BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


4 de febrero de 2022

Núm. 396

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a favorecer la colaboración entre centros educativos e instituciones de excelencia como herramienta para reducir la segregación escolar ... href='#(Página2)'>(Página2)


162/000924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas eficaces para garantizar la atención presencial en servicios financieros y de la Administración Pública ... (Página3)


162/000925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes ... (Página5)


162/000926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la lucha contra la despoblación ... (Página7)


162/000927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares españolas ... (Página10)


162/000928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas urgentes de recuperación de La Palma ... (Página12)


162/000929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar el acceso al sistema de ayudas y subsidios para el estudio al alumnado matriculado en la etapa de Educación infantil ... href='#(Página14)'>(Página14)


162/000930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evitar la exclusión financiera de los españoles más vulnerables ... (Página15)


162/000931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre fiscalidad ... (Página17)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes proposiciones no de ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000923


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para favorecer la colaboración entre centros educativos e instituciones
de excelencia como herramienta para reducir la segregación escolar, para su debate ante el Pleno.


Exposición de motivos


El programa Magnet Schools en Estados Unidos se caracteriza por la especialización temática de determinados centros educativos públicos donde se encuentran escolarizados, según los datos de los que disponemos, 3,4 millones de niños en este
país. Entre las especialidades se encuentran las áreas de Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), Bellas artes y artes escénicas y Educación técnica y profesional. Estos centros son gratuitos y tiene por finalidad atraer a niños de
orígenes socioeconómicos distintos y proporcionarles una enseñanza de calidad en un entorno educativo estimulante.


Hasta la fecha, el programa ha obtenido resultados positivo entre el alumnado que estudia en estos centros, 'aumentando las aspiraciones, el autoestima y rendimiento del alumnado más desfavorecidos y favoreciendo una composición más variada
en las aulas, sin que esto haya empeorado los resultados del alumnado más avanzado'.


En España contamos con la experiencia del programa Magnet, inspirado en el programa educativo estadounidense, impulsado a través de la colaboración entre el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Fundación Bofill, la
Diputación de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónomas de Barcelona. El proyecto tiene como finalidad fomentar alianzas entre centros educativos e institutos de
excelencia como herramienta para combatir la segregación escolar, incorporando métodos educativos innovadores y promoviendo la realización de actividades escolares con las entidades de referencia adscritas al programa.


En estos momentos, según la información publicada en magnet.cat, participan en este programa, entre otras organizaciones, el Instituto de Bioingeniería de Catalunya, el Museo de la Ciencia de la Fundación 'la Caixa' y la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Rovira i Virgili.


Los pocos datos de los que disponemos sobre el impacto de esta política resultan alentadores. Según un artículo publicado en El País en el año 2019, la implantación de este plan ha fomentado la matriculación de hijos de familias con niveles
educativos superiores en estas escuelas a la vez que ha aumentado la participación del alumnado en las actividades de clase.


Los altos niveles de segregación escolar en España y el rendimiento educativo del alumnado obliga a las administraciones educativas a adoptar medidas innovadoras que garanticen de manera real la libertad

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de elección de centro educativo, la equidad y la inclusividad del sistema durante la educación básica. A su vez, es necesario aumentar los recursos y herramientas destinadas a combatir la segregación escolar, que tiene como externalidad una
menor cohesión social.


Por todo lo anterior, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar un programa de cooperación territorial, en colaboración con comunidades autónomas, para favorecer alianzas entre centros educativos de alta complejidad e instituciones de
excelencia como herramienta para mejorar el rendimiento educativo del alumnado, mejorar la equidad del sistema educativo y reducir la segregación escolar.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/000924


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno sobre medidas eficaces para garantizar
la atención presencial en servicios financieros y de la Administración Pública.


Exposición de motivos


El pasado 16 de noviembre de 2021 el gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al cliente, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Consumo y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El texto, en su
exposición de motivos, alega entre sus objetivos la mejora de las comunicaciones entre consumidores y empresas y establece obligaciones en la forma de facilitar información, atender incidencias y resolver quejas y reclamaciones. Con respecto a las
entidades bancarias o financieras, el anteproyecto incluye la obligación de ofrecer una comunicación personalizada telefónica, a través de la regulación del uso de contestadores automáticos. Asimismo, obliga a garantizar la accesibilidad a los
servicios de atención a las denominadas 'personas consumidoras vulnerables', entre las que se encuentran las personas mayores. Sin embargo, no se aborda en ningún momento el problema de la atención presencial en las sucursales bancarias.


Como es bien sabido, el problema de la atención presencial en las sucursales bancarias ha ido profundizándose en los últimos años. En este sentido, el proceso de reestructuración del sector bancario, iniciado en el año 2008, ha generado una
transformación en los modos de atención que ha tenido un impacto negativo en muchos usuarios españoles, pues está teniendo como consecuencia una importante reducción de las sucursales bancarias y reducción de los cajeros automáticos. Las cifras son
alarmantes: según datos del Banco de España, hasta 22.392 sucursales bancarias cerraron sus puertas entre los años 2008 y 2020. Además, según la consultora JP Morgan, este proceso continuará hasta el año 2030, con la previsión de cerrar 20.000
oficinas adicionales. Además de la consiguiente reducción de puestos de trabajo, esta transición ha dejado, en la práctica, sin servicio bancario a miles de personas, especialmente a la población más envejecida y a los habitantes del medio rural,
que se encuentran en riesgo de exclusión financiera. Según otra encuesta del Banco de España, un 36 % de la población en España utilizó como método de pago más usado el dinero en efectivo.


Este riesgo de exclusión financiera se concreta en diferentes dificultades y/o discriminaciones para la población que la sufre. En primer lugar, la digitalización y el cierre de sucursales limitan o directamente eliminan las operaciones en
ventanilla y por tanto la posibilidad de una atención presencial. En segundo lugar, los bancos han comenzado a cobrar comisiones por los servicios en ventanilla, muchas veces sin previo aviso a los clientes afectados; a este respecto,
organizaciones como FACUA recuerdan que, cuando el cliente tiene un contrato previo, debe establecerse un aviso y una confirmación por parte del cliente a través de un nuevo contrato o contrato posterior.

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El Banco de España ha establecido un criterio de buenas prácticas según el cual las entidades deben poner a disposición de sus clientes al menos un medio gratuito, accesible y seguro, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de
cada colectivo, para que puedan disponer de efectivo de su cuenta. Sin embargo, no existe ningún ordenamiento jurídico para ninguna previsión en cuanto al modo en que las entidades deben prestar sus servicios de manera presencial, por lo que se
deja a la discrecionalidad de la entidad financiera. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reivindica que el gobierno considere determinados servicios bancarios, como el acceso al dinero en efectivo, como un 'Servicio Universal' que
permita mantener una infraestructura física viable, que incluya al menos servicios bancarios esenciales y que garantice que llega a toda la población. Otra reivindicación de las organizaciones de consumidores va encaminada a de establecer una
periodicidad mínima para los ofibuses, oficinas móviles que recorren distintas localidades. El anteproyecto se encuentra actualmente en fase consultiva, todavía sin ser aprobado por el gobierno, por lo tanto, existe todavía margen para poder
incorporar medidas en el texto que garanticen de manera efectiva que ningún ciudadano o ciudadana España sufre exclusión financiera en nuestro país.


Pero la exclusión de una parte de la ciudadanía a partir de la brecha digital respecto al acceso a servicios básicos no se encuentra solamente en la exclusión financiera. Aún más grave, ya que es una responsabilidad y gestión directa del
Estado, está siendo la dificultad de acceso a la Administración de la Seguridad Social para realizar todo tipo de gestiones básicas. Gestiones, recordemos, que están siendo vitales para gran parte de la ciudadanía en el contexto de crisis social y
sanitaria que seguimos padeciendo en nuestro país.


A este respecto, la Administración de la Seguridad Social, al igual que otras instituciones, está experimentando una aceleración hacia la tramitación digital de muchos asuntos que está suponiendo, si no se hace debidamente, un deterioro en
la capacidad de acceso de la ciudadanía a la atención al público de las competencias derivadas de esta administración, particularmente en las entidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS). Asimismo, este proceso puede extenderse a otras Administraciones, como el SEPE. La posibilidad de gestionar en línea las relaciones de la ciudadanía con la administración gracias al uso de internet puede facilitar el acceso a la
administración a muchas personas, agilizar los trámites y mejorar la eficacia en la gestión de los asuntos, todas ellas. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que la desigualdad en el acceso a la tecnología es una forma de exclusión social y, en este
caso existe una brecha digital en España, forzada por las condiciones socioeconómicas, y una brecha digital por motivos de edad.


A partir de las restricciones que la gestión de la COVID-19 nos ha impuesto a la ciudadanía para garantizar nuestra salud, estos procesos se han acelerado sobremanera. En este sentido, que desde la pandemia la atención personalizada en las
oficinas de la Seguridad Social pueda obtenerse solo exclusivamente a través de las citas previas obligatorias, está teniendo un impacto extremadamente negativo en los ciudadanos y ciudadanas que padecen la brecha digital, quienes afrontan la
difícil tarea de obtener dicha cita en un tiempo excesivo y con un servicio de atención colapsado. En la práctica, ante la obligatoriedad de la cita previa, el deterioro y la reducción de personal para la atención presencial -especialmente en
oficinas del INSS y de la TGSS- lo que nos encontramos es con una enorme discriminación que sufren estos grupos de población al no poder acceder a los servicios mediante la administración electrónica.


De este modo, una digitalización de las administraciones públicas que no tenga en cuenta estas discriminaciones puede dejar a la población más mayor sin acceso por falta de competencias, y a la población más vulnerable sin acceso por falta
de medios, en una situación de enorme dificultad para relacionarse con la administración. Según datos de Cruz Roja Responde, el 63 % de los hogares que atiende esta ONG no dispone de ordenador y el 46,6 % no tiene contratado ningún servicio de
internet.


Por todo ello, Más País Verdes Equo presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incorporar las siguientes medidas en el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al cliente:


a) La consideración de determinados servicios bancarios, como el acceso al dinero en efectivo, como un 'Servicio Universal', que permita mantener una infraestructura física viable, que incluya al menos servicios bancarios esenciales y que
garantice que llega a toda la población.


b) Establecimiento de una periodicidad mínima para los ofibuses, oficinas móviles que recorren distintas localidades.

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c) Eliminar el cobro de comisiones en las operaciones en ventanilla para que no se puedan dar situaciones de abuso o incumplimiento del contrato estipulado por parte de las entidades financieras a sus clientes y usuarios.


2. Garantizar el acceso presencial a la Administración Pública para aquellas personas que padecen la brecha digital.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2022.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


162/000925


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre la prohibición de la publicidad de
vehículos contaminantes.


Exposición de motivos


Nos encontramos en un momento transicional y de grandes compromisos que nos debe llevar a reducir nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a descarbonizar la economía en los próximos años. Luchar contra el cambio climático
es el pilar fundamental que debe guiar las actuaciones emanadas de este proceso transformador. El acuerdo, pero también el gran reto, es conseguir compromisos firmes -públicos y privados- antes de 2030, porque solo así España podrá lograr la
neutralidad climática en 2050, fortaleciendo su papel en el ámbito europeo e internación como un país próspero, tanto económica como ambiental, climática y socialmente. Para entonces, en lo que respecta al sector del transporte y la movilidad,
directa e indirectamente, no debe haber lugar para la utilización de combustibles fósiles.


Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico, este sector fue el responsable del 27,7 % de las emisiones totales de GEI de nuestro país en 2020. A
la carretera le correspondió cerca del 26 % y, de él, el asociado a la contaminación por tráfico urbano, es de más del 13 %. Este sector es uno de los mayores consumidores de combustibles fósiles, generador de emisiones y causante de graves
problemas de calidad del aire que provocan daños en la salud de los ciudadanos.


Y es que, además del CO2, los óxidos de nitrógeno, otros compuestos y diferentes tamaños de partículas que provoca, impactan y contribuyen no solo al cambio climático sino también a la calidad del aire, directamente relacionada con el número
de muertes prematuras que cada año suma Europa y España. Sólo en nuestro país fallecieron más de 40.000 personas por enfermedades asociadas a la contaminación, y más de 300.000 en EU-27.


Antes de 2030, las emisiones del sector de la movilidad deben reducirse un 33 % y, en términos globales, el país debe reducirlas un 23 % respecto a 1990. Para descarbonizarlo, se llevará a cabo un cambio modal que afectará, según el Plan
Nacional de Energía y Clima (PNEC), al 35 % de los viajeros-kilómetro que hoy se realizan en vehículos de combustión convencional. El Plan Nacional también incluye el objetivo de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos para 2030 -incluyendo
coches y furgonetas-. Por ello, es fundamental la promoción y el fomento de políticas y medidas que impulsen la movilidad eléctrica urbana, la infraestructura de puntos de recarga y la concienciación, al tiempo que eliminan progresivamente del
imaginario empresarial y social el uso de tecnologías que requieran de la combustión de combustibles fósiles.


Por su parte la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, establece la obligatoriedad de implantar Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y en aquellas de más de
20.000 habitantes que tengan problemas de calidad del aire. Esta ley incluye también objetivos específicos de descarbonización y una lista de políticas y medidas para promover la movilidad de cero emisiones como que en 2030 se alcance un 28 % de
electrificación del transporte.


Además, el Plan Nacional de Recuperación y Transformación (denominado 'España Puede'), que se ejecutará con Fondos Europeos, impulsa decididamente la transformación del sector hacia la movilidad

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eléctrica en todos sus aspectos. Las medidas y políticas incluidas en este marco estratégico están destinados a reducir el consumo de energía final, las emisiones de dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y otras micropartículas, pero
también pretenden promover cambios en la movilidad urbana y metropolitana, con una mayor participación de la forma más eficiente, en detrimento del uso de vehículos privados de baja ocupación, fomentando el uso compartido.


El contexto europeo nos urge también a emprender cambios de calado en la industria del automóvil. Por ejemplo, la Comisión Europea ha incluido dentro del paquete Fit for 55 %, la prohibición de venta de vehículos de combustión interna en
toda la Unión para 2035. Siguiendo así el ejemplo de algunas de las economías más avanzadas del continente europeo que ya se han comprometido con este plazo o incluso mucho antes.


Estos compromisos voluntarios de determinados gobiernos están respaldados por la Agencia Internacional de la Energía. Y es que poner fecha de caducidad a la tecnología de combustión interna además está económicamente justificado dado que,
en 2027 a más tardar, resultará más barato fabricar furgonetas y automóviles eléctricos en Europa que vehículos propulsados por combustibles fósiles en todos los segmentos, según un estudio realizado por BloombergNEF (BNEF).


Por su parte el sector también está esperando señales que confirme el rumbo de las nuevas normativas. En abril de 2021, 27 empresas europeas, ya hicieron un llamamiento para que los legisladores comunitarios fijen en 2035 el final de la
venta de nuevas furgonetas y automóviles de combustión.


La ciudadanía está igualmente concienciada sobre la urgencia e importancia de acometer la transición ecológica lo antes posible. Así lo demuestran varias encuestas recientes. Una de ellas, realizada por YouGov en 15 urbes de Europa
encontró que el 63 % de los residentes en ciudades en Europa apoyan la prohibición, incluso con cinco años de antelación, en 2030. Tres de cada cuatro habitantes de Madrid y Barcelona lo sustentan. Otra, realizada por 40 dB y difundida en el marco
de la COP26, encontró que una amplia mayoría de españoles están a favor del abandono del vehículo de combustión: el 89 % considera urgente actuar contra el cambio climático y el 63 % apoya que se adelante a 2035 la prohibición a los nuevos
automóviles de gasolina y diésel. Sin olvidar que Nacionales Unidas instó a todos los países desarrollados a dejar de fabricar coches de gasolina, diésel u otros combustibles fósiles en 2035.


En este contexto, la publicidad es utilizada para distraer, retrasar y desviar la responsabilidad de la influencia sistémica y dañina de los vehículos propulsados por motores de combustión fósil en la causa climática, que algunas veces
incluye el impulso de tecnologías similares que solo son un lavado de cara y una solución falsa, justificada por intereses empresariales específicos. El lavado verde y la desinformación están retrasando la acción climática y ponen en peligro la
consecución de los objetivos y compromisos agrupados en torno al contexto anteriormente descrito. Avanzar en la progresiva eliminación de la publicidad de este tipo de vehículos aumentaría la sensibilización de la opinión pública sobre los
productos y tecnologías responsables del cambio climático y de otros daños para el medio ambiente y la salud de las personas.


No hay que olvidar que la industria del automóvil es la que más invierte en publicidad en nuestro país. Por tanto, su impacto es más que relevante. Según datos de 2019 y la información publicada, las marcas dedicaron a la compra de medios
564 millones de euros. Es el 13 % de la inversión publicitaria total ejecutada en ese año en España, que fue de más de 4.200 millones de euros; según los datos de Infoadex. De hecho, el mayor anunciante de España es Volkswagen, con 84 millones de
euros invertidos el año pasado; y el cuarto es el grupo PSA, con 67 millones. También destinan fuertes sumas SEAT (45 millones), Renault (40 millones), Ford (38 millones), Opel o Toyota (ambos con 34 millones). En total, hay siete marcas de
coches entre los 20 primeros anunciantes de España. La mayoría ya han puesto en marcha su transición al vehículo eléctrico a batería, con el horizonte puesto esta década.


Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fijar el 1 de enero de 2025 como fecha a partir de la cual quedará prohibida la publicidad de vehículos ligeros, comerciales y furgonetas de combustión interna (gasolina, diésel y otras tecnologías emisoras), eliminando los estímulos a
su compra que esto conlleva.


2. Fijar el 1 de enero de 2027 como fecha a partir de la cual quedará prohibida en España el patrocinio cultural, educativo o científico de marcas o modelos de vehículos ligeros, comerciales y

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furgonetas de combustión interna (gasolina, diésel y otras tecnológicas). A partir de dicha fecha solo podrán establecer patrocinios aquellas marcas o modelos que sean cero emisiones.


3. Para implementar los anteriores objetivos y establecer un compromiso gubernamental a nivel nacional, se tendrá en cuenta que la referencia a publicidad y patrocinio incluye las siguientes áreas:


- Publicidad física: cualquier anuncio en medios impresos, televisión, vallas publicitarias, radio, SRI o publicaciones académicas.


- Publicidad 'online': cualquier anuncio de redes sociales o contenido de marca en todas las plataformas de redes sociales o tradicionales.


- Patrocinio deportivo: cualquier patrocinio de clubes deportivos o eventos.


- Patrocinio cultural: cualquier patrocinio de museos, instituciones artísticas, teatros, locales de música, festivales, eventos o artistas.


- Patrocinio de instituciones educativas: universidades públicas, escuelas o cualquier institución educativa pública.


- Patrocinio de ciencia: cualquier festival de ciencia pública o financiación para institutos científicos públicos y publicaciones educativas.


- Patrocinio de eventos públicos, en particular relacionados con el clima, la salud, la biodiversidad, el medio ambiente y la sostenibilidad ecológica.


- Patrocinio de medios de comunicación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la lucha contra la despoblación, para su
debate en Pleno.


Exposición de motivos


La despoblación del medio rural es un problema surgido de la tendencia global de urbanización de la población, que abandona los municipios de pequeño tamaño para buscar nuevas oportunidades en las grandes ciudades. Europa no es una
excepción a este fenómeno; en el viejo continente, el aumento de las tasas de urbanización ha tenido un crecimiento sostenido y rápido, lo que ha provocado que muchos municipios, provincias y regiones se encuentren con una población mermada,
prácticamente, en el transcurso de una generación. España, con el segundo territorio nacional más extenso de la Unión Europea, cuenta con una densidad poblacional por debajo de la media comunitaria, teniendo regiones con índices comparables a los
de Laponia en este sentido. Nuestro país es el cuarto de la UE, tras Estonia, Finlandia y Letonia, con más municipios en riesgo de despoblación.


Siguiendo los estándares de Eurostat, un municipio se considera en riesgo de despoblación cuando existen crecimiento de la población y saldo vegetativo negativos desde principio de siglo (2001), así como una densidad poblacional inferior a
12,5 habitantes por km2; ahora mismo, estos representan el 42,2 % de los municipios españoles. Desde principios de siglo, el 63,1 % de los municipios y 13 provincias han perdido habitantes, según datos del INE. En estas últimas dos décadas, la
población de los municipios de 1.000 o menos habitantes ha caído un 8,9 % (142.000 habitantes menos). De esta forma, han pasado de concentrar el 4 % de la población en el año 2000 al 3,1 % en 2018.


Es evidente que el problema no está en que habitantes del medio rural busquen mejores oportunidades en las grandes ciudades, si no en que se vean obligados a marcharse por la falta de los servicios e infraestructuras que posibilitarían más
oportunidades en el medio rural. En este sentido, el anterior Gobierno aprobó, en marzo de 2019, las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico,
adscrito al entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Sin embargo, los objetivos que se marcó esta

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Estrategia no han sido alcanzados o se han visto claramente superados por el rápido ritmo de despoblación que afecta a lo que se conoce como 'España vaciada'. Para ofrecer alternativas reales a los habitantes del medio rural, es necesario
proponer medidas ambiciosas que realmente atajen la sangría de población y la afronten desde múltiples sectores.


Así, el grupo parlamentario Ciudadanos presenta esta proposición no de ley con el objetivo de reforzar, complementar y mejorar, a nivel nacional, las medidas emprendidas por el Gobierno y varias Comunidades Autónomas. Se trata de un
conjunto de propuestas que, desde un amplio abanico de perspectivas, pretenden aumentar el atractivo del mantenimiento, retorno y/o atracción de población a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Este enfoque multisectorial es
vital para poder afrontar un problema que no se resolverá con una sola receta ni a un solo nivel. Es necesario impulsar medidas que modifiquen la tendencia a medio-largo plazo, y mantener este impulso desde todos los niveles de la Administración
pública.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner en marcha una campaña de sensibilización social en materia demográfica sobre el cambio demográfico y sus implicaciones, así como sobre los valores que caracterizan la vida en el medio rural y sus ventajas sociales, económicas y
ambientales. Esta campaña pondrá en valor la imagen y reputación del medio rural, potenciando con estrategias territoriales de comunicación, la realidad de las áreas rurales y de sus ventajas sociales y económicas, destacando los valores que
caracterizan la vida en el mundo rural.


2. Garantizar la participación del resto de las Administraciones públicas en la definición de las políticas públicas dirigidas al medio rural y frente a la despoblación.


3. Poner en marcha una batería de medidas administrativas para utilizar la contratación pública como instrumento en la lucha frente a la despoblación e impulsar el desarrollo territorial equilibrado de las comunidades rurales mediante el
apoyo a las actividades socioeconómicas, el desarrollo empresarial, el fomento del empleo y el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles. Estas medidas incluirán:


a) La incorporación en los pliegos de prescripciones que redunden en la mejora del medio rural, propiciando las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada, así como productos
amparados por figuras de calidad diferenciada regional, propiciando igualmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión forestal sostenible, las energías renovables y el ahorro energético.


b) El establecimiento de criterios de adjudicación que faciliten el acceso en condiciones de igualdad a las empresas ubicadas en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, procurando adaptar el tamaño de los contratos y su
duración para facilitar la participación en los mismos de las pequeñas y medianas empresas (pymes), micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.


c) Realizar acciones de apoyo, asistencia y formación continua en materia de contratación a pymes, micropymes, empresas de economía social, personas trabajadoras autónomas y entidades locales de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación.


4. Incorporar criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico para solicitantes de subvenciones públicas de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, siempre que los referidos incentivos sean compatibles con
el objeto, finalidad, intensidad y niveles máximos de las ayudas, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación en la materia, que podrán consistir en:


a) Establecer líneas de ayudas específicas para estas zonas.


b) Reservar una parte del crédito total de las convocatorias para proyectos procedentes de dichas zonas.


c) Incrementar los porcentajes de la intensidad de la ayuda y/o otorgar puntuación adicional en los procesos de concurrencia.

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5. Adoptar medidas específicas, en el marco de la normativa de empleo público, con el objeto de propiciar la estabilidad en el medio rural, preferentemente en el ámbito docente, sanitario y social. Dichas medidas podrán consistir en
incentivos administrativos, profesionales o económicos para el personal que realice su actividad profesional y con estancia efectiva en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, así como un impulso a la formación del personal del
sector público en materia demográfica, considerándola un contenido transversal para su promoción profesional.


6. Impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos frente al reto demográfico y potenciar la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir el medio rural
en un escenario de oportunidades.


7. Aprobar, a la mayor brevedad posible, un plan de choque para mejorar el acceso a los servicios públicos en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, incluyendo:


a) Acceso a la educación pública en el medio rural.


b) Acceso a la sanidad pública.


c) Acceso público al sistema de servicios sociales y atención a la dependencia y servicios en materia de igualdad.


d) Acceso al transporte público en el medio rural y al transporte sensible a la demanda.


e) Acceso a las tecnologías de información y comunicación, especialmente en relación a la penetración de la banda ancha y la digitalización de la Administración pública.


8. Aprobar, a la mayor brevedad posible, un Plan de Promoción de Sectores Estratégicos contra la Despoblación, que incluya medidas de protección del empleo y la localización en el medio rural, así como incentivos fiscales y de contratación,
para las actividades de industria manufacturera, agricultura y ganadería, y silvicultura.


9. Aprobar, a la mayor brevedad posible, un Plan de Penetración de las Energías Renovables en el medio rural, que incluirá:


a) Impulso y facilitación de la instalación de actividades en áreas despobladas, aprovechando la ventaja competitiva de estos territorios para acoger industrias electrointensivas allá donde se produce la instalación masiva de energías
renovables.


b) Tarifa eléctrica diferenciada para las instalaciones que se acojan al plan.


c) Incentivos fiscales y simplificación administrativa para la producción de biocombustibles y energía de biomasa a partir de residuos agroganaderos y forestales, en particular los procedentes de operaciones de prevención de incendios y de
planes de gestión forestal sostenible.


10. Poner en marcha una batería de medidas específicas de promoción de la cultura y el deporte en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, incluyendo:


a) La celebración de eventos deportivos y competiciones que aprovechen el medio rural y forestal.


b) La puesta en valor del patrimonio cultural, artístico, histórico y gastronómico de los municipios de zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, priorizando las muestras permanentes y los eventos con periodicidad anual.


11. Aprobar un paquete de medidas para la reducción de cargas impositivas en el medio rural, incluyendo:


a) Establecer beneficios fiscales específicamente dirigidos a los contribuyentes que residan en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.


b) Establecer, dentro del marco comunitario para las ayudas estatales de finalidad regional, las vías, particularmente a través de exenciones o reducciones fiscales o de las cotizaciones sociales, para el máximo aprovechamiento de las
posibilidades de ayuda existentes para las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.


12. Impulsar una batería de medidas administrativas que faciliten la gestión mancomunada de servicios y la fusión de municipios limítrofes, atendiendo a criterios demográficos, económicos, de uso del suelo, y de aislamiento geográfico y
accesibilidad. Esta batería de medidas priorizará particularmente la simplificación administrativa en los municipios de menor tamaño, aumentando su capacidad de enfrentar las dificultades para prestar servicios públicos y agilizar trámites.

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13. Impulsar la creación de una Mesa para el Reto Demográfico, para monitorizar el desarrollo e implantación de estas medidas y otras propuestas desde una perspectiva de consenso político y de Estado, priorizando la coordinación entre
territorios y administraciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión del calendario de cierre de las
centrales nucleares españolas, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El pasado 31 de diciembre, la Comisión Europea envió a los Estados miembro un borrador que, de entrar en vigor, modificaría la taxonomía europea sobre lo que se considera una energía limpia, con las consiguientes facilidades para financiar
inversiones en el sector. Este borrador afecta de lleno a un sector vital para el esquema energético español, que a día de hoy provee más del 22 % de la electricidad producida, sin emitir CO2 y sin verse afectado por la imprevisibilidad del gas ni
la intermitencia de las renovables: la energía nuclear. De aprobarse el borrador, la taxonomía incluiría las inversiones en energía nuclear para generación de electricidad hasta 2045, con la condición de que las emisiones de CO2 asociadas al ciclo
de vida de las instalaciones (materiales, construcción, etc.), no superen el umbral de los 100 g/kWh (además de cumplir los estrictos requisitos de seguridad y gestión de residuos).


Esta propuesta viene motivada por la enorme dependencia europea del gas natural ruso y, en menor medida, de otros países afectados por una gran inestabilidad (Turquía, Argelia, etc.). Pero sobre todo, viene motivada por la escalada de los
precios de la electricidad, una preocupación que afecta gravemente a toda la UE, pero que ha sido especialmente expresada por Francia y España. Sin embargo, mientras que nuestro país vecino defiende activamente el borrador, España lo ha recibido
con fuertes críticas, a pesar de que nuestra compra de energía nuclear a Francia alcanzó su máximo histórico en 2021. El Gobierno se opone a que la energía nuclear se incluya en la taxonomía, ya que no la considera una energía 'verde', a pesar de
que el borrador comunitario incluye la energía nuclear en una segunda categoría de la taxonomía, es decir, entre las que son bajas en emisiones de carbono y para las que de momento no hay una alternativa disponible, que es precisamente el problema
de fondo en la escalada de precios que sufre España (falta de firmeza en el mix energético y de contestabilidad en el despliegue de renovables).


En el caso de la energía nuclear, y en la línea de lo señalado por el comisario de Mercado Interior, una preocupación real por la descarbonización y por la bajada de los precios de la energía, es difícilmente compatible con la oposición a la
energía nuclear. Y es que, para poder afrontar mejor la inestabilidad en los mercados del gas (dependientes en su mayoría, recordemos para el caso español, de países como Argelia o Rusia), así como la intermitencia de las energías eólica y solar
hasta que no se desarrollen lo suficiente las tecnologías de almacenamiento (baterías e hidrógeno), la única opción que no emita CO2 a la atmósfera es, a día de hoy, la fisión nuclear.


Es cierto que, aunque sus costes de funcionamiento sean bajos, los costes de inversión de la energía nuclear son elevadísimos, y la puesta en marcha de nuevos reactores convencionales dura décadas. La propuesta de la Comisión Europea fija
el plazo para que las inversiones en energía nuclear se consideren compatibles con la taxonomía verde comunitaria en 2045. Teniendo esto en cuenta, así como la vida útil de una central nuclear, que puede superar los sesenta años, la inversión en
las centrales existentes es preferible a la construcción de nuevos reactores convencionales en España (si bien Francia, salvando las distancias, prepara la construcción de seis reactores más y un plan de inversiones que supera los 46.000 millones de
euros en su intento por alcanzar la autonomía energética).


Asimismo, el estado de la ciencia permite ya implantar nuevas soluciones alternativas a la construcción de reactores convencionales, que requiere de elevadísimas inversiones y tiempos de construcción. Así, los reactores modulares pequeños
(SMR) y microrreactores pueden ser una solución intermedia idónea

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para la transición, especialmente relevante para las áreas rurales, con menores exigencias de inversión e instalación, y vector de innovación y desarrollo en España. Debido a las pequeñas potencias unitarias y a su carácter modular, es
posible producir estos reactores en fábrica con las ventajas que ello supone en cuanto a calidad de fabricación, facilidad de homologación y estandarización, y envío al emplazamiento ya completos y listos para alcanzar la potencia deseada añadiendo
unidades. Así, estos reactores se pueden transportar fácilmente, y la simplicidad de su diseño reduce el número de errores y cambios durante la instalación en el emplazamiento. Gracias a ello, su construcción es más asequible que la de los grandes
reactores de potencia, que suelen estar diseñados a medida para un lugar en particular, lo que a veces ocasiona retrasos en la construcción. Además, presentan un alto nivel de seguridad inherente, ya que los diseños de SMR son, en general, más
simples, con un concepto de seguridad más basado en sistemas pasivos y características de seguridad inherente del reactor, como una potencia y una presión de funcionamiento bajas. Tienen menores necesidades de agua de refrigeración, y se pueden
enterrar parcial o totalmente para mejorar su seguridad e integración en el entorno. Además, los microrreactores en particular podrían servir de reserva de suministro de energía en situaciones de emergencia o reemplazar generadores de electricidad
que a menudo funcionan con diésel. Más de cincuenta diseños de SMRs se encuentran en distintas etapas de desarrollo en Canadá, China, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Reino Unido o Rusia. España debería sumarse a esta vía de innovación,
mientras mantiene la actividad de sus reactores convencionales ya construidos hasta que lo permita su vida útil.


En nuestro país, son actualmente siete los reactores activos, en cinco plantas distintas. Según datos del Foro Nuclear, 'por décimo año consecutivo' la nuclear es la fuente que más electricidad genera en el sistema eléctrico español. Sin
embargo, España no ha construido más centrales desde hace tres décadas. Las que hoy está operativas fueron puestas en marcha en los años 80. Y lo que es más grave, el calendario del Gobierno prevé su cierre mucho antes del límite mencionado
anteriormente de 2045, fijado por la propuesta de la Comisión Europea.


En concreto, los reactores españoles irán cerrando progresivamente a lo largo de esta década y la que viene. Almaraz I lo hará en 2027 y Almaraz II en 2028; Ascó I se desconectará en 2029. A finales de 2030, si no hay cambios en el
calendario, se habrá clausurado también Ascó II. Para el lustro siguiente, Cofrentes y Vandellós II pararán en 2033 y 2034, respectivamente. Y por último, para 2035, está previsto el cierre de la central de Trillo. Este calendario pondría fin a
la producción de energía nuclear en España diez años antes del límite para invertir en ella según la propuesta de la Comisión Europea. De esta manera, nuestro país perdería una década de inversión, generación de empleo, descarbonización y autonomía
energética, sustituyéndola por la única alternativa que existe y existirá, en el medio plazo, para esa escala de producción: el gas natural. La factura, como siempre, la pagarán los hogares y negocios españoles, en forma de más dependencia de
terceros países, y más imprevisibilidad de los precios de la electricidad.


El grupo parlamentario Ciudadanos ya presentó una enmienda para incluir un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, así como una pregunta
escrita al Gobierno sobre sus críticas a la propuesta de la Comisión Europea sobre la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía comunitaria. La primera fue directamente vetada por el Gobierno, mientras que la segunda quedó sin respuesta.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Encargar, en el plazo de tres meses, un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas, orientado a identificar las inversiones necesarias para prolongar hasta 2045 el máximo número de
instalaciones manteniendo sus condiciones de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad.


2. Elaborar un plan de medidas para facilitar la contestabilidad de la tecnología nuclear, que incluya la remoción de barreras regulatorias o, si fuera necesario, la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.


3. Poner en marcha, en el plazo de seis meses, un plan de innovación y desarrollo de reactores modulares pequeños y microrreactores en España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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162/000928


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para medidas urgentes de recuperación de La
Palma, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


La erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, iniciada el 19 de septiembre de 2021, se declaró finalizada el 13 de diciembre a las 22.21 horas. Con 85 días de actividad, se ha convertido en la erupción histórica más larga registrada
en la isla bonita. El volumen estimado del edificio volcánico ha sido de 34 millones de metros cúbicos y el volumen estimado del material emitido total ha sido superior a 200 millones de metros cúbicos. Mientras, el alcance máximo de los
proyectiles balísticos ha sido de 1,5 kilómetros. La superficie de colada es de 1.219 hectáreas y el espesor estimado medio es de 12 metros, con un máximo de 70 metros. Por trasladarlo a una imagen más visual, sería el equivalente a todo el
Eixample y Ciutat Vella de Barcelona cubiertos por un manto de colada de entre 3 y hasta 20 plantas de altura.


Los datos de viviendas y construcciones afectadas se han situado, según el Catastro, en 1.676, de las que 1.345 son de uso residencial, 180 de uso agrícola, 75 de edificaciones industriales, 44 de edificaciones de ocio y hostelería, 16 de
edificaciones de uso público, y las 16 restantes de otros usos. Mientras, el sistema de satélites Copérnico cifra en 2.988 las edificaciones destruidas y en 138 las edificaciones dañadas. El dato final se obtendrá una vez se puedan filtrar estos
números y compararlo con los daños en el lugar.


Las hectáreas de cultivos afectadas han sido 370, siendo la mayoría de ellas de plátano, con 228,69. Las viñas, con 68,05 hectáreas, y los aguacates, con 27,43 hectáreas, han sido las otras plantaciones más dañadas. A estos datos hay que
sumar 90 hectáreas de cultivos aisladas. Además, 412 hectáreas de plataneras han sido cubiertas por cenizas, mientras que de viñas han sido 128 y de aguacates 84. El daño al cultivo platanero es particularmente preocupante, toda vez que La Palma
es, tras Tenerife, la segunda isla de Canarias donde más se cultiva. Los agricultores evacuados de la zona afectada previeron en su momento unas pérdidas de 1,3 millones de kilos de fruta, arrasada por la lava o sin poder ser recogida, cada semana.
Para el plátano, las pérdidas podrían rondar el 15 % de la producción total de Canarias. También la ganadería ha sufrido un durísimo golpe, dado que muchos animales tuvieron que ser puestos en libertad para que huyeran de la lava.


Sobre las carreteras afectadas, fueron 73,8 los kilómetros dañados, de los que 2,3 corresponden a la LP-2, 1,27 a la LP-211, 1,6 a la LP-212, 2,5 a la LP-2132. También se han visto dañados por la lava 10,8 kilómetros de calles, 2,1
kilómetros de travesía y 49,9 kilómetros de otros viarios. Crucialmente, la comunicación Norte-Sur por la vertiente occidental de la isla de la Palma es en este momento inexistente, al estar la vía LP-2 ('Circunvalación sur') totalmente destruida a
su paso por la zona de la emergencia. Además, también quedaron arrasadas las redes de suministro hidráulico y eléctrico de la zona.


El mayor reto al que se enfrenta ahora la isla de La Palma es la reconstrucción y el diseño de su futuro. Las labores para intentar restablecer una vía de comunicación a través de la colada ya han comenzado, pero se prevé que sea una labor
muy lenta dado el espesor de la misma y la elevadísima temperatura a la que aún se encuentra el interior de la colada. Junto con la reconstrucción de las infraestructuras y servicios públicos, tanto o aún más acuciante es la reconstrucción de los
proyectos vitales de los miles de palmeros que se han visto afectados. Para ello, lo primero y más importante es que el Gobierno de la Nación, así como el canario y el insular, garanticen la financiación suficiente para la ingente labor que está
por delante.


Sin embargo, la necesidad de una rápida reconstrucción no puede significar una reconstrucción irreflexiva y desordenada. Es necesario un debate serio y sosegado sobre cómo abordar la integración de lo que ahora es una zona catastrófica,
pero con innegable valor científico y natural, con la nueva realidad urbana, económica y social de la isla.


El 28 de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley (18/2021) que, entre otras medidas, aprobaba ayudas de carácter extraordinario a los trabajadores autónomos afectados por la erupción del volcán. Sin embargo, tal y como está
redactada la norma, dejaba fuera de la prestación a los autónomos

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que tengan a su cargo trabajadores, puesto que tienen que darse de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cesar en la actividad y, por lo tanto, despedir a sus trabajadores para cobrar esta ayuda extraordinaria. Se
calcula que más de 600 de los 5.000 autónomos de La Palma afectados por la erupción se encuentran ahora ante la mencionada imposibilidad de acceder a las ayudas, a menos que despidan a sus empleados. Desde Ciudadanos ya denunciamos este error
garrafal y pedimos al Gobierno su modificación urgente. Por ello, nos alegramos de que el Gobierno finalmente entrara en razón y modificara esos requisitos para permitir a los autónomos el acceso a la prestación pudiendo mantener el alta en el
RETA.


El 5 de octubre se aprobó un segundo Real Decreto-ley de ayudas a La Palma, de muy amplio alcance, que incluía medidas en materia de viviendas y establecimientos de negocios; empleo, Seguridad Social y planes de pensiones; sector agrario y
pesquero; suministros; infraestructuras y movilidad; medidas tributarias; protección de los consumidores; servicios sociales y violencia de género; recuperación de biodiversidad, espacios naturales e investigación y otras medidas
complementarias.


Finalmente, el 17 de diciembre se aprobó un tercer Real Decreto-ley (28/2021), por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación
económica y social de la isla de La Palma. Nuestra postura sobre este RDL es, como no podía ser de otra manera, favorable a cualquier medida que ayude a los ciudadanos, hogares y negocios afectados a recuperar la normalidad de sus vidas, una vez
declarado el fin de la erupción. Sin embargo, el Gobierno debería ser mucho más ambicioso con las ayudas a La Palma, cuyos habitantes necesitan una asistencia directamente perceptible y urgente. El Gobierno de Canarias remitió al Gobierno de la
Nación una evaluación final de daños por 842,33 millones de euros. La evaluación contiene una relación minuciosa de los destrozos provocados por la erupción, en la que los bloques de mayor cuantía son los daños a las infraestructuras viarias, por
228 millones de euros; la destrucción de cultivos de plataneras y pérdidas de producción asociadas, por unos 200 millones de euros, o la destrucción de edificaciones, con 165 millones de euros. Las ayudas aprobadas por el Gobierno hasta ahora,
mediante los Reales Decretos-leyes 18/2021 y 20/2021, se limitan a 223,5 millones de euros.


La erupción ha terminado, no así la emergencia. Es por tanto el momento de adaptar las medidas urgentes que se han tomado a las necesidades reales de La Palma, con vistas a una recuperación lo más rápida posible, para que dichas medidas
tengan la máxima eficacia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Ampliar la posibilidad de acceder a un anticipo en cuenta del 100 % de las ayudas directas, sujeto a declaración responsable y sin perjuicio del reintegro correspondiente, si se constatara la inexactitud de la declaración que dio lugar a
la concesión.


2. Eliminar los requisitos de previa justificación de los gastos efectuados con cargo a la subvención directa de 3 de noviembre de 2021, así como de previa determinación de los nuevos perjuicios y daños, para acceder a las nuevas ayudas
directas para la compensación de los perjuicios producidos a titulares de explotaciones agrarias.


3. Aumentar considerablemente el presupuesto para las campañas institucionales de publicidad y comunicación que fomenten el consumo y la posición en el mercado de los productos agrarios o pesqueros procedentes de las zonas afectadas de La
Palma por la erupción, así como incluir aspectos de promoción exterior en las mismas.


4. Dar la máxima urgencia a la búsqueda de soluciones para el restablecimiento de las infraestructuras en la red de carreteras afectadas por la erupción, e informar puntualmente sobre la posterior ejecución de las obras.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-María Carmen Martínez Granados y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el acceso al sistema de ayudas y subsidios para el estudio
al alumnado matriculado en la etapa Educación infantil, para su debate en ante el Pleno.


Exposición de motivos


El pasado 30 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.


A pesar de que las modificaciones reglamentarias introducidas en los últimos años y el incremento de los fondos destinados a ayudas al estudio previsto en los Presupuestos Generales para el año 2022 deben valorarse de manera positiva,
nuestro sistema sigue teniendo mucho camino por recorrer a la hora de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.


La etapa de Educación infantil, según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.
Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.


Dentro de esta etapa, el primer ciclo de Educación infantil, destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de 3 años, reviste una importancia fundamental en los primeros años de vida, base e inicio de todo el
proceso educativo. Además, el primer ciclo de Educación infantil constituye un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades
educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar, que se manifiestan con más claridad en las etapas educativas posteriores.


Sin embargo, el Estado no reconoce la posibilidad de convocar ayudas y subsidios al estudio para el alumnado que cursa el primer ciclo de esta etapa. Esta situación carece de sentido en la medida en que existe un amplio consenso político
para incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados en este ciclo educativo como herramienta para reducir los elevados porcentajes de fracaso escolar en España, especialmente entre el alumnado que proviene de contextos económicos más
desfavorecidos.


Asimismo, resulta necesario, en línea con lo manifestado por el Consejo Escolar del Estado, a través de su último dictamen sobre el reglamento por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio, facilitar el acceso a las ayudas y subsidios para materiales adaptados, ayudas técnicas y tecnologías de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, de las que ahora solo se pueden beneficiar el alumnado con
discapacidad que forma parte de una familia numerosa. Asumiendo el elevado impacto económico que puede tener esta medida, proponemos ir avanzando paulatinamente en el reconocimiento de este derecho a todos los alumnos, empezando por el alumnado
matriculado en la etapa de Educación infantil.


Por último, debemos emprender algunos cambios en lo relativo a la tramitación del procedimiento de cobro de las becas y ayudas al estudio. En la actualidad, el plazo para presentar la solicitud a becas y ayudas al estudio para el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo se abre durante el mes de agosto, lo que imposibilita que las familias reciban el dinero antes del inicio del curso escolar. Este problema no solo afecta al alumnado matriculado en la etapa de Educación
infantil, sino que es extensible a otros colectivos susceptibles de ser beneficiarios de becas y ayudas al estudio sufragadas por el Estado.


Esta situación supone una dificultad añadida para las familias que cuentan con menos recursos económicos al inicio del curso del curso escolar, momento en el que se acumulan una mayor cantidad de gastos, a la vez que no existe justificación
técnica para que las solicitudes no puedan ser resueltas con mayor antelación al inicio del curso escolar, en línea con lo señalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar las siguientes medidas en la normativa por que regule los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022/23:


a) Reconocer el derecho a percibir ayudas y subsidios para el estudio al alumnado que curse el primer ciclo de Educación infantil.


b) Reconocer el derecho a percibir subsidios durante la etapa de Educación infantil al alumnado con discapacidad o trastorno del espectro autista para materiales adaptados y ayudas técnicas precisas en el proceso de enseñanza/aprendizaje,
independientemente del número de personas que conformen la unidad familiar.


c) Adelantar la convocatoria para la solicitud de ayudas y subsidios para el estudio al alumnado que cursa la etapa de Educación infantil al mes de enero, de tal manera que la tramitación pueda estar resulta antes del inicio del curso
académico.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar la exclusión financiera
de los españoles más vulnerables, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El artículo 14 de la Constitución Española determina que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.'


Por su parte, el artículo 51 de la Constitución Española, en su apartado primero, establece que 'los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.' Como veremos, ambos principios constitucionales están en el fondo de esta iniciativa.


Todos somos conscientes de que la pandemia y los efectos económicos de la misma han acelerado de forma precipitada y masiva la digitalización en todos los ámbitos -laboral, jurídico, administrativo, comercial, etc.- adelantando los usos y
costumbres presenciales a modelos telemáticos. Esta aceleración ha supuesto un salto que no todos los ciudadanos españoles han podido sobrellevar, algunos por falta de medios materiales y otros por dificultades para adaptarse a las nuevas formar y
maneras de llevar a cabo gestiones profesionales, personales o administrativas que antes realizaban de manera presencial en las oficinas pertinentes.


Los 'nativos digitales' sí estaban en condiciones de acceder y adecuarse a esa aceleración y al paso de los procesos presenciales, 'manuales' y analógicos a los procesos telemáticos, informáticos y digitales. En cambio, la llamada tercera
edad, sénior e incluso personas previas a estas edades, con menor formación o aprendizaje informático o de utilización de redes y aplicaciones informáticas, se han visto afectadas de forma profunda con la desaparición de la atención presencial en
oficinas de muchos sectores, incluso en la propia administración pública, llegándose a encontrar con importantes impedimentos y barreras de carácter digital, que les incapacita o dificulta de forma extraordinaria resolver problemas domésticos y
cotidianos que antes hacían de manera personal. Esta situación ha vulnerado y está vulnerando muchos de los derechos de los ciudadanos y consumidores, haciéndoles quedar a merced de la ayuda de otras personas en su quehacer diario o incluso de la
frustración personal.

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Las limitaciones físicas, la salud, los cambios socioculturales, la soledad e incluso la falta de accesibilidad en muchas zonas urbanas y rurales de nuestra geografía, acentuada ahora por la brecha digital, han convertido a muchos ciudadanos
-y en particular a los de mayor edad- en ciudadanos vulnerables y muy dependientes.


La brecha digital abarca la 'brecha de uso' porque hacen falta competencias, conocimientos y habilidades digitales; la 'brecha de acceso', porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas o sociales para tener los
dispositivos o la red necesaria; y la 'brecha de calidad', que va más allá de buscar en Internet o de contestar un WhatsApp, hay que ir a la información fiable y de calidad y hacer un buen uso de la red, lo que implica un ámbito de seguridad y una
formación que a veces no se tienen o tardan en adquirirse.


Un caso particular de este proceso de digitalización y sustitución de servicios presenciales por digitales lo hemos vivido en la banca. En parte, por una cuestión de eficiencia y cambio del modelo de negocio; en otra, forzados por un
proceso de reestructuración que le ha llevado a pasar de 46.000 oficinas en 2008 a 20.400 a finales de 2021.


A pesar de que la actividad bancaria es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros tanto entre particulares como de los ciudadanos con los distintos niveles de la Administración, y facilitar el consumo de las
personas y de las familias -entre otras muchas funciones- el proceso anteriormente descrito está excluyendo a una parte de la población cada vez más amplia,


Un artículo del Banco de España sobre la red de oficinas y cajeros en el país alertaba de que 1,2 millones de españoles no contaban a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso a efectivo en su municipio, siendo Castilla y León la
Comunidad con una cobertura menos amplia: Zamora con un 27,8 % de su población sin acceso efectivo a estos servicios bancarios, Ávila con un 21 %, Segovia con un 19,9 %, Salamanca con un 18,7 % y Palencia con un 18,2 % de su población sin acceso
efectivo a servicios bancarios, ponen de relieve la gravedad de este problema. La sustitución de la oficina presencial por la banca digital amenaza con excluir a cientos de miles de personas mayores, elevando el riesgo de la exclusión social en
España.


La actividad y la utilización de los servicios de las entidades financieras debe llegar a todos los usuarios, estén donde estén y con las modalidades que sean adecuadas para cada uno de ellos, finalidad que solo puede lograrse a través de
una cierta regulación del Estado, para que resulte y facilite un aumento de la eficiencia social de la actividad financiera.


Tal y como recordábamos al comienzo de esta iniciativa, los poderes públicos deben garantizar los derechos de todos los españoles, entre ellos los económicos y evitar la exclusión financiera sin discriminación de su condición o circunstancia
personal o social, ni de su edad, debiendo legislar para contrarrestar las situaciones de inferioridad en las que se encuentran y que se incrementará, si no se ponen los medios necesarios.


El Gobierno, además de 'abroncar' a la banca por excluir del sistema a las personas mayores, tendrá que hacer algo más para garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad en general, y de los mayores y de las personas con menos
recursos en particular.


Una buena alternativa es seguir ampliando la cartera de servicios financieros prestados por una empresa pública, Correos, que cuenta con una amplia presencia en toda nuestra geografía, que en el pasado ya ejerció esa función, y que hoy ya
presta algunos servicios básicos, como el pago de recibos y tributos o un servicio de cash que permite ingresar o enviar dinero. No solo hay que ampliar esa cartera de servicios financieros, sino que hay que extender su prestación a los municipios
más pequeños para garantizar allí la prestación de un servicio alternativo si la banca tradicional renuncia a ello.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Ampliar la cartera de servicios financieros prestados por las oficinas de Correos y garantizar su acceso a aquellas personas mayores que viven en los municipios de menos de 5.000 habitantes y que se encuentran en claro riesgo de exclusión
financiera y social.


- Elaborar y trasladar a esta Cámara en el plazo máximo de seis meses, cuantas acciones, proyectos y reformas sean necesarias para facilitar que todos los consumidores, con independencia de su lugar de residencia y en especial las personas
mayores, tengan un acceso fácil, próximo y con atención presencial por parte de las entidades bancadas y financieras en España, con el fin de satisfacer sus necesidades y

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garantizar de este modo el correcto servicio a todos los ciudadanos evitando así la exclusión personal y social de las personas más vulnerables.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2022.-Jesús Postigo Quintana, Miguel Ángel Castellón Rubio, Mario Garcés Sanagustín, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Víctor Valentín Píriz Maya y Alicia García Rodríguez,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
sobre fiscalidad para su debate y aprobación en Pleno.


Exposición de motivos


Nos encontramos ahora en un momento decisivo para abordar la reforma fiscal. La legislatura actual, que dio comienzo en enero de 2020, se encuentra en su ecuador y estamos ante la oportunidad de dar un giro de 180° a nuestro sistema
impositivo y acompañar el impulso de los fondos europeos con una fiscalidad capaz de repartir justa y eficientemente los recursos. La economía española crecerá rápidamente durante 2022 y 2023, y creará empleo a un ritmo acelerado. Es ahora el
momento -una vez que se ha afianzado esta recuperación económica- de abordar la siempre postergada reforma tributaria que nuestro país necesita.


Ahora tenemos una buena oportunidad para abordar esta reforma fiscal, en la medida en que se puede hacer de la mano de los fondos NEXT Generation EU recibidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan de
Recuperación no es solo relevante por la magnitud de recursos movilizados -140.000 millones para la economía española-, sino además porque implica una coyuntura propicia para abordar reformas pospuestas desde hace años en España, así como una
palanca para reforzar la inversión pública y privada y conseguir transformar nuestro modelo productivo.


La progresividad, como principio recogido en el artículo 31 de la Constitución Española, que vela porque a mayor capacidad económica mayor sea el porcentaje de renta o riqueza a aportar al resto de la sociedad, es fundamental para
redistribuir de forma justa la riqueza generada, reduciendo así las desigualdades sociales que además lastran el crecimiento económico.


Para garantizar esta progresividad recogida en la Constitución es imprescindible terminar con los privilegios fiscales que se acumulan en manos de quienes tienen rentas más altas y elevados patrimonios. En concreto, es necesaria la
reorganización y remodelación de los distintos beneficios fiscales, generalmente en forma de exenciones o de reducciones en la base imponible, que constituyen elementos importantes de regresividad del sistema (en el caso del IRPF), o de privilegios
para las grandes empresas (en el caso del Impuesto de Sociedades). Asimismo, es ineludible el acercamiento de la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital, cuyo distinto tratamiento supone un importante elemento de
regresividad. No olvidemos que, en este momento, y de acuerdo con el informe del Observatorio de FEDEA de 2019, todos los impuestos de nuestro sistema tienen un carácter regresivo, a excepción del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, si bien
este último pierde carácter progresivo con motivo de las bonificaciones de las Comunidades Autónomas (que aumentan además las desigualdades territoriales).


Para trabajar en aras de la justicia y la suficiencia fiscal, además de reforzar la progresividad, es vital frenar la erosión de las bases imponibles y, más en concreto, de la base imponible del Impuesto de Sociedades. La anterior reforma
de este impuesto contribuyó fuertemente al desacoplamiento entre base imponible y resultado contable, estableciendo una profunda brecha entre ambos conceptos.


De hecho, la falta de justicia fiscal se aprecia claramente en un reparto no equilibrado de la carga impositiva por tipo de empresa en el impuesto de sociedades. Esta realidad se observa si atendemos a los tipos efectivos -esto es, lo que
finalmente se paga con respecto a los ingresos declarados- frente a los tipos nominales. Los datos de la Agencia Tributaria para el año 2018 revelan que mientras que las grandes empresas españolas tuvieron un tipo efectivo del 7 %, las pequeñas y
medianas empresas hicieron frente a un tipo efectivo del 15,7 %, siendo, recordemos, el tipo nominal del 25 %.

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Además, es fundamental desarrollar un impuesto que grave los grandes patrimonios. En muchas ocasiones, las grandes fortunas tienen capacidad de organizar los ingresos que reciben para que su renta declarada sea relativamente limitada -y
pagar así poco en el IRPF- al tiempo que acumulan enormes patrimonios. Un gravamen justo y suficiente sobre la riqueza permite corregir esta elusión fiscal que llevan a cabo las grandes fortunas del país, y garantizar que también los grandes
patrimonios españoles cumplen con el compromiso constitucional de garantizar una fiscalidad que permita afrontar los retos que tiene nuestro Estado de Bienestar.


Aunque, en una decisión histórica, reconociendo el fracaso de la receta neoliberal de la mal llamada 'austeridad', la Unión Europea ha suspendido sine die las cláusulas de estabilidad presupuestaria, y aunque esto es la decisión apropiada
que deberá mantenerse hasta que la recuperación sea completa y sea robusta, a nadie se le escapa que llegará un momento en el futuro en el que España tendrá que trabajar para reducir su deuda pública, hoy muy por encima del 100 % del PIB. La única
forma de hacer esto sin implementar recortes en el estado del bienestar, es llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal que permita reducir la brecha de ingresos públicos de entre el 7 % del PIB y el 9 % según el año y con carácter estructural que
España mantiene con respecto a la media europea. Cuando llegue el momento de volver a una cierta normalidad de las cuentas públicas, es vital que no volvamos a la situación del año 2019 en la cual España mantenía una grave infrafinanciación de su
estado del bienestar respecto de los países de nuestro entorno consecuencia de un importante menoscabo de los ingresos.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Acercar la tarifa de la base imponible del ahorro en el IRPF a la tarifa de la base imponible general.


2. Reforzar la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, legislando nuevos tramos con mayores tipos impositivos para las rentas superiores a los 120.000 euros.


3. En aras de poder realizar una mejor evaluación de los efectos de los beneficios fiscales, se deberá realizar con carácter anual un informe de ejecución de los mismos, asimilable al de ejecución del gasto público, recogiendo las
categorías contenidas en la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado. Este ejercicio de transparencia contribuiría al estudio de los beneficios fiscales sobre la progresividad.


4. Modificar el Impuesto de Sociedades para corregir la erosión de la base imponible que este impuesto ha sufrido en la última década, de forma que los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de elusión actualmente a
su alcance para reducir la tributación. El objetivo es que las pymes paguen un poco menos de impuestos y las grandes corporaciones paguen tipos efectivos similares a los que pagan las pymes situando un mínimo efectivo del 15 % establecido sobre el
beneficio neto.


5. De cara a ayudar a los consumidores vulnerables en el proceso de transición energética y hasta que esta se complete, establecer en el impuesto de sociedades un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo de las empresas
eléctricas cuyo volumen de facturación sea superior a 10 mil millones (periodo de cinco años, prorrogable por otros de duración similar).


6. Reorganizar los beneficios fiscales para que se asegure un carácter progresivo del Sistema Fiscal.


7. Avanzar en los compromisos internacionales para luchar contra los paraísos fiscales y para compensar el deterioro de las bases imponibles asociado al proceso de globalización.


8. Sustituir el impuesto sobre el patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas con las siguientes características: 1) este gravamen contará con un mínimo exento de un millón de euros, 2) no será bonificable por parte de las
Comunidades Autónomas, y 3) presentará los siguientes tramos: un 2 % para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5 % a partir de 10 millones, un 3 % a partir de 50 millones y un 3,5 % a partir de 100 millones.


9. Reducir el IVA a los productos de higiene femenina, a las peluquerías y a los productos veterinarios al tipo superreducido.


10. Mejorar nuestra fiscalidad ambiental reforzando el principio de 'quien contamina paga', haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo, evitando que cualquier impuesto verde afecte al bolsillo de la gente trabajadora.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2022.-Pablo Echenique Robba y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.