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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 435, de 07/04/2022
cve: BOCG-14-D-435
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de abril de 2022
Núm. 435
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/004005 Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre modificación de los requisitos para el registro del cambio de orden de los apellidos ... (Página8)
Comisión de Defensa
161/003981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a asegurar los porcentajes máximos de plazas reservadas para los militares profesionales procedentes de la Escala de Tropa y Marinería, contemplados en la
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería ... (Página10)
161/003995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Potenciación de los Programas de modernización de las Fuerzas Armadas ... (Página15)
161/003996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la excelencia formativa en el ámbito de la enseñanza militar ... (Página16)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Illes Balears con respecto a los demás territorios extrapeninsulares ...
Comisión de Interior
161/004007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a retomar las obras para destinar el Castillo de Maqueda o de la Vela a Archivo Histórico y Museo de la Guardia Civil ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la escalada de precios en el sector de los hidrocarburos y las medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para mitigar su efecto en la sociedad y la
economía de Galicia y el conjunto del Estado ... (Página25)
161/003993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la implantación de servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia y cercanías
en Galicia ... (Página26)
161/004006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la terminación del apeadero intermodal 'Guadaíra' que permita el trasbordo entre la línea C-4 de Cercanías de Sevilla y la línea 1 de Metro de dicha
ciudad ... (Página27)
161/004013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar las actuaciones necesarias en materia de planificación territorial, recuperación de las infraestructuras de transporte y reconstrucción de
viviendas, para reparar los daños ocasionados por las erupciones del volcán Cumbre Vieja ... (Página34)
161/004020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la implantación del tren de Cercanías en Ferrol ... (Página34)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al refuerzo de las becas y ayudas destinadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
... (Página36)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la situación de los campos de refugiados en Polonia y el riesgo de que operen sobre los mismos las mafias del tráfico de personas ...
161/003992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal del Servicio de Guardacostas de Galicia ...
161/003999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el reconocimiento de la jubilación anticipada al personal sanitario ... (Página42)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a modificar el nombre del 'Parador de Turisme Vic-Sau' por el de 'Parador de les Masies de Roda-Vic-Sau' o alternativamente por el
de 'Parador de Turisme Vic-Sau-Masies de Roda' ... (Página43)
161/004009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación urgente de un esquema de medidas ante los efectos de la crisis económica actual y la guerra en Ucrania dirigidas al
sector de la hostelería española ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la digitalización del sector agroalimentario ... (Página47)
161/003985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre apoyo a la flota arrastrera y de fondo de Galicia ... (Página49)
161/003991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el abastecimiento, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria tras la invasión
de Ucrania ... (Página50)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre regularización de la piscina de Los Silos en Tenerife ... (Página57)
161/003975 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el Parque Eólico Caíño ... (Página58)
161/003976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el refuerzo de los servicios públicos de proximidad como parte de la lucha contra la despoblación ... (Página62)
161/003984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el Parque Eólico Brancellao ... (Página63)
161/004017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el Parque Eólico Moeche ... (Página67)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la adhesión de museos provinciales al programa 'Museos en Red Viaja y descubre' ... (Página71)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas en favor de los pacientes con cáncer renal y para facilitar el acceso sin demoras a las combinaciones
farmacológicas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos ... (Página72)
161/003979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de un Centro Nacional de Inmunología ... (Página74)
161/003980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el origen y la trazabilidad de los medicamentos de uso humano de fabricación industrial ... (Página76)
161/003982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al abordaje integral de la diabetes mellitus ... (Página80)
161/004010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al abordaje multidisciplinar, integral y trasversal de las cefaleas y las migrañas en todo el Sistema Nacional de Salud ...
161/004011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para bajar el precio de los productos básicos de la cesta de la compra, combustibles, la luz y servicios básicos ...
161/004015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre abusos en las llamadas comerciales ... (Página86)
161/004016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prestación del consentimiento por los usuarios de Internet a la instalación de cookies ... (Página87)
161/004021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la vacunación frente a la meningitis dentro del Sistema Nacional de Salud ... (Página89)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Plan de acogida de universitarios refugiados procedentes de Ucrania ... (Página91)
161/003974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la pobreza energética de las universidades ... (Página92)
161/004019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a adaptar el régimen laboral de carácter especial de las personas dedicadas a la investigación ... (Página94)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la concienciación sobre el uso de las vacunas ... (Página95)
161/003990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a no fomentar la competencia con los sectores agrícola, ganadero y pesquero español a través de la Cooperación Española ...
161/003994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a compensar los daños provocados por el uso de armas químicas en la guerra del Rif ... (Página101)
161/003998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la carta remitida por el Presidente del Gobierno español al Rey Mohamed VI, apoyando las pretensiones marroquíes respecto del Sáhara
occidental ... (Página103)
161/004002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover las obras de Ingeniería Civil en la Cooperación Internacional al Desarrollo ... (Página104)
161/004012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de los derechos sexuales y reproductivos en contexto de acción humanitaria de la Cooperación Española ...
161/004022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a desarrollar una estrategia específica de colaboración con Panamá con la finalidad de ejercer acción dimanante de la fiscalía
panameña de captura de Omar Antonio Guevara Barrios ... (Página107)
Comisión de Igualdad
161/003978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la condena de la despenalización del aborto hasta la vigesimocuarta semana de gestación en la República de Colombia ...
161/004000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que impidan que las mafias trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos que huyen de la guerra de su país ...
161/004008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a suprimir la obligatoriedad de las cuotas de género en el plano laboral y los planes de igualdad en las empresas ...
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que impidan que las mafias trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos que huyen de la guerra de su país ...
161/004003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a favor de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, con especial atención a los niños y niñas ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001713 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre motivos por los que el Gobierno no reduce los impuestos necesarios para contener los precios de los carburantes y la electricidad ...
181/001714 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre valoración del incremento de recaudación en las diferentes figuras como consecuencia de la inflación en 2022 ... (Página121)
Comisión de Presupuestos
181/001715 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre incidencia de la inflación en la previsión de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 ...
Comisión de Interior
181/001716 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
motivo por el que el Ministerio del Interior ha optado por la concesión de asilo a más de 800 de los inmigrantes ilegales que asaltaron nuestra valla fronteriza de Ceuta y Melilla en vez de expulsarles inmediatamente ...
181/001717 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
medidas para evitar el 'efecto llamada' a la inmigración ilegal hacia nuestro país después de haber concedido asilo a más de 800 inmigrantes ilegales en una sola semana ... (Página122)
181/001718 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
política en materia de concesión de 'asilos express' a inmigrantes ilegales que acceden a nuestro país saltando la valla fronteriza y agrediendo a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página122)
181/001723 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
información sobre la investigación llevada a cabo por la UDEF del denominado Caso Santana Motor por obtención de un 'lucro injusto' por parte de Juan Carlos Martínez ... (Página123)
181/001724 Pregunta formulada por los Diputados doña Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
solicitud de algún tipo de colaboración en la investigación que dirige la UDEF en el denominado 'caso Santana' sobre la obtención de un 'lucro injusto' por parte de Juan Carlos Martínez ... (Página123)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001711 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre motivos por los que se ha eliminado del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 el único programa del Plan de Vivienda anterior 2018-2021 que
propiciaba la creación de un parque de vivienda asequible en alquiler en colaboración público-privada ... (Página124)
181/001712 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre fórmula para que los suelos privados puedan participar en la construcción de vivienda social y asequible en el marco del Plan Estatal de Vivienda
2022-2025 y del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ...
181/001719 Pregunta formulada por los Diputados doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre motivo por los que la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no se ha reunido con la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera ... (Página124)
181/001720 Pregunta formulada por los Diputados doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para poner fin al paro nacional indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera desde el 14/03/2022 y evitar el
desabastecimiento ... (Página124)
181/001721 Pregunta formulada por los Diputados doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre medidas que se han adoptado para
conseguir poner fin al paro nacional de transportistas que tiene lugar desde el 14/03/2022 ... (Página125)
181/001722 Pregunta formulada por los Diputados doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre situación de desabastecimiento de productos que se ha producido a consecuencia del paro de transportistas desde el 14/03/2022 ... (Página125)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001709 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre actuaciones y soluciones propuestas por el Ministerio de Consumo para frenar y contrarrestar la escalada de la subida de precios al consumo en el último
año, así como para garantizar el abastecimiento de los productos básicos a los consumidores ... (Página126)
181/001710 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre influencia que han tenido en el Reino Unido las críticas a la carne española en la reducción de las exportaciones de carne un 25% en el mes de enero ...
(Página126)
Comisión de Igualdad
181/001725 Pregunta formulada por los Diputados doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), Toscano de Balbín, Carla (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX) y Steegmann Olmedillas, Juan Luis (GVOX), sobre
número de empleadas públicas del Ministerio de Igualdad que realizaron labores en su domicilio desde que fue nombrada Ministra, el 12/01/2020 ... (Página126)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página127)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000007 Subcomisión, en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia.
Informe de la Subcomisión ... (Página127)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/004005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la diputada de Junt Pilar Calvo i Gómez, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Justicia, una
Proposición no de Ley para la modificación de los requisitos para el registro del cambio de orden de los apellidos.
Exposición de motivos
En fecha 30 de abril de 2021 entró en vigor de manera completa y tras varios periodos de vacatio legis la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que tiene por objeto la ordenación jurídica del Registro Civil en cuanto a su
'organización, dirección y funcionamiento, el acceso de los hechos y actos que se hacen constar en el mismo y la publicidad y los efectos que se otorgan a su contenido'.
Dicha Ley contiene el procedimiento de inscripción del nacimiento y la atribución de apellidos del recién nacido, promoviendo la igualdad de género en los casos en que la filiación esté determinada por ambos progenitores y eliminando, así,
la prevalencia histórica del apellido paterno frente al materno.
Así pues, la Ley 20/2011, que fue promulgada como un notorio avance en la igualdad de género, dejó atrás las reglas clásicas de atribución de apellidos, históricamente sometidas a un régimen patriarcal y desigualitario. Ahora bien, es
insuficiente a la hora de promover una igualdad real entre géneros para con las decisiones de inscripciones y atribuciones de apellidos de los descendientes dado que, en ningún momento, tiene en cuenta la situación de convalecencia en que se
encuentra la madre después del parto.
El artículo 49 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, es el que establece la forma de atribución de los apellidos de los recién nacidos. La problemática de este artículo no es la potestad de los progenitores a la hora de decidir el orden de los
apellidos que se atribuye a su descendiente, sino los plazos determinados para tomar esta decisión. Según el artículo 49.2, segundo párrafo, se establece un plazo de tres días para comunicar el orden de los apellidos que se le atribuyen al recién
nacido. Superado este plazo, es el encargado del Registro Civil quien decide el orden de los apellidos que se atribuyen al menor, para atender al mayor interés de este.
Esta premura en la decisión no respeta una correcta y debida igualdad entre géneros, puesto que ambos progenitores no se encuentran en la misma situación y capacidades en ese plazo de tres días que establece la ley. El período de
recuperación de la mujer después de un parto, hasta adquirir sus plenas facultades -no olvidemos que a menudo se enfrenta a una situación de depresión- puede llegar a durar hasta un año.
La insuficiencia del plazo de 3 días para decidir el orden de los apellidos del recién nacido es más evidente, si cabe, en los casos en los que el parto ha sido por cesárea y la madre debe recuperarse del posoperatorio.
Cierto es que el registro del recién nacido pueden realizarlo los hospitales públicos directamente o, en el caso de los hospitales o clínicas privadas, a través de gestorías que hacen la inscripción mediante poder notarial. Pero, aun así,
se requiere de la intervención de la madre en un momento de especial vulnerabilidad. Cabe tener en cuenta que solo si existe vínculo matrimonial entre los progenitores el progenitor no gestante estaría autorizado a hacer la inscripción al registro.
Entendiendo que la pretensión legal del artículo 49 sea agilizar al máximo el procedimiento de registro en aras de la protección del menor recién nacido, proponemos una modificación legal que cuida no solo de proteger el interés superior del
menor de edad, sino también de promover la igualdad de género de forma coherente, justa y real.
La solución que se propone es establecer un plazo de seis meses para poder acordar el orden de atribución de los apellidos del descendiente. De esta forma, la mujer puede recuperarse correctamente de su convalecencia posparto y decidir, de
mutuo acuerdo con el otro progenitor en su caso, el orden de atribución de los apellidos. Para que quede registrado el recién nacido lo antes posible, se propone que los progenitores propongan un orden de atribución provisional, el cual deberá
confirmarse antes de que se supere el plazo máximo legal de seis meses.
Por otro lado, existen casos en los que los progenitores han intentado modificar el orden de los apellidos del menor sin éxito, debido a que la modificación solo se puede realizar si lo solicita el afectado (el propio menor), según el
artículo 53 de la Ley 20/2011, de 21 de julio.
Hasta no adquirir cierta madurez, el menor es totalmente incapaz de proponer una modificación del orden de los apellidos, y es entonces cuando los progenitores tienen la posibilidad de solicitar el cambio de orden si se demuestra el uso
habitual del orden alterado, artículo 54 de la Ley 20/2011, de 21 de julio.
Para que el encargado del registro autorice la modificación del orden es necesario que se cumpla alguno de los requisitos del artículo 54.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio. El requisito más estricto de los que se solicitan es el del
apartado a), que establece 'que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el interesado'.
Este supuesto de modificación del orden de los apellidos comporta una incongruencia en la situación y la convierte en un callejón sin salida. No se puede utilizar habitualmente un orden determinado distinto al que está registrado cuando,
justamente, todas las instituciones públicas y privadas en las que se registre el menor solicitan la documentación legal que recoge el nombre y apellidos de este, siguiendo lo que indica el registro. Por tanto, a menos que los progenitores del
menor den un orden de los apellidos incorrecto, respecto de lo establecido en el registro en el momento de la filiación, y se empiece a utilizar el orden no registrado de forma continuada, será imposible demostrar un uso continuado y alterado de
forma habitual en el orden de los apellidos del menor.
Es decir, que la ley estaría impeliendo al ciudadano a la comisión de una actuación incorrecta para conseguir su propósito: deshacer el orden de los apellidos que se impuso en el momento del nacimiento del menor. El progenitor o
progenitores debe proceder de forma irregular ante las instituciones donde sea necesario registrar los datos del menor para generar antecedentes y pruebas sobre el uso habitual de un orden distinto al que consta en el registro del menor.
Así pues, es necesario buscar una fórmula correcta, legal y coherente, para poder modificar el orden de los apellidos del menor de edad antes de su mayoría de edad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el artículo 49 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que quedará redactado como sigue:
'2. La filiación determina los apellidos.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.
En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal
del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos, el cual será provisional durante un periodo de seis meses. Antes de la finalización de dicho período, será necesario que los progenitores confirmen el
orden de los apellidos del menor. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos que se pretendía provisional.'
2. Modificar el artículo 54 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro civil, quedará redactado como sigue:
'6. No será necesario que se cumplan los requisitos a), b) y c) en los casos que ambos progenitores del menor declaren, de mutuo acuerdo, la voluntad de modificar el orden de los apellidos del menor. Siempre y cuando dicho menor no tenga
la capacidad de comprensión, ni una edad de madurez suficiente, y que la filiación de dicho menor se produjera con anterioridad a la aplicación de la modificación del apartado segundo del artículo 49.
En estos casos, por razones de igualdad entre progenitores y para el beneficio de las modificaciones legales establecidas, podrá autorizarse el cambio del orden de los apellidos del menor.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-Pilar Calvo Gómez, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Defensa
161/003981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal y don Luis Gestoso de Miguel, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a asegurar los porcentajes máximos de plazas
reservadas para los militares profesionales procedentes de la Escala de Tropa y Marinería, contemplados en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
El cambio de contexto estratégico provocado por el fin de la Guerra Fría trajo consigo una revisión de su modelo de personal militar en España. Esto supuso el fin del servicio militar obligatorio, así como el inicio de un proceso de
profesionalización de los efectivos de tropa y marinería, con vistas a conseguir unas Fuerzas Armadas más reducidas en tamaño, pero más técnicas y operativas.
Este proceso vino precedido por el Dictamen de una Comisión Mixta Congreso-Senado que, con la participación de expertos, dio como fruto la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Dicha disposición legal establecía una marcada diferencia de régimen entre militares de carrera y militares de empleo. Esta diferencia encontraba su justificación en la necesidad de mantener la juventud del contingente de tropa y marinería
destinado a servir en las unidades. Los oficiales -con excepción de los de complemento- y la totalidad de los suboficiales eran militares de carrera con una relación de servicios permanente, mientras que los de tropa estaban sujetos a la renovación
de su compromiso, con el límite de 35 años de edad o 12 años de servicio. La temporalidad era, por tanto, un rasgo esencial del modelo por el que se había optado, pero bajo una perspectiva profesional suponía precariedad.
Ya en el año 2002, el proceso de reclutamiento no había logrado aportar los efectivos previstos por el Ministerio de Defensa. Una investigación rigurosa de su funcionamiento identificó, como causas principales, su dificultosa sostenibilidad
demográfica y su marcado carácter temporal, unido al fracaso de las medidas de inserción laboral de los veteranos.
Ante esta evidencia, el empeño del legislador de limitar la permanencia disponiendo el licenciamiento forzoso del personal una vez cumplidos 35 años de edad o 12 años de servicio no solo desalentaba las legítimas expectativas de potenciales
aspirantes, sino que obligaba a prescindir de profesionales muy valiosos cuando el reclutamiento era insuficiente.
Segundo. La Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería, y su aplicación.
Así las cosas, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería (en adelante, 'Ley 8/2006'), vino a regular una relación de servicios de larga duración para la tropa y marinería que, aunque temporal, se prolongaba hasta los 45 años de
edad.
A lo largo de la misma, debía ofrecerse a los veteranos un amplio abanico de alternativas profesionales, desde alcanzar una relación de servicios permanente como oficial, suboficial o, incluso, en la propia categoría de tropa o marinería,
hasta mejorar su empleabilidad mediante formación reglada, pasando por la reserva de plazas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el acceso al empleo público de carácter civil. Solo en última instancia, al cumplir la edad límite, el
soldado o marinero tendría que causar baja forzosa, si bien se le ofrecía la posibilidad de continuar vinculado a las Fuerzas Armadas. Esta vinculación sería como reservista de especial disponibilidad ('RED'), con derecho a percibir una ayuda
económica compatible con una retribución privada.
Las medidas en que se plasmaban tales posibilidades se contemplaron en la Ley 8/2006, a saber:
- Artículo 16. Facilidades para adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos para un mayor desarrollo personal y profesional y, a tal fin, para la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el
título de técnico correspondiente a la formación profesional de grado medio.
- Artículo 20. Acceso a las Administraciones Públicas y acuerdos de colaboración a tal efecto con las Comunidades Autónomas y Administración Local. Este artículo contempla que se computen como mérito el tiempo de servicios prestados en las
Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería para el acceso a puestos de empleado público, así como la reserva de plazas para militares provenientes de la Escala de Tropa y Marinería y Reservistas de Especial Disponibilidad a los
Cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera.
- Artículo 21. Medidas de apoyo a la incorporación laboral al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas, con acciones de formación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al empleo y con el
desarrollarlo de programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas.
El objetivo de tales medidas era evidente: contener el envejecimiento del contingente que drenaba continuamente las Escalas, de manera que solo una minoría alcanzaba en las mismas la edad de 45 años. No obstante, transcurridos más de
quince años, estas previsiones no se han plasmado en la realidad, no solo por ser ajenas a las características laborales de la sociedad española, sino por apenas habérseles dado el debido cumplimiento por la Administración Pública.
La consecuencia, en los años sucesivos, será la acumulación del personal que, a una edad crítica, con cargas familiares, con una titulación no siempre homologada y con una formación que no satisface los estándares de trabajo en el mundo
privado, deberá competir por un puesto de trabajo en un mercado laboral que presenta elevados índices de paro.
Según datos del Gobierno 1, el alcance del problema es creciente, pues, si bien en 2018 un total de 624 militares de tropa con compromiso de larga duración estaban entre 44 y 45 años, las estimaciones aumentan la cifra paulatinamente,
pudiendo llegar a unos 26.000 afectados por la situación en 2029 y a un total de más de 50.000 en 2036 2.
1 Estos datos corresponden a una respuesta parlamentaria del Ejecutivo. Según esta, desde 2019 a 2036 habrá un total de 50.048 militares que verán rescindido su compromiso laboral con las Fuerzas Armadas.
2 En el año 2020 el número de Reservistas de Especial Disponibilidad ascendió a 3.173. 'Estadística de Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista Voluntario. Año 2020', Secretaría General Técnica-Ministerio de Defensa, Año
2020. Disponible [en línea]: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/lmks/e/s/estadistica_personal_militar complemento_carrera_tropa_reservista 2018.pdf
Es decir, que la reforma operada en 2006 solo supuso aplazar diez años los efectos de un régimen de personal mal estructurado y fundamentado. Así, transcurrido este 'tiempo de gracia', nos encontramos de nuevo en el punto de partida.
Debe hacerse notar que las vías que se ofrecen a los Militares de Tropa y Marinería ('MTM') para consolidar su relación de servicios (acceso a otras Escalas, plazas reservadas en Administraciones Públicas o a una relación de servicios
permanente) exceden en muchos casos a su titulación, lo que supone una severa limitación a esas 'salidas', máxime cuando no se les está facilitando la obtención del Título de Técnico, como dispone el referido artículo 16 de la Ley 8/2006. Ello
revierte en que, en la mayoría de los casos, solo podrían optar a las medidas de incorporación laboral previstas en el artículo 21 ibidem.
En este sentido, y a pesar de las infinitas declaraciones del Ejecutivo sobre las bonanzas de estas políticas, lo cierto es que estas parecen ser un auténtico fracaso. Buena muestra de ello, como se expondrá a continuación, es el Sistema de
Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar ('SAPROMIL').
Preocupado por la ineficacia de las actuaciones del Ministerio de Defensa en este aspecto, el Grupo Parlamentario VOX presentó una serie de iniciativas parlamentarias al objeto de conocer los resultados de estas 'acciones deformación
ocupacional' llevadas a cabo por el Gobierno. Entre dichas iniciativas destaca una pregunta con respuesta escrita, presentada el 7 de junio de 2021, con número de registro 131824, y una solicitud de informe de la misma fecha, con número de registro
131794.
Esta última -dicho sea de paso- tenía como fecha límite para su contestación el 21 de septiembre 2021, pese a lo cual el Ejecutivo respondió el 2 de diciembre con número de registro de entrada 174866. Así, el Gobierno vulnera de manera
flagrante el Reglamento del Congreso de los Diputados ('Reglamento') que, en su artículo 7, apartado segundo, establece para ello un plazo no superior a treinta días. La falta de cumplimiento del Reglamento supone una lesión de las funciones
constitucionales de las Cortes Generales. En particular, la del control de la acción del Gobierno, sustanciada en el artículo 66, apartado segundo, de la Constitución española.
Al margen de lo indicado en el inciso precedente, el Ejecutivo respondió en los siguientes términos:
'En el marco de la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional del Ministerio de Defensa, se está realizando un esfuerzo importante para guiar al personal militar, preferentemente de tropa y marinería, y a los Reservistas de Especial
Disponibilidad (RED) hacia la consecución de sus objetivos profesionales individuales, que pueden ser de promoción en las Fuerzas Armadas o de tránsito al ámbito laboral civil, con actuaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas y las
entidades privadas.
En ese sentido, se indica que la plataforma informática Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL), a 2 de noviembre de 2021, cuenta con 16.490 inscritos, 1.588 de ellos RED, y facilita el acceso
a todas las ofertas formativas y de empleo.
En cuanto a la cuantificación de resultados en el ámbito laboral, y al objeto de reflejar en cifras algunos de los resultados tangibles, a continuación se señalan los correspondientes a los últimos tres años.
Además, en línea con la medida 27 del Dictamen de Comisión de Defensa, de septiembre de 2018, se encuentra muy avanzado el proyecto del nuevo sistema de información SAPROMIL 4.0, al que se van a incorporar técnicas de inteligencia artificial
y que será la herramienta tecnológica que sustente la ejecución de la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional y la puesta en marcha del Plan de Acción Individual de Desarrollo Profesional (PAIDP) del personal militar y RED. Impulsará el marco
de actuación integral en el ámbito de la orientación laboral del personal militar del Ministerio de Defensa.'
PLAZAS OFERTADAS;;2018;2019;2020;TOTALES;
MINISTERIO DEFENSA;;;;;;5382
PROMOCIÓN;OFICIALES;73;84;69;226;
;SUBOFICIALES;805;823;895;2.523;
;PERMANENTE;400;400;700;1.500;
MINISDEF/AGE;P. LABORAL;370;460;-;830;
;P. FUNCIONARIO;50;120;133;303;
PLAZAS OFERTADAS;;2018;2019;2020;TOTALES;
OTRAS ADMINISTRACIONES;;;;;;4537
FCSE;G. CIVIL;812;884;862;2.558;
;P. NACIONAL;580;501;473;1.554;
;SVA;48;70;-;118;
ENTIDADES LOCALES;P. LOCALES;1;18;123;142;
EMPRESAS PÚBLICAS;RENFE;;60;;60;
;ADIF;;60;;60;
;FNMT;;45;;45;
SAPROMIL;;;;;;331
OFERTAS EMPRESAS PRIVADAS;;81;140;110;331;
TOTALES;;3.220;3.665;3.365;10.439;
El anexo adjunto a la respuesta del Gobierno solo muestra las plazas ofertadas, no las que han sido finalmente cubiertas por los militares pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería. Así, el Gobierno continúa sin responder a la
pregunta central, esta es, los militares pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería que han ocupado finalmente las plazas ofertadas. También el Ejecutivo evade responder sobre cuántos soldados y marineros han obtenido su Título de Grado Medio
de Formación Profesional.
De esta forma, resulta imposible poder realizar la citada función de control al Gobierno, lesionándose con ello la capacidad de la oposición para proponer posibles soluciones a una determinada problemática. En este caso, la formación de los
militares pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería.
Finalmente, cabe destacar la tasa de inscripción en SAPROMIL entre los soldados y marineros. Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el límite máximo de efectivos militares profesionales de tropa y marinería será de
79.000 3. Esto significa que apenas un 20,87% de los militares pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería se encuentra inscrito en la plataforma informática, siendo este otro dato que evidencia la ineficacia de la herramienta.
Tercero. Consideraciones sobre el modelo de la Ley 8/2006.
Deshacerse anualmente de miles de soldados y marineros veteranos que no han 'respondido' a las previsiones legislativas permite rebajar la edad promedio del contingente; otra cosa es que se alcancen los objetivos deseados y que forzarlo sea
justo y conveniente para el servicio público. La opción que en su día ejerció la sociedad española de suspender la prestación del servicio militar obligatorio en favor de un modelo profesional, está tardando demasiado tiempo en concretarse y
aceptarse institucionalmente, con todas sus consecuencias.
Un profesional es una persona que profesa una determinada actividad retribuida que constituye su medio de vida y, consiguientemente, el de su familia. Sin expectativas de futuro, no hay verdadera profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Un examen de los datos numéricos que ofrece el informe arriba citado nos permite inferir, no obstante, que la profesionalización del personal de tropa y marinería ha alcanzado sus máximos cuantitativos. Así, en 2012 se alcanzó un equilibrio
entre militares con compromiso inicial y de larga duración, para llegar en 2018 a unas cifras, más o menos estables, de 14.815 y 50.144, respectivamente, a los que cabe añadir 11.655 militares permanentes con una relación de servicios equiparada a
la de los militares de carrera 4. En cuanto a las edades, la edad promedio del contingente es de 34,10 años.
3 Concretamente en la Disposición adicional décima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Disponible [en línea]: BOE.es-BOE-A-2021-21653 Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
4 Estas cifras se encuentran disponibles en: 'Estadística de Personal Reservista de Especial Disponibilidad... op. cit...' p. 120.
Así, la Orden Ministerial 178/2021, de 26 de marzo, por la que se fijan las plantillas de militares de tropa y marinería para el período 2021-2025, prevé unas cifras que no garantizan que todo aquel militar perteneciente a la Escala de Tropa
y Marinería que desee permanecer en las Fuerzas Armadas pueda hacerlo.
En los ambientes tácticos emergentes, muy dominados por las tecnologías avanzadas y por la necesidad de decidir con escasa supervisión, los recursos humanos son el factor de eficacia más valioso e insustituible. Ante este escenario, los
datos reseñados, lejos de ser desalentadores, nos hablan de juventud junto a experiencia y madurez, una combinación muy adecuada.
En un mundo cada vez más competitivo, este rasgo definitorio de las sociedades actuales se traslada al mundo laboral. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier organización es la retención del talento. Sin embargo, el
Ministerio de Defensa no parece interesado en retener su más valioso recurso: el capital humano. Soldados y marineros adquieren a lo largo de su trayectoria unas competencias profesionales específicas que pueden y deben ser aprovechadas con
arreglo a sus edades y experiencia.
Es cierto que es necesaria la renovación del contingente para evitar el envejecimiento y la retención forzosa de personal no motivado, pero ese es un criterio que puede y debe ser considerado en todas las Escalas, no solo en relación con las
de Tropa y Marinería.
De otra parte, la permeabilidad social y profesional entre la vida civil y las Fuerzas Armadas, aún siendo conveniente y, por tanto, promovida, es un fenómeno nuevo entre nosotros que no se puede forzar, sino en todo caso estimular y
favorecer. Hoy por hoy, pese a sus bajas retribuciones, el militar quiere seguir desarrollando su carrera profesional en la que es su casa, junto a sus compañeros de armas. No es permisible que se le traslade un mensaje de que ya no es válido para
servir a su país, sin apreciar su impacto sobre la moral de la Institución.
Cuarto. Conclusiones.
A la vista de las preocupantes cifras de afectados y de la ausencia de resultados de las medidas que el Ministerio del ramo viene adoptando, el fracaso del régimen previsto en la Ley 8/2006, bajo Gobiernos de uno y otro partido, es un hecho
de graves consecuencias.
El planteamiento teórico de la Ley, la irresponsable apreciación de los resultados, los parches normativos y las medidas palmariamente ineficaces han sido causa del desamparo de miles de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas y de sus
familias.
La lealtad de los veteranos, su experiencia y preparación podrían y deberían ser aprovechadas en las Fuerzas Armadas o, en todo caso, en puestos de trabajo de las distintas Administraciones Públicas, en particular como empleados civiles de
la Administración de Defensa. Profesionales de 45 años cualificados y con gran experiencia pueden desempeñar en bases, acuartelamientos e instalaciones, funciones de apoyo tan importantes como son las de policía, seguridad, aprovisionamiento,
alimentación, mantenimiento o transporte, disminuyendo la vulnerabilidad logística que, en algunos casos, crea la necesidad de externalizar los servicios.
Hora es ya de reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta al común de los empleados públicos. Más, si
cabe, cuando sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos últimos.
No es solo cuestión de que un futuro incierto se oponga al reclutamiento; es que la Nación no puede abandonar a quienes la han servido con lealtad, dañando los propios cimientos de la moral, la cohesión y la disciplina de la institución
militar que le sirve y, por supuesto, al interés nacional en sí mismo.
En virtud de cuanto antecede, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emprender los estudios pertinentes para desarrollar y regular un modelo único de relación de servicio para todos los militares profesionales, incluidos los pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería.
2. Aumentar, entretanto y a fin de evitar bajas forzosas, el número de plazas para el acceso de los militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente, elevando sustancialmente las
consignaciones presupuestarias correspondientes a partir del próximo ejercicio.
3. Aplicar al número de plazas reservadas a los militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería en las Administraciones Públicas, particularmente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, Policías
Autonómicas y Locales y Administración Militar, los máximos legalmente previstos.
4. Preparar, en coordinación con los Departamentos competentes, un Plan para la obtención del Título de Técnico de Grado Medio por los militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería, incluyendo la convalidación en la medida
posible de su formación militar y servicios y la homologación de titulaciones, en su caso.
5. Trasladar a la Comisión de Defensa un informe, con carácter anual, que incluya:
a) El número de militares pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería que han obtenido el Título de Grado Medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
b) El número de militares pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería que, finalmente, han ocupado las plazas reservadas para estos en las convocatorias de empleo público, según lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de
abril, de Tropa y Marinería.
c) El número de militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería que hayan obtenido empleo por mediación de SAPROMIL.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la potenciación de los programas de modernización de las FAS para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Cualquier ejército necesita de un capaz y preparado potencial humano que maneje y use los diferentes sistemas de armas con los que cuentan sus Fuerzas Armadas. Sistemas de armas que han de ser adquiridos y, según va pasando el tiempo,
mantenidos.
España, como otros países aliados y de la OTAN, ha hecho y hace un gran esfuerzo anual en la adquisición y mantenimiento de sus sistemas de armas; esfuerzo que busca estar a la altura de las necesidades y requerimientos de las misiones
nacionales e internacionales que tienen asignadas nuestras FAS. Recordemos que son estas misiones permanentes de protección y defensa que se realizan de forma constante, todos los días del año, todas las horas del día, donde las unidades y mandos
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas están alerta para hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad nacional, por tierra, mar y aire.
En este sentido, es vital mantener el avivado paso de la transformación y modernización de las capacidades en nuestras Fuerzas Armadas, potenciando al tiempo nuestra industria de defensa como elemento generador de empleo y activador de la
economía nacional. Pero además es fundamental seguir incrementando el desarrollo de capacidades en el seno de la UE, fortalecer la llamada base industrial y tecnológica de la defensa europea, así como la potenciación de la investigación y
tecnologías en este sector. Y es también por ello que es de gran importancia que continúen los trabajos para el futuro sistema de combate aéreo, el FCAS, el vehículo 8x8, que se construye íntegramente en España, el submarino S-80, las fragatas
F-110, el Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS), el programa de modernización de los helicópteros Tigre MKI II o la más reciente aprobación los programas Eurofighter y del proyecto Halcón. Programas que culminarán la
modernización y optimización de la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas.
Sin embargo, no es conveniente bajar la guardia y acomodarse en una percepción de seguridad aparente basada en lo que ya se tiene. Es necesario estar siempre al día, innovando y evolucionando con los acontecimientos y con los análisis de
prospectivos como lo hace la Directiva de Defensa Nacional de junio de 2020, donde se establece que 'El fortalecimiento de la industria de defensa nacional y el desarrollo de una Base Industrial y Tecnológica Europea serán prioritarios, y la mejor
forma de asegurar que el equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantiene en la vanguardia tecnológica'.
Así pues, los programas de modernización son un pilar básico para mantener la operatividad, capacidades y funcionamiento de nuestras FAS como forma de garantizar tanto nuestra seguridad entendida como servicio público, como contribuir al
desarrollo de la base industrial nacional, y como parte determinante para el cumplimiento de nuestros compromisos en la política común de seguridad y defensa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar la transformación y modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas, potenciando e impulsando para ello a la industria de defensa como elemento generador de empleo; así
como seguir incrementando el desarrollo de capacidades en el seno de la UE, fortaleciendo la base industrial y tecnológica de la defensa europea, haciendo hincapié en la potenciación de la investigación y tecnologías en este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Natividad
González Laso, Antidio Fagúndez Campo, Felipe Jesús Sicilia Alférez, José Ramón Ortega Domínguez, José Antonio Rodríguez Salas y Esther Peña Camarero, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la excelencia formativa en el ámbito de la enseñanza militar, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El artículo 43, sobre enseñanza en las Fuerzas Armadas de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece que 'la finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la formación requerida para
el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones. Comprende la formación integral, la
capacitación específica del militar en su ámbito profesional, su formación continuada y la permanente actualización de sus conocimientos, encaminadas al correcto desempeño de facultades'.
Establece al mismo tiempo que es de vital importancia mantener un alto nivel de calidad en todos sus niveles y momentos, ya sea en el de formación inicial o en el de perfeccionamiento. Y para ello ha de estar sometido a un proceso continuo
de evaluación, adaptación y evolución a las realidades y necesidades del momento.
El objetivo no es otro que asegurar la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas modernas y altamente tecnificadas, donde los recursos humanos constituyen un factor esencial y determinante. En nuestras FAS, tal y como hace este Gobierno,
la política de personal no solo debe pretender cubrir las necesidades cuantitativas de los ejércitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa como en la selección de los más cualificados para el ascenso y de los más idóneos para el
desempeño de los distintos destinos. Es por ello que todo lo relativo a la formación de nuestros militares es vital.
Por otro lado, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en su artículo 19 sobre 'Formación y perfeccionamiento' establece que: 'Los militares tienen el derecho y, en su caso, el
deber de participar en las actividades que se desarrollen en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, tanto en la de formación como en la de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, requeridas para el adecuado ejercicio
profesional en los diferentes cuerpos y escalas, a los que se accederá con las titulaciones y demás requisitos legalmente establecidos. La selección para cursar esas actividades y las que faciliten la promoción profesional se efectuará con arreglo
a criterios objetivos y atendiendo a los principios que rigen la carrera militar'.
Es, por lo tanto, de una importancia extrema buscar en todo momento la excelencia en todas las etapas y momentos formativos de nuestros militares, siendo necesario actualizar los procesos y contenidos formativos, así como elaborando nuevas
normas de evaluación, progreso y permanencia, actualizadas y homogéneas. Tales acciones nos permiten tener un mejor itinerario formativo del alumnado y que dispongamos de unas Fuerzas Armadas equilibradas, viables y sostenibles, capaces de hacer
frente a las necesidades internas y a las situaciones de inestabilidad externas en un entorno mundial cada vez más complejo y volátil. Ese diseño de unas Fuerzas Armadas del futuro implica no solo la adquisición de nuevos conocimientos y
capacidades, sino también una evolución en la mentalidad, en la formación y en el adiestramiento de los recursos humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar y en su caso elaborar nuevas normas de evaluación, progreso y permanencia, actualizadas y homogéneas, que permitan un mejor itinerario formativo del alumnado en el ámbito de la enseñanza militar
2. Actualizar y potenciar en la Escuela de Sanidad Militar la formación de psicólogos, una especialidad cada vez más demandada en la diversidad de emergencias a atender por parte de las Fuerzas Armadas, como la pandemia del Covid, la
erupción del volcán de La Palma o la operación de evacuación de Afganistán.
3. Ofrecer a la tropa y marinería una formación paramédica acreditada por la OTAN, principalmente en primeros auxilios y atención psicológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Natividad
González Laso, Antidio Fagúndez Campo, Felipe Jesús Sicilia Alférez, José Ramón Ortega Domínguez, José Antonio Rodríguez Salas y Esther Peña Camarero, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia de las Heras Fernández, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Juan Carlos Segura Just, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo
Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las islas Baleares con respecto los demás territorios extrapeninsulares, para su discusión en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. La remuneración de los empleados públicos.
El salario de los empleados públicos se compone de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias. Las retribuciones básicas se componen de (i) el sueldo, que se fija atendiendo al índice de proporcionalidad asignado a
cada uno de los grupos en que se organizan los cuerpos de la Administración Pública, (ii) los trienios, que consisten en una cantidad igual para cada grupo y por cada tres años de servicio, y (iii) las pagas extraordinarias, dos al año, que se
perciben en junio y diciembre (algunos cuerpos tiene tres, la tercera en abril), y cuyo importe mínimo será el de una mensualidad del sueldo más el importe de los trienios.
Por su parte, las retribuciones complementarias se clasifican en: (i) el complemento de destino correspondiente al lugar de trabajo ocupado, (ii) el complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a la especial dificultad técnica, grado de dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad, (iii) el complemento de productividad, cuya la finalidad es retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desarrolla su trabajo, (iv) el complemento de residencia, que contempla ayudas a la vivienda, al desplazamiento, etc., y (v) las gratificaciones por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 5
Por otra parte, en algunos casos, existen una serie de percepciones no salariales en concepto de indemnizaciones, como son las dietas o el kilometraje; así como retribuciones en especie, como son planes de pensiones, beneficios sociales,
ayudas a la conciliación, etc.
El sueldo, los trienios y los complementos de destino son iguales en todas las Administraciones Públicas dependientes de la Administración General del Estado ('AGE'), pero, otros complementos, como el específico y las indemnizaciones, varían
según la administración en que se preste el servicio y la categoría del puesto desempeñado. Ello ha llevado a la creación de situaciones verdaderamente asimétricas e injustas, que los empleados públicos han denunciado en numerosas ocasiones.
Segundo. La desigualdad salarial.
El pasado 28 de febrero de 2021, diversos medios de comunicación nuevamente se hicieron eco de un informe de Unión General de Trabajadores (UGT) de 2018 relativo a la evidente desigualdad salarial entre empleados públicos al servicio de la
Administración General del Estado y aquellos al servicio de otras administraciones públicas, especialmente las regiones de nuestra patria.
El documento expone con datos comparativos las diferencias retributivas sustanciales entre administraciones públicas. Igualmente, esta desigualdad salarial se manifiesta en la denominada 'brecha territorial': los sueldos netos son
significativamente distintos para personal de la misma categoría y antigüedad en función de la región española donde desempeñan su servicio. Estos desequilibrios salariales en atención al territorio son, de media, del 25 % según CSIF 6.
Según los datos del sindicato UGT, esta brecha territorial es palpable atendiendo las diferencias salariales interterritoriales en diferentes áreas de trabajo:
1. En la Administración de Justicia, la entidad sindical denuncia diferencias retributivas de más de 8.100 anuales entre los funcionarios de los diferentes territorios nacionales con las competencias transferidas y las que no las tienen:
'(...) la diferencia salarial anual de una persona empleada en el cuerpo de gestión de los no transferidos y otra con las mismas funciones en el País Vasco, la comunidad autónoma con sueldos más elevados, asciende hasta los 8.147 euros
anuales' 7.
5 https://www.empleopublico.net/funcionari/las-retribuciones-de-los-funcionarios/.
6 https://www.lainformacion.com/espana/brecha-salarial-profunda-funcionarios-territorial/2830806/?autoref=true.
7 Ibid., supra.
2. Esta brecha territorial es de sobra conocida en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, se da una situación parecida entre los funcionarios de prisiones en Cataluña (competencia transferida por el Estado) y el resto de
España:
'Un director de prisión cobra en Cataluña 72.838 euros al año frente a 51.080 del resto de España; un Jefe de Servicio, 44.688 euros y en las otras 16 CCAA, 33.739; un encargado, 41.411, frente a 28.491 y un funcionario genérico 34.143 y
en el resto de España, 27.854 euros. Unas diferencias que se sitúan entre los 21.800 y los 6.300 euros por realizar el mismo trabajo y la misma función' 8.
3. En el ámbito sanitario y docente sucede lo mismo: la brecha territorial es innegable:
'(...) si contabilizamos las 14 pagas anuales, un médico de Bilbao gana 12.922 euros netos más al año que uno de, por ejemplo, Badajoz (...) un maestro de educación primaria en un centro público, percibe de media 2.167 euros mensuales
brutos, siendo Asturias la comunidad con sueldos más bajos, 2.050 euros mensuales, frente a los 2.485 que percibe un maestro en el País Vasco' 9.
Tercero. Las islas Baleares, una de las regiones en que los empleados públicos del Estado están más perjudicados.
Las islas Baleares es una de las regiones españolas más perjudicadas por las diferencias salariales y, concretamente, aquella referente a la indemnización por residencia. Ello ha motivado la convocatoria de numerosas manifestaciones, quejas
y denuncias por parte de los empleados públicos del Estado en el referido territorio.
Así, por ejemplo, la plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos en Baleares ('UNISEP'), que reúne a sindicatos de sanitarios, funcionarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, convocó una manifestación el pasado 24 de abril
de 2021, contra 'el plus de residencia que se ofrece actualmente a los profesionales en las islas'.
La principal exigencia por parte de las asociaciones es que la equiparación de este plus de residencia tendría que ser similar al que se ofrece en Canarias: 'En Mallorca esta indemnización supone 92 euros, mientras que en Canarias son
alrededor de 568', constataba D. Miguel Lázaro Ferreruela, portavoz del Sindicato Médico de Baleares. A lo que añadió que 'existe una gran carencia de profesionales. Si no tenemos personal en las instituciones públicas, los servicios se
deterioran'. 10
Es decir, que no solo se produce un agravio comparativo injustificado, sino que esta deriva en una carencia de personal al servicio de la Administración del Estado por el desinterés que produce semejante diferencia monetaria.
En este sentido UNISEP también afirmó que 'la legislación vigente contiene medidas para que todos los ciudadanos extraterritoriales reciban en igualdad el trato y servicios que merecen por parte de la administración pública, que palien sus
particularidades geográficas evitando la fuga constante de profesionales'. Sin embargo, la plataforma ha denunciado que en Baleares 'esas herramientas contempladas en la legislación son a día de hoy totalmente ineficaces, casi inexistentes' 11
Por su parte, D. José Manuel Valverde, presidente del Colegio Oficial de Médicos de las islas Baleares, alegaba que 'una de nuestras pretensiones es que nuestro plus de residencia se acercara en algo al que tienen en Canarias', pues, para el
presidente, 'la indemnización por residencia de Baleares para médicos, enfermeras, así como otros profesionales como policías o maestros, es bajísima e insuficiente para hacer frente a los costes habituales'. 12
En la misma línea se manifestó D.ª Carolina Pérez, vocal del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), exigiendo que 'como mínimo, lo mismo que en Canarias'. También es la reivindicación de D. Juan Pons, delegado de la federación de Sanidad
de Comisiones Obreras en Baleares, que trabaja para mejorar la cuantía que estos reciben. 13
8 Ibid., pág. 2.
9 Ibid., pág. 2.
10 https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/04/21/sanitarios-funcionarios-reclaman-subida-complemento-48534338.html.
11 https://www.cronicabalear.es/2021/unisep-se-presenta-en-baleares-para-movilizar-a-los-funcionarios-por-la-indemnizacion-por-residencia/.
12 https://www.redaccionmedica.com/autonomías/baleares/plus-medico-insularidad-dispara-280-euros-baleares-canarias-5462.
13 https://www.redaccionmedica.com/autonomías/baleares/plus-medico-insularidad-dispara-280-euros-baleares-canarias-5462.
Quizá uno de los casos más flagrantes al respecto sea aquel relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el Anuario estadístico del Ministerio del Interior de 2020 14, la tasa de criminalidad por región (infracciones
penales por 1.000 habitantes) alcanza su máxima expresión en las islas Baleares con un 51,0 %, siendo la más alta de todas.
Concretamente, se conocieron 59.750 infracciones penales en 2020, año en que las infracciones se redujeron considerablemente consecuencia de la covid-19. A esto hay que añadir que las islas Baleares poseen una de las tasas más bajas de
causas penales esclarecidas, es decir, la región con mayor tasa de criminalidad per cápita tiene el peor resultado de esclarecimiento de infracciones. Pero todo ello no es sorprendente, pues los encargados de velar por la seguridad ciudadana y
esclarecer los hechos delictivos, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no eligen Baleares como destino, existiendo una manifiesta carencia de personal.
Tampoco es novedoso este extremo, ya que la carestía de la vida en Baleares, sumado al elevado índice referido anteriormente, no la convierten en un destino ya no solo apetecible, sino ni tan siquiera sostenible.
Destinos que se encontraron en esta misma situación, como son las islas Canarias, Ceuta o Melilla, solventaron la situación incentivando los mismos con el reconocimiento de una indemnización por residencia. Estos importes para un grupo Cl,
que es el que se correspondería con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las capitales de Provincia de Canarias (Tenerife y Gran Canaria) es de 117,92 y, en el caso de Ceuta y Melilla, de 545,77 .
Sin embargo, en Mallorca, la indemnización por residencia es de 65,63 y, en las islas menores (Menorca, Ibiza y Formentera), de 82,66 .
Cuarto. La equiparación: una exigencia constitucional.
La equiparación de la indemnización por residencia de las islas Baleares con respecto a aquella de las islas Canarias, al compartir con estas la única situación de insularidad en todo el territorio nacional, es una cuestión urgente,
amparada, además, por nuestro texto constitucional.
El artículo 9.2 de la Constitución española ('CE') establece que es competencia de los poderes públicos la promoción de 'las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'.
El juicio en torno a si una desigualdad es o no razonable inevitablemente comportará siempre una ponderación sustantiva, y no solo formal, entre posiciones de hecho realmente distintas y, por tanto, atendidas ya en su dimensión material. En
otras palabras, la justicia material supone un trato igual ante situaciones iguales, y un trato desigual ante situaciones desiguales.
Así, por mera situación geográfica, tanto las islas Canarias como las islas Baleares tienen una identidad propia, en tanto que están separadas del resto de la península, como ocurre con las ciudades de Ceuta y Melilla. Está situación
comporta una serie de sobrecostes que justifican la previsión que se hizo: un trato diferenciado para estos territorios estableciendo una indemnización por residencia para tales destinos. El problema ha sido el tratamiento desigual respecto de las
islas Baleares.
Atendiendo al coste de vida inherente a la habitación en las islas Baleares, mucho más elevado incluso que el de las islas Canarias, Ceuta o Melilla, resulta del todo injustificada una indemnización inferior para aquellas respecto de estas
últimas, pues es contrario al objeto y finalidad del concepto 'indemnización por residencia'.
En este sentido, el cálculo de variaciones del Índice de Precios al Consumo ('IPC') del Instituto Nacional de Estadística, muestra que el IPC interanual de las islas Baleares, a febrero de 2022, ha sido prácticamente un punto porcentual más
alto que aquel referido a las islas Canarias, 7,5 % y 6,8 % respectivamente. 15
Esta equiparación en la indemnización por residencia, con respecto a la de las islas Canarias, viene reclamándose desde el año 2003 para todos los empleados públicos estatales destinados en las islas Baleares, quienes padecen exactamente las
mismas consecuencias y merecen, como no puede ser de otro modo, que se les reconozca idéntico complemento a todos ellos en virtud del principio de igualdad.
14 http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario+Estad%C3%ADstico+del+Ministerio+del+Interior+2020/94d9cflb-889f-4119-b4c4-09926630a29e.
15 https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana-comunidades-autonomas.
Pese a ello, a lo largo de los años, se han sucedido las promesas y compromisos electorales de los partidos que se han turnado en el Gobierno de la Nación, con el resultado de no haber dado solución a tan importante cuestión que afecta al
supremo interés general.
El hecho de que la indemnización por residencia deba ser equiparada con las islas Canarias ha sido tácitamente reconocido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, en la Orden de 20 de abril de 2018, suscrita por el Secretario
de Estado de Presupuestos y Gastos, quién para paliar temporal e insuficientemente tal agravio, decidió en mayo aumentar la partida presupuestaria destinada al pago del complemento de productividad para funcionarios del Ministerio del Interior que
trabajan en Ibiza, tanto agentes de Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía.
El objetivo, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública era 'incentivar la cobertura de los puestos de trabajo de personal funcionario existentes en la isla de Ibiza', atendiendo a 'las especiales circunstancias que concurren en ese
territorio, que dificultan el normal desarrollo de los servicios públicos'. 16 Sin embargo, además de ser insuficientes, dichos importes no se correspondían con el concepto que debía contemplarlos, ni fueron aprobados por los cauces legales
pertinentes, ni mucho menos se han paliado los déficits sufridos por todos los funcionarios del Estado destinados en las islas Baleares, lo que atenta gravemente contra el principio de igualdad.
Como se ha referido, dichos complementos responden a una medida provisional e insuficiente en reconocimiento de una urgente necesidad, lo que hace que se presente como inminentemente necesaria su regulación por los cauces legales
correspondientes.
En el mes de abril del año corriente se convocó una Comisión Mixta Bilateral de Cooperación entre el Estado y las islas Baleares. Antes de su celebración, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno balear, D.ª Rosario
Sánchez Garau, manifestaba su esperanza de que se abordara la cuestión relativa a 'la indemnización por residencia en las islas para los funcionarios' 17, hecho este que no se produjo o, al menos, no se plasmó en ningún tipo de acción o iniciativa.
El pasado jueves, 23 de septiembre de 2021, la ministra de Hacienda y Función Pública, D.ª María Jesús Montero Cuadrado, presidió la Comisión Mixta Bilateral sobre financiación entre el Estado y el Gobierno balear, tras la que anunciaba una
partida específica para la región. Así, se anunciaba que dicho territorio percibiría 183 millones de euros en 2022 'por el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares' ('REB'). 18
Sin embargo, nada se dijo por parte de la ministra del ramo sobre las numerosas reivindicaciones de la indemnización por residencia, debidas a ese mismo factor de insularidad, respecto de los empleados públicos del Estado en la mentada
región.
De cuanto antecede, dicha equiparación estaría más que justificada con el fin de incentivar Baleares como destino para los funcionarios, ya no por motivos personales o individuales, sino por el superior interés común de mejorar y velar por
la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos que residen en dicho territorio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo cuantas acciones fueren necesarias a fin de equiparar la indemnización por residencia de todos los empleados públicos estatales destinados en las islas Baleares respecto a
aquellas de la región de Canarias y de las ciudades de Ceuta y Melilla, de forma que la cantidad consignada por este concepto, al menos, iguale a la menor de las que se prevean para los demás territorios extrapeninsulares (Ceuta, Melilla y las islas
Canarias). De igual modo, la cantidad se irá actualizando bajo este mismo criterio de acuerdo con lo que cada año establezcan los Presupuestos Generales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Inés María Cañizares Pacheco, Juan Carlos Segura
Just, Pablo Juan Calvo Liste y Pablo Sáez Alonso Muñumer, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
16 https://www.elmundo.es/baleares/2018/12/26/5c23607efc6c83cc7d8b456e.html.
17 https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sanchez-espera-tratar-indemnizacion-residencia-funcionarios-proxima-comision-mixta-estado-20210427103740.html.
18 https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/baleares-sera-compensada-183-millones-euros-2022-factor-insularidad-previsto-reb_20210923614c72666cca8700017961d7.html.
Comisión de Interior
161/004007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, Dña. Inés María Cañizares Pacheco y D. Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas
condiciones de Portavoces Adjuntos y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a retomar las obras para destinar el castillo de Maqueda o de la Vela a Archivo Histórico y Museo de la Guardia Civil, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El castillo de Maqueda o de la Vela.
El castillo de Maqueda, también conocido como castillo de la Vela, es una edificación de carácter militar y defensivo que data del siglo X y que radica en la localidad toledana de Maqueda 19, que le da su nombre.
Construido inicialmente como un fuerte avanzado en la época de dominación musulmana y quizás asentado en otra edificación de origen romano, fue conquistado por Alfonso VI de Castilla y sometido a diversas obras de mejora y transformación a
finales del siglo X, que le dieron la fisionomía de la fortaleza que se erige hoy en la villa de Maqueda. Entre las características arquitectónicas por las que destaca este inmueble se encuentran los muros y torres, compuestos por molduras en las
que se abren aspilleras cruciformes 20. Asimismo, destaca el foso que rodea todo el recinto, o el arco de medio punto rodeado por alfiz que se encuentra en el acceso al castillo. Durante los siglos XI y XII el castillo sufrió varios intentos de
asedio y cambió en numerosas ocasiones de titularidad, desde el referido Alfonso VI hasta Enrique IV de Castilla, pasando por Fernando Yáñez o la Orden de Calatrava. Asimismo, son numerosas las fuentes que indican que la reina Isabel la Católica
pasó varias temporadas en la fortaleza. Finalmente, en el siglo XV el castillo se convirtió en propiedad de la familia Cárdenas, acometiendo el señor de Maqueda, Gutierre de Cárdenas, obras de reconstrucción y ampliación y permaneciendo en manos de
esta familia hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX, proceso que comenzó con la Constitución de 1812 y finalizó el 26 de agosto de 1837.
El 4 de junio de 1931 el 'castillo y torre de la vela, en Maqueda', fueron declarados monumento histórico-artístico en virtud del Decreto de 3 de junio de 1931, declarando monumentos histórico-artísticos, pertenecientes al tesoro artístico
nacional 21.
Posteriormente se publicó el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, que establecía genéricamente en su artículo primero que 'todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan
bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento'. En la actualidad, su protección se encomienda a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en tanto que
inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (artículos noveno y siguientes ibidem).
19 Fernández de la Fuente afirma que 'el castillo está ubicado en el casco urbano de Maqueda (Toledo); en el extremo sureste de un cerro de naturaleza margosa, de finales de la Era Terciaria, modelado durante el Cuaternario. Su
localización exacta, según las coordenadas UTM, es: X-383.340, Y-4.436.040. Pese a que la mayor parte del castillo que se conserva en la actualidad data del siglo XV, los estudios arqueológicos desarrollados en él han puesto de manifiesto que su
origen es muy anterior'; de la Fuente, M. F. (2011). 'Documentación y conservación de restos arqueológicos: el Castillo de Maqueda (Toledo)'. En Actas de las octavas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid (pp. 255-264).
Consejería de Cultura y Deportes. Dirección General de Patrimonio Histórico.
20 Castillo de la Vela. Rutas con Historia. Disponible en: https://www.rutasconhistoria.es/loc/castillo-de-la-vela [Última visita: 23/03/2022],
21 3 https://www.boe.es/datos/pdfs/BQE//1931/155/A01181-01185.pdf.
A modo de curiosidad, el castillo de Maqueda apareció en la colección Castillos de España, editada por Correos, con fecha de puesta en circulación 16 de octubre de 2008 y con un valor postal de 2,60 euros:
En definitiva, nos encontramos con un inmueble de enorme interés histórico-artístico que ha sido clave en la historia de la provincia de Toledo y que es muestra de la historia de nuestro país durante, al menos, más de diez siglos.
Segundo. La relación del castillo de Maqueda con la Guardia Civil.
En cumplimiento del mencionado Decreto de 22 de abril de 1949, en 1953 el castillo de Maqueda fue rehabilitado y acondicionado como casa cuartel de la Guardia Civil por la Dirección General de Regiones Devastadas. Esta rehabilitación, tal y
como apunta Pinzón-Ayala, se llevó a cabo porque 'la Guardia Civil vio agravado su ya deficiente y precario parque de casas cuartel', por lo que el Instituto Armado pretendió, a través de estos acuartelamientos, transformar su parque inmobiliario
22.
Esta casa cuartel estuvo ubicada en el castillo de Maqueda hasta 1998, época durante la cual esta edificación fue también objeto de remodelaciones por cuestiones arqueológicas. Este inmueble tiene, así, un gran arraigo a la institución de
la Guardia Civil, habiendo sido clave durante más de cuarenta años en la distribución geográfica y orgánica de la Benemérita en la provincia de Toledo.
Tercero. Las vicisitudes de un museo de la Guardia Civil en Maqueda.
En el año 2001, el Gobierno del Partido Popular dispuso que el castillo de Maqueda se destinase a albergar un Archivo Histórico de la Guardia Civil. Esta decisión fue ampliada, tras el cambio de Gobierno en el año 2004, a que se albergase
también un Museo en honor del Instituto Armado.
Así las cosas, tras acometerse varias obras de rehabilitación y reforma del castillo con el fin de que el monumento cumpliese las necesidades establecidas en el proyecto presentado por los arquitectos encargados de las obras 23, en el año
2013 la fortaleza se puso a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado ('GIESE') para su enajenación, cancelándose de esta manera la construcción del archivo-museo.
Durante la década en la que estuvieron acometiéndose las obras en el castillo de Maqueda, el Ministerio del Interior destinó más de 7 millones de euros a la construcción de este archivo-museo, tal y como apuntó el Gobierno a la Asociación
Unificada de la Guardia Civil ('AUGC') a través del Portal de Transparencia en el año 2017. Concretamente, de los 7.449.716 destinados a las obras, cerca de 6 millones se destinaron a las obras de construcción del archivo histórico, 170.876,90
al coste de la dirección de obra y redacción del proyecto, 59.750 al acondicionamiento del entorno y accesos, instalación e implantación del museo, 1.270.161,05 a acondicionar el museo-archivo y cerca de 100.000 en gastos de mantenimiento y
seguridad entre el 2011 y el 2016 24. En el mismo sentido, la respuesta del
22 Pinzón-Ayala, D. (2021). Las casas cuartel de la DGRD para la Guardia Civil: un modelo adaptado para la propaganda. VLC arquitectura. Research Journal, 8(2), 219-252.
23 Museo de la Guardia Civil. Estudio deDOS. Disponible en: https://estudiodedos.com/trabajos/museo-guardia-civil-maqueda [Última visita: 23/03/2022].
24 Interior gastó 7,4 millones en reformar un castillo que vende por 5,3. El País. Disponible en: https://elpais.com/politica/2017/08/04/actualidad/1501865253 718592.html [Última visita: 23/03/2022].
Portal de Transparencia indicó que el coste anual en seguridad del castillo ascendía a 3.600 25, de lo que resultan más de 21.000 desde el año 2017 solo por este concepto.
Asimismo, el Gobierno ha afirmado que no se está destinando ninguna partida a garantizar el mantenimiento del castillo, algo que, indubitadamente, va a suponer una desmejora evidente de este inmueble y, con ello, un derroche de las
inversiones ya efectuadas. A este último respecto, en noviembre de 2021 el Gobierno declaró, en respuesta parlamentaria con número de Registro General 119795, lo siguiente:
'Una vez se desechó la posibilidad de trasladar las dependencias del Museo Nacional y Archivo Histórico de la Guardia Civil y al carecer de otro interés para la Guardia Civil, el Castillo de Maqueda (Toledo) se puso a disposición de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) para su enajenación, saliendo a subasta pública [...], en todos los casos las subastas quedaron desiertas por no haber licitadores.'
Esto es, desde que en el año 2013 se pusiera en marcha la subasta pública del castillo de Maqueda por un valor de más de nueve millones y medio de euros 26, han sido seis ocasiones más en las que se ha incluido la fortaleza en anuncios de
subasta promovidos por el GIESE, resultando desierto en todas ellas el proceso de subasta. El último anuncio fue el pasado 21 de marzo de 2022, donde se incluía, entre otros bienes:
'Antiguas instalaciones en el interior del Castillo de Maqueda (Toledo), Carretera de Madrid, 5. Tipo de licitación en 3.ª subasta: 2.766.066,43 . Tipo de licitación en 4.ª subasta: 2.351.156,47 . Importe de la garantía: 191.423,28
.' 27
Como se observa, la reducción en el precio de salida de la subasta ha sido de más del 60 % en menos de diez años, debido a la falta de interesados en la adquisición de este. Según se ha apuntado, los motivos que justifican la inexistencia
de ofertas en la adquisición de este castillo son, entre otros, su ubicación, la dificultad para destinarlo a uso residencial o unos costes de mantenimiento muy elevados 28. Adicionalmente, lo avanzado de las obras para construir el archivo-museo
de la Guardia Civil ha influido en que no existan interesados en la adquisición del inmueble, puesto que limitan mucho el uso posterior 29.
Cuarto. Necesidad de amortizar la inversión millonaria ya realizada en el castillo.
El hecho de haber realizado una inversión millonaria en el castillo de Maqueda con cargo al erario público para posteriormente desechar la finalidad para la que se realizaban las obras, y los sucesivos intentos de subasta, hasta ahora
infructuosos, por un montante cada vez inferior, no hacen sino poner de manifiesto una inadecuada gestión de este Bien de Interés Cultural por parte de su titular, el Ministerio del Interior y, por lo tanto, los sucesivos Gobiernos el año 2000.
Es necesario que los cerca de 8 millones de euros destinados al establecimiento del Archivo-Museo en honor de la Guardia Civil sean aprovechados y amortizados, de tal forma que el castillo de Maqueda acoja esta institución archivística y
museística dedicada a la Benemérita.
No en vano, el Gobierno señaló en la respuesta parlamentaria supra que 'se trabaja en un proyecto para implantar el nuevo museo del Cuerpo en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, estando prevista la ubicación en unas
dependencias acondicionadas a tal efecto, ya que el Castillo de Maqueda no se ajustaba a las necesidades requeridas'. Resulta difícil de creer que esta inadecuación no se haya puesto de manifiesto hasta que se han gastado cerca de ocho millones de
euros de los Presupuestos Generales del Estado.
25 La historia del frustrado 'museo-castillo' de la Guardia Civil que Interior vende por seis millones de euros. H50. Disponible en:
https://www.h50.es/asi-es-el-castillo-cuartel-de-la-guardia-civil-que-vende-interior-por-seis-millones/[Última visita: 23/03/2022]
26 Interior pone a la venta inmuebles y solares valorados en 23 millones de euros. El Confidencial. Disponible en:
https://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-08-27/interior-pone-a-la-venta-inmuebles-y-solares-valorados-en-23-millones-de-euros_21188/pass ac25f72ab6ee5175c32bf351a7a0a93e/?over write=tnie&m=l 6431 09650511 [Última visita: 22/03/2022].
27 BOE-B-2022-8867 de 21 de marzo de 2022.
28 A la desesperada: Interior rebaja otro 30 % el precio del castillo de Maqueda. El Confidencial. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2022-03-21/castillo-de-maqueda-subasta-interior-guardia-civil 3395170/ [Última
visita: 23/03/2022].
29 A este respecto, el diario El País señala que 'incluso ya se habían instalado las vitrinas que se pagaron en 2010 con 200.000 euros del Plan E del Gobierno de Rodríguez Zapatero'. Disponible en:
https://elpais.com/politica/2014/01/17/actualidad/1389988777_046284.html.
La ubicación del Archivo-Museo en Maqueda, como inicialmente previsto, beneficiaría enormemente a la región y supondría tanto un perfecto complemento de la oferta que ya se encuentra en la provincia de Toledo (en cuya capital se sitúa el
Museo del Ejército y cuya Ciudad Histórica es Patrimonio de la Humanidad desde 1986), como un aliciente turístico y económico para la zona (con fácil y rápido acceso a la capital de la provincia, a Talavera de la Reina y a Madrid.
En este sentido, el Grupo Parlamentario VOX defiende el impulso del turismo en nuestro país, más aún si es a través de medidas que pongan en valor el papel de la Guardia Civil, institución de la mayor importancia en España. Es fundamental
que se fortalezcan la difusión y conservación de nuestro patrimonio histórico y artístico, y es axiomático que el castillo de Maqueda es un valor fundamental de este patrimonio.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retomar el acondicionamiento del castillo de Maqueda o de la Vela con el fin de albergar el archivo histórico y el museo de la Guardia Civil, aprovechando la inversión millonaria de fondos
públicos ya efectuada con ese objetivo y evitando que su valor continúe depreciándose y que sea adjudicado por un precio irrisorio, lo que ocurrirá de seguir la tendencia registrada en las últimas seis ocasiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Inés María Cañizares Pacheco y Manuel Mariscal Zabala, Diputadas.-Macarena Olona Choclán y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la escalada de precios en el sector de los hidrocarburos y las medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para mitigar su efecto en la sociedad y la economía de Galiza y del conjunto del Estado para su debate en la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El primer trimestre de 2022 se ha visto marcado por una subida de precios sin precedentes en las últimas tres décadas y que, aún que agravada por la guerra de Ucrania, ya se venía produciendo durante el 2021.
La subida está siendo generalizada pero es especialmente intensa en ámbitos como el energético. Uno de los campos que más está viendo como se incrementan los precios es el de los hidrocarburos, con un efecto demoledor en la sociedad y en el
conjunto de la economía gallega por varios factores.
Debe tenerse en cuenta el impacto de esta crisis en la realidad específica de Galiza y de su estructura económica, en la que destaca el peso del sector pesquero (en un amplio sentido: extractivo, de conserva y transformación) y el
agro-ganadero, la dependencia comercial por vía marítima y por carretera, y las grandes carencias en transporte público junto con la dispersión poblacional, entre otros factores diferenciales.
A principios de marzo de 2022 el barril de Brent (el de referencia en Europa), cotiza un 69,61 % más caro que hace un año. A la espera de los datos de media del mes de marzo, en el momento de registrar esta iniciativa sabemos que el diésel
subió un 29 % y la gasolina un 25,9 % con respecto a febrero del año
pasado y los periódicos abren sus portadas señalando como los surtidores superan ya los 2 euros por litro en todo el Estado.
Todo esto hace que el impacto sea drástico y que por lo tanto los gobiernos deban habilitar medidas de urgencia, algunas de ellas con carácter transitorio y vinculado al empeoramiento de la situación. Así mismo, continúa a ser una tarea
pendiente el cambio de modelo productivo y de movilidad para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la sostenibilidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Establecer las medidas precisas para garantizar el mantenimiento de los precios en los hidrocarburos en los límites previos al incremento en la escalada de precios que siguió al inicio de la guerra de Ucrania rebajando temporalmente la
imposición de los hidrocarburos diferenciando el consumo doméstico del profesional y atendiendo de forma específica a las necesidades del sector del transporte y del sector primario.
2. Reducir los peajes de las autopistas de titularidad estatal y la no aplicación de nuevos peajes en las autovías por penalizar especialmente Galiza y a las personas que se desplazan por motivo de trabajo sin tener otra opción.
3. Mejorar las tarifas ferroviarias para conseguir su abaratamiento, así como recuperar todas las líneas y frecuencias eliminadas con motivo de la reducción de movilidad durante el confinamiento por la COVID-19 y aun pendientes de
restitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta esta Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relativa a la implantación de servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia y cercanías en Galicia.
Exposición de motivos
Desde el pasado 21 de diciembre, los servicios ferroviarios de transporte de viajeros en Galicia que conectan sus principales ciudades han sufrido diversos cambios horarios para ajustar las conexiones con los trenes comerciales de Alta
Velocidad que transitan entre Galicia y Madrid, con salidas desde Ourense. De esta manera, los primeros trenes de la mañana adelantan sus horarios de salida, dejando sin servicio aquellos tramos horarios más adaptados a las necesidades de las
personas que se desplazan diariamente entre las ciudades de Galicia por motivos laborales o educativos, y los servicios de la tarde muestran problemáticas similares. Estos cambios horarios y de servicios suponen, así, un deterioro del sistema de
transportes en Galicia, con efectos directos sobre la conciliación de la vida laboral y personal de las personas usuarias, que pueden suponer la pérdida de usuarios del tren como medio de transporte principal y en algunos casos particulares incluso
la pérdida de opciones laborales o educativas para algunos ciudadanos.
Estas variaciones en los servicios dispuestos, que favorecen la conectividad de las principales ciudades gallegas con Madrid pero suponen un empeoramiento de los servicios con relación a la movilidad interior en esta comunidad, se suman a
los problemas más graves de índole estructural que afectan a la movilidad ferroviaria entre sus comarcas. Durante las últimas décadas se ha experimentado un proceso de desmantelamiento de servicios de transporte ferroviario en Galicia que ha
supuesto la paulatina desaparición de las conexiones de muchos municipios. Y esta deriva ha tenido un mayor impacto en las
comarcas interiores, sobre todo de las provincias de Lugo y Ourense, donde este tipo de infraestructuras y servicios no han tenido de manera histórica los desarrollos necesarios. Todo ello incide de manera negativa en el desarrollo
socioeconómico de comarcas enteras y atenta contra los objetivos declarados de las administraciones públicas con relación a la sostenibilidad del transporte, la vertebración territorial y el reto demográfico.
A todo ello se añade la situación de las áreas metropolitanas A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, con grandes concentraciones poblacionales a las que es necesario dotar de servicios de transporte público eficientes con niveles de cobertura y
calidad adecuados, entre los cuales destaca, por resultar el más adecuado, el transporte ferroviario de cercanías. Entre los años 2011 y 2015 se dotaron créditos en los Presupuestos Generales del Estado para la realización de los estudios
pertinentes a estas infraestructuras, pero no llegaron a ser ejecutados.
De cara a lograr los objetivos de vertebración territorial, cohesión social, cobertura de las necesidades básicas de la población y movilidad sostenible esgrimidos por las Administraciones del Estado y de la Unión Europea en numerosos
documentos, leyes y reglamentos, es necesario dotar a esta comunidad de unos servicios ferroviarios suficientes y adecuados, que atiendan de manera real a la cobertura de las necesidades de movilidad de la población en las mejores condiciones
posibles.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a disponer, en el menor plazo de tiempo posible, la implantación de servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia y cercanías que conecten los municipios y ciudades de
Galicia atendiendo a la cobertura de las necesidades de movilidad de la población que se desplaza por motivos laborales, educativos, culturales y de acceso a los servicios públicos básicos, procediendo a la realización de los estudios,
planificación, dotación presupuestaria y establecimiento de las obligaciones de servicio público que para ello resulten necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común.
161/004006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, Dña. María Reyes Romero Vilches, Dña. Patricia Rueda Perelló, Dña. Patricia de las Heras Fernández, Dña. Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D.
Juan Carlos Segura Just, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la terminación del apeadero intermodal 'Guadaíra' que permita el trasbordo entre la línea C-4 de Cercanías de Sevilla y la línea 1 de Metro de dicha ciudad, para su discusión en la Comisión de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Problemas en torno a la inversión en infraestructuras en España.
1. Como es sabido, la inversión en la construcción de infraestructuras de un país es una pieza fundamental para su desarrollo social y económico. Ya en el año 2016, el Consejo Económico y Social estimaba que cada euro invertido en la
construcción supondría 3,44 euros de inversión en el total de la economía y 2,56 euros de gasto en producción en el total de los sectores económicos 30.
2. Sin embargo, la inversión en infraestructuras en España no ha dejado de caer. Según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras ('SEOPAN'), el nivel de
30 Consejo Económico y Social: Informe 02/2016 sobre el papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida. 2016. Madrid.
inversión pública se encuentra en niveles de mínimo histórico que no permite ni cubrir las inversiones de reposición del capital público 31. Por ello, sería necesario una inversión de 157.000 millones de euros en inversiones prioritarias
32.
3. Esto, según la asociación, es resultado del deficiente modelo concesional que rige en el país. En palabras del presidente de SEOPAN, 'el modelo concesional está en desuso desde 2012 y debemos plantearnos poner en valor los activos
públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de los países de la Unión Europea' 33.
4. Asimismo, se expone que la licitación pública de obras a nivel estatal ha caído un 53 %, y en el ámbito autonómico un 25 %, lo que se atribuye no únicamente a la situación de crisis sanitaria, sino a deficiencias que se vienen
arrastrando desde hace años, como son, entre otras 34:
- La incapacidad de los Ministerios con competencias en materia de transportes, movilidad y agenda urbana y de transición ecológica para ejecutar íntegramente sus presupuestos.
- Los injustificados retrasos en los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- La suspensión y resolución de los contratos como consecuencia de (i) su adjudicación con precios anómalamente bajos, que resulta en proyectos incompletos y/o baja calidad y (ii) presupuestos de ejecución no viables económicamente.
- Impedimentos regulatorios a la inversión, como es el caso mostrado en el siguiente expositivo.
5. Sobre la inversión en infraestructuras en España también se pronunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe Evaluación del Gasto Público 2019. Estudio de Infraestructuras de Transporte 35.
Concretamente, sobre la gobernanza de las infraestructuras en España concluía lo siguiente:
i. La compleja estructura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana exige un especial esfuerzo de coordinación entre todas las entidades, y la evaluación evidencia que la coordinación no está recibiendo la prioridad necesaria:
hay un retraso de seis años en la aprobación del contrato programa o convenio entre ADIF y el MITMA y no se han cumplido tampoco los plazos exigidos en la legislación para la redacción de los documentos de planificación sectorial de las
infraestructuras ferroviarias, viarias y portuaria
ii. No existe un marco normativo que regule el método, plazos y contenido de los planes integrales de los equipamientos de transporte.
iii. Los planes integrales de infraestructuras incluyen un listado de obras inverosímil por su dimensión y por los inviables plazos previstos para finalizarlas. Los planes generan expectativas inalcanzables y las administraciones
territoriales construyen un discurso de agravio basado en el listado de obras no ejecutadas o retrasadas respecto a los plazos previstos.
iv. Ninguno de los últimos planes de infraestructuras incluye una priorización de inversiones, ni los criterios para realizarla, uno de los grandes problemas de la gobernanza de las infraestructuras de transporte en España.
v. Inexistencia del necesario vínculo de los planes con el proceso presupuestario y la coyuntura económica. Existe una completa desconexión entre la planificación estratégica, los recursos disponibles y las previsiones económicas. De la
misma forma, el proceso de selección de proyectos tampoco está vinculado con la disponibilidad anual de fondos.
31 En el mismo sentido, la AIReF en su informe Evaluación del Gasto Público 2019. Estudio de Infraestructuras de Transporte afirmaba que [e]s importante destacar que la fuerte caída de las inversiones ocurrida desde 2010 ha provocado que la
inversión bruta anual no cubra en los últimos años la depreciación de los activos. Por lo tanto, se están produciendo reducciones en su valor y de sus potenciales servicios de transporte, dando como resultado un envejecimiento del stock de
infraestructuras (pág. 6) [énfasis añadido].
32 https://seopan.es/se-trata-de-infraestructuras-medioambientales-y-sociales-desglosadas-en-23-600-me-para-construccion-de-hospitales-y-reducir-los-fallecidos-en-carreteras-ods-3-5-253-me-para-garantizar-la-dispo/ [fecha de consulta: 15
de febrero de 2022].
33 Idem.
34 SEOPAN: Construcción e Infraestructuras: Balance y Estrategia 2021-2023. (2021) https://seopan.es/wp-content/uploads/2021/05/Visual-NO-PRINT-Seopan-Construccio%CC%81n-e-infraestructuras-20-21-V9.pdf [fecha de consulta: 15 de febrero
de 2022].
35 https://www.aíref.es/wp-content/uploads/2020/09/INFRAESTRUCTURAS/200730.-INFRAESTRUCTURAS.-ESTUDIO.pdf [fecha de consulta: 15 de febrero de 2022],
vi. Los planificadores tienden a infravalorar los costes de las inversiones (como mínimo en un 30 %) y a sobrestimar la demanda de viajes de las infraestructuras proyectadas.
vii. La transparencia de los procesos de planificación resulta insuficiente y existe un amplio margen de mejora en el proceso de debate y participación pública en la toma de decisiones.
viii. La gestión de los proyectos de inversión, incluso los más importantes, no son sometidos a una verdadera evaluación ex ante que permita estimar sus efectos socioeconómicos.
Segundo. Intercambiadores de transporte.
6. Los intercambiadores, en el ámbito de los transportes, se definen según la Real Academia Española como un conjunto de instalaciones que permiten a los pasajeros el enlace entre diversos sistemas de transporte y surgen con la necesidad de
satisfacer la demanda de viajes eficientes en el transporte público.
7. Por un lado, son numerosas las ventajas del transporte público sobre el privado. Sin embargo, son muchas las familias y personas que no tienen oportunidad de elegir entre una u otra modalidad, sino que se ven obligadas a utilizar el
transporte público. Por otro lado, la interconexión en modos de transporte es una cuestión fundamental para facilitar que los viajeros lleguen a su destino de una forma rápida.
8. En concreto, a lo que la conexión ferroviaria se refiere, según el Informe ejecutivo para el estudio de mejoras en el sector ferroviario elaborado en 2014 por la Comisión técnico-científica creada en 2013 por el entonces Ministerio de
Fomento 36 siempre debe considerarse una integración de los servicios de Cercanías con el resto de los servicios de transporte, urbanos e interurbanos, nacionales o de la ciudad o Comunidad Autónoma, y para ello los intercambiadores de transporte
juegan un papel de importancia capital.
La concepción y el diseño de intercambiadores, así como de las estaciones de ferrocarril en general, deben llevarse a cabo con criterios de integración de intereses por parte de todos los actores implicados.
El concepto de gobernanza, es decir la definición de 'quién decide qué', tal como se valora en Europa en estos momentos, puede ser la llave del éxito en la concepción y desarrollo de todo proyecto de estaciones o intercambiadores de
transporte urbano.
Tercero. Infraestructuras ferroviarias en Sevilla.
9. La ciudad hispalense tiene una población de 684.234 habitantes y ocupa el primer puesto entre las capitales de provincia que más población ha perdido en el último año 37. Sin embargo, la provincia de Sevilla ocupaba el penúltimo lugar
en la inversión bruta por habitante en el periodo 1985-2018 38 en cuanto a infraestructuras de transporte, lo que se ha traducido en la parálisis de proyectos emblemáticos, como son: la construcción de la circunvalación SE-40, la conexión entre el
aeropuerto y la estación de Santa Justa o el proyecto de apertura de la línea 3. Por otro lado, el área metropolitana no deja de ganar población, lo que significa que se está produciendo un trasvase poblacional del municipio a zonas periféricas,
precisamente debido al hecho de que el ciudadano no encuentra facilidades de movilidad en el interior de la ciudad 39.
10. En noviembre de 1975 se publicó la Ley 37/1975, de 31 de octubre, sobre construcción y explotación del Metro de Sevilla, en la que se hacía referencia a la inadecuada infraestructura viaria de la sociedad hispalense. Un año más tarde
se emitió la Orden de 29 de marzo de 1976 por la que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Asesora del Plan del Metro de Sevilla. También en 1976, se iniciaban las obras de la ejecución del primer tramo de la línea 1 del metro;
no obstante, debido a numerosos incidentes y errores no fue hasta el año 2009 que se produjo la inauguración parcial de esta línea 40.
36 https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/resumenejecutivoinfocomisiontcsectorferroviario_0.pdf, págs 22 y 23 [fecha de consulta: 14 de marzo de 2022],
37 https://www.ine.es/iaxiT3/Datos.htm?t=2911 [fecha de consulta: 15 de febrero de 2022].
38 https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/07/INFRAESTRUCTURAS/Anexo-1_La-inversion-y-el-stock-de-infraestructuras-de-transporte-en-Espa%C3%B1a.pdf, página 31 [fecha de consulta: 15 de febrero de 2022].
39 https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-perdida-habitantes_0_1641436457.html [fecha de consulta: 15 de febrero de 2022],
40 https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-1976-primeras-obras-metro-200911160300-1131502164436_noticia.html y https://www.metro-sevilla.es/quienes_somos [fecha de consulta: 15 de febrero de 2022].
11. En Sevilla, el servicio de trenes de Cercanías, como se expone en el Informe de 2019 del Observatorio del Ferrocarril en España ('OFE') 41, cuenta con cinco líneas:
i. C1: Lora del Río-Santa Justa-Utrera.
ii. C2: Santa Justa-Cartuja.
iii. C3: Santa Justa-Cazalla-Constantina.
iv. C4: Circular.
v. C5: Jardines de Hércules-Benacazón.
12. Por su parte, el Metro de Sevilla cuenta con tres tramos 42:
i. Tramo 0, entre Ciudad Expo y Blas Infante.
ii. Tramo 1, entre Blas Infante y Pablo de Olavide.
iii. Tramo 2, entre Pablo de Olavide y Olivar de Quintos.
13. No obstante, únicamente, en el tramo 1, en la estación de San Bernardo existe conexión con el servicio de Cercanías.
14. Entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria existe el consenso generalizado de que el área metropolitana de la ciudad de Sevilla necesita urgentemente mejorar su movilidad. Sin embargo, teniendo una conurbación
en extensión y una población semejante a la de Valencia -la tercera del país-, mantiene múltiples deficiencias tanto en transporte en superficie como en el soterrado, debido al déficit que Sevilla, como otras tantas ciudades y municipios españoles,
ha padecido en inversiones de infraestructuras desde hace decenios.
Cuarto. Intercambiador de Guadaíra
15. Entre las inversiones que en infraestructuras precisa Sevilla para mejorar su movilidad se encuentra la construcción de un intercambiador en 'Guadaíra', en la variante ferroviaria de La Negrilla (bifurcación Tamarguillo-La Salud),
próxima a la Universidad Pablo de Olavide. En tanto que se trata de un intercambiador entre el Metro, competencia de la Junta de Andalucía, y el servicio ferroviario de Cercanías, competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ('ADIF'), se requiere una coordinación entre ambas administraciones para su desarrollo.
16. En el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla desde 2007, concretamente en el apartado IV de su Memoria de Ordenación 'Nuevas formas de accesibilidad en la ciudad metropolitana: hacia un nuevo sistema de
comunicaciones basado en la intermodalidad y la coordinación entre el transporte y la planificación Urbana' 43, ya está previsto un intercambiador:
Estación Pablo de Olavide El Plan propone establecer un intercambiador de viajeros entre la línea 1 del Metro, la Estación de Cercanías prevista en la Universidad Pablo de Olavide y la plataforma reservada de conexión con Alcalá de Guadaíra.
La posición de este intercambiador metropolitano se sitúa próxima a los nuevos aularios de la Universidad.
La propuesta incluye un aparcamiento disuasorio en los accesos al apeadero para los vehículos procedentes del corredor de Utrera, que servirá también para acceso a la zona de espacios libres prevista en la margen derecha del río Guadaíra.
Los suelos necesarios para su construcción se encuentran dentro de la zona de dominio público incluidos como suelos expropiados para la construcción del Metro, y terrenos del nuevo Parque de las Riberas del Guadaíra, incluido en el Convenio
con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
17. No obstante, hasta la fecha, la Junta de Andalucía únicamente ha procedido a la construcción de una plataforma entre las vías del metro con la intención de facilitar el futuro intercambiador, que tiene que ser terminada. Así, en la
Ilustración 1 se puede apreciar que en la línea 1 del Metro de Sevilla ya se ha
41 https://www.mitma.gob.es/recursos'mfom/comodin/recursos/ofe_2019_mar2021.pdf, página 131.
42 https://www.metro-sevilla.es/mapa-y-trayectos [fecha de consulta: 1 de marzo de 2022].
43 http://web.urbanismosevilla.org/planeamientopgou/pdfs/02_TR_M_ORDENACION/02_TR_MO_04_M.PDF, página IV-10 [fecha de consulta: 15 de marzo de 2022].
procedido a la creación de la plataforma entre andenes, así como que las vías de la línea C4 de Cercanías discurre de forma paralela.
Ilustración 1. Vista satélite de la situación actual. Obsérvese que la estación de la línea 1 de Metro tiene ya la plataforma construida, por lo que su coste sería muy reducido. Fuente: Google
18. Y en la Ilustración 2 se muestra donde estaría sito exactamente el intercambiador:
Ilustración 2. Situación geográfica del intercambiador-apeadero propuesto a finalizar
19. De este modo, por una parte, la Junta de Andalucía debería terminar de construir la estación, que se encuentra actualmente 'en bruto', y con la plataforma ya empezada (véase Ilustración 1). Por otra parte, se requiere que ADIF también
acometa su parte, mediante la construcción del apeadero que daría servicio al Cercanías.
20. La construcción por parte del Gobierno de un apeadero en la línea C4 que conecte con la línea 1 del Metro de Sevilla proporcionará una solución para la mejora de la movilidad de los sevillanos. Además, podría traer consigo determinadas
ventajas estratégicas añadidas tanto para la economía como para la salud medioambiental del área metropolitana de Sevilla por diversas razones que a continuación se exponen:
i. En primer lugar, este intercambiador-apeadero beneficiaría de forma muy directa a los más de 63.000 habitantes del barrio de Sevilla-Este por permitir el transbordo rápido, directo y efectivo entre la línea C4 de Cercanías y la línea 1 de
Metro. Hay que señalar que Sevilla-Este es el barrio con mayor crecimiento de la ciudad, además de ser el de mayor movilidad por la reducida edad media de sus habitantes.
En tanto que la línea 2 de Metro de Sevilla, que daría servicio a este barrio, tardará todavía algunos años para su definitiva construcción, finalizar el intercambiador-apeadero permitiría que un vecino del barrio utilice la existente línea
C-4 de Cercanías para posteriormente hacer trasbordo hacia el Metro en 'Guadaíra'. También beneficiaría a los barrios de Padre Pío y Pálmete, a los que da servicio también la línea C-4 de Cercanías.
ii. En segundo lugar, este intercambiador podría ser de especial utilidad para los visitantes del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla ('FIBES'), lugar de encuentro y celebraciones masivas de especial interés para una ciudad
turística, como es la capital hispalense. Determinados eventos y congresos internacionales de diversas tipologías han resultado a menudo perjudicados por las pésimas conexiones que ofrece la zona Sevilla-Este, donde se encuentra FIBES, hasta el
punto de descartarse que se celebren congresos internacionales.
iii. Otro de los grandes beneficios de la propuesta es que el intercambiador-apeadero de 'Guadaíra' facilitaría enormemente el acceso a la Universidad Pablo de Olavide, lugar al que acuden a diario casi 10.000 personas, muchas de las cuales
usan vehículo privado. La mejora de las conexiones sería para la Universidad un impulso decisivo en la captación de alumnado de toda la provincia.
A modo de ejemplo, un alumno de la Universidad Pablo de Olavide que viva en Sevilla-Este -barrio con un gran número de estudiantes- requiere coger la línea C-4 de Cercanías hasta San Bernardo, para allí coger la línea 1 de metro, lo que
supone unos 47 minutos por cada desplazamiento. Sin embargo, en caso finalizarse este apeadero, el tiempo quedaría reducido a 8 minutos (obsérvese Ilustración 3).
Ilustración 3. Ilustración gráfica descrita anteriormente. Un estudiante de Sevilla Este hasta la Olavide requiere actualmente 47 minutos, tiempo que se vería reducido a 8 minutos en el caso de finalizarse la construcción de este
apeadero-intercambiador
iv. Adicionalmente, este intercambiador juega un papel sustancial en las conexiones del futuro nuevo barrio de 'El Pítamo' en ejecución -con capacidad de 30.000 habitantes-. Está previsto construir un apeadero de Cercanías en este barrio,
al cual daría servicio la línea C-4. Sin embargo, ni la actual línea 1 de Metro ni la futura línea 3 dará servicio a este futuro barrio (obsérvese la Ilustración 4). En consecuencia, el nuevo barrio de 'El Pítamo' también sufrirá los mismos
problemas de movilidad que actualmente sufre el distrito Este de la ciudad. Finalizar este apeadero-intercambiador, permitiría que un vecino del referido barrio pueda montarse en la estación de 'El Pítamo', para bajarse en 'Guadaíra' y allí enlazar
con la línea 1.
Ilustración 4. Infografía del futuro barrio de 'El Pítamo', que no tendrá conexión ni con la línea 1 ni con la línea 3 de Metro. Este problema se propone resolver mediante la finalización del intercambiador-apeadero de Guadaíra. Fuente:
Diario de Sevilla
21. Es importante destacar que la viabilidad de este proyecto se vería reforzada con el acuerdo suscrito entre el Consorcio de Transportes de Sevilla y RENFE para lograr la integración tarifaria, de manera que sea posible hacer trasbordo
entre metro y tren con un único billete integrado 44.
22. Con la creación del intercambiador entre Cercanías y el Metro de Sevilla en 'Guadaíra' se estará proporcionando una infraestructura de transporte que, sin duda, evitará que se produzcan desigualdades en función del barrio en que se
resida y que existan ciudadanos de primera y de segunda. En general, para paliar las desigualdades territoriales se les debe proveer a todos de las infraestructuras de transporte necesarias y adecuadas. Para ello se debe fomentar la colaboración
público-privada en los barrios, provincias y regiones abandonados por los poderes públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar cuantas actuaciones sean necesarias y a suscribir los convenios oportunos con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla a fin de completar en el plazo más breve posible la
terminación del apeadero intermodal situado en la variante ferroviaria de La Negrilla, a la altura de la estación 'Guadaíra' de la línea 1 de Metro de Sevilla, que permita el trasbordo entre la línea C-4 de Cercanías y la línea 1 de Metro de dicha
ciudad para dar solución rápida y efectiva a los graves problemas de movilidad de Sevilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2022.-María de los Reyes Romero Vilches, Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Darío Vega Arias
y Juan Carlos Segura Just, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
44 https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/159022/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/marifrancarazo/rente/convenio/consorciosdetransportemetropolitano/gobiernodeandalucia [fecha de consulta: 1 de
marzo de 2022].
161/004013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para impulsar las actuaciones necesarias en materia de planificación territorial, recuperación de las infraestructuras de transporte y reconstrucción de viviendas, para reparar los daños ocasionados por las erupciones del volcán Cumbre Vieja,
para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma
recoge, en su título VI, medidas de apoyo en materia de infraestructuras de la red de transporte terrestre de la isla y para la navegación marítima. El citado decreto-ley habilita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a adoptar
las medidas que se estimen más adecuadas para el apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias en la búsqueda de soluciones para el restablecimiento de las infraestructuras en la red de carreteras afectadas por la erupción del volcán y posterior
ejecución de las obras, a través de los correspondientes instrumentos jurídicos; así mismo, se contemplan medidas de apoyo en materia de infraestructuras de la red de transporte terrestre de la isla y para la navegación marítima Canarias-Península,
mandatando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a incluir en el contrato de línea de navegación de interés público entre las islas Canarias y la península la conexión de la isla de La Palma con las islas mayores del archipiélago y
la península con objeto de que se oferte una conexión marítima sin trasbordos a los ciudadanos que deban desplazarse por vía marítima a La Palma desde la península o a alguna de las islas mayores sin conexión directa.
El Real Decreto-ley 20/2021 destinó más de 213 millones de euros para la asistencia inmediata y apoyo a los afectados y para la recuperación y reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental de la isla de La Palma. Estas ayudas
se suman a las aprobadas en Consejo de Ministros el 28 de septiembre, por importe de más de diez millones de euros destinados a la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad para las situaciones más urgentes.
El pasado 15 de febrero se constituyó la Comisión Técnica de Recuperación y Reconstrucción de La Palma con objeto de coordinar la implementación de las distintas actuaciones que son necesarias para apoyar, socorrer y propiciar la
recuperación de la isla de La Palma en las materias que son competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando, con la máxima celeridad posible y en coordinación con los municipios afectados, el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias, las actuaciones necesarias en
materia de planificación territorial, recuperación de las infraestructuras de transporte y reconstrucción de viviendas, para reparar los daños ocasionados por las erupciones del volcán Cumbre Vieja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-César Joaquín Ramos Esteban, Luc André Diouf Dioh, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ariagona González Pérez y María Tamara Raya Rodríguez, Diputados.-José Zaragoza Alonso, Rafaela
Crespín Rubio y Héctor Gómez Hernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implantación del tren de cercanías en Ferrol para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El transporte por ferrocarril es un servicio que debe ser promovido y garantizado por parte de las administraciones, tanto por su origen como servicio público como por tratarse de un modo de transporte que contribuye a la sostenibilidad y la
salvaguarda del medio ambiente, que puede y debe contribuir a la cohesión social y a la vertebración territorial.
Sin embargo, históricamente el ferrocarril ha sido un elemento de discriminación y agravio con Galiza. Debe recordarse que el desarrollo de las redes ferroviarias ha obedecido en el Estado español a un modelo claramente centralista,
primando las conexiones con Madrid en lugar de la movilidad interior de los diferentes territorios, resultando un mapa de condiciones diversas y desiguales. En Galiza nunca se primó ni la conexión interna ni la conexión con Portugal, negando así
una vía de desarrollo económico y de cohesión territorial indudable.
Esta situación deriva en la actualidad en numerosos problemas de conexión y vertebración territorial entre los que destacan la conexión deficiente con Portugal desde la provincia de Pontevedra e inexistente en la de Ourense; una línea
prácticamente abandonada en el eje cantábrico entre Ferrol y Viveiro (el antiguo Feve); el práctico aislamiento de Lugo provincia y más concretamente de su ciudad, que ni siquiera está conectada con Santiago de Compostela; el abandono progresivo
de las líneas llamadas de 'regional' por su desuso, por ejemplo en el eje Santiago-Ourense-A Gudiña con el cierre de numerosas estaciones y paradas, situación que también se ha dado en el tramo Coruña-Vigo en el eje atlántico, donde también destaca
la falta de conexiones adecuadas entre Ferrol y A Coruña. Además no se han realizado durante décadas las inversiones necesarias para la modernización de la red ferroviaria gallega y no permite compatibilizar adecuadamente el transporte de personas
y mercancías.
Esta situación se ha agravado aún más tras la eliminación de frecuencias debido a las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19 y que a día de hoy aún no han sido completamente repuestas. A esto hay que sumar las alteraciones en
las conexiones y horarios ocasionadas por la llegada del AVE, que ha supuesto una nueva disminución de los servicios ferroviarios de conexión interna entre las distintas ciudades gallegas.
A todo ello debe añadirse otra de las principales deficiencias en el transporte ferroviario de Galiza, esto es, la carencia de servicios de cercanías en las principales ciudades y zonas metropolitanas, que necesitan urgentemente de un medio
de transporte ágil, económico y sostenible.
En el caso de la comarca de Ferrol es imprescindible comenzar con la modernización del trazado ferroviario en la línea Ferrol-A Coruña, contemplando la electrificación y doble vía. Además es necesario iniciar la construcción del bypass de
Betanzos para favorecer el empleo del ferrocarril en toda la zona urbana de A Coruña-Ferrol, acortando tiempos de viaje entre ambas ciudades. Además, deben adoptarse las medidas necesarias para iniciar el servicio de cercanías en el área de Ferrol,
comenzando con la restitución de los apeaderos abandonados, para posteriormente, abrir nuevas estaciones que den cobertura a los principios núcleos de población, habilitando zonas de aparcamiento gratuito en sus proximidades. Para ello es preciso
poner en funcionamiento suficientes frecuencias y que estas se adapten a las necesidades de las personas usuarias, sobre todo atendiendo a los horarios de trabajadores y estudiantes.
El área metropolitana de Ferrol, se conforma por las comarcas de Ferrol (en la que se encuentran los concellos de Ferrol, Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, Valdoviño, San Saturnino, Moeche, As Somozas y Cedeira), Eume (integrada por
los concellos de Pontedeume, A Capela, As Pontes, Cabanas e Monfero) y Ortegal (en la que se sitúan los concellos de Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira), sumando una población conjunta de 192.167 habitantes que necesitan un servicio de transporte
ferroviario de proximidad adecuado.
El diseño de las cercanías en el área de Ferrol debe incorporar una serie de servicios que permitirían un transporte público que dé cobertura a las personas residentes en las principales poblaciones. Así, debe contemplarse habilitar una
parada urbana en la zona de Freixeiro y solucionar los problemas de ese barrio derivados del tránsito del ferrocarril por el mismo, dando una alternativa de comunicación entre ambos lados.
Es necesario rehabilitar el apeadero do Alto, actualmente en muy mal estado, que sería además mucho más útil si se reubicara en una zona de más visibilidad e iluminación así como próxima a la población. En el caso de la estación de Xuvia se
debe reparar la explanada situada delante de la misma.
En el caso del concello de Cabanas debe repararse 'A Ponte de Ferro' sobre el Río Eume, así como acometer actuaciones en los taludes para evitar que continúen los desprendimientos en ese tramo. Así mismo, deben preverse actuaciones de
integración urbana de las vías y facilitar la conexión entre la playa de la Magdalena con el núcleo de Cabanas.
En el concello de Pontedeume debe rehabilitarse el apeadero y dotarlo de instalaciones complementarias como un aparcadero gratuito que faciliten el uso del ferrocarril a las personas que podrían utilizarlo diariamente en sus desplazamientos.
Así mismo, el concello de Fene podría integrarse en el servicio de cercanías, pues la actual línea atraviesa la zona urbana, bastando con el simple acondicionamiento de las instalaciones y de los pasos peatonales, que deberían también
incluir el paso entre Marqués de Figueroa y el Cruceiro de Perlío.
Lo mismo sucede en el concello de Neda cuya estación podría recuperarse de su actual estado de abandono, aprovechando la ocasión para la instalación de un paso elevado que permita la unión segura entre el camino y la calzada al otro lado de
la vía, lugar por el transitan numerosos caminantes y ciclistas.
Por supuesto, la instalación del servicio de cercanías supondrá el incremento de las frecuencias en la estación de Neda, así como en el resto de estaciones del área metropolitana de Ferrol y la interconexión de estas poblaciones entre sí.
La mayor parte de las instalaciones ferroviarias de la comarca, podrían servir para poner de forma inmediata el servicio, bastaría con recuperar las ya existentes y rehabilitarlas, mientras se establecen las frecuencias necesarias y las
tarifas propias de un verdadero transporte ferroviario de proximidad, que ofrezca una alternativa competitiva y sostenible al transporte privado por carretera.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Implantar, con la mayor agilidad, un servicio de tren de cercanías en la ciudad de Ferrol y su área funcional o de influencia que incluya también a las comarcas de Eume y Ortegal, utilizando como base la infraestructura ferroviaria
existente y dotando de actividad a las estaciones y apeaderos ahora abandonados y sin servicio tras proceder a su rehabilitación y acondicionamiento.
2. Adoptar las medidas necesarias para la actualización y mejora de la vía e instalaciones de servicio ferroviario, así como la apertura de las nuevas estaciones y apeaderos que sean necesarios, para dar cobertura a los principales núcleos
de población del área funcional de Ferrol.
3. Acometer la modernización del trazado ferroviario en la línea Ferrol-A Coruña, contemplando la electrificación y la implantación de doble vía e iniciar la construcción del bypass de Betanzos para favorecer el empleo del ferrocarril en
toda la zona urbana de A Coruña-Ferrol, acortando tiempos de viaje entre ambas ciudades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de las becas y
ayudas destinadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Una educación inclusiva y equitativa es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, así como el bienestar individual y colectivo. Así lo recoge el artículo 27 de la Constitución Española, que señala
que toda la ciudadanía tiene derecho a la educación y que es un deber de los poderes públicos garantizarlo. También el objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace referencia a la educación de calidad como herramienta
para reducir la desigualdad. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), muestra una especial atención hacia el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, que se rige por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, sin discriminación y con igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado. Concretamente,
en la disposición adicional cuarta se establece que 'las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el
procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley'.
Según la Comisión de Educación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), no se está cumpliendo la educación inclusiva. De hecho, destacan que falta inversión para dotar de recursos a los centros y medidas
para mejorar la formación al profesorado en la atención a personas con necesidades educativas especiales. La tasa de analfabetismo en este alumnado es seis veces superior a la del alumnado en general, según destaca esta comisión. El Comité de la
ONU para las Personas con Discapacidad advertía en un informe de 2017 que en España se había perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad. En 2019 el mismo órgano seguía mostrando
su preocupación por los escasos avances de España en relación con la educación inclusiva.
La disposición adicional cuarta de la LOMLOE anteriormente mencionada señala que 'el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e)
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender
en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.'
Teniendo en cuenta la voluntad del Gobierno y del Ministerio de Educación y Formación Profesional de apostar por la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo desde los propios centros educativos, cabe suponer que si en
2019 el Comité de la ONU para Personas con Discapacidad veía escasos avances, y a su vez la Ley da un periodo de diez años para asegurar que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado, se deben adoptar
mientras tanto las medidas que sean necesarias para asegurar una atención apropiada al alumnado fuera de los centros escolares, motivo principal de la existencia de las becas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEE). Pero las
becas NEE, en la actualidad, no llegan a todos los colectivos. Es el caso del alumnado que requiere servicios de logopedia o psicología y que, aunque no presente ninguna discapacidad, sí tiene dificultades en el habla y/o el lenguaje, o
dificultades en la lectoescritura derivadas de la dislexia o de una mala adquisición de los procesos. Muchas familias no disponen de los recursos necesarios para permitirse los gastos mensuales -que pueden ser superiores a 100 euros- para que los
niños y niñas sean atendidos por profesionales especialistas. Esta situación impide que sus hijos e hijas accedan a los tratamientos y acompañamientos que necesitan para mejorar su rendimiento escolar y permitir su correcto aprendizaje.
De los 748.024 alumnos y alumnas que recibieron apoyo educativo en el curso 2019-2020, más de 500.000 fueron atendidos por otras necesidades específicas, fundamentalmente por trastornos del aprendizaje (37 %), trastorno del desarrollo del
lenguaje (14,7 %) y altas capacidades intelectuales (7,7 %), según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Según varios estudios, es más probable que los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo que afectan al aprendizaje
no reconocidos tengan un rendimiento académico inferior, experimenten dificultades sociales, emocionales y de comportamiento y, por lo tanto, aumente el riesgo de fracaso escolar, así como de paro, de frustración laboral y en su proceso vital cuando
alcancen la edad adulta. De la misma manera, la intervención temprana ha demostrado mejorar el rendimiento escolar, el comportamiento, las interacciones sociales, cognitivas y las habilidades. Por lo tanto, no solo la identificación temprana es
necesaria, sino también el adecuado tratamiento para permitir un desarrollo óptimo.
En este sentido, las becas y ayudas son importantes para asegurar la universalidad de acceso, la inclusión y la equidad mientras a su vez se despliega el plan establecido en la ley. Las becas y ayudas para alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo son convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Actualmente, estas ayudas se ofrecen para personas con trastornos
específicos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el trastorno del espectro del autismo (TEA), así como para el alumnado con alta capacidad intelectual, o con una discapacidad mínima del 33 %, pero no para otras
problemáticas que también requieren atención profesional.
Los poderes públicos tienen la responsabilidad de asegurar la calidad y la inclusión en la enseñanza. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad buscar los mecanismos necesarios para aumentar el presupuesto de becas y ayudas destinadas al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de tal manera que resulte posible llegar a todo el alumnado que las precise y así reducir el fracaso escolar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar y dar concreción a las fórmulas adecuadas para garantizar la atención adecuada del alumnado con trastorno de neurodesarrollo y aprendizaje.
2. Acelerar el desarrollo de un Plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
3. Reforzar el criterio de renta familiar en la convocatoria de becas y ayudas NEAE con el objetivo de que sea un criterio determinante una vez acreditada la NEAE, con la finalidad de avanzar hacia la equidad del sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la situación de los campos de refugiados en
Polonia y el riesgo de que operen sobre los mismos las mafias del tráfico de personas, para su posterior debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La invasión de Ucrania por parte del régimen de Vladimir Putin se ha cobrado ya la vida de decenas de miles de soldados a ambos lados de la guerra y de población civil ucraniana, además de más de 3,5 millones de desplazados procedentes de
dicho país. Las consecuencias sin embargo de este intento de ocupación por parte del Kremlin son, y pueden llegar a ser, todavía mucho más dramáticas si, como parece que empieza a suceder, las mafias del tráfico de personas se acercan a las
fronteras de los países en primera línea de acogida para persuadir con engaños o, directamente para secuestrar, a mujeres y niños solos con los que hacer negocio en la trata.
Hasta ahora Polonia ha liderado los esfuerzos de acogida a nivel europeo abriendo sus puertas a casi 2 millones de desplazados, pero este país empieza a mostrar síntomas de agotamiento y avisa de encontrarse al borde del colapso, incapaz ya
de afrontar la acogida de más refugiados, mientras el desalojo de Ucrania no cesa. Así, llegan noticias de que los campos de refugiados habilitados en la frontera entre ambos países están descontrolados, sin contar con la gestión y la organización
de ningún país aliado, ni de la Unión Europea. La realidad es que ahora mismo se ralentiza mucho el proceso de recepción en frontera, la recogida de huidos a su llegada a Polonia no es eficiente y, en cada vez más casos, ello resulta incluso en
abusos de los derechos de los refugiados. La iniciativa privada está
funcionando bien, pero es necesario un organismo oficial y, preferentemente, gubernamental, que coordine y establezca instrucciones precisas a todos aquellos voluntarios que pretenden prestar su ayuda en la primera línea de recepción.
Éste es uno de los mayores problemas que se están encontrando las ONGs que se han trasladado a trabajar en la frontera, y así se lo han transmitido a nuestro grupo parlamentario, solicitándonos elevar esta demanda al Gobierno. Es necesario
habilitar algún tipo de representación institucional en la frontera, o punto de encuentro gubernamental, al que puedan dirigirse los desplazados con la garantía de tratarse de un lugar fiable y oficial que les proporcionará ayuda y redes seguras de
transporte, en su caso. Según denuncian las organizaciones que trabajan sobre el terreno, ninguno de los Estados miembros, Polonia incluida, ni la Unión Europea, han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las fronteras,
arbitrando un sistema institucional que organice la logística de recepción, traslado y seguimiento de los refugiados, asunto que dejan en manos de cualquier voluntario u organización que se acerque a la zona para prestar su ayuda.
Además del descontrol que está derivando en la ineficacia de estos procesos, las ONGs que trabajan en la zona han puesto la voz de alarma también sobre el elevado riesgo que existe de que los menores desplazados que se encuentran solos,
caigan en manos de mafias de trata de personas, alarma que se ha disparado tras la desaparición de un niño en la frontera de Medyka.
Según denuncian desde la Fundación Juntos por la Vida, que está trabajando en la zona, apenas se pide documentación e información a los voluntarios que llegan a la frontera procedentes de cualquier parte del mundo y, en todo caso, la
información con datos personales que estos puedan ofrecer, no se contrasta. Así, desde esta misma ONG se ha informado de que ha habido, que ellos conozcan, dos identificaciones de supuestos voluntarios que tenían antecedentes delictivos, pero no
gracias a la intervención de autoridad policial u oficial alguna, sino al trabajo de otros voluntarios y de periodistas en la zona. Por su parte, la portavoz de United Sikhs, ONG afiliada a las Naciones Unidas, ha hecho saber que ha habido ya un
gran número de secuestros e intentos de tráfico de mujeres en la misma frontera con Polonia.
El Ministro José Luis Escrivá, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo para explicar el Plan de Acogida para Personas Desplazadas procedentes de Ucrania, fue preguntado sobre estos dos aspectos por
parte de nuestro grupo parlamentario. El titular de la cartera de Migraciones explicó entonces que España solo tiene previsto organizar traslados oficiales desde el Ministerio de Defensa para las personas en situación de especial vulnerabilidad
cuyo trasporte venga avalado por organizaciones especializadas o por el propio Gobierno de Ucrania y, por otro lado, que la posición del Gobierno de nuestro país debe limitarse a quedar a disposición de la planificación que lleve a cabo la Comisión
Europea en las fronteras de los países en primera línea de acogida.
Entendiendo que es necesaria una planificación a nivel europeo y que nuestro país debe alinearse siempre con las instrucciones que puedan acordarse con nuestros aliados, es cierto también que el Gobierno debe tratar de aliviar en lo posible
la gravedad de lo que sucede en las fronteras polacas. Para ello, deberían adoptarse las medidas que insistentemente vienen requiriendo las organizaciones que, con su trabajo sobre el terreno, conocen de primera mano cuáles son las principales
necesidades y riesgos de la población desplazada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a la Comisión Europea a que organice un sistema de regulación oficial de la entrada y salida de personas de los principales campos de refugiados existentes en los países que son primera línea de acogida con Ucrania.
2. Habilitar, en coordinación con el Gobierno polaco y las instituciones europeas, puntos de encuentro oficiales, atendidos y anunciados, en Polonia y países de primera línea de acogida fronteriza con Ucrania, con el fin de garantizar a las
familias de refugiados que quieran llegar a España, un lugar seguro desde el que organizar la logística de su traslado a nuestro país.
3. Tomar todas las medidas necesarias, impulsando la iniciativa en el seno de la Comisión Europea si fuera necesario, para garantizar el control de la identidad de los voluntarios que se acerquen a la frontera o a los campos de refugiados
con el fin de prestar su ayuda, así como para ratificar que carecen de antecedentes penales a nivel internacional.
4. Habilitar en España un sistema mediante el cual, con apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se realice desde nuestro país un filtro de voluntarios que quieran desplazarse a países frontera con Ucrania con fines de ayuda,
con comprobación de su identidad y antecedentes penales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal del Servizo de Gardacostas de Galiza para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Según establece el artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la edad mínima exigida para obtener el derecho a pensión por
jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social puede ser reducida por Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Seguridad Social, 'en aquellos colectivos o actividades profesionales cuyos puestos de trabajo sean de carácter
excepcionalmente penoso, tóxico, peligroso o insalubre y presenten altos índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Para tales
efectos, se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que deberá observarse para rebajar la edad de jubilación, que incluirá los estudios previos sobre la siniestralidad del sector, la penosidad, la peligrosidad y la toxicidad de las
condiciones de trabajo, su incidencia en la incapacidad laboral del trabajador y los requisitos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad'.
Este desarrollo normativo determinó la aprobación del Real decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación
en el régimen de la Seguridad Social que, en su artículo 2, 'supuestos en los que resulta oportuno el establecimiento de los coeficientes reductores o la anticipación de la edad de acceso a la jubilación', dice:
'El establecimiento de coeficientes reductores o, en su caso, la anticipación de la edad para acceder a la jubilación anticipada la que se refiere el párrafo primero del artículo 161.bis.1 del texto refundido de la Ley general de la
seguridad social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, se realizará, en los términos y condiciones previstos en este real decreto, respeto de las actividades que necesariamente deban estar incluidas en alguna de las
siguientes:
a) Las actividades laborales de las escalas, categorías o especialidades cuyo ejercicio suponga la sujeción a una tasa excepcional de penuria, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se comprueben elevadas tasas de morbilidad o
mortalidad o de incidencia de enfermedades profesionales; Además, la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de la enfermedad en los términos señalados en el artículo
115.2.y) de la Ley general de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media.
b) Las actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuyo desempeño, en función de los requisitos físicos o psíquicos requeridos para el suyo desempeño, suponga una penuria excepcional y experimenten un notable incremento
de la siniestralidad a partir de una determinada edad, constituida por la tasa de accidentes de trabajo y/o la tasa de enfermedades profesionales; Además, la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la
incapacidad permanente
derivada de la enfermedad en los términos señalados en el artículo 115.2.y) de la Ley general de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media.'
El Servizo de Gardacostas de Galiza fue creado a través de la Ley 2/2004, para sustituir al anterior Servicio de Protección de Recursos en funcionamiento desde el 1990. En ella se establece que le corresponde a este Servicio realizar
funciones de inspección, prevención y corrección en materia de pesca, marisqueo y acuicultura, desde su primera fase de producción y explotación hasta la fase de comercialización en sus diversas formas, realizando las actuaciones necesarias para la
protección de los recursos marítimo-pesqueros y acuícolas. Asimismo, este Servicio tiene encomendadas funciones en materia de salvamento marítimo, velando por el cumplimiento de las normas de seguridad y actuando en caso de accidentes, siniestros o
emergencias de cualquier tipo que se producen en el ámbito marítimo y excepcionalmente en otros ámbitos, que requieren su colaboración y participación. También le corresponde la realización de las actuaciones necesarias en materia de lucha contra
la contaminación marina accidental a través de la prevención, detección, minoración y eliminación de los vertidos al mar, empleando los medios adecuados en estas actuaciones.
Este personal está sometido a una serie de peculiaridades, las cuáles vienen recogidas en el Decreto 136/2017, de 17 de noviembre, de ordenación y funcionamiento del Servizo de Gardacostas de Galiza, que especifica que el régimen de trabajo
de sus miembros se desarrollará 'entre las 00.00 y las 24.00 horas, todos los días del año, en función de los turnos rotatorios que establezcan las personas responsables y que se ajustará a los horarios que se hice por orden de la persona titular de
la consellaría competente en materia de pesca y asuntos marítimos'. Además, establece que 'para el desarrollo de la función inspectora, todo el personal del Servicio utilizará medios terrestres, marítimos o aéreos indistintamente, o una combinación
de varios de ellos, según el carácter de la misión y siguiendo las instrucciones recibidas.'
También debe tenerse en cuenta que este personal funcionario está adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de tener la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos del personal embarcado, como por ejemplo tener las
titulaciones y certificados en vigor, figurar en la lista de tripulantes, tener la libreta de navegación al día o pasar el reconocimiento médico, sin que se le reconozca ninguna protección ni coeficientes respecto a otros servicios de análoga
naturaleza adscritos al régimen del ISM. Sin duda, esto influye en su operatividad dada la avanzada edad que en muchos casos presentan los integrantes de sus tripulaciones y que se refleja en dolencias crónicas asociadas a la actividad realizada
como artrosis, lumbalgias, hernias, etc., así como una mayor exposición a sufrir accidentes.
Además, este Servicio tiene encomendadas tareas de salvamento marítimo, labores que en nuestra costa son por desgracia frecuentes, y para las que es necesario estar en unas condiciones físicas óptimas que no se tienen superada cierta edad
por lo que se pone en peligro tanto a la persona que va a rescatar como la que tiene que ser socorrida.
El propio Real Decreto 1311/2007, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, recoge en su artículo 1.a 2.º como actividad a la
que se le debe reducir la edad mínima de jubilación la de 'embarcaciones y buques de salvamento y lucha contra la contaminación', que es precisamente una de las funciones que tiene encomendada el personal del Servizo de Gardacostas de Galiza y que
sí figuraba ya como personal incluido en el REMAR antes de que se creara el Servicio de Protección de Recursos y la escala técnica de vigilancia pesquera por la Ley 12/1992, de 9 de noviembre.
No obstante, el ISM consideró, en su circular 4/2017, de 28 de julio, excluidos a estos trabajadores del REMAR por considerarlos 'personal de seguridad', obviando las funciones en materia de salvamento y de lucha contra la contaminación
marina accidental, según la ley 2/2004, de la creación del Servicio.
La situación actual de los trabajadores y trabajadoras del Servizo de Gardacostas de Galiza en lo relativo a su edad de jubilación, resulta aún más inexplicable si tenemos en cuenta que a día de hoy existen incluso varias sentencias
judiciales favorables a trabajadores del Servicio que demandaron al INSS y que acabaron obligándolo a aplicar los coeficientes reductores de edad (CUELES).
Es evidente que las particularidades de las actuaciones que llevan a cabo los miembros de este Servicio exigen que, en el desarrollo de su trabajo y en el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas, tengan un tratamiento específico
en cuanto a su régimen de trabajo, de la disponibilidad, de nocturnidad, de turnicidad, de peligrosidad y penosidad, o de celeridad en sus actuaciones y que, por lo tanto, también debe ser reconocido con una reducción de su edad de jubilación.
Esta cuestión ha sido tratada ya en distintas ocasiones en el Parlamento de Galiza, quedando demostrado que es un asunto que preocupa a todos los Grupos de la Cámara que han aprobado ya con anterioridad iniciativas en este sentido, pero
hasta ahora no han tenido aún el resultado esperado.
Para iniciar y facilitar la tramitación de esta reducción, que es de justicia atendiendo al trabajo que desempeñan los miembros del Servizo de Gardacostas de Galiza, será necesario que se realice un informe, en colaboración con la Xunta de
Galiza, en el que se cuente con datos actualizados sobre el índice de mortalidad y, sobre todo, de morbilidad que afecta a estos trabajadores y trabajadoras.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Integrar las escalas que desarrollan su actividad en los buques pertenecientes al Servizo de Gardacostas de Galiza en el Régimen Especial de los Trabajadores del mar.
2. Aplicar el Real Decreto 1311/2007 en lo referente al establecimiento de coeficientes reductores para el personal del Servizo de Gardacostas de Galiza.
3. Elaborar, en coordinación con la Xunta de Galiza, un informe sobre el índice de mortalidad y morbilidad que afecta a las personas de este Servicio tras años de trabajo en el mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural
161/003999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley el reconocimiento de la jubilación anticipada al personal sanitario, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria de la COVID-19 puso de manifiesto la importancia de contar con un sistema sanitario público, pero también puso de relieve sus carencias, especialmente las relacionadas con la precariedad y la temporalidad laboral. Sin
embargo, la pandemia no ha sido la causa, solo vino a agravar la situación. Fueron los recortes y la restricción de gasto recomendada como principal receta para superar la crisis económica la que puso en jaque a la sanidad, momento en que las
distintas Administraciones Públicas con competencias en esta materia redujeron los presupuestos sanitarios, la inversión en equipos y mantenimiento y, sobre todo, recortaron plantillas, mientras empeoraban las condiciones laborales, con contratos
menos estables y menores salarios.
Para corregir la situación y dotarnos de un sistema sanitario público fuerte es imprescindible incrementar el gasto sanitario, así como avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, para lo cual resulta
imprescindible, recordamos, que se elimine la tasa de reposición, cuestión que fue incorporada y ratificada por el Congreso en el Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica.
En este camino de recuperación y avance de derechos del personal sanitario, es necesario abordar también los derechos relativos a la jubilación anticipada y parcial.
En esta materia, el 13 de julio de 2006, se suscribía el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social. Como consecuencia de este, se promulga la Ley 40/2007, del 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. En su
disposición adicional séptima establece que 'en el plazo de un año, el Gobierno presentará un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, así como del personal de las Fuerzas Armadas y al
servicio de la Administración de Justicia, que aborde la aplicación de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones en que esta aplicación no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social y la
homogeneización, en términos equiparables, de los diferentes regímenes. En dicho estudio se contemplará la realidad específica de los diferentes colectivos afectados, incluida la del personal al que le
es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, tomando en consideración las singularidades que rodean al mismo, desde una perspectiva acorde con las prioridades y
garantías que se señalan en el párrafo anterior.'
A pesar de haber transcurrido casi 15 años desde la aprobación de esta Ley, el personal estatutario, así como el resto de las empleadas y empleados públicos, siguen sin tener garantizado el acceso a la jubilación anticipada y parcial,
viéndose frustradas de esta forma las expectativas de ese derecho de multitud de personas que, por razón de su edad y el tiempo cotizado, puedan aspirar a acogerse a estas modalidades de jubilación.
Tal y como admite la propia disposición adicional séptima de la Ley 40/2007, el personal estatutario posee singularidades que lo distinguen del resto del funcionariado, por la propia naturaleza del servicio público sanitario, prestación de
servicio continuado las 24 horas del día y los 365 días del año, el contacto con la enfermedad, la toma de decisiones sobre la salud y la vida de otras personas, la presión familiar, el trabajo de turnos[...]
Los propios planes de ordenación de recursos humanos que publica la propia Administración recogen problemas como los de una pirámide profesional envejecida, lo que incremente el número de incapacidades temporales, la imposibilidad de
efectivizar los acuerdos sindicales relativos a que el personal facultativo deje de hacer guardias al cumplir 55 años, la imposibilidad de no trabajar en horario nocturno a partir de esa edad del resto del personal, entre otros casos.
Circunstancias todas ellas que recomiendan introducir en el ámbito sanitario la jubilación anticipada o parcial, lo que permitiría, cuando la persona en cuestión lo considere necesario por sus circunstancias personales, llegada la edad de
jubilación anticipada y contando con el tiempo cotizado que exija la normativa, poder acogerse a la jubilación voluntaria y anticipada, facilitando con ello la renovación de la plantilla y el relevo generacional.
Además, de extenderse esta modalidad de jubilación al personal sanitario, debe hacerse sin penalizaciones. Se trata de una reclamación general y casi que unánime de los distintos colectivos de personas jubiladas. El acceso a la jubilación
anticipada contando con 35 o más años cotizados no debería estar penalizado. Se trata de una medida injusta, frente a la que el BNG ya presentó enmiendas y otras iniciativas reclamando su corrección, pero que sigue manteniéndose en la legislación
de la Seguridad Social. Se trata además de un recorte, una rebaja en su pensión que la persona jubilada no recupera nunca, ni siquiera después de superar la edad de jubilación forzosa.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a, conforme a lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en un plazo no superior a seis
meses, presente un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, recogiendo la realidad específica del personal estatutario y funcionario de los Servicios de Salud, tomando en consideración
sus singularidades. Presentado el estudio, llevará a cabo las medidas normativas necesarias para garantizar, a la mayor brevedad, el derecho del personal estatutario de los servicios de salud a la jubilación anticipada y parcial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados del PDeCAT Ferran Bel i Accensi i Genis Boadella i Esteve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar el nombre del 'Parador de Turisme Vic-Sau' Por el de 'Parador de les Masies de
Roda-Vic-Sau' o Alternativamente por el de 'Parador de Turisme Vic-Sau-Masies de Roda'.
Exposición de motivos
Este año 2022 se celebra el 50 aniversario de la apertura del Parador de Turisme de Vic-Sau. Fue un 25 de mayo de 1972 en el que el Parador ubicado en el municipio de Les Masies de Roda abrió sus puertas al público, aunque no fue
oficialmente inaugurado hasta el 17 de julio de ese mismo año.
Con el importante incremento del turismo en los años 60, la red de Paradores del Estado decidió la construcción de uno en la comarca de Osona. Se discutió su ubicación; entre instalarlo en la capital, Vic, o en la zona del Pantano de Sau,
siendo esta última ubicación la finalmente escogida, lo que permitiría la rehabilitación turística del entorno, ya que el lugar donde finalmente se construyó está muy cerca del monasterio de Sant Pere de Casserres, también ubicado en Les Masies de
Roda, además de ser uno de los parajes más bonitos de la Comarca, con el macizo de las Guilleries al fondo, el azul y extenso pantano de Sau a los pies y los característicos vestigios del arte románico catalán, insertados entre verdes pinares,
invitan al visitante a disfrutar de las actividades relacionadas con la naturaleza.
Desde siempre la denominación oficial del Parador ha sido la de Parador de Vic-Sau, denominación que desde hace cincuenta años ha obviado su ubicación real en el municipio de Les Masies de Roda, circunstancia que no sucede en la gran mayoría
de los 97 Paradores existentes.
En otro orden de cosas, el Parador de Turismo del municipio de Les Masies de Roda fue testigo de un hecho histórico de gran relevancia política para Catalunya, al ser el escenario donde se reunieron los parlamentarios catalanes que
redactaron, en 1978, el anteproyecto de Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979, también conocido como Estatuí de Sau.
El alcalde de Les Masies de Roda, Francesc Ribas, como anfitrión del municipio donde se reunieron los Diputados para redactar el anteproyecto de Estatuí, quiso dejar constancia construyendo en 1982 el monumento al Estatuí de Sau, obra del
escultor Josep Ricart, inaugurada el domingo 3 de octubre de 1982 en el exterior del parador de turismo.
El monumento consiste en una gran estructura de casi cuatro metros de altura, hecha con ladrillos, que forma las cuatro barras de la bandera catalana. A un lado, a media altura, hay varias figuras de personajes populares que simbolizan las
raíces catalanas. Al otro lado, sobre un zócalo de poca altura, se puso la figura de una madre levantando en brazos a su hijo, desnudo. Según el autor de la obra, simboliza la presentación del Estatuí a los catalanes.
Como la financiación del monumento corría a cargo del Ayuntamiento de Les Masies de Roda y el presupuesto era muy limitado, la figura de la madre con el niño no pudo fundirse en bronce y se dejó el original de terracota. En el acto
inaugural estuvieron presentes el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley, el alcalde de Les Masies de Roda y la mayoría de los parlamentarios catalanes miembros de la 'Comisión de los veinte' que habían
participado en la redacción del borrador del Estatuí. También acudieron alcaldes de muchas localidades catalanas, que depositaron al pie del monumento pequeños sacos conteniendo tierra de sus respectivos municipios, así como el escultor y cientos
de personas.
En los años posteriores, las inclemencias meteorológicas y gamberradas varias fueron dañando seriamente la escultura de la madre y el niño, situadas a un nivel muy accesible y, por ello, en 2010 se decidió hacer finalmente una copia en
bronce, que es la que está actualmente ubicada en la entrada del Parador.
La Escultura original de terracota fue dada en el año 2010 por el Ayuntamiento de Les Masies de Roda al Parlament de Catalunya.
Todo lo anterior se expone para argüir que no se puede obviar el nombre de los municipios en los que se encuentran ubicados estos alojamientos turísticos, ya que comporta una menor vinculación de éstos con los vecinos y el Ayuntamiento del
municipio, lo que conlleva la pérdida de las sinergias que podrían generarse entre Ayuntamiento y los paradores por la difusión turística de la zona y del municipio. En este sentido, habida cuenta del hecho de que este Parador de Turismo es un
alojamiento singular en la comarca de Osona, el incorporar en su denominación el término Les Masies de Roda permitiría que se pudieran dar a conocer otros lugares del pueblo y poder considerarlo como un municipio referente como destino turístico.
Por todo ello, y a la vista de la respuesta del Gobierno a la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 'Posibilidad de modificar el nombre de 'Parador de Turismo Vic-Sau', para que el mismo recoja la ubicación exacta y real del Parador y
pase a denominarse 'Parador de Turismo Vic-Sau-Masies de Roda'. (184/069251)', formulada por el Diputado Genis Boadella i Esteve en fecha 24/11/2021, y a la que el Gobierno contestó 'teniendo en cuenta que el Parador de Turismo está ubicado en el
término municipal de les Masies de Roda (Osona, Barcelona), se podría estudiar, llegado el caso, cambiar el nombre del Parador de 'Parador de Turismo Vic-Sau' a 'Parador de Turismo Vic-Sau-Masies de Roda', los diputados del PDeCAT presentan la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la denominación del municipio donde se encuentra ubicado el actualmente denominado Parador de Turismo Vic-Sau, Les Masies de Roda, en el nombre oficial del Parador, siendo válidas las
dos opciones siguientes; 'Parador de les Masies de Roda-Vic-Sau' o bien 'Parador Vic-Sau-les Masies de Roda.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Genis Boadella Esteve y Ferran Bel Accensi, Diputados.- El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la articulación urgente de
un esquema de medidas ante los efectos de la crisis económica actual y la guerra en Ucrania dirigidas al sector de la Hostelería Española, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Para dimensionar la importancia de la Hostelería española dentro de la estructura económica y social de nuestro país, baste recordar que hasta el estallido de la pandemia la misma se encontraba formada por más de 315 mil establecimientos que
daban trabajo a 1,7 millones de personas (cerca de un 10 % del total del empleo prepandemia en España), con un volumen de ventas de 130.841 millones de euros y con una aportación en torno al 12 % al PIB de la economía española. Específicamente, los
restaurantes, bares, cafeterías y pubs venían empleando a casi 1,3 millones de personas, generando una facturación cercana a 99 mil millones de euros, cifra que representaría alrededor de un 8 % al PIB nacional.
Cuando se cumple un mes desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el impacto de un conflicto bélico de imprevisible alcance, duración, evolución y consecuencias a día de hoy, ha traído consigo que los principales economistas de
referencia, junto a la inmensa mayoría de los agentes económicos y sociales, sin olvidar por supuesto a los grandes actores damnificados lleven planteando y reivindicando con insistencia y sin éxito alguno hasta este momento, la necesidad de obtener
por parte del Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta urgente, extraordinaria y adecuada a la altura de las muy difíciles circunstancias que vivimos a esta hora en el continente europeo, y que contemple en cualquier caso ayudas y rebajas de
impuestos significativas, a fin de minimizar la erosión que tras una pandemia de larga duración pueda superponerse y desembocar en una mayor destrucción de tejido productivo y de pérdida intensa de empleo. En este sentido, centrándonos en el
impacto sobre el negocio hostelero, no podemos olvidar que la COVID-19 trajo como resultado que desgraciadamente sólo en el año 2020 la cifra de negocios de la Hostelería española descendiera más de un 50 %, equivalente a una pérdida de ingresos
cercana a los 70.000 millones de euros y con ello, que alrededor de 100.000 establecimientos hosteleros y de restauración se viesen obligados a cesar su actividad de manera irreversible.
En el actual escenario, hace escasos días sin ir más lejos la agencia de calificación crediticia Fitch publicaba sus últimas previsiones económicas, rebajando la perspectiva del PIB de España hasta un crecimiento del 5 % este año, frente al
6,3 % que pronosticaba en diciembre pasado, y donde nuestro país
no recuperaría su nivel de PIB previo a la pandemia como muy pronto hasta el segundo trimestre de 2023. Por lo que se refiere en concreto a las perspectivas turísticas, las principales hipótesis apuntan a los siguientes escenarios; un
primer supuesto, donde el desarrollo de la invasión pueda prolongarse, la actividad resultar afectada y la ansiada reactivación turística definitiva retardarse. Y un segundo escenario de predicción más adversa, a partir del cual el conflicto se
enquistase y el repunte de las materias primas se recrudeciese, afectando de manera más gravosa a las economías domésticas, penalizando asimismo la normalización de los flujos a escala internacional y afectando en definitiva, al crecimiento
económico mundial bajo riesgo de recesión. En este punto, convendría alertar especialmente sobre el factor nocivo, claramente desincentivador y de merma que supondría una significativa pérdida de poder de compra para los consumidores y viajeros y
que podría traducirse en la práctica, en una pérdida y contracción de la demanda a nivel interno y externo, al pasar a convertirse el consumo en ocio y entretenimiento un bien o servicio de carácter absolutamente accesorio o prescindible.
Por otra parte, adentrándonos a exponer las principales vicisitudes que se encuentran enfrentando nuestros operadores hosteleros a lo largo del último periodo, cabe subrayar que el aumento generalizado de los costes en medio de una espiral
altamente inflacionista sin límite temporal, continúa intensificando y agravando con fuerza la crisis que ya se venía arrastrando desde inicios de 2020. En efecto, nuestro sector hostelero viene acusando de lleno la subida desbocada de los precios
energéticos, junto con el de algunas materias primas esenciales en el desarrollo de su operativa como los aceites, café, zumos, etc., que acogotan aún más sus estrechos márgenes y podrían comprometer a corto plazo la solvencia y viabilidad de
muchísimos negocios hosteleros españoles. En particular, resulta aquí obligado poner énfasis sobre la repercusión que supone para el gremio hostelero el encarecimiento desproporcionado de la factura energética, donde además de afectar al incremento
del precio de otros productos, asimismo también tiene afectación sobre toda la cadena de producción y distribución.
Por todo lo anteriormente expuesto, en fase aún de recuperación económica y turística progresiva, amenazada ahora en nuestras regiones turísticas y comerciales, con el propósito de frenar y mitigar a la mayor brevedad el creciente daño en
términos económicos que el desarrollo del conflicto ruso-ucraniano se encuentra provocando sobre la plena reactivación de nuestros operadores hosteleros y la economía nacional en su conjunto después de padecer todavía los efectos demoledores de más
dos años de pandemia,
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Diseño y aprobación de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector turístico teniendo en cuenta su peso PIB español y su fuerza laboral dentro del mercado de trabajo, contemplando toda la
cadena de valor turística española y cifrado en una cuantía global no inferior en ningún caso a la cantidad de 12.000 millones de euros.
- Garantizar de manera urgente la ampliación y el aplazamiento de los periodos de carencia de los actuales préstamos ICO en vigor como mínimo en un año; así como la aprobación y el lanzamiento de una nueva línea de avales para garantizar la
liquidez y financiación de autónomos y empresas del sector hostelero español.
- Aprobación inmediata de una nueva línea de concesión de ayudas directas dirigidas específicamente al colectivo de autónomos, microempresas y pymes que desarrollen la prestación de servicios hosteleros, consensuando requisitos técnicos de
elegibilidad previamente.
- Reducción con carácter inmediato del IVA aplicado al sector de la hostelería, mediante el establecimiento de tributación a la prestación de servicios de hostelería, de restauración, gastronómicos, y en general el suministro de comidas y
bebidas al tipo súper reducido del 4% en un contexto de escalada inflacionista persistente, de reducción de renta disponible de los hogares españoles y de niveles actuales de gasto turístico no residente insuficientes.
- Reducir el Impuesto Especial a los Hidrocarburos contemplado en el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, a los niveles mínimos de imposición aplicables a los carburantes, reseñados en el Anexo I de la
Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003, de manera provisional y en tanto en cuanto persista la excepcional situación de precios; aplicar un tipo impositivo súper reducido del 4% del IVA al suministro de gas natural y de
calefacción urbana.
- Estudio y aprobación de medidas específicas en materia de sobrecostes energéticos (calculados entre un 20 %-40 % solo en electricidad) dirigidas a los operadores prestadores de servicios hosteleros, considerando la alta dependencia
energética en el funcionamiento de su actividad (6-8 % de los costes globales de un negocio hostelero) y el desproporcionado encarecimiento de los costes operacionales experimentado por parte de los mismos, junto al notable incremento de precios de
determinadas materias primas.
- Aprobación de un Plan RENOVE ambicioso de soporte a la Hostelería Española, centrado en ayudas de reposición y adaptación de equipamiento, maquinaria e instalaciones, a distribuir entre todas las Comunidades Autónomas, utilizando
indicadores objetivos y no discriminatorios para su reparto territorial.
- Dotar a la Hostelería Española de un programa para facilitar que los operadores puedan invertir en equipos y sistemas para la gestión de su demanda energética.
- Confección inmediata y dotación presupuestaria por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de un programa extraordinario de incentivos al consumo de experiencias turísticas, -como medida de estímulo a la consolidación de la
actividad turística interna y teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo por parte de los hogares españoles en la actual coyuntura-, incluyendo la prestación de servicios de alojamiento reglado, servicios de restauración y experiencias
gastronómicas, organización de viajes combinados y en general, la venta y el consumo de bienes, productos, servicios y actividades de interés turístico.
- Intensificar la estrategia promocional y de comunicación de la Marca España, aportando seguridad, certidumbre y confianza a las decisiones de viaje y persiguiendo en definitiva, la absorción de pérdida de flujos, así como la captación de
mercados alternativos de media-larga distancia y la atracción de clientela de alto valor añadido para el sector hostelero y turístico español frente a nuestros destinos competidores.
- Articulación de una línea específica de incentivos y acciones promocionales dirigidos a los establecimientos hosteleros de los destinos turísticos de interior y con problemas de despoblación, procurando aumentar pernoctaciones y gasto
turístico; atrayendo mayor cuota de visitantes mediante el fomento de la práctica de experiencias turísticas basadas en productos con indicación geográfica protegida, productos de proximidad o 'kilómetro cero' o las experiencias recreativas
vinculadas con el vino; así como persiguiendo la generación de empleo vinculada a actividades turísticas en estos territorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la digitalización del sector agroalimentario para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según el informe de Food and Drink Europe 2021, la industria de alimentos y bebidas de la UE emplea a 4,5 millones de personas, genera una facturación de 1,1 billones de euros y 222 mil millones de euros en valor agregado, lo que la
convierte en una de las industrias manufactureras más grandes de la UE.
En la mitad de los 27 Estados miembros de la UE, la industria de alimentos y bebidas corresponde al mayor empleador manufacturero. 45
45 Informe de Food and Drink Europe 2021_Datos 2019. Food&Drink (15/11/2021).Europe 2021_Datos 2019. Food&Drink (15/11/2021).
Con respecto a España, el sector agroalimentario representa el 10 % del Producto Interior Bruto. Este sector, durante la COVID-19, ha desarrollado una labor fundamental en el abastecimiento de alimentos y bebidas, demostrando ser un sector
productivo fuerte y resiliente.
Si atendemos a las características propias de este sector en nuestro país, nos encontramos con una serie peculiaridades propias sujetas a varios condicionantes.
Por un lado, y al igual que el resto de sectores, a las incertidumbres económicas generales. Por otro, a las distintas contingencias que hacen más difícil la viabilidad. Como es el caso de las vicisitudes climatológicas y en la
vertibilidad de los precios que hacen que este sector sea más peculiar con respecto al resto.
En la actualidad y tras la aprobación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria se ha dotado al sector de un respaldo legal que prohíbe la venta a pérdidas. Esto se traduce en la
reducción del desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor y garantizando una competencia más justa, protegiendo así al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria.
Según datos Instituto Nacional de Estadística, las ramas de actividad con mayor contribución a la facturación industrial en 2019 fueron la Industria de la Alimentación (con el 16,3 % del total), Producción, Transporte y Distribución de
energía eléctrica (11,3 %) y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (11,1 %).
En cuanto a la empleabilidad, las que emplearon mayor número de personas fueron la Industria de la Alimentación (con un 17,1 % del empleo del sector), Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (11,1 %) y Fabricación de
vehículos de motor, remolques y semirremolques (6,9 %) 46.
Los datos demuestran el valor estratégico del sector en España es innegable, pero cuenta, a su vez, con un alto nivel de atomización debido a que está conformado por un gran número de pequeñas y medianas empresas arraigadas en el territorio
rural.
Esta realidad, puede ser, en un principio, una debilidad. Pero si se apuesta por la transformación y digitalización del sector agroalimentario, puede convertirse en una fortaleza con dos consecuencias claras en nuestro país: Por un lado,
dotar a las PYMES de un aumento de la competitividad y al mismo tiempo, contribuir a la cohesión social y territorial de nuestras zonas rurales, con el objetivo de luchar contra la despoblación.
Además, con la digitalización en este sector se apuesta por la investigación y el desarrollo, fortaleciendo así el papel que tienen las PYMES en las zonas rurales. Consiguiendo así una mejora de la competitividad, sostenibilidad, una
reducción de los costes y la creación de nuevos productos consiguiendo un valor añadido al producto final.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones Locales a dotar a las empresas y autónomos con los recursos del PERTE Agroalimentario, cuyos ejes principales son la mejora
de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la producción de alimentos, apoyando el proceso de innovación y digitalización para todos los agentes que forman parte de su cadena de valor, y así lograr un sector agroalimentario
competitivo en todos los eslabones, para que siga siendo un valor estratégico innegable para la economía nacional y una industria de referencia europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Manuel Gabriel González Ramos y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
46 DATOS INE 2019.
161/003985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley de apoyo a la flota arrastrera y de fondo de Galiza, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La campaña internacional que se está llevando a cabo por parte de distintas ONGs, exigiendo la prohibición del arrastre de fondo, tuvo un punto álgido el pasado mes de diciembre, cuando el eurocomisario de Pesca y el vicepresidente primero
de la Comisión Europea, responsable del Pacto Verde Europeo, le mostraron públicamente su apoyo, haciendo, una vez más, gala de un gran desconocimiento sobre esta arte, pues no el arrastre no es ni bueno ni malo, es sostenible en la medida en que se
regula cómo, dónde y cuándo se usa en función de criterios científicos. Por lo tanto, no existen argumentos desde el punto de vista medioambiental que avalen la total prohibición, pero sí existen sobrados motivos de carácter social y económico que
justifican el mantenimiento de la actividad de la flota.
Este apoyo público por parte del Comisario ha causado reacciones en el sector pesquero del arrastre en toda la Unión Europa, llegando algunas asociaciones pesqueras a pedir su dimisión, por dejar clara el posicionamiento favorable de la
Comisión a la eliminación total del arte del arrastre, sin tener en cuenta las medias de control y las áreas delimitadas ya existentes que permiten calificarla de sostenible, pero también por las graves consecuencias que tendría esta decisión, que
haría desaparecer el mayor soporte del mercado fresco en las localidades costeras.
Ante la inminente presentación del Plan de Acción de la Comisión para preservar los mares y océanos, en el marco del Pacto Verde y de la Estrategia de Biodiversidad 2030, en el que se prevén medidas que limitarían el uso de determinadas
artes de pesca, la posibilidad de optar por la total prohibición de las artes incluidas dentro del arrastre, los más de 100 barcos arrastreros gallegos, así como la industria de transformación que ellos depende, no pueden ocultar su enorme
preocupación.
Las medidas propuestas afectarían, además, a una parte importante de la flota gallega de artes menores (rastros, trasmallos, bous o miños) y tendrían una incidencia y un impacto socioeconómico de forma especial en las poblaciones costeras,
pero que afectaría al conjunto de la economía de Galiza, con un alcance verdaderamente letal.
Esta flota cuenta en Galiza con más de 180 barcos con permiso para arrastre, cerca de 900 autorizados para la pesca con miños, otros tantos para la pesca con trasmallos y más de 80 con permiso para el bou de bara.
O Plan de Acción para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos fijará las medidas y procedimientos para efectivizar los objetivos de la Estrategia Biodiversidad 2030 y es interpretado por el sector pesquero de la
flota de arrastre y otras artes de fondo como un riesgo real. Tanto es así que ya viene de provocar la creación de la EBFA (Alianza Europea de la pesca de fondo) que apuesta por defender el peso socioeconómico, la contribución a las capturas
comunitarias y al abastecimiento de pesca, así como la sostenibilidad de este arte.
La Alianza quiere dar a conocer que el arrastre es una de las artes más reguladas y controladas en este momento y sobre la que existen amplios estudios que aportan datos en apoyo del mantenimiento de la actividad y con los que pretenden
combatir el desconocimiento sobre esa modalidad de pesca.
Delante de la inquietud del sector, tanto el gobierno español como el de Galiza expresaron su apoyo a las artes de fondo en la Unión Europea y se comprometieron a defenderlas.
Es evidente, también en este caso, que el objetivo de intentar lograr un equilibrio entre la conservación y la producción sostenible de alimentos que provienen del mar no puede ser conseguido mediante prohibiciones rotundas y deberá tener en
cuenta muchos otros factores que están en juego. Entre ellos, que la pesca de fondo ya se realiza en el momento actual en áreas limitadas, que aporta un importante número de especies (rape, rapantes, cigalas, gambas, lenguados...) que difícilmente
podrían ser capturados en otras modalidades de pesca, que es un pilar principal de empleo en las zonas costeras gallegas, que funciona ya bajo una fuerte regulación, que hasta el momento no ha provocado sobreexplotación o colapso de los stocks de
las especies que captura y que tiene una huelle ambiental mínima, entre otros.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Quiere mostrar su apoyo a la flota arrastrera y de fondo, sector de especial relevancia en Galiza, por tratarse de artes reguladas y sostenibles, ante las limitaciones que se le quieren imponer a través del Plan de Acción de la Comisión
Europea.
2. Insta al Gobierno del Estado a defender la flota arrastrera y de fondo ante la Comisión Europea y a dirigirse al Comisario europeo de Pesca y al Vicepresidente Primero de la Comisión Europea para solicitarle una aclaración de la postura
respecto a la prohibición de la pesca de arrastre, así como reprobar su apoyo público a organizaciones que defienden la prohibición del arrastre de fondo.
3. Así mismo, insta al Gobierno del Estado a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que esa prohibición no sea finalmente aprobada, por suponer un grave y letal perjuicio para el sector pesquero gallego y tener un impacto
socioeconómico negativo en las poblaciones costeras así como en el conjunto de la economía de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el abastecimiento, reducir el
impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria tras la invasión de Ucrania, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Las relaciones comerciales agroalimentarias con Ucrania y Rusia.
La reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia está amplificando la subida de, entre otros, los precios de la energía, el petróleo o el gas; y también de los insumos como el nitrato de amonio, los fertilizantes básicos o la solución
nitrogenada, que son esenciales para el sector agrario y que ya habían subido entre un 25 % y un 28 % en meses previos 47, aunque ahora se mantienen en niveles récord 48.
Ucrania y Rusia ocupan posiciones dominantes en el mercado mundial de materias primas agrarias. Por ejemplo, la Federación de Rusia representa el 13 % del comercio mundial de productos fertilizantes con más de 50 millones de toneladas al
año 49. Así pues, como estamos viviendo 50, un aumento del precio de los fertilizantes afecta a su disponibilidad y, al mismo tiempo, la perspectiva para los próximos años es que continúen al alza con el consecuente impacto para las cosechas de
este año y de venideros.
47 BOLINCHES, Cristina (2022). 'La guerra en Ucrania abre el debate de la soberanía alimentaria ante la falta de cereales y la subida de precios', ElDiario.es. 11 de marzo. Disponible en:
https://www.eldiario.es/economia/guerra-ucrania-abre-debate-soberania-alimentaria-falta-cereales-subida-precios 1 8819845.html
48 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2022). 'Los precios internacionales de los alimentos en niveles récord desde 2011', FAO. 3 de febrero. Disponible en:
https://www.ambito.com/economia/precios/los-internacionales-los-alimentos-niveles-record-2011-n5364709
49 Reuters (2022). 'Ministerio de Comercio ruso recomienda a productores de fertilizantes que detengan exportaciones', Euronews. 4 de marzo. Disponible en: https://es.euronews.com/next/2022/03/04/ucrania-crisis-rusia-fertilizantes
50 Europa Press (2022). 'Fabricantes de fertilizantes alertan de las dificultades de abastecimiento y aumento de costes por la guerra'. 11 de marzo. Disponible en:
https://www.europapress.es/economía/noticia-fabricantes-fertihzantes-alertan-dificultades-abastecimiento-aumento-costes-guerra-20220311133758.html
Además, estos dos países dominan las exportaciones mundiales de cereales, representando más de un tercio de estas, y más de la mitad del mercado mundial del aceite de girasol. Aún más, Rusia es el primer exportador mundial de trigo y
Ucrania es el quinto; suministran el 19 % del suministro mundial de cebada, el 14 % del trigo y el 4 % del maíz; y son los principales proveedores de colza 51.
Por su parte, el comercio exterior agroalimentario y pesquero con la Unión Europea (en adelante, 'UE') tiene especial relevancia por el volumen económico y comercial que genera, tal y como se recoge, por ejemplo, en el Informe bilateral de
comercio exterior agroalimentario y pesquero: Ucrania del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ('MAPA') 52.
Tabla 1.2.
Principales exportadores e importadores comunitarios a Ucrania
Año 2019
[MAPA, 2020 53]
En el caso de España, si bien es cierto que en número de exportaciones nuestro comercio con Ucrania no alcanza la misma relevancia que tienen otros Estados miembro de la UE, porque nuestro país ocupa la séptima plaza con el 0,2 %, en
relación con las importaciones somos el segundo con un 3,3 % 54.
De esta forma, el aspecto más relevante es el hecho de que el saldo comercial agroalimentario y pesquero de España es negativo con Ucrania, ya que 'importamos más que exportamos' 55. La producción española de cereales es cercana a los
veinte millones de toneladas al año, pero el consumo es casi del doble, de ahí la dependencia absoluta de Ucrania, que es el primer productor mundial de semillas, harinas y aceite de girasol 56. Además, dicha diferencia entre exportaciones e
importaciones ha ido en aumento en los últimos cinco años 57, con una creciente dependencia en detrimento de nuestra soberanía alimentaria.
a) Principales productos exportados.
Por un lado, en cuanto a las exportaciones, el 60 % de éstas se concentran en cinco productos: pescado congelado (18 %), otras legumbres y hortalizas en conserva (12 %), semilla de girasol (12 %), extracto de esencias y concentrados de café
o té (10 %) y vino y mosto (8 %).
51 SANDRI, Piergiorgio (2022). 'La subida de los cereales pone en riesgo la seguridad alimentaria global', La Vanguardia. 13 de marzo. Disponible en:
https://www.lavanguardia.com/economia/20220313/8120448/subida-cereales-pone-riesgo-seguridad-alimentaria-global.htmlPutm source=twitter&utm medium=social&utm content=economia
52 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020). Informe bilateral de comercio exterior agroalimentario y pesquero: Ucrania. 5 de noviembre. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informeucrania2019 tcm30-550966.pdf
53 Ibid.
54 Ibid.
55 FITER, Miguel (2022). 'Alerta en el granero ucraniano: por qué la crisis con Rusia preocupa más en Tarragona y Valencia', Vozpópuli. 29 de enero. Disponible en: https://www.vozpopuli.com/economia y finanzas/ucrania-tarragona-2.html
56 VIGARIO, David (2022). 'El sector agroalimentario español tiembla ante el cierre de fábricas y puertos en Ucrania: en un mes no habrá aceite ni cereales', El Mundo. 1 de marzo. Disponible en:
https://www.elmundo.es/economía/empresas/2022/03/01/621dlf8efdddffd47f8b457f.html
57 Ibid.
A nivel mundial estas exportaciones registraron los siguientes datos: el pescado congelado supuso el 2,3 %, otras legumbres y hortalizas un 1,3 %, las semillas de girasol un 12,3 %, el extracto de esencias y concentrados de café o té un 2,5
% y el vino y mosto un 0,3 %.
b) Principales productos importados.
Como se ha visto, aunque España no se sitúa entre los principales países exportadores a Ucrania, es uno de los principales Estados miembro de la UE importadores de maíz, aceite de girasol, tortas de aceites vegetales y trigo de Ucrania.
En primer lugar, destaca el maíz, con un valor de 459,24 millones de euros lo que nos convierte en el segundo comprador de la Unión Europea, por detrás de los Países Bajos, con una cuota del 14 %. Además, esta importación constituye el 27,6
% de nuestras compras de este producto en el exterior 58.
En segundo lugar, la importación de aceites de girasol nos posiciona en el quinto lugar de la UE con un valor de 217,93 millones de euros, lo que supone el 59,8 % de las compras de este producto a nivel mundial.
Después se sitúan la importación de trigo (octavo lugar) con 146,31 millones de euros y el 12,9 % mundial; de tortas de aceites vegetales (sexta posición) por valor de 76,73 millones de euros y el 31,4 % mundial; y de leguminosas de grano
(segundo lugar) con 41,69 millones de euros y el 15,4 % mundial 59.
Tabla 2.3.
Principales productos importados por España de Ucrania
Año 2018
[MAPA, 2020 60]
Segundo. Las implicaciones para el sector agroalimentario y pesquero español.
Por este nivel comercial entre España y Ucrania, el comienzo de la invasión y su posterior desarrollo ha puesto en alerta al sector primario español, ya que temen posibles cortes de suministro de materias primas y un aumento de los costes de
producción por el encarecimiento de los cereales y otras materias primas para la alimentación del ganado 61.
La incertidumbre de la evolución del conflicto está comprometiendo tanto la siembra de cereal para la próxima campaña como un incremento de la volatilidad de los precios e inseguridad en el suministro. Todo ello se suma a los factores
anteriores que provocaban el mantenimiento de unos altos precios sobre estos
58 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020), cit.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 VIGARIO, David, op. cit.
productos 62. Tanto es así que algunos países como Hungría ya han paralizado la exportación de cereales por riesgo de carestía 63 y otros estarían planteándoselo 64.
Es más, esta consecuencia ya se está notando, dado que España es un país deficitario de cereales, es decir, necesita más de lo que produce, y los precios del trigo y del maíz se están empezando a disparar en los mercados de futuros 65.
También porque la importación en España de cereales de Ucrania se realiza en el primer trimestre del año 66.
Además, a todo ello se suma el cierre de fábricas 67, la reducción del número de hectáreas a cultivar este año 68, las restricciones a la movilidad de los barcos y que los puertos ucranianos están bloqueados 69, dificultándose aún más la
situación 70. Esto exige que tanto la Unión Europea como España adopten medidas alternativas, al encontrarse nuestra soberanía alimentaria en peligro 71.
A su vez, este cierre de las importaciones tiene su repercusión en otros sectores derivados. Por ejemplo, de las 600.000 toneladas de aceite de girasol que España importa de Ucrania (casi un 70 %), dependen otras muchas industrias de la
alimentación como el aceite envasado en botellas, las conservas de pescado, snacks y aperitivos, galletas, salsas, pastelería industrial, precocinados, margarinas, etcétera. 72
Y junto a esta falta de suministros de cereales, la situación del gas natural también está perjudicando a los agricultores españoles. La subida del precio del gas en un 30 % está elevando aún más los costes de los abonos y de los
fertilizantes nitrogenados que, de 380 euros de media la tonelada el año pasado, ahora se sitúa en los 850 euros la tonelada 73.
Respecto del precio de los cereales, hace unas semanas el precio por tonelada del maíz rondaba los 140 euros y ahora se vende a más de 550 euros, mientras que el precio del trigo y de la cebada han aumentado, respectivamente, un 34 % y un 48
% en comparación con febrero del pasado año 74.
Ante este escenario, algunas organizaciones ya han solicitado a la Comisión Europea la puesta en marcha de un plan de contingencia alimentaria para asegurar a todos los agricultores el abastecimiento de los insumos, en especial de piensos y
fertilizantes, y para frenar la escalada de los precios, así como dotar de ayudas directas a los Estados miembros afectados 75.
Sin embargo, no solo están siendo perjudicadas las importaciones de insumos, sino también las exportaciones españolas, como la de aceituna negra, por el cierre de los mercados ucraniano y ruso a raíz de la invasión, ya que representa el 90 %
del total del consumo en ambos países procedentes de las exportaciones españolas 76.
62 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022). 'Estimación de Precios de piensos: FEBRERO 2022 (Semanas 5 a 8)'. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentación-animal/informeestimacionpreciospiensosfebrero2022 tcm30-582872.pdf
63 Reuters (2022). 'Hungary to ban all grain exporte effective immediately-agriculture minister'. 4 de marzo. Disponible en: https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-hungary-grains-idAFL5N2V75IT
64 SANDRI, Piergiorgio, op. cit.
65 Expansión (2022). 'Guerra Rusia-Ucrania: los precios del trigo y la soja, en máximos por el conflicto'. 24 de febrero. Disponible en: https://www.expansion.com/mercados/materias-primas 72022702/24/621771cfe5fdead92f8b4673.html
66 Cárnica (2022). 'Los efectos de la guerra de Ucrania para los ganaderos españoles'. 25 de febrero. Disponible en: https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/50336/guerra-ucrania-alimentacion-eanado
67 VIGARIO, David, op. cit.
68 Agrodigital (2022). 'Ucrania prohíbe la exportación de trigo y de fertilizantes'. 14 de marzo. Disponible en: https://www.agrodigital.com/2022/03/14/ucrania-prohibe-la-exportacion-de-ciertos-cereales/
69 LEZAMETA, Óscar (2022). 'Tres barcos cargados de maíz procedentes de Ucrania cancelan su escala en Huelva', Huelva información. 2 de marzo. Disponible en:
https://www.huelvainformacion.es/huelva/cargados-procedentes-Ucrania-cancelan-Huelva 0 1661235692.html
70 VIGARIO, David, op. cit.
71 VÁZQUEZ ROJO, Juan (2022). 'Está amenazada la seguridad alimentaria en muchos países', Mercados. 3 de marzo. Disponible en: https://mercado.com.ar/geopolítica/esta-amenazada-la-seguridad-alimentaria-en-muchos-paises/
72 VIGARIO, David, op. cit.
73 ALLIEVI, Matteo (2022). 'Los ganaderos de España tiemblan por la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los cereales', El País. 25 de febrero. Disponible en:
https://elpais.com/economia/2022-02-25/los-ganaderos-de-espana-tiemblan-por-la-guerra-de-ucrania-v-el-encarecimiento-de-los-cereales.html
74 RECHE, Cristian (2022). 'La guerra en Ucrania dispara los costes en el sector lácteo y lo empuja al colapso', La información. 9 de marzo. Disponible en:
https://www.lainformacion.com/empresas/guerra-rusia-ucrania-colapso-sector-ganadero/2861766/
75 ALLIEVI, Matteo, op. cit.
76 VIGARIO, David, op. cit.
Tercero. La situación de sequía en España.
A toda esta situación se suma que la falta de lluvias de esta temporada haya generado que las reservas de aguas estén a menos del 44,8 %, es decir, casi 15 puntos por debajo de la media de la última década 77; aunque las cuencas de la mitad
sur de España están por debajo del 30 % 78. Por ejemplo, en la mayor parte de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir tuvo que declararse la situación excepcional de sequía por tener sus reservas de agua al 26,2 % de su capacidad 79.
Así pues, esta situación ha provocado que más de la mitad de los cultivos españoles se encuentren en riesgo, con miles de producciones agrarias que se podrían perder, en especial las de cereales, olivar, viñedo y almendros de secano; así
como también producciones relacionadas con los pastos para la ganadería extensiva o la apicultura 80.
[iAgua 81]
Cuarto. El impacto en el sector ganadero.
Uno de los sectores económicos de España que más está sufriendo esta crisis es el sector ganadero español, dada su dependencia de la importación de cereales para la alimentación animal de las cabañas, de la dependencia energética para el
funcionamiento de las máquinas y del encarecimiento de los combustibles para la maquinaria agraria 82.
Los ganaderos de algunas regiones ya se han planteado el sacrificio de sus animales por la imposibilidad de mantener sus explotaciones, al tiempo que los sindicatos agrarios han alertado del posible cese de actividad del campo 83.
Por ejemplo, en el sector porcino el 70 % de los costes de producción corresponde a los piensos y se prevé una subida acumulada del 32 % 84, a lo que se suma, como alerta Jaume Bernis -responsable de
77 PLANELLES, Manuel (2022). 'La falta de lluvias y el descenso del agua embalsada acrecientan el miedo a la sequía en España', El País. 7 de febrero. Disponible en:
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-07/la-falta-de-lluvias-y-el-descenso-del-agua-embalsada-acrecientan-el-miedo-a-la-sequia-en-espana.html
78 VIGARIO, David, op. cit.
79 MOLINA, Margot (2022). 'La Confederación Hidrográfica declara la sequía extraordinaria en la cuenca del Guadalquivir', El País. 2 de noviembre. Disponible en:
https://elpais.com/espana/andalucia/2021-ll-02/la-confederacion-hidrografica-declara-la-sequia-extraordinaria-en-la-cuenca-del-guadalquivir.html
80 PLANELLES, Manuel, op. cit.
81 SERVIA, Ignasi (2022). 'La sequía en España. Año 2022, semana 9', iAgua. 2 de marzo. Disponible en: https://www.iagua.es/blogs/ignasi-servia-goixart/sequia-2022-semana-9
82 BUITRAGO, Manuel (2022). 'Los ganaderos de la Región de Murcia se plantean sacrificar animales en un mes ante la falta de pienso de Ucrania', La Verdad. 10 de marzo. Disponible en:
https://www.laverdad.es/murcia/ganadero-region-plantean-20220310124222-nt.html?ref=https % 3 A % 2F % 2Fwww. google.com % 2F
83 BUITRAGO, Manuel, op. cit.
84 Cárnica (2022). 'Los efectos de la guerra de Ucrania para los ganaderos españoles'. 25 de febrero. Disponible en: https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/50336/guerra-ucrania-alimentacion-ganado
ganadería de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)-, que el agua no llega y la importante alza de los precios de la energía 85.
En el sector lácteo la situación tampoco es mejor. Ucrania es uno de los mayores exportadores de materias primas esenciales para el vacuno de leche, como el maíz 86, y la situación actual ha cambiado el sistema de pago que se venía
empleando. Debido al constante alza de precios, los almacenistas ya no aceptan de los fabricantes de piensos los 60 días para el pago, que era a su vez el período de pago por los ganaderos, sino únicamente el pago por anticipado de la mercancía
adquirida 87.
Quinto. Asegurar la soberanía alimentaria de España.
Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario VOX, en consonancia con la Agenda España 88, viene defendiendo desde hace años la imperiosa necesidad de 'reforzar los valores propios de nuestros alimentos, en apostar por nuestro sector
primario y por fortalecer nuestro sistema de producción frente a crisis económicas o catástrofes medioambientales' 89 para consolidar nuestra soberanía alimentaria.
La invasión de Ucrania y los problemas que arrastramos desde la crisis del coronavirus ponen de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema agroalimentario por la dependencia que sufren España y la Unión Europea de las exportaciones de otros
países en materia de cereales, gas y fertilizantes.
En concreto, debe replantearse el actual modelo de producción de alimentos para asegurar nuestra soberanía alimentaria 90. En el marco de esta crisis económica y financiera es esencial fortalecer la seguridad de nuestro sistema
agroalimentario, lo que requiere que el Gobierno de España y la Comisión Europea contemplen la puesta en marcha de medidas de emergencia urgentes.
Por un lado, que se autorice suprimir la obligación de dejar superficies de interés ecológico 91 y permitir que se puedan emplear para el cultivo de los cereales, garantizando el abastecimiento de Europa. La vigente Política Agraria Común
('PAC') 92 y la que comenzará a aplicarse en 2023 93 han venido exigiendo la obligatoriedad de dejar tierras en barbecho y la obligación de diversificar cultivos en la explotación 94. De esta forma, se viene proponiendo la supresión de tales
obligaciones 95, ya que hay más de 500.000 hectáreas europeas de cereales y leguminosas que no se siembran 96.
85 ibid.
86 RECHE, Cristian (2022). 'La guerra en Ucrania dispara los costes en el sector lácteo y lo empuja al colapso', La información. 9 de marzo. Disponible en:
https://www.lainformacion.com/empresas/guerra-rusia-ucrania-colapso-sector-ganadero/2861766/
87 Ibid.
88 https://xn-agendaespaa-beb.es/
89 VOX (2022). 'VOX defiende la soberanía alimentaria de España y advierte: 'Países terceros sustituyen nuestros productos agrarios en Europa''. 16 de febrero. Disponible en: https://www.voxespana.es/grupo
parlamentario/actividad-parlamentaria/comisiones/vox-defiende-soberania-alimentaria-espana-advierte-paises-terceros-sustituyen-nuestros-productos-agrarios-en-europa-20220216?utm medium=social&utm source=twitter&utm campaign=shareweb&utm
content=footer&utmorigin=footer
90 BOLINCHES, Cristina, op. cit.
91 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020). 'La aplicación del 'Pago Verde' ha propiciado importantes avances en términos de biodiversidad y mejora del suelo'. 19 de agosto. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-aplicaci%C3%B3n-del-pago-verde-ha-propiciado-importantes-avances-en-t%C3%A9rminos-de-biodiversidad-v-meiora-del-suelo/tcm:30-542970
92 Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. (2018). 'Política Agrícola Común 2015-2020: Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente'. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
Secretaría General Técnica. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. Disponible en: https://www.fega.gob.es/sites/default/files/files/ficha 3 180201.pdf
93 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2021). 'CAP Strategic Plan 2021 Report'. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/sfc2021-pepac-enviado-29-12-2021 tcm30-585202.pdf
94 Agroinformación (2022). 'PAC y Ucrania: León podría producir el equivalente al mayor barco de maíz si la UE lo autoriza y cambia las normas'. 9 de marzo. Disponible en:
https://agroinformacion.com/pac-y-ucrania-leon-podria-producir-el-equivalente-al-mayor-barco-de-maiz-si-la-ue-lo-autoriza-v-cambia-las-normas/
95 Agrodigital (2022). 'Bruselas va a estudiar que se puedan sembrar proteaginosas en los barbechos en 2023 año para asegurar la soberanía alimentaria'. 3 de marzo. Disponible en:
https://www.agrodigital.com/2022/03/03/bruselas-va-a-estudiar-que-se-puedan-sembrar-proteaginosas-en-los-barbechos-en-2023-ano-para-asegurar-la-soberania-alimentaria/
96 Agroinformación. (2022) 'La guerra de Ucrania nos advierte que Europa no puede dejar 500.000 hectáreas sin sembrar (barbecho)'. 10 de marzo. Disponible en:
https://agroinformacion.com/la-guerra-de-ucrania-nos-advierte-que-europa-no-puede-deiar-500-000-hectareas-sin-sembrar-barbecho/
En el caso español, por ejemplo, levantar tales restricciones permitiría que un territorio como León, la principal provincia productora de maíz 97, pudiera producir más de 70.000 toneladas de grano al año 98. Por ello, alguna región
española, como Andalucía, ya tiene previsto solicitarlo formalmente 99.
Por otro lado, en lo que concierne al Gobierno de España, se tienen que aumentar los cupos de agua de todas las cuencas hidrográficas, con el fin de que se permita la siembra de maíz y el riego del cereal en esta época del año para su
cosecha en los próximos meses.
Por tanto, tal y como el Grupo Parlamentario VOX viene defendiendo, urge una reforma de la estrategia agraria europea que garantice el abastecimiento y la continuación de nuestro sistema productivo agroalimentario y pesquero, el fin de las
políticas verdes que lastran a nuestro sector primario y eliminar las trabas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria; así como la adopción de medidas extraordinarias ante el momento actual de gran inestabilidad en Europa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria de España y la correcta defensa del sector agroganadero y pesquero español ante la situación derivada de la invasión de Ucrania y su repercusión en el comercio
mundial.
2. Exigir, en el seno de las instituciones europeas, la suspensión de la obligación de dejar superficies de interés ecológico (como el barbecho) y permitir que estas se puedan emplear para el cultivo de los cereales y leguminosas que
garanticen el abastecimiento de España y Europa en la actual situación, así como la suspensión de la obligación de diversificar cultivos en la explotación.
3. Promover el aumento de los cupos de agua en todas las cuencas hidrográficas de España, de modo que se permita la siembra y el riego de cereales, leguminosas y otros alimentos, y así asegurar el abastecimiento necesario para todos los
españoles.
4. En consonancia con lo anterior, elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice el uso y disponibilidad del agua a todos los españoles mediante la interconexión de todas las cuencas bajo los principios de solidaridad y Bien
Común.
5. Adoptar medidas económicas suficientes en el ámbito del sector primario español para ayudar a todos los afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania y que garantice la continuidad de las explotaciones agrarias, de la flota
pesquera y de la industria alimentaria española.
6. Promover la adopción de medidas que contribuyan a garantizar el suministro de insumos (fertilizantes y agroquímicos, piensos, semillas, etcétera) suficientes para las explotaciones agrarias de España.
7. Poner en marcha planes que fomenten el aprovechamiento de las tierras agrícolas que están en desuso y establecer planes que impulsen su utilización para el cultivo de cereales.
8. Adoptar cualesquiera medidas en el ámbito tributario que sean necesarias para reducir los sobrecostes de los efectos de la factura eléctrica y de la subida de los carburantes a todos los productos agrícolas, con especial énfasis en los
cultivos de cereales, y de este modo fortalecer la garantía y seguridad de suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
97 Campo CyL (2022). 'León rompe su techo histórico y supera el millón de toneladas de maíz'. 3 de enero. Disponible en: https://www.campocvl.es/portada-app/leon-rompe-su-techo-historico-v-supera-el-millon-de-toneladas-de-maiz/
98 Agroinformación (2022). 'PAC y Ucrania: León podría producir el equivalente al mayor barco de maíz si la UE lo autoriza y cambia las normas'. 9 de marzo. Disponible en:
https://agroinformacion.com/pac-y-ucrania-leon-podria-producir-el-equivalente-al-mayor-barco-de-maiz-si-la-ue-lo-autoriza-v-cambia-las-normas/
99 Agropopular (2022). 'Crespo (Andalucía) solicitará en la Conferencia Sectorial que la superficie en barbecho pueda destinarse al cultivo de cereales'. 10 de marzo. Disponible en: https://www.agropopular.com/andalucia-barbecho-100322/
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la regularización de la piscina
de Los Silos en Tenerife, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La concesión de la piscina de Los Silos, en Tenerife, data de 1968 cuando se otorga a través de O.M. para legalizar a favor del Ayuntamiento de Los Silos, la ocupación de una parcela en la playa y las obras construidas en la misma, de una
piscina e instalaciones para baños.
La instalación ha sido un referente en toda la Isla Baja durante más de 50 años, no solo por el servicio que da al Municipio sino como punto de baño y actividades deportivas de toda la comarca.
Los terrenos donde se ubica la piscina están dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre y en 2018 se informa la caducidad de la concesión, ofreciendo desde la Dirección Provincial de Costas la posibilidad de solicitar prórroga de la misma
al amparo del artículo 172.2 y 172.3 del Reglamento de Costas, habida cuenta de que la caducidad de la concesión tendría lugar con fecha de julio de 2018.
Desconocemos los motivos por los que, desde el Ayuntamiento afectado, gobernado por el partido socialista en ese entonces, no se solicitó la prórroga y más cuando se había solicitado autorización para la realización de obras de mejora.
Desde el Servicio Provincial de Costas se comunica al Ayuntamiento el vencimiento de la concesión, sin otro motivo que el no haber solicitado la prórroga.
En mayo de 2019, cuando cambia el gobierno de la Corporación local, se solicita una nueva concesión, al haber dejado caducar la anterior, sin modificación alguna sobre lo existente que lleva en uso más de 50 años.
De la respuesta de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se deduce que no se han tenido en cuenta los antecedentes expuestos por lo que desde el Gobierno Central se
exige pedir una nueva concesión, como si fuera algo nuevo.
Se inicia la tramitación (con informe favorables de la Demarcación Provincial de Costas) y esta es denegada instando al Ayuntamiento a la demolición de la piscina.
El Gobierno Central no se ha tomado ni siquiera la molestia de entender que la piscina lleva construida 'toda una vida', y ha tratado el expediente como si de una concesión nueva se tratara, obviando que ya era una actuación anterior a la
Ley de Costas del 88 para las que la Ley prevé su renovación con carácter extraordinario por periodos inferiores a 75 años dependiendo de las instalaciones de que se trate.
En pregunta realizada al Gobierno al respecto, sobre las causas por las que se denegaba la concesión, la respuesta ha sido:
'Así, la ocupación solicitada, una piscina, no es un uso que por su naturaleza exija ubicarse en el dominio público marítimo-terrestre, por lo que no procede el otorgamiento de la concesión solicitada.'
Está claro que no se ha atendido a que se habla de un suelo donde ya existe la piscina, que es un suelo absolutamente antropizado, y que no tiene sentido la demolición y el restablecimiento a sus condiciones iniciales, y ya sin entrar en la
grave afección social y económica para los vecinos de la Isla Baja y en particular para el municipio de Los Silos.
De hecho, en el informe-propuesta favorable del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, se expone como una de las consideraciones, la siguiente:
'El otorgamiento de una nueva concesión para legalización de las instalaciones existentes permitiría a los vecinos del municipio y turistas el uso y disfrute de unas instalaciones que permitirían el baño bajo condiciones adecuadas de
seguridad, en tanto en el tramo litoral en el que se ubica se caracteriza por ser una costa rocosa (acantilados, rasas y playas de callados) en la que las condiciones adversas de oleaje y corrientes entrañan constantes peligros para la vida de las
personas.'
A todo ello se suma el uso consolidado de las instalaciones como el principal centro deportivo de la comarca y el lugar donde se desarrollan tanto los cursillos de verano del Ayuntamiento como clases de natación y buceo de los centros
educativos de la comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se reconsidere la solicitud de concesión de la piscina del municipio de Los Silos en Tenerife, al tratarse de una obra
consolidada, legal, y que se constituye como el principal equipamiento social, deportivo y de baño de la Isla Baja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Parque Eólico Caíño, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Se ha presentado solicitud ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para la tramitación de la autorización de instalación del llamado Parque Eólico Caíño que afectaría a los ayuntamientos de Aranga, Curtís,
Oza-Cesuras, Sobrado y Abegondo, en la provincia de A Coruña, y Guitiriz, en la provincia de Lugo.
El proyecto presentado incluye un total de 33 aerogeneradores (más 5 de reserva) de 4,5 MW, con un total de 187 MW, veintisiete instalados en el ayuntamiento de Curtís, cinco en el ayuntamiento de Sobrado (de los cuales 2 serían de reserva),
cuatro en el ayuntamiento de Oza-Cesuras (de los cuales uno sería de reserva) y dos de reserva en el ayuntamiento de Aranga, más la subestación de transformación Caíño (SEP Caíño), la subestación Seselle (que se está tramitando en un proyecto aparte
de la empresa Galenergy), las línea de alta tensión que van a unir el parque con la SEP Caíño, a SEP Caíño con la SE Seselle, y la SE Seselle con la subestación de Red Eléctrica Española en Abegondo (SE REE Abegondo) y tres torres meteorológicas.
El proyecto está promovido por la empresa Enel Green Power España S.L., la misma empresa que promueve otro megaparque eólico limítrofe con este, el PE Brancellao de 140 MW de potencia. Por lo tanto, todos estos parques comparten en gran
medida las mismas infraestructuras, lo que los convertiría realmente en un único megaproyecto, pero al no valorarse conjuntamente se genera un claro desorden y una falta de planificación, que da como resultado la superposición de distintos proyectos
parques eólicos en el entorno del Parque.
Es evidente que esta división o fragmentación es intencionada y que pretende ocultar la interdependencia entre ambos parques, además de ignorar u omitir en el estudio la presencia del resto de parques, tanto de competencia estatal como
autonómica, que los rodean. Así, aunque en la práctica todos ellos funcionarían como un único mega parque, solicitan las autorizaciones individualmente, presentándolos como proyectos separados cuando no lo son, como maniobra para evitar una
valoración ambiental de conjunto, que a todas luces sería negativa.
Esta fragmentación es claramente fraudulenta, pues supone la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental individual en cada uno de los dos parques, evitando una evaluación global del conjunto del proyecto y de las garantías que han de
exigírsele. Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza de la Sala de lo Contencioso de 9 de noviembre de 2020, que entiende que 'la figura
del parque eólico debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva unitaria, pues en otro caso quedaría desvirtuada la naturaleza y función de este tipo de instalaciones, por lo que les es consustancial que los aerogeneradores en
ellos agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su gestión y la subestación
transformadora) y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que se daría
un tratamiento autónomo'.
Además, este Parque Eólico incumple el artículo 6.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galiza y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, en la redacción dada por la
disposición final 6.2 de la Ley autonómica 9/2021, de 25 de febrero, la cual dispone que 'no podrán implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico de Galiza, fuera de las modificaciones sustanciales de los
parques en funcionamiento en los términos que se desarrollen reglamentariamente, así como aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del
territorio y sean declarados cómo tales por el Consello de la Xunta de Galiza, a propuesta de la Consellaría competente en materia de energía'.
Este proyecto de desarrollo eólico se sitúa por completo fuera de las Áreas de desarrollo eólico (ADEs) contempladas en el Plan sectorial eólico de Galiza, sin que exista declaración expresa por parte del Consello de la Xunta declarando su
incidencia territorial con una función vertebradora y estructurante, lo que supondría, de autorizarse dicha instalación una contravención directa de las leyes gallegas.
En este mismo sentido, debe también tenerse en cuenta que el artículo 39 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galiza modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galiza y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, para añadir una nueva disposición adicional sexta, que queda redactada como sigue:
'Disposición adicional sexta. Planificación de nuevas solicitudes de parques eólicos.
1. Atendiendo al número de los proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y ala cifra de MW prevista en estos proyectos, y con el objeto de procurar una ordenación racional del sector, durante el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, no se admitirán a trámite nuevas solicitudes de parques eólicos. Esta disposición no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a
trámite.
2. Se exceptúan de lo establecido en el número anterior aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados cómo
tales por el Consello de la Xunta de Galiza, por propuesta de la Consellaría competente en materia de energía.
3. Atendiendo a los eventuales desistimientos, renuncias, declaraciones de caducidad o resoluciones desestimatorias de las solicitudes ya presentadas, el Consello de la Xunta de Galiza, motivadamente, podrá reabrir temporalmente el plazo
para presentar nuevas solicitudes utilizando como referencia los MW en trámite.'
Este proyecto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 17 de febrero de 2022, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada modificación de la legislación sobre el aprovechamiento eólico, entendemos por lo tanto que le es
de aplicación y como consecuencia no debería haberse admitido a trámite.
Así mismo, el ya referido artículo 39 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en su punto dos añade otra nueva disposición adicional con el siguiente contenido:
'Disposición adicional quinta. Distancias a núcleos de población.
Como medio para asegurar la compatibilidad del desarrollo eólico con la ordenación del territorio y el urbanismo, la distancia de los aerogeneradores a las delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano o urbanizable delimitado será la
mayor de estas dos: 500 metros o 5 veces a altura total del aerogenerador (buje más pala).'
Estos requisitos de distancias serán aplicables a las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de parques eólicos cuya implantación se proyecte en el territorio de Galiza. Así, en el Estudio de Impacto Ambiental
del Parque Eólico Caíño se deja claro que la disposición prevista de los aerogeneradores está a escasos 500 metros de la mayoría de los núcleos de población próximos, sin embargo, debería respetarse la distancia de un kilómetro, puesto que la altura
total es de 200 metros. Además, debe recordarse que no se tiene en cuenta el alto número de viviendas dispersas, fuera de núcleos delimitados, en cuyo caso no se exige que se respeten las distancias, situándose a menos de 500 metros.
Por otro lado, debe atenderse también a la importante afectación que tendrán las estructuras de evacuación de este parque. Se prevé la construcción de una Subestación Eléctrica en Seselle, que será común a varios parques de la zona (PE
Caíño, Seselle, ampliación Seselle, Fontella, ampliación Fontella, Feás, ampliación Feás, y Lucecú) pero que sólo se incorpora en la evaluación ambiental de este parque. En concreto, algunos de los parques previstos en la zona, los de Seselle,
Fontella y Feás aún no han sido autorizados y del llamado PE Lucecú, ni siquiera consta el inicio de la tramitación. Resulta evidente que es precisa, por lo tanto, una evaluación ambiental conjunta y global de todos sus impactos, ya que estos se
incrementan proporcionalmente y la acumulación de estos difiere de los impactos sometidos la exposición pública en relación al proyecto eólico Caíño individualmente considerado.
Se prevé también que las líneas de evacuación de este PE serán derivadas, de llegarse a construir, a la Subestación Eléctrica REE de Abegondo, junto con la energía producida en otros siete PE futuros parques eólicos, algunos ya en
tramitación y otros que ni tan siquiera se han comenzado a tramitar. Sin embargo, no se ha completado la tramitación de esa subestación.
En el año 2016, fue publicado el proyecto denominado 'Subestación eléctrica de Abegondo 400/220 kV', con el código de proyecto 20160106 asignado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, cuya promotora es Red
Eléctrica de España, fue sometido a consulta de las distintas Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, no obstante el proceso quedó paralizado en
ese punto, sin que llegara a publicarse el estudio de impacto ambiental ni la solicitud de autorización administrativa, y sin que, por supuesto, llegara a recaer una resolución sobre el asunto.
Derivado de lo anterior, se desconoce su emplazamiento definitivo, y tampoco se sabe nada sobre su viabilidad y ejecutividad, pero a pesar de todo ello, la promotora de este proyecto da por supuesto que la ubicación será una de las tres
alternativas barajadas inicialmente en 2016 propuestas en el documento preliminar presentado por REE en la fase potestativa de la evaluación ambiental del dicho proyecto, pidiendo la evaluación de un trazado que se dirige a esa supuesta situación.
Con fecha 6 de abril de 2017, el órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico del Gobierno de España emitió el correspondiente documento de alcance del
estudio de impacto ambiental del proyecto, sin que el procedimiento tuviera continuidad hasta el día de hoy. Por lo tanto, debe anularse el procedimiento ante la falta de un elemento esencial cómo es la publicidad sobre el emplazamiento definitivo
de la dicha subestación.
Por si todo esto fuera poco, en el proyecto de los PE Noreste y Mistral en tramitación actualmente por esta misma administración también se afirmaba, como ya advertimos los alegatos presentados, que las LAT conectarían a la SE REE de
Abegondo, pero la alternativa de ubicación para esta subestación que se recogía en estos proyectos no es la misma que se recoge en el EIA del PE Caíño, puesto que en esta se optaba por la alternativa 2 de las propuestas en el documento de inicio
antes citado y en este caso es la alternativa 3 la seleccionada.
Más sorprendente aun es que en la Propuesta de desarrollo de la RDT de la energía eléctrica para el período 2021-2026 del gobierno del Estado solo se recoge en Abegondo una conexión de renovables, pero no se contempla la construcción de una
nueva subestación, sin embargo, sí se hace mención de una posible ampliación de la SE ya existente en O Mesón do Vento.
Por lo tanto, y aunque en el EIA en su página 86 afirma '[...[ hasta la subestación de REE Abegondo 220 Kv, donde se ubica el punto de conexión concedido', entendemos que no hay tal punto concedido porque ni siquiera hay un proyecto en
trámite para la construcción de esta subestación, y por lo tanto no se puede estudiar el impacto de unas LAT sin saber dónde van a finalizar.
Otro error grave en la documentación presentada es la referencia a los planeamientos urbanísticos de algunos de los concellos afectados, que demuestran claramente el total desconocimiento de la realidad
urbanística de los mismos. Así, en el caso del Concello de Oza-Cesuras se afirma que tiene un PXOM aprobado, sin embargo este dato no es cierto, sino que cuenta con dos planeamientos distintos separados, uno que ordena el territorio del
antiguo término municipal de Oza (PXOM) y otro que ordena el antiguo ayuntamiento de Cesuras (NSP). Del mismo modo, se hace referencia al PXOM de Abegondo, cuando este Concello no tiene Plan General aprobado después de que los dos últimos hayan
sido anulados por sentencia judicial, rigiéndose por una ordenación urbanística provisional mientras se tramita uno nuevo acorde con la legalidad.
Para proceder a la autorización es preciso, además, tener en cuenta la grave afección al patrimonio natural y cultural. Así como el impacto social y económico en el territorio.
En lo referente a la afectación al medio natural debe valorarse su especial incidencia sobre los cursos y las fuentes de agua de la zona. Destaca la poca rigurosidad en las distancias incluidas entre los aerogeneradores y el Regó de
Portabenza, o el de Ramalleira, que varían de unas páginas a otras del proyecto.
Además de estas diferencias de distancias hay recursos hídricos importantes que no se recogen en el EIA, como el embalse de Beche, situado a muy poca distancia de la ubicación propuesta en este EIA para la SE REE Abegondo, en el cual hace la
captación de agua para el suministro de agua municipal del Concello de Abegondo. Sin embargo, ni siquiera se cita en el documento a existencia de este embalse. En definitiva, es necesario un estudio de impacto ambiental riguroso que analice la
afectación a ríos, arroyos, humedales, manantiales, embalses y presas de la zona afectada.
La implantación de este proyecto eólico y de sus líneas de evacuación afectará directamente a zonas ambientalmente sensibles que deben ser protegidas como son las reservas de la biosfera de las 'Maridas Coruñesas e Térras do Mandeo' y
'Térras do Miño'. Además la LAT 220 kV SE REE Abegondo-SE Seselle cruza el Espacio Natural de Interés Local (ENIL) en tramitación 'Ribeiras do Mero-Barcés', mientras que el humedal 'As Amarillas' se vería atravesado por varias líneas de la LAT 220
kV SEP Caíño-SE Seselle, y los humedales de 'La Rechabeira' y 'Santa Eulalia', así como el humedal 'Braña de la Palma' y el de 'Veiga del Río Carballido' quedarían afectados por viales de media tensión. Algunos de estos humedales, se integran en el
complejo de turberas y brezales do Deo, las llamadas Brañas do Deo, propuestas para ampliación de la Red Natura.
Resulta obvio que cualquier plan de recuperación o protección para evitar una mayor degradación de estas zonas pasa por impedir la construcción de infraestructuras como las necesarias para un parque eólico.
Respecto a la protección medioambiental debe también hacer constar que el proyecto afectaría directamente a una zona de protección de la avifauna y otra de importancia para mamíferos como son la ZIM Alto Miño y afluentes, la Fraga das
Barbudas y el Val do Cambás, o la ZEC 'Betanzos-Mandeo', parte de la red natura 2000 y el ZEC 'Embalse de Abegondo-Cecebre', también Red Natura.
Sin embargo, la afectación del proyecto también incidirá directamente sobre el patrimonio cultural en una zona en la que se han documentado numerosos ejemplos de túmulos prehistóricos, varias necrópolis, además de castros, como es el Castro
de Dordaño.
Así mismo, en la zona en la que se prevé la instalación del PE Caíño transcurren dos tramos del Camino de Santiago: el Camino Inglés y el Camino Norte, ruta de la costa. Además, en un entorno de 15 kilómetros de las infraestructuras
proyectadas encontramos, además, importantes elementos patrimoniales como el castillo de Aranga, la iglesia de Mezonzo, la iglesia de San Nicolao de Cis, el monasterio de Sobrado, la torre de Andavao, la torre de Mes, el Forno dos Mouros, la torre
da Cerca, la torre de Figueroa o la torre de Peto Bordel.
Por último, existe también una grave afectación, segundo afirma el propio EIA, a terrenos agrícolas, por lo tanto las explotaciones existentes en la zona van a tener una severa afección a su actividad. Los terrenos en los que se prevé la
instalación de este Parque Eólico son zonas de suelo rústico de protección agropecuaria y forestal y la mayor parte de los vecinos y vecinas de esa zona viven directa o indirectamente de sectores vinculados esas actividades. Medios de vida que van
a verse impedidos tras la implantación del parque. Se producirá una seria afectación de las tierras de cultivo, de los manantiales, de las explotaciones forestales, así como una fragmentación agraria y una gran pérdida de base territorial para las
explotaciones agroganaderas. Todo ello crearía también problemas de incompatibilidad con las condiciones de la Política Agraria Común. Tendría que valorarse además el abandono poblacional de las zonas rurales que quedarán afectadas por el Parque
Eólico como consecuencia de la implantación masiva y desordenada de parques eólicos superpuestos sobre una misma área geográfica.
En definitiva, el Parque Eólico Caíño, así como el resto de parques eólicos que se pretenden instalar en esta misma zona, no repercute, en absoluto, de manera positiva en la economía de los habitantes de los concellos afectados. No sirve
para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones próximas ni genera riqueza en el territorio, todo lo contrario, contribuye al abandono rural pues impide el desarrollo de otras iniciativas empresariales de aprovechamiento agroganadero y
forestal, sin generar alternativas de empleo a cambio. Todo ello, para lograr el lucro de las grandes compañías energéticas que lo promueven, en este caso ENEL GREEN POWER ESPAÑA, que exporta además esa energía hacia otras partes del Estado, sin
que Galiza, como territorio excedentario cuente con compensación alguna.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental y denegar la autorización para la construcción del Parque Eólico Caíño, de 187 MW de potencia nominal, así como su infraestructura de evacuación, incluyendo el de la subestación de Abegondo, que
afectaría a los concellos de Aranga, Curtís, Oza-Cesuras, Sobrado y Abegondo, en la provincia de A Coruña; y Guitiriz, en la provincia de Lugo, al que se le ha asignado el código PEol-569 por su incompatibilidad con el mantenimiento de los valores
ambientales, patrimoniales, socioeconómicos y paisajísticos del territorio en el que se va a implantar.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo eólico para una
planificación adecuada y coordinada del mismo.
3. Elaborar junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias, una Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural respetando el
desarrollo y mantenimiento de actividades de aprovechamiento agrícola y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo de los servicios públicos de proximidad como parte de la lucha
contra la despoblación para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Según el diagnóstico de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, realizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la despoblación ha dejado de ser un proceso vinculado únicamente a las áreas rurales para
convertirse en un fenómeno mucho más generalizado, que afecta también, de forma muy intensa a las cabeceras comarcales, incluso a las ciudades pequeñas e intermedias, y a las capitales de provincia 100.
Nuestro país está inmerso en un proceso que no cesa y que, de manera paulatina, va avanzando sin marcha atrás. Si se realiza un diagnóstico de la situación, se podrá comprobar que intervienen diversas variables que aceleran la pérdida de
población. Por un lado, influye la dificultad de acceso a los servicios públicos, red desmantelada en anteriores etapas de gobierno, que afecta especialmente a la población afincada en territorios más aislados. Y, por otro lado, la concentración
del capital económico y financiero en polos territoriales muy marcados.
100 https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/lndicadores_cartografia/Diaenostico_Despoblacibn.pdf.pdf
Uno de los retos que debemos afrontar es el de garantizar unos servicios públicos de calidad que faciliten el acceso a la ciudadanía, sin que éste dependa de en qué zona del país se resida o de cuál sea renta de la que se disponga.
Un ejemplo paradigmático es el de la sanidad. Durante el transcurso de la pandemia por COVID-19, hemos sido testigos de la importancia de una atención primaria de calidad. Los profesionales sanitarios han desempeñado un papel
importantísimo en la gestión de la crisis sanitaria y han sido el primer dique de contención contra el virus. Pero a su vez, han aflorado debilidades del sector, ya que la carga de trabajo ha reflejado la fragmentación y desigualdades que sufren
los servicios públicos en todo el territorio. Mientras que algunas comunidades autónomas han reforzado su sistema de salud con contrataciones, en otras han emergido las dificultades de acceso, más acusadas en zonas rurales.
Los servicios públicos son esenciales para la vertebración del territorio, su fortalecimiento pasa por evitar desregulaciones, privatizaciones, disminución de tasas de coberturas o intensidades protectoras.
Las personas que viven el medio rural deben percibir una presencia cercana de la administración pública. Por ello, el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico recupera la presencia de la Administración General del Estado en el territorio
rural, especialmente en ámbitos como la seguridad o la protección, y refuerza la prestación de servicios en las áreas rurales. Del mismo modo, es necesario que las comunidades autónomas y entidades locales se impliquen en reforzar los servicios
públicos que se encuentran en el ámbito de sus competencias.
Para desvincular la despoblación con la accesibilidad a los servicios públicos, es necesario apostar por la desconcentración de las actividades públicas que evite los desequilibrios sociales y territoriales, eliminar la brecha urbano-rural e
impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico.
En un momento como el actual, es necesario revertir la situación de crisis demográfica aprovechando las oportunidades que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con medidas efectivas orientadas al refuerzo y
descentralización de los servicios públicos, y la mejora del bienestar social.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, a implementar medidas efectivas para reforzar los servicios públicos de
proximidad como parte de la lucha contra la despoblación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2022.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Monserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diego Taibo Monelos y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín
Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Parque Eólico Brancellao, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Se ha iniciado la tramitación ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la autorización el Parque eólico Brancellao, que prevé la instalación de 25 aerogeneradores (más 3 de reserva) de 5,6 MW y un total de
140 MW. El proyecto plantea la instalación de nueve aerogeneradores en el Concello de Curtís, cinco en el Concello de Vilasantar, once en el Concello de Mesía -de los cuales
uno sería de reserva-, dos en Frades -uno de los cuáles sería de reserva- y uno en el Concello de Boimorto. Además se proyecta establecer una Subestación de Transformación Brancellao, y una subestación colectora en el Mesón do Vento que se
está tramitando en un proyecto distinto de la empresa Iberdrola. Así mismo prevé instalar líneas de evacuación de alta tensión que unirán el parque con la SEP Brancellao, y esta a su vez con la Subestación do Mesón do Vento.
Este proyecto lo promueve la empresa Enel Green Power España S.L. que es la misma que promueve otro megaparque eólico limítrofe con este, el PE Caíño de 187 MW de potencia. Por lo tanto, todos estos parques comparten en gran medida las
mismas infraestructuras, lo que los convertiría realmente en un único megaproyecto, pero al no valorarse conjuntamente se genera un claro desorden y una falta de planificación, que da como resultado la superposición de distintos proyectos parques
eólicos en el entorno del Parque.
Es evidente que esta división o fragmentación es intencionada y que pretende ocultar la interdependencia entre ambos parques, además de ignorar u omitir en el estudio la presencia del resto de parques, tanto de competencia estatal como
autonómica, que los rodean. Así, aunque en la práctica todos ellos funcionarían como un único mega parque, solicitan las autorizaciones individualmente, presentándolos como proyectos separados cuando no lo son, como maniobra para evitar una
valoración ambiental de conjunto, que a todas luces sería negativa.
Esta fragmentación es claramente fraudulenta, pues supone la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental individual en cada uno de los dos parques, evitando una evaluación global del conjunto del proyecto y de las garantías que han de
exigírsele. Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza de la Sala de lo Contencioso de 9 de noviembre de 2020, que entiende que 'la figura del parque eólico debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva
unitaria, pues en otro caso quedaría desvirtuada la naturaleza y función de este tipo de instalaciones, por lo que les es consustancial que los aerogeneradores en ellos agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de
unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su gestión y la subestación transformadora) y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sola
línea de conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo'.
Además, este Parque Eólico incumple el artículo 6.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galiza y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, en la redacción dada por la
disposición final 6.2 de la Ley autonómica 9/2021, de 25 de febrero, la cual dispone que 'no podrán implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico de Galiza, fuera de las modificaciones sustanciales de los
parques en funcionamiento en los términos que se desarrollen reglamentariamente, así como aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del
territorio y sean declarados cómo tales por el Consello de la Xunta de Galiza, a propuesta de la Consellaría competente en materia de energía'.
Este proyecto de desarrollo eólico se sitúa por completo fuera de las Áreas de desarrollo eólico (ADEs) contempladas en el Plan sectorial eólico de Galiza, sin que exista declaración expresa por parte del Consello de la Xunta declarando su
incidencia territorial con una función vertebradora y estructurante, lo que supondría, de autorizarse dicha instalación una contravención directa de las leyes gallegas.
En este mismo sentido, debe también tenerse en cuenta que el artículo 39 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galiza modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galiza y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, para añadir una nueva disposición adicional sexta, que queda redactada como sigue:
'Disposición adicional sexta. Planificación de nuevas solicitudes de parques eólicos.
1. Atendiendo al número de los proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y ala cifra de MW prevista en estos proyectos, y con el objeto de procurar una ordenación racional del sector, durante el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, no se admitirán a trámite nuevas solicitudes de parques eólicos.
Esta disposición no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a trámite.
2. Se exceptúan de lo establecido en el número anterior aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados cómo
tales por el Consello de la Xunta de Galiza, por propuesta de la Consellaría competente en materia de energía.
3. Atendiendo a los eventuales desistimientos, renuncias, declaraciones de caducidad o resoluciones desestimatorias de las solicitudes ya presentadas, el Consello de la Xunta de Galiza, motivadamente, podrá reabrir temporalmente el plazo
para presentar nuevas solicitudes utilizando como referencia los MW en trámite.'
Este proyecto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 17 de febrero de 2022, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada modificación de la legislación sobre el aprovechamiento eólico, entendemos por lo tanto que le es
de aplicación y como consecuencia no debería haberse admitido a trámite.
Así mismo, el ya referido artículo 39 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en su punto dos añade otra nueva disposición adicional con el siguiente contenido:
'Disposición adicional quinta. Distancias a núcleos de población.
Como medio para asegurar la compatibilidad del desarrollo eólico con la ordenación del territorio y el urbanismo, la distancia de los aerogeneradores a las delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano o urbanizable delimitado será la
mayor de estas dos: 500 metros o 5 veces a altura total del aerogenerador (buje más pala).'
Estos requisitos de distancias serán aplicables a las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de parques eólicos cuya implantación se proyecte en el territorio de Galiza. Así, en el Estudio de Impacto Ambiental
del Parque Eólico Brancellao se deja claro que la disposición prevista de los aerogeneradores está a escasos 500 metros de la mayoría de los núcleos de población próximos, sin embargo, debería respetarse la distancia de un kilómetro, puesto que la
altura total es de 200 metros. Además, debe recordarse que no se tiene en cuenta el alto número de viviendas dispersas, fuera de núcleos delimitados, en cuyo caso no se exige que se respeten las distancias, situándose a menos de 500 metros.
Debe analizarse además el enorme impacto que las distintas líneas de evacuación supondrán en el territorio. En este caso, se prevé dar salida a la electricidad producida a través de la SEP ICE Mesón do Vento que dará servicio de forma
conjunta a todos los parques eólicos que llegan a esta subestación, como afirma el estudio de impacto ambiental, sin embargo la valoración que se realiza de esta estructura también se realiza de forma aislada, pues sólo es objeto de este proyecto
las instalaciones asociadas a la conexión del Parque Eólico Brancellao. La subestación colectora denominada SEP ICE Mesón do Vento 400/220-132 kV, cuya titularidad y tramitación corresponde a IBERDROLA RENOVABLES GALICIA, S.A., se exponen como
parte de las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica que se va a generar en los parques eólicos Brancellao, Pena do Corvo, Pedrabante, Alto dos Borrallos, Berdoias, Monte de Portochán, As Castiñeiras, Monte Silvariño, Monte Piquiño y
Setefontes.
No hay un estudio completo del impacto que estas instalaciones de evacuación van a tener en la zona, ya que se cita a SEP ICE Mesón do Vento en estos proyectos pero no se estudia en conjunto, si no solo la parte que afecta a cada uno. Es
precisa, por lo tanto, una evaluación ambiental conjunta y global de todos sus impactos, ya que estos se incrementan proporcionalmente y la acumulación de estos difiere de los impactos sometidos la exposición pública en relación al proyecto eólico
Brancellao.
Además de todo lo anterior, el Parque Eólico Brancellao tendrá un impacto negativo sobre los distintos cursos y fuentes de agua de la zona. Destacando especialmente la proximidad de los aerogeneradores proyectados al río As Gándaras, al Río
Mendo, al río dos Muíños, al río Maruzo, al río Pequeño o el río Samo. Así mismo, se verán cruzados por las líneas de evacuación de este parque el río Tambre y el Travesó. También debe tenerse en especial consideración la afección sobre distintas
zonas húmedas, como son el embalse de San Cosmade, las Brañas do Deo o los humedales de Devesela, O Maruzo, Fontá, A Nabeira, Estremil, Baiuca, As Cápelas y Salgueiro. Así mismo la instalación de aerogeneradores y los movimientos de tierras para
las vías de acceso supondrán la total alteración de muchos manantiales y pequeños cursos de agua, afectando en definitiva al conjunto de los recursos hídricos de la zona, cuestión que no se analiza suficientemente en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado.
Es importante también preservar las distintas zonas de alto valor natural que se verían perjudicadas con la instalación del parque, como es la reserva de la biosfera de 'As Mariñas Coruñesas e Térras do Mandeo', o los distintos hábitats
catalogados como Hábitats de Interés Comunitario (HIC), así como la Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) del 'Río Tambre', y la Zona de Especial Conservación (ZEC) del 'Embalse de
Abegondo-Cecebre' o la Zona de Especial Conservación (ZEC) 'Betanzos-Mandeo'. También debe citarse el Espacio Natural de Interés Local en tramitación 'Río Albelleida', que se vería atravesado por distintas líneas de evacuación según consta en la
propia información recogida en el EIA.
Así mismo, se vería afectado el humedal de Estremil, incluido dentro del Inventario de Humedales de Galiza, la Zona de Importancia para Mamíferos (ZIM) 'Conca do Río Tambre' y el Área de Especial Interés Paisajístico de 'Mezonzo'.
Como vemos el impacto sobre el patrimonio natural es muy importante afectando a diferentes figuras de protección de la naturaleza y justificando este impacto en el estado de degradación de las zonas, en lugar de establecer medidas para su
protección y recuperación.
Por otro lado, debe también el importante impacto de la instalación del Parque Eólico Brancellao y de todas sus estructuras de evacuación de la energía sobre el patrimonio histórico y cultural. En la zona prevista para la implantación del
parque existen numerosos ejemplos de túmulos prehistóricos y mámoas -Túmulo de Fonte Meiga, Túmulo de Monte Nabeira, Túmulo de Rabuñas 01, Túmulo de Rabuñas 02, Medoña de Boilouro 04, Túmulo de Monte da Cota, Túmulo de Monte Lanuxe, Mámoa de
Guiliade, Mámoa do Marco Pardo o Mámoa de Lagares-. Además va a afectar a los Castros de Vilasantar y al Castro das Travesas. Además, en la zona afectada por el proyecto se sitúa un tramo del Camino Inglés y una antigua vía romana, mientras que si
analizamos el perímetro que lo rodea, encontramos otros importantes elementos patrimoniales como cruceros o la capilla de Santo André.
Por último, existe también una grave afectación, segundo afirma el propio EIA, a terrenos agrícolas, por lo tanto las explotaciones existentes en la zona van a tener una severa afección a su actividad. Los terrenos en los que se prevé la
instalación de este Parque Eólico son zonas de suelo rústico de protección agropecuaria y forestal y la mayor parte de los vecinos y vecinas de esa zona viven directa o indirectamente de sectores vinculados esas actividades. Medios de vida que van
a verse impedidos tras la implantación del parque. Se producirá una seria afectación de las tierras de cultivo, de los manantiales, de las explotaciones forestales, así como una fragmentación agraria y una gran pérdida de base territorial para las
explotaciones agroganaderas. Todo ello crearía también problemas de incompatibilidad con las condiciones de la Política Agraria Común. Tendría que valorarse además el abandono poblacional de las zonas rurales que quedarán afectadas por el Parque
Eólico como consecuencia de la implantación masiva y desordenada de parques eólicos superpuestos sobre una misma área geográfica.
En definitiva, el Parque Eólico Brancellao, así como el resto de parques eólicos que se pretenden instalar en esta misma zona, no repercute, en absoluto, de manera positiva en la economía de los concellos afectados. No sirve para el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones próximas ni genera riqueza en el territorio, todo lo contrario, contribuye al abandono rural pues impide el desarrollo de otras iniciativas empresariales de aprovechamiento agroganadero y forestal, sin
generar alternativas de empleo a cambio. Todo ello, para lograr el lucro de las grandes compañías energéticas que lo promueven, en este caso ENEL GREEN POWER ESPAÑA, que exporta además esa energía hacia otras partes del Estado, sin que Galiza, como
territorio excedentario cuente con compensación alguna.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental y denegar la autorización para la construcción del Parque Eólico Brancellao, de 140 MW de potencia nominal, así como su infraestructura de evacuación, que afectaría a los concellos de Boimorto,
Curtís, Vilasantar, Frades, Mesía, Ordes y Carral, al que se le ha asignado el código PEol-535 por su incompatibilidad con el mantenimiento de los valores ambientales, patrimoniales, socioeconómicos y paisajísticos del territorio en el que se va a
implantar.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo eólico para una
planificación adecuada y coordinada del mismo.
3. Elaborar junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias, una Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural respetando el
desarrollo y mantenimiento de actividades de aprovechamiento agrícola y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Parque Eólico Moeche para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del 26 de julio de 2021, se publicó el anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno del Estado en Galiza por el cual se sometían a información pública el estudio de
impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa para la puesta en marcha del Parque Eólico Moeche, así como de toda su infraestructura y líneas de evacuación.
El Parque eólico Moeche contará, según el proyecto presentado, con 53 MW de potencia nominal y estará integrado por doce aerogeneradores tripala de 170 m de diámetro, de 4.500 kW de potencia nominal unitaria y 115 m de altura de buje, aunque
prevé otros tres en reserva. La evacuación de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores se realizará a través de 4 líneas subterráneas de Media Tensión (33kV) a la SET 'Moeche' y, de esta, hasta la Subestación Colectora SET de As
Pontes, a través de una línea de alta tensión de 220 kV. Así mismo se prevé la construcción de una línea subterránea de 400 kV entre la SE Colectora As Pontes y el punto de conexión a la Red en la Subestación de REE As Pontes. Los concellos que se
verán afectados por este nuevo parque serían los de San Sadurniño, Moeche, As Somozas y As Pontes de García Rodríguez, provincia de A Coruña.
Sin embargo, tal y como reconoce el propio proyecto presentado, este parque propuesto no se encuentra aislado, si no que forma parte de un conjunto de 6 Parques Eólicos ubicados en la zona noroccidental de la provincia de A Coruña, todos
ellos desarrollados por la misma compañía, Enel Green Power España S.L., entre los que se incluirían los de Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario y Moeche con un total de potencia instalada conjunta de 611 MW y conectan en un mismo
punto de conexión a la Red la Subestación de REE As Pontes.
Así, aunque la compañía defienda que se trata de proyectos independientes, resulta evidente que esta división es artificial, tratándose realmente de un único proyecto que se presenta fragmentado para favorecer la aprobación del mismo,
facilitando también el trámite de aprobación del impacto medioambiental que no se analiza de forma global como debería. Así, aunque en la práctica todos ellos funcionarían como un único mega parque, solicitan las autorizaciones individualmente,
presentándolos como proyectos separados cuando no lo son, como maniobra para evitar una valoración ambiental de conjunto, que a todas luces sería negativa.
Esta fragmentación es claramente fraudulenta, pues supone la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental individual en cada uno de los dos parques, evitando una evaluación global del conjunto del proyecto y de las garantías que han de
exigírsele. Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza de la Sala de lo Contencioso de 9 de noviembre de 2020, que entiende que 'la figura del parque eólico debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva
unitaria, pues en otro caso quedaría desvirtuada la naturaleza y función de este tipo de instalaciones, por lo que les es consustancial que los aerogeneradores en ellos agrupados hayan necesariamente de compartir, además de las líneas propias de
unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su gestión y la subestación
transformadora) y que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de conexión del parque, sin que sea posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque proyectado para diseccionar de él varios aerogeneradores a los que
se daría un tratamiento autónomo'.
Además, este Parque Eólico incumple el artículo 6.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galiza y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, en la redacción dada por la
disposición final 6.2 de la Ley autonómica 9/2021, de 25 de febrero, la cual dispone que 'no podrán implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico de Galiza, fuera de las modificaciones sustanciales de los
parques en funcionamiento en los términos que se desarrollen reglamentariamente, así como aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del
territorio y sean declarados cómo tales por el Consello de la Xunta de Galiza, a propuesta de la Consellaría competente en materia de energía'.
Este proyecto de desarrollo eólico se sitúa por completo fuera de las Áreas de desarrollo eólico (ADEs) contempladas en el Plan sectorial eólico de Galiza, sin que exista declaración expresa por parte del Consello de la Xunta declarando su
incidencia territorial con una función vertebradora y estructurante, lo que supondría, de autorizarse dicha instalación una contravención directa de las leyes gallegas.
En este sentido, la Xunta de Galiza, a través de la Subdirección Xeral de Enerxía, informó desfavorablemente con fecha 30 de julio de 2021, el proyecto del parque eólico Moeche, alegando principalmente que 2 de los 12 aerogeneradores, y de
las tres torres de medición y parte de la poligonal del parque incumplen las disposiciones del Plan Sectorial Eólico de Galiza. Además existe un solapamiento con el parque eólico Tormenta de 22,4 MW y la poligonal invade la Red Natura 2000.
En este mismo sentido, debe también tenerse en cuenta que el artículo 39 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galiza modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galiza y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, para añadir una nueva disposición adicional sexta, que queda redactada como sigue:
'Disposición adicional sexta. Planificación de nuevas solicitudes de parques eólicos.
1. Atendiendo al número de los proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y ala cifra de MW prevista en estos proyectos, y con el objeto de procurar una ordenación racional del sector, durante el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, no se admitirán a trámite nuevas solicitudes de parques eólicos.
Esta disposición no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a trámite.
2. Se exceptúan de lo establecido en el número anterior aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados cómo
tales por el Consello de la Xunta de Galiza, por propuesta de la Consellaría competente en materia de energía.
3. Atendiendo a los eventuales desistimientos, renuncias, declaraciones de caducidad o resoluciones desestimatorias de las solicitudes ya presentadas, el Consello de la Xunta de Galiza, motivadamente, podrá reabrir temporalmente el plazo
para presentar nuevas solicitudes utilizando como referencia los MW en trámite.'
Este proyecto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 17 de febrero de 2022, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada modificación de la legislación sobre el aprovechamiento eólico, entendemos por lo tanto que le es
de aplicación y como consecuencia no debería haberse admitido a trámite.
Así mismo, el ya referido artículo 39 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en su punto dos añade otra nueva disposición adicional con el siguiente contenido:
'Disposición adicional quinta. Distancias a núcleos de población.
Como medio para asegurar la compatibilidad del desarrollo eólico con la ordenación del territorio y el urbanismo, la distancia de los aerogeneradores a las delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano o urbanizable delimitado será la
mayor de estas dos: 500 metros o 5 veces a altura total del aerogenerador (buje más pala).'
Estos requisitos de distancias serán aplicables a las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de parques eólicos cuya implantación se proyecte en el territorio de Galiza. Así, en el Estudio de Impacto Ambiental
del Parque Eólico Moeche se deja claro que la disposición prevista de los aerogeneradores está a escasos 500 metros de la mayoría de los núcleos de población próximos, sin embargo, debería respetarse la distancia de un kilómetro, puesto que la
altura total es de 200 metros. Además, debe recordarse que no se tiene en cuenta el alto número de viviendas dispersas, fuera de núcleos delimitados, en cuyo caso no se exige que se respeten las distancias, situándose a menos de 500 metros.
Por otra parte, en la propia Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se recoge en su artículo 53, que las autorizaciones de parques eólicos de potencia superior a los 50 MW son competencia de la Administración General del
Estado, y que 'los procedimientos administrativos de autorización tendrán carácter regulado y respetarán los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación'. Sin embargo, el parque eólico Moeche constituye
un claro ejemplo de vulneración de esos principios, sobre todo del de proporcionalidad, sobre todo atendiendo a la totalidad de proyectos en tramitación que sumarían hasta 2524 MW, fuera de las previsiones recogidas en la Planificación Eólica de
Galiza, recogida en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre. Es más, como ya hemos dicho, el PE de Moeche, se insiere en un megaproyecto de 6 parques fragmentado artificialmente.
Este volumen de proyectos en trámite implica un uso abusivo e irresponsable de las competencias de la Administración General del Estado para el desarrollo de las instalaciones de generación superiores a 50 Mw, toda vez que tal expansión
modifica casi por completo la planificación eólica vigente en Galiza.
Desde la perspectiva de la incidencia ambiental, debe destacarse que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, recoge en su preámbulo que la evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la
incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas, idea que se recoge igualmente en el artículo 6 de esta misma norma. Sin embargo, en este caso no ha
existido esa evaluación ambiental estratégica que incluya el conjunto del desarrollo eólico gallego.
Esta falta de evaluación no sólo vulnera la legislación del Estado español, sino también distintas normativas europeas como son la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, o la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para a participación del
público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, entre otras.
Esta escandalosa falta de evaluación ambiental estratégica de la planificación eólica en Galiza supone, a su vez, una grave inseguridad jurídica, pues los ciudadanos no pueden conocer de antemano las previsiones de instalación de proyectos
de generación de energía y evidencia, no ya su falta de evaluación ambiental, sino una total falta de planificación si atendemos al solapamiento y descoordinación de todos los planes presentados ante la AGE y la Xunta.
Así mismo, la gran complejidad técnico-jurídica de este procedimiento genera una posición de debilidad para los particulares que se encuentran afectados sobre todo en relación a los derechos de participación en el propio procedimiento, que
se limita la posibilidad de presentar alegaciones para lo que concede un limitado plazo de 30 días, pero como un mero trámite a cumplir y sin transcendencia o influencia en la decisión final, y sin que se vuelva a tomar en consideración a los
directamente afectados en ninguna fase posterior del proceso.
Por otro lado, debe hacerse constar que se trata de un proyecto con un carácter estrictamente mercantil, es decir, un proyecto industrial de gran magnitud que persigue reforzar los oligopolios que existen alrededor de la generación de
energía en el Estado. Además, las externalidades negativas derivadas de su ejecución sobrepasarían considerablemente al supuesto beneficio contra el cambio climático que arrojaría. Supondría una pérdida significativa de la superficie natural en el
emplazamiento seleccionado, un excesivo deterioro de los valores ambientales y el perjuicio a los servicios ecosistémicos.
Además, los aparatos generadores se situarían fuera de las Áreas de desarrollo eólico que se encuentran contempladas en el Plan sectorial eólico de Galiza, como ya hemos expuesto, proyecto que continúa teniendo vigencia en la actualidad,
motivo principal por el que la Xunta de Galiza ha informado desfavorablemente todos los proyectos que se sitúan fuera del área planificada. El proyecto presentado sirve a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC),
instrumento que prevé la necesidad de aumentar el porcentaje de energía renovable, pero que no realiza un análisis territorializado,
pareciendo ignorar que Galiza ya es en este momento excedentaria en la producción de energía limpia, pero que sigue permitiendo la sobreexplotación de nuestros recursos a costa de sacrificar valores ambientales y socioeconómicos.
Desde el punto ambiental, cabe destacar en primer lugar la colisión frontal del proyecto del Plan Eólico Moeche con los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad, que apunta a la necesidad de mantener las
políticas de protección y recuperación tras la salida de la crisis generada por la COVID-19. Así, proyectos como este resultan especialmente lesivos, tanto por la profunda transformación que implica para áreas de alto valor ecológico, como por
significar un obstáculo de primer orden para alcanzar los objetivos de conservación coherentes con la estrategia de biodiversidad de la UE.
Las afecciones medioambientales que genera este proyecto en Moeche serían numerosas. Desde el emplazamiento de aerogeneradores en cultivos y prados hasta la afectación directa de hábitats consideradas de interés comunitario. Sin dejar de
lado la proximidad que posee a diversas figuras actualmente incluidas en la Red Natura 2000, como As Fragas do Eume, la ZEC Xubia o la ZEC Ortigueira-Mera, así como a zonas propuestas para la Red Natura 2000.
Además debe destacarse que la zona de implantación del parque eólico y una parte de la línea de evacuación se localizan en el ámbito del Plan de recuperación del Escribano palustre, especie que se vería en grave peligro de llevarse adelante
el proyecto, incidiendo además en la protección de otras especies amenazadas tanto de aves, como de peces, anfibios y reptiles.
Así mismo, en el entorno del parque se encuentran numerosos ríos, como el río Grande de Xuvia. También afectaría a distintas reservas naturales y fluviales como la del Río Mera, en la Zona Regó dúas Carrís, y en la del Regó de Soutochao.
Debe hacerse constar que en el estudio presentado no se analizan los distintos acuíferos existentes y no se analiza, por lo tanto, la posible afectación sobre los mismos derivada de las cimentaciones del parque, así como las excavaciones y
grandes movimientos de tierras para la apertura de accesos al parque.
Es especialmente relevante también el impacto sobre el patrimonio cultural, pues este proyecto incidiría sobre distintos elementos patrimoniales de la zona, como pueden ser el Túmulo de Os Caneiros, o el Monte Pico. Las medidas correctoras
que se proponen son meras fórmulas genéricas que no servirían para paliar el impacto sobre estos bienes culturales, pues se limitan al control arqueológico.
También debe resaltarse la afectación directa de uno de los aerogeneradores previstos a la mina de cobre Piquito, en la cual habita una especie de murciélago gigante de herradura. En esta mina, además, existen estalactitas y estalagmitas
que pueden verse alteradas por las vibraciones generadas tanto durante la construcción del parque, como posteriormente por el movimiento del rotor. La mina dispone de la correspondiente ficha LIG en el inventario del Instituto Geológico y Minero de
España, con el código LIG GM014, bajo la denominación 'espeleotemas en la mina de Cu de Piquito'.
Por otra parte, es especialmente importante la afectación que el desarrollo de todos los proyectos eólicos previstos, tendría sobre el proyecto de candidatura del Geoparque del Cabo Ortegal, que viene definido por los límites de los
concellos coruñeses de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira e Valdoviño. Estos Concellos, con el apoyo de la Deputación da Coruña y de la Xunta de Galiza, presentaron su candidatura ante el Comité Nacional Español de
Geoparques, organismo encargado de designar los proyectos candidatos oficiales a obtener el distintivo internacional de Global Geopark, lo que supondría un impulso para el desarrollo socioeconómico local.
El Complejo Geológico del Cabo Ortegal destaca especialmente por la presencia de rocas que hace millones de años se encontraban en el Manto superior, a más de 70 quilómetros de profundidad. Esto se debió a la formación de la mayor
cordillera montañosa que existió en la historia de nuestro planeta, hace aproximadamente 350 millones de años. La geología del proyecto del Geoparque constituye un verdadero viaje al interior del planeta, algo verdaderamente excepcional.
Esta candidatura del Geoparque, sin lugar a duda, puede fracasar debido a la implantación del proyecto eólico del PE Moeche. Debe, por lo tanto, valorarse por parte de la Administración, los beneficios reales, tanto económicos como
sociales, que la declaración del Geoparque tendría sobre los concellos afectados, frente a la grave afectación ambiental, social y patrimonial que supondría la instalación del proyecto, que no supondría además ningún beneficio para los vecinos y
vecinas afectados.
Por último, queremos hacer constar que el Estudio de Impacto Ambiental no analiza el efecto que el proyecto tendrá sobre los montes y las explotaciones en el área de afectación del parque. Este déficit resulta especialmente grave, si
tenemos en cuenta que los rendimientos madereros constituyen una
importante fuente de ingresos para las economías de las familias locales. La instalación de los aerogeneradores y de sus líneas de evacuación, además de los viales de acceso, supondrán una grave reducción de las masas forestales, afectando
a la fragmentación de las explotaciones, a la pérdida de base territorial, a la reducción o pérdida total de importantes ingresos para muchas familias, así como una importante reducción en la cadena de valor de los sectores que de la actividad
forestal dependen.
En definitiva, el Parque Eólico Moeche, así como el resto de parques eólicos que se pretenden instalar en esta misma zona, no repercute, en absoluto, de manera positiva en la economía de los habitantes de los concellos afectados. No sirve
para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones próximas ni genera riqueza en el territorio, todo lo contrario, contribuye al abandono rural pues impide el desarrollo de otras iniciativas empresariales de aprovechamiento agroganadero y
forestal, sin generar alternativas de empleo a cambio. Todo ello, para lograr el lucro de las grandes compañías energéticas que lo promueven, en este caso ENEL GREEN POWER ESPAÑA, que exporta además esa energía hacia otras partes del Estado, sin
que Galiza, como territorio excedentario cuente con compensación alguna.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Denegar la autorización para la construcción del Parque Eólico Moeche, de 53 MW de potencia nominal, así como su infraestructura de evacuación que incluye la construcción de una Subestación en Moeche, otra colectora en As Pontes, las
líneas de transporte que las conectan, que afectaría a los concellos San Sadumiño, Moeche, As Somozas y As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña, al que se le ha asignado el código PEol-415, por su incompatibilidad con el
mantenimiento de los valores ambientales, patrimoniales, socioeconómicos y paisajísticos del territorio en el que se va a implantar.
2. Paralizar todos los proyectos eólicos en tramitación actualmente para, en colaboración con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias propias en esta materia, realizar una valoración conjunta del desarrollo eólico para una
planificación adecuada y coordinada del mismo.
3. Elaborar junto con la Xunta de Galiza y respetando sus competencias, una Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y equilibrio, que proteja el patrimonio natural y cultural respetando el
desarrollo y mantenimiento de actividades de aprovechamiento agrícola y forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la adhesión de museos provinciales al programa 'Museos en Red. Viaja
y descubre', para su debate en la Comisión de Cultura y Deportes.
Exposición de motivos
En el año 2015, el Ministerio de Cultura y Deporte firmó un convenio con Renfe Viajeros S.A. que dio lugar al proyecto 'Museos en Red. Viaja y Descubre'.
Vigente desde entonces, y a pesar de que en el año 2020 se vio interrumpido por las circunstancias sanitarias derivadas de la COVID-19 que forzaron a frenar la movilidad, esta unión permite favorecer la
visita a los dieciséis museos gestionados por la Subdirección General de Museos Estatales repartidos por todo el territorio español e incentivar la comunicación entre las distintas ciudades en las que se ubican.
Además, ofrece a los viajeros ventajas especiales, ya que los usuarios pueden disfrutar de un 50 % de reducción en el precio de entrada durante las 48 horas antes y después de su trayecto presentando sus billetes en taquilla.
Este convenio busca auspiciar la visita a la red de museos estatales, 'poniendo en comunicación las distintas ciudades en las que se ubica y ofreciendo a los viajeros ventajas especiales, como el descuento del 50 % en el precio de la entrada
sobre la tarifa general, a partir del 1 de enero de 2022'.
En la actualidad, los museos que participan en este acuerdo son: el Museo Arqueológico Nacional, Museo de América, Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Museo Cerralbo, Museo Nacional del Romanticismo, Museo
Sorolla, Museo Nacional de Antropología y Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid; Museo del Greco y Museo Sefardí de Toledo; Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias 'González Martí' de Valencia; Museo Nacional de Escultura y
Museo Casa de Cervantes de Valladolid; Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira de Santillana del Mar; Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA de Cartagena y Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Este acuerdo, además, permite reforzar el turismo cultural de nuestro país, de alto valor artístico y monumental, y permitir que el viajero con motivaciones culturales pueda acceder a una experiencia de calidad y a la altura de sus
expectativas. Por ello, sería deseable que este convenio pudiera extenderse por todo el territorio nacional, propiciando de este modo el fomento de la cultura y apostando por un modelo de turismo de alta calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Instar a las Comunidades Autónomas y sus provincias a la formalización de convenios bilaterales con RENFE viajeros, incluyendo museos que no son de titularidad estatal y los museos de titularidad Estatal y gestión autonómica con el
objetivo de ampliar la cobertura de centros museísticos de dicho programa.
2. Poner en valor dicho programa y la cultura desde el inicio del trayecto en su ciudad de origen instando a las Comunidades Autónomas, previa formalización de convenios bilaterales con RENFE viajeros, a incluir museos que no son de
titularidad estatal y museos de titularidad Estatal y gestión autonómica y reforzar la promoción de dicho acuerdo a través de sus respectivas Oficinas de Turismo autonómicas y provinciales de su competencia.
3. Potenciar el turismo cultural fomentando el uso de medios de transporte, como el ferrocarril, menos contaminante en materia de emisiones que otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Marc Lamuà Estañol, Julio del Valle de Iscar, Adolfo Pérez Abellás y César Joaquín Esteban, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción desde el
Gobierno de medidas en favor de los pacientes con cáncer renal y se facilite el acceso sin demoras a las combinaciones farmacológicas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La lucha contra el cáncer, segunda causa de muerte, figura como objetivo prioritario dentro de la política sanitaria de la Unión Europea y así va a seguir siéndolo durante los próximos años.
El Plan europeo asigna a los Estados Miembros responsabilidades concretas y les insta a la adopción de medidas que reduzcan el sufrimiento de los pacientes y de sus familias, fomenten la investigación y la innovación en términos de
prevención, diagnóstico y tratamiento de esta patología grave.
En esta misma línea apuntan la Estrategia Farmacéutica para Europa, el Programa PRIME-priority medicines, la Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión y, en especial, la Estrategia contra el Cáncer, actualizada en febrero de 2021.
En las últimas décadas hemos asistido a importantes hitos en el tratamiento del cáncer renal que han permitido ir mejorando poco a poca la supervivencia de los pacientes con cáncer renal, aunque todavía con resultados insuficientes y lejos
de los resultados alcanzados en otros tipos de tumores.
Redoblar las acciones en favor de estos pacientes es por completo necesario incrementando la sensibilidad social y de los poderes públicos ante datos como que la incidencia media del cáncer renal en nuestro país alcanza los 7.000 casos/año
con un promedio de 2.000 fallecimientos y que se registra una considerable tendencia al alza.
Otro dato preocupante que es que, en el momento del diagnóstico, el 25 % de estos pacientes presenta ya cánceres en estadios avanzados, lo que resta posibilidades de supervivencia, minora las opciones terapéuticas y eleva la ansiedad,
impactando fuertemente en calidad de vida de estos pacientes.
Este escenario se ha visto aún más endurecido por causa de la Covid-19, que ha incidido de modo muy negativo en el seguimiento, la atención de quienes padecen cáncer renal y el retraso en su diagnóstico.
A ello hay que añadir que el acceso a las combinaciones farmacológicas (terapias dirigidas más inmunoterapia), autorizadas por la EMA, con resultados exitosos para los pacientes con cáncer renal, se ve dificultado por una demora muy
importante a la hora de decidir sobre su financiación e incorporación a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.
En algunos casos de hasta tres años o más de demora, con una media de 14 meses frente a los 7,7 meses de media de los países de nuestro entorno en Europa.
No estamos ante un mero retraso burocrático, porque en el cáncer renal la demora cuesta vidas.
A esto hay que añadir que la situación no es la misma para pacientes con otras modalidades de cáncer (mama, ovario, cerebral, páncreas, leucemia, linfoma), que si tienen acceso a las combinaciones farmacológicas y para los que las
combinaciones de terapias dirigidas e inmunoterapia ya se han convertido en tratamientos estandarizados dentro de nuestra práctica clínica.
Estamos, pues, en presencia de un inaceptable problema de discriminación en perjuicio de los pacientes con cáncer renal, que, con razón, rechazan semejante situación, compartiendo así criterio con las Sociedades Científicas.
Tanto ALCER en nombre de los pacientes con cáncer renal como SOGUG y SEOM, entre otras Sociedades Científicas, se han posicionado de modo inequívoco en este sentido.
Los ensayos clínicos pueden estar paliando en alguna medida la falta de acceso a los tratamientos innovadores, pero estos no deberían ser una vía alternativa cuando ya hay combinaciones farmacológicas autorizadas por la EMA para el cáncer
renal. Además, tales ensayos solo se desarrollan en determinados hospitales de algunas CCAA, restando oportunidades de tratamiento al resto de pacientes de otros hospitales o territorios.
En definitiva, se hace preciso adoptar medidas asistenciales, organizativas y económicas capaces de resolver los problemas que afectan a los pacientes con cáncer renal. Tales medidas habrían de ser fruto de un diálogo permanente de las
Administraciones sanitarias con las Asociaciones de pacientes, las Sociedades Científicas y la Industria.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar a la Cartera Básica Común del Sistema Nacional de Salud los tratamientos combinados de terapias dirigidas e inmunoterapia autorizados por la EMA para el tratamiento de pacientes con cáncer
renal, garantizando que dicho acceso se produzca sin demoras superiores a la media europea de nuestro entorno (7,7 meses), considerando a estos efectos la posibilidad de introducir una 'vía rápida de acceso'.
2. Establecer una dotación de recursos que permita financiar dicha incorporación y la puesta en marcha de programas que impulsen la investigación en materia de cáncer renal.
3. Establecer vías de diálogo permanente con los pacientes y demás agentes que operan en el sector sanitario para así mejorar la situación de las personas que padecen cáncer renal y para coordinar estas actuaciones con los contenidos de la
'Estrategia Española contra el cáncer' y la 'Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión', desde los puntos de vista de la investigación, asistencial, organizativo y presupuestario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-María Teresa Angulo Romero, Juan Antonio Callejas Cano, Elena Castillo López, José Ignacio Echániz Salgado, Gabriel Elorriaga Pisarik, Ana María Pastor Julián, Carmen Riolobos
Regadera, Rosa María Romero Sánchez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Mercedes Jara Moreno y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a creación de una Centro Nacional
de Inmunología, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Introducción.
La inmunología es una especialidad médica que fue reconocida, regulada y ordenada en nuestra legislación desde la publicación de la Orden SCO/3255/2006/de 2 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad
de Inmunología 101. En los últimos diez años ha experimentado un enorme avance.
Tal y como se establecía en el apartado 2 del 'Anexo Programa oficial de la Especialidad de Inmunología' de la referida Orden 102, la regularización en la legislación española se hizo necesaria debido a que, 'los Reales Decretos 1663/2002,
de 8 de noviembre y 365/2004, de 5 de marzo, posibilitan que además de los licenciados en medicina, accedan a la especialidad los licenciados en Biología, Bioquímica y Farmacia, se ha estimado necesario elaborar un programa que incluya las
actividades y responsabilidades que corresponden a dichos licenciados en función de su formación previa, definiendo un conjunto común para todos los licenciados centrado en el contexto de la actividad de laboratorio, especificando asimismo las
actividades reservadas a los licenciados en Medicina en el área clínica [...].
Las primeras contribuciones de la Inmunología a la Medicina partieron del reconocimiento de que era posible inducir inmunidad frente a los agentes patógenos y prevenir así la aparición de enfermedades infecciosas; es decir, el fundamento de
las vacunas representa el nacimiento histórico de la Inmunología. Este conocimiento empírico fue de gran utilidad, permitió estudiar los mecanismos que conferían esta resistencia y condujo al descubrimiento de los anticuerpos. Hasta los años
sesenta del pasado siglo, el mayor progreso de la Inmunología se produjo en la elucidación de la naturaleza de los anticuerpos, del complemento y de la reacción antígenoanticuerpo. Estos avances hicieron posible el perfeccionamiento de los métodos
de diagnóstico serológico y su aplicación a otros campos, con la aparición subsiguiente del radioinmunoanálisis y el enzimoinmunoanálisis'.
101 https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/21/pdfs/A36894-36903.pdf
102 Ídem
El ámbito de conocimiento de la Inmunología hasta 1995 era enormemente vasto 103, cubriendo desde las inmunodeficiencias, las defensas contra las infecciones, pasando por las reacciones de hipersensibilidad y alergias a las enfermedades
autoinmunes.
Fue en el año 1995 cuando se introdujo la inmunoterapia contra el cáncer, al utilizar los anticuerpos monoclonales (Rituximab) 104 para tratar un subtipo de linfomas. Pero es en el último lustro cuando la inmunoterapia contra el cáncer ha
experimentado un fabuloso crecimiento, favorecido por dos vías distintas: (i) la inmunoterapia dirigida mediante células con especificidad contra el propio tumor (CAR-T, CAR-NK) o (ii) la inmunoterapia de supresión de tolerancia, los llamados
inhibidores del nodo inmune. Por mencionar alguno, señalemos el precursor de ellos, aprobado por la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2015: el Nivolumab 105. Este último ha sido, no sólo una revolución en el
tratamiento del cáncer de pulmón, sino que se ha convertido en el cabeza de lista de una larga serie de fármacos aprobados.
Segundo. Importancia de la inmunología durante la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2.
Los avances científicos en el Área de la Inmunología, combinados con su aplicación en el campo de la Medicina y los claros beneficios en los pacientes han hecho que la inmunología haya captado la atención de la sociedad, con un interés que
se ha renovado y reforzado por la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2.
Actualmente los términos antígenos, anticuerpos e inmunidad innata y adquirida, están en boca de todos. Y, por supuesto, también su correlato: las vacunas. Su eficacia, su seguridad y, sobre todo, cómo medir ambas, están en el centro de
la discusión científica.
Independientemente de lo que pase con la pandemia originada por el SARS-CoV-2, el horizonte epidemiológico nos habla de la gran probabilidad de pandemias que amenacen de nuevo nuestra salud y nuestro bienestar.
Tercero. Conclusión.
Conforme a lo expuesto, es clara la necesidad de reforzar y potenciar el área de la inmunología, y de la misma manera que se creó un Centro Nacional de Microbiología (CNM) 106, o un Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 107,
o un Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 108, el Grupo Parlamentario VOX cree que ha llegado el momento de crear un Centro Nacional de Inmunología.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para crear un Centro Nacional de Inmunología que tendría, al menos, las siguientes secciones, cada una con su proyección terapéutica:
a. Inmunología innata y tolerancia.
b. Inmunología humoral.
c. Inmunología celular.
d. Inmunología viral.
e. Inmunología bacteriana.
f. Inmunología fúngica.
g. Inmunología de parásitos.
h. Inmunología genética y molecular.
i. Inmunología tumoral.
j. Inmunología de la vacunación.
103 https://www.annualreviews.org/loi/immunol
104 https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/fon.15.57
105 https://www.fda.gov/media/95302/download?https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29792730/
106 https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNM/Paginas/default.aspx
107 https://www.cnio.es
108 https://www.cnic.es
k. Inmunología de las inmunodeficiencias.
l. Inmunología de las alergias e hipersensibilidades.
m. Inmunología del trasplante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/003980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Mercedes Jara Moreno y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el origen y la trazabilidad de los
medicamentos de uso humano de fabricación industrial, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Origen histórico del medicamento de uso humano.
Tal y como se expone en el artículo de Roberto Prada Pacho, '¿De dónde proceden los medicamentos?' 109, 'los medicamentos más antiguos procedían de las plantas o de partes de estas, con las que se preparaban infusiones, jarabes, ungüentos,
emplastos, etc., y aún hoy día muchos fármacos son productos naturales que se aíslan directamente de organismos vegetales, animales, microorganismos e incluso minerales'.
También existen medicamentos y otros productos que tienen un origen animal, como la insulina, muchos sueros inmunológicos, que contienen anticuerpos para enfermedades infecciosas específicas, o la gelatina utilizada como excipiente en
numerosas presentaciones. En el caso de la insulina, para el tratamiento de la diabetes, no ha sido hasta la década de los 80 del pasado siglo, 'cuando empezó a producirse mediante ingeniería genética en bacterias y levaduras, siendo el primer
producto biotecnológico en ser creado y un magnífico ejemplo de aplicación médica segura de los transgénicos que tanto odian o temen algunos colectivos 110'.
Asimismo, tenemos variedad de medicamentos cuya procedencia son microorganismos, como gran parte de antibióticos con origen en hongos; y otros de origen mineral, entre los que se pueden encontrar diversas sales (de aluminio, de magnesio o
de litio) utilizadas en patologías tan diversas como la acidez de estómago, la leucemia promielocítica aguda o el tratamiento del trastorno bipolar y también suplementos de vitaminas y minerales o el talco que usamos para aliviar el picor y base de
algunas pomadas.
Concluye el estudio indicando que hasta fines del siglo XIX 'todos los medicamentos procedían de la naturaleza, hasta que el desarrollo de la química, y en particular de la química orgánica, abrió la puerta a nuevas posibilidades. Así,
algunos medicamentos se pueden usar directamente, previa extracción y aislamiento del principio activo o requerir de alguna reacción química adicional en el laboratorio para obtener el fármaco de interés'. Es el caso de los medicamentos de origen
natural (plantas medicinales o las vacunas, entre otros, ya que puede componerse microbios vivos atenuados, muertos o inactivados, o con parte de ellos. En segundo lugar, tenemos los medicamentos semisintéticos. En este caso, los principios
activos sintéticos suponen un proceso químico adicional para su obtención, como ocurre con la Aspirina(r) o con antibióticos betalactámicos, como la amoxicilina y la ampicilina, o las heparinas de bajo peso molecular. Además, los radiofármacos,
utilizados en medicina nuclear, suponen una tipología diferenciada de medicamentos sintéticos toda vez que 'contienen isótopos radiactivos unidos a una
109 PRADA PACHO, Roberto; De dónde proceden los medicamentos. Hablando de ciencia. 2015. ?https://hablandodeciencia.com/de-donde-proceden-los-medicamentos/
110 Ídem.
molécula transportadora que conduce al isótopo al lugar de interés dentro del organismo, donde la radiación que emite aquel puede ser usada con fines diagnósticos o terapéuticos 111'.
En última instancia, debemos referirnos a los medicamentos biotecnológicos o biofármacos, como la vacuna experimental contra el ébola, que son una nueva clase de medicamentos de origen biológico resultado de técnicas de ingeniería genética.
Segundo. Composición de los medicamentos.
El medicamento se compone de uno o varios principios activos y de uno o varios excipientes 112, dispuestos en la forma galénica o farmacéutica correspondiente, que se definen, siguiendo a PÉREZ LANDÍN 113, de la manera siguiente:
'Principio Activo: Es el componente responsable de la actividad del medicamento, y es el que alcanza el lugar diana; es decir, donde tiene que hacer su acción. Es toda materia de origen humano, animal, vegetal químico o de otro tipo, a la
que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos. Es la sustancia que actúa por sí misma en nuestro organismo.
Excipiente: Es aquella materia que se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y su estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades
fisicoquímicas del medicamento, así como su biodisponibilidad. En general, se necesitan muy pequeñas cantidades de principio activo, lo cual en principio dificultaría su ingestión y manipulación. Para solucionar este problema, el principio activo
se mezcla con otros productos inertes, sin ninguna actividad, esto es, los excipientes, de manera que adquiera una forma y tamaño adecuados. Se introduce así el concepto de forma galénica o forma farmacéutica [...]. Otras veces el principio activo
puede tener un sabor desagradable o amargo, en cuyo caso se añaden los denominados edulcorantes, saborizantes. [...] Algunos excipientes han de figurar obligatoriamente en el envase y embalaje del medicamento. Tal es el caso de algunos
edulcorantes, para tener en cuenta en caso de personas diabéticas, o la lactosa, importante en los casos de intolerancia a la lactosa, sobre todo en niños. Son sustancias que entran a formar parte de la composición del medicamento para facilitar su
administración y/o mejorar su acción. Aunque no tienen acción por sí mismas, conviene conocerlas por si pudieran producir efectos no deseados. Así, el azúcar que lleva un jarabe (para que su sabor resulte más agradable) debe tenerse en cuenta en
caso de administrarse a un paciente diabético. Otros medicamentos llevan colorantes o almidón para dar cuerpo, forma y mejorar la presentación de ciertos comprimidos, etc. 114'.
Tercero. Normas de correcta fabricación de medicamentos (NFC).
Los principios y directrices de las Normas de Correcta Fabricación de medicamentos (en adelante, NFC), definidas como 'las directrices fundamentales para definir los estándares de calidad en la fabricación de medicamentos, así como para
asegurar que su producción y control se realiza con las garantías adecuadas a su uso previsto y según los requisitos de la autorización de comercialización del medicamentos' 115, vienen recogidas en dos Directivas: en materia de medicamentos de uso
humano, la Directiva 2003/94/CE de medicamentos y medicamentos en investigación de uso humano; y, en materia de medicamentos veterinarios, la Directiva 91/412/CEE de medicamentos veterinarios 116.
Posteriormente, se publicó la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo
a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal (en adelante, Directiva 2011/62), cuya transposición en el ordenamiento jurídico español se llevo a cabo por la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre
111 Ídem.
112 Ingredientes inactivos
113 PÉREZ LANDÍN, B. ¿Qué es un medicamento?
114 Ídem.
115 https://www.aemps.gob.es/industria-farmacéutica/fabricacion-de-medicamentos/
116 En España, el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación,
que derogó total o parcialmente los Reales Decretos 8 que transpusieron las citadas directivas, regula, en su capítulo IV, los principios y directrices de las NCF.
de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta última ley entró en vigor en julio de 2013.
En definitiva, 'todos los medicamentos y principios activos fabricados o importados en la Unión Europea, incluidos los medicamentos destinados a la exportación y aquellos destinados a la realización de ensayos clínicos, deben fabricarse de
conformidad con los principios y directrices de las NCF'.
Así, el artículo 46 ter de la Directiva 2011/62 señala lo siguiente:
'1. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que la fabricación, la importación y la distribución en su territorio de principios activos, incluidos los principios activos destinados a la exportación, cumplen las
prácticas correctas de fabricación y las prácticas correctas de distribución de principios activos.
2. Los principios activos únicamente se importarán si se cumplen las condiciones siguientes:
a) los principios activos se han fabricado de conformidad con normas de prácticas correctas de fabricación al menos equivalentes a las establecidos por la Unión en virtud del artículo 47, párrafo tercero, y
b) los principios activos van acompañados de una confirmación por escrito de la autoridad competente del tercer país exportador de que:
i) las normas sobre prácticas correctas de fabricación aplicables a las instalaciones que fabrican el principio activo exportado son por lo menos equivalentes a las establecidas por la Unión de conformidad con el artículo 47, párrafo
tercero,
ii) la instalación de fabricación de que se trata está sometida a controles periódicos, estrictos y transparentes y a una aplicación eficaz de las prácticas correctas de fabricación, que incluyan inspecciones repetidas y sin previo aviso, de
modo que se garantice una protección de la salud pública por lo menos equivalente a la que existe en la Unión, y
iii) en caso de constatarse un incumplimiento, el tercer país exportador transmitirá sin demora a la Unión información sobre tal constatación.
Dicha confirmación escrita no prejuzgará las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 8 y en el artículo 46, letra f).
3. El requisito establecido en el apartado 2, letra b), del presente artículo no será aplicable si el país exportador figura en la lista contemplada en el artículo 111 ter.
4. En casos excepcionales y cuando sea necesario para garantizar la disponibilidad de medicamentos, si una instalación que fabrica un principio activo para la exportación ha sido inspeccionada por un Estado miembro y se ha comprobado que
cumple los principios y las directrices de las prácticas correctas de fabricación establecidos de conformidad con el artículo 47, párrafo tercero, cualquier Estado miembro podrá dispensar del requisito establecido en el apartado 2, letra b), del
presente artículo por un período no superior al de validez del certificado de prácticas correctas de fabricación. Los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad de tal dispensa lo comunicarán a la Comisión.'
Por otro lado, y en relación con lo expuesto, cabe hacer referencia, en primera instancia, al Real Decreto Legislativo 1/2015, de por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios y, en su desarrollo, de forma más específica, al Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente (en adelante, Real Decreto 1345/2007). De conformidad con esta normativa, el etiquetado y el prospecto del medicamento deben ser conformes con la ficha técnica y deben incluir la información de los excipientes que sea necesaria para
la correcta administración y uso del medicamento.
En particular, el artículo 34 del Real Decreto 1345/2007 establece lo siguiente:
'En el etiquetado, en la declaración de la composición del medicamento, se incluirán los excipientes de declaración obligatoria cuyo conocimiento resulte necesario para una correcta administración y uso del medicamento. Los excipientes de
declaración obligatoria se irán actualizando conforme a los avances científicos y técnicos y de acuerdo con lo que se establezca en la Unión Europea.'
Además, en relación con la autorización y control de los medicamentos, se debe distinguir entre medicamentos de marca, comercializados bajo la denominación patentada de origen, y los medicamentos genéricos, comercializados bajo la
denominación de su principio activo. Según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, en su Nota Informativa de septiembre de 2006 117, 'Los medicamentos genéricos contienen los mismos ingredientes activos
y a las mismas concentraciones que sus correspondientes fármacos innovadores y son autorizados sólo si su calidad, seguridad y eficacia han sido adecuadamente demostradas de acuerdo con los estándares internacionalmente reconocidos. Los
medicamentos genéricos pueden diferir de los medicamentos originales en el método de preparación o en la composición de los ingredientes inactivos, sin que ello afecte a su eficacia y seguridad'.
Precisamente, es en el método de preparación y composición de los ingredientes inactivos donde puede radicar el gran problema en la generación de efectos adversos en el paciente, bien por alergia o bien por intolerancia a alguno de estos
componentes, cuya trazabilidad y especificidad no ha sido debidamente especificada y garantizada. Este es el principal motivo por el cual los médicos de atención primaria y de atención especializada prescriben medicamentos innovadores 'por
indicación terapéutica' en lugar de prescribirlos por principio activo (medicamentos genéricos).
Cuarto. Sistemas de trazabilidad.
A diferencia del sistema de trazabilidad de los alimentos, definido en el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que permite conocer todos las etapas por los que pasa un alimento, desde las primeras fases de producción
hasta que llega al consumidor y usuario, en España no se ha desarrollado una regulación que permita conocer el origen de los principios activos e ingredientes inactivos de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente y que actualmente
se distribuyen, dispensan y administran a los pacientes.
117 https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2006/docs/NI.medicamentos-genericos.pdf?x38929
La revista americana Science Translational Medicine público en el año 2019 un análisis en el que se calculaba que la mayor parte de las medicinas prescritas con mayor frecuencia en EE. UU., contienen al menos un ingrediente capaz de
provocar una reacción adversa a personas sensible 118.
Según el citado estudio, elaborado por un grupo de expertos del Brigham and Women's Hospital y el Massachusetts Institute of Technology, la mayoría de los ingredientes inactivos establecidos tienen un registro de seguridad, pero estos
compuestos podrían estar causando efectos en la salud que no son detectadles con los métodos actuales de detección de toxicología preclínica.
En colaboración con el científico experto en datos bioquímicos, Daniel Reker, analizaron los ingredientes inactivos de 42.052 medicamentos orales que contenían más de 354.597 ingredientes inactivos. Y encontraron que, en promedio, los
ingredientes inactivos representaban el 71% de la masa de estos medicamentos. Los ingredientes inactivos más problemáticos incluyen la lactosa (utilizada en el 45% de todos los medicamentos orales), el aceite de cacahuete y el gluten, ingredientes
que pueden causar efectos adversos en pacientes con afecciones como intolerancia a la lactosa o alergias a los alimentos 119.
Los autores recuerdan que los ingredientes inactivos pueden causar una reacción adversa a través de una alergia (una respuesta relacionada con la histamina que puede desencadenar urticaria, dificultad para respirar y/o anafilaxia) o una
intolerancia, en la cual la dificultad para absorber una sustancia puede causar síntomas gastrointestinales.
En definitiva, y en virtud de lo expuesto, resulta necesario que el paciente o usuario pueda conocer, mediante un sistema fiable y seguro, el lugar donde se han elaborado o fabricado los distintos principios activos e ingredientes inactivos
(principalmente, excipientes), y que no se recoge en el etiquetado, el envase, ni en el prospecto de las especialidades farmacéuticas en España 120, toda vez que distintos estudios avalan el potencial para provocar alergias o intolerancias de
algunas sustancias que acompañan a los principios activos de los medicamentos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover, en el seno de la Unión Europea, la adopción de las medidas legislativas pertinentes al objeto de establecer la obligación de incluir en el etiquetado y prospecto de los medicamentos el origen de los principios activos e
ingredientes inactivos de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
2. En virtud de la competencia exclusiva que tiene reconocido en el artículo 149.1.16 de la Constitución, promover la adopción de medidas legislativas oportunas para incluir en el etiquetado y prospecto de los medicamentos el origen de los
principios activos e ingredientes inactivos de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente que actualmente se distribuyen, dispensan y administran en España
3. Dar debido cumplimiento a los parámetros europeos en dicha materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2022.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/003982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
118 REKER, D. y otros. 2019. 'Inactive' ingredients in oral medications. ?https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30867323/
119 Ídem.
120 Infografia-envase-medicamento.pdf (aemps.gob.es)
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para el abordaje integral de la diabetes mellitus, para su discusión en la Comisión
de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Diabetes mellitus. Causas y efectos.
La Diabetes Mellitus (en adelante, DM) es un conjunto de síndromes caracterizados por un déficit en la secreción o acción de la insulina, que produce alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, resultando
una hiperglucemia crónica responsable de complicaciones vasculares y neurológicas.
En palabras de D. Figuerola en su obra Diabetes, 121 la primera referencia escrita relativa a esta patología, '[...] se debe a Thomas Willis, autor de los mejores tratados de anatomía del cerebro realizados hasta esa fecha, 'Cerebri anatome:
cui accessit nervorum descriptio et usus, en 1664, y en 1667 la Pathologiae cerebri, et nervosi generis specimen'. Willis escribió que [...] antiguamente la diabetes era bastante rara, pero en nuestros días la buena vida y la afición por el vino
hacen que se encuentren casos a menudo...'. La figura más sobresaliente de la medicina clínica del siglo XVII fue Thomas Sydenham, quien especuló que la diabetes era una enfermedad sistémica de la sangre que aparecía por una digestión defectuosa
que hacía que parte del alimento tuviera que ser excretado por la orina'.
En cuanto a la clasificación de los distintos tipos de diabetes, se puede diferenciar entre:
1. Diabetes Mellitus Tipo 1: supone la destrucción de las células beta pancreáticas, lo cual provoca un déficit de insulina, habitualmente absoluto. También es conocida como DM autoinmune o idiopática.
2. La Diabetes Mellitus Tipo 2: se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, a causa de la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de manera adecuada la propia insulina. Existen diferentes grados
variables de resistencia a la insulina, alteraciones en la secreción de la misma y aumento en la producción de glucosa.
3. Otros tipos específicos de Diabetes Mellitus refieren:
- Enfermedades pancreáticas.
- Endocrinopatías.
- DM inducida por fármacos.
- Defectos genéticos en la acción de la insulina.
- Defectos genéticos en la función de las células beta pancreáticas como son la diabetes MODY y diabetes mitocondrial.
El Manual para el Examen Nacional de Residencias Médicas 122 recoge que la DM 'ha llegado a ser uno de los principales problemas de salud debido a su creciente prevalencia, su contribución al desarrollo de patologías vasculares crónicas y a
su elevada mortalidad'.
En la actualidad, su prevalencia oscila entre el 5-10% de la población general siendo más frecuente la diabetes tipo 2, con el problema sobreañadido de que hasta el 50% de estos pacientes no están diagnosticados. A tales efectos, resulta
aconsejable hacer un cribado en pacientes con:
- Historia familiar de DM en familiares de primer grado.
- IMC mayor 27 kg/m2 y en pacientes con un sobrepeso igual al 20% del peso ideal.
- Toda embarazada entre las 24 y 28 semanas de gestación.
- Edad superior a 45 años.
- Existencia de otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o dislipemia.
- Alteración de la glucemia en ayunas o intolerancia hidrocarbonada.
- Síndrome de ovario poliquístico.
Asimismo, debe tenerse en consideración, con relación a las complicaciones de esta patología, tales como la retinopatía diabética, pie diabético y nefropatías, debe indicarse que requieren un control
121 FIGUEROLA, D. Diabetes. 4.ª Ed. 2003. Elsevier-Masson. ISBN-13 : 978-8445813003
122 VV. AA., (González-Parra, C., Ed.), Manual para el ENARM (Examen Nacional de Residencias Médicas), McGraw Hill, 2019.
exhaustivo que, dadas las deficiencias presentes en la atención primaria, se realiza de tal manera que no siempre alcanza los objetivos de evitar la progresión en la medida en que ello sea posible.
Todas estas consideraciones reflejan que no cabe un abordaje simplista para su prevención y tratamiento; antes bien, resulta necesario profundizar en su estudio y continuar implementando estrategias integrales para su correcto tratamiento.
Dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, fue aprobada la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el Consejo Interterritorial del SNS en año de 2006, con el objetivo de promover la mejora de la calidad
de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, su última actualización data ya del año 2012 123, y aun cuando desde el Ministerio de Sanidad se avanzaba el análisis, evaluación y actualización de sus indicadores, en la actualidad se evidencia un
desfase en los últimos avances terapéuticos y en la situación de nuestro sistema sanitario con relación a la investigación, tratamiento y gestión del paciente diabético que no se abordan correctamente desde el SNS.
Esta situación viene siendo denunciada por expertos y asociaciones de pacientes. Desde la Fundación SED solicitaban, con motivo del Día Mundial de la Diabetes convocado por la International Diabetes Federation (IDF) el 14 de noviembre, que
'es esencial una reactivación y transformación progresivas del sistema sanitario que permita la aplicación del modelo de atención a la cronicidad de forma eficiente, incorporando al paciente como elemento central activo y la coordinación entre
niveles asistenciales en el desarrollo del tratamiento y seguimiento de la persona con diabetes' 124. Concluían en su argumentarlo que en este momento 'el principal reto en nuestro país es conseguir la atención integrada de las personas con
diabetes y, para ello, es esencial la actualización de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud'.
Segundo. Nuevos tratamientos y avances terapéuticos.
El artículo 'Nuevos fármacos en Diabetes Mellitus' 125 avanzaba en el año 2016 que 'El tratamiento de la DM tiene como objetivos asegurar al paciente una buena calidad de vida, disminuir el riesgo de complicaciones específicas (retinopatía,
nefropatía, neuropatía) y de eventos cardiovasculares (en adelante, CV) que son su principal causa de mortalidad'.
Para lograrlo incidía en que 'se requiere un enfrentamiento terapéutico multifactorial con control de la hiperglicemia, y de otros factores de riesgo CV, habitualmente presentes en las personas con DM. Sin embargo, la piedra angular del
manejo de la DM es el control glicémico' 126.
Los tratamientos médicos convencionales -con antidiabéticos orales, insulinas de diversos tipos, material de control como glucómetros y tiras reactivas- resultan de fácil acceso a través de la Atención Primaria y tienen un planteamiento
claro y eficiente. Sin embargo, dada la alta incidencia en la población, aún resta una necesidad de implementar políticas de diagnóstico precoz, control y formación entre los profesionales de atención primaria sobre los últimos avances en su
terapéutica, así como fomento de conductas saludables relativas al control del peso y promoción del ejercicio físico.
Entre los últimos avances terapéuticos destacan:
(i) la terapia con nanopartículas, que consiguen en los pacientes trasplantados menos problemas con los inmunosupresores (que, en muchas ocasiones, son otra enfermedad asociada), toda vez que liberan el medicamento en el lugar específico de
acción;
(ii) otro avance específico e interesante en este campo es el de los medidores continuos de glucosa (también conocidos como por las siglas CGM/FGM), que permiten monitorizar la glucosa en el líquido intersticial de forma continua mediante un
sensor que se lleva insertado en el tejido subcutáneo.
(iii) Sobre la base de que son los islotes pancreáticos los que se encargan, en términos normales, de producir la insulina cuando cambian los niveles de azúcar en la sangre, que se ven atacados por la DM1, la ciencia optó por el trasplante
de esos islotes pancreáticos para dar solución a los pacientes. El trasplante de células de Langerhans es en la actualidad el único tratamiento curativo para la DM1, pero es difícil
123 https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/EstrategiaDiabetes accesible.pdf
124 https://www.sediabetes.org/noticias/la-sed-su-fundacion-y-la-federacion-espanola-de-diabetes-reclaman-un-acceso-mayor-y-mas-equitativo-a-los-recursos-terapeuticos-y-educativos/
125 Aylwin H., C.G; Nuevos fármacos en diabetes mellitus. 2016. Unidad de Diabetes, Servicio de Medicina Hospital Dipreca. Profesora Facultad de Medicina Universidad de los Andes. Santiago, Chile. REVISTA ELSEVIER. VOL. 27 N.º
2.?https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-nuevos-farmacos-en-diabetes-mellitus-S071686401630013X
126 Ídem.
técnicamente, y son muchos los problemas que se plantean en términos de rechazo del injerto, y se precisan tratamientos posteriores para evitarlo. Se espera que la aparición de nuevos tratamientos inmunosupresores con nanopartículas pueda
contribuir a evitarlo o minimizarlo. Esta ha sido la aproximación de la Universidad de Northwestern (Illinois, USA), tal y como refieren en su artículo publicado en la revista Nature Nanotechnology el pasado mes de enero de 2022 127.
En última instancia, debe tenerse en consideración, tal y como tienen denunciado de forma reiterada tanto la Sociedad Española de Diabetes (SED) como la Federación Española de Diabetes (FEDE) que, en la actualidad, se producen importantes
desigualdades en el acceso a los recursos frente a la diabetes dentro de España. Como resaltaba el presidente de la sociedad científica 'los recursos profesionales y el grado de acceso a determinados recursos asistenciales y novedades terapéuticas
es heterogéneo entre CC.AA., y también entre centros y áreas sanitarias dentro de la misma comunidad o localidad' 128.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto estas y las demás deficiencias que presenta el Sistema Nacional de Salud en la atención al paciente diabético y pre-diabético, en tres aspectos fundamentales: la paralización o reducción de
las visitas médicas y de enfermería, la educación diabetológica y la realización de análisis y exploraciones al paciente. Siendo así, se evidencia una necesaria reactivación de nuestro sistema sanitario, con la vuelta a la atención presencial y,
sobre todo, la necesidad de impulsar la actualización y transformación del abordaje integral de la atención a la diabetes mellitus en España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la adopción de las siguientes medidas:
1. La urgente actualización de la Estrategia Nacional en Diabetes del Sistema Nacional de Salud, en un plazo de tres meses, para la incorporación de los últimos avances terapéuticos en el tratamiento de la Diabetes Mellitus y en particular:
a) Priorizar el cuidado y control de las principales complicaciones de la diabetes, mediante la incorporación de programas específicos en Atención Primaria, estableciendo protocolos específicos para la retinopatía diabética, el pie diabético
y la nefropatía con un abordaje ecuánime y equitativo para todas las comunidades autónomas.
b) Agilizar los trámites administrativos y burocráticos que faciliten y agilicen el acceso a los medidores de glucosa intersticial al paciente.
c) Promover programas de cribado en Atención Primaria que permitan establecer un sistema de detección precoz de pacientes pre-diabéticos, a fin de minimizar el efecto de la diabetes silente.
2. En coordinación con el Instituto de Salud Carlos III, continuar implementando programas de investigación sobre tratamientos con nanopartículas y nuevos avances terapéuticos para la mejora de la vida del paciente diabético.
3. Promover programas de comunicación y difusión, a través de los canales de radio y televisiones públicas, de conductas generadoras de salud para la prevención del sobrepeso, en su relación con la Diabetes Mellitus tipo II.
4. Promover la publicación y actualización de los resultados del trasplante de islotes pancreáticos en la página oficial de la Organización Nacional de Trasplantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2022.-Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
127 Burke, J.A., Zhang, X., Bobbala, S. et al. Subcutaneous nanotherapy repurposes the immunosuppressive mechanism of rapamycin to enhance allogeneic islet graft viability. Nat. Nanotechnol. (2022).
https://doi.org/10.1038/s41565-021-01Q48-2
128 https://www.sediabetes.org/noticias/la-sed-su-fundacion-y-la-federacion-espanola-de-diabetes-reclaman-un-acceso-mayor-y-mas-equitativo-a-los-recursos-terapeuticos-y-educativos/
161/004010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al abordaje
multidisciplinar, integral y trasversal de las cefaleas y las migrañas en todo el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cefaleas son trastornos comunes del sistema nervioso caracterizados fundamentalmente por dolores de cabeza recurrentes.
Según la propia OMS, son trastornos que pueden manifestarse en brotes y rebrotes -causados por el uso crónico/excesivo de analgésicos-, y pueden llegar a ser incapacitantes.
En términos de prevalencia, la OMS estima que entre el 50% y el 75% de los adultos con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años han sufrido una cefalea en el último año, y que el 30% de las personas que forman parte de este grupo
etario ha visto empeorada su situación hasta el nivel de la migraña -con náuseas, vómitos, hipersensibilidad al ruido y a la luz [...]- y de la cronificación del dolor.
Desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) se plantea que el 63% de las 'cefaleas primarias' tienen su origen en situaciones de 'tensión episódica', seguidas del 15% derivadas de la exposición a 'estímulos fríos' y del 9% atribuido a las
'migrañas sin aura'. En cuanto a las 'cefaleas sintomáticas', la referida SEN cuantifica en un 72% las causadas por 'resaca', en un 63% las provocadas por 'fiebre' y en un 22% las 'asociadas a alteraciones metabólicas (ayuno sin hipoglucemia)'.
En este contexto, en los últimos años se han desarrollado en nuestro país distintas iniciativas con las que procurar avances en el tratamiento y en el abordaje terapéutico de las personas afectadas.
Un ejemplo representativo de ello es el 'Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica' impulsado en el año 2016 desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde el Instituto de Salud Carlos III y desde el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Dicho protocolo pone de manifiesto los 'grandes costes individuales y sociales', evidencia las 'numerosas comorbilidades' y plantea la necesidad de generar progresos en términos de 'identificar a las
personas no diagnosticadas hasta el momento', de 'ofrecer una asistencia sanitaria de calidad' -con medidas para 'evitar los desencadenantes', 'modificar los factores de riesgo' y 'administrar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos' que
permitan 'tanto abordar las crisis como prevenirlas'-, y de 'informar al usuario del proceso que le afecta y de cómo el sistema sanitario público tiene organizada su asistencia'.
Otra muestra destacada en el mismo sentido es la que representa el manual de práctica clínica con recomendaciones diagnóstico-terapéuticas que la referida SEN editó originalmente en el año 2015 y que actualizó en 2020. Dicho documento fue
orientado a 'el médico residente, de atención primaria, neurólogo clínico' con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a partir de información relevante y actualizada sobre epidemiología, fisiopatología, métodos diagnósticos, criterios de
derivación y hospitalización, 'vademécum'[... ]
Y un tercer caso notorio es el 'Libro blanco de la migraña en España' que la Asociación Española de Migraña y Cefalea, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y, de nuevo, la SEN presentaron en 2021. Este libro blanco deja constancia de que 'se tarda entre
6 y 7 años de media en obtener un diagnóstico de esta enfermedad neurológica', y, entre otras cuestiones, de que 'menos del 14% de las personas que requieren tratamiento preventivo en España, lo reciben'.
A esta situación hay que añadir otros hechos como que 'más del 50% de las personas con migraña no tienen ningún contacto con enfermería' -según se plantea desde la mencionada Asociación Española de Migraña y Cefalea- y que la pandemia de
COVID-19 ha provocado, tal y como hizo público la propia SEN el pasado mes de febrero, que 'cerca del 20% de los pacientes que presentan dolor de cabeza durante la fase aguda de la COVID-19 desarrollan una cefalea crónica diaria'.
Parece necesario, en consecuencia, una revisión, actualización, mejora[...] del abordaje de las cefaleas y las migrañas que se realiza actualmente en todo el Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a la práctica con inmediatez, y desde la coordinación y el consenso con las asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios y las Comunidades Autónomas, todas las medidas que
resulten necesarias para posibilitar un abordaje multidisciplinar, integral y transversal de las cefaleas y las migrañas en condiciones de equidad y de máxima calidad asistencial todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Desde la optimización de todos los recursos disponibles en el SNS para potenciar los resultados en términos de salud, bienestar y calidad de vida de los pacientes, el Gobierno impulsará un plan estratégico con el que incrementar la
concienciación social, impulsar la l+D+i, agilizar el acceso a las pruebas diagnósticas y aumentar su precisión, y poner a disposición de los afectados las últimas innovaciones terapéuticas y tecnológicas con las que prevenir, evitar y frenar los
síntomas y efectos propios de las cefaleas y las migrañas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Ana María Pastor Julián y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, reclamando mediadas para bajar el
precio de los productos básicos de la cesta de la compra, combustibles, la luz y servicios básicos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La inflación desbocada está poniendo en cuestión el derecho de los consumidores al acceso a bienes y servicios básicos esenciales, generando situaciones de vulnerabilidad social y económica en sectores cada vez más amplios de la población.
Así mismo, el Gobierno es responsable, ante las subidas reiteradas del índice de Precios al Consumo, de la limitación del derecho a escoger productos y servicios a precios, no solo, no competitivos, sino, absolutamente desbocados, a todos los
consumidores españoles, por su inacción, falta de responsabilidad y falta de previsión.
En este contexto ya hay millones de familias consumidoras que tienen serias dificultades para llegar a final de mes por la pérdida de poder adquisitivo y las subidas desorbitadas de bienes y servicios básicos como la luz, los combustibles y
la cesta de la compra. Como consecuencia de los abusivos preciso de la luz y carburantes, es una realidad constatadle que se ha disparado la pobreza energética y que se está dejando atrás a miles de familias.
Los hechos son que los precios de la electricidad en España se están mantenido en niveles históricos desde el mes de junio de 2021, la inflación cerro en el año con un 6,5%, la mayor tasa en 29 años, los carburantes en precios históricos con
la gasolina por encima de los dos euros litro y en febrero de 2022 los precios han crecido al 7,6% la mayor inflación de las economías europeas. Todos los estudios económicos prospectivos auguran un empeoramiento de los indicadores al consumo
durante el año 2022.
Al mismo tiempo que la economía doméstica está al límite de sus posibilidades, la subida desbocada de los precios está generando un importante aumento de la recaudación tributaria del Gobierno, con recaudación récord en 2021, que en lugar de
destinarse a rebajar la presión fiscal a las familias y abaratar precios a los consumidores se gasta en mantener ministerios tan innecesarios como ineficaces y cientos de asesores, que han alcanzado los niveles más altos de la historia.
El Instituto de Estudios Económicos ha estimado que España podría reducir su gasto público en un 14%, unos 60.000 millones de euros, sin rebajar la calidad de los servicios que presta y sitúa a España
en el puesto 29 de la OCDE en su índice de eficacia (74,4 puntos en 2021), muy por debajo de la media europea (98,6% puntos)
En este escenario diabólico de escalada de precios y de incremento constante de las dificultades de los consumidores para cubrir necesidades básicas, tanto la Comisión Europea, como los analistas, los consumidores y los empresarios reclaman
al Gobierno bajada los impuestos y la presión fiscal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, y especialmente de los que están en situación de vulnerabilidad social y económica, mediante las siguientes propuestas:
- Poner en marcha medidas urgentes económicas y fiscales que reduzcan la inflación y minimicen sus perversos efectos sobre los derechos de los consumidores.
- Rebajar temporalmente todos los impuestos relacionados con la energía hasta que haya una normalización del precio en los mercados internacionales, tomando, al propio tiempo, medidas para eliminar gastos, sin rebajar la calidad de los
servicios, que compensen la reducción de ingresos del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-Carmen Riolobos Regadera, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Guillermo Mariscal Anaya, Mario Garcés Sanagustín, Elena Castillo López, Carolina España Reina y
Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre abusos en las llamadas comerciales, para su debate en la Comisión de Sanidad
y Consumo.
Motivación
Realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia constituye una infracción en materia de consumo. Este tipo de prácticas se consideran agresivas por acoso y son
desleales con las personas consumidoras.
El artículo 8 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que regula las prácticas agresivas, considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de
manera significativa, mediante acoso, [...] la libertad de elección o conducta del destinatario en relación con el bien o servicio[...] Por acoso se entiende, según la doctrina jurídica, el hecho de perseguir, importunar, incomodar o apremiar al
consumidor como medio de obtener su decisión de compra o de determinar su comportamiento en el marco de una relación ya establecida.
Si bien el concepto de acoso exige un nivel mínimo de contacto personal entre el empresario y el consumidor, cualquier contacto personal entre el consumidor o usuario que responda a las técnicas de marketing directo no puede calificarse de
acoso. Solamente tendrán la consideración de prácticas desleales si se realizan de manera persistente o en contra de la voluntad expresa del consumidor. Así, el artículo 29 de la Ley de Competencia Desleal considera desleales, por si mismos, dos
de los supuestos más emblemáticos de acoso: considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en
ella; así como realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia cuando el consumidor ha dejado constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales,
exigiendo, en las propuestas comerciales
que se realicen por vía telefónica, para que el consumidor pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición, que dichas llamadas se realicen desde un número de teléfono identificable.
Esta normativa interna en materia de competencia desleal transpone la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior, que establece una armonización plena y que, por tanto, no permite incluir en las legislaciones internas de los Estados normas más estrictas en relación con las conductas comprendidas en su ámbito de aplicación.
Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias exige, en el caso de
comunicaciones comerciales telefónicas, que se informe explícita y claramente, al inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario, la identidad del empresario y que en ningún caso las llamadas telefónicas se realicen antes de las 9
horas ni más tarde de las 21 horas ni en festivos o fines de semana. En aquellos casos en que una oferta comercial no deseada se realice por teléfono, los consumidores tienen derecho a oponerse a recibir más llamadas debiendo de ser informados,
desde la primera oferta comercial, tanto de su derecho a manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas como a obtener el número de referencia de dicha oposición.
A pesar de que nuestra normativa interna ampara suficientemente a los consumidores para frenar este tipo de conductas, existe una cierta sensación de desprotección frente a la reiteración de ofertas comerciales, principalmente telefónicas, a
las que nos vemos sometidos cotidianamente. Parece claro que el origen de esta sensación de vulnerabilidad no está provocado por una falta de regulación sino, más bien, por un incumplimiento de la normativa vigente por parte de determinadas
empresas y por el desconocimiento de los consumidores de los mecanismos con los que cuentan para dejar de recibir ofertas comerciales no deseadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la realización de campañas de información y divulgación, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios, sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y la forma de ejercerlos, frente a prácticas comerciales
desleales, especialmente en relación con el derecho a manifestar su oposición a que se realicen visitas en persona a su domicilio y a recibir propuestas comerciales telefónicas no deseadas.
2. Así mismo impulsará, en el marco de la Conferencia Sectorial de Consumo, la realización de campañas de inspección de la publicidad comercial y prácticas comerciales desleales con las personas consumidoras con objeto de garantizar una
efectiva aplicación de la normativa que protege a los consumidores y usuarios frente a dichas prácticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jódar, Carmen Andrés Añón, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Andrea Fernández Benéitez, Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicente Viondi, Agustín Zamarrón Moreno y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prestación del consentimiento por los usuarios de Internet a la
instalación de cookies, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Durante la navegación por internet, en el acceso a las diferentes páginas web, las personas usuarias reciben un aviso de privacidad, que advierte de la utilización de las llamadas cookies, archivos que las páginas web remiten al ordenador,
tablet, móvil [...] es decir al dispositivo desde el cual se está accediendo, para recopilar multitud de datos, como la localización geográfica, las características del dispositivo o las preferencias de navegación entre otras, al objeto de tratarlos
con finalidades muy diversas como estadística, mejora de anuncios para contenido personalizados, medición del impacto de la publicidad, estudios de mercado...
En estos avisos de privacidad, la opción por la que se aceptarían todas las cookies de la correspondiente página web, consiste en una opción rápida y directa, con indicaciones del estilo: aceptar, aceptar y cerrar, aceptar y seguir
navegando o aceptar todas las cookies.
Sin embargo, la opción de rechazo de las llamadas cookies en la mayoría de las páginas web, no disponen de una opción directa y rápida de rechazo. La opción en este caso se suele indicar como configuración, configurar o rechazar su uso,
configurar cookies [...] Otra práctica muy extendida consiste en sitios web con una ventana emergente que te impide ver el contenido. Este molesto impedimento para una navegación web fluida se denomina 'muro de cookies' y se hace para asegurar el
consentimiento
Estas prácticas consiguen que la mayoría de las personas usuarias acaben aceptando todas las cookies, al ser la opción más rápida y sencilla, siendo una evidencia que en la navegación por internet la velocidad de acceso a los contenidos es
un elemento fundamental y que la opción 'por defecto' en tal sentido, es la elegida mayoritariamente por las personas usuarias. En sentido contrario, lo que se hace es dificultar que la persona usuaria rechace estas cookies, al necesitar de varias
pantallas y de señalar uno a uno los fines que acepta o rechaza respecto al tratamiento de sus datos, siendo mucho más fácil dar el consentimiento que retirarlo. Son claros ejemplo de lo que se denomina dark patterns (patrones oscuros) una práctica
de crear interfaces de usuario diseñadas intencionalmente para confundir o engañar al usuario.
Según el estudio '¿Do cookie banners respect my choice? Measuring Legal Compliance of Banners from IAB Europe's Transparency and Consent Framework' que analizó los diseños de los banners de cookies de 560 sitios webs, el 47% orientan a los
usuarios hacia la aceptación de opciones preseleccionadas, mientras que el 38% de las webs no proporciona ningún medio para rechazar el consentimiento.
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE), que transpone a nuestro ordenamiento lo previsto en el artículo 5.3 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) regula estos
archivos de datos que se instalan en el dispositivo de los usuarios. El legislador español ha transpuesto la norma comunitaria a través del párrafo segundo del art. 22 de la LSSI-CE. En éste artículo se establece que los prestadores de servicios
podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su
utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), el consentimiento otorgado por un internauta debe ser activo, es decir, es necesario que sea fruto de una acción libre, clara, específica, informada e inequívoca.
El abuso de técnicas de manipulación que nos empujan a la toma de decisiones contrarias a nuestros intereses no puede considerarse una prestación de consentimiento activo. Este procedimiento supone que entre el derecho a la privacidad, a la
protección de los datos de los usuarios y el interés de las diferentes páginas web a realizar ese tratamiento de datos, habría un desequilibrio en perjuicio de las personas usuarias que además iría contra el espíritu del principio de protección de
datos por defecto del artículo 25,2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, que recoge el principio de protección de datos por defecto, es decir que la configuración por defecto de los tratamientos de datos sea respetuosa con los principios de protección de los mismos, abogando por un
procesamiento mínimamente intrusivo. Es más, los 'dark patterns' suponen
una amenaza para el concepto mismo de consentimiento dado por la normativa comunitaria: 'toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen'.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno de la Unión Europea, una mayor protección de las condiciones para la prestación del consentimiento de los usuarios de internet respecto a la instalación de dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos sus terminales (cookies), evitando especialmente aquellas prácticas tendentes a dificultar, a través del diseño del interfaz web, la denegación del citado consentimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-José Ramón Ortega Domínguez, Marisol Sánchez Jódar, Elvira Ramón Utrabo, Andrea Fernández Benéitez, Laura Berja Vega, Julio Navalpotro Gómez, Sandra Guaita Esteruelas, Carmen Andrés
Añón, Josefa Andrés Barea, Daniel Vicente Viondi, Ana Prieto Nieto, María Luisa Carcedo Roces y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vacunación frente a la meningitis dentro del Sistema Nacional de Salud,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La meningitis es una enfermedad que produce la inflamación de las membranas (meninges) que recubren el cerebro y la médula espinal.
Sus síntomas principales son fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia.
Según datos de la OMS, la meningitis produjo unas 250.000 muertes en 2019 en todo el mundo, dejando a una de cada cinco personas afectadas con graves secuelas y/o discapacidad permanente después de la infección.
Esta enfermedad tiene, por tanto, 'graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales, y afecta a personas de todas las edades y en todos los países'.
La mayoría de las meningitis son causadas por virus, pero también hay distintas bacterias que pueden causarla. Concretamente, la bacteria Neisseria meningitidis es una de ellas, y los tipos (o serogrupos) que la causan habitualmente son A,
B, C, W e Y.
A pesar de los importantes avances alcanzados en las últimas décadas en todo el mundo, la meningitis bacteriana representa un gran desafío para los sistemas de salud, debido a su importante tasa de letalidad y a su propensión a ser causa de
epidemias.
En noviembre de 2020, en la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó la primera estrategia mundial para derrotar la meningitis, 'Defeating Meningitis by 2030: a global road map'.
En esta hoja de ruta se insta a todos los Estados a tomar las medidas necesarias para vencer a la meningitis antes del 2030, poniendo el foco en la prevención, la sensibilización y la visibilización de la enfermedad, orientándose hacia el
fin de la enfermedad como una amenaza a la salud pública, mediante la reducción y el mantenimiento del número de casos tan bajo como sea posible.
Sus principales objetivos son:
- Poner fin a las epidemias de meningitis bacteriana;
- Reducir los casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50% y de muertes en un 70%;
- Reducir la discapacidad producida por haber padecido la enfermedad y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que la han sufrido, independientemente de que la haya causado.
Este documento pone el énfasis en la meningitis bacteriana aguda (meningococo, neumococo, Haemophilus influenzae y estreptococo del grupo B), porque ha sido la causa de más del 50% de las muertes producidas por meningitis en el año 2019 en
todo el mundo.
La enfermedad meningocócica no es habitual, pero puede generar complicaciones y secuelas graves para aquellos que la han padecido.
Además, la sepsis meningocócica en España es la primera causa de muerte por infección en niñas, niños y adolescentes
Según el documento 'Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva', desde el año 2014 los casos de enfermedad meningocócica en nuestro país se han visto levemente incrementados, a pesar de que la incidencia
actual sigue siendo baja. Este aumento ha sido causado fundamentalmente por los serogrupos C, W e Y.
Según datos del Ministerio de Sanidad, el mayor número de casos de enfermedad meningocócica en nuestro país son producidos por el serogrupo B, sobre todo en menores de 5 años, llegando a los 54 casos en el intervalo temporal de 2017-2018, y
siguiendo una tendencia descendente. En España actualmente dentro del calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida se incluyen las vacunas que protegen a la población de los serogrupos A, C, W e Y.
Concretamente, y debido la situación epidemiológica, la efectividad y la duración de la protección generada por la vacuna, la Comisión de Salud Pública en el año 2019, aprobó modificar la pauta de vacunación respecto a la meningitis causada
por meningococo, de manera que actualmente en el calendario común está incluida a una vacuna tetravalente que protege frente a los serogrupos A, W e Y, además del C.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:
1. Impulsar junto con las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en colaboración con los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, las medidas necesarias para
poner fin a la meningitis bacteriana como una amenaza a la salud pública, en línea con la hoja de ruta marcada por la OMS 'Derrotar a la meningitis antes de 2030'.
2. Mejorar y armonizar la información, sensibilización y difusión del conocimiento sobre la enfermedad entre el personal sanitario de atención primaria y especializada sobre las pautas de detección precoz y diagnóstico de la meningitis, con
especial atención a niñas y niños lactantes menores de un año, menores de cinco años y jóvenes entre los 15 y los 24 años.
3. Seguir difundiendo junto a las Comunidades Autónomas, la Estrategia de comunicación sobre vacunación en adolescentes y jóvenes frente a meningococo serogrupos A, C, W e Y, y llevar a cabo una evaluación sobre la efectividad de esta
estrategia en la captación activa y vacunación de varias cohortes de adolescentes y adultos jóvenes.
4. Llevar a cabo un nuevo estudio basado en la evidencia científica y en los datos epidemiológicos actuales, sobre la procedencia de incluir la vacuna del meningococo b en el calendario de vacunación común del SNS.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Ana Prieto Nieto, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Plan de acogida de
universitarios refugiados procedentes de Ucrania, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La guerra en Ucrania ha provocado la huida de más 2,5 millones de refugiados y el desplazamiento forzoso dentro del país de al menos otros 2 millones de habitantes. Las evaluaciones de las principales organizaciones humanitarias indican que
12,6 millones de personas en Ucrania han sido directamente afectadas por la invasión y la ofensiva militar de Rusia. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es solo el principio del mayor flujo de refugiados de
los últimos 75 años.
El 10 de marzo, el Ministerio de Universidades anunció junto con el de Ciencia que no suscribirá nuevos acuerdos de cooperación académica e institucional con Rusia y que apoyará las iniciativas encaminadas a fortalecer el sistema
universitario y las relaciones académicas con Ucrania.
El ministro de Universidades anunció que está trabajando con el Consejo de Universidades y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para que las universidades acojan a estudiantes, profesores y personal de las
universidades ucranianas y contribuyan a su recepción e integración en nuestro país, sin que hasta la fecha conozcamos se haya planteado por parte del Ministerio un protocolo o plan de actuación de acogida con medidas concretas.
De otro lado, desde el Ministerio se ha afirmado que las universidades, en el ejercicio de su autonomía, podrán también ejercer la suspensión de dichas colaboraciones institucionales existentes con Rusia y Bielorrusia.
La CRUE, por su parte, en su comunicado de 25 de febrero de 2022, señaló que 'las universidades españolas colaborarán y cooperarán, a través de sus redes académicas y de relaciones institucionales, en todo lo que sea posible para reconducir
una situación que nunca debería haberse producido'.
Por todo ello, el Ministerio de Universidades debe liderar la acogida de los universitarios refugiados procedentes de Ucrania mediante una política de medidas concretas que articulen un mecanismo extraordinario de organización y coordinación
de la docencia y la investigación universitaria, y ello en virtud también del artículo 92 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades que establece que las universidades fomentarán la participación de los miembros de la comunidad
universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad.
La CRUE aprobó el 3 de abril de 2006, el Protocolo de actuación de las universidades frente a situaciones de crisis humanitarias, entendiendo la universidad, como un agente más de cooperación, en la que junto a la adhesión individual de los
miembros de la comunidad universitaria a las campañas de solidaridad, las universidades pueden poner su potencial humano, recursos y conocimientos al servicio de los damnificados y de la restauración y mejora de las condiciones de vida de las
personas de los territorios afectados.
Y las universidades españolas a su vez cuentan con reglamentos conforme a este protocolo, por los que se han regido para impulsar iniciativas de colaboración y actuación.
Así, por ejemplo, la Universidad de Salamanca se ha preparado para recibir a los primeros estudiantes y profesores ucranianos, a través de una iniciativa coordinada con las otras tres universidades públicas de la comunidad autónoma de
Castilla y León. A través de un grupo de trabajo interdisciplinar que integra varios servicios y entidades, y siguiendo el citado 'Protocolo de actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitaria' de la CRUE, ha activado el
plan que hará posible que estudiantes y profesores de universidades de Ucrania viajen a Salamanca para incorporarse a la USAL. El Servicio de Colegios Mayores y Residencias, por su parte, ha habilitado ya 25 plazas para universitarios.
La comunidad científica internacional se ha sumado a las muestras de apoyo al pueblo ucraniano con un programa para acoger a investigadores y estudiantes de Ucrania, de forma que puedan continuar con
sus estudios. Se trata de una iniciativa, #ScienceForUkraine, que cuenta con más de 600 ofertas de países de todo el mundo, entre ellas las de una veintena de centros y universidades españolas.
No es la primera vez que se aprueban medidas extraordinarias para refugiados en una situación de emergencia bélica. En 2015 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabajó en colaboración con las comunidades autónomas para poder
vertebrar de la mejor manera posible la acogida de los refugiados sirios por parte de nuestro país, y, por tanto, existen precedentes de actuaciones para esta situación. Con esa finalidad, el Ministerio se reunió con los diferentes representantes
de los estudiantes, la ONG Fundación Entre Culturas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR-ACNUR) y la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la CRUE, a aprobar un Plan de acogida de refugiados universitarios procedentes de Ucrania que incluya los mecanismos de coordinación y
organización de actuaciones docentes y de investigación entre las diferentes administraciones. El plan incluirá, entre otras, las siguientes medidas:
a) La aprobación de transferencias corrientes de créditos a las administraciones competentes que les permita disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para la acogida de estos estudiantes en el sistema universitario español.
b) La información desde la página web del Ministerio de Universidades de las prestaciones para estos estudiantes en español y en su lengua de origen.
c) El desarrollo de programas específicos para los estudiantes por razones lingüísticas.
d) La solicitud de un esfuerzo adicional en espacios, dentro de la red de colegios mayores y residencias, y de profesorado adicional de apoyo, junto con mediadores en lengua de origen.
e) La adaptación de las medidas necesarias para que los estudiantes refugiados procedentes de Ucrania puedan ser beneficiarios en la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023.
f) La agilización y adaptación del procedimiento de homologación y acreditación de sus títulos de formación, para favorecer también el ingreso en el mundo laboral en su caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2022.-María Jesús Moro Almaraz, Elena Castillo López y María Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la pobreza energética de
las universidades, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La situación energética española actual podría convertirse en una crisis estructural derivada de la tensión de los mercados de petróleo y gas, ocasionada entre otros factores por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Los precios están generando una alarma social, dado que los combustibles derivados del petróleo, gas natural y electricidad están alcanzando unos récords diarios de cotización desde junio del año pasado que en la actualidad resultan
insostenibles. Una situación que afecta negativamente al bienestar de las familias, a la productividad de las empresas y a la competitividad en general y que está incrementando los niveles de pobreza energética en nuestro país.
Las universidades también se han visto afectadas por estos incrementos de precios en los suministros de luz y gas. Una situación que ha llevado a algunas universidades, como la de Zaragoza, Baleares o Castilla la Mancha, a anunciar que
apagarán sus sistemas de calefacción. Otras universidades, como la de Murcia, han manifestado que, a pesar de su apuesta constante en energías renovables en sus instalaciones, como la mejora en su climatización, la instalación de paneles solares,
la sustitución progresiva de luminarias a tipo LED etc., se verán obligadas a reducir el gasto de otras partidas, manifestando que el incremento notable de una partida, como es la del suministro de energía eléctrica y gas, obligará al detrimento de
otras partidas.
Así, la Universidad de Zaragoza ha anunciado que apagará sus sistemas de climatización y calefacción a partir del 15 de marzo. El motivo es una cuestión económica, reducir el gasto en electricidad y gas tras las fuertes subidas de precio de
ambos.
Con esta medida la Universidad de Zaragoza pretende disminuir un 30% el consumo de gas natural, lo que permitirá ahorrar alrededor de 760.000 euros con la estimación actual del mercado. Y respecto a la electricidad, la minoración se estima
que podría alcanzar un ahorro entre 1,96 y 2,31 millones.
A esta decisión se ha sumado la Universidad de las Islas Baleares, que la aplicará a partir del 21 de marzo. La universidad pública balear (UIB) ha decidido apagar todos los sistemas de climatización ante la insostenible escalada de precios
de la electricidad y el gas. El rector de la Universidad de las Islas Baleares ha comunicado a los miembros de la comunidad educativa que se parará la calefacción en todos los edificios y cerrará una hora antes como medida de racionalización.
Alega que los últimos acontecimientos han abocado a la universidad a una situación de emergencia energética inasumible.
Asimismo, esta universidad ha comunicado que queda prohibido usar sistemas de climatización individuales, como calefactores o estufas con la advertencia de que serán retirados por el personal de conserjería. Al final de cada jornada laboral
será obligatorio apagar todos los aparatos eléctricos, como ordenadores, impresoras, escáner o fotocopiadoras, asumiendo el riesgo de perder la información.
La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, que adquieren la energía a través de las empresas energéticas con precios indexados, ha constatado que el sobrecoste en los suministros de luz y gas afecta a sus
presupuestos pese a la apuesta en energías renovables en sus instalaciones.
La Universidad de Murcia calcula que el coste de la electricidad se ha incrementado un 12,9% comparada con al año anterior, y la energía que mayor incremento ha sufrido, utilizada principalmente como suministro en laboratorios de
investigación y calderas de algunos edificios, es el gas, que ha aumentado su coste en un 56,86% frente al año anterior. Las instalaciones donde se concentra la actividad de investigación son las que más energía demandan, como son los laboratorios,
los servidores de cálculo, los centros de datos, o los equipos frigoríficos para investigación en ingeniería agronómica.
La normativa sobre la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios establece que las universidades deben contar, como mínimo, con las infraestructuras y medios materiales adecuados y
suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras; que deben reunir las condiciones funcionales apropiadas que permitan el ejercicio de actividades tanto docentes como de investigación y se establece que deberán reunir las
condiciones de prevención de riesgos laborales. Anuncios como los descritos a título de ejemplo ponen de manifiesto la alarmante situación actual que viene a sumarse a las dificultades que han tenido que afrontar como consecuencia de la pandemia de
la COVID-19.
Entendemos que el Ministerio de Universidades debe ser sensible a esta situación e impulsar que el Gobierno adopte medidas urgentes de carácter general para hacer frente a la crisis energética, así como poner en marcha medidas excepcionales
de ayuda a las universidades públicas para que puedan seguir desarrollando adecuadamente sus funciones.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a articular medidas urgentes para paliar situaciones de pobreza energética universitaria, así como a dotar a las universidades de protección especial frente a la posible interrupción del
suministro, mientras se mantenga la situación de emergencia energética.
En todo caso, se impulsarán prioritariamente desde las administraciones públicas las medidas e incentivos que favorezcan la eficiencia energética y la gestión de su demanda, el autoconsumo y la participación en comunidades energéticas de las
universidades, articulando las ayudas disponibles.
Asimismo, el Gobierno transferirá los créditos necesarios a las Comunidades Autónomas con la finalidad de que las universidades puedan hacer frente al incremento del coste energético de sus facultades, instalaciones y centros universitarios,
así como para las inversiones en infraestructuras universitarias para la mejora de eficiencia energética de sus edificios, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-María Jesús Moro Almaraz, Elena Castillo López y María Sandra Moneo Díez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adaptar el régimen laboral de
carácter especial de las personas dedicadas a la investigación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -CRUE- advirtió, ya en enero del presente año, de los impactos negativos que la reforma laboral podría ocasionar en el ámbito de la Investigación. La aplicación del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo tiene efectos no deseados para las universidades debido a la desaparición -con carácter
general- del contrato de obra o servicio determinado operada por la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, al no incluir una alternativa de contratación que dé respuesta a las necesidades el Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Esta figura es de frecuente utilización en las áreas de la investigación y la transferencia del conocimiento, donde los proyectos científicos a los que concurren los investigadores se desarrollan mayoritariamente en un contexto internacional
muy competitivo y de carácter temporal.
La Asamblea General de CRUE Universidades Españolas trasladó al Ministro de Universidades, Joan Subirats, y a la Ministra de Ciencia, Diana Morant, su apoyo a la dignificación y estabilización de la carrera investigadora, pero exigiendo que
la aprobación la Reforma Laboral y de ]a Ley de la Ciencia se haga de forma coordinada para evitar impactos negativos sobre los más de 25.000 investigadores universitarios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) que se verían
afectados.
En este sentido son numerosos los colectivos que han reclamado una solución que permita poner en práctica los contratos por actividades científico-técnicas no sujetos a la tasa de reposición para evitar así el colapso del sistema entre el 31
de marzo y la entrada en vigor la Ley de la Ciencia. De otro lado, la redacción del proyecto tampoco garantiza solución de los problemas mencionados si no se modifica adecuadamente.
En esta misma línea y como bien dice el Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, 'debe existir una correspondencia entre la naturaleza temporal del trabajo a realizar y la naturaleza temporal del vínculo contractual. De esta forma sólo se puede aceptar que el contrato sea
temporal si la necesidad a cubrir en la empresa también lo es, estableciéndose una regulación de la contratación de duración determinada en este sector que, dando respuesta a sus peculiaridades, garantice la necesaria seguridad jurídica y asegure
idénticos niveles de protección a las personas trabajadoras[...]' Ello ocurre igualmente con el sector investigador, por lo que corresponde el mismo tratamiento normativo si no queremos que las consecuencias sean muy negativas e incluso irreparables
para nuestro sistema de ciencia.
Sigue diciendo el citado Real Decreto-ley 5/2022 que, 'se impone una regulación urgente que aborde las necesidades que, preexistiendo, ahora se convierten en perentorias como consecuencia, entre otros, de los cambios establecidos por el Real
Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, con el objetivo de
regular un contrato de duración determinada ad hoc que cubra con garantías y seguridad jurídica las causas propias del sector, así como la duración de los contratos, sin que en ningún caso pueda ser utilizado para necesidades permanentes y
estructurales (tal y como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal Supremo respecto de esta relación laboral especial de modo reiterado en recientes sentencias, por todas, Sentencia de 7 de septiembre de 2021, N.º Recurso: 1158/2019; 7 de
septiembre de 2021).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el Estatuto de los Trabajadores incorporando las excepciones necesarias para regular una adaptación del régimen de la relación laboral del personal de investigación necesario para la ejecución de programas de carácter temporal.
2. En todo caso, dictar con urgencia una norma que amplíe el alcance de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado del trabajo, a los contratos de investigación necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal, con independencia del origen de los fondos de financiación, dadas las graves consecuencias que se
derivan del actual marco normativo para la investigación en el sistema español de ciencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2022.-Pedro Navarro López, María Jesús Moro Almaraz y Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concienciación sobre el
uso de las vacunas, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Las vacunas son instrumentos de primer orden a la hora de prevenir infecciones contagiosas. Su uso evita la muerte de alrededor de 2,5 millones de personas al año a causa de enfermedades contagiosas como la difteria, el tétano, la
tuberculosis, las neumonías bacterianas o el sarampión. Las vacunas, además, protegen a más de 100 millones de niños de enfermedades contagiosas. Conviene recordar que la viruela ha sido erradicada 129 por las vacunas y que la poliomielitis está
cerca de serlo 130.
La pandemia di coronavirus, sin embargo, sigue siendo un triste recordatorio del efecto devastador que las enfermedades te tipo contagioso pueden tener en nuestras vidas y en la salud pública de nuestro planeta.
Aunque las vacunas contra la Covid-19 se han desarrollado en tiempo record, es un hecho que, como señala la Organización Mundial de la Salud, 'el virus avanza más rápido que la distribución mundial de vacunas' y que 'la gran mayoría se han
administrado en países de ingresos altos y medio-altos'. Como señala Muhammad Ali Pate, catedrático la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, 'mientras que los países desarrollados que han inmunizado a más del 70 % de su
población están distribuyendo dosis de refuerzo y extendiendo la elegibilidad a niños menores de 12 años, muchos países en desarrollo apenas han comenzado a expandir la cobertura de vacunas contra la Covid-19 entre
129 https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html
130 https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
sus poblaciones' 131. Urge afrontar una situación que, de mantenerse, podría causar más muertes y perpetuar todavía más las desigualdades económicas y sociales provocadas por situaciones sanitarias.
La desigual en la distribución de las vacunas, sin embargo, no es el único impedimento al que se enfrentan los esfuerzos por alcanzar niveles de vacunación que permitan reducir los contagios y las muertes por Covid-19. La falta de pedagogía
sanitaria y la desinformación están generando movimientos de rechazo a escala global, también en países desarrollados. No en vano, en junio de 2020 la Comisión Europea y el Alto Representante publicaron una Comunicación Conjunta 132 al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 'La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos', documento en el que se alertaba del peligro de des
información, en especial en lo referido al uso de las vacunas contra la Covid-19.
Una encuesta realizada entre octubre y diciembre del 2021 133 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador arroja datos interesantes sobre la diferente percepción del riesgo de las vacunas. De entre los no partidarios
a la vacunación, muchos pertenecen a los subgrupos de comunidades indígenas (en especial de Amazonia), con escasos recursos económicos (quintil 1 de ingresos) y provenientes de zonas rurales.
El ejemplo de Ecuador no es una excepción. Una situación similar se observa en el departamento de Loreto, en la Amazonia peruana 134, donde sus 32 lenguas nativas dificultan los esfuerzos de concienciación.
Muchas comunidades de países en vías de desarrollo carecen de la educación sanitaria necesaria para acoger campañas de vacunación tradicionales como las de la polio, la difteria o el sarampión. Es comprensible que exista, además, reticencia
hacia la vacunación contra la Covid-19. En este sentido, resulta de vital importancia que la campaña de vacunación contra la Covid-19 se vea acompañada de estrategias de concienciación social y comunicación a todos los niveles que comprendan
campañas educativas en escuelas (especialmente en entornos rurales) y el refuerzo de los mecanismos de información y concienciación en la atención primaria.
El esfuerzo por erradicar la Covid-19 no debería convertirse en un esfuerzo sanitario aislado y desvinculado de las necesidades y el contexto de las comunidades a las que se envían las vacunas. Urge que las campañas sanitarias con impacto
mundial -como es la Covid-19- no se ejecuten en paralelo a las necesidades de las diferentes comunidades locales de los países en vías de desarrollo, en muchas de las cuales virus ya erradicados o residuales en nuestro país son todavía causa de
enfermedades y muerte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a la AECID a desarrollar un plan de concienciación a favor de la vacunación en los países de las regiones prioritarias para la Cooperación Española (América Latina y Caribe, África Occidental y Sahel, Magreb y Oriente Medio).
2. Instar a la AECID a colaborar con las autoridades locales (representantes religiosos, personal de base y trabajadores de salud de las comunidades) en las estrategias de concienciación sobre la importancia de la vacunación, en especial en
la vacunación contra la Covid-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Óscar Clavell López, Gabriel Elorriaga Pisarik, Paloma Gázquez Collado, Marta González Vázquez, Miguel Ángel Jerez Juan, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco, Vicente Tirado
Ochoa, Elvira Velasco Morillo, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
131 https://www.weforum.org/agenda/2022/02/aligning-global-and-local-needs-sustainable-vaccine-delivery/
132 JOIN(2020) 8 final
133 https://www.ecuadorencifras.gob.ee/vacunacion-covid-19/
134 https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/15/covid-en-peru-por-que-loreto-es-una-de-las-regiones-que-esta-en-la-cola-de-vacunacion/
161/003990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor Sánchez del Real, don Ricardo Chamorro Delmo, don. Alberto Asarta Cuevas, don Rubén Darío Vega Arias, don. Manuel Mariscal Zabala, doña María Magdalena Nevado Del Campo, doña Cristina Alicia Esteban
Calonje, don Luis Gestoso de Miguel y doña María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a no fomentar la competencia con los sectores agrícola, ganadero y pesquero español a través de la Cooperación Española, para su
discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. La importación y exportación agraria en España.
La renta agraria española es el valor generado por la actividad de la producción agraria en nuestro país. En 2019, experimentó un descenso del 8,6%, respecto del año anterior 135 ; Por su parte, en 2021 el aumento de los costes de
producción del sector en su conjunto quedó compensado por la elevada producción de la rama agraria, lo que condujo a una renta agraria prácticamente constante respecto al año 2020. Así, en 2021 '[L]renta agraria en términos corrientes por Unidad de
Trabajo Anual (UTA) ha disminuido un 4,6%, hasta alcanzar los 34.437 euros, al incrementarse en un 5% el volumen de trabajo en la agricultura expresado en UTAs' 136. De los datos consolidados de 2018, el sector hortofrutícola representó el 55 % de
la producción vegetal con 17.723 millones de euros 137.
Al mismo tiempo que descendía la producción española, la importación de frutas y hortalizas de países terceros extracomunitarios creció un 18% solo entre los meses de enero y septiembre 138.
El principal país proveedor fue Marruecos, con 507 millones de euros 139 (un 15 % más que en 2018), siendo España uno de los principales mercados de destino de las exportaciones marroquíes, a pesar de que el cultivo y los calendarios de
producción coinciden entre los dos países. A día de hoy, los productos marroquíes se han consolidado en el mercado español y representan el 36 % del total comprado a países no comunitarios, y el 25% del total de la importación española. Solo en
frutas y hortalizas, España importó más de 430.000 toneladas de procedencia marroquí 140.
Además, esta tendencia de dependencia de los productos marroquíes también se está consolidando a nivel europeo. Así, por ejemplo, la importación en la Unión Europea de tomate de Marruecos ha crecido un 26% en los últimos cinco años, con más
de 481.706 toneladas 141, mientras que la exportación española de tomate retrocedió un 20%.
Esta dependencia europea de productos agroalimentarios de origen extracomunitario resulta paradójica, pues la estructura de la cadena agroalimentaria en la Unión Europa 142 permite tener alimentos y productos de calidad, saludables y con
numerosos controles sanitarios y de trazabilidad, circunstancias estas dudosas en las importaciones de países extracomunitarios.
Precisamente por ello, la Unión Europea decidió prohibir una serie de pesticidas, al tener efectos perjudiciales tanto para el ecosistema (contaminación de aguas o alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, aves y peces) como
para la salud de las personas (aumentan el riesgo de padecer
135 https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/union-uniones-caida-renta-agraria-media-ue/
136 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/151221-renta agraria.aspx#:~:text=Pesca%20y%20Alimentaci%C3%B3n- ,La%20renta%20agraria%20se%20mantiene%20estable%20(%2B0%2Cl%20%25),los%2028.361%
20millones%20de%20euros
137 https://www.fepex.es/datos-del-sector/produccion-frutas-hortalizas
138 https://financialfood.es/la-importacion-espanola-de-frutas-y-verduras-crece-un-8-hasta-agosto/
139 https://www.fepex.es/noticias/detalle/importacion-espa%C3%Blola-marruecos
140 https://www.fepex.es/noticias/detalle/UE-importo-frutas-hortalizas-procedentes-Marruecos
141
https://www.aenverde.es/marruecos-sube-un-26-su-exportacion-de-tomate-a-la-ue-en-cinco-anos/#:~:text=29%20octubre%2C%202021-,Marruecos%20sube%20un%2026%25%20su%20exportaci%C3%B3n%20de%20tomate,la%20UE%20en%20cinco%20a%C3%B1os&text=Las%20expor
taciones%20d e%20tomate%20de,toneladas%2C%20un%205%25%20menos.
142 Reglamento (CE) n.° 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.°
1907/2006.
enfermedades como el párkinson o el cáncer y afectan a los sistemas endocrino y reproductivo del ser humano).
No obstante, en 2018 la Unión Europea vendió más de 81.600 toneladas de algunos pesticidas prohibidos en territorio comunitario a 85 países de América, África y Asia. Los principales receptores de estos pesticidas son Estados Unidos,
Brasil, Colombia y Ecuador en América; Sudáfrica y Marruecos en África; y la India e Indonesia en Asia.
El objetivo de estos países es luchar contra las plagas, las malas hierbas, los insectos y los microorganismos que ponen en riesgo el monocultivo, pese a que algunas sean claramente nocivas para la salud. Sin embargo, su uso en la
producción agroalimentaria tiene un efecto rebote en el consumidor europeo, dado que los alimentos tratados con estos pesticidas son exportados a la Unión Europea, por lo que la prohibición comunitaria no tiene el efecto deseado.
De esta forma, se da una contradicción en la Unión Europea que produce, sin duda, una injusticia mercantil, pues se abren las fronteras a productos agrarios de terceros países que compiten de manera desleal porque utilizan sustancias activas
que han sido prohibidas a los agricultores europeos. En definitiva, las políticas agrarias de la Unión Europea requieren un cambio de rumbo.
Segundo. La necesidad de una regulación adecuada.
Cuanto antecede pone de relieve la necesidad de modificar la legislación europea a fin de incorporar el principio de reciprocidad en esta materia y prohibir la importación de alimentos que hayan sido tratados con sustancias fitosanitarias y
pesticidas proscritas en territorio comunitario.
En relación con dicho principio de reciprocidad, la importación en la Unión Europea de los productos de países terceros extracomunitarios viene amparada por unos instrumentos jurídicos conocidos como 'Tratados de Libre Comercio
Internacional'. En estos se afirma que, mediante el establecimiento de una unión aduanera, los Estados miembros se proponen contribuir, en pro del bien común, al desarrollo armonioso del comercio en el que se exijan los mismos requisitos a ambas
partes.
No obstante, a pesar de la lógica y de la buena intención subyacente, nos encontramos con que la mayor parte de los Tratados suscritos por la Unión Europea se están firmando con países que perjudican a la agricultura mediterránea. Y ello,
porque son países eminentemente agrícolas y especialmente citrícolas, con monedas devaluadas (Marruecos, Egipto, Sudáfrica...), con salarios medios muy bajos y con mano de obra que, en numerosas ocasiones, roza la esclavitud.
En este sentido, cabe destacar acuerdos como: (i) la Unión para el Mediterráneo (2008), que genera una zona de libre comercio entre la Unión Europea y otros países de Mediterráneo, (ii) el Proyecto Toshka en Egipto o el Plan Verde en
Marruecos para transformar enormes extensiones de desierto en regadíos, (iii) los Acuerdos de Adhesión entre la Unión Europea y otros países en materia de librecambio comercial con países como Turquía, Sudáfrica, Namibia o Lesoto, grandes
competidores agroalimentarios y hortofrutícolas con España, o (iv) el Acuerdo MERCOSUR con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Así pues, deviene necesario incorporar, de forma efectiva, el principio de preferencia comunitaria en la legislación de la Unión Europea, pues los productos agroalimentarios europeos gozan de los más estrictos requisitos fitosanitarios y
laborales, y son de mejor calidad. Además, deberán incrementarse los controles de los productos que entran en suelo comunitario para evitar fraudes legales respecto al origen en el etiquetado y el control de plagas, terminando así con la
competencia desleal de terceros países.
El Gobierno también debe reforzar los Puestos de Inspección Fronterizos ('PIF'), para proteger a los productores españoles, extremando los controles y las inspecciones fitosanitarias de productos de terceros países que fundamentalmente
tienen su entrada en nuestro país por los diferentes puertos nacionales. Se debe incrementar la vigilancia del volumen de las importaciones y denunciar ante la Unión Europea aquellos casos en los que se superen las cantidades acordadas, así como a
todos los países, como Países Bajos, que suelen ser muy flexibles con los productos importados a la Unión Europea.
En la actualidad comprobamos que la Unión Europea y España han perdido su soberanía alimentaria y no son capaces de proteger al sector primario de la competencia desleal que provocan terceros países, con costes inasumibles para nuestros
productores. Además, vemos cómo los consumidores sufren una total desprotección sanitaria por el uso de fitosanitarios prohibidos en Europa, pero que sí son empleados en esos países extracomunitarios cuyos productos importamos.
De la misma forma, nuestros hijos en los colegios, los pacientes de la sanidad pública o los trabajadores de cualquier organismo público y, en general, los ciudadanos que utilicen comedores públicos o concertados tienen derecho a alimentarse
con productos que (i) cumplan la normativa fitosanitaria
europea y española y (ii) hayan sido producidos respetando las condiciones laborales y sanitarias mínimas que les garanticen seguridad alimentaria y una mejora en la calidad, que sólo proporcionan los productos de nuestra tierra.
Los poderes públicos deben proteger y priorizar los alimentos producidos en nuestro país y valorar realmente el esfuerzo que hay detrás de su producción. Estas medidas asegurarán que las frutas, legumbres, hortalizas, pescados, carnes y
demás alimentos producidos y generados en territorio europeo y nacional reciban el reconocimiento que precisan y, al mismo tiempo, quienes los producen, vean asegurado que su trabajo y sacrificio es valorado y protegido. Nuestra soberanía
alimentaria no puede estar en manos de otros países. Los poderes públicos no pueden hacer una dejación de funciones, sino que deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto agroalimentario y hortofrutícola español y europeo
(que es de gran calidad y respetuoso con el medioambiente) y defender a nuestros agricultores que han demostrado ser un pilar esencial digno del mayor reconocimiento.
Tercero. La perspectiva de la cooperación internacional.
En relación con la problemática expuesta anteriormente, se ha de destacar que la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo ('Ley 23/1998') establece en su artículo 8.1 que '[L]a política española de
cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado se establecerá a través de Planes Directores' 143. El vigente Plan Director 144 (el 'Plan'), el V hasta el momento, '[C]oincide con la aplicación de la Agenda 2030
como nuevo compromiso y estrategia internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ('ODS')'. Este Plan establece una serie de áreas de trabajo en relación con el cumplimiento de estos objetivos, de entre los que, relacionados con
el número 2, destacamos:
'Apoyar al sector público de los países para la promoción de un sistema agroalimentario sostenible.
[...] Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala
[...] Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y productividad de sus explotaciones agrarias.'
En principio, ninguna de dichas líneas de trabajo sería negativa en sí misma, más bien al contrario. Sin embargo, el apoyo dirigido a aumentar la producción en aquellos sectores agrícolas que puedan competir con el nuestro en determinados
productos sí perjudica al sector nacional y a los ciudadanos españoles que se ganan la vida trabajando en estos sectores.
El Plan hace una selección de países en y con los que cooperar, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 23/1998 sobre las prioridades geográficas (art. 6), dividiéndolos en 3 categorías: Países de Asociación Menos Avanzados (Etiopía,
Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Senegal y Haití), Países de Asociación de Renta Media (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y República Dominicana) y los
Países de Cooperación Avanzada (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Cabo Verde, Egipto, Guinea Ecuatorial, Túnez y Jordania). Así, podemos observar cómo algunos de los países en los que España coopera poseen importantes
sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros susceptibles de competir con el propio sector nacional, tal y como anticipábamos en el Expositivo primero.
Al examinar, por ejemplo, los últimos datos facilitados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ('AECID') sobre Ayuda Oficial al Desarrollo ('AOD') recibida por el Reino de Marruecos, encontramos que aquella
referida al ODS número 2, vinculada a las líneas de trabajo referidas en el punto anterior, recibió un total de 312.327 desde el 2016 al 2019, no estando disponibles públicamente datos más recientes de la ayuda a este país. Respecto de otros
países en los que también sería interesante conocer estos datos, los últimos disponibles en la web de la AECID corresponden al año 2014, claramente desactualizados.
La última memoria de las actividades y los resultados logrados, que integra datos procedentes de los sistemas de la AECID y facilita información precisa sobre los recursos gestionados por la institución, correspondiente al año 2019, cifraba
en 40.076.592 (13,1% del total) de la AOD aportada por el Reino
143 https://www.boe.es/buscar/actphp7icM3OE-A-1998--16303
144 http://www.exteriores.gob.es/PortaI/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/D ocuments/V%20Plan%20Director%20de%201a%20Cooperaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola.pdf
de España destinada al ODS 2, tan sólo un 0,9% por detrás de todo lo destinado en Ayuda Humanitaria 145. Como vemos, hablamos de una importante cantidad de recursos públicos españoles que van destinados a este concepto que, recordemos, se
encuentra en parte dirigido a aumentar la producción agrícola en esos países, en teoría de forma sostenible, muchos de ellos competidores directos del sector agrícola español.
Cuarto. La política exterior española.
La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado ('Ley 2/2014') en su artículo 2, establece los principios y objetivos de la Política Exterior española, de entre los que se destaca, en relación con este
particular, los siguientes:
'd) La lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el desarrollo económico y social de todos los Estados;
[...]
i) La seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos;
j) La asistencia y protección a sus ciudadanos, así como la protección de los intereses económicos de España en el exterior;
k) La promoción de los intereses económicos de España en el exterior.'
Al mismo tiempo, el artículo 3 de la Ley 2/2014 define los principios rectores de la Acción Exterior del Estado, de entre los que cabe citar, en relación con lo que aquí nos ocupa, los siguientes:
'a) Unidad de acción en el exterior. Se entiende por unidad de acción en el exterior la ordenación y coordinación de las actividades realizadas en el exterior con el objeto de garantizar la consecución de los objetivos de la Política
Exterior del Gobierno y la mejor defensa de los intereses de España.
b) Lealtad institucional, coordinación y cooperación. La actividad realizada en el exterior por los sujetos de la Acción Exterior del Estado se desenvolverá con respeto a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones
internacionales y a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno.
c) Planificación. Las prioridades, objetivos y actuaciones de la Acción Exterior del Estado se establecerán en los instrumentos de planificación que se aprueben de conformidad con los procedimientos que se establecen en esta ley.
[...]
g) Servicio al interés general. La Acción y el Servicio Exterior del Estado se orientarán a la prestación de un servicio público de calidad y a la defensa de los intereses y promoción de la imagen de España. Asimismo, se orientarán a la
asistencia y protección de los españoles, y al apoyo a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior.'
A su vez, el artículo 24 ibidem establece los ámbitos de la Acción Exterior y las líneas generales que deberán seguirse en cada uno de ellos, definiendo la acción exterior en materia de cooperación para el desarrollo de la siguiente manera:
'La Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo se orientará a contribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible y al pleno ejercicio de los derechos, mediante la consolidación de los procesos
democráticos y el Estado de Derecho, la reducción de las desigualdades, el fomento de los sistemas de cohesión social, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; dando una respuesta de calidad a las crisis humanitarias.'
Asimismo, también se define, como ámbito de la acción exterior, la materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental. En este sentido, el artículo 29 ibidem dispone:
'La Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental se orientará a la promoción de los productos y servicios agroalimentarios y pesqueros españoles, a la apertura de nuevos mercados para éstos y a la remoción de
los obstáculos comerciales o sanitarios a los mismos, ajustándose a los objetivos establecidos en la política agroalimentaria y pesquera y a los compromisos que, en su
145 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Seguimiento%20y%20transparencia/MemoriaAECID2019.pdf
caso, se deriven de las estrategias de la Unión Europea, así como a la promoción de la acción internacional en materia medioambiental y de los productos y servicios medioambientales españoles.'
De esta forma, se debe procurar que la consecución de los objetivos en la Acción Exterior y en la Cooperación Española pueda ser compatible y no se produzcan conflictos entre ambos ámbitos, en consonancia con los principios de unidad de
acción, coordinación, planificación y servicio a los intereses de España.
En este sentido, teniendo en cuenta que buena parte de la Cooperación que realiza nuestro país se da con países cuyos sectores agrícolas son competidores del nuestro y que una condición indispensable es que la estrategia de Cooperación
Española debe ser compatible con los intereses de España, se debe asegurar que la Cooperación en este ámbito no perjudique en ningún caso a sectores económicos españoles.
Nuestro país no puede, a través de su Cooperación, fomentar el desarrollo de sectores que puedan ser competencia con nuestra economía. Antes al contrario, en su lugar España debe tender a desarrollar una relación de complementariedad y
colaboración económica con esos países, generando beneficios mutuos y creando socios comerciales estables.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar los proyectos y programas concretos, además del futuro Plan Director, en relación a todo proyecto o programa relacionado con el sector agrícola, pesquero y ganadero, y, en su caso, modificarlos, a fin de asegurar que sean
compatibles con los intereses españoles, en general, y en tales sectores, en particular, así como concordantes con la Ley de Acción Exterior del Estado.
2. Promover, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas que puedan beneficiar a nuestro sector agrícola, ganadero y pesquero, y que contribuyan
a establecer una relación de complementariedad y colaboración económica con países terceros en las situaciones descritas, generando beneficios mutuos y creando socios comerciales estables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor Sánchez del Real, Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, María Magdalena
Nevado del Campo, Manuel Mariscal Zabala y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la diputada de Junts per Catalunya, Mariona Illamola Dausá, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley para compensar los daños provocados por el uso de armas químicas en la guerra del Rif.
Exposición de motivos
El gobierno español fue el primero de la historia en utilizar gas mostaza contra población civil 146. En su airado intento de 'exterminar' (en palabras que diversos estudios atribuyen a Alfonso XIII) a los sublevados rifeños después de la
derrota total de las tropas españolas en Annual y desmantelar el estado independiente constituido en la región en 1921 bajo el liderazgo del presidente Abd el-Krim, España utilizó
146 Etemad, L., Moshiri, M., & Balali-Mood, M. (2015). 'History of use and epidemiology of mustard compounds'. En Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds (pp. 29-47). Springer, Cham.
agentes químicos contra objetivos militares y la población civil entre 1921 y 1926; hecho que jugó un papel clave en la recuperación del control y la soberanía sobre el Rif, su pueblo y recursos minerales.
Si bien estos fueron unos hechos discutidos durante años, hoy en día existe un sólido consenso académico que sustenta su ocurrencia 147.
A modo de ejemplo, en los ataques de 1924, el Ejército español del África esparció gas mostaza desde aviones sobre la población. Esto sucedió después que el Tratado de Versalles en 1919 hubiese prohibido el uso militar de agentes químicos;
prohibición también explícita en diversos convenios posteriores, incluyendo los firmados en Saint Germain, Nevilly, Trianón, Sévres y Washington. Un año después de aquellos ataques, en 1925, el protocolo de Ginebra también consolidaría dicha
prohibición.
Inicialmente, el armamento químico y la tecnología fueron comprados a Alemania, que ya había utilizado armamento químico en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, sin embargo, el Estado español inició su propia producción de agentes
químicos para el uso militar. El gas mostaza utilizado en los ataques de 1924 había sido producido íntegramente en una fábrica de agentes químicos para el uso militar especializada en iperita (gas mostaza) y fosgeno. Dicha planta de armas,
establecida en La Marañosa (Madrid), era fruto de un convenio entre el Gobierno de España, con la participación de Alemania y la Unión Soviética, y el químico alemán Hugo Gustav Adolf Stoltzenberg que había colaborado estrechamente con Fritz Haber,
padre de la guerra química y Premio Nobel de Química en 1918 148.
El bombardeo continuado del Rif con gas mostaza y otros agentes químicos como la cloropicrina y el fosgeno causó numerosas víctimas no solo entre los combatientes, sino también entre la población civil, y se recuerda como un hecho fatídico
que causó ceguera y enfermedades respiratorias en masa, importantes pérdidas de ganado y afectó substancialmente la producción agrícola de la región a largo plazo. La resistencia rifeña fue asesinada, capturada o se vio obligada a exiliarse; y
todo a cargo de grandes pérdidas de vidas humanas, incluyendo más de 60.000 bajas en las filas españolas y francesas, y más de 30.000 bajas en el lado defensor, entre heridos y muertos.
Algunos efectos de dichos ataques químicos habrían permanecido latentes sobre la población y la región durante décadas e incluso, afirman diversos estudios y ONG de la región, han llegado a afectar a descendientes de víctimas de aquellos
ataques. Según el Profesor Mimoun Charqi en su libro 'Armes chimiques de destruction massive sur le RlF' (2014), el 80 % de los adultos y el 50 % de los niños enfermos de cáncer atendidos en el hospital de oncología de Rabat proceden de la misma
zona del Rif que la aviación del Ejército español atacó de manera sistemática con gas mostaza. Estas afirmaciones merecen un estudio más profundo y es responsabilidad también del Estado indagar la verdad y actuar, en caso de poder verificarlo, para
reparar el daño perpetrado contra miles de civiles y sus descendientes.
Es por todo lo anterior que el Estado español debe dirigir parte de su obra de gobierno a compensar a la población afectada por los efectos sufridos a consecuencia del uso militar de agentes químicos.
Es en este sentido que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Comprometerse a investigar y contrastar de forma independiente, rigurosa y empírica, en coordinación con las autoridades marroquíes y en diálogo con la sociedad civil rifeña, la veracidad de las afirmaciones observadas en la literatura y
por parte de relevantes agentes locales que consideran que el uso sistemático de armas químicas que ejerció el Estado español contra la población civil en el Rif durante la Guerra, habría ocasionado durante años, y estaría ocasionando aun a día de
hoy, una mayor incidencia de casos de cáncer en las regiones bombardeadas.
2. Actuar, en materia de cooperación internacional al desarrollo, para compensar la región por los posibles daños sufridos, derivados de dichos ataques.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Mariona Illamola Dausà, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
147 La Porte, P. (2011). '''Ríen á ajouter'': The League of Nations and the Rif War (1921-1926)'. European History Quarterly, 41(1), 66-87.
148 3 Sánchez, M., Pinto, G., Martín, M. T., & Hernández, J. M. (2015, December). 'Cien años de armas químicas'. En Anales de Química (Vol. 111, No. 4).
161/003998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la carta remitida por el Presidente del Gobierno
español al rey Mohamed VI, apoyando las pretensiones marroquíes respecto del Sáhara occidental para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Ante la carta remitida por el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI de Marruecos, revelada esta por las autoridades marroquíes y en la que el presidente apoya las pretensiones de Marruecos de otorgar una
denominada 'autonomía limitada' al Pueblo Saharaui, consideramos necesario un pronunciamiento expreso al respecto por parte de esta Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Esta nueva posición contraviene gravemente el Derecho Internacional, los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que propugnan una solución política justa, duradera y
mutuamente aceptada por las partes, que culmine con el ejercicio de libre decisión del Pueblo Saharaui como paso final al proceso de descolonización inacabado.
El Estado español, por razones históricas, políticas y jurídicas, tiene una responsabilidad muy relevante en el conflicto político del Sáhara Occidental. Ya en 1975, la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegales los
'Acuerdos de Madrid'. En consecuencia, Marruecos carece de soberanía sobre el Sáhara Occidental y su ocupación es ilegal. Desde hace décadas, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, la ONU ha declarado al Sáhara Occidental como un
'Territorio No Autónomo', concepto que abarca a los territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud de su Gobierno propio. El del Sáhara Occidental es el único territorio africano cuyo estatuto poscolonial sigue en suspenso.
Igualmente, la ONU ha pedido constantemente al Gobierno español que, en su calidad de potencia colonial administradora -también 'de iure' desde el auto de la Audiencia Nacional de 2014-, haga los esfuerzos necesarios para que las y los saharauis
puedan ejercer su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum. La nueva posición unilateral del Gobierno de España no es ni creíble, ni realista para resolver este conflicto de naturaleza política.
Esta nueva postura del Gobierno español implica asimismo la ruptura de los consensos necesarios en asuntos trascendentales en materia de política exterior, y hace oídos sordos a la moción que sobre el Sáhara Occidental aprobó el Pleno del
Senado en marzo de 2021 casi por unanimidad -salvo los tres votos de Vox- y en la que se subrayaba que el conflicto político del Sáhara Occidental debía constituir una política de Estado alejada y despojada de controversias y enfrentamientos
partidistas, que en nada favorecen la solución política requerida.
Procede que el Estado español y la propia Unión Europea respeten las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que establecen que los recursos naturales de todo tipo del Sáhara Occidental corresponden al Pueblo Saharaui, sin cuyo
permiso nadie puede disponer de los mismos. Cabe recordar las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 24 de febrero, a propósito de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en las que expresamente se alude a que no tiene cabida el uso de la
fuerza y la coacción para cambiar las fronteras. Las tensiones y los conflictos deben resolverse exclusivamente mediante el diálogo y la diplomacia.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su disconformidad con el cambio radical e histórico de la postura de las autoridades del Gobierno español sobre el conflicto político en el Sáhara Occidental. Un giro que supone alinearse plenamente y sin matices con las
aspiraciones y ambiciones marroquíes de hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental y el destino del Pueblo Saharaui.
2. Reconoce el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental y que decida libremente su futuro a través de un referéndum, único camino para encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes.
3. Reconoce a todas las instituciones y organizaciones sociales que realizan labores de humanitarias y solidarias el trabajo realizado animándoles a que persistan en su apoyo al Sáhara Occidental como muestra del compromiso de la sociedad
civil y de sus administraciones con los valores de los Derechos Humanos, la libertad y la solidaridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/004002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover las obras de ingeniería
civil en la cooperación internacional al desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Los objetivos de desarrollo sostenible serán posibles si los territorios disponen de infraestructuras que permitan desarrollar su vida con dignidad.
Si los territorios llevan a cabo las obras públicas mínimamente necesarias se podrá dar un salto cualitativo en la vida de los habitantes. Tanto si se trata de países muy deprimidos porque una simple carretera les permite poder desplazarse
o una simple red de abastecimiento les dota de un recurso que tendrían que ir a buscar y cargar con el agua en cubos varios kilómetros. En este caso, proyectos como los citados de ejemplo supone un salto en sus circunstancias vitales. Pero en
países más desarrollados, la construcción de un dique o un puerto les puede proporcionar otro salto cualitativo (en este caso diferente) para el desarrollo de varias actividades económicas.
La cooperación española se tenía que centrar, además de en otras áreas clásicas, en la financiación de proyectos de ingeniería civil, en la construcción de obras básicas en los países con deficientes infraestructuras. La cooperación
española tiene que centrarse también en la financiación de proyectos de ingeniería civil en una zona deprimida que cubra una necesidad acuciante para el bienestar, el desarrollo social o el desarrollo económico de la comunidad local.
El impacto que se produce por esa actuación es alto, fácilmente cuantificable, y por ello se deberían primar este tipo de actuaciones.
Como ejemplos pueden valer puentes sobre ríos, que permitan a los habitantes del territorio no tener que rodear varios kilómetros para cruzar un río simplemente para trabajar o el desarrollo de elementos de transporte por cable para el
transporte de personas y mercancías, o incluso un salto cualitativo con pequeñas líneas de ferrocarril
Pero exactamente igual si nos referimos a una red de carreteras que vertebre, estructure y permita hacer desplazamientos más seguros, fiables, rápidos y eficaces, tanto para la más mínima vivencia como para el desarrollo del trabajo o para
el desplazamiento a colegios o centros sanitarios.
Imprescindible, el acceso al abastecimiento y saneamiento. No solo por el incremento en la calidad de vida por no tener que desplazarse a por un recurso tan necesario. Sino porque se trata de un tema de salud: el dotar de agua depurada y
gestionar las aguas residuales evitaría muchas enfermedades. Al igual que la ejecución de estaciones de tratamiento de aguas potables o estaciones de depuración de aguas residuales resultan actuaciones imprescindibles.
Elementos como represas, pantanos y pequeñas presas ayudan a las estrategias de gestión de agua para riego y el desarrollo de la agricultura. Y diques y elementos de protección como escolleras para proteger los cauces y las riberas frente a
riadas, que salvan vidas y permiten el desarrollo de los valles.
Y todas las obras necesarias para un desarrollo energético, especialmente en energías renovables: hidráulicas, solar o eólica.
El impacto de las actuaciones como las que se han propuesto de ejemplo, suponen un salto exponencial en la calidad de vidas de personas que lo necesitan de manera urgente.
Para la realización de estas obras es necesario la redacción de proyectos, que además de las empresas consultoras españolas (de gran prestigio en el mundo), se pueden redactar con el apoyo del ámbito universitario, creando programas para
financiar en las universidades proyectos de trabajo fin de grado o trabajo fin de master en cooperación, como vienen haciendo algunas escuelas de ingeniería. Programas con proyectos sostenibles y resultados contrastados en los que se propone
profundizar.
Además, con ello se complementaría la formación de los egresados ofreciéndoles una experiencia internacional y una concienciación de la necesidad de la cooperación al desarrollo y de la solidaridad.
E igualmente para la dirección de obra o ejecución en la mano de obra cualificada se deben tener en cuenta a las empresas españolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer programas de colaboración con la universidad española para la financiación de proyectos de ingeniería en el ámbito de la cooperación internacional.
2. Establecer los mecanismos de colaboración público-privada con empresas españolas para la realización de proyectos y obras de cooperación internacional en los países empobrecidos o en vías de desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-Óscar Clavell López, Gabriel Elorriaga Pisarik, Paloma Gázquez Collado, Marta González Vázquez, Miguel Ángel Jerez Juan, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco, Vicente Tirado
Ochoa, Elvira Velasco Morillo, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de los derechos sexuales y reproductivos en contexto de acción
humanitaria de la cooperación española, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
Exposición de motivos
En 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) reconoció por primera vez la importancia de los servicios de salud sexual y reproductiva para las personas afectadas por las crisis
humanitarias, en particular las mujeres y las niñas, y de su protección contra la violencia sexual y de género (VSG).
En las últimas dos décadas, las iniciativas a nivel nacional e internacional han contribuido a mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) entre las poblaciones afectadas por
conflictos y desastres en todo el mundo. En particular, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 incluyó la accesibilidad de la SDSR como un componente crítico para fortalecer la resiliencia individual y comunitaria.
En mayo de 2016, la primera Cumbre Humanitaria Mundial situó el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la acción catalizadora para lograr la igualdad de género en las intervenciones humanitarias entre las cuestiones prioritarias para el sector;
un total de 70 compromisos individuales se centraron en la SDSR.
Más recientemente, en noviembre de 2019, en la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD+25, se defendió el derecho a la atención de la SSR en contextos de crisis humanitarias. Por primera vez, un número
significativo de países europeos (entre ellos, España), reconocieron que poner fin a las prácticas nocivas en contextos de crisis humanitaria es un elemento fundamental para lograr un mejor acceso a la SDSR y la igualdad de género.
Sin embargo, a pesar de los avances notables, los servicios de SDSR en entornos en vías de desarrollo siguen siendo muy necesarios.
Vivimos en una época en la que las crisis están provocando el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial: más de mil millones de personas viven en países afectados por crisis humanitarias de largo recorrido. Y estos
países son precisamente el hogar de más de la mitad de la población que vive en la pobreza en todo el mundo.
Más de 26 millones de mujeres y de chicas en edad reproductiva se han visto obligadas a abandonar sus hogares, huyendo de catástrofes naturales, sequías, hambrunas y guerras, por lo que ahora viven en campamentos de personas refugiadas y en
zonas de crisis. En medio de la terrorífica devastación que supone toda crisis humanitaria, las personas necesitan ante todo y sobre todo seguridad y protección: los servicios de salud sexual y reproductiva pueden salvar las vidas de muchas
mujeres y evitarles muchos sufrimientos.
El impacto global de la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de las personas que sobreviven en escenarios de crisis humanitarias existentes y emergentes. El número de mujeres y niñas en riesgo crítico va a seguir aumentando en la
medida en que las situaciones humanitarias se deterioren: la pandemia está teniendo un efecto devastador en mujeres y niñas que se enfrentan al riesgo de la violencia de género, además de provocar una reducción en los recursos dedicados a métodos
anticonceptivos y abortos seguros.
Por servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis entendemos el acceso a partos y a cuidados materno-infantiles seguros, así como el acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no planificados, abortos
inseguros y enfermedades que podrían poner en peligro la vida de las mujeres y de sus familias (según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en situaciones de crisis, existe la probabilidad de que una de cada cinco mujeres en edad fértil esté
embarazada).
En estos contextos, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y niñas de ser objeto de violencia sexual y de género [abuso sexual, violación -de niñas y niños-, violencia de pareja, acoso sexual, tráfico de mujeres y niñas y mutilación
genital femenina (MGF)]. Por ello, es importante trabajar también sobre la prevención, detección y gestión de estas violencias.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en estas situaciones es la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual (las mujeres y los y las jóvenes también se vuelven en contextos de crisis más
vulnerables a la explotación y a la infección por VIH/SIDA-UNFPA, 2018), así como la protección de la diversidad.
Es el momento de que los Gobiernos reconozcan y protejan el acceso a unos servicios básicos de salud sexual y reproductiva, que cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que realmente 'no dejen a nadie atrás'.
En contextos de desastres naturales, conflictos armados y otras crisis humanitarias, generalmente las necesidades de servicios de salud sexual y reproductiva son relegadas a un segundo plano en favor de otros servicios. Sin embargo, la
falta de atención a la salud sexual y reproductiva en estas situaciones contextos supone una causa importante de morbilidad y mortalidad.
Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales. Por lo tanto, la SSR es
como todos los demás derechos humanos, aplicable a toda persona refugiada, internamente desplazada o que habite en contextos humanitarios.
La comunidad global reconoce ya la importancia de la salud sexual y reproductiva y del respeto de los derechos en situaciones de crisis, a través de acuerdos internacionales y políticas nacionales. Estos acuerdos se han materializado
también en el 'Paquete de Servicio Inicial Mínimo' (PMSI) para salud reproductiva en situaciones de crisis: los estándares mínimos internacionalmente reconocidos de servicios que hay que asegurar ante el estallido de cualquier crisis para prevenir
el exceso de la mortalidad y la morbilidad relacionadas con la salud reproductiva, particularmente entre mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los diputados insta al Gobierno a:
1. En el marco de la cooperación internacional al desarrollo, promover todas las acciones necesarias para garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva a las mujeres en contextos de emergencia y crisis humanitarias.
2. Incluir en los presupuestos de cooperación al desarrollo una partida económica específica destinada a financiar proyectos/actuaciones dirigidas a garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia.
3. Proporcionar información más detallada sobre las actuaciones financiadas en salud sexual y reproductiva y los resultados de las mismas.
4. Asegurar que el PMSI se incluya en la Estrategia de acción humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026 y que se distribuya en las intervenciones de acción humanitaria de la cooperación española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2022.-María Guijarro Ceballos, Gemma Araujo Morales, Sonia Ferrer Tesoro, Esther Padilla Ruiz, Susana Sumelzo Jordán, Noemí Villagrasa Quero y Josefa Andrés Barea, Diputados.-Ana Belén
Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor Sánchez del Real, y don Víctor González Coello de Portugal, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar una estrategia específica de colaboración con Panamá con la finalidad de
ejercer la acción dimanante de la fiscalía panameña de captura de Omar Antonio Guevara Barrios, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. Don Omar Antonio Guevara Barrios.
D. Omar Antonio Guevara Barrios estaba empleado de la Oficina Técnica de Cooperación ('OTC') en Panamá de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ('AECID') -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación- desde el 1 de marzo de 1992.
Ocupaba el cargo de 'Administrativo Contable' (Administrador), estando vinculado a la AECID por un contrato laboral fijo, sometido a legislación laboral de Panamá y, supletoriamente, a la legislación española.
En el caso de la OTC de Panamá, entre los puestos de personal contratado local, se encuentra el que ejercía el Sr. Guevara, en calidad de administrativo contable.
Las funciones a desempeñar en tal puesto comprenden:
- Gestión administrativa de la OTC.
- Gestión contable de la OTC: contrataciones, pagos y relación con proveedores, gestiones bancarias, justificación de las cuentas de la OTC.
- Control y actualización del inventario de la OTC.
- Elaboración y seguimiento presupuestario de la OTC.
- Elaboración de informes financieros.
- Gestión Cooperación Delegada, más Subvenciones en especie y otros requisitos de Cooperación.
En el mes de febrero de 2020, sin ningún tipo de preaviso o justificación, dejó de acudir a su trabajo, ausencia que se prolonga hasta la fecha, presumiblemente consecuencia de haber perpetrado una estafa millonaria.
El entonces Coordinador General de la Cooperación española en Panamá, D. Carlos Cano Corcuera, manifestó haber 'descubierto y denunciado este desfalco millonario'. Lo hizo en un mensaje enviado meses después a compañeros destacados en otros
países del mundo -cuyo contenido desveló Vozpopuli- y en el que vinculaba el paso que había dado con la decisión de la Secretaría Estado de Comunicación de no renovarle el contrato a menos de dos años de jubilarse. El 31 de julio de 2020, el
ministerio dirigido entonces por Arancha González Laya prescindió de sus servicios a causa de estos hechos.
'En su condición de coordinador de la oficina técnica de cooperación fue designado cajero-pagador de la OTC y tenía, por tanto, las funciones y responsabilidades asociadas a esta designación. La decisión de no renovar el contrato obedece a
un juicio de oportunidad realizado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional junto a la dirección de la Aecid', contestó el Gobierno en respuesta a la pregunta escrita con la que las diputadas de Ciudadanos Sara Giménez Giménez y
Marta Martín Llaguno querían conocer las razones por las que Carlos Cano no había continuado en su puesto 149.
El Sr. Guevara fue acusado por la justicia panameña por la sustracción a 'España al menos cinco millones de euros en fondos para cooperación en el país centroamericano mediante un depurado sistema de falsificación de firmas y estados
bancarios que logró mantener en el tiempo sin que sonaran las alarmas' 150.
Con motivo de la imposibilidad de localizarle, está considerado 'prófugo de la justicia desde el 2 de abril de 2020, cuando la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó una ''orden de aprehensión y conducción'' contra él
como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. La Aecid presentó querella el 11 de junio de 2020, semanas después de contratar los servicios del bufete local FDR Legal Advice &
Consulting para que dirigiera la acusación en su nombre. Este despacho ha excusado hablar con este diario invocando razones de confidencialidad' 151.
Fuente: Crime Stoppers Panamá (CSI). Recuperado de: (20) Crime Stoppers Panamá (CSI) on Twitter: 'Omar Antonio Guevara Barrios. Solicitado mediante Oficio #0502 con orden de Aprehensión y Conducción, emitida por la Fiscalía
Metropolitana de Atención Primaria de Panamá, referente al presunto Delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza https://t.co/kx285sQPW3' / Twitter
El 2 de marzo de 2021 compareció en el Congreso de los Diputados la entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional, D.ª Ángeles Moreno Bau. En esa ocasión la secretaria de Estado
149 El rastro invisible de Omar, el panameño que birló a España 5 millones en fondos para cooperación-El Independiente.
150 Ibid., supra.
151 Ibid., pág. 4.
estimó, en al menos cinco millones de euros, el total sustraído por el Sr. Guevara Barrios en plazo de diez años.
'Teniendo en cuenta que la vinculación laboral de este empleado con la oficina de la AECID en Panamá se prolongó durante casi tres décadas, no se descarta que el cálculo ofrecido en sede parlamentaria por la actual secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores termine siendo mucho mayor' 152.
Amén de cuanto antecede, según publicaciones en medios digitales, el Sr. Guevara Barrios incluso 'fue tribunal de procesos de selección de la embajada española en Panamá y de la agencia española de cooperación' 153.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una estrategia específica de colaboración con Panamá con la finalidad de ejercer la acción dimanante de la fiscalía panameña de captura de Omar Antonio Guevara Barrios y los demás
imputados por las distintas y gravísimas acusaciones referidas ut supra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2022.-Víctor González Coello de Portugal y Víctor Sánchez del Real, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/003978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de la despenalización del aborto hasta la vigesimocuarta semana de gestación en la República de Colombia, para
su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. El derecho a la vida.
El reconocimiento de la dignidad de toda persona constituye una cuestión nuclear del ordenamiento jurídico, pues 'el Derecho existe, ante todo, por causa del hombre y para el hombre' 154. Este reconocimiento se concreta de manera radical en
el derecho a la vida, supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos carecerían de toda entidad 155. La privación de este derecho supone la privación de todo derecho, por cuanto el mismo es condición de todos los demás, además de entrañar
el reconocimiento de un bien jurídico primordial, y supone, en definitiva, la negación práctica de la dignidad del ser personal.
El derecho a la vida ha sido reconocido en los textos jurídicos más referenciados, desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 (artículo 3), pasando por la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 1949 (artículo
2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 6), hasta la Constitución Española de 1978 (artículo 15).
Sobre la base del artículo 15 de la Constitución Española, no cabe sino concluir que la vida (es decir, toda vida, independientemente de su condición) es un bien jurídico que el Estado tiene obligación de
152 Ibid., pág. 4.
153 (20) Marta Pastor UA on Twitter: 'El tipo que supuestamente birló 5 millones de euros para él y sus cómplices, fue tribunal de procesos de selección de la embajada española en Panamá y de la Agencia Española de Cooperación. Todo muy
guay https://t.co/SMpvCLdCwF #OmarGuevaraBarrios' / Twitter.
154 Marín Pérez, P., Introducción a la Ciencia del Derecho, Tecnos, Madrid, 1979, p. 90.
155 STC 53/1985, de 11 de abril.
proteger. El derecho a la vida del no nacido no es una excepción. Así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril en su fundamento jurídico quinto:
'Si la Constitución protege la vida (...), no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por
lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento
constitucional.'
'Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional. (...) En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría- que proponía
utilizar el término ''todos'' en sustitución de la expresión ''todas las personas'', (...) con la finalidad de incluir al nasciturus. (...) El sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15
de la Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular de derecho fundamental.'
Segundo. Despenalización del aborto en Colombia hasta la vigesimocuarta semana de gestación.
El pasado 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional (en adelante, 'CC') de la República de Colombia declaró, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la exequibilidad condicionada 156 del artículo 122 del Código Penal colombiano, 'en
el sentido de que la conducta de abortar allí expuesta solo será punible cuando se realice después de la vigesimocuarta (24) semana de gestación' 157.
Los fundamentos esgrimidos son filosófica y jurídicamente análogos a los de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El núcleo del problema jurídico se establece en
una ponderación perversa, donde la protección del bien jurídico de la vida, concretada en el derecho a la vida, entraría en colisión con otros derechos de los que las mujeres son titulares, como el derecho a la salud sexual y reproductiva o la
libertad de conciencia.
La CC resuelve esta tensión entre bienes jurídicos adoptando un sistema de plazos 158 y acogiéndose al concepto de autonomía -frente al de existencia de la vida humana- para determinar que el aborto habría de prohibirse desde 'que se rompe
la dependencia de la vida en formación de la persona gestante, esto es, cuando se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina (cercana a un 50 %), circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de
gestación' 159.
En definitiva, la inmediata ejecución de la sentencia implica la ampliación del aborto sin causa alguna hasta los seis meses de edad gestacional. Todo un avance en la instauración de cultura de la muerte, de la que Colombia es pionera, toda
vez que fue el primer país de Hispanoamérica en despenalizar la eutanasia (1997), reconocida como derecho desde 2015 160. Toda regresión en el respeto al derecho a la vida es un drama político y social, especialmente sentido si lo padecen naciones
tan unidas a España por lazos culturales, históricos y de hermandad como las naciones hispanoamericanas.
156 En el ordenamiento jurídico colombiano la inexequibilidad se refiere a la 'inaplicabilidad de una norma por haber sido declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional': '''La declaratoria de inexequibilidad proferida
por la Corte Constitucional es una orden para que ni las autoridades estatales ni los particulares la apliquen (la disposición impugnada) o, en otros casos, una facultad para que dejen de aplicarla. Es decir, la decisión proferida, como
consecuencia de la valoración hecha por la Corte, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, la declaratoria de inexequibilidad contiene implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una
confrontación del contenido material de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición declarada inexequible. La decisión adoptada por la Corte al declarar inexequible una disposición es la de sacarla del
ordenamiento jurídico, de tal modo que no siga surtiendo efectos hacia futuro, independientemente de que, mediante una ficción jurídica, en ocasiones excepcionales, la Corte profiera una decisión retroactiva o difiera sus efectos hacia futuro''
(Sentencia de la Corte Constitucional C-329/01, de 28-111-2001)'. En: https://dpej.rae.es/lema/inexequibilidad.
157 Sentencia C-055-22, de 21 de febrero de 2022, de la CC de la República de Colombia.
158 Que coexiste, como en el caso de España, con el establecimiento de supuestos para la despenalización del aborto más allá de las primeras semanas de gestación (catorce en España; veinticuatro en Colombia): riesgo para la vida o salud de
la mujer, grave malformación 'que haga inviable su vida' y violación (sentencia C-355 de 2006). De hecho, una de las polémicas en torno a la sentencia C-055-22 es precisamente el fenómeno de la cosa juzgada, profusamente discutido tanto en el
cuerpo de la sentencia como en los votos particulares emitidos ('salvamentos de voto', en términos de derecho colombiano).
159 Ibidem.
160 Sentencias C-239 de 1997, T-970 de 2014 y T-544 de 2017 y T-060 de 2020 de la CC, y Resoluciones 1216 de 2015, 2665 de 2018, 229 de 2020 y 971 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Tercero. Conclusiones.
Mediante la presente Proposición no de Ley el Grupo Parlamentario VOX viene a sostener una vez más que la cultura de la muerte promovida por las élites globalistas ataca frontalmente la dignidad y la vida de las personas; que el aborto, la
eutanasia o la mercantilización del cuerpo de las personas vulneran principios básicos que deben ser defendidos y que la acción política debe tener como razón última el bien común y estar inspirada en el respeto a la dignidad humana y a los derechos
que le son inherentes a la persona 161.
El papel del Estado, en este sentido, no puede ser otro que el de velar por la protección de toda vida humana (y de modo particular, la de las más vulnerables), como se reconoce en el artículo 15 de la Constitución de 1978.
La decisión de la CC de Colombia es contraria a la dignidad de la persona e irracional de todo punto, pues constituye un atentado contra la vida humana, cuya existencia -y por tanto, derecho- se encuentra a merced del ejercicio de una
autodeterminación sin límites durante los primeros seis meses de gestación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español:
1. Condena la despenalización del aborto en Colombia hasta las veinticuatro semanas de gestación; un atentado contra el derecho a la vida, supuesto ontológico sin el cual los demás derechos no existirían 162.
2. Reivindica el derecho a la vida y su defensa desde la concepción hasta la muerte natural.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a manifestar expresamente que la despenalización del aborto en Colombia hasta las veinticuatro semanas de gestación atenta contra el derecho más primordial de todos, el
derecho a la vida; supone un retroceso de la civilización, y es contraria al bien común universal, del que son responsables todas las naciones, las cuales deben colocar en el centro de sus políticas a la persona humana y el respeto de su dignidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2022.-Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas que impidan que las mafias
trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos que huyen de la guerra de su país, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
UNICEF ha desvelado que cada segundo un niño se convierte en refugiado a causa de la guerra en Ucrania. A fecha, 15 de marzo, de los 2,9 millones de refugiados que han escapado del conflicto causado por la invasión de Rusia, más 1,4
millones son menores, muchos de los cuales han salido de Ucrania sin familiares.
Según las estimaciones del organismo de la ONU dedicado a la protección de la infancia, cada día más de 70.000 menores abandonan Ucrania para escapar de la guerra.
161 https://xn--agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf.
162 STC 53/1985, de 11 de abril.
UNICEF advirtió que, se teme que organizaciones criminales de tráfico de personas aprovechen esta crítica situación y la vulnerabilidad de los niños, corriendo el riesgo de ser víctimas de violencia y explotación sexual.
Tal es así, que, están en alerta por los menores que están solos porque sus padres prefirieron dejarlos en la frontera de Ucrania y volver a la guerra, pensando que así estarían sanos y salvos.
Los menores, alerta Save the Children, así como las mujeres que huyen del horror al que les está sometiendo Putin, llegan desorientados y exhaustos de todas las partes de Ucrania, tras decenas de horas en tren o caminando, con una maleta a
cuestas. Save the Children ha denunciado que, en este caos, alguien les ofrece un transporte gratuito, un alojamiento próximo, que los aleje, a su vez, de las bombas. Y ahí, en esos puntos, estaciones de tren y pasos fronterizos de carretera de
Rumanía, Moldavia y sobre todo de Polonia, se han instalado organizaciones criminales a ambos lados de la frontera. El objetivo: traficar con ellos. 'Se han detectado operaciones de compra y venta de personas, incluso', denuncia Michela Ranieri,
experta en Política Exterior y Acción Humanitaria de la ONG Save the Children.
Ya han desaparecido varias mujeres solas y algunos niños, confirman todas las ONG, aunque sus nombres no constan en un registro oficial por el caos de los primeros días. 'La prostitución de mujeres y la oferta de vehículos gratuitos para
poner final a su éxodo a cambio de servicios sexuales se está produciendo' indica Ranieri.
Cáritas Europa también lo ha detectado, Noelia de Pablo, responsable del Programa de Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas Española señala que 'Ofrecen asistencia sanitaria, plazas de albergue y transporte rápido en otras regiones o países
de Europa siempre fuera de los cauces oficiales y a personas a las que les urge un alojamiento temporal. No es nada fácil detectarlos por las organizaciones de la sociedad civil ni las instituciones; por eso ahora es una medida clave el registro y
la identificación de personas en los puntos de llegada y para el traslado. Se les ayuda con carteles en ucraniano, se les informa de rutas verificadas y se les ofrece números de teléfono seguros'. Y añade que 'la mayoría de los refugiados son
mujeres solas, madres o abuelas con menores, desesperadas y cansadas. O niños que salieron de manera separada a sus padres y están sin nadie. Los captan para la trata de blancas, explotación sexual, mendicidad y otros delitos'.
El drama no queda solamente en esto, la Fundación Madrina, a través de su Presidente, Conrado Jiménez, ha confirmado que 'hay personas que están ofreciendo a los niños que llegan un pasaje a destino seguro y los reportan bajo engaño a un
campo de trabajo para su explotación laboral'.
Una vez más observamos como la guerra iniciada por la invasión rusa en Ucrania y sus dramáticas consecuencias está afectando a los más vulnerables, a los niñas y niñas y a las mujeres que huyen de la misma. España no puede permanecer
impasible ante esta situación, debe proteger y velar por los niños y niñas refugiados, para que se cumpla, la Convención de los Derechos de 1989, y el interés superior del menor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Solicitar al Gobierno ruso el respeto del Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil, especialmente de los más vulnerables, y el acceso continuado a los servicios esenciales.
- Colaborar, con las ONG especializadas en este ámbito, para impedir que las mafias trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos que huyen de la guerra de su país.
- Implementar medidas que contribuyan a paliar la situación que están sufriendo los menores y mujeres refugiados de Ucrania.
- Desplegar Protocolos específicos de detección, identificación, asistencia y protección de los menores de edad víctimas de trata con el objetivo de prevenir cualquier actuación de estas características que se pueda estar produciendo en
España.
- Tramitar, a la mayor brevedad posible, un Proyecto de Ley contra la Trata, recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consensuada con las entidades y organizaciones especializadas, adaptada a la normativa internacional y
especialmente al Protocolo de Palermo.
- Impulsar, a la mayor brevedad posible, las medidas relativas a menores víctimas de explotación sexual de la Le Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-María de la O Redondo Calvillo, María Auxiliadora Pérez Díaz, Beatriz Álvarez Fanjul, Marta González Vázquez y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a suprimir la obligatoriedad de las cuotas de género en el plano laboral y los planes de igualdad en las empresas, para su
discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. Principio constitucional de igualdad.
La igualdad natural y esencial de toda persona encuentra su reflejo y proyección en la igualdad civil o isonomía. Así, la Constitución Española ('CE') reconoce la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico en su artículo
primero.
El artículo 14 CE establece que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. Por
otro lado, el artículo 9.2 CE recoge que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'.
Esto se traduce en que la CE rechaza la discriminación infundada, debiendo ser tratadas todas las personas con igualdad y sin diferencia alguna, siendo castigada aquella conducta injusta o irrazonable. Por su parte, el Tribunal
Constitucional ('TC') ha manifestado que 'la discriminación constituye una vulneración, una violación al principio general de igualdad, esto es, una desigualdad desprovista de justificación objetiva y razonable' 163.
La máxima clásica del principio de igualdad radica, por un lado, en otorgar consecuencias jurídicas iguales a supuestos de hecho iguales y, por otro lado, en tratar de manera desigual aquellos supuestos que sean desiguales.
Las políticas públicas, pues, han de estar ordenadas a que el principio de igualdad se encarne verdaderamente en el orden social. Garantizarlo es una exigencia del bien común.
Ahora bien, el efectivo reconocimiento de la igual dignidad de toda persona -matriz, como decimos, de la igualdad jurídica- no puede degenerar en igualitarismo, esto es, en uniformidad o nivelación, habida cuenta de las naturales
diversidades y justas desigualdades existentes en la realidad, como, por ejemplo, las distintas posiciones sociales o la variedad de capacidades, méritos, cualidades, talentos o circunstancias personales.
Segundo. Feminismo radical e ideología de género como fuentes de desigualdad.
La ideología de género es una metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo radical; 'se advierte que uno de los aspectos ideológicos en esta interpretación del género reside en su
163 Figueroa Bello, A., 'Aproximaciones teóricas de la igualdad en la normativa constitucional española', Cuestiones constitucionales, n.º 26, 2012, p. 3. Acceso en línea:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-91932012000100005&script=sci_arttext.
propósito de eliminar, de forma absoluta y radical, las diferencias de género y sexo entre varón y mujer. La justificación de dicho objetivo radica en que la aceptación de cualquier tipo de diferencia entre los sexos es traducida como la
perpetuación y el fortalecimiento del patriarcado, es decir, del modelo de la subordinación de la mujer al varón' 164.
Es por ello por lo que, a través de la ideología de género, se pretende imbuir a la sociedad de la idea de que las desigualdades que presuntamente padecen las mujeres solo podrán desaparecer siempre y cuando se deje de hablar de varón o
mujer, sustituyéndolos por seres indiferenciados. La ideología de género, caracterizada por la negación de la realidad biológica femenina y masculina, promueve por tanto la definitiva emancipación respecto a la naturaleza del hombre y la afirmación
de una libertad post-biológica. El sexo y la binariedad que de él se deriva se sustituyen por un constructo sociocultural, el 'género', que es autodeterminable y, por definición, ilimitado en sus manifestaciones.
Si el feminismo radical, per se, perseguía denunciar y poner de manifiesto la discriminación y exclusión sexista que supuestamente sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, es a través de la ideología de género como se busca enfrentar a
hombre y mujer, como si de dos enemigos se trataran.
En lo que respecta a la concepción del trabajo femenino, la economía feminista de corte marxista sostiene que 'las desigualdades de género derivan principalmente del capitalismo, al ser las mujeres asalariadas particularmente útiles como
ejército de reserva laboral: sus responsabilidades familiares y su dependencia parcial del salario del hombre aseguran que sean vistas como trabajadoras de segunda clase, que pueden ser empujadas a la esfera privada siempre que el mercado de
trabajo no las necesite' 165.
Cabe destacar también que esta economía feminista afirma que es a través del control patriarcal de las oportunidades de empleo y los bajos salarios que se pagan a las mujeres, por el mero hecho de serlo, como se acaba empujando a la mujer al
matrimonio, a la esfera doméstica y a la dependencia de los hombres 166.
Por último, y a finales del siglo XX, surge la ideología de género. Es en este momento cuando comienza la negación de la realidad biológica y se postula una libertad que vendrá exclusivamente cuando no nos encontremos ligados a la biología.
Por eso se deja de hablar de sexo (que es biológico) y se empieza a hablar de género (un constructo social, inventado). De esta manera, negando el sexo biológico y considerándolo como un constructo social y cultural, se logra poner en cuestión la
propia identidad de la mujer, despojándola de rasgos que le son propios. Esta corriente ideológica sostiene que la 'identidad sexual de una persona se puede construir basándose con lo aprendido culturalmente (...) la identidad sexual es aprendida
mayormente y que podría ser alterada con intervenciones conductuales apropiadas' 167.
Resulta importante remarcar que la manera que tienen los defensores del feminismo radical de implementar la ideología de género en todos los niveles sociales, promovida principalmente por los diferentes gobiernos del PSOE y PP, es mediante
la introducción de la perspectiva de género en todas sus políticas públicas. Partiendo de esa base busca poner de manifiesto cuáles son las discriminaciones que sufren las mujeres y cuáles las vías que permitirían revertir dicha situación, situando
en el centro de dichos problemas la figura opresora del varón.
Tercero. Planes de igualdad y cupos de género.
El Gobierno de España, sometido a las ideologías anteriormente indicadas, establece la imposición de planes de igualdad, dentro de los cuales encontramos los 'cupos de género', aplicables a la contratación en empresas, tanto del sector
público como del privado. De esta forma, sigue perpetuando el enfrentamiento entre hombres y mujeres, legislando bajo la única visión de imponer la igualdad de roles del hombre a la mujer, sin atender a sus diferencias, y considerando a la mujer
tan solo como un elemento más del sistema de producción. Cabe señalar, antes de continuar, que el hombre y la mujer son iguales en valor y dignidad y que, por lo tanto, han de tener igualdad de oportunidades, afirmación que no debe
164 Miranda-Novoa, M. 'Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género', Dikaion, vol. 21, n° 2, 2012, p. 350. Acceso en línea: http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v21n2/v21n2a02.pdf.
165 Brunet Icart, I. 'La economía feminista y la división sexual del trabajo', Culturales, vol. 4, n.º 1, 2016, p. 3. Acceso en línea: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912016000100061.
166 Puleo, A. 'Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical. Kate Millet', Mujeres en Red. El periódico feminista, 2011, p. 7. Acceso en línea:
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Alicia%20Puleo%20-20Lo%20personal%20es%20pol%C3%ADtico.pdf.
167 Ballón Espejo, M. y OO. AA, 'Ideología de género', Salus, vol. 21, n.º 1, 2017, p. 3. Acceso en línea: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382017000100002.
llevar a obviar las diferencias 168 que les son propias. Lograr la igualdad entre ambos a través de la igualación -entendida como dilución de la diferencia- no estaría logrando otro objetivo que desvirtuar las características que les son
propias y, con ello, la identidad de cada uno. En suma, la igualdad entre hombre y mujer, entre españoles, en modo alguno debe implicar que deba potenciarse a la mujer en detrimento del varón.
Este es, empero, el enfoque del Gobierno: un deseo de igualación desconocedor de las diferencias, que promueve a la mujer y olvida al varón. Una de las principales medidas que se han llevado a cabo desde esta perspectiva por parte de los
Gobiernos españoles fue la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ('LO 3/2007'). Su objetivo fue 'hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y
cultural'.
Por cuanto respecta al ámbito laboral, que constituye el objeto de la presente Proposición no de Ley, observamos cómo en el Título IV LO 3/2007, relativo al derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, el artículo 42 establece que el
objetivo prioritario de las políticas de empleo debe ser 'aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el
empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo'. El apartado segundo del mismo artículo persigue que 'los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles
educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, [y] se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una
determinada proporción de mujeres'.
Atendiendo a la implementación de los planes de igualdad mencionados al inicio del presente expositivo, estos vienen regulados en el artículo 45 LO 3/2007, modificado por medio del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación ('RDL 6/2019') y cuyo apartado 1 dispone que 'las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la
forma que se determine en la legislación laboral'.
El apartado dos ibidem establece que aquellas empresas de cincuenta o más trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad, el cual deberá someterse a negociación según lo dispuesto por la legislación laboral. Con anterioridad a
la modificación referida, el mismo artículo 45 recogía que los planes de igualdad eran obligatorios para empresas con más de doscientos cincuenta trabajadores. También resulta obligatoria la implementación de dichos planes cuando así venga
establecido por medio de convenio colectivo (artículo 85 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre -'ET'-), independientemente del número de trabajadores.
Los plazos para implementar dichos planes de igualdad son, de acuerdo con la disposición transitoria décima segunda LO 3/2007, en redacción dada por el RDL 6/2019, los siguientes:
- 'Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad.
- Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad.
- Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años para la aprobación de los planes de igualdad.
168 Como afirma Ceriotti Migliarese, M., en Erótica y Materna, Rialp, Madrid, 2021, p. 25, 'masculino y femenino son dos modos de estar en el mundo, dos identidades de valor equivalente, ambas enteras y al mismo tiempo incompletas, porque a
cada una le falta algo que solo posee y puede dar el otro'. Y añade: 'la existencia inequívoca de particularidades anatómicas y funcionales en la mujer se ha interpretado como la verdadera razón de las desigualdades y discriminaciones injustas que
se han perpetrado hacia ella'. Finalmente concluye, en la p. 26: 'La verdad biológica de la diferencia y la verdad social de una injusticia se sitúan en planos distintos. El modo en que la diferencia biológica se integra en la convivencia social
no está determinado necesariamente, sino que va a depender del valor que el sistema social sea capaz de dar a esa misma diferencia y a sus implicaciones'.
Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el 'Boletín Oficial del Estado'', esto es, el 7 de marzo de 2020, de 2021 y de 2022, en cada caso.
Sin embargo, y para mayor presión de las empresas, se podrán imponer sanciones económicas a aquellas que no pongan en marcha su respectivo plan de igualdad a tiempo, al tratarse de infracciones 'graves' (como 'no cumplir las obligaciones que
en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo') o 'muy graves' (así, 'no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos'). Las sanciones
por tales conductas, que se contienen en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en redacción asimismo dada por el RDL 6/2019, ascienden hasta
los 7.500 euros, pudiendo llegar a alcanzar multas de 187.000 euros si se trata de reincidentes.
El referido RDL preveía un ulterior desarrollo reglamentario en materia de planes de igualdad que ha sido llevado a cabo por el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. El artículo 5 de esta norma establece, en el marco de lo dispuesto en el artículo 45.1 LO 3/2007, que la aprobación de los planes de
igualdad en las empresas debe ser pactada con los sindicatos. Esto pone de manifiesto que el objetivo que persigue el Gobierno es incrementar, aún más si cabe, el poder, la influencia y los medios económicos de los sindicatos de clase actuales,
como son la Unión General de Trabajadores o Comisiones Obreras, sin que se encuentre conexión de esta atribución con 'la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios' que les encomienda el artículo 8 de la
Constitución Española.
Por otro lado, para el resto de las empresas la elaboración del Plan de igualdad será voluntaria, previa consulta a la representación legal de los trabajadores. Pese a todo, el Gobierno, a través del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, creó en la LO 3/2007 el distintivo empresarial en materia de igualdad 'Igualdad en la Empresa' (DIE) y regulado en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización de este distintivo. De esta
manera, aquellas empresas que lo obtengan podrán utilizarlo en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Por medio de este distintivo se consigue el objetivo de los poderes públicos de privilegiar a aquellos que se alinean con
su propósito divisor de los españoles, en este caso también a nivel empresarial.
El Gobierno justifica los planes de igualdad afirmando que persiguen la paridad entre sexos, lo que significa que haya no más de 60 % representantes de un sexo y no menos del 40 % de representantes del otro en una empresa o en un determinado
nivel dentro de la misma, con independencia de los méritos, basándose solamente en criterios numéricos.
Lo cierto es que las cuotas de género que contienen los planes de igualdad ponen en jaque la libertad de elección de las empresas a la hora de contratar y la relevante cuestión del acceso a los puestos de trabajo por razón de méritos y
capacidad.
A lo largo de la mencionada LO 3/2007 se puede apreciar cómo pese a que, sobre el papel, parezca que se persigue alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, lo que realmente se produce es que se fomentan políticas públicas priorizando lo
que algunos han convenido en denominar género.
Cuarto. Conclusión.
A través de las mal llamadas 'cuotas de género' se da a entender a las propias mujeres que ocupan su puesto de trabajo por el único hecho de ser mujeres, pero no por sus méritos o valía. El Gobierno pretende obtener rendimiento electoral
con la minusvaloración de la mujer, concibiéndola como una minoría oprimida y señalando al hombre como causante de dicha opresión y discriminación.
Mediante la obligatoriedad de las 'cuotas de género' se insulta a todas las mujeres que han logrado alcanzar el éxito personal y profesional prescindiendo de la tutela del Estado y sus cuotas. El Estado da a entender que las mujeres por sí
solas no podrán alcanzar ciertos puestos de responsabilidad, sino que requieren de los poderes públicos para hacerlo. Estos, adicionalmente, tal y como hemos comentado, efectúan la supuesta protección de la mujer a través de la vía del
enfrentamiento entre sexos, con lo que no solo dan al traste con un sistema meritocrático, sino que además coadyuvan a la crispación social.
Tal y como se recoge en la Agenda España, la cual aglutina las principales propuestas de VOX para nuestro país, la única manera de lograr la verdadera igualdad entre españoles pasa por derogar toda la
legislación en materia de 'género' y, particularmente, por cuanto aquí nos ocupa, por suprimir las cuotas y la obligación de contratación de un sexo frente a otro.
La alternativa que este Grupo Parlamentario defiende respecto a la perspectiva de género que pretende imponer el Gobierno en todas sus políticas públicas, la cual se ve claramente reflejada en la imposición de las cuotas de género a las
empresas, es una perspectiva de familia, a través de la cual se ponga en valor la institución familiar. No debemos olvidar que esta cumple una relevante función social, siendo el elemento originario del que surge la propia sociedad. Además, la
institución de la familia garantiza la supervivencia demográfica; es el entorno natural de desarrollo afectivo, físico e intelectual de los hijos, y la primera escuela de aprendizaje de la virtud, entre otras.
Por último, el Gobierno debe promover y favorecer un marco para la creación de empleo y el desarrollo personal y laboral, el cual permita que todos los españoles, sean hombres o mujeres, puedan acceder por criterios de mérito y capacidad a
empleos estables y dotados de un salario digno. De esta manera se estaría combatiendo de manera efectiva la precariedad laboral que impera en nuestro país. A estas acciones deben ir aparejadas las oportunas medidas públicas conducentes a facilitar
la consecución de la conciliación familiar y laboral -medidas que han de partir del reconocimiento del valor social que tienen la paternidad y maternidad-.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar a las Cortes Generales una ley integral con el objeto de derogar toda la legislación que establezca tratamientos discriminatorios en el plano laboral entre españoles basados en el
sexo, tales como ''cuotas de género'', planes de igualdad u obligaciones de contratación. Asimismo, debe implementar una perspectiva de familia y de conciliación en todas aquellas políticas públicas del ámbito laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2022.-Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas que impidan que las mafias
trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos que huyen de la guerra de su país, para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
UNICEF ha desvelado que cada segundo un niño se convierte en refugiado a causa de la guerra en Ucrania. A fecha, 15 de marzo, de los 2,9 millones de refugiados que han escapado del conflicto causado por la invasión de Rusia, más 1,4
millones son menores, muchos de los cuales han salido de Ucrania sin familiares.
Según las estimaciones del organismo de la ONU dedicado a la protección de la infancia, cada día más de 70.000 menores abandonan Ucrania para escapar de la guerra.
UNICEF advirtió que, se teme que organizaciones criminales de tráfico de personas aprovechen esta crítica situación y la vulnerabilidad de los niños, corriendo el riesgo de ser víctimas de violencia y explotación sexual.
Tal es así, que, están en alerta por los menores que están solos porque sus padres prefirieron dejarlos en la frontera de Ucrania y volver a la guerra, pensando que así estarían sanos y salvos.
Los menores, alerta Save the Children, así como las mujeres que huyen del horror al que les está sometiendo Putin, llegan desorientados y exhaustos de todas las partes de Ucrania, tras decenas de horas en tren o caminando, con una maleta a
cuestas. Save the Children ha denunciado que, en este caos, alguien les ofrece un transporte gratuito, un alojamiento próximo, que los aleje, a su vez, de las bombas. Y ahí, en esos puntos, estaciones de tren y pasos fronterizos de carretera de
Rumanía, Moldavia y sobre todo de Polonia, se han instalado organizaciones criminales a ambos lados de la frontera. El objetivo: traficar con ellos. 'Se han detectado operaciones de compra y venta de personas, incluso', denuncia Michela Ranieri,
experta en Política Exterior y Acción Humanitaria de la ONG Save the Children.
Ya han desaparecido varias mujeres solas y algunos niños, confirman todas las ONG, aunque sus nombres no constan en un registro oficial por el caos de los primeros días. 'La prostitución de mujeres y la oferta de vehículos gratuitos para
poner final a su éxodo a cambio de servicios sexuales se está produciendo' indica Ranieri.
Cáritas Europa también lo ha detectado, Noelia de Pablo, responsable del Programa de Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas Española señala que 'Ofrecen asistencia sanitaria, plazas de albergue y transporte rápido en otras regiones o países
de Europa siempre fuera de los cauces oficiales y a personas a las que les urge un alojamiento temporal. No es nada fácil detectarlos por las organizaciones de la sociedad civil ni las instituciones; por eso ahora es una medida clave el registro y
la identificación de personas en los puntos de llegada y para el traslado. Se les ayuda con carteles en ucraniano, se les informa de rutas verificadas y se les ofrece números de teléfono seguros'. Y añade que 'la mayoría de los refugiados son
mujeres solas, madres o abuelas con menores, desesperadas y cansadas. O niños que salieron de manera separada a sus padres y están sin nadie. Los captan para la trata de blancas, explotación sexual, mendicidad y otros delitos'.
El drama no queda solamente en esto, la Fundación Madrina, a través de su Presidente, Conrado Jiménez, ha confirmado que 'hay personas que están ofreciendo a los niños que llegan un pasaje a destino seguro y los reportan bajo engaño a un
campo de trabajo para su explotación laboral'.
Una vez más observamos como la guerra iniciada por la invasión rusa en Ucrania y sus dramáticas consecuencias está afectando a los más vulnerables, a los niñas y niñas y a las mujeres que huyen de la misma. España no puede permanecer
impasible ante esta situación, debe proteger y velar por los niños y niñas refugiados, para que se cumpla, la Convención de los Derechos de 1989, y el interés superior del menor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Solicitar al Gobierno ruso el respeto del Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil, especialmente de los más vulnerables, y el acceso continuado a los servicios esenciales.
- Colaborar, con las ONG especializadas en este ámbito, para impedir que las mafias trafiquen o prostituyan a las mujeres y menores ucranianos que huyen de la guerra de su país.
- Implementar medidas que contribuyan a paliar la situación que están sufriendo los menores y mujeres refugiados de Ucrania.
- Desplegar Protocolos específicos de detección, identificación, asistencia y protección de los menores de edad víctimas de trata con el objetivo de prevenir cualquier actuación de estas características que se pueda estar produciendo en
España.
- Tramitar, a la mayor brevedad posible, un Proyecto de Ley contra la Trata, recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consensuada con las entidades y organizaciones especializadas, adaptada a la normativa internacional y
especialmente al Protocolo de Palermo.
- Impulsar, a la mayor brevedad posible, las medidas relativas a menores víctimas de explotación sexual de la Le Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-María de la O Redondo Calvillo, María Auxiliadora Pérez Díaz, Beatriz Álvarez Fanjul, Marta González Vázquez y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas a favor de las víctimas de
trata con fines de explotación sexual, con especial atención a los niños y niñas, para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, un problema que afecta fundamentalmente a mujeres, niños y niñas en todo el mundo, deben ser necesariamente una prioridad en la atención social de un Estado de derecho,
por su situación de muy especial vulnerabilidad y porque se las ha despojado de todos sus derechos, habiendo sido trasladadas desde su país de origen, por la fuerza, engañadas con la finalidad de ser explotadas sexualmente, y siendo España un
destino de tránsito o su destino final. España ha ratificado acuerdos y protocolos para su eliminación, ha modificado su legislación en los últimos años, pero sigue sin cumplirse el mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de
publicar una Ley integral de trata específica.
El pasado 17 de febrero, el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y UNICEF España presentaron el Informe 'Cultura de Datos en la Trata de Seres Humanos', con el que, entre otros
objetivos, ponen de manifiesto la necesidad de contar con datos fiables, completos y reales para abordar el problema de la trata de personas en nuestro país.
De las conclusiones del referido Informe se advierte que, existen supuestos 'que no llegan a formar parte de las estadísticas oficiales porque se investigan, por ejemplo, como agresión sexual, violencia de género o detención ilegal'
indicaron los representantes de las entidades en su presentación. Así, la falta de un organismo que unifique los datos recogidos por los diferentes actores implicados, junto a la falta de un lenguaje compartido por todos ellos, 'lleva a unos datos
irreales que dejan a muchas víctimas ocultas e invisibles, tanto a los ojos de las autoridades como a los de la sociedad en general' añadieron.
El Informe, que llega tras más de dos años de trabajo, incide en la escasa visibilidad de la trata en la infancia, ya que los datos oficiales resultan insuficientes para conocer y comprender cómo afecta esta forma de violencia a los niños y
niñas. Según el Ministerio del Interior, en el año 2020 se identificaron en nuestro país 269 víctimas de trata, de las que seis (el 2 %) eran niños y niñas. Según el IUEM y UNICEF, 'esto no coincide con la realidad que describen las propias
víctimas, pues el 62 % de las mujeres en procesos de trata con fines de explotación sexual aseguran haber sido iniciadas en la prostitución cuando eran menores de edad; y tampoco coincide con la que reflejan los medios de comunicación'.
Ambas Instituciones han estudiado el fenómeno de la trata, cuyas estimaciones consideran extrapolables a todo el país, y han llegado a la conclusión de que apenas se estaría observando el 26 % de personas en procesos de trata. Eso supone
que el 74 % de las víctimas quedaría oculto o invisible a ojos de las autoridades y de la sociedad. Además, en el caso concreto de la infancia, el informe calcula que, por cada niño o niña víctima de trata observado, hay 5,7 sin identificar.
En este sentido, debe destacarse que la explotación sexual comercial infantil y adolescente es un delito que supone un atentado contra los derechos básicos de dignidad, autonomía, salud física y mental del niño explotado. Si bien es un
delito que puede darse en distintos ámbitos de la sociedad, los Informes de distintos expertos afirman que los menores más vulnerables están más expuestos, y que 'la mayoría de víctimas de ESCIA identificadas han mantenido contacto con el sistema de
protección debido, en parte, a sus experiencias de victimización, particularmente sexual, en sus familias de origen'.
En los últimos tiempos, los casos de menores explotadas y abusadas sexualmente en centros de protección de menores en varias Comunidades Autónomas han conmocionado a todo el país, coincidiendo los expertos en que las fugas que se dan en
estos centros constituyen factores de riesgo y 'suponen una alta probabilidad de implicarse en redes de explotación sexual'.
Por ello, es necesario aprovechar el Informe de la Comisión de Expertos a raíz de los 16 casos de explotación sexual infantil de menores tuteladas en Mallorca los últimos 5 años, y establecer un Plan de detección y prevención integral de la
explotación sexual infantil que incluya las carencias que han detectado los expertos en dicho Informe: formación especializada para los profesionales de los centros de menores que permita detectar los casos sospechosos o más expuestos al riesgo de
explotación sexual;
incrementar la conciencia y sensibilización social; mejorar la coordinación y sensibilización de los distintos profesionales y servicios en contacto con la infancia y la adolescencia en los diferentes ámbitos en los que se relacionan; ir
hacia una política de centros residenciales con colectivos más homogéneos, acogedores y en un ambiente familiar para minimizar el riesgo de fugas y garantizar recursos especializados para víctimas de explotación sexual de niños y adolescentes, que
no existen en todas las Comunidades.
La detección, identificación, atención y recuperación de las víctimas de trata es un proceso complejo en el que es imprescindible el concurso de profesionales de ámbitos muy distintos, con una formación específica que tiene que ser
periódicamente revisada ya que la trata, como fenómeno global, se ve sometido a modificaciones en cuanto, por ejemplo, al origen de las víctimas, rutas internacionales seguidas, flujos migratorios, conflictos bélicos, etc.
Desde la perspectiva de la violencia de género, de la que la trata es una de las variables más crueles, es imprescindible una actuación decidida en colaboración con las entidades especializadas, para conseguir que aquellas víctimas que
deseen continuar en nuestro país recuperen sus vidas, a través de una atención personalizada, con servicios de mediación, traducción e intermediación cultural, procesos formativos de cara a su empleabilidad, incentivos a la contratación, apoyo
social y económico en la consecución de vivienda, todo ello en el caso de que sean mayores de edad; en el caso de las menores, recursos específicos especializados de atención, protección adaptados a sus especiales circunstancias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Tramitar, a la mayor brevedad posible, un Proyecto de Ley contra la Trata, recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consensuada con las entidades y organizaciones especializadas, adaptada a la normativa internacional y
especialmente al Protocolo de Palermo.
- Desarrollar un Programa integral para la recuperación de las víctimas de trata, con dotación económica específica dirigida a las entidades que trabajan con estas víctimas, al considerar que son las más capacitadas para realizar una mejor
actuación en relación con la reparación de la dignidad de las víctimas, y su recuperación total.
- Desplegar Protocolos específicos de detección, identificación, asistencia y protección de los menores de edad víctimas de trata.
- Publicar un Plan específico de detección y prevención integral de la explotación sexual infantil en los Centros de protección, en colaboración con las Comunidades Autónomas y demás organismos especializados en esta materia.
- Promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la creación de Centros especializados para menores víctimas de trata con fines de explotación sexual, contemplando su financiación en los Presupuestos Generales de Estado.
- Implementar herramientas que cuantifiquen mejor este fenómeno, dado que contribuirá a una mejor planificación respecto de las políticas públicas que, en este ámbito, se deben desarrollar.
- Impulsar, a la mayor brevedad posible, las medidas relativas a menores víctimas de explotación sexual de la Le Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.-María de la O Redondo Calvillo, Beatriz Álvarez Fanjul, Marta González Vázquez y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001713
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Piriz Maya.
Texto.
¿Por qué no reduce los impuestos necesarios el Gobierno de España para contener los precios de los carburantes y la electricidad en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Víctor Valentín Piriz Maya, Diputado.
181/001714
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Piriz Maya.
Texto.
¿En cuánto valora el Gobierno de España el incremento de recaudación en las diferentes figuras como consecuencia de la inflación en 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Víctor Valentín Piriz Maya, Diputado.
Comisión de Presupuestos
181/001715
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Piriz Maya.
Texto.
¿Cómo afecta la inflación a la previsión de ingresos de los PGE 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Víctor Valentín Piriz Maya, Diputado.
Comisión de Interior
181/001716
A la Mesa de la Comisión de Interior
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Por qué motivo el Ministerio del Interior ha optado por la concesión de asilo a más de 800 de los inmigrantes ilegales que asaltaron nuestra valla fronteriza de Ceuta y Melilla en vez de expulsarles inmediatamente, tal y como avaló tanto el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos como nuestro Tribunal Constitucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
181/001717
A la Mesa de la Comisión de Interior
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Cómo va a evitar el Ministerio del Interior el 'efecto llamada' a la inmigración ilegal hacia nuestro país después de haber concedido asilo a más de 800 inmigrantes ilegales en una sola semana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
181/001718
A la Mesa de la Comisión de Interior
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Cuál es la política del Departamento que dirige en materia de concesión de 'asilos express' a inmigrantes ilegales que acceden a nuestro país saltando la valla fronteriza y agrediendo a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
181/001723
A la Mesa de la Comisión de Interior
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿Siendo Directora General de la Guardia Civil se ha interesado directamente o a través de alguien, o ha pedido algún tipo de información sobre la investigación llevada a cabo por la UDEF del denominado Caso Santana Motor por obtención de un
'lucro injusto' por parte de Juan Carlos Martínez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
181/001724
A la Mesa de la Comisión de Interior
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil.
Texto:
¿El Departamento que dirige ha participado o se le ha solicitado algún tipo de colaboración en la investigación que dirige la UDEF en el denominado 'caso Santana' sobre la obtención de un 'lucro injusto' por parte de Juan Carlos Martínez
respecto de retribuciones imputadas al erario público y que fueron realizadas a fondo perdido por no haberse dirigido las cantidades concedidas al presupuesto habilitador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001711
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Por qué se ha eliminado (o no se ha reproducido) en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 el único programa del Plan de Vivienda anterior 2018-2021, (Programa 4) que propiciaba la creación de un parque de vivienda asequible en
alquiler en colaboración público-privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Ana María Zurita Expósito.-Diputada.
181/001712
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Cuál es la fórmula para que los suelos privados puedan participar en la construcción de Vivienda social y asequible en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Ana María Zurita Expósito.-Diputada.
181/001719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Por qué motivos no se ha reunido con la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
181/001720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para poner fin al paro nacional indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera desde el pasado 14 de marzo de 2022 y evitar el desabastecimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
181/001721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué medidas se han adoptado para conseguir poner fin al paro nacional de transportistas que tiene lugar desde el pasado 14 de marzo de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
181/001722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Se ha producido una situación de desabastecimiento de productos a consecuencia del paro de transportistas desde el pasado 14 de marzo de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001709
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto.
¿Qué actuaciones y soluciones ha propuesto el Ministerio de Consumo para frenar y contrarrestar la escalada de la subida de precios al consumo en el último año, así como para garantizar el abastecimiento de los productos básicos a los
consumidores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2022.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/001710
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto.
¿Qué influencia han tenido sus críticas a la carne española, en el Reino Unido, en la reducción de las exportaciones de carne un 25 % en el mes de enero?
parte 1
parte 2