científica y tecnológica para
ayudar en los procesos de toma de decisiones y de elaboración de las
políticas públicas. Para contribuir a una recuperación sostenible, es
preciso apoyar, como así hace la Comisión y el Gobierno, la investigación
y la innovación basada en el conocimiento, para lo que es necesario
ofrecer un marco de apoyo certero y sostenible que no sea coyuntural.
Este es el objetivo de los fondos europeos, tanto los del Horizonte
Europa, en los que el Parlamento Europeo y España tuvieron un papel
importante para incrementarlos, como los del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. La Sra. Gálvez insiste en la necesidad de consenso,
cooperación y continuidad, que es lo que permite dar certeza tanto a los
avances científicos como a los investigadores.
Tras mencionar las medidas establecidas en el programa marco europeo
Horizonte Europa, la compareciente incide en la necesidad de reforzar el
vínculo entre la investigación, la innovación y la educación y en el
anuncio por parte de la presidenta de la Comisión de una serie de medidas
para cumplir los objetivos marcados para las normas europeas sobre el
clima. Finalmente, es preciso consolidar el peso del I+D+i en sectores
estratégicos como la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la
energía, la automoción o el sector aeroespacial, con objeto de que Europa
siga siendo una región competitiva y pueda mantener nuestro modelo de
bienestar y de democracia protegiendo la autonomía estratégica europea.
La situación actual nos proporciona una gran oportunidad para construir
un futuro sostenible, digital y resiliente, apostando por la ciencia y la
innovación como herramientas centrales de transformación, poniendo al
bienestar de las personas en el centro.
La Sra. Gálvez alude al problema de la ejecución presupuestaria y de la
excesiva burocratización, lo que es un problema no sólo español, sino
europeo. En cualquier caso, es preciso considerar al sistema de
investigación en general como una inversión a largo plazo y no como un
elemento coyuntural que pueda ser objeto de reducciones presupuestarias
en tiempos de crisis. Para ello, es necesario desburocratizar y contratar
a más personal de apoyo a la investigación. Por otra parte, la
divulgación científica debe ser apoyada, y así generar la cultura
científica necesaria para que la sociedad apoye una mayor inversión en
ciencia. Asimismo, reconoce que Europa es líder en producción científica,
pero no en innovación. Por ello, el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia puede ser un magnífico instrumento para mejorar la
cooperación entre la producción científica y la innovación. Es preciso
también prestar más atención a las ciencias sociales y humanas y, por
otro lado, abordar el problema de la desigualdad de género en la
investigación.
5.2.5 Comparecencia de D. Antonio Martínez Ruiz, vocal de la Asociación
Nacional de Investigadores Hospitalarios (Anih).
El compareciente aborda los problemas de los investigadores de los
hospitales del Sistema Nacional de Salud. El más importante es la
inexistencia de una categoría o carrera profesional dentro del sistema
sanitario, a pesar de que la Ley de Investigación Médica establecía que
las Administraciones públicas fomentarían la incorporación de categorías
de personal investigador en régimen estatutario. Por otro lado, la
investigación en los hospitales no cuenta con un programa de recursos
humanos y económicos, lo que plantea problemas por la externalización de
estos recursos humanos en fundaciones de investigación biomédica.
Con objeto de atraer y retener el talento, es necesario crear una carrera
profesional estable, predecible y con condiciones atractivas, para lo que
ANIH propone incorporar en las plantillas de los centros del Sistema
Nacional de Salud categorías adecuadas para los investigadores séniores,
así como otras categorías de personal de investigación. Asimismo, se
propone regular la carrera profesional investigadora en los centros del
Sistema Nacional de Salud e integrar la investigación como actividad
profesional del sistema, en vez de en entidades externas.
Por otra parte, desde la ANIH también proponen cuestiones que van más allá
de la ley de ciencia, como es que el Instituto Carlos III recupere los
programas de incorporación y estabilización del personal técnico y que,
finalmente, se elimine la prohibición de hacer contratos indefinidos o
puestos estatutarios o funcionariales asociados a la tasa de reposición
de investigación, que también debería eliminarse.
Asimismo, el Sr. Martínez alude a los retrasos preocupantes en algunas
convocatorias, lo que contrasta con otras en las que esos retrasos no se
producen, por lo que sería necesario no sólo pedir más personal para los
centros de investigación, sino también para la gestión de la
investigación. Por otra parte, el compareciente insiste en la necesidad
de eliminar la tasa de reposición, que impide la creación de nuevas
plazas y, por lo tanto, la incorporación de investigadores estables a
edades más tempranas. También realiza diversas apreciaciones sobre la
propuesta de tenure track, en las que no basta con crear contratos
indefinidos, sino que se debería prever una carrera profesional con
categorización e integración en la plantilla de los órganos del sistema
de salud. Para interrelacionar mejor la investigación y la asistencia
sanitaria, es preciso que los servicios de investigación y los de
asistencia sanitaria no estén tan separados, así como insertar personal
investigador en los servicios clínicos y prever personal investigador
dedicado a tiempo completo y personal con experiencia clínica que pueda
dedicarse a la investigación. Asimismo, el tiempo de trabajo de
investigación debería contar para los puestos sanitarios.
5.2.6 Comparecencia de D. Miquel Duran Portas, catedrático de Química en
la Universitat de Girona.
El compareciente reconoce que en las últimas décadas se ha asistido a la
vertebración, en el territorio español, de un conjunto de universidades
en ciudades medianas que han impulsado el fomento del conocimiento y de
intersección con la sociedad, estableciendo un tejido investigador que ha
ayudado a transformar el territorio y ha servido para impulsar la
economía. Por otra parte, también reconoce la importancia del desarrollo
de centros investigadores como el CSIC o los centros de investigación de
Cataluña.
En relación con el tenure track o contrato de incorporación estable, el
Sr. Duran subraya que es preciso una dotación y una aplicación adecuadas,
poniendo como ejemplo el programa Ramón y Cajal, que ha funcionado
correctamente como una forma de entrada natural de profesores en las
universidades, sobre todo en las universidades pequeñas, y que sería
deseable reforzar. Las universidades proporcionan el grueso de
investigadores, pero muchas veces se utiliza al profesor asociado para
sustituir a profesores permanentes y además se les pide que realicen una
tesis doctoral. Las dos figuras deberían diferenciarse, mediante el
incremento de las becas de doctorados y contratos predoctorales. Por otra
parte, las necesidades docentes obligan a contratar de urgencia a gente
que no tiene el doctorado.
Para retener y captar el talento, es preciso abrir las plazas de
investigadores a la internacionalización efectiva y reforzar la entrada
del profesorado mediante programas de excelencia como el Ramón y Cajal.
Por otro lado, también se manifiesta a favor de aprovechar al máximo la
experiencia de personas cercanas a la jubilación, que han alcanzado una
avanzada trayectoria investigadora. Asimismo, el compareciente aboga por
aplicar los contratos de incorporación estables también a los
profesionales técnicos.
Asimismo, el aumento de los recursos es necesario, aunque un buen sistema
de ciencia también requiere simplificar el sistema para reducir la
excesiva burocratización, así como el reconocimiento de las actividades
de divulgación y comunicación de la ciencia. Por otra parte, para mejorar
la comprensión de la ciencia es preciso incidir en la educación y en
fomentar el pensamiento crítico en primaria y secundaria. En cuanto a la
universidad, es preciso asegurar la calidad de los centros de
investigación, tanto en recursos humanos como materiales, y cuidar el
sistema universitario garantizando su buena gobernanza.
Finalmente, el compareciente subraya la importancia de los clústeres o
centros de referencia localizados para la transferencia de conocimiento.
Estos clústeres deslocalizados están teniendo resultados muy
interesantes, a pesar de estar lejos de las grandes aglomeraciones.
5.2.7 Comparecencia de D.ª Alicia Amparo Durán Carrera, profesora de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) y representante de Comisiones
Obreras.
De acuerdo con la compareciente, el comportamiento espasmódico de los
presupuestos de I+D explica el enorme aumento de la precariedad y la
pérdida de talento que supone que más de 20.000 investigadores españoles
estén en el extranjero sin posibilidad de volver. Por otro lado, el
aumento del
gasto en los últimos Presupuestos Generales del Estado ha sido
significativo, si bien todos estos fondos no van destinados a
investigación y desarrollo, sino que en parte se dedican a la
transformación digital y tecnológica e industrial. Si bien estas
inversiones son también imprescindibles, lo cierto es que no son
innovación. En cualquier caso, es imprescindible un plan de choque con
objetivos plurianuales y financiación adecuada.
Por otro lado, es fundamental regular la carrera del personal
investigador, con un sistema de acceso homogéneo. Sin embargo, es preciso
rechazar tanto la figura del tenure track, como la extinción de la escala
de personal científico titular de los organismos públicos de
investigación. Al contrario, CC.OO. propone una carrera con cuatro años
de contrato predoctoral y otros seis con cualquier tipo de contrato
posdoctoral. Por otra parte, también se defiende una carrera profesional
para el personal técnico, que supone el desarrollo del artículo 21 del
Estatuto Básico del Empleado Público, que establece el derecho a la
carrera profesional de todo el personal de administración, tanto
funcionario como laboral. En otras palabras, es preciso promocionar las
vocaciones científicas, teniendo en cuenta que también la gente con
vocación quiere tener vidas normales y estables.
Tras eliminar la tasa de reposición, la Administración debería crear una
tasa de consolidación o crecimiento para convocar un número mínimo de
plazas, así como un sistema de movilidad que favorezca la cohesión de
todo el sector público, y que comprenda a universidades, organismos
públicos de investigación y sistema sanitario. Para ello, sería preciso
regular los procesos de promoción interna propios de cada sector y
derogar la disposición adicional 23.ª de la Ley de Ciencia, que excluye
al personal de investigación del Estatuto de los Trabajadores. Por el
contrario, todos los contratos predoctorales deberían estar incluidos en
el convenio colectivo de referencia.
Ante la excesiva burocracia en el ámbito de la ciencia, es preciso
incrementar el personal de gestión. En cuanto a la transferencia del
ámbito público al privado, la Sra. Durán defiende la gestión de los
fondos públicos a través del CDTI, en la medida en que el sector privado
no plantea la investigación como una cuestión estratégica de crecimiento.
El modelo propuesto supondría mantener y proteger el conocimiento y el
desarrollo en el sector público, creando un consorcio participado por los
OPI para potenciar el desarrollo de los resultados preliminares y
canalizar la transferencia y la comercialización con un sistema
intermedio.
5.2.8 Comparecencia de D.ª Eva Ortega Paíno, Secretaria General de
Asociación de Investigadores Españoles en el Extranjero (RAICEX).
La compareciente considera necesario que el Parlamento suscriba un pacto
por la ciencia y la innovación que se traduzca en un apoyo a medidas
claves que, por un lado, mejoren el posicionamiento de España en materia
de política científica e innovación y, por otro lado, garanticen la
estabilidad en el tiempo de una carrera científica atractiva. En relación
con la financiación, RAICEX considera que la financiación privada es
importante para lograr el objetivo de convergencia española con la media
europea. Por otro lado, es necesario flexibilizar la administración y la
gestión efectiva del sector de la investigación. Así, las agencias
financiadoras deberían regirse por plazos cíclicos transparentes e
independientes de los vaivenes políticos propios de los Presupuestos
Generales del Estado.
Por otro lado, el tenure track se valora positivamente puesto que supone
la creación de una figura de contratación estable y con proyección de
carrera, lo que aumentará la certidumbre y la predictibilidad de las
carreras investigadoras.
En este mismo sentido, el carácter de plaza permanente en el ámbito del
empleo público se considera un aliciente para la atracción competitiva de
empleo, y ello además garantizará la independencia del investigador para
desarrollar su propia línea de investigación. Por otro lado, la
evaluación externa por parte de la Agencia Estatal de Investigación
facilita la aplicación de medidas de apertura, transparencia y
meritocracia, asegurando así la excelencia en la selección de los
investigadores. En este sentido, el proceso de evaluación tras el periodo
inicial de contratación debe regirse por criterios conocidos e
invariables en las diferentes convocatorias.
En relación con la transferencia, RAICEX considera positivo el estímulo a
la innovación y transferencia tecnológica, evitando la sobrerregulación y
aplicando con flexibilidad y agilidad las medidas administrativas. En
definitiva, es necesario estimular la atracción de talento con medidas de
competitividad salarial y estabilidad laboral para favorecer la vuelta de
nuestros científicos que ahora están investigando en el exterior.
5.2.9 Comparecencia de D.ª Mariana Francesca Mazzucato, economista de la
University College London.
La compareciente inicia su intervención mencionando las tres crisis a las
que se enfrenta España de forma simultánea: la crisis sanitaria y
económica producida por el COVID 19, la crisis de bajo crecimiento y baja
productividad originada en 2008 y que se ha mantenido por la falta de
inversión en áreas críticas, y la crisis climática global. En este
complicado contexto, la ciencia, la innovación y el desarrollo son
fundamentales, ofreciendo una oportunidad para que España diseñe
inversiones e intervenciones estratégicas de apoyo al crecimiento
económico impulsado por la innovación. Para ello, España debe centrarse
tanto en el ritmo como en la dirección de la innovación: para ello, es
crucial considerar cómo las inversiones estratégicas pueden atraer la
inversión del sector privado. En este sentido, la Sra. Mazzucato apuesta
por las misiones y la canalización de las inversiones públicas y privadas
con un objetivo común.
En su investigación sobre innovación, la Sra. Mazzucato alude a ocho áreas
de políticas. En primer lugar, hay que entender que el crecimiento
económico está impulsado por la innovación. En segundo lugar, las
inversiones públicas en ciencia e innovación pueden impulsar las
inversiones privadas. En tercer lugar, es preciso orientar la
financiación de I+D para apoyar a un Estado emprendedor descentralizado
en materia de ciencia, investigación y desarrollo a través del ecosistema
de innovación local de universidades, centros de investigación aplicada y
laboratorios nacionales en todo el país. En cuarto lugar, la
compareciente aboga por un enfoque de la innovación orientado por misión,
lo que supone un cambio en la política de contratación pública. Asimismo,
la financiación tiene que ser paciente y a largo plazo. En sexto lugar,
las organizaciones e instituciones públicas deben asumir un mayor riesgo
del que asumen actualmente. Asimismo, es preciso que se adquieran unas
capacidades, dentro del sector público, para cambiar las formas de
trabajo en el Gobierno y desarrollar las capacidades del sector público
mismo para permitir incentivar un trabajo estratégico intergubernamental.
Finalmente, es preciso repensar la relación entre los sectores público y
privado, teniendo en cuenta que el sector privado se beneficia mucho de
las inversiones públicas, pero este sector privado no puede limitarse a
aprovecharse de la investigación pública, sino que debe invertir e
innovar también.
La compareciente incide en la necesidad de financiación paciente en
materia de ciencia, así como en la importancia de poner la innovación en
el centro de la economía, pues la inversión en innovación supone un
crecimiento a largo plazo. Asimismo, también alude a la burocracia en
materia de investigación, que es un mal endémico tanto en las
instituciones públicas como en las privadas, que es fuente de inercias y
de lentitud.
Por otro lado, es preciso adaptar el enfoque de las misiones en el plano
nacional dotando a la administración pública de nuevas capacidades. Para
ello, el instrumento Next Generation EU impone a los Estados una serie de
condicionantes relacionados con el plano climático y con la
digitalización, así como una serie de instrumentos nuevos como la compra
pública innovadora y los presupuestos basados en resultados. Todo ello
puede contribuir a fomentar esas nuevas capacidades transversales que
requieren las administraciones públicas. La Sra. Mazzucato también alude
a la necesidad de diferenciar entre el gasto y la inversión de capital, y
ser prudentes en la contabilización de las actividades económicas para
evitar la confusión entre la creación de valor y la extracción de valor,
con objeto de fomentar las políticas públicas que estimen la creación de
valor.
5.2.10 Comparecencia de D.ª Zulema Varela Río, investigadora posdoctoral
en la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela y
miembro de InvestiGal (Rede Galega pola Investigación).
La compareciente considera que la carrera investigadora es una carrera de
fondo y de obstáculos que implica mucho esfuerzo y dedicación durante un
número elevado de años. El hecho de que la consolidación solo se obtenga
a los 45 años, después de haber pasado diez o quince años con contratos
temporales precarios lleva a la fuga de cerebros, con una pérdida de
millones de euros invertidos en formación. Por ello es preciso establecer
una política más favorable a la ciencia, con inversiones en I+D+i y
fomentando la estabilización del personal investigador. La Sra. Valera
también alude a la desigualdad de género en la investigación, aludiendo a
la iniciativa legislativa adoptada en Galicia para garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito universitario y el de investigación.
En este ámbito, INVESTIGAL propone un calendario estable de convocatorias
y resoluciones. También propone la simplificación de la burocracia, con
un currículum vitae unificado. En relación con la financiación,
es preciso aumentar la inversión basal, si bien esta inversión debe
hacerse de forma inteligente para desarrollar nuevas líneas de
investigación y permitir el desarrollo de los grupos de investigación con
proyectos en evaluación o pendientes de fecha de inicio efectiva.
Asimismo, se propone la equiparación de las condiciones laborales para
los investigadores en activo contratados bajo un mismo programa público
de recursos humanos. La transparencia es otra propuesta esencial para
conocer cómo van a ser evaluados los proyectos. La coordinación entre
ministerios es fundamental en relación con la elaboración de los
diferentes proyectos de ley que afectan a la ciencia. Por otro lado, es
preciso que exista una coordinación con el Instituto de Salud Carlos III.
Asimismo, también se propone que las nuevas plazas de profesorado estable
se cubran con personas que accedan al tenure track. Finalmente,
INVESTIGAL propone una carrera investigadora tipo de cuatro años de
predoc, seguidos de seis años de posdoc, tanto en las universidades como
en los organismos públicos de investigación.
5.2.11 Comparecencia conjunta de los responsables de la política de
Ciencia, Tecnología, Innovación e Investigación del Gobierno Vasco: D.ª
Estíbaliz Hernáez Laviña, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y
Transformación Digital; D. Adolfo Morais Ezquerro, Viceconsejero de
Universidades e Investigación; y D.ª Cristina Uriarte Toledo, Comisionada
para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Interviene en primer lugar la Comisionada para afirmar que la ciencia, la
tecnología y la innovación son instrumentos para resolver los principales
retos a los que se enfrenta el País Vasco, garantizando un desarrollo
económico y social equilibrado y sostenible. El Gobierno vasco ya
participó en el primer programa europeo para definir estrategias
regionales de innovación y en 2021 se ha aprobado el Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación Euskadi 2030, con una inversión prevista de más
de 18.600 millones de euros hasta 2030. Este Plan forma parte y se alinea
con el Euskadi Basque Country 2030, el programa Horizonte Europa, el
programa Europa Digital, el Pacto Verde Europeo y el Programa Berpitzu
del Gobierno vasco para la reactivación económica y el empleo. Este plan
es participativo tanto en la fase de elaboración como en la de
implementación. Asimismo, la Comisionada señala la colaboración
público-privada y le evaluación y seguimiento del plan como pilares
básicos del mismo. Por otro lado, la Comisionada expone que el sistema
vasco de ciencia, tecnología e innovación ha mejorado sus resultados
durante los últimos años, lo que se manifiesta en el crecimiento de
ventas de productos empresariales y exportaciones de alta y media
tecnología, en el aumento de las publicaciones científicas y en el
crecimiento de la financiación internacional. Por todo ello, Euskadi
lidera los rankings españoles de inversión en I+D y en número de empresas
innovadoras. Para el desarrollo de proyectos, programas de financiación y
grandes infraestructuras científicas, el Gobierno vasco ha introducido
cambios en la gobernanza, alineándose con las tendencias mundiales, y con
un enfoque multinivel que integra tanto agentes públicos como privados.
Finalmente, Euskadi mantiene una potente inversión en I+D. La
construcción de este sistema vasco tiene como principal objetivo mejorar
la competitividad de las empresas y el bienestar de la sociedad en
general. Por todo ello, la Comisionada solicita que la futura ley de
ciencia sea lo más abierta y flexible para que se pueda seguir
desarrollando el modelo vasco.
El Viceconsejero de Universidades e Investigación reclama por su parte que
la ley de ciencia ponga más énfasis en la creación del contexto de
excelencia y en su atractivo, pues la política científica vasca ha
impulsado y generado un entramado científico en el que la Universidad
Pública es el agente más relevante, junto con otras universidades y otros
centros públicos y privados de investigación. Este sistema contaba con
más de 21.000 investigadores en 2019, incorporándose recientemente al
mismo dos premios nobeles. La promoción de la excelencia debe afectar a
todos los niveles educativos, para que tenga impacto tanto a largo como a
corto y medio plazo. Asimismo, se debe promover la relación entre las
universidades y las empresas, tanto desde el ámbito formativo como desde
el investigador. Para retener el talento, es preciso realizar una labor
de dignificación de la carrera científica. En relación con la
contratación del personal joven doctor, es preciso una visión integral,
desde la perspectiva de una persona que progresa profesionalmente en el
sistema, con propuestas en el ámbito posdoctoral de un contrato de acceso
al sistema con incorporación estable. En cuanto a la evaluación del
desempeño de la actividad investigadora, desde el Gobierno vasco se
considera que se trata de una cuestión de responsabilidad, cuya
competencia está enraizada en los organismos impulsores de los programas
investigadores, cuya desempeño y desarrollo se monitoriza desde el
Gobierno. Desde esta colaboración se pueden detectar múltiples cuestiones
gracias a un trabajo continuo y permanente. Finalmente, el Viceconsejero
incide en la necesidad de evaluación, prospectiva y planificación, que no
debe verse constreñida por la legislación.
Por su parte, la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación
Digital alude a la evolución de la apuesta tecnológica industrial en
Euskadi, que empezó en los años ochenta con los parques tecnológicos, que
se consolidó con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y que
hoy se encuentra en la era de la especialización inteligente marcada por
Europa. Este desarrollo ha sido posible gracias a los 131 agentes de la
Red Vasca y las herramientas de apoyo que se han ido diseñando. El
Gobierno vasco se centra en la promoción de algunos de estos agentes: los
centros tecnológicos y multifocalizados sectoriales, los centros de
investigación cooperativa y las unidades de I+D empresariales. Todos
ellos disponen de un cuadro de mando adaptado a sus características, y no
se cuestiona el apoyo público a estos agentes. También es potente la red
de clústeres, teniendo además en cuenta que los centros tecnológicos
deben ir un paso por delante de las empresas para proporcionar el valor
añadido que las propias empresas necesitan. En este sentido, se está
mejorando la colaboración y la coordinación entre centros tecnológicos
para ofrecer mayor valor añadido a las empresas vascas mediante la
creación del Basque Research and Technology Alliance. Por otro lado, en
Euskadi también funcionan los certificados fiscales a la I+D, y se está
estudiando ampliarlos de forma sistemática a la innovación. Para
incorporar talento a las empresas, existe el programa Bikaintek, que
pretende la incorporación de los doctorados industriales a las empresas,
así como las ayudas a los startups de base tecnológica. Por todo ello, la
Viceconsejera solicita que la ley no encorsete, sino que ayude en la
búsqueda de mejores mecanismos de coordinación promovidos por el Gobierno
vasco. Finalmente, concluye que la I+D+i no es un objetivo en sí mismo,
sino una potente herramienta de competitividad industrial, para la
generación de riqueza y bienestar en Euskadi.
5.2.12 Comparecencia de D.ª María Amparo Camarero Olivas, Catedrática de
Economía de la Universidad Jaume I.
La compareciente considera que uno de los principales problemas del
sistema español de ciencia es su fragmentación: ahora mismo hay dos
ministerios con competencias en el sector, el de Universidades y el de
Ciencia e Innovación; y, por otro lado, hay también dos grandes grupos de
agentes, los organismos públicos de investigación (OPIs) y las
universidades públicas. En primer lugar, se daría mayor estabilidad a la
ciencia si hay sólo un ministerio que se encargara simultáneamente de la
universidad y de la ciencia. Por otro lado, las universidades y a los
OPIs, especialmente al CSIC, deberían contar con una regulación
homologable. La Sra. Camarero considera que en España ha habido un
problema de modelo: se partía de un modelo centralizado, que fue cambiado
por la Ley de Reforma Universitaria y desde entonces se ha ido parcheando
el sistema. Una solución podría ser la de aumentar las colaboraciones
entre OPIs y universidades.
Por otra parte, la compareciente resalta que no se conoce en profundidad
el sistema de ciencia y tecnología, puesto que este ha sido objeto de
escasa evaluación. Los centros Severo Ochoa y las unidades María de
Maeztu evalúan muy bien, aunque sean acciones limitadas por un
determinado presupuesto. En cuanto a las formas de evaluación, sería
recomendable valorar por áreas de conocimiento para analizar el objeto de
las investigaciones, así como los resultados obtenidos, y proceder a su
comparación a nivel europeo por áreas.
En relación con la carrera de investigación, el científico debería llegar
a un nivel de independencia en su trabajo a edades mucho más tempranas,
para dar mayor estabilidad a la investigación, y evitar así
preocupaciones debidas a asuntos ajenos a su labor científica. Así, la
Sra. Camarero alude a la propuesta de un tenure track de cuatro años, y
la eliminación del científico titular en el CSIC manteniendo al
investigador científico y al profesor de investigación, en el
anteproyecto de la ley de ciencia, mientras que para la ley de
universidades se mantendría al ayudante doctor, de seis años, y se
elimina al contratado doctor. Ello supone propuestas contradictorias en
las dos leyes principales que regulan el sector.
Por otro lado, en el ámbito universitario, la evaluación corre a cargo de
la ANECA, mientras que, en el CSIC, la evaluación funcionarial es
competencia de la Agencia Estatal de Investigación, que tiene importantes
retrasos, y muy poca estabilidad en las convocatorias. En cuanto a la
ANECA, existe una tendencia a entender la acreditación como un derecho
adquirido para formar parte del funcionariado universitario. Por otra
parte, los méritos suelen consistir en primar la cantidad sobre la
calidad, muchas veces mediante publicaciones en revistas predatorias y
oportunistas. Por otro lado, no se tienen en cuenta las necesidades
organizativas de las instituciones, en departamentos donde cada vez hay
más catedráticos.
Respecto de la financiación, la compareciente también subraya la dualidad
entre las Comunidades Autónomas, que financian a las universidades, y el
Estado, que financia al CSIC. Además, esta financiación no es suficiente
para asegurar el mantenimiento de la gente joven que se incorpora a los
programas. A pesar de que la financiación debería ser sostenible, la
financiación básica para el funcionamiento de las instituciones es
insuficiente y en algunos casos inexistente, como es el caso de la
universidad, que sólo financia la docencia. Por otro lado, la
financiación competitiva es inestable y adolece de una excesiva
burocracia. La compareciente insiste en la necesidad de gestionar mejor
los fondos escasos y de aumentar la coordinación.
En relación con la brecha de género, lo importante sería potenciar las
carreras STEM en las niñas y las jóvenes. La compareciente afirma no
haber encontrado en la función pública ninguna discriminación con sus
compañeros varones.
5.2.13 Comparecencia de D. Víctor Cruz Salgado, Presidente de la
Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i
(AFIDI).
El representante de AFIDI felicita a los presentes por el pacto por la
ciencia. En el manifiesto por la innovación presentado en mayo de 2020,
AFIDI abogaba por el aumento de la partida civil en I+D+i en los
Presupuestos Generales del Estado, para asegurar un incremento anual de
0,2 %. Asimismo, también promovía una mayor cooperación entre el sector
público y privado, una política fiscal que incentive la innovación, y un
compromiso con las plantillas de profesionales de la I+D+i y un impulso
de la digitalización y la biotecnología.
Puesto que, según la OCDE, existe una relación directa entre la inversión
en I+D+i y el incremento de la competitividad y el desarrollo económico y
social, el Pacto por la Ciencia y la Innovación debe incidir en la
importancia de la colaboración público-privada para transformar España en
una sociedad más ecológica, digital y resiliente. Por otro lado, el
crecimiento económico de un país está vinculado a la inversión en I+D+i,
por lo que esta política de ciencia debe ser una política estable, a
largo plazo y transversal a todas las administraciones. Para ello, es
preciso eliminar la excesiva burocracia de la que se quejan tanto las
empresas innovadoras como los investigadores. El cómo se invierte es más
importante que el cuánto más se invierte, por lo que los instrumentos son
fundamentales para hacer llegar los fondos de manera adecuada a quienes
los necesitan, partiendo además de que las partidas presupuestarias de
I+D+i no son un gasto, sino una inversión.
AFIDI parte de la premisa de que no puede existir ciencia sin innovación,
ni a la inversa. Por ello, la colaboración y la transferencia tecnológica
entre investigación pública y empresas es imprescindible, debiéndose
incrementar el apoyo al sector empresarial y a la innovación más cercana
al mercado. El caso del CDTI es un gran ejemplo de unificación de la
ciencia con la empresa apostando por la innovación empresarial. Para
garantizar esta mayor integración del sector público y privado, existen
algunos instrumentos, como las ayudas Torres Quevedo, para doctorados
industriales, las bonificaciones al personal investigador y las
deducciones fiscales a la I+D+i. En 2008 se eliminó la deducción
adicional vinculada a la colaboración entre empresas y centros de
innovación y tecnología, universidades y OPIs. En la misma situación se
encuentra la deducción adicional por personal adscrito a actividades de
I+D+i o las bonificaciones del personal investigador, que constituyen
elementos muy potentes en países de nuestro entorno, pero que se ven aquí
obstaculizados por complejidades administrativas.
El apoyo a los proyectos de I+D+i se puede realizar, bien a través de
subvenciones o créditos blandos, bien a través de estos incentivos
fiscales, que son un instrumento muy eficaz. Sin embargo, y a pesar de su
eficiencia, existe una brecha entre el potencial teórico y la práctica de
estos incentivos, debido a la presencia de algunos obstáculos que
dificultan su absorción por parte de las empresas, y que son debidas a
problemas de diseño del sistema. Estos problemas son los requerimientos
gravosos, la incertidumbre de los procesos de auditoría o control, que
hacen que las empresas, sobre todo las PYMEs, consideren los costes y
riesgos excesivamente elevados. Así, en España existen tres controles,
pues se requiere un certificado previo emitido por la ENAC, un informe
motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación y una
comprobación de la base de la deducción realizada por el Ministerio de
Hacienda. Francia, al contrario, tiene un sistema auto liquidativo.
También afectan negativamente la falta de estabilidad, teniendo en cuenta
que estas inversiones son, por su propia naturaleza, a largo plazo.
Por todo ello, el compareciente plantea las siguientes propuestas para
mejorar los sistemas de incentivos fiscales a la I+D+i: favorecer e
incentivar la colaboración público-privada y la contratación del personal
investigador, reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad del
sistema, así como simplificar,
reducir y agilizar la carrera administrativa asociada, sobre todo en
relación con el régimen opcional y el informe motivado vinculante. AFIDI
también propone ampliar las actividades y gastos deducibles a ámbitos
como la digitalización y la sostenibilidad. Por otra parte, las
deducciones a la I+D+i debería quedar excluidas de la fijación de
tributación mínima en el impuesto de sociedades.
En relación con los recursos humanos, es preciso ampliar la capacidad de
todos los Ministerios para la gestión de los fondos. Hay que recordar que
estos fondos no solo tienen por objetivo recuperar la economía, sino
transformarla hacia una política más resiliente, más social y donde la
innovación es una palanca fundamental.
5.2.14 Comparecencia de D.ª Carmen Fenoll Comes, Presidenta de la
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).
La comparecencia se centró en primer lugar en el tema de las brechas de
género en el sistema de I+D+i español. En este sentido, los datos afirman
que la proporción de mujeres va disminuyendo a lo largo de la carrera
investigadora. Por otra parte, en relación con el índice del techo de
cristal, que capta las dificultades que tienen las mujeres en su ascenso
en la carrera investigadora en comparación con los hombres, se ha
detectado, en relación con el CSIC, una muy marcada bajada del índice a
lo largo de la primera década del siglo, para luego subir muy lentamente.
En las universidades, también se aplica este índice segregado por campos
del saber, siendo en las ciencias médicas y de la salud o en ciencias
sociales donde mayor índice existe. Finalmente, sólo el 35 % de todos los
investigadores principales son mujeres.
En definitiva, se produce un alto nivel de abandono de mujeres en la etapa
posdoc, lo que supone una pérdida neta de talento y un fracaso del
sistema. Las razones que favorecen esta brecha son variadas: la duda
sistemática sobre la capacidad de las niñas para dedicarse a la ciencia,
las micro desigualdades en el ámbito académico, debido a evaluaciones
empañadas por rasgos inconscientes de género que nacen de estereotipos
sexistas, así como la precariedad e incertidumbre de la carrera de
ciencia, que afecta especialmente a las mujeres en su edad reproductiva.
Para contrarrestar esta tendencia, es preciso poner en marcha estrategias
que favorezcan el ingreso, la permanencia y el progreso de las mujeres en
el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, que deberán incluir acciones
positivas. Así, esta estrategia debería incluir cuotas, selección
preferente a igualdad de méritos y reservas presupuestarias. En relación
con las cuotas, AMIT propone reemplazar el término 'paridad' por la
expresión 'al menos un 40 % de mujeres', puesto que se perdería el
incentivo con el término 'paridad' en los casos en los que los grupos de
investigación estuvieran mayoritariamente compuestos por mujeres. En
relación con las cuotas, la compareciente reconoce que existe una
polémica sobre la supuesta discriminación a los hombres al primar a
mujeres incompetentes. Frente a ello, aboga por considerar que los
méritos deben primar siempre, si bien, a igualdad de méritos, es preciso
elegir al colectivo infrarrepresentado, como es el de las mujeres.
Por otra parte, es también obligado que haya una formación sobre sesgos de
género inconscientes para todos los evaluadores, unidades de igualdad en
la estructura de las instituciones y evaluación de las acciones con
incentivos y penalizaciones. En particular, AMIT propone extender a las
OPIs el sistema de acreditaciones que existe en las universidades.
5.2.15 Comparecencia de D. José Manuel Torralba Castelló, Vicepresidente
de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
Para la COSCE, es preciso que la nueva ley intente poner a la ciencia en
el centro de la actividad política y en el centro de la actividad
española. Para ello, el compareciente propone la creación de una oficina
independiente de asesoramiento a la Presidencia del Gobierno, con objeto
de que informe sobre el impacto sobre la ciencia de los proyectos de ley
y normas reglamentarias elaboradas por el Gobierno.
Por otro lado, es preciso también asegurar una financiación basal estable
importante. En este sentido, el 2 % del PIB al que se pretende llegar con
el actual plan es hoy insuficiente, pues esa es la cifra de media de la
OCDE y España se merecería estar en el primer cuartil de los países de la
OCDE, que invierten entre 3 y 3,5 % de sus respectivos PIB.
Otro aspecto importante sería refundar la Agencia Estatal de Investigación
para cambiar su funcionamiento, con planes plurianuales para que no
dependa de los presupuestos anuales para poder ejecutar sus
convocatorias.
También sería especialmente relevante la adopción de un plan nacional para
repatriar a los miles de científicos en el extranjero, puesto que el
número actual de las convocatorias Ramón y Cajal es insuficiente. Para
ello, habría que modificar completamente la manera que hay en España para
dar acceso al funcionariado a los científicos y universitarios, que
emplean métodos endogámicos. Asimismo, habría que proporcionar salarios
dignos.
La burocracia forma parte de las barreras a la investigación que es
preciso eliminar. El compareciente se queja de que hay una serie de leyes
que se han hecho a espaldas a la ciencia y que no han hecho más que
aumentar la burocratización del sector. Dentro de esta categoría, cita la
ley de subvenciones, la ley de contratos del sector público, la ley de
patrimonio de las administraciones públicas, la ley de mecenazgo, la ley
de fundaciones públicas, la ley de economía sostenible y hasta la ley de
extranjería. También la reforma laboral se hizo a espaldas a la ciencia,
puesto que más de 25.000 personas contratadas por obra y servicio en el
ámbito universitario se quedan en el aire.
En relación con los recursos humanos, serían precisos más cambios, además
del de proporcionar mayor estabilidad mediante contratos indefinidos.
Así, habría que mejorar el sistema de acreditación y eliminar la tasa de
reposición. También sería preciso dar libertad de salarios para poder
atraer talento. En este mismo sentido, el compareciente recuerda que el
personal de investigación no sólo incluye a los científicos, sino también
a los técnicos y los gestores.
En cuanto a la gobernanza del sector científico, COSCE aboga por acompasar
las carreras y la política científica de las universidades, con el sector
sanitario y con el resto del ámbito científico. Argumenta que ni los
científicos ni los universitarios están contentos con la existencia de
dos ministerios separados, pero identifica al ministerio de Hacienda como
el que pone todas las trabas en las leyes para una gestión más ágil de
las necesidades científicas. La solución en este sentido pasaría por que
la ciencia se regule por las normas del derecho privado, lo que no
impediría los controles presupuestarios y de otra índole que deban
realizarse.
Asimismo, el compareciente considera que la precariedad en la ciencia no
se va a arreglar con contratos indefinidos. Sin embargo, y si bien
reconoce que estos contratos tienen sus ventajas, lo cierto es que la
precariedad sólo se arregla con un aumento de la financiación del
sistema, pues de lo contrario los contratos indefinidos acabarán en
despidos e indemnizaciones.
Por otro lado, sería preciso también una política agresiva para que haya
más doctores en la industria, para lo que sería imprescindible que el
Estado reconociese al doctorado como un elemento a valorar, tanto en el
ámbito de la selección de personal en la administración pública como en
las empresas.
En cuanto a la financiación de la innovación con dinero público, habría
que evitar el recurso al préstamo, para que pequeñas y medianas empresas
puedan acceder a este tipo de financiación, tal como se hace en otros
países de nuestro entorno.
5.2.16 Comparecencia de D. Julián Garde López-Brea, Presidente de la
Comisión Sectorial CRUE-I+D+i y rector de la Universidad de Castilla La
Mancha.
El compareciente afirma que sistema universitario español aporta el 70 %
de las publicaciones científicas, a pesar de lo cual las universidades
sólo recibieron el 60 % de la financiación correspondientes a proyectos
de investigación en las convocatorias estatales de 2020.
En primer lugar, el Sr. Garde López-brea considera necesaria una adecuada
financiación del sistema. Para ello, es positivo que se fije como
objetivo alcanzar el 1,25 % del PIB de financiación pública en 2030, si
bien desde la CRUE se hubiera preferido fijar un objetivo de financiación
per cápita. Para atender a un relevo generacional ordenado que no genere
bolsas de frustración dentro de unos años, es preciso planificar la
carrera académica e investigadora. En este sentido, el Programa Ramón y
Cajal es muy positivo, si bien necesitaría de una mayor dotación de
plazas. Asimismo, desde la CRUE se solicita una coordinación entre la Ley
Orgánica del Sistema Universitario y la Ley de Ciencia, de tal forma que
se establezcan figuras equiparables e intercambiables, con un sistema
permeable en ambas direcciones y que evite la descapitalización de uno de
los dos ámbitos. Asimismo, es necesaria la desaparición de las tasas de
reposición, y que la actividad investigadora tenga su propia normativa
específica en contratación, con una simplificación de los procedimientos
en el ámbito económico.
La CRUE aboga por un cambio normativo para la Agencia Estatal de
Investigación, con objeto de que se convierta en un agente financiador
ágil que pueda optimizar los recursos disponibles sin las trabas de la
propia administración.
Para incluir la I+D+i en el debate de la sociedad del conocimiento, es
necesario un cambio cultural que dote a las universidades de una
verdadera autonomía de organización. Esto es aún más importante tras la
aprobación de la reforma laboral que ha eliminado la modalidad
contractual de obra y servicio, que incluye a 25.000 personas en el
sistema universitario español en el curso 2021-2022.
En resumen, de acuerdo con la CRUE, se debe incrementar la financiación,
para que alcance, con fondos públicos y privados, el 3,5 % del PIB en
2030. En segundo lugar, se propone una simplificación administrativa,
para lo que cabría analizar sistemas de gestión de países de nuestro
entorno, introducir una cultura basada en la confianza y en la rendición
de cuentas, proporcionar condiciones de justificación de los fondos desde
el primer momento y desarrollar una legislación propia para la
investigación que evite la aplicación de la Ley General de Subvenciones.
Los sistemas más exitosos en la gestión de la investigación son también
los más flexibles. También es preciso actuar en el ámbito de la
retención, captación y retorno del talento.
Asimismo, el compareciente solicita que los fondos de cohesión de la Unión
Europea, especialmente FEDER y FSE, se dediquen a financiar la I+D+i con
un criterio de adicionalidad y no de sustitución de los fondos
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. La aplicación
actual en relación con convocatorias estatales de proyectos de
investigación, realizada con criterios de sustitución, ha hecho que las
universidades no habían recibido en 2019 la regularización de los
anticipos reembolsables concedidos 11 años antes, en 2008.
5.2.17 Comparecencia de D. Francisco Palazón Huet, portavoz de la
Federación de Jóvenes Investigadores Precarios.
Tras mencionar las reformas de los últimos meses en relación con los
programas de ayudas posdoctorales de la Agencia Estatal de Investigación,
la reforma laboral y el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de
la Ciencia, el compareciente insiste en que, si bien las reformas van en
la dirección correcta, quedaría aún mucho por realizar. Así en primer
lugar, es preciso empezar por considerar la investigación científica como
un trabajo, que necesita de un contrato de trabajo. Además, debería ser
considerado como un servicio público. Por otro lado, argumenta que no es
preciso obsesionarse con la excelencia, sino que la política científica
del país debe estar dirigida a mantener en condiciones dignas a la legión
de investigadores 'estimables', en contraposición a los geniales como
Galileo o Newton.
Para ello, hay que superar el retraso histórico en financiación. El
objetivo del 2 % del PIB era un buen objetivo hace 20 años, pero hoy ha
quedado insuficiente. El compareciente además considera que la cifras
están ligeramente infladas, siendo las reales algo más bajas. Es
necesario invertir mucho más dinero, multiplicando los presupuestos por
dos o por tres y hacerlo además de forma mucho más sostenida en el
tiempo.
Por otro lado, otro de los lastres es la precariedad, que en el sector de
la ciencia está relacionada con la financiación. Existe una falta de
derechos laborales básicos, que requerirían un estatuto de personal de
investigación. En este sentido, es preciso seguir avanzando en derechos y
diseñar una carrera clara para el personal investigador y también para el
personal técnico y gestor, que son fundamentales en el sector.
El compareciente también menciona la burocracia, que se ha convertido en
una pesadilla en muchos casos. En este sentido, proporciona los ejemplos
de los CV normalizados, que, a pesar de estar desarrollados por el FECYT,
aún no se utilizan por la ANECA, o en los retrasos de las homologaciones
y equivalencias de títulos extranjeros.
Asimismo, el compareciente menciona el abuso de poder, que se manifiesta
en la endogamia, mal generalizado de la universidad española desde hace
décadas, y en el acoso. Además, también denuncia la existencia de una
brecha de género en el mundo académico que se manifiesta en las
categorías de titular de universidad, o equivalente del CSIC, y en la de
catedrático.
5.2.18 Comparecencia de D.ª Soraya Gamonal Camello, Directora en Deloitte
de la práctica Global Investment and Innovation Incentives.
La compareciente se centra en el sistema público de incentivos a la I+D+i
empresarial. En primer lugar, el anteproyecto de ley de ciencia incide en
la necesidad de promover el tejido empresarial, si bien los incentivos
fiscales no se desarrollan suficientemente y la regulación de las ayudas
directas adolecen de una precisión reducida.
Los incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades son uno de los
mejores instrumentos para aumentar la competitividad empresarial y
suponen la mitad del apoyo público a la inversión en I+D en los países de
la OCDE, que publicó un estudio que indicaba que por cada euro que se
deja de recaudar por estos incentivos la inversión crece 1,40 euros. La
AIReF eleva este crecimiento para España hasta 1,50 euros.
Sin embargo, el esquema español presenta una serie de restricciones que
impiden su aplicación efectiva, de tal forma que, de 1.100 millones de
euros generados en deducciones fiscales en I+D, sólo se aplican 300,
dejando así una bolsa de 800 millones de euros que se acumulan año tras
año. De hecho, España está poniendo aún más restricciones a las ya
existentes, mediante la aplicación del régimen de tributación mínima del
15 % para determinadas empresas, imponiendo mecanismos más restrictivos y
muy distintos a los ya sugeridos por la OCDE y por la Comisión Europea.
El anteproyecto menciona también la figura de las agrupaciones de interés
económico, pero insiste en que se beneficiarán de los incentivos fiscales
previstos en la legislación vigente, que adolece de insuficiencias desde
el punto de vista de la seguridad jurídica. Sin embargo, con una
regulación eficaz, estas estructuras de inversión no dependerían de las
posibles interpretaciones de los órganos administrativos, y podrían
reforzar el ecosistema de financiación de la I+D+i.
La compareciente también señala que la aplicación de las deducciones
fiscales por I+D+i no cuenta con mecanismos de control y seguimiento
sólidos y homogéneos. Así, en el ámbito del software, existen demasiados
casos de empresas con informes motivados de innovación tecnológica que
son cuestionados por Hacienda desde el punto de vista económico alegando
que no encajan en las categorías de la normativa. Para solucionar esta
cuestión, cabría llegar, o bien a un acuerdo con Hacienda para que admita
como deducción los gastos aprobados en los informes motivados del
Ministerio de Ciencia, o bien añadir un artículo específico en la Ley del
Impuesto sobre Sociedades que incluya estos proyectos relacionados con el
software, tal como se hizo en la última reforma para los videojuegos.
Para hacer de España un país atractivo para la inversión en I+D sería
necesario excluir las deducciones por I+D+i de las limitaciones impuestas
en el régimen de tributación mínima. También sería preciso igualar la
deducción por innovación tecnológica a la de I+D, así como regular
normativamente la transferencia de los créditos fiscales a potenciales
inversores financiadores, a ser posible de manera directa.
En relación con los incentivos a la innovación verde, sería preciso
incorporar el concepto de innovación tecnológica verde a las definiciones
del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, la
compareciente propone la extensión de la compatibilidad de las
deducciones fiscales y las bonificaciones en la Seguridad Social del
personal investigador.
Las ayudas directas, por su parte, suponen casi 13.300 millones de euros
en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Sin embargo, es
preciso una reflexión, debido a las dificultades que tienen las empresas
para afrontar las implicaciones financieras de determinadas ratios de
endeudamiento. Las empresas españolas tienen que manejar un marco de
ayudas públicas, que están reguladas por una multiplicidad de normativas
que reducen las intensidades máximas de financiación de los proyectos, y
que adolecen de periodos medios de cobro dilatados. Además, este marco es
imprevisible al carecer de un calendario estable de convocatorias y es
complejo, al existir diversos ministerios con competencias e incluso
distintos procedimientos en el seno de un mismo organismo. Lo más
eficiente sería disponer de un único portal para facilitar la solicitud,
la tramitación y la comunicación con la Administración. Asimismo, sería
positiva la creación de un registro de entidades interesadas en la
obtención de ayudas y que deje de exigirse a las empresas aquella
información que sea pública.
Finalmente, es preciso resolver la falta de unicidad en los criterios de
acceso vinculada a la interpretación de la normativa comunitaria de
empresas en crisis, que reciben ayudas en otros países de la Unión, o
incluso se interpretan de forma distinta en diferentes comunidades
autónomas o en función del organismo que las otorgue. La falta de
unicidad también se manifiesta en la adherencia al marco temporal
habilitado por la Comisión Europea, que permite el acceso a ayudas
públicas a las empresas con sus cuentas del año 2019 si las del 2020
estaban en crisis o permite incorporar en el presupuesto los proyectos y
partidas de inversiones previas a la solicitud de ayuda. Sin embargo, la
mayoría de las convocatorias no recogen esta adhesión, lo que provoca la
exclusión de muchas empresas del sistema de ayudas cuando más lo
necesitan.
5.2.19 Comparecencia de D. Javier Olave Gabarre, asesor de las plataformas
Ponle Freno y Constantes y Vitales (Atresmedia).
El compareciente centra su intervención en la petición, que ha contado con
más de 975.000 firmas, para que se destine el 2 % del PIB a la ciencia y
tecnología en 2024, lo que suponen un aumento del 0,74 %. Dicha
iniciativa es una de las actuaciones del Grupo Antena 3 en el ámbito de
la responsabilidad social corporativa, en la línea de una iniciativa
anterior, denominada 'Ponle Freno', en el ámbito de la seguridad vial.
El Sr. Olave Gabarre afirma que, a pesar de que el apoyo a la ciencia no
genera emociones ni tensiones partidistas, esta propuesta ha tenido el
mayor respaldo en firmas de ciudadanos de todas las operaciones
promovidas por Atresmedia. Por ello, sería necesario alcanzar un pacto de
Estado que por primera vez no arranque de ningún grupo político, sino de
la sociedad civil canalizada por Atresmedia, para obtener el respaldo
unánime de todos los grupos parlamentarios. El compareciente propone la
realización de un pequeño programa de televisión que se emitiría en
Atresmedia Player en el que todos los grupos pudieran tomar el mencionado
compromiso para 2024.
5.2.20 Comparecencia de D. Alejandro de Miguel Álvaro, investigador
predoctoral y representante de FPU Investiga.
FPU Investiga nació para tratar de reivindicar determinados temas que
impiden el desarrollo adecuado de la carrera del investigador. En primer
lugar, el compareciente alude a la indemnización, que es un derecho que
se ha reclamado desde hace años, aunque debería también concederse a los
titulares de los contratos en vigor en este momento, pues de lo contrario
no se incluiría a los contratos predoctorales de 2018, que ya fueron
excluidos de las prórrogas COVID.
En cuanto a los salarios de los contratados predoctorales, estos son
excesivamente bajos, lo que supone que la primera etapa de la entrada a
la carrera investigadora no es nada atractiva. De hecho, los salarios se
acercan peligrosamente al importe del salario mínimo interprofesional, lo
que supone minusvalorar la formación de los investigadores. Por otro
lado, es necesaria la agilización de la resolución de las convocatorias
competitivas, como las FPU, que están tardando entre nueve y trece meses,
lo que afecta sobremanera a las personas jóvenes que están empezando a
trabajar.
Asimismo, en relación con la atención a la salud mental y a colectivos
vulnerables en el ámbito de la ciencia, se perciben unos altos índice de
burnout, debido a la precariedad.
Respecto de las expectativas de un contratado predoctoral, se debería
blindar por ley que haya una adecuada financiación basal del sistema de
ciencia de tal forma que no dependa de estímulos económicos externos. En
este sentido, la aprobación de un estatuto del personal investigador
sería muy positivo. Asimismo, sería imprescindible también desarrollar la
carrera profesional de todo el personal técnico y de gestión, así como
fomentar el retorno del talento que ha salido del país, mediante unas
buenas condiciones de trabajo. Además de aumentar el número de contratos
predoctorales, es necesario aumentar y mejorar las etapas posteriores.
Sería preciso dignificar el doctorado en el sistema español, tanto como
mérito para una oposición, como en el ámbito de la contratación en la
empresa privada.
Finalmente, es preciso proporcionar estabilidad al sistema mediante un
pacto de Estado y aprobar una norma legal que no se modifique
constantemente, para que se garantice a los investigadores una
continuidad normativa.
5.2.21 Comparecencia de D. Luis Alcalá Martínez, Doctor en Paleontología.
En primer lugar, el compareciente alude a que el anteproyecto de ley de
ciencia debería contemplar el sistema de transferencia de la ciencia, la
tecnología y la innovación a la propia sociedad. Sin embargo, las
palabras 'educación' y 'divulgación' no se repiten mucho en el
anteproyecto, puesto que la transferencia se enfoca principalmente entre
el ámbito público y las empresas privadas. En la regulación del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica, se prevé la inclusión de
medidas para mejorar la formación y la cultura científica e innovadora de
la sociedad, para que todas las personas puedan adquirir un mayor
conocimiento científico. Así, si bien se prevé que el Plan Estatal
priorice la investigación científica y la investigación técnica e
innovación, sería deseable también incluir un tercer ámbito prioritario,
como es la educación y cultura científica y de innovación.
En relación con el fomento del desarrollo sostenible y de la cohesión
social y territorial, el compareciente alude a casos emblemáticos, como
el de Atapuerca en Burgos o el de Dinópolis en Teruel. La ubicación
de estos centros resulta obvia cuando la materia prima se encuentra en el
propio territorio. Sin embargo, se deberían contemplar medidas de
descentralización de los centros de infraestructuras científico-técnicas,
que deberían favorecer no solo a territorios despoblados, sino también a
zonas con síntomas de pérdida de población, como Granada. Estos centros
de generación de conocimiento pueden servir de herramientas de cohesión
territorial y de reducción de desigualdades socioeconómicas en zonas
despobladas o con riesgo de despoblación.
5.2.22 Comparecencia de D. Javier Sánchez España, en representación del
ámbito de Ciencia de UGT.
De acuerdo con el compareciente, el texto del anteproyecto de ley mejora
las perspectivas de los jóvenes investigadores, puesto que permite que la
carrera tenga un itinerario predecible. El texto además permite que la
plantilla de los organismos públicos de investigación y de las
universidades se rejuvenezcan e incluye algunas medidas que fomentan la
movilidad entre las universidades y los organismos públicos de
investigación. El Sr. Sánchez España también considera positivas las
iniciativas para fomentar la colaboración público-privada y para
favorecer la transferencia de conocimiento.
Sin embargo, siguen existiendo algunas lagunas. En primer lugar, el
compareciente echa de menos una memoria económica que dote
presupuestariamente el proyecto de ley, y que pueda servir para valorar
si se van a cubrir las necesidades de los organismos públicos de
investigación y de las universidades españolas. Por otra parte, sería muy
importante que la ley ampare también al personal técnico y de gestión,
puesto que los equipos de investigación son multidisciplinares, si bien
se entiende que este personal estaría regulado por el Estatuto Básico del
Funcionario Público.
Asimismo, deberían reconocerse los complementos de productividad por
excelencia científica, que son los quinquenios y los sexenios. Si bien
los segundos estaban ya contemplados, no así los primeros. Ello
facilitaría la movilidad entre universidades y organismos públicos de
investigación, para que los investigadores no vean mermado su sueldo si
cambian de un ámbito a otro. En relación con la fuga de cerebros, el
compareciente alude a que, si bien el texto del anteproyecto introduce
mejoras para paliar el problema, no hace sin embargo lo suficiente para
atraer el talento que ya ha salido del país.
La reforma laboral abre un horizonte favorable en el ámbito de la ciencia,
puesto que va a permitir una modalidad de contratación que hasta ahora no
se ha empleado en el sistema español de ciencia y tecnología. De esta
forma, es positivo que a partir de ahora la inmensa mayoría de los
contratos puedan ser indefinidos, aunque los proyectos duren sólo tres
años, en la medida en que se presume la capacidad de los grupos y centros
de investigación de dotar económicamente esos contratos con proyecto
sucesivos.
Finalmente, en relación con la burocracia, es fundamental que se reduzcan
las cargas burocráticas de las universidades y de los organismos públicos
de investigación, que son especialmente lentas. Si bien se han producido
avances, es importante introducir más sistemas que reduzcan el tiempo y
la carga de burocracia en la gestión de las subvenciones europeas o
nacionales a los organismos públicos de investigación.
5.2.23 Comparecencia de D.ª Ana Polanco Álvarez, Presidenta de la
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO).
De acuerdo con la compareciente, el sector biotecnológico ha demostrado
durante la pandemia su alta capacidad de resiliencia y de respuesta,
protagonizando un hito histórico con tecnología como el ARN mensajero y
en las que más de 60 socios de ASEBIO han trabajado en casi 130 líneas de
investigación para la lucha contra la pandemia. Loa biotecnología supone
una palanca estratégica para la recuperación. Más allá de la pandemia, la
compareciente afirma que la industria biotecnológica tiene impacto
directo en once de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible y
constituye un pilar fundamental tanto del PERTE de salud de vanguardia
como del PERTE agroalimentario. El sector biotecnológico es además el
sector industrial con mayor participación de investigadores, que
representan el 15,5 % de las plantillas de las empresas biotecnológicas.
El reto del sistema español de I+D no es sólo de inversión, sino que estas
inversiones deben ir acompañadas de reformas profundas que modernicen el
ecosistema de innovación. Es preciso mejorar la colaboración entre
universidades, organismos de investigación y empresas. Para ello, ASEBIO
propuso desarrollar una ruta de movilidad del personal investigador entre
el sector público y el privado que mejore el sistema de excedencias
actual y establezca incentivos curriculares para las personas que
retornen de
lo privado a lo público, con reserva del puesto de trabajo en el sector
público durante periodos más amplios de tiempo. El proyecto de ley, en
este sentido, introduce cambios positivos, si bien ASEBIO hubiera
preferido un mayor reconocimiento de los tecnólogos que trabajan en el
sector público.
También ASEBIO considera positivo incluir en el proyecto de ley la
participación de los investigadores en los beneficios de los resultados
de investigación, si bien deberían incluirse también incentivos
institucionales que estimulen el compromiso de las instituciones con la
transferencia, tal como existe en otros países de nuestro entorno. En
este sentido, ASEBIO apuesta por la mutualización de los servicios de
transferencia. Asimismo, se aprueba la posibilidad de realizar proyectos
piloto de I+D+i en bancos de prueba regulatorios.
En relación con el impacto de género, la reforma refuerza la
transversalidad de género, lo que es importante pues, si bien en el
sector biotecnológico, el porcentaje de mujeres es de 60 %, muy superior
que en otras disciplinas STEM, la brecha de género sigue siendo del 36 %
en España.
Así, es imprescindible apostar por modelos de innovación abierta y por
crear espacios de trabajo conjunto entre el sector público y el privado,
mediante incentivos adecuados, teniendo en cuenta que sólo el 16 % de los
recursos destinados a la I+D fueron destinados a proyectos de
colaboración. La reforma de la ley de ciencia es una buena oportunidad
para mejorar esa colaboración, debiendo ser abordada desde una
perspectiva más holística, con más financiación para el sector privado,
pero evitando que las empresas se endeuden excesivamente con préstamos
para I+D+i, y promoviendo una simplificación de los procesos de
solicitud.
5.2.24 Comparecencia de D. Mariano Barbacid Montalbán, exdirector del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
El compareciente subraya que el proyecto de ley regula la ciencia mediante
disposiciones de carácter administrativo, lo que se explica por la
naturaleza pública de la mayor parte de la investigación en España. El
CNIO, en cambio, como fundación pública, no se rige por el modelo
funcionarial. El Sr. Barbacid considera que la financiación es el
elemento más importante que hay que cambiar en España. Así, la
financiación, junto con las infraestructuras y buenas prácticas en el
liderazgo de los centros de investigación, es fundamental para transmitir
el conocimiento surgido de la investigación de los grupos pequeños, o
para retener el talento.
Por ello, considera positivo que el proyecto prevea que la inversión se va
a estabilizar en 1,25 % del PIB de inversión exclusivamente pública, si
bien dicho incremento, que se prevé para 2030, estará condicionado por
las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, de acuerdo con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.
Por otro lado, el proyecto no establece ninguna obligación relativa a la
ejecución del presupuesto, que estos últimos años ha estado en niveles
del 60 o 70 %, por lo que la obligación de fijar un porcentaje de
inversión basado en el PIB podría resultar insuficiente, en la medida en
que no hay obligación de ejecutar esa inversión. Asimismo, sería
conveniente que el proyecto definiese con claridad el concepto de I+D+i,
para evitar incluir dentro de estas inversiones elementos que no son
investigación y desarrollo, como los fondos destinados a la
digitalización.
En definitiva, la investigación en España necesitaría de mayor
credibilidad, y para ello el compareciente pone el ejemplo del CNIO. Hace
15 años, el 80 % de los recursos procedían de los presupuestos generales
del Estado. Ahora, ese porcentaje ha bajado al 15 % y, sin los fondos
procedentes del European Research Council y de dos ONGs, el CNIO debería
cancelar más de la mitad de los proyectos de investigación.
5.2.25 Comparecencia de D. Josep Samitier Martí, Presidente de la
Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER).
De acuerdo con el Sr. Samitier Martí, los resultados de excelencia de los
centros de investigación catalanes se deben a un gran esfuerzo continuado
de colaboración de todo el sistema, a una gestión orientada a la
investigación y a una transferencia y flexibilidad de las instituciones
de captación de personal investigador y de apoyo a la gestión de la
investigación. Desgraciadamente, esta flexibilidad administrativa ha ido
menguando debido a una ley de ciencia que no se ha adaptado para dar una
cobertura administrativa adecuada.
Para ello el compareciente considera que es preciso impulsar el régimen
laboral de la contratación, si bien con la singularidad de que, en el
ámbito de la investigación, parte de estos contratos están vinculados
a proyectos. Otro de los elementos clave de la investigación es la
movilidad del personal, para poder atraer personal y garantizar la
internacionalización de los investigadores. Junto con la movilidad, el
compareciente alude a los otros dos pilares de la investigación, que son,
por un lado, la seguridad y estabilidad profesional del personal
investigador y, por otro, la evaluación.
Por otra parte, es preciso que la reforma desburocratice y proporcione
agilidad administrativa a la gestión de la investigación. El
compareciente también apunta a la necesidad de mejorar en España la
transferencia para transformar el conocimiento en bienestar y en
actividad económica.
Además, el proyecto de ley debe apostar por una estrategia de ciencia
abierta y de responsabilidad social corporativa de las empresas que hacen
investigación. Asimismo, habría que compensar el IVA en investigación y
eliminar las tasas de reposición. En cuanto al incremento de los recursos
dedicados a la investigación, se considera positiva la previsión del 1,25
% del PIB para 2030, si bien sería preciso garantizar que dicho
presupuesto se ejecute y que se impulse una nueva ley de mecenazgo que
facilite la incorporación de fondos a la investigación.
Asimismo, es preciso apostar por los jóvenes científicos, lo que está muy
vinculado con la financiación y con la igualdad de responsabilidades
entre hombres y mujeres. En este mismo sentido, se debe continuar con los
programas Ramón y Cajal, Severo Ochoa o María de Maeztu, que han dado
buenos resultados.
5.2.26 Comparecencia de D. Juan José Badiola Díez, Director del Centro de
Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes.
El compareciente considera que la garantía de financiación pública y
estable de la I+D+i es positiva, y la cifra planteada en el proyecto
razonable. En relación con la carrera y el desarrollo profesional del
personal investigador, reconoce que la recesión económica ha supuesto una
reducción de las capacidades para retener y atraer talento investigador,
teniendo la carrera científica en España un gran número de
incertidumbres. Ello ha producido un envejecimiento de la plantilla, lo
que plantea un problema para el futuro, pues es obvio que sin
investigadores no hay ciencia.
Así, el proyecto plantea una reforma de la carrera científica con el
establecimiento de un nuevo itinerario posdoctoral de acceso, lo que se
refuerza con una reserva mínima de la tasa de reposición. Este nuevo
itinerario supone un estímulo importante al desarrollo posdoctoral, lo
que es muy positivo. Además, resulta de interés la creación de una nueva
figura contractual, como es la del nuevo contrato indefinido para
científicos técnicos, denominado contrato de acciones
científico-técnicas, asociado a proyectos y líneas de investigación.
También son positivos tanto el reconocimiento del derecho a la
indemnización de los contratos posdoctorales como la incorporación
estable de los investigadores al Sistema Nacional de Salud. El
compareciente considera fundamental contar con técnicos de apoyo a la
investigación, lo que parece que se regularía en términos de 'regulación
horizontal de personal técnico'. Por otra parte, es preciso facilitar la
movilidad de los investigadores y minimizar la endogamia en las
universidades.
El proyecto de ley plantea también una reducción de la carga
administrativa, siendo especialmente necesaria una simplificación de la
justificación de las subvenciones. El compareciente se queja de una
excesiva burocracia que obliga a la presentación de mucha documentación
que ya está en poder de los órganos administrativos.
En relación con la transferencia de conocimiento, es preciso fomentar que
todas las empresas, especialmente las PYMES, descubran aquello en lo que
la investigación les pueda ayudar, teniendo en cuenta que las empresas
que hacen I+D suelen tener una dimensión determinada. La ciencia tiene
que ser abierta y estar al servicio de la población, por lo que el papel
de las empresas es fundamental.
Son oportunos asimismo los planes complementarios entre Estado y
comunidades autónomas basados en la cogobernanza, con objeto de no
desaprovechar recursos. Finalmente, el compareciente también considera
positiva la participación de los ciudadanos y de los divulgadores
científicos.
5.2.27 Comparecencia de D. Fernando P. Cossío Mora, Director científico de
Ikerbasque.
El compareciente centra su intervención en la presentación de la fundación
Ikerbasque, creada por el Gobierno vasco en 2006, y que tiene como
principales ejes de actividad la captación de personal investigador de
excelencia y la creación y desarrollo de nuevos centros de investigación.
Así, Ikerbasque, con un presupuesto de 20 millones de euros, atrajo 37
millones de euros en fondos competitivos en 2021. Ello ha supuesto que,
en los últimos años, se han atraído 33 nuevos investigadores,
de los cuales 11 son mujeres. Ikerbasque ha desarrollado un modelo
denominado 3R, que consiste en 'reclutar' al nuevo talento investigador
que se alinea con las prioridades estratégicas de Euskadi; en 'retener' a
los investigadores reclutados; y en 'repatriar' el talento investigador
para que puedan trabajar en los centros de investigación más interesantes
del mundo y luego volver.
En cuanto a la carrera investigadora, Ikerbasque distingue entre la
categoría de fellows, para los investigadores más jóvenes; la de
associates, que sería el equivalente de profesores titulares y la de
professors, que equivaldría a los catedráticos. Cada tres años, se
realiza una evaluación externa que se traduce en promociones salariales o
en el mantenimiento del contrato, según los casos. Por otra parte, existe
una vía rápida de acceso mediante posiciones permanentes a los
investigadores con starting grants de la European Research Council, que
pasan directamente a ocupar un puesto de associate.
5.2.28 Comparecencia de D. Emilio Lora-Tamayo D'Ocon, Rector de la
Universidad Camilo José Cela y expresidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
En primer lugar, el compareciente alude a un cierto número de elementos
positivos del proyecto de ley, tales como la consideración del personal
sanitario como parte de los recursos humanos dedicados a la
investigación, el esfuerzo por delinear una tenure track con un contrato
indefinido que no consuma tasa de reposición, la integración de la
perspectiva de género y un sistema de indemnización por despido a nivel
pre y posdoctoral.
A continuación, el compareciente alude a la base para la sostenibilidad
del sistema, que es una financiación estable y creciente. Sin embargo, la
previsión de llegar al 3 % del PIB, fijando la financiación del sector
público en un 1,25 % en 2030, debe ir acompañada de la desburocratización
de la gestión de fondos destinados o aplicados a la investigación.
Asimismo, resultaría conveniente un programa de dotación inmediata para
actualizar el parque de infraestructuras. Para ello, los Fondos Next
Generation representan una oportunidad única.
Por otro lado, el problema endémico de atraer y retener talento
investigador en España ha supuesto un envejecimiento de las plantillas,
pues la edad media del personal investigador supera los 45 años. Es
preciso tener en cuenta que los investigadores se mueven en un mercado
internacional y que, para atraerles, es imprescindible un régimen
salarial razonable y competitivo, así como condiciones de incorporación
atractivas, para formar equipos y contar con espacios y herramientas
adecuadas. Una vez atraídos estos equipos, se deberá trabajar en
incentivar su consolidación.
Asimismo, es necesario regular la carrera y la contratación de los
especialistas en gestión de la investigación y la de los técnicos y
tecnólogos. Por otro lado, en relación con los investigadores, es
positiva la previsión de contratos indefinidos, así como la eliminación
de la tasa de reposición y la coordinación entre estos contratos y los de
obra y servicio ligados a los proyectos de investigación. Como estímulos
y reconocimiento a la innovación, es preciso apostar por medidas como los
sexenios o quinquenios de transferencia y el reconocimiento, en concursos
y oposiciones, de méritos de gestión o los relacionados con la
transferencia y divulgación.
En relación con la colaboración público-privada, no se debe desdeñar
ningún recurso que provenga de instituciones privadas. Aunque los
equipamientos e infraestructuras de las universidades públicas son
superiores a los de las privadas, las capacidades intelectuales de unas y
otras son similares. En este sentido, el compareciente es favorable al
objetivo del Gobierno de aumentar la dedicación, así como la cantidad y
calidad de la labor de investigación y las transferencias de resultados
de las universidades en general, y de las privadas en particular.
También son muy positivas las medidas de compra pública de innovación, así
como las relacionadas con el permiso a las administraciones públicas para
participar en sociedades mercantiles, y la compatibilidad de los
investigadores para que puedan participar activamente en estas sociedades
si están relacionadas con sus competencias. Estas medidas podrían
agilizar los procesos de innovación basados en la transferencia de
conocimientos. Sin embargo, se deberían también contemplar medidas que
faciliten el contacto entre empresas, tanto grandes como pequeñas, y el
sistema de ciencia.
5.2.29 Comparecencia de D. Jorge Barrero Fonticoba, Director General de la
Fundación Cotec para la innovación.
Cotec valora muy positivamente el compromiso de los Presupuestos Generales
del Estado para 2022, lo que supone un punto de inflexión tras una década
de recortes y estancamiento. En relación con el
compromiso, previsto en el pacto, de destinar un determinado porcentaje
del PIB a inversiones en I+D, el compareciente plantea el riesgo de
referir este al PIB, puesto que éste puede disminuir.
Por otra parte, Cotec echa de menos en el pacto de Estado medidas para
fomentar la experimentación en políticas públicas. El proyecto de ley
aborda este aspecto, pero de forma insuficiente, pues debería ser más
ambiciosa en promover esta experimentación y en incorporar la actividad
de asesoramiento a gobiernos como una función principal de la propia
academia y de los organismos públicos de investigación. Así, la Comisión
no permanente para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de
los Diputados recomendó basar las decisiones en datos y evidencias
científicas contrastadas mediante estudios y ensayos, así como la
creación de un comité permanente de asesoría científica que desarrolle
una labor de consejo en relación con las decisiones del Gobierno. Cotec
considera que se podría introducir la asesoría científica en el ejecutivo
de forma similar a como se ha hecho con las cuestiones de género, con
unidades de género en todos los ministerios.
Otro aspecto ausente del proyecto de ley es el de los incentivos fiscales,
una política internacionalmente reconocida por su capacidad de estímulo a
la inversión privada en I+D. Sin embargo, en España, esta capacidad de
estímulo se ha visto mermada en los últimos años, muy especialmente por
la última reforma fiscal que marcó un tipo mínimo positivo del 15 %. Ello
reduce el atractivo de España para atraer inversiones internacionales.
Asimismo, es preciso que el gran volumen de ayudas no lleve a borrar las
diferencias entre inversión en I+D, inversión en innovación e inversión
en modernización. Las tres inversiones son legítimas, pero el impacto de
cada una es distinto.
El proyecto de ley ha dado pasos también en resolver algunos aspectos
ligados a la excesiva burocratización en el sistema de ciencia. Si bien
se acometen parches necesarios, el problema de fondo sería la existencia
de una ley de subvenciones que no está adaptada al sector. Así, la falta
de flexibilidad del aparato administrativo español lleva a una regulación
idéntica para situaciones muy dispares, que además se regulan basándose
en una presunción de culpabilidad y en la desconfianza, prevaleciendo la
intervención previa.
Ha existido también estos años un problema de ejecución presupuestaria. El
compareciente advierte que existe un problema de recursos humanos, de
procedimientos y de seguimiento de la información, lo que pone en riesgo
la correcta ejecución tanto de los incrementos presupuestarios como de la
gestión de los Fondos EU Next Generation.
Finalmente, si bien la innovación es una poderosa herramienta para
combatir las desigualdades, también es cierto que cuanto más rápida y
disruptiva sea esta innovación, mayores son también las brechas que
pueden generar, por lo que es preciso prevenir y corregirlas de forma
rápida, justa e inclusiva. Esta aproximación dual a la innovación forma
parte de la agenda y del trabajo de Cotec.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1 Preámbulo.
Situar a la ciencia, la tecnología y la innovación como eje de las
políticas públicas ha de formar la base sobre la que construir un nuevo
acuerdo político y social que tenga como objetivo alcanzar altos niveles
de progreso y un crecimiento económico sostenido que impulse una
transición ecológica y energética justa, la transformación digital, la
cohesión territorial y un aumento de la competitividad y productividad de
nuestro país.
La crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 ha demostrado que la
I+D+i es esencial para poder reaccionar con éxito a los desafíos futuros
y predecir las posibles consecuencias del cambio climático o aquellas
resultantes de desastres naturales. La rápida respuesta de la Ciencia en
la búsqueda de una vacuna eficaz contra el virus SARS-CoV-2 y la puesta
en marcha de ensayos clínicos para lograr fármacos eficaces para combatir
la enfermedad, han generado un amplio consenso social sobre la necesidad
de impulsar políticas que fortalezcan nuestro Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Esta situación sanitaria también ha demostrado
que la colaboración científica internacional y el intercambio de
información han resultado imprescindibles, por lo que la transferencia de
conocimiento se configura como un elemento esencial.
El Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica, aprobó en mayo de 2020 lograr un Pacto
por la Ciencia y la Innovación para que la inversión en I+D aumente hasta
lograr la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB estabilizado al
final de la XIV
Legislatura. La propuesta de resolución, resultado del consenso, quedó
recogida en la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia que canaliza los fondos destinados por Europa a reparar los
daños provocados por la crisis de la COVID-19. En sus páginas, el Plan
aboga por un nuevo Pacto que sirva de instrumento clave para abordar los
grandes desafíos de nuestra sociedad y resuelva las debilidades de
nuestro actual sistema.
El Pacto por la Ciencia y la Innovación fue presentado a la opinión
pública el 9 de febrero de 2021. En la actualidad, ha sido suscrito por
86 entidades representativas de la ciencia, la innovación, la
universidad, la empresa y de los sindicatos. Un acuerdo de la sociedad
civil acerca del papel que debe ocupar la ciencia y la innovación, que
compromete una financiación estable en línea con la propuesta que realizó
el Consejo de la Unión Europea, el 26 de noviembre de 2021, de promover
un Pacto por la Investigación y la Innovación que contempla, entre otros
objetivos, que los países miembros alcancen el 3 % del PIB en I+D en
2030, con un 1,25 % proveniente de financiación pública.
Bajo esta vocación, es necesario el apoyo y refuerzo del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se subraya la necesidad de
abordar una actualización de nuestro marco normativo vigente.
Hace ya once años que las Cortes Generales aprobaron y ratificaron la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que
manifestaba la voluntad pública de fomentar una investigación científica
y técnica y una promoción de la innovación que permitiría asentar el
desarrollo económico sostenible y consolidar el bienestar social de
nuestro país. Un marco legislativo donde se dispone el mandato reconocido
en el artículo 44 de la Constitución de 1978, donde alude a los poderes
públicos a la promoción de la ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general. Adaptar los instrumentos que
tiene la ciencia, la tecnología y la innovación al nuevo contexto y crear
otros, nos lleva a iniciar, de nuevo, un diálogo político y social para
ajustar nuestra legislación a la realidad actual.
En definitiva, solo las sociedades que canalizan sus recursos hacia el
fortalecimiento del conocimiento y la innovación pueden mantener altas
cotas de bienestar social y de crecimiento económico.
En su virtud, a iniciativa de la Subcomisión relativa al desarrollo del
Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la
modificación de la Ley de la Ciencia, en el seno de la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, acuerda, tras estas páginas, las
recomendaciones y compromisos concretos que permitirán a nuestro país
avanzar hacia un modelo consensuado y estable de investigación,
desarrollo e innovación.
6.2 Conclusiones y recomendaciones de consenso extraídas de la Subcomisión
como mandatos para un pacto por la ciencia y la innovación.
De la vocación de consenso social y político de esta Subcomisión y la
actividad desarrollada en su seno, se aprueban las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
1. Alcanzar un acuerdo político y social que abogue por un Pacto por la
Ciencia e Innovación que tenga de base el texto ya suscrito por las
entidades más representativas de la ciencia, la innovación, la
universidad, la empresa y de los sindicatos en el que se manifiesta que:
a. El conocimiento, la ciencia y la innovación son esenciales para
mantener y mejorar el bienestar social y el crecimiento económico. La
competitividad y la productividad del tejido económico depende, casi en
exclusiva, de la cantidad de conocimiento avanzado incorporado por la
actividad productiva y, por ende, de su continua renovación. La
investigación en las ciencias naturales, sociales, tecnológicas y humanas
es fuente de valores y enriquecimiento cultural.
b. Este pacto nace en una especial situación de crisis social y económica,
frente a la que la Unión Europea plantea un Programa de Reconstrucción y
España apuesta con firmeza por la ciencia y la innovación como valor
estratégico y pilar del bienestar y del crecimiento. Es el momento de
hacer explícito el consenso existente en la sociedad civil española sobre
el papel central de la ciencia y la innovación.
c. Proponemos un pacto sucinto que contempla, únicamente, los aspectos
básicos y evaluables que ha de asumir la acción política en cuanto a
recursos, organización del sistema y personas. El propósito principal es
incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria tanto en
ciencia (centros de investigación, universidades y otros actores del
sistema) como en innovación, para alcanzar la media de inversión de la UE
en I+D+I. Este es un objetivo de mínimos ampliamente consensuado entre
todos los actores económicos, sociales y políticos, convergiendo también
en la distribución de la inversión de I+D+I
entre el sector público y el privado. La Comisión Europea ha marcado
recientemente como meta para 2030 que los Estados Miembros inviertan en
total, entre público y privado, el 3 % del PIB en I+D, y que la inversión
pública represente el 1,25 % del PIB. En 2020, último dato consolidado,
ésta fue en España del 0,59 % del PIB. Además del incremento de recursos,
debemos asegurar el relevo generacional y la atracción y retención de
talento, así como garantizar el principio de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
2. Acordar un Pacto por la Ciencia y la Innovación que comprometa a
nuestro país al desarrollo de iniciativas dirigidas a:
a. Recursos: Una financiación acorde con las prioridades del país. Que la
financiación pública en I+D, excluyendo partidas financieras, aumente
regularmente de forma que alcance el 1,25 % del PIB en 2030, lo que
supondrá llegar al 0,75 % antes de 2024. Que se refuercen, en la misma
proporción, las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de
innovación empresarial, con especial atención a las PYMES. En caso de
reducción del gasto público, que la financiación en I+D+I no se reduzca
en valor absoluto.
b. Sistema: Autonomía y coordinación de las entidades financiadoras de
I+D+I. Que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de
Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que
su dirección estratégica y funcionamiento estén basadas en la excelencia
científica e innovadora. Que la distribución competencial, sea cual sea
ésta, garantice la dirección estratégica común y la óptima coordinación
entre estos organismos y con los propios de las Comunidades Autónomas.
c. Personas: Incorporación, recuperación y consolidación del talento
científico e innovador: Que se consolide una carrera pública estable y
predecible para el personal investigador y técnico equivalente a las de
los países más avanzados. Que los investigadores cuenten desde el inicio
con los medios materiales y administrativos necesarios y que se tomen las
medidas necesarias para revalorizar y prestigiar la carrera tecnológica
de forma análoga a la investigadora. Que se doblen los recursos públicos
actuales para la incorporación y formación de personal de I+D+I en las
empresas.
6.3 Conclusiones y recomendaciones de consenso extraídas de la Subcomisión
como mandatos para la reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
A tenor de los antecedentes, las comparecencias celebradas en sede
parlamentaria y las recomendaciones y conclusiones expuestas
anteriormente para un Pacto por la Ciencia y la Innovación, el Congreso
de los Diputados, insta a una modificación de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que introduzca los
siguientes compromisos:
1. Garantizar en la modificación de la ley una financiación de la I+D+i
pública, estable y creciente que alcance una financiación pública en I+D
del 1,25 % del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permita
llegar al 3 % que establece la Comisión Europea.
2. Reducir la precariedad mediante la creación de una nueva modalidad de
contrato indefinido vinculado al desarrollo de actividades
científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el
marco de líneas de investigación definidas y no sujeto a los límites de
la oferta de empleo pública ni a las tasas de reposición.
3. Establecer un nuevo itinerario científico postdoctoral mediante un
nuevo contrato de hasta seis años para los investigadores postdoctorales
en universidades públicas y organismos, fundaciones y consorcios del
sector público, con una evaluación intermedia que permita obtener el
nuevo certificado R3 que facilitará la consolidación de plazas
permanentes por la exención de parte de las pruebas de acceso y la
reserva de un mínimo del 25 % en las plazas en los organismos públicos de
investigación y del 15 % en universidades.
4. Contemplar la indemnización de los contratos posdoctorales y
predoctorales vigentes para dotar de mayores derechos laborales a los
investigadores e investigadoras.
5. Dotar de mayores derechos al personal técnico mediante:
a. Reconocimiento del personal técnico en la misma categoría que los
investigadores e investigadoras. Se debe reconocer de igual forma al
personal de gestión y al personal laboral investigador como personal de
investigación.
b. Facilitar la movilidad del personal técnico: adscripción a otros
agentes públicos o privados de I+D+i para la realización de proyectos;
colaboración a tiempo parcial en empresas de base tecnológica creadas por
su entidad; excedencias voluntarias en agentes públicos y privados; y
estancias formativas temporales.
c. Permitir la promoción interna entre escalas técnicas y científicas de
los organismos públicos de investigación.
d. Instar al Gobierno a desarrollar una normativa que regule la figura del
personal técnico y su carrera profesional, en el marco de la futura Ley
de la Función Pública de la Administración del Estado.
e. Promover, diseñar y desarrollar la carrera profesional del personal de
gestión relacionado con las actividades científicas y facilitar la
contratación y asignación de este tipo de personal de investigación y
PYMES que lo necesiten para enfrentarse a los trámites burocráticos y
administrativos necesarios para optar a financiación de la I+D para
proyectos.
6. Redefinir el contrato de investigador distinguido e investigadora
distinguida para atraer científicos y científicas de prestigio pasándose
a llamar 'de investigador/a distinguido/a', como aquel destinado a la
dirección de equipos humanos como investigador principal y de centros de
investigación.
7. Mejorar las condiciones del personal investigador del Sistema Nacional
de Salud reconociendo al personal investigador sanitario como personal
investigador del Sistema de Ciencia a través de:
a. Modificación de la Ley de Investigación Biomédica de 2007 para mandatar
a las Administraciones Públicas que incorporen de forma estable
investigadores e investigadoras al Sistema Nacional de Salud (SNS) con
categorías específicas.
b. Reconocimiento del tiempo trabajado con contratos de investigación
vinculados a la labor asistencial, en los procesos selectivos para el
acceso a plazas estatutarias en el SNS.
c. Mandato a las Administraciones Públicas para que el personal laboral e
investigador del SNS pueda tener una carrera profesional en función de
sus méritos.
d. Dar movilidad al personal del SNS para realizar labores de
investigación.
8. Promover la atracción de talento y la movilidad del personal de
investigación reconociendo que los quinquenios del personal investigador
de los organismos públicos de investigación evalúen y avalen todos los
méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y
en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero.
9. Establecer mecanismos para favorecer la movilidad del personal
investigador y asegurar que los procesos de selección de personal
investigador eviten la endogamia incluyendo tribunales con personal de
fuera del centro o universidad.
10. Reducir y simplificar la carga administrativa mediante las siguientes
medidas:
a. Facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de
justificación en forma de cuenta simplificada por parte de los
beneficiarios, favoreciendo un enfoque de control ex post.
b. Permitir la concesión directa de ayudas a proyectos ya evaluados por
otros agentes públicos españoles y reducir al máximo los trámites y
documentos solicitados.
11. Reforzar la transferencia de conocimiento mediante:
a. Reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado
directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a
las empresas y a la sociedad.
b. Regulación de la compra pública de innovación: compra pública
precomercial y la compra pública de tecnología innovadora.
c. Posibilitar a las Administraciones Públicas que fomenten acciones de
inversión y coinversión en transferencia de conocimiento y que favorezcan
la creación de estructuras eficientes para dicha transferencia.
d. Facilitar la participación del personal en la distribución de
beneficios obtenidos por la explotación de la invención.
e. Protección de la posición pública cuando se transfieren derechos sobre
los resultados de investigación. La colaboración público-privada se
realizará teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de las
instituciones públicas implicadas. Dicha colaboración tendrá en cuenta la
valoración de todos los
elementos humanos y financieros implicados y estará sometida a la
delimitación de los posibles conflictos de intereses.
f. Posibilitar el establecimiento de bancos de pruebas regulatorias -
sandbox regulatorio - de resultados de I+D+i.
g. Aprovechar los centros de generación de conocimiento existentes y los
de nueva creación como herramientas de cohesión territorial y de
reducción de desigualdades socioeconómicas en zonas despobladas o con
riesgo de despoblación, con objeto de fomentar la cultura científica
entre la sociedad española.
h. Potenciar la transferencia de la ciencia, la tecnología y la innovación
a la propia sociedad, como destinataria última del conocimiento y como
conjunto de contribuyentes que deberían tomar las oportunas decisiones
con la suficiente formación, a través de los museos y centros de ciencia
y técnica distribuidos por todo el territorio español.
12. Mejorar la gobernanza y apostar por la co-gobernanza a través de:
a. Definición del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS): este Mapa deberá ser aprobado por el Consejo de
Política Científica, Tecnológica y de la Innovación con las Comunidades
Autónomas.
b. Creación de una nueva forma de coordinación general de la investigación
científica y técnica para promover una programación conjunta de la
investigación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
13. Impulsar las siguientes medidas de transversalidad de género y para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres:
a. Dar seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b. Asegurar la perspectiva de género como eje transversal de los
instrumentos de planificados de los agentes públicos de ciencia,
tecnología e innovación.
c. Disponer y evaluar anualmente un Plan de Igualdad de Género en Ciencia,
Tecnología e Innovación.
d. Crear un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros de
investigación, universidades y centros de innovación que acrediten
alcanzar medidas para eliminar los sesgos de género.
e. Establecer mecanismos para eliminar los sesgos de género en los
procesos de selección y evaluación.
f. Reforzar la perspectiva de género en la investigación y en la
transferencia de conocimiento, promoviendo estudios de género; obligando
a adoptar medidas por parte de los organismos públicos de investigación y
universidades para integrar la dimensión de género en el contenido de los
proyectos.
g. Promover y reforzar mecanismos para la atención a la salud mental y a
los colectivos vulnerables en el ámbito de la ciencia.
14. Crear la Agencia Espacial Española para dirigir el esfuerzo en materia
espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos
nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la
colaboración y coordinación internacional. Desarrollar el Real Decreto
relativo a la desconcentración de las sedes de las entidades del sector
público institucional estatal de nueva creación, como podría ser la sede
de la Agencia Espacial Española, medida que está incluida en la
Estrategia para el Reto Demográfico, con la finalidad de fortalecer la
cohesión territorial de España y mitigar la despoblación. Garantizar un
marco normativo en materia de legislación espacial para fomentar el
desarrollo de la industria aeroespacial y de los nuevos usos seguros y
sostenibles del espacio ultraterrestre.
15. Aprobar un Plan de Atracción y Retención del Talento Investigador y de
Retorno para ofrecer unas condiciones adecuadas para la vuelta de los
científicos españoles que tuvieran que continuar sus carreras en el
exterior, de forma que puedan volver a nuestro país a contribuir al
avance científico, y para la llegada de nuevos investigadores de otros
países para enriquecer nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación.